PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN

LA HISTORIA

l hablar de pueblos indígenas y fundamentalmente de sus

derechos políticos, debemos retomar la estrecha relación que se

tiene con la historia de México, su primera vinculación comienza con las

luchas independentistas que tiene la población de la Nueva España

para conseguir la separación de la corona española y con esto, lograr

la conformación de un nuevo Estado, para lograr esta transición, fue

necesario pasar por un periodo de barullo y después por la

consolidación de un nuevo orden. No hay que olvidar que, gracias al

apoyo que brindaron los pueblos indígenas se obtuvo la independencia,

cuando esto se llevó a cabo, estos grupos que lograron posible la

independencia, fueron olvidados, ignorados y relegados de los cargos

de poder.

En su participación en la independencia, se les prometió la devolución

de su libertad, la terminación de las castas y la retribución de las tierras

de las cuales fueron despojados. Cosas que no se cumplieron y su

condición se agravo más en la promulgación del Plan de Iguala, que

surge para poner fin a la guerra de los once años que abarca el periodo

de 1810 a 1821, en dicho Plan, se establecía la igualdad entre los

habitantes de la Nueva España, no se hacía distinción entre ellos, se

reconocían a todos como ciudadanos, otorgándoles la igualdad en

derechos; pero entre estos habitantes que se les proveía la igualdad y el

reconocimiento de ciudadanía, no figuraban aquellos que eran

pertenecientes a los pueblos indígenas; se les excluyo y olvido de nuevo1.

Para 1824, el contexto rebaso la realidad de los pueblos indígenas,

dichos pueblos se encontraban luchando contantemente por la

1 Sin autor (Sin fecha) “Historia de los derechos de los pueblos indígenas” [en línea] Recuperado de:

www.cedrssa.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=2185&idurl Consultado el [lunes 27 de noviembre de 2017] página 23

A

defensa de su identidad colectiva y por la tierra comunales, las cuales

eran asediadas por la clase gobernante que se encontraba en el poder

y a su vez, en lugar de ser protegidos por la ley eran agredidos por las

mismas; debido a que no se le proveía protección y legitimaban los

actos de violencia con los cuales los trataban.

Ahora bien, entramos al periodo en el cual el país pasa de mano en

mano, que es el periodo de los constituyentes de la época, que surge

como resultado de los diversos levantamientos armados que realizaron

los distintos grupos que luchaban continuamente por el poder, de un

lado tenemos a los liberales y conservadores, monárquicos y

republicanos o los federales, centralistas y radicales. De todos estos

regímenes, solamente los federalistas retomaron el tema de los pueblos

indígenas y los campesinos, ellos estipularon en la reforma realizada a la

Carta Magna en 1835 que: “no eran considerados ciudadanos ni

merecedores de derechos debido a la falta de escasez de fortuna y al

no saber leer ni escribir, lo cual era evidente en su falta de educación”2.

No quiero decir que liberales ni conservadores, ignoraran el tema de los

pueblos indígenas, simplemente dedicaron sus esfuerzos, recursos y

decisiones a cuestiones más apremiantes como lo eran la Iglesia y las

tierras y los dejaron de lado.

El tema de los pueblos indígenas volvió hacer retomado varios años

después, en una sesión presentada por el diputado José María del

Castillo Velasco el 16 de junio de 1856, en la cual menciona que los

pueblos indígenas eran: “una raza desgraciada de hombres, que

llamamos indígenas, descendientes de los antiguos dueños de estas ricas

comarcas, y humillados ahora con su pobreza infinita y sus recursos de

otros tiempos”3 cedió terrenos que fueron destinados para el uso común

de estos pueblos, así como, para la repartición de tierras en sectores

2 Ídem 3 Ferrer Muñoz, Manuel y Bono López, María. (1998) “Pueblos indígenas y Estado Nación en el siglo XXI”, Instituto de Investigación Jurídicas UNAM, México, pg. 50-52

individuales, le parecía inconcebible y vergonzoso pensar que

habitantes del país se encontraran en situaciones precarias, que no

tuvieran tierras para cultivar para poder alimentarse, tierras a las cuales

pudieran llamar propias, para poder residir y establecer sus

comunidades, expresó explícitamente sus intenciones al Estado de que

debería hacerse una modificación urgente a las legislaciones para

poder combatir la mendicidad de los indígenas, frenar los abusos que

sufrían y buscar medidas para mejorar las condiciones económicas en

las cuales se encontraban.

En esa misma sesión Ignacio Ramírez menciono que: “entre las muchas

ilusiones con que nos alimentamos, una de las no menos funestes es la

que nace de suponer que nuestra patria es una nación homogénea”4

con esto aseguraba que eran difíciles los tiempos, aún más la inclusión

de pueblos indígenas que comparten una cosmovisión diferente de la

del resto de los habitantes. Esta fue la única sesión en donde se

discutieron los derechos indígenas y donde se les preveía de ciertos

derechos, pero no fueron plasmados en la Constitución Federal que

consolido al Estado Mexicano.

