Pa'lante nº 8

Boletín del International Peace Observatory - IPO Febrero 2010 No. 8

INDICE

Editorial: Hostigamiento a miembros de IPO

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Noticias Regionales:

Segundo Campamento Ecológico: Entre amena-zas y esperanzas

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Caen negociaciones entre las instituciones y ASCAMCAT

5

Sigue:Aumentan amenazas en contra de ASCAMCAT

7

Iniciativas populares desafían la privatización del agua

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Encuentro nacional e internacional por el acuerdo humanitario y la paz

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Historias del Campo:

Tras los cafetales, crece la dignidad

12

Coyuntura y Análisis:

Oro negro a precio de sangre; el papel de las petroleras en la guerra

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Madres de Soacha: Por la verdad, justicia y reparación

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Estigmatizados: La es-trategia estatal en contra de los defensores de Derechos Humanos en Colombia

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Por Eva Lewis y Cristina Ortega González - IPO

CATATUMBO

Aumentan amenazas en contra de ASCAMCAT

Miembros del International Peace Observatory (IPO) hablan con un militar en la tercera Audiencia Popular de ASCAMCAT. Foto: J. Mauricio Echeverri B.

Las amenazas y hostigamientos en contra de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAM-CAT) se han incrementado desde la tercera Audien-cia Popular, que se realizó del 28 al 30 de enero. El evento tuvo lugar en el pueblo de La Gabarra, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, y partici-paron mas de 300 campesinos/as. Fue la causa por la que muchas de estas personas regresaron a este lugar por primera vez, después de ser desplazados por los paramilitares. Hubo mucha participación de los campesinos/as en el evento, pero lastimosamente, otra vez, el único aporte real de los oficiales del Go-bierno fueron amenazas y señalamientos.

La actividad se realizó en una escuela de La Ga-barra, donde la noche anterior al evento, agentes de la Policía Nacional rodearon la entrada de la escuela, intentando reclutar, empadronar y tomar fotos de los participantes. Cuando miembros del Interna-tional Peace Observatory (IPO) se fueron a hablar con ellos, su respuesta fue que si los internacionales querían brindar seguridad al evento entonces ellos no tendrían responsabilidad de cualquier incidente de seguridad que pudiese pasar, lo cual miembros de

IPO interpretaron como una clara amenaza al even-to. Al día siguiente, miembros de la policía seguían en la entrada de la escuela mientras que empezaba la Audiencia Popular.

Durante el desarrollo de la Audiencia, el día esco-lar seguía igual, con estudiantes de varias edades asis-tiendo a sus clases normales. Al mediodía miembros de la Quinta Brigada del Batallón Caldas del Ejército Nacional entraron al patio de la escuela, violando así el Derecho Internacional Humanitario, no sólo por estar a una distancia menos que prudente de la población civil (como está estipulado en los con-venios de Ginebra) sino también por violar un bien protegido, como es una escuela. Otra vez fueron miembros de IPO quienes hablaron con el Sargento Reyes, mando de las tropas para que recordaran de su mandato y se retirasen para que tanto el evento como el día escolar, pudieran seguir con su desarro-llo pacífico.

En el evento participaron varios defensores del pueblo, personeros, una senadora y los alcaldes que

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ISSN 2145 - 7697 Pa´lante

Pa’lanteFebrero 2010, No. 82

I N T E R N A T I O N A L P E A C E O B S E R V A T O R Y

Editorial: Hostigamiento a miembros de IPO

Como International Peace Observatory que-remos manifestar nuestra preocupación por el cre-ciente nivel de hostigamiento que hemos sufrido por parte de la Fuerza Pública en los últimos meses. Este hostigamiento hacia miembros de IPO se ha dado me-diante retenciones,empadronamientos ilegales y otras obstrucciones a nuestro legítimo trabajo de acom-pañamiento internacional. Estas actuaciones forman parte de una estrategia sistemática de desprestigio y ataque a las organizaciones nacionales e internaciona-les de Derechos Humanos en Colombia. Nuestra preocupación empezó con la retención de una miembro de IPO el 19 de septiembre, en Convención, Norte de Santander. Miembros del Batallón Especial Energético y Vial numero 10, al mando del Teniente Coronel Tovar Velasco, la retuvieron durante dos horas; la empadronaron de forma ilegal y registraron el número de placa del carro en el que viajaba. Tovar argumentó que se trataba de una verificación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el DAS para comprobar la autenticidad de su visa y cédula de extranjería, documentos expedidos por estos mismos organismos. Como organización de acompañamiento internacional solicitamos la Visa Especial Temporal de Cooperante de todos nuestros voluntarios para poder desempeñar nuestro trabajo de forma legal. Por eso esperamos no tener que pasar por este tipo de situaciones que violan nuestro derecho a la libre movilidad y dificultan realizar nuestra tarea de acompañantes internacionales y observadores de Paz.

El 30 de Noviembre en el municipio de Tole-do, Norte de Santander, dos miembros de IPO fueron retenidos durante dos horas por el Batallón Especial Energético y Vial número 1, Brigada XVIII de Arauca.

Intentaron, sin éxito, empadronar a los integrantes de IPO y a las personas que estos acompañaban. El em-padronamiento es una práctica fuera de las compe-tencias del Ejército Nacional. Así lo decidió la Corte Constitucional en dos ocasiones: al derogar las leyes que permitían crear Zonas de Rehabilitación y Con-solidación en el 2003 y el Estatuto Antiterrorista del 2004. Ambas medidas otorgaban funciones de policía judicial al ejército. Aun así, integrantes de IPO han sido sometidos a este tipo de registro ilegal en repeti-das ocasiones. Incluso una vez, miembros del Batal-lón Especial Energético y Vial número 10, mostraron a dos voluntarias una circular que supuestamente les autorizaba a realizar empadronamientos de todos los miembros de ONGs, organizaciones sociales y repre-sentantes políticos, aunque ningún mando del ejército está habilitado para ordenar acciones que vayan en contra de la ley.

Todos estos hechos no son ninguna novedad, pero percibimos un incremento de estas violaciones durante los últimos seis meses, tanto hacia nosotros como hacia otras organizaciones. Esta estrategia de hostigamiento proviene de la Fuerza Púbica y una de las cosas que más nos preocupa es su falta de voluntad en reconocer estas violaciones. Por ejemplo, cuando miembros de IPO llamaron al Teniente Coronel Tovar desde la oficina de Bogotá, este negó que estuviera habiendo una retención. Cuando llamaron a la base militar de Arauca para que se soltara a los dos volun-tarios retenidos en Toledo, ni siquiera se les atendió al teléfono. Ante todo esto, reiteramos que el Interna-tional Peace Observatory realiza un trabajo legítimo y legal y exigimos que no sea impedido por la Fuerza Pública.

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w w w . p e a c e o b s e r v a t o r y . o r g

NOTICIAS REGIONALES

Foto: Acción Fotográ[email protected]

MAGDALENA MEDIO

Segundo Campamento Ecológico: Entre amenazas y esperanzasPor Eva Lewis - IPO

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) realizó su segundo Campamento Ecológico, entre el 9 y el 22 del pasado mes de enero. El evento tuvo lugar en las regiones del Magdelena Medio, Sur del departamento de Bolívar y Nordeste Antioqueño. Al evento asistieron más de 1200 personas de toda Colombia. Aunque el evento fue un éxito en términos generales, el último día fue ensombrecido por la presencia de la policía, el ejército y los paramilitares, quienes hicieron un esfuerzo coordinado de desbaratar el evento e intimidar a los participantes.

La idea del Campamento Ecológico era reunir a gente de todo el país por la defensa del medio ambiente. Más que nada, era un encuentro entre estudiantes universitarios y campesinos, donde compartieron información y experiencias. Melkin Castrillón, líder de la ACVC dijo: “Nuestro objetivo era tratar de divulgar y de dar a conocer la situación que se está viviendo en la región del Nordeste Antioqueño, Sur de Bolívar y la parte media del Cimitarra, [así como] toda esta crisis humanitaria: lo que está generando el impacto de las fumigaciones; la erradicación que está generando unos desplazamientos [a causa] del sustento económico”. La idea, como señalaba Melkin, era que “el estu-diante conozca para que vaya a replicar todo esto en sus universidades, fomente todo un cabildeo en este territorio colombiano [para que] todos conozcamos la realidad, no lo que nos venden los medios de comunicación.”

Estudiantes de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pamplona y Barran-cabermeja participaron en el evento. Llegaron a Barrancabermeja el día 9 de enero. Fueron distribuidos en siete grupos, los cuales pasaron las siguientes dos semanas recorriendo siete rutas ecológicas diferentes. Cada ruta tenía el nombre de alguna especie en vías de extinción que tradicionalmente se encontraba en el territorio que recorría la ruta, como el Mico Zambo o el Oso Anteojos. Cada grupo viajó a diferentes veredas, donde los estudiantes dieron talleres a los campesinos sobre temas tan diversos como agroecología, agricultura orgánica, reciclaje,

Derechos Humanos y derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Una campesina de la vereda de Alto Berlín dijo: “Los talleres me pare-cieron muy buenos... en realidad hay cosas que de pronto el campesino no conoce, que es bueno que lo conozcamos, como valorar nuestros recursos naturales, también saber cómo podemos nosotros defender-nos, los Derechos Humanos, cómo cuidarlos [y] cómo proteger nues-tra salud”. Durante el recorrido, la idea era que los campesinos que participaban en los talleres se juntaran con los grupos de estudiantes para viajar con ellos.

Los viajes eran físicamente extenuantes y a muchos de los estudiantes les tocó vivir condiciones a las cuales no estaban acustum-brados: casi diariamente caminaron cargando sus mochilas de 4 a 5 horas o más, subiendo lomas empinadas y destapadas, y muchas de las veredas que visitaron no tenían ni electricidad ni acceso al agua. Mu-chos campesinos viven su vida entera en estas condiciones, pero para muchos de los universitarios, que venían de las grandes ciudades, era una experiencia educativa verlas y sentirlas de primera mano. Blanca Díaz, estudiante de Medicina de la Universidad Industrial de Santander y participante en el Campamento Ecológico comentó: “Creo que fue un campamento que sensibilizó mucho a los jóvenes que asistimos... aprendí muchísimo a valorar lo que se tiene y a ver que somos agentes que podemos cambiar el mundo”.

Los estudiantes también pudieron sentir la proximidad del conflicto armado que se vive en el campo. Pudieron hablar y compartir con los campesinos que siembran la coca y aprender sobre los problemas que causan las fumigaciones, además de ver los daños provocados por la incursión paramilitar y escuchar las historias en primera persona de los que viven a diario las continuas violaciones de los Derechos Humanos. Varias de las rutas también pasaron por áreas con minas que rodeaban el camino, y todas pasaron por áreas controladas por militares, paramilitares o guerilla. La intención era que los participantes compartieran la realidad de los campesinos y así formar conexiones para después profundizar. Una



de las esperanzas de los organizadores era que los estudiantes que antes no habían participado en las actividades de la ACVC, después siguieran vinculados y, de pronto, formasen parte del equipo técnico de la asociación. Este equipo está conformado por un grupo de estudiantes que apoya el trabajo de la ACVC organizando eventos en sus escuelas, dando talleres en el cam-po y proporcionando ayudas técnicas a la asociación.

