Planificacion, gobernanza y vivienda en la Caracas

democratica. Contextualizar para comparar

Julien Rebotier

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Julien Rebotier. Planificacion, gobernanza y vivienda en la Caracas democratica. Contex-tualizar para comparar. Cuadernos del Cendes, Universidad Central de Venezuela, 2011, 75,pp.1-22. <halshs-00617687>

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Planificación, gobernanza y vivienda en la Caracas democrática. Contextualizar para comparar.

Julien Rebotier. julien.rebotier@univ-pau.fr

Introducción

A principios del siglo XXI, Venezuela cuenta entre las experiencias políticas, nacionales y locales, más

polémicas en América Latina. Partiendo de ello, queda imprescindible documentar el rol y la diversidad de

las experiencias y prácticas de participación en la elaboración y en la implementación local de decisiones,

así como las formas de emergencia de nuevos actores. En una “República participativa y protagónica”, si

bien existen experiencias en término de participación y de planificación urbana, resulta que no son

siempre a la altura de las declaraciones públicas ni de la retórica voluntarista del ejecutivo nacional. Los

temas de inseguridad y alojamiento siguen siendo dos desafíos pendientes – si no fracasos importantes –

de las políticas públicas chavistas implementadas desde 1999. En Caracas, las tasas de homicidios cuentan

entre las tasas más altas del mundo, y se sigue hablando de la “ciudad Frankenstein” tal como la

describían arquitectos, urbanistas y geógrafos en los años 1980.

Alejándonos de la polarización política que esconde a menudo cuestiones estructurales bajo

consideraciones coyunturales, ¿cómo se puede explicar el “caos” actual de la ciudad capital si hace años

que se está hablando ya de una “ciudad monstruo”? ¿Cómo se traduce el cambio político que conoce

Venezuela desde finales de los años 1990, en el campo urbano? La participación no es una invención

chavista. Entonces, ¿cuál es la importancia de la participación en el desarrollo urbano durante la era

democrática, desde 1958? En otros términos, ¿las políticas urbanas implementadas bajo los gobiernos

chavistas diseñan una ruptura en el manejo de la ciudad y de la planificación territorial urbana? ¿O sigue

la implementación de políticas parecidas a las anteriores, reproduciendo desigualdades y

discriminaciones?

Se entiende la participación como un proceso político por el cual la sociedad organizada es directamente

parte de la elaboración, de la implementación y del control de decisiones. La participación es un elemento

clave de la gobernanza que no se entiende de forma normativa, sino como el modo de interacción entre

actores así como la emergencia de nuevos actores en la elaboración, la toma, y el seguimiento de las

decisiones. La gobernanza involucra también una dimensión institucional en términos de urbanismo y

vivienda. Finalmente, se concibe la planificación urbana como un sistema articulado de instituciones, de

planes y de reglas que tiene como objetivo implementar de manera concreta una concepción de desarrollo

de la ciudad (sin presumir del tipo de concepción). La gobernanza en los temas de vivienda y de

planificación urbana abarca dos grandes características: por un lado, una dimensión de organización

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institucional; por otro lado, la emergencia de nuevos actores y sus interacciones en el proceso de hacer

decisiones.

El objetivo del presente trabajo consiste en identificar “momentos” en la planificación urbana y en el

“sector” de la vivienda en la Caracas democrática, desde 1958, en función del peso de diferentes intereses

y de las lógicas de diferentes actores en el escenario local y nacional. Las formas y relaciones entre actores

ayudan en contextualizar las modalidades actuales de gobernanza urbana así como facilitan enfoques

comparativos entre ciudades. También ofrece la posibilidad de emprender comparaciones en una misma

ciudad, pero en épocas diferentes. Gracias a un trabajo de situación, se pretende alcanzar una mayor

dimensión crítica y una lectura más acertada a la hora de analizar experiencias contemporáneas en

Caracas. Para cumplir con aquellos objetivos y lograr una periodización de la planificación urbana,

focalizamos en la dimensión socio-espacial de políticas públicas, así como en las movilizaciones,

reivindicaciones e intereses de diferentes actores, en relación con la vivienda. Se busca caracterizar las

relaciones de fuerza entre actores y sus lógicas, en la Caracas democrática.

Partiendo de planteamientos críticos, se formula una problemática orientada hacia temas de justicia y de

desigualdades en el contexto urbano contemporáneo de Caracas: ¿a pesar de un período democrático

desde 1958, como la evolución de la planificación urbana permite dar cuenta de la reproducción (o de la

subversión) de un orden desigual entre los actores de la ciudad? ¿Cómo entender la emergencia de nuevos

actores, de nuevas voces o de nuevas lógicas en el escenario local urbano? ¿A partir de cuándo? ¿Tal

rearticulación en la planificación urbana y en el sector de la vivienda participa en la definición de nuevos

contornos socio-espaciales de la ciudad? ¿O sigue siendo más de lo mismo en un orden socio-espacial

urbano profundamente desigual?

