La conservación, manejo y el uso amigable de la naturaleza deben considerarse un medio para preservar los elementos básicos de la vida y como muestra de responsabilidad de la sociedad costarricense con las futuras generaciones.

Durante los últimos 25 años, el Estado ha realizado importantes esfuerzos para proteger y conservar los recursos naturales mediante la creación y consolidación de las áreas protegidas, así como por la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Sin embargo, nuestro país requiere una visión integral de largo plazo que busque fortalecer la gestión ambiental y el planeamiento que permita, entre otras situaciones, racionalizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos dedicados a esos fines.

En esa perspectiva, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Jorge Manuel Dengo Obregón, plantea en la política ambiental metas y desafíos que se encuentran vinculados a la gestión integrada del recurso hídrico, conservación y uso de la biodiversidad, manejo de los recursos forestales y marino costeros, el uso y ordenamiento del suelo para detener la degradación, riesgo y vulnerabilidad; la reducción de la dependencia de combustibles derivados del petróleo, aprovechando las fuentes de energía renovables, el desarrollo del sistema nacional de telecomunicaciones, que se enmarcan dentro de la reforma del marco institucional del sector ambiente, energía y telecomunicaciones.

Por lo tanto, es necesario mantener la reflexión sobre los temas transversales del uso y manejo del bosque, la sostenibilidad en el pago de los servicios ambientales, la ocupación y regulación del uso del espacio, la expansión urbana, industrial, turística y vial; la vulnerabilidad de los principales acuíferos del país asociados a temas fundamentales como la contaminación del aire la generación, reutilización, valorización y tratamiento de residuos sólidos, entre otros. Todos y cada uno de los avances en los resultados son indispensables para mantener el posicionamiento internacional como nación líder en la lucha contra el cambio climático y la política de paz con la naturaleza.

Este primer acercamiento de MIDEPLAN a los temas tratados pretende aportar elementos al análisis, diálogo y toma de decisiones para el desarrollo nacional responsable y amigable con la naturaleza.

Roberto J. Gallardo NúñezMinistro

Urbana enfrenta grandes retos.

• Limitaciones para la gestión del recurso hídrico y vulnerabilidad de los principales acuíferos del país.

• El país avanza hacia el mercado verde y recupera la cobertura boscosa, pero el Pago de Servicios Ambientales no logra satisfacer la demanda.

• La calidad del aire mejora con respecto a años atrás, aunque la regulación de las emisiones de gases sigue siendo una prioridad.

• Oportunidades para el manejo de residuos sólidos.

1

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La política ambiental busca avanzar hacia la sostenibilidad protegiendo los recursos naturales críticos, situando el agua como una prioridad nacional, y como uno de los elementos fundamentales para que a largo plazo la totalidad de la electricidad se genere a partir de fuentes renovables. Asimismo, promover la gestión, protección, manejo y soporte financiero del Sistema de Áreas de Conservación que permitan generar oportunidades sociales a partir del ecoturismo; el aprovechamiento, la producción de los recursos forestales y marinos costeros, en concordancia con el desarrollo económico, la equidad y la sostenibilidad ambiental.

Complementariamente, es fundamental adoptar medidas integrales sobre el ordenamiento territorial, la gestión integral del manejo de desechos, el mejoramiento de la calidad de aire en las ciudades, así como modernizar el sector ambiente, energía y telecomunicaciones, y reformar las instituciones para enfrentar los retos del Siglo XXI.

Ordenamiento Territorial

El ordenamiento territorial un desafío nacional •complejo e impostergable

En el 2007, Costa Rica contó con una población estimada de 4.443.1001, la cual se concentra dentro de los límites de la denominada “Gran Área Metropolitana” en un promedio cercano al 60%, cuya extensión es de 1.967 Km2 2, representando un 3,8% de la extensión territorial de los 51.100 km2.

Debido a lo anterior y considerando que gran parte del territorio costarricense está dedicado a las actividades agropecuarias, forestales y de conservación, se debe avanzar en el planeamiento, ordenamiento y manejo del territorio en su dimensión nacional, central y periférica, permitiendo sentar las bases para la sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía en el presente siglo XXI.

Por su parte, se considera que al menos un 20% del total de la extensión nacional mantiene un alto riesgo de degradación de tierras por sobreuso, en las áreas de recarga acuífera, erosión de suelos, sedimentación y

1 INEC. Encuesta Nacional de Hogares, julio 2007.2 Martínez, Tomás (2007). Revista mensual sobre actualidad ambiental. Ambientico, “Conectividad regional e integración del transporte público en la GAM”. Nº 168 Págs. 14y15.setiembre.

daños en los ecosistemas costeros, mientras que cerca de un 10% se utiliza para productos de exportación y de alto valor agregado que también requieren tratamientos especiales de conservación.

El país requiere garantizar la protección de las especies y ecosistemas en los cuales es vital revisar los límites de las categorías de manejo de las áreas silvestres y las zonas de interconexión para atender los problemas ambientales asociados a la priorización de zonas de riesgo, de restricción de uso y de manejo; a su vez, es necesario articular esfuerzos para ordenar la expansión urbana, industrial, turística, vial y minimizar los impactos ambientales.

En el tema de ordenamiento territorial existe competencia de 22 instituciones públicas y la vinculación con 27 leyes,3 lo cual lo convierte en un desafío complejo a mediano y largo plazo.

En esa perspectiva, la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 de 1995 establece en el artículo Nº 28 que se debe “lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente”.4

En lo que respecta a zonas costeras estas se rigen por la Ley Nº 6043 de La Zona Marítimo Terrestre, donde el principal ente es el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

3 MIVAH, MINAE, PNUMA. (2006) GEO Gran Área Metropolitana del Valle Central de Costa Rica.4 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

La Ley de Biodiversidad y la Ley de la Zona Marítimo terrestre se refieren al

Ordenamiento Territorial en tres ámbitos sustantivos:

Capítulo VI, Artículo 29 “a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento.”

Capítulo VII, se refiere a la definición de las Áreas Silvestres, que delimitan el espacio, ya que las mismas creadas por leyes o decretos, quedan excluidas de la planificación.

Las zonas costeras se rigen por la Ley Nº 6043 de La Zona Marítimo Terrestre, cuyo principal ente es el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y las Municipalidades.

2

La planificación territorial se ha dividido en dos grandes ejes: por un lado está lo relacionado con los espacios urbanos, que se rigen por la Ley de Planificación Urbana, y por otro lado los espacios no urbanos, llámense rurales, agrícolas, áreas silvestres entre otros, en donde hay una serie de leyes y decretos que influyen en la administración y gestión de recursos.5

Por su parte, en los territorios urbanos la expansión ha sido fundamentalmente horizontal y en forma no planificada, las presiones sobre el uso del suelo han impactado en los recursos naturales, sobre todo en la capacidad de recarga en los mantos acuíferos y la consecuente saturación de los ríos por escorrentía que ocasiona problemas en los asentamientos urbanos, como se aprecia en la siguiente ilustración.

Los cantones de mayor concentración poblacional pertenecen a la provincia de San José son: Tibás, San José, Goicoechea, Alajuelita, Desamparados Curridabat, Montes de Oca, Escazú, Santa Ana de la provincia de San José. En la provincia de Heredia destaca la aglomeración en San Pablo, Belén, Flores, San Rafael y el cantón central. Además de los cantones centrales de Alajuela y Cartago.

En Costa Rica parte importante de los asentamientos humanos en precario y en condición de tugurio se han ubicado en zonas de riesgo y vulnerabilidad, por lo que frecuentemente sufren un impacto socio ambiental considerable que amerita la elaboración de alternativas integrales, el manejo de cuencas altas, medias y bajas, y el ordenamiento de las zonas urbanas.

5 MIDEPLAN, Heriberto Ureña. (2006) Planificación Territorial, Vivienda y Asentamientos Humanos.

El proceso de aglomeración urbana se vincula con la conformación de 357 Asentamientos en Precario y en condición de tugurio, de los cuales 234 se ubican dentro de la GAM y 123 fuera de esta, representando a julio del 2007 un total de 39.786 familias. De ese total 30.921familias, radican en la GAM y 8.865 fuera de ésta, lo cual representa un 77,7% y un 22,3%, respectivamente6. Estos ocupan terrenos estatales, privados y de alto riesgo ambiental.

Al 2008, el panorama sobre el ordenamiento territorial debe incluir al menos un marco nacional integral, con programas que respondan al manejo y conservación de suelos, mejoramiento de la calidad y reducción del impacto ambiental en los recursos agua, suelo, aire, biodiversidad, considerando el proceso de adaptación al cambio climático, sin olvidar la distribución biofísica, los cambios de uso, venta e incrementos en la renta.7

El país ha avanzado en propuestas de ordenamiento, pero desde una perspectiva específica o parcial es fundamental definir un hilo conductor global vinculante, ya que la tendencia a urbanizar zonas de recarga de los acuíferos aumenta el riesgo y vulnerabilidad de las inundaciones, deslizamientos, la degradación y la contaminación.

6 MIVAH. Compendio de Estadísticas del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, 2007.7 PLAN SECTORIAL 2007-2011. Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Octubre, 2006.

La Gran Área Metropolitana

Se extiende desde el cantón de Paraíso en la provincia de Cartago hasta Atenas en Alajuela.