Al final de las dos semanas, los integrantes de las sie-te rutas se reunieron otra vez para un gran evento final en la cabecera municipal de Yondó, Antioquia. A los estudiantes, se le sumaron más de 500 campesinos, residentes en Yondó y Baran-cabermeja, además de funcionarios locales y nacionales, miem-bros de movimientos sociales y expertos en el medio ambiente. El enorme evento empezó en la mañana del 21 de enero con presentaciones realizadas por los estudiantes representando cada una de las rutas con fotos, explicaciones de los talleres realizados y sus propuestas para seguir organizando la región sobre temas de medio ambiente. Después, líderes de la Asocia-ción Campesina expusieron su plan de desarrollo regional y la importancia que tiene levantar la suspensión de la Zona de Re-serva Campesina (un territorio otorgado colectivamente a los campesinos de la región en el 2002 y posteriormente suspendido por el gobierno de Uribe en el 2003). Una ex-perta en medio ambiente también habló de los peligros de los proyectos de minería propuestos por las empresas multinacionales que buscan seguir explotando los recursos naturales de la región del Magdalena Medio. Otros orado-res hablaron de la situación de los Derechos Humanos en la zona y su continua y generalizada violación, tema que era transversal a todos los demás. En la noche hubo un evento cultural donde varios grupos musicales nacionales tocaron música sobre la represión del gobierno y la importancia de proteger el medio ambiente.

En general, el evento tuvo bastante éxito. La úni-ca marca negra fue la intromisión de los policías, militares y

paramilitares que intentaron intimidar a los participantes. Du-rante el día del evento final, la Policía y el ejército rodearon la sala del evento. Algunos soldados pararon a varias personas que participaban en el evento intentando utilizar este espacio para hacer reclutamiento. Un agente de policía entró en la sala a tomar fotos aunque miembros de la ACVC, del Internatio-nal Peace Observatory (IPO) y de Peace Brigades International (PBI) lo impidieron. Durante la noche la tensión fue creciendo a medida que las amenazas de la fuerza pública aumentaban. Mientras que la mayoría de personas estaban afuera escuchan-do el concierto, la Policía intentó varias veces entrar en la es-cuela donde los participantes estaban hospedados. Después la luz se cortó, lo cual tanto podía ser una coincidencia como algo más amenazador. En cualquier caso, la luz fue rápidamente restaurada, pero poco después la Policía se retiró y aparecie-ron los paramilitares. En el concierto final había paramilitares reconocidos en motocicletas circulando por el parque donde el concierto tenía lugar. También se reportó que había varios hombres desconocidos en el concierto haciendo indagaciones e intentando provocar a la policía antes de que se fuera. Estos mismos hombres luego intentaron entrar en la escuela hacién-dose pasar por participantes del evento.

Este año pasado, en Yondó, se ha detectado un resur-gimiento de los grupos paramilitares, amenazando con la lim-pieza social, realizando retenes en la entrada del pueblo y asesi-nando a residentes locales. Dado este clima actual, los eventos que tomaron lugar la última noche del Campamento Ecológico no se deben ignorar. Representan una amenaza clara hacia la ACVC y todos los y las que participaban en el Campamento Ecológico. En Colombia los vínculos entre la fuerza pública y los grupos paramilitares no son ningún secreto. Lo que pasó en Yondó durante el Segundo Campamento Ecológico fue un ejemplo claro de un esfuerzo coordinado entre Policía y Ejérci-to para intimidar a la población y dejar abierto el camino para que los paramilitares actuaran con impunidad una vez que ellos se hubieran retirado.

A pesar de todo, los organizadores consideran que el even-to fue un éxito. Pese a las amenazas y la persecución que si-guen sufriendo, continúan organizando y llevando esperanza a quienes nunca han recibido nada más que intimidación y violaciones por parte de los que deberían protegerlos.

Foto: Acción Fotográ[email protected]

Fotos: Gustavo León Calderón



Foto: IPO

CATATUMBO

Caen negociaciones entre las instituciones y ASCAMCAT

Las Negociaciones entre funcionarios del gobierno y la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) se desmoronaron en Diciembre cuando el gobierno se retiró de éstas. La ruptura pasó tuvo lugar durante la segunda Au-diencia Popular, llevada a cabo entre el 3 y el 5 de diciembre en Teorama, Norte de Santander. ASCAMCAT lo ha deja-do claro: seguirán con las Audiencias Populares ya planeadas para los diferentes municipios del Catatumbo, aunque sea sin la participación del gobierno.

Esta no es la primera decepción sufrida por los campesi-nos del Catatumbo. La región del Catatumbo ha sido desde siempre una zona rica en recursos naturales y por lo tanto también una de las principales víctimas del conflicto armado continúo que asola el país. La explotación de los pozos de petróleo ha impulsado la presencia de grupos armados y es percibido por mucha gente como la razón primordial de la incursión de escuadrones de la muerte paramilitares a prin-cipios del año 2000, quienes dejaron más de 11,200 cam-pesinos muertos, 600 desaparecidos y 100,000 desplazados. Hoy en día las compañías mineras están explorando nuevos horizontes como el carbón y las violaciones de los derechos humanos y asesinatos de líderes comunitarios siguen azo-tando a las comunidades.

Además la falta de inversión social en la región ha deri-vado en que muchos campesinos han tenido que recurrir al cultivo de coca como única forma de subsistencia. En 2001 el gobierno nacional empezó una campaña de fumigaciones de glifosato, altamente tóxico, para eliminar la coca y en marzo de 2009 el Ejército Nacional empezó erradicaciones manuales de los cultivos. En respuesta a la crisis humanitaria que esto creó y la situación nefasta de los derechos humanos en la zona, ASCAMCAT estableció el Campamento Refugio Humanitario con el objetivo de presionar al gobierno nacio-nal y que respondiera a las necesidades de la población del Catatumbo.

El 29 de agosto, ASCAMCAT logró una victoria políti-ca cuando el gobernador del departamento de Norte de

Santander, William Villamizar, fue al Refugio Humanitario, reconociendo así su legitimidad y prometiendo participar en un proceso de negociaciones con los campesinos co-nocido como Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA). Allí se acordó que los funcionarios del gobierno y ASCAMCAT participarían en una serie de Audiencias Populares o negocia-ciones públicas, que tendrían lugar cada mes en un municipio diferente de la región. El gobierno prometió financiar estas Audiencias Populares, aprobar rubros para el financiamiento del plan de desarrollo de ASCAMCAT, crear un comité téc-nico de impulso de la Zona de Reserva Campesina y mandar una ayuda de emergencia alimentaria para las familias damni-ficadas por las fumigaciones y erradicaciones no concertadas. Estos acuerdos fueron firmados por el gobernador, la secre-taria de gobernación del Norte de Santander, cinco alcaldes locales, 6 personeros, un representante de la iglesia católica, la oficina de la Vicepresidencia y el Centro de Coordinación del Desarrollo Integral de la Presidencia, entre otros.

El primer acuerdo que el gobierno departamental intentó cumplir fue la entrega de la ayuda humanitaria. El compromi-so había sido entregar 2,000,000 de pesos de ayuda alimen-taria, pero en La Quina esto se redujo a un compromiso de 1,000,000 de pesos. Después de esto algo de ayuda alimen-taria fue entregada en el Refugio Humanitario y en la vereda La Angalia. Las bolsas de mercado que fueron mandadas, te-nían un valor aproximado de 12,000 pesos cada una. Según ASCAMCAT, cuando finalmente se entregaron los mercados ya muchas familias habían salido de la zona, desplazadas por las fumigaciones.

En La Angalia las familias se negaron a aceptar el mer-cado. Algunas habían gastado más de 12,000 pesos solo en llegar a la vereda y otras habían caminado o montado en mula tres o cuatro horas, sacrificando un día entero de tra-bajo. En el Catatumbo muchas familias tienen seis o siete miembros y los campesinos estaban indignados porque esta supuesta ayuda humanitaria no abastecería a sus familias por más de un día.

Por Eva Lewis - IPO



En la Audiencia Popular de Teorama el problema con la ayuda humanitaria fue el primero que se trató Líde-res de ASCAMCAT y campesinos que habían ido a recibirla expresaron su enfado y descontento, manifestando que el gobierno no había cumplido su compromiso.

El ambiente en la Audiencia fue tenso. Mientras que los campesinos dieron discursos apasionados, María Margarita de Silva, la secretaria de gobernación del Norte de Santan-der y representante de la gobernación del departamento, salió a menudo a hablar por teléfono, en teoría para averi-guar si podría garantizar más mercado. La tensión aumento cuando un líder de ASCAMCAT y la Señora de Silva discu-tieron públicamente sobre quien tenía la palabra. La asam-blea tomó un descanso para el almuerzo y cuando la gente volvió Margarita de Silva leyó una declaración anunciando la retirada del gobierno departamental del proceso de ne-gociaciones.

En la declaración citó las razones de la retirada como “la actitud de desconfianza, agresividad, incluso grosería por parte de miembros de la MIA por señalar de engañosas, fraudulentas, mentirosas y manipuladoras las respuestas de las autoridades.” Añadió que aunque existiera una crisis hu-manitaria en la región, “no se puede desconocer que algunas situaciones que afectan derechos de las comunidades han sido consecuencia de la existencia de los cultivos ilícitos.” Como apunte personal, ella agregó, “Yo necesito que se respete a las instituciones. Yo, como funcionaria pública no puedo aceptar que no se respeten las instituciones. Noso-tros hemos respetado, hemos venido, hemos actuado, he-mos abierto las puertas, hemos hecho todo...pero yo real-mente, con otras instituciones no estamos de acuerdo en el proceso de una violencia agresiva hacia las instituciones.” Cuando ella terminó de hablar, José del Carmen Abril, pre-sidente de ASCAMCAT, declaró que la asociación seguiría

con el proceso sin la participación del gobierno si tocaba, y que nada detendría a la voluntad del pueblo de seguir exigiendo sus derechos. Esta declaración fue recibida efusivamente por la mayoría de las más de 200 personas presentes. En ese momento la Señora de Silva se retiró del evento, junto con 3 alcaldes, incluyendo a Emilio Pi-con, alcalde de Convención, quien no estuvo durante las discusiones de la mañana y los representantes de la Vi-cepresidencia, todos ellos habían firmado la declaración. No se quedaron a escuchar a los campesinos que se pusieron de pie para proclamar su voluntad de continuar con el proceso a pesar de la retirada de los funcionarios.

En la opinión de Juan Carlos Quintero, la verdadera razón por lo cual los gobernantes se retiraron, no era la que dio la Señora de Silva, sino porque “ellos se die-ron cuenta que nosotros somos un verdadero proceso de resistencia. Ellos pensaron que nosotros nos íbamos a dejar absorber por su modus operandi y politiquería que siempre se ha manejado en la región porque son un gobierno que sale a favor de las multinacionales.” Añadió que “las comunidades, en ningún momento nadie alzó la voz, solo hubo un buen lenguaje, nunca se pronunciaron palabras obscenas.... [María Margarita] fue quien se alteró un poco en el espacio de la mesa. Nosotros dijimos so-

lamente la verdad de todo lo que sentían las comunidades.” También explicó que cree que esto solo fortalecerá al pro-ceso, aunque también hará mucho más difícil la financiación de las propuestas de ASCAMCAT.

ASCAMCAT había planeado que la minería fuera el tema central de la Audiencia de Teorama, pero la controversia de la ayuda humanitaria desvió la discusión. Juan Carlos decla-ró que, “lo que más nos sorprende es que un diálogo tan importante como este se rompe por una bolsa de mer-cado. No se rompió ni por cosas políticas como la Zona de Reserva Campesina, el plan de desarrollo, ni el mismo proyecto piloto de substitución, sino por un mercado rom-pieron los diálogos.” También dijo que ASCAMCAT está lista y dispuesta a seguir el proceso con el gobierno en cual-quier momento y que la decisión de volver a la mesa sería completamente de ellos. Con ellos o sin ellos, la próxima audiencia de hecho ya tuvo lugar en el pueblo de La Gabarra del 28 al 30 de enero sin la participación de la gobernación.