Pretendemos aportar elementos de respuesta a aquellas preguntas gracias a la periodización de lógicas de

actores en Caracas desde 1958 basándonos en una revisión de la literatura científica y reglamentaria, en la

consulta de especialistas geógrafos, arquitectos y urbanistas en Venezuela, así como de funcionarios

públicos, nacionales y locales, entre 2004 y 2008. Aquel período corresponde a la elaboración y redacción

de un trabajo doctoral en geografía sobre la dimensión territorial del riesgo urbano en Caracas, que constó

de más de un año y medio de trabajo de campo en tres oportunidades (Rebotier, 2008). Es de notar que las

fuentes e informaciones utilizadas corren hasta principios del año 2009. También ayudaron mucho las

numerosas observaciones de (a veces participaciones a) reuniones de varios sectores organizados en

Caracas sobre temas de ordenamiento local, de vivienda, o de regularización de la tierra, así como las

entrevistas otorgadas por líderes locales o habitantes comprometidos en los procesos de participación.

El trabajo se organiza a partir de la caracterización de cuatro grandes lógicas de actores en relación con

planificación urbana y vivienda. En un segundo tiempo, a raíz de aquella evaluación, se consideran

momentos relativamente homogéneos entre las lógicas dinámicas observadas y se propone una lectura

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gráfica de aquellos momentos bajo la forma de “diamantes” (figura 1 a 6). Se obtienen varias figuras

correspondiendo a contextos de planificación urbana y que enmarcan el tema de vivienda en el período

democrático. Constituyen una contribución al trabajo comparativo a escala regional, en el tiempo y entre

ciudades. Para terminar, se trata de evaluar los alcances y los límites de la propuesta de lectura gráfica de

las lógicas de actores en relación con la vivienda, se destacan los grandes rasgos del estudio sobre Caracas

desde 1958 (evoluciones, rupturas, consolidaciones, recurrencias…), como un marco de referencia, y se

plantean las continuaciones eventuales de este trabajo de situación con estudios de caso en vista a una

evaluación de la gobernanza de la vivienda actualmente en una ciudad estructuralmente desigual, pero en

un momento de “participación y protagonismo”.

Vivienda: una encrucijada continua en la Caracas democrática.

Al salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1951-1958), Caracas pasa el millón de habitantes. Había

empezado ya el proceso de urbanización y de crecimiento demográfico acelerado que caracteriza gran

parte de las ciudades latino-americanas a mediados del siglo XX. Los factores son conocidos. Además de

la tradición urbana colonial, el modelo económico del país basado en la renta petrolera (altos ingresos

combinados con poca fuerza de trabajo necesaria) favorece la acumulación y la concentración urbana. Al

éxodo rural se suma una primera ola de migración más bien europea a finales de los años 1950, principio

de los años 1960, seguida por una ola latino-americana a partir del final de los años 1970 (Ontiveros,

2002; Baby-Colin y Zapata, 2006).

La ciudad capital cuenta con medio millón de habitantes en 1950 (700000 habitantes en la región

metropolitana - RMC); con más de un millón en 1961 (más de 1,5 millón para la RMC); más de 2

millones en 1971 (superando los 2,5 millones para la RMC); 2,5 millones a principios de 1980 (casi 3,5

millones para la RMC); para alcanzar los 3 millones a mediados de los 1990, y estabilizarse alrededor de

3,3 millones de habitantes a principios del siglo XXI. La RMC, que abarca la aglomeración del Valle de

Caracas, a la cual se suman cuatro aglomeraciones menores, concentra alrededor de 4,5 millones de

habitantes en los años 2000 (se compilaron aquellas cifrasen Rebotier, 2008).

La proporción de caraqueños viviendo en barrios de ranchos1 roza un 20% de la población total a finales

de los años 1950; más de la mitad a finales de los 1970; y alrededor de 40% desde la década de los 1990

(De Lisio, 2001; Deler, 1994; Baby-Collin y Zapata, 2006). Si el objetivo más violento y terminante de

acabar con los barrios de ranchos terminó con la “batalla contra el rancho” en el período pérezjimenista

1 Terminología venezolana que refiere a sectores populares de hábitat auto-construido en terrenos a menudo invadidos (Bolívar, 1986).

4

(Castillo D’Imperio, 1990), la cuestión de la vivienda sigue planteándose, aunque de diferentes

perspectivas, a lo largo del período democrático hasta hoy día en Caracas.

El “problema” de la vivienda es social y políticamente contingente

A pesar de las carencias obvias y de las malas condiciones de alojamiento, la definición de un problema

como él de la vivienda, no es “necesaria”. No se reduce a un problema de cantidad o de calidad de oferta.

Más bien, está articulado a una serie de intereses sociales y económicos, de contingencias políticas

cortoplacistas o más ideológicas (Gilbert, 2007). La cuestión social de la vivienda abarca dimensiones

muy diferentes, como la del déficit y de la calidad de la vivienda, pero también de la disponibilidad de

servicios, de la tenencia de la tierra (y de la vivienda), de la legalidad de la ocupación y de la construcción

o de la reglamentación de la función residencial del suelo urbano. Investigar la cuestión de la vivienda

implica entender la construcción social del problema, las articulaciones entre diferentes intereses y lógicas

de actores en el tiempo, el espacio y las relaciones de fuerza que animan la sociedad. Igualmente, implica

identificar las diferentes tendencias que dominan o que compiten en el escenario político nacional y local

a la hora de plantear, tomar en cuenta o manejar el tema.

