ONG FIMAamparo de la Ley N° 19.418. A finales del año 2006 se crea la Corporación de derecho...
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ONG FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente) Memoria 2017
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ONG FIMA
(Fiscalía del Medio Ambiente)
Memoria 2017
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INDICE
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE FIMA……………………………………………………………3
2. ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………………………………4
Directorio
Equipo de Trabajo
3. ÁREAS DE TRABAJO…………………………………………………………………………………..9 4. ACTIVIDADES REALIZADAS……………………………………………………………….…10 5. ALIANZAS………………………………………………………………………………………………..36 6. SITUACIÓN FINANCIERA…………………………………………………………………………38
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1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE FIMA
La Corporación FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente), es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, creada con el propósito de mejorar la política
ambiental chilena y ampliar el acceso a la justicia en materia ambiental.
FIMA tiene por objetivo principal la preservación del patrimonio ambiental de
nuestro país y la promoción del desarrollo sustentable, equilibrando la relación
entre la sociedad, el medio ambiente y el desarrollo económico. Así mismo,
buscamos promover y fortalecer la capacidad de las comunidades para ejercer
sus derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia
ambiental.
FIMA fue fundada en junio de 1998 como una organización comunitaria al
amparo de la Ley N° 19.418. A finales del año 2006 se crea la Corporación de
derecho privado sin fines de lucro, Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), como
parte de un proceso de mayor formalidad en su gestión institucional. Con fecha
9 de noviembre de 2006 el Ministerio de Justicia le concedió personalidad
jurídica mediante Decreto Supremo N° 3627, publicado en el Diario Oficial el
27 de noviembre de 2006.
En estos diecinueve años de trabajo, FIMA se ha consolidado como una
institución seria y responsable llegando a ser la primera y más importante
organización jurídica ambiental de interés público.
En el plano internacional, FIMA es miembro reconocido de organizaciones
internacionales; la membresía a estas redes ha significado la participación de
FIMA permanentemente en congresos internacionales, lo que nos permite
conocer las experiencias de muchos países en contenidos legales ambientales y
un aprendizaje continuo para mejorar nuestras leyes y la defensa ambiental.
Además, FIMA trabaja para representar a los ciudadanos y habitantes de Chile,
prestando asesoría en litigación, tanto en tribunales nacionales como en
instancias internacionales, de modo de prevenir y resolver problemas
ambientales que los afecten, y, simultáneamente, promoviendo el desarrollo
sustentable y empleando esfuerzos en conservación.
Destacamos la total independencia de todo órgano gubernamental o político
partidista, esto nos dota de la autonomía suficiente para poder defender casos
ambientales sin presiones de ningún tipo.
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2. ORGANIZACIÓN
Directorio 2017
❖ Fernando Dougnac R., Presidente
❖ Rodrigo Polanco L., Secretario
❖ Francisco Ferrada C., Tesorero
❖ Ezio Costa C., Director Ejecutivo
❖ Álvaro Fuentealba H., Director
❖ Raúl Campusano D., Director
❖ Gabriela Burdiles P., Directora de Proyectos
Fernando Dougnac Rodríguez, Abogado, Presidente de FIMA desde
1998. Magíster Derecho Constitucional, Universidad de Talca. Abogado
de la Pontificia Universidad Católica, Premio Nacional de Medio
Ambiente otorgado el año 2003. Fue Miembro del Consejo Consultivo
de CONAMA y Director de AIDA. Fundó FIMA junto a otros abogados en
1998 con el fin de ampliar y definir la política medioambiental de
nuestro país. Ha litigado en los principales juicios ambientales y de
derechos de aguas en Chile, cuyas sentencias son estudiadas en
universidades de distintas partes del mundo. Además, ha sido profesor
de las más importantes universidades, dictando las cátedras de
Derecho Histórico, Derecho Ambiental, Derecho Indígena y Derecho de
Aguas.