Los campesinos también parecían muy convencidos para seguir en el proceso, aunque fuera la participación de los funcionarios retirados. Elmer Sánchez, presidente de la ve-reda El Suspiro dijo, “lamentablemente hoy se rompió estos diálogos pero nosotros como campesinos no vamos a dar un paso atrás. Siempre vamos a seguir adelante y algún día nos escucharán!” También agregó que “nunca pensamos que [la Señora de Silva] se fuera a portar así como grosera con nosotros...siempre nos han mamado gallo...siempre nos han incumplido...se portó grosera y ella dice que fuimos no-sotros los groseros...Ellos son los que tienen nos que buscar para dialogar, no nosotros a ellos.” Otros campesinos com-partían el punto de vista de Elmer y el sentimiento general parecía ser de alegría por tener un espacio donde expresar-se y unirse a pesar de lo ocurrido.

Los participantes de la audiencia, que venían de diversas organizaciones sociales nacionales, también expresaron su apoyo a continuar con las audiencias. La estudiante univer-sitaria, Paula Casas quien representa a la organización estu-diantil el Colectivo Siembra, dijo que la retirada del gobier-

Secretaria de Gobierno Margarita de Silva, cuando se le recordó que no había cumplido con los compromisos firmados. Foto: Eva Lewis - IPO

“...siempre nos han mamado gallo...siempre nos han incumplido...se portó grosera y ella dice que

fuimos nosotros los groseros...”



no fue lo típico que siempre pasa en Colombia. “[Mostró] como el gobierno se aísla de los procesos, como trata de lavarse las manos y salir con las pendejadas más bobas para irse y dejar al pueblo allí...[pero] aquí vamos contentos por-que los campesinos están unidos y todas las organizaciones que estamos acá también los vamos a apoyar”, dijo.

Justo cuando terminó la audiencia, el Ejército Nacional apareció de repente, posicionándose para caminar justo en frente de la gente que salía del evento. Muchos de los pre-sentes lo interpretaron como una amenaza contra los y las que habían participado en la audiencia. Se podría decir que en el Catatumbo esta es la respuesta típica del estado; cuan-do la población civil pide el cumplimiento de los Derechos Humanos lo único que reciben son promesas rotas y amena-zas del Ejército Nacional. Aun así, su lucha continua.

no se retiraron de las negociaciones en el mes de diciembre, incluyendo el alcalde de Tibú, José del Carmen García, quien no había asistido a ninguna de las dos audiencias previas. El alcalde llegó acompañado por varias personas, incluyendo a dos hombres que se identificaron como periodistas. Cuan-do la actividad empezó éstos empezaron a tomar apuntes y fotos de los líderes de ASCAMCAT. Miembros de la au-diencia los reconocieron como miembros del CTI, el cuer-po de inteligencia de la policía. Cuando la comunidad los enfrentó y les preguntó qué hacían allí y por qué se habían identificado como periodistas, su única respuesta fue que habían llegado con el alcalde. La pobre argumentación de éste fue insistir en que la comunidad los dejase ir, sin que se identificaran, borrasen las fotografías, ni mostrasen los apuntes que habían tomado. Al poco tiempo, llegó el jefe de policía de la Gabarra quien ni negó ni admitió que los dos hombres habían entrado bajo sus órdenes y quien tampoco quiso mostrar ninguna orden de investigación.

Estos hechos son solamente los últimos en una larga trayectoria de amenazas y persecución que han sufrido los líderes y miembros de ASCAMCAT. Durante la audiencia, miembros de diferentes comunidades se levantaron a in-formar a las autoridades sobre diferentes situaciones de hostigamientos hacia ellos y sus comunidades, incluyendo incidentes tan graves como la toma de fotos por la Fuerza Pública de los civiles, empadronamientos y hasta muertes. Luego Olga Lucía Quintero, Secretaria General de ASCA-MCAT, explicó una serie de actuaciones que habían prece-dido a la tercera Audiencia, en las cuales, los miembros de la Fuerza Pública se habían acercado en varias ocasiones a líderes de ASCAMCAT, con la intención de intimidarles y registrar sus datos. Ella dijo a las autoridades que su inten-ción al informarles de esta serie de actos amenazantes era que constara la agresión que los líderes de la Asociación estaban sufriendo. Dijo, “lo que a mi hermano le llegue a pasar, o llegue a pasar a Carmito, a Pablo, a Hilma, a cual-quiera de nosotros, a partir de este momento es responsa-bilidad de los que sabían.” El alcalde de Tibú se retiró de la Audiencia poco después de esta declaración, diciendo que tenía asuntos importantes que atender, aunque no sin antes decir que él también sufría amenazas y que las violaciones de Derechos Humanos eran un tema que estaba trabajando, afirmando que “si hoy se puede analizar con más libertad en el municipio de Tibú, obedece a nuestro trabajo [en la

alcaldía].”Olga también tenía un mensaje para los campesinos que

se quedaron en el evento, diciéndoles, “fuimos conscientes de que nos podrían matar, que nos podrían armar montajes, que nos podrían desaparecer, que pueden empezar a joder a nuestras familias....[pero] si a alguno de nosotros nos llegan a matar en el transcurso de este proceso, muchos de uste-des se tienen que levantar.... Cuando a nosotros nos llegue a pasar algo, compañeros, ese día es cuando más fuerte tiene que ser ASCAMCAT!” Ella no sabía en el momento que tan acertadas eran sus palabras.

Ocho días más tarde de esas palabras, se realizaban unas detenciones masivas por parte de la Fiscalía General de Colombia, con 16 capturas de personas afiliadas a la orga-nización. Las comunidades afirman que estas personas son conocidas como miembros respetados de sus veredas. Sin embargo, fueron acusadas de rebelión, terrorismo y con-cierto para delinquir agravado. Después de esto, ASCAM-CAT organizó una Comisión de Verificación de Derechos Humanos, en los municipios de Convención y El Tarra para comprobar de qué manera se habían llevado a cabo las cap-turas masivas. También hablaron con los familiares y amigos de las personas que estaban en prisión y explicaron a la población cuáles son sus derechos ante este tipo de situa-ciones, que suponen un abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, ya que muchas de sus actuaciones son irregulares.

Mientras esta comisión funcionaba, se dictaban nuevas órdenes de captura, una contra el Presidente de ASCAM-CAT José del Carmen Abril, y otra contra Jhonny Salcedo.

En los días previos y posteriores a estas detenciones ma-sivas, hubo presencia constante del Ejército Nacional en las veredas donde tradicionalmente ha trabajado ASCAMCAT. Esta entidad realizó empadronamientos masivos y la toma de fotos de los civiles que luego fueron arrestados. Lo cual da a entender que fue una operación conjunta de la fiscalía y el Ejército para judicializar a la población civil afiliada a la Asociación Campesina. Como tantos movimientos sociales en el país ahora ASCAMCAT también ha sido víctima de la estrategia estatal, conocida como la de los “Falsos Positivos Judiciales,” donde se busca desacreditar y debilitar a las or-ganizaciones civiles acusando a sus miembros de ser guerri-lleros. A pesar de esto, como dijo Olga Lucía en la Audiencia de la Gabarra, “nosotros, seguiremos.”

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Foto: IPO



En la zona rural del municipio de El Castillo, en el de-partamento del Meta al suroriente de Bogotá, el estado colombiano impone su presencia más con guerra que con inversión social. En este rincón olvidado de la región del Alto Ariari, mucha de la limitada infraestructura social que existe fue construida a través de la labor colectiva de los mismos campesinos.

Gilberto Antonio Parra, presidente del Comité Pro Acue-ducto del Alto Ariari, se siente orgulloso del acueducto que su comunidad construyó en la vereda La Esmeralda. “Aquí el agua que tenemos, los acueductos, todo lo ha hecho la gente.” Gilberto y el Comité Pro Acueducto están trabajan-do para ampliar su acueducto a otras veredas y defenderlo de los que pretenden arrebatarles el control del mismo. “Queremos que [nuestro acueducto] quede propiedad de las mismas comunidades, no de una entidad privada,” expli-ca Gilberto. Los proyectos del Comité Pro Acueducto se enfrentan a un proceso de privatización del agua impulsado desde las altas esferas del poder económico y político del departamento del Meta.

La Esmeralda y otras cuatro veredas del Alto Ariari se empeñaron en construir un acueducto comunitario por primera vez en el 2002, cuando los grupos paramilitares invadían la región. Un funcionario municipal, Miguel Ángel Cano, facilitó algo de apoyo técnico y material por parte del municipio para las comunidades. Los campesinos de La Esmeralda ya habían instalado su acueducto cuando en el 2003 los paramilitares desaparecieron a Miguel Ángel Cano.

La muerte de Cano detuvo los planes para extender el acue-ducto a otras veredas. Para el 2004, miles de campesinos del Alto Ariari habían abandonado sus parcelas para huir de la arremetida paramilitar.

Cuando volvieron a su tierra en el 2006, los campesinos que no habían logrado construir sus acueductos tuvieron que sacar el agua como pudieron. Un líder campesino de la vereda La Cima, una de las cinco veredas que componen el Comité Pro Acueducto, explica, “Recogemos el agüita en el cañito, ponemos la manguera o en el caso mío, me toca cargarlo al hombro.” La falta de agua potable contribuye a tasas más elevadas de parásitos estomacales y otras enfer-medades prevenibles, tanto para los residentes de La Cima como para los otros más de 16 millones de colombianos que no tienen agua potable limpia.1

Colaborando con la nueva organización comunitaria Acari, el Comité Pro Acueducto está retomando los planes aplazados durante años para llevar agua potable a La Cima y otras veredas. Los líderes comunitarios están convencidos que para garantizar el acceso de agua para todos, el acue-ducto ampliado tiene que ser público y manejado por las mismas comunidades. Rubi Castaño, líder campesina del Alto Ariari, insiste que “no queremos convertirnos en limosne-ros” para el agua que pertenece a los campesinos.

El agua utilizada en toda la región del Alto Ariari, dice Castaño, viene de nacimientos de agua en veredas como La Cima y La Esmeralda. Si se desplazara a los campesinos y se les despojara de su tierra para la explotación petrolera o de

META

Iniciativas populares desafian la privatización del agua

Por Eric Schwartz - IPO

Tanque de almacenamiento del acueducto comunitario de El Paraíso, Magdalena Medio. Foto: Eric Schwartz - IPO



minas a cielo abierto, la calidad del agua potable empeoraría, tanto en la zona rural como en la urbana. Gilberto, presi-dente del Comité Pro Acueducto, insiste que “el agua es un derecho. Sin agua, no viviríamos.”

Desafortunadamente, el gobierno municipal de El Castillo, responsable administrativo de las veredas que participan en el Comité Pro Acueducto, tiene otros planes. El gobierno de El Castillo ha anunciado planes para instalar un acueducto. Cada casa tendría un contador, y el acceso al agua depen-dería de la capacidad de pagar. El sistema se construiría y administraría bajo la supervisión de la empresa semipública de acueductos y alcantarillados del departamento del Meta, Edesa, con fondos públicos de El Castillo.

Hasta hace poco, el gobierno municipal administraba directamente los pocos acueductos que existían en El Cas-tillo, sobre todo en las zonas urbanas. Al menos en teoría, y a veces en la práctica, los funcionarios públicos tenían que rendirles cuentas a los residentes por la calidad del servicio que brindaban. Pero hace dos años, el gobierno municipal regaló la gestión de su acueducto a Edesa. Un paro cívico en el casco urbano de El Castillo intentó detener el acuerdo, sin éxito. Los residentes se oponían a lo que llamaban el primer paso hacia la privatización de su agua.

Los miembros del Comité Pro Acueducto creen que si se instala el acueducto de Edesa en sus veredas aumenta-rán las tarifas. Amparo Ferreira, presidente de la Asociación Sueños de las Mujeres del Ariari (Asumar), denuncia que ya han aumentado las tarifas desde que Edesa empezó a ma-nejar el agua en el casco urbano de El Castillo. Amparo y el Comité Pro Acueducto temen que las tarifas aumenten dramáticamente si Edesa se privatiza aún más. La historia de Edesa muestra que la privatización es más que una remota posibilidad. El que fue gobernador del Meta, Luís Carlos Torres, creó Edesa en el 2003 como entidad pública que construiría y manejaría acueductos y alcantarillados en todo el departamento. Cinco años después la Procuraduría falló que Edesa y otras recién creadas entidades públicas “no contaban con experiencia para la actividad contratada.”