En esta perspectiva, las “lógicas” contempladas consisten en perspectivas o intereses particulares,

correspondiendo a diferentes actores (aunque de manera no exclusiva) y que intervienen en la

construcción y en la manera de darle respuesta a la cuestión de la vivienda en Caracas. Se distinguen las

lógicas de mercado, de reglamentación, de políticas públicas (entendida como proyecto político de ciudad,

de sociedad, y planificación a mediano y largo plazo), siendo la última una lógica social de las

necesidades. Las cuatro lógicas definen un contexto en el cual la vivienda – sus eventuales soluciones y

los términos del debate – se plantea como un tema socialmente contingente. Interactúan en el tiempo y sus

influencias relativas evolucionan, permitiendo identificar momentos más o menos nítidos. A través de

aquellas cuatro grandes lógicas, representativas de grandes tendencias, se espera restituir una situación,

social y política, espacial e histórica, en la cual se construye y se maneja el tema de vivienda en la capital

venezolana. La evolución de las relaciones entre las grandes lógicas constituye un retrato del debate sobre

vivienda que permite comparar la ciudad con otras donde se construye el tema vivienda de manera

diferente, así como ubicar las transformaciones del debate en una sociedad caraqueña que también cambia

en el periodo democrático.

Antes de proceder a la periodización en la segunda parte, se exponen y se caracterizan a continuación las

cuatro grandes lógicas cuya identificación resulta de la revisión de parte de la literatura (venezolana e

internacional) sobre el tema, de la entrevista de académicos, profesionales y autoridades pública en

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Caracas, así como de las reuniones e intercambios de experiencia con los colegas del programa de

investigación comparativa METRALJEUX2.

Las lógicas de actores como marcos para situar la cuestión de la vivienda

La lógica de mercado. No se relaciona solamente con la actividad de empresarios ni con el sector de la

construcción. También se refiere a la voluntad que demuestran los poderes públicos a la hora de incentivar

el acceso a la propiedad o agilizar el financiamiento del sector económico de la vivienda. En esta lógica, la

rentabilidad, la competición, o el financiamiento del sector dominan u orientan la cuestión de la vivienda,

su construcción social y su manejo como desafío metropolitano.

La lógica de reglamentación o de fiscalización. Se refiere a la manera como los poderes públicos buscan y

logran (o no) enmarcar las demás lógicas, entre las cuales se halla la lógica de mercado y su objetivo final

de rentabilidad. Esta lógica está relacionada con la capacidad de alcanzar objetivos específicos mediante la

promoción inmobiliaria pública, reglas de construcción más o menos rígidas, o un poder efectivo de

fiscalización. Sin embargo, aquella lógica no es contradictoria con la del mercado, y hasta la puede

ampliar y complementar. La lógica de reglamentación no presenta ningún carácter ideológico, sino que se

refiere a la capacidad de intervención (de arbitraje, o hasta de arbitrariedad) de una autoridad pública.

La lógica de políticas públicas. Se diferencia de la lógica anterior en la medida en que se refiere a una

proyección, a una planificación a mediano y largo plazo, y que apunta hacia un horizonte ideal para el

sector de la vivienda. Consta de un proyecto de sociedad y de una política de ciudad. Es consistente con

objetivos de sostenibilidad, de coherencia y con esfuerzos de anticipación en el manejo del tema de la

vivienda. También implica instituciones sostenibles, capaces (o lideradas por gente con ganas) de

implementar un proyecto público durante varios años, por ejemplo constituyendo reservas públicas de

suelo en un contexto especulativo. Si es ideológica, la lógica de políticas públicas tampoco presenta

ideología particular. No presume del proyecto de sociedad que se defiende.

La lógica social, o lógica de las necesidades. Esta última lógica da cuenta de las condiciones de existencia

de los caraqueños frente a su experiencia de la vivienda. Según sus necesidades y según las épocas, y en

función del sector de la ciudad así como del tipo de población involucrado, los habitantes se organizan

diferentemente. Aquella lógica es la marca de la necesidad más que de la demanda en relación con la

vivienda. Está ampliamente orientada por las modalidades de participación y por las posibilidades de

reivindicación y de movilización de la base.

2 METRALJEUX es un programa de investigación comparativo de la gobernanza metropolitana de cuatro grandes cuestiones (comercio, seguridad, trabajo y vivienda) en Buenos Aires, Caracas, México y São Paolo: http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique574. Agradezco los colegas del tema “vivienda” por sus discusiones y presentaciones en otros contextos metropolitanos, y que contribuyeron a poner de realce las dimensiones significativas que entran en la caracterización de las lógicas de actores presentadas.

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Se identifican seis periodos en la planificación urbana y el manejo del tema de la vivienda al caracterizar

seis configuraciones que se consideran homogéneas entre las cuatro lógicas. Consecuencia de la

evaluación cualitativa a raíz de las diferentes fuentes de información, la ponderación de las lógicas es

relativa y permite en primer lugar una periodización en vista a un proceso de comparación en el espacio y

en el tiempo (intra- e interurbano). Las relaciones entre actores son dinámicas, y las influencias o las

dominaciones de los diferentes actores van cambiando, diseñando nuevos contornos al tema de la

vivienda. Aquellos periodos son partes de un contexto regional y global, pero dan cuenta del éxito local de

grandes paradigmas, de formas de control urbano y de los tipos de territorios urbanos afectados a la hora

de ser modificadas las modalidades de gobernanza de la vivienda en Caracas.