Al año 2007 el total de habitantes en Costa Rica es de 4.443.843 y se calcula que la en la GAM es de 2.100,000, lo cual representa una densidad poblacional entre 1.067 y más de 10,000 habitantes por Km2, sobre todo en áreas centrales de la provincia de San José, con respecto a otras zonas del país.

Para el año 2.050 la población proyectada a nivel nacional será de 6.307.187 habitantes lo que representa un desafío impostergable en términos de ordenamiento del territorio, red vial, alternativas urbanísticas para vivienda en modelos verticales, y cambios significativos en aspectos relacionados con el proceso de envejecimiento de la población y el acceso a los servicios sociales.

_______________________

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares 2007. Martínez Tomas. ob.cit.

3

Dos vertientes para el abordaje estatal del tema de ordenamiento territorial son: la que enfatiza los aspectos de protección y conservación de la naturaleza y la que refiere a los aspectos socioambientales de la GAM. La primera perspectiva se centra en la conservación de la biodiversidad y se visualiza por medio del proyecto GRUAS, conformado por varias instituciones y profesionales expertos en el manejo de los recursos naturales, que busca orientar las políticas por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y que forma parte del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).

Este proyecto busca garantizar la protección de las especies y ecosistemas del país, incluyendo la necesidad de consolidar zonas de interconexión, delimitación de criterios para las prioridades de inversión del Programa de Pago de Servicios Ambientales. A su vez, ha generado un importante registro cartográfico sobre el Corredor Biológico Mesoamericano, con un total de 45 corredores en una extensión aproximada de 1.174.554 hectáreas y un 23% del territorio nacional. El SINAC y el Programa de Pequeñas Donaciones del Global Environment Facility (GEF), establecieron una red de corredores, a partir del 2005, lo cual va más allá del ámbito nacional.

Por su parte, se impulsa el Plan de Ordenamiento de la Gran Área Metropolitana coordinado por el Ministerio de Vivienda (MIVAH), el cual coadyuva a la preparación de planes reguladores municipales; el Ministerio del Ambiente no participa directamente, aunque existe un estudio sobre las perspectivas del medio ambiente urbano GEO-GAM, elaborado en el año 2006 en el que participan ambos ministerios, además del Programa de Naciones Unidas para el medio Ambiente (PNUMA) y el Observatorio de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Las iniciativas mencionadas sobre el ordenamiento territorial forman parte de las Acciones Estratégicas en los sectores Social y Lucha contra la Pobreza, y el sector de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y deben integrarse como parte del Plan Nacional Urbano, en concordancia con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

El desafío como país es retomar los principales resultados o productos en este campo y elaborar los lineamientos integradores del ordenamiento del territorio a nivel nacional, que permitan planificar con visión global y a largo plazo; avanzando con experiencias demostrativas. El sector social integra el Proyecto para el Planeamiento Regional Urbano de la GAM (PRUGAM) y su relación con los Planes Reguladores; a su vez el MIVAH trabaja en la erradicación, consolidación y reubicación de Asentamientos Humanos en precario.

En el marco del proyecto PRUGAM, se han elaborado insumos para la definición del Plan Nacional de Desarrollo Urbano en la GAM, se ha puesto al día los Planes Reguladores y Directrices Metropolitanas en las 4 áreas que la conforman, y se han efectuado actividades de formación- difusión como parte de la apertura hacia la cultura urbana y su vinculación Municipal- FOMUDE; la cartografía actualizada y la definición de proyectos demostrativos por elaborar y ejecutar.

Planes Reguladores diversos que no se vinculan adecuadamente al ordenamiento territorial nacional:

Para resolver la ausencia de planeamiento urbano, en el año 2000 se crea el Consejo Nacional de Planificación Urbana8 mediante decreto, el cual efectúa labores por medio de la Secretaría Técnica, constituida 8 El Consejo Nacional de Planificación Urbana está conformado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), como coordinador, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el MINAE, el MOPT, la CNFL, el INVU y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Planificación Urbana a paso lento

En el 2004, se publica el Decreto Nº 31777 – MIVAH-MIDEPLAN, donde se declara prioridad nacional y de interés público a la planificación y el desarrollo urbano, así como al ordenamiento urbano del país.

Se inicia el proceso, que se conoce como el “Plan Nacional de Desarrollo Urbano”- PRU-GAM, dividido en tres fases, dos de las cuales fueron aprobadas por el INVU y el Consejo Nacional de Planificación y refieren a los estudios técnicos y la cartografía digital.

La Fase III, referida a la elaboración y actualización del Plan GAM, pretende integrar los esfuerzos y homologar los criterios de las 31 municipalidades que componen la GAM para la elaboración de sus respectivos Planes Reguladores. En ese sentido, y a pesar de los esfuerzos realizados el producto final del Plan Nacional Urbano no se ha concretado como lo dicta la Ley de Planificación Urbana Nº 4240, en cuanto al marco nacional, pero si se han dado pasos importantes en relación al tema urbano.

4

posteriormente. Es hasta el año 2003 que se firma el protocolo del “Convenio de Financiación Específico entre la Comunidad Europea y la República de Costa Rica para apoyar técnica y económicamente el desarrollo del proyecto Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana – GAM – del Valle Central de Costa Rica.

A nivel general, una parte importante del territorio ha elaborado Planes Reguladores Urbanos y del resto del país, los cuales han utilizado diferentes fuentes de financiamiento: INVU, IFAM, presupuesto municipal, Preinversión (MIDEPLAN), BID. El INVU, ha participado en el financiamiento de planes reguladores en las primeras etapas. Con la publicación de la Ley de Planificación Urbana y siendo una Institución fuerte en la década de los setenta y principios de los ochenta, financia y realiza la totalidad de los planes reguladores urbanos.

Hasta el 2006 existen 48 planes reguladores urbanos vigentes; de ellos, 35 han sido sufragados con fondos del INVU, y en los otros cinco, ha participado mediante convenios. En está modalidad, el aporte ha sido de capital humano especializado dedicado a la actualización de planes reguladores urbanos que fueron elaborados por la misma institución. (Protti 2004, IFAM 2003).9

9 MIDEPLAN, Ob.cit.

De acuerdo con un trabajo realizado por la Sección de Investigación y Desarrollo del IFAM, de los planes reguladores vigentes, sólo uno ha sido financiado con recursos del IFAM.

A partir del año 1999 y hasta julio del 2005, MIDEPLAN, por medio del Fondo de Preinversión, ha invertido 653,7 millones de colones en el desarrollo de la planificación urbana del país, otorgando recursos económicos a diferentes municipalidades, para que elaboren sus respectivos planes reguladores, sin embargo, estos deberían orientarse según lineamientos estratégicos y normas del país que permitan la articulación y visualización de las especificidades regionales.

La tendencia en el ordenamiento del territorio evidencia cierta desproporción en y entre las regiones. La región Central ha realizado mayores esfuerzos por ordenar el territorio, con veintidós planes reguladores, un 50% del total de planes elaborados y aprobados, con un número importante por actualizar y en formulación de estudios técnicos. (ver cuadro Nº 1)

En el resto del país los esfuerzos de ordenamiento territorial son principalmente a nivel de distrito y con una menor incidencia a nivel cantonal, en la que no se retoman los elementos sustantivos característicos del entorno regional.

5

La región Brunca cuenta con más planes reguladores urbanos distritales que el resto de las zonas con seis planes reguladores cantonales, en proceso de elaboración de estudios técnicos y gestión de financiamiento. Es importante el número de planes reguladores costeros, considerando que son cantones que tienen costa en el Pacífico, como se visualiza en el cuadro Nº 1.

La región Chorotega registra siete planes reguladores distritales y seis en proceso de actualización (distritales y cantonales), a realizarse mediante el Programa de Regularización de Catastro y Registro (Préstamo 1284/OC-CR). El énfasis no se ha centrado en el nivel de cantón, pero si se ha orientado la prioridad hacia el ámbito costero en donde se han impulsado cuarenta y dos planes, atinente a su condición del 64% del territorio cantonal con costa en el Océano Pacífico.

En la Huetar Atlántica se han elaborado dos planes reguladores distritales y estudios técnicos en tres cantones (Guácimo, Siquirres y Pococí) los restantes cantones de Limón, Matina y Talamanca no registran planes reguladores elaborados y aprobados, por lo que en caso de concretarse los planes cantonales en proceso de estudio, se abarcaría el 50% del territorio. A nivel costero existen cuatro planes (Tortuguero, Cahuita, Puerto Viejo y Parismina), elaborados en el marco del Programa de Desarrollo Sostenible de la Vertiente Atlántica (BID-MIDEPLAN) e instituciones como el ICT y el INVU, con participación de las Municipalidades.

Aunque estas iniciativas son importantes para el desarrollo turístico de Tortuguero, Colorado, Parismina y el sector de Puerto Viejo, Gandoca – Manzanillo, Cahuita y Bribrí – Bratsi, aún no han entrado en la fase de ejecución.

La situación de la región Pacífico Central, presenta características especiales, porque se han elaborado sólo tres planes reguladores urbanos que son parte del distrito de Puntarenas10 (la zona industrial de Puntarenas y Barranca), y una parte del distrito de Jaco del cantón de Garabito. En total son cuatro planes distritales, y ningún plan regulador cantonal en ejecución.