Francisco Ferrada Culaciati, Tesorero. Abogado de la Universidad de
Chile y fundador de FIMA. Ha litigado por diez años en diferentes
juicios, realizando una importante labor en el caso por contaminación
de metales pesados en Arica, donde representó a más de 900
personas. A lo largo de su carrera ha presentado acciones ante
distintas organizaciones internacionales, y participado en diversos
cursos de Derecho del Medio Ambiente como orador. Actualmente es
profesor de derecho procesal en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile y defiende a los afectados en el caso Represas en
la Patagonia Chilena.
Rodrigo Polanco Lazo, Secretario. Abogado, responsable de las
áreas de Educación e Investigación desde 1998. Ph. D de la
Universidad de Berna. Magíster en Derecho Económico y profesor de
Derecho Internacional Económico de la Universidad de Chile. Magíster
en Derecho de la New York University (NYU). Es investigador y
profesor del Centro de Comercio Mundial de la Universidad de Berna,
Suiza.
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Ezio Costa Cordella. Director Ejecutivo. Abogado, Universidad de
Chile. Magíster (Msc) en Regulación, London School of Economics
(LSE). Diplomado en Derecho Público Económico, Universidad de Chile,
2011. Diplomado en Derecho y Política de la Competencia, Universidad
de Chile, 2010. Diploma en Management Deportivo, CIES-FIFA, 2009.
Ex ayudante del Centro de Derecho Ambiental y del curso de Litigación
Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Investigador del
Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, 2011 a la fecha. Es parte del equipo de litigación
y Coordinador del Centro de Estudios de FIMA desde 2006.
Álvaro Fuentealba Hernández, Director.
Abogado, académico y director de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Chile. En el año 2009 se desempeñó como Jefe de
Gabinete del Ministerio del Medio Ambiente.
Raul Campusano Droguett, Director. Abogado. Master en Derecho
de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Master of Arts, Universidad
de Notre Dame, Estados Unidos. También, estudió en la Academia de
Derecho Internacional de La Haya y en la Universidad de Oslo,
Noruega. Fue condecorado con la Orden de Caballero de Oranje y
Nassau por la Reina Beatriz, de los Países Bajos. Es socio de INGEDER
Consultotres Ltda. Se ha desempeñado como Director de Enlace con
Economías APEC, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscal del
Servicio de Geología y Minería y Jefe de Asuntos Internacionales de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente. Profesor de la Academia
Diplomática, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Profesor en la
Universidad Alberto Hurtado.
Gabriela Burdiles Perucci. Directora de Proyectos. Abogada, de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster (Msc) en Derechos
Humanos por la London School of Economics and Political Science,
Londres, Reino Unido, 2016 y Magíster en Estudios Internacionales,
Universidad de Chile, 2011. Diplomado en Derecho Público Económico
de la Universidad de Chile, 2013. Profesora de Derecho Ambiental en la
Universidad Central. Es parte del equipo de litigación desde 2010 y
Directora de Proyectos de FIMA desde 2011. Como Directora de
Proyectos FIMA planifica, elabora y evalúa los programas de trabajo de
la organización, además de gestionar la obtención del financiamiento.
Trabaja con las comunidades que solicitan la asistencia de FIMA.
Coordina y expone en los cursos y talleres de capacitación, destinados
al fortalecimiento de la sociedad civil en temas de derecho
medioambiental.
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Equipo de Trabajo
FIMA presenta un staff altamente calificado que se encarga día a día que los
objetivos planteados se lleven a cabo.
Diego Lillo Goffreri, Abogado, Universidad de Chile. Diplomado en Derecho
Público Económico de la Universidad de Chile, 2013. Se integró al Staff de
FIMA en agosto de 2008. Fue Coordinador de Estudios durante el año 2012 y
Director de Litigios desde inicios del año 2013 a la fecha.
Rodrigo Pérez Aravena. Abogado, Universidad de Chile. Diplomado en
Derecho Público Económico de la Universidad de Chile, 2013. Se integró a
nuestro equipo de litigación durante el año 2013.
Constanza Dougnac Correa. Periodista, Universidad Alberto Hurtado.