Una periodización de la vivienda como debate y como desafío metropolitano

La evaluación cualitativa y relativa del peso de las lógicas sobre vivienda y sobre la manera de elaborar,

tomar y seguir decisiones en el tema permite diseñar diamantes de cuatro puntas (una lógica en cada

punta). Una mayor distancia al centro significa un peso relativamente mayor de la lógica evaluada en

relación con las demás (figuras 1 a 6). A raíz de la evaluación de las lógicas, se producen diamantes

representativos del peso, de las evoluciones y de las relaciones entre lógicas de actores. Al leer

simultáneamente los diferentes diamantes, caracterizando seis momentos, se notan las lógicas que

dominan, las que compiten, y cuáles van cobrando importancia en el tiempo. Para terminar, el tono del

fondo del diamante permite calificar un grado de conflictividad entre actores y entre sus lógicas. Las

interacciones no son productos de negociaciones, sino más bien de relaciones de fuerza y de conflictos.

Cuanto más oscuro es el tono, mayores parecieron las tensiones entre lógicas, y actores. Desde 1958, se

identificaron seis momentos caracterizados por articulaciones específicas de lógicas de actores. Para cada

momento, se argumenta la evaluación de cada lógica, y se presenta el diamante correspondiendo con las

tendencias de cada una de las lógicas.

El compromiso de la democracia para la vivienda: entre erradicación y rehabilitación

Al salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y hasta mediados de los años 1970, en un contexto de

urbanización acelerada, el nuevo gobierno democrático no tiene la capacidad de reglamentar el mercado

de la vivienda. La ley de regulación de alquileres en 1960 tiene como consecuencia la casi desaparición de

vivienda para alquilar. En un primer tiempo, la fuga de capitales y de mano de obra calificada, y luego la

especulación inmobiliaria y sobre el suelo urbano acarrean fuertes perturbaciones en el sector de la

vivienda. El sector de la construcción sale reforzado y estructurado del régimen dictatorial fuertemente

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modernizador. El gobierno elabora instrumentos financieros para relanzar la construcción privada. Una

comisión para el desarrollo urbano y el hábitat instalada por el presidente Betancourt hace hincapié en:

« La fijación de límites y la determinación y adquisición de las áreas de expansión de las

ciudades, la creación de un impuesto de carácter progresivo a los terrenos ociosos; y el

establecimiento de una contribución sobre mejoras en razón de las obras que realizarán los

organismos públicos, así como una legislación municipal que permitiera recabar, para el

municipio, la valorización generada por cambios de zonificación en los terrenos urbanos »

(citado en Cilento Sarli, 1998: 40).

Sin embargo, el gobierno siguiente descarta aquellas advertencias por ser “demasiado socialistas”.

Algunas iniciativas institucionales y públicas orientadas al problema de la vivienda para los sectores más

populares se implementan a principios de los 1970. Entre 1958 y 1973, el Banco Obrero3 complementa la

construcción de casi 320000 viviendas, pero sigue insuficiente y fuera del alcance de los sectores más

populares mientras que la capacidad de construcción y de planificación de los poderes públicos va

disminuyendo fuertemente.

Tolerar la invasión de tierra y la construcción de ranchos les da un margen necesario a los poderes

públicos para disminuir la presión social de la demanda (Bolívar, 2002). La multiplicación y el ajuste de

medidas fiscales y financieras (para los constructores así como los incentivos a los compradores) abundan

en el sentido de la lógica de mercado. Hasta el principio de los años 1970, no se consiguen

reivindicaciones muy estructuradas en relación con la vivienda, ni siquiera entre los más pobres (Van

Niekerk, 1974), masivamente excluidos de un sistema orientado por un mercado enmarcado en un Estado

voluntarista. La ciudad continúa siendo el lugar de la promoción social, el símbolo de la modernidad y del

progreso para emigrantes recién llegados que aún no ponen el mito en tela de juicio (Ellner y Tinker Salas,

2007), a pesar de pésimas condiciones de alojamiento (Marchand, 1966).

Desde el periodo de la dictadura, los poderes públicos oscilan entre « erradicar los ranchos » y volver a

construir por un lado, y rehabilitar los sectores de manera integrada por otro. Los barrios de ranchos y su

integración a la ciudad son formalmente reconocidos en 1969, y más aún con la Ley Orgánica de

Ordenación Urbanística, en 1987. La tensión rehabilitación / reconstrucción masiva seguiría presente en

el tema sobre vivienda en Caracas hasta el día de hoy.

Evaluación de las lógicas: Lógica de mercado, 3+; Lógica de reglamentación, 3-; Lógica de política

pública, 3; Lógica de las necesidades, 1.

3 Organismo público, creado en junio 1928, bajo la autoridad del ministerio de Fomento, y de Obras Públicas a partir de 1949, encargado en un primer tiempo de financiar el acceso a la propiedad de los obreros y sectores populares. A partir de finales de los años 1930, el organismo está en el origen de la construcción de numerosos conjuntos residenciales de clase media y media baja (Cilento Sarli, 1998), alejándose el objetivo inicial de permitir a los obreros que adquirieran una “vivienda sana y barata” (Martín Frechilla, 1995).

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Figura 1: El gobierno democrático a la hora de enfrentar y plantear el tema de vivienda (1960 – mediados

de los años 1970)

Explosión del sector de la construcción y retroceso del Estado

A raíz del boom petrolero que ocurre a mitad de los años 1970, los ingresos petroleros superaran en 5 años

los ingresos cumulados desde el principio de la explotación del petróleo en Venezuela. Ello acarrea una

re-articulación significativa de las lógicas de actores en términos de vivienda en el país. La especulación

inmobiliaria y sobre la tierra es una manera de captar le renta. Entre 1973 y 1976, el valor de la

construcción aumenta en una relación de 1 a 4, y el valor de los créditos públicos otorgados, de 1 a 3.