10 El estero fue declarado Humedal desde el 12 de febrero del 2001 mediante Decreto Ejecutivo 29277- MINAE, se segrega sólo 20 metros al norte de la ciudad de Puntarenas, pero queda sometida esa área a zona de amortiguamiento, donde solo se permitirán construcciones de muelles sobre pilotes.

Lo anterior denota que teniendo esta región ocho cantones, es mínimo el número de instrumentos de planificación cantonal con que cuenta, pero a la vez destaca que en

el espacio costero se han elaborado veinticinco planes en cinco cantones colindantes a la costa Pacífica, que representan el 62,5% del total de planes elaborados en la región.

En el caso de la zona Huetar Norte se registra sólo un Plan Regulador del distrito de Ciudad Quesada, elaborado en 1982 y actualizado en el 2003, lo cual no es compatible con la presencia de cuatro cantones, treinta distritos y una extensión total de 7.427,57 Km., equivalentes a un 6,87 % del territorio nacional.

La elaboración de los planes reguladores ha implicado costos para el Estado, pero el tema de la elaboración del Plan Nacional Urbano es una tarea intersectorial impostergable que debe ser acompañada de experiencias demostrativas y el monitoreo respectivo. Esto por cuanto el hecho de que se haya elaborado un buen Plan Regulador para un cantón o distrito, no implica su ejecución adecuada.

Gráfico Nº1 Planes Reguladores elaborados y

aprobados en las regiones

Brunca 18.2%

Chorotega15.9%

Huetar Atlántica 4.5%

Huertar Norte 2.3%

Pacífico Central 9.1%

Central50.0%

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN con información institucional 2007

PND 2006- 2010Acciones Estratégicas

Sector Social y Lucha contra la Pobreza9. Programa nacional, regional y local para el ordenamiento territorial

Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones8. Programa de Ordenamiento Territorial

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En Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 contiene dos acciones estratégicas referidas al ordenamiento territorial en los sectores social y ambiental, los cuales deben articular esfuerzos a corto y mediano plazo para la definición de los lineamientos nacionales, como marco global para la regulación del uso del espacio urbano y el resto del país.

Paralelamente se puede seguir diseñando y ejecutando experiencias urbanas en la GAM que involucra al proyecto PRUGAM y a las Municipalidades.

Recursos hídricos

• Manejo del recurso hídrico no ha permitidoconsolidar un ambiente propicio para su gestión integrada y sostenible.

• Marco legal conformado por múltiplesleyes y reglamentos, donde urge trabajo de integración y actualización.

• Vulnerabilidad de los principales acuíferosdel país, ante contaminación asociada a infiltraciones de aguas residuales sin tratar y al uso de agroquímicos.

• Carenciadeinformaciónsuficienteyconfiablesobre oferta y demanda nacional del recurso.

El agua es uno de los recursos naturales más importantes para la sostenibilidad del desarrollo económico, social y ambiental de las naciones. Costa Rica cuenta con un alto potencial de recursos de agua superficial y subterránea. Dispone de poco más de 110 kilómetros cúbicos (Km3) de agua por año, de los cuales el 66,2% corresponde a la escorrentía superficial, mientras que el 33,8% restante lo constituye el volumen de recarga natural que alimenta a los acuíferos del país. 11

Se estimó12 que en el año 2003, las extracciones totales de agua para los distintos usos sumaban poco más de 22 mil millones de metros cúbicos (m3), equivalentes tan sólo al 20,2% del volumen total de agua disponible en el país.

Cerca del 88% de las extracciones para satisfacer las demandas de los usos consuntivos, esto es, todos los usos con excepción de la generación de electricidad,

11 Partido de Liberación Nacional. Programa de Gobierno 2006-2010. Noviembre de 2005.12 MINAE (2004) Plan Nacional de Manejo Integral del Recurso Hídrico. Informe de diagnóstico.

provienen de fuentes de aguas subterráneas, lo cual destaca la importancia estratégica de la explotación sustentable de los acuíferos del país. Las extracciones de agua se concentran, principalmente, alrededor de la Gran Área Metropolitana (GAM), dadas las necesidades de agua para consumo humano y de las industrias que se ubican en esa misma zona. (Ver gráfico Nº 2).

Las proyecciones de demanda de agua para todos los usos, en un horizonte de planificación hasta el año 2020, indican que la demanda agregada evolucionará hasta alcanzar los 39 mil millones de m3, cifra que es equivalente a más del 35% de la disponibilidad total de recursos hídricos en el país.

Aún cuando la demanda para usos domésticos e industriales no compromete la posible oferta de recursos hídricos, el manejo del recurso hídrico no ha permitido consolidar un ambiente propicio para su gestión integrada y sostenible. Las debilidades se manifiestan en políticas y estrategias sectorizadas que han generado un vacío respecto a la necesidad de contar con una visión compartida a nivel nacional, que permita redireccionar los objetivos, metas, políticas y estrategias del sector hídrico en su conjunto.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ente responsable de la emisión de las políticas y estrategias en materia de recursos hídricos, no ha contado con la organización, ni con recursos humanos y financieros suficientes para realizar los estudios necesarios y el proceso de concertación que se requieren para establecer, difundir y promover la visión y la orientación

Gráfico Nº 2Costa Rica: Destino de la extracción total de agua

Año 2003

70,0%

22,8%

7,2%

Generación de electricidadAgriculturaConsumo humano, turismo, industria y agroindustria

Fuente: MINAE.

7

estratégica del sector. 13 En respuesta a lo anterior, cabe destacar el avance con la formulación de la Estrategia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, con el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el impulso a la formulación del Plan Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Costa Rica, acción contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

El marco legal para la gestión, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos está conformado por múltiples leyes y reglamentos, algunos de los cuales se traslapan entre sí, por lo que es conveniente llevar a cabo un trabajo de integración y actualización. En este sentido, se ha dado el apoyo al proyecto de Ley del Recurso Hídrico que actualmente se encuentra dictaminado y en espera para la discusión en el Plenario Legislativo. Mientras se espera el trámite del proyecto, se considera que el país cuenta con suficientes disposiciones jurídicas que pueden sustentar algunas de las transformaciones institucionales y administrativas que se requieren para avanzar hacia la modernización e integración de la gestión de los recursos hídricos del país.

La rectoría del sector de los recursos hídricos corresponde al Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con la Ley de Aguas y la Ley Orgánica del Ambiente, quien la ejerce conjuntamente con el Presidente de la República; sin embargo, esta rectoría no se ha plasmado en la práctica. Se producen traslapes de competencias entre los diferentes grupos de actores públicos y no públicos, por la ausencia de una definición clara de los roles y funciones.

13 Idem.

Las instituciones responsables de la protección del recurso hídrico, definen sus propias orientaciones, prioridades y planes de acción. Las acciones que se realizan se orientan más a resolver el problema una vez presentado, que de tipo preventivas. Esto resulta en la ausencia de prioridades a nivel nacional para orientar las inversiones, así como la insuficiente información e iniciativas concretas que alimenten a distintos instrumentos reguladores (desarrollo urbano, marco territorial, uso y conservación de suelos) con los insumos adecuados para que se promueva la protección y sostenibilidad del recurso hídrico.

Cabe agregar que la problemática se ve agravada por la falta de recursos económicos, especialmente en el Departamento de Aguas del MINAE, debido, principalmente, a que no se ha implantado el cobro de un canon orientado a asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico. (ver cuadro Nº 2).

Acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010:

Subsector Hídrico •ElaboraciónyejecucióndelPlanNacionaldelaGestión

Integrada del Recurso Hídrico. •ProyectodeLeydelRecursoHídrico(Expediente

legislativo No. 14.585).

Instituciones responsables de laprotección del recurso hídrico

• SistemaNacionaldeÁreasdeConservación(SINAC).• SecretaríaTécnicaNacionaldelAmbiente(SETENA).• DepartamentodeAguasdelMINAE.• TribunalAmbiental.• InstitutoCostarricensedeElectricidad(ICE).• ServicioNacionaldeRiegoyAvenamiento (SENARA).• InstitutoCostarricensedeAcueductosy Alcantarillados (ICAA).• ComisiónNacionaldeEmergencias(CNE).

8

En relación con el suministro de agua para consumo humano, es preocupante el hecho de que en el año 2006 se registró una disminución de 0,6 en el porcentaje de cobertura, mientras que en 2005 se había registrado un incremento de 3,3%.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) es la institución con mayor participación en el suministro de agua para consumo humano, mientras las municipalidades cedieron su participación a los comités administradores de acueductos y alcantarillados. Las provincias con menor porcentaje de población abastecida con agua de calidad potable son Alajuela (64,2%) y Puntarenas (71,6%), mientras que San José es la de mayor cobertura (93,9%).14

La vulnerabilidad de los principales acuíferos del país, se pone de manifiesto cuando se examina la contaminación real y potencial asociada a las infiltraciones de aguas residuales sin tratar y al uso de distintos agroquímicos, las cuales amenazan la salud pública y los ecosistemas, toda vez que un alto porcentaje de las aguas domésticas, al igual que las originadas por la industria y la agroindustria, son descargadas en forma cruda a los cuerpos de agua superficial.

Se estima que el 96% de las aguas residuales recolectadas en los sistemas municipales de alcantarillado se disponen en los ríos sin ningún tratamiento.15 Las cuencas de los ríos Grande de Tárcoles16 y Reventazón reciben las aguas residuales sin tratar de las ciudades de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.

