Perfiles de la conflictividad social - Fundacion UNIR · lectura de la versión preliminar del...

Perfiles de la conflictividad socialen Bolivia (2009 - 2011)

Análisis multifactorial y perspectivas

Perfiles de la conflictividad socialen Bolivia (2009 - 2011)

Análisis multifactorial y perspectivas

María Soledad QuirogaCristián León Oscar Meneses

Huáscar Pacheco Pablo Ríos

con el apoyo de Jimena Avejera y María Isabel Nava

Bolivia, octubre de 2012

Antonio Aramayo TejadaDirector ejecutivo

María Soledad Quiroga TrigoGerente Del Área De información, investiGación y anÁlisis De conflictos

unidad de análisis de conflictosInvestigadoresCristián León CoronadoOscar Meneses BarrancosHuáscar Pacheco OrtegaPablo Ríos Dávila

Gabriela L. Ugarte Borjajefa de la unidad de Prensa y Promoción

Iván Barba Sanjinezedición general

Martín Sánchez EscóbarDiseño y diagramación

Jorge GoytiaGráficos y tablas

Jorge Dávalos Córdovailustración de tapa

ISBN:978-99954-820-7-7DL: 4-13085-12

Octubre de 2012

La Fundación UNIR Bolivia cuenta con el respaldo de una canasta de fondos conformada por el apoyo financiero de las cooperaciones de Holanda, Suecia, Suiza, Christian Aid y Trócaire.

www.unirbolivia.org

DISTRITAL UNOLa Paz – El AltoSede: Ciudad de La PazAv. 6 de Agosto Nº 2528 Tel./fax: (02) 2117069 – 2119767 [email protected]

Asistentes de investigaciónLuisa Cortez (2010)Lorena Choque Flores (2011)Manuel Filomeno Núñez (2011)Guillermo Villalobos Moreira (2011)Juan Carlos Mamani Huanca (2012)Alejandro Arze Alegría (2012)

Pamela Condori Mamani (2012)Daniel Espinoza Flores (2012)María Bernarda Oxa Silvestro (2012)Jenny Soto García (2012)Osvaldo Vargas Loza (2012)Maricruz Zallez Iturri (2012)

DISTRITAL DOSSanta Cruz – Tarija Sede: Ciudad de Santa Cruz de la SierraAv. Alemana c/ Poresaqui Nº 3665 (10 Oeste) Tel./fax (03) 311- [email protected]

DISTRITAL TRESCochabamba – ChuquisacaSede: Ciudad de CochabambaCalle Ayacucho Nº 235 piso 2Tel./fax (04) [email protected]

AGRADECIMIENTOS

La Fundación UNIR Bolivia expresa su especial gratitud a Fernando Mayorga, Javier Gómez y José Antonio Quiroga, quienes realizaron una lectura de la versión preliminar del libro y aportaron valiosos comentarios y sugerencias que contribuyeron a mejorarlo.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS 5

INTRODUCCIÓN 13

CAPÍTULO 1 LOS CONfLICTOS SOCIALES y LA CONSTRUCCIÓN DE PAz 15 1. El conflicto social 17 1.1 Teorías sobre el conflicto social 18 2. La violencia y la opción de la paz 20 2.1 El concepto de paz y cultura de paz 21 3. La interculturalidad y el constructivismo político como opciones de paz 23

CAPÍTULO 2 EL CONTExTO hISTÓRICO bOLIvIANO 27 1. La configuración sociohistórica de bolivia 29 2. La crisis estatal en el nuevo siglo 32 3. Los años recientes 34 4. Treinta años de construcción democrática en Bolivia 35 5. Breve repaso de las orientaciones económicas y de desarrollo en Bolivia (1980 - 2011) 38 5.1. El proceso de restructuración económica de la década del ochenta y el D.S. 21060 39 5.2. Las reformas institucionales y la capitalización de la década del noventa 40 5.3. Un nuevo tipo de desarrollo en una etapa de poco crecimiento: 1998-2003 42 5.4. El régimen de Morales y una nueva visión económica 42 6. Bolivia ante la crisis financiera mundial 44

CAPÍTULO 3LOS CICLOS DE LA CONfLICTIvIDAD 47 1 Las cifras de la conflictividad 49 2. La conflictividad en 2009, año de transición política 51 2.1. La transversalidad de la política en los conflictos de 2009 52 3. La conflictividad en 2010, inauguración de una nueva etapa de Gobierno del MAS 54 4. La conflictividad de 2011, entre ambivalencias y contradicciones 58 5. Balance de la conflictividad de tres años 63

CAPÍTULO 4 ¿POR QUÉ SE MOvILIzAN LOS bOLIvIANOS? 67 1. Tipos de conflicto y campos de conflictividad 71 1.1. Tipología de Conflictos 71 1.2 Campos de Conflictividad 72 1.2.1. Conflictividad por la reproducción social 72 1.2.2. Conflictividad institucional 73 1.2.3. Conflictividad político cultural 74

2. Los principales tipos de conflicto 75 2.1. Conflictos por temas económicos 76 2.1.1. Conflictos por el incremento del costo de vida y la escasez de productos básicos 78 2.1.2. Conflictos en demanda de incremento de los ingresos 81 2.1.3. Conflictos en demanda de empleo 83 2.1.4. Conflictos por el control y aprovechamiento de recursos naturales 85 2.1.5. Conflictos por normas legales de carácter económico 87 2.2. Conflictos por prestación de servicios públicos 87 2.3. Conflictos por la gestión administrativa 90 2.4. Conflictos por cuestiones legales 91 2.5. Conflictos por cuestionamiento o reconocimiento de autoridades 93 2.6. Conflictos ideológico políticos 94 2.7. Conflictos por otros temas 97

CAPÍTULO 5 LOS ACTORES DE LA CONfLICTIvIDAD 101 La influencia de la globalización en la acción social 105 1. Los actores estratégicos de la conflictividad 106 2. Los actores in situ 108 3. Actores de la conflictividad poco reconocidos 111 3.1. El sector vecinal comunal: más allá de lo económico y político 111 3.2. La participación de mujeres en los conflictos 112 3.3. Los jóvenes y el conflicto 114 4. Los actores frente a su blanco principal: el estado 115 4.1. La reconfiguración de las relaciones entre sociedad y Estado en Bolivia 115 4.2. La conflictividad canalizada hacia el Estado 116 4.3. Los inconclusos procesos de ciudadanización 117 5. Los actores sociales enfrentados entre sí 118 6. Ámbito territorial donde se desenvuelven los actores de la conflictividad 120 6.1. La conflictividad en las ciudades de Bolivia 120 6.2. La conflictividad social en los departamentos 123 6.3. Otros departamentos 126

CAPÍTULO 6 CULTURA POLÍTICA y CONfLICTO SOCIAL EN bOLIvIA 127 1. La compleja cultura política boliviana 136

CAPÍTULO 7 LOS CONfLICTOS y EL ESPACIO PÚbLICO 139 1. Espacio público, política y medios de comunicación 141 2. La mutación del espacio público boliviano por el protagonismo mediático y el influjo tecnológico 139 3. Las nuevas tecnologías y el conflicto 147

CAPÍTULO 8 bOLIvIA EN EL CONTExTO DE LA CONfLICTIvIDAD LATINOAMERICANA 151 1. El conflicto social en América Latina 153 2. Bolivia en el contexto de la conflictividad latinoamericana 154

2.1. Tipología de los conflictos 155 2.2. Actores en conflicto 156 2.3. Radicalización del conflicto 158

CAPÍTULO 9A MANERA DE CONCLUSIONES 161

CAPÍTULO 10ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS DE TEMAS CRÍTICOS 167 1. Conflictividad por la reproducción social 169 1.1. Efectos de la crisis financiera internacional 169 1.2. Problemática energética 171 1.3. Sostenibilidad del gasto fiscal 172 1.4. Censo de población y vivienda y pacto fiscal 173 1.5. Crisis alimentaria 174 1.6. Tierra y territorio 175 1.7. Prestación de servicios públicos y gestión urbana 176 1.8. Seguridad ciudadana 176 2. Conflictividad institucional 176 2.1. Nueva configuración territorial: autonomías y definición de límites político administrativos 176 2.2. Regulación de la actividad minera 177 2.3. Regulación de los medios de comunicación 178 3. Conflictividad político cultural 179 3.1. Conservación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 179 4. Escenarios posibles 180 Conflictividad baja 182 Conflictividad moderadamente baja 182 Conflictividad moderadamente alta 182 Conflictividad alta 182

bIbLIOGRAfÍA CONSULTADA 185

ANExOS 197 Anexo Nº 1 199 Metodología del análisis de la conflictividad social 199 Estructura y desarrollo del conflicto social 199

Anexo Nº 2 203 Desenlace de los conflictos 203 Salida de los conflictos en números 204

ÍNDICE DEGRÁFICOS Y TABLAS

CAPÍTULO 1Gráfico Nº1 Triángulo del conflicto de Galtung 19 CAPÍTULO 2 Gráfico Nº2 Evolución del crecimiento del PIB de Bolivia 1982 - 2010 39 CAPÍTULO 3Tabla Nº 1 Variación de la cantidad total y del promedio mensual de conflictos (enero 2006 - diciembre 2008) 50Tabla Nº 2 Variación de la cantidad total y del promedio mensual de conflictos (enero 2009 - diciembre 2011) 50Gráfico Nº 3 Cantidad de conflictos por mes (enero 2006 - diciembre 2011) 51Gráfico Nº 4 Línea del tiempo 2009 52Gráfico Nº 5 Línea del tiempo 2010 55Gráfico Nº 6 Línea del tiempo 2011 58Gráfico Nº 7 Cantidad de conflictos (2009-2011) 64Gráfico Nº 8 Cantidad de medidas de presión (2009-2011) 65 Tabla Nº 3 Porcentaje de conflictos por nivel de violencia (2009-2011) 65Tabla Nº 4 Porcentaje de conflictos por nivel de escalamiento (2009-2011) 65 CAPÍTULO 4Tabla Nº 5 Porcentaje de conflictos e indicadores de pobreza por departamentos 70 Tabla Nº 6 Porcentaje de conflictos según tipología (2009-2011) 72Gráfico Nº 9 Campos de conflictividad en Bolivia (2009-2011) 75Gráfico Nº 10 Evolución de los conflictos económicos 2009-2011 (Promedio) 76 Tabla Nº 7 PIB per cápita en la región (2010) 77Tabla Nº 8 Importaciones de alimentos 79Gráfico Nº 11 Evolución de los conflictos por prestación de servicios públicos 2009-2011 (promedio) 88Gráfico Nº 12 Evolución de los conflictos por gestión administrativa 2009-2011 (promedio) 90Gráfico Nº 13 Evolución de los conflictos por leyes y medidas legales 2009-2011 (promedio) 92Gráfico Nº 14 Evolución de los conflictos por cuestionamiento o reconocimiento de autoridades 2009-2011 (promedio) 93Gráfico Nº 15 Evolución de los conflictos por temas político ideológicos 2009 - 2011 (promedio) 95 CAPÍTULO 5Tabla Nº 9 Actores estratégicos enero 2009 - diciembre 2011 110 Tabla Nº 10 Población por ciudades proyectada en base al censo 2001 121Tabla Nº 11 Porcentaje de conflictos en municipios (2009 - 2011) 123Tabla Nº 12 Porcentaje de conflictos por departamento 124

Gráfico Nº 16 Tipos de conflicto por año en el departamento de La Paz (porcentajes) 125Gráfico Nº 17 Tipos de conflicto por año en el departamento de Cochabamba (porcentajes) 125Gráfico Nº 18 Tipos de conflicto por año en el departamento de Santa Cruz (porcentajes) 126Tabla Nº 13 Conflictividad en otros departamentos por año (porcentajes) 126 CAPÍTULO 6Gráfico Nº 19 Legitimidad de los partidos políticos 130 Tabla Nº 14 Confianza en las instituciones de la democracia 131Gráfico Nº 20 Nivel de tolerancia 132Gráfico Nº 21 Interés en la política 133Gráfico Nº 22 Participación electoral 134Gráfico Nº 23 Participación en organizaciones sociales 135Gráfico Nº 24 Niveles de confianza 139 CAPÍTULO 7 Tabla Nº 15 ¿Ud. O algún miembro de su hogar posee alguno de los siguientes bienes? Teléfono celular/móvil 148Gráfico Nº 25 Edad de los usuarios de facebook en bolivia 148Gráfico Nº 26 Búsqueda de información sobre el conflicto del TIPNIS 150 CAPÍTULO 8Gráfico Nº 27 Total de conflictos por país (enero - diciembre 2011) 154Gráfico Nº 28 Total de conflictos por subregión (enero - diciembre 2011) 154Gráfico Nº 29 Tipología de conflictos sociales en América Latina (enero - diciembre 2011) 155Gráfico Nº 30 Tipología de conflictos sociales en Bolivia (enero - diciembre 2011) 156Gráfico Nº 31 Actores demandantes y demandados en américa latina (enero - diciembre 2011) 157Gráfico Nº 32 Actores demandantes y demandados en Bolivia (enero - diciembre 2011) 157Gráfico Nº 33 Radicalización de los conflictos en América Latina (enero - diciembre 2011) 158Gráfico Nº 34 Radicalización de los conflictos en Bolivia (enero - diciembre 2011) 158 CAPÍTULO 10Tabla Nº 16 Conflictividad por efectos de la crisis financiera internacional 171Tabla Nº 17 Conflictividad por la problemática energética 172Tabla Nº 18 Conflictividad por problemas de sostenibilidad del gasto fiscal 173Tabla Nº 19 Conflictividad por el censo de población y vivienda y el pacto fiscal 173Tabla Nº 20 Conflictividad por crisis alimentaria 175Tabla Nº 21 Conflictividad por tierra y territorio 175Tabla Nº 22 Conflictividad por prestación de servicios públicos y gestión urbana 176Tabla Nº 23 Conflictividad por seguridad ciudadana 176Tabla Nº 24 Conflictividad por nueva configuración territorial 177Tabla Nº 25 Conflictividad por regulación de la actividad minera 178Tabla Nº 26 Conflictividad por regulación de los medios de comunicación 179Tabla Nº 27 Conflictividad por la conservación de las TCO 180Tabla Nº 28 Tipo de escenario según tema 181Gráfico Nº 35 Tipos de escenarios conflictivos por tema 182Gráfico Nº 36 Trayectoria de los conflictos por tipo de escenario 183Gráfico Nº 37 Trayectoria de los conflictos por tipo de escenario 184

ANExO Nº 2Gráfico Nº 38 Estado de los conflictos al término del mes 2009 - 2011 204Gráfico Nº 39 Duración de los conflictos por semestre 2009 - 2011 205 Gráfico Nº 40 Duración de los conflictos eje troncal vs. Resto del país 2009 - 2011 (en porcentajes) 205Gráfico Nº 41 Duración de los conflictos en el eje troncal 2009 - 2011 (en porcentajes) 206Gráfico Nº 42 Duración de los conflictos y principales tipos de conflicto 2009 - 2011 (en porcentajes) 206Gráfico Nº 43 Acuerdos logrados y principales tipos de conflicto 2009 - 2011 (en porcentajes) 207Gráfico Nº 44 Relación entre número de acuerdos logrados y duración de los conflictos 2009 - 2011 (en porcentajes) 207

13Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009-2011)Análisis multifactorial y perspectivas

La historia de Bolivia es intensa y convulsa y dentro de ella los conflictos han desempeñado siempre un rol central. Si bien hubo períodos de intensa conflictividad y otros de relativa calma, en general puede decirse que la sociedad boliviana se encuentra continuamente movilizada y en pie de protesta. Los factores que explican esta tendencia son múltiples y están asociados a las condiciones generales de pobreza y exclusión de gran parte de la población boli-viana, pero también a otras causas vinculadas a la cultura política del país.

La conflictividad boliviana no suele alcanzar altos grados de violencia, pero es dramática y tiende a la radicalidad que, en ocasiones, da lugar a situaciones violentas. Si bien el conflicto es parte inherente e inevitable de la vida social y constituye un indicador de la existencia de problemas y, seguramente, también de malestar en la sociedad, es im-portante recordar lo que Galtung plantea: si el conflicto es inevitable, la violencia no lo es y el conflicto no necesa-riamente debe derivar en violencia.

Para evitar que los conflictos generen violencia, que le-jos de permitir la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que los originaron puede profundizarlos y deteriorar aún más las relaciones entre las partes en-frentadas, es necesario realizar esfuerzos para gestionarlos de manera constructiva y pacífica. Para ello será necesario modificar algunos rasgos de la cultura política nacional de modo de desarrollar tolerancia frente al desacuerdo, lo que no significa tolerancia frente a la injusticia ni acep-tación pasiva de los problemas, sino espíritu constructivo para trabajar sobre éstos y transformarlos, superando el círculo vicioso de la violencia.

A fin de alimentar procesos de paz se requiere actuar en el ámbito público y privado para la gestión constructiva de conflictos, a través de la información y la educación para una práctica del diálogo, del respeto por la diferencia y el disenso, buscando fortalecer los conectores existentes entre las partes y neutralizar los elementos que funcionan o pueden funcionar como divisores y reconociendo la in-terdependencia existente entre todos los miembros de la sociedad.

Con el propósito de contribuir a ese objetivo, desde el año 2006 la Fundación UNIR Bolivia realiza esfuerzos para aportar a una mejor comprensión de la conflictividad so-cial y a la gestión constructiva de los conflictos con un enfoque de transformación, y desarrolla una tarea conti-nua de seguimiento y análisis de la conflictividad social en Bolivia, produciendo y difundiendo informes periódicos: reportes diarios, informes mensuales y semestrales.

Fruto del trabajo de la Unidad de Análisis de Conflictos de UNIR es el libro Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009 - 2011). Análisis multifactorial y perspectivas que considera un período intenso de la historia reciente del país.

En los años previos, la situación del país estuvo signada por una fuerte polarización política que enfrentó princi-palmente al gobierno y los sectores que lo apoyaban con la oposición concentrada en los departamentos de tierras bajas, lo que generó una sensación de incertidumbre y la percepción de que existía una alta conflictividad, pese a que la cantidad de conflictos era más bien baja y se produjeron pocos casos de gran intensidad, como la toma de institucio-nes, paros cívicos y enfrentamientos entre fuerzas del orden

INTRODUCCIÓN

14 Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009-2011)Análisis multifactorial y perspectivas

y movimientos sociales y cívicos en cuatro departamentos, los trágicos sucesos de Pando y el caso Rosza. Una vez neu-tralizada la oposición política de tierras bajas, aprobada la nueva Constitución Política del Estado y asegurada la se-gunda gestión de gobierno del MAS con una amplia ma-yoría de votos, se inició un proceso que debía conducir a la construcción del Estado plurinacional a través del desarro-llo de nueva normativa, institucionalidad y territorialidades, pero que fue evidenciando limitaciones y contradicciones, dando lugar a un incremento constante de la conflictividad social –de más de 1.000% entre los puntos extremos: enero de 2009, con 14 casos, y abril de 2011, con 168 casos– y a nuevos casos emblemáticos, como el bloqueo carretero y la violenta intervención policial en Caranavi en 2010, las huelgas y el paro cívico de Potosí el mismo año, las fuertes protestas contra el gasolinazo a fines de 2010 y durante el primer semestre de 2011, y el largo y complejo conflicto del TIPNIS a partir de 2011.

El libro presenta el marco conceptual que guía la labor de análisis de la conflictividad social y hace una revisión del contexto histórico de las últimas décadas a fin de si-tuar mejor la conflictividad actual. Aborda el análisis de los conflictos en 2009, año de transición política hacia un nuevo tipo de Estado a partir de la promulgación de la Constitución, en 2010 con la inauguración de una nueva etapa de gobierno del MAS, y en 2011 cuando se hacen evidentes una serie de ambivalencias y contradicciones.

Se dedica un capítulo al análisis de los factores que gene-ran los conflictos, considerando tres grandes campos de conflictividad: por la reproducción social, institucionales y político culturales, y una tipología más amplia de con-flictos que permite precisar la(s) causa(s) generadora(s): medidas económicas y situación económica de las perso-nas, laborales y salariales, prestación de servicios públicos, gestión administrativa, medidas legales, cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades, ideológico políticos, control y aprovechamiento de recursos naturales, ambien-tales, problemas específicamente urbanos (uso del espacio urbano, vivienda y seguridad ciudadana), y problemas ru-rales (tierra, límites político administrativos entre canto-nes, provincias y departamentos).

Los actores de los conflictos son otro tema importante, tanto los demandantes como los demandados –el libro

analiza el enfrentamiento entre actores sociales y el Esta-do y al interior de la sociedad–; identifica aquellos actores que pueden caracterizarse como estratégicos por su capa-cidad de movilización y su potencial de interpelación, y visibiliza aquellos otros que suelen ser poco reconocidos, como los pobladores urbanos y rurales no necesariamente articulados en una organización, las mujeres y los jóvenes, pese al importante rol que desempeñan en los conflictos. Asimismo, analiza el ámbito territorial en el que los ac-tores de la conflictividad se desarrollan, con énfasis en la conflictividad urbana ya que la mayoría de los conflictos en Bolivia son urbanos.

A fin de comprender la lógica de la conflictividad social se indaga sobre la cultura política prevaleciente en el país, analizando elementos como el interés en la política, la participación electoral, en organizaciones, la tolerancia, la confianza y otros rasgos que explican por qué se desarrolla la conflictividad de la manera en que lo hace.

Puesto que la conflictividad social se expresa en el es-pacio público, tanto en la calle como en los medios de comunicación, y en el espacio virtual creado por las nue-vas tecnologías de la información y la comunicación, y depende en gran medida de éstos, el libro aborda el tema de la influencia del espacio público reconfigurado sobre los conflictos sociales. Asimismo, sitúa la conflictividad boliviana en el contexto de la latinoamericana, lo que permite dimensionarla mejor identificando tendencias regionales de las cuales el país es parte, así como carac-terísticas propias.

Las conclusiones del libro se presentan de manera gene-ral, considerando no solamente el período de tres años objeto del análisis, sino un arco de tiempo mayor que per-mita identificar los rasgos principales de la conflictividad social boliviana. Finalmente, se ofrece un breve análisis prospectivo sobre algunos temas problemáticos que po-drían dar lugar a conflictos en el futuro inmediato.

Con esta publicación, la Fundación UNIR aspira a apor-tar elementos para la comprensión de los procesos sociales y políticos que hoy vive Bolivia, de modo que la gestión y la toma de decisiones en relación a los conflictos se orien-te de manera creciente hacia su transformación construc-tiva y pacífica.


Capítulo 1

Los conflictos sociales y la

construcción de paz


1. EL CONfLICTO SOCIAL

Aunque los conflictos sociales existen desde que existen las sociedades humanas, y ya desde la antigüedad clásica se reflexionó sobre los conflictos bélicos –Tucídides escri-bió una historia de la guerra del Peloponeso–, la conside-ración de los conflictos (más allá de las guerras) como un tema de investigación social es más o menos reciente; su aparición está ligada al desarrollo de la sociología, de la economía política y de la ciencia política, su formulación teórica se inicia a mediados del siglo XX.Varios autores de distintas épocas han concebido el con-flicto como un enfrentamiento violento entre partes –que también puede ser denominado guerra– y como un mal necesario que posee una función de mantenimiento de la capacidad de desarrollo y sobrevivencia de las sociedades, partiendo de la propensión de los diversos grupos huma-nos a la agresividad y a la violencia.El marxismo es una de las corrientes que inaugura el estu-dio del conflicto social. Desde su percepción, el conflicto es intrínseco a todo sistema social, pues éstos han forjado su historia a partir de las tensiones sociales y contradic-ciones socioeconómicas, surgiendo así la lucha de clases.1 En esa línea, otro aporte del marxismo es la concepción de la protesta social y de la revolución como estrategias y recursos propios del desarrollo social hacia nuevas y supe-riores etapas históricas, sin las cuales no podrían existir el cambio ni la transformación.

1 Lorenzo, 2001.

Desde otra perspectiva, Adam y Reynauld2 definen el con-flicto como “la continuación de la negociación por otros medios”. El conflicto, al ser un choque de intereses, puede tomar dos vías: una institucionalizada por medio de la ne-gociación y el diálogo, y otra que implica el uso de medios violentos y amenazadores. Según Lewis Coser, el conflicto social es una lucha con respecto a valores y derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, en la cual el propósito es neutralizar, dañar o eliminar a los rivales”,3 es decir que el conflicto social es un choque de intereses que tiene el obje-tivo de eliminar al otro y, por lo tanto, es una lucha de poder.De acuerdo al Diccionario enciclopédico de sociología se puede entender el conflicto social como “las divergencias, las tensiones, las rivalidades, las discrepancias, las disputas y las luchas de diferente intensidad entre distintas unida-des sociales: entre (y dentro de) los roles sociales, grupos sociales, organizaciones, sectores sociales, sociedades, Es-tados y entidades supra estales”.4

El Diccionario de política de Norberto Bobbio5 señala que el conflicto social implica “una situación de competi-ción en la que las partes son conscientes de la incompati-bilidad de futuras potenciales posiciones y en las que cada parte aspira a ocupar una posición que es incompatible con las aspiraciones de la otra. Todo conflicto presupone interacciones entre los antagonistas, lo que equivale a de-cir que un cierto grado de organización o de integración es inherente al concepto de conflicto”. De esta manera,

2 Adam y Reynaud, 1978.3 Coser, 1961.4 Hillman, 2001.5 Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991.

CAPÍTULO 1

Los conflictos socialesy la construcción de paz


Bobbio remarca el carácter organizativo prevaleciente en todo conflicto social como un rasgo importante; las mo-vilizaciones sociales, las protestas y la diversidad de medi-das de presión ejecutadas requieren de cierta organización para alcanzar los objetivos planteados. “El grupo se man-tiene mejor cohesionado si tiene una estructura en la cual descansar: jerarquía, roles y funciones definidas, reglas y disciplina, es decir, división de trabajo”.6 Este autor señala como un rasgo fundamental del conflic-to social la incompatibilidad de aspiraciones que conduce a la frustración de expectativas. Tales aspiraciones repre-sentan una de las principales causas del conflicto social, ya que si las pretensiones de status, poder o beneficios económicos no son satisfechas, surgen sentimientos de frustración y malestar que tienden a estallar en conflictos sociales.Haciendo énfasis también en las expectativas y en la orga-nización de los actores sociales, Lorenzo Cadarso define al conflicto social como un proceso de interacción conten-ciosa entre actores sociales que comparten orientaciones cognitivas, movilizados con diversos grados de organiza-ción y que actúan colectivamente de acuerdo con expecta-tivas de mejora, de defensa de la situación pre-existente o proponiendo un contraproyecto social.7

Ésta es la misma línea de pensamiento de Ralf Dahren-dorf, quien señala que “los conflictos sociales se dan siem-pre en torno a la conservación o conquista del poder, los grupos de interés se constituyen con este objetivo, y no es casualidad que los interesados dediquen la mayor parte de su atención a la esfera de la estructura de gobierno”.8 Dahrendorf considera que los conflictos sociales no pue-den ser explicados solamente desde la desigualdad o los componentes psicológicos ya que un rasgo común a todas las sociedades es la autoridad, así el origen estructural de los conflictos sociales no se encuentra “en la desigual dis-tribución de los medios de producción, sino en la desigual distribución de la autoridad”.

1.1 Teorías sobre el conflicto social

Actualmente la temática de los conflictos sociales es am-pliamente desarrollada dentro de las ciencias sociales, en

6 Nató y Rojas, 2008.7 Cadarso, y Pedro, 2001.8 Dahrendorf, 1971.

dos corrientes teóricas que la abordan de acuerdo a la función que los conflictos cumplen en la sociedad. Según Lorenzo Cadarso, las dos grandes teorías desde las cuales se aborda la interpretación del conflicto social son la con-flictivista y la consensualista.La teoría conflictivista considera los conflictos sociales como situaciones anómalas o alteraciones de la vida social. Desde esta perspectiva se considera la sociedad como un cuerpo viviente y el conflicto como una enfermedad capaz de desequilibrar el organismo. Este desequilibrio que los conflictos sociales pueden provocar en la sociedad se debe a la frustración y malestar de los ciudadanos manifesta-dos a través de protestas y luchas que pueden hacer uso de la violencia. En este sentido y haciendo énfasis en los medios de lucha y en el carácter confrontativo, belicoso y desestabilizador del conflicto, autores como Lewis Coser consideran que el objetivo último de los actores sociales es dañar y eliminar al enemigo, por lo que no contemplan instancias de diálogo y negociación.La teoría consensualista postula que el conflicto es inheren-te a cualquier dinámica social, convirtiéndose en un motor del cambio social. En esta línea se sitúa Ralf Dahrendorf para quien “no es posible encuadrar bajo el aspecto del sistema social las consecuencias del conflicto social. Por el contrario, los conflictos sólo pueden entenderse en su efi-cacia e importancia cuando se refieren al proceso histórico de la sociedad humana. Los conflictos son indispensables como un factor del proceso universal de cambio social”.9 Así pues, Dahrendorf posiciona al conflicto social en un sentido positivo puesto que cumple la función de readaptar el sistema a las contingencias innovadoras y a las expecta-tivas de los actores, siguiendo la concepción del conflicto como generador de posibilidades de cambio social.En la misma línea, Morín entiende el conflicto como un fenómeno socialmente útil, que en momentos de crisis abre grandes posibilidades al cambio pues disminuye la resistencia a propuestas innovadoras que, si bien pueden haber cuajado en la crisis, probablemente se encontraban latentes durante mucho tiempo. La realización de estos cambios sería impensable si no se diera una situación de crisis como resultado de los conflictos.De acuerdo a esta visión del conflicto, éste no sólo es in-herente al desarrollo de cualquier sociedad, sino que es

9 Dahrendorf, 1979.


necesario para el buen funcionamiento del sistema políti-co. El consensualismo postula que una sociedad sin con-flictos no es “saludable” ya que éstos expresan el malestar existente en la población por distintos motivos, así como su capacidad de organizarse y movilizarse para que se re-suelvan los problemas que la aquejan.Galtung plantea que se debe dejar de entender el conflicto como lo contrario de la paz y concebirlo, más bien, como una expresión de la energía social que podría aprovecharse aplicando medios no violentos para transformar problemas. Señala que el conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano en una situación de objetivos incompatibles, y que es tanto crisis como oportunidad. Para Galtung, el conflicto es la suma de:• Actitudes (al interior de las personas): cómo sienten y

piensan las partes, cómo perciben al otro y cómo ven sus propias metas y el conflicto.

• Comportamientos (entre las partes, incompatibilidad de objetivos, competencia): cómo actúan las partes, si buscan intereses comunes y una acción creativa y constructiva o si tratan de perjudicar y causar daño a la otra parte.

• Contradicción (al interior de la sociedad, entre capi-tal y trabajo, o entre los medios y los modos de pro-ducción): tema(s) reales del conflicto y cómo éste se manifiesta.

GRÁFICO Nº 1 / Triángulo del conflicto de Galtung

Fuente: Galtung, 2003.

De acuerdo a esta visión, el conflicto no se soluciona, sino que se transforma. A fin de convertir el círculo vicioso de la violencia en virtuoso, Galtung plantea la necesidad de trabajar en tres grandes campos de acción: análisis, ges-tión y transformación de conflictos.10 Dentro de la teoría consensualista se encuentran otros autores, como Redorta, Fisas y Lederach. Para el prime-ro, el conflicto es inherente a todos los aspectos, niveles y miembros de la sociedad, es parte de los seres humanos, de su desarrollo y evolución, y se presenta como resultado de una coyuntura específica. Redorta plantea cinco elemen-tos básicos generadores de conflicto: poder (capacidad de coacción), necesidades (búsqueda de satisfactores), valores (creencias centrales), intereses (objetivos deseados) y per-cepción y comunicación (interpretación y expresión). En ese sentido, el núcleo del conflicto está conformado por el poder y sus distintas formas que siempre se encuentra presente en las relaciones sociales.11

En esta misma línea, Lederach asume el conflicto como un fenómeno cotidiano y normal que se encuentra pre-sente en todas las relaciones humanas y se constituye en un motor de cambio. Por su parte, Fisas entiende el conflicto como un proceso interactivo que se da en un contexto determinado; como una construcción social dis-tinta de la violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto), que suele ser producto de antagonismos o de una incompatibilidad (inicial, pero superable) entre dos o más partes, y que expresa una in-satisfacción o desacuerdo sobre temas diversos. Para Fisas el conflicto puede ser positivo o negativo, según cómo se aborde y cómo concluya, si es conducido, transformado y superado puede convertirse en paz.12 En el presente estudio se asume el conflicto como un he-cho social inevitable y como un elemento fundamental de la dinámica social en tanto es resultado de los problemas existentes en la sociedad y expresión de las necesidades y demandas de la población; en ese sentido el conflicto puede ser útil para crear las condiciones necesarias para realizar cambios que permitan mejorar las condiciones de vida, lograr más equidad y justicia en la sociedad. Por ello los conflictos no son en sí mismos positivos o negativos, depende de cómo se planteen –es necesario reconocer

10 Fundación UNIR Bolivia, 2011.11 Redorta, 2004.12 Fisas, 2005.

BComportamiento

FUERA

AActitudes presunciones

DENTRO

CContradicción

ENTRE


que no todos los conflictos son legítimos y que, en oca-siones, más que visibilizar problemas a corregir y viabili-zar transformaciones necesarias, pueden generar daños a la convivencia democrática, a la economía, etc.– y cómo se gestionen para que tengan resultados positivos (trans-formación) o negativos (fragmentación social, violencia, rencores).Por tanto, no se trata de eliminar los conflictos –tarea por demás imposible–, sino de esclarecer su sentido, discrimi-nando entre aquellos que pueden contribuir al bien común y los que responden a intereses pequeños y mezquinos, entre aquellos que persiguen cambios sociales necesarios y los que se orientan a conservar un orden de cosas. Se trata también de gestionar los conflictos constructivamente –a través del diálogo y la negociación–, cuidando las relacio-nes entre las partes y visibilizando las causas estructurales que los determinan a fin de que se atiendan eficazmente y no deriven en violencia.La gestión constructiva de conflictos con enfoque de transformación plantea una vía que va más allá de su resolución puntual, partiendo del análisis multidimen-sional y multifactorial de la realidad en la que surgen, buscando identificar y reconocer las posiciones, intere-ses y necesidades de las partes, así como la historia de las relaciones entre éstas que derivan en situaciones de confrontación.13 Así se busca producir cambios coyun-turales (cese del conflicto y de la violencia) y cambios estructurales (atención de los problemas de fondo y de las relaciones entre las partes enfrentadas) a fin de pro-mover una paz sostenible.

2. LA vIOLENCIA y LA OPCIÓN DE LA PAz

El concepto de cultura de paz es poco conocido en Bolivia y, con frecuencia, mal comprendido. Se tiende a entender-lo como un estado ideal, posible más en la imaginación que en la realidad, o como una suerte de anestésico que calmaría las protestas ante las situaciones de desigualdad e injusticia, como un instrumento para el aplacamiento de las demandas sociales, lo que ha hecho que caiga en el descrédito, al menos para los sectores más politizados. También se lo suele vincular con la doctrina cristiana que manda “dar la otra mejilla” frente al agresor.

13 Fundación UNIR Bolivia, 2011.

Si bien la cultura de paz supone el cese de la violencia en sus distintas formas, también implica la superación de las condiciones de desigualdad e injusticia existentes en la sociedad, por lo que no significa el mantenimiento del statu quo, ni tiene nada que ver con la pasividad y el con-formismo.La construcción de paz significa la ausencia o disminu-ción de todo tipo de violencia, es decir que comprende la paz directa, entendida como la regulación no violenta de los conflictos, la paz estructural o armonía del ser humano consigo mismo y con la naturaleza, sin desigualdades al interior de las sociedades y satisfaciendo las necesidades humanas materiales y espirituales, y la paz cultural o exis-tencia de valores mínimos compartidos.Nuestras sociedades están lejos de alcanzar esta situación. En el pasado reciente se han vivido algunos de los episo-dios bélicos más trágicos de la historia de la humanidad. Durante el siglo XX, 110 millones de personas perdieron la vida en conflictos armados,14 las dos guerras mundia-les cobraron cifras inmensas de víctimas –16 millones de muertos la primera y 36 millones la segunda, con geno-cidio de judíos, gitanos, homosexuales y discapacitados y el lanzamiento de la bomba atómica contra Hiroshima y Nagasaki–, la guerra de Corea, el genocidio de Camboya, la guerra civil de Nigeria, la guerra del Vietnam, la gue-rra civil del sur de Sudán, la invasión india a Bangladesh, la guerra civil de Rusia, la guerra civil española, la gue-rra civil de Yugoeslavia, el genocidio armenio, las luchas entre musulmanes e hindúes en la India, el genocidio de Ruanda, la guerra entre Etiopía y Eritrea y la guerra Irán-

14 Para la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autónoma de Barcelona, conflicto armado es todo enfrentamiento prota-gonizado por grupos armados regulares o irregulares con obje-tivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víc-timas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (población herida o desplazada, violencia sexual, insegu-ridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la violencia común y normal-mente vinculados a demandas de autodeterminación y autogo-bierno, o aspiraciones identitarias; la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha por acceder o erosionar el poder; o al control de los recursos o del territorio.


Iraq, provocaron cerca de 18,5 millones de muertos.15 En el continente americano, otros conflictos armados, como la guerra del Chaco entre Bolivia y el Paraguay, el largo conflicto armado en Colombia, las guerras civiles de Gua-temala y El Salvador, dejaron también cientos de miles de víctimas.En lo que va del nuevo siglo, la cantidad de conflictos ar-mados en el mundo ha disminuido, y con ello el número de víctimas por esa causa.16 El Programa de Conflictos de la Universidad de Uppsala señala que de 32 conflic-tos armados de gran intensidad en 1990, en el año 2000 se pasó a 19, en 2009 a 17 y en 2010 el número se ha-bría estancado. En 2011 casi la totalidad de los conflictos armados ocurren al interior de un país y en dos terceras partes están vinculados a demandas de autogobierno y a cuestiones identitarias; es también importante la oposi-ción a gobiernos y al sistema político, socioeconómico o ideológico de un Estado. Aproximadamente la mitad de los países con conflictos armados internos tienen un Índi-ce de Desarrollo Humano y una renta por habitante bajos, lo que permitiría establecer una correlación entre la con-flictividad violenta y la pobreza y falta de oportunidades de desarrollo.17 La mayor parte (82,5%) de los conflictos armados finali-zados en los últimos veinte años fue resultado de acuerdos de paz, sólo 17,5% de victorias militares,18 lo que mues-tra un claro avance del papel que la negociación tiene en la resolución de las confrontaciones. Algunos expertos, como Fisas, consideran que el mundo podría estar próxi-mo al fin de los conflictos armados ya que la guerra ha perdido legitimidad como método de resolución de con-flictos y es percibida, cada vez más, como un fenómeno propio del pasado.Si bien la reducción del número de conflictos armados supone un progreso significativo de la humanidad, exis-ten otras situaciones de violencia que están experimen-tando un crecimiento alarmante: la mayoría de las víc-timas de las guerras son civiles y la violencia bajo otras modalidades, como el terrorismo, parece incrementarse en el mundo.

15 Fisas, 2010.16 Ibídem.17 Ibídem.18 Ibídem.

2.1 El concepto de paz y cultura de paz

En las comunidades arcaicas la idea de paz estaba vin-culada con la naturaleza como madre nutricia a la que se reverenciaba. Con la diferenciación y complejización de las sociedades surgió en los pueblos indoeuropeos una concepción muy distinta, de acuerdo a la cual la guerra era el estado natural de la existencia en sociedad. Poste-riormente, el nacimiento del Estado, en tanto institución, dio origen a una idea de la paz como contrato jurídico institucional.19

En la tradición occidental clásica, la paz (eirene en latín) era entendida como la ausencia de guerra, es decir como ausencia de la forma más extrema de la violencia directa. Esta situación era la que prevalecía entre guerras y era deseable solamente como un período intermedio entre éstas; la guerra era concebida como una actividad noble puesto que constituía la vía para engrandecer y consolidar la res pública y el imperio. Así, la pax romana como la ley y el orden instituidos a partir de la victoria bélica, consti-tuía una situación de sumisión tanto del pueblo romano como de los pueblos sometidos mediante las guerras de conquista.En Leviatán (1651), Hobbes planteó que en la condición de estado de naturaleza, los hombres viven en perpetuo peligro de guerra de todos contra todos, por lo que es ne-cesaria la sumisión de un pueblo por contrato al domi-nio de un soberano que le permita alcanzar la paz. Así, la paz se vincula al principio de autoridad y al fundamento del derecho, el contrato social hace posible que cada cual transfiera su derecho propio a un poder absoluto que ga-rantice un estado de paz. Por su parte, Kant sostenía que la paz no es el estado natural del hombre y que, por tanto, debía ser instaurada. En La paz perpetua (1795) planteó la creación de una federación de estados independientes, en la que cada uno ofrezca las garantías de un estado de derecho y se sustente en una constitución republicana que garantice la libertad de los ciudadanos, asegure una legis-lación para todos y defienda la igualdad de sus súbditos para alcanzar la paz.Marx y en general el pensamiento de matriz marxista de-sarrollan la idea de que la violencia es el motor del cambio histórico (la violencia es la partera de la historia), dando lugar a posiciones políticas e ideológicas que justifican el

19 Dietrich en www.uibk.ac.at Peace studies.


uso de la violencia para el logro de objetivos de mejora-miento de las condiciones de vida de la población, supera-ción de la injusticia, etcétera. Otra concepción sobre la paz asociada a la moral y a la espiritualidad es la adoptada por el judaísmo (shalom no significa solamente ausencia de hostilidades, sino tam-bién retorno al equilibrio, a la justicia y a la igualdad), cristianismo, confucionismo, hinduismo y budismo.20 En esa línea, Martin Luther King, líder de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz 1964, planteaba que la violencia “…es poco práctica porque es una espiral descendente que termina en des-trucción para todos. Es inmoral porque busca humillar al oponente en vez de hacerlo entender, busca aniquilar en lugar de convertir. La violencia es inmoral porque acrecienta con fuerza el odio en vez del amor, destruye la comunidad y hace imposible la hermandad. Deja a la sociedad en monólogo en vez de en diálogo. La violencia termina derrotándose a sí misma, produce amargura en los sobrevivientes y brutalidad en los destructores. La no violencia es un arma poderosa y justa. De hecho, es un arma única en la historia, pues corta sin herir y ennoblece al hombre que la empuña”.21

La experiencia traumática de las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX condujo a una reconsidera-ción de las ideas que hasta entonces se habían planteado sobre la guerra y la paz en vinculación con las relacio-nes internacionales y se vio la necesidad de introducir regulaciones que permitieran consolidar la situación al-canzada al finalizar las guerras y evitar una nueva con-flagración.Era evidente que los estados nacionales no serían capa-ces por sí mismos de lograr estos objetivos, por lo cual se requería conformar entes supranacionales que se encarga-ran de estas tareas. Con esa finalidad se crearon, primero, la Sociedad de las Naciones que fracasó en su objetivo y, en 1945, la Organización de las Naciones Unidas, cuya carta constitutiva establece la necesidad de afianzar la paz y la seguridad, prevenir las posibles causas de dificulta-des y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros.22

20 Dietrich en www.uibk.ac.at peace studies.21 CAF, CLMR, Fundación Bigott, 2002.22 http://www.oimconosur.org/imagenes/documentos_pdf/275.pdf

En esa misma línea, la Declaración Universal de los De-rechos Humanos de 1948 estableció la universalización de un orden jurídico mundial que defienda los derechos humanos fundamentales y promueva la convivencia pací-fica internacional. En la década de 1970, las propuestas de Johan Galtung permitieron encontrar nuevos rumbos para la conceptua-lización de la paz. Superando la idea reduccionista de que es lo contrario de la guerra, señaló que la paz es la ausen-cia de violencia directa, estructural y cultural y que se trata de un proceso a desarrollar. Definió la violencia directa como las agresiones físicas o psicológicas que impiden el desarrollo pleno del ser humano, la violencia estructural como la situación en la que las estructuras político eco-nómicas impiden a los individuos y grupos desarrollar el potencial de sus capacidades mentales y físicas (pobreza, recorte de libertades políticas, etc.) y la violencia cultural como las creencias, valores, modos de pensar y de diri-gir las acciones –racismo, machismo, etnocentrismo, odio religioso, etc.–, que se convierten en “sentidos comunes”, invitando a la violencia directa y/o intentando legitimar la violencia estructural. Señaló que estas tres formas de violencia constituyen una unidad cuyos distintos aspectos se condicionan mutuamente, por lo que la violencia puede iniciarse en cualquiera de esos ámbitos y transitar de uno a otro.23 Si bien Galtung concibe el conflicto como un fenómeno social inevitable, cree que la violencia puede evitarse. A fin de romper el círculo vicioso de la violencia y avanzar en la construcción de paz, señala la necesidad de aprovechar el conflicto actuando en los campos de la resolución, recons-trucción y reconciliación. En esa misma época, Pierre Bourdieu añadió una cate-goría más a las planteadas por Galtung, la violencia sim-bólica, que se expresa en la imposición de una visión del mundo, roles sociales, categorías de conocimiento y es-tructuras mentales. Se trata de una violencia invisible, que se ejerce con el consenso de quien la padece, que llega a pensarse a sí mismo con las categorías de quien lo do-mina, escamoteando las relaciones de poder subyacentes, como es el caso de la subordinación de la mujer que se ha naturalizado al punto de parecer inherente a las diferen-cias entre géneros.

23 http://yopolitico.blogspot.com/2008/10/la-paz-positi-va-y-paz-negativa.html


En 1989 la UNESCO definió la paz como el respeto a la vida, la adhesión a los principios de libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre todos los seres humanos y la relación armoniosa entre la humanidad y la naturaleza.24 Diez años después, la ONU aprobó una Declaración so-bre la cultura de paz, que la define como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violen-cia, la promoción y la práctica de la no violencia por me-dio de la educación, el diálogo y la cooperación, el respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, la satisfacción de las necesida-des de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presente y futuras, el respeto y la promoción del derecho al desarrollo, el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hom-bres, el respeto y el fomento del derecho de todas las per-sonas a la libertad de expresión, opinión e información. A lo largo del siglo XX, el tema de la paz y de la cultura de paz fue evolucionando y posicionándose progresivamente en la agenda internacional; desde un enfoque restringi-do de la paz como ausencia de guerra se transitó a un concepto más amplio vinculado con la justicia social, la equidad, el diálogo, los derechos humanos y el respeto del medio ambiente.Hoy es necesario buscar alternativas que permitan hacer realidad el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos, la vigencia de la democracia representativa y participativa, de un orden económico justo y equitativo que posibilite la superación de la pobreza, el desarrollo humano integral y la relación armónica con la naturaleza, como factores indispensables para la construcción de una cultura de paz.

3. LA INTERCULTURALIDAD y EL CONSTRUCTIvISMO POLÍTICO COMO OPCIONES DE PAz

Bolivia es un país heterogéneo, conformado por distintos pueblos, sectores sociales y grupos regionales, con graves problemas de pobreza y desigualdad que han dejado a los

24 Congreso Internacional de la UNESCO “La paz en el espíritu de los hombres”.

sectores indígenas, a las mujeres, a las personas de opción sexual y de capacidades distintas y a otros grupos en con-diciones de exclusión y discriminación, lo que constituye una seria limitante para el desarrollo humano sostenible. Las políticas estatales –que calaron hondamente en la sociedad– respecto a la diferencia constitutiva del país han transitado por etapas distintas a lo largo de la histo-ria. Se ha intentado negar la diferencia (Estado minero feudal), homogeneizar a los diferentes (nacionalismo re-volucionario de los años 50 y 60), mantener la diferencia sin que nada cambie (multiculturalismo de los años 90) y exacerbar la diferencia en detrimento de los aspectos comunes (política de identidades a partir del año 2000). Ninguna de estas líneas políticas ha resuelto la situación de desigualdad, aunque hay que reconocer que el país ha ido avanzado en la reducción de la pobreza y la margi-nalidad. En ese marco, la interculturalidad aparece como una op-ción distinta que podría hacer posible la erradicación o, al menos, una disminución significativa de estos graves problemas. La interculturalidad puede ser entendida como la interac-ción equitativa entre diversas visiones y prácticas sociales, económicas, políticas y culturales, sin que una de éstas se convierta en centro dominante y punto de universalidad. Esto supone generar condiciones de igualdad efectiva de derechos y obligaciones para sujetos individuales y colec-tivos distintos, reconociendo la interdependencia existen-te entre éstos por cuanto tienen relaciones convergentes y de complementariedad, así como fines comunes que de-ben ser compartidos. Así, la interculturalidad busca tanto el reconocimiento de la diferencia como la visibilización de los denominadores comunes puesto que son éstos los que hacen posible la construcción de un proyecto de país que cobije y represente a todos. La equidad es el corazón de la interculturalidad, implica la distribución justa de bienes y de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. En ese sentido, la equidad y la democracia están relacionadas porque ésta tiene como núcleo la idea de igualdad en la constitución de los sujetos y porque la equidad implica la profundi-zación de la democracia, la ampliación de los espacios de participación en la esfera pública y en los procesos de toma de decisiones, teniendo como marco el bien co-mún.


Si bien la interacción entre diversas visiones y prácti-cas implica la aceptación y valoración de la diferencia, esto no significa un relativismo cultural en el sentido de que toda práctica cultural sea aceptable puesto que el límite está determinado por los derechos humanos uni-versalmente reconocidos (de primera, segunda y tercera generación), que representan avances cruciales de la hu-manidad. La interculturalidad supone lograr la articulación y com-plementación de lo individual y lo colectivo, de manera que uno no se subordine a lo otro, lo que tiene importantes re-percusiones sobre el ejercicio de ciudadanía.Si se entiende la interculturalidad en esos términos es evidente que Bolivia no es un país intercultural, aunque existen algunos ejemplos de ello, como la articulación entre la democracia representativa basada en el ciuda-dano individual y las formas organizativas tradicionales indígenas, las prácticas económicas mercantiles y de otro tipo, incluso de reciprocidad, la interpenetración del cas-tellano y de las lenguas indígenas, la simbiosis entre la matriz religiosa autóctona y la cristiana, las festividades en las que confluyen tradiciones culturales distintas y otros varios. Sin embargo, un análisis objetivo de las actitudes y prác-ticas generales muestra que Bolivia aún está lejos de ser un país intercultural; las condiciones básicas para su reali-zación están ausentes: conocimiento, tolerancia, respeto y confianza hacia el otro, hacia el diferente. La intercultura-lidad es, pues, un proceso a desarrollar a nivel del Estado y de la sociedad. Entendida en esos términos, la interculturalidad puede parecer una utopía más que una posibilidad real ya que las sociedades están atravesadas por el poder y la des-igualdad; sin embargo puede ser una guía útil para se-ñalar el camino que debiera transitarse para aproximarse a la construcción de una sociedad y de un Estado más equitativos.La política constructivista aspira a establecer un orden común, entendiendo que éste no se encuentra exento de tensiones y conflictos ya que los actores sociales se con-figuran y reconfiguran en sus intereses y objetivos en el juego de las relaciones de poder y en el conflicto. Esto supone un sistema de expectativas y reconocimientos re-cíprocos entre los actores, en el que el desarrollo de una cultura de solidaridad de procedimientos incluye formas

de interacción política que suponen reciprocidad entre los involucrados.25 A diferencia del autoritarismo que niega al otro y lo con-sidera como un enemigo al que se debe derrotar, el cons-tructivismo político reconoce al otro, considerando que su participación y aporte social y político son de fundamen-tal importancia.Partiendo de la idea de que los conflictos sociales ponen a prueba la capacidad de los sistemas políticos para respon-der a las necesidades y demandas sociales, el constructi-vismo político intenta fortalecer y mejorar las relaciones entre los actores del conflicto, evitando que la incompa-tibilidad de intereses y objetivos, o la percepción de in-compatibilidad, conduzca a una confrontación y a una escalada de la violencia. El constructivismo político y la interculturalidad se vin-culan ya que ambas son opciones pluralistas que parten del reconocimiento de las diferencias y discrepancias en distintos planos, así como de los denominadores comunes a todos los miembros de la sociedad; postulan la libertad política que hace posible la construcción de opciones a partir de las distintas identidades, valores y aspiraciones personales y colectivas,26 buscan fortalecer y profundizar la democracia y construir un horizonte común –no exento de conflictos– a través de la articulación y coordinación entre los distintos actores, de esa manera ambos aportan al desarrollo de una cultura de paz.El conflicto y la opción de paz no son excluyentes ni con-trarios entre sí. La mayoría de las corrientes aquí abor-dadas como referencia, desde la concepción marxista de la lucha de clases hasta los estudios sobre la violencia de Johan Galtung, reconocen, unos más otros menos, la im-portancia y funcionalidad de los conflictos para las so-ciedades como promotores del cambio y conectores en-tre las carencias de los grupos sociales, sus aspiraciones y los alcances de las gestiones político administrativas para atenderlas. Los conflictos no son divergencias simples, las más de las veces tienen carácter multidimensional, se desen-vuelven en la transversalidad de los problemas que en-frentan los distintos grupos sociales y frecuentemente

25 Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011.26 Sen, 1997 y 1999 citado en Calderón, Fontana, Nava y Pacheco,

2011.


expresan relaciones y tensiones políticas y estructurales no resueltas.

Una de las mayores diferencias existentes entre las distin-tas concepciones de conflicto reside en la menor o mayor tolerancia frente a sus resultados colaterales. Sin embargo, los enormes costos humanos de las guerras modernas, de los genocidios a causa de diferencias étnicas y culturales y de los enfrentamientos políticos, han conducido a cues-tionar, desde distintos ámbitos, la potencialidad violenta del conflicto. En ese sentido, los esfuerzos que se desarro-llan actualmente para investigar y comprender el conflicto parten del reconocimiento de que es fundamental apren-

der de éste para desarrollar alternativas que permitan una gestión constructiva, evitando su escalamiento violento. Además, considerando que los conflictos son señales de la existencia de problemas no resueltos, de aspiraciones y expectativas no satisfechas, se trabaja para orientar la gestión de los conflictos hacia su transformación, lo que significa promover políticas y estrategias que permitan resolver los problemas estructurales que los originan. Por último, pero no menos importante, los esfuerzos buscan también incidir sobre las relaciones entre las partes, de manera de superar los desencuentros y tensiones resultan-tes del conflicto evitando que se conviertan en rencores duraderos que lo perpetúen.

Capítulo 2

El contexto histórico

boliviano


1. LA CONfIGURACIÓN SOCIOhISTÓRICA DE bOLIvIA

El conflicto es un elemento inherente a la sociedad bo-liviana y se encuentra presente de manera constante a lo largo de su historia. El conflicto tiene un importante lugar en el imaginario nacional como motor de los cambios y transformaciones que se han producido en distintas eta-pas, por eso se lo valora positivamente, aunque en algunos momentos y en algunos sitios –como la ciudad de La Paz que, por ser sede de gobierno, concentra el grueso de la conflictividad social– se tiende a enfatizar sus aspectos negativos (entorpecimiento o interrupción de las activi-dades, especialmente laborales, con las consiguientes pér-didas económicas, disrupción de la paz pública, etcétera).La población boliviana considera que las transformacio-nes socioeconómicas y políticas que han contribuido a mejorar sus condiciones de vida, superando situaciones de injusticia, se deben a la lucha social, dentro de la cual, la conflictividad –e incluso la violencia– es central. Así, por ejemplo, una autoridad de la ciudad de Potosí sostie-ne que la violencia “…es una forma de hacerse escuchar, de llamar la atención (…) de las autoridades, y como un medio frente al cansancio que han tenido las personas de recurrir de forma muy pacífica, si se quiere; entonces se ha agotado toda esa tolerancia, se han agotado todos esos pasos y no queda otra cosa más que recurrir a la violencia para ser escuchado.”1

1 Entrevista a autoridad de la ciudad de Potosí dentro del proceso de investigación sobre representaciones sociales en relación a la cultura de paz realizado por la Fundación UNIR en 2010 - 2011.

Así, la historia de Bolivia, desde el punto de vista de la con-flictividad sociopolítica, es tumultuosa. En gran parte ha estado signada por las crisis, la ruptura del orden estable-cido y la violencia. En los albores del siglo XX se vivió la guerra civil conocida como “revolución federal”, durante la cual se produjo el levantamiento indígena conducido por Pablo Zárate Willka que fue aplastado por los liberales triunfantes. En los años treinta la derrota del Chaco no sólo supuso una pérdida territorial importante para el país, sino también una aguda crisis sociopolítica como resulta-do del agotamiento de la república oligárquica; en los años siguientes la crisis se fue ahondando, expresión dramática de ello fueron la masacre de Catavi en 1942, el violento derrocamiento de Villarroel en 1946, las revueltas mineras y la masacre de Siglo XX y el intento de golpe de estado en 1949. Esta crisis finalmente encontró un desenlace en la revolución del 52 que durante un breve tiempo generó grandes ilusiones populares hasta que se hicieron evidentes sus enormes limitaciones y su carácter populista. A fines de la década del sesenta y a principios de los años setenta se produjo un vigoroso avance del movimiento popular, que tuvo como puntos culminantes los gobiernos de Ovando y de Torres, el primero establecido a través de un golpe militar progresista y el segundo resultado de la resistencia popular contra un nuevo golpe de estado, esta vez de signo regresivo, que colocó un triunvirato en el gobierno durante unos pocos días. La breve y frustrada experiencia de la Asamblea Popular entre 1970 y 1971 y el creciente éxito electoral de la UDP y del PS1 al fina-lizar la década fueron frenados por los cruentos golpes de estado de 1971 y 1980, sumiendo al país en un largo período dictatorial que canceló todas las libertades. Sin embargo, a medida que los regímenes militares se debi-

CAPÍTULO 2

El contexto histórico boliviano


litaban, la protesta social y política se iba fortaleciendo y las organizaciones sociales recobraban protagonismo; así, a fines de 1977 una huelga de hambre encabezada por un pequeño grupo de mujeres mineras logró derribar al ya menguado gobierno de Bánzer y recuperar la demo-cracia. En el nuevo siglo, la profunda crisis estatal que se había ido gestando durante la última etapa de gobiernos neoliberales estalló violentamente en 2003, ocasionando la caída de Sánchez de Lozada.Para comprender mejor la conflictividad social en Bolivia es necesario indagar sobre la relación existente entre esta historia convulsa, las características socioculturales y la estructura política del país. En este sentido parece impor-tante empezar por considerar cómo se asumió el carácter heterogéneo de la sociedad boliviana y cómo se actuó en relación a éste.En la etapa oligárquica la pluralidad del país, y especial-mente su contenido indígena, era un problema y un obstá-culo para el desarrollo nacional, frente al cual no cabía otra alternativa que la constitución de un modelo de lo bolivia-no sobre la base de la clase dominante, blanca, de cultura occidental y de lengua castellana. Los primeros cien años de Bolivia están signados por el debate entre las posicio-nes más cerradas y duras, como el “darwinismo social” que planteaba la inevitable desaparición del indio debido a su inferioridad racial, y las que de alguna manera se mostra-ban más abiertas al reconocimiento de la diferencia.2 3

La revolución de 1952, que fue resultado de las moviliza-ciones populares de obreros, campesinos y sectores medios urbanos, llevó al gobierno al MNR, partido que buscaba constituirse en expresión de la alianza de clases y que adop-tó una serie de medidas dirigidas a liquidar el Estado mine-ro feudal y eliminar el modelo de lo boliviano centrado en las élites blancas-criollas, sustituyéndolo por uno asentado sobre la figura del mestizo. A través del mestizaje se bus-caba resolver el problema de la desigualdad existente en el país y avanzar en la construcción de una nación de ciuda-danos. Se desarrollaron esfuerzos para la creación de una burguesía nacional y de un mercado interno, se estableció el voto universal y se cambió la CPE que, a partir de 1961, estableció la ciudadanía para todos los mayores de 21 años,

2 Quiroga, 2009.3 Son representantes destacados de estas tendencias Gabriel René

Moreno y Alcides Arguedas, por una parte, y Bautista Saavedra y Franz Tamayo, por otra.

independientemente de su grado de instrucción, ocupación o renta, de manera que todos los habitantes del país fueran iguales en sus derechos. Estas medidas se complementaron con un proyecto de homogenización cultural sustentado en la educación, de manera de hacer que todos los bolivianos participen de la cultura mestiza y de la lengua castellana. ¿Qué consecuencias tuvieron estas políticas sobre la plura-lidad de la sociedad boliviana, la percepción de la diferencia y la construcción de identidades? Si en la etapa oligárquica se mantuvieron las identidades indígena, mestiza y otras, en las décadas siguientes a la revolución nacional, la población de las áreas rurales, despojándose de sus identidades indí-genas particulares, se identificó como campesina-mestiza ya que era la estrategia más conveniente para negociar con el Estado, cuyo discurso –a tono con las corrientes interna-cionales– era el del mestizaje. Sin embargo, esta suerte de mimetismo no significó la desaparición de las identidades indígenas, que en los úl-timos treinta o cuarenta años dejaron atrás el proyecto de mestizaje del 52 y emergieron con mayor fuerza. Estas nuevas identidades fueron adquiriendo un perfil propio y fortaleciéndose en la lucha política vanguardizada por el katarismo, como parte del movimiento indígena de tierras altas. A fines de los años setenta, el ala moderada del katarismo, a través del MRTK, estableció alianza con la Unidad Democrática Popular, coalición de partidos de izquierda y con la COB, a diferencia del sector indianista más radical organizado en el MITKA, que se mantuvo independiente. La presencia del katarismo y del indianis-mo en la política nacional ha sido muy significativa; la introducción de un enfoque étnico cultural en la lucha política, que en gran medida se debe a su labor, modificó profundamente la práctica política nacional con conse-cuencias que se prolongan hasta el presente. Mientras el movimiento obrero, tradicionalmente lideri-zado por los mineros, desde los años setenta y ochenta ingresaba en un franco proceso de declinación como re-sultado de la crisis de la minería estatal, el movimiento indígena se fortalecía y, poco a poco, lo iba reemplazan-do. El debilitamiento de las organizaciones obreras que habían sido la vanguardia política en Bolivia frente a las masas campesinas fácilmente manipulables –el “pacto mi-litar campesino” las mantuvo bajo la tutela de las Fuerzas Armadas hasta la década del setenta, aunque ya fracturado como consecuencia del intento de Barrientos de imponer un Impuesto Único Agropecuario, que fue muy resistido por


el campesinado–, culminó en 1985 con la promulgación del D.S. 21060, que marcó el inicio de las políticas de corte neoliberal, y con la “relocalización” minera que que-bró el espinazo del movimiento obrero. El vacío político creado por el eclipse del movimiento obrero fue progresi-vamente ocupado por los indígenas, especialmente por los aymara, que ya hacía más de una década habían iniciado un intenso proceso de politización con un peso e influen-cia crecientes en la vida nacional, asumiendo acciones contestarias basadas en el reconocimiento de su identidad y su situación de exclusión.4 En la década del noventa, las políticas multiculturalistas y el discurso de lo pluri multi enmarcados en las ten-dencias internacionales de la época, brindaron un fuerte respaldo estatal al desarrollo de identidades étnicas, lo que se expresó a través del reconocimiento constitucio-nal del carácter pluriétnico y multicultural del país, del reconocimiento legal de los territorios indígenas y de las organizaciones territoriales de base que otorgaban recur-sos y poder de decisión a sujetos sociales hasta entonces marginados en el marco de una propuesta modernizadora liberal. Evidentemente esto que significaba un muy im-portante avance en términos de inclusión social implicaba también, y por lo mismo, la aplicación de un freno a las luchas indígenas de carácter transformador.En este sentido resulta interesante lo que Slavoj Zizek plantea sobre el multiculturalismo como la forma ideal de la ideología del capitalismo global, que –desde una suerte de posición global vacía– trata a cada cultura local como el colonizador trata al colonizado, como “nativos” que deben ser estudiados y respetados, desde una distancia eurocéntrica condescendiente, que es posible gracias a su posición universal privilegiada. Manteniendo un privile-giado “punto vacío de universalidad”, desde el cual se pue-de apreciar (y despreciar) las otras culturas. Así, el respeto multiculturalista por el otro sería una forma de reafirmar la propia superioridad.5 Es lo que señala Aníbal Quijano explicando los rasgos fun-damentales de la colonialidad del poder: “La hegemonía

4 Este proceso contribuyó al fortalecimiento de la CSTUCB y pos-teriormente al surgimiento de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, alianza entre la CSUTCB, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y las federaciones de productores de coca, que sería la base para la creación del MAS.

5 Zizek, 1998.

del eurocentrismo se estableció como la perspectiva de co-nocimiento, quedando las poblaciones indígenas atrapadas entre el patrón epistemológico aborigen y el eurocéntrico, como racionalidad instrumental o tecnocrática.” 6

Retomando a Zizek, éste argumenta que “la coexistencia híbrida de mundos culturalmente diversos es el modo en que se manifiesta la problemática opuesta: la presencia masiva del capitalismo como sistema mundial universal (…) Esto da testimonio de la homogeneización sin prece-dentes del mundo contemporáneo. Es como si, dado que el horizonte de la imaginación social ya no nos permite considerar la idea de una eventual caída del capitalismo (se podría decir que todos tácitamente aceptan que el ca-pitalismo está aquí para quedarse), la energía crítica hu-biera encontrado una válvula de escape en la pelea por diferencias culturales que dejan intacta la homogeneidad básica del sistema capitalista mundial.”7

Por su parte, Finkielkraut señala que en el multicultura-lismo “no se aspira a una sociedad auténtica, en la que todos los individuos vivan cómodamente en su identidad cultural, sino a una sociedad polimorfa, a un mundo abi-garrado que ponga todas las formas de vida a disposición de cada individuo.”8 Hay que recordar que el multiculturalismo, como ideología y política, surge en países en que los “otros” son minorías, indígenas, negros, inmigrantes, a las que se permite mante-ner sus propias culturas siempre y cuando no afecten el nú-cleo cultural nacional. En realidades como la boliviana, en la que los “otros” son sectores mayoritarios o al menos muy significativos en términos de su importancia demográfica, el efecto de las políticas multiculturales cambia de fondo ya que resulta en la enajenación por medio del mantenimiento de una universalidad que no es un fruto propio.Luis Tapia plantea que “sólo después de la confrontación y sustitución entre nacionalismo y neoliberalismo, el discurso de la multiculturalidad aparece como un buen sustituto del nacionalismo revolucionario, ya que tiene un aire progre-sista y democrático.”9 El reconocimiento de las diferencias étnicas que realiza el multiculturalismo precisa, como sos-tiene Tapia, una identidad nacional que se constituya en el

6 Quijano, 1998. 7 Zizek, 1998.8 Finkielkraut citado en Estrach, 2003. 9 Tapia, 2002.


punto de referencia de las diversidades. Como lo demues-tran diversos estudios, éste es precisamente uno de nuestros vacíos centrales: identidad nacional, proyecto nacional, por lo que, en su ausencia, el referente es esa universalidad que representa sólo una parte de la realidad del país. Es interesante rescatar también la denuncia que, desde los estudios feministas, realiza Marcela Lagarde: “voces con-servadoras de diversas ideologías nos llaman al respeto a la diversidad para preservar ese orden inequitativo que, como el multiculturalismo, convierte a las mujeres en fó-siles vivientes de sus usos y costumbres.”10

Considerando todos estos elementos que Silvia Rivera re-úne en su análisis crítico de la realidad boliviana a fin de desentrañar la matriz colonial del país: “La contradiccio-nes coloniales profundas y las que surgen como resultado de las reformas liberales y populistas son, aún hoy, en una sociedad abigarrada, como la boliviana, elementos crucia-les en la forja de identidades colectivas. (…) La identidad india, la identidad mestiza y la q’ara o blanca se constitu-yeron en el marco estructurante del hecho colonial (...) Lo ‘indio’ o lo ‘cholo’ en Bolivia no sólo lo son ‘en sí’ ni ‘para sí’ mismos, sino ante todo ‘para otros’, son identidades re-sultantes de una permanente confrontación de imágenes y autoimágenes; de estereotipos y contraestereotipos.”,11 resulta evidente que el largo, complejo y zigzagueante proceso de construcción identitaria en el país ha estado tensionado entre la enajenación y la búsqueda de un “ser para sí”, proceso en el que la institucionalidad estatal ha jugado un rol más bien regresivo por encontrarse, al igual que la sociedad, escindida entre el reconocimiento y la ne-gación de sí misma, profundamente herida. Así, el agotamiento de las políticas multiculturalistas en Bolivia es resultado y, al mismo tiempo, facilitó el surgi-miento de demandas de transformación social y estatal que permitieran la recuperación/construcción plena de las identidades y proyectos de los distintos grupos que con-forman el país y la búsqueda de equidad efectiva.

2. LA CRISIS ESTATAL EN EL NUEvO SIGLO

Con la llegada del nuevo siglo se evidenció una crisis esta-tal que puso al descubierto lo que Silvia Rivera plantea de

10 Lagarde, 2007.11 Rivera, 1993.

la siguiente manera: “El pacto liberal, o el pacto populista o el pacto neoliberal no han conseguido sustituir demo-cráticamente al pacto colonial en la medida en que con-tinúan siendo imposiciones de uno de los polos hacia el otro.”12 La sociedad boliviana no creía ya en esos pactos y, altamente organizada y empoderada en los movimientos sociales portadores de un proyecto transformador, busca-ba la construcción de un nuevo horizonte histórico. En el año 2000, el gobierno constitucional de Bánzer en-frentó una serie de conflictos sectoriales que rápidamente adquirieron una dimensión mayor. La “guerra del agua” ocurrida entre febrero y abril de ese año fue un conjun-to de protestas de campesinos y pobladores urbanos de Cochabamba contra la privatización del servicio de agua potable y el alza de las tarifas; los duros enfrentamientos dejaron cientos de heridos y un muerto, lo que obligó al gobierno a derogar la ley. La repercusión nacional –e in-cluso internacional– de este conflicto fue muy grande ya que puso en cuestión el modelo económico centrado en la privatización de las empresas públicas.En el mes de abril, la CSUTCB liderizada por Felipe Quispe, el Mallku, realizó un prolongado bloqueo de ca-minos en el altiplano, protestando por distintos temas, entre los que se encontraban la privatización del agua y la flexibilidad laboral y demandando, entre otros, la regla-mentación de la Ley INRA y el respeto al fuero sindical. En septiembre, las seis federaciones de productores de coca del trópico cochabambino bloquearon la carretera Cochabamba - Santa Cruz, protestando por la construc-ción de cuarteles militares en el Chapare y exigiendo la in-dustrialización de sus productos alternativos y la creación de una universidad agrícola. Un intento gubernamental de desbloquear la carretera dejó un saldo de dos muertos y una veintena de heridos,13 el conflicto se prolongó hasta octubre cuando, finalmente, se arribó a un acuerdo. A este conflicto se sumaron otros, la Coordinadora del Agua y la Vida instruyó el bloqueo de caminos deman-dando la aprobación del reglamento suplementario de la ley de aguas y solidarizándose con los cocaleros y maes-tros, quienes se habían declarado en huelga por la mejora de sus salarios. Por su parte la CSUTCB inició un nuevo bloqueo de caminos –que generó desabastecimiento en la

12 Rivera, 1993.13 La Razón, 27 de septiembre de 2000.


ciudad de La Paz– por el incumplimiento gubernamental del acuerdo con que concluyó el conflicto de abril y pro-testando por el proyecto de ley de aguas; finalmente se acordó la sustitución de la Ley INRA, el archivo de la ley de aguas, la modificación de las leyes forestal, del medio ambiente, de minería y civil, la administración comparti-da de las áreas protegidas, un plan integral de desarrollo rural y la no erradicación de coca en las zonas tradiciona-les de Yungas, y el bloqueo se levantó. Estos conflictos colocaron al país en una situación de convulsión social. Sus efectos fueron poderosos: las pro-testas campesinas y urbano populares habían excedido ya el marco de las reivindicaciones sectoriales, los cam-pesinos de las 20 provincias de La Paz amenazaban con avanzar sobre la ciudad y tomar el poder, como declaró el Mallku: “la whipala ingresará al palacio de gobierno para botar a los inquilinos”.14 Por primera vez desde la recuperación de la democracia se puso en evidencia la fragilidad del Estado y del gobierno y el poderío de las organizaciones de base, y se visibilizó de manera dra-mática la situación de pobreza y exclusión de la pobla-ción indígena que los bolivianos –especialmente en las ciudades– habían naturalizado. Éste fue el inicio de una serie de eventos que fueron sensibilizando a los sectores medios y predisponiéndolos cada vez más a favor de la causa indígena.La realización del censo nacional de población y vivienda en 2001, que arrojó como resultado que 62% de la pobla-ción boliviana se identificaba con algún pueblo indígena originario –aunque es necesario advertir que el censo no incluía una pregunta sobre autoidentificación con otros grupos– muestra hasta dónde llegó ese viraje. Sin em-bargo, es necesario recordar que, como señala Lavaud, se pueden obtener resultados diferentes de acuerdo a cómo se plantea la cuestión sobre la identificación con una ca-tegoría étnica, racial u otra, y ninguna de éstas permite establecer conjuntos de poblaciones con límites y fron-teras claras y precisas.15 Encuestas posteriores al censo16 muestran que los porcentajes de quienes se consideran mestizos e indígenas son muy similares, lo que significa que una misma persona puede considerarse indígena y

14 Los Tiempos, 17 de abril de 2001.15 Lavaud, 2007 en Quiroga, 2009.16 Verdesoto y Suazo, 2006; Fundación UNIR, 2007; Selingson,

2007.

mestiza o identificarse con una u otra categoría depen-diendo del contexto.Más allá de esta situación, en los primeros años del nuevo siglo era evidente que el movimiento indígena había gana-do adeptos y se había convertido en una causa movilizadora y aglutinadora de distintos sectores sociales y regionales.En esos años las organizaciones sociales pasaron de la reivindicación de derechos específicos (tierra, educación, salud, participación), que no necesariamente suponía un cuestionamiento del orden establecido, a la interpelación abierta del Estado, a la lucha por el poder político. Este proceso de politización, paralelo a la profundización de la crisis política y a la progresiva desagregación estatal, fue empoderando a los movimientos sociales y clarifican-do su núcleo indígena –el único posible dado el eclipse obrero– el que se expresó a través del fortalecimiento de organizaciones sindicales, como las federaciones de pro-ductores de coca del Chapare, CSUTCB y CIDOB, y del surgimiento de organizaciones políticas, como el MIP y el MAS. Así, el movimiento indígena ingresó al nuevo siglo fortalecido e intensamente politizado, pero escindi-do: con una vertiente aymara en creciente confrontación con el Estado y un ala cocalera también muy fuertemente contestataria, y otra vertiente indígena de tierras bajas, os-cilando entre los pactos y las demandas al Estado.También se fortalecieron otras organizaciones sociales, como las juntas vecinales, que asumieron como propios los planteamientos indígenas y se politizaron intensamente. El rol que éstas jugaron en la crisis de octubre de 2003, espe-cialmente en El Alto, fue de primera importancia.La creciente politización de los movimientos sociales e indígenas con un discurso que fue calando cada vez más hondo en la población boliviana, sumada al desastroso desempeño del sistema político tradicional, a la crisis eco-nómica que golpeó a los sectores populares, y al agota-miento del discurso político de las élites, configuraron un escenario propicio para la puesta en acto de la crisis de la construcción estatal boliviana post 52 y para la emergen-cia de lo nuevo.La aguda crisis estatal que se manifestó en el año 2000 no encontró una salida sino hasta cinco años después. Si bien los cambios de gobierno (Quiroga en 2001 y Sánchez de Lozada en 2002) brindaron un momentáneo respiro ante la crisis, ésta no podía contenerse y explotó finalmente en 2003, cuando la “guerra del gas”, mediante la cual la po-


blación alteña se movilizó contra la supuesta exportación de gas a través de Chile, expresaba no sólo la protesta por este tema, sino un profundo cuestionamiento del Estado y de las políticas neoliberales. El malestar ciudadano se vio agravado por dos hechos de fuerza: el operativo militar rea-lizado en la población de Warisata para rescatar a turistas extranjeros del bloqueo caminero que terminó en un en-frentamiento en el que murieron tres personas y, posterior-mente, el operativo militar para lograr el paso de los vehí-culos que transportaban gasolina de El Alto a La Paz que derivó en un trágico enfrentamiento. La indignación de los sectores medios urbanos que iniciaron una huelga de ham-bre exigiendo la renuncia del presidente fue determinante en el desenlace. Esta crisis mostró con claridad la imposibi-lidad de mantener por más tiempo el modelo económico y el sistema político inaugurados en 1985, por ello la “agenda de octubre” planteó la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de una asamblea constituyente.Los breves períodos presidenciales posteriores de Car-los Mesa (2003 - 2005) y Rodriguez Veltzé (2005), que permitieron mantener el sistema democrático a través de la sucesión presidencial, fueron ilustrativos de la debili-dad estatal frente a un movimiento popular empodera-do y fuertemente contestatario. En 2004 se estableció el Pacto de Unidad como una instancia de coordinación de las organizaciones indígenas y campesinas (CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB, Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” y Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia) en función de sus reivindicaciones comunes y demandando la realización de la asamblea constituyente.La alta conflictividad social de esos años, además de ser reivindicativa, tenía un carácter político, orientándose a profundizar la crisis y crear condiciones para que las orga-nizaciones sociales accedan al poder. Este proceso se daba en medio de una fuerte tensión entre el impulso por hacer estallar el orden establecido y la necesidad de preservar el sistema democrático.