En décadas posteriores a esta sesión, entrando a principios del siglo XIX,

el tema de la igualdad, era un derecho al cual todos los habitantes de

la República Mexicana tenían derecho, incluyendo a los indígenas los

cuales eran considerados en nivel individual, pero negados en

colectividad. Se sabe que en las diferentes entidades federativas se

elaboraron diversas y variadas legislaciones que abarcaban diferentes

temas excepto el del tema referente a los pueblos indígenas; las

legislaciones que llegaban a ser mención a ellos no reconocían el pleno

de sus derechos, el algunas de estas legislaciones llegaron a asignarles

personas que se encargaran de ellos, debido a que no los consideraban

capaces de protegerse a sí mismo y era necesario nombrar un alcalde

y un regidor para desempeñar semejante tarea, por otra lado, las leyes

4 Ídem

más drásticas y violentas; los protegían del extermino puesto que les

servían como mano de obra barata para impulsar el desarrollo del país.

Entre los trabajos que se les daban a desempeñar encontramos que

fueron relegados solo a los servicios públicos, como establecer y cuidar

de las escuelas de educación básica, al sector de la construcción,

reparación y limpieza de los caminos, puentes, cárceles, terrenos de uso

común.

Pero, entre todo esto tenemos a un indígena zapoteco, que después de

prepararse en la Universidad como abogado se convierte en

representante del Estado de Oaxaca en primer instancia y después llega

hacer Presidente del país, su principal preocupación al llegar al gobierno

en el Estado oaxaqueño fue la defensa de los derechos de los pueblos

indígenas, su nombre era Benito Juárez y en 1848 en una sesión en el

Congreso externo que los pueblos indígenas tenían derecho a elegir a

sus autoridades de acuerdo a sus costumbres, no era posible

homologarlas y ellas mismas deberían de regirse y dejar de estar bajo la

tutela de alcaldes y regidores.

Parte de su discurso menciona lo siguiente:

“Desde antes del establecimiento del sistema federal, los pueblos del

Estado han tenido la costumbre democrática de elegir por sí mismos a

los funcionarios, que con el nombre de alcaldes y regidores cuidaban

de la política, de la conservación de la paz y de la administración de los

fondos comunales; (…) restablecida la federación, los pueblos han

recobrado no solo sus ayuntamientos y republicas, sino el derecho de

elegirlas conforme a sus antiguas costumbres, quedando así organizada

la administración local de las municipalidades, de una manera que, lejos

de obstruir, expedita la marcha de la administración general del

Estado”5

5Pola, Ángel. (1987) “Exposiciones (como se gobierna): Benito Juárez”, Tomo I, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, páginas [159-160]

Tiempo después del discurso emitido en el Congreso por Benito Juárez,

los pueblos indígenas esperaban que se cumpliera algo de lo que se

estipuló y se les regresara autonomía a la hora de decidir quienes los

gobernaran, pero esto nunca ocurrió y se encontraron frente a la

promulgación en 1856 de la Ley de Desamortización de Bienes, dicha

Ley fue propuesta por los liberares y establecía un nuevo orden jurídico

y social dentro del federalismo mexicano que consolidó una

transformación en cuanto al derecho de propiedad se refiere, y en este

caso los más perjudicados fueron los pueblos indígenas y los campesinos

debido a que les expropiaron sus tierras, se encontraron frente al despojo

nuevamente.

Años después, se desencadena el movimiento revolucionario de 1910 y

el constitucionalismo de 1917 instituyendo políticas económicas y

sociales de desarrollo nacional, con ellas, se accede a una nueva

política educativa, cultural y a su vez, se desarrollaron proyectos sobre

la nación, la sociedad y el futuro. Pero se continuó negando el valor de

la cultura de los pueblos indígenas y regionales al buscar su “integración

a la vida cultural”, en un esfuerzo por homogeneizar étnica y

culturalmente a la sociedad mexicana.

Ante estas circunstancias los gobiernos posteriores a la Revolución

Mexicana propusieron distintos modelos de intervención para con los

pueblos indígena, los cuales se denominaron políticas indigenistas o

indigenismo. Así, políticas de incorporación, asimilación, integración u

homogeneización dominaron durante décadas, tiempo después fueron

consideradas como etnocéntricas y racistas, pues se intentaba

mantener el mismo estatus quo de las minorías étnicas6.

Por otra parte, la crisis de los años sesenta del sistema político mexicano

llegaron críticas al indigenismo oficial, debido a que se consideraba

como una ideología estatal que representaba la visión y los intereses de

6 Stavenhagen, Rodolfo y Nolasco, Margarita (coords.). (1998) “Política cultural para un país multiétnico”. México Página 89

una clase que no correspondía a los pueblos indígenas, era una política

realizada desde la perspectiva y las expectativas de los no indígenas

acerca de cómo debía ser la vida de las comunidades indígenas.