Para la cuenca del río Grande de Tárcoles se estimó, al año 1998, que los desechos líquidos domésticos representaban el 40% de la contaminación total, seguida por los desechos líquidos industriales con un 23%, y el 37% restante corresponde a los desechos animales y sólidos.

En algunos acuíferos del país se ha detectado la tendencia a sobrepasar, en los próximos años, el valor máximo permisible de nitratos que es de 50 miligramos por litro (mg/L). Entre los acuíferos que muestran esa

14 Duodécimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2005).15 MINAE. (2004) Plan Nacional de Manejo Integral del Recurso Hídrico. Informe de diagnóstico.16 La cuenca del río Grande de Tárcoles, donde se asienta buena parte del desarrollo económico del país, es la cuenca más contaminada de Centroamérica.

tendencia se encuentran el de Barva y Colima Superior, en la cuenca del río Grande de Tárcoles (Estado de la Nación, 2003). La contaminación por nitratos es causada por la degradación y posterior infiltración de materia fecal de los tanques sépticos y por el uso de fertilizantes nitrogenados.

En la cuenca del río Tempisque se han llevado a cabo estudios de calidad del agua, tanto en el propio río como en los pozos utilizados para el abastecimiento de agua potable. Esos estudios muestran que las aguas del río Tempisque presentan contaminación por coliformes y por concentraciones de iones minerales. Particularmente, en el cantón de Abangares el vertido de cianuro y mercurio al río, producto del proceso de la minería que se realiza en forma ilegal, se convierte en un problema grave de contaminación. 17

De acuerdo con el informe del Estudio del Proyecto de Desarrollo Rural de la Cuenca Media del río Tempisque, presentado por Pacific Consultants International al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), en setiembre de 2002, las concentraciones de iones minerales en el río han aumentado en los últimos años. Con respecto a las aguas subterráneas de la cuenca, se detectó que 12 de 13 pozos estaban contaminados por microorganismos comunes.

En la región Huetar Atlántica, los principales contaminantes son los pesticidas (herbicidas, nematicidas, fungicidas), utilizados principalmente en plantaciones de banano, y más recientemente en piña.18 Se estima que un tercio del volumen de pesticidas importados en Costa Rica es utilizado en plantaciones de banano, de las cuales la mayoría se encuentran en la región antes citada.

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas se apunta como uno de los factores críticos para la sostenibilidad de las fuentes de abasto a la población y las actividades económicas, cuya prevención demandará una alta inversión nacional.19 De ahí, la urgencia de adquirir un mejor conocimiento sobre la evolución de la calidad del agua en los principales ríos y acuíferos del país.

17 MIDEPLAN (2006) Diagnóstico Región Chorotega.18 MIDEPLAN (2006) Diagnóstico Región Huetar Atlántica.19 Debe crearse la infraestructura necesaria, plantas de tratamiento y otras, para el manejo de los desechos sólidos y líquidos. Se estima que el sector hídrico nacional tiene un atraso de inversión equivalente a unos 20 años y a unos 1.600 millones de dólares.

9

La información de la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, no se ha generalizado a todo el país. Para atender los problemas de calidad del agua, el ICAA desarrolla el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Agua. Bajo los alcances de este plan se han realizado inventarios de fuentes de agua, vigilancia y control de la calidad del agua y evaluación de riesgo sanitario, entre otras actividades. Sin embargo, este Plan requiere un mayor apoyo para que pueda cubrir eficazmente todo el país y poder contar con la información de la calidad del agua en los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. Del mismo modo, se considera necesario aumentar la cobertura para poder proveer a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la información oportuna para la prevención y atención de desastres.

Es conveniente tener presente los problemas relacionados con la baja eficiencia con las que se utiliza el recurso hídrico y que, localmente, resultan en situaciones de conflicto y escasez aparente, aunado a los problemas de contaminación que estos usos conllevan. El desarrollo urbano y el turismo incrementan las presiones sobre el recurso hídrico, frente a las políticas de conservación y protección adoptadas por el país.

El sector turismo es la actividad que más divisas genera a la economía nacional, que presenta una tasa de crecimiento sostenido. En relación con estos grandes beneficios económicos, la demanda de agua de este sector es relativamente baja. Sin embargo, el abasto a nuevos desarrollos turísticos, sobre todo en el litoral del Pacífico, enfrenta situaciones de conflicto con las comunidades aledañas por una supuesta competencia por el agua. Estos conflictos locales, que en gran medida reflejan las consecuencias de una falta de infraestructura de regulación, así como de una gestión integrada del recurso hídrico.

Una de las principales limitaciones para la formulación de un Plan Nacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos se refiere a la carencia de información suficiente y confiable, especialmente la que se requiere para la integración de balances hídricos por cuenca que permita identificar las potencialidades y obstáculos que enfrenta el desarrollo de los recursos hídricos o su gestión integrada.

La información disponible sobre recursos hídricos se encuentra muy dispersa, particularmente la relacionada con la oferta y demanda del recurso a nivel nacional.

También, es importante destacar las limitaciones en materia de información sobre las fuentes y cargas contaminantes provenientes de los distintos usos de las aguas, así como los mayores esfuerzos que se requieren para el “monitoreo” de la calidad del agua. Esta es un área donde hay vacíos importantes que es necesario llenar, para una planificación apropiada del recurso.

Sólo las cuencas prioritarias para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuentan con “monitoreo” constante de caudales y sedimentación. Los estudios existentes en el país se han concentrado principalmente en las aguas superficiales; los mayores vacíos se encuentran en la carencia de información sobre las aguas subterráneas, de la cual depende muy especialmente el Pacífico seco de Costa Rica.

Al no existir información completa (cuantitativa y cualitativa) sobre el comportamiento (existencia/ agotamiento/degradación) del recurso, se podrían estar generando niveles de agotamiento y contaminación de aguas subterráneas que reducen el uso futuro y, a nivel de aguas superficiales, se reduce la oferta y los usos económicos a todos los niveles de las cuencas, acentuándose el problema de los niveles medio y bajo (zona marino– costera).

En relación con el cobro estatal por la utilización del agua, se señala que las directrices para distribuir los ingresos provenientes de los cánones de uso y vertidos no han sido “socializados” suficientemente, por lo que se requieren mayores esfuerzos por parte del MINAE en ese sentido. Se considera conveniente analizar y en su caso reforzar, las capacidades del MINAE para realizar las acciones de “monitoreo”, manejo de información y cobranza, para asegurar la aplicación adecuada de los cánones. El Gobierno de la República, por medio del MINAE, realiza los estudios y gestiones necesarias para la modificación del canon de aprovechamiento y la implantación del canon por vertidos. Con respecto a los cánones a pagar por las instituciones del Estado, como ICE, ICAA y SENARA, estas instituciones manifiestan su disposición a pagarlos. Igualmente, existe preocupación por el efecto multiplicativo de las tarifas de los servicios básicos de agua y electricidad en los demás renglones de la economía y, en consecuencia, en el nivel de vida de los consumidores.

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Recurso forestal:

Pierde impulso el Programa de Pago de Servicios Ambientales.

Se reporta escasez de productos forestales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por medio del documento “Situación de los bosques del mundo 2007”, reporta en el año 2005 una recuperación de la superficie forestal de Costa Rica, con lo cual se ha logrado revertir la tendencia de deforestación y de degradación de bosques observada en la década de los noventa.

Mientras que de los años 1990 al 2000 se observó una disminución del 19% en el total de hectáreas (has.) de bosque, del 2000 al 2005 esa cobertura registra un crecimiento del 3%, hasta llegar a representar un 46,8% del total de superficie terrestre nacional. De esta forma, el país se convierte en uno de los pocos casos en el mundo, y el único en Centroamérica, donde se presenta una recuperación boscosa.

La FAO señala que no está claro en qué medida el anterior comportamiento de la cobertura boscosa, pueda estar relacionado con políticas innovadoras para financiar el ordenamiento forestal y el pago de servicios ambientales, así como la posibilidad de que como respuesta a políticas macroeconómicas, se haya dado una reducción de las tierras agrícolas.

Hay una creciente conciencia de que el pago de servicios ambientales20 es la forma más adecuada de asegurar el uso racional de los bosques, plantaciones forestales, sistemas agroforestales y compensar a sus dueños por contribuir con el bienestar de la sociedad en general. No obstante, los datos del cuadro No. 3 indican, a partir del 2005, una desaceleración en el ritmo de implementación de ese mecanismo. Particularmente, en el año 2006 es preocupante la disminución en el área de protección de bosque (62,7%), en el número de árboles incorporados a sistemas agroforestales (25,9%), y en el número de contratos (18,0%).

20 El pago por servicios ambientales es un mecanismo de compensación económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio hacen un pago a los proveedores o custodios del servicio.

En relación con los productos forestales, se reporta21 una relativa escasez de la madera originada por una menor oferta y una creciente demanda, la cual es reflejada, en alguna medida, por el fuerte incremento porcentual en el precio de las principales maderas, tanto a nivel de madera en pie, en patio de aserradero y madera aserrada. Los mayores precios se reportan en el Valle Central y la región Chorotega, siguiéndole los correspondientes a las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte.

