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Paula Ungar Ronderos*

El Ministerio de Ambiente y DesarrolloSostenible de Colombia lidera actualmente ladelimitación de los páramos del país. La Ley delPlan de Desarrollo del presente gobierno legislasobre estos ecosistemas. En esta ley se adivinanbuenas intenciones, inspiradas en la autoridad dereconocidos estudiosos de los páramos que en sumomento alertaron sobre la enorme fragilidadde estos ecosistemas y su acelerada destrucción.

Sin embargo, traducir una visión preservacion-ista, sin mediación alguna, a Ley de la Repúbli-ca, refleja una enorme ingenuidad, por no decirpeligrosa ignorancia, frente a la realidad del paísy a los avances en las ciencias ambientales de losúltimos treinta años. El reto de encontrar alter-nativas a la conservación excluyente es enorme,pero es peor no asumirlo.

El problema

Los páramos son ecosistemas tropicales queaparecen por encima de la línea continua debosques, aproximadamente a 3.000 m., en sumayor parte en la esquina Noroccidental de Sur

 América, y sobre todo en los Andes colombia-nos. Abarcan alrededor de 2.900.000 hectáreasdel territorio nacional (alrededor del 3%), dis-tribuidos en 34 “islas” (complejos) en las zonasmás altas de las tres cordilleras que atraviesan

el país de Sur a Norte (Instituto Alexander von

Humboldt 2012). Son sitios donde los biólogosse han maravillado con la abundancia de especiesy endemismos (Rangel, 2002). Allí la vegetaciónse ha adaptado para vivir entre el nublado fríocercano a las nieves y a los afilados rayos de sol:pajonales, pastizales, arbustos retorcidos de pe-queñas hojas duras, oscurísimas; frailejones –ro-setas de diferentes estaturas, cubiertas de pelaje,como animales grises que recorren erguidos el

paisaje. De vez en cuando pasa un oso de an-teojos (único oso de los Andes), una danta depáramo, vuela el cóndor; se asoman venados.Salta una rana sabanera.

El suelo del páramo es una inmensa esponja,frágil y multicolor, salpicada de espejos de agua,lagos, lagunas, arroyos ruidosos; una esponjaque retiene el agua de la niebla, da origen a losprincipales ríos del país y provee de agua a la ma-yor parte de la población colombiana (Instituto

Humboldt 2012).Los páramos fueron y siguen siendo frecuen-temente sitios sagrados para la población de laalta montaña colombiana. Son también sitiosusados y habitados, con los que la sociedad se haentretejido a lo largo de la historia de diferentesmaneras. Agricultura y pastoreo indígena y cam-pesino, que se alimenta desde hace al menos tresmil años de productos de la alta montaña, y sal-vaguarda y recrea en formas diversas la relación

simbólica con el páramo. Latifundios coloniales,con cultivos de trigo y ganadería extensiva. Mi-nería de oro y carbón que sirvió de combustible a

“De buenas intencionesestá empedrado elcamino…” Reflexionesa propósito de ladelimitación de lospáramos en Colombia

* Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexandervon Humboldt ([email protected])

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la conquista y a la colonia, y ahora empuja, torpey con frecuencia violentamente, la inserción delcampo marginal en la economía de mercado. Si-tios de acogida para población desplazada desdela década de 1940 por la dinámica propia de laguerra en Colombia, que expulsa población de

los territorios productivos y favorece la consoli-dación de latifundios.Las quemas para potrerización; el ganado disper-

so, que pisotea y compacta los suelos, despojándo-los de su función reguladora; el cultivo extensivode papa y cebolla; la minería de oro y carbón hanvenido disminuyendo dramáticamente la extensióny transformando la estructura de los páramos; haycada vez más voces que llaman a tomar medidasurgentes para la conservación de estos ecosistemas

(entre otros, ver Hofstede, 1995; Vargas, 2002; vander Hammen, 2002).