La Procuraduría declaró que el ex gobernador Torres y su sucesor, Edilberto Castro, habían usado Edesa y otras entidades departamentales para evitar las reglas que rigen las contrataciones estatales. Al aparecer, Edesa se creó para regalar jugosas licencias a los amigos de los dos gobernadores, sin tener que pasar por la supervisión que habrían tenido de solicitar sus licencias directamente al gobierno del Meta.2 Una de las empresas posicionadas para beneficiarse de los contratos de Edesa propiedad del ex gobernador Edilberto Castro. Bioagrícola actualmente es operadora del servicio de aseo en Villavicencio, capital del Meta. A los dos gobernadores les inhabilitaron para ocupar cargos públicos durante diez años.

Los campesinos del Alto Ariari no tienen manera de saber si los acueductos prometidos para sus veredas serán instalados directamente por Edesa o si una empresa priva-da recibirán la contratación. Una mirada a la página web de Edesa muestra que esta todavía ofrece contrataciones a em-presas privadas para trabajos que van desde la “adecuación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable” hasta la instalación de acueductos. Además, Edesa misma fue creada por y para algunos de los políticos que directamente apoyaron a los grupos paramilitares que mataron y tortura-

ron a muchos campesinos en La Esmeralda, La Cima, y otras veredas del Alto Ariari. El ex gobernador Edilberto Castro recibió sentencia de cuarenta años de prisión de la Corte Suprema de Colombia por corrupción y colaboración con los paramilitares. La Corte falló, que cuando era gobernador, Castro se había enriquecido con contratos fraudulentos a través de la entidad pública que maneja las contrataciones estatales en el Meta. La Corte también declaró a Castro culpable de conspirar con Miguel Arroyave, líder del grupo paramilitar que desplazó a campesinos del Alto Ariari. Castro acordó con Arroyave que mataran a tres de sus adversarios políticos en el 2004, entre ellos su opositora en las ante-riores elecciones y antigua congresista departamental Nubia Sánchez, quien había denunciado los negocios corruptos de Castro. Edilberto Castro fue beneficiado con detención do-miciliaria en julio 2009, menos de dos años después de su sentencia.

Si el acueducto con contadores en el campo del Alto Ariari llega a ser instalado por Edesa o un contratista pri-vado, lo más probable es que Edesa administre el sistema. De momento, Edesa sigue siendo una empresa semipública, pero eso puede cambiar fácilmente. Ya que Edesa se formó como sociedad anónima, “es susceptible de ser privatizada como lo han hecho con otras empresas que eran públicas” explica Enrique Galán de la ONG Ecofondo. En las últimas dos décadas, una oleada de privatizaciones en Colombia ha usurpado el control público de los servicios sociales bási-cos como la electricidad, los teléfonos y la salud. Empresas multinacionales buscan contratos lucrativos para adminis-trar acueductos. Empresas públicas de acueductos como Edesa, que operan como monopolio y ofrecen un servicio sin el cual los usuarios no pueden vivir, son oportunidades

Campesino lava platos con agua del acueducto comunitario de La Esmeralda, Alto Ariari. Foto: Eric Schwartz - IPO

“...el ex gobernador Torres y su sucesor, Edilberto Castro, habían usado Edesa y otras entidades departamentales para evitar las reglas que rigen las contrataciones estatales.”



de oro para estas multinacionales. Movimientos sociales en Argentina y Bolivia han denunciado que después de que multinacionales como Bechtel y Suez compraran las em-presas públicas de acueductos, el acceso al agua en comuni-dades pobres se volvió más difícil y las tarifas aumentaron.3

La lucha del Comité Pro Acueducto del Alto Ariari para que una Edesa privatizada no se apropie de su agua es sólo una de las muchas iniciativas populares que en Colom-bia están proponiendo y creando alternativas a la privatiza-ción del agua. El Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, compuesto por más de sesenta organizaciones, ha reunido más de dos millones de firmas para un referen-do nacional que defina el agua potable limpia como un de-recho fundamental. El referendo prohibiría la privatización

de los acueductos, y garantizaría un “mínimo vital gratuito” para cada familia. También definiría el agua de caños que nacen y acaban en la misma propiedad como un bien públi-co, desafiando así el control extremo de latifundistas sobre recursos de tierra y agua.

Tan solo a 100 kilómetros de la vereda de La Esperan-za, en la capital departamental del Meta, Villavicencio, ya hay casi sesenta acueductos comunitarios en barrios populares. Estos acueductos fueron construidos por los fundadores de los barrios hace más de cuarenta años y desde entonces son los mismos residentes los que los manejan. A nivel nacional hay más de 10.000 acueductos comunitarios.4

En comunidades campesinas en antiguas zonas de colo-nización como el Alto Ariari y el Magdalena Medio, el aban-dono estatal ha llevado a las Juntas de Acción Comunal a organizar la construcción y el mantenimiento de acueduc-tos veredales. Aunque estos acueductos sufran el abando-no estatal o la presión de ser privatizados, estan protegi-dos por la ley.5 Según Jaime Wilches, presidente de la Mesa del Agua Orinoquía, la ley colombiana establece que “las comunidades mismas pueden asociarse y registrarse en la cámara de comercio y hacer su acueducto comunitario.”

Enrique Galán, de la ONG Ecofondo, cree que los acue-ductos comunitarios les ofrecen a las comunidades cam-pesinas del Alto Ariari una alternativa valiosa frente a los acueductos privatizados, o los que en un futuro próximo podrían ser privatizados. Como ejemplo, cerca del Alto Ariari, Galán afirma que los acueductos de barrio de Villavi-cencio brindan mejores tarifas y servicios que los acueduc-tos manejados por Edesa. Galán dice que los acueductos comunitarios como los de La Esmeralda y barrios popula-res de Villavicencio son “el patrimonio histórico y social de esas comunidades.” Rubi Castaño, líder campesina del Alto Ariari, insiste que los campesinos del Alto Ariari seguirán en la defensa de su “autonomía colectiva para crear los acueductos para las comunidades sin que los municipios los privaticen.”

En esas zonas de Colombia donde no hay ni acueducto

Acueducto comunitario Foto: David Moreno - Prensa Rural

Foto: Eric Schwartz - IPO



Del 13 al 15 de noviembre se desarrolló en la ciudad de Cali el encuentro nacional e internacional por el acuerdo humanita-rio y la paz. En él participaron más de 4000 personas proceden-tes de diversas organizaciones políticas, sindicales, campesinas, populares y estudiantiles que debatieron durante tres días para hacer una aportación al acuerdo humanitario como inicio a la solución política del conflicto social y armado que sufre Colom-bia y para denunciar públicamente el terrorismo de estado que tiene que soportar la población civil colombiana.

El evento empezó con una marcha por las calles de Cali, y durante esos días se discutió sobre cuatro mesas temáticas.

1. Perspectiva de la solución política al conflicto en Co lombia;

2. Papel de los acuerdos humanitarios; 3. Movimientos sociales, protagonistas de la paz; 4. Los medios de comunicación y su compromiso con

el acuerdo humanitario.

También asistió una delegación internacional compuesta por representantes de varios países como Bolivia, El Salvador, Gre-cia, Ecuador y Cataluña que dio su apoyo a la solución política del conflicto y se comprometieron a dar seguimiento y a hacer difusión desde los diferentes lugares de origen.

La iniciativa, que surgió del mandato estudiantil, concluyó con una agenda de trabajo donde se acordó ampliar los núcleos de Colombianos y Colombianas por la Paz,

Entre otras cosas se acordó hacer un pronunciamiento claro y concreto sobre la coyuntura nacional, especialmente, la insta-lación de las bases norteamericanas en Colombia y los diversos hechos de violación a los Derechos Humanos.

También se acordó desarrollar una campaña nacional e in-ternacional por la objeción de conciencia, y un pronunciamento claro de solidaridad con los presos políticos.

El punto negativo lo puso el Estado Colombiano al intentar detener de manera irregular a uno de los asistentes del evento.

Por Joana Gutiérrez Montllor - IPO

Encuentro nacional e internacional por el acuerdo humanitario y la paz

Foto: Marie Hagensen - IPO

público ni acueducto comunitario está más grave la situa-ción. Según Jaime Wilches, de la Mesa del Agua Orinoquía, a las familias que tienen acceso a agua potable muchas veces les toca sacrificar el acceso a otros servicios básicos. Ex-plica que la privatización de servicios básicos “perjudica [a comunidades pobres] y después no tienen con qué comer, ni para los estudios, porque todos sus recursos van para los servicios públicos.” Es para evitar eso que los campesinos del Alto Ariari luchan para mantener y ampliar sus acue-ductos comunitarios. Como dice Hernán Darío Correa de Ecofondo, “los acueductos comunitarios se convierten en una oportunidad… para derrotar las tendencias y políticas del agua dominantes, y construir una política nacional alter-nativa del agua.”4

NOTAS

1. Defensoría del Pueblo. “Tercer diagnóstico sobre calidad de agua para consumo huma-no.” 2007, p. 35. http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_136.pdf2. El Tiempo. “La autoría intelectual de tres homicidios por parte del ex gobernador del Meta oculta un novelesco relato.” September 9, 2007. http://www.semana.com/noticias-on-line/autoria-intelectual-tres-homicidios-parte-del-ex-gobernador-del-meta-oculta-noveles-co-relato/107608.aspx 3. Maude Barlow y Tony Clarke. “Water Privatization.” Enero 2004.4. Hernán Darío Correa. “Acueductos comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales.” http://agua.ecofondo.org.co/index.php?option=com_remository&Itemid=59&func=fileinfo&id=445. Ecofondo. Revista Número 28/29. Septiembre 2006. http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w1-1--&x=20154541



HISTORIAS DEL CAMPO

Municipio de Dolores. Foto: IPO

Por Eva Lewis - IPO

TOLIMA

Tras los cafetales, crece la dignidad

Entrando al departamento de Tolima, Colombia, uno pasa por un paisaje maravilloso que lentamente pasa de ser llano a montañoso. El clima fresco permite una gran variedad de cultivos siendo el café el más rentable, por lo que éste se puede ver creciendo kilómetro tras kiló-metro al lado de la carretera. Esta misma carretera entra en el municipio de Dolores, en el sur del departamento. Está destapada pero en buenas condiciones, un hecho que podría engañarte al dar a pensar que se trata de una región bastante desarrollada. No se puede negar que se trata de una región rica, habiendo depósitos de petróleo, nacimientos de agua y una reserva forestal con tierra increíblemente fértil. Pero cuando entré a Dolores, a finales del 2009, aprendí rápidamente que lo que mas la caracteriza no es el desarrollo sino el conflicto armado y una gran pres-encia militar.

El primer día entero que pasamos en el municipio de Dolores, mi colega y yo nos despertamos en la vereda de Las Pavas. Allí nos re-unimos con miembros de la comunidad para explicarles el trabajo del International Peace Observatory (IPO) y escuchar testimonios sobre la situación actual de derechos humanos. La comunidad, junto a la Asoci-ación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) acababan de declarar un estado de alerta temprana; un mecanismo judicial uti-lizado en Colombia para presionar a los representantes del gobierno a emprender una actuación cuando una comunidad se encuentra en alto nivel de riesgo.