En los últimos años, algunos empresarios de aserraderos han manifestado tener problemas para obtener madera en troza de plantaciones forestales, y están procesando exclusivamente madera de pequeñas dimensiones.22 Lo anterior, se explica por una disminución significativa de las plantaciones, debido al consumo de madera y su cosecha temprana, como resultado de la falta de liquidez de los reforestadotes y las restricciones para la cosecha de los bosques.

21 Arce, Héctor y Barrantes, Alfonso. (2007) La madera en Costa Rica, situación actual y perspectivas. Oficina Nacional Forestal. 22 Oficina Nacional Forestal. (2007) Boletín Costa Rica Forestal. Enero-febrero.

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La oferta de madera proveniente de bosques naturales, aprovechados por medio de planes de manejo, ha venido disminuyendo, hasta estabilizarse aproximadamente en 50.000 m3 por año, cerca del 5% de la oferta nacional de madera en el 2005. Asimismo, un alto porcentaje de las áreas sujetas a permisos de aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario, corresponden a bosques recién socolados23 y convertidos en potreros, y por lo tanto no sostenibles.

A raíz de lo anterior, se estima que la producción sostenible de madera se encuentra amenazada, producto de la demanda de materia prima para la construcción y el embalaje de productos agropecuarios para la exportación.24 Esto, aunado a la disminución de las plantaciones, podría generar un aumento de las importaciones y el incremento de la tala ilegal.25 Como dato ilustrativo, en el 2005 las importaciones de productos forestales crecieron en un 2,1%, mientras que en el 2004 la tasa fue de un –0,9%. Cabe mencionar que para esos años, los datos de exportaciones indican tasas del 33,7% y -20,2 %, respectivamente.

En el 2005, la industria forestal procesó, aproximadamente, 1.018.569 metros cúbicos de madera en rollo (m3-r), con una tendencia hacia un uso creciente de madera proveniente de plantaciones forestales, que no se reponen en su gran mayoría.

En cuanto a la tala ilegal, si bien ha sido disminuido su impacto, como resultado de la implementación de la Estrategia de Control de la Tala Ilegal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se estima que entre un 25% y un 35% de la madera que llega al mercado es extraída sin cumplir con la legislación forestal vigente. Entre las principales causas de este fenómeno se citan:

La política de control ha estado fuertemente •dirigida a monitorear las actividades que están legal mente establecidas (auditorias a planes de manejo y pago de servicios ambientales, control a permisos), dejándose en un plano secundario el control en los terrenos forestales fuera de las áreas bajo permiso, que es donde con mayor frecuencia se presenta el cambio de uso de la tierra.

23 Eliminación del sotobosque, que son los arbustos, matorrales y otras plantas que se sitúan debajo de los árboles del bosque.24 En el 2005, se fabricaron más de cuatro millones de tarimas para el sector agroexportador, con un consumo superior a 410.000 metros cúbicos (m3) de madera en rollo de plantaciones forestales. La venta de tarimas generó unos $30 millones. 25 Aquella tala que está prohibida por la legislación forestal vigente.

La Ley Forestal 7575 del 13 de febrero de 1996, no •cumple con el principio de la tipicidad del delito, porque establece una serie de limitaciones y regulaciones en el uso de recurso forestal, pero no establece claramente las sanciones cuando se viola o no se cumple con cada una de las prohibiciones o procedimientos requeridos para utilizar el recurso. 26 Esta situación genera que el mayor porcentaje de las denuncias fracasan por deficiencias en la legislación y en menor grado por errores procesales.

La Ley Nª 7575 presenta una serie de vacíos legales que promueven la impunidad de los transgresores y frustración en los funcionarios que realizan el control. Entre los principales vacíos se destacan: inadecuada definición de bosque, de tala ilegal y de troza; no existe definición para bosque secundario; no está tipificado el delito de cortar vegetación en bosque (socola), cortar árboles aislados fuera del bosque, transportar productos forestales y cortar árboles por terceros en propiedad privada.

El área afectada por incendios forestales, es otro problema que se ha logrado reducir gracias al esfuerzo del MINAE y demás involucrados con esta temática.

Desde 1966, se cuenta con una normativa dirigida a fortalecer los esfuerzos institucionales para enfrentar este problema y dirigir recursos tendientes a su prevención y control. Asimismo, por medio de la Estrategia Nacional sobre Manejo del Fuego, se han coordinado los mecanismos para maximizar los esfuerzos y recursos orientados a la prevención y el control de esos incendios.

El cuadro No. 5, permite visualizar que en el año 2005 se tuvo un éxito especial en relación con las campañas preventivas y de atención a los incendios forestales, con una participación destacada de los funcionarios de las instituciones públicas involucradas, y de los grupos voluntarios, particularmente los bomberos y bomberas forestales voluntarios. Esta labor, se ha visto apoyada por organizaciones de cooperación internacional y el desarrollo de cooperación bilateral con las Repúblicas de Nicaragua y Panamá.

Para el año 2006, se registró como área afectada 15.191 has., de las cuales el 27,8% ocurrieron dentro de las áreas silvestres protegidas y un 72,2% fuera de ellas.

26 MINAE. Estrategia para el control de la tala ilegal 2002-2007.

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De acuerdo a la división administrativa del territorio nacional del SINAC, las áreas de conservación que se ubican en la Vertiente Pacífica, son las más propensas a la ocurrencia de los incendios forestales. Por tanto, el área de conservación que presenta la mayor superficie afectada es Arenal Tempisque (ACA-T) con un 38,6%, seguida de Guanacaste (ACG) con 18,3%, la Amistad Pacífico (ACLAP) con 11,6% y Pacífico Central con 10,2%. (Gráfico Nº 3)

Aún con los esfuerzos citados anteriormente, los incendios forestales representan una seria amenaza para el país, ya que sus efectos producen daños de carácter ambiental, social y económico. La principal causa son las actividades desarrolladas por el ser humano, ya sea en forma negligente, accidental o premeditada.

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 considera al sector forestal- como “un importante motor de desarrollo y socialización de recursos ambientales y económicos”,

para lo cual propone las acciones estratégicas contenidas en el siguiente recuadro:

Entre los principales objetivos de esas acciones se citan:

• Recuperar y mantener la cobertura boscosa, losecosistemas y procesos ecológicos de importancia nacional y el suministro de bienes y servicios ambientales;

• Formularyaplicarpolíticasynormativasnacionalesreferentes al uso y la conservación de la biodiversidad en procura de la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de sus usos, en cumplimiento a la Convención de Diversidad Biológica y otros convenios y tratados internacionales.

Servicios Ambientales en Costa Rica

Costa Rica avanzó hacia el mercado verde mediante el pago de servicios ambientales, a raíz de las estrategias para mitigar los efectos globales del cambio climático que surgen a partir de la Cumbre Mundial de Río de Janeiro en 1992 cuyo objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera; la firma del Protocolo de Kyoto y su ratificación por 141 países del mundo en el 2005.

Gráfico Nº 3Costa Rica: Hectáreas afectadas por incendios forestales

según Área de ConservaciónAño 2006

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Arenal Tempisque

Guanacaste

Amistad Pacífico

Pacífico Central

Osa

Tempisque

Arenal Huetar Norte

Cordillera Volcánica Central

Fuente: Sistema Nacional de Área de Conservación, MINAE

Acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010:

Subsector Ambiente

• Plan para adecuar y ejecutar las acciones prioritarias

de la Estrategia de Conservación, Uso y Manejo de la Biodiversidad.

• Programa de impulso de una agenda ambiental

integral que permita el posicionamiento internacional de Costa Rica como país líder en conservación de la naturaleza.

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El país es el primero en implementar el Programa Nacional de los Servicios Ambientales (PSA) e iniciar las actividades de implementación conjunta, desde hace más de diez años, el cual funciona como un reconocimiento monetario de los SA por parte de los ecosistemas forestales, en el que se cobra a quienes se beneficien de estos y se paga a quienes los producen, lo que permite la operación de un innovador mercado verde.

El enfoque de los incentivos ha ido variando desde la promulgación de la Ley Forestal de1969 hasta la Ley Nº 7575 de 1996.

Posteriormente, se utilizan iniciativas de conservación del Corredor Biológico Mesoamericano27 para la asignación de PSA por parte del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal que incorpora criterios de desarrollo rural-forestal en una primera fase, y secuencialmente una importante intencionalidad hacia protección hídrica, la regeneración natural y los Ecomercados para la protección de la biodiversidad, vinculado al Índice de Desarrollo Social (IDS), condición de pobreza y a grupos de mujeres e indígenas.

27 El Corredor Biológico Mesoamericano es una iniciativa de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD que involucra a Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y el sur de México. Es financiada por el Fondo Ambiental GEF que se realiza por PNUD y GTZ para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad

En general, los cuatro pilares para el pago de SA a los propietarios de bosques se establecen en Ley forestal No 7575 de 1996, hacen referencia a:

Mitigación de los gases de efecto invernadero •(fijación, reducción, secuestro y almacenamiento).

Protección de cuencas de propósito urbano, rural o •hidroeléctrico.

Protección de la biodiversidad para su preservación •y también por su uso científico y farmacéutico; su uso en investigaciones de genética y también para mejoramiento y protección del ecosistema y su fauna.

Protección de la belleza escénica para propósitos •turísticos y científicos.