Diploma en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Magister en
Cine Documental de la misma universidad. Encargada de comunicaciones de
FIMA.
María Victoria Galleguillos. Graduada con distinción máxima de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile. Asistente de la Universidad de Chile en
los cursos de derecho administrativo, derecho procesal y en la clínica de
legislación ambiental. Ha trabajado en FIMA desde 2013 y es la Coordinadora
de Estudios desde diciembre de 2015.
Antonio Madrid Meschi. Abogado de la Universidad de Chile. Magíster en
Derecho Ambiental por la Universidad del Desarrollo. Trabaja en FIMA como
Asistente de Proyectos. También trabaja como Coordinador y Director de Área
de Estudios en DECIDE Fundación, dedicada a trabajar con diferentes
comunidades del país en la participación del público, la administración local y
temas de sostenibilidad.
Fernanda Salinas Urzúa. Doctora en Ciencias mención Ecología y Biología
Evolutiva de la Universidad de Chile. Es Investigadora asociada de ONG FIMA.
Victoria Belemmi Baeza. Abogada de la Universidad de Chile. Diploma en
Derecho Público Económico, Universidad de Chile. Integrante del equipo de
Litigios de FIMA.
Leyre Moreno Areso. Ingeniera Comercial y Abogada de la Universidad
Complutense de Madrid. Desde enero del 2016 trabaja como coordinadora de
Administración y Finanzas de ONG FIMA.
Sabiñe Susaeta Herrera. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de Chile. Asistente en la Universidad de Chile de la cátedra Medio
Ambiente. Se integró a FIMA el año 2017 y trabaja como investigadora
jurídica.
Naiara Susaeta Herrera. Egresada en Derecho Universidad de Chile. Es
Asistente de la Dirección Ejecutiva.
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Macarena Martinic Cristensen. Egresada en Derecho Universidad de Chile.
Diplomado en Ecología Social y Política de la Universidad de Santiago de Chile
y Fundación Heinrich Böll. Trabaja como procuradora del área de estudios de
FIMA.
Amanda Cozzi Bas. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Diplomado en Participación Ciudadana para una gestión ambiental, urbana y
territorial integrada, de la misma universidad. Trabaja como asistente de
proyectos de FIMA.
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3. ÁREAS DE TRABAJO
Para alcanzar en la mayor medida los objetivos de nuestra organización y de los
proyectos que emprendemos, la labor de FIMA se canaliza a través de cuatro áreas
integradas, las cuales son capacitación y empoderamiento legal; difusión e
incidencia pública; investigación; y litigación.
A. Capacitación y empoderamiento legal.
El trabajo del área de capacitación y empoderamiento legal tiene su foco principal
en la realización de capacitaciones con el fin de fortalecer la capacidad de las
comunidades de ejercer sus derechos de acceso a la información, participación y
justicia en materia ambiental. FIMA potencia el aprendizaje e innovación a través de
las herramientas entregadas por medio de cursos y talleres educativos a los
diversos sectores de la sociedad y comunidades de escasos recursos para que
puedan asumir responsablemente la protección de su medio ambiente. Además,
realiza cursos y talleres dirigidos a académicos, autoridades locales y miembros del
poder judicial en derecho ambiental, derecho de aguas, participación ciudadana y
litigación ambiental, entre otros.
B. Difusión e incidencia pública.
FIMA organiza y participa regularmente en diversos paneles y seminarios de
discusión; así como en la consulta de los diferentes proyectos de ley, reglamentos y
otros instrumentos de política pública con incidencia en el medio ambiente.
C. Investigación
FIMA destaca por su contribución al desarrollo y perfeccionamiento del derecho
ambiental en Chile, para lo cual publica anualmente la Revista “Justicia Ambiental”,
primera revista nacional de derecho ambiental publicada por una ONG y en la cual
participan regularmente destacados autores nacionales e internacionales. También
publicamos un boletín electrónico mensual que contiene las principales noticias en
materia ambiental con interesantes columnas de nuestro equipo.