El motivo de esta alerta temprana se debía en gran parte a las ac-ciones de la Brigada Móvil 21 del Ejército Nacional el 10, 13 y 30 de noviembre. En estas fechas, la Brigada entró a la comunidad de Las Pavas y a otras veredas de la zona. Fueron de casa en casa empadronando a la gente, diciendo que estaban haciendo “un censo” de la población. Tam-bién realizaron varias requisas ilegales, iban sin identificación y a veces incluso encapuchados. Dada la historia del paramilitarismo en Colombia

y los vínculos notorios entre los paramilitares y el ejército, esta última infracción es quizá la que más asusta. Varios miembros de la comunidad también denunciaron la presencia a menudo de unidades de soldados acampando en fincas particulares, bañándose y lavando ropa en las fuen-tes de agua. Este problema se agrava porque el gobierno municipal aún no ha construido el acueducto que hace tiempo prometió para proveer de agua potable a toda la comunidad.

Las Pavas es pequeña, pero todos los que asistieron a la reunión tenían una historia que contar. Una joven, de 7 o 8 meses de embara-zo, nos contó una historia particularmente alarmante. A principios de noviembre, 4 carros con 13 agentes del DAS llegaron a la casa de su madre. Los agentes preguntaron por ella y cuando no la encontraron allá fueron a buscarla a su casa. La dijeron que tenía que ir con ellos y desmo-vilizarse, aunque ella no pertenece a ningún grupo armado. Promovieron los beneficios del programa de desmovilización y le dijeron que esto era la manera de hacer una vida mejor para su familia. Con la voz temblorosa y llena de humillación, ella nos contó como, “yo le dije que no, que yo porque me iba a desmovilizar si yo no era nada!...Yo antes tenía una hija, estaba embarazada y con mi marido que iba a ser?.... yo le dije que no, que si tenían una orden de captura listo, que me llevaran, listo si yo tenía una orden de captura, pero que me la mostraran....entonces ellos me dijeron que no, que no la tenían allí.”

En Colombia es ilegal detener a alguien sin orden de captura si no está cometiendo un delito. Pero en la historia de esta mujer, poco pa-rece haber sido hecho de forma legal. Nos informó que, “Entonces ellos me dijeron... que me iban a llevar y si era obligada, obligada tenían que llevarme.” Le dijeron que tenía una orden de captura en la Fiscalía 13 Seccional de Ibagué por robo y hurto. Si esto era el caso; ¿por qué le estaban diciendo que se desmovilizara? Llorando le dijo al capitán, “si a mi me llega a pasar algo, cualquier cosa, a mi hijo le llega a pasar algo, ustedes



Helicóptero militar sobrevolando Dolores. Foto: IPO

tienen toda la responsabilidad de eso.” A todo esto ella se fue a alistar su ropa, cuando de repente le dijeron que no la iban a llevar. Cuando preguntó porqué, dijeron que su orden de cap-tura ya no era vigente. Este mismo día ella fue a Ibagué y con un abogado visitó la fiscalía, los juzgados y las oficinas del DAS y en ningún lugar había una orden de captura con su nombre. En las oficinas del DAS, el director le dijo a su abogado que había mandado a unos hombres a Las Pavas, pero sus órdenes no eran detener a nadie. Cuando yo le pregunté que pensaba que querían hacer los hombres, su respuesta fue “algunos me dicen que querían desaparecerme...yo digo que o eso o me querían empapelar.” Ella denunció el caso a la personería, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Otras personas se nos acercaron a contar sus historias también. Incluso una mujer nos mostró su finca donde una unidad del ejército había estado acampando hasta pocos días antes. Allí encontramos comida, basura y la identificación de un uniforme de soldado con el nombre Echevarría por el piso. El Ejército Nacional está sujeto al Derecho Internacional Hu-manitario como se estipula en los convenios de Ginebra, y el principio de distinción les requiere mantener una distancia prudencial de la población civil para no ponerles en riesgo. Sin embargo, en Tolima y especialmente en Dolores es una práctica común de la Brigada Móvil 28 acampar en las fincas privadas. La mujer que nos llevó a su finca nos dijo que estaba segura de que los soldados se habían retirado de allí porque escucharon que “venían los defensores de derechos humanos”. Ella añadió que, “a uno le da miedo ir [a la casa], con esa gente allí, de pronto llega [la guerrilla] a atacarlos.” Nos contó cómo había huido de la violencia paramilitar en el departamento del Meta, buscando una vida mejor, y como económicamente no podía sobrevivir en la ciudad, había llegado a Tolima. Pero la paz no fue lo que se encontró. “Una siempre vive muy nervi-osa porque nunca sabe qué [pasará] de aquí a mañana”, dijo. Al día siguiente subimos por los cerros de café y granadilla hasta llegar a la vereda vecina de Las Vegas de Café. Allí nos habían contado que el Ejército Nacional estaba utilizando la fuente de agua de la comunidad para bañarse y lavar ropa. Caminamos por la vereda hasta llegar al primer campamento de soldados, miembros de la Brigada Móvil 21.

Estaban acampados en medio del camino público, al lado de una casa y justo en frente del tanque de agua. Hablamos con el responsable, el Cabo Mora, un joven con brackets. Nos presentamos y expresamos que estábamos muy preocupados porque ellos estaban violando el Derecho Internacional Hu-manitario al acampar dentro de una vereda, al lado de una casa y contaminando un bien civil. Se me ocurrió preguntar si no le molestaba que más arriba sus compañeros del ejército es-tuvieran contaminando la misma agua que él estaba tomando, pero me abstuve. Actuó como si no tuviera ninguna idea de que estaba violando numerosas leyes y tratados internaciona-les y muy educadamente pidió disculpas.

Seguimos el mismo camino hasta encontrar el segundo campamento, a menos de 100 metros de la escuela de la vereda, donde los soldados habían dejado sus celulares car-gando. Hablamos con el Teniente Coronel Méndez, mando de todas las tropas en la zona, expresando las mismas preocu-paciones por la seguridad de la población civil de la vereda y enfatizando el riesgo adicional que corrían al estar ellos acampados tan cerca de la escuela. El Teniente Coronel era más reacio que su subordinado a admitir que estaba violando la ley. Insistió que no podían acampar en otro lugar ya que la zona estaba llena de minas anti - persona. Pero nosotros también insistimos en que, aunque ese fuera el caso, el Ejército

Nacional sigue teniendo la responsabilidad de cumplir con los tratados firmados por el gobierno colombiano.

Al día siguiente todas las tropas se habían retirado de la vereda, pero todavía nos llegaban informes de violaciones de los derechos humanos en la zona. Escuchamos que en una vereda cercana, Montoso, el ejército había detenido ilegal-mente a dos campesinos sin orden de captura. Poco después un hombre nos llegó a visitar y nos contó que el día anterior, el 22 de diciembre, había estado en Montoso, justo antes de la detención de los dos señores. Mientras que hacía compras en una tienda grande, un hombre armado vestido de civil se le acercó y agresivamente empezó a interrogarle sobre la otra persona con quien venía. El hombre insistió que había venido con su hija y nadie más, cuando el dueño de la tienda intervino

por él, diciendo que lo conocía y que no había venido con na-die más. Entonces el hombre armado pidió disculpas y dijo que había sido una equivocación. Salió pero al cabo de poco volvió, esta vez vestido con uniforme de soldado. Pidió disculpas otra vez y repitió que había sido una equivocación. La conclusión a que llegaron los campesinos fue que éste era un soldado que se quería hacer pasar por paramilitar. Esto es especialmente escalofriante considerando que, hace poco en Las Vegas del Café, unos soldados amenazaron a miembros de la comunidad diciendo que antes de fin de año los paramilitares entrarían y harían una masacre.

En los últimos años Dolores ha escapado de los horrores de la violencia paramilitar, pero el miedo sigue mientras que las violaciones a los derechos humanos van en aumento. Desde hace 20 meses la región ha estado cada vez más militarizada y en noviembre del 2008 hubo desplazamiento masivo a causa de asesinatos extrajudiciales por parte del ejército y otros abusos de los derechos humanos. Cuando salí del Tolima me puso triste saber que la situación sólo parece empeorar y, como siempre, son los civiles los que sufren más. Pasando los cultivos de café hacía Bogotá, pensaba en cómo podía crecer tanta vida en medio de tanta miseria y me vino a la mente el valor extraordinario de los campesinos que había conocido, que después de tantos atropellos siguen con su dignidad y la fortaleza de resistir.

*Los nombres de las personas citadas no fueron utilizados en este artículo para proteger sus identidades.



COYUNTURA Y ANÁLISIS

El pueblo de Arauca sufre las consecuencias de un conflicto del que se benefician las multinacionales petroleras. Foto: Irantzu Pastor

ARAUCA

Oro negro a precio de sangre: El papel de las petroleras en la guerra Por Jaume Fortuño - IPO

Repsol YPF en Arauca

Mucho se ha dicho sobre el papel de las empresas transnacio-nales en el expolio que sufren los países del sur y en los conflictos que desangran a estos pueblos. Pero dicha responsabilidad no sólo les corresponde a las multinacionales gringas, sin duda las más señaladas por los que criticamos la globalización. La Unión Europea, que finan-cia proyectos de cooperación al desarrollo y sigue una retórica de respeto a los derechos humanos al mismo tiempo que hace la vista gorda ante el dudoso comportamiento de sus multinacionales, no está libre de responsabilidad. Las empresas apoyadas por el Estado español, segundo inversor en Colombia después de EEUU, controlan sectores estratégicos como la electricidad (Fenosa o Endesa), el agua (AGBAR, recientemente vendida a Suez Francia), las comunicaciones (Telefónica) o las finanzas (BBVA y Banco Santander). A menudo estas transnacio-nales han sido responsables de sistemáticas violaciones de derechos humanos en Colombia1.

El gigante petrolero del Estado español es Repsol YPF. Extrae un 80% de sus ganancias de América Latina y Colombia es parte de ese pastel2. Arauca es el segundo departamento del país en producción pe-trolera; tan solo la más rentable de sus explotaciones, Caño Limón, ha venido aportando el 10% de las extracciones de petróleo de Colombia durante los últimos 20 años. Debido a que dicho yacimiento empieza a agotarse las empresas petroleras se han lanzado a realizar explora-ciones a lo largo y ancho de la región. Repsol participa en Caño Limón y también se ocupa de dichas exploraciones. De hecho ha participado en todos los yacimientos petroleros del departamento en tres moda-

lidades de actuación3:- con la estadounidense Occidental Petroleum (como en Caño Li-

món, donde participa con un 6,25% de la Asociación Cravo Norte).- con la nacional ECOPETROL (como en Catleya donde la partici-

pación es del 50%).- en solitario (en Capachos y San Miguel, donde dispone de un 100%

de participación).La participación conjunta de Repsol con estas dos empresas es el

modo en que ésta se extiende también por otros territorios de Co-lombia. En algunos lugares, como en los yacimientos de Ligia y Alcatraz (donde dispone de un 33% de participación con Occidental Petro-leum), Repsol opera en regiones controladas por el paramilitarismo4. Las actividades de Repsol se concentran sobretodo en la exploración, pero también incluyen la explotación en yacimientos como Capachos o Caño Limón, y la exportación y venta. Un 1% de la producción de Repsol proviene de Colombia (5.099 barriles diarios), país en el que dispone de reservas probadas de 5,7 millones de barriles, y se cree que podrían llegar a 8,6 millones5.

En Capachos, en el municipio de Tame, sus actividades se han desa-rrollado sobre los resguardos indígenas de los U’wá y Guahibos, for-zando a comunidades enteras al desplazamiento. La grave crisis medio-ambiental que sufren los entornos donde hay explotación petrolera y la destrucción de las formas de vida tradicionales, son parte del precio que Arauca debe pagar para que las transnacionales se roben sus ri-quezas. Además, la bonanza petrolera acostumbra a ir acompañada de oleadas de violaciones de derechos humanos contra la población y de una verdadera guerra sucia contra las organizaciones sociales. Es



el modo de lograr que la oposición a la actividad de estas empresas sea mínima y despejarles el camino para poder ac-tuar a su antojo. En el caso de Capachos, hacia el año 2002, el descubrimiento de petróleo y el inicio de su explotación a manos de Repsol, coincidió con la peor arremetida para-militar que nunca ha sufrido la región. La ofensiva militar llamada “Operación Arawac” el año 2001 fue seguida de la entrada de un millar de paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC. En ocasiones fue el mismo ejército quien amenazó a la población con la llegada de los paramili-tares y se denunció la participación conjunta entre ejército y paramilitares en atroces masacres como las de Cabuya y La Esmeralda. En Tame entre 2000 y 2005 constan 763 muertes violentas y se calcula en 7000 el número de desplazados en un municipio de 55000 habitantes6.