En una primera fase, se ha pagado a los propietarios del recurso forestal y en una segunda se ha incrementado la cobertura en las Áreas Silvestres Protegidas. El aumento de la cobertura boscosa terrestre del país a un 46,8% es uno de los logros más exitosos en la política pública al año 2006. Se han creado otras nueve áreas protegidas públicas y privadas, las cuales en su mayoría son Refugios de VidaSilvestre, cuyo total representa 54.489 has. al año 2006.28 (Ver cuadro Nº 6).

28 MINAE, SINAC. El sistema de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. II Congreso Mesoamericano, Panamá, abril 2006.

Servicios Ambientales

Los servicios ambientales (SA) forman parte de las funciones regulatorios –en los ciclos de materia y transformación de energía- realizadas por los ecosistemas naturales, vitales para la producción de alimentos, agua, combustible, fibras, recursos genéticos, medicinas naturales.

En la producción primaria dan soporte a la formación y retención de suelos, producción de oxígeno, polinización, provisión de hábitat, reciclaje de nutrientes que permiten que el ser humano pueda vivir en la tierra.

En el ámbito social abarcan beneficios directos en la calidad del aire, regulación de clima y purificación del agua, regulación de enfermedades humanas, control biológico y la mitigación de riesgos, control de erosión; oportunidades para la recreación y el ecoturismo. A su vez comprenden beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida, tales como la diversidad cultural, conocimiento (tradicional y formal), relaciones sociales, sentido de lugar, valores de patrimonio cultural, valores estéticos, religiosos y espirituales.

______1 Instituto Nacional de Biodiversidad. MSc. Mary Luz Moreno

y otras. Pago de Servicios Ambientales, la experiencia en Costa Rica. 2005.

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De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Áreas de Conservación la mayor superficie sometida al sistema de pago de servicios ambientales son las reservas forestales, las reservas indígenas y las zonas protectoras, que alcanzaron una extensión cercana 90,000 hectáreas en el período 2002-2005. FONAFIFO implementa convenios con empresas privadas: Energía Global, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Hidroeléctrica Platanar y Florida Ice and Farm., que protegen 7 cuencas hidrográficas y una extensión de 15.693 has.29

Se ejecutan proyectos y el mecanismo de mercado: Ecomercados (Banco Mundial y GEF- Fondo global Ambiental, KFW-Banco Alemán), Reforesta, Certificados de Servicios Ambientales (CSA), con vigencia de hasta 10 años en todo el territorio nacional. Con los CSA, el FONAFIFO capta fondos de empresas e instituciones beneficiadas con los servicios ambientales para retribuir a los propietarios (as) de los bosques por conservarlos. A su vez la verificación del pago de estos se realiza por medio del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, la Junta Nacional Campesina(JUNAFORCA), auditorias internas y externas, así como por la Contraloría General de la República. Así, todos los fondos que ingresan son manejados por un fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica.30

Los resultados de estos programas y proyectos, así como las políticas públicas ambientales han incrementado los logros de cobertura forestal y protección del bosque, lo cual sigue siendo un ejemplo a nivel de Latinoamérica y el Caribe.

¿Cómo han operado los servicios ambientales en los mercados de CO2?

Costa Rica es un país pionero en la ejecución del PSA y de la implementación conjunta, una de las primeras iniciativas se efectúa con el gobierno de Noruega, país que pagó US $2 millones por la compra de 200.000 has. de bosque tropical costarricense dedicados al almacenamiento de Carbono en 1997. Esos fondos se utilizaron para elaborar y ejecutar el proyecto PLAMA-VIRILLA cuyo objetivo fundamental es la recuperación de la cuenca del Río Virilla, con una cobertura de 300 Km2, cuyos componentes son la conservación y protección de bosques, educación ambiental y el manejo de desechos.

29 FONAFIFO-MINAE (2005) Más que una década de Acción. 30 FONAFIFO, 2007.

Dicho proyecto es ejecutado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.31 En el año 2003, la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación-FAO hizo un reconocimiento como experiencia de cuenca demostrativa a nivel internacional.

Actualmente, en el convenio MINAE-CNFL-FUNDECOR/Noruega firmado en1997 y vigente hasta el 2007, se asume el pago de servicios ambientales por almacenamiento de carbono en el cual se ubica el trabajo en cuencas hidrográficas y el proyecto PLAMA-VIRILLA. Este fue evaluado en el año 2006, y los resultados obtenidos superan la meta en un 60%, cuyo total fue de 5.420 toneladas de carbono.32

Otra experiencia inicia en el 2003, en el cual se colocan por primera vez en la historia del país, una emisión de CSA, denominada Emisión Guanacaste con un valor total de US $2,1 millones, la cual abarca una extensión total de 3.000 has. En el 2006 se ha avanzado hacia el otorgamiento de los Certificados de Servicios Ambientales por conservación y protección del recurso hídrico, abarcando 7.000 has. de bosque que incluyen tanto las aguas superficiales como las subterráneas en los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Liberia, Filadelfia y Carrillo.

La protección del recurso agua y suelo se conjugan como elementos esenciales para el proceso de producción de empresas agrícolas locales de caña de azúcar y melón, y la conservación del bosque proporciona belleza escénica para el desarrollo del turismo en Papagayo y la costa pacífica de Guanacaste.

El impacto regional y nacional puede ser favorable cuando el Estado, las organizaciones privadas, locales y los pequeños y medianos productores, integran esfuerzos para el manejo y la conservación, como el caso del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE, ente que realiza el estudio técnico para garantizar la conservación del bosque y la Junta Nacional Forestal Campesina –JUNAFORCA, quien garantiza que los recursos lleguen a los pequeños propietarios.33

31 El deterioro de la cuenca del Río Virilla afecta cinco plantas de la CNFL, en los que se abarcan los cantones de San José: Goicoechea, Tibás, Moravia, Coronado, Santa Ana, Mora. Los cantones de Heredia: Santo Domingo, San Rafael y San Isidro; y en la provincia de Alajuela el cantón de La Gúacima.32 FONAFIFO. Pago por servicios Ambientales, 200733 INBIO. MSc. Mary Luz Moreno y otras. (2005) Pago de Servicios Ambientales, la experiencia en Costa Rica. Según otros autores: Leiton 2003 y Herrera 2005.

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La inversión total es de 1.998 millones de dólares y los CSA por hectárea protegida abarcan un monto total de $285 a un plazo de 5 años, cuyo costo considera la certificación técnica, legal y administrativa del proceso y asigna $2 para el control de incendios y educación ambiental. FONAFIFO también ofrece Crédito Forestal según lo establecido en el artículo 38 de la Ley Forestal en los rubros de plantaciones y manejo forestal, agroforestería y viveros forestales. Asimismo, financia el manejo de bosque natural, crédito puente, estudios de factibilidad, capital de trabajo, la aplicación de tecnología limpia y la generación de productos novedosos a partir de madera de plantaciones.

Comportamiento de las modalidades del Pago de servicios ambientales:

FONAFIFO ha suscrito 6.062 contratos de PSA en un período de 10 años, desde 1997 al 2006, con un equivalente de 532.668 has. La cobertura porcentual indica que un 89% del PSA se ubica en la modalidad de protección de bosque; un 5% en el manejo de bosque; 6% como incentivo para la reforestación y un 0,2% en plantaciones establecidas. El manejo de bosque deja de ser modalidad en el 2003, al incorporase la perspectiva con los sistemas agroforestales, lo cual es concordante con las variaciones en el uso del suelo.

Por su parte, según el informe de SEPSA, la rentabilidad de hasta siete veces más en la producción de frutas como la piña cuya área sembrada crece en un 170 %, así como la expansión productiva de otros cultivos como la palma africana, o el banano en áreas rurales; o la expansión urbana y la renta del suelo en la GAM,

representan el cambio paulatino de patrones del uso del suelo alternos al manejo forestal o la agroforestería por la vía de incentivos.

Aunque los logros son importantes, el panorama del PSA en los dos últimos años ha experimentado un decrecimiento sustantivo. Esto ha sucedido debido en parte al vencimiento de contratos, las disposiciones emitidas en el Decreto Nº32.750 del 2005, en el cual se dolariza el esquema de pagos e incrementa el monto económico que se reconocen en todas las modalidades, pero sin variación del tope presupuestario.

En el año 2006, se ha limitado el total de contratos a 619 y no se ha podido satisfacer la demanda anual de solicitudes estimada entre 120.000 y 150.000 hectáreas,34 que años atrás represento un 25% del total. Aspecto que es preciso asumir como oportunidad estratégica con el fin de mantener el posicionamiento de Costa Rica en el mundo.

Por otro lado, resalta que a partir del 2003 la modalidad de agroforestería adquiere una relevancia importante al abarcar 1.404.021 has., e incorporar al sector de agricultores, mujeres e indígenas. FONAFIFO suscribe 101 contratos dirigidos a mujeres con una extensión de 46.342 has., y el PSA en 18 comunidades indígenas que para el 2007 abarcan 44.792 has. de las cuales 7.350 están en trámite; así como los 32 contratos de protección y reforestación en 3.382 has., ubicadas en los cantones de Los Chiles, Matina y Sarapiquí, que mantienen bajo índice de desarrollo social considerando la ejecución en el ámbito de desarrollo rural, como medio para incidir en la reducción de los niveles de pobreza.