La ley del Plan de Desarrollo dice, literalmen-te (art. 202 parágrafo 1):

“En los ecosistemas de páramos no se po-drán adelantar actividades agropecuarias ni deexploración o explotación de hidrocarburos yminerales ni construcción de refinerías de hi-drocarburos”

Con esta exclusión de lo agropecuario, sinmatices, en unos territorios donde se calcula quehabitan alrededor de 125.000 personas estable-cidas y 32 áreas pobladas, conformando tejidossociales complejos, la ley retrocede en el tiempoy abona el terreno para la intensificación del con-flicto social del país y -de forma aparentementeparadójica- para el deterioro ambiental. Comosi hiciera falta abono.

En la década de 1970, la conservación, conce-

bida como la supresión de la actividad humanade una Naturaleza que se entendía como intacta,logró un poder sin precedentes en el mundo. Co-lombia no fue la excepción, y aunque siempre hahabido voces disidentes, algunos parques se cons-truyeron desgarrando tejidos sociales locales, quetodavía hoy se intentan reconstruir en aras de laconservación misma. Desde entonces ha habidocambios fundamentales en la concepción y en lapráctica de la conservación. La Naturaleza se ha

dejado de ver como una entidad en equilibrio,que requiere (que puede) ser aislada de la activi-dad humana; por el contrario, somos conscientes

de que la idea misma de Naturaleza resulta de laproyección de un sistema de valores. Justamentepor eso, porque la conservación es una empresapolítica, el cuidado de la biodiversidad y de susmúltiples relaciones con el bienestar de las perso-nas se entiende hace décadas como una tarea que

no sólo no debe excluir, sino que, al contrario, re-quiere involucrar a la gente que habita el territorioo que se relaciona con éste de diferentes formas.Este “cambio de paradigma”, como lo llaman al-gunos, se nutre de argumentos éticos, pragmáticosy epistemológicos. odos ellos adquieren en Co-lombia un significado especial.

 Argumentos para la inclusión

En primer lugar ¿no tenemos ya suficientes mo-tivos para el desplazamiento forzoso? Colom-bia es el país con más desplazados internos delmundo; para 2012 más de 5.500.000 personashabían sido desplazadas por la fuerza desde 1985(CODHES, 2013). Se ha documentado copio-samente la fragilidad ética y el escaso sustentoempírico de los efectos positivos sobre la conser-vación, al excluir, sin matices ni consideraciones

localizadas, poblaciones humanas de sitios conalto valor en biodiversidad, entre otras razonesporque se promueve el poblamiento de zonasambientalmente frágiles y se inculpa del dete-rioro a los desplazados (Agrawal, 2009). La leyno prevé la expropiación en páramos, pero laprohibición tajante de cualquier tipo de activi-dad productiva es un motor de desplazamientodemasiado probable.

En segundo lugar ¿quién, si no la sociedad

misma, va a velar por el territorio? ¿iene sentidoexcluir y satanizar a los potenciales, cuando noactualmente activos, aliados para hacer la tarea?Las bondades –la necesidad- de hacer partícipesa las organizaciones sociales en la gestión am-biental ha sido documentada empíricamente enColombia (por ejemplo, Cárdenas y Maldona-do, 2013; Palacio, 2010). La fuerza de la resis-tencia local en torno a lo ambiental1 da indiciospoderosos en este sentido.

1. Ver ejemplos en Censat (www.censat.org ) y en el Observa-torio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (http://olca.cl/oca/portada.php?mc=91&ip=02032400), entre otros sitios.