3. LOS AÑOS RECIENTES

La victoria de Evo Morales en las elecciones de diciembre de 2005 por una cómoda mayoría de votos (53,7%) ofre-ció una salida política a la situación de incertidumbre y volatilidad en que se encontraba el país. En una coyuntura inédita en Bolivia, el gobierno de Morales se iniciaba con

un conjunto de factores favorables: el claro apoyo ciuda-dano y el respaldo militante de los movimientos sociales aglutinados en el Pacto de Unidad y de otros, la retira-da de los partidos políticos tradicionales –disminuidos después de la debacle de 2003 y mucho más aún con la victoria electoral del MAS que interpelaba fuertemente al sistema político–, una situación económica bastante sa-neada y el beneplácito internacional que se tradujo, entre otras cosas, en la condonación de parte importante de la deuda externa del país. En agosto de 2006 se inició el proceso constituyente que había sido una demanda de las organizaciones sociales, es-pecialmente del movimiento indígena, desde hacía varios años atrás. Tal como estaba planteado, este proceso generó expectativas muy altas en la población; se esperaba que la nueva constitución elaborada por asambleístas populares reflejara el carácter plural del país, resolviera el problema de falta de representatividad y legitimidad de los distin-tos gobiernos y del sistema político, haciendo posible una democracia genuina, y permitiera mejorar las condiciones de vida de la gente. En la situación de pobreza y deficiente información y educación de la mayoría de la población, la constitución aparecía como la panacea que debía resolverlo todo, lo grande y lo pequeño, lo posible y lo casi imposible.El proceso constituyente fue largo, difícil y conflictivo y puso en evidencia las fuertes limitaciones que tenía la Asamblea Constituyente para fungir como un órgano efectivamente soberano ya que el MAS tenía control sobre ésta.17 Algo más de un año después de iniciado, en noviembre de 2007 el proyecto de nueva constitución fue aprobado “en grande” en una violenta sesión de la Asamblea Constituyente rea-lizada en instalaciones del liceo militar de Sucre debido a las airadas protestas de los chuquisaqueños porque el tema de la capitalía plena fue eliminado del debate; en el mes de diciembre se aprobó “en detalle” en una sesión realizada en Oruro por la tensa situación existente en Sucre, en ausencia de los asambleístas de la oposición, quienes declararon que el proyecto aprobado era ilegítimo e ilegal.Las tensiones entre el gobierno y la oposición concen-trada en los comités cívicos y prefecturas de los depar-tamentos de tierras bajas ocuparon la agenda política de 2008. La decisión gubernamental de afectar los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para

17 Gamboa, 2009.


financiar la Renta Dignidad convulsionó a los departa-mentos que adoptaron una serie de medidas de presión (bloqueos, paros cívicos, toma de instituciones públicas), las que alcanzaron un punto crítico en septiembre de ese año con los enfrentamientos violentos ocurridos en varias ciudades y los hechos trágicos de Pando. La situación de debilidad en que quedó la oposición des-pués de estos acontecimientos obligó a que, en octubre de 2008, se decidiera a negociar con el gobierno la aproba-ción del proyecto constitucional. Una comisión de miem-bros de los partidos con representación parlamentaria se reunió en Cochabamba para analizar el proyecto, al que se efectuó varias modificaciones para llegar a consensos, las principales fueron la incorporación de buena parte de las demandas autonómicas, la ampliación de las compe-tencias de la autonomía departamental, el reconocimiento de los mecanismos electorales para la elección de gober-nadores y la composición de las Asambleas Legislativas Departamentales para las elecciones de abril de 2010. Fi-nalmente, el Congreso Nacional, aunque no se encontra-ba legalmente facultado para ello, viabilizó la aprobación de la nueva constitución mediante referéndum nacional. El referéndum de enero de 2009 aprobó el nuevo texto constitucional por 61,4% de los votos, aunque cuatro de los nueve departamentos lo rechazaron.La intensa polarización política del período 2006-2008 tuvo amplias repercusiones que trascendieron el ámbito político; se desataron acciones de estigmatización, discri-minación y violencia entre sectores con diferencias de ca-rácter ideológico y político, incluso dentro de grupos más o menos homogéneos, debilitando el tejido social del país y dañando severamente las relaciones entre distintos secto-res. Este clima generó una sensación de alta conflictividad, aunque la cantidad de conflictos en esos años era más bien reducida, si se la compara con las cifras de los años prece-dentes y siguientes, como se verá en el capítulo 3.Los sucesos de El Porvenir y posteriormente la desarticula-ción de un supuesto grupo terrorista en Santa Cruz acaba-ron de debilitar a la oposición regional y el gobierno central pudo recuperar el control de la situación, lo que le allanó el camino para las elecciones generales de diciembre de 2009, en las que Evo Morales se presentó nuevamente gracias a que la Constitución introdujo la figura de la reelección.Además de las elecciones, se realizó un referéndum por la autonomía en cinco departamentos del país –en 2008,

los departamentos de tierras bajas ya habían sometido a consulta popular sus estatutos autonómicos18–; sus resul-tados mostraron que, después de oponerse tenazmente al proceso autonómico, los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí lo aprobaban mayoritariamente.En las elecciones de 2009, Morales fue reelecto con una amplia mayoría (64% de los votos). El segundo mandato del MAS despertó grandes expectativas sobre lo que signi-ficaría el “proceso de cambio” en términos de refundación del país, una vez que se habían superado los escollos que representaba la oposición en el senado y en los departa-mentos de la “media luna” y que se contaba con la guía de la nueva carta magna. Esas expectativas de la población fue-ron rotas en diciembre de 2010 con la promulgación del DS 748 que disponía una drástica elevación del precio de los carburantes, encareciendo considerablemente el costo de vida y desencadenando una gran ola de conflictos socia-les. El conflicto del TIPNIS de 2011 profundizó la brecha abierta entre el gobierno y su base social de apoyo; las orga-nizaciones indígenas (CIDOB de tierras bajas y CONA-MAQ de tierras altas) y los sectores medios de la población se distanciaron. Además, este caso tuvo otro efecto signi-ficativo: fracturó la unidad de las naciones y pueblos in-dígenas originario campesinos (NPIOC), ese sujeto social establecido en la CPE que reveló ser sólo circunstancial ya que los intereses de campesinos –en los que predomina una lógica de tipo capitalista e individualista– e indígenas –con una lógica comunitarista– son esencialmente divergentes.

4. TREINTA AÑOS DE CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA EN bOLIvIA

En los últimos treinta años, Bolivia transitó desde el auto-ritarismo, que marcó fuertemente su historia republicana, a la democracia. La recuperación del sistema democrático en 1982 –cuando la UDP pudo plasmar su victoria elec-toral de 1980 usurpada por el golpe de estado de García Meza– marcó el inicio de un largo ciclo –si bien breve en términos históricos, extenso para los tiempos políticos del país– que se extiende hasta el presente y que ha permitido la construcción y desarrollo de una institucionalidad de-mocrática importante. La conquista de la democracia es

18 Los referéndums autonómicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fueron organizados por las cortes departamentales electorales, pese a que la Corte Nacional Electoral y el gobierno los declaró ilegales.


indudablemente uno de los mayores logros políticos del país; sin embargo, presenta debilidades que, como se ha visto, explican la crisis estatal del nuevo siglo y la emer-gencia de organizaciones y movimientos sociales porta-dores de un proyecto político de transformación.Desde 1982 el país consiguió afirmarse en el sistema democrático, pese a los distintos episodios de crisis de gobernabilidad y crisis estatal –especialmente en 2003 y 2005– que lo colocaron al borde de una ruptura. El comportamiento de la población en esas situaciones ex-tremas evidencia que, aunque exista insatisfacción con la democracia, la mayoría la respalda. En este sentido son interesantes los datos que aportan encuestas recientes de opinión pública: 64% de los bolivianos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de go-bierno; sin embargo sólo 12% cree que la democracia está bien tal como está. Entre las tareas democráticas pendien-tes se identifica en primer lugar (46%) la lucha contra la corrupción, seguida por el incremento de la participación ciudadana (36%), la transparentación del Estado (29%), la justicia social (28%) y finalmente la consolidación de los partidos políticos (16%).19

En ese marco en que el sistema democrático goza del apoyo popular, aunque con pleno reconocimiento de sus falencias, es comprensible la existencia de una conflictivi-dad social alta, más aún si se considera que la democracia permite la organización y movilización social sin mayo-res restricciones. Por eso se explica que se haya alcanzado picos de conflictividad justamente en momentos en que se produjo un empoderamiento de las organizaciones y movimientos sociales, como lo demuestran los distintos datos sobre conflictividad en el país: 1983 -1984, 2003 - 200520 y 2009 a la fecha21, y no en las etapas de cancela-ción de las libertades.La lucha contra la corrupción que, de acuerdo a los resul-tados de la encuesta antes mencionada, aparece como la principal tarea democrática pendiente, ha sido asumida –al menos formalmente– desde el año 2002 por las dis-tintas gestiones de gobierno. Sánchez de Lozada otorgó al Vicepresidente Mesa un “poder irrevocable” para luchar contra este flagelo, Carlos Mesa estableció una Delega-ción Presidencial Anticorrupción y Evo Morales un Mi-

19 Latinobarómetro, 2011.20 Laserna, 2008.21 Fundación UNIR, 2011.

nisterio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, la corrupción continúa siendo un problema mayor que afecta tanto al Estado como a la sociedad y que debilita la institucionalidad democrática y la credibilidad de los gobernantes de los distintos niveles estatales y da lugar al surgimiento de conflictos sociales (como se verá en el capítulo 5, hay numerosos casos vinculados con el cuestionamiento de autoridades, especialmente del nivel municipal por corrupción).En cuanto a la ampliación de la participación ciudadana, la democracia boliviana ha dado pasos importantes en las últimas décadas. Entre los hitos de este proceso en la his-toria reciente se encuentran el establecimiento en 1978 de la papeleta multicolor y multisigno que hizo posible que los ciudadanos votaran por las opciones políticas de su preferencia sin verse obligados a votar por el partido oficialista que era el único que podía distribuir su pape-leta en todas las mesas de sufragio del país; la creación en 1991 de la Corte Nacional Electoral integrada por voca-les sin filiación partidaria y elegidos en el Congreso por dos tercios de sus miembros para superar la subordinación del ente a los partidos políticos y la manipulación de los escrutinios, asegurando imparcialidad en su funciona-miento; la introducción de diputados uninominales me-diante la Ley de reforma electoral de 1996 que posibilita la elección de personas por sus cualidades y trayectoria específicas, las que tendrían un mayor compromiso con sus electores a los cuales deberían responder más que a las organizaciones políticas; y la promulgación de la Ley de Participación Popular de 1994 que permitió profundizar la democratización de los municipios, otorgándoles nive-les de autonomía y recursos y reconociendo a las organi-zaciones territoriales de base como sujetos en la planifica-ción y gestión del desarrollo local. En el nuevo siglo se dieron otros pasos de gran importancia para la profundización de la democracia. En 2004 el Con-greso aprobó la realización de reformas a la Constitución Política del Estado introduciendo las figuras del referén-dum, de la iniciativa legislativa ciudadana y de la asamblea constituyente en el cuerpo jurídico del país. Ese mismo año se llevó a cabo un referéndum sobre la política de hidrocar-buros22 –el primero en desarrollarse desde la recuperación

22 El DS Nº 27449 estableció las características y las preguntas del referéndum:

1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidro-


de la democracia–; éste fue seguido por el referéndum de 2006 sobre autonomías;23 el de revocatoria de mandato de 2008 planteado por el gobierno para superar la pulseta con la oposición de tierras bajas y mediante el cual se consul-tó sobre la ratificación en el cargo del presidente, vicepre-sidente y de ocho prefectos;24 el referéndum de enero de 2009 que aprobó la CPE;25 y el autonómico de diciembre de 2009 que consultó sobre autonomías departamentales en La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí, re-gional para el Chaco y autonomías indígenas y para más de una decena de municipios.La realización de la Asamblea Constituyente, que sesionó entre 2006 y 2008, fue otro hito. Ésta fue concebida como la máxima expresión de la democracia; de acuerdo a su re-glamento, puesto que emergía de la crisis del Estado y de

carburos No. 1689 promulgada por el Presidente Gonzalo Sán-chez de Lozada?

2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todos los hidro-carburos en boca de pozo para el Estado boliviano?

¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fis-cales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los y las bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar el Estado en toda la cadena produc-tiva de los hidrocarburos?

¿Está usted de acuerdo con la política del Presidente Carlos Mesa para utilizar el gas como un recurso estratégico para recuperar una salida útil y soberana al océano Pacífico?

¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que:

a. Cubra el consumo de gas para los bolivianos y las bolivianas. b. Fomente la industrialización del gas en el territorio nacional; c. Cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando

al 50% del valor del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y empleos.

23 La pregunta del referéndum era la siguiente: ¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado nacional competencias ejecuti-vas, atribuciones normativas administrativas y los recursos eco-nómicos financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes?

24 Evo Morales fue ratificado con 67,4% de votos; asimismo fue-ron ratificados los prefectos de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, los de La Paz y Cochabamba fueron revocados,

25 En el referéndum de aprobación de la Constitución Política del Estado, los bolivianos también decidieron en torno a la cantidad máxima de hectáreas permitida para la tenencia privada de tierras.

las luchas sociales y se instalaba por mandato popular, se encontraba por encima de todo poder constituido y tenía plenos poderes para cumplir el mandato de transformar y construir un nuevo Estado. La CPE aprobada en 2009 establece en su artículo Nº 11 que la democracia se ejerce de diversas formas: directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legis-lativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa; representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto; y comunitaria, por medio de la elección, desig-nación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pue-blos indígena originario campesinos.La Constitución también establece que Bolivia es un Estado plurinacional lo que, como señala Fernando Ma-yorga, “…se sustenta en el reconocimiento de un sujeto portador de derechos colectivos que expresa una nueva identidad social (las naciones y pueblos indígena origina-rio campesinos) que se constituye en una pauta informal para el acceso a espacios de poder y es también un re-quisito formal para el ejercicio de ciertos cargos públicos mediante ‘cuotas’ o el reconocimiento del carácter ‘pluri-nacional’ de las instancias de gobierno. Por ende, las insti-tuciones democráticas han sido rediseñadas…“26 Todos estos se constituyen en indicadores del crecimiento democrático del país, lo que para una democracia joven –considerando su recuperación en 1982– es notable, aun-que también revela que aún no se encuentra sólidamente establecido, por lo que es permeable a los cambios. La ampliación de la democracia en Bolivia es resultado de un proceso acumulativo que se fue desarrollando en los últimos quince años a través de las luchas populares. Muestras de ello y, al mismo tiempo, factores de su pro-fundización son las reformas constitucionales que se efec-tuaron en 1995, las señaladas de 2004 y la CPE aprobada en 2009, que posibilitaron un continuo empoderamiento de los sujetos sociales excluidos. Los cambios políticos de 2006 colocaron a estos sujetos sociales en el centro del escenario, franqueándoles el acceso a los centros del poder a fin de realizar las tareas transfor-madoras demandadas, entre las que se encuentran el mejo-

26 Mayorga, 2011.


ramiento de las condiciones de vida de la población a través de políticas redistributivas y la profundización y ampliación de la democracia, sacándola de los estrechos límites de la democracia representativa. La primera fue asumida me-diante el incremento salarial y el establecimiento de bonos para los sectores más desfavorecidos lo que, como se verá en el capítulo 5, si bien ha mejorado su situación, no ha significado una transformación real de su calidad de vida. La segunda ha creado una situación paradójica ya que la tarea de ampliación de las instituciones de la democracia no condice con la situación de la sociedad en la que prevalecen prácticas autoritarias. Es indudable que, para que el país pueda avanzar efectivamente en términos de ampliación de la democracia en el Estado y en la gestión pública se debe avanzar también en la democratización de la sociedad y esto constituye un reto de grandes dimensiones. Como se señala en el capítulo 8, en Bolivia existe la tendencia a exi-gir a los gobernantes una práctica democrática, olvidando observarla en el seno de la sociedad y de las organizaciones socialesPor otra parte, la presión social por una transformación efectiva del país –lo que implica también una mayor ampliación de los márgenes democráticos– ha generado tensiones con los nuevos factores de poder que de alguna manera han empezado, especialmente a partir de 2010, a mostrarse resistentes. Esta tensión entraña riesgos de pérdida de legitimidad para el gobierno e incluso de des-estabilización del sistema democrático.Si se considera que la CPE vigente es fruto de las de-mandas sociales del nuevo siglo y las recoge, el plura-lismo debiera ser una de ellas que, evidentemente, se encuentra en la definición del carácter plurinacional del Estado establecido en su artículo Nº 1. La plurinacio-nalidad implica un reconocimiento de la existencia en el país de pueblos y naciones con territorio, formas orga-nizativas y cultura propios; pero plantea algunos proble-mas de difícil solución, como la necesidad de cohesión y de un proyecto común, la distribución equitativa de bie-nes y recursos, y el sentido de pertenencia. Como señala Kymlicka, “Los derechos de autogobierno son el caso más claro y completo de ciudadanía diferenciada, pues-to que divide a las personas en pueblos separados, cada uno de los cuales tiene sus propios derechos históricos, sus territorios y sus competencias de autogobierno y, por consiguiente, su propia comunidad política. Cada uno de estos pueblos puede considerar que su propia comu-

nidad política es la fundamental y que el valor y la auto-ridad del conjunto de la federación son secundarias.” 27 Estas consideraciones remiten a la reflexión sobre un de-safío verdaderamente arduo: ¿cómo construir un sistema que en verdad sea plural sin que las diferencias rompan una unidad que debería ser sólida? Sobre este tema, Luis Tapia plantea que “La clave de la democracia está en organizarse de tal modo que nadie pueda ocupar el punto de universali-dad como encarnación, esto es, evitar que alguien represen-te al todo o a todos. Una solución política consiste en el po-der compartido.”28 Es evidente que este poder compartido debe ser construido, es un proyecto a desarrollar a nivel del Estado y de la sociedad que puede ser interpretado como intercultural más que como plurinacional puesto que la in-terculturalidad implica, necesariamente, una ampliación de los márgenes de la democracia representativa para asegurar una participación efectiva y equitativa de todos los sectores y grupos a partir de su propia diferencia.

5. bREvE REPASO DE LAS ORIENTACIONES ECONÓMICAS y DE DESARROLLO EN bOLIvIA (1980 - 2011)

Si bien en las últimas décadas Bolivia ha transitado por orientaciones económicas y políticas distintas, en el fon-do la estructura de base no ha sufrido transformaciones profundas.El desarrollo económico, desde su óptica más progresista, no llegó a implantarse en el país, ya sea porque sus estrate-gias no eran adaptables al contexto o porque las políticas no se ejecutaron adecuadamente. Cualquier diagnóstico sobre el estado de desarrollo y el crecimiento económico en Bolivia no puede pasar por alto las diferentes estruc-turas que se vinculan e interaccionan internamente, ni las distintas visiones y concepciones que se fueron adoptando en relación al modelo económico.Aunque a lo largo de su historia Bolivia ha experimenta-do vaivenes económicos de diversa índole, en general la curva se ha inclinado hacia el lado recesivo, identificán-dose escasos momentos de auge. La estructura productiva del país y su puntal de crecimiento ha sido –y aún sigue siendo– la explotación de recursos naturales no renova-

27 Kymlicka, 1996.28 Tapia, L. 2002.


bles que, en algunos momentos, se desarrolló bajo mode-los privados y en otros bajo modelos mixtos, ambos con resultados igualmente magros.

La conflictividad social se constituye en un factor deter-minante del desempeño económico del país; es decir que lo influye al mismo tiempo que se ve influida por éste. Frecuentemente las medidas de presión implican la para-lización de actividades de los demandantes (paros, huelgas de brazos caídos, marchas y otras) o de terceros (bloqueos de caminos, tomas de infraestructura), con efectos nega-tivos sobre las actividades económicas (de reproducción y de intercambio). En ese sentido, los conflictos ocasionan la pérdida de recursos de distinto tipo, lo que impacta ne-gativamente sobre el crecimiento económico.

Algunos estudios empíricos dan cuenta de que entre 1970 y 2005, las pérdidas directas derivadas de episodios con-flictivos (por suspensión de actividades productivas en sectores determinados) son equivalentes a $us 60 millo-nes por año, y las pérdidas indirectas debido a los efectos multiplicadores podrían superar los $us 2.000 millones por año, dependiendo del tipo de variables que se tome en cuenta.29 Si bien existe debate al respecto puesto que países con guerras internas y niveles de violencia extre-mos han logrado crecimientos económicos importantes a pesar de sus conflictos, no se debe desestimar las pérdidas que el excesivo número de protestas y la inseguridad co-rrespondiente pueden generar.

Existe cierta correlación, entonces, entre estabilidad eco-nómica y conflictividad social, sin embargo dicha relación

29 Evias, Laserna y Skaperdas, 2008.

no es dependiente puesto que el crecimiento económico no genera necesariamente mayor bienestar; existe una se-rie de factores de diverso tipo que entran en juego, como la redistribución de la riqueza, la calidad de la adminis-tración política y la sensación psicológica de progreso o estancamiento. De todos modos, la estabilidad económica es un dato importante que contribuye a explicar las co-yunturas y ciclos de la conflictividad social.

5.1. El proceso de restructuración económica de la década del ochenta y el D.S. 21060

En la historia reciente del país, una de las etapas de ma-yor crecimiento económico es la que se produjo entre las décadas del sesenta y setenta, como resultado de las refor-mas del 52 que permitieron una expansión del mercado interno, y un breve período de alta cotización internacio-nal del estaño. Durante la dictadura de Bánzer (1971 -1978), la econo-mía boliviana se vio favorecida por la liquidez producto de la nacionalización de los hidrocarburos en 1969, por los altos precios internacionales de éstos y el ingreso de acti-vos a través de préstamos (petrodólares) que, sin embargo, ocasionó un fuerte endeudamiento del país. Recuperada la democracia en 1982, durante el gobierno de la UDP se vivió una etapa convulsa en la que la inestabili-dad económica alcanzó un estado crítico. El servicio de la deuda externa, entre otros factores, coadyuvó a la escalada hiperinflacionaria y el fuerte déficit fiscal se hizo evidente; pese a que se intentó cubrirlo a través de la emisión inór-

-3,9

-0,2

-4

-1,7

2,5

-2,6

3,8

2,9

5,3

4,64,3

1,6

4,7

4,7

5

4,4

5

2,5

0,4

2,5

1,7

4,2

2,7

4,8

4,4

6,1

4,64,2

3,4

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GRÁFICO Nº 2 / Evolución del crecimiento del PIb de bolivia 1982 - 2010

Fuente: ONU-DATA


ganica de moneda, ésta sólo agravó aún más la inflación.30 Aunque Bolivia no fue el único país en América Latina que registró una situación inflacionaria crítica, Nicaragua, Perú, Argentina y Brasil también sufrieron este fenómeno en distintas épocas, indudablemente la boliviana fue una de las más agudas.Los estragos causados por el tipo de manejo de la economía nacional que se hizo en ese periodo estuvieron directamen-te vinculados con la conflictividad social. La deteriorada si-tuación económica de los bolivianos generó múltiples pro-testas, las que sumadas a la política del país convirtieron a este periodo en uno de los más turbulentos de la historia.31 La dificultosa transición hacia la democracia y las debili-dades del frente gobernante no ofrecieron las condiciones requeridas para llevar a cabo los cambios necesarios y de-mandados por la población. La intensa movilización social impidió el cobro de impuestos adicionales, la reducción del gasto corriente y el aumento de las devaluaciones del tipo de cambio real;32 la búsqueda de estabilidad social y política se impuso sobre la económica, aunque ésta, en realidad, era el factor determinante de la primera. Para salir de la situación crítica en que se encontraba el país, el gobierno de Paz Estenssoro efectuó reformas de emergencia, contenidas en su mayoría en el controvertido y repudiado D.S. 21060, como un programa de estabiliza-ción ortodoxo, de corrección fiscal muy fuerte.33 El obje-tivo del D.S. 21060 fue regular la economía a través de la estabilización de precios sobre la base de la restricción del gasto fiscal y el consumo, lo cual se logró congelando los salarios y reduciendo drásticamente los ingresos extrasala-riales. Por lo demás, sentó las bases para una economía de mercado de largo aliento. Con este instrumento, el mode-lo económico nacional sufrió su mayor transformación en tres décadas; se dejó de lado el estatismo, se estableció un mayor control fiscal, se introdujeron controles a la deuda, se eliminó la prohibición de realizar operaciones con mo-neda extranjera, se liberalizaron los precios y tasas de inte-rés, se hicieron reformas tributarias, se flexibilizó el mer-cado laboral con la introducción de la libre contratación (art.55) y se despidió un gran contingente de trabajadores

30 Morales, 1994.31 Laserna, 2007.32 Morales, 1994.33 Ibídem.

asalariados del sector público, especialmente del minero.34 Los resultados macroeconómicos inmediatos fueron po-sitivos, pudo controlarse la espiral inflacionaria, pero con un gran coste social: cayeron los niveles de producción debido a la poca inversión pública y privada, al mismo tiempo que el desempleo alcanzó porcentajes muy altos. Estudios sobre el Índice de Necesidades Básicas Insatis-fechas (NBI) revelan que el ajuste tuvo poca incidencia en términos estructurales, que la informalización se agudizó ante una menor regularización sin un aparato productivo que cree oferta laboral, y que en las áreas rurales continuó prevaleciendo una aguda pobreza.35

5.2. Las reformas institucionales y la capitalización de la década del noventa

La Nueva Política Económica (NPE) derivada de la apli-cación del D.S. 21060 tuvo continuidad en los gobiernos posteriores e incluso se profundizó. Antes de esas refor-mas, Bolivia había funcionado bajo una suerte de capita-lismo de Estado, caracterizado por la intervención estatal en la actividad productiva. Entre las décadas del setenta y ochenta, las empresas públicas fueron un componente importante del crecimiento económico del país, rondando en promedio el 13% del PIB anual.36 No obstante, en los ochenta se conjugaron varios factores que debilitaron este modelo: caída del precio internacional del estaño, déficit presupuestario y baja capacidad de inversión pública en esas empresas; a partir de ello se responsabilizó de la crisis a la intervención estatal en las empresas productivas, que habría ocasionado una carga fiscal insostenible. Entre los años 1992 y 1994 se aprobaron dos leyes claves (1330 y 1544) mediante las cuales se privatizaron varias empresas estatales y se capitalizaron otras de carácter es-tratégico. Este programa no surgió como una iniciativa nacional, sino que se enmarcó en el Consenso de Washin-gton que estableció una serie de prescripciones37 para que los países subdesarrollados accedan a ayuda externa que posibilitara su progreso económico y social.38

34 Mercado, 2005.35 Thiele, 2001.36 Chávez, 1992.37 Chávez, 1991.38 El decálogo consistía en 1. Disciplina presupuestaria. 2. Reorien-

tación del gasto público desde los subsidios indiscriminados a actividades ineficientes hacia la sanidad, la enseñanza primaria y el desarrollo de infraestructura. 3. Reforma fiscal encaminada a


Los objetivos de la capitalización eran los siguientes: • Promover el crecimiento económico y el empleo sin

sacrificar la estabilidad.• Mejorar la eficiencia y competitividad de la economía.• Desarrollar el mercado de capitales y democratizar la

propiedad del capital• Reducir el déficit fiscal.39

En el ámbito micro económico, el objetivo primordial era mejorar la rentabilidad de las empresas estatales en términos de ganancias, puesto que se habían estanca-do y se acercaban peligrosamente a una situación de quiebra. Al principio se buscó la privatización, a través de diferentes etapas, de 159 empresas hasta entonces manejadas en distintos ámbitos estatales (municipales, prefecturales, regionales, nacionales, de las FFAA), pero finalmente se aplicó a empresas de sectores estratégicos, bajo un modelo de tipo jointventure, una figura distinta a la privatización debido a restricciones constitucionales y a la situación de monopolio natural en el cual operan éstas.40 Fue así que se procedió a capitalizar la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Lloyd Aéreo Boli-viano (LAB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-nos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENE) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) con la participación de capital externo de al menos 1.670 millones de dólares.41

Si bien la capitalización intentaba desarrollar mayor efi-ciencia en las industrias estratégicas, al no incluir al em-presariado nacional y al focalizarse la inversión extranjera en sectores de muy baja articulación con el resto de la eco-nomía, impidiendo efectos multiplicadores de generación de empleo, demanda de productos internos o estímulos de otra clase,42 sólo crecieron los inversores mientras que los sectores privados y públicos de otros rubros no alcanzaron los niveles necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de la industria.

ampliar la base imponible y a mantener tipos marginales modera-dos. 4. Liberalización financiera. 5. Tipo de cambio competitivo. 6. Apertura comercial. 7. Liberalización de la inversión extranjera directa. 8. Privatización de empresas públicas. 9. Desregulación y 10. Derechos de propiedad garantizados.(Bustelo, 2003)

39 Chávez,1991.40 Ibídem.41 Mercado, 2005.42 Grebe, 2001.

Por otro lado, las reformas introducidas prácticamente no tuvieron incidencia sobre la matriz productiva y la estruc-tura económica del país. La condición primario exporta-dora del país fue ratificada e incluso agudizada a través de políticas orientadas al aprovechamiento de los recursos naturales. Con un deterioro gradual de los términos de in-tercambio durante la década del noventa, el país se vio poco favorecido por la mantención de esta estrategia económica.Además de la capitalización, del establecimiento de un nuevo sistema de pensiones43 y de la transformación del sistema financiero para hacerlo más acorde al nuevo mo-delo económico de mercado, se efectuaron un conjunto de reformas institucionales y sociales, como la descentraliza-ción administrativa, las reformas de los sistemas de edu-cación y de salud, y la participación popular, que fueron perfilando una nueva institucionalidad pública.Para fines de los noventa era claro que todavía había un largo camino por recorrer ya que los resultados hasta en-tonces alcanzados no eran suficientes para asegurar el éxi-to de las reformas. Las recetas habían sido aplicadas al pie de la letra, habiéndose logrado algunos de los objetivos perseguidos, como la atracción de inversión extranjera y la alta rentabilidad de esas inversiones. No obstante, el escaso crecimiento hizo pensar que quizás la liberaliza-ción no era la salida más conveniente considerando que la estructura productiva del país no pudo generar beneficios en un contexto de depreciación de las materias primas y desmejoramiento de los términos de intercambio.Esto puso en evidencia que no existen modelos genéricos, que cada situación es distinta y que los resultados dependen, en gran medida, del tipo de instituciones preexistentes a la implementación de una política ya que son éstas las que de-terminan la manera cómo funcionará en la sociedad.44 Por otro lado, a pesar de que la liberalización y privatización te-nían objetivos concretos y se esperaba que con el tiempo el crecimiento económico derivara en una ampliación general de las oportunidades, este proceso no se logró debido a dis-tintas razones, entre ellas la excesiva concentración de las inversiones en sectores extractivos de rápida monetización

43 La reforma de pensiones forma parte central de las reformas eco-nómicas. Aunque se plantea como una reforma social, se orienta a la captación de los ahorros jubilatorios (por su carácter de largo plazo) y se articula con la creación de la bolsa de valores, mecanis-mo de financiamiento para el sector privado.

44 Escobar, 2002.


y orientados al exterior, con escasa articulación al mercado interno y mínima creación de fuentes de trabajo.

5.3. Un nuevo tipo de desarrollo en una etapa de poco crecimiento: 1998-2003

Casi una década después de aplicarse el Consenso de Washington, las mediocres o casi nulas tasas de creci-miento observadas en América Latina dieron paso a un replanteamiento del modelo. Los países asiáticos, en espe-cial China, experimentaron un gran despegue económico a través de un enfoque gradualista en lugar de aplicar el decálogo. La crisis que sufrieron entre 1997 y 1998 algu-nos de los países de esa región, como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur, se debió justamente al intento de realizar liberalizaciones financieras indiscriminadas basadas en las recetas del Consenso de Washington.45

Entre 1999 y 2002 la economía boliviana sufrió una severa desaceleración. Las variaciones en la tasa de crecimiento dan cuenta de ello: -1,94 en 1998-1999; -0,13 en 1999-2000; -0,97 en 2000-2001; y 0,48 en 2001-2002.46 En el año 2002 se inició una ligera recuperación debida princi-palmente a la influencia del sector de servicios del área pe-trolera, cuestión meramente coyuntural que no constituía una garantía de crecimiento sostenido. Por otro lado, du-rante esos años se produjo un deterioro de los ingresos de los bolivianos a raíz de la crisis política interna y de las crisis económicas del Brasil y de la Argentina, lo que derivó en un crecimiento de los niveles de pobreza.47 El sector priva-do fue incapaz de conducir la economía, la tasa de inversión privada fue demasiado baja en esos años y el desempleo creció, fortaleciendo la base de la economía informal.48

Los exiguos resultados del segundo paquete de reformas luego del D.S. 21060 exigieron una reconducción de las políticas económicas. Con el posicionamiento de los Obje-tivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la agenda pú-blica quedó claro que la expansión económica no era un fin que debía orientar las políticas del gobierno, sino un medio más para lograr la erradicación de la pobreza extrema. Las entidades gestoras de las recetas aplicadas en los años noventa (FMI y Banco Mundial) transformaron los

45 Bustelo, 2003.46 INE en Landa, 2002.47 Landa, 2002.48 Morales, 2008.

principios rectores de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y terminaron adhiriéndose a ese mismo impulso. Así surgieron nuevos marcos operativos con instrumen-tos propios para lograr tal efecto,49 uno de éstos fue la condonación de la deuda de los países pobres altamente endeudados (HIPC), cuyo principal objetivo era liberar recursos para la realización de reformas estructurales en países con niveles de endeudamiento superiores a sus ga-nancias comerciales y con grandes poblaciones por debajo de la línea de la pobreza. En 1998 Bolivia pudo completar los requisitos y acceder a una primera condonación equivalente al 13% de su deuda total. Aunque algunos indicadores sociales mejoraron, no resulta claro si esto fue producto de una buena canaliza-ción de recursos o de las reformas de segunda generación. Esto fue criticado por los organismos internacionales, que exigían un mecanismo que conecte directamente los re-cursos liberados con políticas específicas de lucha contra la pobreza; por lo tanto, para acceder a una mayor condo-nación de la deuda se debía elaborar programas estratégi-cos de reducción de la pobreza que fueran participativos e inclusivos.50 Así, en el año 2000 el gobierno de Banzer convocó a un primer diálogo nacional entre entidades pú-blicas y privadas y el sector civil, que dio como resulta-do la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP); sin embargo, no se realizó una reflexión sobre las causas de ésta, hubo conflictos entre los actores, algunos sectores (incluyendo los más pobres) no participaron en el diálogo y sus resultados fueron insuficientes.51

Entre 2000 y 2003 se produjo una pequeña crisis fiscal de-bido al excesivo déficit que se intentó cubrir a través de la vía impositiva, lo que fue duramente rechazado por la población, generándose varios conflictos sociales de enver-gadura.

5.4. El régimen de Morales y una nueva visión económica

La coyuntura posterior a la “guerra del gas” del año 2003, caracterizada por la aguda inestabilidad política y el to-davía lento proceso de recuperación económica, llegó a su fin con el ingreso del MAS al gobierno en enero de

49 Rodríguez, 2009.50 Andersen, 2000.51 Rodríguez, 2009.


2006. El discurso del nuevo gobierno enfatizó la urgencia de cambiar las políticas económicas del país, de recuperar los recursos naturales, de hacer una redistribución de los ingresos y de realizar una transformación estructural del Estado a través de la Asamblea Constituyente. Al inicio de la gestión de Evo Morales el contexto inter-nacional se presentaba muy favorable con una tendencia al crecimiento sostenido, fenómeno que no se observaba en casi cuarenta años, superávits en cuenta corriente ante una mejora de los términos de intercambio que, de cierto modo, contradijeron las teorías clásicas de la dependencia. La alta demanda internacional de minerales e hidrocar-buros, con el consiguiente aumento de precios, fue deter-minante para ello. En Bolivia, por otro lado, se observó un incremento de más de 200% del valor de las exporta-ciones, especialmente de hidrocarburos y minerales, (de 2,3 mil millones de dólares en 2004 a 6,9 mil millones en 2008).52 A la reducción del peso fiscal debido a la con-donación de parte de la deuda externa, se sumó el flujo mayúsculo de capitales venezolanos (la mayoría de ellos en condición de préstamos) y los recursos provenientes de las remesas enviadas por los migrantes en el exterior, cuyas cifras incluso superaban a los capitales provenientes de la inversión externa directa.53

Esta coyuntura favorable dio al nuevo gobierno mayor holgura y lo libró de lidiar con techos presupuestarios muy bajos o con problemas de déficit.54 Los incremen-tos salariales altos, la política de bonos para estudiantes, adultos mayores y embarazadas, el crecimiento del sector público y la reducción de la pobreza –aunque de manera muy moderada–55 dan cuenta de este contexto de auge y crecimiento. En su primera gestión de gobierno, el MAS pudo manejar adecuadamente la economía, logrando su-perávits históricos.56

La inversión pública aumentó en 35,7% en 2006, y en los años posteriores siguió incrementándose de mane-ra progresiva. El superávit primario (ingresos por sobre

52 Jemio, Nina, 2009.53 BID, 2009.54 Morales, 2008.55 Aguilar, Montaño, Vargas, Villegas, 2010.56 Este superávit se debió a extraordinarios ingresos provenientes

de la renta hidrocarburífera, grandes recaudaciones tributarias y baja ejecución del gasto fiscal en gobiernos subnacionales, lo que denota cierta fragilidad.

egresos del sector público) fue positivo desde el primer año de gobierno debido al incremento notable de los re-cursos disponibles que solventaron el gasto y la inversión pública, contrastando con el periodo 2002-2005 en que fue marcadamente negativo.57 Durante la gestión del presidente Carlos Mesa (2003-2005) se había intentado responder a la demanda de recuperación de los hidrocarburos consignada en la “agenda de octubre” a través de la realización de un referéndum en torno al tema y de la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que recayó sobre las empresas petroleras. Asumien-do la “agenda de octubre”, en 2006 el gobierno del MAS anunció la nacionalización de los hidrocarburos, incremen-tando la renta proveniente de estos recursos, obligando a las empresas extranjeras a renegociar sus contratos, aunque sin expropiar sus activos y realizando una toma simbólica de sus instalaciones.58 Aunque hubo escepticismo generali-zado sobre el alcance de la nacionalización,59 pues no hubo expropiación de las empresas transnacionales y se limitó a la profundización de la reforma tributaria iniciada en el año 2005 por la Ley 3058, es indudable que la medida fue favo-rable para el país pues los ingresos netos por la producción y comercialización de hidrocarburos aumentaron conside-rablemente.Como se señaló, la realización de la Asamblea Consti-tuyente creó grandes expectativas sobre la nueva política económica del país. Los cambios más visibles fueron la introducción de cuatro niveles autonómicos, dos nuevos tipos de propiedad (la comunitaria y la social coopera-tiva), la promoción y creación de empresas públicas, la prohibición de privatización de recursos naturales y ser-vicios básicos, la introducción del derecho a la consulta para la planificación del desarrollo, la orientación de la política cambiaria desde el ejecutivo (restándole indepen-dencia de objetivos e instrumentos al Banco Central) y una mayor inflexibilidad de la política laboral.60 También

57 CEPAL, 2008.58 Morales, 2008.59 La nacionalización incluyó la recuperación de las empresas del

sector que habían sido privatizadas por los gobiernos neolibera-les: dos empresas productoras, una empresa de transportes, dos refinerías y una empresa de almacenamiento. El mecanismo fue la compra de acciones: en unos casos de la totalidad de las que permanecían en manos privadas y en otros el número suficiente para posibilitar el control del 50% + 1 del paquete accionario.

60 Morales, 2008 y Morales, 2009.


se introdujo una nueva visión orientada a superar el marco capitalista extractivista, basada en el principio del “vivir bien” (sumajqamaña) de las naciones indígenas; detrás de dicho principio se encuentra la idea de una economía so-cial consensuada en cuanto a sus directrices, sostenible y en consonancia con los derechos individuales y comunita-rios. A partir de esto, la planificación de la gestión públi-ca implica una articulación entre el Estado y la sociedad civil, capaz de concatenar los distintos ámbitos culturales reconocidos por la Constitución.61

Sin embargo, promulgada la CPE en 2009, la puesta en práctica del nuevo modelo económico no significó un quiebre con el anterior. Se estableció una serie de nue-vas políticas socioeconómicas, sobre todo transferencias directas (bonos Dignidad, Juancito Pinto y Juana Azur-duy), y control de precios, incluso restringiendo la expor-tación de algunos productos para asegurar su distribución interna, mejorando de alguna manera las condiciones de los sectores más desfavorecidos. Puesto que no se han desarrollado esfuerzos para diversificar la producción y aumentar la productividad del país –la participación del Estado en la producción de bienes y servicios a través de la creación de empresas públicas no ha dado mayores re-sultados– no se introdujeron cambios estructurales y se mantienen en términos generales las características tradi-cionales de la economía boliviana.

6. bOLIvIA ANTE LA CRISIS fINANCIERA MUNDIAL

En 2008 el mundo atravesó por una nueva inflexión. La crisis financiera internacional producto de la especula-ción, del rompimiento de la burbuja creada por la sobreo-ferta inmobiliaria en los Estados Unidos y la venta de bonos de deuda de baja calificación, derivó en un proceso de recesión aguda en América del Norte y Europa. Este fenómeno se encadenó a un contexto de altos precios de materias primas, escasez alimentaria y energética, e in-flación. Las consecuencias inmediatas fueron la quiebra de varias entidades financieras, un bajón bursátil a escala global con una gran restricción de liquidez y la desacele-ración de varias de las principales economías del mundo. Todo ello puso en entredicho viejos paradigmas económi-

61 De Sousa Santos, 2010.

cos, como la excesiva liberalización económica, y trajo al debate otros ya olvidados que tuvieron que ser revisitados, es el caso de las reformas de índole keynesianista de re-activación vía gasto fiscal que aplicó hasta cierto punto el gobierno estadounidense.La gravedad de la crisis fue tal que sus efectos se sintie-ron incluso en países no directamente vinculados con ésta. Ante el colapso económico de Estados Unidos –primer y más dinámico mercado a nivel mundial– y la reducción de la demanda, varios exportadores de productos fue-ron arrastrados a la recesión, como México y los países centroamericanos; al mismo tiempo, otros países depen-dientes del crédito externo sufrieron decrecimientos ante la reducción de sus inversiones.62 La reacción inmediata para controlar la situación fue la inyección desde los go-biernos de grandes cantidades de dinero para mantener activas sus economías, salvando a las entidades financieras de la quiebra; esto no evitó severas pérdidas y ocasionó la pérdida del valor adquisitivo del dólar. A diferencia de los retrocesos y problemas que sufrieron Estados Unidos y los países de la Unión Europea para reactivarse, las economías emergentes del denominado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) demostraron solven-cia y capacidad para rebasar la crisis financiera sin mayores contratiempos. Esto sin duda posibilitó el sostenimiento de la demanda internacional, especialmente en lo que respecta a bienes primarios y productos básicos;63 de ese modo y pese a la coyuntura, los países latinoamericanos y asiáticos pudieron mantener sus niveles de crecimiento. En Bolivia la crisis no llegó a tener un gran impacto debi-do a la baja articulación del país con el mercado financiero internacional y a los reducidos flujos de capital externo directo, con excepción de los dirigidos al sector minero e hidrocarburífero. Así, el sistema financiero nacional man-tuvo su solvencia y rentabilidad, con un índice creciente de depósitos y un sector de microfinanzas robusto y que se benefició de la alta demanda de crédito para vivienda. La desdolarización de la economía en un momento en el cual el patrón cambiario, el dólar, se devaluó a nivel internacio-nal debido a su sobre oferta también resultó favorable.64 Por otro lado, el alto nivel de reservas internacionales y la presencia de superávits fiscales y en cuenta corriente

62 Muller, 2011.63 CEPAL, 2011.64 Muller, 2011.


ayudaron a impermeabilizar la economía boliviana y a mantenerla a flote.65

Sin embargo, esto no significa que no se hayan sentido algunos efectos de la crisis financiera: el crecimiento del PIB se redujo de 6,1% en 2008 a 3,4% en 2009; la inver-sión extranjera directa cayó en 18% en 2009, siendo el más afectado el sector minero; los niveles inflacionarios subieron (11,8% en 2008) no sólo debido a los shocks financieros, sino también al encarecimiento de productos alimenticios como consecuencia de fenómenos climatoló-gicos que perjudicaron la producción agrícola.66 Ante la ola de desempleo en las primeras economías del mundo se produjo una reducción de las remesas prove-nientes de trabajadores bolivianos en el extranjero de 8,5% en el último cuarto de 2008 y de 11,9% en el pri-mero de 2009,67 lo que restringió el consumo interno y las micro inversiones.

65 Jemio, Nina, 2009.66 Aliaga, Villegas, 2010.67 Jemio y Nina, 2009.

Estos cambios a nivel macroeconómico, aunque no tienen un reflejo directo en la situación económica de las perso-nas, pueden generar una serie de condiciones que poco a poco inciden en los niveles microeconómicos. Si se su-pone, por ejemplo, que la tasa de empleo tiene una fuerte correlación con la demanda agregada (todos los bienes y servicios que se consumen en un país), una reducción del PIB significará, por lo mismo, una contracción de la ofer-ta de empleo. Al mismo tiempo, condiciones desfavora-bles para los emigrantes harán que retornen, engrosando las filas de la población económicamente activa, es decir de aquellas personas que trabajan o quieren trabajar. Se crean así condiciones de malestar social que, si bien no son resultantes directos de la crisis financiera, se ven cier-tamente influenciados por ésta. Los capítulos posteriores permitirán visualizar mejor el panorama con respecto a los conflictos sociales y su vincu-lación con las coyunturas económicas y la crisis financiera mundial y otros fenómenos relacionados. Si algo queda claro es que éstas no son en sí mismas causantes de con-flictos, sino potenciadoras de éstos al generar trastornos que son transmitidos a los precios de los productos y a los ingresos de las personas.

Capítulo 3

Los ciclos de laconflictividad


La política no es estática, por el contrario, posee una gran dinamicidad, la que se hace visible a través de las pugnas ideológicas y por el poder. En algunos momentos surgen proyectos políticos, se desarrollan, buscan legitimarse y contar con el apoyo popular, remozan instituciones y formas legales, para luego iniciar un proceso de deca-dencia, se tornan conservadores, a veces autoritarios, se desinstitucionalizan y entran en crisis; entonces dan paso a inflexiones y a nuevos momentos constitutivos que per-miten el surgimiento de un nuevo ciclo histórico. Ningún ciclo es idéntico a otro y se puede decir que, finalmente, todos son víctimas del tiempo.La conflictividad social es una de las fuerzas potencia-les que impulsan y acompañan la política, describiendo movimientos que igualmente responden a ciclos, aunque éstos pueden leerse al revés: los picos altos pueden resul-tar preocupantes y los bajos satisfactorios. En este punto es necesario reiterar lo señalado en el primer capítulo de este libro, el conflicto en sí mismo no es negativo ya que es expresión de la vitalidad de una sociedad, pero en su manera agregada constituye un claro síntoma de malestar social y una vez que adquiere impulso puede alcanzar fá-cilmente estados en que difícilmente puede ser contenido y transformado; entre más dilatada es la tensión inherente al conflicto resulta más riesgosa.Si asistimos o no a un nuevo ciclo, si nos encontramos en el eje creciente o en el descendente, son cuestiones que, por lo general, no pueden ser completamente ab-sueltas sin antes recorrer la distancia analítica necesaria para asegurar que el presente no se convierta en un con-dicionante subjetivo. La historiografía ciertamente po-see una ventaja abrumadora sobre la prospectiva, por ello

es bueno recurrir a la experiencia para alumbrar mejor el presente. Desde esa perspectiva, el objetivo principal de este capítu-lo es plantear los elementos centrales de la dinámica con-flictiva del pasado inmediato para una mejor comprensión del futuro ya que, toda nueva época, para bien o para mal, es en alguna medida producto de la anterior.A través de recortes anualizados se presentarán los ciclos de la conflictividad boliviana en el período enero de 2009 a diciembre de 2011, caracterizándolos de acuerdo a sus rasgos predominantes. La base del análisis es la búsqueda de factores causales de la conflictividad, haciendo énfasis en su capacidad de influencia sobre las variables cuanti-tativas (cantidad de conflictos) y cualitativas (grado de agregación, interrelacionamiento de actores, dinámicas de agregación y niveles de radicalización).

1. LAS CIfRAS DE LA CONfLICTIvIDAD

Los últimos años en Bolivia han estado marcados por una creciente ola de conflictos sociales que no se veía en bas-tante tiempo. Desde enero de 2009 se observa una clara tendencia al alza de la conflictividad que, pese a la exis-tencia de algunos momentos de contracción, no ha vuelto en ningún momento a la situación prevaleciente en el pe-ríodo 2006-2008.1

1 Es importante señalar que UNIR ha ido agregando nuevas fuen-tes al monitoreo de conflictos, lo que sin duda ha influido en el conteo nominal de los casos; sin embargo, el incremento del nú-mero de conflictos es independiente de esta situación (véase capí-tulo 1).

Capítulo 3

Los ciclos de la conflictividad


Después de las elecciones de diciembre de 2005 que, como se vio, ofrecieron una solución política a lo que pa-recía un callejón sin salida, se inició un período en el que la conflictividad en el país ingresó en un proceso de franca declinación. Las cifras de cada año son reveladoras en este sentido:

TABLA Nº 1 / variación de la cantidad total y del promedio mensual de conflictos (enero 2006 - diciembre 2008)

aÑo NÚMERo DE CoNFlICtoS(*) pRoMEDIo MENSual

2006 369 31

2007 307 25

2008 205 17

(*) Entre 2006 y 2008 se incrementó la consulta de fuentes de dos a seis, lo que incide en el registro de una mayor cantidad de conflictos, por lo que se hace aún más evidente la reducción del número de conflictos que experimentó el país en esos años.

Fuente: Elaboración propia.

Esa tendencia a la declinación de la conflictividad se ex-plica por varias razones, entre las que se encuentran la salida política que parecía resolver la crisis estatal que el país vivió con intensidad desde el año 2000, la legitimi-dad del nuevo gobierno respaldado por el voto mayorita-rio, las grandes expectativas depositadas por la población boliviana en el gobierno y en el proceso constituyente iniciado en 2006, el apoyo de las organizaciones socia-les al gobierno y la unidad del bloque oficialista frente a un adversario político concentrado en las prefecturas y comités cívicos de los departamentos de tierras bajas, que entonces parecía fuerte y capaz de poner en riesgo el desarrollo del proceso.Si bien las cifras cayeron a niveles bastante bajos, hubo algunos momentos de confrontación entre sectores polarizados, algunos de éstos con saldos de heridos y muertos, que pusieron en evidencia la existencia de una fuerte tensión entre identidades políticas y culturales. Tres eventos marcan estos quiebres: los enfrentamientos entre grupos de sectores medios urbanos y campesinos en Cochabamba en 2007; entre chuquisaqueños deman-dantes de capitalidad plena y quienes se oponían al tra-tamiento del tema en la Asamblea Constituyente en la Calancha, Sucre, en 2007; y entre opositores al gobier-

no y campesinos en Pando en 2008. Por esto se puede hablar de una doble figura: cifras bajas, pero conflictos especialmente intensos que alcanzaron gradaciones de radicalidad bastante altas,2 la mayoría de éstas marca-das por el contexto político de confrontación entre un oficialismo que buscaba constituirse en hegemónico y grupos opositores que intentaban forjar un solo bloque contestatario.En 2009 este panorama empezó a cambiar. La radica-lidad de los conflictos se revirtió y se inició un proce-so continuo de incremento cuantitativo debido a varias causas: las expectativas de la población de mejoramiento de sus condiciones de vida no parecen haber sido satis-fechas, la emergencia de un proceso inflacionario, que afectó especialmente a los precios de los alimentos, y de escasez de algunos alimentos que generaron malestar ciudadano y el inicio del resquebrajamiento de la uni-dad del bloque oficialista y del distanciamiento entre las organizaciones sociales y el gobierno. Además, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Esta-do y la formulación de una nueva legislación a partir de ésta, se produjo una suerte de recomposición de las rela-ciones Estado - sociedad, que dio lugar al planteamiento de un gran número de demandas de aprobación de leyes, derogación o abrogación de otras, etcétera.

TABLA Nº 2 / variación de la cantidad total y del promedio mensual de conflictos (enero 2009 - diciembre 2011)

aÑo NÚMERo DE CoNFlICtoS pRoMEDIo MENSual2009 288(*) 24

2010 838 70

2011 1.300 183

(*) En 2009 se consultaba siete fuentes, a partir de 2010 aumentó este nú-mero a once medios de comunicación; se estima que la consulta de una mayor cantidad de fuentes puede haber incrementado la cantidad de conflictos re-gistrados en alrededor de 9%.

Fuente: Fundación UNIR Bolivia

2 Se llegó a los niveles de enfrentamiento violento y crisis, de acuer-do a la pirámide de radicalidad de UNIR (véase anexo Nº 1). El conflicto entre el gobierno y el CONALDE, que tuvo su episodio más intenso en Porvenir, Pando, en septiembre de 2008, fue el de mayor radicalidad.


2006 20112010200920082007

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ener

oFe

brer

oM

arzo

Abr

ilM

ayo

Juni

oJu

lioA

gost

oSe

ptie

mbr

eO

ctub

reN

ovie

mbr

eD

icie

mbr

eEn

ero

Febr

ero

Mar

zoA

bril

May

oJu

nio

Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

Ener

oFe

brer

oM

arzo

Abr

ilM

ayo

Juni

oJu

lioA

gost

oSe

ptie

mbr

eO

ctub

reN

ovie

mbr

eD

icie

mbr

eEn

ero

Febr

ero

Mar

zoA

bril

May

oJu

nio

Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

Ener

oFe

brer

oM

arzo

Abr

ilM

ayo

Juni

oJu

lioA

gost

oSe

ptie

mbr

eO

ctub

reN

ovie

mbr

eD

icie

mbr

eEn

ero

Febr

ero

Mar

zoA

bril

May

oJu

nio

Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

Como lo muestra el gráfico anterior, la variación del nú-mero de conflictos registrados de año a año es notable. Entre 2009 y 2010, casi se triplicó, mientras que de 2010 a 2011, se duplicó. Si tomamos en cuenta los extremos más visibles, enero de 2009 como el mes con menos casos de conflictos (14) y abril del 2011, que acumuló 168 casos, se observa un incremento de 830%.

Si bien la cantidad de conflictos en sí misma no es de-terminante, éste es un dato que no debe ser desestimado puesto que expresa una serie de cuestiones importantes sobre la situación general del país y, sobre todo, sobre el estado de ánimo de la población. Si bien es cierto que la situación socioeconómica y política de cada uno de esos años es distinta, se trata de etapas de un mismo proceso que comienza con la aprobación e inicio de la implementación de la nueva Constitución en 2009 y que se extiende, pero no termina, con la inestabilidad de pre-cios desatada a fines de 2010 y que dio lugar a la alta conflictividad de 2011.

Es evidente que, más allá de los aspectos cuantitativos, para evaluar y analizar el carácter y las implicaciones de un período de conflictividad es necesario considerar otros aspectos distintos, como la presencia de actores centrales, la transversalidad de las problemáticas en función a su capacidad de aglutinar a distintos sectores sociales, su expansión geográfica, los índices de violen-

cia y otros temas que serán analizados con mayor dete-nimiento en las distintas secciones de este libro.

2. LA CONfLICTIvIDAD EN 2009, AÑO DE TRANSICIÓN POLÍTICA

Durante el año 2009 la conflictividad se comportó de ma-nera fluctuante, aunque en términos generales presentó una tendencia al ascenso. El número total de casos regis-trados representó un incremento respecto al año anterior, aunque aún se mantenía muy por debajo de los niveles que se registrarían en los dos años siguientes. Pese a que ese año de transición política no estuvo exento de com-plejas controversias, los sectores sociales se mantuvieron más bien a la expectativa, sin llegar a generar una conflic-tividad significativa.

En el primer trimestre se registraron cifras reducidas, las que se incrementaron notablemente durante la segunda parte del año. Entre los meses de junio y noviembre se presentaron las cifras más elevadas de conflictos, cayendo drásticamente en diciembre, siguiendo la tendencia pro-pia de fin de año que quizá se vio acentuada por las expec-tativas existentes ante las elecciones generales de ese mes.

A continuación se presenta un gráfico sobre algunos he-chos significativos vinculados con la conflictividad del año 2009.

GRÁFICO Nº 3 / Cantidad de conflictos por mes(enero 2006 - diciembre 2011)



2.1. La transversalidad de la política en los conflictos de 2009

El año 2009 fue importante en términos políticos, varios hitos marcaron decisivamente la transición hacia el nuevo Estado plurinacional. El complejo y tensionado proceso de rediseño constitucional se cerró con la aprobación y promulgación de la nueva carta magna, e inauguró la fase de implementación de ésta, legitimada a partir de los re-sultados del referéndum nacional.

La conflictividad no fue ajena a los grandes aconteci-mientos políticos que marcaron la vida del país en 2009. En el mes de enero se aprobó la nueva CPE, a través de referéndum y en febrero fue promulgada; el referéndum sirvió, además, para reafirmar el respaldo popular al pro-yecto político encabezado por Evo Morales. Los sectores que expresaron su desacuerdo con el nuevo texto consti-tucional no se manifestaron a través del conflicto proba-blemente por ser minoritarios, por no estar articulados y porque se estableció un compás de espera para la puesta en marcha de la nueva carta magna. En esa situación se registró una cantidad bastante reducida de conflictos, si-milar a la de finales del año 2008, siguiendo, además, la tendencia recurrente en el país en esa época del año.

Hacia el mes de marzo se produjo un leve incremento en la cantidad de conflictos, que se acentuó en abril, coin-cidiendo con el inicio del proceso de preparación de las elecciones generales. Para cumplir con lo estipulado en la CPE recientemente aprobada, era necesario elaborar una nueva normativa de carácter provisional que estableciera las reglas del juego para la realización de los comicios que determinarían la correlación de fuerzas políticas en el país, elemento clave para el proceso de implementación de la nueva Constitución.

En un marco en el que la oposición tenía aún una mayo-ría relativa en la cámara de senadores, se generaron im-portantes conflictos en el ámbito político institucional en rechazo a varios acápites de la Ley del régimen electoral transitorio, incluyendo cuestionamientos a los mecanis-mos de distribución de escaños, y en demanda de un re-empadronamiento del universo votante. La sociedad civil organizada no fue ajena a dicha tensión política, regis-trándose varios focos de conflicto social en apoyo a la nor-ma transitoria (organizaciones sociales afines al MAS), en rechazo a ésta (organizaciones regionales de la deno-minada “media luna”), o en demanda de ajuste de ciertas disposiciones (CIDOB y otras organizaciones que recla-maba una mayor cantidad de escaños para los pueblos

25/2 Referéndumconstitucional

8/2 Se crean nuevosministerios:Autonomías,

TransparenciaInstitucional y Luchacontra la corrupción,

y Culturas

7/3 Comunariosatacan a la familiay toman la casa delex vicepresidente

Victor Hugo Cardenas

6/11 Se declaraAlerta Naranja antela aguda sequia en4 departamentos

8/7 Alrededorde 2 000 familiasprovenientes de

La Paz y Cochabambason trasladadas

a Pando

19/2 Se decretael incremento

salarial del 16%

6/12 Se llevan acabo los comiciospresidenciales y

legislativos

1/4 Se promulgancinco decretos a favor

de los trabajadores

15/4 Se destapael caso Rosza

14/4 se apruebala ley de régimen

electoral transitorio

1/8 Comienza elempadronamiento

biométrico

1/11 Miembrosde la Unión Juvenil

Cruceñistase adhieren

públicamenteal MAS

12/5 comienzael pago del bono

Juana Azurduy

Enero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreMarzo

GRÁFICO Nº 4 / Línea del tiempo 2009



indígenas). Un hecho llamativo fue que el propio presi-dente Morales inició una medida de presión demandan-do la aprobación de la ley. Después de intensas jornadas de negociación política y en medio de una conflictividad social ascendente se viabilizó la aprobación de la Ley de régimen electoral transitorio, con el acuerdo, entre otros puntos, de conformar un nuevo padrón electoral para el desarrollo del acto electoral de diciembre.En el mes de abril estalló el caso Rosza, hecho político que fue decisivo en la aceleración de la crisis por la que atravesaba la oposición regional desde 2008 y que tuvo importantes consecuencias para la conflictividad sociopo-lítica del país. La vinculación de líderes cruceños con el presunto grupo terrorista debilitó fuertemente el núcleo de oposición constituido durante los últimos años en el departamento de Santa Cruz; su relevante papel en el CONALDE determinó que la alianza interregional se viera minada, desarticulándose así un foco de oposición y de conflictividad política y social para el gobierno central. Este escenario dio paso a que se consolidara una nueva lógica de relacionamiento entre el centro político y las re-giones e inauguró una nueva modalidad de la lucha polí-tica: la judicialización de la política33. En los primeros meses de 2009 era aún evidente la fuer-te polarización política del país; las hondas fracturas que perviven en el seno de la sociedad se expresaron en hechos violentos, como los ataques a la familia y propiedad del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y al dirigente indígena de tierras bajas Marcial Fabricano. Estos he-chos mostraron que la intolerancia y el recurso a la fuerza se mantienen presentes en las relaciones sociopolíticas, con serias implicaciones para la convivencia pacífica en el país y pusieron en evidencia la tensión existente en torno a temas como la defensa de la institucionalidad, la legalidad, el respeto a los derechos de las personas4

y los alcances de la justicia comunitaria. Hacia el segundo semestre del año la cantidad de conflic-tos experimentó un mayor incremento, septiembre y no-viembre fueron los meses con el número más elevado, los temas políticos jugaron un rol importante en esta situación.

3 La judicialización de la política es el traslado de la pugna polí-tica al campo judicial; es un medio para canalizar las diferencias ideológicas y políticas mediante el uso de instrumentos judiciales (Couso, 2004).

4 Zegada, 2009.

En septiembre se cumplió el plazo de presentación ante la Corte Nacional Electoral de las listas de candidatos para las elecciones generales y de solicitudes para llevar a cabo referendos para la constitución de autonomías indígenas. El desacuerdo en torno a las nóminas de candidatos, las demandas de respeto a los cupos sectoriales en las listas (mujeres, indígenas) y la demanda de inclusión de algunos municipios en el referéndum autonómico aún después de vencido el plazo, fueron algunas de las cuestiones que ge-neraron conflictos en septiembre. Las campañas electorales iniciadas a fines de octubre pueden explicar el otro pico de conflictividad registrado en noviembre.

En el mes de diciembre la cantidad de conflictos se contrajo, llegando casi a los mismos niveles registrados a principios de año. Los casos vinculados con las elecciones de diciembre se relacionaron fundamentalmente con la definición de las condiciones en las que éstas se llevarían a cabo y no con la legitimidad de sus resultados. Una vez alcanzados consensos mínimos en torno a las reglas del juego, los comicios trans-currieron de manera pacífica y la conflictividad se redujo.

A pesar de que 2009 fue un año en que se vivió un cli-ma político permeado aún por la fuerte polarización del período 2006-2008, las cifras de la conflictividad mues-tran un fuerte posicionamiento en la agenda pública de otros temas que afectan directamente la vida cotidiana de la población, generándose una importante cantidad de conflictos de carácter económico (demandas de me-joramiento salarial, de beneficios económicos sectoriales y otros). También se registró una cantidad importante de conflictos por la tierra, especialmente en demanda de ma-yor celeridad en los procesos de saneamiento y titulación, en rechazo a las políticas de reversión de tierras, y por pugnas entre sectores sociales por el acceso a la tierra. Es-tos conflictos se explican por las elevadas expectativas de acceso a la tierra alimentadas por el proceso de rediseño territorial del Estado, por la oferta política redistributiva y por las medidas de reversión adoptadas a partir de los resultados del referéndum del mes de enero.

Se puede decir que ante la dispersión de los actores en cuanto a sus demandas, como producto del bajo grado de convergencia y coordinación de las protestas, la conflicti-vidad se percibió como relativamente leve.

2009 fue un año de transición política que cerró la etapa de la república e inició el establecimiento de bases del nue-vo Estado plurinacional autonómico. De alguna manera se


prolongó a lo largo del año un escenario político favorable al partido de gobierno, marcado por el control mayoritario de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacio-nal y por el notable debilitamiento de la oposición regional, lo que allanó el camino para el diseño y aprobación de leyes en el marco de la nueva Constitución. En lo económico se cerró un año de estabilidad, aunque con importantes temas pendientes para el mejoramiento efectivo de la calidad de vida de la población. En lo social, se mantuvo la cohesión entre los sectores que respaldaban el proyecto político del MAS, pero empezaron a evidenciarse algunas fracturas en-tre sectores y grupos de la sociedad. La conflictividad de 2009 se mantuvo entre un rango bajo y relativamente moderado de violencia, con el grueso de manifestaciones entre los niveles uno y dos de escalamien-to, alrededor de un cuarto de los casos alcanzó el nivel de confrontación con eventuales brotes de violencia y casi 15% escaló al nivel de enfrentamiento violento. Entre estos úl-timos destacaron la protesta de comunidades yuracaré del TIPNIS contra la plantación de coca excedentaria en su territorio por miembros del sindicato “16 de Octubre”, que derivó en un enfrentamiento entre indígenas y cam-pesinos dejando un saldo de dos muertos y tres heridos de gravedad, todos indígenas; y el conflicto entre el Comité Cívico de Aiquile en Cochabamba y adeptos al ex alcalde del MAS, acusado de cometer actos de corrupción, que dio lugar a enfrentamientos, tomas y retomas del edificio de la alcaldía, en las que se registraron más de diez heridos. Finalmente, el desenlace violento del caso Rosza muestra la permanencia de la lógica propia de los aparatos coercitivos del Estado, situación que no sólo se evidenció en este caso, sino también en otros que se analizarán más adelante.Paralelamente a la disminución del número de conflictos, la gravedad de éstos fue disminuyendo hacia fin de año probablemente por las expectativas ante el proceso elec-toral de diciembre y el debilitamiento, ya señalado, del núcleo duro de la oposición política concentrada en las prefecturas y en los comités cívicos de tierras bajas.

3. LA CONfLICTIvIDAD EN 2010, INAUGURACIÓN DE UNA NUEvA ETAPA DE GObIERNO DEL MAS

La segunda gestión de gobierno de Evo Morales se inició con un claro apoyo ciudadano y una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El

MAS se había convertido en una fuerza hegemónica sin precedentes en la historia boliviana que, con el control total del poder del Estado, tenía la tarea de poner en marcha el proyecto de país plasmado en la nueva Cons-titución.Esta fuerza política había logrado superar dos de los más grandes obstáculos que tuvo en su primera ges-tión de gobierno: una oposición que en el senado man-tenía el poder de veto y en la “media luna” constituía un importante bloque de resistencia. Electoralmen-te, esta fuerza política creció en alrededor de 10 pun-tos porcentuales con respecto a la elección de 2005

y mantuvo el apoyo popular recibido en el referén-dum constitucional; es decir que prácticamente no hubo desgaste político al cabo de su primera gestión de gobierno. En ese escenario tan promisorio, con el control de las dos cámaras de la Asamblea Legislati-va Plurinacional y un notable debilitamiento de la opo-sición regional, se subestimaron las tensiones sociales

y su poder de generar conflictos. Sin embargo, y sorpren-dentemente, en 2010 se presentó la mayor cantidad de conflictos desde 2006 y varios casos alcanzaron un alto grado de intensidad y violencia.Para analizar la conflictividad de 2010 es necesario con-siderar tres temáticas centrales: la realización de dos pro-cesos electorales, la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado y la problemática económica.El clima generado por el inicio de un nuevo periodo de gestión gubernamental del MAS y las festividades de fin de año y carnaval dieron lugar a una contracción de la conflictividad social y a su desplazamiento del ámbito po-lítico hacia temas de la vida cotidiana de la población.Sin embargo, desde el mes de enero comenzó a hacerse manifiesto cierto malestar al interior del bloque oficia-lista, en distintas regiones del país, en torno a las listas de candidatos y a la falta de consideración del criterio de representatividad para su conformación, alcanzando un punto crítico con los sucesos que obligaron al candidato por el MAS a la gobernación de La Paz, Félix Patzi, a renunciar a su postulación.La curva ascendente de la conflictividad empezó a tomar vuelo en el mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones municipales y departamen-tales a realizarse en abril. Estas elecciones eran distintas a las anteriores ya que se trataba de la primera vez que se


aplicarían reglas particulares para cada región, con múlti-ples consultas paralelas y diferentes tipos de papeletas, lo que complejizaba el proceso. Algunas características del régimen electoral no se adecuaban a sitios donde la distri-bución de fuerzas políticas era ambigua o fragmentada56 y la separación de listas para alcaldes y concejales determi-nó que, en varios casos, las autoridades ejecutivas electas

5 Mayorga, 2010.6 El criterio de proporcionalidad propio de la fórmula D´hont para

la distribución de escaños no resulta muy útil en sistemas de par-tidos polarizados como el que se configuró para las elecciones de abril de 2010; el mecanismo de mayoría simple creaba susceptibi-lidad sobre la posibilidad de un fraude en lugares donde no exis-tían fuerzas predominantes. Además, la Corte Nacional Electoral obvió en algunos casos la corrección de la proporcionalidad esta-blecida en el Art. 38 de la Ley de Régimen Electoral Transitorio, favoreciendo al MAS, como partido de votación concentrada.

no cuenten con el respaldo legislativo suficiente, haciendo vulnerables a los municipios a la ingobernabilidad.7 Los resultados de los comicios dejaron al MAS cierto sabor a derrota, varias fueron las interpretaciones que se dieron sobre esta situación. El gobierno los justifi-có y planteó la existencia de incrementos tangibles;8 por su parte, los opositores señalaron que se reafirma-ba su posición a nivel local y que la ciudadanía ponía un freno a la hegemonía oficialista. En realidad, ambos tenían razón, el MAS mantuvo una holgada mayoría a nivel nacional, con cerca de 51% de los votos ganó seis de las nueve gobernaciones y 228 alcaldías; sin embar-

7 FAM, 2010.8 http://aquevedo.wordpress.com/2010/04/25/bolivia-un-anli-

sis-de-las-elecciones-y-del-proceso-de-transformacin-social-en-trevista-a-a-garcia-linera/



Gobierno promulgael D.S.0420 que

sanciona a conductorescirculando en estado

de ebriedad

Eleccionesmunicipales y

departamentales

Gobierno anunciaun incrementosalarial del 5%

Rechazo al proyectode ley contra elracismo y toda

forma dediscriminación

Se agudizan lasprotestas por el

encarecimiento delos productos básicos

Violentosenfrentamientos

entre las cooperativasmineras Porveniry San Pablo y la

cooperativa 16 deMarzo por parajesde laboreo en una

zona fronteriza entrelos departamentos

de Oruro yCochabamba

Se prohíbe laexportación de

azúcar, sorgo y maíz

Acuerdo depaci�cación entrelas poblaciones deCoroma y Quillacas

Con�icto de Caranavipor la construcción

de una plantaprocesadora de

cítricos

Comienzan lastensiones entre las

poblaciones deCoroma (Potosí) yQuillacas (Oruro)

debido a problemaslimítrofes

Debate sobreel proyecto de

modi�cación dela Ley general de

aduanas y del nuevocódigo tributario

Marcha de CIDOBhacia La Paz

demandando unamayor participación

en la toma dedecisiones.