34 FONAFIFO, Gilmar Navarrete Chacón, 2007.

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A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, se visualiza el decrecimiento significativo del 63% del total de hectáreas con PSA en la modalidad de protección de bosque del año anterior al 2006; una disminución del 26% de la modalidad agroforestal, un leve incremento del 35% en área reforestada, que mantiene concordancia con la suspensión del rubro de manejo de bosque y la reducción de 136 contratos del 2005 al 2006, como se observa en el cuadro Nº 7.

Es importante reconocer que existen limitaciones financieras estatales para la aplicación de la política de Pago de Servicios Ambientales (PSA) y para la consolidación de áreas protegidas, debido a las deudas pendientes, principalmente en parques nacionales. Dicha situación se agudiza con la utilización de solo un 59% de los fondos disponibles por FONAFIFO y los entrabamientos administrativos para la implementación, ya que los fondos provienen del impuesto selectivo a los combustibles e hidrocarburos, y el monto asignado ha sido menor al dispuesto por ley. No obstante, la situación anterior, el principal desafío de país, es reconocer que prevalece una demanda sustantiva para acceder al programa de PSA, y que lograr la sostenibilidad es posible y necesario si se implementa el monitoreo y fiscalización de la implementación de estos programas para beneficio de la calidad ambiental de los costarricenses y los habitantes del planeta.

Calidad del aire en Costa Rica:

La regulación de las emisiones de gases sigue siendo una prioridad

Costa Rica presenta condiciones geográficas especiales para mantener una muy buena calidad del aire, considerando su potencial en recursos naturales, al estar un 26% del territorio en Área Protegida, limitar con los océanos y disponer de un importante potencial hídrico.

En el Valle Central sobresale la presencia de ríos y zonas de montaña, como característica especial que ha favorecido el paisaje y la calidad de vida durante décadas.

Las variaciones paulatinas en el patrón de poblamiento centralizado en la llamada Gran Área Metropolitana, donde reside cerca del 60% de los habitantes, se ubica el 85% de la industria del país, concentran los servicios,

el 70% de la flota vehicular y otros aspectos, han producido el deterioro sistemático de la calidad del aire, lo cual mantiene una relación sustantiva con la calidad de vida y estado de la salud.

La flota vehicular es la principal fuente de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera; para el 2006 esta se calcula en 1.047.438 vehículos, lo que representa 1 vehículo cada 4 habitantes. De los vehículos que circulaban en el centro de San José, se estima que en un 70% corresponden a particulares que transportan cerca del 30% del total de pasajeros que ingresan a la ciudad.

De acuerdo con el estudio del GEO-GAM del 2006, el 75% de la contaminación aérea urbana proviene del transporte vehicular, el 23% de las industrias y de los productores de energía y el 2% restante de fuentes naturales.35

Entre las causas de los niveles de contaminación del aire están el crecimiento urbano desordenado y horizontal, el deficiente estado de la flota vehicular en la que han predominado modelos muy viejos, (iguales o anteriores a 1989), otros modelos entre 1995 y 1998 y una minoría de unidades más reciente; la expansión del transporte individual y colectivo, la centralización de actividades industriales con limitadas prácticas de manejo de desechos, y la ausencia de planificación urbana.

Para el 2005 y el 2006 el incremento de vehículos nuevos inspeccionados alcanza un promedio cercano al 60%, lo cual es un logro importante y representa una situación inversa a la del 2003, como en el gráfico Nº 4.

35 MIVAH, MINAE, PNUMA Y OBSERVATORIO DEL DESARROLLO DE LA UCR. Perspectivas del medio ambiente urbano 2006. GEO-GAM, Costa Rica.

CONTAMINANTES DEL AIRE Los principales contaminantes atmosféricos que se

han medido en el país son los óxidos de nitrógeno (NO2), Óxidos de azufre (SO2) monóxidos de carbono (CO) dióxido de carbono (CO), partículas de ozono (O3), hidrocarburos y plomo.

Las emisiones de gases con efecto invernadero provienen

fundamentalmente del sector energía, los procesos industriales, agricultura, cambio de uso de la tierra, deforestación y desechos.

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En ese sentido, al duplicarse el parque automotor y al triplicarse el consumo de combustibles fósiles, preocupa el aumento en las emisiones de dióxido de carbono y las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera, el cual afecta la calidad del aire y el balance del sistema climático.36

Estudios recientes sobre el calentamiento global, prevén el impacto desfavorable en la salud de los pobladores, la agricultura, el recurso hídrico, la generación de electricidad, la biodiversidad, los recursos forestales, marinos, costeros y los eventos hidrometereólogicos que afectan la infraestructura y las viviendas ubicadas en zonas de riesgo.

Tanto el estado del parque automotor como la calidad del aire inciden en la calidad de vida de los costarricenses por lo que es necesario seguir implementando medidas atinentes en el campo de la prevención y regulación.

El Programa de Estudios de Calidad del Aire (PECAire) de la Universidad Nacional indica entre los años 2003 y el 2005, la presencia de dióxido de nitrógeno en el aire presentó un incremento, destacándose entre las zonas de muestreo, las cercanías del Hospital San Juan de Dios, donde las concentraciones son de 51ug/m3 por año, las cuales sobrepasan los límites aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de 50 ug/m3.

Lo referido al material particulado (PM-10) no presenta cambios importantes si el cálculo es anual, ya que las concentraciones fueron entre 20 y 40 ug/m3, por debajo del permitido de 50 ug/m3 recomendadas por salud.

36 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo 4, Eje de la Política Ambiental, Energética y de Telecomunicaciones.

No obstante, el promedio de concentraciones mensuales de PM-10 si sobrepasaron la norma, en algunos meses del año.

Las concentraciones de óxido de nitrógeno (NO2)

evaluadas por la Universidad de Costa Rica, en el 2005, en emisiones vehiculares, calderas y plantas térmicas, señalan que estas sobrepasan el valor límite recomendado por la OMS. Las concentraciones altas se localizan en La Uruca, zonas aledañas al Hospital México, y en las cercanías de la Facultad de Derecho de la UCR.

Entre las principales acciones desarrolladas en el país destaca el Programa de Control de Emisiones Vehiculares o el ECOMARCHAMO, el programa de servicios ambientales, el Programa contra incendios forestales, el Programa Aire Limpio y Transporte en la GAM, la Revisión Técnica Vehicular (RITEVE), que realiza un análisis anual de las emisiones de cada vehículo en la flota nacional, como parte de los requisitos para el permiso de circulación.

Gráfico Nº 4Vehículos de primer ingreso a Costa Rica

según RITEVE 2003-2006

60 55 49 41

40 45 51 59

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006años

Autos Usados Autos Nuevos

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN con información de RITEVE

El estado del parque automotor repercute en el

incremento de accidentes de tránsito y la calidad del aire incrementa las enfermedades respiratorias:

•Costa Rica obtiene el noveno lugar en el mundo en la tasa de accidentes de transito, lo mismo que Nicaragua. El primer lugar le corresponde a El Salvador, con 41,7 muertos en las calles por cada 100.000 habitantes, y Brasil en el segundo, con 25,6.

•Según laOrganizaciónMundialde laSalud (OMS)yel

Ministerio de Justicia costarricense, la tasa en nuestro país es de 20,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, del 1995 al 2001. Para agosto del 2007 se produjeron 234 muertes en el sitio, lo cual es preocupante; entre los factores asociados destaca el estado de ebriedad de los conductores, la velocidad, el estado de los vehículos y de las carreteras. El PND 2006-10, define la meta de reducir de un 14,1% a un 12,1% la tasa de mortalidad por esta causa.

•Loscostosanualesensaludasociadosalacontaminación

del aire se han estimado en 280 millones de colones e incluyen tratamientos médicos, fármacos, incapacidades y pérdida de productividad en las empresas. La mayoría de enfermedades están asociadas a afecciones del sistema respiratorio, problemas cardiovasculares, cáncer, y en menor medida con el sistema digestivo, nervioso y renal.

Fuente: Periódico Al Día, 4 de Setiembre 2007, pág4, e información del Ministerio de Salud.

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Los entes Ministeriales que tienen competencia sobre el tema de la contaminación del aire son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio del Ambiente (MINAE), además de las Municipalidades, que podrían jugar un papel importante en el abordaje de la temática.

Algunos de los resultados en las medidas adoptadas por el país para disminuir los efectos de la contaminación atmosférica son la eliminación del plomo en la gasolina y la obligatoriedad del funcionamiento del catalizador para vehículos nuevos desde 1995, la revisión técnica vehicular, a partir de la Ley del Tránsito del 2002.

Como perspectiva positiva según RITEVE,37 se manifiesta que la superación de pruebas de revisión vehicular por control de emisiones contaminantes por año ha pasado del 60% al 76% como promedio global del 2003 al 2006, lo cual indica que se ha avanzado en este campo.

Esto se evidencia al considerar dentro del balance que 8 de cada 10 vehículos no emiten gases contaminantes por encima del límite establecido por ley. A su vez, se estima que un 60% de los automotores que ingresan al país fueron nuevos y un 40% usados, lo cual permite concluir que existen avances en la renovación del parque automotor.

