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Política ‘tradicional’Una vez en el poder, los críticos de la política “tradicional” se han empeñado en comportarse

como políticos tradicionales, según la definición que ellos mismos hacen del término. Negocian

con discreción las plazas de asesores legislativos que prometieron ahorrar, nombran hijos de

diputados en cargos de la Administración Pública, reparten puestos, engolosinan con

embajadas, engordan plazas de chofer para acomodar en ellas a sus correligionarios y se

apartan de la verdad según convenga.

Faltaba, sin embargo, la tradicional conducta de convertir al denunciante en victimario. Para

lograrlo, es preciso colocar la irregularidad en segundo plano y sembrar duda sobre quien la

denuncia. En el caso de la procuradora, Ana Lorena Brenes, lo importante no es ahondar sobre

el ofrecimiento de embajadas, la petición de renuncias o la imposición de nombramientos en la

Procuraduría, con fuerte menoscabo de la independencia que le concede la ley. Lo importante,

dice el libreto de la política tradicional, es saber cómo se enteró la prensa y por qué la

procuradora no denunció oportunamente la anomalía.

Para sembrar la duda, también es preciso fingir que los hechos, en sí mismos, no la despejan.

La conversación entre Brenes y el viceministro Daniel Soley se produjo el martes 6 de enero. El

presidente estaba en China. Regresó el sábado y, ya el lunes, la procuradora le pidió una cita.

Ese mismo día se reunieron y ella le contó los pormenores de su conversación con Soley. El

presidente, afirma la procuradora, respondió que investigaría y adoptaría las medidas

correspondientes. Hoy, la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público tendrá

oportunidad de preguntarle si, además, le pidió discreción.

La procuradora se negó a referirse públicamente al tema “por consideración al presidente”. Ya

había planteado la denuncia ante el máximo jerarca de la Administración Pública y, según el

comunicado de prensa emitido el lunes para salir al paso a los nuevos políticos tradicionales, se

mantuvo en espera de la investigación y las medidas correctivas que nunca se produjeron. Por

el contrario, el presidente declaró, un día después de la cita con la procuradora, que no conocía

detalles de la conversación entre Soley y la funcionaria.

Pero la política tradicional insiste en saber por qué no hizo la denuncia en otra parte. La

procuradora contestó anteayer, apenas una semana después de la cita con el presidente. Está

dispuesta a decirlo todo a los diputados, bajo juramento. Si los legisladores no la llaman,

promete ofrecer los detalles a la ciudadanía “por otros medios”, es decir, por la prensa.

¿Volverá a preguntar algún nuevo político tradicional por qué no formula la denuncia?

Queda, entonces, la posibilidad de preguntar cómo se enteró la prensa. Y ¿qué importa? La

prensa existe para enterarse. Es un mecanismo de transparencia y abierto debate democrático.

Por eso, se le reconoce el derecho a la reserva de las fuentes. En las democracias avanzadas,

más bien existen leyes para proteger al funcionario que denuncie irregularidades. Los

estadounidenses las llaman “whistleblower laws ” (“leyes del silbatero”, en alusión a quien

suena la alarma sobre una anomalía).

Los defensores de la transparencia harían bien en plantear un proyecto de ley similar en Costa

Rica, pero tememos que no haya interés. Si la ley protegiera a los “silbateros”, nunca más

tendría sentido preguntar cómo se enteró la prensa, y ese es un recurso muy apreciado por la

política tradicional. Además, se corre el riesgo de que la prensa, es decir, la ciudadanía, lleguen

a saber demasiado.

Pero, en fin, ¿cómo se enteró la prensa? La sospecha recae sobre la procuradora. La Nación es

fiel a la confidencialidad de sus fuentes. Se niega a hablar de ellas en cualquier sentido, ni para

confirmarlas ni para negarlas. Lo hace en ejercicio del derecho reconocido por la Sala

Constitucional y las normas internacionales de protección a la libertad de expresión. En esta

ocasión y vistas las circunstancias, declaramos, sin reservas, que no nos enteramos del caso por

la procuradora. Con eso pretendemos ahorrarle tiempo, esfuerzos y, quizá, alguna vergüenza a

los nuevos políticos tradicionales. Pretendemos contribuir, además, a que la comisión

investigadora se centre en lo que importa: el esclarecimiento de los hechos de fondo.

Supongamos, sin embargo, que nos hubiéramos enterado por la procuradora. ¿No es eso lo que

quieren quienes preguntan por la denuncia? O ¿es que prefieren verla formulada en algún

oscuro rincón burocrático, lejos del escrutinio público? ¿Existe alguna ley que prohíba llevar

una irregularidad al fuero público? Por el contrario, como lo dejamos sugerido y como se

practica en las democracias más avanzadas, debería existir una ley para proteger al denunciante.

Pero la política tradicional tiene otros recursos, entre ellos el alegato del desconocimiento. El

diputado socialcristiano Jorge Rodríguez, cuya fidelidad al Gobierno no admite duda, afirmó

que, sobre el caso, solo se sabía lo publicado por un periódico (evidentemente, La Nación ) y

“no sabemos si es verdad”. Hasta ese momento, la única revelación de La Nación eran las

declaraciones del propio Soley. ¿Lo ignoraba el legislador? ¿Insinúa que el hoy exviceministro

faltó a la verdad para perjudicarse y terminar por ofrecer su renuncia? Todavía el jueves, el

también leal socialcristiano Rafael Ortiz declinó referirse al caso por no estar “muy enterado”,

aunque ya ardía el debate nacional y se hablaba de una investigación legislativa.

El lunes, ambos se sumaron a otros legisladores para intentar un socorrido ejercicio de la

política tradicional: dar largas al asunto. En lugar de permitir a la Comisión de Control de

Ingreso y Gasto Público entrar de lleno en el caso –como lo ha venido haciendo desde hace

tiempo en estas situaciones– y recibir testimonios esta misma semana, abogaron por crear una

comisión especial, no sabemos con qué conformación, cuyas labores seguramente se

extenderían por muchos meses. La moción fue derrotada y, gracias a eso, el país conocerá hoy,

en todo detalle, las declaraciones de la procuradora, al contrario de lo que tradicionalmente

ocurre.