Enfrentamiento enCaranavi deja un

saldo de 3 muertos

Amenaza dedestitución al

Alcalde de Sucre,Jaime Barrón

Comienza el parocívico inde�nido

en Potosí

Se masi�can lasprotestas de los

medios de prensaen rechazo a la

Ley contra el racismoy toda forma

de discriminación

Promulgacióndel D.S. 0748

que dispone elincremento del

precio de loscarburantes

hasta en 83%



go, el Movimiento Sin Miedo logró imponerse en 22 municipios y la Agrupación Verdes de Rubén Costas en 15, y el MAS fue derrotado en sus propios bastiones de poder: los municipios de La Paz, Oruro, Achacachi, Pu-nata y Coro Coro, en estos tres últimos la imposición de candidatos por sobre los propuestos por los lugareños fue castigada, y en El Alto el MAS pudo mantener la alcaldía con una mínima diferencia sobre su oponente. Éstos eran los primeros síntomas de un quiebre entre la primera fuerza política del país y las organizaciones populares que la apoyaban;9 en tanto este fenómeno se agravaba, el gobierno se colocaba en una posición cada vez más incómoda para gestionar los conflictos que se le iban presentando.Se produjo más de una docena de conflictos postelecto-rales, varios de éstos protagonizados por sectores del pro-pio oficialismo por sospecha de fraude o irregularidades en por lo menos 16 ciudades y localidades; registrándose confrontaciones violentas y gran turbulencia social. Los conflictos políticos en torno a las elecciones se mantuvieron vigentes durante varios meses, alcanzando un pico en junio a partir de la suspensión de autori-dades electas posibilitada por la Ley de Autonomías y Descentralización, como parte del fenómeno de judi-cialización de la política. Así, el MAS logró destituir a varios alcaldes y a un gobernador electos en abril, ten-sionando aún más la pugna por las plazas de poder entre los simpatizantes del MAS y de distintos sectores de oposición. En 2010 se abrió una nueva etapa del largo proceso constituyente iniciado en 2006, con la formulación de nuevos instrumentos jurídicos en el marco de la CPE –leyes de autonomía y descentralización, pensiones, edu-cación, del servidor público, de aduanas, contra el racis-mo y código laboral– y los debates que se generaron en torno a éstos. Las organizaciones sociales que fueron el sustento del gobierno en su primera gestión y que habían criticado la falta de legitimidad del anterior marco legal del país por no representar los intereses populares, buscaron partici-par activamente en este proceso e introducir sus propias visiones y demandas; las restricciones a su participación en este proceso generaron un distanciamiento entre las

9 Martínez, 2010.

organizaciones de base y el gobierno, dando lugar a va-rios conflictos. Las organizaciones retomaron la estra-tegia del cerco que habían utilizado durante la gestión legislativa anterior para presionar a la oposición en el Congreso,10 las marchas de la COB y de CIDOB hacia la ciudad de La Paz en momentos distintos y el paro cívico de 17 días en Potosí se inscriben en esa lógica. El gobierno intentó gestionar estos conflictos a través de sus líderes y sectores afines, en lugar de entablar diálogos abiertos para encontrar soluciones definitivas, lo que de-terminó que los procesos de negociación se prolongaran y complejizaran, aunque no se produjo una convergencia de intereses puesto que, en muchos casos, las demandas estaban vinculadas a intereses sectoriales, dejando muy poco margen para el establecimiento de alianzas; si éstas se hubieran generado se habría dado paso a la agrega-ción de actores, es decir a la conformación de bloques a partir de intereses comunes.A fines de 2010 el gobierno enfrentaba un panorama político y social muy distinto al del inicio del año y al presentado durante 2009. El resultado de las elecciones municipales y departamentales de abril puso un freno a la hegemonía política del MAS en el nivel local, donde perdió siete de las ciudades capitales, incluyendo la sede de gobierno. Por otro lado, los cuestionamientos a las dis-posiciones de varias leyes nuevas fueron evidenciando el descontento social y algunas políticas gubernamentales empezaron a ser vistas como distintas a los preceptos y al espíritu de la Constitución recientemente aprobada, lo que empezó a generar disconformidad.En los primeros meses de 2010 dos temas de carácter económico se convirtieron en los principales ejes de ma-lestar y conflictividad social: por una parte el encareci-miento de productos de la canasta familiar que determi-nó la promulgación de una serie de decretos supremos prohibiendo la exportación de los productos cuyos pre-cios se elevaron, esperando que la oferta iguale la de-manda y, por otra parte, la imposición de sanciones a los

10 Al no poseer mayoría en el Congreso, la oposición usaba el de-recho a veto para obstaculizar el proceso de aprobación de leyes. Esto generó un gran conflicto entre el ejecutivo y el legislativo, incrementando la polarización; el MAS y los movimientos socia-les afines recurrieron a la presión como mecanismo para destrabar los debates. Con esta experiencia se diseñó para la nueva gestión un sistema electoral que enfocara el peso y poder presidencialista en la Asamblea Legislativa (Mayorga 2010).


choferes que circularan en estado de ebriedad, que causó el rechazo de los transportistas y empresarios del rubro en todo el país. El mes de mayo abrió una nueva etapa en la conflictivi-dad del país. Mientras la época electoral quedaba atrás, las problemáticas de carácter económico dieron lugar a un creciente número de casos y a medidas de presión cada vez más radicales. El caso paradigmático en esta etapa fue sin duda el de los pobladores de Caranavi, mayoritariamente afines al partido de gobierno, por la construcción de una planta procesadora de cítricos, du-rante el cual se bloquearon caminos, generando desa-bastecimiento de productos de primera necesidad en la región de los Yungas, por lo que en mayo efectivos de la policía ingresaron a Caranavi y se enfrentaron a los movilizados con un saldo de dos muertos, al menos 40 heridos y varios detenidos. Estos conflictos evidenciaron la existencia de desacuer-dos al interior del bloque oficialista capaces de generar situaciones de crisis y expusieron la sensibilidad de la po-blación –más allá de las cuestiones ideológicas– ante la problemática económica, más aún considerando las altas expectativas laborales y salariales generadas por la bonan-za económica del año precedente. Con una tasa de desempleo que aunque no era demasia-do alta resultaba inquietante y un mercado laboral difícil debido a la baja industrialización y a la gran informali-zación de la economía boliviana, no resulta sorprendente la preocupación de la población respecto al tema laboral; así, varios conflictos se originaron por las cesaciones ma-sivas determinadas por nuevas autoridades públicas.11 Por otra parte, la creciente expectativa de mejoramiento de la situación laboral a través de una nueva legislación mantu-vo alertas a las organizaciones sociales esperando que sus demandas sean tomadas en cuenta en la formulación del nuevo código del trabajo y de la ley de pensiones.Desde el mes de febrero, el alza de precios de algunos pro-ductos básicos generó malestar en la población y dio lugar a que distintos sectores sociales demandaran aumentos salariales sustanciosos. El gobierno señaló que éstos oca-sionarían un proceso inflacionario e insolvencia en el pago

11 Los funcionarios municipales de distintas ciudades tuvieron una participación muy activa en los conflictos a partir del mes de ju-nio.

de beneficios sociales, explicación que fue rebatida por al-gunos expertos.12 Esta situación de desabastecimiento y encarecimiento de productos básicos afectó la populari-dad y fortaleza del gobierno ratificadas por los resultados de las elecciones generales.En esa etapa se incrementó la disputa por el control de recursos naturales y las demandas de inversión pública para su industrialización. La dependencia de la econo-mía boliviana de estos recursos y el nuevo escenario de reterritorialización del Estado en el marco de la aplica-ción de la Ley de autonomías y descentralización hicie-ron posible el surgimiento de numerosos conflictos de este tipo.Si bien en términos generales en el año 2010 los nive-les de violencia se mantuvieron estables y relativamente bajos, en los meses de mayo y junio se registró un signi-ficativo incremento de éstos. Uno de los casos más des-tacados fue el conflicto de Caranavi antes mencionado; en junio se produjeron siete enfrentamientos violentos en Oruro, Sucre, Santa Cruz y Cochabamba, con un saldo de 63 personas heridas. Uno de ellos a partir de la amenaza de destitución del alcalde electo de Sucre, Jaime Barrón, a raíz de un proceso judicial iniciado en su contra por su supuesta participación en los vejáme-nes que sufrieron campesinos en 2008, dio lugar a que organizaciones sociales se movilizaran en su defensa; un enfrentamiento entre éstas y las fuerzas del orden dejó alrededor de 50 heridos. Estos casos, especialmente el de Caranavi marcado por una extremadamente dura inter-vención policial, evidencian la existencia de temor a la inestabilidad y fracturación política frente a cuya proba-bilidad se reacciona de manera a veces excesiva, comple-jizando el panorama de la conflictividad.Con el avance del año fue aumentando la cantidad de conflictos que derivaron en enfrentamientos directos, especialmente entre miembros de la sociedad civil. En septiembre, un conflicto entre cooperativas mineras de Oruro y Cochabamba por parajes de laboreo en la mina Japo, en la zona fronteriza entre ambos departamentos, desembocó en varios enfrentamientos, dos de éstos muy graves, dejando varios heridos. En octubre los conflictos al interior del sector del transporte en Cochabamba con-cluyeron con varios heridos y vehículos dañados.

12 CEDLA, 2010.


En diciembre la promulgación del Decreto Supremo Nº 748 dio lugar a una intensa conflictividad social de ca-racterísticas violentas, que pudo haber generado una si-tuación de ingobernabilidad debido a la multiplicidad de actores demandantes, a la gran cantidad de episodios con-flictivos y a la agregación de las demandas.

4. LA CONfLICTIvIDAD DE 2011, ENTRE AMbIvALENCIAS y CONTRADICCIONES

La transición de 2010 a 2011 estuvo marcada por el ini-cio de una nueva dinámica de conflictividad social como resultado de la ola de reacciones ante la promulgación y rápida derogatoria del Decreto Supremo No 748, que dis-ponía el incremento del precio de los carburantes.

El mes de enero arrojó la cifra de 114 conflictos, cantidad inusitada para el primer mes del año cuando suele produ-cirse una suspensión temporal de la conflictividad y con-siderando que desde septiembre varios focos de malestar social fueron desactivados, dando paso a una gradual re-

ducción de los conflictos. Una comparación con las cifras de conflictividad de los años anteriores permite visualizar mejor la singularidad de este fenómeno: en enero de 2009 se registraron sólo 14 conflictos y en enero de 2010, 28.En el primer semestre de 2011 la conflictividad fue incre-mentándose progresivamente, llegando a un pico máximo de 168 casos en el mes de abril, la cifra más alta de los últimos cinco años.La promulgación el 25 diciembre de 2010 del Decreto Supremo 748 que, de acuerdo al gobierno, tenía la finali-dad de mitigar el contrabando y generar mayores ingresos para la inversión pública,13 pero que al eliminar la sub-vención a los carburantes incrementó sus precios hasta en 83%, ocasionó el inmediato aumento de las tarifas del transporte público y del conjunto de los productos en el mercado y desató una ola de rumores sobre devaluación del dólar y congelamiento de cuentas bancarias, espar-

13 http://www.la-razon.com/version_temp.php?ArticleI-d=1053&EditionId=2389&idp=10&ids=158



16/2 COB demandasalario mínimo

de Bs. 8 000

19/10 Marchaindígena arriba

a La Paz

7/2 BCB emitebonos para

extraer liquidez

1/5 Se derogael D.S. 21060

15/8 Se inicia la VIIIMarcha indígena, en

defensa del TIPNIS

20/12 Iniciacontramarchadel CONISUR

16/10 EleccionesJudiciales

15/11 Inicia la caravanade discapacitados

de La Paz

16/3 Se trans�ereregulación de

pasajes a alcaldíasy gobernaciones

2/3 Gobiernoaprueba incremento

salarial de 10%

8/6 Se promulga Leyde nacionalización

de autos

25/9 Marchaindígena esintervenida

violentamenteen Chaparina

12/12 Se lleva acabo Cumbre social

convocada porel Gobierno

24/10 Se promulgaLey corta que

protege al TIPNIS

19/4 Se �rmaacuerdo con respecto

al incrementosalarial



ciendo el pánico entre miles de ahorristas que intentaron retirar su dinero de los bancos, lo que empeoró aún más la situación.En esas condiciones, el decreto recibió el rechazo ge-neralizado de la población; distintos sectores sociales de todo el país expresaron su protesta, generándose nu-merosos conflictos. El 28 de diciembre comenzaron las marchas en todo el país, las juntas vecinales, la COB, los transportistas y otros sectores manifestaron su rechazo a la medida; los últimos días del año fueron muy violentos, se registraron enfrentamientos con saldos de personas heridas y destrucción de bienes. La paralización de acti-vidades, la violencia de algunas protestas, las demandas de renuncia de algunos ministros, del vicepresidente y del propio presidente –es el primer conflicto desde 2006 en el que se pidió la renuncia de Evo Morales14–, que configuraron una situación de convulsión social, obliga-ron al gobierno a abrogar el decreto a pocas horas de la media noche del 31 de diciembre. Quizá como producto de la algarabía que causó la noticia, los sectores movili-zados levantaron las medidas de presión esperando que el episodio se cerrara tan rápida e intempestivamente como se inició. Sin embargo, los precios de los productos de primera necesidad y del transporte público se mantu-vieron altos, razón por la cual, paralelamente a las pro-testas que pronto se reiniciaron por el alza del costo de vida, varios sectores pidieron autorización para aumen-tar los precios de sus productos, como los productores de leche, de arroz, de castaña, y de piedra caliza (utilizada para la elaboración de cemento), argumentando el enca-recimiento de sus insumos. Los precios de los productos alimenticios fueron afecta-dos por distintos factores, como la fuerte demanda de la población que, ante la situación creada por el gasolinazo y suponiendo un alza generalizada de precios, se lanzó a los mercados generando desabastecimiento, los desastres naturales que perjudicaron la zafra, la crisis alimentaria internacional y el contrabando. Además, los comerciantes arguyendo la elevación de las tarifas de transporte y, aún antes de que éstas se efectivizaran, subieron los precios. Así, compradores y vendedores generaron especulación; los primeros empujando la curva de la demanda e in-

14 http://www.lostiempos.com/diar io/actual idad/econo-mia/20101230/miles-de-manifestantes-pacenos-y-altenos-pi-den-la-renuncia-de-evo_106401_208074.html

centivando la elevación de precios, los segundos siendo proclives al agio y al ocultamiento para obtener mayores beneficios. Los antecedentes históricos de períodos de aguda in-flación despertaron el temor de la población a que la si-tuación se descontrole, por lo que entre las primeras de-mandas planteadas se encuentra la adopción de medidas para frenar la crisis, pero el gobierno no pudo resolver el problema de fondo, limitándose a establecer algunos pa-liativos.Por su parte, los transportistas de todo el país anuncia-ron el alza de sus tarifas. El transporte es un servicio de tipo inelástico ya que, independientemente de su precio, la variación porcentual de la demanda es mínima, por lo que, en teoría, los transportistas podían imponer el incremento de sus tarifas; sin embargo, la acción de las juntas vecinales que no lo aceptaron y la política regu-latoria del gobierno central, a través de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, impidió que éste se hiciera realidad. Ante la negativa de las autoridades a permitir dicho incremento, durante el primer trimes-tre de 2011 se llevaron a cabo una serie de medidas de presión, incluyendo largos paros movilizados; la transfe-rencia de la competencia de regulación de las tarifas del transporte del gobierno central a los gobiernos departa-mentales y municipales, en marzo de 2011, descentralizó estos conflictos, librando al gobierno central de la nece-sidad de tomar una decisión que, cualquiera que fuera, le generaría impopularidad. En los escenarios locales se generaron una serie de contra conflictos: vecinos, comer-ciantes, universitarios, campesinos, fabriles, trabajadores municipales y otros sectores se movilizaron para recha-zar el posible incremento de las tarifas de transporte, re-gistrándose algunos enfrentamientos violentos con los transportistas. Finalmente, las negociaciones entre los sindicatos locales de transportistas y los gobiernos mu-nicipales permitieron llegar a acuerdos.Casi simultáneamente a las protestas por el encarecimien-to de la canasta familiar se registraron movilizaciones por la escasez de algunos productos alimenticios, especial-mente azúcar, y de materiales de construcción. Pese a los intentos de control de precios por parte del gobierno, el mercado se impuso, obligando a que la propia Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) subiera el precio del kilo de azúcar en más de 20% ya que la esca-sez era, en parte, consecuencia del contrabando hormiga.


Además de los vecinos, fabriles, mineros, miembros de las centrales obreras y otros sectores, destacaron los gremia-les que reclamaron por lo que consideraban competencia desleal de EMAPA; se sumaron a estas protestas las de vecinos por las demoras en la distribución de azúcar y la deficiente atención a los clientes, además de que la enti-dad sólo hacía las veces de intermediaria, por lo que se pidió su disolución; esto obligó al gobierno a cancelar la comercialización de este producto desde el ente estatal.Ante la escasez de productos y las correspondientes protes-tas sociales, el gobierno decidió realizar una importación masiva de azúcar y de cemento, acelerar la zafra y apreciar el boliviano para desincentivar las exportaciones y priorizar el mercado interno. A inicios de febrero de 2011 llegó una de las primeras cargas de azúcar importada, que inmedia-tamente fue seguida por otras, incluyendo varias toneladas de maíz e insumos para la fabricación de cemento. Esto determinó que hacia el mes de marzo los conflictos por la escasez de productos fueran desapareciendo y el malestar social se concentrara en torno al tema de los ingresos.En esta situación, el gobierno tuvo que hacer frente al embate de los sectores sociales; la COB demandó un in-cremento de salarios; los maestros y salubristas, sectores que serían beneficiados con el incremento de 20%, pro-testaron por la abrogación de esta disposición; y los trans-portistas siguieron presionando por consolidar el alza de las tarifas que, en algunos lugares, ya se aplicaba sin auto-rización previa. Para gran parte de la población se abría una importante brecha entre sus ingresos y el costo de vida15 y la única alternativa para reducirla era el logro de mejores salarios o el cobro de precios más altos por bienes y servicios, más aún si la información oficial mostraba la existencia de una economía sólida y bien respaldada por importantes reser-vas internacionales. La tendencia ascendente de la con-flictividad en el primer semestre de 2011 responde fun-damentalmente a la demanda de un incremento salarial significativo y de una serie de otras medidas que asegu-raran mejores ingresos para los distintos sectores sociales.En febrero y marzo la inflación se mantuvo, así como la escasez de varios productos. Algo más del 20% de los

15 Esto se pudo corroborar a través de las entrevistas realizadas para el Informe sobre la conflictividad en Bolivia. La conflictividad eco-nómica (Fundación UNIR Bolivia, 2011).

conflictos de febrero se vincula a estos problemas; se rea-lizaron marchas en todo el país, bloqueos esporádicos en centros urbanos, paros de los sectores afiliados a las cen-trales obreras y de gremialistas y se presentó un saqueo en la localidad de Atocha. La agrupación de demandas se convirtió en un fenómeno característico del periodo. Así, al tiempo que algunos sec-tores se movilizaban por el incremento salarial, lo hacían también rechazando el encarecimiento de productos en el mercado. Entonces un tema se volvió inherente al otro, agravando la brecha existente entre precios e ingresos y fortaleciendo la relación entre una y otra problemática. La situación era difícil puesto que si el gobierno cedía a la demanda de incremento salarial aumentaba la presión fiscal que ya existía y que había obligado a decretar el ga-solinazo, incentivaba la demanda y reproducía el círculo vicioso. Es decir que la inflación sólo tendería a agudi-zarse a corto y mediano plazo. Tampoco podía establecer barreras a la estructura de precios, ya que el contrabando desabastecería poco a poco los mercados. Con ese escaso margen de maniobra, la opción fue la importación directa y masiva de los productos escasos. La cantidad de conflictos en el mes de marzo experimen-tó una levísima caída, lo que no significó un distensio-namiento de la situación. Al contrario, las protestas se volvieron cada vez más contundentes, no sólo porque las problemáticas se estaban dilatando demasiado, sino a raíz de la decisión gubernamental de zanjar las controversias a través del D.S. 809 que incrementaba los salarios en 10% y de desconcentrar las competencias de autorización de tarifas de transporte a las gobernaciones y alcaldías. Casi la mitad de los conflictos de marzo se dieron en torno al incremento salarial, a la elevación de las tarifas de trans-porte y a otros temas de carácter económico. Aunque no se puede afirmar un retorno a la situación anterior al gasolinazo, de acuerdo a las cifras del INE, la variación de la inflación en abril tocó su punto más bajo desde enero (0,89%), los mercados se normalizaron y los precios de algunos productos se redujeron, aunque sin lle-gar a los niveles anteriores; sin embargo algunas institu-ciones especializadas informaron que el Índice de Precios al Consumidor era porcentualmente más alto que los da-tos manejados por el gobierno.16

16 Los Tiempos, 14 de abril de 2011.


En abril el mayor problema fue el salarial. Los 168 casos de conflicto, cifra muy superior a la de los tres primeros meses del año, dan cuenta de una agudización peligrosa del malestar social expresado en múltiples manifestacio-nes de protesta (394), paros indefinidos de la COB, del magisterio, de las universidades y del sector salud, además de una cantidad inédita de intervenciones violentas por parte de las fuerzas del orden. Las organizaciones socia-les identificadas con el gobierno (CONALCAM, CSIB, CSTUCB, Federaciones del Trópico Cochabambino, entre otras) amenazaron con hacer frente a los sectores que demandaban un incremento salarial mayor al 10%, a éstas se sumaron algunas juntas vecinales, asociaciones de padres de familia y sindicatos de transporte. La conflic-tividad se canalizó hacia puntos comunes, varios actores estratégicos actuaron en sincronía y bajo consignas simi-lares (transversalización de la demanda), aunque hubo di-vergencias en relación a algunos temas que generaron una serie de contra conflictos.El desenlace de este entramado de conflictos se dio tras la firma de un acuerdo entre los sindicatos laborales y el gobierno, por el cual se aceptó un incremento salarial de 10%, con el compromiso de llegar hasta 12% en el mes de agosto, si es que se encontraban recursos para solven-tar dicho gasto. El siguiente punto de discusión fueron las medidas adoptadas por el gobierno para sancionar a los trabajadores que estuvieron en paro, descontando de sus sueldos las jornadas en que suspendieron labores; los maestros fueron los que reaccionaron más fuertemente, desarrollando una serie de protestas entre los meses de mayo y junio, aunque sin interrumpir el normal desenvol-vimiento de las labores escolares. En julio de 2011 el país vivió un breve período de escasa conflictividad, con algunas movilizaciones dispersas y de baja intensidad. Los temas más destacados fueron proble-mas administrativos en municipios, cuestionamiento de autoridades municipales, algunos hechos violentos aisla-dos en centros mineros asociados a la situación favorable de precios en los mercados internacionales y a vacíos o ambigüedades legales de carácter territorial, y conflictos limítrofes, como el del municipio de La Paz y sus vecinos de Mecapaca, Achocalla, y Palca.Con el tema de la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos que atravesaría el Territorio Indí-gena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la conflic-tividad a partir del mes de agosto adoptó un nuevo cariz.

En 1965 el área fue establecida como parque nacional de-bido a su condición megadiversa (contiene 40% del patri-monio biológico del país: 1.700 especies de vertebrados, casi la mitad de las especies del país, de las cuales 300 están amenazadas de desaparición17) y a su enorme rique-za hídrica. En 1990, como resultado de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas, el TIPNIS fue reconocido mediante D.S. 22610 como territorio ancestral de los pueblos mojeño, yuracaré y chimán, respaldo legal fundamental para el desarrollo de la vida social, económica y cultural de estos pueblos que lo habitan desde hace cientos de años y que han logrado mantener su cohesión cultural pese a las grandes trans-formaciones que fueron ocurriendo en su entorno. Así, el área adquirió una doble condición, como parque nacional y como territorio indígena y, en ese sentido, se estable-ció su gestión compartida entre el Estado y la Subcentral Indígena del TIPNIS. En junio de 2009, el gobierno del MAS entregó el título ejecutorial colectivo del TIPNIS que comprende una extensión de 1.091.656 hectáreas para 64 comunidades indígenas.Las tierras bajas del país, especialmente de la región ama-zónica, se mantuvieron poco vinculadas con los princi-pales centros urbanos y mercados del país; por ello desde hace muchos años se buscó articular mejor la región a fin de fortalecer los mercados internos y desarrollar el país de manera integral. En ese marco, en 1998 se planteó la idea de una carretera que vincule Villa Tunari, en el tró-pico cochabambino, y la población beniana de San Igna-cio de Moxos; en 2003 el gobierno de Sánchez de Lo-zada la incluyó en el proyecto de corredor bioceánico de la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); en mayo de 2010 el presidente Morales promulgó la ley 112 aprobando la contratación de un crédito con el Brasil por 332 millones de dólares para financiar la construcción de la carretera; en agosto de 2010, el gobierno aprobó la licencia ambiental del proyec-to carretero; y en febrero de 2011 el gobierno y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social do Brasil suscribieron el contrato del crédito para financiar el proyecto.18 Con esto la carretera iba a hacerse realidad.Desde hace varias décadas, los productores de coca del trópico cochabambino fueron ocupando ilegalmente el

17 Ribera, 2010.18 Boletín Fundación Tierra Nº 106.


área del TIPNIS; aproximadamente 700 se asentaron en los campamentos Llallagua, Urkupiña y Uncía. En sep-tiembre de 2009 se produjo un enfrentamiento entre indí-genas yuracaré y miembros del sindicato “16 de Octubre” por la plantación de coca excedentaria en el área, que dejó dos muertos y tres heridos.19

En mayo de 2010, cuando se promulgó la ley 112, los habi-tantes del TIPNIS expresaron su rechazo a la construcción de la carretera y anunciaron su intención de marchar hacia La Paz si proseguían las gestiones. Algo más de un año después, el 15 de agosto de 2011, se inició la VIII marcha de pueblos indígenas de tierras bajas con la demanda cen-tral –en un pliego petitorio de 16 puntos– de que no se construya la carretera ni otro proyecto que atente contra la conservación del territorio indígena y parque nacional. Esta demanda se fundamenta en lo dispuesto por la CPE que, en su artículo 30, establece los derechos de las nacio-nes y pueblos indígena originario campesinos, entre los que se encuentran los derechos territoriales: a la titulación colectiva de tierras y territorios; a la gestión territorial in-dígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su terri-torio sin perjuicio de los derechos legítimamente adqui-ridos por terceros; a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorio; a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas suscep-tibles de afectarles. En este marco, la Constitución esta-blece que se respetará y garantizará el derecho a la con-sulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. La demanda también está basada en convenios internacio-nales ratificados por Bolivia, como el 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.Sin embargo, la Confederación Sindical de Comunida-des Interculturales de Bolivia (CSCIB) y las federacio-nes de productores de coca del Chapare manifestaron su interés en que la carretera sea construida atravesando el TIPNIS, lo que permitiría la distribución de tierras en el área. El secretario general de la CSCIB, Antonio

19 Fundación UNIR, 2009.

Cárdenas, señaló que el MAS prometió entregarles tie-rras en el TIPNIS, “el camino va a favorecer a todos los bolivianos, en el futuro las organizaciones sí o sí vamos a avanzar con los nuevos asentamientos humanos.”20 Este conflicto expresa la existencia de intereses y visiones contrapuestas acerca del desarrollo: una conservacionista y de respeto a los derechos indígenas y a la propiedad co-munal, y otra desarrollista que busca la ampliación de la frontera agropecuaria y de la propiedad individual cam-pesina.Este nudo conflictivo influyó en la aparición de una serie de pequeños conflictos gravitantes en torno al tema gene-ral del TIPNIS. En agosto se registraron 15 casos además de la marcha, en septiembre al menos 25 y en octubre 13. Durante los 65 días que duró la marcha, la atención de la población y de los medios de comunicación nacionales e internacionales se concentró en sus incidencias. La im-portancia del conflicto se hizo evidente por su transversa-lidad; un gran número de actores no directamente involu-crados, como juntas vecinales, comités cívicos, sindicatos de educación, entre otros, se movilizaron, especialmente después de la violenta intervención policial de la marcha el 25 de septiembre,21 algunos de ellos sin previa convo-catoria. Al arribar a La Paz, la marcha fue recibida por distintos sectores ciudadanos que se volcaron a las calles para expresar su apoyo a los indígenas. Poco después, el gobierno promulgó la ley 180 que de-clara la intangibilidad del TIPNIS para asegurar que no se construya la carretera ni otra obra que afecte su con-servación.22 El tema de la intangibilidad generó polémica puesto que stricto sensu implica no utilización23 en un área que, por su condición de territorio indígena, requiere el uso sostenible de los recursos naturales para la sobrevi-

20 ERBOL, 25 de agosto de 2011.21 Mayor información y análisis sobre este conflicto se encuentra en

Fundación UNIR 2011. Análisis de la conflictividad del TIPNIS y potencialidad de paz. Cuadernos de Investigación sobre la conflic-tividad. Año 1. Número 1.

22 De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el concepto de conservación incluye la pro-tección y el uso sostenible, puesto que lo que busca es la utiliza-ción humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio, manteniendo el potencial necesario para satisfacer las aspiracio-nes de las futuras generaciones.

23 Según el diccionario de la Real Academia Española, intangible es aquello que no puede o no debe tocarse.


vencia y desarrollo de los pueblos que lo habitan y, por su condición de parque nacional, comprende el uso sosteni-ble de los recursos naturales, de acuerdo a su zonificación.Por su parte, los grupos que apoyaban la construcción de la carretera empezaron a demandar la derogatoria de la ley y el Consejo Nacional de Indígenas del Sur (CONI-SUR) y la CSCIB se organizaron para iniciar una marcha hacia La Paz que partió el 21 de diciembre de 2011.El del TIPNIS es, sin duda, el conflicto central del se-gundo semestre de 2011 y uno de los conflictos más im-portantes de los últimos años. Además del pico del mes de abril, cuando se alcanzó la cifra más notable de toda la gestión de Evo Morales, la conflictividad marcó otro hito en agosto, con 155 casos; los temas que motivaron la movilización social, aunque de menor significación, fue-ron la demanda de cumplimiento del 1% de incremento salarial adicional al 10% comprometido por el gobierno en el mes de abril, las demandas de ejecución de los POA municipales, el rechazo a las altas tasas impositivas para la legalización de vehículos, chatas y remolques y la deman-da de reestructuración de la Caja Nacional de Salud. En los meses siguientes, hasta finalizar el año, las cifras de la conflictividad se mantuvieron elevadas, con cerca de cien conflictos por mes. Al finalizar el año, el gobierno convocó a una cumbre so-cial para trazar una nueva agenda socioeconómica –pese al crecimiento del PIB superior al de 2010, como producto del efecto precio,24 la fuerte carga fiscal de los bonos, in-crementos salariales y otros pone en tela de juicio la capa-cidad estatal de seguir resolviendo conflictos vía distribu-ción directa de recursos sin incurrir en déficit– y política y reforzar su base social de apoyo. La cumbre se desarrolló con la ausencia de la COB, CONALJUVE, CIDOB y CONAMAQ, organizaciones distanciadas del gobierno a raíz de los conflictos más importantes del año, y con la participación de la Cámara de Industria, Comercio, Ser-vicios y Turismo (CAINCO), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), de la Confederación Agropecuaria Na-cional (CONFEAGRO) y de las Fuerzas Armadas.En cuanto al escalamiento de la conflictividad en 2011, algo más de un tercio de los casos se mantuvo a nivel de latencia, un tercio se hizo manifiesto a través de la adopción de medidas de presión de baja violencia, alrededor del 20%

24 Fundación Milenio, 2011.

se desarrolló a nivel de confrontación con medidas de pre-sión de violencia moderada (marcha, concentración, paro), y sólo en 4% se escaló al nivel de enfrentamiento violento, con medidas como la toma de rehenes, agresiones a per-sonas, destrucción de bienes, etc. Se observó una violencia mayor en los conflictos al interior de la sociedad civil, aun-que hubo varios casos de intervención violenta –como el conflicto del TIPNIS– o de enfrentamiento con las fuerzas del orden. Durante ese año la violencia en los conflictos (intervención violenta de fuerzas del orden, enfrentamien-to con las fuerzas del orden o entre grupos de la sociedad) dejó un saldo de al menos 220 heridos y dos muertos. El conflicto del TIPNIS puede ser considerado un tercer mo-mento clave, junto con el caso Rosza y el de Caranavi, de desborde represivo del Estado que, lejos de permitir una salida a los conflictos, los complejiza y profundiza.Por otra parte, cabe resaltar la radicalidad y violencia que adquirieron los conflictos de carácter económico de prin-cipios de año, los cuales involucraron a todos los departa-mentos del país, en los que se ejecutó medidas de presión que en 60% de los casos afectaron a terceros, como los paros de transporte y los bloqueos de vías públicas. Tam-bién se produjeron manifestaciones de rechazo al alza de los precios de transporte que derivaron en numerosos en-frentamientos. Las movilizaciones sociales por el incre-mento salarial que dieron lugar a paros del sector salud y educación afectaron a terceros y, en algunos casos, se produjeron hechos de violencia. Por otra parte, en el con-flicto por los prediarios que se extendió a la mayoría de los centros penitenciarios del país, se ejecutaron medidas de presión violentas, como el cosido de labios, la crucifixión, la extracción de sangre, el entierro y el amotinamiento, aunque sin llegar a afectar a terceros. En general, los datos muestran que la violencia alta en los conflictos casi se du-plicó respecto al año 2010.

5. bALANCE DE LA CONfLICTIvIDAD DE TRES AÑOS

Entre 2009 y 2011 el comportamiento sociopolítico de los bolivianos osciló entre la masiva concurrencia a las ur-nas y la participación intensiva en conflictos sociales, po-niendo en evidencia la gran expectativa existente en torno al proceso de cambio, así como el desencanto de distintos sectores frente a sus resultados y su capacidad de organi-zar agendas propias y buscar la forma de imponerlas.


La evolución de la conflictividad entre enero de 2009 y diciembre de 2011 refleja esta dinámica, presentando, con algunas variaciones, una tendencia general ascendente. Dentro de este crecimiento continuo es posible identi-ficar etapas distintas: en 2009 los conflictos empezaron a incrementarse, aunque todavía dentro de parámetros medios, en 2010 se agudizó el crecimiento y en 2011 las cifras de la conflictividad se dispararon. Hay que añadir a esto que los conflictos empiezan a mostrar en esos años una tendencia a hacerse más complejos y, en algunos ca-sos, a transversalizarse algunas demandas, como ocurrió con las protestas por el gasolinazo de diciembre de 2010, lo que amplificó su potencial de amenaza para la estabi-lidad social.Como se vio en este capítulo, existió una clara tendencia al alza del número de conflictos, aunque a menudo se pre-sentaron breves lapsos de contracción. Esto, sin embargo, no significa que el periodo 2009 - 2011 haya sido más turbulento que otros momentos de la historia reciente del país, siendo necesario guardar siempre cierta cautela con respecto a los datos estadísticos.Por otro lado, es preciso advertir sobre la existencia de ciertos patrones de la conflictividad, los cuales necesitarán una corroboración de series temporales más largas para ser asumidos como algo más que simples rutinas esta-cionales. En los primeros y en el último mes del año –coincidiendo con el receso de la gestión pública y las fies-tas– se suele presentar una conflictividad baja y un menor despliegue de medidas de presión; entre febrero y marzo la conflictividad tiende a ser moderada y está vinculada

sobre todo con temas administrativos de carácter secto-rial, como el mantenimiento de infraestructura escolar, la provisión de insumos médicos, la consolidación de presu-puestos y la planificación anual; en el periodo abril, mayo y junio la demanda más común es el incremento salarial, considerando que con motivo del 1º de mayo el gobierno acostumbra aprobar medidas a favor de los asalariados, así como nacionalizaciones; esta etapa ha dado lugar a una conflictividad agregada y transversalizada, en la que varios actores –en coordinación o sin ésta– persiguen similares objetivos; entre julio y octubre suele incrementarse la can-tidad de conflictos y de medidas de presión por temas di-versos, como el cuestionamiento a autoridades locales por el cumplimiento de sus planes operativos y otros. Estos patrones pueden ser útiles como base sobre la cual po-drían analizarse otros conflictos de mayor envergadura.Como puede apreciarse en los gráficos Nº 7 y 8, recortes anuales del número de conflictos y de las medidas de pre-sión (o episodios conflictivos) permiten visibilizar cierto carácter cíclico de la conflictividad, a manera de rutinas estacionales. Así se advierte que en los tres años se sus-citaron dos momentos de alza de la conflictividad: entre marzo y mayo, el primero, y entre julio y octubre, el se-gundo.Si se revisa la información sobre la conflictividad social en Bolivia en el período que comprende el presente estudio se advierte que ésta se ha mantenido dentro de paráme-tros moderados en cuanto a su radicalidad y violencia; sin embargo, hubo algunos momentos en los que los conflic-tos escalaron notablemente con resultados lamentables.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Junio Julio

Agos

to

Sept

iembr

e

Octu

bre

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

e

2009 2010 2011

GRÁFICO Nº 7 / Cantidad de conflictos (2009-2011)



Entre 2009 y 2011 se observa que más de la mitad de los conflictos se desarrolló dentro de niveles de violencia más bien bajos, casi 30% dentro de niveles medios y alrededor de 15% en niveles altos.

TABLA Nº 3 / Porcentaje de conflictos por nivel de violencia (2009-2011)

NIVElES DE VIolENCIa 2009 2010 2011

Baja 57.8 60.3 56.0

Media 28.6 30.6 28.7

alta 23.4 8.8 15.1


TABLA Nº 4 / Porcentaje de conflictos por nivel de escalamiento (2009-2011)

NIVElES DE ESCalaMIENto aÑoS

2009 2010 2011

latencia 31.7 54.6 38.9

Manifiesto 28.8 27.5 34.1

Confrontación 24.8 8.5 22.7

Enfrentamiento violento 14.6 9.4 4.1

Crisis 0 0 0


Además de la violencia directa de los enfrentamientos es necesario considerar la radicalidad de las medidas de presión adoptadas por los actores demandantes que constituye, también, un indicador de violencia. En este sentido se advierte una tendencia a la adopción de medi-das dramáticas y espectaculares –ampliando el espectro de posibilidades hasta el límite– que, en muchos casos, dañan la integridad física de los demandantes. Es el caso de la extracción de sangre, del colgado de minusválidos de alturas en sus sillas de ruedas, del tapiado, etc. que, en ocasiones, se ejecutan sin que las antecedan medidas de presión más moderadas.Por parte del Estado, se puede decir que en algunas oca-siones hubo un manejo excesivo de los aparatos coerciti-vos, especialmente de la policía, generando situaciones en las que se tuvo que lamentar saldos de heridos e incluso muertos. Sin embargo se puede concluir que, en general, hubo una cierta contención de la violencia, a lo que se debe sumar el hecho de que no se registraran conflictos que hayan puesto en riesgo la gobernabilidad y estabilidad democrática del país; aunque existieron algunas ocasio-nes en las que los conflictos adquirieron dimensiones mayores que podían haber conducido a situaciones crí-ticas, como la protesta del departamento de Potosí en 2010, el gasolinazo de diciembre de 2010 y la marcha del TIPNIS en 2011.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Junio Julio

Agos

to

Sept

iembr

e

Octu

bre

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

e

2009 2010 2011


GRÁFICO Nº 8 / Cantidad de medidas de presión (2009-2011)

Capítulo 4

¿Por qué se movilizan los

bolivianos?


La boliviana es una sociedad en permanente moviliza-ción; se movilizan las organizaciones sociales, las insti-tuciones, las personas particulares e incluso autoridades públicas para lograr que se considere o se acepte tal o cual demanda. Como se señaló en el primer capítulo, el conflicto es in-herente a toda sociedad y, lejos de satanizarlo, es nece-sario reconocerlo como expresión de la vitalidad de una sociedad que es capaz de organizarse y expresarse pú-blicamente para plantear sus demandas o para protestar por aquello que le parece inaceptable, y como una opor-tunidad para identificar los problemas que la aquejan y para realizar las transformaciones que se requieren. Sin embargo, esto no significa que la conflictividad por sí misma sea un indicador de la vitalidad y salud de la so-ciedad. Es necesario observar la cantidad y la cualidad de los conflictos que nos dicen mucho sobre estos aspectos. Una gran cantidad de conflictos puede ser un síntoma de una sociedad que, más que vital y saludable, se siente profundamente insatisfecha y frustrada. Al respecto es interesante considerar el dato que ofrece el Latinobaró-metro de 2011 respecto a la “satisfacción con la vida” de la población, la boliviana presenta un porcentaje de 51% de satisfacción con su vida, el mismo de El Salvador, am-bos países tienen el índice más bajo de la región, frente a un promedio de 72% para América Latina.1 La cua-lidad de los conflictos también pone en evidencia si la población se moviliza en pos de legítimas aspiraciones, de cambios que le permitan mejorar su calidad de vida o si lo hace en procura de satisfacer intereses mezquinos, y

1 Latinobarómetro, 2011.

si se inclina por la gestión pacífica de las conflictos o por la violencia y la salida “por el desastre”.Por otra parte, es necesario comprender que el conflicto no es el único canal por medio del cual se pueden resolver los problemas sociales; existen otras vías –o deberíamos contar con ellas– para resolverlos sin llegar necesariamen-te al conflicto, ya que éste suele deteriorar las relaciones entre las partes y con frecuencia la situación posterior al conflicto es peor que la existente antes de que éste surja.La conflictividad boliviana muestra un poco de todo esto; existen tanto demandas justas como exigencias que no lo son tanto e, incluso, conflictos por asuntos ínfimos que no ameritan la adopción de medidas de presión de en-vergadura, como las que se suele tomar. En algunos casos, los problemas se gestionan por las vías institucionales, sin llegar al conflicto, aunque éste suele ser el camino más transitado.¿Por qué los bolivianos recurren con tanta frecuencia al conflicto, es que no existen otras formas de resolver los problemas de la sociedad? En la etapa 2000-2006, cuando en Bolivia se hizo evidente la profunda crisis estatal que puso en convulsión a la sociedad y desesta-bilizó a varios gobiernos, parecía explicable la existencia de un alto nivel de conflictividad dado que las distintas gestiones de gobierno que se sucedieron en esos años carecían del respaldo popular suficiente y algunas pre-sentaban serios problemas de legitimidad. Una vez que el resultado de las elecciones de diciembre de 2005 ofre-ció una salida política a la crisis, otorgando un altísimo apoyo popular al MAS, se pensó que la conflictividad disminuiría sustancialmente. Como se vio en el capítulo anterior, en los primeros años de su primera gestión de

Capítulo 4

¿Por qué se movilizanlos bolivianos?


gobierno evidentemente se produjo un claro descenso de la conflictividad en cuanto a la cantidad de casos y a su intensidad, salvo algunos de tipo político. Sin embargo, a partir del año 2009 la conflictividad empezó a crecer nuevamente, llegando incluso a superar las cifras de los años anteriores a 2006. Es necesario, pues, buscar otras explicaciones para la situación de alta conflictividad que parece consustancial a la sociedad boliviana.Una de las características más notables del país es, como se verá en el capítulo 7, su alto grado de organización; buena parte de la población participa en algún tipo de organización social, sea económica, territorial o de otra naturaleza. Según encuestas a nivel latinoamericano, Bolivia se encuentra entre los primeros países con ma-yor índice de participación en organizaciones sociales y cívicas. Estas organizaciones tienen intereses específicos de tipo corporativo, pero también persiguen un objeti-vo común de cambio social, político y cultural, por lo que se configuran como movimientos sociales. En tanto movimientos sociales, estas agrupaciones despliegan sus propios métodos de lucha, entre los cuales la protesta y el conflicto son formas privilegiadas mediante las cuales dan a conocer sus demandas, ejercen presión para al-canzarlas, y buscan ganar simpatizantes y colaboradores. Esta es una característica propia de la cultura política del país que está estrechamente vinculada a las calles;

las distintas organizaciones sociales se movilizan con-tinuamente manifestando sus necesidades y exigiendo atención estatal o de otros actores, no por vías institu-cionales, sino en las calles.Si bien se puede decir que, como se verá más adelante, una parte significativa de la conflictividad social boli-viana está vinculada a las condiciones de pobreza de la mayoría de la población, no existe una relación directa y mecánica entre pobreza y conflictividad. Esto resul-ta evidente si se revisan las cifras de conflictos en los distintos departamentos del país; los departamentos más pobres no se encuentran entre los que presentan la mayor incidencia ya que, para plantear conflictos, se requiere cierto nivel organizativo, capacidad de movili-zación y de formulación de demandas, además de cerca-nía o accesibilidad a los centros de poder y de toma de decisiones, cuestiones todas que no siempre se verifican en las áreas de mayor pobreza. Sin embargo, es evidente que la pobreza y los problemas ligados a ésta son poten-ciadores de la conflictividad social.Así, se advierte que no existe una correlación directa entre departamentos más pobres y mayor incidencia de los conflictos. Como se verá en el capítulo 5, existe una conflictividad alta en los departamentos de La Paz, San-ta Cruz y Cochabamba, conflictividad media en Oruro y conflictividad baja en Potosí Beni, Tarija, Chuquisaca y

TABLA Nº 5 / Porcentaje de conflictos e indicadores de pobreza por departamentos

DEpaRtaMENtopoRCENtaJE pRoMEDIo

DE CoNFlICtoS(2009 - 2011)

MoRtalIDaD INFaNtIl (por mil nacidos vivos)

MoRtalIDaDGENERal

ESpERaNZa DE VIDa(años)

NECESIDaDES BÁSICaS INSatISFECHaS (porcentaje de la población según

CNpV 2001)

potosí 8,7 58,87 10,61 60,98 79,7

Beni 7,9 38,07 6,09 67,53 76,0

pando 1,1 39,66 5,86 66,95 72,4

Chuquisaca 5,2 43,98 7,96 65,49 70,1

oruro 10,6 49,85 9,14 63,59 67,8

la paz 29,4 41,38 7,72 66,69 66,2

Cochabamba 14,5 44,64 7,82 65,15 55,0

tarija 5,3 34,35 6,04 68,97 50,8

Santa Cruz 16,6 34,95 5,51 68,72 38,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos propios, INE, 2010 y Friedman, 2012.


Pando, lo que no condice con la situación económica de los distintos departamentos. Entre 2009 y 2011 las protestas y medidas de presión se concentraron especialmente en las capitales departamen-tales del país, alcanzando 67% del total. Esto significa que, pese a ser la zona rural la que tiene mayores índices de pobreza, graves problemas de desnutrición y vulnera-bilidad alimentaria,2 no se moviliza para protestar por esta situación o buscar soluciones a estos problemas. Esta constatación tiene importantes implicaciones ya que la pobreza y marginalidad de ciertos sectores del país no permiten generar una movilización social que haga posi-ble llamar la atención de las instituciones públicas y au-toridades sobre sus problemas y, al parecer, si esta presión no se produce no se toman las medidas necesarias para superarlos, con lo que se perpetúan sus condiciones de postración.

1. TIPOS DE CONfLICTO y CAMPOS DE CONfLICTIvIDAD

Antes de ingresar al análisis de las razones que impulsan a los(as) bolivianos(as) a movilizarse es necesario expli-car que la multiplicidad y dispersión de la conflictividad en un sinfín de casos, aparentemente disímiles, entraña el riesgo de escamotear su naturaleza profunda y su direc-cionalidad. Por ello se hace necesario clasificar los conflic-tos en categorías que permitan comprenderlos más allá de la particularidad de cada caso. En el presente estudio se utiliza dos tipos de clasificación: una primera construida a partir de la agrupación de los conflictos de acuerdo al carácter de las demandas, que da lugar a una tipología de conflictos, y una segunda orga-nizada a partir del sentido más general de las demandas, que permite establecer grandes campos de conflictividad.

1.1. Tipología de Conflictos

La tipología de conflictos comprende 16 categorías espe-cíficas dentro de las cuales se agrupan los casos con de-mandas similares:• Medidas económicas y situación económica de las

personas

2 Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 2007.

• Laborales y salariales• Gestión administrativa en instituciones públicas y

privadas• Prestación de servicios públicos• Situación y medidas legales• Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades• Ideológico políticos• Valores, creencias, identidad• Derechos humanos• Tierra • Recursos naturales y medio ambiente• Límites político administrativos• Gestión del espacio urbano• Vivienda• Seguridad ciudadana• Incumplimiento de convenios

Es necesario atender al hecho de que, pese a que muchos conflictos pueden ser clasificados dentro de una categoría específica de acuerdo a la demanda por la que los actores sociales se movilizan, existe cierta cantidad de casos –que no son pocos– que corresponden a más de una categoría. Es así que, por ejemplo, existen conflictos originados por problemas en la prestación de servicios públicos que tam-bién corresponden a problemas de gestión administrativa y a la situación económica en que se encuentra la población. Algunos de los conflictos más graves que vivió el país en los últimos años presentan estas características, como los siguientes casos:• Caranavi entre abril y mayo de 2010, en que se com-

binaron problemas de prestación de servicios públicos con la situación económica y con pugnas de poder.

• Potosí en julio de 2010, en que confluyeron cuestio-nes relativas a la prestación de servicios públicos, a medidas económicas/situación económica, a recursos naturales y medio ambiente, a límites político-ad-ministrativos, a leyes/medidas legales y a cuestiona-miento y/o reconocimiento de autoridades.

• TIPNIS desde 2010 y aún vigente en 2012, en que se articulan demandas vinculadas a recursos naturales y medio ambiente, valores, creencias e identidad, dere-chos humanos y a medidas económicas.


Analizando estos casos se podría plantear que la combi-nación de ciertos temas de conflicto puede resultar explo-siva –problemas de tipo económico, de derechos humanos e ideológico políticos–, potenciando y multiplicando sus efectos y, con frecuencia, convirtiendo al conflicto en un caso de gran magnitud, que puede adquirir alcance nacio-nal y, bajo ciertas condiciones, incluso poner en riesgo la gobernabilidad democrática.En el período 2009-2011 la distribución porcentual de los conflictos sociales en Bolivia de acuerdo a la tipología antes explicada es la siguiente:

TABLA Nº 6 / Porcentaje de conflictos según tipología (2009-2011)

Tipo de Conflicto Porcentaje

Medidas económicas/situación económica 20,2%

laboral/salarial 14,9%

Gestión administrativa 12,6%

prestación de servicios públicos 11,5%

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad 7,2%

Situación/medidas legales 7,0%

Ideológico político 5,6%

tierra 3,7%

Recursos naturales y medio ambiente 3,5%

Gestión del espacio urbano 2,9%

Incumplimiento de convenios 2,5%

Derechos humanos 2,5%

límites político‐administrativos 1,4%

Seguridad ciudadana 1,2%

Vivienda 0,8%

Valores/ creencias/identidad 0,7%

otros 1,8%

total 100%


1.2 Campos de Conflictividad

El segundo tipo de clasificación de los conflictos que se utiliza es más abarcador que el primero ya que surge de un esfuerzo de agregación mayor de las demandas, dando como resultado tres grandes campos de conflictividad: • por la reproducción social• institucional• político cultural

La configuración de estos campos de conflictividad no es cerrada, a la manera de compartimentos estanco con límites claros y precisos; por el contrario, de acuerdo a la complejidad de lo real, las fronteras entre unos y otros son bastante flexibles de modo que se presentan distintas intersecciones entre un campo y otro.

1.2.1. conflictividad por la reproducción social Se puede definir la reproducción social como la capacidad de una sociedad para reproducirse y cambiar a lo largo del tiempo, lo que significa que, reconociendo que las socieda-des no son estáticas, la idea de reproducción no sólo alude al mantenimiento de las condiciones vigentes, sino también a su transformación. Por lo tanto, la reproducción social in-cluye la satisfacción de necesidades básicas (alimentación, salud, educación, empleo) y de otras necesidades que per-mitan mejorar progresivamente la calidad de vida. En este sentido, la reproducción social puede ser simple o ampliada, dependiendo de la productividad de la socie-dad; si ésta es baja el tipo de reproducción más impor-tante es la simple que incluye las condiciones mínimas de sobrevivencia y funcionamiento (agua potable, alimentos, vivienda, salud y educación). Es lo que ocurre en la socie-dad boliviana, en la que el consumo básico sigue siendo el más extendido para la mayor parte de la población.En este campo de conflictividad se encuentran las movi-lizaciones sociales que se producen cuando la población percibe que su reproducción está en riesgo porque no se puede mantener (o acceder a) niveles de vida mínima-mente aceptables y sostenibles. Los conflictos que se encuentran dentro de este campo son los referidos a medidas económicas que afectan las condiciones de vida de la población, al encarecimiento del costo de vida, el deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios, la escasez de alimentos, la falta de empleo, las


dificultades de acceso y uso de la tierra y de otros recursos naturales, la prestación de servicios públicos (agua pota-ble, alcantarillado, gas, electricidad, educación, salud), el uso del espacio urbano y la seguridad ciudadana. Es evidente que la mayor parte de los conflictos sociales en Bolivia se encuentra dentro del campo de la reproduc-ción social, cerca del 60% del total de casos registrados entre 2009 y 2011, y buena parte de éstos corresponde a la reproducción simple ya que se trata de protestas por la falta de condiciones mínimas de vida, lo que muestra con claridad la dimensión de los problemas de pobreza y des-igualdad existentes en el país. Es importante señalar que en América Latina en su conjunto éste es también el cam-po de conflicto más importante, variando de país a país la significación de la reproducción simple y ampliada.3

En 2009 este campo de conflictividad concentró 64% del total, en 2010 este porcentaje se redujo a 52% y en 2011 subió a 57%. Estas variaciones de alguna manera pueden correlacionarse con los momentos de crisis social por el encarecimiento del costo de vida y la escasez de algunos productos, especialmente alimenticios, ya que en el pri-mer semestre de 2011 se alcanzó un pico de 60,4% que puede explicarse por el incremento de precios a raíz del gasolinazo que tensionó la situación social del país. Como ya se mencionó, existen varias superposiciones entre este campo y los otros, especialmente con el ins-titucional. Así, los conflictos por la prestación de servi-cios públicos están vinculados tanto con las necesidades básicas de la población como con las debilidades de las instituciones públicas para cumplir eficientemente las res-ponsabilidades que les competen; los conflictos por el uso del espacio urbano están vinculados tanto a la gigantesca informalidad de la economía del país como a la dificultad de las instituciones municipales para ordenar las activida-des en las áreas públicas; los crecientes problemas de se-guridad ciudadana ponen en riesgo la vida de la población y revelan las graves falencias de los organismos estatales responsables de la seguridad.

1.2.2. conflictividad institucionalEl desarrollo institucional de una sociedad, la existencia de normas compartidas que regulen la vida social y gene-ren mecanismos que desincentiven los comportamientos

3 Calderón, Fontana, Nava y Pacheco. 2011.

arbitrarios, permite que los conflictos se gestionen en el marco de la institucionalidad, evitando que degeneren en enfrentamientos violentos y en situaciones de crisis. En este sentido es innegable la significación de la democracia en cuanto sistema que establece reglas de juego político para el procesamiento de los conflictos y cuyas potencia-lidades de paz son más grandes que las de otros sistemas de gobierno.4 Sin embargo, en sociedades en las que prevalecen condi-ciones de reproducción social simple, como la boliviana, los mecanismos de control social que regulan los con-flictos y permiten que el sistema se mantenga estable no suelen ser los institucionales, sino los clientelares y repre-sivos.5

En Bolivia, como se verá en el capítulo 7, la institucio-nalidad es uno de sus mayores déficits crónicos y, puesto que los conflictos por la reproducción social son los más numerosos, es explicable que la conflictividad se resuelva en las calles a través de mecanismos para institucionales y, a menudo, con violencia.En el campo institucional se incluyen los conflictos por problemas de gestión administrativa, en cuestionamiento o en demanda de reconocimiento de autoridades y por cuestiones legales. Como ya se señaló en relación con el contenido del campo de conflictividad anterior, estos conflictos también están vinculados al campo político cultural puesto que son resultado de debilidades e inefi-ciencias institucionales, así como de la pugna política, como es evidente en muchos casos de cuestionamiento de autoridades. Este campo de conflicto es el segundo en importancia en el país –al igual que en el conjunto lati-noamericano–, aglutinando casi un tercio (30%) del total de los casos registrados entre enero de 2009 y diciembre de 2011. En 2009, los conflictos institucionales representaron 25% del total de casos registrados; en 2010 se incrementaron a 35% y en 2011 mantuvieron un porcentaje similar, 32%; el aumento registrado a partir de 2010 probablemente se deba a cierto deterioro de la imagen de la instituciona-lidad pública. En todo caso parece ser que este tipo de conflictos representa de manera constante alrededor de un tercio de la conflictividad total del país.

4 Ibídem.5 Ibídem.


La conflictividad institucional está relacionada con los problemas de funcionamiento que presenta el aparato público en los niveles central, departamentales y locales, con sus dificultades para resolver las necesidades de la población y con su debilidad intrínseca que lo expone a constantes cuestionamientos, pero no parece suponer un cuestionamiento al sistema como tal.Sin embargo, en una coyuntura de cambios en el marco institucional y legal del país es necesario advertir que los conflictos muestran –pese a que Bolivia ha vivido un pe-ríodo de relativa estabilidad política en los últimos seis años– la existencia de dos tipos de protestas: por las dis-funciones crónicas del Estado y por desacuerdos con la naturaleza de los cambios que se están produciendo o en demanda de cambios reales.Aunque en Bolivia, al igual que en el resto de América Latina, existe una institucionalidad estatal y un cuerpo legal que ha ido modificándose con el tiempo, la debilidad estructural del Estado que no ha logrado sentar presencia territorial y funcional en el conjunto del país, desaten-diendo las necesidades básicas de la población, dan lugar a gran parte de los conflictos; en ese sentido se puede decir que el Estado es el principal productor de conflictividad.6 De igual manera, como ocurre en la región, en Bolivia las relaciones entre el Estado y la sociedad son una mez-cla entre lo formal y no formal; junto a instituciones y prácticas modernas se encuentran otras pre capitalistas y pre democráticas que impregnan la conflictividad de ese carácter mixto. En una situación de pobreza generalizada, una institu-cionalidad estatal sólida y políticas públicas que aseguren efectivamente el mejoramiento de las condiciones de vida de la población son vitales; si esto no se logra “la legitimi-dad de origen –la soberanía popular– como la legitimidad de finalidad –la ampliación de la ciudadanía– se pueden ver debilitadas”,7 lo que puede conducir a la pérdida de la base social de sustentación del gobierno y a una crisis de gobernabilidad –como ocurrió en Bolivia en 2003– e in-cluso a la pérdida de legitimidad del sistema democrático. Por lo tanto es fundamental que el Estado sea capaz de proveer los servicios públicos básicos que aseguren a la población condiciones adecuadas de vida y realice una la-

6 Ibídem.7 PNUD-OEA, 2010 en Calderón, Fontana, Nava y Pacheco. 2011.

bor estratégica de promoción del desarrollo a fin de que la calidad de vida vaya mejorando progresivamente. Si el Estado no puede cumplir estos roles se crean condiciones para una conflictividad intensa que puede debilitar aún más la institucionalidad pública.

1.2.3. conflictividad político culturalEl nacimiento del siglo XXI coincide en Bolivia y en América Latina con el desarrollo y fortalecimiento de im-portantes movimientos socioculturales, como parte de la serie de transformaciones ocurridas en la estructura social de los países de la región: complejización de las asimetrías en los patrones de inclusión y exclusión social, tanto en el plano simbólico como material; cambios en las institucio-nes básicas de socialización y en las estructuras comuni-cacionales; incorporación de nuevos temas en la agenda política y socioeconómica, como los derechos de distintos grupos identitarios; y desarrollo de nuevas especificidades informacionales de los mecanismos de exclusión debido al impacto de la globalización.8

En ese marco se ha producido un fenómeno de desagre-gación social con un correlato de fragmentación de la ac-ción colectiva, lo cual dificulta la visualización de sistemas totalizadores. Así, las percepciones y necesidades de la po-blación suelen ser diferenciadas de acuerdo a sus identida-des, sean de clase, etnia, género u otra, lo que da lugar a la estructuración de una serie de demandas acordes a éstas y a conflictos que caen dentro del campo político cultural.Los conflictos que se encuentran dentro de este campo revelan la búsqueda de nuevas formas de organización y relacionamiento social que, por lo antes señalado, no siempre son convergentes ni permiten la formulación de un proyecto de país y que, por ello, entrañan el riesgo de mayor fragmentación, confrontación y violencia. Puede decirse entonces que por estar ligados a cuestiones identi-tarias, los conflictos político culturales tienden a ser irre-ductibles y tienen un importante potencial de violenciaLos conflictos ideológico políticos, de valores, creencias e identidad, de género y ambientales que tienen como protagonistas a organizaciones, como las de los pueblos indígenas, partidos políticos, etc., pero también a grupos informales de la población, son los que se encuentran en

8 Calderón PNUD-PAPEP, 2008 en Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011.


el campo político cultural. Estos conflictos representan el menor porcentaje de los tres campos, cerca del 10% del total de los ocurridos entre los años 2009 y 2011, lo que resulta consistente con la importancia de este campo a nivel latinoamericano.En 2009 los conflictos político culturales representaron un porcentaje de 6% del total de casos; en 2010 aumentaron a 11% y en 2011 experimentaron un descenso a 8%. Al igual que en los casos de los campos de conflicto antes ana-lizados, en el político cultural se mantiene un porcentaje más o menos constante; considerando que en este campo se expresan demandas de formas de organización social y de vida cotidiana distintas, se puede inferir que la movilización social en Bolivia se da a partir de la existencia de problemas para satisfacer las necesidades básicas de la población, más que en procura de cambios profundos del sistema. Para superar los riesgos que la fragmentación social y la conflictividad político cultural suponen es necesario, como señala la CEPAL, “recrear los vínculos inter-gru-pales, generar espacios comunes que permitan aumentar el sentido de pertenencia a nivel agregado, a partir del reconocimiento de la diversidad y las particularidades del otro”.9 Esto significa, desde el punto de vista de la Funda-ción UNIR, desarrollar la interculturalidad, tal como se la planteó en el capítulo 1.

9 CEPAL, 2010 en Calderón, Fontana, Nava y Pacheco. 2011.

La conflictividad boliviana es heterogénea, en ella se mezclan los conflictos por la reproducción social que expresan los grandes problemas que tiene la sociedad para reproducirse y mejorar su calidad de vida, con con-flictos institucionales que ponen de manifiesto la debi-lidad estatal para hacer una gestión pública eficiente y eficaz y para resolver las controversias con un sentido democrático, y con conflictos culturales que develan la existencia de demandas para realizar transformaciones en la organización y formas de convivencia social en el país.

2. LOS PRINCIPALES TIPOS DE CONfLICTO

Más allá de la diversidad de casos de conflicto que exis-te en Bolivia es posible identificar algunas constantes, cuestiones que aparecen frecuentemente, más allá de las coyunturas específicas que se presenten. Así los tipos de conflicto más recurrentes en el país entre los años 2009 y 2011 que, en su conjunto, representan 80% del total de los conflictos, son los siguientes: • Económicos (incremento del costo de vida, escasez

de productos básicos, demanda de incremento de los ingresos, demanda de empleo, control y aprovecha-miento de recursos naturales y normas legales de ca-rácter económico), que se encuentran dentro del cam-po de la reproducción social.

• Prestación de servicios públicos dentro del campo de la reproducción social.

• Gestión administrativa dentro del campo institucio-nal.

• Situación y medidas legales dentro del campo insti-tucional.

• Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades dentro del campo institucional.

• Ideológico políticos dentro del campo político cul-tural.

A continuación se presenta un análisis de esos tipos de conflicto más importantes del período.

Con�ictos por laReproducción

Social60%

Con�ictosInstitucionales

30%

Con�ictosPolítico

Culturales10%

GRÁFICO Nº 9 / Campos de conflictividad en bolivia (2009-2011)



2.1 Conflictos por temas económicos

Los conflictos vinculados con temas económicos, la adop-ción de ciertas medidas o la situación económica de las personas, se encuentran presentes a lo largo del período analizado, manteniendo en los tres años el primer lugar entre los distintos tipos de conflicto –salvo el segundo se-mestre de 2009 cuando ocupó el segundo lugar–, concen-trando un porcentaje promedio de 20,2%. Los conflictos por temas laborales y salariales aparecen también de manera continua, manteniéndose entre los tres tipos de conflicto más importantes. El porcentaje promedio de estos conflictos es de 14,9%.Ambos tipos de conflicto son de carácter económico, por lo que pueden sumarse, de manera que, en el período 2009-2011 representan algo más de un tercio del total de los conflictos (35%). Este alto porcentaje se explica por la situación estructural de pobreza del país, la que pese a los avances de la última década en reducción de la pobreza y a las políticas de compensación dirigidas hacia los sectores más vulnerables, continúa siendo muy significativa.En general se puede decir que la cantidad de conflictos de carácter económico ha ido aumentando en el país y que se ha producido una concentración de casos en torno a ciertos temas, lo que hace que estas controversias sean más complejas y potencialmente más peligrosas. Para analizar la conflictividad económica es necesario considerar previamente la situación económica general del país, los aspectos macroeconómicos, su capacidad productiva, exportaciones, deuda externa e interna y cre-

cimiento del PIB, y abordar los indicadores sociales que permiten comprender mejor la situación concreta en que se encuentra la población boliviana.En los últimos años, especialmente entre 2001 y 2008, la producción total del país, considerando los distintos sectores de la economía, tuvo un crecimiento positivo.10 Los sectores que incrementaron más su producción y su participación en la composición del PIB son los hidrocar-buros y la minería. En cambio, la producción del sector agropecuario ha experimentado un descenso, así como su participación en el producto interno bruto; en la década del noventa representaba aproximadamente 15% del total del PIB, en 2000 bajó levemente (14,22%) y desde en-tonces fue disminuyendo hasta llegar a 12,65% en 2010, con un crecimiento negativo de -1,2%. Esta situación de decaimiento del agro se debe a distintos factores, como las condiciones climáticas y la falta de inversión que, con re-lación a la inversión total, disminuyó de 9,2% en los años 2001 y 2002 a 6% y 6,3% en 2008 y 2009, de modo que el porcentaje de inversión en el sector agropecuario es me-nor que a principios de la década del 2000.11

Según datos oficiales, entre los años 2006 y 2010, el monto total de las exportaciones bolivianas aumentó de 4.088,33 millones de dólares a 6.870,52.12 Analizando este crecimiento, se advierte que si en el período 2001-2005 descansaba sobre la producción hidrocarburífera,

10 Fundación Jubileo, 2011.11 Revista Jubileo, mayo-junio de 2011.12 Instituto Nacional de Estadística, enero de 2011.

0

5

10

15

20

25

30

1S-2009 2S-2009 1S-2010 2S-2010 1S-2011 2S-2011

Medidas económicas/situación económica Laboral/salarial

GRÁFICO Nº 10 / Evolución de los conflictos económicos 2009-2011 (promedio)



a partir de 2006 se debe a la producción minera y espe-cialmente a las actividades de la empresa San Cristóbal, que concentra el 70% de la producción minera del país.13 En el quinquenio 2001-2005, los sectores de minería e hi-drocarburos representaban algo menos de la mitad (47%) del total de las exportaciones, porcentaje que en el período 2006-2010 se incrementó llegando al 69%. Esto muestra que las actividades extractivas de productos no renovables siguen teniendo un peso central y creciente en la estructura y dinámica de la economía boliviana, lo que tiene dos con-secuencias importantes: primero, consolida la dependencia del país respecto a los recursos no renovables y su vulne-rabilidad ante las fluctuaciones del mercado internacional y, segundo, mantiene inalterado el carácter de la economía nacional de base estrecha ya que la minería y, sobre todo, los hidrocarburos no son generadores de empleo.De acuerdo a datos del INE, a marzo de 2011 las expor-taciones de minería e hidrocarburos crecieron en 37%, bordeando los 1.595 millones, mientras que las exporta-ciones agropecuarias, forestales, agroindustriales, manu-factureras y artesanales alcanzaron a 231 millones de dó-lares, cerca de 74 millones menos que en 2010.14 El rubro textil registró una caída de 38% en el primer semestre de 2011 debido a la pérdida del mercado norteamericano y a la drástica reducción de las ventas a Venezuela (hasta junio de 2010 se exportaba alrededor de 18 millones de dólares a este país y en 2011 sólo 2,6 millones debido a trabas burocráticas).15 El Presidente del Instituto Boli-viano de Comercio Exterior señala que “la subida de las exportaciones tradicionales (minería e hidrocarburos) prodiga dólares y no empleos, mientras que la caída de las ventas no tradicionales tendrá un impacto negativo sobre el empleo”.16 Más allá de la diferencia entre exportaciones de recursos naturales no renovables y otros productos, el crecimiento de las exportaciones del país ha permitido revertir el dé-ficit externo y fiscal, lograr un superávit en la cuenta co-rriente de 10,1% del PIB y un superávit fiscal de 3% del PIB, así como incrementar el PIB per cápita, subiendo

13 CEDLA, 2011.14 INE, mayo de 2011.15 Viceministro de Exportaciones en La Razón, 18 de agosto de

2011.16 Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social (OBESS).

La Jornada, 10 de mayo de 2011.

de 1.010 dólares en 2005 a 1.679 en 200917 y a 1.993 en 2010.18 Éste es evidentemente un logro significativo, que es necesario comparar con la situación de los otros paí-ses de la región para dimensionarlo mejor, considerando que el porcentaje promedio de incremento del PIB en América del Sur en 2010 fue de 6,6%.

TABLA Nº 7 / PIb per cápita en la región (2010)

paíspIB per cápita (en dólares)1

porcentaje de incremento2

Chile 11.888 5.5

argentina 9.124 8.0

perú 5.291 8.5

Ecuador 4.073 3.5

paraguay 2.862 9.7

Bolivia 1.993 3.8

Fuentes: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial, 2010 y CEPAL, 2010.

En cuanto a la deuda, Bolivia ha reducido de manera sig-nificativa la externa, de 6.309 millones de dólares en 2006 a 2.864 millones en 2011,19 esto se debe, principalmente a las condonaciones realizadas desde ese año. Sin embargo, la deuda interna se ha incrementado, al 31 de diciembre del 2010 ascendió a 4.500 millones de dólares.20

El Informe de gestión del presidente Morales del 22 de enero de 2011 enfatizó que la situación económica del país se encontraba en buen estado, con un crecimiento adecuado del PIB, importante reducción de la pobreza y con un récord histórico de reservas internacionales. A estos buenos resultados hay que sumar los excelentes ín-dices de liquidez y rentabilidad interna como producto de una buena base de ahorro.21 Esto lleva a preguntarse por qué en esta situación que parece tan positiva existe una conflictividad económica importante.

17 Jemio, 2010.18 Banco Mundial, 201019 CIA World Factbook, 11 de marzo de 2011.20 Viceministro del Tesoro, Edwin Rojas, en: Los Tiempos. 11 de

enero de 2011.21 Muller, 2009.


2.1.1. conflictos por el incremento del costo de vida y la escasez de productos básicosEntre los conflictos más importantes en 2010 y 2011 se encuentran los generados por el incremento del costo de vida, especialmente de los alimentos, y por la escasez de algunos productos. A fin de analizar este tipo de conflic-tos es necesario tener en cuenta la situación en que se en-cuentra la producción alimentaria del país y la economía general de la población boliviana.Bolivia se encuentra entre los países de distribución eco-nómica más desigual de la región y del mundo, con un coeficiente de Gini de 0,6,22 lo que implica que aún en tiempos de bonanza, gran parte de la población sigue siendo pobre. Los incrementos salariales de los últimos años y la política de bonos se orientan a aumentar el nivel de ingresos de la población, especialmente de los secto-res más pobres. El gobierno sostiene que, gracias a ella, se ha mejorado su capacidad de consumo. Sin embargo, analistas económicos señalan que este aumento se debe, más que a la política de bonos, al envío de remesas por los bolivianos residentes en el exterior. Según datos de la Comunidad Andina, en 2001 el monto de las remesas era de 109 millones de dólares, en 2005 llegó a 303 millones, y siguió incrementándose año a año hasta llegar a 1.097 millones en 2008, bajando ligeramente a 1.023 en 2009 y a 932 millones en 2010,23 lo que significa que las remesas constituyen el segundo rubro generador de divisas, des-pués de las exportaciones de hidrocarburos y minerales. De acuerdo al CEDLA, el monto total de las remesas en-tre 2006 y 2009 supera en seis veces el valor de los tres bo-nos (587.7 millones de dólares).24 Aunque es evidente que las remesas contribuyen a incrementar el consumo, parece evidente que los ingresos no son suficientes para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas y, dentro de és-tas, las alimentarias. Por otra parte hay que considerar que otro efecto importante de las remesas es el incremento de la presión inflacionaria de los productos en general.En los países pobres el consumo fundamental es el ali-mentario; es necesario, pues, considerar la situación del consumo en Bolivia en este rubro. En las últimas dos dé-cadas, la incidencia del hambre ha ido disminuyendo en el país. En 1990 el índice era de 15,3 y en 2010 descendió

22 La Prensa, 23 de julio de 2010.23 Comunidad Andina. 2011.24 CEDLA, 2010.

a 10,9. Pese a ello, el Instituto Internacional de Investiga-ción sobre Políticas Alimentarias señala que la situación del hambre en Bolivia es “severa”, encontrándose en el puesto 28 entre 84 países que padecen esta catástrofe;25 el ritmo de disminución del hambre en Bolivia es lento si se compara con la situación del Perú que, en el mismo período, bajó de 15,0 a 6,9 y de Nicaragua que lo hizo de 23,4 a 9,9.26 Asimismo, los datos sobre desnutrición in-fantil muestran que el problema sigue vigente, entre 22% y 25% de los niños menores de cinco años tienen retraso en la talla por desnutrición.27

Este tema está estrechamente vinculado con la seguridad alimentaria. De acuerdo a distintos analistas, actualmente existe en Bolivia un problema de inseguridad alimentaria, que es tanto de carácter estructural como transitorio. La inseguridad alimentaria coyuntural se debe fundamental-mente a los fenómenos climáticos (sequías e inundacio-nes) que tuvieron impactos negativos sobre la producción de papa, carne y caña de azúcar, haciendo que los precios de estos productos se incrementen, a lo que contribuyó la especulación y el contrabando de intermediarios y co-merciantes. A esto hay que añadir los efectos de la crisis alimentaria mundial que determinó un fuerte incremento de los precios de los productos: la cotización internacional del azúcar subió en 130% debido a que ante las sequías, Brasil –el principal productor mundial– decidió recortar sus cupos de exportación; el precio del trigo subió en 80% por la disminución de las cuotas de exportación de Rusia y la creciente demanda de China, Indonesia y de la Unión Europea. Además, el cultivo de la caña de azúcar y del maíz para biocombustibles ha elevado el precio de los alimentos en general, de los insumos agrícolas y el precio de la tierra.28 La crisis alimentaria tiene, además, un efecto derivado ya que los altos precios internacionales incentivan tanto la exportación de productos como el contrabando y repre-sentan un alto coste para importar los distintos alimentos que escasean en el país.La inseguridad alimentaria estructural del país se origina en una serie de factores internos: hasta hace unos veinte años, el actor central de la producción agropecuaria era el

25 El Índice Global del Hambre (IGH) es una estimación que anualmente realiza el Instituto Internacional de Investigación so-bre Políticas Alimentarias (www.ifpri.org).

26 www.ifpri.org.27 La Razón, 4 de febrero de 2011.28 Colque, 2010.


pequeño productor campesino, especialmente del altipla-no y de los valles, inscrito en un sistema de tipo familiar, de baja mecanización, poca productividad y orientado al autoabastecimiento antes que a la generación de exceden-tes, y que se vio cada vez más disminuido por la migración de los jóvenes hacia las ciudades –en gran medida debido a la continua división y subdivisión de la tierra que no permite la generación de excedentes y ni siquiera la sobre-vivencia familiar–, dejando a las zonas rurales sin fuerza de trabajo capaz de enfrentar los retos de la producción agropecuaria. Desde hace dos décadas, la agroindustria del Oriente se convirtió en la principal productora de ali-mentos bajo un sistema empresarial, con mayor mecani-zación y productividad, pero orientado al monocultivo y a la exportación y, por lo tanto, altamente dependiente de la demanda y de los precios internacionales. Por ello no se ha modificado el rol central del campesino de tierras altas y valles en la provisión alimentaria del país y no se ha producido la esperada sustitución de las importaciones de alimentos, de las cuales el país ha seguido dependiendo.29 En los últimos años Santa Cruz se consolidó como el principal productor agrícola del país; en el año agrícola 2005/2006 concentró el 71,9% del total de la producción agrícola nacional y en 2008/2009 subió a 76,8%. El in-cremento de la superficie cultivada y de los volúmenes de producción se debe a la expansión de cuatro cultivos de exportación: girasol, maíz en grano, caña de azúcar y sorgo en grano, productos que no están vinculados a la seguridad alimentaria nacional. Frente a esto, el rol pro-ductor de las regiones del altiplano y de los valles, donde se encuentra la mayor parte de las unidades productivas campesinas que proveen al mercado interno, es cada vez menos significativo: entre 2005 y 2006 estas regiones concentraban el 25% del total de la producción, y entre 2008 y 2009 sólo el 19,6%.30 El sector agropecuario ha presentado una tendencia de-creciente; en la década del noventa representaba, en pro-medio, aproximadamente 15% del PIB, en 2000 disminu-yó a 14,22% y en 2010 a 12,65%, colocándose por debajo del crecimiento general del PIB, llegando en las gestiones 2007 y 2010 a una cifra negativa que implica una dismi-nución de la producción agropecuaria.31 De acuerdo con

29 Ibídem.30 CEDLA, 2010.31 Fundación Jubileo, 2011.

la Fundación Jubileo, el escaso desarrollo del sector agro-pecuario se debe, entre otros factores, a los bajos niveles de inversión que, si bien han registrado un aumento en los años recientes, han disminuido en comparación con los primeros años de la década del 2000.32 Alrededor del año 2000, Bolivia ingresó en un patrón de déficit alimentario, con 20% de la demanda interna cu-bierta por importaciones debido a la inestabilidad de la superficie cultivada en los llanos, a los cambios en la dieta alimenticia de los hogares por la urbanización y al retro-ceso de la agricultura campesina que abastecía el mercado interno: de cubrir 80% y 70% de la demanda interna de alimentos entre 1960 y 1990 pasó a sólo 36% en 2000.33 En 2006 cerca de siete mil organizaciones comunitarias rurales, que representaban el 16% de la población total del país, eran vulnerables a la inseguridad alimentaria.34 Datos preliminares a tres años del arranque del Plan de Revolución Agraria y Forestal evidencian mínimos impac-tos en cuanto a los volúmenes de producción destinados al mercado interno, manteniéndose una clara vocación agroindustrial de exportación. Los cultivos industriales (azúcar, maíz, sorgo y soya) se han incrementado y no se han producido mayores cambios en los cultivos tradicio-nales.35 Así, la producción agropecuaria destinada al mercado in-terno ha ido disminuyendo año a año, con la consecuencia inevitable del incremento de las importaciones de alimen-tos, como muestran los siguientes datos del Instituto Bo-liviano de Comercio Exterior:

TABLA Nº 8 / Importaciones de alimentos

año Monto (en millones de dólares)

2000 143

2005 135

2010 217

Julio 2011 375

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de IBC, 2011.

32 Ibídem.33 CEDLA, 2010. 34 Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambien-

te, 2007.35 CEDLA, 2010.