Entre 1970 y 1975, la construcción privada aumenta de más de 61% cuando la promoción pública aumenta

en un 28%. En el mismo periodo, el valor del metro cuadrado aumenta en un 58% en Venezuela, y en un

312% en Caracas (Infante et al., 1982).

A partir de mediados de los años 1970, el peso de los poderes públicos va disminuyendo. En términos

institucionales, se desmantelan los grandes cuerpos de Estado, como el Ministerio de Obras Públicas. El

Banco Obrero pasa a ser INAVI (Instituto Nacional de la Vivienda), ente descentralizado, en 1975. En

9

1980, el INAVI solo está en el origen de un 5% de las viviendas construidas en el país mientras que las

constructoras privadas dirigen sus productos a la población con mayor poder adquisitivo. En 1975, se

recomienda constituir reservas de suelo. La creación del FONDUR (fondo nacional para el desarrollo

urbano) no desemboca en la compra significativa de tierras urbanas, siendo usado el fondo para reforzar

luego el sector bancario (Gallo-Kovacs, 1988: 58). La estrategia fiscal y financiera se convierte en un

instrumento exclusivo de la poca regulación política. Incentivos y estímulos a la construcción privada se

multiplican. Entre 1960 y 1975, el sector público está en el origen de dos tercios de la construcción de

vivienda. Entre 1976 y 1983, cae a 43%. Para muchos, la lógica del acceso a la propiedad y a una vivienda

digna y sana mediante el mercado sigue siendo una cuestión de tiempo (Gallo-Kovacs, 1988).

Retrocede más aún el Estado y se transfieren sus prerrogativas restantes en término de vivienda al sector

privado y de la construcción, reforzando el desequilibrio frente a las demás lógicas. Durante el primer

mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, la política pública es cortoplacista. No cuenta con un

horizonte ni un proyecto social, sino con el objetivo de agilizar cuanto sea posible la construcción privada

y el acceso a la propiedad privada. Se prosiguen y profundizan las medidas fiscales, se transfieren fondos

entre instituciones públicas para poder alimentar el crédito en el acceso a la vivienda. Desde la perspectiva

del gobierno, se considera la vivienda como un problema financiero.

Se profundizan los desequilibrios entre las lógicas de mercado y la demanda. Las necesidades crecientes

en un contexto poco reglamentado y sin perspectivas más allá de la construcción privada encarecida por

los ingresos petroleros suscita la emergencia de reivindicaciones de diferentes tipos que van

estructurándose a partir del final de los años 1970, en competición con otras lógicas existentes.

Evaluación de las lógicas: Lógica de mercado, 4; Lógica de reglamentación, 2- ; Lógica de política

pública, 2- ; Lógica de las necesidades, 1+.

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Figura 2: El boom petrolero. Explosión del mercado de la construcción, retroceso del Estado y emergencia

de movimientos de vecinos (mediados 1970 – finales 1970)

Auge de la crisis urbana y emergencia de nuevas lógicas de actores

Con el contra-shock petrolero, se reducen considerablemente los recursos financieros para el sector

vivienda. Después de la suspensión de la convertibilidad Bolívar – Dólar en 1983, ya casi no se otorgan

préstamos para la construcción. Los poderes públicos disponen de poco control político sobre el sector, y

además siguen adelante en las lógicas de incentivos fiscales, llegando a subvencionar productos

residenciales para clases medias y media-altas.

En el contexto de crisis, la lógica de mercado está “en espera” hasta tal punto que a mediados de los años

1980, el INAVI llega a ser el primer proveedor de soluciones habitacionales y de construcciones nuevas

mientras que el stock de viviendas sin vender aumenta. Pero la construcción pública de viviendas en 1985

es equivalente a la de 1964, cuando la ciudad contaba con tres veces menos de habitantes. Resulta que el

sector informal construye mucho más que el sector privado y público reunido. Ahí se consiguen los

verdaderos “hacedores de ciudad”, de una ciudad “auto-producida” (Bolívar, 1995a). Las autoridades

públicas no muestran ningún tipo de anticipación o de proyección a mediano o largo plazo. Resultan

incapaces de solucionar los problemas masivos de vivienda mediante incentivos fiscales o financieros

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supuestamente destinados a acompañar el mercado, quedando muy lejos de una lógica de necesidades

(Gallo-Kovacs, 1988: 103).

En un ambiente de poca construcción, oferta no adaptada al tipo de necesidad y retroceso del Estado,

crecen unas demandas sociales bastante heterogéneas, movimientos autónomos, que van estructurándose

de manera diferenciada.

Evaluación de las lógicas: Lógica de mercado, 4; Lógica de reglamentación, 1; Lógica de política

pública, 1; Lógica de las necesidades, 2+.