Esto es lo que lleva a Repsol a operar en Colombia en condiciones de “clandestinidad”; la transnacional no dispone de ninguna sede en Colombia, no realiza ningún tipo de pu-blicidad, a primera vista es imposible encontrar un logotipo o un indicio de su presencia. A pesar de que un 2% del petróleo producido en la nación va a parar a sus arcas y que provee de gas natural a 1,8 millones de clientes de Cundinamarca, Boyacá y la región oriental, Repsol es invisible en Colom-bia7. El motivo resulta evidente: no está dispuesta a asumir los costos políticos y sociales que derivan de sus acciones, prefiere que no se pueda ver su marca. Buena muestra de ello es el modo en que ECOPETROL se ocupa de gestionar y financiar los convenios de seguridad con la fuerza pública mientras Occidental Petroleum y Repsol se benefician de la militarización (y paramilitarización) de la región mantenien-do la imagen limpia y sus ganancias al alza.

¿Quién paga la guerra?

En 1992 el Estado colombiano aprobó un impuesto de guerra para las petroleras; éstas pagarían un dólar en ayuda militar por cada barril extraído. En el año 1996 la colabora-ción se volvió más estrecha; los miembros de la Asociación Cravo Norte firmaron un documento en el que se com-prometían a financiar la Brigada XVIII del ejército, con un desembolso de 2 millones de dólares al año. Cravo Norte está formada por las transnacionales Occidental Petroleum y Repsol YPF, y por la empresa nacional Ecopetrol. Occidental Petroleum y BP Amoco formaron el lobby Business Partnership, un grupo de presión para lograr que los congresistas de EEUU aprobaran el Plan Colombia (una donación de 1300 millones dólares anuales desde el año 2000, el 85% en ayuda militar). Después de conseguirlo, en el año 2002, este lobby apoyó otra campaña por una ley de emergencia para eliminar el máximo de presupuesto en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Esto permitió que EEUU pudiera donar al Estado colombiano más ayudas militares a parte de las incluidas en el plan Colombia. Una de estas ayudas fue el Plan Escudo; para proteger el oleoducto Caño Limón – Coveñas se realizó una donación de 99 millo-nes de dólares por parte de EEUU. Estos recursos sirvieron para financiar a la Brigada XVIII y la Brigada Móvil no. 5, que también recibieron formación de cerca de 70 militares de EEUU8.

Este apoyo financiero por parte de las multinacionales petroleras para proteger sus intereses ha permitido al go-

bierno de Uribe poner en práctica diversos “experimentos de guerra” en Arauca. Medidas de excepción que después se han exportado a otras partes del país, y en ocasiones han sido ilegalizadas por las autoridades. Entre ellas cabe citar:

- La Zona de Rehabilitación y Consolidación que abarcaba Arauca, Saravena y Arauquita, donde el ejército estaba autorizado a realizar empadro-namientos, registros, detenciones y funciones de policía judicial, además de limitar la presencia de observadores extranjeros. A pesar de que esas medidas se declararan inconstitucionales, el ejérci-to sigue realizando registros, empadronamientos y otras prácticas ilegales, diciendo que se pide a los civiles que colaboren de forma “voluntaria”, cuan-

do en realidad se les obliga a ello e incluso se les amenaza para que no se nieguen.

- Las medidas para implicar a civiles en el conflicto como los programas de “Soldados Campesinos” (civiles haciendo tareas de apoyo e inteligencia para el ejército en las mismas veredas donde vi-ven), la red de informantes (personas que informan al ejército o llevan a cabo señalamientos a cam-bio de recompensas económicas del Estado) o los programas como “soldado por un día” (iniciativa para que los niños conocieran las bases militares y se acercaran al ejército que llevaba a cabo una doble función de propaganda y obtención de in-formación).

Repsol opera de forma clandestina en Colombia para evitar las protestas que su actuación ocasiona en muchos países. Foto: http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article501

Esta estructura ha servido para legalizar las de-tenciones arbitrarias de activistas sociales y de-fensores de derechos humanos.



- La Red de Apoyo a la Fiscalía, creada bajo el pre-texto de investigar los atentados al oleoducto de Caño Limón. Esta estructura ha servido para lega-lizar las detenciones arbitrarias de activistas so-ciales y defensores de derechos humanos. Debido a que para detener a una persona hace falta una orden judicial, el papel de esta Red de Apoyo era inventar delitos para los detenidos por el ejército. La Red de Apoyo estaba formada por funcionarios que vivían en la base de la Brigada XVIII, junto con los militares y los informantes que llevaban a cabo los señalamientos, y recibían generosos sobresuel-dos, financiados en parte por la Occidental Petro-leum y el gobierno de EEUU9.

Sin embargo, la creciente militarización de Arauca ha resultado un fracaso para llevar la paz al llano. Hoy las gue-rrillas, que llegaron en los años 80 realizando sabotajes a las petroleras para después beneficiarse del cobro de ex-torsiones, siguen siendo, cuanto menos, igual de fuertes en la región. Además, ambos grupos insurgentes se han visto envueltos en una guerra entre ellos, donde el ejército no duda en buscar alianzas con un bando para atacar al otro. Un conflicto que aunque puede haber terminado con el acuerdo firmado entre las dos guerrillas en diciembre del 2009, ha tenido trágicas consecuencias para la población civil que sólo el pasado noviembre puso al menos 20 muertos10. Las políticas de guerra del Estado no han logrado debilitar a

las guerrillas, ni mucho menos proteger a la población civil, pero han logrado perseguir y eliminar a líderes y activistas, desmembrar el tejido social de Arauca y paralizar el Plan de Desarrollo, una propuesta de gobernabilidad para la región resultado de tres décadas de diálogos entre organizaciones y la construcción de un fuerte movimiento social11.

NOTAS

1. Las multinacionales españolas en Colombia. VVAA. Asociación Paz con Dig-nidad, Observatorio de Multinacionales en América Latina, 2008.2 Dossier Repsol YPF. Observatori de la Deuda en la Globalización. 2004.3. Ibidem4. Colombia en el Pozo. Impactos de Repsol en Arauca. Asociación Paz con Dignidad, Observatorio de Multinacionales en América Latina, Instituto Na-cional Sindical. 2006.5. Ibidem6. Colombia. Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca. Am-nistía Internacional. 2004.7. http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/presencia-glo-bal/colombia.aspx 2009.8. Colombia. Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca. Am-nistía Internacional. 2004.9. Ibidem10. http://www.peaceobservatory.org/es/1056316592/arauca19-asesinatos-selectivos-en-un-mes 200911. Colombia. Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca. Am-nistía Internacional. 2004.

Soldados hacen presencia permanente en la vereda de Filipinas, Arauca. Foto: IPO



CUNDINAMARCA

Madres de Soacha: por la verdad, justicia y reparación

Rueda de Prensa de las Madres de Soacha. Foto: Oriol Perera- IPO

Por Joana Gutiérrez Montllor - IPO

“Se están burlando de nosotras, las mamás. Se burlan de quie-nes sentimos este dolor tan grande. Son inconscientes al dejar tantas madres sin hijos y tantos hijos sin padres”, dice Carmenza Gómez, madre de dos jóvenes asesinados.

La desaparición y posterior ejecución de cerca de 22 jó-venes en el municipio de Ocaña, provenientes en su mayoría de Soacha y del sur de Bogotá, permitieron conocer múlti-ples denuncias de casos similares en una gran cantidad de regiones del país y pusieron al descubierto una de las prácti-cas de las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, los llamados “falsos positivos”. La plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ya ha denunciado más de 1.400 casos. Como dijo Philip Als-ton, el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Soacha fue sólo la punta del iceberg.

Soacha es un caso paradigmático: en el municipio, barrio popular, una de las capitales de los desplazados del conflicto colombiano, y lugar donde se está dando un desplazamien-to urbano propiciado, especialmente, por los grupos para-militares llamados Águilas Negras, desaparecían muchachos desempleados, sin muchas oportunidades. Las investigaciones permitieron esclarecer que algunos civiles se encargaban de convencer a los jóvenes para irse a algún lugar de Colombia a trabajar. En la mayoría de casos, el destino era el municipio de Ocaña, en el Norte de Santader. Allí eran asesinados y mostrados como guerrilleros muertos en combate. Por cada muerto, los soldados recibían plata o días de permiso: he aquí la empresa de muerte montada por un nutrido grupo de mi-litares. Y es que la muerte se ha convertido en un excelente negocio gracias a la política de “Seguridad Democrática” im-pulsada por Uribe. Investigaciones adelantadas por la Fiscalía, han revelado una red de unas 800 personas que se dedican a reclutar muchachos, siempre pobres, para “falsos positivos” y para poder así cobrar las jugosas recompensas de la guerra sucia contrainsurgente. Algunos de estos reclutadores, como en el caso de Toluviejo, recibieron hasta $100.000 pesos por muchacho asesinado.

Los 19 casos de Soacha llegaron a Fernando Escobar, el personero del municipio, y fue en su despacho donde se co-nocieron y se dieron apoyo, hablando y compartiendo el do-lor de la pérdida de sus hijos por los asesinatos de Estado. Fue allá donde empezaron a reunirse, a denunciar para recla-mar justicia. Sus voces, pese al miedo, llegaron a los medios de comunicación colombianos y, por lo tanto, a la opinión pública, pero también al relator de la ONU para las ejecu-ciones extrajudiciales, quien calificó la matanza de “flagrante y obscena”.

La reacción del gobierno fue, primero, ignorar este caso de “falsos positivos”. Cuando ya no fue posible seguir igno-rando este problema, la respuesta de Uribe fue salir a defen-der la versión del ejército, ignorando el dolor de las familias que pedían justicia. El 7 de octubre Uribe declaraba a los medios, sin ningún sustento: “El Fiscal General aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha, fueron dados de baja en combate y no fueron a recoger café, fueron con propó-sitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición sino un mes más tarde”. De sus palabras se hizo eco el Comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla, quien dijo “Todo parece indicar que los jóvenes murieron en combate y no en falsos positivos, de acuerdo con el análisis de Medicina Legal, los disparos que recibieron se propinaron desde lejos”. Pero el escándalo crecía y las pruebas forenses a las que se referían Uribe y Padilla, no sustentaban la ver-sión del gobierno: los chicos fueron asesinados pocos días después de su desaparición. Luego, cuando se estableció la participación de militares en la desaparición y asesinato de los muchachos, fue el mismo Uribe quien, a la vez que pre-tendía estar “sorprendido” por estas violaciones, exigió a las fuerzas armadas respetar los derechos humanos. Y cuando ya la evidencia era insostenible y amenazaba con convertirse en una presión insoportable sobre el gobierno, éste respon-dió con una sorprendente purga al interior de las fuerzas armadas, que destituyó a 27 oficiales, incluidos tres generales, entre ellos Paulino Coronado, de la Brigada 30, así como a



oficiales de la Brigada Móvil no. 15, la cual ya había sido de-nunciada por dar cinco días libres por cada “falso positivo”. Pese a la fuerte sacudida que ya se vivió con estas purgas, parecía que había nuevas purgas en camino y que uno de los futuros peces gordos que caería podría ser el mismísimo ex comandante Mario Montoya, por sus vínculos históricos con las paramilitares AUC.