Hasta julio de 2011 el país importó 503.000 toneladas de alimentos por 375 millones de dólares. Entre los pro-ductos que Bolivia ha empezado a importar se encuentra el maíz –que hasta hace pocos años el país exportaba–, hasta julio de 2011 se importó casi 84.000 toneladas por 32 millones de dólares; y el azúcar, hasta julio de 2011 se importó 91.225 toneladas por 78 millones de dólares.36

En este escenario resulta comprensible que el encareci-miento de productos básicos de la canasta familiar haya dado lugar a numerosos conflictos en los que distintos sectores demandaron la intervención del Estado para con-trolar los precios y evitar la escasez de algunos productos. En febrero de 2010, el gobierno optó por el control de pre-cios y la prohibición de algunas exportaciones; desde 2007 aprobó más de una docena de decretos supremos que res-tringen la exportación de carne de pollo, aceite de soya y gi-rasol, maíz, trigo y otros productos.37 En los meses siguien-tes se tomaron otras alternativas: una ligera devaluación de la cotización del dólar con respecto al boliviano para, entre otras cosas, desincentivar las exportaciones, esperando que los productores optaran por los mercados internos; no obs-tante, los altos precios externos siguieron haciendo atracti-va la exportación y el contrabando de algunos productos y el agio continuó produciéndose, por lo que la situación no varió sustancialmente. También se establecieron convenios con el sector productivo privado para evitar la especulación y se crearon empresas públicas de alimentos. Sin embargo, estas medidas no han permitido resolver el problema de in-seguridad alimentaria en el país, por lo que algunos analis-tas económicos plantean la necesidad de reconsiderar el rol que los dos millones de pequeños propietarios campesinos e indígenas y los productores medianos pueden desempe-ñar como proveedores de alimentos.38 En febrero de 2011, el representante de la FAO en Bolivia señaló que las restricciones a las exportaciones, el control de precios y la participación del Estado en la producción de aceite generaron un efecto boomerang que desincentivó la producción de alimentos en el país. Los productores de maíz, arroz y otros granos que sembraban con la expecta-tiva de exportar una parte de su producción, al no poder hacerlo colocaron sus recursos en otros rubros, principal-mente en la construcción de bienes inmuebles; esto expli-

36 IBC, 2011.37 La Razón, 4 de febrero de 2011.38 Colque, 2011; Cortez, 2011.

caría la disminución de la superficie plantada de maíz que ha obligado a importarlo.39

Por otra parte, después de un período más o menos largo de estabilidad de precios, una vez superada la hiperinfla-ción de principios de la década del ochenta que dejó una marca traumática en el país, en 2010 se empezaron a per-cibir claros síntomas de encarecimiento del costo.La burbuja de consumo interno producida por la ex-pansión económica, la política de bonos, la recepción de remesas y los recursos provenientes de ámbitos ilícitos (contrabando y narcotráfico) sumada a los factores de desabastecimiento ya señalados, generaron una espiral in-flacionaria que provocó malestar en la población.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística,40 la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)41 has-ta diciembre de 2010 era de 7,18; según la Fundación Ju-bileo, la variación entre octubre de 2010 y octubre de 2011 es de 9,1% (9,6% para las familias de menores ingresos).42 En cuanto al incremento de los precios de los alimentos, entre marzo de 2010 y marzo de 2011 aumentaron en 18,5%, más de siete puntos porcentuales por encima del IPC.43 En el mes de octubre, los precios de alimentos y bebidas tuvieron el mayor incremento desde febrero de 2011; la inflación acumulada hasta octubre de alimentos y bebidas consumidos en el hogar llegó a 6,7%.44

El incremento de los precios de los alimentos afecta es-pecialmente a los sectores más pobres de la población ya que los hogares con ingresos mensuales menores destinan 50% del total gastado a la compra de alimentos, mientras que los hogares con ingresos superiores dedican 24% a este rubro.45

39 Flores en La Razón, 3 de febrero de 2011.40 INE, 2011.41 El IPC es el “Indicador que mide las variaciones promedio de

los precios de un determinado conjunto de bienes y servicios de consumo de la población de referencia. El IPC [que determina el INE] se calcula con la nueva base 2007 en las ciudades de Sucre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Trinidad, Cobija, incluye la ciudad de El Alto.” (INE, 2011). Las varia-ciones en el IPC sirven para determinar la inflación; la tasa de inflación es la “variación porcentual que experimenta el índice de precios con respecto al período anterior” (Mankiw, 2004).

42 Fundación Jubileo, 2011.43 http://www.cedla.org/content/231244 Fundación Jubileo, 2011.45 Ibídem.


Esta situación es advertida por los sectores sociales; así lo expresan María Elena Deheza, Secretaria de Relacio-nes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto: “Yo, como ama de casa, percibo que la vida es mucho más di-fícil. Está más costosa la canasta familiar.” y René Pardo, Secretario de Relaciones Públicas de la Federación De-partamental de Maestros Urbanos de La Paz: “…esa ele-vación del costo de vida hace perder el poder de compra de los miserables salarios.” 46

Por otra parte, de acuerdo a la Fundación Jubileo,47 los precios están siendo regulados mediante la distorsión y variación en la calidad de productos y servicios, es decir que para evitar el alza de precios se disminuye el peso o la calidad de los productos: el pan de batalla no mantiene su peso de 60 gramos, se reduce el tramo de transporte, el pasajero debe viajar incómodo e inseguro soportando más pasajeros de lo que corresponde, hay cortes de luz y agua, pero el precio se mantiene.Los conflictos por el incremento del costo de vida, espe-cialmente del azúcar, aceite y de la carne de pollo, y por la escasez de algunos productos empezaron a desarrollarse desde inicios de 2010, aunque de manera aislada; hacia el último trimestre del año fueron aumentando y, a partir de diciembre y durante los primeros meses de 2011, como resultado del gasolinazo, experimentaron un crecimiento y una intensificación notables, como se explicó en el ca-pítulo 3.

2.1.2. conflictos en demanda de incremento de los ingresosPara comprender mejor la conflictividad por el mejora-miento de los ingresos es necesario considerar los avan-ces y dificultades del país en la reducción de la pobreza y de las desigualdades. De acuerdo al sexto informe de progreso de los objetivos de desarrollo del milenio en Bolivia,48 entre los años 1996 y 2009 la pobreza extre-ma se redujo en 16,6%. Por su parte, el Informe de De-sarrollo Humano del PNUD destaca que entre 2000 y 2008 los niveles de pobreza relativa, tanto extrema como moderada, se redujeron en 1,25 y 7,1 puntos porcen-tuales, respectivamente, disminuyendo sobre todo la po-

46 Entrevistas de julio de 2011 a María Elena Deheza y René Pardo en Fundación UNIR, 2011.

47 Fundación Jubileo, 2012.48 UDAPE, 2010.

breza rural y la pobreza extrema (de casi ocho de cada diez personas en 2000 se redujo a cinco de cada diez en 2008).49 En cuanto a la reducción de las desigualdades, el PNUD informa que Bolivia continúa siendo uno de los países más desiguales de la región; entre 1970 y 2007 la pobla-ción creció de 4,6 a 10 millones de habitantes, pero la distribución del ingreso se mantiene tan desigual como antes.50 Las desigualdades en el ingreso varían de acuerdo a criterios geográficos, de clase, étnicos y de género. Aun-que en las últimas décadas se observa una tendencia al incremento de los índices de desarrollo humano –lo que se refleja por ejemplo en el aumento de la esperanza de vida y de las tasas de alfabetización–, según el PNUD se está produciendo una desaceleración de dicho fenómeno en el tiempo. De acuerdo a fuentes oficiales, el ingreso per cápita ha-bría aumentado entre 2006 y 2009 en más de 700 dólares (67%), creciendo en 19,6%, 14,6%, 26,9% y 3,9% en cada uno de esos años. Sin embargo, Carlos Arze, investiga-dor del CEDLA, plantea que ese crecimiento del ingreso per cápita se debe a que no se han considerado las tasas de crecimiento del PIB real que, para los mismos años, fueron de 4,8%, 4,56%, 6,15% y 3,4%, ni el descenso del crecimiento demográfico: de 2,12% en 2006, 2,08% en 2007, 2,04% en 2008 y 1,99% en el año 2009.51

Los avances que las cifras muestran contrastan con la realidad en la que aún se encuentran grandes sectores de la población boliviana. Bruno Apaza, dirigente de la COB, señala: “…la sensación del día a día, a nivel gene-ral, es que la pobreza no ha disminuido” y Lucas Yujra, dirigente vecinal del distrito 6 de El Alto: “En cuanto al tema de la reducción de la pobreza, lo que el gobierno nos muestra son estadísticas de que habría un avance de disminución, pero en el pueblo, en la ciudad de El Alto, no se siente eso.” El Jefe de la Unidad de Gestión de la Demanda Social del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan de la Cruz Villca, sostiene que “no hemos salido de la pobreza (…) pero sí se está trabajando para hacerlo”.52

49 PNUD, 2010.50 Ibídem.51 CEDLA, 7 de octubre de 2010.52 Entrevistas de julio de 2011 a Bruno Apaza, Lucas Yujra y Juan

de la Cruz Villca en Fundación UNIR, 2011.


La redistribución de la riqueza es fundamental para que el país se encamine hacia una situación de mayor equidad, disminuyendo las brechas entre un pequeño sector que concentra los recursos económicos y la mayoría de la po-blación que se encuentra en situación de pobreza.Según el informe de Desarrollo Humano 2010 del PNUD, en 1970 el 20% más rico de la población bo-liviana concentraba el 59% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre recibía sólo el 4%; casi cuatro déca-das después, en 2007, ese 20% más rico concentraba aún algo más, el 60% de la riqueza, frente al 20% de la pobla-ción más pobre que sólo recibía el 2%.53 Por su parte, el CEDLA sostiene que mientras en 2004 las remunera-ciones de los trabajadores constituían el 33% del PIB, en 2008 sólo llegaron al 25% y, contrariamente, el ingreso de los empleadores o de las empresas aumentó del 54 al 55% en el mismo período.54 Con relación a la capacidad de ahorro de los bolivianos, el gobierno plantea que los depósitos bancarios han crecido; sin embargo, para el CEDLA, esto no es real puesto que en 2005 los depósitos menores a 1.000 dólares (79% de los depositantes) constituía el 3,2% del total de depósitos, y en 2009 ese mismo grupo (86,3% de depositantes) sumaba sólo el 2,5% del total de fondos. En esos mismos años, los depósitos mayores a 100.000 dólares (0,5% de los deposi-tantes) sumaban 46,7% del total, y en 2009 ese grupo (0,4% de los depositantes) poseía el 54,8% de los fondos.55 Estos datos permiten comprender que si bien en los últi-mos años se puede haber experimentado cierto alivio de la pobreza, la situación de fondo no ha cambiado sustan-cialmente, por lo que la pobreza y el malestar económico siguen siendo un motor central de la conflictividad nacio-nal. En este sentido resulta interesante el dato del Latino-barómetro de 2011 sobre la percepción de los bolivianos en relación con la distribución de la riqueza: sólo 21% de la población cree que ésta es justa.56

Los conflictos relacionados con los ingresos muestran que la información proporcionada acerca de la bonanza eco-nómica del país ha generado altas expectativas en la po-blación. En ese sentido, René Pardo sostiene que: “el go-

53 PNUD, 2010.54 Arze, 2010.55 Ibídem.56 Latinobarómetro. 2011.

bierno ha hecho ilusionar a muchos sectores de que iba a dar solución a los problemas [económicos]”.57 El contraste entre esas ilusiones y la realidad puede ayudar a explicar la conflictividad vinculada con la problemática del ingreso.Algunos conflictos de tipo económico tienen un carác-ter cíclico, surgen a principios de año cuando el gobierno central define el monto del incremento salarial. En 2008 el gobierno incrementó los salarios en 10% y en 2009 en 14%, con el beneplácito de los sectores asalariados. En 2010 el gobierno sólo ofreció un incremento de 5%, por lo que el período entre los meses de abril y mayo fue intenso debido a la gran cantidad de episodios de conflicto en los que participaron la Central Obrera Boliviana, sindicatos de fabriles, maestros y trabajadores en salud, policías y otros sectores, demandando un porcentaje mayor. El in-cremento significativo de los años anteriores hizo abrigar esperanzas acerca de que el aumento sería semejante, por lo que la resistencia fue muy dura y prolongada.En los primeros meses de 2011 esta situación se repitió, aunque con mayor intensidad que el año anterior debido a la promulgación del DS 748, que al elevar los precios de los carburantes generó un incremento de los precios de los distintos productos y servicios. Los sectores sociales se movilizaron en demanda de un incremento salarial mayor al 10% ofrecido; el conflicto tuvo alcance nacional, agluti-nando a una importante cantidad de actores y generando episodios de violencia.En esa misma época, los sectores de salud y educación protestaron porque el gobierno dejó sin efecto el incre-mento salarial de 20% ofrecido para paliar los efectos del decreto 748. A partir de marzo, la COB expresó su des-acuerdo con el aumento definido por el gobierno ya que había comprometido un alza superior a la inflación. Se realizaron marchas, paros y bloqueos encabezados por la COB en diferentes puntos del país, en los que participa-ron los universitarios e incluso algunos funcionarios pú-blicos no sindicalizados, y se efectuaron paros nacionales. Otros sectores intentaron también mejorar sus ingresos, como los jubilados afiliados en el antiguo y nuevo sistema de reparto.Después de que se acordara una elevación salarial de 11% –que podría llegar a 12% si se encontraba una fuente de

57 Entrevista de julio de 2011 a René Pardo en Fundación UNIR, 2011.


recursos– surgieron nuevas movilizaciones de la COB, las centrales obreras departamentales y los sectores de salud y educación por los descuentos efectuados a los trabajado-res por los días de paro. La conflictividad por el incremento de los ingresos en 2011 presentó un notable incremento de la violencia res-pecto a los años anteriores. Un caso emblemático fue el enfrentamiento de maestros rurales con la Policía en la zona de Apacheta, en La Paz, que tuvo como saldo varias personas heridas y detenidas. Si bien se ha aumentado el salario mínimo –actualmente es de Bs 815.40–, éste es aún muy bajo de acuerdo al costo de vida. Javier Gómez, Director del CEDLA, señala que estas movilizaciones se deben a que “los trabajadores sien-ten que aún con el aumento del salario nominal (…) es solamente una reposición de su capacidad adquisitiva para los hogares que tienen relación asalariada formal. Mucha gente que está por fuera de una relación asalariada típica no ha recibido este impacto, pero ha recibido el impacto negativo de la inflación”.Por otra parte, se desarrollaron una serie de conflictos en demanda de establecimiento o reposición de bonos, como el planteado por los discapacitados pidiendo el pago de un bono por su condición, por los trabajadores en salud de Santa Cruz reclamando uno de antigüedad, y por los maestros urbanos y rurales exigiendo la reposición del bono de frontera. Asimismo, distintos grupos de transportistas se enfrentan constantemente por el control de rutas de circulación, y en 2011 la Confederación de choferes de Bolivia decla-ró un paro nacional y bloqueos de rutas protestando por la ley de legalización de autos indocumentados porque el ingreso de estos vehículos provocaría un colapso en la provisión de combustible, dado que ya circulan en el país un millón de automóviles.Las protestas por la problemática del ingreso alcanzaron también a las cárceles; desde 2010 la población de los recintos penitenciarios del país se movilizó por el incre-mento de los prediarios,58 demandando un aumento ma-yor al 20% (de Bs 5,50 a 6,60) ofrecido por el gobierno. En 2011 estas protestas se generalizaron y alcanzaron un alto nivel de violencia.

58 Recursos que reciben diariamente los presos por concepto de ali-mentación.

2.1.3. conflictos en demanda de empleoUn indicador clave de la situación de bienestar de la po-blación es el empleo. Un trabajo estable implica genera-ción de ingresos asegurada, beneficios sociales y posibi-lidades de mejoramiento de las condiciones de vida; el trabajo informal significa fluctuaciones en los ingresos, que generalmente son bajos, ausencia de beneficios socia-les y, por tanto, inseguridad, dificultades para la sobrevi-vencia, imposibilidad de mejorar las condiciones de vida y, frecuentemente, sobreexplotación.La situación del empleo en Bolivia es compleja. Si bien la tasa de desempleo abierto no es muy alta: 8,6% en 2009 y 6,5% en 2010,59 el CEDLA sostiene que más de 60% de la población que figura en las estadísticas como em-pleada, en realidad es autoempleada ya que se desempeña en actividades económicas informales –la reducción del desempleo se ha dado fundamentalmente en el rubro co-mercial en el que impera la informalidad60–, por lo que su situación es precaria.De acuerdo al PNUD, el sector informal en Bolivia aco-ge actualmente a siete de cada diez ocupados,61 consti-tuyéndose en el más grande de América Latina.62 Esta configuración del mercado de trabajo, que se desarrolló con las reformas de ajuste estructural a fines de la década del ochenta y principios del noventa, si bien contribuyó a frenar el desempleo abierto, incrementó el subempleo y la precarización laboral.63 Datos de 2010 muestran que más del 50% de la pobla-ción económicamente activa tiene un empleo precario extremo, lo que la coloca por debajo de las condiciones legales de trabajo y de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo; un tercio tiene un empleo precario moderado y sólo 17% cuenta con un empleo adecuado. Si bien esta situación afecta a hombres y mujeres, son éstas las que se ven más afectadas por su alta participación en el sector informal y su rol como proveedoras.64 Los sectores más pobres del país alimentan el crecimiento constante de la informalidad; así, ocho de cada diez personas entre

59 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2010.60 La Razón, 28 de noviembre de 2010.61 PNUD, 2010. 62 Banco Mundial, 2009.63 Montero, 2003.64 CEDLA, 2010 y entrevista de julio de 2011 a Javier Gómez, Di-

rector de CEDLA en Fundación UNIR, 2011.


las más pobres se encuentran en el sector informal. Para el dirigente de la COB, Bruno Apaza, “la sensación del día a día, a nivel general, es que la pobreza no ha disminuido y tampoco el desempleo (…) no hay fuentes de trabajo dignas, estables, sino estrategias de sobrevivencia.”65

El CEDLA sostiene que el desempleo en Bolivia tiene carácter estructural y que afecta a parte importante de la fuerza de trabajo, sobre todo a los jóvenes más escolariza-dos y a las mujeres de todas las edades.66 Además, al pare-cer, en el último tiempo se está produciendo un fenómeno de “desempleo ilustrado” que afecta a las clases medias que han realizado estudios y no pueden obtener empleo.67 Es evidente que la problemática del empleo genera preo-cupación en la población. Según el Latinobarómetro 2011, 48% de los bolivianos se encuentra preocupado por que-dar desempleado en los próximos doce meses, el segundo porcentaje más alto de la región, después del Ecuador.68

En este contexto, la demanda de creación de fuentes de trabajo ha originado varios conflictos. Un ejemplo de ello es el caso del sindicato de desocupados de Oruro que desde hace varios años viene exigiendo que se dé a sus miembros trabajo en el Mutún; por su parte, la población de Puer-to Suárez demanda la activación del proyecto siderúrgico justamente como una opción de empleo y de generación de recursos para la región. Ésta es una muestra de que la problemática de la falta de oportunidades de empleo puede llegar a confrontar a sectores de la población.Los maestros también han protagonizado conflictos re-clamando la dotación de ítems, así como organizaciones de trabajadores mineros y de personas con discapacidad se han movilizado en demanda de empleo. René Pardo, dirigente del magisterio urbano paceño señala: “por la ca-rencia de fuentes de trabajo, el magisterio se aferra a ese documento legal que es el escalafón nacional del magiste-rio fiscal, donde se establece la inamovilidad funcionaria; los docentes no pueden ser destituidos de su cargo si de por medio no existe un proceso escolar administrativo con fallo incluido. Entonces, en ese sentido, se hace todo lo posible para defender esa reglamentación, para mantener-

65 Entrevista de julio de 2011 a Bruno Apaza en Fundación UNIR, 2011.

66 CEDLA, 2011.67 Entrevista de julio de 2011 a Javier Gómez en Fundación UNIR,

2011.68 Latinobarómetro, 2011.

se [en el empleo] porque al no existir fuentes de trabajo en el país es algo que le permite garantizarse por lo menos un ingreso, así sea miserable, pero un ingreso fijo, [en lugar de] estar en las calles sin ningún tipo de ingreso”.69

La protesta por despidos o por la probabilidad de que éstos se produzcan es otra fuente generadora de conflic-tos; después de las elecciones de gobernadores y alcaldes municipales de abril de 2010, trabajadores públicos se movilizaron en defensa de sus fuentes laborales en riesgo por el cambio de autoridades, así como por recortes pre-supuestarios, especialmente en el sector salud. También los trabajadores del hospital ginecológico obstétrico de Sucre rechazaron el despido de casi la mitad del personal médico por la reducción de las regalías departamenta-les del IDH. Por su parte, los maestros protestaron por las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación para la optimización de ítems, también se movilizaron los empleados del sector salud de Potosí, Cochabamba y El Alto, los trabajadores municipales de Santa Cruz, El Alto y Potosí, los trabajadores mineros y los empleados universitarios. Asimismo ha sido recurrente en el período la conflictivi-dad por el pago de salarios retrasados en el sector público debido a problemas administrativos –demoras en desem-bolsos, documentación faltante o retrasos por cuestiones procedimentales–, como los protagonizados por trabaja-dores de la gobernación de Tarija, por los guardias muni-cipales de El Alto, los trabajadores de las alcaldías de El Alto y Warnes, los trabajadores en salud de Chuquisaca, educadoras de El Alto y trabajadores de la Empresa Mu-nicipal de Mantenimiento Urbano de El Alto. También trabajadores de algunas empresas privadas (canal Full TV, PIL y fábrica de plástico Belén) demandaron el pago de salarios y/o bonos adeudados.Por otro lado se registraron casos de demanda de me-jores condiciones de trabajo (estabilidad laboral, provi-sión de material de trabajo, capacitación, buen trato por parte de los superiores, etc.) especialmente en entidades públicas: alcaldías de Oruro, El Alto y Quillacollo, Caja Nacional de Salud y Empresa de Correos de Bolivia. Si bien gran parte de estos conflictos están relacionados con asuntos administrativos, también se vinculan con las precarias condiciones de trabajo, dado que “la baja

69 Entrevista de julio de 2011 a René Pardo.


calidad se ha instalado en todos los sectores del merca-do de trabajo”.70

2.1.4. conflictos por el control y aprovechamiento de recursos naturalesEn un país pobre y poco industrializado, como Bolivia, los recursos naturales se constituyen en una de las principales fuentes de generación de ingresos y una de las pocas alter-nativas existentes para el desarrollo de las comunidades, pueblos y regiones. Esta situación –y la coyuntural alza de los precios internacionales de algunos productos– de-termina que el control y aprovechamiento de los recursos naturales se convierta en motivo de disputa entre diferen-tes grupos sociales y regionales. Tradicionalmente la economía boliviana ha estado asen-tada en la exportación de commodities basados en unos pocos recursos naturales, lo cual la hace vulnerable a las variaciones de los precios en el mercado internacional y a la demanda externa. Esto se agrava si se considera que, como ya se dijo, la producción de hidrocarburos y minera-les —los principales productos de exportación del país— no es generadora de empleo ni de actividades económicas asociadas. Pese a los esfuerzos realizados en distintas épocas para modificar la matriz productiva del país, industrializarlo y lograr una diversificación productiva, Bolivia continua siendo fuertemente dependiente de los recursos natu-rales no renovables. Como ya se señaló, en los últimos años la exportación de recursos naturales no renovables se ha intensificado. La alta cotización internacional de los minerales que ha beneficiado de manera importante a la economía del país, ha tenido también dos consecuencias negativas: por una parte ha reforzado la dependencia de la exportación de materias primas y, por otra, ha generado pugnas entre diversos sectores por el control de yacimien-tos mineros.En los últimos dos años se ha producido un significativo aumento de este tipo de conflictos que, frecuentemente, derivan en situaciones de violencia. Así, se enfrentaron cooperativas mineras por la posesión de yacimientos y parajes de laboreo; grupos campesinos disputándose la posesión de zonas ricas en piedra caliza, uranio y litio, como el cerro Pahua y el salar de Uyuni, y diversos secto-

70 CEDLA, 2011.

res buscando aprovechar el auge minero como motor del desarrollo económico local y regional.La condición estructural que se encuentra detrás de estos conflictos y los potencia es, sin duda, la pobreza de gran-des sectores de la población boliviana, especialmente la rural. A esto se añade la existencia de una problemática limítrofe de larga data en distintos puntos del territorio nacional, que en un contexto de reterritorialización ad-ministrativa y de redefinición de las competencias institu-cionales, crea condiciones para el surgimiento de nume-rosas controversias.En el año 2009 estos conflictos no fueron muy signifi-cativos, pero a partir de 2010, cuando los precios de los minerales alcanzaron altas cotizaciones en los mercados internacionales (en septiembre de 2010, la cotización in-ternacional del estaño alcanzó a $us 10,77 la libra fina71 y en noviembre de 2011 se encontraba en $us 9,472) se multiplicaron en demanda de redistribución de parajes de laboreo o vetas y de intervención estatal para mitigar la contaminación generada por la minería; en 2011 se de-sarrollaron conflictos entre cooperativistas, mineros asa-lariados y campesinos por el control de yacimientos me-talúrgicos, casi todos fueron violentos y dejaron heridos y muertos. Entre los numerosos casos de conflictos de este tipo se encuentran el de las provincias Arque y Tapacarí en Cochabamba por la posesión de yacimientos de piedra caliza; el de cooperativistas mineros de las provincias Dalence en Oruro y Bolívar en Cochabamba por la ex-plotación de estaño; el de Coroma en Potosí y Quilla-cas en Oruro por la explotación de piedra caliza en el cerro Pahua; el de la mina Yaco en la provincia Loayza de Potosí; el de la mina Víbora en Potosí; el de la mina Amayapampa en la provincia Bustillo de Potosí; el de mineros de Sayaquira en la provincia Inquisivi de La Paz por la explotación de parajes ricos en estaño; el de mi-neros de Laramcota en la provincia Loayza de La Paz; el de pobladores de la misma provincia por la posesión de la mina de estaño Chojñacota; el del Mutún en Santa Cruz demandando inversión estatal o extranjera para la producción de hierro; y el de los dragueros de oro en Santa Cruz exigiendo la protección de la cuenca del río

71 La Prensa, 24 de septiembre de 2010.72 www.minería.gob.bo.


Piraí y la reglamentación de las actividades mineras. Las constantes tomas de minas llevaron a que los concesio-narios demandaran garantías y protección contra este tipo de acciones.Las localidades productoras de los minerales que al-canzaron precios más altos, como el estaño, son las que experimentaron los conflictos más violentos en los últi-mos meses, dejando el saldo de al menos dos personas fallecidas y de numerosos heridos. La frecuencia de estos conflictos llevó a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a protagonizar en el mes de junio de 2011 un conflicto demandando al gobierno central respeto y protección a la propiedad privada puesto que la falta de empleo y los altos precios de los minerales conducirían a que cada vez más personas ajenas tomen las minas; en su opinión, los centros mineros de Colqui-ri, Amayapampa, Bolívar y Porko se encuentran en serio riesgo de ser avasallados.Un caso que ejemplifica muy bien la situación de tensión en la que se encuentran las instituciones responsables del sector ante la conflictividad minera es el protagonizado por la Secretaría de Minería y Metalurgia del gobierno departamental de Oruro que demandó en 2010 al go-bierno central poner fin al conflicto existente entre co-munarios del distrito La Joya y mineros de la empresa comunitaria Inca Sayaña por el control de la explotación de oro, como resultado del cual se registraron varios en-frentamientos. En lugar de solicitar por la vía regular la intervención del gobierno central, el Secretario de Mine-ría de Oruro anunció medidas de presión si el gobierno no solucionaba el conflicto. Por otra parte, a fines de 2011 estalló un conflicto entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca por la pose-sión del campo gasífero Margarita, cuyas reservas pro-badas son de tres trillones de pies cúbicos (TCF), lo que representa alrededor de un tercio del total nacional.73 Los cívicos chuquisaqueños plantearon la contratación de una empresa que hiciera un estudio sobre la distri-bución de regalías provenientes de este campo, lo que fue aceptado por el gobierno y rechazado por sus pares tarijeños; el conflicto continúa pendiente. Este caso se suma a otros de disputa entre regiones por los recur-sos de la renta hidrocarburífera y minera, como el de las

73 La Prensa, 19 de noviembre de 2011.

provincias Dalence en Oruro y Bolívar en Cochabamba antes mencionado.Asimismo, algunos recursos naturales renovables se han convertido en los últimos años en productos de exporta-ción muy significativos, como la quinua que se produce principalmente en Potosí y Oruro (quinua real) y en el altiplano central de La Paz y parte de Oruro (variedad dulce); actualmente 64.000 familias se dedican a esta ac-tividad, la exportación de quinua en el año 2010 alcanzó a 7,2 millones de dólares.74 La agudización del largo y complejo conflicto limítrofe entre los departamentos de Potosí y Oruro (Coroma-Quillacas) se explica, en parte, por la producción de quinua.Asimismo se han generado conflictos por concesiones fo-restales, por mayor aprovechamiento de recursos acuíferos en zonas rurales, y en oposición a la erradicación de culti-vos de coca excedentarios.Algunos conflictos de este tipo fueron complejos y de larga duración, llegando a adquirir incluso un carácter violento, especialmente cuando se enfrentaron distintos sectores sociales entre sí, como ocurrió en Caranavi en mayo de 2010, cuando los municipios de Caranavi, Alto Beni y Palos Blancos se enfrentaron por la instalación de una planta procesadora de cítricos para aprovechar la dis-ponibilidad de este recurso.Por otra parte, es necesario considerar que existen tam-bién algunos conflictos vinculados con la situación econó-mica y el desarrollo de actividades ilícitas, como ocurrió en septiembre de 2010, cuando los colonizadores estable-cidos en el Parque Nacional Carrasco, que se oponían a la erradicación de la hoja de coca en esa área protegida, se enfrentaron violentamente con la Fuerza de Tarea Con-junta (FTC), dejando un saldo de tres policías heridos. Este tipo de casos es preocupante porque muestra que las economías ilegales tienen capacidad para movilizar a al-gunos sectores sociales y generar conflictos que les permi-tan alcanzar sus objetivos.La puesta en funcionamiento de la nueva estructura territorial del Estado en la que deben convivir los ni-veles territoriales departamental, municipal e indígena originario campesino con autonomía plena, junto al nivel de autonomía regional sin potestad legislativa ha

74 http://laquinua.blogspot.com/2011_03_01_archive.html.


dado lugar al choque de intereses, que se expresa en los conflictos surgidos entre municipios, entre indígenas y campesinos y entre éstos y mineros por el acceso a re-cursos naturales. Estos casos podrían incrementarse en el futuro si no se avanza rápidamente en la delimitación jurídica de las competencias correspondientes a cada uno, en la definición de mecanismos de acceso a éstas y de procedimientos para la gestión de conflictos entre los diferentes niveles.

En comparación con los otros conflictos económicos, las controversias por el control de recursos naturales para el desarrollo local y regional fueron menores en cantidad, alcanzando alrededor del 3,5% del total en el período estudiado. Sin embargo, se trata de un tipo de conflicto cada vez más frecuente, complejo y violento que merece ser considerado; en el segundo semestre de 2011 la canti-dad de este tipo de casos se duplicó respecto al promedio alcanzado en los semestres anteriores, lo que muestra que se trata de una problemática que va en ascenso.

2.1.5. conflictos por normas legales de carácter económico

La formulación y aprobación de nuevas normas dio lugar al surgimiento de varios conflictos. Entre las que gene-raron más protestas de los sectores sociales, tanto en su etapa de formulación como una vez que fue promulgada en diciembre de 2010, se encuentra la Ley de Pensiones, que fue observada porque el Estado no aportará recur-sos al seguro social obligatorio, las rentas son muy bajas y los campesinos y gremiales quedan al margen de éste. Distintas organizaciones sociales se movilizaron, como las centrales obreras departamentales de Oruro y Potosí, la Central Obrera Regional de Uyuni, la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, las federaciones de maestros urbanos y rurales de La Paz, los fabriles y la Federación de Seguridad Social Universitaria. Pese a ello, la dirigencia de la COB aprobó el texto de la norma.

El nuevo Código del Trabajo, que se encuentra en pro-ceso de formulación desde hace un año aproximada-mente, ha generado también importantes expectativas y temores entre los trabajadores y empleadores, lo que no ha permitido generar consensos que hagan posible su aprobación.

Por otra parte, el proyecto modificatorio de la Ley de General de Aduanas y del Código Tributario aprobado

en 2010 fue objetado por la Confederación de Gremiales de Bolivia, que aglutina a 150 mil afiliados, por el endu-recimiento de controles aduaneros que atentarían contra los intereses del sector que se considera comerciante y no contrabandista. Las organizaciones del transporte sindi-calizado cuestionaron también la disposición de esta nor-ma sobre confiscación de vehículos usados para el trans-porte de mercadería ilegal.

Asimismo, la aprobación de modificaciones a la Ley Fi-nancial en mayo de 2011 dio lugar a varios conflictos prota-gonizados por distintos actores sociales. Las universidades públicas protestaron ante el anuncio gubernamental de in-tervención de los seguros sociales universitarios y exigieron respeto a la autonomía universitaria; los gobiernos munici-pales del país manifestaron que la disposición que estable-ce el envío de sus presupuestos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación vulnera su autonomía; la Caja Nacional de Salud se movilizó contra la disposición que obliga a depositar las cuentas sociales de las cajas en una cuenta única del Tesoro General de la Nación.

Finalmente, la aprobación de dos normas vinculadas con el transporte generó también la protesta de distin-tos sectores: la ya mencionada que legaliza los vehículos internados al país sin la documentación correspondien-te puesto que incentivaría el contrabando, y la prohibi-ción de circulación de vehículos con más de doce años de antigüedad que perjudicaría a los choferes de menos recursos.

Este tipo de conflictos es eminentemente de carácter co-yuntural. En un contexto de redefinición del marco legal del país es previsible que la formulación y aprobación de leyes y otros instrumentos legales suscite la confronta-ción de intereses y visiones; sin embargo, la manera en que se desarrollan los procesos de formulación y aproba-ción de normas es determinante –más allá de su conte-nido– para la generación de conflictos.

2.2 Conflictos por prestación de servicios públicos

Los conflictos por la prestación de servicios públicos han estado presentes como uno de los temas de controversia más importantes del período 2009-2011, manteniéndose entre los cinco tipos de conflicto más frecuentes. El por-centaje promedio de conflictos vinculados con esta temá-tica en los últimos tres años es de 11,5%.


Una prestación de servicios públicos oportuna y adecuada es fundamental para asegurar un nivel de calidad de vida aceptable para la población; por ello los problemas en la provisión de servicios de educación y de salud, agua po-table y alcantarillado, energía eléctrica y gas licuado, así como en la construcción y mantenimiento de carreteras y otras vías públicas son temas de preocupación constante de los bolivianos, frente a los cuales se encuentran prestos a generar conflictos que se inscriben dentro del campo de la reproducción social. Las condiciones de pobreza del país y la debilidad crónica de la institucionalidad estatal determinan la existencia de numerosas falencias en este campo, que originan conti-nuas protestas y conflictos. Es interesante en este sentido el dato que ofrece el Latinobarómetro 2011, según el cual la población boliviana muestra un índice de satisfacción con los servicios del Estado de 4,1, menor al promedio de la región de 5,1.75

Pese a que en las últimas décadas Bolivia ha mejorado sustancialmente en la prestación de servicios básicos, sub-sisten aún serias deficiencias, como las que afectan a los servicios de educación que no cubren al total de la pobla-ción en edad escolar y cuya calidad es aún muy cuestio-nable. Por otra parte, pese a que la cobertura educativa se ha ampliado considerablemente en los últimos diez años, en 2007 el porcentaje de la población entre seis y trece años de edad que se encontraba inscrita en la educación primaria era de 92%, y el de la población inscrita en la


educación secundaria de 57%,76 existe un alto porcentaje de deserción escolar en ambos niveles y, como es evidente, casi la mitad de los adolescentes no llega a la escuela. La inequidad que prevalece en el país se expresa claramente en el ámbito educativo: el promedio de años de escola-ridad de la población mayor de 19 años es de siete años (nueve años en el área urbana y cuatro en el área rural),77 los hombres, urbanos, no indígenas y pertenecientes al 20% más rico de la población alcanzan un promedio de 14 años de escolaridad, frente a las mujeres, rurales, indí-genas y pertenecientes al 20% más pobre de la población que tienen una escolaridad de sólo dos años;78 por otra parte, 39% de los niños de seis años no asiste a la escuela primaria (32% en el área urbana y 47% en el área rural), y 57% de los jóvenes de 17 años –edad en que deberían cursar el tercero o cuarto curso de secundaria– no asiste a la escuela en el área rural y 33% en el área urbana.79 En 2008 el gobierno del MAS anunció la erradicación del analfabetismo, lo que según expertos en la materia pare-ce poco probable ya que éste se concentra en la población adulta, especialmente de la tercera edad, que por no hacer uso de la lectoescritura cae en el analfabetismo funcional. Si bien se introdujeron importantes mejoras en el ciclo primario, estudios realizados muestran que la calidad de la educación primaria fiscal es muy baja en comparación con

76 PNUD, 2010.77 Ministerio de Educación, 2004.78 PNUD, 2010.79 Ministerio de Educación, 2004.

GRÁFICO Nº 11 / Evolución de los conflictos por prestación de servicios públicos 2009-2011 (promedio)


0

5

10

15

20

25

30

1S-2009 2S-2009 1S-2010 2S-2010 1S-2011 2S-2011

Gestión Administrativa


la de otros países,80 y especialmente la secundaria es muy deficiente y resulta poco adecuada para preparar a las per-sonas para el mundo del trabajo. Asimismo, aunque cada vez más jóvenes logran ingresar a los centros de educación superior, éstos aún son inalcanzables para la mayoría y pre-sentan numerosos problemas en cuanto a su adecuación a los requerimientos de desarrollo del país y a su calidad. Por otra parte, si bien el Estado destina no pocos recursos al sector (8,6% del presupuesto general de 2011 y 6,7% del PIB en 200881), éstos aún son insuficientes para satisfacer las múltiples necesidades existentes. Frente a esta difícil situación, la población boliviana reacciona fuertemente, lo que muestra que en su imaginario la educación ocupa un lugar preferente porque se la considera el vehículo por ex-celencia para el mejoramiento de las condiciones de vida y el ascenso social.Los servicios de salud en Bolivia son también muy de-ficientes, la mayor parte de la población rural –que aún representa algo más de un tercio de la población bolivia-na– no accede a estos servicios o lo hace en condiciones sumamente precarias y adversas, mientras que la población urbana –salvo quienes pueden pagar atención privada– tie-ne muchas restricciones y los servicios con que cuenta son insuficientes y de escasa calidad. En el país existen menos de un médico y menos de una cama por cada mil habitan-tes,82 sólo cuatro de cada diez mujeres logran una atención del parto en condiciones adecuadas;83 en general se puede decir que hay graves problemas de infraestructura, equipa-miento, medicamentos y atención médica. Esta situación se explica fundamentalmente por la pequeñez de los recursos destinados a la salud: el total de la inversión pública en el sector era de sólo 3,9% del presupuesto del Estado para 2011;84 los gastos totales en 2010 (incluyendo los recursos públicos y privados) llegaron sólo a 4,8% del PIB, lo que coloca al país incluso por debajo de Haití, que ese año des-tinó 6,9% de su PIB a la salud.85

Pese a esta dramática situación, los conflictos en el sector salud no fueron muy numerosos en el período analizado; se pueden ensayar varias hipótesis explicativas, aunque

80 Andersen y Wielbelt, 2003 citados por Friedman, 2012. 81 Banco Mundial, 2010.82 Espinoza, 2011.83 PNUD, 2010.84 Fundación Jubileo. 2011.85 http.datos.bancomundial.org

probablemente la explicación central es que la mayor par-te de la población boliviana no está acostumbrada a aten-der su salud a no ser que se encuentre en una situación realmente grave y, por supuesto, no lo hace en términos preventivos, por lo que la demanda de estos servicios no es la que debería ser. Probablemente por esta razón los conflictos más recurrentes en salud son los protagoniza-dos por los propios miembros de este sector y no por lo usuarios. Frecuentemente se han generado en Santa Cruz y especialmente en hospitales, como el Percy Boland y Japonés, debido al retraso en la cancelación de haberes y bonos al personal y a la falta de insumos médicos.El Estado, en sus tres niveles, es el proveedor de los servi-cios públicos, por lo que la existencia de un número signi-ficativo de conflictos en torno a esta problemática revela que la gestión pública, sea del gobierno central, de las go-bernaciones departamentales o de los gobiernos munici-pales presenta serias deficiencias. Durante el primer período del actual gobierno (2006-2009), la gestión pública estuvo relegada frente a la agen-da política que, con una oposición activa, concitó todos los esfuerzos gubernamentales. En el segundo período de su gestión, con una situación económica sólida y con una oposición casi totalmente debilitada, no parecen existir obstáculos para que la gestión pública se constituya en la prioridad. Es probable que la disminución en el porcen-taje de este tipo de conflictos se deba a que el gobierno central está concediendo mayor importancia al tema y a que los gobiernos departamentales y locales están desem-peñando un rol más activo en la atención de las necesi-dades básicas de la población, lo que sería deseable en un proceso de desarrollo autonómico.Algunos de los conflictos vinculados con la prestación de servicios públicos tienen carácter cíclico, surgiendo en mo-mentos específicos del año, mientras que otros se desarro-llan en cualquier mes. En general, los sectores educación y salud suelen plantear conflictos a inicios de año, cuando se gestionan los pliegos petitorios que incluyen la demanda de incremento salarial y otras reivindicaciones casi per-manentes. Por el alto número de sus miembros y su gran capacidad de movilización, estos sectores son de carácter estratégico; sus acciones tienen un fuerte impacto en la ciu-dadanía, un paro de labores escolares, de las universidades o de los centros de salud genera un enorme perjuicio para la población con repercusiones que se extienden más allá de los propios usuarios de estos servicios.


Los casos que involucran al sector educativo, especialmente al magisterio nacional, se producen entre los meses de fe-brero y abril, coincidiendo con el inicio del año escolar, que es cuando se hacen evidentes los problemas de infraestruc-tura, equipamiento escolar y dotación de ítems educativos, necesidades por las que también se movilizan los padres de familia y lo propios estudiantes, aunque en varios ca-sos se han extendido a los meses siguientes. Es también la época en la que los postulantes a los institutos de forma-ción docente, que siempre exceden en número a las plazas existentes e incluso a las necesidades de maestros del país, se manifiestan con el objetivo de ser admitidos en estos centros educativos aunque no hayan aprobado el examen de ingreso. Es necesario señalar que estas protestas están más vinculadas a la problemática de la falta de empleo en el país que a cuestiones propiamente educativas, como lo plantea el reconocido educador Álvaro Puente respecto a los normalistas: “Pondremos en fila a todos los egresados de las normales y les daremos a cada uno un aula, aunque sean mediocres, aunque no sirvan, aunque decepcionen. Sólo si cometen un delito los cambiaremos. Si no, ahí quedarán de por vida como símbolo de lo poco que nos importan la gente, los niños, la patria. En todo el mundo la educación es un derecho fundamental del niño. En nuestra tierra, la educación es un derecho de los egresados de las Escuelas Normales, sindicalizados.”86

A inicios de año, época que coincide con la temporada de lluvias en el país, se presentan también numerosas de-

86 Puente, 2010.

mandas de mantenimiento de tramos camineros –que son vitales para el traslado de las personas y el transporte de los productos– y de atención frente a desastres naturales, especialmente inundaciones, que por no ser oportuna-mente atendidas derivan en conflictos.Otro tema que causa constantes conflictos es el transporte urbano. La falta de una norma que establezca con clari-dad los requisitos para la prestación de servicios de trans-porte y de mecanismos para su cumplimiento, evitando la constante competencia –y frecuente confrontación– por rutas entre transportistas sindicalizados y “libres”, da lu-gar a muchas controversias, en ocasiones violentas. Varios de estos casos se han producido en las ciudades de Co-chabamba y Quillacollo, así como en la localidad de Sa-caba del mismo departamento. El trasfondo de este tipo de conflictos es evidentemente de carácter económico, la insuficiencia de fuentes laborales determina que muchas personas opten por generar su propia fuente de empleo prestando servicios de transporte y entrando en compe-tencia con otros que ya lo hacen.Este tipo de conflictos se desarrolla principalmente en las ciudades capitales de departamento y en las ciudades intermedias, donde reside la mayor parte de la población boliviana. Son los vecinos –organizados o no– quienes protagonizan las movilizaciones cuando sufren carencias o insuficiencias en la prestación de estos servicios.

2.3. Conflictos por la gestión administrativa

Los conflictos por problemas de gestión administrativa han estado presentes entre 2009 y 2011 entre los tres ti-

GRÁFICO Nº 12 / Evolución de los conflictos por gestión administrativa 2009-2011 (promedio)


0

2

4

6

8

10

12

14

16

1S-2009 2S-2009 1S-2010 2S-2010 1S-2011 2S-2011

Prestación de Servicios Públicos


pos de conflicto más frecuentes, a excepción del primer semestre de 2009. El porcentaje promedio de estas con-troversias en el período analizado fue de 12,6%.

Por su naturaleza, estos conflictos son permanentes, es decir que no están sujetos a coyunturas específicas, aun-que en situaciones de redefinición institucional pueden verse incrementados.

Si bien los conflictos por la gestión administrativa se de-sarrollan en el ámbito de entidades públicas y privadas, la mayoría de los casos se produce en instituciones del Estado, sobre todo municipales, por lo que se puede asu-mir que existen serias falencias en los distintos niveles estatales para realizar una gestión pública eficiente, trans-parente y cercana al ciudadano, lo que genera problemas internos –para el propio personal de las instituciones– y externos, con los usuarios.

Entre las instituciones en las que con mayor frecuencia se presentaron conflictos de este tipo se encuentran la Caja Nacional de Salud, los Servicios Departamentales de Ca-minos, las universidades públicas y las empresas públicas de agua y saneamiento.

Al empezar el año, cuando se inician las labores escolares, los conflictos de tipo administrativo se vinculan princi-palmente a cuestiones educativas, demandando la amplia-ción de cupos de ingreso en distintos establecimientos es-colares, de formación docente y universitarios, la refacción de infraestructura a fin de asegurar condiciones mínimas para la realización de las labores educativas y la provisión regular y de calidad del desayuno escolar.

Por otra parte, los vecinos de distintas áreas, los gre-miales y transportistas han protagonizado conflictos en rechazo a determinaciones municipales de distinto tipo: realización de obras públicas, modificaciones en el uso del espacio urbano, cambio de rutas de transpor-te, autorización de rutas para entradas folklóricas, etc., o demandando la intervención municipal para resolver temas de avasallamiento de espacios comerciales o de rutas de transporte, temas que si bien están vinculados con la gestión del espacio urbano, también revelan la existencia de debilidades y dificultades en la gestión ad-ministrativa. Estos conflictos tienen frecuentemente un trasfondo económico que lleva a los actores a demandar o impugnar decisiones que creen pueden beneficiarlos o perjudicar sus intereses, haciendo evidente la falta de una noción de bien común.

Además, estos conflictos establecen una dinámica que re-sulta poco saludable para la institucionalidad del país: por una parte evidencian la debilidad de la institucionalidad pública a nivel local y, por otra, la profundizan al obligar –mediante la continua adopción de medidas de fuerza– a las autoridades municipales a ceder a una diversidad de demandas, no siempre justas, o a enfrentarlas con el con-siguiente costo político.Puesto que estos conflictos no suelen desarrollarse por cuestiones de mayor significación, sería posible que los pro-blemas que les dan origen sean tratados rápidamente y de manera eficiente, sin que lleguen a generar situaciones con-flictivas y complejas. Sin embargo, la continua ocurrencia de conflictos ratifica la existencia de una cultura nacional de gestión de los problemas que tiende a la confrontación en las calles, antes que al diálogo y a los canales institucionales.

2.4. Conflictos por cuestiones legales

El proceso constituyente desarrollado en el país entre 2006 y 2009 fue tenso y en su última etapa estuvo jalo-nado por una serie de conflictos que llegaron al nivel de enfrentamiento directo entre sectores y con las fuerzas del orden. A partir de la promulgación de la nueva CPE se planteó la necesidad de iniciar el proceso de construcción de un nuevo marco legal en un escenario en que, pese a los acuerdos, pervivían diferentes visiones de país y una intensa pugna por el poder y el contenido de las refor-mas estructurales. Esto hacía prever que la formulación y aprobación de nuevas normas daría lugar a una gran conflictividad social y política. En 2010 nació la Asamblea Legislativa Plurinacional –en la que el MAS tenía mayoría absoluta– con la misión ex-presa de desarrollar esta normativa. Los proyectos de ley y leyes aprobadas generaron una gran cantidad de críticas desde el ámbito político y desde la esfera social. Diver-sos actores, como los indígenas, cívicos, jubilados, fabriles, sectores de educación y salud, periodistas y otros se han movilizado cuestionando una decena de proyectos de ley y leyes, como la de Pensiones, Educación, de la Servido-ra y del Servidor Público, Código del Trabajo que reem-plazaría a la Ley General del Trabajo, Transitoria para el Funcionamiento de Entidades Territoriales Autónomas, del Régimen Electoral, Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, de Telecomunicaciones, y las mencio-nadas en el punto referido a conflictos por normas legales de carácter económico.


Uno de los casos que revistieron mayor importancia es el generado a propósito de la Ley Transitoria para el Fun-cionamiento de Entidades Territoriales Autónomas. A inicios de 2010, los comités cívicos de Santa Cruz, Beni y Tarija se movilizaron de manera conjunta para impugnar esta norma que establece la suspensión de autoridades de-partamentales y locales electas a sola presentación de una denuncia formal en su contra, considerando que es parte del fenómeno conocido como “judicialización de la políti-ca”. Este tema dio lugar a fuertes protestas y movilizacio-nes ante la destitución de los alcaldes de Sucre y de Potosí, del gobernador de Tarija y la amenaza de derrocamiento del burgomaestre paceño y de otras autoridades electas.Asimismo, al iniciarse el proceso de implementación de autonomías indígenas surgieron varias situaciones de con-flicto. Los indígenas de tierras bajas demandaron la incor-poración de sus propuestas en la Ley marco de autonomías, incluyendo la toma de decisiones por usos y costumbres, de acuerdo a lo establecido en la CPE y en convenios inter-nacionales. Hasta 2010 la relación de los pueblos indígenas de tierras bajas con el gobierno central se planteó a partir de una agenda en la que el tema autonómico vinculado al territorio era central; esta relación se desarrolló en términos de movilización, instalación de mesas de diálogo y firma de acuerdos parciales. El conflicto del TIPNIS que puso en evidencia la existencia de contradicciones entre las políticas gubernamentales y las normas legales nacionales e interna-cionales vigentes, cambió esta lógica.Por otra parte, distintos sectores de la sociedad se movi-lizaron contra la Ley Contra el Racismo y Toda Forma

de Discriminación, como los gremios periodísticos y los medios de comunicación que plantearon su rechazo a las sanciones económicas y de suspensión de licencias de funcionamiento ya que vulnerarían el derecho a la libre expresión, opinión e información refrendado por la CPE.La aprobación de la Ley del régimen electoral en 2010 y de su reglamentación de 2011 también suscitó la protesta de los gremios del periodismo y de otros sectores por las prohibiciones y restricciones que establecen y que viola-rían los derechos civiles establecidos en la Constitución Política del Estado, entre los cuales figura la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y el dere-cho a la información y a la comunicación.Desde el inicio, la aplicación de la Constitución plan-teaba una serie de desafíos; uno de éstos es, sin duda, responder a las elevadas expectativas que se han gene-rado en una multiplicidad de actores. Otro reto crucial es conciliar, a través de normas de alcance nacional, las visiones e intereses de diferentes sectores que pueden ser muchas veces contradictorios entre sí y no suelen orientarse por una idea de bien común. Otra dificultad resulta de la necesidad de construir un Estado y una sociedad genuinamente democráticos en un contexto marcado por tendencias y acciones que parecen enca-minarse hacia el control total del poder del Estado. Si a estas dificultades se suman las características de la cultura política prevaleciente en Bolivia –que trasfor-ma fácilmente la divergencia en conflicto y en la que el pacto se encuentra desvalorizado, lo que dificulta al-

0

2

4

6

8

10

12

1S-2009 2S-2009 1S-2010 2S-2010 1S-2011 2S-2011

Ideológico/Político

GRÁFICO Nº 13 / Evolución de los conflictos por leyes y medidas legales 2009-2011 (promedio)



canzar acuerdos sostenibles entre diferentes– no resulta sorpresivo que el proceso de elaboración de leyes genere tanta conflictividad.Además del rechazo parcial o total a los contenidos de las distintas normas, se suscitaron protestas por el proceso de formulación de éstas que ha tenido el carácter participa-tivo que se esperaba.En numerosas oportunidades, diferentes organizaciones sociales y políticas, y ciudadanos sin una afiliación espe-cífica, realizaron marchas, plantones, huelgas de hambre y recolecciones de firmas pidiendo la modificación de las normas. La mayoría de las movilizaciones no logró do-blegar al gobierno, el cual, a través del control de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pudo aprobar casi sin modificaciones los proyectos de ley, con excepción del proyecto de ley de telecomunicaciones que fue reformulado sobre la base de los planteamientos de las distintas organizaciones sociales vinculadas con esta temática que se pronunciaron al respecto.En el período analizado, los conflictos por leyes y medidas legales alcanzaron un porcentaje de 7%.

2.5. Conflictos por cuestionamiento o reconocimiento de autoridades

Los conflictos por cuestionamiento o reconocimiento de autoridades aparecen entre los seis tipos de conflicto más importantes. El porcentaje promedio de conflictos por este tema en el período de estudio es de 7,2%.

Una de las causas por las que con mayor frecuencia las au-toridades de distinto nivel y ámbito son cuestionadas es la corrupción. La boliviana es una sociedad penetrada pro-fundamente por la corrupción en todos sus estratos; según datos de Transparencia Internacional para 2010, Bolivia tiene un índice de 2,0 a 2,9 en una escala de 1 a 10, donde 10 significa ausencia de corrupción y 1 una corrupción muy marcada.87 Esta situación, sumada al hecho de que varias figuras de autoridad de distintas épocas han estado involucradas en hechos de corrupción, determina que el tema sea sumamente sensible para la ciudadanía que está presta a creer que las autoridades en general son corruptas o pueden serlo. Así, cualquier denuncia de corrupción, sea fundada o infundada, es tomada como una prueba feha-ciente de comportamiento delictivo y, por lo tanto, hace que la persona cuestionada caiga en desgracia. En muchos casos son evidentes las irregularidades come-tidas por las autoridades y los demandantes logran su ale-jamiento. En otros casos se utiliza el tema de la corrupción como un medio para defenestrar a autoridades a las que los demandantes están enfrentados políticamente o por otro tipo de intereses. Esta lógica es evidentemente perversa y entraña una paradoja: si bien se plantea un rechazo gene-ralizado a la corrupción, amplios sectores de la población están inmersos en estas prácticas, por lo que el rechazo suele ser más discursivo que real y frecuentemente sirve como una excusa para eliminar a ciertas personas de puestos de poder.

87 Transparencia Internacional, 2010.

GRÁFICO Nº 14 / Evolución de los conflictos por cuestionamiento o reconocimiento de autoridades 2009-2011 (promedio)


0123456789

10

1S-2009 2S-2009 1S-2010 2S-2010 1S-2011 2S-2011

Cuestionamiento y/o Reconocimiento de autoridades


Además de la denuncia de corrupción, se han presentado numerosos casos de autoridades municipales que han sido impugnadas por la población del área de su jurisdicción recurriendo para ello a argumentos de otro tipo (que no realiza las obras requeridas, que es miembro de otra zona, etc.) a fin ocupar esos cargos.Varios de los casos de demanda de destitución o resti-tución de autoridades se desarrollaron en el sector edu-cativo, lo que muestra, como ya se dijo, que la población boliviana considera a la educación como un bien muy pre-ciado, manteniéndose vigilante respecto al desempeño de las autoridades en este campo.Es indudable que las constantes acusaciones de corrup-ción, ya sea que los acusados sean destituidos de sus car-gos o no lleguen a serlo, y el frecuente cambio de auto-ridades por estas razones u otras afectan la credibilidad de las instituciones públicas y ponen en serio riesgo la institucionalidad en el país. Al déficit crónico de institucionalidad en Bolivia se han sumado los efectos de la crisis estatal que se puso de ma-nifiesto a partir del año 2000 y que fueron desgastando progresivamente la imagen y la credibilidad de las ins-tituciones públicas. Los procesos de fortalecimiento ins-titucional realizados en las últimas décadas no lograron superar esta situación ni realizar una verdadera transfor-mación en la visión y las prácticas de la sociedad; por lo que prevalece el irrespeto a la norma y un imaginario en el cual la sociedad está consciente de que su capacidad de movilización y presión es el factor determinante para la consecución de sus objetivos, sin importar las consecuen-cias. La situación política que actualmente vive el país y la for-mulación de un nuevo marco legal e institucional acorde con la CPE vigente son procesos sumamente complejos que están atravesados por numerosos conflictos debido a la divergencia de visiones existente en el país y a las pug-nas de intereses; esta situación y la tradicional debilidad de la institucionalidad nacional son propicias para la rea-lización de todo tipo de acciones, al margen de los canales institucionales, por grupos y sectores que buscan hacer prevalecer sus intereses, debilitando aún más los procesos institucionales.Finalmente, y como ya se dijo, detrás de gran parte de los conflictos por cuestionamiento o reconocimiento de autoridades se encuentran pugnas de poder y controver-

sias de carácter político, como es el caso del municipio cruceño de Yapacaní, donde a principios de 2011 se inició una larga contienda entre sectores afines al partido de go-bierno por el control de la alcaldía; la población demandó la renuncia del alcalde por la inadecuada ejecución presu-puestaria del plan operativo municipal y por avalar asen-tamientos ilegales de cocaleros del Chapare cochabambi-no en la reserva forestal El Choré,88 reclamando que los asentamientos se realicen con gente del propio municipio; detrás de esto se encontraba una puga de poder al interior del MAS de esa región. Esta vinculación de los conflic-tos por cuestionamiento o reconocimiento de autoridades con los conflictos políticos permite sumar ambas catego-rías alcanzando un porcentaje conjunto que supera el 12% del total de casos registrados en el período que se analiza en el presente estudio.

2.6. Conflictos ideológico políticos

Los conflictos catalogados específicamente como ideoló-gico políticos no tuvieron gran relevancia entre 2009 y 2011, el porcentaje promedio de estos casos es de 5,6%; sin embargo es evidente que parte importante de la con-flictividad boliviana en ese período tuvo un trasfondo po-lítico más o menos visible detrás de demandas de otro tipo. Además, ese porcentaje tan bajo aumenta conside-rablemente (a 19,8%) si se suman a esta categoría los ca-sos por cuestionamiento o reconocimiento de autoridad (7,2%) y por leyes y medidas legales (7%) que, en su ma-yoría, tienen un carácter eminentemente político, lo que coloca al tema político como la segunda causal de conflic-tos en el país. Esto no es extraño en un país tan politizado como Bolivia, especialmente en los años recientes en que la política ha

88 La reserva forestal El Choré, creada en 1966 con el objetivo de preservar un área boscosa de gran valor ecológico y realizar una producción sostenible, es un área de vocación forestal que tiene el mayor potencial de producción de madera del país y gran impor-tancia para la regulación del régimen hídrico de la región, es rica en biodiversidad y protege a todo el norte integrado cruceño de la desertificación. Desde los años setenta que, pese a su condición de reserva, se han establecido asentamientos humanos y pese a que no es apta para la agricultura se han realizado desmontes para la instalación de cultivos, lo cual se ha acentuado a partir del año 2000, reduciendo considerablemente su superficie. Esta situación sumada a la extracción ilegal de madera pone en riesgo su conser-vación.


saturado todos los ámbitos de la vida nacional. Así, por ejemplo, los casos vinculados a temas de valores, creencias e identidad de pueblos indígenas tienen una muy clara referencia política ya que los reclamos de reconocimiento de derechos establecidos en la CPE y en convenios inter-nacionales interpelan directamente al Estado y a las po-líticas gubernamentales. Es también el caso de conflictos vinculados con el aprovechamiento de recursos naturales, como el producido en 2010 en Caranavi, tema relacio-nado con las necesidades de desarrollo económico de la región, pero al que se sumaban de manera determinante las desinteligencias existentes al interior del bloque oficia-lista. Estos entrecruzamientos ponen en evidencia lo se-ñalado páginas atrás en relación a que muchos conflictos corresponden a más de una categoría y a las intersecciones existentes entre un campo de conflictividad y otro.

Dentro de la conflictividad ideológico política se produ-jeron conflictos por diversas causas que pueden resumirse en tres grandes ejes: proceso de elaboración de leyes para la aplicación de la nueva CPE, realización de distintos procesos electorales y pugnas por visiones políticas y de desarrollo al interior del bloque oficialista.

El fuerte debilitamiento de la oposición política en los departamentos de tierras bajas a partir de los sucesos de Pando de 2008 y del caso denominado terrorismo en 2009, y la victoria electoral del MAS en las elecciones de diciembre de ese año desactivaron la intensa polarización política que el país había vivido en la etapa 2006-2008. La consecuencia de ello fue la minimización de la conflictivi-dad política, aunque en 2009 se produjeron algunos casos

de ataque a líderes que se perfilaban como opositores al gobierno central y algunos episodios de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como expre-sión de la pervivencia de distintas visiones de país en la sociedad boliviana.

En el eje legal, una vez promulgada la nueva Constitución, en 2010 se inició el proceso de elaboración de leyes para su aplicación, lo que dio lugar a importantes dificultades y a numerosos conflictos debido a varios factores: la ge-neración de grandes expectativas en una multiplicidad de actores que no podían ser fácilmente satisfechas; la dificul-tad de conciliar, a través de normas de alcance nacional, las visiones e intereses de diferentes sectores que pueden ser muchas veces contradictorios entre sí y no suelen orien-tarse por una idea de bien común; las implicaciones para el sistema democrático de la construcción de un proyecto hegemónico; y las características de la cultura política boli-viana que trasforma fácilmente la divergencia en conflicto.

Los conflictos vinculados con la formulación del nuevo marco legal del país resultado de los cambios políticos iniciados en 2006, aunque son claramente ideológicos y políticos, serán abordados en el punto 2.6 referido a con-flictos por normas legales.

En el eje electoral se inscriben los numerosos conflictos suscitados a partir de las elecciones de abril de 2010 que resultaron sorprendentes considerando que las elecciones de diciembre de 2009, cuando se definió el segundo man-dato de Evo Morales, se desarrollaron sin mayores cues-tionamientos.

0

2

4

6

8

10

12

1S-2009 2S-2009 1S-2010 2S-2010 1S-2011 2S-2011

Leyes/Medidas Legales

GRÁFICO Nº 15 / Evolución de los conflictos por temas político ideológicos 2009-2011 (promedio)



Es llamativo el hecho de que los procesos eleccionarios de diciembre de 2009 y de abril de 2010, tan próximos en el tiempo e inscritos en una misma coyuntura política y so-cial, fueran tan disímiles en resultados. El primero trans-currió sin contratiempos importantes, pese a las dudas so-bre la confiabilidad del registro biométrico. Se suscitaron solamente unos pocos conflictos por impugnaciones al registro en el padrón biométrico de bolivianos residen-tes en el exterior y por problemas al interior del MAS por no respetar las listas de candidatos que presentaron sectores indígenas en el departamento de La Paz; no obs-tante, estos casos pasaron prácticamente inadvertidos, no implicaron el uso de medidas de presión contundentes ni concitaron mayor atención de la ciudadanía.Contrastando con ello, las elecciones municipales y de-partamentales de abril de 2010 generaron una serie de conflictos pre electorales y sobre todo post electorales. Aunque el mayor desafío, la comprobación del nuevo pa-drón, había sido superado, hubo múltiples denuncias de fraude, pedidos de renuncia de autoridades electorales por desconfianza en su imparcialidad y demandas de realiza-ción de nuevas elecciones.Hay tres razones que permiten explicar este recrudeci-miento de la conflictividad en torno a las elecciones de abril. Primero, se produjo un cierto quiebre entre el MAS y sus bases campesinas y de colonizadores, lo cual dio lu-gar al surgimiento de varios conflictos demandando la inclusión de candidatos electos por consenso popular en las listas locales. Segundo, el control del MAS sobre el aparato estatal creó dudas sobre la imparcialidad de las instituciones responsables del proceso electoral. Terce-ro, la normativa poco clara en algunos aspectos generó diversos problemas: la aplicación de la mayoría simple para la elección de representantes políticos creó una gran susceptibilidad, en algunos municipios donde hubo una diferencia mínima de votos entre una y otra fuerza polí-tica se despertaron sospechas de fraude y se desencadenó un clima de tensión; dado que los resultados fueron muy parejos en varios lugares, era muy difícil establecer gana-dores claros, desatándose fuertes pugnas; y hubo distintas interpretaciones jurídicas y de carácter subjetivo sobre la distribución de escaños de asambleístas departamentales. Entre enero y mayo de 2010 se registraron 19 conflictos en por lo menos 16 ciudades y localidades, donde distin-tas fuerzas políticas pusieron en tela de juicio el proceso de sufragio ejercitando medidas de presión cada vez más

duras, como la huelga de hambre sostenida, la autoflage-lación, el bloqueo de caminos y el enfrentamiento directo.En el eje de pugnas por visiones políticas y de desarrollo se inscriben los conflictos que han ido surgiendo en el país a partir del año 2010, cuando se inició el segundo mandato del MAS, dejando atrás la etapa de polarización política entre éste y la oposición de tierras bajas. En esta nueva etapa, las tareas centrales eran la transformación del Estado, de acuerdo a lo establecido en la CPE, y el desarrollo socioeconómico del país que permitiera mejo-rar efectivamente las condiciones de vida de la población. La formulación de políticas en este campo –lo que impli-ca la opción por un modelo de desarrollo que oriente las distintas acciones– dio lugar a que en 2010 se insinuaran algunas fisuras en el bloque oficialista, que hasta entonces se había mostrado muy sólido y cohesionado, las que en 2011 se hicieron más notorias.En ese marco se inscriben algunos de los grandes conflic-tos de los últimos años, como el mencionado de Caranavi de abril y mayo de 2010, que puso en evidencia la exis-tencia de divergencias políticas y de intereses económicos entre la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCC) y los colonizadores de Alto Beni en la región del trópico paceño. Si bien este episodio que terminó de manera violenta, cobrando incluso la vida de dos personas, generó resentimientos, al parecer la unidad de los denominados interculturales pudo recomponerse.El largo conflicto desarrollado ese mismo año en Potosí, que enfrentó al departamento –que hasta entonces había estado claramente alineado con el MAS– y al gobierno central por una serie de reivindicaciones de desarrollo económico postergadas desde hacía mucho tiempo, ter-minó deteriorando esta relación. El conflicto del TIPNIS, iniciado en mayo de 2010 por la oposición de la Subcentral del TIPNIS y de la CIDOB a la construcción de una carretera que atraviese este te-rritorio indígena y parque nacional, confrontó a las orga-nizaciones de los pueblos indígenas de tierras bajas que habían sido parte de los movimientos sociales que susten-taban al gobierno central, con éste y con los cocaleros del trópico cochabambino, lo que generó el rompimiento del Pacto de Unidad. Como se vio en el capítulo 3, la violenta intervención de la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 por fuerzas policiales generó un profundo dis-tanciamiento y desconfianza entre los indígenas de tierras


bajas y del CONAMAQ y el gobierno, que seguramente serán difíciles de superar. Esos tres grandes conflictos revelan que las fisuras al in-terior del bloque oficialista han ido profundizándose pro-gresivamente; si el caso de Caranavi mostró la existencia de intereses económicos encontrados que no podían re-solverse pese a la afinidad política de los actores, el de Potosí descubrió la existencia dentro del bloque oficialista de regiones y sectores sociales que gozan de centralidad y de otros que ven postergadas sus necesidades y aspira-ciones, y el del TIPNIS evidenció que estas diferencias se aplican también a los pueblos indígenas y que existen serias contradicciones entre lo establecido en la CPE y otras normas del país e internacionales y las políticas de desarrollo del gobierno. Estos conflictos son resultado de la existencia de diversas visiones políticas y de desarrollo en los movimientos so-ciales del país, que durante la primera gestión de gobierno del MAS permanecieron eclipsadas por distintas razones: el proceso constituyente, la necesidad de asumir el reto del nuevo gobierno y de enfrentar unidos a la oposición de las prefecturas y comités cívicos de tierras bajas, pero que en la segunda etapa de la gestión de gobierno empezaron a aflorar. Cada uno de estos conflictos ha ido ampliando más que el anterior las divergencias al interior de los mo-vimientos sociales y el distanciamiento entre el gobierno y algunas de sus bases sociales. Al parecer, los conflictos políticos en el país son continuos; en algunas coyunturas específicas se producen con mayor intensidad, para luego disminuir, pero sin desaparecer. Esta dinámica responde al hecho de que las divergencias entre visiones de país se mantienen vigentes en la socie-dad, más allá de que los liderazgos políticos sean sólidos o se debiliten. Por otra parte hay que considerar que, una vez derrotada la oposición reunida en torno a los comités cívicos y prefecturas de los departamentos de tierras bajas, las pugnas políticas se han trasladado al interior del blo-que oficialista, como se ha hecho evidente en varios de los conflictos antes descritos.

2.7 Conflictos por otros temas

Además de los tipos de conflicto antes mencionados, existen otros varios que si bien no son tan frecuentes (en su conjunto representan cerca del 21% del total de los conflictos), revisten importancia. Abordaremos a conti-

nuación, aunque brevemente, algunos temas conflictivos relevantes en áreas urbanas y rurales del país.Desde hace ya más de una década, Bolivia se convirtió en un país predominantemente urbano. Según proyecciones del INE para 2010, la población urbana llegaría a 66% del total; actualmente las tasas de crecimiento de las ciudades casi triplican las del campo.89

La explosión demográfica de las ciudades y los proce-sos de metropolización en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en condiciones generales de pobreza y debilidad institucional, no han permitido realizar una planificación del uso del espacio ni una adecuada dotación de servicios básicos, lo que ha dado lugar a un crecimiento desordena-do y precario –son los propios vecinos quienes, en muchos casos, asumen la forma de sus barrios y la provisión de servicios– y, consecuentemente, a numerosos problemas y conflictos. El uso del espacio urbano es uno de éstos. Actualmen-te existen altos porcentajes de población de origen rural que ha migrado a las ciudades y que ante la dificultad de encontrar empleo se ocupa en actividades de comercio in-formal, invadiendo calles, plazas y otras áreas públicas. La ausencia o insuficiencia de una política y una estrategia de uso del espacio urbano que regule y ordene las áreas que pueden ser ocupadas y la debilidad de las instituciones para hacer cumplir las normas complejizan esta proble-mática.Aunque este tipo de conflictos tiene un porcentaje de sólo 3% en el período analizado, su número se ha incremen-tado de manera constante y en las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz genera un fuerte impacto y resulta verdaderamente desafiante para la gestión municipal. En 2009 se registraron alrededor de una decena de conflictos de gestión del espacio urbano; en 2010 aumentaron a 38 y en el primer semestre de 2011 alcanzaron a 34.En una situación económica difícil para la mayoría de la población, dado el constante incremento del costo de vida y la falta de empleo, la informalidad aparece como la úni-ca alternativa, por lo que su crecimiento es explosivo. Esto convierte a los gremiales en protagonistas de este tipo de conflictos en busca de facilidades para desarrollar sus ac-tividades, ya sea en la vía pública o en predios especiales.

89 www.ine.gov.bo, enero 2012.


El avance incontenible del comercio informal sobre las áreas públicas ha generado las protestas de los vecinos ya que genera problemas de circulación y de higiene, regis-trándose en varios casos enfrentamientos entre éstos y los comerciantes.La precariedad del crecimiento urbano se expresa tam-bién en la situación de la vivienda. Pese a algunos esfuer-zos realizados desde el Estado, el déficit habitacional si-gue siendo una realidad; la dinámica del mercado y las estrategias informales son las que han determinado el horizonte del desarrollo urbano y la oferta habitacional.90 Puesto que la mayor parte de la población boliviana no puede certificar ingresos fijos y no es sujeto de crédito, compra terrenos de loteadores y construye su vivienda en condiciones precarias, sin asistencia técnica (sin estudios de suelos ni planos de construcción) y sin los requisitos que exige la norma. Las cifras son elocuentes: 80% de las viviendas son autoconstruidas, 46% carece de servicios básicos, no tiene seguridad jurídica ni constructiva por el uso de materiales de mala calidad, y está expuesta a ries-gos físicos y ambientales.91

En ese escenario han emergido organizaciones sociales, como el Movimiento sin Lote, el Movimiento sin Techo y el Movimiento por la Dignidad y la Vivienda, que en su búsqueda de terrenos y viviendas para sus miembros han protagonizado varios casos de toma y ocupación de áreas públicas y privadas en El Alto, Cochabamba, Oruro, Tari-ja y Trinidad. Aunque su relevancia en términos cuantita-tivos es aún muy poco significativa (1%), la problemática de la vivienda ha empezado a emerger como otro foco de conflicto que en el futuro puede intensificarse si no se definen políticas para superarla. Otro problema urbano significativo es el de la seguridad ciudadana. Es evidente que en los últimos diez años las principales ciudades bolivianas se han tornado inseguras y que el índice de criminalidad se ha incrementado. En-tre los factores que permiten explicar este fenómeno se encuentra la pervivencia de altos niveles de pobreza, las serias deficiencias del sistema educativo, la falta de em-pleo que afecta especialmente a los jóvenes, la falta de perspectivas de mejoramiento de las condiciones de vida y de desarrollo para la población que migra a las ciuda-

90 Arébalo, 2011.91 Red Hábitat en ERBOL, 2 de febrero de 2012.

des, la práctica generalizada y descontrolada de consumo de alcohol, el imaginario de violencia propalado por los medios de comunicación, el crecimiento y la expansión territorial del narcotráfico y el agudo deterioro de los va-lores de relacionamiento social, además de la debilidad e inoperancia de las instituciones del orden.También hay que considerar que existe una relación entre seguridad ciudadana y desigualdad, es decir que la segu-ridad se está convirtiendo en un bien de lujo del que sólo pueden gozar quienes pueden pagarlo, aumentando así, en lugar de disminuir, las potencialidades de violencia en la so-ciedad. Datos del Latinobarómetro92 muestran que el tema de la seguridad ciudadana es percibido actualmente como uno de los principales problemas de la sociedad boliviana. Los actores vecinales, los transportistas –en los últimos años, decenas de taxistas han sido asesinados– y otros sec-tores han estado interpelando continuamente al gobierno central, a las gobernaciones, gobiernos municipales y a las instituciones del orden por la creciente inseguridad ciu-dadana que padecen. Los pobladores de las ciudades de El Alto y de Santa Cruz son los que de manera más con-tundente han demandado soluciones a esta problemática, denunciando la escasa presencia policial y la ausencia y/o debilidad de las políticas públicas en esta materia. El por-centaje de conflictos por este tema es de 1,2%.Por otra parte, en las áreas rurales, el tema de acceso y tenencia de la tierra es prioritario ya que la sobreviven-cia de la población indígena y campesina depende de esto. Existen numerosos problemas vinculados con esta temática, como el fenómeno de división y subdivisión continua de la tierra en altiplano y valles que desde la reforma agraria de 1953 se ha ido agudizando cada vez más, obligando a un uso intensivo de los suelos que han ido degradándose, hasta el punto de casi imposibilitar la sobrevivencia de las familias campesinas, obligando a los jóvenes a migrar hacia las ciudades y áreas rurales de tierras bajas; la inseguridad de las tierras comunales en el Oriente, Amazonia y Chaco –pese a que los territo-rios indígenas fueron reconocidos legalmente como ta-les a partir del año 1990 y posteriormente como TCO–, donde los pueblos indígenas requieren de grandes ex-tensiones para desarrollar sus actividades tradicionales de caza, pesca y recolección e incluso para las prácticas



agropecuarias dada la baja fertilidad de los suelos, los ha expuesto a situaciones de franco avasallamiento por empresas madereras, ganaderos y colonizadores de tie-rras altas que realizan una explotación intensiva de los recursos naturales y que, en casos como el del TIPNIS y otros, han significado un recorte de su extensión terri-torial, argumentando la baja densidad demográfica de estos pueblos. Para los pueblos indígenas, especialmente para los de tierras bajas, la noción de territorio es funda-mental para su supervivencia y desarrollo. Sin embargo y pese a su indudable importancia para el desarrollo socioeconómico del país y al lugar central que ocupa en la agenda política, la problemática de la tierra aún permanece irresuelta. A partir del año 2006, el gobierno del MAS dio un fuerte impulso al proceso de saneamiento de tierras que se había iniciado en años anteriores y a la distribución colectiva de tierras fiscales. Desde la promulgación de la Ley INRA en 1996 y a más de cuatro años de la puesta en vigencia de la Ley de Re-conducción Comunitaria,93 se tiene resultados que, si bien representan avances, no son del todo significativos. Según información oficial, 40,8 millones de hectáreas se encuen-tran saneadas (38%), 10,6 millones están en proceso de sa-neamiento (10%) y 55,6 millones aún sin sanear (52%).94 De acuerdo a otros datos, de cada 100 hectáreas de tierra, 22 se sanearon o titularon, nueve son tierras fiscales no disponibles para la distribución (reservas, áreas protegidas y otras), dos están disponibles y el resto se encuentra en proceso de saneamiento y aún sin sanear.95

La mayor parte de las área saneadas (64%) corresponde a Tierras Comunitarias de Origen (TCO), y la gran mayoría de éstas se encuentra en tierras bajas. La tierra por sanear se encuentra en zonas de Santa Cruz y Beni, donde persisten relaciones latifundarias, y en zonas muy pobladas y con mi-nifundio extremo en La Paz, Oruro y Potosí.96 En cuanto a la reversión de tierras que no cumplen con la función económica y social contemplada en la Ley de Reconducción Comunitaria, uno de los mayores logros es la reversión de alrededor de 13.000 hectáreas perte-

93 La Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, modificatoria de la Ley del Servicio Nacional de Refor-ma Agraria fue promulgada en noviembre de 2006

94 INRA, Abriendo el debate, abril de 2010.95 Colque, 2010.96 www.eed.de 28/06/2010.

necientes a la familia Monasterios en el departamento de Santa Cruz.97

Pese a estos avances, queda todavía una gran tarea que de-sarrollar, especialmente en saneamiento y titulación de la propiedad agraria, cuestión que ha generado una serie de episodios conflictivos –el porcentaje de conflictos de este tipo es de 3,7%– en un contexto de aguda pobreza de la po-blación rural y de debilidad y escasa eficiencia de las insti-tuciones del Estado para hacer cumplir las normas vigentes. En 2009 se produjeron varios conflictos en los que la de-manda principal fue la entrega de títulos de propiedad por parte del Estado, el saneamiento y la concesión de tierras no trabajadas a comunidades indígenas y campesinas. En 2010 se presentaron algunos conflictos por titulación y sa-neamiento de tierras, que involucraron fundamentalmen-te a indígenas de tierras bajas, y varios por avasallamiento que tuvieron como protagonista al Movimiento Sin Tie-rra que ocupó de manera ilegal más de 90 hectáreas perte-necientes al Ingenio Azucarero San Aurelio en la ciudad de Santa Cruz, obligando a la fuerza pública a intervenir. En 2010 distintas organizaciones y comunidades indígenas de tierras bajas, de Pando y Riberalta, la Asamblea del Pue-blo Guaraní y la Subcentral del TIPNIS, se movilizaron demandando la adecuación de la Ley Forestal a la nueva Constitución Política del Estado, exigiendo la suspensión de concesiones forestales, participación en la definición de la política hidrocarburífera para evitar daños en los terri-torios y que no se construya la carretera que afectaría se-veramente la conservación y desarrollo del TIPNIS. Estos conflictos están estrechamente vinculados con las reivindi-caciones identitarias indígenas en una coyuntura en la que, al parecer, no se está avanzando en la implementación del Estado plurinacional reconocido por la CPE. Otro problema de grandes dimensiones en el país es el de los límites político administrativos entre cantones, pro-vincias y departamentos. De acuerdo a la Dirección Ge-neral de Límites del Ministerio de Autonomía, 93% de los municipios carece de una delimitación clara y sólo 7% cuenta con una ley que fija con precisión sus límites.98 En este escenario y en una coyuntura en la que deben imple-mentarse las autonomías, con el consiguiente proceso de reterritorialización administrativa, y en la que el aprove-

97 www.ftierra.org 28/06/2010.98 www.paginasiete.bo,14 de diciembre de 2011.


chamiento de recursos naturales, especialmente mineros, aparece como una de las únicas alternativas de desarrollo, los conflictos por este tema son cada vez más frecuentes y de difícil resolución.