Figura 3: Las crisis: urbana, de la deuda, política, económica, social… La oportunidad para nuevas lógicas

de emerger (1980’s)

Consolidación de la participación y restructuración de las reivindicaciones

Después de la « década perdida » de los años 1980 y después del Caracazo en febrero 1989 – sangrientas

protestas urbanas desencadenadas por la aplicación de medidas del ajuste estructural que causaron la

muerte de varias centenas de caraqueños – se sigue contando con una lógica de reglamentación débil. Sin

embargo, en los años 1990, ya existe una sociedad civil que, aunque muy heterogénea, se consolida con el

tiempo, apoyándose en la multiplicación de las ONG y otras organizaciones locales intermediarias (tales

12

como el CESAP o la FUDEP)4 así como en formas institucionales de participación urbana recién

implementadas (se fomentan organizaciones intermediarias de vivienda – OIV – con el fin de capacitar y

acompañar a las comunidades en el mejoramiento de las condiciones de vivienda). La ley de política

habitacional en 1990 prevé transferir ahorro habitacional a comunidades movilizadas y organizaciones

locales mediante las OIV. Otra institucionalidad se estructura a escala nacional. En 1990, se constituye el

CONAVI (consejo nacional para la vivienda) cuyo objetivo consiste en asesorar y regir el tema de la

vivienda en el país, y en 1994, se instala FUNDABARRIOS como otro índice de reconocimiento de la

vivienda popular auto-construida (Cilento Sarli, 2002).

En esta reconfiguración del escenario de actores y a pesar de la afirmación de los actores populares, las

necesidades de vivienda de los más pobres siguen difícilmente atendidas. Las organizaciones comunitarias

de vivienda y asesoradas por OIV u ONG locales reflejan un liderazgo e ideales de los integrantes de clase

media más dinámicos en la promoción de una sociedad civil activa. Las reivindicaciones y movilizaciones

ciudadanas siguen sectorizadas y discriminadas (Hernández, 1996: 4; García-Guadilla, 2007). Si bien los

vecinos se organizan durante esta década para substituirse a un Estado fallido (por ejemplo para controlar

el uso del suelo en sectores residenciales formales), se despolitiza y tecnifica el debate sobre vivienda, en

relación con los barrios, verdaderos “territorios populares urbanos” (Ontiveros Acosta y De Freitas Taylor,

1995: 129-130 y 132; Ontiveros, 2002). No se enfrentan los factores estructurales del problema

habitacional. Se buscan respuestas pragmáticas, por supuesto necesarias, pero particulares a una categoría

social de vecinos organizados. Pero desde el Caracazo, la irrupción de los marginalizados en el espacio de

la ciudad formal ya no permite eludir ni evitar la politización de las desigualdades urbanas, de la

dominación cultural y política, ni de la falta de reconocimiento de una parte consistente de la población

urbana (Bolívar, 1995b).

Más allá de una retórica a menudo propiciatoria, la aparición y la consolidación de una « democracia

participativa y protagónica » permite abrir espacios a otros intereses en la lógica de necesidades, hasta

ahora ignorados o poco considerados más allá de sectores activos y movilizados de clase media. Ello se

consolida en el contexto de re-articulación entre el Estado y la sociedad que ocurre a partir de la década de

los 1980 (Gómez Calcaño y López-Maya, 1990; o para América latina: Chalmers et al., 1997),

politizándose más aún con la llegada al poder del presidente Chávez.

Evaluación de las lógicas: Lógica de mercado, 4; Lógica de reglamentación, 2; Lógica de política

pública, 1+; Lógica de las necesidades, 3+.

4 En los 1990, en revistas de arquitectura y urbanismo venezolanas (como por ejemplo la revista Inmuebles) se consiguen experiencias y promociones de organizaciones locales, ONG, vecinos organizados, o asociaciones civiles involucrados en la “capacitación” y “organización” de las comunidades.

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Figura 4: Consolidación de la participación, reestructuración de las reivindicaciones (1990’s)

La llegada de Chávez o las políticas urbanas ambiguas

La presidencia de Hugo Chávez no ha sido polémica desde el principio. La retórica y las medidas del

ejecutivo nacional se radicalizan con el tiempo, después de la intensificación de la conflictividad en el país

desde el 2001 en adelante (Compagnon et al., 2009). Aún así, no se consigue ninguna “revolución” en la

manera de tomar en consideración y manejar el tema de la vivienda por parte de los poderes públicos.

La lógica de mercado sigue dominando en un país cuyos recursos petroleros vuelven a fluir en las arcas

nacionales. Un proceso de recentralización a través de instituciones nuevas se combina con la apertura del

escenario político local a las movilizaciones e iniciativas ascendientes. Más que espontánea, la

participación, reforzada por un aparato institucional nuevo y paralelo a los marcos legales existentes

(Louzé, 2009; Brandler, 2009), resulta ampliamente sugerida por el ejecutivo nacional, en particular en el

ámbito de la vivienda y en sectores populares. No obstante el peso importante del Estado re-centralizado,

la lógica de las necesidades y la participación ascendiente pueden demostrar cierto grado de autonomía,

alimentando conflictos recurrentes con los poderes públicos (Rebotier, 2009).

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En términos de políticas públicas, no se notan líneas claras en relación con la planificación urbana ni con

el sector de la vivienda. Tanto la vivienda como la inseguridad urbana no han sido prioridades de acción

del gobierno nacional, y se multiplican las contradicciones así como las respuestas de emergencia: los

operativos (entrega de casa o inauguración puntual de un complejo residencial). Bajo los gobiernos

chavistas, se siguen consiguiendo los incentivos fiscales a la construcción, el acceso al crédito agilizado

para compradores, pero relativamente poco – fuera de los operativos – para los más pobres que

estructuralmente siguen sin poder acceder a un mercado de la vivienda.

Evaluación de las lógicas: Lógica de mercado, 4-; Lógica de reglamentación, 2; Lógica de política

pública, 1; Lógica de las necesidades, 3+.

Figura 5: Gobiernos Chávez, una actuación pública particularmente ambigua (2000-2008?)

¿Hacia una inflexión en las andanzas estadales?