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Finalmente, definir qué es un páramo, cómofunciona, dónde empieza y dónde termina, (tra-zar un límite a escala 1:25.000, como lo exigela Ley), para tomar decisiones que van a afec-tar a miles de personas no sólo es un problemaurgente y que implica enfrentamientos entre

sistemas de valores, sino también uno cargadode incertidumbre. Los ecosistemas son entidadescomplejas y dinámicas en el tiempo y en el es-pacio, constituidas por actores humanos y nohumanos; sus límites se definen en función de ladisponibilidad de información y de las preguntasque se requiera responder. Estas preguntas, a suvez, emergen de una preocupación social, inmer-sa en circunstancias políticas e históricas. En lamedida en que la delimitación es un problema

profundamente complejo2, involucrar a la socie-dad, en particular a los habitantes del páramo, enla construcción de conocimiento, si bien puedeparecer inmanejable, es un requisito para la cal-idad  de ese conocimiento (Funtowicz & Ravetz,1990; Strand, 2002)

No hay que inventar de cero

Hace ya más de diez años, Parques NacionalesNaturales de Colombia (PNN), entidad quetiene a su cargo más del 12% del territorio na-cional, formuló la Política de Participación So-cial en la Conservación. Esta Política hace unaapuesta clara a favor de la conservación comoun proceso incluyente, que parte de la construc-ción colectiva de conocimiento, define el mane-

 jo de las áreas protegidas como “el resultado dela capacidad institucional para involucrar a las

personas, sus organizaciones instituciones comosujetos activos (…) de la misión protectora de lasáreas” (UAESPNN 2001: 26) y establece las bas-es para su gestión colectiva (UAESPNN 2001).Esa política se llevó al terreno a través de proyec-tos a lo largo y ancho del país, principalmentea través de la estrategia de Sistemas Sosteniblespara la Conservación, que establecen, a travésde acuerdos sociales, arreglos productivossostenibles (Rojas, 2005). Es un experimento

que sigue en marcha -desgraciadamente, con un

2. Me refiero aquí a la thick complexity , en los términos deStrand (2011).

descenso en el respaldo político y financiero dela misma institución- y que no se puede ignorar,especialmente si se tiene en cuenta que casi el40% de la superficie de páramos del país estárepresentada en PNN.

Por fuera de los Parques, donde se ha dado

gran parte de la real conservación de la biodiver-sidad del país, abundan experiencias fundamen-tales construidas sobre la idea de que la gestiónterritorial ambiental es ante todo una labor deinclusión social. Las Zonas de Reserva Campe-sina (ZRC) son una figura jurídica creada porla ley en 1996 (Ley 160) a partir de prácticas yreivindicaciones campesinas, como mecanismode defensa frente al crecimiento de los latifundiosy a la ausencia de inversión social del estado; una

alternativa a la política estatal de erradicaciónforzada de la coca. Además de ser un “mecanis-mo de ordenamiento productivo del territorio”(art. 305, proyecto de Ley General Agraria yde Desarrollo Rural), le apunta a controlar lafrontera agropecuaria y a fortalecer la cohesiónsocial en torno a planes de desarrollo sostenible,construidos y ejecutados colectivamente, queincluyen normas de conservación y utilización

sostenible de recursos naturales. La compleji-dad de la historia de creación, reglamentación,declaratoria y puesta en marcha de las seis ZRCconstituidas en el país desde 1997, que sumanalrededor de 830.000 hectáreas, no son el objetode este texto3: sin embargo, se trata de experien-cias clave ante el reto del manejo sostenible deecosistemas habitados por población histórica-mente marginada.

Otras historias vivas con las que cuenta el país

para pensar en cómo promover la conservaciónincluyente en los páramos son los ResguardosIndígenas y erritorios Colectivos, y las iniciati-vas de conservación privada y voluntaria, comolas Reservas de la Sociedad Civil. Los más de800 resguardos indígenas y 6 títulos colectivosde comunidades negras que hay en Colombia,que abarcan en conjunto alrededor del 34% dela superficie nacional, son territorios de propie-dad colectiva reconocidos por la Constitución

colombiana como “inalienables, inembargables

3. Sobre este tema, ver, entre otros, Fajardo (2000) y Osejo(2013).

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e imprescriptibles”. La asignación de estos ter-ritorios a indígenas y afros por parte del estadoestá condicionada, entre otras, por su funciónecológica y por la formulación colectiva deplanes de vida y planes de desarrollo locales.En las áreas protegidas del Sistema Nacional de