Si bien los conflictos por límites político administrativos son reducidos (1,4%) son altamente peligrosos ya que en ellos se mezclan distintos elementos que hacen al ima-ginario de los pueblos y a reivindicaciones específicas: identidad territorial –y en algunos casos étnico cultural–, percepción de abandono, pobreza, necesidad de desarrollo económico.

El censo a realizarse en 2012 complica aún más este pa-norama puesto que la determinación del tamaño de las poblaciones permitirá definir la distribución de recursos financieros, por lo que es previsible que tensione las rela-ciones entre unidades político administrativas con proble-mas limítrofes y agudice la situación entre aquellas que se encuentran en situación de conflicto, como es el caso de Oruro y Potosí, que ha ocasionado paros departamentales y enfrentamientos violentos entre comunidades.

Finalmente, otro tema de conflicto vinculado tanto con la problemática de áreas urbanas como rurales es el ambien-tal. Problemas como la contaminación de tierras y fuentes de agua, que ocasiona daños a la salud humana y afecta la economía de las poblaciones campesinas, han generado la protesta y movilización de diferentes actores.

Entre 2009 y 2010 se registraron diversos conflictos por la contaminación atribuida a la actividad minera y fabril que se desarrolla en distintos puntos del país. También se presentaron demandas de traslado y/o cierre definitivo de botaderos municipales ubicados en áreas urbanas con importantes índices de crecimiento poblacional, como

el caso de K’ara K’ara en Cochabamba, donde las juntas vecinales se movilizaron demandando su cierre definitivo por ser un foco de contaminación, y el del relleno sanita-rio de Villa Ingenio, en El Alto.

Asimismo se registraron varios conflictos por la activi-dad minera en el departamento de Potosí, como el largo y violento conflicto protagonizado por comunarios de la provincia Nor Lípez protestando por el impacto am-biental de la mina San Cristóbal y planteando demandas económicas, y los de pobladores de La Lava y Tumusla en la provincia Nor Chichas y de Cotagaita y Vitichi que se manifestaron contra distintas empresas mineras.

Estos conflictos y otros vinculados con el aprovecha-miento de recursos naturales representan “la otra cara de la moneda”: si bien la economía extractiva genera im-portantes ingresos que pueden traducirse en crecimiento económico, ha generado también serios problemas de contaminación y deterioro de la calidad ambiental, que se convierten en obstáculos del desarrollo. Cada vez con mayor frecuencia se advierte que los pobladores de dis-tintos lugares se están manifestando respecto de la pro-blemática ambiental, aunque no siempre porque afecte su salud y calidad de vida, sino porque repercute negati-vamente sobre sus actividades económicas y nivel de in-gresos. En general, es posible afirmar que los conflictos ambientales se originan porque el deterioro del medio ambiente afecta los intereses económicos y, en ocasiones, la salud de los grupos movilizados, pero no significa, ne-cesariamente, que estos actores hayan tomado concien-cia respecto de la problemática ambiental; por ello este tipo de conflictos se inscribe más propiamente dentro del campo de la reproducción social que en el político cultural.

Capítulo 5

Los actores de la

conflictividad


Hace más de un tercio de siglo, el sociólogo René Za-valeta Mercado introdujo el concepto de sociedad abi-garrada para sintetizar las complejidades clasista y cul-tural que caracterizan al caso boliviano.1 Varias décadas después, dicho concepto continúa vigente, no habiendo sido superado por la realidad social a la cual hace re-ferencia. Es así que Bolivia se caracteriza por la hete-rogeneidad de sus relaciones económicas (industriales, financieras, comerciales, artesanales, campesinas, etc.), la pluralidad cultural y la existencia de profundas des-igualdades regionales, producto de diversos modelos de desarrollo paralelos, todo esto dando un espectro multi-facético de actores sociales que, en diferentes momentos y por diversos motivos, han cuestionado e interpelado al Estado.2

Esa complejidad ha adoptado diferentes dinámicas a lo largo de la historia, las cuales, debido a una crónica des-igualdad y exclusión sociales, han derivado frecuentemen-te en escenarios de confrontación. La existencia de un Es-tado disgregado o con “huecos”, producto del pluralismo institucional en constante construcción y acomodación,3 ha mellado la capacidad de gestión de la conflictividad por vías formales y ha contribuido al desarrollo de una sólida organización social como el mejor dispositivo para llevar a cabo protestas que capten la atención del Estado. En ese sentido es necesario considerar la alta capacidad organizativa de la sociedad boliviana y su gran disposición a participar en movilizaciones4 como rasgos estrechamen-te relacionados y en interacción.

1 Antezana, 1991.2 Calderón, 2010b.3 Gray, 2009.4 LAPOP, Ciudadanía.

Al finalizar la década del noventa, Bolivia ingresó en una nueva dinámica social luego de casi dos décadas de forta-lecimiento de la institucionalidad estatal y del sistema de partidos políticos, en las que las políticas económicas ba-sadas en el modelo neoliberal originaron la desagregación y dispersión de los grandes movimientos sociales que ges-taron la revolución del 52 y se desarrollaron con ésta.5 Los movimientos sociales emergentes –a diferencia de la COB y la FSTMB–mostraron mayor capacidad para conservar su autonomía frente al Estado al crear mecanismos de par-ticipación, adhesión y afiliación más flexibles y adaptables a la composición híbrida y porosa de las clases e identidades sociales en Bolivia, aglutinando distintos grupos en torno a una demanda en común, más allá de los vínculos identita-rios de cohesión.6

En el nuevo siglo, el creciente protagonismo de los movi-mientos sociales y el deslucido desempeño de los partidos tradicionales en función de gobierno generaron una aguda crisis del monopolio de representación de los partidos políti-cos, encontrando ésta su mayor punto de inflexión en la de-manda de reformulación de la ley de partidos políticos y de mecanismos que articulen mejor la sociedad con el Estado. La histórica victoria del MAS en diciembre de 2005 re-planteó el protagonismo de los movimientos sociales, permitiendo que el Estado, esta vez administrado por el “instrumento político”7 integrado por las organizaciones

5 Crabtree, 2005.6 García, 2005.7 El “instrumento político” es la estrategia que la CSUTCB, las 6 fe-

deraciones de productores de coca del Chapare, CIDOB y la FNM-CB-BS desarrollan en una serie de documentos a partir de la década del noventa con la intención de alcanzar el poder por la vía democrá-tica; en un primer momento se denominó Asamblea Por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y posteriormente se convirtió en el MAS.

CAPÍTULO 5

LOS ACTORES DE LA CONFLICTIVIDAD


sociales, recupere el principio de autoridad y su capacidad de iniciativa.8 Así se abrió una nueva época, con un gobier-no representativo de los diferentes sectores sociales antes excluidos, por lo que se supuso que la conflictividad sería canalizada por la vía corporativa institucional, es decir, des-de las bases de los movimientos sociales y otros sectores agrupados bajo el paraguas del MAS hacia la cúpula guber-namental. No obstante, la dinámica social en Bolivia carac-terizada por la protesta en las calles no se agotó ni debilitó. Durante la primera gestión de gobierno del MAS, mien-tras las organizaciones sociales de tierras altas adscritas a éste cesaron su actuación beligerante, en los departa-mentos de tierras bajas surgió un nuevo punto de tensión: la demanda autonómica. Alrededor de ésta reaparecieron con gran fuerza actores sociales constreñidos por su per-tenencia territorial, como los comités cívicos, los cuales se vieron fortalecidos a través de la aguda polarización que se generó en el país. Por otro lado, la problemática de de-sarrollo local impulsó la aparición protagónica y altamen-te explosiva de los pobladores de áreas urbanas y rurales, que demostraron que pese a su afinidad con el partido de gobierno, están prestos a movilizarse por esa temática que, para ellos, tiene mayor peso.De acuerdo a algunos autores políticos clásicos, la existen-cia de un alto grado de organización social es un síntoma de salud democrática, en tanto es resultado de una alta cohesión, así como de interés en los asuntos públicos; no obstante, en una época en la cual se presupone cierto nivel de desarrollo de los mecanismos institucionales forma-les, demasiado activismo social podría ser un síntoma de crisis. Análisis más recientes plantean que las protestas y movilizaciones son signos de un alejamiento entre la gente y el sistema político, como producto de la insatis-facción de expectativas con respecto a éste.9 Es preciso superar la dicotomía Estado-sociedad para ver que ésta no es un campo tan cohesionado, sino el escenario en el que los actores entran en pugna a propósito del modelo de reproducción, y donde prevalecen los intereses sectoriales más que los generales. El surgimiento continuo de organizaciones sociales de di-versa índole, muchas contrapropuestas a las previamente existentes, implica una progresiva dispersión de los ele-

8 Aranibar, 2009.9 Moreno, 2009.

mentos que las vinculan. A partir de esto se puede plan-tear que la predisposición al conflicto no sólo depende de la fortaleza de las organizaciones sociales y de la debilidad de la institucionalidad pública para atender las necesida-des y demandas, sino también de los niveles de fragmen-tación interna de las organizaciones y de la memoria de los actores más representativos de la sociedad. Así, la con-flictividad puede convertirse en transversal cuando los ac-tores llegan a ciertas coincidencias con respecto a la pro-blemática que los moviliza, o desagregada si las demandas se sectorializan demasiado; puede ser convergente cuando los demandantes mantienen lazos de solidaridad entre sí y sincronizan sus protestas, o polarizada si se contraponen y confrontan unos a otros.En el período abordado en el presente estudio, 2009-2011, se movilizaron en el país alrededor de dos mil ac-tores por diversos motivos, número que contrastado con la cantidad de conflictos existentes, alrededor de dos mil doscientos, permite establecer una relación de poco me-nos de un actor por cada caso. Es decir que en la mayoría de los conflictos los actores protestaron aisladamente, sin articularse para mejorar la eficacia de sus medidas de pre-sión y legitimar sus demandas; y, en algunos momentos, las contradicciones en el seno de la sociedad civil distan-ciaron y contrapusieron a sectores sociales.La agregación de actores en el período fue, en realidad, débil y efímera, a excepción de algunos casos paradigmá-ticos, como los conflictos por la promulgación del D.S. 748 (gasolinazo), en los cuales coincidieron varios secto-res, aunque sin llegar a conformar un solo movimiento, y el del TIPNIS que congregó a diferentes actores que, en solidaridad con la VIII marcha indígena, añadieron a sus pliegos petitorios esta demanda y, en algunos casos, lleva-ron a cabo movilizaciones de apoyo. En el primer caso se transversalizó la demanda, mientras que en el segundo se generó convergencia.Es pertinente mencionar el peso y la capacidad de convo-catoria que han llegado a adquirir algunas entidades “pa-raguas”, como la COB y otras organizaciones similares, aunque sin llegar a recobrar el protagonismo histórico que tuvieron en el pasado; hoy su accionar no tiene la misma contundencia y, en algunos casos, está debilitado por la división interna entre sectores oficialistas y opositores.10

10 Zegada, 2011.


Entre 2009 y 2011 las organizaciones sindicales afiliadas a la COB protagonizaron alrededor de cuarenta y cinco conflictos que testimonian su reactivación; quince casos vinculados con temas de importancia nacional fueron planteados por la organización matriz de los trabajadores, mientras que los otros treinta conflictos distintos fueron promovidos por sus filiales departamentales y regionales, más de la mitad de éstos por temas propios de su ámbito geográfico de acción. Si bien la intervención de la COB fue determinante en los acuerdos sobre materia salarial, su participación en otros casos fue más bien de carácter simbólico.

LA INfLUENCIA DE LA GLObALIzACIÓN EN LA ACCIÓN SOCIAL

Como fenómeno multidimensional, la globalización ha alcanzado todos los ámbitos de la sociedad moderna, in-cluyendo el político. En este terreno, el des-ordenamiento de los modelos que servían para explicar las bases del po-der político o para mirar con fe o pesimismo el futuro, es quizás uno de sus efectos más preocupantes para quienes tienen la responsabilidad del diseño e implementación de acciones para aprovechar mejor las oportunidades que, como se dejó establecido en capítulos precedentes, pre-senta la conflictividad en democracia.La globalización obliga a repensar los mapas cognitivos de la política a escala mundial;11 la inédita descolocación de sus pautas y patrones estratégicos ha generado una in-certidumbre generalizada y una desacumulación en la ca-pacidad de reacción de los actores sociales y políticos. Así, gobernantes y gobernados, a veces sin tomar conciencia de ello, se enfrentan en escenarios que ya no son aquellos en los que tradicionalmente se libraba la lucha por el po-der;, la ampliación, diversificación y constante mutación de éstos marca las relaciones sociales y los conflictos con-temporáneos.Este cambio no se explica únicamente por la emergencia gradual de un poder policéntrico dentro de los Estados nacionales12 —lo que ha dislocado a escalas impensadas la lógica unicéntrica con que el Estado absorbía las deman-das sociales—, o por la restructuración de las mediaciones

11 Calderón y Lechner, 1998.12 PNUD, 2004.

espacio temporales de la acción política del Estado —lo que ha enrarecido la certeza de la interpelación estatal única y ultradireccionada—; ante todo se explica por el descolocamiento de la política como instrumento de in-terlocución y respuesta a las demandas de la población.13

En este escenario, en que la globalización ha generado una articulación a nivel mundial y, con ello, un proceso de homogenización cultural, ha motivado, como efecto no esperado, un reforzamiento de las identidades loca-les y de sus intereses específicos. Asimismo, las políticas de los años noventa que redujeron el Estado y promo-vieron la descentralización administrativa contribuyeron a este mismo resultado; el descentramiento de las causas económico corporativistas aparejado al debilitamiento de los grandes sindicatos abrió espacios para la organización social a partir de nuevos postulados étnico culturales, ambientales, de género, de opción sexual, etc. Con ello la necesidad de establecer lazos de carácter político se ha transformado en una necesidad de afianzar vínculos pre-dominantemente sociales.14 En Bolivia estos procesos condujeron al surgimiento y desarrollo de identidades étnico culturales y regionales, y a la degradación del constructo identitario nacionalis-ta. Esto explica el encerramiento en sí mismos de ciertos actores sociales que deciden dar sentido a su práctica a través de la reconstrucción de sus referentes identitarios culturales e históricos por sobre otros referentes más ge-nerales.15 Este proceso ha resignificado algunas de las fracturas permanentes existentes en Bolivia y ha generado otras, creando un mayor sentido local y más fragmenta-ción social entre actores que buscan diferenciarse cada vez más. En la actualidad se pueden observar el resultado de, al menos, tres procesos de fragmentación que han influido significativamente en la conflictividad social del país.El primero se visibiliza en torno al proceso de indivi-dualización y liberalización de las actividades económi-cas, con la consiguiente merma del poder sindical. Con la introducción de un sistema económico basado en el libre mercado, la minería estatal perdió relevancia para dar paso al surgimiento de cooperativas, algunos traba-jadores mineros cambiaron de actividad económica, con-virtiéndose en comerciantes informales y en productores

13 Ibídem.14 Ibídem.15 Zapata, 2006 y PNUD, 2004.


agrícolas, sobre todo de hoja de coca, con la consecuencia de que la dinámica sindical se debilitó de manera impor-tante. Asimismo, mano de obra urbana procedente de los sectores populares y de las clases medias emigró a otros países. Sólo unos pocos sectores económicos tradicionales pidieron mantenerse a pesar de estos cambios y siguieron políticamente activos, como los maestros, trabajadores en salud y universitarios. La informalización de una gran cantidad de personas (al-rededor de 60% de la población económicamente activa)16 tuvo un efecto anulador de toda expectativa de proleta-rización de la sociedad boliviana —la cual, en contraste con los postulados de corrientes políticas con importante influencia en la segunda mitad del siglo XX, nunca llegó a ser mayoritariamente proletaria— y determinó el creci-miento de los trabajadores por cuenta propia imbuidos de lógicas económicas propias del libre mercado. Con ellos surgió un importante actor social y político, las asociacio-nes gremiales, cuyo peso es más tangible en los ámbitos locales que en el nacional.El segundo proceso de fragmentación es de tipo cultural y se ha dado a partir de la situación de continua mar-ginación de los pueblos indígenas, grupos campesinos y de otros sectores sociales. Como se vio en el capítulo 2, las reformas estructurales introducidas en las décadas del ochenta y noventa no lograron disminuir la pobre-za y desigualdad y los partidos políticos no pudieron in-tegrar las visiones de estos grupos excluidos, por lo que surgieron nuevas organizaciones que plantearon la lucha política desde una visión étnico cultural, resignificando el campo político nacional. Si en algún momento estas opciones culturalistas llegaron a subsumirse dentro de la plataforma institucional existente (a través de las venta-nas que ofreció la participación popular y la creación de instrumentos políticos, como el MAS y otras agrupacio-nes de orientación electoral),17 pronto se hizo evidente la existencia de incompatibilidades en las visiones de país y de desarrollo, como muestra el surgimiento de conflictos ambientales, por la gestión de recursos naturales y por el derecho a la autodeterminación.El tercer proceso de rompimiento es de tipo territorial, en un contexto caracterizado por el fuerte centralismo y

16 Quiroga, 2009.17 Lee van Cott, 2007 y León, 2011.

el desarrollo económico desarticulado que potenció ne-cesidades y demandas diferenciadas.18 Así, no sólo se ha gestado una descomposición entre oriente y occidente, sino también entre norte y sur e incluso entre regiones de algunos departamentos. Con la inclusión de las au-tonomías en la CPE y la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en 2010, este tipo de fragmentación ha adquirido una tónica diferente, han surgido nuevos tipos de conflicto territoriales, muchos de éstos debido a la pugna por recursos estatales y por el con-trol de recursos naturales que puedan aportar regalías para financiar el desarrollo regional, lo que ha dado paso a una serie de pugnas limítrofes con posiciones cerradas en las agendas regionales. La descentralización ha contribuido a fragmentar también el sistema político, de modo que son cada vez más los movimientos sociales que actúan en función de las demandas regionales y locales.19

1. LOS ACTORES ESTRATÉGICOS DE LA CONfLICTIvIDAD

Los conflictos se desarrollan alrededor de sus actores, pues son éstos los que controlan su dinámica a través de sus demandas, las medidas de presión que ejercen para conse-guirlas, las respuestas que dan a éstas y las negociaciones que establecen para su desenlace. En otras palabras, los actores son los protagonistas de los conflictos. Desde esa perspectiva, el análisis de actores permite la categoriza-ción de una parte fundamental de la realidad en la cual se inscribe el conflicto; sin embargo, para tener un panorama completo de éste es necesario considerar el contexto social en el que se desarrolla. Por ello el análisis de la conflicti-vidad requiere un examen detenido de los actores, de su situación coyuntural y de las reivindicaciones planteadas en el marco de los grandes problemas estructurales y de la conflictividad histórica.En este sentido es importante distinguir a los actores es-tratégicos del resto de los actores de los conflictos. Algu-nos de ellos se distinguen por su recurrencia temporal, pero su rasgo más distintivo es, sin lugar a dudas, su ca-pacidad de asumir temas de interés nacional, apropián-dose de la agenda política, su capacidad interpeladora del gobierno, de generar un clima de desobediencia civil o de

18 Pedraza, 2011.19 Mayorga, 2011.


ingobernabilidad.20 En ese sentido, son actores con alto grado de organización, llegando en algunos casos a cons-tituir estructuras matrices o paraguas de otras entidades más pequeñas. Son también reivindicativamente integra-les ya que no sólo se movilizan por sus propios intereses y pueden cohesionarse fácilmente ante amenazas a sus inte-reses grupales, haciendo que en el mediano o largo plazo puedan generar identidades propias.21

Por supuesto, el continuo movimiento de las sociedades, especialmente en momentos de inflexión histórica cuan-do los órdenes políticos y culturales empiezan a transitar por procesos de transformación, como los que ha experi-mentado Bolivia en los últimos años, hace que los actores estratégicos sean una suerte de espejo de esa dinamicidad. Éste no es un patrón exclusivamente boliviano, sino que está presente en toda Latinoamérica, donde diversos fac-tores, como la fragmentación de los movimientos sociales y la dificultad de los estados de atender la ola de deman-das sociales, complejizan el análisis de los actores al punto que cada día surgen nuevas y complejas realidades que sobrepasan los esquemas metodológicos de análisis.22

En las últimas décadas se está produciendo una acelera-ción de los procesos de transformación social y, con ello, los actores sociales también se van transformando. Los avatares de la dinámica social pueden invisibilizar en un momento a un actor que antes fue relevante, y poner en el ojo de la tormenta a otro que nunca antes se había mos-trado como significativo. Esto significa que los actores es-tratégicos lo son en la medida en que demuestran su peso político en función a las necesidades de un contexto socio histórico específico.Por otro lado, no hay duda de que los actores estratégicos tienen un papel fundamental en cuanto a la representa-ción de las demandas de los sectores sociales excluidos; algunos de ellos asumen posiciones contestarias radica-les, las cuales pueden suponer un cuestionamiento a los fundamentos democráticos, generando una interrogante sobre si los actores estratégicos son democratizantes o an-tidemocráticos. Por supuesto ésta es una cuestión que sólo puede abordarse a partir de un análisis específico de la realidad concreta en la que estos actores se desenvuelven.

20 Cadena-Roa, 2010.21 Cadena-Roa, 2010.22 Calderón, 2010.

Uno de los mayores debates filosóficos de la historia, que se extiende desde Platón hasta nuestros días, es el de la superioridad de un régimen político sobre otro. Actual-mente, a excepción de unos pocos Estados en el mundo, la democracia se ha convertido en el modelo político común que permite la transmisión pacífica del poder y un relativo equilibrio entre libertad e igualdad.Probablemente uno de los principales motivos de valora-ción de la democracia es que, comparada con otros regí-menes, se ha mostrado capaz de asumir la pluralidad in-trínseca a las sociedades, sin negar su aspecto conflictivo, y también de visibilizar la conflictividad de modo que la política no sea la realización de un bien absoluto, sino la coexistencia de una multiplicidad de éstos.23 Así, lo que da vigor a la democracia es la existencia de un disenso irre-ductible que se expresa en la forma de conflictos sociales, sin éste se estaría ante una situación de totalitarismo.La democracia liberal –una de las formas más difundidas de este tipo de régimen– a fin de mantener la conflictivi-dad social controlada ha intentado transformar el disenso canalizándolo por las vías electoral y parlamentaria. Sin embargo, el surgimiento de contradicciones en sistemas de escasa representatividad y débil inclusión social ha desvirtuado la eficacia de estos mecanismos abriendo las puertas para que los sectores excluidos busquen extender la democracia más allá de las reglas de juego iniciales; esto es, en parte, lo que ocurrió en Bolivia como resultado de la crisis del sistema político. El principio de soberanía po-pular, fundamental en un sistema democrático, implica la posibilidad de que la participación ciudadana se dé a tra-vés de diversas organizaciones o corporaciones externas al Estado que, idealmente, no deberían limitarse solamente a las esferas de la producción económica, como las orga-nizaciones sindicales, sino también a otros ámbitos de la sociedad.24

Esto implica la existencia de una relación simbiótica entre democracia y acción o participación social, en la que la primera hace posible la segunda y ésta, a su vez, maximiza las condiciones de posibilidad de aquella. Así, para algu-nos autores, la protesta –como otra forma de expresión de esa participación– es legítima, pese a estar fuera de los canales institucionales ya que forma parte de los reperto-

23 Serrano, 2001.24 Ibídem.


rios de acción de los cuerpos sociales, por algunos de los cuales, según, las tareas de la proyección de la voluntad y el criterio público, así como la deliberación de los acto-res sociales, podrían alcanzar mejores resultados frente a otras formas de interacción social.25 Aunque el conflicto social puede ser útil como dinami-zador de cambios y mejoras sociales, no se debe perder de vista que no todos los conflictos son legítimos y, por tanto, no siempre tienen la potencialidad de impulsar las transformaciones necesarias. Por otra parte, en ciertas cir-cunstancias pueden fácilmente dar lugar a una relación perniciosa de ganar-perder, generando el sometimiento de quienes pierden la pulseta. En ese sentido, la existencia de actores autoritarios que utilizan la democracia como una especie de coartada para imponer sus intereses no es inusual. Este tipo de actores, al plantear su diferendo di-rectamente hacia el Estado y hacia el orden político, pue-den llegar a generar una crisis que acabe destruyendo el régimen que permitió su existencia y actuación.Considerando esta posibilidad surgen algunos cuestio-namientos: ¿hasta dónde puede llegar la democracia al impulsar o permitir el surgimiento y desarrollo de orga-nizaciones sociales que pueden llegar a convertirse en su verdugo? ¿Cuáles son las consecuencias de la ecuación Estados débiles y sociedades fuertes y activas? No hay respuestas únicas a estas preguntas ya que la democra-cia es un sistema capaz de reconstruirse y adaptarse a las condiciones específicas de las sociedades y éstas son fun-damentalmente dinámicas. En Bolivia, ciertamente existe una deficiencia crónica de institucionalidad que resulta aún más evidente dada la for-taleza organizativa y de movilización de la sociedad. La crisis del sistema de partidos políticos con que colapsó la democracia pactada y la aguda inestabilidad política del período 2002-2005 son claros ejemplos de ello. Pero tam-bién es de destacar que la cultura política de los bolivianos ha permitido encontrar una salida en varios momentos de impasse, evitando el rompimiento del sistema democrático. Es claro que los actores estratégicos pueden contribuir tanto a ampliar la democracia y vigorizarla, como a des-truirla, dependiendo de si plantean demandas legítimas y de si utilizan métodos democráticos o autoritarios. Quizá una base de valores democráticos sólidos en la sociedad

25 García, 2008.

sea uno de los principales recursos para el desarrollo de-mocrático, lo cual otorga un rol trascendental a la cultura política de los pueblos. Pese a su historia convulsa, con largos períodos dictatoriales y a las prácticas poco demo-cráticas prevalecientes en las organizaciones sociales, en Bolivia parece existir de alguna manera ese recurso. Lo demuestran el insignificante ausentismo electoral com-parando con otros países de la región, la concentración del voto a pesar de la existencia de un sistema electoral proporcional y, sobre todo, los altos índices de credibilidad del sistema democrático, pese a la gran cantidad de con-flictos sociales que generalmente se registran.

2. LOS ACTORES IN SITU

En el período abarcado por el presente estudio son varios los sectores sociales que se destacaron por protagonizar movilizaciones y protestas. Aquellos que pueden ser con-siderados como estratégicos, de acuerdo a los parámetros antes mencionados, son el sector educación, con 9,2% del total de los conflictos registrados; el de salud, con 7,4%; el campesino, con 3,8%; el minero con 2,2%, el indígena con 1,7%, y el de la comunicación, con 0,4%. Otros sectores que han tenido una presencia algo menor, aunque muy notoria por el nivel de confrontación con el gobierno, son el cívico, las entidades obreras matrices y las organizacio-nes indígenas. El resto de los sectores tuvo una participa-ción menos visible, aunque con algunos episodios aislados de importancia, como fue el caso de los colonizadores y algunos relacionados con los microempresarios. También fueron significativos otros tres sectores, el vecinal/comu-nal, el de transporte y el gremial que, debido a su mo-vilización más desagregada —sus intereses o demandas raras veces llegan a articularse en un mismo bloque—, no alcanzaron un protagonismo de carácter estratégico.Dentro del sector vecinal/comunal –al que por su peso específico en las cifras mensuales se hará referencia más adelante–, destacan las juntas vecinales que han logrado captar la atención gubernamental y mediática. En el sec-tor del transporte, aunque la Confederación de Choferes de Bolivia es la entidad matriz a nivel nacional, raras veces llega a manifestarse como tal, dejando la iniciativa a los sindicatos regionales, como ocurrió en el curso de las ne-gociaciones sobre las tarifas. El gremial es un sector que, debido a su importancia numérica, ha adquirido gran re-levancia, especialmente en ciudades como El Alto, La Paz


y Santa Cruz, aunque todavía no ha logrado cohesionarse de manera consistente. En la medida en que esos acto-res lleguen a conformar bloques más condensados verán incrementar su protagonismo y podrán constituir movi-mientos sociales de mayor trascendencia.El indígena es uno de los sectores que presenta mayor diversidad en el país por la existencia de distintas formas de organización económica, social y política, sistemas lin-güísticos, interacción con el entorno, autoidentificación colectiva, etc. Geográficamente pueden diferenciarse gru-pos indígenas de tierras altas (altiplano y valles centrales altos y bajos) y de tierras bajas (llanos septentrionales, orientales y meridionales, principalmente); según datos del censo de 2001, las tierras altas concentran 90% de la población indígena —que representa 34% del total de la población boliviana—, incluyendo a aymaras, quechas y urus, y las tierras bajas, al restante 10% —4% de la po-blación del país—, que comprende a los pueblos guaraní, chiquitano, moxeño y a otros 28 de menor significación demográfica.26

Si bien dentro del período del presente estudio el sector indígena no generó una cantidad importante de conflic-tos, tiene un rol central en la conflictividad boliviana de-bido a su protagonismo en distintos casos y a su papel aglutinador de la demanda social y política de distintos actores hacia el Estado, principalmente a propósito de las políticas de corte desarrollista que afectan a los pueblos indígenas.Entre 2009 y 2011, el sector indígena se movilizó predo-minantemente por la tierra y territorio (46%), demandan-do celeridad en los procesos de saneamiento y titulación de tierras y en la concesión de tierras no trabajadas en el oriente boliviano; asimismo protestaron por loteamientos y avasallamientos de sus tierras por terceros. Otra problemática que dio origen a conflictos es la de la gestión de recursos naturales y medio ambiente que con-centró 22% de los casos. Los indígenas del norte ama-zónico demandaron la adecuación de la Ley Forestal a las previsiones constitucionales sobre la materia, suspen-diendo las concesiones forestales, los indígenas yuracaré se manifestaron contra la siembra excedentaria de coca en valles centrales y el pueblo weenhayek protestó por la ejecución de un proyecto agropecuario en territorio ar-

26 Molina y Albó, 2006.

gentino que desvía las aguas del río Pilcomayo, ponien-do en riesgo la pesca, principal actividad económica de subsistencia de este pueblo; por su parte, la Asamblea del Pueblo Guaraní denunció la contaminación que estaría provocando la explotación petrolera en la región y CO-NAMAQ protestó por los daños ambientales ocasiona-dos por la actividad minera.Por otra parte, los pueblos indígenas se movilizaron por temas de carácter político: demandando participación en la redacción del nuevo texto constitucional y posterior-mente exigiendo la puesta en funcionamiento de la nueva estructura territorial del Estado en sus tres niveles auto-nómicos (departamental, municipal e indígena). Otros temas, como la elevación del precio de productos de la canasta familiar y la precariedad para afrontar desastres naturales en los valles centrales del país, dieron origen a conflictos protagonizados por indígenas.Indudablemente, el conflicto del TIPNIS es el caso más importante ya que, en su transcurso, la conservación del área pasó de ser una reivindicación específica de los indí-genas a una demanda asumida como propia por distintos sectores sociales del país y a partir de la cual interpelaron al gobierno central. Esta adhesión a la causa indígena fue evidenciada en las muestras de apoyo ciudadano que reci-bió la VIII marcha a lo largo de su trayecto y al llegar a la ciudad de La Paz, convirtiéndose en un tema de conver-gencia multisectorial y de escala nacional. En este sentido es evidente que el indígena se ha constituido en un actor estratégico de la conflictividad en el país.Más allá de los sectores es necesario mirar al interior de éstos para identificar los actores que los componen y re-saltar a aquellos que, dentro del período estudiado, fueron estratégicos por su capacidad de movilización y su po-tencial de interpelación. En la tabla siguiente aparecen identificados.Varios de estos actores han marcado la historia del país en diferentes épocas y de maneras distintas. No obstante, ciertos acontecimientos de la historia del país determina-ron en algunos casos su desplazamiento y debilitamiento, lo que no significa que hayan desaparecido del todo. En los últimos años, algunos de estos actores, como la COB, que desde los años ochenta se encontraba muy debilitada, retomaron su rol de vanguardia de las protestas sociales.Sectores que cuentan con cientos de miles de afiliados, como el magisterio, los estudiantes y los salubristas, desta-


TABLA Nº 9 / Actores estratégicos (enero 2009 - diciembre 2011)

aCtoR SECtoR DESCRIpCIÓN

Central obrera Boliviana (CoB) incluyendo entes departamentales y regionales

obrero

Conflictos dirigidos contra el gobierno central. En 2010 y 2011 tuvo una activa participación, especialmente en conflictos de carácter económico.

Federación Sindical de trabajadores Mineros de Bolivia (FStMB)

Conflictos en rechazo al avasallamiento de espacios de explotación minera controlados por el Estado.

Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCoMIN)

Movilizaciones por apropiación espacios de explotación minera.

Confederación Sindical Única de traba-jadores Campesinos de Bolivia (CSutCB)

Campesino

Se movilizó demandando el cumplimiento de la agenda de octubre y en rechazo a las movilizaciones de la CoB, principalmente en abril de 2011.

Federaciones de productores de cocaEn 2009 jugaron un rol marginal. Entre 2010 y 2011 los colonizadores que hasta entonces no habían ingresado al escenario de conflictos cobraron protagonismo por su oposición a la erradicación de la hoja de coca y por el conflicto del tIpNIS.

Confederación de pueblos Indígenas de Bolivia (CIDoB)

Indígena

Se movilizó en defensa de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y hacia fines de 2011 en el conflicto del tIpNIS.

organizaciones indígenas de tierras bajasapG, Subcentral del tIpNIS por prestación de servicios públicos, demandas políticas (participación en toma de decisiones, asignación de escaños), rechazo a la construcción de carretera, defensa de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Consejo Nacional de ayllus y Markas del Qullasuyu (CoNaMaQ)

Se movilizó en defensa de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales y en apoyo a los indígenas del tIpNIS.

Confederación Sindical de trabajadores de Salud de Bolivia

Salud

Se manifestaron en 2010 por demandas salariales y de ítems.

Conflictos muy frecuentes y múltiples de trabajadores de hospitales, que afectaron la gobernabilidad local.

En general, el sector salud es recurrente en la conflictividad, aunque su protagonismo aumentó notoriamente entre 2010 y 2011.

Federaciones departamentales de trabajadores de salud

Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CoNMERB)

Federaciones departamentales

Educación

Su protagonismo fue constante en movilizaciones por el incremento salarial, en rechazo a descuentos, por la otorgación de ítems y en rechazo a la ley de pensiones.

Confederación de trabajadores de Educación urbana de Bolivia (CtEuB)

Federaciones departamentales

Rechazo a descuentos salariales y al proyecto de ley de seguro único de salud.

Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia

Rechazaron la administración estatal de los fondos de pensiones y demandaron participación en el tratamiento de la nueva ley de pensiones.

Estudiantes universitariosSe movilizaron contra la aprobación de la ley financial, demandando respeto a la autonomía universitaria e incremento de su presupuesto.

Coordinadora Nacional por el Cambio (CoNalCaM) organizaciones

políticas

Defensa de posiciones/acciones del gobierno.

partidos políticos Rechazo de acciones gubernamentales.

Gobernaciones / Comités cívicos Comités interinstitucionales Juntas vecinales / Municipios tCo y otB

organizaciones locales, regionales

y/o territorialesDefensa de intereses específicos de espacios territoriales.



caron en el periodo por haber confrontado al gobierno en reiteradas oportunidades, afectando con sus medidas de presión las actividades del país de manera contundente, y por su influencia en el desenlace de hechos clave para los procesos políticos. Los actores antes mencionados protagonizaron aproxima-damente 17% del total de los conflictos que se registraron entre 2009 y 2011. Esta cifra es doblemente significativa puesto que, por un lado, denota una baja participación de éstos en la conflictividad, dando cuenta de su alto grado de adhesión al proyecto político del MAS, al menos hasta 2010, ya que a partir de entonces sus movilizaciones se fueron haciendo cada vez más frecuentes.Con respecto a la tipología de los conflictos en los que se involucraron estos actores, casi la mitad de sus demandas fueron de carácter económico, también han sido insisten-tes en la prestación de servicios públicos y en problemas de gestión administrativa en entidades públicas y, en me-nor medida, en temas políticos a partir de la formulación y promulgación de leyes, del conflicto del TIPNIS y otros. Un último aspecto a considerar es el tipo de medidas que ejercen estos actores para presionar al gobierno. Por lo observado en el periodo, frecuentemente recurrieron a medidas de fuerza de alta violencia, llegando incluso a enfrentarse directamente con las fuerzas del orden y con otros sectores sociales. En este sentido es interesan-te observar que aquellos actores que poseen plataformas organizativas más desarrolladas, con canales internos de comunicación y decisión, parecen ser los más concilia-dores y deliberativos, optando por medidas violentas en situaciones de agotamiento de los canales de diálogo; en cambio, aquellos actores con cohesión laxa o poco clara y cuyas unidades internas pesan más que las organizaciones matrices, mostraron una mayor predisposición al enfren-tamiento directo.

3. ACTORES DE LA CONfLICTIvIDAD POCO RECONOCIDOS

Dentro del entramado de los actores de la conflictividad social en Bolivia es necesario destacar la presencia de sec-tores que, pese a su significación, son poco reconocidos. Es el caso del sector vecinal comunal que ha adquirido un claro protagonismo en la conflictividad boliviana de los últimos años, así como de las mujeres y los jóvenes

cuya participación con demandas propias suele ser invi-sibilizada.

3.1. El sector vecinal comunal: más allá de lo económico y político

Los actores vecinales y comunales representan una cate-goría muy particular; con ese nombre se designa a grupos cuyo referente de cohesión es de carácter territorial; en este sentido se trata de actores no convencionales, dis-tintos del educativo, minero, empresarial, etc. Un criterio central para el empleo de la categoría vecinal/comunal es, con independencia del grado de organización que pre-sente en tanto colectivo, la referencia de identificación geográfica. Así, son parte del sector vecinal/comunal los miembros de federaciones de juntas vecinales o de Or-ganizaciones Territoriales de Base (OTB) o simplemente los pobladores de un determinado barrio, distrito o ciudad y de áreas de mayor extensión referencial, como munici-pios y/o provincias.Así comprendida, la categoría vecinal/comunal es repre-sentativa de conglomerados humanos que, desde el punto de vista de lo arriba expuesto, se movilizan centralmente por temas de interés local –prestación de servicios pú-blicos, gestión administrativa atingente a sus intereses y frecuentemente vinculada al cuestionamiento o recono-cimiento de autoridades, seguridad ciudadana y gestión ambiental de sus espacios–, aunque en ciertas ocasiones plantean demandas que trascienden ese ámbito, como ocurrió en octubre de 2003 en El Alto, cuando la Fede-ración de Juntas Vecinales (FEJUVE) y algunos de sus entes afiliados, como las juntas de vecinos de las zonas Villa Ingenio, Santiago II, Senkata y Río Seco, jugaron un rol político decisivo.27

Del total de conflictos protagonizados por el sector veci-nal/comunal en el período analizado, 26% estuvo relacio-nado con demandas de prestación de servicios, 21% con temas de gestión administrativa y 19% con el cuestiona-miento o reconocimiento de autoridades. En menor me-dida fueron motivo de conflicto las medidas y la situación económica, los temas de recursos naturales y ambientales, la tierra y las medidas legales.Según su relación con la búsqueda de mejores condiciones de vida, las demandas por prestación de servicios públicos

27 Flores, 2007.


del sector vecinal/comunal pueden organizarse en tres grandes grupos: acceso o mejoramiento en la provisión de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y gas licuado), desarrollo de infraestructura y equipamiento públicos (instalaciones educativas y sani-tarias, áreas verdes, calles y avenidas, señalización vial) y regulación y gestión de los servicios (ítems para los centros educativos, regulación del servicio de transporte público, control de tráfico vehicular, etcétera).Las demandas de gestión administrativa pueden divi-dirse en dos grandes grupos: las vinculadas a temas de interés comunal (ejecución de proyectos de desarrollo, descongelamiento de cuentas municipales, auditoría de la gestión municipal, y estabilidad administrativa en municipios) y las ligadas a temas de interés vecinal ur-bano (retiro o reubicación de comerciantes asentados en espacios públicos, intervención en asentamientos ilega-les en áreas verdes, demolición de construcciones clan-destinas y autorización de funcionamiento de líneas de transporte).Por otra parte, interesa anotar que los conflictos por te-mas ambientales y de recursos naturales están relacio-nados con dos problemáticas centrales: la preocupación de los vecinos y/o comunarios por los efectos negativos de la presencia de centros mineros, fábricas y botaderos sobre su economía, especialmente en áreas de produc-ción agropecuaria, y por el peligro que representa para su salud el deterioro ambiental ocasionado por esas ac-tividades.En cuanto a la cuota de participación de los miembros del sector vecinal/comunal en el período, se observa un claro predominio de los pobladores de áreas rurales (52%); seguidos por los actores vecinales urbanos (39%) y por las organizaciones vecinales matrices (7%).En lo que respecta a las medidas de presión asumidas por estos actores en procura de atención a sus deman-das, el bloqueo de vías ha sido la más frecuente en áreas rurales y urbanas. Las diferencias en esta materia están dadas por las características del medio en que tienen lu-gar las protestas: mientras que las medidas de presión recurrentes en áreas urbanas son la marcha, la huelga de hambre y la vigilia, en ese orden, en áreas rurales apare-cen la toma de instalaciones (edificios municipales, prin-cipalmente) y la interrupción del suministro de algunos servicios (agua, energía eléctrica, gas).

3.2. La participación de mujeres en los conflictos

Es evidente que las condiciones en que se encuentra el país hoy son resultado de los procesos sociales, económicos, po-líticos y culturales desarrollados a lo largo del tiempo y en los que han participado tanto hombres como mujeres. Sin embargo, la situación de la mujer en la sociedad boliviana y el débil reconocimiento y valoración de su protagonismo muestran que su rol ha sido, cuando menos, minimizado. De acuerdo con el Movimiento de mujeres presentes en la historia, la discriminación y exclusión social sufridas por las mujeres en Bolivia se deben a cinco factores: el colo-nialismo, el capitalismo, el centralismo, el patriarcalismo y el confesionalismo.28 La pobreza, el deterioro de la calidad de vida, así como la debilidad del sistema democrático re-presentativo para generar inclusión social, entre otros, han contribuido a la postergación y debilitamiento históricos del reconocimiento de las mujeres como actores sociales tan o más importantes que sus pares de género.29

En un contexto general de feminización de la pobreza, de inequidades de género en el acceso y gestión de los recur-sos, de los alimentos y de la tierra,30 de marginación de la participación en la gestión pública y de violencia contra las mujeres,31 las condiciones de vida de éstas son mucho más duras que las de los varones. Por lo tanto cabría es-perar que, en el ámbito de la conflictividad sociopolítica, el papel de las mujeres como interpeladoras del Estado en relación a sus demandas, sea significativo. Sin embargo, la participación de las mujeres en los conflictos sociales no parece ser muy activa y se da, sobre todo, a propósito de problemáticas de carácter general, como el incremento de precios de los productos de la canasta familiar, pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios despidos de fuen-tes de trabajo, deficiencias en la prestación de servicios públicos, pugnas gremiales por puestos de venta, etc. Las cifras son elocuentes al respecto; entre 2009 y 2011, del total de participaciones femeninas registradas en conflic-tos, salvo contadísimas excepciones, la mayoría se vincula a esos temas. El otro dato contundente es que, del total de conflictos registrados en el período, las mujeres fueron

28 Uriona, 2008.29 Salazar, 2006.30 Coordinadora de la Mujer en ERBOL, 28 de octubre de 2011.31 Datos específicos sobre violencia contra las mujeres se encuentran

en el capítulo 6.


copartícipes, junto a los hombres32 en 95% de los casos, especialmente en problemas de prestación de servicios públicos, laborales y salariales. Por otra parte, se registró una significativa presencia feme-nina en el conflicto del TIPNIS, a través de la participación directamente en la marcha –con algunas importantes diri-gentas– y de la realización de distintas acciones de apoyo a los indígenas, como la de las mama t’allas del CONAMAQ que instalaron una vigilia en la Iglesia de San Francisco en La Paz y la del Comité Cívico Femenino del Beni, o de acciones contra los marchistas, como la de la Federación de Mujeres Indígena Originarias Campesinas-Bartolina Sisa (FDMIOC-BS) demandando la construcción de la carretera; por otra parte, las esposas de los policías que par-ticiparon en la represión de la marcha el 25 de septiembre de 2011 amenazaron con medidas de presión si éstos eran responsabilizados por la intervención. En el período que abarca el presente estudio, las excep-ciones fueron la demanda de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa de Potosí de respeto a la equidad de género en la conformación de las listas de candidatos para las elecciones generales de diciembre de 2009; la demanda similar de las organizaciones de mujeres de Santa Cruz y Chuquisaca en relación con los comicios de abril de 2010; la demanda de equidad en las candidaturas a cargos judi-ciales y de respeto a la campaña electoral en favor de las candidatas mujeres realizada por grupos feministas y la Coordinadora de la Mujer; las protestas de trabajadoras sexuales de El Alto por los abusos cometidos en opera-tivos de control rutinario; la demanda de esclarecimiento de feminicidios; y las marchas contra el hostigamiento sexual en 2011. El involucramiento de las mujeres en conflictos de carác-ter económico está relacionado con el papel reproductivo que tradicionalmente se les asigna, haciéndolas encargar-se de la organización y el manejo de los hogares, inclu-yendo la gestión de la economía familiar. Además es cada vez mayor el número de mujeres que son jefas de hogar, lo que significa que cumplen también un rol como pro-veedoras.33

32 Los lazos operantes en esas participaciones conjuntas fueron fa-miliares —principalmente conyugales y/o maternales—, sindica-les y laborales, ideológico políticos, vecinales y comunales o de intereses comunes, educativos, por ejemplo.

33 Gómez, 2011.

Flores34 muestra, en un estudio a escala micro sobre la participación de las mujeres alteñas en las jornadas de oc-tubre de 2003, que las estructuras de participación política de grupos vulnerables, como el de las mujeres, son cerra-das en cuanto a demandas sociales relativas a principios de equidad y acción positiva, así como a homologación de derechos sin discriminación de ninguna naturaleza. Se trata, en el fondo, de aquellas brechas que, en el particular caso de las mujeres, determinan y promueven la discrimi-nación de género, la subalternización colonial, la domina-ción y la explotación.La evidente subsunción de los intereses específicos de las mujeres como sector social puede explicarse por el hecho de que, debido justamente a las condiciones de subordina-ción en que se encuentran, resulta difícil para ellas iden-tificar los problemas que las afectan y plantear demandas para modificarlos; hay que considerar, además, el fenó-meno de naturalización e interiorización de las relaciones de poder que las convierten en incuestionables, lo que se cumple en el dominio masculino sobre las mujeres que se ha naturalizado de tal manera que parece ser inherente a las diferencias entre géneros.Por ello es necesario crear condiciones para que las muje-res puedan desarrollar capacidades para generar propues-tas y prácticas políticas concretas que les permitan alcan-zar autonomía política, económica y cultural. Las diversas luchas individuales y colectivas de las mujeres por cam-biar las condiciones de opresión a las que se encuentran sometidas son las que configuran este proceso.Esto implica un proceso de democratización profunda del Estado y de la sociedad, que permita crear condiciones materiales y simbólicas de igualdad, así como espacios y formas de participación y toma de decisiones respecto a la organización de la sociedad en su conjunto, lo que sig-nifica construir una efectiva democracia entre géneros.35

Si bien la participación de las mujeres en las protestas tiende a reproducir los roles clásicos del ciclo doméstico familiar y comunal (aprovisionamiento y preparación de alimentos, cuidado de los niños, ancianos y/o enfermos, atención de eventuales heridos), se ha ampliado también de manera peligrosa a la marcha en primera fila como elemento disuasivo frente a un posible enfrentamien-

34 Flores, 2007.35 Chávez, Mokrani, Radhuber y Quiroz, 2010.


to violento o represión de las fuerzas del orden; pero no contempla una participación en las decisiones respecto al curso del conflicto y su desenlace.En el propósito e interés de construcción de una sociedad con mayor equidad y participación de sus miembros, uno de los desafíos centrales es lograr una participación plena de las mujeres en la deliberación y toma de decisiones en situaciones de controversia sea en el ámbito privado o en el público. Esto significa, como apunta Flores, “…que la participación en las calles dé paso, en otro momento, a una participación política institucional de las mujeres”.36

3.3. Los jóvenes y el conflicto

Los jóvenes en Bolivia constituyen un segmento muy im-portante de la población; según proyecciones del INE para 2010 los jóvenes entre 18 y 30 años son 2.400.000, alrede-dor de un cuarto de la población total del país. La mitad de los jóvenes urbanos trabaja y genera un ingreso mensual promedio de Bs 1.29737 –aunque no se dispone de datos es-pecíficos, es evidente que, dadas las condiciones de pobreza del área rural, prácticamente la totalidad de los jóvenes tra-baja–; muchos de ellos se vieron obligados a incorporarse desde muy temprano al mundo del trabajo, lo que no les permitió completar sus estudios y supone que deban acep-tar empleos no calificados, insertándose en su mayoría en la economía informal. Además, de acuerdo a datos del CED-LA para 2010, el desempleo de los jóvenes es un problema de magnitud ya que la desocupación juvenil en el eje central urbano llegó a 15,5%, más del doble del correspondiente a los adultos mayores de 25 años.38 Alrededor de una tercera parte (35%) de los jóvenes ur-banos ha formado una familia y está casado o vive en pa-reja,39 y se puede presumir que este porcentaje es mayor o al menos similar en el área rural. Por otra parte, la Cons-titución Política del Estado establece que las personas mayores de 18 años pueden concurrir como electores o elegibles a la formación y ejercicio de funciones en los órganos del poder público y pueden ejercer funciones pú-blicas. Todo esto muestra que los jóvenes bolivianos asu-men responsabilidades de adultos y, como tales, tienen un

36 Flores, 2007.37 IPSOS, 2010. Perfil de la juventud.38 Entrevista a Bruno Rojas, investigador del CEDLA en Funda-

ción para el Periodismo, Boletín Nº 4.39 IPSOS, 2010. Perfil de la juventud.

peso muy significativo en los procesos socioeconómicos y políticos del país.Referirse a los jóvenes como actores del conflicto social puede dar lugar a generalizaciones y simplificaciones ya que en su diferenciación del resto de actores está implí-cito un criterio de edad que prescinde de consideraciones en cuanto al sexo, condición socioeconómica, pertenencia cultural y otros referentes importantes. Reconociendo esa limitación, la referencia a la participación de los jóvenes será hecha considerando como tales a las personas de am-bos sexos que se encuentran entre los 18 y 30 años de edad e ingresan en conflicto en defensa de sus intereses específicos, no sólo como mera adhesión a la acción de otros actores demandantes.En un marco general se puede situar el protagonismo de los jóvenes en los conflictos en la perspectiva de la lu-cha por el acceso a posiciones sociales, entendiendo éstas como los espacios de realización económica, política o cultural dentro de una estructura social dada.40 En el con-flicto sociopolítico, este carácter, que tiene un fuerte arrai-go en la realidad del conflicto intergeneracional y en sus correspondientes expresiones en el terreno de las formas de relacionamiento de los jóvenes con su medio,41 la lucha se vincula a la supervivencia centrada en la búsqueda de independencia, autogestión, estatus, etc. y a la protección mutua frente al riesgo; se trata, en el fondo, de una lucha por el reconocimiento social.42

Tal perfil de participación colectiva, independientemente de la explicitación de una postura con contenidos hostiles de carácter generacional, adopta en el caso de la conflicti-vidad boliviana de los últimos años la forma de “grupalida-des juveniles”,43 o asociaciones relativamente estables, cuya constitución obedece a la necesidad de defender intereses comunes generalmente relacionados con la reivindicación de derechos universales (educación, trabajo y salud, por ejemplo).Por lo general, las protestas de los jóvenes se relacionaron con demandas educativas de distinto tipo –dotación de items, mejoramiento de infraestructura y equipamiento, mejoramiento del presupuesto universitario, etc.–, por

40 Romero y Moreira, 2010.41 Véase al respecto Alvarado y Vommaro (2010).42 Galindo y Acosta, 2010.43 Aguilera et al., 2007.


eso fueron colegiales, universitarios y postulantes a cen-tros de formación, especialmente a escuelas de formación docente, los que se movilizaron. Además de estos temas hay otros que han motivado la participación de jóvenes en conflictos, como la demanda de obras municipales –es el caso del Concejo Municipal de la Juventud de El Alto que se movilizó en septiembre de 2009 exigiendo obras en beneficio de la juventud de esa ciudad, según lo publi-cado en su sitio institucional virtual, busca “…establecer mejores espacios de participación política y juvenil”44 –, y la lucha política, la Unión Juvenil Cruceñista, institu-ción autodefinida como cívica y autonomista, en junio de 2007 anunció la conformación de un Ejército democrático para “enfrentar” al gobierno y jugó un importante rol en el conflicto entre éste y la oposición de los departamentos de tierras bajas entre 2006 y 2008, para finalmente terminar haciendo alianza con el MAS.Especial importancia cobran en este marco las organiza-ciones estudiantiles, como las federaciones de estudiantes de secundaria que han tenido un activo rol político a es-cala departamental, así como las federaciones universita-rias locales. Sin embargo, de acuerdo con los registros de conflictos de UNIR del período estudiado, la mayor parte de las movilizaciones protagonizadas por colegiales y uni-versitarios (88%) careció de un liderazgo orgánico formal reconocible. Esto podría responder, por un lado, a la propia naturaleza de las demandas de los jóvenes que generalmen-te está al margen de reivindicaciones políticas y, por otro, a la lógica inmediatista y maximalista que caracteriza a una gran parte de las exigencias en materia educativa.En cuanto a las medidas de presión ejercitadas por los jó-venes, las más frecuentes son las marchas, mítines, vigilias, bloqueos, tomas de predios y huelgas de hambre, aunque también se han registrado otras más dramáticas, como el tapiado. Un rasgo peculiar de los conflictos protagoniza-dos por actores juveniles es su acelerado agravamiento y la desproporción entre la medida de presión ejercida y la trascendencia de la demanda –por ejemplo, en demandas de infraestructura, presupuesto, cuestionamiento de auto-ridades académicas, admisión y promoción estudiantiles, se ha optado por la toma de predios, la destrucción de bienes e incluso la toma de rehenes–, lo que se observa principalmente en las protestas de estudiantes y es expre-sivo de la lógica inmediatista antes mencionada.

44 http://el-ato.over-blog.es/article-33564095.html

4. LOS ACTORES fRENTE A SU bLANCO PRINCIPAL: EL ESTADO

4.1. La reconfiguración de las relaciones entre sociedad y Estado en bolivia

Para comprender las relaciones actuales entre los diferen-tes grupos y organizaciones sociales con el Estado, mar-cadas frecuentemente por el conflicto, es necesario dirigir la mirada a la historia política reciente. La profunda crisis política que se inició el año 2000 como resultado de la fal-ta de credibilidad y legitimidad de los distintos gobiernos y de la acción confrontacional de los sectores sociales de-terminó un fuerte tensionamiento de las relaciones entre la sociedad y el Estado, situación agudizada por el desgas-te de los sistemas de representación política. La asunción del MAS al gobierno representó un hito en la historia de las relaciones entre Estado y sociedad45 ya que distintas organizaciones sociales con importantes trayectorias de movilización formaron parte del gobierno a través de sus líderes. Para el Vicepresidente García Linera, “Los cam-pesinos indígenas, anteriormente excluidos de la ciuda-danía y del poder económico, se vuelven bloque dirigente y conducente del Estado y las comunidades devienen en parte del Estado”;46 de acuerdo a esta visión, la tradicional división entre Estado y sociedad habría dejado de ser tal.La debilidad estructural del Estado, la falta de capacidad para atender las demandas sociales y el descontento de distintos sectores con el desempeño de las autoridades, aparecen frecuentemente como las causas de los perma-nentes conflictos sociales. Sin embargo, las características de la cultura política y de la ciudadanía en Bolivia contri-buyen también a explicar que la demanda social devenga en conflicto y se dirija al Estado y especialmente hacia el gobierno central. Así, en el transcurso del tiempo, los di-ferentes sectores sociales han ido configurando un modo de relación con el Estado basado en el conflicto que, de acuerdo con ciertos autores, ha derivado en una lógica de normalización de la protesta, esto es, “… las manifestacio-nes han dejado de ser una forma de participación política marginal para convertirse en un mecanismo de participa-ción empleado por todos los actores sociales”.47

45 Crabtree, 2009.46 García Linera en de Souza Santos, 2010.47 Moreno, 2009.


Por otro lado, el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad del Estado implicó una transforma-ción de la concepción republicana de raíz liberal, lo que generó una modificación de la relación entre las esferas estatal y societal. Con estos cambios existía la expectati-va de que el vínculo entre la sociedad y el Estado se re-forzara y se encaminara hacia la cooperación y no hacia el conflicto. Sin embargo, paulatinamente, por causa de factores internos y externos al gobierno, la conflictividad fue mostrando que “el cierre de las brechas [entre Esta-do y sociedad] podría ser más difícil de lo que muchos habían vaticinado”.48 En cuanto a los factores internos, “el peligro son las con-cesiones excesivas que abren fracturas entre la forma polí-tica del bloque popular y su forma social”,49 tema previsi-ble dada la heterogeneidad de este bloque, y el progresivo distanciamiento entre el gobierno y su base social de apo-yo a partir de las contradicciones entre el proyecto origi-nal y las políticas gubernamentales. En lo que respecta a los factores externos, además de la polarización política del período 2006-2008 hay que tener en cuenta la arrai-gada cultura política boliviana y el inconcluso proceso de ciudadanización, que convierten fácilmente la demanda social en conflicto. Estos elementos hicieron que las rela-ciones entre el Estado y la sociedad retornaran al patrón tradicional de tensión y conflicto50 en pos de la consecu-ción de demandas.

4.2. La conflictividad canalizada hacia el Estado

Entre 2009 y 2011 el Estado, en sus distintos niveles y ór-ganos, concentró un promedio de 84% de la conflictividad total. El gobierno central fue el más interpelado, con 38%, seguido por los municipales (19%) y departamentales (11%). Con algunas variaciones más bien excepcionales, ésa fue la tendencia en cuanto a los actores demandados: preeminencia del gobierno central con una diferencia sus-tancial respecto a los otros niveles estatales.La concentración mayoritaria de conflictos en el nivel cen-tral del Estado es una consecuencia lógica de la tradición centralista de la gestión pública en Bolivia, que es parte de

48 Crabtree, 2009.49 Crabtree, 2010.50 Ibídem.

la tendencia latinoamericana. Así, los problemas y, conse-cuentemente, las demandas sobre una infinidad de asuntos grandes y pequeños se dirigen hacia el gobierno central, concebido por la población como la “máxima autoridad” que puede resolver en definitiva sus requerimientos.La concentración del poder, de la toma de decisiones, de los recursos e incluso de la burocracia y de los proce-dimientos administrativos básicos51 ha configurado a lo largo de los siglos un distanciamiento entre los grupos sociales y los individuos respecto al Estado.52 Este dis-tanciamiento ha repercutido en la capacidad del Estado de responder a las demandas sociales, configurando un relacionamiento tradicionalmente basado en la tensión. Aunque en las últimas décadas se ha iniciado un proceso de descentralización y más recientemente de autonomías, la arraigada tradición centralista hace difícil erradicarlo de la práctica institucional y de la cultura política del país.Uno de los procesos de descentralización más importantes desarrollados en Bolivia es el de municipalización, lo que puede contribuir a explicar la significativa concentración de conflictos en las entidades gubernamentales del nivel local, como son las alcaldías. La reterritorialización estatal fruto de la implementación del proceso de municipalización te-nía entre sus objetivos acercar el Estado a la sociedad53 para atender mejor sus necesidades y mejorar su calidad de vida; así se desarrolló presencia estatal en lugares donde ésta casi no existía.54 Esto permitió construir y consolidar un nue-vo referente estatal de interpelación; en los últimos años la población ha comenzado a visualizarlo como un ente al cual puede plantear sus demandas más inmediatas. Como señala Blanes, se inaugura la “era de los municipios y de la movilización social y organizativa en torno a los mismos”.55 A dos décadas de iniciado el proceso, los gobiernos muni-cipales se han constituido en un referente determinante en la vida social, política e incluso cultural de las diferentes localidades del país y, como se ha señalado, en receptores de un importante caudal de conflictividad social. El nivel estatal intermedio se encuentra generalmente en el tercer lugar entre los sectores más demandados, aunque la cantidad de interpelaciones que recibe es aún fluctuante

51 Mansilla, 2009.52 Pérez, 1994.53 Sánchez en Maydana, 2004.54 Crabtree, 2009.55 Crabtree,1999.


dados los cambios estructurales recientemente efectuados en el país. Hasta hace pocos años, las prefecturas tenían un rol secundario en el sistema político nacional, con serios problemas de definición de sus competencias;56 su papel se reducía a la representación departamental del poder ejecu-tivo central. Aunque a través de la Ley de Descentraliza-ción Administrativa se transfirieron mayores responsabili-dades al nivel meso, la verdadera transformación se iniciaría en el año 2005, con la decisión de elegir a los prefectos en lugar de designarlos desde el gobierno central.Sin embargo, la democratización de la designación de las máximas autoridades departamentales no estuvo acompa-ñada de un incremento de las competencias y responsabi-lidades de las prefecturas, lo que dio lugar a la agudización de conflictos políticos regionales. Así, en el marco de re-laciones de negociación y confrontación entre el centro y las regiones,57 la Constitución puesta en vigencia en 2009 estableció cuatro niveles autonómicos: departamental, re-gional, municipal (preexistente) e indígena. Finalmente, con la aprobación de la Ley marco de autonomías y des-centralización se sentaron las bases para la implementa-ción efectiva del régimen autonómico en el país. Como consecuencia de ello, el Estado atraviesa por un nuevo proceso de rediseño territorial que modificará su relacio-namiento con la sociedad. Un centralismo de larga data, un municipalismo con casi veinte años de implementación y un proceso autonómico aún incipiente permiten explicar que el nivel intermedio sea actualmente destinatario de un número bastante limi-tado de conflictos, aunque se observa un leve incremento de éstos. Las reformas institucionales mencionadas bus-caban asegurar, al menos en teoría, un mayor involucra-miento de la sociedad en la toma de decisiones públicas, estableciendo mecanismos para el ejercicio ciudadano y la canalización de las demandas, de manera que las rela-ciones de la sociedad con el Estado se basen en la partici-pación y no en el conflicto.58 Pese a ello, el conflicto sigue siendo el recurso por excelencia por el que los distintos sectores sociales expresan sus necesidades y demandas.

56 Terán, 2003.57 Entre los años 2005 y 2009 se produjeron una serie de sucesos

políticos de importancia –referendos nacionales sobre autonomías y en algunos departamentos para la validación de los estatutos autonómicos– que dieron origen al proceso autonómico, tal como se lo concibe actualmente.

58 Ardaya en Maydana, 2005.

4.3. Los inconclusos procesos de ciudadanización

La ciudadanía es esencialmente un vínculo entre la socie-dad y el Estado,59 que tiene tres dimensiones indisocia-bles: derechos, obligaciones y sentimiento de pertenencia a una comunidad política.60 En Bolivia estos componen-tes se han ido desarrollando de manera desigual, dando como resultado una fuerte conciencia sobre la existencia de derechos, más que de deberes individuales y colecti-vos, identificando, además, al Estado como el principal responsable de atender las demandas en relación a los de-rechos.61 Así, la combinación de una construcción ciudadana ba-sada en los derechos, con las características propias de la cultura política del país, determina que uno de los rasgos distintivos de la relación de la sociedad con el Estado sea la continua demanda y la poca predisposición a conceder algo a cambio. Es precisamente este patrón el que aparece recurrentemente en la conflictividad social boliviana: uno o varios sectores tienen una necesidad –que desde la ópti-ca de los demandantes es casi siempre un derecho–, la que es presentada hacia el Estado utilizando alguna medida de presión –en ocasiones incluso con violencia– a fin de que sea inmediatamente atendida. Es necesario puntuali-zar que esto no significa poner en cuestión la legitimidad de gran parte de las demandas; las movilizaciones sociales son las que, a lo largo de la historia, han contribuido a la progresiva ampliación de derechos económicos, políticos, sociales y culturales, y a la ampliación y profundización de la democracia. Sin embargo, al no haber estado estos pro-cesos acompañados de una toma de conciencia en torno a las obligaciones y responsabilidades de la vida en comuni-dad, se ha desaprovechado el potencial de la organización y movilización social para la propuesta y la transforma-ción constructiva de la sociedad. El sentido de pertenencia, tercer componente de la ciuda-danía, ha tenido su propia evolución; las maneras en que los miembros de la sociedad se han sentido parte del Es-tado se han ido transformando en continuas tensiones en-tre lo individual y lo colectivo.62 La instauración del nuevo Estado plurinacional ha representado un hito en dicho

59 Mansilla, 2005.60 Cortina, 2001.61 Maydana, 2004.62 Wanderley, 2007.


proceso, marcando “el tránsito de una democracia liberal, basada en los ciudadanos considerados individualmente, hacia una forma de democracia que tiene a las comuni-dades como núcleo”.63 El reconocimiento de identidades colectivas y la inclusión de algunos sectores de la sociedad en la estructura del Estado están generando cambios en el sentido de pertenencia y dando lugar a una tensión entre sentirse parte del Estado y enfrentarse a éste. El inconcluso proceso de ciudadanización también se expresa en la limitada utilización de los mecanismos de participación e involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Por ejemplo, en el estudio sobre cultura política de la democracia en Bolivia64 se señala que solamente 11,3% de la población ha participado o par-ticipa en alguna reunión de su gobierno municipal, que, como ya se mencionó, es la instancia estatal más cercana a la sociedad. La reducida participación social a través de canales institucionalizados y el alto grado de expresión de demandas por la vía del conflicto lleva a preguntarse si los mecanismos existentes son insuficientes o si son su-ficientes pero inadecuados. Algunos análisis críticos del proceso de municipalización señalan que el diseño e im-plementación de los mecanismos de participación ciuda-dana se realizaron sin consultar con los distintos sectores, lo que ha tenido consecuencias en la apropiación y utili-zación de dichos instrumentos.65 La pertinencia social de los canales de participación ciudadana institucionalizada es indispensable para asegurar su utilización como vía de expresión de la demanda social. La permanente canalización de la demanda social hacia el conflicto y la interpelación mayoritaria del Estado, sobre todo en su nivel central, no son fenómenos solamente vin-culados con la cultura política y el ejercicio de ciudadanía, también se relacionan con deficiencias estatales de carác-ter estructural (capacidad de atención de demandas) y con descontentos coyunturales (gestión pública de los distin-tos gobiernos); la histórica ausencia territorial y funcional del Estado, sumada a otros problemas antes mencionados, determinó que parte importante de las necesidades bá-sicas de la población quede desatendida, dando lugar al conflicto, como ocurre con el elevado porcentaje de con-flictos por problemas de prestación de servicios públicos y

63 Moreno, 2009.64 Maydana, 2004.65 Ibídem.

con las protestas en torno a ciertas medidas gubernamen-tales, como se mostró en el capítulo precedente.

5. LOS ACTORES SOCIALES ENfRENTADOS ENTRE SÍ

En comparación con los conflictos que se expresan desde la sociedad hacia el Estado, las controversias intrasocie-tales son menores en cantidad. Sin embargo, sus caracte-rísticas exigen que sean especialmente tomadas en cuenta puesto que pueden representar focos de erosión de las re-laciones sociales e incluso de la convivencia pacífica entre bolivianos. Entre los años 2009 y 2011 se puede observar un incre-mento paulatino en el número de este tipo de conflictos. En 2009 fueron cerca de una veintena; el tema tierra/territorio fue el que confrontó a sectores de la sociedad entre sí con mayor frecuencia, un ejemplo de ello es el registrado en el TIPNIS, que enfrentó a cocaleros e indí-genas. En ese mismo año, además de los varios episodios que opusieron violentamente a grupos vecinales/comuna-les, se registraron también conflictos al interior de grupos sindicales por razones diversas.A lo largo de 2010 se registraron más de 30 conflictos intrasocietales de distintas características, los principa-les móviles fueron el acceso a la tierra rural y urbana, el control de recursos naturales y las pugnas entre organiza-ciones políticas, al interior de partidos y dirigenciales en organizaciones gremiales y vecinales.En 2011 fueron al menos 25 los conflictos en los que se pusieron frente a frente sectores sociales, principalmente por temas de gestión del espacio urbano, acceso a recursos naturales y tierra.Indagando sobre las causas que dan origen a este tipo de conflictos, más allá de los temas específicos que los deto-naron, es posible identificar causas estructurales y coyun-turales.Entre las causas estructurales se encuentran las históricas fracturas de diversa índole –económica, social, cultural, etc.– que perviven en el seno de la sociedad boliviana y que a lo largo del tiempo se han ido haciendo evidentes de distintas formas. Estas brechas se traducen en la nega-ción y el rechazo del otro y en un relacionamiento basa-do en intolerancia, desconfianza y discriminación. Así lo


demuestra, por ejemplo, la encuesta sobre cultura política de la democracia en Bolivia66 que señala que Bolivia tiene uno de los índices de confianza interpersonal e intergru-pal más bajos de América Latina,67 y que son muy reduci-dos los niveles de tolerancia política, entendida ésta como “un principio de respeto y de garantía de los derechos de aquellos que expresan opiniones y posiciones políticas distintas”.68 Los numerosos conflictos político ideológicos ocurridos durante el proceso electoral municipal y depar-tamental de 2010 dan muestra de la intolerancia política existente en el país.69 Varios autores han señalado la importancia de la con-fianza y tolerancia interpersonales e intergrupales para la estabilidad democrática, considerándolos elementos tan relevantes “como la confianza en las instituciones y el apoyo al sistema”.70 71 Así, es evidente que para asegurar una convivencia pacífica entre los diferentes sectores de la sociedad es necesario desarrollar la confianza y la toleran-cia, lo que, por supuesto, implica trabajar en la reducción de la pobreza y en la generación de mayor equidad72 para la superación de las brechas socioeconómicas, pero tam-bién en una educación democrática e intercultural. Entre los elementos coyunturales que incidieron en la conflictividad intrasocietal en el período mencionado –y probablemente también en su incremento– se encuentra la elevada expectativa de los sectores sociales en relación con el proceso político iniciado en 2006, a la que se hizo referencia en los capítulos anteriores. Con una acentua-da fragmentación social y en ausencia de una noción de bien común, frecuentemente las expectativas específicas

66 LAPOP, 2010.67 Sólo 14% de las personas encuestadas en el estudio señala que la

gente de su comunidad es muy confiable, 41,9% afirma que es algo confiable, 33,4% dice que es poco confiable y 10,8% cree que es “nada confiable”.

68 LAPOP, 2010.69 De acuerdo a encuestas realizadas por la Fundación UNIR Boli-

via en los años 2006 y 2008, se ha producido una agudización de la intolerancia y la discriminación en Bolivia.

70 LAPOP, 2010.71 Mientras “se impone una racionalidad cultural basada en la ne-

gación del otro también se niega el vínculo social y ciudadano de reciprocidad”, lo que pone trabas a la cohesión social (CEPAL, 2007).