El resultado de estos trabajos es utilizado en los casos de litigación ambiental, así
como también para proponer a las instituciones de gobierno correspondientes
perfeccionamientos a las políticas ambientales que rigen en nuestro país y
enriquecer el debate de la opinión pública en estos temas.
D. Litigación
FIMA ha tenido un importante rol en los conflictos socio-ambientales emblemáticos
en Chile. Se interviene en casos donde existe un interés público, en los que hay una
amenaza o afectación al derecho al medio ambiente libre de contaminación de las
comunidades locales o un riesgo al ecosistema.
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017
A. CAPACITACIÓN Y EMPODERAMIENTO LEGAL
Las principales actividades desarrolladas durante el año 2017 fueron:
-Curso de Capacitación de Derecho Ambiental en el Ámbito Municipal:
Dentro de la gestión ambiental de los territorios, las municipalidades ocupan un
lugar de gran importancia, siendo éstas por mandato legal encargadas de algunos
aspectos de dicha gestión y que son de aquellos que impactan a las personas en su
vida cotidiana. Además, las municipalidades tienen funciones específicas en relación
con lo establecido en la ley 19.300, en el sentido de representar a las comunidades
locales tanto en el procedimiento de evaluación de los proyectos, como ante la
eventualidad de que se produzcan daños ambientales. Son estos entes de gobierno
local además, los primeros en absorber las consultas y aprehensiones de la
ciudadanía, siendo por lo tanto de la mayor relevancia que sus funcionarios se
encuentren debidamente capacitados en el funcionamiento del sistema y en las
potestades que la Municipalidad tiene dentro del mismo.
De este modo, en el año 2012 por primera vez presentamos a la Embajada de
Canadá un proyecto que llevó por título “Curso de capacitación de derecho
ambiental en el ámbito municipal”, y en 2013 se nos asignó un fondo para llevarlo a
cabo. Este proyecto tuvo como objetivo general entregar una visión del contenido y
los principios del Derecho Ambiental, desde una perspectiva teórica y práctica,
enfocada especialmente en las potestades y participación de las Municipalidades en
la Institucionalidad Ambiental. Este curso tuvo como destinatarios a funcionarios
municipales principalmente de la comuna de La Pintana con la cual tenemos un plan
de trabajo.
En el año 2014 se continuó con esta línea de trabajo y se amplió la capacitación a
funcionarios municipales de toda la Región Metropolitana. Para ello obtuvimos el
apoyo de la Fundación Heinrich Böll. El objetivo era empoderar a estos funcionarios
de las principales competencias y obligaciones ambientales desde una perspectiva
teórica y práctica, y enfocada especialmente en las potestades y participación de la
Municipalidad y del Comité Ambiental Comunal en la gestión ambiental de su
territorio.
Desde ese año, apoyados por la Fundación Heinrich Böll, hemos continuado
dictando este curso. Para ello hemos modificado su contenido conforme a las
necesidades de los alumnos. Así, el curso se diseña año a año en conjunto con la
Dirección de Gestión Ambiental (DIGA) de la Municipalidad de La Pintana. La idea es
integrar en estos talleres a funcionarios municipales con dirigentes vecinales y
miembros de los comités ambientales comunales, de modo de potenciar la gestión
ambiental local que se hace en los municipios.
Hasta el 2016 los cursos sólo se habían dictado en la Región Metropolitana, sin
embargo, el año 2017 se decidió realizar la capacitación en la Región de Valparaíso,
con el fin de descentralizar y facilitar el acceso al curso a funcionarios municipales y
organizaciones ambientales de otras regiones.
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En esta oportunidad, el curso contó con una asistencia de 32 personas, entre ellos
funcionarios municipales del sistema de Certificación Ambiental Municipal (niveles
Básico, Intermedio o Excelencia), y miembros de la ciudadanía que integran los
Comités Ambientales Comunales correspondientes a 11 comunas de la región de
Valparaíso: Algarrobo, Cartagena, Hijuelas, Nogales, Olmué, Quilpué, San Antonio,
Santo Domingo, Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar. Además, hubo presencia
de participantes provenientes de la Región Metropolitana, específicamente, de la
comuna de La Pintana.