Pese a las directivas del Ministerio de Defensa, que bus-can dar la sensación de estar acatando la orden de poner fin a estos hechos, las ejecuciones extrajudiciales se siguen dando, pero poniendo especial cuidado para que no sean reportadas públicamente y los cadáveres diligentemente ocultados, para no dejar rastros de la responsabilidad del Ejército en estos asesinatos de Estado.

El proceso de los falsos positivos de Soacha está lleno de irregularidades. Como dice el senador liberal Juan Manuel Galán, “hay demoras injustificadas en los trámites de estas investigaciones; el levantamiento de los cadáveres los hicie-ron los propios militares; hay amenazas constantes a testi-gos; las medidas que han tomado las Fuerzas Militares son coyunturales, ya que falta, por ejemplo, control interno eficaz para evitar que sucedan nuevos casos”. En este marco, a me-diados de septiembre, las Madres de Soacha se reunieron en esta localidad con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla. En la reunión, éste les manifestó que el presidente Uribe era solidario con ellas e insinuó que les

podrían ayudar en el futuro con unos planes económicos productivos. Pese a que desde que empezaron a denunciar sufrieron amenazas, casualmente, después de esta reunión, y coincidiendo con los juicios contra los militares implicados, el hostigamiento aumentó con llamadas, seguimientos, agre-siones... Rompiendo el miedo y haciéndole frente a estas amenazas y hostigamientos, las Madres de Soacha presenta-ron los 6 casos relativos a Luz María Bernal Porras, Carmen-za Gómez Romero, María Ubilerma Sanabria López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Rojas y Flor Hilda Hernández y dieron detalles sobre la ejecución de sus parientes, enfa-tizando la persecución que han sufrido ellas y sus familiares desde entonces. Éstas fueron recogidas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, poniendo de manifies-to la estrategia del terror utilizada para acallar sus voces mediante mensajes de texto, notas, llamadas identificándose como el SIJIN, seguimientos y acoso psicológico, así como amenazas a los hijos e hijas de las madres para que se “que-den callados”, llegando a cumplir sus propósitos, tal y como sucedió con el hijo de Carmenza Gómez, que fue asesinado para que no siguiera investigando la muerte de su hermano. Así pues, otra vez en el Estado de “seguridad democrática” son las víctimas revictimizadas, siendo, como señalan las Ma-dres de Soacha, el Estado el responsable de lo que les pueda suceder a ellas o a sus familiares.

Durante este mes de enero han sido absueltos más de 30 militares implicados en las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales de los 11 jóvenes de Soacha. Los militares con acusaciones agravadas de homicidio, desaparición forza-da y concierto para delinquir, han estado dilatando el pro-ceso para lograr ser puestos en libertad por vencimiento de términos. Según Fernando Escobar, personero de Soacha, hasta 42 de los 47 implicados en el caso podrían quedar en libertad. Así, con la complicidad de la Procuraduría General de la Nación, el gobierno de Uribe y la fuerza pública eluden toda responsabilidad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre de su política de presentar resultados en la lucha contra la insurgencia. Y, como escenificación de la injusticia, desde que los tribunales absolvieron a los mili-tares implicados, las amenazas contra las Madres de Soacha han aumentado. Pero frente a la vergonzosa impunidad con que el Estado arropa a los responsables del asesinato de sus hijos, y pese al miedo a denunciar por las amenazas sufridas, las Madres de Soacha se resisten al silencio que impone el olvido y demandan verdad, justicia, reparación integral y ga-rantías de no repetición. Porque como decían las Madres de la Plaza de Mayo, no habrá olvido, tampoco perdón.

NOTAS

1. http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-guerra-

paso-de-agache

2. http://www.semana.com/noticias-opinion/macabros-infames/116229.aspx

3. http://www.elespectador.com/articulo86125-uribe-pide-maxima-condena-

militares-desapariciones-soacha

4. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo86671-purga-histori-

ca-el-ejercito-desapariciones

5. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/serios-indicios-de-partici-

pacion-de-tres-coroneles-en-desaparicion-de-11-jovenes-admitio-ejerci-

to_4623984-1

6. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7701556.stm

IPO acompañando a las Madres de Soacha. Foto: Oriol Perera - IPO



Para el presidente Álvaro Uribe Vélez los defensores de derechos humanos son “politiqueros que finalmente sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos.” Durante sus mandatos, este dis-curso de señalamiento y criminalización de todo aquel que se muestre crítico con el gobierno ha sido constante. Or-ganizaciones nacionales e internacionales que trabajan por los derechos humanos, han sufrido acusaciones de ser “el brazo político de la guerrilla” y de hacer de “voceros del terrorismo para desprestigiar al Estado”. Entre ellas están las internacionales Amnistía Internacional o Human Rights Watch y colombianas como Cinep, Justicia y Paz, Comité Permanente por los Derechos Humanos. Dichas acusaciones lanzadas por el presidente y sus voceros estigmatizan a todo aquel que trabaja por la defensa de los derechos humanos y, lo que es peor, los coloca en el punto de mira de la fuerza

pública y los paramilitares. Basta con ver como el DAS ha estado llevando a cabo operaciones para desprestigiar a di-versas ONG, movimientos y partidos de oposición, o como organizaciones señaladas por el mismo Álvaro Uribe han recibido amenazas y ataques a manos de diversos actores legales e ilegales.

Una estrategia histórica Pero este tipo de señalamientos no son nada nuevo ni un

hecho aislado. Ya a finales de los 80 y principios de los 90 se empezaron a hacer públicas listas de sindicalistas, abogados y defensores de derechos humanos, acusándolos de ser cóm-plices de la guerrilla y subversivos. Dichas listas aparecían en los medios de comunicación, unas veces firmadas por escua-drones de la muerte, otras por las mismas fuerzas de segu-ridad.1 Para más cinismo, aquella fue la misma época en que

NACIONAL

Estigmatizados: La estrategia estatal contra los defensores de Derechos Humanos en Colombia

Por Hasan Dodwell y Jaume Fortuño - IPO

Foto : Eva Lewis - IPO



el ejército empezó a abrir oficinas de derechos humanos en todas sus bases, lavándose la cara ante las numerosas denun-cias que recibía al tiempo que se apropiaba un papel que le pertenece a la sociedad civil. Uno duda que los responsables de derechos humanos del ejército sean los más adecuados para juzgar las violaciones cometidas por la misma institución militar, más aun cuando se lee en un informe reservado, con el título “Asunto, apreciación coyuntural nacional, de 1995”: ‘la subversión, directa o indirectamente, tiene correlaciones con las ONG, especialmente de la izquierda nacional, que

apoyadas por foráneas y en evidente acuerdo con los gru-pos izquierdistas, han lanzado una ofensiva contra el Estado y las Fuerzas Armadas, sindicándolos de violadores recurrentes de los derechos humanos’.

El General Herminio Sánchez Vargas, en su tesis de gra-do en el Colegio Interamericano de Defensa (la que fue la

Escuela de las Américas), va más allá y vincula a las ONG de DDHH con la obtención de capital ‘del secuestro, el nar-cotráfico y los asaltos’, y afirma que ‘a nivel internacional la actividad de la narcoguerrilla se concentra en denunciar a través de las ONG la violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas armadas (…)’, y que ‘utilizan para sus objetivos el convencimiento, la palabra (…) aspectos más peligrosos que las armas o ejércitos’. Dichas actitudes for-man parte de la doctrina de seguridad nacional que Estados Unidos ha impulsado en América Latina. Con su raíz en los primeros años de la Guerra Fría, particularmente después de la victoria revolucionaria en Cuba, esta doctrina busca for-talecer la zona de influencia de Estados Unidos, cuidando su interés nacional, lo que incluye los intereses de sus empresas. A este respeto, la política busca ejercer el estricto control sobre conflictos sociales en países que caben dentro de su “patio trasero”, silenciando y señalando a la vez como ene-migo interno a cualquier movimiento que desafíe los intere-ses expansionistas estadounidenses. En Colombia ha tomado varias formas, la más reciente la Política de Seguridad De-mocrática. En este proyecto del presidente Álvaro Uribe, la caracterización de las organizaciones de DDHH como parte del enemigo interno ha sido retomada con fuerza, haciéndola parte de su discurso político y recrudeciendo la estrategia represiva contra ellas.

La estigmatización y el uribismoLa deslegitimación de defensores de derechos humanos

Foto : http://www.militar.org.ua/

En este proyecto del presidente Álvaro Uri-be, la caracterización de las organizaciones de

DDHH como parte del enemigo interno ha sido retomada con fuerza, haciéndola parte de su discurso político y recrudeciendo la estrategia

represiva contra ellas.



en Colombia ya está establecida como estrategia política. Una estrategia que viene siendo sistemática a lo largo de la Pre-sidencia de Álvaro Uribe. Desde su primera elección en el 2002, ya sea a través de procedimientos legales sin fondo o de dañosas declaraciones públicas, funcionarios colombianos han buscado desacre-ditar, desbaratar y estigmatizar orga-nizaciones de De-rechos Humanos, tanto nacionales como internacio-nales. Trabajando en un ambiente que de por sí suele traer grandes riesgos, esta estigmatización, cau-sada por la misma institución que debería estar ofreciendo su protección, aumenta notablemente el peligro que afrontan los defensores de DDHH. Si no fuera por su aplicación siste-mática, la represión que sigue a este discurso podría parecer algo no planificado. No obstante, no hay nada casual en ello: es una estrategia política con el fin de silenciar posibles críticas.

La estigmatización de defensores de derechos humanos suele basarse en acusaciones sin fundamento de coopera-ción directa o indirecta con la guerrilla. Además de crear un ambiente general más peligroso, estas declaraciones pueden terminar en represalias para los estigmatizados. A pesar de este preocupante hecho y de las numerosas condenas, tanto nacionales como internacionales, la estrategia ha seguido de forma ininterrumpida.

Justo en los primeros años de la presidencia de Uribe la presencia de aquella estrategia ya se notaba. En septiembre de 2003, el Presidente señaló varias organizaciones de derechos humanos como “politiqueros al servicio del terrorismo,” acu-sándolas de usar la “bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo, el espacio que la Fuerza Pública y la ciudadanía le han quitado.” Como resultado de esta acusación, una serie de organizaciones sacó una acción de tutela con la Corte Constitucional. A pesar del fallo T-1191,2 que reiteró las responsabilidades del Estado, en 2004 los señalamientos siguieron.

En su informe anual de 2003 y 2004 los señalamientos fueron condenados por el Alto Comisionado de las Nacio-nes Unidas para los Derechos Humanos. El informe de 2004 comenta: ‘...algunas declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno, que manifestaron cuestionamientos indiscriminados sobre la labor de los defensores y de sus organizaciones, contribu-yeron a la polarización y al incremento de los factores de riesgo que afectan a estos defensores...’.

El aumento en el nivel de riesgo a que se refiere el informe ha afectado notablemente a las víctimas de estos señalamien-tos públicos. En febrero de 2007, dos días después de que el presidente Uribe acusara a políticos de la oposición de ser “terroristas vestidos de civil,” setenta destacadas ONGs y personas defensoras de derechos humanos recibieron co-rreos electrónicos amenazantes firmados por paramilitares que se hacían llamar la Nueva Generación Águilas Negras. Como comentó la organización estadounidense Human Rights First en aquel momento, el correo de los paramilita-res repitió la misma acusación, usando el mismo lenguaje, que apareció en la declaración de Uribe cuarenta y ocho horas antes.3 La asociación entre amenaza y señalamiento es evi-

dente.No sólo es el presidente quien realiza señalamientos

que pueden estigmatizar y aumentar el riesgo que corren los defensores de derechos humanos. Hay varios funciona-rios del Gobierno que han tomado ese papel. En febrero

de 2008 mientras que se preparaba una manifestación convocada por la organización Mo-vimiento de Vícti-mas de Crímenes de Estado (MO-VICE) el asesor

Presidencial, José Obdulio Gaviria, decidió lanzar una serie de señalamientos en contra de las personas comprometidas con la manifestación. En una entrevista con Caracol Radio el funcionario, que además es el primo de Pablo Escobar, señaló el movimiento como “convocado por las FARC.”4 Desde entonces los organizadores recibieron una oleada de amenazas. Al parecer la mayoría de las amenazas fueron firmadas por las Águilas Negras. Justo dos meses después de sus comentarios, cinco personas habían sido asesinadas.