72 “Un nivel adecuado de crecimiento económico es condición in-dispensable para promover una mayor cohesión social” (CEPAL, 2007).

de un sector entran en contradicción con las de otro(s), derivando en conflictos sociales. Es el caso, por ejemplo, de las pugnas entre sectores indígenas y campesinos por la tierra y territorio y entre mineros asalariados y coope-rativistas por el control de yacimientos, frecuentes en el lapso 2009-2011.Probablemente existen otros factores adicionales a los mencionados que alimentan los conflictos intrasocietales; puesto que éstos parecen tener una mayor propensión a la violencia que las controversias entre la sociedad y el Estado, es necesario conocer esos factores para orientar la gestión de las controversias hacia una transformación pacífica. Se puede concluir que la debilidad estructural del Estado, la falta de capacidad para atender las demandas sociales y el descontento de los sectores en relación al desempeño de las autoridades, aparecen frecuentemente como las causas de los permanentes conflictos sociales que interpelan al Estado. Sin embargo, las características de la cultura po-lítica y de la ciudadanía en Bolivia contribuyen también a explicar que la demanda social devenga en conflicto y se dirija al Estado, especialmente hacia el gobierno central. Así, en el transcurso del tiempo, los diferentes sectores sociales han ido configurando un modo de relación con el Estado basado en el conflicto que, de acuerdo con ciertos autores, ha derivado en una lógica de normalización de la protesta, esto es, “… las manifestaciones han dejado de ser una forma de participación política marginal para con-vertirse en un mecanismo de participación empleado por todos los actores sociales”.73

Las transformaciones políticas en curso que tienen im-pactos en la institucionalidad del Estado y en las rela-ciones entre éste y la sociedad, sin duda tendrán efectos en el comportamiento de la conflictividad sociopolítica y en los referentes de interpelación o actores a los cuales se demanda. Actualmente es posible percibir algunos sutiles cambios, como la leve reducción de las controversias diri-gidas hacia el nivel estatal central y el pequeño incremen-to de los cuestionamientos dirigidos hacia el nivel inter-medio; no obstante sería aventurado dimensionar cuáles y cuán grandes serán las consecuencias en este campo de los procesos de transformación que actualmente vive Bolivia.

73 Moreno, 2009.


6. ÁMbITO TERRITORIAL DONDE SE DESENvUELvEN LOS ACTORES DE LA CONfLICTIvIDAD

Los distintos grupos poblacionales del país se encuentran ligados a espacios territoriales específicos, en los que sus ca-racterísticas de desarrollo histórico, carácter étnico lingüís-tico, rasgos culturales y prácticas económicas, entre otros aspectos, han contribuido a perfilar sus identidades. Así, el departamento, el municipio o la ciudad de la que se forma parte son importantes referentes identitarios, aunque no estáticos ya que con las dinámicas socioeconómicas, políti-cas y culturales van modificándose continuamente. Si bien la organización político administrativa del país es, en buena parte, arbitraria ya que corta la continuidad de distintos pueblos y grupos humanos, con el correr del tiempo los espacios territoriales que ha establecido se han ido aceptando y asimilando como ámbitos propios de la población que nació en éstos o se estableció en ellos a tra-vés de procesos migratorios. Actualmente puede decirse que existen en Bolivia identidades departamentales más o menos sólidas, que las provinciales se han ido diluyen-do en las últimas décadas con la pérdida de relevancia de este territorio y con el fortalecimiento del municipio que ha dado lugar a la construcción de otras identidades, así como identidades citadinas. Puesto que el territorio es un espacio en que se juegan rela-ciones de distinto tipo cruzadas por la lógica del poder, los sentidos de pertenencia territorial y las identidades que de éstos se derivan son complejas y cambiantes.74 Un ejemplo de ello es la identidad paceña que siempre ha tendido a confundirse con la nacional y que, en ocasión del debate sobre la capitalía plena, se perfiló más claramente frente a la identidad chuquisaqueña. Es previsible que, en la medida en que el proceso autonómico se desarrolle, adquiera mayor incidencia sobre la construcción identitaria. Estos distintos sentidos de pertenencia territorial existen-tes en el país encuentran expresión en las demandas socia-les y en los conflictos que a partir de éstas se desarrollan. Por ello es necesario considerar cómo operan los actores de los conflictos en los distintos ámbitos territoriales del país, en los departamentos, en los municipios y en las ciu-dades.

74 Quiroga, 2009.

6.1. La conflictividad en las ciudades de bolivia

No cabe duda que la conflictividad social es parte del paisaje urbano en Bolivia. Día a día los habitantes de las principales ciudades del país se enfrentan a marchas, pa-ros, bloqueos y otras medidas de presión que, al haberse convertido en parte de su vida diaria, ya no les sorprenden ni les mueven a indagar por los motivos que las generan. Los conflictos sociales constituyen un fenómeno emi-nentemente urbano ya que buena parte de los problemas del país son problemas de las ciudades y puesto que éstas presentan condiciones para el desarrollo de conflictos; sin embargo, esto no significa que en el ámbito rural no exis-tan serios problemas y también conflictos que, en muchas ocasiones, se trasladan hacia las áreas urbanas.En los últimos treinta años, Bolivia pasó de ser un país predominantemente rural a uno eminentemente urbano; según datos del censo nacional de 2001, 62% de la po-blación vive en localidades con más de 2.000 habitantes; aunque es necesario reconocer que existe una serie de rasgos propios de los barrios periurbanos –como la doble residencialidad de parte de sus habitantes– que permite dudar de la cualidad verdaderamente urbana de las ciuda-des bolivianas.75

El crecimiento de las ciudades en Bolivia no sólo se debe al crecimiento vegetativo, sino también, y de manera muy importante, a la migración desde las áreas rurales. La ma-siva migración interna ha producido competencia por el espacio y una valorización de éste a través de la renta del suelo, activando la polarización socioeconómica y cultural. La fragmentación y la segregación urbanas son perceptibles en todas las grandes ciudades del país y han conducido –en momentos de gran tensionamiento político– a situaciones como la de enero de 2007, cuando jóvenes de clase media alta de la zona norte de Cochabamba se enfrentaron con vecinos de las zonas periféricas y campesinos.76

El desarrollo económico basado en la extracción de mate-rias primas fue uno de los factores determinantes del surgi-miento y expansión de los principales centros urbanos del país, así Potosí se estableció y desarrolló en la Colonia por la producción de plata, Oruro a partir de la producción esta-ñífera y Santa Cruz creció con el auge de la agroindustria.77

75 Antequera, 2011.76 Rodríguez, 2008.77 Mazurek, 2009.


Actualmente la composición urbana en Bolivia es multi-céfala, pues se organiza en torno a tres ciudades principa-les (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) que concentran población –Santa Cruz ya habría sobrepasado el millón de habitantes–, funciones económicas y administrativas y recursos económicos. Estas tres ciudades se encuentran en proceso de convertirse en metrópolis,78 es decir, en ciudades centrales por concentrar actividades significativas y por su importancia demográfica. Son ciudades-regiones que man-tienen una estrecha vinculación con importantes centros urbanos aledaños (La Paz con El Alto y Viacha;, Cocha-bamba con Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua y Tiquipaya, y Santa Cruz con Montero, Warnes, La Guardia, El Torno y Cotoca79), junto a los cuales constituyen un conglomerado urbano de gran peso en la dinámica del país. Hasta el año 2007 estas ciudades aportaban algo más del 70% del PIB nacional (Santa Cruz 28,3%, La Paz 26,1% y Cochabamba 17,9%) y en la próxima década podrían llegar albergar más del 60% de la población boliviana, incluyendo los sectores más profesionalizados.80 Estas tres ciudades conforman un eje central con necesidades y problemas específicos y capa-

78 La metropolización es un proceso de grandes transformaciones urbanas que involucra a la población y sus actividades, riqueza e intereses, que son multifuncionales y relacionados con un contex-to internacionalizado. Los espacios son transformados en cuanto a su organización, composición, funcionalidad y medio ambiente (Blanco/Gurevich, 2002).

79 Pereira, 2009.80 Blanes, 2007.

cidad de generar una agenda sociopolítica propia, aunque vinculada e influida por la situación nacional, sobre la que, a su vez, influye.Mención especial merece la ciudad de El Alto que, pese a ser joven (fue creada en 1985) es una de las más diná-micas del país. Su tasa de crecimiento es la mayor a ni-vel nacional (5,1%), en menos de 50 años pasó de 30.000 habitantes a más de medio millón,81 constituyéndose en la segunda ciudad de importancia demográfica del país, con una mancha urbana incluso mayor a la de La Paz. Su fuerza económica se advierte en la gran cantidad de fábricas y empresas asentadas en El Alto en torno a las principales carreteras que lo vinculan con Perú y Chile. Finalmente, su peso político es innegable dados los nive-les de organización y movilización social que posee; des-tacan las juntas vecinales que tuvieron un rol protagónico en las protestas de 2003. El desarrollo humano en las áreas urbanas en Bolivia es aún bastante bajo. Desde el enfoque de vivienda digna y producción social del habitat existe una deuda histórica que no se ha logrado saldar, pese a los esfuerzos realizados en distintas épocas para resolver el problema habitacional.Si bien la conflictividad social se presenta en todo el te-rritorio nacional en diferentes grados y niveles, es eviden-te que son las capitales de departamento, con la excep-

81 Laruta, 2006.

TABLA Nº 10 / Población por ciudades proyectada en base al censo 2001

CIuDaD aÑo 2001 aÑo 2005 aÑo 2010

la paz 831.849 839.169 840.209

El alto 677.412 800.273 960.767

Sucre 227.245 261.564 306.754

Cochabamba 540.779 578.219 618.384

potosí 153.287 160.539 167.439

oruro 230.199 231.961 232.265

Santa Cruz de la Sierra 1.161.468 1.372.356 1.651.436

trinidad 82.688 89.613 97.625

Cobija 23.431 31.668 43.323

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INE.


ción de Cobija, las que concentran la mayor cantidad de conflictos. Otras ciudades de importancia demográfica y económica, como El Alto, Quillacollo, Sacaba, Montero y Riberalta, son también escenarios constantes de protestas sociales. La concentración de conflictos en las ciudades capitales se debe a distintos factores, como la densidad poblacio-nal, las capacidades de administración pública y política, la pobreza y las desigualdades sociales. Puesto que el cre-cimiento urbano está fuertemente ligado a la estructura agraria que ha originado pobreza y migración rural-ur-bana, se han producido algunos fenómenos conflictivos: limitada absorción de la mano de obra expulsada del área rural, generando una gran informalidad laboral y desem-pleo en las ciudades; dificultades para el desarrollo agra-rio debido a la necesidad de trabajadores temporales en el campo, creando demandas transitorias que no llegan a ser satisfechas; y segregación y exclusión en las áreas urbanas.82 Estos fenómenos se han producido en La Paz, especialmente en la década del setenta, en Santa Cruz con el crecimiento económico que atrajo población que saturó las capacidades de provisión de servicios públicos, lo que también es evidente en El Alto.Los procesos de urbanización que experimentó el país a lo largo del siglo XX generaron un nuevo espacio de deman-da social que rebasó las capacidades del gobierno central para gestionarla, dejando a la esfera local desatendida y creando condiciones para la emergencia de conflictos. En la conflictividad de La Paz pesa su condición de ciu-dad sede de gobierno, donde se encuentran las dependen-cias del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurina-cional, y el centralismo que aún impera en el país. Por ello, los conflictos del período fueron sobre todo de carácter económico, por la gestión administrativa y por cuestiones legales; por otra parte se presentó una inusual cantidad de conflictos en relación a las rutas de transporte públi-co, uno de los principales problemas urbanos debido a la saturación del parque automotor en una ciudad con poco margen para el desarrollo de infraestructura caminera. Asimismo se suscitaron conflictos a raíz del mega des-lizamiento de tierras ocurrido en marzo de 2011, en de-manda de atención a los damnificados y, en algunos casos, rechazando el desalojo forzado.

82 Calderón, 2000.

En la ciudad de Santa Cruz hubo una mayor dispersión de los temas de conflicto, aunque la mayoría se vinculó con problemas de la gestión pública y con la situación económica y laboral; otros temas fueron los legales, el cuestionamiento de autoridades y la prestación de servi-cios públicos. El crecimiento poblacional y la expansión de esta ciudad han planteado una serie de dificultades que dan lugar al constante surgimiento de conflictos por fal-ta de eficiencia y oportunidad en la ejecución de obras municipales; cuestionamiento de autoridades (al menos cuatro subalcaldes y dos concejalas municipales fueron removidos de sus cargos), lo que crea problemas de go-bernabilidad vinculados a la polarización política; pugnas por el manejo de espacios comerciales; cuestionamiento a la administración de hospitales públicos.Al igual que en La Paz, en Cochabamba los conflictos de carácter económico fueron los más significativos, segui-dos por los de gestión administrativa, por la prestación de servicios públicos –la provisión de agua potable es una demanda crónica–, por medidas legales y por la gestión del espacio urbano (asentamientos ilegales y loteamien-tos); los conflictos vinculados con el servicio de transporte y el comercio generaron enfrentamientos violentos entre grupos sociales con saldos de heridos y detenidos. Como en Santa Cruz, parte importante de estas demandas se dirige al gobierno municipal. La ciudad de Oruro presentó conflictos en los que lo eco-nómico juega un papel importante; resaltaron las moviliza-ciones de sindicatos mineros por cuestiones laborales y la de propietarios de vehículos indocumentados demandando la disminución de impuestos por internación y ampliación en el plazo que se otorgó para la legalización de sus autos. Por otro lado cabe resaltar la gran cantidad de conflictos por manejo y regularización de terrenos e inmuebles.En Sucre se produjo una serie de cuestionamientos a las autoridades municipales: tres subalcaldes, tres funciona-rios municipales y la propia alcaldesa, Verónica Berríos, fueron impugnados por el retraso de obras y otros proble-mas de gestión pública.En El Alto fue más evidente el malestar por carencia de servicios y retrasos en la ejecución de proyectos. También se produjeron conflictos protagonizados por las Juntas Ve-cinales y la Federación de Padres de Familia de El Alto por la refacción de establecimientos educativos, otorgación de ítems y provisión de desayuno escolar. Asimismo se cues-


tionó al alcalde Edgar Patana y a dos sub alcaldes, la gober-nabilidad municipal es un tema crítico en esta ciudad.En la tabla No 11 se observa con mayor detalle el por-centaje de conflictos desarrollados en los municipios del país entre los años 2009 y 2011. Como ya se dijo, resaltan las capitales departamentales, aunque otros municipios, como El Alto, Riberalta, Quillacollo y Puerto Suárez también se han destacado. Se puede decir que aquellos municipios con índices de pobreza más marcados no son necesariamente los que registran más conflictos, pues la mayoría se encuentra en áreas rurales alejadas de los cen-tros de producción económica y política. En una socie-dad de institucionalidad centralizada como la boliviana, las protestas tienden a situarse en aquellos lugares donde puedan causar mayor repercusión y afectación. De todos modos debe entenderse que la pobreza y los problemas ligados a ella son potenciadores del conflicto social y cau-santes de inestabilidad social y política, el caso de El Alto en octubre de 2003 es revelador en este sentido. Aunque no necesariamente la protesta se sitúa en los lugares más deprimidos económicamente, existe una real politización de la pobreza en las ciudades bolivianas que determina que la sociedad se organice en torno a sus reivindicaciones y esté más predispuesta a asumir medidas de protesta. Por ello la existencia de deudas históricas se ha convertido en una trampa política.83

6.2. La conflictividad social en los departamentos

En Bolivia existe una territorialidad forjada a partir de la organización político administrativa que no siempre coincide con el ámbito territorial de las identidades re-gionales. A través de diferentes patrones de crecimien-to económico esta territorialidad fue constituyendo espacios con distintos niveles de desarrollo: un prime-ro integrado por los departamentos del eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con el nivel más alto de desarrollo socioeconómico; otro integrado por los departamentos andinos de Oruro y Potosí con niveles muy bajos de desarrollo, similares a los departamentos de Beni y Pando en el norte; y otro en el sur con Chu-quisaca y Tarija, con un nivel de desarrollo intermedio. Estas situaciones diferenciadas han generado profundos sentimientos de malestar en los departamentos menos

83 Mosley, 2006.

TABLA Nº 11 / Porcentaje de conflictos en municipios (2009-2011)

Municipios % Conflictos

la paz 15,53

Santa Cruz de la Sierra 11,59

Cochabamba 10,04

oruro 9,38

El alto 8,85

potosí 5,4

trinidad 5,22

Sucre 5,09

tarija 4,34

Riberalta 1,59

Quillacollo 1,55

Cobija 0,75

puerto Suárez 0,71

Sacaba 0,66

Yacuiba 0,62

Yapacaní 0,58

Montero 0,58

San Ignacio 0,53

Bermejo 0,44

Warnes 0,35

Caranavi 0,35

Challapata 0,35

Vinto 0,35

Camiri 0,27

punata (Villa de punata) 0,27

llallagua 0,27

pailón 0,27

San Julián 0,27

otros 13,7



favorecidos por considerarse postergados y han dado lu-gar a pugnas interdepartamentales y a conflictos.Como se observa en la tabla precedente, La Paz con-centra un tercio del total de los conflictos durante los años 2009 y 2010. Santa Cruz y Cochabamba presentan también cifras importantes; el resto de los departamen-tos tiene un comportamiento menos marcado, tomando en cuenta el descenso importante de conflictos en el de-partamento de Potosí (de 11% a 5%) y los incrementos y reducciones en Tarija, Oruro y Beni. La Paz, como sede de gobierno y dada la pervivencia del centralismo, es la protagonista indiscutible de la con-flictividad, aunque en 2011 se produjo un decremento de 5%. Luego están Santa Cruz y Cochabamba, como importantes centros productivos y zonas de tránsito y comunicación a nivel nacional e internacional; la pri-mera presentó una tendencia al incremento, alcanzando prácticamente el 20% en 2011. En Cochabamba la con-flictividad más alta se registró en 2009, tuvo un descenso en 2010 y un nuevo repunte de 15% en 2011. El tipo de conflictos presentes en estos departamentos muestra correspondencia con las principales problemáticas que afectaron al país entre 2009 y 2011 (económica, laboral y de gestión administrativa).En el departamento de La Paz destacan los conflictos por medidas económicas/situación económica de las

personas, cuyo crecimiento contrasta con la reducción de la temática de gestión administrativa. Como se vio en el capítulo 3, la incertidumbre económica de la pobla-ción se acentuó especialmente con la desestabilización de precios ocurrida en el segundo semestre de 2010 y el primero de 2011. Pese a su contracción, los problemas administrativos, especialmente en entidades públicas fueron recurrentes en la conflictividad paceña.

En Cochabamba los conflictos económicos fueron los más importantes del período, seguidos por los de gestión administrativa;, aunque mientras unos se acentuaban los otros decrecían. Los sindicatos fabriles de Manaco, Pil, Taquiña, textileros y otros de gran trayectoria y capaci-dad reactiva tuvieron protagonismo en los conflictos. En el año 2010 se registró una baja en los conflictos depar-tamentales, para iniciar un incremento en 2011.

El departamento de Santa Cruz ha desplegado un tipo de conflictividad más dispersa que la de los otros dos de-partamentos del eje, aunque la problemática económica y laboral fue muy significativa en el período, así como la de gestión administrativa, la ideológico política y el cues-tionamiento de autoridades. De los tres departamentos, Santa Cruz es el que más problemas de gestión municipal ha presentado, existiendo varios casos de remoción de au-toridades como resultado de conflictos sociales.

TABLA Nº 12 / Porcentaje de conflictos por departamento

2009 2010 2011

la paz 32,10 la paz 31,36 la paz 24,83

Cochabamba 17,34 Cochabamba 10,50 Cochabamba 15,95

Santa Cruz 15,87 Santa Cruz 14,67 Santa Cruz 19,67

potosí 11,44 potosí 9,02 potosí 5,85

Beni 6,27 Beni 9,56 Beni 8,05

tarija 6,27 tarija 2,83 tarija 7,06

oruro 4,43 oruro 15,88 oruro 11,92

Chuquisaca 4,43 Chuquisaca 5,25 Chuquisaca 6,07

pando 1,85 pando 0,94 pando 0,61

total 100,00 total 100,00 total 100,00



GRÁFICO Nº 16 / Tipos de conflicto por año en el departamento de La Paz (porcentajes)


GRÁFICO Nº 17 / Tipos de conflicto por año en el departamento de Cochabamba (porcentajes)


0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011

Medidas económicas/situación económicaLaboral/salarialGestión administrativaPrestación de servicios públicosLeyes/medidas legalesCuestionamiento y/o reconocimiento de autoridadDerechos humanosGestión del espacio urbano

Ideológico/políticoIncumplimiento de conveniosLímites político-administrativosRecursos naturales y medio ambienteSeguridad ciudadanaTierraValores/creencias/identidadVivienda

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011




6.3. Otros departamentos

Aunque el peso del eje central sea indudable, los otros de-partamentos del país fueron también, en distintos momen-tos, escenario de conflictos de carácter nacional, como ocu-rrió en Pando durante los conflictos políticos de 2008, o en Chuquisaca cuando se desarrolló el debate sobre capitali-dad plena y se produjo el conflicto de la Calancha en 2007. Dentro del período 2009 - 2011 se suscitaron varios casos vinculados tanto a las agendas regionales como al acontecer político nacional, como las demandas de cumplimiento de los pliegos petitorios de Potosí y Oruro, que adquirieron gran relevancia en el segundo semestre de 2010. Oruro y Potosí se posicionaron a continuación de San-ta Cruz y Cochabamba, con porcentajes apenas menores, como los departamentos con mayor número de conflictos; Beni, Chuquisaca, Tarija y Pando mantuvieron una con-flictividad baja.Destaca la conflictividad en el departamento de Oruro, que alcanzó un nivel medio, y que principalmente estuvo vinculada al proyecto de ley general de aduanas y al có-digo tributario, lo que se explica por el rol comercial que tiene este departamento. Potosí presentó una tendencia a la contracción de los conflictos, pese a que suscitaron situaciones complejas en relación a las pugnas limítrofes y al control de yacimientos mineros.

En el Beni la conflictividad se suscitó en torno a temas la-borales, de prestación de servicios públicos y de tierra. En Pando la reducida población, la situación de postergación económica y la fuerte presencia militar desde los sucesos de 2008 hacen menos probable la existencia de una fuerte organización social que pueda sustentar conflictos, lo que explica los niveles mínimos de conflictividad.

GRÁFICO Nº 18 / Tipos de conflicto por año en el departamento de Santa Cruz (porcentajes)


0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011



TABLA Nº 13 / Conflictividad en otros departamentos por año (porcentajes)

2009 2010 2011

potosí 11,40 potosí 9,02 potosí 5,85

oruro 4,43 oruro 15,88 oruro 11,92

Beni 6,27 Beni 9,56 Beni 8,05

tarija 6,27 tarija 2,83 tarija 7,06

Chuquisaca 4,43 Chuquisaca 5,25 Chuquisaca 6,07

pando 1,85 pando 0,94 pando 0,61


Capítulo 6Cultura política

y conflictosocial en bolivia


Al finalizar el siglo XX Bolivia dejó atrás el período de dictaduras militares e inició la construcción de una de-mocracia representativa, desarrollando los valores, institu-ciones y mecanismos propios de ésta. Siendo este proceso de construcción democrática relativamente reciente y ha-biendo tenido el país una larga tradición autoritaria, éstos aún no se encuentran bien afianzados, lo que ha dado lu-gar a avances y retrocesos, contradicciones y frustraciones. Pese a los problemas estructurales del país que la joven democracia no ha logrado resolver y a las crisis políticas que se analizaron en el capítulo 2, el régimen democrático se ha mantenido sin rupturas durante las últimas tres dé-cadas y cuenta con un apoyo mayoritario de la población boliviana, como muestran los recientes estudios de opi-nión pública. La mayoría de los bolivianos (64%) prefiere la democracia a otro tipo de régimen, aunque su nivel de satisfacción con ésta es más bien bajo (12%),1 lo que se traduce en desencanto con las instituciones democráticas y con los partidos políticos por su ineficiente papel en la resolución de los grandes problemas nacionales y en el encausamiento de las demandas sociales. Es innegable que tanto las elecciones regulares, libres y competitivas, como los partidos políticos, son elementos fundamentales de la democracia electoral; tal es la vin-culación entre partidos y democracia que autores como Ramos Jimenez han sostenido que “allí donde no existen partidos no existe democracia: los partidos definen la de-mocracia”.2 Con el retorno de la democracia en los distin-tos países latinoamericanos que habían sufrido regímenes dictatoriales, los partidos políticos se convirtieron en los

1 Latinobarómetro, 2011. 2 Ramos Jimenez, 1995.

principales protagonistas del escenario político, papel que desde entonces fue deteriorándose cada vez más. Existe un largo debate sobre si la crisis de los partidos responde exclusivamente a éstos o es un reflejo del deterioro de la política en su conjunto; al margen de esta discusión re-sulta incuestionable la existencia de cierto malestar de la población hacia los partidos políticos, que algunos autores definen como una crisis de los sistemas de representación3 que origina un desfase entre las posiciones de los líderes de los partidos y los intereses y demandas de los electores, y otros ven como una desinstitucionalización del sistema de partidos4 debida a una serie de mutaciones de éstos que los conducen hacia un “desvanecimiento de aquellos rasgos que los caracterizaban”.5

Las enormes expectativas que los bolivianos depositaron en el sistema político, una vez recuperada la democracia, no fueron satisfechas; los partidos políticos no cumplie-ron su rol de canalizadores de las demandas ciudadanas, principalmente en relación con la problemática de pobre-za e inequidad social, lo que fue gestando una inevitable sensación de desencanto. Como consecuencia de esto, el rol de los partidos en la democracia se fue devaluando en el imaginario social. Según datos del Latinobarómetro 2010, casi la mitad de la población boliviana (49%) cree que puede existir democracia sin partidos políticos, frente a 41% de los latinoamericanos, y sólo 17% de los boli-vianos mantiene su confianza en los partidos políticos, mientras que 23% de los latinoamericanos lo hace, lo que pone de manifiesto el especial descrédito de los partidos políticos en el país.

3 Garretón, 1996.4 Coppedge, 1992.5 Peschard, 1996.

CAPÍTULO 6

CULTURA POLÍTICA Y CONFLICTO SOCIAL EN BOLIVIA


Es necesario señalar que el desencanto de la población con los partidos políticos tradicionales y, por contrapar-tida, el fortalecimiento de los movimientos sociales y la emergencia de nuevas fuerzas políticas, fue una respuesta al avance de la globalización neoliberal que comenzó en la década del ochenta con la implementación del paquete de reformas estructurales. En ese sentido, el cuestionamiento a los partidos fue, en primer lugar, un cuestionamiento a las definiciones tradicionales de ciudadanía, democracia y participación electoral producto del “consenso de Washin-gton”. De ese modo, a inicios del siglo XXI se produjo una interpelación generalizada a las reglas de juego acordadas entre las clases económicas dominantes e implementadas por los partidos políticos tradicionales. En ese marco, el descrédito de los partidos políticos expresó la demanda mayoritaria de un cambio en las relaciones de poder en Bolivia y fueron los movimientos sociales los que la en-carnaron. De acuerdo a Charles Tilly, los movimientos sociales constituyen modalidades exitosas y efectivas de política moderna, son “un reto público ininterrumpido, li-brado contra los que detentan el poder estatal establecido a nombre de una población desfavorecida que vive bajo la jurisdicción de aquellas personas que detentan el poder, mediante exhibiciones públicas repetidas de la magnitud,

determinación, unidad, y mérito de esa población”.6 Por ello puede afirmarse que buena parte de los procesos de democratización social y conquista gradual de derechos de ciudadanía ha sido producida gracias a la acción de las organizaciones sociales.Según Huntington, la principal característica de un siste-ma político moderno es la forma organizativa que permi-te estructurar la participación de las masas, de este modo, “los partidos aparecen en el sistema político moderno porque éste necesita de instituciones que organicen la participación de las masas en la política”.7 En ese sentido, el cuestionamiento ciudadano a los partidos políticos por su escasa capacidad de representación dificulta que cum-plan el rol de canalización de las necesidades y demandas ciudadanas y se constituyan en referentes de la partici-pación política. Es en esta situación que se desarrollaron y fortalecieron las organizaciones y movimientos sociales que, por medio de mecanismos no institucionalizados y no convencionales, como las protestas y los conflictos so-ciales, exigen la satisfacción de sus demandas.

6 Tilly, 1995.7 Huntington, 1968.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1997 2000 2001 2002 2005 2006 2008 2009 2010

6257

4952 54 55 56

60 59

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Latinoamérica

Panamá

Ecuador

Brasil

Bolivia

Paraguay

Colombia

Perú

México

Nicaragua

Guatemala

Hondura

Chile

El Salvador

República Dominicana

Argentina

Costa Rica

Uruguay

Venezuela

59

42

42

44

51

52

55

57

57

59

60

62

63

64

65

70

74

75

80

GRÁFICO Nº 19 / Legitimidad de los partidos políticos

Fuente: Latinobarómetro, 2010.


A pesar de la creación de nuevos mecanismos electorales para mejorar la representación política en Bolivia, como las candidaturas independientes –vigentes a partir de fe-brero de 2004– introducidas con el propósito de fomentar la participación en elecciones de agrupaciones ciudada-nas, vecinales y de otro tipo para recuperar el papel cana-lizador de las demandas sociales que tuvieron los partidos políticos, la proliferación e intensidad de los conflictos so-ciales han convertido a la movilización social en el prin-cipal mecanismo de participación en Bolivia; aunque es necesario reconocer que la pertenencia a sindicatos, fede-raciones, gremios y asociaciones ha sido siempre un me-canismo efectivo de organización y participación política en el país.El descrédito y la escasa confianza en los partidos políticos se ven acompañados por el bajo apoyo a las instituciones de la democracia. La confianza hacia estas instituciones en Bolivia se encuentra por debajo del promedio latinoa-mericano: 28% confía en el Congreso (34% en América Latina), 24% en el poder judicial (32% en América La-tina), 38% en las Fuerzas Armadas y 42% en el gobierno (45% en ambos en América Latina).8

El descrédito y la desconfianza en las instituciones de-mocráticas es un factor relacionado con el alto nivel de


conflictos existente en Bolivia. La poca legitimidad de las instituciones conduce a que la sociedad civil tanto orga-nizada como no organizada plantee sus demandas en las calles ya que no confía en que éstas sean capaces de ca-nalizar sus demandas de manera satisfactoria, por lo que la acción directa y la protesta social se constituyen en la alternativa.Por otra parte, entre los principios fundamentales de la democracia se encuentra el respeto a los derechos de las minorías, que se constituye en un freno al abuso de po-der por parte de las mayorías y de las autoridades pú-blicas. La tolerancia política se mide en función de la disposición de los ciudadanos a respetar los derechos de las minorías a expresar sus opiniones y posiciones políti-cas en el espacio público.9 Los resultados de la encuesta de LAPOP sobre este tema muestran que en Bolivia el nivel de respeto al ejercicio de los derechos de las mi-norías en el espacio público es muy bajo; el respeto al derecho de las minorías a ejercer su derecho al voto es el que recibe el nivel más alto de apoyo, seguido por el derecho de las minorías de participar en manifestaciones pacíficas, que se encuentra en el punto medio de la escala de medición; los promedios de respeto a los derechos de las minorías a ejercer su libertad de expresión en los

9 LAPOP, 2010.

TABLA Nº 14 / Confianza en las instituciones de la democracia

Fuente: Latinbarómetro, 2010

UruguayVenezuelaCosta RicaBrasil ChileHondurasArgentinaPanamáAmérica LatinaColombiaRepública DominicanaParaguayBoliviaMéxicoEl SalvadorEcuadorNicaraguaGuatemalaPerú

62494744414139373433322828282524211714

45432324232221292323222317191620171413

58384651383434343234282724282221221715

41490

635936370

4558334938555453253135

71524555584136604548344742345749372425

GOBIERNOFUERZASARMADAS

PODERJUDICIAL

PARTIDOSPOLÍTICOSCONGRESO


medios de comunicación y a postularse a cargos públicos no alcanza el punto medio, lo que indica que la toleran-cia política es baja debido, probablemente, a la tradición autoritaria que pervive en el país. El nivel de tolerancia política en Bolivia es el segundo más bajo del continente, pese a la tradición de alta par-ticipación electoral y de procesos electorales pacíficos; este bajo nivel de tolerancia se mantiene al menos desde 1998,10 aunque se ha ido elevando y en 2010 alcanzó su punto más alto, lo que es un cambio positivo hacia una actitud más democrática. La combinación entre un alto nivel de apoyo al sistema po-lítico y una baja tolerancia hacia las minorías políticas da como resultado una estabilidad autoritaria. Así, la existen-

10 En 1998 se iniciaron las encuestas de LAPOP en Bolivia.

cia de un alto apoyo a la democracia en Bolivia –en 2010 alcanzaba a 70,3%11– y del bajo nivel de tolerancia antes descrito colocan al país en una estabilidad autoritaria junto a Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay, que presentan los porcentajes más bajos de las actitudes requeridas para que la democracia sea estable. Sin embargo, hay que reconocer que el porcentaje de la población con actitudes propicias para la estabilidad democrática se ha ido incrementando también y en 2010 llegó al nivel más alto desde 1998.12

Otro aspecto característico de la población boliviana es su alto nivel de participación política, pese al deterioro de los indicadores de confianza en los partidos políticos y en las principales instituciones de la democracia. Este interés en la participación política está vinculado a la

11 LAPOP, 2010.12 Ibídem.

GRÁFICO Nº 20 / Nivel de tolerancia

45,1%47,2%47,5%47,5%48,4%49,2%49,4%50,2%50,2%50,9%51,8%

58,5%59%59%60%60,4%61,4%

63,4%64,5%64,6%

66,6%66,7%67,3%70,4%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

El Salvador

Bolivia

Honduras

Perú

Paraguay

México


Ecuador

Guatemala

Panamá

Colombia

Jamaica

Brasil

Belice

Nicaragua

Surinam

Uruguay

Venezuela

Guyana

Canadá

Trinidad & Tobago

Costa Rica

Argentina

Estados Unidos

Tolerancia política

95% Intervalo de con�anza

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP


continua movilización social y al alto número de con-flictos sociales.En cuanto a la participación electoral –otro rasgo impor-tante de la cultura política democrática–, Bolivia presenta índices igualmente altos; la concurrencia de la población a las urnas para la elección de representantes o para decidir en torno a asuntos de interés público suele ser masiva. Se-gún el último informe de cultura política del Barómetro de las Américas 2010, es el cuarto país con mayor porcen-taje de participación electoral en América Latina,13 y si bien solamente 38% de la población dice tener interés en

13 El alto nivel de participación electoral existente en Bolivia no se puede explicar únicamente por la obligatoriedad del voto ya que la mayoría de los países latinoamericanos tienen voto obligatorio –a excepción de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela– y no cuentan con niveles de participación electoral tan altos.

la política, el país cuenta con un nivel de interés político superior al promedio del continente.14

La combinación entre un relativamente alto nivel de in-terés político y una alta participación electoral condicen con la existencia de una activa participación cívica de los bolivianos, indicador que “proporciona una idea más clara de la voluntad de los ciudadanos de involucrarse en la re-solución de problemas de su comunidad”.15

El alto grado de organización es una característica singu-lar de la sociedad boliviana que la diferencia de las otras de la región –permitiendo entender mejor la cultura política del país– y sin la cual no se podría explicar la capacidad de movilización de las organizaciones y de presión sobre el Estado. Esta capacidad organizativa ha sido reforzada por

14 LAPOP, 2010.15 Ibídem.

GRÁFICO Nº 21 / Interés en la política

0 10 20 30 40 50 60 70 80Interés en la política


28,3%28,4%

30,9%31,0%31,5%32,1%33,5%

35,4%36,0%36,2%

37,2%37,7%38,2%38,6%38,8%39,4%40,3%40,9%41,5%

43,3%44,5%

49,5%50,1%50,4%

72,5%

ChileGuyanaEcuador

GuatemalaBrasilBelice

PerúJamaica

NicaraguaParaguay

PanamáEl Salvador

Trinidad & TobagoMéxico

ColombiaCosta RicaHonduras

BoliviaVenezuelaArgentina

República DominicanaSurinam

CanadáUruguay

Estados Unidos



el propio Estado al ser un requisito para que éste atien-da las demandas ciudadanas;16 el individuo difícilmente logra ser atendido en sus pedidos si no cuenta con el res-paldo de una organización social que le dé legitimidad y le permita ser escuchado. Según datos de LAPOP 2010, Bolivia es uno de los países con mayor participación en organizaciones civiles, sobre todo en asociaciones de padres de familia, comités para mejoras de la comunidad y asociaciones de mujeres, y tie-ne el porcentaje más elevado de participación en asocia-ciones de profesionales del continente. Casi la mitad de la población boliviana participa en organizaciones religiosas y 29% en asociaciones de padres de familia. De acuerdo a esta fuente, alrededor del 20% de los bolivianos se en-cuentra involucrado en juntas o comités de mejoras, lo

16 Wanderley, 2007.

que muestra el interés de la población en participar en organizaciones que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad. Asimismo, alrededor del 15% de la pobla-ción boliviana asistió por lo menos una vez al año a una reunión de asociaciones profesionales a fin de resolver problemas gremiales; y el mismo porcentaje de mujeres asistió al menos a una reunión de grupos de mujeres. Esta participación en organizaciones permite el debate de pro-blemas y la definición de estrategias para resolverlos, entre las que se encuentran, de manera privilegiada, las movili-zaciones sociales.

Por otra parte, es necesario considerar la confianza, uno de los elementos esenciales del capital social, considerado como el conjunto de características de la organización so-cial presentes en las relaciones interpersonales e intersec-toriales en forma de normas, redes de relacionamiento y confianza mutua, y como recurso fundamental para facili-

GRÁFICO Nº 22 / Participación electoral

Interés en la política


57,2%58,0%

60,2%60,9%

66,6%66,8%

69,0%69,4%69,4%70,5%71,0%71,2%

75,2%76,1%76,4%76,7%

79,3%81,8%83,2%84,3%

89,4%92,2%93,5%94,2%

0 20 40 60 80 100

Jamaica

Costa Rica

Colombia

Honduras

Paraguay

Venezuela

Guatemala

Nicaragua

Trinidad & Tobago

Surinam

México

Guyana

Argentina


Belice

Canadá

El Salvador

Panamá

Brasil

Estados Unidos

Bolivia

Ecuador

Uruguay

Chile



tar la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas en beneficio mutuo17 o, en palabras de Bourdieu, como “el conjunto de los recursos reales o potenciales que es-tán ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y de reconocimiento mutuos (…) ligados a la pertenencia a un grupo”.18 Si se analiza los niveles de confianza existentes en Bolivia, pese a la importante participación política y cívica de los bolivianos, puede decirse que el capital social tiene debilidades; según datos de LAPOP de 2010, casi la mitad (44%) de la población considera que la gente de su comunidad es poco o nada confiable. Esta débil confianza en la gente de la propia comunidad –y eso permite suponer que, con mayor razón, en perso-nas ajenas– imposibilita la cohesión, obstaculiza prácticas cooperativas y la realización de acuerdos y pactos, vita-les para la gestión pacífica de los conflictos. El rol que cumple el capital social en la gestión de conflictos y en la construcción de paz es fundamental debido a que esta-blece y refuerza los vínculos entre individuos y grupos y, al mismo tiempo, posibilita el flujo de recursos; además, el capital social favorece la cohesión social y, por lo tanto, atenúa la posibilidad de escalada violenta de los conflic-tos.19 Es evidente que los bajos niveles de capital social del país debilitan el tejido social, facilitando la proliferación

17 Putnam, 1993, 18 Bourdieu,1980.19 Carrión, 2012.

GRÁFICO Nº 23 / Participación en organizaciones sociales

GRÁFICO Nº 24 / Niveles de confianza

Fuente: LAPOP, 2010.

Promedio

95% Intervalo de con�anza (Efecto de diseño incorporado)

0 10 20 30 40 50 60

Organización religiosa

Asociación de padres de familia

Comité/junta de menores

Asociación de profesionales

Asociación/grupo de mujeres 13,6

14,3

22,4

29,1

49,4

Muycon�able

14,0%

Algocon�able

41,9%

Pococon�able

33,4%

Nadacon�able

10,8%


de conflictos y haciendo difícil su gestión con una orien-tación constructiva. Otro elemento característico de la sociedad boliviana y altamente preocupante es la práctica cotidiana de la vio-lencia –estructural, cultural y directa20– que hace víctimas a los más vulnerables, especialmente a las mujeres, los niños y los ancianos. Resultan ilustrativos de esta situa-ción algunos datos sobre violencia directa contra mujeres y niños: actualmente cada tres días muere una mujer por

20 Véase capítulo 1.


feminicidio;21 el Sistema Nacional de Información Sani-taria reporta un promedio diario de 14 mujeres que re-ciben asistencia en centros de salud por violencia física, psicológica y sexual;22 según datos de la Defensoría del Pueblo, siete de cada diez niños y adolescentes reciben maltratos en sus hogares, en las escuelas y en los lugares de trabajo;23 el Hospital del Niño reporta que los casos de agresión sexual a menores de catorce años se incremen-taron en 400% entre 2008 y 2011.24 Lo afirmado por un participante en una investigación sobre representaciones sociales de cultura de paz en Bolivia realizada entre 2010 y 2011 es revelador al respecto: “Lo utilizamos [la violen-cia] porque no hemos tenido una niñez feliz, siempre los papás han pegado y eso estamos repitiendo.”25

El creciente uso de la fuerza para resolver los problemas ha conducido a que prácticas que violan los derechos humanos fundamentales, como el linchamiento, ya no sean ocasiona-les, sino que se hayan convertido en una pesadilla cotidiana. Durante el año 2009 se produjeron 71 intentos de lincha-miento, con un saldo de por lo menos 15 personas muertas; en 2010 se registraron 45 casos en los que fueron asesinadas al menos 21 personas y 58 resultaron heridas;26 hasta octu-bre de 2011 se produjeron 20 casos en los cuales perdieron la vida nueve personas y 30 quedaron heridas.27 En la mayor parte de los linchamientos no se identificó ni sancionó a los responsables, por lo que han quedado en la impunidad. En un contexto en que la violencia es una práctica co-tidiana no es extraño que la gente tienda a considerarla como un recurso al que se puede echar mano en algunas circunstancias. Los datos de una encuesta nacional urba-na realizada en 201128 son reveladores en este sentido: la mitad de la población (50%) considera que la sociedad boliviana es violenta y una amplia mayoría (84%) declara no estar de acuerdo con el uso de la violencia; sin embar-go, 20% cree que se la puede usar para “hacerse respetar”, 11% en caso de conflicto, 11% para reivindicar derechos y 5% para lograr mejoras económicas, lo que significa que

21 CIDEM, 201222 Centro de Noticias OPS/OMS en Bolivia, 26 de abril de 2011.23 www.defensoria.gob.bo24 La Prensa, 29 de marzo de 2011.25 Participante de Santiago de Huari, Fundación UNIR (doc. no

publicado).26 ACNUDH, 2010.27 ACNUDH, 2012.28 Fundación UNIR, 2012.

cerca de la mitad de la población (47%) justifica el uso de la violencia y que el nivel de rechazo tan alto antes men-cionado es más declarativo que real. La conflictividad social es un ámbito en el que la violencia no está ausente, aunque la mayor parte de los conflictos no llegan a ser altamente violentos, como se vio en el capítulo 3. Participantes en la investigación sobre cultura de paz antes mencionada señalaron: “…[la violencia] es un mal necesario para ser escuchada. Aquí el uso de la violencia es un modo de lograr reconocimiento.” y “Cuando existe descontento, cuando no logramos lo que queremos, cuan-do solicitamos algo al gobierno, no vamos por el diálogo, entonces generamos violencia”.29 HCF Mansilla sostiene que el sindicalismo en Bolivia no es proclive ni al pluralis-mo de ideas y de partidos ni a soluciones negociadas en-tre actores, sino a posiciones maximalistas y a percibir los conflictos como luchas sin merced en un juego de suma cero, donde sólo puede haber un ganador total frente a un perdedor absoluto.30 Así se puede explicar porqué fre-cuentemente el desacuerdo y la contraposición de intere-ses conducen al enfrentamiento e incluso a la violencia.Se puede concluir que entre las características política-mente relevantes de la sociedad boliviana se encuentran el alto nivel de organización, la alta participación cívica y política, la desconfianza hacia las instituciones y los parti-dos políticos y su sustitución por los movimientos sociales que no actúan por vías institucionales, sino que, en una situación de pobreza e inequidad que genera frustración y malestar, privilegian la protesta callejera, generando una ecuación en la que el resultado final es el alto nivel de con-flictos sociales que, en el contexto de una sociedad en que la violencia es habitual, pueden derivar en ésta.

LA COMPLEJA CULTURA POLÍTICA bOLIvIANA

El bagaje cultural de una sociedad condiciona la conducta cívica y política de los ciudadanos, de modo que la forma de plantear reclamos, las medidas de presión utilizadas y la disposición a resolver los conflictos son factores que se explican a partir de las tradiciones culturales que permean

29 Participante de grupo focal, Fundación UNIR (doc. no publica-do).

30 Mansilla, 1991.


las prácticas cotidianas, perduran en el tiempo y son de difícil transformación. Estas conductas cívicas y políticas recurrentes componen la cultura política, entendida como “el conjunto de elementos y rasgos políticamente relevantes que caracterizan a una sociedad determinada, prestando es-pecial atención a los valores de orientación, puntos de vista y actitudes reiterativas”.31 Así, la(s) cultura(s) política(s) de una sociedad se puede(n) expresar en las percepciones, va-lores, creencias, actitudes y prácticas de los distintos grupos y sectores sociales en torno al Estado y sus actores, influ-yendo de manera determinante en la relación sociedad - Estado y en el relacionamiento entre los distintos sectores sociales. En Bolivia conviven y se entrelazan múltiples culturas políticas con diferentes rasgos específicos, aunque es po-sible identificar algunas características predominantes. De acuerdo con estudiosos del tema, los rasgos centrales de la cultura política boliviana que se han mantenido inmutables a lo largo del tiempo son el autoritarismo, el paternalismo, el centralismo,32 el clientelismo y el prebendalismo.33 La tendencia autoritaria determina que las naturales divergen-cias entre grupos y/o con el Estado y las demandas sociales, en lugar de plantearse a través del diálogo y la participación constructiva, se expresen por medio de la presión social y el uso de la fuerza. Pese a que han transcurrido casi treinta años de la recuperación de la democracia, en la actualidad se mantienen rasgos de autoritarismo expresados en las de-mandas de la población que se plantean a través de vías no institucionales y frecuentemente recurriendo a la fuerza, en las respuestas estatales frente a las demandas sociales y en la propia práctica de las organizaciones sociales.El paternalismo contribuye a que se considere que el Esta-do es el encargado de atender y resolver todos los proble-mas de la sociedad, sin asumir corresponsabilidad en ello. El centralismo explica en gran medida por qué la conflicti-vidad se concentra sobre todo en el nivel central de gobier-no. Finalmente, la tradición clientelista y prebendal hace que la relación entre el Estado y la sociedad se visualice como una de proveedor - cliente, en la que el primero satis-face las demandas a cambio de apoyo político y cuando ésta no es satisfecha, la relación se torna conflictiva. Es perti-nente señalar que estas características de la cultura política

31 Mansilla, 2009.32 Ibídem.33 FBDM, 2009.

boliviana se fueron configurando a través de un proceso de retroalimentación continua entre el Estado, las élites políti-cas y económicas y la sociedad. Sin desmerecer los importantes avances que ha logrado el país en el fortalecimiento de la institucionalidad democrá-tica y de las prácticas democráticas, es necesario reconocer la existencia de una cultura política híbrida en la que el recurso a la norma se combina con la protesta en las calles. La activa participación ciudadana por medio de manifesta-ciones y protestas sociales es un rasgo particular de la socie-dad boliviana que determina que el país tenga un número de conflictos sociales comparativamente mayor en relación con los otros países de la región.34 La cultura política democrática es aquella que permite una convivencia entre los miembros de la comunidad regida por valores de tolerancia, respeto, diálogo, pluralismo y corres-ponsabilidad, lo que la diferencia claramente de los auto-ritarismos. Una cultura política democrática implica que los miembros de la sociedad se perciban a sí mismos como actores centrales del devenir político y desarrollen capaci-dad de organización y de planteamiento de demandas al sistema político, para lo cual se requiere que los ciudadanos conozcan su funcionamiento y se sientan capacitados para influir directa o indirectamente en la formulación de polí-ticas públicas.35 Por ello, “la cultura política democrática se caracteriza principalmente por la participación activa que muestra la gente en la solución de los problemas de interés comunitario, como la responsabilidad y el compromiso con el destino de la comunidad política”.36 Como se vio en el capítulo 2, Bolivia ha avanzado de manera significativa en la ampliación y profundización de la democracia a través del establecimiento de una serie de espacios y mecanis-mos de participación política directa que han fortalecido la cultura democrática, especialmente en la capacidad de definición e incidencia en políticas públicas, aunque aún prevalecen rasgos de una cultura política autoritaria.La cultura política del país, de acuerdo a distintos autores, está colmada de paradojas y contradicciones. René Ma-yorga señala que hay una coexistencia o simultaneidad de

34 Datos del libro Los conflictos sociales en América Latina, que analiza la conflictividad social en América Latina entre septiembre de 2009 y octubre de 2010, sitúan a Bolivia entre los países con ma-yor cantidad de conflictos sociales.

35 Peschard, 2001.36 Murillo y Pizano, 2003.


un proceso de maduración democrática y una persistencia de valores antidemocráticos o patrones disfuncionales con el sistema democrático.37 Por su parte Sánchez Serrano sostiene que continuamente se transita entre el enfren-tamiento y el pacto, la acción directa y la norma legal, el conflicto y el consenso.38 Evidentemente, en Bolivia pre-valece una dimensión para institucional de la acción co-lectiva, las relaciones entre el Estado y los grupos sociales se mueven entre lo formal y lo no formal,39 podría decirse que los actores tienen una manera “anfibia de moverse en-tre la negociación y la violencia”.40

Esta situación es resultado del proceso accidentado, gra-dual y complejo de construcción estatal. El Informe de Desarrollo Humano 200741 plantea que Bolivia es un “Estado con huecos” en el que prevalecen formas y expre-siones políticas diversas y están ausentes normas del esta-do de derecho, conviven el particularismo, el clientelismo y espacios duales, y el Estado tiene grandes dificultades para ejercer su soberanía sobre el conjunto del territorio. Como se planteó en el capítulo 5, la figura del “Estado con huecos” describe un tipo de dinámica social en la cual una multiplicidad de grupos sociales que no accedieron a una ciudadanía plena se relacionan con el Estado a través de la práctica de arrancarle concesiones –generando con-flictividad social– a fin de ir avanzando en el logro de re-conocimiento. Esta situación contribuye a profundizar los particularismos y corporativismos, dificultando la cons-trucción de una noción de bien común, necesaria para el desarrollo de una cultura política democrática, aunque es preciso reconocer que allí donde el Estado no sentó presencia la propia sociedad se dotó de mecanismos para suplir de algún modo esta falencia, lo que de todos modos no resuelve el problema a nivel del país en su conjunto. La cultura política de la democracia en Bolivia se encuen-tra en proceso de construcción, aún no se han desarrollado valores democráticos sólidos, manteniéndose fuertes resa-bios de épocas autoritarias, pese a las distintas reformas institucionales que fueron estableciendo mecanismos de participación social en los asuntos públicos y a las trans-formaciones políticas que se han producido en los últimos

37 Mayorga, 1997.38 Sánchez Serrano, 2005.39 Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011.40 Nató y Rojas, 2008.41 PNUD, 2007.

años. El fuerte arraigo del centralismo, paternalismo y au-toritarismo en la cultura política contribuye a explicar, al menos en parte, la recurrencia al conflicto, como medio de planteamiento de demandas, y la concentración de éstas en el Estado, particularmente en el gobierno central. En el desarrollo y desenlace de los conflictos sociales se pueden observar algunos de los rasgos peculiares de la cultura política antes mencionados: las movilizaciones y protestas callejeras son los recursos más utilizados para plantear demandas sociales, aunque éstas no parecen ser del todo efectivas puesto que solamente en un porcentaje menor logran la satisfacción de las demandas: entre 2009 y 2011 solamente se establecieron acuerdos (parciales o totales) en 21% de los casos.42 Existe una predisposición mayor a reclamar derechos que a cumplir obligaciones; se-gún datos del Latinobarómetro 2011, 44% de los bolivia-nos exige sus derechos frente a un porcentaje de sólo 18% que es consciente de sus obligaciones y deberes. Hay una tendencia a buscar la resolución de conflictos mediante la aprobación de normas legales, aunque hay renuencia a cumplir las leyes; de acuerdo al Latinobarómetro, Bolivia ocupa el penúltimo lugar del subcontinente (con 16%) en cuanto al cumplimiento de leyes.43 Los repertorios de la acción colectiva presentan características crecientemente dramáticas, esto se evidencia en las medidas de presión que se adoptan en los conflictos (cosido de labios, crucifi-xión, tapiado, extracción de sangre, etc.), que son estrate-gias de victimización dirigidas a conmover a la población a fin de lograr la atención de la demanda. Además, esta dramatización de las medidas de presión está directamen-te relacionada con el rol de los medios de comunicación en los conflictos sociales ya que sin una medida de presión espectacular e innovadora que cautive la atención de los medios y de las audiencias se corre el riesgo de que el conflicto pase desapercibido y, por tanto, no sea atendido. Bolivia es un país con una cultura política compleja en la que coexisten la democracia y el autoritarismo, el enfren-tamiento y el pacto, la acción directa y la norma legal, el conflicto y el consenso, el planteamiento de demandas al Estado sin confiar en éste, la judicialización de los conflic-tos sin creer en la justicia, la recurrencia a la protesta social y al conflicto aunque éstos no siempre sean efectivos.

42 Datos de la Fundación UNIR, 2011.43 Latinobarómetro, 2011.

Capítulo 7

Los conflictosy el espacio

público


La idea de espacio público remite a la plaza (el ágora griega1) donde se construyen las relaciones sociales y se debaten los asuntos de interés general. Para Habermas, el espacio público es el ámbito de la vida social en el que se puede construir opinión pública –discusiones públicas sobre temas que dependen de la praxis del Estado– como eje de la cohesión social y de la legitimación política.2 El espacio público es, en esencia, aquel en el que cobran for-ma y se visibilizan las posturas, planteamientos y acciones que los distintos actores sociales exteriorizan y desarrollan en la lógica de la convivencia política.3 En Bolivia el espacio público donde se construyen las re-laciones sociales, se desarrollan las identidades, se plan-tean necesidades y demandas, se fraguan las protestas y se resuelven las tensiones, ha sido tradicionalmente la calle. La calle es el espacio emblemático que define la praxis social y política nacional.En las últimas décadas del siglo pasado y especialmente en los primeros años del siglo XXI, cuando los cambios económicos, políticos y tecnológicos que se experimen-taron en el mundo hicieron de él un sitio más interco-nectado, generando un fuerte impacto no sólo económico, sino también social y cultural, el espacio público cobró una nueva dimensión. La creciente gravitación sociopo-lítica de los medios de comunicación y el desarrollo de la

1 En la antigua Grecia el ágora o plaza pública era el centro de la actividad social y política, donde se debatían los asuntos de interés de la ciudad-estado; esta práctica de deliberación entre ciudada-nos constituía la base del sistema de participación democrática.

2 Habermas, 1964.3 Gaztea, 2007.

sociedad red4 son dos aspectos centrales de esta reconfi-guración del espacio público.Bolivia no se encuentra al margen de este influjo; si bien en algunas áreas geográficas remotas, sobre todo en la re-gión andina y en la Amazonía, aún existen bolsones que se mantienen al margen de estas transformaciones, los cam-bios se han ido asimilando de manera progresiva en todo el país. Aunque con pequeñas variantes debidas a las brechas socioeconómicas existentes, la incorporación al entramado mediático y al mercado cultural global ha crecido y ha au-mentado significativamente el acceso a los medios tradicio-nales (prensa, radio y televisión), a la comunicación celular y a la Internet, desarrollándose un nuevo tipo de socializa-ción comunicacional en la vida cotidiana de los bolivianos.Así, se ha producido una modificación de la forma de incorporación en la dinámica sociopolítica del país y del mundo en general que actualmente pasa, en buena medi-da, por integrarse al cosmos de la información y la comu-nicación. La manera en que el acontecer político es pre-sentado (anunciado y/o explicado) y, por esa vía, colocado en la agenda pública, forma parte indivisible de la forma en que la conflictividad y sus expresiones se constituyen en el “tema de debate” (al estilo del ágora) de la población.Esta transformación del espacio público no implica que el ámbito tradicional, la calle, haya dejado de ser significati-vo, sino que éste –que mantiene toda su vitalidad– se ha complejizado con la adición de un espacio virtual que se ha desarrollado rápidamente, especialmente en las áreas urbanas y entre la población joven.

4 Castells, 2009.

CAPÍTULO 7

LOS CONFLICTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO


1. ESPACIO PÚbLICO, POLÍTICA y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Si se toma al espacio público como “un espacio simbólico, virtual y reticular”5 surgido de la relación entre la industria periodística y sus públicos en un contexto de sociedad de masas,6 para su existencia y desarrollo es necesario un sis-tema que asegure la vigencia de derechos y libertades que permitan la construcción de opinión pública sin que ésta sea confiscada por los poderes. Esto no significa la elimina-ción de tensiones y conflictos, puesto que el espacio público es justamente el ámbito en el que expresan los intereses y posiciones existentes en la sociedad, sino su compulsa y disputa. En este sentido, el Derecho a la Información y a la Comunicación, asentado en una serie de principios (li-bertad, pluralismo, inexistencia de censura previa, no dis-criminación, respeto de la intimidad, acceso, participación, transparencia, interés público y protección de derechos) y libertades7 es uno de los basamentos de la democracia. Así, las libertades de expresión y de opinión forman el principio no cuestionable de la relación entre la política y los medios de comunicación en cualquier tipo de democracia.8

El actual espacio de la comunicación es resultado de ex-periencias y conflictos de interés de diverso tipo, y hoy está cada vez más asociado con las nuevas pautas de socia-lización comunicacional, particularmente entre los jóve-nes, que han generado nuevas subjetividades y planteado formas distintas de comprensión de la democracia y del conflicto y de actuación sociopolítica. Un poder público comunicacional democrático está ins-talado en el imaginario local no como una realidad, sino como un horizonte. En él confluyen los Estados, las so-ciedades y sus distintas prácticas y estrategias de poder.Un componente fundamental dentro de este esquema mul-tifactorial es, sin duda, el que representan los medios de difusión (o mass media, conforme a la tradición mediocen-trista estadounidense). En efecto, los medios, a través de intrincados procesos unidireccionales y autorreproductivos, establecen verdaderas agendas (modelos) para la (re)pre-sentación pública de un unilateralmente predefinido entor-no realmente importante/posible. Como apunta Torrico, “Sin

5 Pissarra, 1995.6 Correia, 1998.7 Fundación UNIR Bolivia, 2011.8 PNUD y OEA, 2010.

llegar al extremo de creer que la vida pública es inexistente al margen de los mass-media sí es posible convenir en que éstos se han convertido en uno de sus factores centrales, en particular porque conectan el ‘mundo íntimo’ de los in-dividuos y familias con el ‘mundo exterior’ de los procesos sociales (y, privilegiadamente, de aquellos de naturaleza po-lítica)”.9

Como queda claro, a través de la labor de los medios de comunicación se reconfiguran, diferencian y homogeni-zan los imaginarios colectivos y, al mismo tiempo, a través de los nuevos medios, se accede de forma más directa y proactiva a los circuitos de la comunicación global. Au-menta, en otras palabras, el poder comunicacional; pero también crece el ámbito individual para generar informa-ción y contribuir directamente a la creación de narrativas e imaginarios colectivos, en el marco de una tendencia democratizadora de los sistemas de comunicación. Estos cambios en la definición del espacio público, tanto real como virtual, contribuyen a la reconfiguración de la es-cenificación política: impactan directamente en la forma en que tiene lugar la representación de la escena política, las formas de hacer política y las expresiones de la ac-ción colectiva. Se fortalecen tendencias personalistas, re-lativamente independientes de los sistemas partidarios tradicionales. La estética de la imagen y las encuestas de opinión son los nuevos instrumentos de la política en un sistema de gobierno relativamente nuevo que reemplaza-ría o complementaría a la democracia representativa y que Manin10 define como “la democracia de lo público”. La mayor parte de las agendas de poder y opciones políticas se construyen y configuran en este nuevo espacio público. Estos cambios introducen nuevos lenguajes y están re-componiendo la relación política-sociedad.Sin embargo es importante resaltar que, si bien la cons-trucción de realidades sociales en los medios es simplifi-cada y esquemática y reduce la capacidad de deliberación entre los actores, tiene un alcance informativo universal, inédito en la historia humana. Es indudable que muchos de los avances sociales y democráticos del mundo serían impensables sin el poder de comunicación de los medios. Hoy la esfera pública, esto es, el espacio de vida social donde las personas interactúan para hacer escuchar públi-

9 Torrico, 2007.10 Manin, 1992.


camente su voz en relación con la práctica del Estado,11 se representa crecientemente en los medios.Castells ha desarrollado la tesis de que la comunicación, y en especial aquella socializada, apoya la producción social de significados y es el campo de conflicto en el que se expresan las personas y las sociedades.12 Para este autor, las crecientes mutaciones tecnológicas expanden el alcan-ce de los medios a todas las esferas de la vida social en una red que es, al mismo tiempo, local, global, genérica y personal. Como resultado, las relaciones de poder, así como la conflictividad, se desarrollan en los espacios de la comunicación pública. En este sentido, si las relaciones de poder son siempre conflictivas ya que las sociedades son intrínsecamente heterogéneas y contradictorias, la relación entre comunicación y poder refleja los intereses conflictivos que existen en las sociedades.Las industrias culturales trabajan en red, son concentra-das y, a la vez, segmentadas, lo cual genera un sistema de competencia cuasi oligopólico. Sin embargo, el poder de los medios no sólo se asienta en su lógica oligopólica, sino también en su capacidad de influencia sobre la opinión pú-blica. Los medios son competitivos y pueden ser plurales, pues para permanecer vigentes necesitan mantener la cre-dibilidad de las personas y enfrentar a sus competidores. Hoy la política es principalmente mediática, las acciones políticas son reelaboradas por los medios; y aunque éstos no tienen todo el poder, construyen un espacio en el cual se decide el poder y también el conflicto. Cada vez más la política y la suerte de los conflictos dependen de la pre-sencia y de la política mediática. Los medios construyen realidad, elaboran narrativas e imaginarios colectivos que tiene un fuerte impacto en la vida de las personas y en la dinámica de los conflictos, en la toma de decisiones de los actores y, muy especialmente, en la elaboración de agendas, es decir, en la búsqueda de una relación fértil entre metas y resultados por parte de los actores sociales y políticos.13

11 João, 2010.12 Castells, 2009.13 Si bien en la actualidad tanto los enfoques teóricos funcional positi-

vistas como crítico marxistas sobre la influencia de los medios en las audiencias han dejado atrás la idea de unos medios muy poderosos, al menos dentro de la línea crítica se ha aportado evidencia empíri-ca sobre la influencia mediática a largo plazo en los comportamien-tos y actitudes de las personas (véase Wolf, 1994 y Lozano, 2007).

Es así que los medios se constituyen en fuentes de poder, en constructores de significados e imaginarios públicos sobre el conflicto. Necesitan de los conflictos y los conflic-tos los necesitan a ellos. Son, en suma, espacios públicos donde se reflejan, crean y disputan las relaciones de po-der, donde se reconocen los conflictos entre los actores en pugna. No son neutrales, pero tampoco instrumentos me-cánicos de poder; constituyen el lugar donde se expresan los intereses políticos y sociales, y son también negocios. Sus características dependerán del mercado y del juego de intereses y presiones de los actores concretos.14

Por tanto, el espacio público es el lugar donde se expresan y convergen diversos intereses y proyectos; como la pro-pia comunicación, el espacio público es multidimensional, en éste se expresan las disputas socialmente constituidas en tanto es portador del nuevo momento histórico que emerge en el mundo contemporáneo.La dinámica de los conflictos sociales es parte crucial de es-tas tendencias. No solamente los conflictos se mediatizan, sino que los actores empiezan a desarrollar una sensibilidad hacia el poder de los medios y a considerar este elemento en la definición de sus estrategias de acción. Puesto que los medios de comunicación —principalmente la prensa y la televisión— son los espacios en que converge cada vez con mayor fuerza el sistema de toma de decisiones políticas y el público, en muchos casos aquéllos adquieren un papel instrumental en la táctica de los movimientos, bajo el lema “lo que no aparece en los medios no existe”. Así, nuevas formas de conflicto se desarrollan en directa simbiosis con el contexto mediático, principalmente a través de Internet, parafraseando a McLuhan15 se podría decir en estos casos que “el medio hace el conflicto”.

2. LA MUTACIÓN DEL ESPACIO PÚbLICO bOLIvIANO POR EL PROTAGONISMO MEDIÁTICO y EL INfLUJO TECNOLÓGICO

Si bien en Bolivia la tendencia ha sido una combinación de la “política de palacio” y “política en la calles”,16 en los últimos años el panorama se ha complejizado con las nue-vas formas de comunicación que modifican y recodifican

14 Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011.15 Mc Luhan, 1994.16 Calderón y Szmukler, 2000.


la política, los conflictos sociales y el propio espacio públi-co. Contribuye a ello el hecho de que, fruto de los acon-tecimientos de los últimos años, sobre todo desde fines del siglo pasado, el espacio público boliviano ha experi-mentado una inédita mutación como efecto de los cam-bios políticos y de los alineamientos en torno al acceso y ejercicio del poder. Uno de los efectos más importantes de esto–con poca probabilidad de reversión en el futuro me-diato– es el replanteamiento de las pautas de articulación entre públicos consumidores y contenidos ofrecidos por los medios, pasando de una relación asentada en los usos y preferencias de las audiencias a otra de alineamientos político regionales o político partidarios.17 Tras la reapertura democrática de 1982, la relación me-dios-campo político ha atravesado por al menos cuatro momentos significativos. El primero tuvo lugar con la vi-sibilización de hechos y personajes políticos en la oferta mediática; el segundo con la emergencia de los medios televisivo y radiofónico como escenarios para la reali-zación “en directo” de la política; el tercero, identificado con el ingreso de gente de los medios a organizaciones partidarias, estuvo signado por el desarrollo de campañas mediáticas para enfrentar al poder político y por la inser-ción de políticos en espacios mediáticos o en el control propietario de medios; y el cuarto, plenamente vigente, se presenta con la función de los medios como portavoces de posiciones ideológicas antagónicas.18

Una de las expresiones más importantes de ese cuarto momento es la actual congruencia del escenario mediá-tico boliviano con las características del campo político19 del que es parte, en cuanto a la exacerbación del juego político.20 Si bien hubo momentos en que se preveía la atenuación de la escisión entre medios oficialistas y me-dios de oposición vía equilibrio de fuerzas21 (compra-ven-ta de acciones de la red televisiva ATB y del matutino paceño La Razón y establecimiento de una red mediática estatal controlada por el gobierno central con el periódico

17 Fundación UNIR Bolivia, 2011.18 Torrico, 2007.19 Esta relación recupera la idea de campo político como un espacio

que “…está conformado por una pluralidad de sujetos: profesio-nales de la política (dirigentes, representantes electos, funciona-rios, etc.), analistas, organizaciones sociales y cívicas, comunica-dores y periodistas, entre otros” (García y García, 2010).

20 García y García, 2010.21 http://erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483919768.

Cambio, el canal estatal y la red radiofónica Patria Nueva, cuyo rol es tan o más importante que el de las nTIC en la difusión de mensajes, aspecto que incide sobre los con-flictos sociales), los datos evidencian que lo que define a la práctica comunicacional en el campo político es la lógica de la acción mediática,22 fuertemente arraigada en uno y otro bando.23 Con esos procesos como marco de referencia, el papel cumplido por los medios de difusión en relación con la conflictividad boliviana presenta varias aristas. Tal vez la mejor forma de abordar esta compleja trama sea destacar el hecho de que, “De ser relatores de conflictos al empezar el período democrático, los medios pasaron a constituirse en uno de sus escenarios, en particular durante lapsos elec-torales o en trances de crisis entre oficialismo y oposición (…)”.24

Ese rol crucial que define los límites, configuración y al-cances del campo político periodístico en el que toman parte centralmente periodistas, empresarios mediáticos y fuentes periodísticas,25 ha hecho de los “grandes” medios bolivianos auténticos articuladores de la socialización po-lítica26 de la conflictividad y de la comunicación pública27 de sus efectos.Acorde a los mecanismos propios de la producción a gran escala de mensajes informativos, de opinión o interpreta-tivos, los conflictos y sus protagonistas son representados cotidianamente por la acción mediática con arreglo a un depurado ejercicio estratégico de escenificación de la pro-testa. Entre estas prácticas estratégicas se puede destacar las siguientes:28

• Visibilización/ampliación: la acción de los medios es-cenifica las demandas de los actores sociales y, por esa

22 La acción mediática (Ramos, 2011), estrechamente relacionada con la técnica y la práctica de la propaganda, implica “la acción política misma [que] acaba identificándose con el espectáculo mass-mediático: se gobierna o se hace oposición de cara a la cá-mara, o a los sondeos, que son otra forma de la indispensable y permanente producción de imagen” (Martín-Barbero, 1999).

23 Esta situación permea incluso el discurso político del oficialismo, que presenta a los medios de comunicación como adversarios po-líticos e incluso como enemigos del gobierno de Evo Morales.

24 Torrico, 2007.25 Archondo, 200326 Argirakis, 2007.27 Pereira, 2006.28 Exeni, 2006.


vía, los hace visibles y genera su reconocimiento por parte del sistema político.

• Ocultamiento/disminución: la cobertura mediática puede otorgar un status marginal a determinados te-mas de la agenda pública que carecen de potencial de movilización o de difundibilidad noticiosa.

• Sostenimiento/intensificación: los medios pueden pro-longar la permanencia de un tema en la agenda infor-mativa, reciclándolo permanentemente, aun cuando su planteamiento como demanda social haya perdido relevancia en un momento determinado. También pueden reponer temas ya atendidos por el sistema político.

• Distorsión/desviación: los medios pueden deformar según sus necesidades, en su tratamiento informativo, las demandas planteadas por los actores sociales.

• Jerarquización/fragmentación: los medios otorgan un orden de importancia a los temas en su agenda; ade-más, tienden a fragmentar y descontextualizar las de-mandas de los actores sociales.

• Creación/reconstrucción: la agenda mediática puede re-poner viejos temas, otorgándoles algún componente de actualidad noticiosa o pertinencia pública.

Como complemento, la influencia mediática dirigida al poder gobernante se ejerce en tres ámbitos de acción es-tratégica. El primero es el del procesamiento de la deci-sión política dentro del conjunto de mensajes que circu-lan en el interior del sistema para la exteriorización de las decisiones del Poder Ejecutivo. El segundo ámbito es el de la incidencia mediática en los flujos comunicacionales entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto del procesa-miento de las demandas sociales. Y el tercero es el de la esfera social del Estado, destacándose dentro de ésta la relación del sistema político con su entorno, y la forma en que los medios influyen en el nexo entre agenda político institucional y las demandas dirigidas hacia el sistema.29

Entendida la acción mediática desde la perspectiva de su influencia en la esfera de la gobernabilidad, en la que los medios cumplen un rol de actores estratégicos de fomento o control —o de detonación y agravamiento— de ésta,

29 Ibídem.

sus efectos tienen directa relación con tres espacios de in-fluencia de la comunicación política, a saber:30

• La expresión de las demandas y reivindicaciones de los gobernados, y su procesamiento como asuntos que se dirigen al sistema político. En este espacio inte-resan las formas en que la agenda mediática traduce informativamente la agenda pública.

• La expresión de las respuestas y decisiones de los go-bernantes, y su vinculación con las pautas de atención y decisión a propósito de la sociedad. En este espacio cobra relevancia el modo en que los medios presentan la agenda político institucional.

• La intermediación entre demandas de la sociedad y respuestas del gobierno, como sujetos canalizadores o como operadores-filtro. En este espacio es funda-mental la manera en que la acción mediática actúa como soporte/instrumento de convergencia o diver-gencia de los anteriores procesos.

En ese marco, los medios de información bolivianos ape-lan a distintos mecanismos para expresar la conflictividad. El trabajo técnico de formalización de los mensajes, desde la reproducción descriptiva del hecho concreto (los de-mandantes acaban de), la valoración de sus implicaciones (el conflicto amerita que) o la interpretación de sus causas profundas (el conflicto revela que), implica la aplicación de una rutina de producción discursiva que, según Ar-girakis, consta de tres momentos: diseño, en el que tiene lugar la detección de un conflicto con “vida útil” para po-sicionarlo en la agenda; politización, en el que se genera un efecto público centrípeto alrededor del conflicto; y “preto-rianización”, en que se ejerce influencia para conseguir la adhesión del público a posiciones políticas específicas.31

Paralelamente, y de manera funcional al protagonismo mediático en la esfera pública, se dan tres “modelos de in-formación”,32 sobre cuyos fundamentos son procesados los insumos informativos, de opinión e interpretativos antes mencionados:• modelo de (in)visibilización, por el cual ciertos conflic-

tos son incluidos o no dentro de la agenda mediática.

30 Ibídem.31 Argirakis, 2007.32 Torrico, 2007.


• modelo de (des)legitimación, a partir del cual, una vez visibilizado un conflicto, la siguiente acción mediática puede ser de “autorización” respaldatoria o trivializa-ción inhabilitadora.33

• modelo de azuzamiento, que se emparenta con la inci-tación a las partes en conflicto a acrecentar la tensión existente.

Es claro que esta lógica periodística de tratamiento de la conflictividad termina echando por tierra toda pretensión de independencia mediática y asepsia discursiva. La iden-tificación de estos modelos en productos informativos es preocupante en relación a la construcción de valores de-mocráticos y de una cultura de paz.La producción periodística de los medios bolivianos en relación con algunos momentos trascendentales de la his-toria política reciente, como el enfrentamiento entre mili-tares y policías en la sede de gobierno en febrero de 2003 y la llamada “guerra del gas” de octubre del mismo año; el proceso constituyente entre 2006 y 2008; la realización del segundo cabildo cruceño por la autonomía en enero de 2005; el enfrentamiento violento entre campesinos y citadinos en Cochabamba en enero de 2007; la realiza-ción del cabildo paceño en defensa de la inamovilidad de la sede de gobierno en julio de 2007; la desarticulación de un presunto grupo terrorista en Santa Cruz en abril de 2009; y las elecciones para gobernaciones y alcaldías de abril de 2010,34 por citar algunos,35 muestra lo antes señalado.Sin menoscabo de lo dicho conviene dejar establecido que las lógicas que priman en el espacio público responden invariablemente a la dinámica propia del campo políti-co periodístico, en la que se produce una transacción de tres tipos de bienes: materiales, simbólicos y legales.36 Los primeros, estrictamente económicos, pueden ser pagados en moneda o con servicios de acuerdo a pautas de inter-

33 Las extensiones discursivas de este segundo modelo pueden ob-servarse en el uso de oposiciones lingüísticas comprensibles den-tro de un eje bivalente de positividad y negatividad (véase Mene-ses, 2009).

34 Véase al respecto Poma, 2011 y ONADEM, 2011.35 Los estudios sobre las coberturas periodísticas de los procesos

mencionados se encuentran en Torrico, 2007; Tórrez, 2007; Or-dóñez, 2007; Flores, 2007; y Meneses, 2007.

36 Archondo, 2003.

cambio sentadas por el mercado (anuncios publicitarios, por ejemplo); los segundos, de naturaleza inmaterial, evi-dencian la puesta en juego de bienes protegidos como la reputación y la credibilidad; la relación en esta categoría se consuma con una positiva convergencia de ambas en el momento del consumo de la oferta periodística por parte de los públicos; los terceros, esencialmente emparentados con la ley, permiten advertir los estrechos lazos existentes entre el poder político y el poder mediático a propósito de la fijación de normas para el desarrollo de éste y que, en algunos casos, pueden redundar en márgenes para la negociación de concesiones mutuas.Todo lo dicho muestra de manera sintética las distintas dimensiones y aristas de la acción de los medios de difu-sión en la esfera de la conflictividad política. Puesta esta acción en la perspectiva de la configuración y los alcances del espacio público, no cabe duda de que los mass-media son un elemento de primera importancia no sólo porque tienen la capacidad reconocida social y políticamente de (re)presentar el entorno cotidiano, sino porque, en defi-nitiva, son parte indivisible del complejo artefacto37 del espacio público.En ese rol crucial en el que convergen visiones, intereses y eventuales condicionamientos, la producción de men-sajes sobre el estado de las cosas ocupa un lugar central. Además de que en el relato sobre los conflictos entran en juego una multiplicidad de mecanismos productores del “sentido comunicable”, la disposición de los recursos para generar ese sentido conduce al análisis de la mass-media-ción de la conflictividad, considerando los componentes políticos del terreno de lo público.En esa perspectiva y, desde la óptica de la conflictividad, se puede concluir que la relación entre conflictos y espacio público descansa sobre la interacción entre organizacio-nes políticas y medios de difusión que, sobre la base de pautas de acción predefinidas, encuentran en lo público el espacio de consumación del sentido buscado a partir de dos mecanismos estrechamente vinculados: genera-ción de un efecto de reporte de situación (el público “toma contacto” con los conflictos) y, el más importante por sus implicaciones de respaldo o rechazo a actores y hechos, generación de un efecto de reporte de afectación (el público “es parte” del conflicto).