Las clases se desarrollaron entre los días 4, 5 y 7 de julio en 2-3 jornadas
completas. La metodología de las clases consistió en la realización de exposiciones
apoyadas por presentaciones en PowerPoint, para finalizar con actividades en grupo
de análisis de casos reales o ficticios con los alumnos de manera de desarrollar la
capacidad de análisis crítico y de aplicación de los conceptos aprendidos. Se
contactaron a profesores especializados en las materias a tratar, además del staff
de FIMA.
La Convocatoria fue abierta y el criterio de selección se hizo en conjunto con la
Municipalidad de La Pintana y Valparaíso, procurando una equidad de género en el
número de alumnos.
Los cursos fueron evaluados con el objetivo de medir el nivel de aprendizaje que
estábamos entregando. Para ello, se realizó una encuesta al término de cada clase y
al finalizar el curso y un Grupo Focal después de unos meses, para evaluar el
impacto de la capacitación en los asistentes.
Destacamos como aspectos positivos del proyecto que se logró: entregar
orientación respecto a los principales instrumentos legales en materia ambiental y
dar a conocer las posibilidades de defensa del medio ambiente a nivel local, lo cual
se espera que aporte en la generación de mayor justicia ambiental en las comunas
involucradas. Además, se generaron redes entre los participantes, quienes
provenían de diferentes comunas de la región de Valparaíso.
-Proyecto Incide, “más derechos, más acción”, San Pedro de Atacama:
Durante los últimos años las comunidades atacameñas y no atacameñas de San
Pedro de Atacama y alrededores han tenido que enfrentar grandes problemas
ambientales relacionados fundamentalmente con la disponibilidad, el acceso y la
distribución de los recursos hídricos. Las consecuencias de la minería, el turismo, el
cambio climático, la disminución de las precipitaciones y las sequías prolongadas
han reducido la disponibilidad de agua. A esto hay que sumarle la legislación del
país, que ha contribuido manera significativa a una distribución desigual del recurso.
Actualmente, las concesiones de derechos sobre aguas superficiales en los
principales ríos de la región están agotadas, y el Estado tiene la facultad de otorgar
concesiones de exploración y explotación de las tierras, independiente de la
propiedad de los terrenos. Y aunque son numerosas las cuencas hídricas
subterráneas en la zona, éstas están en peligro dado el gran aumento en la
demanda de exploración y explotación por parte de empresas mineras. Las
comunidades indígenas se han visto prácticamente privadas del agua por la
sobreexplotación del recurso, siendo evidente la desprotección del Estado en el
amparo de sus derechos territoriales.
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Los problemas persisten a pesar de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que
obliga a consultar a las comunidades indígenas cuando los proyectos de inversión
tengan impactos directos en sus territorios, y estipula que tienen derecho a
participar en la utilización, administración y conservación de sus recursos naturales.
Asimismo, la Ley Indígena (N°19.253) de 1993, que salvaguarda la propiedad del
territorio y las aguas de origen ancestral, es débilmente aplicada por el Estado. Por
ello las comunidades atacameñas han manifestado la necesidad de fortalecer sus
capacidades para defender sus derechos ante estas situaciones y trabajar para
conseguir el pleno ejercicio de los mismos.
Bajo este contexto, FIMA ha estado trabajando desde el año 2014 con algunos
dirigentes y organizaciones locales para aportar en la solución de las diversas
problemáticas que hoy afectan San Pedro de Atacama y alrededores. Las principales
acciones que se han realizado son talleres de capacitación y empoderamiento para
instalar conocimientos y capacidades en las comunidades, respecto de los
principales instrumentos legales e institucionalidad existente para la defensa de sus
derechos y su medio ambiente.