En el estudio GEO-GAM sobre las perspectivas del medio ambiente urbano, se reconoce que aunque existen diversas iniciativas para mitigar y disminuir la contaminación del aire, en general el tema recientemente comienza a ser abordado desde la perspectiva interinstitucional posibilitando la ejecución de acciones a nivel intersectorial. Aunque existen esfuerzos importantes, estos requieren mayor articulación y se reconoce que a nivel de país aun no se cuenta con información suficiente sobre la emisión de contaminantes del sector industrial, ni su monitoreo sistemático, lo cual se encuentra asociado a los elevados costos de la medición.

Los estudios del Centro de Investigaciones en Desarrollo Sostenible (CIEDES) y el Centro de Investigación en Contaminación de la UCR estimaron el riesgo (grado de vulnerabilidad y densidad poblacional por distrito), según el estado de las concentraciones de NO

x por distrito en la zona central de San José. En

estos se confirma que el distrito de mayor riesgo por

37 RITEVE, Anuario 2006.

peligrosidad es Pavas, no tanto por la concentración de 38 ug/m3, sino por tener el total de población más alto. A este distrito le siguen en riesgo San Sebastián, La Uruca, Desamparados y Hospital, cuyos valores son de 30 a 50 ug/m3 y con un número considerable de habitantes.38

Ciertamente, el país ha realizado un importante esfuerzo por visualizar la necesidad de elaborar y ejecutar un Programa Nacional de Cambio Climático, partiendo de estudios e investigaciones sistemáticas de las emisiones de gases por fuentes y absorción por sumideros de gases efecto invernadero, evaluación de los impactos y situaciones de vulnerabilidad o riesgo para optar por medidas de adaptación contra el calentamiento global. Complementario a dicho proceso, existe un compromiso político en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 por elaborar y ejecutar el Programa de Gestión de Calidad Ambiental, el cual establecería las normas jurídicas y de regulación para reducir la incidencia a la degradación ambiental y sus consecuencias en la salud y calidad de vida de los Costarricenses.

Residuos sólidos:

Oportunidades nacionales para el manejo de •los residuos sólidos.

La generación de residuos sólidos en Costa Rica es en un 50% biodegradable, lo cual representa oportunidades para lograr un manejo integrado.

Otro elemento sustantivo es que el 43% son reciclables, como es el caso del cartón y el papel, los textiles, el vidrio, los metales y otros. El 7% restante se compone de materiales electrónicos, residuos hospitalarios entre otros.

De acuerdo a los estudios del IFAM, el país recolectó en el año 2003 un total de 4.500 Toneladas Métricas (™) de residuos sólidos (RS) por día y los de tipo domiciliarios se estiman en 3.440 toneladas, que a nivel per cápita equivalen a cifras entre los 0,7Kg y 1,1 Kg., o sea, un promedio de 0,86 Kg.39

38 Araya M, Segnini, M. (2005) Evaluación de la contaminación atmosférica en el Área Metropolitana, San José, CIEDES-CICA-UCR.39 Ministerio de Salud, Programa CYMA, MINAE, Cámara de Industrias, MIDEPLAN, GTZ. Taller de trabajo para la elaboración del Plan de Residuos Sólido de Costa Rica, 1 de marzo 2007.

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A nivel nacional se calcula que en las últimas tres décadas el incremento de los RS es de un 30%. Las variaciones de producción de desechos por persona en áreas urbanas con respecto a las rurales son pequeñas, ya que en las primeras son de 0,9 Kg. y 1,1% Kg. por día, mientras en las otras son de 0,8 Kg.

La situación en la Gran Área Metropolitana con respecto a los residuos refiere a que 15 municipalidades concentran un 1.3 millones de unidades habitacionales. La recolección ordinaria alcanza 27.715 TM y tan solo 2.008 TM se efectúa de forma especial, con una cifra de recuperación de tan solo 41 TM.40

En promedio se calcula que las Municipalidades disponen el 52% de los residuos sólidos en rellenos “sanitarios”, un 17% en vertederos semicontrolados y el 22% en vertederos “a cielo abierto” o sin controles. En zonas rurales predomina el tipo de vertederos localizados a orillas de los cauces de los ríos, lo cual es preocupante, por el impacto en el ambiente y la salud de los pobladores.

La mezcla de residuos orgánicos con metales, y sustancias de alta peligrosidad generan gases de efecto invernadero que se lanzan en la atmósfera y que constituyen amenazas a la salud pública, la contaminación hídrica, el suelo y las aguas subterráneas; entre los residuos peligrosos se incluyen los electrónicos, aceite usado, lubricantes, baterías, desechos hospitalarios.

Para la disposición final de residuos sólidos prevalecen grandes diferencias entre grandes y pequeñas Municipalidades y entre las zonas urbanas y rurales, lo cual evidencia fallas en la recolección de basura e inadecuada disposición, incrementándose en las áreas rurales, las cuales son prácticamente a cielo abierto. Aunado a lo anterior, existen dificultades para asignar sitios y ubicar los rellenos sanitarios que constituyen eminentes riesgos para la salud humana con enfermedades como el dengue hemorrágico.40 IBIDEM

Los residuos provenientes de la industria alcanzan altas proporciones, en la actividad bananera se producen 14.252 TM/cosecha, la cafetalera genera 265.000 TM de la pulpa y la caña de azúcar 1.200.000 TM de bagazo. En otros productos como la piña no se tienen datos disponibles, pero ambas causan impactos ambientales en las fuentes de agua, suelos por su disposición inadecuada.

Aunque en el país existen iniciativas para elaborar abonos orgánicos en varias localidades, las experiencias aún no mantienen una vinculación en las etapas de proceso hasta culminar con prácticas sostenibles con visión a largo plazo. Existen cerca de 30 proyectos comunitarios para el reciclaje, y se estima que en el país ni siquiera un 10% de los desechos se recuperan. No obstante, el alto potencial de gran parte de los residuos sólidos puede triplicar la recuperación del material y generar al menos 9.000 empleos.41

Las mayores tasas de recuperación de los desechos sólidos post producción se presentan en el sector agroindustrial. Una estimación realizada para el cantón central de Cartago, revela que la recuperación puede alcanzar niveles de hasta un 50%, lo que representa un ahorro de hasta 479 millones de colones por año.42

41 Ministerio de Salud, Programa CYMA, MINAE, Cámara de Industrias, MIDEPLAN, GTZ. Taller de trabajo para la elaboración del Plan de Residuos Sólido de Costa Rica, 1 de marzo 2007.42 Soto, Silvia. Estado de La Nación, 2005

Algunas Municipalidades que han avanzado en lapromulgación de reglamentos con respecto a losResiduos Sólidos:

• Lepanto• Escazú• Garabito• SanRafaeldeHeredia• Naranjo

Las que han impulsado iniciativas de reciclaje:

• Jiménez• Escazú• Naranjo,• PérezZeledón,• SanRafael• SanIsidroenHeredia• AbangaresyTilaránenGuanacaste.

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Las Municipalidades han adolecido de los recursos económicos y tecnologías eficientes y sostenibles para poder efectuar un manejo de desechos y el ciclo de la apertura de sitios para verterlos ha entrado en la fase crítica que amenaza la salud pública, como lo ha constituido la experiencia en el cantón de Tibás.

La situación global de país y las especificidades regionales alerta de las causas y consecuencias de un inadecuado tratamiento de residuos sólidos, pero también las características de los mismos ofrecen oportunidades y potencial para la generación de la energía limpia y un aprovechamiento del Mecanismo Internacional de Desarrollo Limpio, acorde al Protocolo de Kyoto.

Aparte de las oportunidades nacionales e internacionales para el manejo de los residuos, Costa Rica avanza de manera interinstitucional e intersectorial con participación de actores privados, hacia la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Residuos Sólidos en el año 2007, el cual permitirá definir la estrategia de país, las Áreas Prioritarias y el Plan de seguimiento (15 años plazo) entre los que participan el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, la Cámara de Industrias, MIDEPLAN y la Agencia de Cooperación Alemana GTZ.

En el 2007 se presenta el proyecto de ley de residuos sólidos, cuyo expediente Nº 15.897 ha sido redactado por un comité mixto, en el cual se sintetizan los principios de evitar la generación de residuos en su origen, reducir al máximo la generación, reutilizarlos, ya sea en la misma cadena de producción o en otra paralela, valorizarlos por medio de la recuperación energética, el reciclaje o el coprocesamiento, entre otros. Así como tratarlos antes de enviarlos a disposición final y disponer la menor cantidad de residuos de manera adecuada.

La aprobación del proyecto de ley sobre los residuos sólidos puede constituirse en el marco orientador en la elaboración y ejecución de proyectos para la disminución en su generación; la reutilización y reciclamiento de materiales valorizables, entre el sector municipal y el privado. Los avances en la aplicación paulatina de dicha normativa repercutirán en la calidad de la salud de los costarricenses, la recuperación de los mantos acuíferos, la reducción en los niveles de degradación, vulnerabilidad, y riesgo socio ambiental en el país.

Ministerio de Planificación Nacional y Política EconómicaÁrea de Análisis del Desarrollo

Trabajaron en la elaboración:Licda. María Elena Castro Esquivel

Lic. Alvaro Rojas Castillo

Bajo la coordinación de:Lic. Mario Robles Monge, Director

(506) 2253-5262 o (506) 2281-2700 Ext. 2248 / 2249(506) 2281-2738,

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Costa Rica

Febrero 2008

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