37 Gaztea, 2007.


Como lo demuestran estudios especializados,38 en Bolivia la puesta en práctica de tales mecanismos se produce a partir de una cobertura periodística focalizada en temas políticamente polémicos, con un marcado interés en des-tacar las aristas más “vendibles” de los hechos y con un afán de proponer los caminos más razonables que debieran to-mar las partes enfrentadas.39 Así, en la tarea de visibilizar las cualidades de situación y afectación de los conflictos, como parte de un esfuerzo mayor de tratamiento de la actualidad política del país, se puede ver la convergencia de prácticas comunes a la totalidad de la oferta mediática.En cuanto a la sociología de la representación de la actua-lidad política, dependiendo de qué intereses estén en jue-go en un momento determinado, se puede observar que en el entramado de mensajes informativos, opinativos e interpretativos se ponen en práctica, en distinta propor-ción y formas de combinación, las siguientes estrategias de interacción entre medios y esfera política:40

• Estrategia de cooperación, en situaciones en las que, por razones económicas, políticas o por ambas, debe ac-tuarse bajo la figura de la mutua dependencia entre políticos y periodistas.

• Estrategia de colusión, o aplicación de una táctica de choque entre un grupo de políticos y medios contra otro grupo similar.

• Estrategia de rivalidad, contraposición entre políticos y periodistas a partir de intereses incongruentes o in-compatibles.41

Naturalmente, la relación entre conflictos y espacio pú-blico está transversalizada por otros factores que escapan a este análisis sucinto. Con todo, el análisis de la conflic-tividad en la perspectiva de la configuración del espacio público no puede prescindir de los medios de comunica-

38 ONADEM, 2011.39 Ibídem.40 Exeni, 2005. Véase también Nató y Rojas, 2008.41 Un conflicto paradigmático en este sentido fue el que protago-

nizaron a fines de 2010 propietarios de medios y trabajadores de la prensa contra el gobierno cuestionando dos artículos de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que estable-cen sanciones al trabajo periodístico, por considerarlos contrarios a la libertad de expresión, que se encuentra garantizada constitu-cionalmente.

ción, más aún si se considera que, parafraseando a Gaztea, para la efectiva constitución de lo público como hecho de arte más que como figura de artefacto,42 la difusión ampliada de sentidos –condición esencial para el debate abierto sobre los intereses colectivos– requiere de aparatos socialmente reconocidos y técnicamente potenciados que están encarnados por la prensa, la radio y la televisión.Así, la configuración del espacio público en Bolivia des-cansa tanto sobre la calle como sobre los avances tecnoló-gicos de los últimos años que han permitido el surgimien-to de la sociedad red y de las redes sociales, como una de sus manifestaciones centrales.

3. LAS NUEvAS TECNOLOGÍAS y EL CONfLICTO

En la última década, el uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (nTIC) ha transformado la vida de las personas.43 Estas nuevas formas de comuni-cación, de conocimiento y de estilo de vida dan lugar a lo que Castells denomina la sociedad red: “aquella cuya estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basada en la microelectrónica”.44 Si bien las brechas digitales45 forman parte de una nueva problemática que profundiza la desigualdad entre países desarrollados y no desarrollados y al interior de éstos, es evidente que en América Latina estas brechas se van reduciendo año a año. Según el Latinobarómetro 2010, la Internet y las telefonías celulares, consideradas como herramientas fundamentales de la globalización y como importantes instrumentos democratizadores, son las que han crecido en mayor proporción.

42 Para Gaztea, la idea de lo público como arte responde a fines y resultados democráticos de la puesta en común de puntos de vista sobre temas de interés de los grupos sociales. En cambio, su idea de lo público como artefacto tiene que ver con “la instrumen-tación de tecnicismos y dispositivos de naturaleza política que entran en juego en la regulación de las expresiones de grupos de distinto grado de agregación”.

43 Castells, 200944 Ibídem.45 La brecha digital, es “la distancia existente entre áreas individua-

les, residenciales, de negocios y geográficas en los diferentes nive-les socioeconómicos en relación con sus oportunidades para acce-der a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como al uso de Internet” (OECD, 2001 en Espinoza, 2010).


Este fenómeno cultural no es ajeno a la realidad boliviana, ya que hay cada vez más personas que poseen y utilizan tanto telefonía celular como Internet. Datos del Latino-barómetro 2011 sobre el uso de teléfono celular sitúan a Bolivia en una mejor posición que México, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, puesto que alrededor del 70% de la población lo posee (solamente 26% de los bolivianos afirmaron no tenerlo), aunque aún Bolivia se encuentra por debajo de la media latinoamericana (80% de los latinoamericanos dispone de teléfono celular).46

TABLA Nº 15 / ¿Ud. o algún miembro de su hogar posee alguno de los siguientes bienes? Teléfono celular/móvil

Fuente: Latinobarómetro 2011

Según datos de la Unión de Telecomunicaciones Inter-nacional (ITU) para 2010, 20 de cada 100 bolivianos poseía servicio de Internet domiciliario; sin embargo el uso de Internet por medio de “cafés internet” está muy extendido en las áreas urbanas. En 2009, 85% de los bolivianos los frecuentaba,47 porcentaje que se in-

46 Latinobarómetro, 2011.47 http://www.lostiempos.com/diar io/actual idad/econo-

mia/20090516/el-85-de-los-bolivianos-utiliza-los-cafes-inter-net_8106_13422.html

crementa progresivamente debido a la expansión de estos sitios por todo el país y a las necesidades de las personas, especialmente de los jóvenes, para quienes es imprescindible el uso de Internet en distintas esferas de su vida. El acceso de los jóvenes a la red y a las nuevas tecnologías permite una comunicación de fácil acceso y de bajo costo. Internet ha “democratizado” el acceso a la información y al conocimiento, que ahora se encuentra al alcance de amplios sectores de la ciudadanía, convir-tiéndose en una poderosa herramienta para reducir la exclusión.Según datos de CheckFacebook48 consultados en noviem-bre de 2011, existe cerca de un millón y medio de usuarios de Facebook en Bolivia, de los cuales más de la mitad es joven (entre los 13 y 24 años).

GRÁFICO Nº 25 / Edad de los usuarios de facebook en bolivia

Fuente: Checkfacebook (16/11/2011)

Las nTIC permiten una interactuación más ágil, flexible y espontánea entre los actores y una participación más acti-va en el ámbito político; debido al fácil acceso y a los bajos costos de Internet y de las telefonías móviles se amplían las posibilidades de acción colectiva.49 Desde esa perspec-tiva, las redes sociales –en tanto crean opinión pública y son un medio para la movilización social– constituyen

48 www.checkfacebook.com49 Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011.

NicaraguaMéxicoEl SalvadorRepública DominicanaHondurasBoliviaPerúGuatemalaEcuadorBrasilCosta RicaChilePanamáUruguayParaguayArgentinaVenezuelaColombiaLatinoaméricaSudamérica y MéxicoCentroamérica

3837302726262525221918151517131111

9211826

NºPaís

13-158%

16-1711,9%

18-2440,5%

25-3425,5%

35-448,7%

45-543,5%

55-641,3% 60-100

0,7%


una fuente de poder con ventajas sobre los medios de co-municación convencionales.La interacción en tiempo real y a bajo costo entre miles de internautas traspasando fronteras convierte a las re-des sociales en un poderoso instrumento de información, opinión y movilización, razón por la cual se lo ha deno-minado “mecha de las revoluciones”.50 Si se suma a esto su acelerada expansión y constante modernización (ma-yor accesibilidad, más velocidad, mayor alcance) se puede afirmar que las redes sociales son actualmente una herra-mienta fundamental en la organización de movilizaciones y revueltas sociales.51

En Bolivia no había muchos antecedentes de uso sig-nificativo de las TIC en conflictos sociales, aunque en los casos de abril de 2000 (durante la denominada gue-rra del agua), octubre de 2003 (octubre negro) y enero de 2007 (enfrentamiento entre campesinos y citadinos en Cochabamba) la telefonía celular, por la vía de mensajes de texto, se constituyó en una herramienta útil para la organización de las movilizaciones y la difusión de in-formación en tiempo real. Es en 2011, con motivo del conflicto del TIPNIS, que el uso las nTIC marcaría un hito en este sentido. El “ciberactivismo” por medio de las redes sociales y la presencia activa de los jóvenes –frecuentemente considerados apáticos hacia la política– fueron notables a lo largo de la VIII marcha indígena en rechazo a la construcción de una carretera que atravesa-ría el TIPNIS; las redes sociales y las TIC facilitaron el acceso a información actualizada, el diálogo entre inter-nautas, la organización y gestión de movilizaciones so-ciales y el diálogo con funcionarios del gobierno, líderes de oposición, analistas políticos y periodistas.

50 Este término fue utilizado en periódicos de distintos países a pro-pósito de la revuelta en Egipto y la llamada “primavera árabe”.

51 El gran poder de organización y movilización de las redes sociales y de las nuevas TIC quedó plenamente evidenciado en los casos de las revueltas en Londres de agosto de 2011, donde se interrum-pió por varios días el servicio de BlackBerry con el que se comu-nicaban los actores del movimiento, y de las de Egipto, donde se cortó el servicio de Internet para evitar que la sociedad siguiera diseñando estrategias de movilización “en línea”. En América Latina, el poder de la red y la influencia de las nuevas TIC en los conflictos no son menos significativos; un reciente estudio publicado por la Fundación UNIR Bolivia y el PAPEP-PNUD documenta casos relevantes de uso de las nuevas tecnologías en la organización y movilización de la sociedad civil en la región (véase Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011).

Facebook y Twitter, a las que se accede por medio de un com-putador y de la telefonía celular, fueron las redes sociales más activas durante la marcha indígena. Facebook fue muy utilizado por los internautas que se adherían a la causa del TIPNIS, creando grupos y páginas en las que participaron muchos jóvenes; entre los más importantes se encuentran Los Amigos del TIPNIS, con más de diez mil miembros hasta noviembre de 2011, y Defendamos el TIPNIS - no a la carrete-ra Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con cerca de cinco mil miembros hasta noviembre de 2011. Dichos grupos propi-ciaron un espacio para dialogar y opinar entre internautas sobre los sucesos de la marcha y las semanas posteriores –en especial los días siguientes a la represión policial del 25 de septiembre en Chaparina–, y para organizar y movilizar a la sociedad civil. Facebook fue un instrumento que contribuyó de manera importante a organizar la multitudinaria bienve-nida a la marcha indígena en la ciudad de La Paz, la provi-sión de alimentos y vituallas a los marchistas y la prolongada vigilia en la Plaza de San Francisco. Por otro lado, Twitter informó en 140 caracteres, día a día y minuto a minuto, sobre los acontecimientos de la marcha y, sobre todo, se constituyó en una herramienta muy valiosa de contacto directo con políticos, periodistas e incluso con los principales actores del conflicto, como el ex Ministro de Gobierno. Cualquier persona con una cuenta en Twitter pudo seguir a los actores relevantes del conflicto y entablar una conversación con ellos, lo que seguramente sería muy difícil lograr sin este recurso.Además de estas redes sociales, otros recursos de las nTIC sirvieron para adherir a la causa del TIPNIS, como los posts en blogs, fotografías en Flickr, vídeos en YouTube, y la votación pública en el sitio www.avaaz.org en contra de la carretera que hasta noviembre de 2011 contó con cerca de 500 mil firmas, convirtiendo al TIPNIS en una causa que traspasó las fronteras del país.Dado que el rango de edad de los principales usuarios de las redes sociales y de Facebook en particular oscila entre los 13 y los 24 años, es razonable concluir que la partici-pación de jóvenes de distintas regiones y clases sociales –que en muy pocas ocasiones fueron protagonistas de una movilización social– en el conflicto del TIPNIS fue fun-damentalmente facilitada por las TIC. Según Google Trends, un programa que identifica en varias regiones del mundo y en varios idiomas la frecuencia con la que se realiza en Internet una búsqueda en particular, el


caso del TIPNIS comenzó a aparecer en la red a partir del año 2009 y alcanzó un pico de búsquedas en 2011 simul-táneamente a la realización de la VIII marcha indígena. El país donde se realizaron más búsquedas sobre el TIPNIS es Bolivia, destacándose las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. El idioma más utilizado para buscar esta información fue el español, seguido por el inglés.Antes del año 2009 y sobre todo antes de la marcha in-dígena de 2011, el TIPNIS no era registrado en las bús-quedas llevadas a cabo en Internet. A partir de agosto de 2011, cuando se inició la marcha, se dio a conocer en la red y a nivel mundial información sobre el TIPNIS, los pueblos indígenas que lo habitan y su importancia para la conservación; es indudable que sin Internet y las TIC esta información no habría llegado a difundirse a gran escala. Nunca antes una problemática ambiental boliviana había tenido tanta repercusión interna y externa; el ciberactivis-mo jugó un rol fundamental en este efecto.En el curso del conflicto surgieron posiciones críticas res-pecto al uso de las redes sociales; para la analista Helena Argirakis, por ejemplo, las redes sociales son “armas de destrucción social” y “más peligrosas que la tele”52 por el rol que cumplieron en la marcha indígena; sin embargo es

52 http://tipnisresiste.blogspot.com/2011/10/helena-argia-kis-las-redes-sociales-son.html

necesario tomar en cuenta que son herramientas de infor-mación y diálogo de la sociedad civil a través de las cuales se ejercita la libertad de expresión y opinión y que, en ese sentido, tienen un rol democratizador.El ejemplo más reciente del peso que en materia de in-formación y organización tiene el uso de las redes sociales y nTIC en Bolivia se dio en el conflicto por la regulación del transporte público en la ciudad de La Paz en mayo de 2012, pues permitió la organización de la “marcha de los peatones” contra los transportistas en paro y el intercam-bio de información y opinión en tiempo real. La efectivi-dad probada de estos recursos permite vislumbrar que los actores de los conflictos sociales en Bolivia recurrirán de manera creciente a las nuevas TIC como herramientas de información, organización y movilización.Esto permite comprender mejor el rol que los medios de comunicación y las TIC –aunque estas últimas de manera aún inicial en el país– están desempeñando en la recon-figuración del espacio público, ampliándolo y compleji-zándolo. En este nuevo espacio público, la conflictividad social se apoya en los medios para adquirir visibilidad y lograr resonancia, y éstos recurren al conflicto a fin de captar mayores audiencias y generar mayor incidencia; y, de manera creciente aunque aún reducida, las TIC se van convirtiendo en otro recurso más para el desarrollo y de-finición del conflicto.

GRÁFICO Nº 26 / búsqueda de información sobre el conflicto del TIPNIS

‘

Fuente: Google trends

tipnis

Search Volume index

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Google Trends

News reference volume

0

0

Regions

1. Bolivia2. India3. Argentina4. United States5. Spain

1. Cochabamba, Bolivia2. Santa Cruz, Bolivia3. La Paz, Bolivia4. Mumbai, India5. Pune, India

1. Spanish2. English

Cities Languages

Capítulo 8

bolivia en el contexto de la conflictividad

latinoamericana


1. EL CONfLICTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA1

América Latina es una región que se caracteriza por un patrón de desarrollo económico socialmente excluyente y por sus altos niveles de pobreza. Si bien en la última década –gracias al importante crecimiento de la econo-mía debido, entre otras cosas, al auge de los precios de las materias primas– se lograron importantes avances en términos de reducción de la pobreza extrema y mejoras de la equidad social, esos problemas estructurales no se han modificado sustancialmente. En el presente el número de pobres es el mismo que hace doce años, 180 millones de personas,2 y la concentración de los ingresos sigue siendo muy alta en la región. Estudios recientes3 muestran que la sociedad latinoame-ricana es consciente de la enorme brecha de inequidad social existente, 80% de la población considera que su si-tuación social es injusta; además, existe una preocupación creciente por la inseguridad y la violencia urbanas que afectan a muchas sociedades de la región, deteriorando severamente su calidad de vida. En términos políticos, la historia reciente de América La-tina ha oscilado entre un orden autoritario y democracias frágiles, inestables e incluso efímeras. La historia políti-ca latinoamericana ha generado en su población fuertes sentimientos de insatisfacción, desconfianza y temor, que

1 Este acápite ha sido elaborado sobre la base del libro Los conflictos sociales en América Latina (Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011).

2 CEPAL, 2010.3 Latinobarómetro, 2010.

contribuyen al desarrollo de conflictos sociales, poten-ciándolos y convirtiéndolos en un elemento central de la vida sociopolítica de casi todos los países de la región, y en el principal recurso de los grupos y organizaciones sociales para buscar la satisfacción de sus necesidades y demandas. Bajo los regímenes autoritarios, las movilizaciones sociales fueron enfrentadas por medio de la violencia del Estado y bajo los regímenes democráticos –sobre todo en momen-tos de crisis económica y social– las acciones de protesta se multiplicaron llegando a ser de tal magnitud, que mu-chas veces se extendieron y, en algunos casos, afectaron la gobernabilidad democrática. La conflictividad social latinoamericana –a momentos muy intensa– ha puesto a prueba la institucionalidad de los Estados y su capacidad de gestionar las demandas por la vía democrática y pacífi-ca. En una situación caracterizada por la debilidad crónica de los Estados, la gestión oportuna y adecuada de los con-flictos sociales se ha convertido en una tarea muy difícil. Esta debilidad estatal e incapacidad de canalizar institu-cionalmente los conflictos ha determinado que muchos de éstos queden irresueltos y ha dado lugar al surgimiento de episodios de violencia que marcaron a las sociedades latinoamericanas a lo largo de su historia.Al finalizar la década del noventa, en un contexto de pobreza generalizada en la región (230 millones de po-bres) y una crisis económica que impactó especialmente a Argentina, Brasil y México,4 se desarrolló una intensa conflictividad social en demanda de políticas económi-

4 La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de Ciuda-danos y Ciudadanas, Buenos Aires, PNUD, 2004.

CAPÍTULO 8

BOLIVIA EN EL CONTEXTO DE LA CONFLICTIVIDAD LATINOAMERICANA


cas más inclusivas que determinó el fin del ciclo neoli-beral. Éste fue un momento de inflexión histórica que permitió redefinir las orientaciones de la democracia y los contenidos y resultados del desarrollo y que, como resultado, produjo el empoderamiento de los movimien-tos sociales y una modificación en la dinámica de los conflictos. A partir de ese momento se pusieron en cuestión las políticas que habían ampliado las brechas entre el Es-tado y la sociedad, se denunció la falta de legitimidad del sistema político, la deficiente gestión pública y las condiciones de vida en que se encontraba la mayoría de la población; todos éstos son problemas cruciales de la democracia latinoamericana que siguen vigentes en la actualidad.

2. bOLIvIA EN EL CONTExTO DE LA CONfLICTIvIDAD LATINOAMERICANA

En términos cuantitativos es posible afirmar que la región latinoamericana posee una conflictividad social intensa,5 es así que entre los meses de enero y diciembre de 2011 la Fundación UNIR Bolivia identificó un total de 4.081 conflictos en la región.6 En ese contexto, Bolivia se sitúa

5 Ibidem.6 El período de monitoreo de la conflictividad social en 11 países

de América Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) com-prende un período de un año (enero a diciembre de 2011) debido a que, por razones metodológicas, sólo fue posible llevar a cabo la homologación de muestras entre Bolivia y los otros diez países de la región durante este período.

GRÁFICO Nº 27 / Total de conflictos por país (enero - diciembre 2011)


981

686

503 474

332 293 291163 156 155

470

200

400

600

800

1000

1200

Méx

ico

Vene

zuela

Boliv

ia

Para

guay

Perú

Arge

ntina

Ecua

dor

Bras

il

Urug

uay

Colom

bia Chile

GRÁFICO Nº 28 / Total de conflictos por subregión (enero - diciembre 2011)


474

293

163 15647

686

503

332 291

155

981

0

200

400

600

800

1000

1200

Para

guay

Arge

ntina

Bras

il

Urug

uay

Chile

Vene

zuela

Boliv

ia

Perú

Ecua

dor

Colom

bia

Méx

icoCono Sur Región Andina Norte

América


como el tercer país con mayor cantidad de conflictos, sólo por debajo de México y Venezuela que, entre ambos, aglu-tinan más del 50% del total. Agrupando a los países por subregiones, la región andina destaca por poseer la mayor cantidad de conflictos, con un promedio de 393 casos; el cono sur presenta un pro-medio de 226 conflictos y México, el más notable, aglu-tina 981. Dentro de la región andina, Bolivia registra una conflictividad media alta, después de Venezuela que pre-senta el nivel de conflictividad superior. Para dimensionar las cifras de la conflictividad es conveniente considerar el tamaño de cada país ya que no resulta comparable, por ejemplo, Paraguay con tan sólo 6,5 millones de habitan-tes, con México, que posee casi 115 millones.

2.1. Tipología de los conflictos

La búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas es el factor que genera los niveles más altos de conflictividad en la región, lo que demuestra que la población se movili-za sobre todo por objetivos específicos y pragmáticos, por ello las problemáticas laborales y salariales, de prestación de servicios públicos, relacionadas con las medidas eco-nómicas y la situación económica de las personas y con la

problemática de la tierra y el acceso y aprovechamiento de recursos naturales reviste gran importancia, aglutinando casi la mitad (47%) del total de las demandas. Por otra parte, se observa una fuerte propensión a cues-tionar los procesos político administrativos de los Estados que, en general, son ineficientes para atender las demandas básicas de las sociedades y, en algunos casos, se cuestiona el contenido y la eficacia del propio sistema. Es así que las demandas por gestión administrativa, situación o medidas legales y el cuestionamiento o reconocimiento de autorida-des constituyen el 26% de los conflictos registrados. Otro rasgo interesante y, al parecer, cada vez más visible de la conflictividad latinoamericana es su vinculación con problemáticas de carácter cultural, que son estratégicas y transversales a la vida social.7 Si bien es difícil definir es-tos conflictos dentro de categorías analíticas específicas, se puede identificar conflictos ideológico políticos, de valores, creencias e identidad y de derechos humanos que, en su conjunto, representan un porcentaje más bien bajo (7%).

7 Los conflictos político culturales de América Latina han sido desa-rrollados en mayor profundidad en el informe Los conflictos sociales en América Latina (Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011).

GRÁFICO Nº 29 / Tipología de conflictos sociales en América Latina (enero - diciembre 2011)


735

572

325 309 305235

179 167 166 151 131 118 9947 39

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Labo

ral /

salar

ial

Situa

ción/

med

idas l

egale

s

Med

idas e

conó

mica

s/situ

ación

econ

ómica

Pres

tació

n de s

ervic

ios pú

blico

s

Segu

ridad

ciud

adan

a

Gesti

ón ad

mini

strat

iva

Tierra

Otro

s

Recu

rsos n

atur

ales y

med

io am

bient

e

Cues

tiona

mien

to y/

o rec

onoc

imien

to de

auto

ridad

Incu

mpli

mien

to de

conv

enios

Dere

chos

Hum

anos

Ideo

lógico

-polí

tico

Límite

s polí

tico-

adm

inistr

ativo

s

Valor

es/cr

eenc

ias/id

entid

ad


Respecto a los campos de conflictividad presentados en el capítulo 4, la mayoría de los conflictos latinoamerica-nos ocurridos en el período analizado se encuentran en el campo de la reproducción social (52%), vinculados bási-camente a las condiciones de pobreza de la población, a continuación se encuentran los conflictos del campo ins-titucional (32%) que implican una interpelación a la ges-tión de los diferentes niveles e instituciones del Estado y, finalmente, los conflictos correspondientes al campo polí-tico cultural (16,4%) que expresan la búsqueda de nuevas formas de organización social y política. Como se vio en el capítulo 4, en Bolivia es clara la tendencia al predominio de los conflictos por la reproducción social, que representan más de la mitad de los casos, lo que es ex-plicable por las condiciones de pobreza de la población; los conflictos institucionales significan algo menos de un tercio, y un porcentaje bastante menor los político culturales.

2.2. Actores en conflicto

A diferencia de lo que ocurría en anteriores períodos de la historia latinoamericana, cuando los movimientos obre-ros eran protagonistas sociopolíticos en las décadas del se-tenta y ochenta, una característica general de los actuales actores demandantes es su fragmentación y la falta de una

organización con capacidad de estructurar la conflictivi-dad social.8 Un actor clave del presente, aunque bastante heterogéneo, es el vecinal que se constituye en uno de los pocos capaces de aglutinar un número relativamente alto de conflictos (22%). En Bolivia los actores demandantes presentan también un alto nivel de fragmentación, a ex-cepción de los vecinales (pobladores urbanos) y comuna-les (pobladores rurales) que alcanzan más del 20% de los registros. En cuanto a los actores demandados, la tendencia en la re-gión es la opuesta. La gran mayoría de las demandas (60%) está dirigida al Estado en sus niveles central, regional y/o local, lo que muestra una propensión a la centralización de las demandas sociales, confirmando el patrón regional his-tórico de protagonismo estatal. Como señalan Calderón y Dos Santos,9 en América Latina la carencia de tecnologías constitucionales capaces de institucionalizar el manejo del conflicto se suma a las tendencias socialmente excluyentes del orden. Permanece, pues, la paradoja de Estados débiles como principales referentes de las intensas y fragmentadas demandas sociales. Se sigue apelando a un aparato estatal

8 Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011.9 Calderón y Dos Santos.

GRÁFICO Nº 30 / Tipología de conflictos sociales en bolivia (enero - diciembre 2011)


133

93

6956

38

23 20 18 16 13 8 7 5 40

20

40

60

80

100

120

140

Med

idas e

conó

mica

s/situ

ación

econ

ómica

Gesti

ón ad

mini

strat

iva

Labo

ral /

salar

ial

Situa

ción/

med

idas l

egale

s

Pres

tació

n de s

ervic

ios pú

blico

s

Recu

rsos n

atur

ales y

med

io am

bient

e

Cues

tiona

mien

to y/

o rec

onoc

imien

to de

auto

ridad

Límite

s polí

tico-

adm

inistr

ativo

s

Dere

chos

Hum

anos

Ideo

lógico

-polí

tico

Otro

s

Incu

mpli

mien

to de

conv

enios

Segu

ridad

ciud

adan

a

Tierra


1,09

- 5 10 15 20 25

1,43

1,68

1,68

1,93

1,96

1,98

2,66

2,71

2,96

3,30

4,16

5,23

7,66

12,24

17,86

22,28

Hidrocarburos

Minería

Organizaciones políticas

Personas individuales

Empresarial

Policía

Gobierno local

Otros actores estatales

Agricultura

Comercio

Grupo étnico

Salud

Otros

Transporte

Educación

Otras organizaciones de la sociedad civil

Vecinal/comunal

- 5 10 15 20 3025

1,01

1,15

1,34

1,43

2,35

2,38

3,02

3,77

4,61

5,20

8,05

14,34

15,04

29,54

Hidrocarburos

Legislativo regional

Salud

Minería

Policía

Otros

Legislativo central

Educación

Poder Judicial

Empresarial


Gobierno local

Gobierno regional

Gobierno central

GRÁFICO Nº 31 / Actores demandantes y demandados en América Latina (enero - diciembre 2011)

Fuente: Elaboración propia. Sólo se tomó en cuenta aquellos actores que tuvieron más de 1% de registros.

GRÁFICO Nº 32 / Actores demandantes y demandados en bolivia (enero - diciembre 2011)

Fuente: Elaboración propia. Sólo se tomó en cuenta aquellos actores que tuvieron más de 2% de registros.

2,17

2,17

2,61

3,04

3,48

3,91

6,09

6,09

8,70

9,57

16,52

26,52

Gobierno local

Organizaciones políticas

Minería

Grupo étnico

Agricultura

Comercio

Otros

Salud

Transporte

Educación

Otras organizaciones de la sociedad civil

Vecinal/comunal

0 5 10 15 20 3025 0 5 10 15 20 454030 3525

1,30

1,74

1,74

1,74

2,17

2,17

2,61

3,04

3,91

4,78

6,52

24,78

40,00

Policía

Agricultura

Educación

Poder Judicial

Minería

Otros


Empresarial

Transporte

Vecinal/comunal

Gobierno regional

Gobierno local

Gobierno central


en general pobre e incapaz de dar respuestas institucionales y negociadas, atrapado en las ineficiencias de su burocracia, la inefectividad de su sistema legal, la escasa credibilidad de sus gobiernos y los problemas crónicos de corrupción y pre-bendalismo.10 En ese panorama regional, Bolivia presenta tendencias muy similares, aunque más marcadas puesto que más del 70,5% de las demandas sociales está dirigido al Estado en alguno de sus niveles.

2.3. Radicalización del conflicto

La radicalización de los conflictos en América Latina si-gue un patrón que posee la forma de una pirámide con cinco niveles, donde en la base, es decir en el nivel uno de escalamiento, se encuentra la mayoría de los conflictos que están emergiendo y plantean el anuncio del caso y, en la cúspide (nivel cinco de escalamiento), los pocos casos que llegan a provocar crisis de gobernabilidad. Los anuncios de conflicto (34%) junto a las medidas de pre-sión menos violentas (48%) son los más comunes. Es nece-sario mencionar que pese a la importancia del discurso de los protagonistas del conflicto con el que éste se inaugura, ya que permite conocer sus posiciones y acercarse a las causas que lo determinan, la información que brindan los medios de comunicación sobre el inicio del conflicto es, en gene-ral, bastante limitada frente a la difundida sobre su estalli-do, cuando se encuentra en pleno proceso de ejercitación de medidas de presión, especialmente de las más duras.Durante el período estudiado ninguno de los conflictos registrados en América Latina alcanzó el máximo nivel de escalamiento, es decir que ninguno llegó a generar una crisis de gobernabilidad;11 sin embargo, se presentaron va-rios casos (15%) muy intensos que escalaron a niveles de radicalidad alarmantes –enfrentamiento violento– y tu-vieron una gran incidencia sobre la situación sociopolítica de los países. Observando los niveles de radicalización de los conflictos en cada país se observa cierta homogeneidad de los porcentajes en la mayoría de los casos considerados; destacan dos países con niveles de radicalidad significa-tivamente altos (Bolivia y México) y, por otro lado, dos países en los que prepondera la latencia de los conflictos (Paraguay y Venezuela).

10 Calderón, Fontana, Nava y Pacheco, 2011.11 UNIR considera cinco niveles incrementales, de acuerdo a las

formas y al desarrollo del conflicto: latencia, conflicto manifiesto, confrontación, enfrentamiento violento y crisis de gobernabilidad.

GRÁFICO Nº 33 / Radicalización de los conflictos en América Latina (enero - diciembre 2011)


En el caso de Bolivia se rompe la tendencia regional de distribución porcentual de la conflictividad en los cuatro niveles de escalamiento, con la diferencia, y muy llama-tiva, de que el nivel de confrontación supera en 15% al latinoamericano y el de enfrentamiento violento es más del doble del promedio regional, lo que significa que los conflictos del país tienen una mayor carga de violencia.

GRÁFICO Nº 34 / Radicalización de los conflictos en bolivia (enero - diciembre 2011)

Fuente Elaboración propia.

Mani�esto48%

Latencia34%

Confrontación15%

EnfrentamientoViolento

3%

Mani�esto33%

Confrontación31%

Latencia25%

Enfrentamiento Violento 11%


La conflictividad en América Latina presenta algunos rasgos comunes: plataformas de exclusión y desigualda-des crónicas mayoritariamente cuestionadas por la ciu-dadanía, conflictos complejos cuyo número e intensidad pueden asociarse con esas desigualdades, protestas so-

ciales que se expresan en el plano social nacional, racio-nalidades prácticas en los conflictos por la reproducción social que conviven con demandas de mayor eficacia e ineficiencia institucional y con conflictos culturales de carácter sistémico.

Capítulo 9

A manera deconclusiones


Si se analiza la conflictividad social en Bolivia, no circuns-crita a la coyuntura, sino considerando un arco de tiempo mayor de manera de observar el proceso histórico del cual es parte, es posible identificar algunos rasgos generales que se presentan a continuación.

La conflictividad en el país se da en el marco, y como pro-ducto, de una sociedad altamente organizada, con capaci-dad de movilización social y de formulación de demanda, y con tradición de planteamiento y gestión de los proble-mas en la calle, como espacio emblemático que define la praxis social y política nacional.

Responde a una sociedad en la que se entrecruza la capaci-dad de formulación de un proyecto histórico de ampliación y profundización de la democracia y construcción efectiva de justicia y equidad, y las dificultades de concretarlo de-bido a ciertos rasgos propios de la cultura política del país:

• Falta de una visión y una práctica orientadas hacia la construcción del bien común que limita severamente las posibilidades de tratar los problemas y controver-sias de manera constructiva evitando la proliferación de conflictos y la escalada de la violencia, y reduce las posibilidades de desarrollar una noción de colectivi-dad solidaria, superando las fuertes tendencias cor-porativas.

• Déficit de cultura democrática que permita resolver los desencuentros y problemas a través del diálogo, del respeto a los derechos, necesidades y puntos de vista ajenos y a la disidencia.

• Sobrevaloración de la lucha y del conflicto –incluso de la violencia– como los recursos privilegiados para

el logro de objetivos inmediatos y del proyecto histó-rico antes mencionado.

• Devaluación de la negociación, del pacto y de la paz como opciones de convivencia social y de acción po-lítica.

La conflictividad boliviana es fruto de una sociedad en busca de una nueva institucionalidad estatal y de normas que expresen y representen adecuadamente la pluralidad del país y aseguren condiciones equitativas de desarrollo para todos, pero que tiene grandes dificultades para es-tablecer acuerdos –y respetarlos– en torno al carácter de esas instituciones y normas.

Es producto de la frustración de expectativas históricas de la población que, a lo largo de distintas coyunturas, ha visto malogradas las posibilidades de una construcción estatal y social más justa y rotas las promesas políticas que se le hicieron.

Es expresiva de un país que a lo largo de su historia ha presentado grandes dificultades para asumir la dife-rencia y, a partir de ésta, plantear un horizonte común. Así, las distintas políticas (negación, eliminación vía homogenización y exacerbación de la diferencia) no han permitido una interacción sana y equitativa entre los dis-tintos actores sociales.

Es resultado de una sociedad consciente de la perviven-cia de la pobreza y desigualdad, lo que explica la clara preeminencia de los conflictos por la reproducción social sobre los institucionales y político culturales. Sin embar-go, la conflictividad no se explica solamente por estos

CAPÍTULO 9

A MANERA DE CONCLUSIONES


factores, como se puede advertir en el hecho de que los departamentos y regiones más pobres del país no son los que poseen los niveles más altos ni más intensos de con-flictividad social.Es manifestación de la lucha por la sobrevivencia y el me-joramiento de las condiciones de vida que, en un contexto general de pobreza, falta de empleo e incertidumbre ante el futuro, se antepone a la lucha ideológico política, pese a que la boliviana es una sociedad fuertemente politiza-da. Por lo tanto tiene un carácter más reivindicativo que transformador.Es fruto de un país que no ha logrado transformar su modelo de desarrollo económico de manera de ampliar y diversificar la base productiva y, así, generar mayor empleo estable.Devela una sociedad en continua disputa interna por controlar los espacios y los recursos que permitan su so-brevivencia y un mayor margen para el desarrollo, en un contexto de grandes limitaciones económicas.Es expresión de una sociedad mayoritaria y creciente-mente urbanizada, que ha concentrado su crecimiento en tres grandes áreas metropolitanas, pero que carece de los recursos necesarios para brindar condiciones adecuadas para el desarrollo humano en las ciudades.Es consecuencia de la profunda fragmentación socioe-conómica, cultural e ideológica del país –y la conflicti-vidad contribuye a ahondarla–, que torna irreductibles las aspiraciones de los actores en pugna, de modo que se dificulta enormemente la resolución de reivindicaciones históricas distintas. Esto se evidencia en las pugnas entre regiones por los recursos de la renta hidrocarburífera y minera, entre sectores sociales que pugnan por mejoras en su condiciones de vida por sobre los otros, entre gru-pos étnicos que, en condiciones de gran desigualdad de oportunidades, intentan sobrevivir, pugnas que prolon-gan los conflictos y dan lugar a su escalamiento.Responde a una sociedad en cuyo imaginario el Estado es, o debe fungir, como el gran proveedor que resuelve todas sus necesidades y demandas y, como tal, lo interpela de manera continua, especialmente al gobierno central. Muestra la pervivencia del centralismo, que se expresa en la concentración del poder, de la toma de decisiones, de los recursos y procedimientos administrativos, aunque la descentralización administrativa iniciada hace dos déca-

das ha convertido a los municipios en actores centrales del desarrollo local, lo que explica la significativa cantidad de conflictos que se dirige a éstos, a diferencia de los depar-tamentos que, debido a la falta de avance de los procesos autonómicos, aún no se han constituido en referentes cla-ros de la gestión pública.Es fruto de la debilidad institucional crónica del Estado para satisfacer las demandas sociales y para gestionar los conflictos con un sentido de transformación, atendiendo tanto a sus causas estructurales como a los detonantes co-yunturales y a través de procesos de diálogo y de la bús-queda de acuerdos.Responde a un Estado que, si bien logró sobreponerse a la crisis 2000-2006 y reconfigurarse, no logra consolidarse en el marco de un proyecto histórico que represente legí-timamente a la pluralidad del país. Es resultado de la desconfianza de la población hacia los canales formales para zanjar diferendos y problemas, lo cual determina que se acuda a la protesta en la calle antes de per-derse en un aparato que se juzga burocrático e ineficiente. Es fruto de la labor de actores estratégicos que no sólo se movilizan por reivindicaciones sectoriales, sino también y, fundamentalmente, por temas de importancia nacional, colocándolos en la agenda política e interpelando, a pro-pósito de éstos, al Estado. Revela la existencia de actores con intereses divergentes, incluso dentro del campo popular, como es el caso de in-dígenas y campesinos, los que en determinadas coyun-turas y frente a adversarios comunes lograron articular-se para plantear un nuevo proyecto histórico, para luego recuperar un perfil propio, de acuerdo a sus intereses y posiciones específicas. Devela la emergencia en las últimas décadas de actores sociales cuyo referente de cohesión es de tipo territorial, como las organizaciones vecinales y los pobladores urba-nos y rurales, que se han convertido en los protagonistas centrales de la conflictividad en el país, en lugar de aque-llos actores vinculados por su condición laboral, como la COB y los sindicatos, que tradicionalmente fueron las principales organizaciones sociales del país.Es expresión de una sociedad que invisibiliza la proble-mática de género, así como la participación de las mujeres en los conflictos, reproduciendo en éstos los roles tradi-cionales del ciclo doméstico.


Expresa la agresividad y violencia existentes en distintos estratos y grupos de la sociedad que hace víctimas a los más débiles y, que conduce a un creciente deterioro de la convivencia social. Muestra una creciente diversificación de las medidas de presión, más allá de las tradicionales marchas y concen-traciones, a fin de sacudir a una sociedad acostumbrada a las protestas sociales con medidas de carácter dramático y espectacular, como la crucifixión, la extracción de sangre y otras que colocan a quienes las aplican en una situación de víctimas, ganando un espacio en los medios de comunica-ción –ávidos de noticias espectaculares– y convocando la solidaridad de la ciudadanía. Es fruto de la combinación de lógicas tradicionales y mo-dernas, que la globalización ha introducido en los distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo el político, y que genera una acción social compleja y, en ocasiones, contradictoria.Devela la importancia creciente de los medios de comu-nicación y de las nuevas TIC –que han reconfigurado el espacio público– en los conflictos, visibilizándolos y creando imaginarios públicos en torno a éstos que tienen un gran impacto en la dinámica social.Revela que la existencia de una cantidad grande de conflictos no implica necesariamente un riesgo para la estabilidad democrática, pero también muestra que un número elevado de conflictos es un indicador de males-tar social que si no es tomado en cuenta, dejando que se agudice y, con ello, se produzca un proceso de agrega-ción de demandas, puede generar situaciones de crisis social y política. Así, en determinadas coyunturas, como ocurrió en el período 2000-2005, la conflictividad puede transitar de un carácter meramente reivindicativo a uno transformador, rebasando las capacidades de la institu-cionalidad estatal para darle respuesta y generando una ruptura del sistema. Todo ello muestra que la conflictividad boliviana es com-pleja y multicausal, se origina en factores estructurales y coyunturales, se desarrolla tanto en la base como en la superestructura de la sociedad y tiene componentes cícli-cos, lo que hace previsible que se mantenga a través de los cambios socioeconómicos y políticos que ocurran en el país en los próximos años.

En ese marco, partiendo de la hipótesis de la permanencia de la conflictividad en el país y teniendo en cuenta sus ca-racterísticas antes señaladas, es importante considerar los conflictos como indicadores de problemas existentes en la sociedad y en el Estado y en la relación entre ambos y de los cambios que se debe realizar en éstos;, aunque es igual-mente necesario reconocer que no todos los conflictos son legítimos y que, en ocasiones, más que visibilizar problemas a corregir y ofrecer condiciones para la realización de las transformaciones necesarias, pueden generar daños para la convivencia democrática, la economía, etcétera.En esa línea, además de los esfuerzos que el país debe desarrollar para erradicar factores estructurales, como la desigualdad y la pobreza, es fundamental trabajar también para lograr el posicionamiento en la agenda pública y en la conciencia de los bolivianos de nociones fundamenta-les, como la de bien común –de manera que los intereses individuales y de grupo no primen sobre el interés ge-neral y los individuos y colectividades puedan realizarse plenamente– y la de cultura de paz, así como revalorizar el acuerdo y el pacto a fin de avanzar en la transformación de la cultura política nacional que dificulta consensuar normas básicas de convivencia.Es igualmente necesario prestar atención a los conflictos en una fase temprana, antes de que se complejicen por la incorporación de otros actores y temas y se produzca una escalada de la violencia que puede agudizar el distancia-miento y desencuentro entre grupos y sectores.Por ello es importante trabajar de manera simultánea en dos ámbitos: en el de la investigación y análisis de la con-flictividad que permite conocer mejor sus características y tendencias, su evolución histórica y posibles desarrollos fu-turos, y en el de desarrollo de capacidades en instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil que hace po-sible una adecuada gestión de los conflictos. La creación de espacios para el diálogo y el acercamiento entre las partes es una prioridad a fin de analizar los intereses y necesidades de cada una y buscar, de manera conjunta, las alternativas más adecuadas para lograr la transformación de las causas profundas que generan los conflictos, así como los motivos inmediatos que los hacen estallar y las relaciones entre los actores. Sólo así será posible la construcción de una socie-dad más equitativa, pluralista y democrática.

Capítulo 10

Elementos para un análisis de temas críticos


A lo largo de este texto se ha visto la conflictividad como un hecho sociopolítico circunscrito a una historicidad y contexto específico, y se ha intentado analizarla a partir de esas circunstancias y dimensiones concretas. Recono-ciendo la dificultad de bosquejar el futuro próximo, dada la dinamicidad de la vida política boliviana, se intentará trazar algunas líneas para el análisis de temas críticos que permitan avizorar el tipo de conflictos que podría pre-sentarse en el futuro inmediato y a mediano plazo. Para ello se plantearán distintos escenarios futuros a partir del diagnóstico del presente desarrollado en este libro, identi-ficando algunos temas problemáticos que pueden dar lu-gar al surgimiento de conflictos a fin de brindar elemen-tos que contribuyan a una toma de decisiones informada.

Se parte del presupuesto de que la conflictividad social es constitutiva de la sociedad boliviana, no porque ésta se encuentre muy fracturada o porque el Estado sea fallido y su institucionalidad inviable, sino porque las protestas son un modo de zanjar los diferendos y desavenencias en un sistema democrático. En este sentido, y como ya se dijo, si bien es evidente que la conflictividad seguirá vigente, es necesario realizar esfuerzos para disminuir su poten-cialidad de violencia y destrucción y, para ello, empezar por identificar temas críticos desde la plataforma que nos ofrece el presente.

En este breve análisis se considera tanto la situación in-terna del país como los elementos externos que la con-dicionan o influyen, y se perfilan escenarios en función a algunos temas problemáticos, aunque no son los únicos posibles, considerados desde la perspectiva socioeconómi-ca y política, tomando en cuenta los actores involucrados, su incidencia en el conflicto y la radicalidad de las medi-

das de presión, graduadas sobre la base del esquema que utiliza la Fundación UNIR para el monitoreo periódico de conflictos (véase anexo Nº 1). Este análisis de temas críticos se realiza agrupándolos dentro de los tres grandes campos de conflictividad que se presentaron en el capítulo 4 a fin de hacer inteligible el sentido que podrían tener los conflictos. Como se verá, la mayor parte de los temas se inscriben dentro del cam-po de la reproducción social (defensa y/o mejoramiento de las condiciones de vida de la población), otros dentro del campo institucional (demanda de mayor eficiencia y eficacia de la institucionalidad pública) y sólo uno dentro del campo político cultural (búsqueda de nuevas formas de organización sociopolítica y cultural). Sin embargo es necesario recordar que existen superposiciones entre uno y otro campo por lo que, pese a la ubicación de temas den-tro de un campo específico, participan también de otros, como es el caso de la regulación de la actividad minera que, por tratarse de medidas legales, corresponde al cam-po institucional, aunque por sus importantes implicacio-nes de carácter económico (empleo, ingresos de sectores de la población, etc.) participa también del campo de la reproducción social.

1. CONfLICTIvIDAD POR LA REPRODUCCIÓN SOCIAL

1.1. Efectos de la crisis financiera internacional

La crisis financiera internacional ha generado subcri-sis regionales que se comportan de distinta manera. La Unión Europea, el otrora proceso de integración más

CAPÍTULO 10

ELEMENTOS PARA UN ANÁLISISDE TEMAS CRÍTICOS


fuerte y exitoso, se ha debilitado ante la crítica situación económica de Grecia, Portugal, Irlanda y España, obli-gando al resto de los países a incrementar sus aportes para los fondos de salvataje y estabilización, de modo que el euro no se debilite y la moratoria de la deuda ex-terna de los países comprometidos en la crisis no arras-tre al conjunto. Por su parte, Estados Unidos enfrenta una seria disyuntiva económico política entre solventar el incremento de su techo fiscal vía impuestos (los cuales recaerían sobre el sector más rico) o disminuir los gas-tos públicos, en especial aquellos destinados a políticas sociales; las próximas elecciones darán una solución par-cial a este diferendo entre demócratas y republicanos. El conjunto de economías emergentes denominado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y una serie de otros paí-ses en vías de convertirse en potencias (Sudáfrica, Corea del Sur, Indonesia y México, entre otros) se mantuvie-ron fuertes pese a la crisis ya que poseen importantes mercados internos, flujos financieros y recursos naturales estratégicos, de manera que pueden seguir dinamizan-do la economía global; sin embargo, se encuentran muy presionados a devaluar sus monedas para incentivar las importaciones de modo que los países más afectados puedan lograr mayores ingresos, lo que tendría el efecto de generar una escalada inflacionaria ante la expansión del gasto. Desde todo punto de vista es necesario aten-der a lo que pase con China puesto que un decaimiento de su economía significaría una generalización y agudi-zación de la crisis internacional; si bien el crecimiento chino ha sido el más alto de todos, su economía parece estar “calentándose” y, al estar ligada al destino de los países en crisis en tanto éstos son sus principales socios comerciales, la reducción de su demanda podría influir en la cotización internacional de precios y determinar una fuerte caída debido a que éstos crecieron de manera especulativa.1 La desaceleración de la economía mundial, como efecto de la crisis, podría afectar a Bolivia si es que ésta deter-mina una disminución de la demanda de materias primas, una caída de la inversión extranjera directa y desempleo en los países del norte, reduciendo el flujo de remesas. Antes de declararse la crisis internacional, Bolivia asumió una lenta desdolarización de su mercado financiero in-terno, medible a través del incremento de créditos y de-

1 Morales, 2011.

pósitos en moneda nacional, lo cual generó una menor integración al mercado financiero internacional2 y, con ello, cierta impermeabilización a los efectos de la crisis. Adicionalmente, esta menor dolarización brindó cierto margen de maniobra al Banco Central, en tanto pudo manejar los tipos de cambio con mayor autonomía y li-bertad para crear estabilidad inflacionaria. La desdolarización incentivó un crecimiento significativo del crédito en moneda nacional, lo que a larga, a través de la especulación y de la excesiva demanda inmobilia-ria, como manera de ahorro seguro en un momento de shock positivo por la existencia de mayores ingresos, está generando lo que podría ser una burbuja en este sector. Si bien la política de desdolarización parece estar dando resultados, persiste aún una alta asociación de las tasas de interés internacionales con respecto a las nacionales; si se cumplen las predicciones de una eventual subida de las mismas, las obligaciones de los deudores se encarecerían, incapacitándolos para cumplir sus pagos, con lo cual los inmuebles serían liquidados, creando una sobreoferta y rompiendo la burbuja.3 Esta situación sumada a un menor flujo de inversión extranjera por la crisis podría afectar severamente la economía del país. Si se verifican estos impactos de la crisis internacional en el país podría desencadenarse una serie de efectos econó-micos en cadena de difícil control. Los migrantes podrían volver al país, aumentando la oferta laboral y haciendo crecer el desempleo o bien engrosando las filas del sector informal; esta situación restringiría los ingresos prove-nientes de remesas, los cuales ascienden a un monto su-perior a los 500 millones de dólares al año que, si bien no es, por lo general, un capital de inversión, sí lo es de con-sumo para numerosas familias de bajos recursos. Por otra parte, el menor flujo de capitales externos podría afectar la inversión extranjera directa, desacelerando la economía boliviana al afectar a sectores estratégicos, como el mine-ro. Por último, el achicamiento de los mercados externos podría constituirse en un desincentivo para la industria manufacturera, especialmente textil, generando el estan-camiento de muchas empresas o incluso la quiebra. Este cuadro causaría de manera directa e indirecta grandes perjuicios que precarizarían la vida de distintos sectores, generando malestar social.

2 Carvajal, Villarroel, 2011.3 Ibidem.


TABLA Nº 16 / Conflictividad por efectos de la crisis financiera internacional

ACTORES INvOLUCRADOS

INCIDENCIA EN EL

CONfLICTO

NIvEL DE RADICALIDAD

trabajadores fabriles vinculados a la exportación

Estratégica Moderado alto:

trabajadores minerosconfrontación - enfrentamiento violentoproductores agropecuarios

vinculados a la exportación

Estratégica

Empresarios exportadores No estratégica Moderado:

pobladores urbanos No estratégica confrontación


1.2. Problemática energética

Debido a la fuerte dependencia de los ingresos fiscales de Bolivia respecto a los rubros extractivos (45% del to-tal de ingresos),4 especialmente de la exportación de gas a los mercados de Brasil y Argentina, cualquier restricción en éstos podría causar graves problemas de sostenibilidad fiscal. No sólo la crisis internacional podría afectar en este sentido, sino también las limitaciones del mercado puesto que el gas no puede ser fácilmente transportado a gran-des distancias sin pasar por procesamientos previos muy costosos que limitan su comercialización. Por ello resulta conveniente vender el gas a socios relativamente cercanos, haciendo uso de gasoductos, como Brasil y Argentina, que se han convertido en los principales socios comerciales de Bolivia. En consecuencia, es preocupante que las reservas de petróleo y gas del Brasil se hayan incrementado en los últimos años debido a los grandes descubrimientos reali-zados en las regiones del Matto Grosso y Minas Gerais, posicionando a este país entre las primeras cinco potencias energéticas mundiales y otorgándole la posibilidad de al-canzar soberanía en esta materia ya que tiene la disponibili-dad financiera para llevar adelante de manera independien-te la explotación de sus reservas.5 Asimismo es necesario

4 Campero, 2001. 5 Zibechi, R. 2012.

asegurar la continuidad de la venta de gas a la Argentina, considerando que el contrato actual vence en 2019. Adicionalmente se encuentra el problema de los rendi-mientos decrecientes de la producción de gas en el país, que apenas cubrirían la demanda externa, sin contar la satisfacción de las necesidades internas. Por ello es impe-rioso hacer una mayor inversión en exploración y para la búsqueda de reservas de shale gas,6 las cuales, según estu-dios previos, ascenderían a 48 trillones de pies cúbicos, u optar por la producción de biocombustibles, industria en la que probablemente Bolivia tendría potencialidades y ventajas.7 Si no se realizan estos esfuerzos es posible que la capacidad energética boliviana quede rezagada con res-pecto a la situación regional. Es necesario considerar también las tendencias interna-cionales a una mayor utilización de gas y de energías ver-des con menor impacto ambiental; si bien esto aún no es una realidad, eventualmente significará una transfor-mación de la matriz energética global. En este aspecto Bolivia estaría estratégicamente posicionada, aunque la decisión de países, como Estados Unidos de extraer shale gas,8 o gas de esquitos, que se encuentra a gran profun-didad, desestructuraría parcialmente el mapa energético internacional ya que habría mayor disponibilidad del pro-ducto y más oferentes.Finalmente, y no menos importante, la falta de un mer-cado interno del gas consolidado debido a la insuficiente infraestructura para su distribución y a la ausencia de pro-yectos de industrialización9 que requieren muchos años para ser llevados adelante, es otro tema al que es necesario poner atención. Existiendo una alta dependencia de la renta hidrocarbu-rífera y considerando los problemas antes señalados, pue-de preverse cierta inestabilidad macroeconómica, lo que podría acarrear consecuencias socioeconómicas y políti-cas, como dificultades de sostenimiento de gastos fiscales, pugnas regionales por regalías, cuestionamientos a la po-lítica energética y malestar en la población.

6 Urquidi, M. 2011. 7 Página Siete, 15 de junio. 2012.8 El shale gas es un tipo de gas no convencional que se encuentra

a grandes profundidades, entre arcillas compactas y capas de car-bón. Para su extracción se necesita grandes inversiones, tecnología y mano de obra intensiva.

9 Kurmarev, 2012.


Por otra parte, una intensificación de la orientación extractivista también podría ser perjudicial por las ex-ternalidades negativas: contaminación ambiental y/o vulneración de TCO y áreas protegidas. Por ello es ne-cesario hacer una evaluación profunda y equilibrada de toda esta problemática con realismo y perspectiva a fu-turo a fin de plantear la estrategia más adecuada.

TABLA Nº 17 / Conflictividad por la problemática energética

ACTORES INVOLUCRADOS

INCIDENCIA EN EL CONFLICTO

NIVEL DE RADICALIDAD

actores regionales (gobiernos departamentales, gobiernos locales y organizaciones cívicas)

Estratégica

Moderado alto: confrontación -enfrentamiento violento

Sectores laborales/sindicales

Estratégica

organizaciones de transportistas

Estratégica

organizaciones de gremiales y comerciantes

No estratégica

Moderado:

confrontación

organizaciones empresariales

No estratégica

partidos políticos No estratégica

Medios de comunicación No estratégica

pobladores urbanos y rurales

No estratégica


1.3. Sostenibilidad del gasto fiscal

El gasto fiscal ha sido uno de los dinamizadores de la economía interna del país en los últimos años. El go-bierno de Evo Morales ha buscado incentivar la deman-da agregada (bienes y servicios demandados por entida-des públicas, empresas o unidades económicas y por la población en general) a través de la intervención estatal,

como evidencia la transferencia directa de primas y bo-nos a diversas instancias administrativas y a la población, los incrementos salariales anuales por arriba del 7% y la ampliación del aparato burocrático, entre otros. Los aún incipientes resultados de la lucha contra la pobreza de-penden fuertemente de la sostenibilidad de las políticas basadas en ese modelo. Como evidencian algunos estudios, la capacidad fiscal estaría perdiendo dinamicidad ante la caída de la tasa de variación de los impuestos derivados de la explotación hidrocarburífera y las menores recaudaciones tributarias, lo que conduciría a un reajuste de los gastos internos.10 Si aumentan los gastos fiscales más allá de lo permitido por el nivel de ingresos, inmediatamente se plantearía la necesidad de reducirlos, perjudicando el pago de sueldos y bonos, el servicio a la deuda externa, reduciendo la in-versión pública, mermando los presupuestos, generando desempleo en el sector público y obligando a un retiro de las subvenciones a productos básicos o, en su defecto, a un mayor endeudamiento interno y externo. Hay que se-ñalar también que un decremento del gasto fiscal, en un contexto de bajas tasas de inversión privada, significaría una desaceleración general de la economía, afectando las capacidades productivas e incluso generando una rece-sión. En consecuencia, cualquiera de las decisiones que se tome tendrá serias consecuencias. Un retroceso fuerte o intempestivo en las subvenciones y políticas sociales profundizaría las brechas económicas entre los quintiles sociales, exacerbando la pobreza extre-ma y fragmentando más a la población. Esta situación ge-neraría un clima de insatisfacción popular ante la precari-zación de las oportunidades de reproducción social básica y ampliada.Los niveles de conflictividad debido a la previsible re-sistencia a medidas fuertes podrían ser bastante altos, lo que afectaría severamente la cohesión interna del bloque oficialista y contribuiría a fortalecer otras opciones po-líticas. Es de suponer que la experiencia del gasolinazo hará considerar con cuidado la conveniencia de aplicar políticas de shock que generarían un escalamiento con-flictivo con altas cargas de violencia.

10 Arze, Espada, Guzmán y Poveda, 2011.


TABLA Nº 18 / Conflictividad por problemas de sostenibilidad del gasto fiscal

aCtoRES INVoluCRaDoSINCIDENCIa EN El CoNFlICto

NIVEl DE RaDICalIDaD

Centrales obreras EstratégicaModerado alto: confrontación -enfrentamiento violento

organizaciones laborales/sindicatos

Estratégica

pobladores urbanos y rurales No estratégica


Estratégica

Moderado: confrontaciónpartidos políticos No estratégica


productores agropecuarios No estratégica


1.4. Censo de población y vivienda y pacto fiscal

Considerando que los resultados del censo de población y vivienda que debería realizarse en 2012 son la base para el diseño de políticas y la distribución de recursos para el desarrollo local y regional que reconfigurarán el escenario socioeconómico y político del país, el proceso de su diseño y ejecución es de enorme importancia, por lo que debería realizarse con la rigurosidad técnica necesaria y con una participación amplia de distintos sectores que asegure su transparencia y confiabilidad.Dada la complejidad del proceso y la magnitud de sus consecuencias pueden generarse una cantidad de pro-blemas que afecten la calidad de los resultados censales, como movimientos poblacionales con el objetivo de que la población de localidades que han ido perdiéndola por la migración aparezcan con un número mayor de habitantes, lo que crearía serias distorsiones en los procesos de plani-ficación ulteriores. Además es previsible que se desarrolle un intenso debate sobre distintos aspectos, entre los que se encuentra el contenido de la boleta censal, sobre el cual ya se ha iniciado una polémica con relación a las cate-gorías de autoidentificación, y la fecha de realización del censo de acuerdo a las conveniencias políticas.

Es evidente que si el proceso censal no cuenta con una participación amplia en todas sus fases podrían plantearse cuestionamientos a éste que dificulten seriamente el logro de los resultados previstos. Seis meses después de la publicación de los resultados del censo se debería establecer un pacto fiscal11 que permita re-montar la tradicional estructuración de las finanzas públi-cas a través de la presión de los sectores sociales y políticos e incluso externa. El pacto fiscal tendría que hacer posible una distribución de competencias (exclusivas, concurren-tes y compartidas) y de recursos respaldada por todos los actores involucrados (considerando criterios poblacionales, de pobreza, migración, condición étnica, capacidades dife-rentes, condiciones de vida12), que será de fundamental im-portancia para el desarrollo local y regional, reconfigurando el sistema de poder territorial, institucional, social y políti-co en el país. Éste será un asunto especialmente complejo puesto que las actuales circunstancias hacen previsible que se desate una serie de pugnas por el control de los recursos.

TABLA Nº 19 / Conflictividad por el censo de población y vivienda y el pacto fiscal




EstratégicaModerado alto: Confrontación - Enfrentamiento violento

organizaciones indígenas Estratégica

pobladores departamentales, regionales y municipales

No estratégica

partidos políticos No estratégicaModerado: Confrontación



Si bien se podría producir una serie de tensiones y con-flictos políticos a propósito de la preparación del proceso

11 Acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social (CEPAL, 1998).

12 Aramayo, 2011.


del censo, de su ejecución y posterior aplicación de sus resultados –podrían generarse controversias por el reco-nocimiento de la importancia demográfica y de las condi-ciones de pobreza de departamentos y municipios para la distribución de recursos, incluso al interior del bloque ofi-cialista–, es previsible que exista mayor radicalidad de los conflictos en el ámbito económico y social ya que la pugna por la obtención de mayores recursos para cada uno de los municipios, regiones y departamentos del país en un escenario de debilidad institucional y normativa puede ser muy intensa y adquirir incluso características violentas.

1.5. Crisis alimentaria

No cabe duda de que los temas de seguridad y soberanía alimentarias han cobrado especial importancia en la últi-ma década debido a la situación generalizada de altos pre-cios de los alimentos en un contexto de gran crecimiento demográfico.13

La consecución de la seguridad y la soberanía alimentarias depende de una serie de factores, entre los que se encuen-tran políticas y estrategias adecuadas. Comparativamente, la seguridad alimentaria es un objetivo relativamente más fácil de lograr que la soberanía alimentaria, dado que se puede alcanzar a través de medidas de control del merca-do,14 aunque a la larga éstas pueden producir trastornos en el sector agrario y no resolver el problema de fondo; la soberanía alimentaria, en cambio, es mucho más difícil de lograr puesto que exige incentivar y mejorar la producción y la productividad bajo modelos sostenibles.Como se vio en el capítulo 4, existe una dicotomía entre la producción agropecuaria de tierras altas y valles y la de tierras bajas orientada a la exportación de unos pocos productos, por lo que la provisión de alimentos al merca-do interno queda casi exclusivamente en manos del sector campesino del altiplano y valles o bien, como ha estado ocurriendo en los últimos años, se ha resuelto a través de importaciones. Los problemas de migración del área rural andina que la dejan sin mano de obra para la producción agropecuaria, la aguda parcelación de la tierra, la imposi-bilidad de acceder a recursos financieros y tecnológicos,

13 Estudios muestran que entre 2005 y 2008 los precios de los alimentos a nivel mundial se encarecieron en al menos 83%. Holt-Giménez y Peabody, 2008.

14 Algunos países han establecido control de precios, barreras co-merciales y subvenciones al consumo, entre otros. IBCE, 2008.

las condiciones de degradación y erosión de gran parte de los suelos y las dificultades de compatibilizar las visiones y prácticas tradicionales con las modernas y capitalistas, se constituyen en obstáculos serios para mejorar la produc-ción y la productividad del agro y, con ello, para asegurar la provisión de alimentos. Si bien la expansión de cultivos puede ser importante ya que permite el ingreso de divisas –siempre y cuando no se avance sobre tierras que no son de vocación agrícola–, el incremento de la producción de soya y caña de azúcar en el último quinquenio, ambos materia prima para pro-ductos industriales (aceite y alcohol), no contribuye a la seguridad y soberanía alimentarias. En los últimos dos años han surgido numerosos conflictos sociales en áreas urbanas por los altos precios y la escasez de alimentos, que se han ido multiplicando y radicalizan-do, especialmente en 2011 como efecto del gasolinazo.Por otra parte es necesario tomar en cuenta que los altos precios internacionales de algunos productos orgánicos, como la quinua, han promovido una expansión de estos cultivos en el norte de Potosí, con asignación de recursos públicos y privados para incrementar su producción des-tinada, en casi 90%, a la exportación, por lo que no tiene mayor influencia en la búsqueda de soberanía alimentaria. Éste es un factor generador de violentos conflictos por la tenencia de la tierra en esa región (Coroma y Quillacas).Finalmente, la intención gubernamental de intervenir di-rectamente en la producción de alimentos y, en algunos casos, de otorgar recursos directos sin intermediaciones financieras, pese a los beneficios que puede rendir, podría fomentar la cultura del conflicto, como ocurrió en el caso de los productores de cítricos de Caranavi, productores de azúcar de Bermejo, productores de arroz del Beni y zafreros de castaña en Pando. Una eventual crisis alimentaria en el país como resulta-do de los factores antes mencionados y de la crisis ali-mentaria mundial, podría funcionar como un nudo ge-nerador de múltiples conflictos pues se trata de un tema especialmente sensible para la población, como ya se vio con lo ocurrido entre 2010 y 2011. Estos conflictos po-drían escalar y convertirse en situaciones de agregación de demandas y coordinación entre actores, con importantes efectos socioeconómicos y políticos. En lo económico, sería inevitable un proceso inflacionario, el debilitamiento de la balanza comercial por la necesidad


de importar alimentos y la merma de los ahorros y de la inversión pública; a esto se sumaría la proliferación de de-mandas de incremento de salarios y bonos para compensar el encarecimiento de la canasta familiar. La especulación agudizaría la escasez de productos básicos y sería un cata-lizador de malestar generalizado en la población y de en-frentamientos al interior de la sociedad civil. Es evidente que este tipo de problemas puede incidir con mucha fuerza sobre la credibilidad del gobierno, alejándolo de su base so-cial de apoyo y poniendo en riesgo la gestión política.

TABLA Nº 20 / Conflictividad por crisis alimentaria



Centrales obreras Estratégica Moderado alto: confrontación -enfrentamiento violento

Sectores laborales /sindicatos Estratégica



EstratégicaModerado: confrontación

unidades campesinas medianas y pequeñas

Estratégica Bajo moderado: conflicto manifiesto - confrontaciónEmpresarios agropecuarios No estratégica


1.6. Tierra y territorio

La tierra y el territorio son problemáticas centrales en las distintas regiones del país. En tierras altas la aguda frag-mentación de la tierra inviabiliza una producción mínima que asegure la sobrevivencia de las familias campesinas y el adecuado abastecimiento del mercado interno; en tierras bajas las TCO, pese a su reconocimiento legal, se encuen-tran constantemente amenazadas por los intereses empre-sariales y de los colonizadores de tierras altas, que han ido deteriorando su base de recursos naturales y, en varios ca-sos, han mermado incluso su integridad territorial.Los conflictos en este ámbito se dan principalmente por el saneamiento y titulación de tierras, evidenciando, por una parte, la preocupación por el retardo de este proceso y, por otra, la colisión entre una visión desarrollista que busca el máximo aprovechamiento de la tierra y los recur-

sos naturales, y otra conservacionista arraigada profunda-mente en la tradición cultural de los pueblos indígenas, especialmente de tierras bajas.En este sentido, la tierra y el territorio no son solamen-te bienes productivos, sino que adquieren relevancia so-ciopolítica y cultural y constituyen un verdadero nudo problemático, sea que la política de saneamiento y redis-tribución de tierras sea retomada por el gobierno o que se le dé un carpetazo final. En el primer caso podría generar –como ocurrió durante la primera gestión de gobierno del MAS– un enfrentamiento con el empresariado agrope-cuario de tierras bajas, con consecuencias de desacelera-ción de los procesos productivos y desincentivo a la inver-sión privada en el agro; en el segundo caso continuaría la declinación de la pequeña producción familiar y comunal, se incrementaría la pobreza rural y se acentuaría la mi-gración campo-ciudad, con la correspondiente protesta de los sectores campesino e indígena que cifraban sus espe-ranzas en la agilidad de los procesos de saneamiento y redistribución de tierras y, a partir de ello, se profundizaría el distanciamiento entre el gobierno y sus bases sociales. Aunque es previsible que el nivel de estos conflictos sea entre bajo y moderado, podrían desarrollar un potencial destructivo y producirse episodios de enfrentamiento vio-lento entre sectores sociales.

TABLA Nº 21 / Conflictividad por tierra y territorio

aCtoRES INVoluCRaDoSINCIDENCIa EN El

CoNFlICtoNIVEl DE

RaDICalIDaD

pueblos indígenas Estratégica Moderado alto: confrontación -enfrentamiento violento

organizaciones sociales (Movimiento sin tierra y otras)

Estratégica

actores regionales (gobiernos locales y organizaciones cívicas)

Estratégica

Bajo moderado: conflicto manifiesto - vonfrontación

Grandes propietarios de tierras

Estratégica

organizaciones empresariales de tierras bajas

No estratégica




1.7. Prestación de servicios públicos y gestión urbanaLa prestación de servicios públicos y la gestión urbana son parte importante de las políticas públicas ya que se en-cuentran estrechamente vinculadas con las necesidades cotidianas de la población. En Bolivia estos temas se han convertido en verdaderas cuestiones problemáticas dado el crecimiento constante de la urbanización y la conformación de áreas metropolitanas que actualmente concentran gran parte de la población nacional, sin que se hayan desarrollado los necesarios procesos de planificación del desarrollo urba-no que den cierta racionalidad al uso del suelo y a la realiza-ción de las distintas actividades. Estos vacíos e insuficiencias se deben a las fuertes restricciones económicas y técnicas del Estado para atender a las necesidades que estos procesos plantean y a la precariedad de la institucionalidad pública.En los últimos años la prestación de servicios públicos y la gestión urbana han dado lugar al surgimiento de numero-sos conflictos sociales en los distintos departamentos del país que, en su mayoría, fueron protagonizados por veci-nos, a través de sus organizaciones, o reunidos en función de los problemas que se fueron presentando. Los problemas de tierra y territorio y de aprovechamiento de recursos naturales antes señalados podrían incremen-tar los flujos migratorios de las áreas rurales hacia las ciu-dades, agravando las dificultades del Estado para brindar una mayor cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos. Además, si se produce una reducción del gasto fiscal podría verse afectada la posibilidad de satisfacer las demandas ciudadanas en este campo, con consecuencias sobre la credibilidad de la institucionalidad estatal en sus distintos niveles y con altos costos políticos.

TABLA Nº 22 / Conflictividad por prestación de servicios públicos y gestión urbana



organizaciones sociales (juntas vecinales, gremiales y otras)

EstratégicaModerado alto: confrontación - enfrentamiento violento


EstratégicaModerado: confrontación

pobladores urbanos y rurales No estratégica Moderado bajo: conflicto manifiesto - confrontaciónpartidos políticos No estratégica


1.8. Seguridad ciudadana

Como es bien conocido, la seguridad ciudadana es una tarea que cada vez cobra mayor importancia en Bolivia; en la última década ha pasado de ser un país tranquilo –pro-bablemente uno de los más seguros de América Latina– a una situación de inseguridad que afecta a las principales ciudades del país.El incremento de la delincuencia ha afectado la calidad de vida de la población, especialmente en los grandes centros urbanos del país, e incluso está incidiendo sobre el desa-rrollo de las actividades económicas, especialmente de los innumerables comerciantes establecidos en las vías públi-cas que, al igual que los transportistas, están expuestos a una serie de riesgos. En ese contexto, el tema de la inseguridad ciudadana, que tiene visos de seguir incrementándose, se ha convertido en un factor de malestar social y en un generador de con-flictividad social que puede convertirse en recurrente en las grandes ciudades del país.

TABLA Nº 23 / Conflictividad por seguridad ciudadana



organizaciones sociales Estratégica Moderado alto:

confrontación - enfrentamiento violento

Comerciantes minoristas Estratégica

pobladores urbanos y rurales Estratégica

Sector empresarial turístico No estratégicaBajo moderado:

conflicto manifiesto - confrontación


policía No estratégica



2. CONfLICTIvIDAD INSTITUCIONAL

2.1. Nueva configuración territorial: autonomías y definición de límites político administrativos

El proceso de reconfiguración territorial del país, en el mar-co del régimen autonómico, implica una redistribución del poder político en el país; el gobierno central perdería parte


de su potestad que sería traspasada a los diferentes niveles autonómicos, lo que va a contrapelo de la tradición centra-lista boliviana y de la tendencia del gobierno del MAS a concentrar el poder. Es probable que se desarrolle una nue-va pulseta entre el gobierno central y los gobiernos y mo-vimientos regionales que buscarían recomponer su poder y capacidad de influencia a través del régimen autonómico para constituirse en referentes de la gestión pública y el desarrollo. Por otra parte, la compatibilización entre auto-nomías indígena originario campesinas y departamentales planteará problemas en cuanto a la propiedad comunitaria y privada, al control de recursos naturales y a otros temas. Puede decirse que, en general, el proceso autonómico está atravesado por una serie de situaciones potencialmente conflictivas en el ámbito político, como la superposición de niveles autonómicos, la ingeniería normativa –inclu-yendo la compatibilización de estatutos autonómicos y la elaboración de cartas orgánicas–, los intereses regionales, las lealtades territoriales e ideológicas, las disputas por lí-mites político administrativos entre municipios, provin-cias y departamentos, las implicaciones de la gestión ad-ministrativa, la tradición centralista de la administración del Estado y las pugnas políticas.En el ámbito económico se añaden a este complejo mo-saico el tema de la distribución de recursos entre los dife-rentes niveles autonómicos, el incremento de atribuciones a departamentos y municipios sin asignación de los recur-sos suficientes, las pugnas limítrofes vinculadas al control de recursos naturales, la figura administrativa de manejo de recursos propios, la tensión entre la propiedad comu-nitaria y la propiedad privada. En el ámbito social hay que considerar las expectativas ciudadanas por ejercer la autonomía como un medio para lograr una mejor provisión de servicios públicos y calidad de vida en general, el resurgimiento de identidades re-gionales y locales y el empoderamiento de organizaciones locales, Si no se verifica una mejora efectiva de la calidad de vida de la población podría generarse descontento y canalizarse a través de estas organizaciones. Con el entrecruzamiento de todos estos elementos es previsible que, una vez que el proceso autonómico cobre cierto impulso, se desencadene una serie de conflictos de interés que, previsiblemente, pueden escalar a niveles de confrontación y enfrentamiento violento, especialmente en los ámbitos socioeconómicos.

TABLA Nº 24 / Conflictividad por nueva configuración territorial



pueblos indígenas EstratégicaModerado alto: confrontación - enfrentamiento violento

Sectores mineros Estratégica



Estratégica

Moderado: confrontación





2.2. Regulación de la actividad minera

La importancia fundamental de la minería en la econo-mía del país, incrementada en los últimos años con el auge de altos precios internacionales de los productos mineros, ha dado lugar a una serie de conflictos entre distintos sectores sociales y ha puesto sobre la mesa la necesidad de una adecuada regulación de esta actividad que asegure una producción sostenible con los ingresos correspondientes para el Estado, las zonas productoras y los trabajadores, sin generar impactos ambientales ne-gativos.El sector minero boliviano es altamente complejo debi-do a la confluencia de varios tipos de propiedad y acti-vidad extractiva; así, no sólo existe una clasificación de acuerdo al tamaño de la intervención –grande, media-na y pequeña–, sino también por tipo de adjudicación –empresarial, estatal y cooperativista–; cada una de estas categorías tiene características y dificultades específicas. La gran minería está conformada por empresas como San Cristóbal, Inti Raymi, COMSUR y Kori Chaca, muchas de ellas asociadas a capitales transnacionales, con métodos masivos de explotación, empleando cada vez más mano de obra calificada y con una producción que supera las 500 toneladas diarias y genera millona-rios ingresos. La minería pequeña está compuesta por


empresas con menor capacidad de inversión y basadas en el uso intensivo de mano de obra. Las cooperativas son las más numerosas, algunas están asociadas al capital transnacional, otras son tradicionales grandes y peque-ñas, algunas operan bajo modelos de trabajo asalariado y otras son emprendimientos cuentrapropistas.15 La mi-nería estatal, cuya participación en la economía después de la promulgación del DS 21060 fue reducida práctica-mente a cero, se ha ido reactivando lentamente, aunque sin llegar a ocupar el lugar preponderante que tenía en el pasado. Por lo tanto se puede afirmar la coexistencia en la mine-ría boliviana de una visión moderna y tecnológicamente desarrollada, vinculada a intereses foráneos que no nece-sariamente fortalece los encadenamientos productivos in-ternos ni articula el desarrollo nacional, y otra tradicional y artesanal de subsistencia que sólo crea empleos16 preca-rios y se desarrolla en condiciones adversas, generando un fuerte impacto ambiental.La importancia de la minería en el PIB nacional es cen-tral, habiendo generado alrededor de 3.700 millones de dólares en 2011 por concepto de exportaciones mine-ras.17 Sin embargo, las proyecciones advierten sobre una reducción de entre 10% y 15% debido a la baja de las cotizaciones de los precios internacionales.18 Es necesa-rio tomar en cuenta también que la producción presenta una tendencia a la declinación a raíz de las bajas inver-siones, lo que se ha compensado a través de los altos precios, aunque éstos han sido volátiles y se espera que entre 2012 y 2014 alcancen la fase final de su alza, ya que en el último quinquenio crecieron, a pesar de la crisis, gracias a la acción de fuerzas especulativas ante el exceso de oferta monetaria internacional y el sostenido creci-miento de la economía china.19 El desplome de precios podría ser moderado o drástico, en cualquier caso suma-mente perjudicial para la economía boliviana, sobre todo en términos del empleo.