Además, desde 2015 se ha estado trabajando junto a la Inter-American Foundation
(IAF) para apoyar el trabajo de la Asociación de Regantes del río San Pedro y
Vilama en la gestión y uso del agua y en la solicitud de una consulta indígena
respecto de la reforma al Código de aguas actualmente en discusión en el Congreso.
Por otra parte, se está apoyando el trabajo de la Comunidad de Coyo para proteger
la Laguna Tebenquiche y obtener su declaración como Santuario de la Naturaleza.
El año 2017, el trabajo en la zona continuó y se centró principalmente en apoyo
jurídico, acciones de incidencia y realización de talleres de capacitación y difusión.
Se realizaron alrededor de 5 visitas a terreno.
Dentro de las principales actividades realizadas, se destaca la asesoría legal
entregada a las agrupaciones de regantes, en donde se apoyó en la elaboración de
estrategias y acciones judiciales a seguir con respecto a la solicitud de consulta
indígena para el proyecto de reforma al código de aguas. Además, se tuvieron
reuniones de incidencia con autoridades políticas, como el secretario general de la
Dirección General de Aguas (DGA) y políticos integrantes a la comisión de
Agricultura.
De manera complementaria, se realizaron actividades de difusión en conjunto a la
comunidad indígena El Coyo para capacitar a la población sobre el funcionamiento
de las áreas protegidas y se participó como expositor y colaborador en la segunda
versión de las jornadas de aguas organizada por organizaciones locales.
Por último, durante el mes de diciembre tuvimos la visita de las dirigentes de las
asociaciones de regantes del río de San Pedro y Vilama. El objetivo de esta
actividad, fue que ellas pudieran asistir a reuniones de incidencia con políticos y
actores relevantes en la ciudad de Santiago, y participar de un conversatorio para
dar a conocer los problemas ambientales que afectan su territorio.
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-Fortalecimiento de comunidades de Chiloé para la defensa de sus derechos frente a la industria extractiva:
El objetivo principal de este proyecto es robustecer las capacidades individuales y
colectivas de las personas y comunidades indígenas que habitan la zona de Chiloé,
de manera que los habitantes de Chiloé puedan ejercer sus derechos de consulta,
participación, fiscalización y acceso a la información ante los proyectos que
actualmente se localizan en la zona que amenazan sus usos y costumbres y/o sus
medios de subsistencia.
Este proyecto se originó en el año 2016, en un contexto de gran conflictividad socio-
ambiental en Chiloé, donde ocurrió la peor crisis ambiental con el cierre preventivo
del borde costero y la declaración de alerta sanitaria para el consumo de mariscos,
producto de la proliferación de marea roja relacionada con el vertimiento de 9.000
toneladas de salmones descompuestos al mar con autorización de SERNAPESCA.
Esto generó movilizaciones sociales que mantuvieron paralizada y aislada a la
provincia de Chiloé por 18 días. Esta crisis generó grandes pérdidas no solo para la
salmonicultura sino también para los pescadores artesanales, afectando la economía
local en diferentes escalas. Los habitantes de la zona responsabilizaron de esto a la
industria del salmón, señalando que durante más de 25 años ha operado con bajos
estándares sanitarios, ambientales y laborales.
Además de la contaminación producida por la piscicultura, en la Isla hay problemas
ambientales asociados al acceso y aseguramiento del derecho al agua. Las
principales causas de esta crisis, se deben por una parte al cambio climático y a
varios factores territoriales que inciden, tales como la degradación del bosque
nativo y su sustitución por otros sistemas productivos, así como la explotación de
los humedales para la extracción de turba y musgo Pompón.
Bajo este contexto, se decidió continuar el trabajo iniciado durante 2016, realizando
talleres de capacitación y empoderamiento para instalar conocimientos y
capacidades en las comunidades, respecto de los principales instrumentos legales e
institucionalidad existente para la defensa de sus derechos y su medio ambiente.
Además, se concretaron diferentes acciones de incidencia y fortalecimiento de las
organizaciones de la zona para la defensa de su medio ambiente.
