Pacto nacional por la educación

Víctor Hugo Cárdenas1

Bolivia necesita un proyecto educativo, y el Estado debe recuperar su función rectora, en el marco de un proceso de descentralización de la gestión educativa, con participación social.

Es evidente que las deficiencias del sistema educativo boliviano están relacionadas con la baja y desigual cobertura de la matrícula educativa, la baja calidad de la educación y la baja eficiencia del gasto público en educación. A ello se añade la débil institucionalidad, la centralidad del proceso educativo en el docente, los métodos tradicionales de enseñanza, la resistencia gremial del magisterio sindicalizado, la falta de voluntad política de la élite política y la corporativización del Estado que renuncia a la rectoría o conducción de la educación.

Reformas educativas

En los dos últimos siglos, nuestro país desarrolló cuatro transformaciones educativas. La primera fue la reforma educativa liberal desarrollada a inicios del siglo XX. Difundió el positivismo pedagógico y la ideología del progreso liberal, creó la primera Escuela Normal de Maestros y aplicó modernos métodos científicos, educativos y didácticos. Luego, a mediados del siglo XX, fue construida e implementada la reforma educativa contenida en el Código de la Educación Boliviana, cuyo mayor mérito fue ampliar las puertas del acceso escolar, sentar las bases de la educación rural paralela a la urbana y configurar la trayectoria del magisterio rural y urbano.

A fines del siglo XX, comenzó la formulación y ejecución del Programa de Reforma Educativa (PRE) que consolidó un pensamiento pedagógico centrado en el estudiante, una metodología constructivista y un nuevo diseño curricular con una parte común y otra diversificada que redujo a cinco áreas la tradicional dispersión curricular. Además postuló la interculturalidad, la participación social y el mejoramiento de la calidad educativa.

Desde el 2006, el actual gobierno propuso al país la denominada “revolución educativa” mediante la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, sustentada, según sus autores, en la descolonización, la intra e interculturalidad y la educación técnica y productiva bajo un modelo denominado “sociocomunitario productivo”. A pesar de que sus autores se empeñaron en inaugurar un paradigma distinto, un análisis cuidadoso demuestra que sus aspectos positivos son continuidades del PRE, los aspectos más controversiales consisten en la sobreideologización y los retrocesos corresponden al retorno de la concepción gremialista de la educación, al centralismo y a la utilización política del magisterio sindicalizado.

No existe un proyecto educativo

1 Ex Vicepresidente de la República 1

La nueva ley educativa, formulada de forma improvisada, es una norma que carece del respaldo de un estudio técnico y de un programa de ejecución que sirva de orientación al gobierno en sus negociaciones con la cooperación internacional. Falta definir los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la transformación educativa, los ritmos del proceso, las prioridades establecidas, los actores involucrados y el financiamiento respectivo. Por su parte, la sociedad está preocupada por la educación pero aún no comprometida con el cambio educativo

Desde el 2006, el Estado renunció a la rectoría de la gestión educativa (precio pagado al magisterio para lograr su apoyo), se sometió al condicionamiento corporativo de las dirigencias sindicales y retrocedió en el débil proceso de descentralización a nivel local impulsado por el Programa de Reforma Educativa y la Participación Popular.

Por tanto, es preciso definir en un Pacto Social Nacional por la Educación, el rol del Estado, del magisterio y de la sociedad. Se debe recuperar el proceso de descentralización y autonomías apoyado en procesos de planificación participativa.

El Estado debe promover dicho pacto a través de la formación de una comisión de personalidades que identifiquen los pasos de la construcción de un proyecto educativo nacional. También se debe elaborar un diagnóstico de la educación boliviana, avanzar en la desideologización del Ministerio de Educación y someterla a una selección de personal, meritocrática y despartidizada. Urge un acuerdo entre los niveles del Estado sobre competencias, funciones y atribuciones en el marco de la descentralización y del pacto fiscal para frenar la involución centralista en la gestión política, administrativa y curricular en desmedro de las instancias subnacionales. También se debe definir las formas e instancias de la participación social.

Más recursos a educación

El gasto en educación respecto al PIB ha crecido en el período 1990-2002 de 3,4% a 6,1% considerando universidades, mientras que el gasto sin universidades creció de 2,4% a 4,7% en el mismo periodo. En anteriores gobiernos, el gasto total en educación respecto al gasto total del gobierno se ha incrementado de 9,6% en 1990 a 19,2% en el año 2002, mientras que el gasto sin universidades creció de 6,9% a 14,7%. Lamentablemente este apoyo creciente fue reduciéndose en los siguientes años en favor de otras prioridades. Hoy el gobierno no apoya a educación. Por ejemplo, según los montos de inversión pública en el Presupuesto General 2011, la educación y la cultura sólo recibirían 9% frente a un 33% de transportes o el 13% de hidrocarburos.

Uno de los componentes del pacto educativo debe ser el aumento de presupuesto asignado a educación y lograr un acuerdo fiscal financiero en el marco del Pacto Fiscal.

Formación docente

Las Escuelas Normales son monopolio del magisterio sindicalizado; es la capitulación estatal ante el gremialismo docente. La nueva ley de educación excluye a las universidades en la formación de personal docente y garantiza el escalafón y la inamovilidad docente en la Constitución (artículo 96,

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III) para consolidar la inercia laboral, el olvido del desempeño, el premio y estímulo a los docentes más activos. Para la formación de postgrado, se creó la Universidad Pedagógica, dependiente del Ministerio de Educación. El PROFOCOM ejecuta apenas un programa de licenciatura y maestría con sesiones de fines de semana y con facilitadores deficientes y de escasa experiencia de aula.

El nuevo currículo educativo posee una visión étnica, ideológica y cultural, en desmedro de lo científico – tecnológico. Hubo disminución de las horas de lenguaje y matemáticas en favor de las nuevas materias en contraposición a las tendencias de la mayoría de países que incrementan las horas aula. A nivel nacional, en el currículo base, la ideologización de la descolonización y la intraculturalidad se sobrepuso a las visiones de interculturalidad. Tampoco se asimiló de forma positiva las propuestas curriculares de los Consejos Educativos (aymara, quechua, amazónico), creados durante la reforma educativa y de los recientes institutos de lengua y cultura indígenas.

El apresuramiento de su diseño ha generado una falta de equilibrio y coherencia entre objetivos, actividades y evaluación. De ahí que exista una enorme dificultad de desarrollar procesos educativos y de evaluar las cuatro dimensiones (saber, ser, hacer y decidir).

Dados todos estos problemas es necesario reevaluar las virtudes y defectos de los supervisores tradicionales y de la propuesta de asesores pedagógicos para mejorar la eficacia de los cambios en las unidades y núcleos escolares.

Otras cuestiones fundamentales son la necesidad de contar con un plan de formación docente, mejorar la relación normales- universidades, diseñar el currículo base con personal especializado y definir el desarrollo de una innovadora metodología de aprendizaje, como también establecer el marco de la descentralización para la educación y el papel de los gobiernos subnacionales.

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