15 Guachalla, O., 2009.16 Alrededor de 50.000 empleos, frente a los 5.000 que crean por

separado la minería mediana y la estatal. Cifras oficiales del Mi-nisterio de Minería y Metalurgia hasta el año 2008.

17 El sector minero ha aportado al PIB nacional entre el 5 al 10% desde el año 2005.

18 ABI, 23 de mayo de 2012.19 Fundación Milenio, 2011.

En los últimos dos años se ha producido un recrudeci-miento y proliferación de las pugnas por el control de re-cursos mineros. En este escenario, la formulación de una nueva normativa minera –la cual se ha informado estaría concluida antes de finalizar el año 2012– que establezca un marco para el desarrollo de estas actividades, consi-derando las salvaguardas ambientales necesarias y una adecuada distribución de beneficios podría evitar futuras confrontaciones; sin embargo, si no se considera la con-sulta y participación de todos los actores implicados y no se logran acuerdos, ésta podría ser inviable.

TABLA Nº 25 / Conflictividad por regulación de la actividad minera




Estratégica

Moderado alto: confrontación-enfrentamiento violento

Mineros cooperativistas Estratégica

Mineros sindicalizados Estratégica

pobladores rurales Estratégica

Empresas mineras EstratégicaBajo moderado: manifiesto-confrontación


2.3. Regulación de los medios de comunicación

La regulación, vía normas legales, de la actividad de los medios de comunicación es un tema muy sensible para los profesionales de la comunicación y los medios, como se ha podido comprobar a través de las movilizaciones ge-neradas en los años recientes por la aprobación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, la Ley del Régimen Electoral y la Ley de Telecomunicaciones. Por su significación para la vida democrática del país, una ley específica que regule la actividad de los medios requiere un debate público sobre el derecho a la información y a la comunicación –incluyendo los temas de libertad de expre-


sión, función que los medios deben cumplir en democracia y observancia de estándares mínimos de calidad periodísti-ca–, en el que deben participar todos los actores interesados para que los acuerdos sean representativos y legítimos. En este debate, uno de los temas más sensibles por sus implica-ciones y alcances es, sin duda, el de la libertad de expresión, consagrada en la Constitución Política del Estado, en su artículo 106. Con el antecedente de varios años de gobier-nos de facto, en los que fueron conculcados una serie de de-rechos, incluido el de la libertad de expresión, el tema de la regulación de medios inevitablemente reactualiza el debate sobre el control privativo e interesado de la información y de la opinión por los medios y/o por el Estado. Declaracio-nes de funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de evitar distorsiones de la información, generan temores de que exista la intención de controlar “la verdad en los men-sajes públicos”,20 sobre todo en los medios televisivos. Será importante tomar en cuenta en este debate los convenios internacionales relativos a la libertad de expresión ratifica-dos por Bolivia,21 como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el Pacto Inter-nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 17, 18 y 19), la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de 1969 (artículos 13 y 14) y el Con-venio internacional de Telecomunicaciones de Nairobi.En relación a la calidad de la información periodística no son pocos los estudios que muestran la existencia de una serie de deficiencias que van desde la inobservancia de estándares periodísticos de orden deontológico hasta desajustes técnicos, y que se explican por una serie de fac-tores, como las debilidades de la formación profesional, la precariedad en que se desarrolla el trabajo periodístico y las presiones de parte de las empresas periodísticas y del poder político. Es evidente que estos problemas no serán superados sola-mente a través de la aprobación de normas, sino también, y fundamentalmente, de una autocrítica de los distintos actores involucrados que permita reorientar la labor pe-riodística anteponiendo valores democráticos ligados al bien común.Es por todo ello que si no se desarrolla este debate de ma-nera amplia y abierta y no se arriba a consensos, la viabi-

20 http://seniales.blogspot.com/2010/01/continuan-debates-so-bre-medios-de.html.

21 Giavedoni, 2010.

lidad de una norma que regule la actividad de los medios sería muy incierta y podría generarse una conflictividad importante en la que los periodistas y los medios de co-municación serían protagonistas, pero que contaría con el respaldo de otros sectores sociales y políticos, más aún si se mantiene la situación de tensionamiento entre los gremios y medios y el gobierno central.

TABLA Nº 26 / Conflictividad por regulación de los medios de comunicación



organizaciones sociales (trabajadores y gremios periodísticos)

Estratégica

Moderado alto: confrontación - enfrentamiento violento

Medios de comunicación Estratégica

organizaciones sociales (opositores/oficialistas)

Estratégica

pobladores urbanos No estratégica

Empresarios vinculados a medios

Estratégica

Moderado: confrontaciónorganizaciones académicas No estratégica



3. CONfLICTIvIDAD POLÍTICO CULTURAL

3.1. Conservación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO)

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas se en-cuentran protegidos en Bolivia por la Constitución Po-lítica del Estado y por varios convenios internacionales que el país ha ratificado; sin embargo, estos preceptos son contravenidos por las políticas públicas y las decisiones gubernamentales, poniendo en riesgo la conservación de las TCO y, con ello, la propia sobrevivencia de los pueblos indígenas.


El caso del TIPNIS ejemplifica bien esta situación. Pocos conflictos han generado tanta polarización en torno a te-máticas de interés nacional, como éste que ha colocado en la agenda pública el tema de los derechos territoriales in-dígenas y la conservación de áreas naturales. Sea cual fue-re el desenlace de este conflicto, es previsible que perviva por largo tiempo el debate en torno a temas como el mo-delo de desarrollo, el carácter expansivo de la producción de coca, considerando el crecimiento del narcotráfico, la conservación de áreas protegidas y los derechos indígenas.Además del caso del TIPNIS pueden producirse otros varios conflictos por la conservación de TCO en distintas regiones del país. De todos modos, lo que ocurra en el TIPNIS será definitorio para el curso que seguirá la agen-da indígena y la problemática de los territorios indígenas.Así como ya se ha producido un rompimiento entre los sectores indígena y campesino a partir de este conflicto, podrían ocurrir nuevas rupturas entre sectores sociales y políticos y reconfigurarse alianzas políticas.

Por otra parte, la conjunción de las reivindicaciones indí-genas y el despertar de una conciencia ambientalista en el país podría ser un poderoso articulador y tranversalizador de demandas de distintos sectores sociales.

4. ESCENARIOS POSIbLES

Planteadas las características generales de la conflictividad en Bolivia y descritos los temas centrales que podrían ge-nerar posiciones encontradas y malestar social, es posible bosquejar escenarios futuros que permitan comprender mejor el tipo de conflictividad que podría desarrollarse en el país a corto y mediano plazo.Se han esbozado tres escenarios futuros posibles, favo-rable o positivo, intermedio o relativo y adverso o nega-tivo, y se han tomado en cuenta cinco de los temas antes desarrollados, que por su complejidad, alcance nacional y posibilidad de generar transversalización de demandas y agregación de actores, revisten mayor importancia:• Efectos de la crisis financiera internacional • Sostenibilidad del gasto fiscal• Censo de población y vivienda y pacto fiscal• Autonomías y límites político administrativos• Conservación de TCO

TABLA Nº 27 / Conflictividad por la conservación de las TCO



pueblos indígenas EstratégicaModerado alto: confrontación -enfrentamiento violento

organizaciones ambientalistas Estratégica

pobladores urbanos/rurales No estratégica


Estratégica

Moderado: confrontación




Empresarios No estratégica

Fuente: Elaboración propia


TABLA Nº 28 / Tipo de escenario según tema

tEMaS ESCENaRIo poSItIVo ESCENaRIo INtERMEDIo ESCENaRIo NEGatIVo

Efectos de la crisis financiera internacional

precios de los productos de exportación se mantienen en alza, permitiendo mantener políticas sociales, pero exacer-bando apetitos por recursos naturales.

precios de los productos de exporta-ción se mantienen estables o caen ligeramente, obligando a diversificar la economía y a buscar nuevos mer-cados.

precios de los productos de exportación caen signi-ficativamente, desincentivando la producción y la inversión y afectando los ingresos del país.

Sostenibilidad del gasto fiscal

El gobierno mantiene las políticas so-ciales y las subvenciones, a través de recaudaciones impositivas en los secto-res más solventes y de fondos internos y externos.

El gobierno realiza reducciones pro-gresivas de las políticas sociales, sub-venciones y otros gastos públicos.

El gobierno adopta políticas de austeridad ortodo-xas, reduciendo políticas sociales y subvenciones a manera de shocks.

Censo de población y vivienda y pacto fiscal

Se lleva a cabo el censo a partir de un proceso abierto a la participación de distintos sectores y en los plazos anun-ciados y posteriormente se logra arribar a un pacto fiscal a través de un proceso igualmente participativo y de consen-sos.

Surgen cuestionamientos al diseño y ejecución del censo, los que son ges-tionados adecuadamente.

El gobierno aplaza la toma de decisio-nes respecto a un pacto fiscal hasta después de las elecciones de 2014.

Se excluye de la participación y toma de decisio-nes en relación al censo a los distintos sectores, lo que siembra dudas y deslegitima el proceso, impidiendo que pueda efectuarse un pacto fiscal y desatando una serie de pugnas por el control de los recursos financieros.

autonomías y límites político-administrativos

El proceso autonómico se lleva adelante de manera consensuada y de acuerdo a las expectativas de los distintos actores.

Se llega a consensos en relación a los conflictos de límites más importantes, como el de oruro y potosí y el de Chuqui-saca y tarija, desactivando, al menos por un tiempo, esos focos de conflicto.

El proceso autonómico se desarrolla lentamente y con algunos impasses entre los actores.

Se avanza lentamente en la definición de los casos más importantes (oruro - potosí y Chuquisaca - tarija), a través de procesos de negociación, conte-niendo las protestas regionales.

El proceso autonómico se paraliza; o avanza con demasiada lentitud y sin coordinación ni acuerdos, por lo que resurgen demandas regionalistas y se cuestiona al gobierno central.

Se toman decisiones que afectan a dos de los de-partamentos involucrados, por lo que la conflicti-vidad se agudiza y prolonga; o se posterga indefi-nidamente la decisión sobre estos casos, desatando la protesta de todos los actores afectados.

Conservación de tCo

Se llega a un acuerdo entre los distintos sectores involucrados para la construc-ción de la carretera con otro trazo de manera que no atraviese el tIpNIS, lo que se constituye en un precedente para otros casos de realización de actividades que afecten a una tCo.

El proceso de consulta se pospone y no se toma una decisión definitiva sobre la construcción de la carretera, dejándose sin resolver la disputa entre modelos de desarrollo.

Se realiza la consulta sin el consentimiento de la organización matriz del tIpNIS y se construye la carretera, generando daños irreversibles al área y a los pueblos indígenas que la habitan, y poniendo en serio riesgo la conservación de las tCo y áreas protegidas en Bolivia.

o la carretera no se construye, generando resis-tencia de los productores de coca, colonizadores y otros sectores interesados en contar con esta vía y distorsionando el tema de los derechos indígenas y ambientales de manera que parezcan contrarios al desarrollo.



El gráfico Nº 35 sitúa los temas en un plano cartesiano de cuatro áreas: conflictividad baja, conflictividad modera-mente baja, conflictividad moderamente alta y conflictivi-dad alta; la situación específica de cada uno de los temas analizados surge del cruce entre dos dimensiones: la pro-porcionalidad de conflictos en torno a un tema, tomando en cuenta la cantidad de sectores que podrían verse direc-tamente afectados (Eje x), y la radicalidad promedio del conflicto que podría esperarse, de acuerdo a los tres escena-rios posibles (Eje y). Del cruce de estas dos variables surgen cuatro campos o cuadrantes, descritos a continuación:

conflictividad bajaSe trata del mejor escenario, en el que la cantidad de con-flictos es reducida, al igual que los actores movilizados y las medidas de presión aplicadas son moderadas. En esta situación, los conflictos son expresiones democráticas y democratizantes y pueden ser útiles para la identificación de problemas y su atención a través de procesos de nego-ciación y búsqueda de acuerdos.

conflictividad moderadamente bajaLa cantidad de conflictos es baja a media y las medidas no llegan a la violencia, el clima social es relativamente

estable, aunque pueden aparecer nichos de malestar social. En alguna medida se dificulta la realización de procesos de diálogo y negociación.

conflictividad moderadamente altaEs un escenario más complejo, con una conflictividad media alta, en la que es visible la frustración de los actores y la pro-pensión a ejecutar medidas más violentas; se deteriora el cli-ma social, la interpelación al actor demandado se hace más profunda y compleja, pudiendo atraer más actores y desen-cadenar nuevas demandas. En este punto se hace muy difícil establecer espacios de diálogo que resulten productivos.

conflictividad altaEs el peor escenario, con gran número de conflictos, alta capacidad de movilización y protesta de los demandantes, agregación de actores y transversalización de demandas. Existe un fuerte deterioro del clima social, las medidas de fuerza son cada vez más radicales y violentas, superando las capacidades institucionales de canalización del con-flicto, incluso podría llegarse a una situación de crisis.Es importante señalar que los diferentes temas pueden transitar entre los distintos escenarios, dependiendo de los factores estructurales y coyunturales que los determinan.

GRÁFICO Nº 35 / Tipos de escenarios conflictivos por tema


Con�ictividadmoderadamente alta

Con�ictividadmoderadamente baja

Con�ictividad alta

Con�ictividad baja

ESCENARIOS

Negativo

Neutro

Positivo

PROCESOS

Autonomías y límites político-administrativos

Crisis internacional y precios de materias primas

Gasto �scal

Pacto �scal y censo nacional

Tipnis


GRÁFICO Nº 36 / Trayectoria de los conflictos por tipo de escenario






ESCENARIOS

Negativo

Neutro

Positivo

PROCESOS



Gasto �scal


Tipnis

Los escenarios positivos se encuentran situados en la parte inferior del gráfico, aunque el conflicto por la conservación de TCO –especialmente el del TIPNIS– y el de sostenibilidad del gasto fiscal, podrían presentar más dificultades de gestión, generando de todos modos núcleos moderados de conflictividad. El primero, tan-to en el escenario intermedio como en el negativo, se plantea potencialmente radical, por lo que su resolu-ción sería más difícil de alcanzar; el segundo es también complejo, si se eliminan beneficios sociales y subven-ciones a productos estratégicos, como los carburantes, puede generar confrontación y violencia y un clima so-cial adverso.Es previsible que el tema de autonomías y límites políti-co administrativos, con una conflictividad relativamente compleja ya que se encuentra en los escenarios interme-dio y negativo dentro del cuadrante de conflictividad alta,

avance bajo sus propios términos y ritmos. Excesivos re-trasos o la paralización del proceso podría dar lugar a pro-testas radicales y paros cívicos regionales. Una conflicti-vidad importante vinculada a este tema podría contribuir a fragmentar aún más la sociedad, dificultando la gestión de los conflictos.Los casos del censo y pacto fiscal y de los efectos de la crisis económica internacional no parecen ser muy com-plejos; el primero depende de un manejo abierto y de avances con consensos progresivos, de modo de satisfa-cer las expectativas locales a partir de la redistribución de recursos, lo cual podría ser ser canalizado institu-cionalmente; la crisis internacional produciría efectos indirectos que podrían afectar al país al ser vulnerable por su dependencia económica de unos pocos rubros de exportación, pudiendo convertirse en un potenciador de la conflictividad.


PROCESOS

AL

AL


NÚMERO DE CONFLICTOS (EN BASE A ACTORES)

NÚM

ERO

DE RA

DICA

LIDAD





5

4

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8

CI

CI


GF

GF

Gasto �scal

PC

PC


TI

TI

Tipnis

ESCENARIOS

Positivoaa

Neutroaa

Negativoaa

PC

CI AL

CI

PC GF TI

TI

ALGF

GRÁFICO Nº 37 / Trayectoria de los conflictos por tipo de escenario


En los gráficos Nº 36 y 37 se intentó delimitar los ran-gos o tipos de dinamicidad de cada uno de los temas ya señalados. En el primer gráfico, la longitud de cada línea da cuenta de la potencialidad escaladora de cada tema, entre más corta sea la línea entre los escenarios (positivo, intermedio y negativo), menor será el margen para que el conflicto pase a una fase de mayor radicalidad. En el segundo, el espacio existente entre cada uno de los esce-narios de un mismo conflicto da cuenta de la posibilidad de una gestión adecuada del tema, antes de que escale a una situación más crítica.

Así, el impacto de la crisis financiera internacional, al te-ner una incidencia indirecta sobre la conflictividad, deja una longitud mayor entre una situación positiva y otra negativa, lo que implica que el conflicto no escalaría rápi-damente ya que depende de condicionantes que pueden o no cumplirse. Además, al ser sus efectos poco controla-

bles, pues dependen de decisiones de gobiernos extranje-ros y de organismos internacionales, el margen de gestión es mínimo.El tema de sostenibilidad del gasto fiscal podría escalar con mayor facilidad, pasando de una conflictividad mo-deradamente baja a una extremadamente alta; al afectar a los distintos sectores de la sociedad, la atención de las demandas podría dificultarse, especialmente si, como su-cedió con el gasolinazo, los actores llegan a confluir en protestas de alta radicalidad. Los temas autonómico y de censo y pacto fiscal, a dife-rencia de los anteriores, podrían ser canalizados por vías institucionales, aunque pueden convertirse en temas de desencuentro político. Finalmente, la problemática de las TCO es, como se vio, compleja y puede plantear serios desafíos y tener importantes costos socioeconómicos y políticos.

bibliografía consultada


ACNUDH. 2010. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las acti-vidades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia.

ACNUDH. 2012. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las acti-vidades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Adam, G. y J.D. Reynaud. 1978. Conflits du travail etchan-gement social. PUF. París.

Aguilar, T., C. Montaño, J. Vargas y H. Villegas. 2010. Inversión pública y pobreza en Bolivia. INESAD. La Paz.

Andersen, L. y O. Nina. 2000. The HIPC initiative in Bo-livia. INESAD. La Paz.

Anderson, M.B. 1999. Do No Harm: How Aid Can Su-pport Peace - Or War. Lynne Rienner Publishers. London.

Antezana, L. 1991. Dos conceptos en la obra de René Zava-leta Mercado: formación abigarrada y democracia como au-todeterminación. University of Maryland at College Park. Annapolis.

Aramayo, F. 2012. Análisis de condiciones para el trabajo de la Fundación UNIR en el tema del pacto fiscal en el marco de la implementación del régimen autonómico (Inédito). La Paz.

Araníbar, A. 2009. “Bolivia: de la crisis y la inflexión a la gestión del cambio”, en Crisis y cambio en América Latina. Escenarios políticos prospectivos. Siglo XXI Edit.-PNUD. Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Archondo, R. 2003. Incestos y blindajes. Radiografía del campo político-periodístico. Plural Editores. La Paz.

Argirakis, H. 2007. “Los medios y la política; relaciones subjetivas y simbólicas”, en Revista Lazos. Año 2, Nº 4, julio de 2007-enero de 2008. Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

Arze, C. PIB per cápita de $us 1.683 es un espejismo. CED-LA. 7 de octubre de 2009.

Arze, C., J L. Espada, J.C. Guzmán y P. Poveda. 2011. Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras. Análisis de la política económica, fiscal y petrolera. CEDLA. La Paz.

Banco Central de Bolivia. 2009. Informe de Actividades Gestión 2010. BCB. La Paz.

Banco Mundial. 2010. Hacia la equidad de género en la eco-nomía. Un estudio desde la informalidad. BM. La Paz.

Banco Mundial. 2010. Informe anual 2010. Disponi-ble en http://siteresources.worldbank.org/EXTANN-REP2010SPA/Resources/BancoMundial-Informea-nual2010.pdfBanco Mundial. 2010. Panorama social de América Latina 2010. La Paz.

Barbeito, C., G. Redondo de la Morena y N. Tomàs. 2007. “La construcción de paz aplicada”, en Quaderns de construccio de pau, Escola de Cultura de Pau, Universitat Autónoma de Barcelona. Noviembre. Barcelona.


Blanco, J. y R. Gurevich. 2002. “Una geografía de las ciu-dades contemporáneas: nuevas relaciones entre actores y territorios” en Ciudad y ciudadanos. Aportes para la ense-ñanza del mundo urbano. Paidós. Madrid.

Blanes, J. 2000. Mallkus y Alcaldes. PIEB-CEBEM. Co-chabamba.

Blanes, J. 2007. Bolivia: las áreas metropolitanas en perspec-tiva de desarrollo regional. Villa libre, cuadernos de estu-dios sociales urbanos. Nº 1. CEDIB. Cochabamba.

Bobbio, N., N. Matteucci y G. Pasquino. 1991. Dicciona-rio de Política. Siglo XXI Edit. México, D.F.

Böhrt, C. 2010. Futuro inmediato de las autonomías en Bo-livia. Apuntes de alerta temprana. Fundación UNIR Boli-via. La Paz.

Bustelo, P. 2003. Desarrollo económico: del consenso al post-consenso de Washington y más allá. Universidad Com-plutense de Madrid. Madrid.

Cadarso, P.L. 2001. Fundamentos teóricos del conflicto social. Siglo XXI Edit. Madrid.

Cadena-Roa, J. 2010. Lista de actores sociales estratégicos (sistémicos) para el Conflictograma. Inédito. PAPEP. PA-PEP-PNUD. La Paz.

CAF, CLMR y Fundación Bigott, 2002. Palabras de paz. Discursos premios Nobel.

Calderón, F. 2010. La fuerza política de las culturas. Plural Editores - CESU (UMSS). Cochabamba.

Calderón, F., L. Fontana, I. Nava y H. Pacheco. 2011. Los conflictos sociales en América Latina. Fundación UNIR Bo-livia y PNUD. Plural. Editores. La Paz.

Calderón, F. y T. Dos Santos. 1987. Movimientos sociales y democracia: Los conflictos por la constitución de un nuevo orden. MCSO. Buenos Aires.

Calderón, F. y N. Lechner. 1998. Más allá del mercado, más allá del Estado: La Democracia. Plural Editores. La Paz.

Calderón, F. y A. Szmukler. 2000. La política en las calles. CERES-Plural Editores-UASB. La Paz.

Campero, F. 2011. “Impacto de la crisis global en Bolivia”, en La crisis mundial vista desde Bolivia. Lecturas económica y política (2008-2011). Fundación Vicente Pazos Kanki - KAS-Fundación Milenio. La Paz.

Carmona, A. 2008. El proyectorado. Bolivia tras 20 años de ayuda externa. Fundación Intermón - OXFAM. Barcelona.

Carrión, A.M. 2012. “El capital social en la resolución de conflictos y creación de desarrollo: el caso nicaragüense”, en Revista Paz y Conflictos N° 5, año 2012. Disponible en http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/rpc_n5_2012_dea1.pdf.

Carvajal, J. y S. Villarroel. 2011. “Bolivia y su relación con la crisis financiera internacional: del auge a la burbuja es-peculativa”, en La crisis mundial vista desde Bolivia. Lectu-ras económica y política (2008 - 2011). Fundación Vicente Pazos Kanki - KAS - Fundación Milenio. La Paz.

Casquette, J. 1998. Política, cultura y movimientos sociales, Bakeaz. Bilbao.

Castells, M. 2009. Comunicación y poder. Alianza Edito-rial. Madrid.

CEDLA. Alerta Laboral Nº 62 (junio de 2010). Disponi-ble en http://cedla.org/content/1896

----. Alerta Laboral Nº 64 (mayo de 2011). Disponible en http://cedla.org/content/2343----. Noticias (Notas de Prensa), 18 de noviembre de 2010. Disponible en http://cedla.org/content/2142----. Noticias (Nota de Prensa). El “agronegocio” goza de buena salud. Santa Cruz concentra el 76,8% de la produc-ción agrícola nacional. (19 de noviembre. 2010). Disponi-ble en http://cedla.org/content/2156----. Noticias (Nota de prensa). CEDLA: Inflación de alimentos llega al 18,5%. (13 de abril de 2011). Disponi-ble en http://cedla.org/content/2312----. 2010. “Soberanía alimentaria en Bolivia entre el dis-curso y la realidad”, en Control Ciudadano. No 15. Año VII. La Paz.

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. 2010. Programa de mejora de la información y procedimientos en los bancos en el área de remesas. BID. México.


CEPAL. 2008. Balance preliminar de las economías de Amé-rica Latina y el Caribe.

----. 2010. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe.

----. 2011. La inversión extranjera directa en América La-tina y el Caribe.

Chávez, G. 1991. Macroeconomía de la privatización en Bo-livia. IISEC. Documento de Trabajo Nº 07/91 (agosto 1991). La Paz.

----. 1992. Privatización y descentralización en la reforma de Estado. IISEC. Documento de Trabajo Nº. 07/92 (oc-tubre 1992). La Paz.

CIA WorldFactbook. Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/Colque, G. 2010. “Inseguridad alimentaria”, en www.er-bol.com.bo.Comunidad Andina. Informe anual 2011. Estadísticas de remesas en la Comunidad Andina. 10 de julio de 2011. Lima.Coordinadora de la Mujer. 2012. Violencia Sexual en Boli-via: La dominación patriarcal sobre los cuerpos de las Muje-res. Boletín Nº 2, mayo 2012. s. l.

Coppedge, M. 1992. “(De)institutionalization of Latin American Party Systems”. (Paper presented at the XVII International Congress of Latin American Studies Asso-ciation (LASA), September, 24-27. s. l.

Corporación Latinobarómetro 2010. Informe Latinobaró-metro.

Corporación Latinobarómetro 2011. Informe Latinobaró-metro.

Corporación Latinobarómetro 2012. La Seguridad Ciu-dadana: El problema principal de América Latina. Dispo-nible en http://www.latinobarometro.org/latino/latino-barometro.jsp

Correia, J. C. 1998. Jornalismo e Espaço Público. Série Es-tudos em Comunicação. Universidade da Beira Interior. Covilhã.

Coser, L. 1961. Las funciones del conflicto social. FCE. Mé-xico.

Couso, J. 2004. “Consolidación democrática y Poder Ju-dicial: los riesgos de la judicialización de la política”, en: Revista de Ciencia Política, Vol. XXIX, Nº 2. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago.

Crabtree, J. 2005. Perfiles de protesta: Política y movimientos sociales en Bolivia. PIEB -Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

Crabtree, J. 2010. “Una historia de tensiones no resueltas”, en Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente. Crabtree, J., G. Gray y L. Whitehead (edits.). PNUD, Plural Edi-tores. La Paz.

Crabtree, J., G. Gray y L. Whitehea (edits.). 2009. Ten-siones irresueltas. Bolivia, pasado y presente. PNUD, Plural Editores. La Paz.

Dahrendorf, R. 1971. “Elementos de una teoría del con-flicto social”, en Sociología y libertad. Hacia un análisis so-ciológico del presente. Tecnos. Madrid.

----. 1983. Oportunidades vitales. Notas para una teoría so-cial y política. Espasa Calpe. Madrid.

De Horowitz, R. 2007. Mediación. Convivencia y resolu-ción de conflictos en la comunidad. Graó. Barcelona.

Dietrich, W. (s. f.) La paz: sobre la difícil historia de un con-cepto clave de la cultura. Disponible en www.uibk.ac.atpea-cestudiesEntelman, R. 2002. Teoría de conflictos. Hacia un nuevo pa-radigma. Gedisa Edit. Barcelona.

Escóbar, F. y C. Vásquez. 2002. Institucionalidad y desarro-llo en Bolivia. IISEC. Documento de Trabajo Nº 03/02 (febrero 2002). La Paz.

Espinoza, D. 2011. “Salud: la “ecografía” del conflicto”, en Nueva Crónica y Buen Gobierno, Nº 103. s. l.

Estrach, N. 2001. “La máscara del multiculturalismo”, en Scripta Nova, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-104.htm


Evias, J. L., Laserna, R. y Skarpedas, S. 2008. Conflicto social y crecimiento económico en Bolivia (1970-2005). CE-RES, COSUDE, Instituto para la Democracia. Disponi-ble en www.ceresbolivia.org/documentos/.../conflicto_y_crecimiento.pdf

Exeni, J. L. 2005. Mediamorfosis. Comunicación, política e (in)gobernabilidad en democracia. Plural Editores. La Paz.

Exeni, J. L. 2006. “Gobernabilidad Mediática, Mass media y grado de gobierno: difícil (des)encuentro”, en Revista Or-ganicom. Año 3, Nº 4, 1.er semestre. San Pablo. pp. 90-105

FAM, 2010. Boletín de análisis. Análisis de las elecciones municipales. Año 3. Nº 9. Disponible en www.siam.fam.bo/documentos/boletín%20Nro.%209.pdf

FBDM. 2009. Del conflicto al entendimiento. FBDM. La Paz.

Fisas, V. 2005. “Abordar el conflicto: la negociación y la mediación” en Revista Futuros Nº 10. Vol. III.

Fisas, V. 2010. “Educar para una cultura de paz”, en Me-moria del Primer Congreso de Cultura de Paz y Transforma-ción Constructiva de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

Flores, F. 2007. “Asamblea Constituyente y conflicto por la capitalidad: cuando los medios justifican el fin”, en Re-vista Lazos. Año 2, N.º 4, julio de 2007 - enero de 2008. Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

Friedman, M. 2012. “Superación de la pobreza en Bolivia: políticas públicas para lograrlo”, en Políticas públicas para la libertad. Nº 123. ICEES. Disponible en www.icees.org.bo/.../Superación-de-la-Pobreza-en-Bolivia-por-PO-PULAR.pdf

Fundación Jubileo. 2011a. Revista Jubileo, mayo-junio. Disponible en www.jubileobolivia.org.bo/recursos/fi-les/.../Revista_Jubileo_21.pdf

----. 2011b. Análisis del Presupuesto General del Estado 2011. Reporte de coyuntura Nº 13. Disponible en www.institutoprisma.org/.../fundacion_jubileo/reporte_co-yuntura_01.pdf

----. 2011c. Informe de Milenio sobre la economía. Primer semestre 2011. Septiembre 2011. No 31. Konrad Adenauer

Stiftung. Disponible en www.fundacion-milenio.org/Descargar-documento.html?gid=285

Fundación para el Periodismo. Boletín Nº 4. Disponible en http://fundacionperiodismo.org/fundacion/pagina_fija/17/

Fundación UNIR Bolivia. 2009. Informe sobre conflicti-vidad en Bolivia. Septiembre de 2009. Fundación UNIR Bolivia. s.l.

----. 2011a. Análisis de la conflictividad del TIPNIS y po-tenciales de paz. Cuadernos de Investigación sobre la con-flictividad. Año 1. Nº 1. Fundación UNIR Bolivia. s. l.

----. 2011b. Construir cultura de paz: una necesidad en Bo-livia. s. e. La Paz.

----. 2011c. Informe sobre conflictividad en Bolivia. Junio a diciembre de 2010. Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

----. 2011d. Informe sobre conflictividad en Bolivia. Enero a junio de 2011. Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

----. 2011e. Información y comunicación. Un derecho inte-gral. s. e. La Paz.

----. 2011f. Medios a la Vista 2. Análisis sobre el Derecho a la Información y la Comunicación y el Periodismo en Bolivia 2009-2011. Impresiones Quality S.R.L. La Paz.

----. 2012. “Percepciones sobre temas clave. Encuesta de la Fundación UNIR Bolivia”, en Boletín Puertas Abiertas Año 8, edición especial, julio-agosto. Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

----. (s. a.) Guía teórico metodológica de seguimiento y análi-sis de conflictos (Bolivia). (Inédito).

----. (s. a.) Investigación sobre representaciones sociales en re-lación a cultura de paz. (Inédito).

Galtung, J. 1998. Tras la violencia, 3R: reconstrucción, recon-ciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisi-bles de la guerra y la violencia. Bakeaz/Gernika Gogoratuz. Disponible en http://escueladepaz.org/es/publicaciones/mostrar/68-tras-violencia-3

----. 2003. Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarro-llo y civilización. Gernika. Bilbao.

Gamboa, F. 2009. “La Asamblea Constituyente en Boli-


via. Evaluación de su funcionamiento, contradicciones y consecuencias”, en Reflexión crítica a la nueva Constitución Política del Estado. Konrad Adenauer Stiftung. La Paz.

García, Á. (coord.). 2005. Sociología de los Movimientos So-ciales en Bolivia. Plural Editores. La Paz.

García, L. y F. García. 2010. “Recomposición del campo político en Bolivia”, en Mutaciones del campo político en Bo-livia. Impresiones Gráficas Virgo. La Paz.

Garretón, M. A. 1996. “Los partidos políticos y su nuevo contexto en América Latina”, en RELEA: La encrucijada de lo político. Facultad de ciencias económicas y sociales de la UCV, julio, Nº 1. pp. 21-31

Gaztea, A. 2007. “Lo público como arte y como artefacto: reflexiones sobre la ‘opinión de masas’”, en Gobernabilidad mediática y opinión pública. Marlene Haydden (Coord.). Contemporánea. pp. 69-88

Giavedoni, D. 2010. “Los medios en Bolivia: mapa y le-gislación de los medios de comunicación”, en La revis-ta del CCC [en línea]. Mayo-diciembre 2010, Nº 9/10. Disponible en http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/169/

Giddens, A. 2000. Un mundo desbocado. Los efectos de la glo-balización en nuestras vidas. Santillana de Ediciones. Dispo-nible en www.siu.uan.mx/Archivos/2009/anexoe.pdf

Gray, G. 2010. “Relaciones Estado/sociedad en Bolivia: la fuerza de la debilidad”, en Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente. Crabtree, J., Gray, G. y Whitehead, L. (edits.). PNUD, Plural Editores. La Paz.

Grebe, H. 2001. El crecimiento esquivo. Instituto Prisma. La Paz.

Guachalla, O. 2009. “Trasfondo de la oportunidad per-dida. Escaso desarrollo del potencial minero”, en El ob-servador. Boletín informativo del Observatorio Bolivia-no de Industrias Extractivas. Nº 6. Año 3. Disponible en www.cedla.org/sites/default/files/bol_obie6.pdf

Habermas, J. 1981. Historia y crítica de la opinión pública. Gustavo Gili S.A. Barcelona.

Hillman, K. 2001. Diccionario enciclopédico de sociología. Herder S.A. Madrid.

Holt-Giménez, E. y Peabody, L. 2008. “De las revueltas del hambre a la soberanía alimentaria: un llamado para reconstruir el sistema alimentario”, en Introducción a la crisis alimentaria. GRAIN. Disponible en http://www.grain.org/es/article/entries/4175-introduccion-a-la-cri-sis-alimentaria-global

Huntington, S. 1992. El orden político en las sociedades en cambio. Paidós. Buenos Aires.

IBCE (2008) “Bolivia: Oportunidades y desafíos de la crisis alimentaria mundial”, en Comercio Exterior. No 164. Año 17, julio de 2008. Disponible en www.ibce.org.bo/ComExt/comext164.pdf

INE. 2003. Bolivia: características sociodemográficas de la población.

----. Actualidad estadística (enero de 2011).

----. Actualidad estadística (mayo de 2011).

INRA. 2010. Abriendo el debate.

IPSOS. 2010. Perfil de la juventud.

Jemio, L. C. y O. Nina. 2009. The Global Financial Crisis: Effects on Bolivia. INESAD. Disponible en www.inesad.edu.bo/pdf/Informe_INESAD2009_final.pdf

Jemio, L. C. 2010. “Reformas estructurales y empleo”, en Monday Morning Development Newsletter Institute for Ad-vanced Development Studies. Noviembre. Disponible en www.inesad.edu.bo/pdf/Informe_INESAD2009_final.pdf

João, M. 2010. “Esfera Pública”, en Conceitos de Comuni-cação Política. João Carlos et. al. (Orgs.). Série Estudos em Comunicação. Universidade da Beira Interior. Covilhã. pp. 33-42.

Kurmarev, A. 2012. Time is running out for Bolivia. 26 de marzo 2012. Disponible en http://zaratti.wordpress.com/2012/03/29/time-is-running-out-for-bolivia/

Kymlicka, W. 1996. Ciudadanía multicultural. Paidós. Barcelona. Disponible en www.slideshare.net/jrmallozzi/jrt-2-kymlicka


Lagarde, M. 2007. El imprescindible pacto entre mujeres. Cuaderno de trabajo Nº 1. CPM Gregoria Apaza. La Paz.

Landa, F. 2002. Pobreza y distribución del ingreso en Bolivia: entre 1999 y 2002. UDAPE. Disponible en www.udape.gob.bo/portales_html/.../2003/Pobreza-99-2002.pdf

LAPOP. 2010. Cultura política de la democracia en Bolivia, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles. Moreno, D. (coord.). Ciudadanía/Universidad de Vanderbilt-LAPOP. Cochabamba.

Laserna, R. 1992. Productores de democracia: actores sociales y procesos políticos en Bolivia, 1971-1991. CERES-FA-CES. Cochabamba.

Laserna, R. 2004. La democracia en el Ch’enko. Fundación Milenio - CERES. La Paz.

Laserna, R. y M. Villarroel. 2008. 38 Años de Conflictos Sociales en Bolivia. CERES, COSUDE, Instituto para la Democracia. Cochabamba.

Lee Van Cott, D. 2007. From movements to parties in Latin America. The evolution of ethnicspolitics. Cambridge University Press. Cambridge.

Lehm, Z. y Rivera, S. 1988. Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. THOA. La Paz.

Lema, A. M. (coord.). 2001. De la huella al impacto: La Participación Popular en municipios con población indígena. Fundación PIEB. La Paz.

León, C. 2011. “El pasado, presente y futuro de los par-tidos étnicos en Bolivia”, en Ciencia y Cultura. Bolivia: cambio socio-político y horizontes de la democracia. Nº 26. UCB. La Paz.

Lorenzo, P. 2001. “Principales teorías sobre conflicto so-cial”, en Revista de Historia. Nº 15. Norba. Disponible en www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/241031.pdf

Lozano, J. C. 2007. Teoría e investigación de la comunica-ción de masas. Pearson Educación de México S. A. México.

McLuhan, M. 1994. Comprender los medios de comunica-ción. Las extensiones del ser humano. Paidós. Barcelona.

Manin, B. 1992. Metamorfosis de la representación. ¿Qué queda de la representación política? CLACSO-Nueva Sociedad. Caracas.

---- 1997. The Principles of Representative Government. Cambridge University Press. Cambridge.

Mansilla, H.C.F. 1991. La cultura del autoritarismo ante los desafíos del presente. Ensayo sobre una teoría crítica de la modernización. CEBEM. La Paz.

----. 2009. “Una visión crítica en torno a la cultura po-lítica en Bolivia”, en Culturapolítica en tiempos de cambio. Institucionalidad, conflicto y región en Bolivia. Observato-rio de la cultura política en Bolivia (comp.). Ciudadanía. Cochabamba.

Martín-Barbero, J. 1999. “El miedo a los medios. Políti-ca, comunicación y nuevos modos de representación”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 161, mayo-junio. Caracas. pp. 43-56

Martindale, D. 1971. La teoría sociológica: naturaleza y es-cuelas. Aguilar. Madrid.

Martínez. 2010. La política desde el poder: líneas y horizonte de la acción estatal. Paralelo 3. Buenos Aires.

Mayorga, F. 2010. Horizonte de la reforma electoral: ¿De la proporcionalidad al sistema de mayorías? Conversa-torio de análisis político. PNUD/IDEA/FBDM (19-05-2010). La Paz. Disponible en http://es.scribd.com/doc/32018220/Sistema-Electoral-Mayorga

----. 2011a. Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado plurinacional. CESU, ASI, Plural Editores. La Paz.

----. 2011b. El caso de Cochabamba. ¿Un espejo de la po-lítica nacional?, en Hacia un sistema político subnacional. ¿Son posibles los partidos regionales? FES-FBDM. La Paz. Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/boli-vien/08924.pdf

Mayorga, R. 1997. Cultura política democrática en construc-ción. Foro de gobernabilidad y desarrollo humano, Demo-cracia y cultura política en Bolivia. Separata de periódico Presencia (La Paz, febrero de 1997).

Meneses, Ó. 2007. “Páginas en rojo sobre el cabildo pace-


ño”, en Revista Lazos. Año 2, Nº 4, julio de 2007 - enero de 2008. Fundación UNIR Bolivia. La Paz. pp. 31-35

----. 2009. “El bien y el mal hechos palabra: la represen-tación informativa de los conflictos”, en Medios a la vista. Informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. Obser-vatorio Nacional de Medios (ONADEM), Fundación UNIR Bolivia. La Paz. pp. 111-119.

Mercado, A., J. Leitón y M. Chacón. 2005. El crecimiento económico en Bolivia 1952-2003. IISEC. Documento de Trabajo Nº. 01/05 (febrero 2005). La Paz.

Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 2007. Plan de Desarrollo Sectorial de Revolución Rural, Agra-ria y Forestal. Disponible en http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&i-d=4944:rair&catid=75:tierra&Itemid=70

Ministerio de Educación. 2004. La educación en Bolivia. Indicadores, cifras y resultados. Disponible en http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/bolivia/federal/educa-cion/indicadores.html

Mitchell, C.R. 1996. Evitando daños: reflexiones sobre la situación de madurez en un conflicto. Documento Nº 9. Bis-kaia. Disponible en www.gernikagogoratuz.org/down-loadPdf.php?id=36Molina, R. y X. Albó. 2006. Gama étnica y lingüística de la población boliviana. Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia. La Paz.Montero, L. 2003. Los nuevos mundos del trabajo: el empleo asalariado en Bolivia, en Documentos de Trabajo. Núm. 3. CEDLA. La Paz.

Morales, J.A. 1994. Hiperinflación y políticas de estabiliza-ción. IISEC. La Paz.

----. 2008. Bolivia: la experiencia populista de los años ochenta. IISEC. Documento de Trabajo Nº 03/08 (febre-ro 2008). La Paz.

----. 2009. Las instituciones económicas en la Nueva Consti-tución Política del Estado. IISEC. Documento de Trabajo Nº 06/09 (julio 2009). La Paz.

----. 2011. “La crisis global: lectura económica”, en La

crisis mundial vista desde Bolivia. Lecturas económica y polí-tica (2008-2011). Fundación Vicente Pazos Kanki-KAS - Fundación Milenio. La Paz. pp. 123-152

Moreno, D. 2009. “La marcha nuestra de cada día: la nor-malización de la protesta en Bolivia”, en Cultura política en tiempos de cambio. Institucionalidad, conflicto y región en Bolivia. Ciudadanía. La Paz.

Mosley, P. 2006. Capital Controls Re-examined: The Case for ‘Smart’ Controls, en The Word Economy. Vol. 9. Wiley. Septiembre. s. l.

Müller. H. 2009. ¿Por qué la crisis no impactó en Bolivia? Friedrich Ebert Stiftung. s. l.

Murillo, G. y Pizano, L. 2003. Deliberación y constitución de ciudadanía: una propuesta a la progresión democrática a co-mienzos del nuevo milenio. Universidad de Los Andes. La Paz.

Nató, A. y Rojas, C. 2008. Geografía del conflicto. Funda-ción UNIR Bolivia y Plural Editores. La Paz.

Núñez del Prado, J. y Pacheco. D. 2002. Visiones sobre desarrollo rural. Debate político 10. FES-ILDIS. La Paz.

Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social (OBESS). 2011. La Jornada, 10 de mayo de 2011. Dispo-nible en www.redunitas.org/boletin/05mayo12/10CED-LA_boletin.php

O´Donnell, G. 1997. Contrapuntos. Paidós. Buenos Aires.

ONADEM. 2011. “Las elecciones del 4 de abril de 2010. Lo hecho y dicho en diarios y TV”, en Medios a la Vista 2. Análisis sobre el Derecho a la Información y la Comunicación y el Periodismo en Bolivia 2009 - 2011. Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

Ordóñez, L. 2007. “Los medios en el conflicto autonómi-co”, en Revista Lazos. Año 2, Nº 4, julio de 2007 - enero de 2008. Fundación UNIR Bolivia. La Paz. pp. 22-25

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2010. “Panorama Laboral 2010”, en La Razón, La Paz, 28 de noviembre de 2010.

Pedraza, G. 2011. “Formación, mutación y emergencia


de nuevos sectores políticos en Santa Cruz”, en Hacia un sistema político subnacional. ¿Son posibles los partidos regio-nales? FES - FBDM. La Paz.

Pereira, J. 2006. “Cibercidadania, a virtualização na Co-municação Pública contemporânea”, en Revista Organi-com. Año 3, Nº 4, 1.er semestre. San Pablo. pp. 106-123

Peschard, J. 1996. “Notas sobre la Problemática de los Partidos Políticos en la construcción Democrática en América Latina”, en RELEA Nº 1: La encrucijada de lo político.

----. 2001. La cultura política democrática. Cuadernos de di-vulgación de la cultura democrática, Nº 2, cuarta edición, Instituto Federal Electoral.

Pissarra, J. 1995. “Novos Desafios Para Uma Teoria Crí-tica da Sociedade”, en Revista Comunicação e Linguagens. Comunicação e Política, Nº 21-22. Lisboa. pp. 97-126

PNUD. 2004. Interculturalismo y Globalización, La Bolivia posible. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004. Plu-ral Editores. La Paz.

----. 2004. “La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de Ciudadanas y Ciudadanos”. Dispo-nible en www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/.../PNUD-seminario.pdf

----. 2007 El estado del Estado en Bolivia. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007. PNUD. La Paz.

----. 2010. Informe nacional sobre desarrollo humano en Bo-livia. Los cambios detrás del cambio: desigualdades y movili-dad social en Bolivia. Edobol. La Paz.

PNUD y OEA. 2010. La nueva democracia. FCE. Buenos Aires.

POMA, B. 2011. “El ‘caso terrorismo’ en tres diarios bo-livianos”, en Medios a la Vista 2. Análisis sobre el Derecho a la Información y la Comunicación y el Periodismo en Bolivia 2009 - 2011. Fundación UNIR Bolivia. La Paz. pp. 83-91

Puente, A. 2010. La calidad de la educación en Bolivia. Tendencias y puntos de vista. Mimeo (15 de noviembre de 2010). Santa Cruz.

Putman, R. 1993. Para hacer que la democracia funcione. Editorial Galac. Caracas.

Quijano, A. 1998. Colonialidad del poder, cultura y conoci-miento en América Latina. CLACSO. Buenos Aires.

Quiroga, M. S. (comp., sist. y red.). 2009. Figuras, rostros, máscaras. Las identidades en Bolivia. Fundación UNIR Bolivia. La Paz.

Ramos, A. 1995. Los partidos políticos en las democracias la-tinoamericanas. Editorial ULA. Mérida.

Ramos, É. 2011. Neoliberalismo mediático. Tomo I: Medios de comunicación privados y condición colonial. Bolivia siglo XXI. Imprenta Quisbert. La Paz.

Redorta, J. 2004. Cómo analizar los conflictos: la tipología de conflictos como herramienta de mediación. Paidós. Barcelona.

----. 2007. Entender del conflicto: La forma como herra-mienta. Paidós Ibérica. Barcelona.

Ribera, M. O. 2010. Construcción problemática de una ca-rretera en el TIPNIS, riesgos y análisis de escenarios (Inédito).

Rivera, S. 1993. La raíz: colonizadores y colonizados. CIP-CA / THOA. La Paz.

Rojas, C. 2007. Democracia de alta tensión. Conflictividad y cambio social en la Bolivia del Siglo XXI. Plural Editores. La Paz.

Ruiz, J. 2005. Elementos para una teoría del conflicto. FCSH-Universidad de Antioquia. Medellín.

Sánchez, R. 2005. Construcción social de la política democrá-tica en Bolivia. PNUD. Febrero de 2005. Disponible en www.globalnetestudios.com/articulos_archivos/art2.pdf

Seligson, M. A. 2007. Cultura política de la democracia y or-ganización política social. Vanderbilt University. Nashville.

Serrano, E. 2001. Filosofía del conflicto político: necesidad y contingencia del orden social. Universidad Autónoma Me-tropolitana. Iztapalapa.

Soruco, X., W. Plata y G. Medeiros. 2008. Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. Fundación Tie-rra. Santa Cruz.


Ströbele-Gregor, J. 1997. Ley de Participación Popular y movimiento popular en Bolivia, Congreso de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. s. l.

Suares, M. 1996. Mediación. Conducción de disputas, comu-nicación y técnicas. Paidós. Buenos Aires.

Thiel, R. 2001. El impacto social del ajuste estructural en Bolivia. IISEC. Documento de Trabajo Nº 09/01 (julio 2001). La Paz.

Tilly, C. 1995. “Los movimientos sociales como agrupacio-nes históricamente específicas de actuaciones políticas”, en Sociológica, Nº 28, UAM-Azcapotzalco, México D.F.

Tórrez, Y. 2007. “11 de enero en Cochabamba: de los me-dios, miedos y otros demonios”, en Revista Lazos. Año 2, Nº 4, julio de 2007 - enero de 2008. Fundación UNIR Bolivia. pp. 18-21

Torrico, E. 2007. “Los media en Bolivia en tiempos de crisis”, en Revista Lazos. Año 2, Nº 4, julio de 2007 - ene-ro de 2008. Fundación UNIR Bolivia. pp. 8-11

Transparencia Internacional. 2010. Índice de Percepción de la Corrupción. Disponible en www.transparencia.org.es/INDICE%20DE%20PERCEPCION%2020.his.pdf

UDAPE. 2007. La informalidad en el mercado laboral ur-bano: 1996-2006. Disponible en www.udape.gob.bo/por-tales_html/.../2007/DT-0701.pdf

UDAPE. 2010. Dossier de estadísticas sociales y económicas 2010. Disponible en http://www.udape.gob.bo/portales_html/dossierweb2010/htms/dossier20.htm

UNESCO. 1989. Congreso sobre La paz en el espíritu de los hombres. s. e. Yamoussoukro.

Urquidi, M. 2011. Análisis: Perspectivas y potencialidad del shale gas en Bolivia. Disponible en http://plataformaener-getica.org/content/3138

Uslaner, E. 1999. Democracy and social capital, en Warren, M. E. (edit.) Democracy and trust. Cambridge University Press. Cambridge.

Varnoux, M. 2010. “Descentralización y autonomías: los fundamentos teóricos”, en Bolivia en la senda de la imple-mentación de la Ley Marco de Autonomías y Descentrali-

zación (LMAD). Evaluación, análisis crítico y perspectivas futuras. Fundación Konrad Adenauer. s. l.

Von Beyme, K. 1993. La Clase Política en el Estado de Par-tidos. Alianza Universidad. Barcelona.

Wanderley, F. y G. Gray. 2007. La economía más allá del gas: entre la base estrecha y la base ancha. Universidad de Oxford.

Wanderley, F. 2010. El nuevo desarrollismo post neoliberal en América Latina y el nacionalismo popular en Bolivia. El rol del Estado en la transformación productiva. s.l.

Wolf, M. 1994. Los efectos sociales de los media. Ediciones Paidós. Barcelona.

Zapata, Á. 2006. Ciudadanía, clase y etnicidad. Un estudio sociológico sobre la acción colectiva en Bolivia a comienzos del Siglo XXI. Ediciones Yachaywasi. La Paz.

Zegada, M.T. 2009. “El rol de la mutación política en Bo-livia” en García Orellana, L. y García Yapur, L. Mutaciones del campo político en Bolivia. Impresiones Gráficas Virgo. La Paz.

----. 2011. “Conflictividad social, fragmentación social y (in)capacidad de la COB”, en Página Siete. 24-03-2011. Dispo-nible en http://www.paginasiete.bo/2011-03-24/Opinion/Destacados/17Opi00224-03-11-P720110324JUE.aspx

Zibechi, R. 2012. Reservas y potencial energético: ¿Será América Latina el nuevo Medio Oriente? Disponible en http://plataformaenergetica.org/content/3404

Žižek, S. 1998. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, en Jamerson, F. y Žižek, S. Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalis-mo. Paidós. Madrid.

medios de comunicación citados

ABI, 23 de mayo de 2012.

ERBOL, 25 de agosto de 2011.

La Prensa, 23 de julio de 2010 y 24 de septiembre de 2010.


La Razón, 4 de febrero de 2011.

Los Tiempos, 14 de abril de 2011.

Página Siete, 15 de junio de 2012.

sitios web

http://cidem.org.bo/index.php?option=com_content&-view=article&id=34:fembol1&catid=4:articulos&Ite-mid=17.

http://datos.bancomundial.org

http://laquinua.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

http://plataformaenergetica.org/obie/content/14365

http://plataformaenergetica.org/obie/content/14442

http://seniales.blogspot.com/2010/01/continuan-deba-tes-sobre-medios-de.html.

http://tipnisresiste.blogspot.com/2011/10/helena-argia-kis-las-redes-sociales-son.html

http://www.arbitraje.bo/files/conci1.pdf

http://www.eed.de

http://www.erbol.com.bo

http://www.ftierra.org

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/tene-gouno.htm

http://www.ifpri.org.

http://www.indexmundi.com.

http://www.ine.gov.bo

http://www.larazon.com/version_temp.php?ArticleI-d=1053&EditionId=2389&idp=10&ids=158

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/econo-mia/20101230/106401_208074.html

http://www.minería.gob.bo

http://www.oimconosur.org/imagenes/documentos_pdf/275.pdf

http://www.paginasiete.bo

http://yopolitico.blogspot.com/2008/10/la-paz-positi-va-y-paz-negativa.html

Anexos


La Fundación UNIR desarrolla una labor continua de análisis de la conflictividad social en Bolivia con la fina-lidad de generar y difundir información que sea de uti-lidad para la investigación y reflexión sobre la situación sociopolítica del país y para la toma de decisiones por los actores estratégicos. Esta tarea se articula con otros esfuerzos que desarrolla para aportar a la construcción de una cultura de paz en la que los conflictos se gestio-nen de manera constructiva; así realiza actividades en tres grandes campos de acción: análisis de conflictos, desarrollo de capacidades en diálogo y gestión de con-flictos e intervención en casos específicos de conflicto.Este trabajo se basa en una conceptualización del con-flicto social como la incompatibilidad o percepción de incompatibilidad y desacuerdo de intereses, fines y aspiraciones entre actores sociales, que es manifestada públicamente por medio de mecanismos de presión que pueden o no llegar a un enfrentamiento violento. Es importante señalar que esta definición operativa de conflicto social se encuentra enfocada en la protesta y en los mecanismos de acción colectiva puestos en práctica por grupos sociales que no poseen objetivos criminales o terroristas, lo que excluye a movimientos guerrilleros, organizaciones del narcotráfico y otras de tipo delictivo. También excluye las formas de violencia intrafamiliar o doméstica.También es necesario puntualizar que, a diferencia de la noción de conflicto, la de conflictividad da cuenta de una situación de conjunto y no de hechos particularizados. Para Carlos Sartí, “la conflictividad es una resultante histórica que deviene a partir de situaciones complejas, de conflictos multidimensionales y multi causales que,

al correr de los años, no lograron resolverse en sus raíces más profundas, y por consiguiente, éstas se arraigaron; atraviesan o tienen ingredientes (como causa, y a la vez, como efecto) que con el tiempo se dinamizan, inter-sectan y realimentan mutuamente”.1 La conflictividad, entonces, no es simplemente la suma de conflictos es-pecíficos, sino su conjunto y las relaciones que se esta-blecen a partir de ellos. De ahí que es posible analizar las tendencias de este conjunto considerando agregados sociales y no actores singulares.

ESTRUCTURA y DESARROLLO DEL CONfLICTO SOCIAL

Como ya se ha señalado, la conflictividad se genera en torno a las necesidades y problemas irresueltos en la sociedad que afectan la calidad de vida y el bienestar de sus miembros. Aunque todos los temas de conflicto son significativos para los actores demandantes, depen-diendo de las características sociopolíticas y culturales y de la coyuntura específica del país, algunas cuestio-nes generan más sensibilidad que otras y unas cuantas tienen una potencialidad convulsiva que puede causar situaciones de crisis e incluso afectar la gobernabilidad democrática. Es por eso que el análisis de conflictos se desarrolla tra-vés de su agrupación en diferentes categorías, o en otras palabras, a través de la creación de tipologías de con-flicto que permiten la identificación y el mejor conoci-

1 Sartí, 2007.

ANExO Nº 1

Metodología del análisis de la conflictividad social


miento de los ejes sensibles, permitiendo evidenciar los tipos de carencias, tensiones y/o demandas que deben ser atendidas.Los actores protagonistas de los conflictos sociales pueden ser divididos en dos categorías: actores deman-dantes y demandados, dependiendo de la posición que ocupan dentro de un determinado conflicto social. Se considera como actor demandante a la persona, grupo de personas, representantes o miembros de una organi-zación o institución que ejercen presión para lograr de-terminado objetivo, el cual es percibido como incompa-tible con el objetivo del actor demandado. Por otro lado, el actor demandado es la persona, grupo de personas, representantes o miembros de una organización o insti-tución hacia quienes los demandantes dirigen la medida de presión, buscando la satisfacción de su demanda o la consecución de su objetivo. Cada uno de estos actores pertenece a un sector específico, entendido como una parte del conglomerado sociopolítico, socioeconómico y/o sociocultural del país dentro del cual es posible re-conocer a distintos actores. Con el objetivo de lograr la satisfacción de sus deman-das, los actores demandantes se dirigen hacia los de-mandados por medio del uso de medidas de presión. La medida de presión puede ser definida como la acción que, individual o colectivamente, el actor demandante dirige contra el demandado con el objetivo de compe-lerlo a satisfacer su demanda. En las medidas de presión subyace la búsqueda preme-ditada –aunque no siempre sistemática ni planificada– de afectación material o simbólica de la facultad de ac-ción, gestión o reacción del demandado, por la vía del enfrentamiento directo o del desgaste indirecto. Las medidas de presión adoptadas por los actores de-mandantes pueden dividirse en pasivas o activas, de acuerdo al grado de incidencia2 que tengan o lleguen a tener. Las medidas de presión pasivas son aquellas que no trascienden lo estrictamente verbal, situación gene-ralmente representada por la figura del anuncio de es-tado de emergencia o la fijación de un plazo para que la demanda sea atendida y que no afectan al actor deman-

2 Se toma en cuenta la intensidad o gravedad de las medidas de presión en relación a la duración de su ejercicio, y al alcance de sus efectos en términos de la afectación de terceros y pública.

dante, al demandado ni a terceros. Podría decirse, en-tonces, que las medidas de presión pasivas se dan en una etapa inicial del conflicto, en un momento de inminen-cia o prefijación de la presión por el actor demandante.Por otro lado, las medidas de presión activas son aqué-llas que implican la práctica efectiva de la presión in-dividual o colectiva. Este tipo de medidas pueden ser internamente diferenciadas de acuerdo con el grado de afectación que implique su ejercicio para la integridad física y/o emocional o para los intereses (ingresos, se-guridad, etc.) del actor demandado, del propio deman-dante y de terceros. Así, una medida de presión será tanto más violenta cuanto más altos sean los índices que alcancen, en asociación o por sí solos, esos indicadores de valoración.Normalmente los conflictos pasan de una fase pasiva a una activa y de una fase no violenta a una violenta, con estricto arreglo al tiempo que medie entre, por ejemplo, la otorgación de un plazo que fija el actor demandante al demandado y el momento en que se cumple la me-dida de presión individual o colectiva. Por lo tanto, las medidas de presión constituyen el indicador fáctico que activa y da coherencia al funcionamiento del esquema procedimental de identificación, recojo, sistematización y análisis de los conflictos.De esta forma, dado el desarrollo del conflicto y el cam-bio de intensidad de las medidas de presión, el ciclo vital de un conflicto consta de varias etapas que trazan una curva en la que se advierte su crecimiento y declinación; esta curva normalmente presenta una serie de fluctua-ciones que le dan un aspecto irregular, de acuerdo a la evolución particular de cada caso. Este proceso puede ser entendido como una serie de modificaciones de la intensidad de la conducta conflictiva en una interacción social; esto significa que uno de los actores realiza una acción –de mayor o menor intensidad– que genera una reacción más o menos intensa en el otro.Considerando el grado de afectación del conflicto a las partes y a terceros, la Fundación UNIR clasifica el con-flicto de acuerdo a los siguientes niveles de radicaliza-ción a los que puede escalar:


Fuente: Elaboración propia

Cuando el conflicto es latente, esto significa que se en-cuentra en proceso de emerger. En este nivel el grado de afectación es mínimo o prácticamente nulo. Cuando se hace manifiesto, ya ha alcanzado visibilidad pública y se han producido manifestaciones explícitas de protesta, pero sin que existan enfrentamientos directos. En este nivel, la afectación es reducida y/o esporádica. En la confrontación, el conflicto presenta brotes ocasio-nales de violencia de baja intensidad, y el nivel de afec-tación es de mediana gravedad. En el enfrentamiento violento existe un nivel de violencia medio-alto y una

afectación directa y contundente. Por último, el nivel de mayor radicalidad es la crisis que implica un daño signi-ficativo en términos de paz social y puede llegar a poner en riesgo la gobernabilidad democrática. En este nivel la afectación es generalizada y puede o no prolongarse en el tiempo.En cuanto al desenlace o salida de los conflictos, ésta se puede producir de distintas maneras: el conflicto puede continuar y permanecer con similares niveles de intensi-dad; puede ingresar en una etapa de negociación con la intervención o no de un mediador o tercero que genera un diálogo entre las partes; puede llegar a una concilia-ción, como parte de los métodos alternativos de gestión de controversias (medios extra judiciales), que buscan ponerles fin sin la intervención directa del Estado a tra-vés de sus instituciones o representantes;3 puede llegar a una situación de “cuarto intermedio” en la que el actor demandante decide establecer una pausa por un tiempo determinado; puede desembocar en un acuerdo total en que las partes arriban a determinaciones satisfactorias para ambas, produciéndose un intercambio de concesio-nes recíprocas o cediendo el demandado al conjunto de las exigencias del demandante;4 puede llegar a un acuer-do parcial en que las partes convienen algunos puntos de la demanda, lo que podría determinar la continuidad de la negociación, la finalización del conflicto o ser origen de la retoma de medidas de presión; puede producirse el retroceso de uno de los actores o “retiro” del conflicto,5 y, por último, puede darse una solución violenta, en la que el conflicto concluye por el uso de la fuerza y uno de los actores impone su voluntad por sobre la de su adversario.

3 Boletín de conciliación y arbitraje. Los alcances y pasos centrales de ambos mecanismos en Bolivia se encuentran en la Ley Nº 1770 de Arbitraje y Conciliación del 10 de marzo de 1997.

4 Entelman, 2002.5 Ibídem.

CRISIS

ENFRENTAMIENTO VIOLENTOToma de instalaciones / instituciones / localidades

Agresión a personasCerco / emboscada / intercepción

Levantamiento armado

CONFRONTACIÓNParo de actividades / huelga

Destrucción de bienesCruci�xión

Cosido de labios

MANIFIESTOHuelga de hambre

Concentración / vigiliaBloqueoMarcha

LATENCIAAnuncio del con�icto

Ultimátum


Entre las dimensiones que interesa considerar en el aná-lisis de los conflictos se encuentran la salida o desenlace, esto es, el estado en que se encuentran los conflictos en su conjunto al concluir un determinado período (corte arbitrario con fines analíticos; por ejemplo, un mes, un se-mestre, etc.), y su desarrollo in extenso teniendo en cuenta el origen, desarrollo y desenlace de cada caso específico.De acuerdo a la salida de los conflictos –elemento propio de una mirada “a plazos” de la conflictividad1 y utilizado por la Fundación UNIR Bolivia para el estudio sistemáti-co e intensivo de los conflictos–, éstos pueden ser clasifi-cados de la siguiente manera:2

• continúa (al finalizar el período de monitoreo, el conflicto continúa vigente y “pasa” al siguiente perio-do).

• en negociación (al finalizar el período de monitoreo se está desarrollando un proceso de negociación entre las partes en conflicto).

• acuerdo (durante el período de monitoreo se ha es-tablecido un acuerdo total o parcial entre las partes en conflicto).

• cuarto intermedio (al finalizar el período de moni-toreo el conflicto ha ingresado en receso mientras las partes realizan consultas, etcétera).

• retroceso de uno de los actores (durante el período de monitoreo se ha producido el retroceso del de-mandante o del demandado).

1 Mitchel, 1996.2 Aquí se cita las seis principales categorías con las que trabaja la

Fundación UNIR; la lista completa integra también las alternati-vas conciliación/mediación/arbitraje, solución violenta y se desco-noce.

• otra (al finalizar el período de monitoreo la salida del conflicto es distinta a las anteriores categorías).

De acuerdo al desarrollo de los conflictos –considerando al conflicto como proceso3– es central su duración, o sea, el tiempo transcurrido entre el momento en que el actor demandante exterioriza su malestar mediante anuncios, amenazas, ultimátums, etc., o a través de medidas de he-cho, y el momento en que decide levantar las medidas de presión y/o da por superadas las diferencias que dieron lugar al conflicto. Por lo general, esta situación está de-terminada por el establecimiento de acuerdos o el retro-ceso de uno de los actores y, en algunos casos, por salidas típicamente violentas (enfrentamientos, represión de las fuerzas del orden, inmolación, en los casos más extremos).Cabe mencionar al respecto que, en determinadas cir-cunstancias y bajo ciertas condiciones, ni los acuerdos ni los retrocesos de los actores –como tampoco las otras salidas mencionadas– van necesariamente aparejados con una resolución definitiva del conflicto o, al menos, con una desactivación prolongada de éste. Más aún, en ciertas situaciones de acuerdo a una mirada temporal más abar-cadora, acuerdos y retrocesos no pasan de ser meros epi-sodios de un conflicto. Por otra parte, debe recordarse que el desarrollo de los conflictos no siempre sigue un proceso lineal ni se ajusta a las etapas del esquema origen>desa-rrollo>desenlace, como en el caso de conflictos en los que la ausencia de aplicación de presión individual o colectiva implica la “superación” de la fase de desarrollo. En síntesis, como refiere Suares, los conflictos son históricos, esto es, irrepetibles, únicos, singulares y específicos.4

3 Martindale, 1971 y Ruiz, 2005.4 Suares, 1996,

ANExO Nº 2

Desenlace de los conflictos


Desde el punto de vista de la duración de los conflictos, és-tos se pueden clasificar de acuerdo con una periodización ajustable a rangos crecientes o decrecientes de tiempo. Así por ejemplo, una forma de estudiarlos considerando los distintos niveles de escalamiento5 que puedan presentar desde el momento en que se produce la escenificación pú-blica de alguna forma de presión –desde anuncios hasta medidas de hecho– hasta el momento en se registra un acontecimiento que indique su finalización y/o dé idea de su declinación (acuerdo y/o retroceso de uno de los actores, por ejemplo) es la siguiente:• conflictos cortos (desde un día de duración a menos

de una semana).• conflictos relativamente cortos (desde una semana

a menos de una quincena).• conflictos relativamente largos (desde una quince-

na a menos de un mes).• conflictos largos (un mes o más).

Conviene también dejar establecido aquí que un determi-nado conflicto, dependiendo de las condiciones en las que se genere y de su propia dinámica, puede escalar en un breve tiempo a un nivel de riesgo para la gobernabilidad y que, en el otro extremo, un conflicto puede tener varios meses de vigencia y no haber pasado de la fase de anuncio de medidas de presión.

SALIDA DE LOS CONfLICTOS EN NÚMEROS

En cuanto al tipo de desenlace de los conflictos, es inte-resante conocer la percepción de la población boliviana. Según datos de la encuesta realizada en 2011 por la Fun-dación UNIR,6 51% de la población considera que éstos

5 Se llaman niveles de escalamiento a las etapas contenidas den-tro de un esquema de gradación secuencial de la intensidad que pueden presentar los conflictos. La Fundación UNIR trabaja con una escala del 1 al 5, dentro de la cual el nivel 1 corresponde a un estado de latencia (el conflicto está en proceso de emerger; hay amenazas de presión); el 2, a uno de manifestación (el conflicto ya ha alcanzado visibilidad pública y se han producido acciones de protesta no violentas); el 3, a uno de confrontación (se registran ocasionales brotes de violencia de baja intensidad); el 4, a uno de enfrentamiento violento (hay una escalada de la violencia, ésta puede ser de mediana o alta intensidad), y el 5, a uno de crisis (la paz social está seriamente afectada y se pone en riesgo la goberna-bilidad) (Fundación UNIR Bolivia).

6 Fundación UNIR, 2011.

concluyen sin que las partes queden del todo satisfechas, 27% cree que sólo una de las partes queda satisfecha y 24% que ambas quedan insatisfechas.Es necesario comprobar si esta percepción coincide con los datos de la realidad; si se toma el período de un mes como parámetro temporal de referencia, la aplicación del análisis “a plazos” de la conflictividad boliviana en el lap-so 2009-2011 permite identificar que la continuidad de los conflictos alcanzó en promedio a más de un tercio (36%) del total registrado. Esta cifra contrasta con la de los acuerdos alcanzados, que está por debajo de un cuarto (23%) y con las de los retrocesos de los actores (14%), cuartos intermedios (10%) y procesos de negociación en curso (5%), las cuales, juntas, suman poco más de un cuar-to, como se puede advertir en el siguiente gráfico.

GRÁFICO Nº 38 / Estado de los conflictos al término del mes7 2009 – 2011


En cuanto a la duración de los conflictos dentro del pe-ríodo mencionado, el análisis que Suares denomina histó-rico8 permite establecer que, en promedio, predominaron los conflictos de hasta 14 días de duración (67%), mien-tras que los que se extendieron durante 15 días o más su-maron el restante 33%.

7 Al igual que en los gráficos siguientes, las cifras presentadas to-man como base el total de salidas conocidas de los conflictos re-gistrados dentro del período analizado.

8 Suares, 1996.

Continúa36%

Acuerdos23%

Retroceso de unode los actores

14%

Cuarto intermedio10%

En negociación5% Otro

12%


Complementariamente, el ordenamiento de las anteriores cifras según la distribución geográfica de la conflictividad arroja interesantes datos: predominio de los conflictos re-lativamente cortos en el eje troncal del país (La Paz - Co-chabamba - Santa Cruz), con 28%. En esta misma línea, los conflictos largos se desarrollaron principalmente fuera del eje central.

A su vez, específicamente dentro del eje troncal, el referido predominio de conflictos relativamente cortos encuentra al departamento de La Paz como máximo exponente, con 13%, seguido por los de Santa Cruz (8%) y Cochabamba (7%). Por lo demás, los datos dan cuenta de que la mayor parte de los conflictos en estos últimos dos departamen-tos implicó procesos de hasta 14 días de duración.

19%

23%

10%

Con�ictos cortos(de 1 a 6 días)

Con�ictos relativamente cortos(de 7 a 14 días)

Con�ictos relativamentelargos (de 15 a 29 días)

Con�ictos largos(30 días o más)

48%

10

28

15

4

9

20

86

0

5

10

15

20

25

30


Con�ictosrelativamente cortos

(de 7 a 14 días)

Con�ictosrelativamente largos

(de 15 a 29 días)


EJE TRONCAL RESTO DEL PAÍS

GRÁFICO Nº 39 / Duración de los conflictos por semestre 2009 – 2011


GRÁFICO Nº 40 / Duración de los conflictos eje troncal vs. Resto del país 2009 - 2011 (en porcentajes)



Desde otra óptica, si se toma como referencia la tipología de los conflictos, se advierte que los relativamente cortos, predominantes en la conflictividad boliviana en el perío-do analizado (48%, véase gráfico Nº 42), en su mayoría (57%) están vinculados a cuestiones laboral/salariales y a la situación económica (46%). En orden decreciente, en-tre los conflictos que duraron hasta 14 días se encuen-tran protestas por temas de gestión administrativa (24%), por cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades (15%) y por la prestación de servicios públicos (14%).Además, en el lapso estudiado se observa la existencia de

una relación directa entre el desarrollo de conflictos largos y la presencia de demandas por prestación de servicios públicos, cuestionamiento y/o reconocimiento de autori-dades, y gestión administrativa, en ese orden. Por su par-te, los conflictos cortos aparecen principalmente ligados a demandas de fuentes de trabajo, aumento salarial y/o cancelación de sueldos retrasados.Es necesario agregar que, entre 2009 y 2011, la mayor parte de los acuerdos logrados en conflictos de corta duración co-rrespondieron a casos laborales y salariales, especialmente por cancelación de salarios y/o bonos retrasados.

GRÁFICO Nº 41 / Duración de los conflictos en el eje troncal 2009 – 2011 (en porcentajes)


5

13

6

1,83

7

5

12

8

4

1,2

0

2

4

6

8

10

12

14

Con�ictos cortos(de1 a 6 días)


(de 7 a 14 días)


(de 15 a 29 días)


LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ

GRÁFICO Nº 42 / Duración de los conflictos y principales tipos de conflicto 2009 - 2011 (en porcentajes)


2

1812 11 13

46

57

24

14 15

32

23

3539 40

20

2

29

3632

0

10

20

30

40

50

60

Medidas económicas/situación económica

Laboral/salarial Gestión administrativa Prestación deservicios públicos

Cuestionamiento y/oreconocimiento de autoridad

Con�ictos cortos (de 1 a 6 días)Con�ictos relativamente cortos (de 7 a 14 días)

Con�ictos relativamente largos (de 15 a 29 días)Con�ictos largos (30 días o más)


En el terreno de los acuerdos alcanzados, un análisis de la relación entre éstos y la duración de los conflictos muestra un interesante fenómeno: 95% de los conflictos de más de un mes de duración se resolvió por la vía del acuerdo. En el resto de casos se observan tendencias menos claras: poco más de un tercio de los conflictos cortos finalizó en acuerdo, algo más de la mitad de los relativamente cortos y casi un tercio de los conflictos relativamente largos.

Otro rasgo destacable de los conflictos de menos de 30 días de duración es la existencia de una constante en los tres segmentos a propósito de la cantidad de acuerdos logrados por número de conflictos vigentes en el mencionado lapso. En términos prácticos, este comportamiento revela que, en el período de análisis, se registró un patrón de proporcio-nalidad entre cantidad de conflictos de menos de un mes y número de acuerdos alcanzados de alrededor de 1,5 a 1.

GRÁFICO Nº 43 / Acuerdos logrados y principales tipos de conflicto 2009 - 2011 (en porcentajes)


26

14

7 6 6

41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Laboral/salarial Medidas económicassituación económica

Gestiónadministrativa

Cuestionamiento y/oreconocimiento de

autoridad

Prestación deservicios públicos

Otros

GRÁFICO Nº 44 / Relación entre número de acuerdos logrados y duración de los conflictos 2009 - 2011 (en porcentajes)


0102030405060708090

100



(de 7 a 14 días)


(de 15 a 29 días)


Promedio duración (global) Promedio resolución por vía de acuerdo


Sobre la base de los anteriores datos, podría concluirse que, a pesar de la gran cantidad de conflictos que conti-nuaban vigentes al concluir el período analizado, sólo una reducida cantidad tuvo una duración significativa; en su mayoría, los conflictos no excedieron las dos semanas de duración.Asimismo, interesa destacar que la marcada presencia de conflictos de dos semanas o menos de duración en el eje troncal del país, y principalmente en el departamento de La Paz, obedece, en buena parte, a su cualidad políti-co-administrativa como sede de gobierno. La Paz, a dife-

rencia de las otras ciudades capitales del país, es el espacio de mayor interés para la escenificación/visibilización de conflictos, dado que una presión colectiva intensa allí de-sarrollada puede ser un factor decisivo en el desenlace de los mismos.La mayor parte de los conflictos de mayor duración que tienen lugar en La Paz se refieren a temas laboral/salaria-les; sin embargo, se puede puntualizar que el lugar donde ocurren jugó un rol bastante discreto en relación con la satisfacción de las demandas y la consecuente resolución de los casos.

Perfiles de la conflictividad social - Fundacion UNIR · lectura de la versión preliminar del...

Documents

Transcript of Perfiles de la conflictividad social - Fundacion UNIR · lectura de la versión preliminar del...