La movilizacion del 6 de marzo del 2008 fue muy estigmatizado.

Foto : IPO

...funcionarios colombianos han buscado des-

acreditar, desbaratar y estigmatizar organizacio-

nes de Derechos Humanos, tanto nacionales como

internacionales.



Debido a estos hechos varias instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Unión Europea y sesenta y tres congresistas de los Estados Unidos, condenaron la estigmatización, las amenazas y los ataques que siguieron a los señalamientos.5

Atención InternacionalLa pésima situación de derechos humanos en Colombia

hizo que el Congreso de Estados Unidos aplazara la firma del Tratado de Libre Comercio en abril de 2008. Desde en-tonces, con el gobierno de Uribe empeñado en lograr el cierre del trato, los funcionarios colombianos colocaron en su punto de mira a aquellos defensores de derechos hu-manos que denunciaban las violaciones en otros países. En mayo, en la apertura de un terminal de transporte en Mon-tería, en el departamento de Córdoba, Uribe acusó al líder del MOVICE, Iván Cepeda, de aprovecharse de las víctimas para sus fines políticos: “Hay personas en Colombia como el Doctor Iván Cepeda. Ellos se arropan en la protección de las víctimas....La protección de las víctimas les sirve para ir al extranjero a desacreditar el Gobierno de Colombia y a desacreditar las instituciones colombianas.”6

En febrero de 2009 en un esfuerzo por socavar la in-fluencia internacional del recién creado grupo de políticos e intelectuales críticos con el gobierno, Colombianos y Co-lombianas por la Paz, el presidente otra vez trató de estig-matizar el trabajo de los defensores de derechos humanos: “El bloque intelectual de las FARC lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: ‘Cuidado, Uribe es paramilitar, no le aprueben a Colombia el TLC, que Uribe es paramilitar y vio-

lador de Derechos Humanos’. El bloque intelectual de las FARC se estrella contra los hechos porque este es el Gobierno que le ha devuelto a Colombia confianza.”7

La paradoja de esta estrategia es que mientras el gobierno trata de silenciar y desacreditar a la oposición para mejorar la imagen de Colombia en el extranjero, se ve implicado en la per-secución de las organizaciones legítimas y el aumento de abu-sos paramilitares. El 2 de marzo de 2009, después de que Uribe señalara a una delegación colombiana, que se reunió con el co-mité estadounidense de Trabajo y Educación, de estar motivada por “el odio político,” uno de sus miembros, Lina Malagón, una abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), recibió un fax de las Águilas Negras señalándola de “objetivo militar.”8 El caso de Lina Malagón fue denunciado por varias organizacio-nes internacionales de derechos humanos, como el de muchos otros defensores de derechos que han recibido amenazas des-pués de ser acusados por el gobierno de Uribe.

Pese a que las estigmatizaciones siguen siendo condenadas tanto adentro como fuera de Colombia, la estrategia se man-tiene constante. De este modo el Estado no sólo ignora las de-mandas de las organizaciones internacionales sino que también va en contra de las normas colombianas: hay acuerdos de la ONU y Directivas Presidenciales que prohiben los señalamien-tos por parte de cualquier funcionario del Estado, más aun del mismo presidente.9

No solo las organizaciones colombianas son víctimas de esta estrategia de estigmatización. Ha habido varias oca-siones en que el presidente ha hecho comentarios explo-sivos poniendo en duda la legitimidad e imparcialidad del trabajo de respetadas organizaciones internacionales de

Las participantes de la movilizacion del 6 de marzo recuerdan las víctimas del terrorismo de Estado. Foto : IPO



derechos humanos. En los últimos meses de 2008, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, dos organizaciones con reconocimiento mundial, publicaron un comunicado condenando acusa-ciones generales y específicas hechas por Uribe en contra de ellas. El presiden-te había señalado al Director de Hu-man Rights Watch, José Miguel Vivanco, como “defensor” y “cómplice” de las FARC. Como res-pondió Vivanco en su informe: ‘Estas acusaciones absurdas son sintomáticas de una administración que no asume la responsabilidad de lo que hace. En lugar de tomar en serio la problemática de de-rechos humanos que atraviesa el país, el gobierno de Uribe busca distraer la atención de toda crítica, acusando a los críticos, sean quienes sean, de vínculos con la guerrilla’.10 Así que, después de la publicación del informe de Human Rights Watch de 2010, “Herederos de los Paramiltares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia”, el ministro de Defensa Gabriel Silva descartó el informe por estar moti-vado por “orientaciones políticas e ideológicas...”11

En septiembre de 2009 se lanzó una campaña nacional e internacional exigiendo un cambio fundamental del discur-so del gobierno hacia los defensores de derechos humanos. La campaña, con el título “Colombia: Defensores de Dere-chos Humanos Bajo Amenaza”, hasta ahora ha convocado a más de 270 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.

En Colombia el derecho a defender los derechos huma-nos todavía está muy lejos de cumplirse. Desde antes de la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la casa de Nariño ha existi-do un proceso deliberado y planeado para deslegitimar, es-tigmatizar y acosar a los defensores de derechos humanos.

En el periodo de Uribe este proceso ha asumido un nivel aún más intenso. Si bien por un lado esta estrategia ha bus-cado manifiestamente debilitar el impacto del trabajo de

los defensores, por otro lado ha subraya-do la completa falta de respeto que este gobierno muestra hacia los derechos humanos. Así se li-bra la batalla por los derechos humanos: mientras las fuerzas de la opresión bus-can silenciar y sofo-car la resistencia, la

lucha por estos mismos derechos se vuelve más fuerte. En el caso de Colombia, así se está demostrando.

NOTAS

1. Hernando Calvo Ospina, Colombia, laboratorio de embrujo. Ed. Akal-Foca, Madrid, 2008.2. Dial – Mecanismos de impunidad en las agresiones que sufren los defenso-res y las defensoras de derechos humanos en colombia3.http://www.humanrightsfirst.info/pdf/07212-hrd-col-ltr-izquierda-us-amb.pdf4. http://www2.radiocaracol.com/nota.aspx?id=5466045. http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/0FE02E4EB96CA838C125743B0057C56D?opendocument, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/newsWord/en/cfsp/100461.doc, http://www.humanrightsfirst.info/pdf/hrd-080417-cong-letter-pres-uribe.pdf6. http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/06/04062008.html7. http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/febrero/07/04072009.html8. http://www.usofficeoncolombia.org/uploads/application-pdf/LinaMalagonJo-intStatement.pdf9. Para acuerdos internacionales: ONU Asamblea General, A/Res/53/144 (1999), Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las liberta-des fundamentales universalmente reconocidas, y precedentes. Para directivas presidenciales: Directiva Presidencial 07 de 1999, Directiva Presidencial 07 de 2001 y Directiva 09 de 200310. http://www.unhcr.org/refworld/country,,HRW,,COL,4562d94e2,492fedac1e,0.html11. http://www.caracoltv.com/noticias/nacion/articulo167112-energico-recha-zo-del-gobierno-uribe-a-informe-de-la-human-rights-watch

Logo oficial de la campaña nacional e internacional “Por elderecho a defender los Derechos Humanos en Colombia”

La paradoja de esta estrategia es que mien-tras el gobierno trata de silenciar y desacreditar a la oposición para mejorar la imagen de Co-lombia en el extranjero, se ve implicado en la

persecución de las organizaciones legítimas y el

aumento de abusos paramilitares.



A quién acompañamos

Acompañando procesos de autodeterminación

El International Peace Observatory -IPO- es una organización de solidaridad internacional en Colombia. Nuestra misión consiste en realizar acompañamiento internacional a organizaciones campesinas en pro-ceso de resistencia no violenta y puntualmente otras organizaciones defensores de DDHH. Los principios que nos guían son la autodeterminación, la solidaridad, la conciencia social, la democracia participativa y la alegría. El International Peace Observatory está conformado por grupos nacionales en Catalunya, Escan-dinavia, Estados Unidos e Italia, teniendo una sede en Bogotá, Colombia. Entendemos el acompañamiento como un medio que, a través del mecanismo de presión-disuasión, protege a las comunidades en riesgo gracias a la presencia de observadores internacionales. Al mismo tiempo, es un instrumento para recoger informaciones sobre la situación de DDHH y DIH en las regiones acompañadas. La comunicación es un eje fundamental de nuestro trabajo: a través de una red de apoyo nacional e internacional difundimos el material recogido. Asimismo, identificamos como parte fundamental de nuestro accionar, la gestión y realización de talleres, cursos y proyectos técnicos promovidos y realizados de forma conjunta con las organizaciones.

CopyLeft International Peace Observatory 2009. !Por favor, distribuye!

ACVC - Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra “La ACVC es una organización social no gubernamen-tal campesina que desarrolla un trabajo organizativo, político y social con el sector rural de ocho municipios del Magdalena Medio colombiano, incluidos las regio-nes del Sur de Bolívar, Nordeste Antioqueño y Valle del Río Cimitarra. Está compuesta por 120 Juntas de Acción Comunal veredales de los municipios de Yondó, Canta-gallo, San Pablo, Remedios y del corregimiento Ciénaga del Opón de Barrancabermeja en el Magdalena Medio colombiano. Es una organización de campesinos des-plazados durante décadas a estos territorios de coloni-zación producto de la violencia del paramilitarismo de Estado.” - ACVC

MAPA - Mesa de Acompañamiento Perma-nente al Ariari

“La MAPA está conformada por organizaciones de Defensa de Derechos Humanos que acompaña a co-munidades campesinas de la región del Ariari (Meta) con el objetivo de que puedan continuar organizándose. La MAPA está conformada por: Corporación Claretiana Norman Pérez Bello,, Asodemuc, Fensuagro, Sintrag-rim, Comisión Intersindical Justicia y Paz, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOV-ICE), Comisión de Defensa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Bajo Ariari, Movimiento de Hij@s or la memoria y contra la im-punidad, Movice-Meta, Civipaz - Villavicencio, ANDAS y está acompañada por la Corporación por la defensa y promoción de los Derechos Humanos - Reiniciar y el Banco de Datos del CINEP” - MAPA

ACA - Asociación Campesina de Arauca “ACA trabaja en el departamento en defensa del ter-ritorio y en defensa de los derechos humanos. Nació con la idea de crear una asociación que recogiera todas las inquietudes y necesidades de los campesinos del departamento, así se consiguió conformar en 5 muni-cipios comités municipales y veredales, y, en la cabecera municipales se crearon comités barriales empezando a trabajar en el desarrollo y en el respecto de los dere-chos humanos de los campesinos.” - ACA

ASCAMCAT - Asociación Campesina del Catatumbo La ASCAMCAT, es una organización conformada a fi-nales del 2005, por habitantes de áreas rurales de los municipios de Convención, Teorama, y El Tarra, los cuales forman parte de la región conocida como “alto y medio Catatumbo” en el departamento Norte de Santander. ASCAMCAT surge como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permita generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatum-beros, quienes nos hemos vuelto a encontrar e integrar en torno a la defensa y permanencia en el territorio; el respeto a las comunidades indígenas, los adultos may-ores, los niños, y las mujeres; la no fumigación de los cultivos ilícitos y la erradicación de los factores socio-económicos que dieron origen a la siembra de coca; la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; el rescate de nuestras tradiciones cul-turales; la participación en la toma de decisiones que involucren el campo; y el respeto a la vida y en general a los Derechos Fundamentales de los habitantes del Catatumbo. -ASCAMCAT

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Pa’lante: Boletín del International Peace Observatory

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Pa'lante nº 8

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