 Áreas Protegidas (SINAP) que se superponen aestos territorios se da un ejercicio constante decoordinación intercultural, con la participaciónde las autoridades ambientales reconocidas porel estado y las autoridades propias (cabildos indí-genas y consejos comunitarios afro). La estrecharelación entre uso y conservación en territoriosindígenas y afrocolombianos se remonta, porsupuesto, a la prehistoria y a la época colonial,respectivamente; son siglos de aprendizajes sobre

gobernanza ambiental que se suman a los másrecientes, asociados a las relaciones entre autori-dades locales y estructuras de gobierno estatales,y que hacen parte del acervo con el que cuentael sector ambiental para pensar la conservaciónde los páramos4.

Las Reservas de la Sociedad Civil son figuraspropuestas por la sociedad y reglamentadas alfinal de la década de 1990. Se trata de predi-

os privados en los que individuos o colectivos,respondiendo voluntariamente a sus convic-ciones, reservan porciones para la conservacióny manejan “bajo principios de sustentabilidaden el uso de los recursos naturales” (decreto1996 de 1999). El papel que las 309 Reser-vas registradas (51.300 hectáreas) y al menosseis Organizaciones Articuladoras5 han jugadoen el tejido social regional, desde la Costa At-lántica hasta el Sur de los Andes; sus formas

de resistencia en medio de la guerra y de laspresiones de los grandes proyectos de desarrol-lo; sus maneras de enfrentar los problemas detitulación de la tierra en el país y la precarie-dad de los incentivos públicos, su papel en laconectividad regional de los ecosistemas, sontambién lecciones que hay que retomar para laprotección de los páramos (Awad, 2009; Esco-bar y Solano, 2009).

4. Para más información sobre áreas indígenas y comunitariaspara la conservación, ver Riascos (2008).5. Esta cifra está subestimada, existen Reservas y Organizaciones

 Articuladoras no registradas oficialmente.

Claro que es difícil, es una apuesta

Por supuesto, estos modelos no son recetas.Hay experiencias más o menos exitosas, más omenos efectivas, más o menos catastróficas; losriesgos, además, se magnifican ante la fragilidad

del páramo y lo que está en juego. Pero sin dudason precedentes indispensables en cualquier dis-cusión sobre gestión integral del territorio.

Nadie duda de la necesidad de regular elimpacto de las actividades productivas sobrelos páramos (y sobre todo el territorio); nadieduda ya de la escasez inminente de agua, de larelación entre deslizamientos y deforestación,de la catástrofe cercana si no se toman medidasradicales. Nadie duda que estas medidas son por

naturaleza conflictivas y que tendrán consecuen-cias sobre la vida y las actividades de muchaspersonas.

Nadie duda tampoco que las comunidadeslocales no se pueden ver ingenuamente comodepositarias de la bondad y la pureza y el con-ocimiento verdadero del territorio, que estáninmersas en relaciones y tensiones de poderhistóricamente consolidadas; nadie duda del

papel central de actores globales con interesesexclusivamente extractivos en un eventual pro-ceso colectivo. Y nadie duda que los procesosparticipativos son, con demasiada frecuencia,mecanismos perversos.

Nadie duda, en fin, de que la apuesta de hacerconservación con gente en los páramos es unreto abrumador. Para afrontarlo, se requiere,entre otras muchísimas cosas, una apuesta realpor el fortalecimiento de las instituciones y

organizaciones sociales locales. Es una apuestaque implica riesgos, por supuesto, como todaslas apuestas. Pero construyendo sobre el central-ismo, las medidas maniqueas, la exclusión y ladesconfianza ya sabemos cómo nos ha ido.

 Agradecimientos

 Agradezco los valiosos aportes de Alejandra Os-ejo, Margarita María Nieto y Carlos Sarmiento.

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