Para los años setenta, se pretendía sin mucho éxito, una mayor

participación de los indígenas en la elaboración de programas de

gobierno y en la autogestión, como una alternativa diferente a las

políticas estatales llevadas a cabo hasta ese momento, con los llamados

indigenismo de participación y el etnodesarrollo.

En los años ochenta resalta la problemática étnica, los movimientos

indígenas seguían manifestando la heterogeneidad cultural del país, los

indígenas muestran un fortalecimiento en la conciencia y la identidad

indígena, con ello reivindican sus derechos y su demanda a una vida

digna. Dentro de este contexto, Díaz Polanco, argumenta que la

autonomía y la democracia están relacionadas, con la democracia se

reconocen los derechos de estos pueblos y con la autonomía los pueblos

deciden sobre su existencia, su desarrollo y su futuro7.

A partir de los años ochenta, el gobierno posee una ideología de corte

neoliberal y el adelgazamiento del estado, se reduce el presupuesto

para las instituciones destinadas al ámbito indígena como el Instituto

Nacional Indigenista. Sin embargo, a nivel mundial se habla más de

democracia y de derechos, el claro ejemplo es el Convenio de la OIT

celebrado en 1989, el cual hace mención a los derechos de pueblos

indígenas, dicho contexto influyó en el reconocimiento de un estado

pluricultural en México.

La llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, trae consigo en

el ámbito del derecho internacional la firma el Tratado de Libre

Comercio con América del Norte TLCAN, así como el Convenio 169 de

la OIT, y el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. El panorama político y

7 Ídem, páginas 88-89

social en México, se ve enturbiado el 1 de enero de 1994, el día que

entraba en vigor el TLCAN, en Chiapas aparece el Ejercito Zapatista de

Liberación Nacional EZLN demandando sus derechos, poniendo en

entredicho las condiciones en las que viven los pueblos indígenas.

Para febrero de 1996, los representantes del gobierno de Zedillo y el

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), firman los Acuerdos de

San Andrés Larraínzar sobre “Derechos y Cultura Indígena”, primer y

único documento firmado entre las partes, sin embargo, no se

cumplieron los Acuerdos, desencadenando las matanzas de Aguas

Blancas, el Charco en Guerrero y la de Acteal en Chiapas.

En los Acuerdos de San Andrés se recogía el articulado del Convenio 169

de la OIT. Parte de lo expresado en los Acuerdos de San Andrés, era que

el estado asumía el compromiso de construir, con los demás sectores de

la sociedad, en un marco de federalismo, un nuevo pacto social, que

modificará de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y

culturales de los pueblos indígenas, y crear un nuevo marco jurídico que

estableciera una nueva relación entre los pueblos indígenas y el estado.

En el año 2000 con la llegada de la alternancia y ante la urgencia de

replantearse el modelo de políticas indigenistas de décadas anteriores,

se pretendió incluir y desarrollar una política multicultural, la cual es un

principio político que propugna por el reconocimiento de la diferencia

dentro del estado-nacional, principalmente dirigido a las minorías, de

diversa índole, entre éstas la étnica, a los migrantes, etcétera.

Con respecto a los derechos humanos, se promovieron políticas que

eliminarán la discriminación política, legal y social, que apoyará a los

diferentes grupos a mantener su propia identidad cultural. La voluntad

política del nuevo gobierno llevó a la reforma constitucional de abril del

2001, y a la creación de algunas instituciones públicas que permitieron

establecer una nueva relación entre el estado y los pueblos indígenas.

Bibliografía

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” (2014)

[en línea] Recuperado de

http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.p

df

“Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de

Genocidio.” (1952) [en línea] Recuperado de:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/

PI22BIS.pdf

Galván Rivera, Flavio (2014) “Democracia y justicia electoral en

los pueblos indígenas de México” Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación. México, página 24.

Ferrer Muñoz, Manuel y Bono López, María. (1998) “Pueblos

indígenas y Estado Nación en el siglo XXI”, Instituto de y el Estado

mexicano” México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Investigación Jurídicas UNAM, México.

Natividad Gutiérrez Chong. (2012) “Mitos nacionalistas e

identidades étnicas: los intelectuales indígenas.

Stavenhagen, Rodolfo y Nolasco, Margarita (coords.). (1998)

“Política cultural para un país multiétnico”. México: Secretaría de

Educación Pública, Subsecretaría de Cultura, Dirección General

de Culturas Populares: El Colegio de México: Universidad de las

Naciones Unidas.

Pola, Ángel. (1987) “Exposiciones (como se gobierna): Benito

Juárez”, Tomo I, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la

Revolución Mexicana, México.

“Historia de los derechos de los pueblos indígenas” (s. f.) [en línea]

Recuperado de:

www.cedrssa.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocument

o=2185&idurl