La re-elección de Hugo Chávez en la presidencia en el año 2006 y la presión (hasta electoral) de sus

seguidores más populares en elecciones posteriores para atender las necesidades cotidianas entre las cuáles

cuenta la vivienda parecen acompañar un ajuste de la lógica de política pública. Son varios – aunque

recientes – los índices que convergen.

15

Los Comités de Tierra Urbana son una experiencia institucionalizada en el año 2002 por decreto

presidencial que busca regularizar la tenencia de la tierra urbana. Siguen en vigencia hoy día, ejemplo –

raro – de sostenibilidad institucional. La movilización en los CTU se arraiga en los movimientos de base

en los sectores populares, muy anteriores a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República

(Ontiveros, 2002; Antillano, 2005). Los gobiernos chavistas se apoyan en las movilizaciones populares de

base, y a menudo contribuyen a orientarlas. El ejemplo de los CTU muestra la posibilidad de un grado de

autonomía – y eventualmente de resistencia – de la lógica social y de las necesidades frente a otras lógicas

en Caracas, como la de la autoridad pública (Rebotier, 2009).

En algunas partes, las movilizaciones de base – aunque muy dinámicas – están ampliamente cooptadas por

la autoridad pública, como en el sector San Agustín, cerca de Parque Central. Ahí se desenvuelven todo

tipo de programas y operativos, a veces contradictorios, en relación con la vivienda, como los programas

Petrocasa, Madera, “casa por rancho”, complejo residencial terrazas del Alba… El punto no es evaluar los

programas de vivienda en el sector (que bien puedan aliviar situaciones a corto plazo). Solo se quiere

subrayar la difícil coordinación de tantas iniciativas en un solo sector, así como la difícil autonomía de las

comunidades de San Agustín, extremadamente solicitadas por el voluntarismo de la autoridad pública que

parece haber tomada al barrio como sector piloto.

Sin embargo, se puede leer aquel voluntarismo como la consecuencia de la consolidación de la lógica de

necesidades que se afirman en el escenario urbano. Se nota aquella consolidación cuando en sectores más

acomodados se formulan quejas legales dentro de los nuevos marcos institucionales de participación, o

cuando comunidades más populares ocupan oficinas o trancan carreteras. Nuevos actores de base, aunque

muy heterogéneos, van imponiéndose siempre más en el escenario local de la gobernanza de la vivienda

conforme se va avanzando en los años 2000.

Las relaciones entre actores son menos maniqueas e ideológicas de lo que se suele escuchar de la Caracas

del siglo XXI. Los conflictos existen dentro de una esfera chavista (para nada homogénea) que pareciera

dejar poco espacio a la crítica. De mismo modo, las colaboraciones existen entre autoridades públicas y

comunidades organizadas a pesar de ser identificadas como de oposición. Sectores políticamente

heterogéneos se han apropiado las instituciones de participación implementadas por los gobiernos

chavistas. Las estrategias de las comunidades organizadas oscilan entre negociación, presión disimulada y

conflicto abierto, casi siempre en una perspectiva muy pragmática.

En cuanto a la lógica de mercado, no ha sido aniquilada por el ejecutivo nacional, hasta entonces, a pesar

de lo que se pregona (o que se denuncia). El ministerio de vivienda y hábitat lleva unos años tratando de

atacar el problema de la especulación inmobiliaria y sobre el valor del suelo. En agosto de 2009, se adoptó

una ley de tierras urbanas para regular el uso de suelo, limitar los precios así como para reglamentar los

usos de las propiedades. La autoridad pública parece multiplicar las iniciativas para reglamentar y

16

recuperar su capacidad de intervención. Con la creación del Ministerio de obras públicas y viviendas

(Mopvi) a finales de 2009, se vuelven a integrar las áreas de infraestructuras, construcción y vivienda

sobre el modelo del Ministerio de Obras Públicas disuelto en 1975.

Al final de las observaciones llevadas adelante hasta abril de 2009, el aparato de Estado aparece fuerte y

potenciado en relación con las demás lógicas de actores, sin por lo tanto aplastarlas o aniquilarlas. El

problema sigue siendo la coherencia y el desarrollo de políticas públicas a mediano y largo plazo, y el

tratamiento de factores estructurales de desigualdades, tanto en el acceso a condiciones de vivienda dignas

como en la capacidad de hacer escuchar su voz sobre una base de equidad.

Evaluación de las lógicas: Lógica de mercado, 3; Lógica de reglamentación, 3+; Lógica de política

pública, 2; Lógica de las necesidades, 3+.

Figura 6: Tendencias actuales de las relaciones de fuerza entre diferentes lógicas. ¿Hacia una inflexión?

(2008-?)

Alcances y discusión de la interpretación de las lógicas de actores

17

Necesariamente, las lógicas son reducciones de la realidad, y la pertinencia de sus contornos puede

cambiar en el tiempo. Sin embargo, una evaluación cualitativa y un delineamiento no tan rígido de dichas

lógicas ayudan en interpretar grandes tendencias y a seguirlas en el tiempo en sus relaciones con otras

lógicas. Refinar el número de lógicas o el número de “momentos” identificados puede mejorar el análisis,

u obstaculizarlo, dependiendo de la problemática a la cual se pretende responder. En nuestro caso, el

presente trabajo ha sido un estudio previo al análisis de las modalidades de gobernanza de la vivienda en

la Caracas del siglo XXI, durante los gobiernos de Hugo Chávez; y podría también servir de base a la

comparación entre ciudades involucradas en el programa de investigación METRALJEUX. El trabajo de

situación ha servido para darles sentido y perspectiva a las tendencias actuales sobre vivienda en Caracas,

así como relativizar y destacar lo que se plantea a veces demasiado rápidamente como innovación o

recurrencia.

Identificar las grandes líneas, paradigmas y lógicas de diferentes actores en el tiempo cobra más sentido

aún cuando se articulan estudios de casos específicos y puntuales. Un trabajo de situación del debate y de

los casos analizados es fundamental a la hora de tratar un tema tan discutido en la literatura científica

sobre la ciudad latino-americana desde los años 1970 como lo es la vivienda. El trabajo sobre prácticas y

estrategias a escala local nos parece a la vez una continuación lógica y un complemento importante de la

caracterización de grandes lógicas de actores.

Al final del trabajo de síntesis, es notorio que la reglamentación del desarrollo urbano por parte de las

autoridades públicas nunca ha sido muy fuerte en Venezuela, a pesar de una actuación evidente del Banco

Obrero en el campo de la vivienda, pero que se debilita sin forma de retorno a partir del medio de los años

1970. En ese período, la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez marca un hito en la (no)

planificación de la ciudad, que se combina con la crisis de los años 1980. A pesar del período

democrático, son muchas las voces que se alzan entonces para “democratizar la democracia” y poder

opinar en temas como él de la vivienda, o de la ciudad. La década perdida multiplica las reivindicaciones

que se vuelven más heterogéneas aún en los años 1990. Las múltiples necesidades no cuentan por igual en

el debate público. Las lógicas de planificación estratégica chocan por ejemplo con las prioridades sociales

y las necesidades de alojamiento, mientras que siguen pendientes muchos retos relacionados con la

práctica efectiva de la participación. Si bien se escuchan más voces, queda por estudiar con detenimiento

la reducción potencial y efectiva de los diferentes tipos de desigualdades urbanas.

Otro elemento que se destaca es la permanencia, a lo largo del periodo estudiado, de paradigmas que

determinan el enfoque de la cuestión de la vivienda. Entre lo cuantitativo (y la batalla política y

económica sobre las cifras del déficit de viviendas) y lo cualitativo (con la afirmación creciente, aunque

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llevada adelante por fuerzas muy heterogéneas, de un derecho a una vivienda, y luego a la ciudad5), son

muy diversos las narrativas y compromisos en el ámbito de la vivienda. Las cuatro lógicas estudiadas

están atravesadas por tales perspectivas de fondo, siendo la lógica de mercado más orientada a un enfoque

cuantitativo y de crecimiento de la actividad de construcción y / o de compra – venta. La tensión

cualitativo / cuantitativo es mucho más significativa en la lectura de las otras tres lógicas.

A la luz de los seis momentos identificados, tres grandes periodos aparecen, siendo el primer umbral

significativo los años del boom petrolero y de la actuación del presidente Carlos Andrés Pérez, y el

segundo, la llegada al poder del presidente Chávez y la rearticulación institucional de la participación

urbana local. En un primer tiempo, tal división está ampliamente orientada por la lógica de políticas

públicas y de reglamentación. Sin embargo, la evolución de las diferentes lógicas muestra que los cambios

políticos formales no corresponden siempre a rupturas en otros ámbitos. El trabajo de periodización ayuda

en cuestionar tales dinámicas, y en hacer hincapié en la re-articulación constante entre lógicas e intereses

de actores. Entre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Hugo Chávez, la lógica de mercado no parece

sufrir grandes rupturas. Pero lo que sí cambia de manera extremadamente significativa, es el espacio

dejado a (y ocupado por) la lógica social de las necesidades y los actores de base emergentes.

En el ámbito de la planificación urbana y del manejo de la ciudad, no se notan rupturas. Siguen siendo

torpes y de poco alcance las iniciativas públicas, cuando existen. El sector inmobiliario o de construcción

permanece aparejado a la evolución de la explotación petrolera, reproduciendo las fluctuaciones de los

precios con leves desfases en el tiempo. Sin embargo, es imposible avanzar que nos encontramos con

“más de lo mismo”. Se evidencian transformaciones progresivas en términos de participación política y de

valorización de las lógicas sociales de necesidades. En los nuevos dispositivos de participación, caben

reivindicaciones muy heterogéneas que logran pesar en la agenda local de la vivienda. Es cierto, no sin

dificultad, pero aquellas configuraciones y experiencias existen.

Finalmente, aunque de forma muy tentativa, las autoridades públicas están iniciando desde el 2006

medidas para la regulación del mercado inmobiliario, de la renta del suelo y de la propiedad de la tierra

urbana, lo que eso sí, en caso de ser implementadas de manera efectiva, significaría una verdadera ruptura

en la trayectoria de la planificación urbana en Caracas.

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5 Los enfoques urbanísticos tentativos, abriendo oportunidad al espacio público y al fomento de una urbanidad amena, empiezan en los años 1940, con la tentativa de institucionalización de cámaras de urbanismo, de implementación de políticas de la ciudad, o de estructuración de la planificación urbana a escala metropolitana (Cilento Sarli, 1998). El éxito desigual y discontinuo en el tiempo de tales iniciativas ha sido aniquilado por los buldóceres de la dictadura y por el enfoque cuantitativo de una democracia a menudo en relación de dependencia sino de colusión con los sectores empresariales de la construcción.

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