En particular, el año 2017 nos centramos en las localidades de Ancud, Castro y
alrededores. En esta oportunidad hicimos dos visitas a terreno, la primera entre el
24 y 26 de mayo en donde se mantuvieron reuniones con autoridades comunales
para conocer las dificultades que tiene la gestión ambiental municipal para afrontar
los conflictos ambientales y organizaciones locales para establecer redes y
estrategias de colaboración. También, tuvimos la oportunidad de participar en un
Cabildo Ciudadano para la Defensa del Agua en la Isla, lo que permitió conocer en
mayor profundidad las problemáticas ambientales que hay en la zona.
Posterior a estas actividades, FIMA realizó un taller de Derecho Ambiental
Ciudadano en el Parque Nacional de Chiloé organizado en conjunto al guarda
parques de CONAF Andrés Meza. Contó con una asistencia de 25 personas
provenientes de las comunas de Queilen, Chonchi y Ancud. El taller fue realizado
con el objetivo de establecer un espacio de cooperación con CONAF, conocer las
problemáticas que afectaban al parque y abordar los principales mecanismos de
intervención ciudadana ante conflictos socioambientales.
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Luego, entre los días 16 y 19 de octubre se realizó una segunda visita a Chiloé para
continuar el trabajo anterior y hacer seguimiento a los compromisos e iniciativas
acordadas en la primera visita. En esta instancia también se realizaron reuniones
con organizaciones locales para abordar temas relacionados a los impactos
ambientales que generan los proyectos de generación eléctrica y elaborar una red
para la defensa del borde costero en la zona.
Además, se realizaron dos talleres, el primero con la agrupación de vecinos de
Azúcar y miembros de la organización Defendamos Chiloé, en donde se abordaron
diferentes problemáticas ambientales que la comunidad ha venido trabajando en la
Isla y se explicaron a los vecinos los mecanismos que existen para la defensa de su
medio ambiente, las instituciones competentes y derechos que les corresponden. A
esta actividad asistieron 10 personas.
El segundo, fue un taller de Planificación para declarar el río Chepu y sus humedales
como Santuario de la Naturaleza. Aquí FIMA asistió como participante para apoyar
el proceso y explicar los alcances de dicha declaratoria.
Esta iniciativa fue muy significativa porque se levantó con el apoyo de las
autoridades locales con el objetivo de integrar los diferentes usos e intereses de la
comunidad que habita en las cercanías del río Chepu. Participaron diversas
organizaciones locales y autoridades municipales, entre ellas : CECPAN, CODEF,
Senderos de Chepu, Alihuen Senderos, dirigentes de asociaciones de pescadores
artesanales, Seremi de Medio Ambiente, Conaf, encargado de Medio Ambiente de la
Municipalidad de Ancud, y Sernatur. En total asistieron 22 personas.
Por último, es necesario destacar que como organización hemos utilizado con mayor
fuerza las metodologías participativas en las diferentes actividades realizadas, lo
que nos ha permitido incluir los diversos puntos de vista y abordar en los talleres
temas propuestos por la misma comunidad y prioritarios para Chiloé. Además, en
esta oportunidad, FIMA ha podido trabajar en iniciativas concretas de incidencia con
la comunidad como: creación y articulación de una Red de Reservas Costeras de
Chiloé y la declaración de santuario de la naturaleza del Río Chepu, lo que permite
vislumbrar la posibilidad de futuros proyectos y actividades para seguir trabajando
durante el año 2018.
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-Curso E-Learning de Autoaprendizaje de Estilos de Vida Sustentables para
la ciudadanía:
Las decisiones cotidianas de las personas tienen impactos sociales, ambientales y
económicos. Según la estimación realizada por la Red Global de la Huellas Ecológica, el año 2017 la huella ecológica global de la humanidad fue equivalente a 1,7 planetas Tierra. De seguir así, al año 2050, se necesitarían casi tres planetas
para mantener los estilos de vida actuales, con una población que podría llegar a los 9.772 millones de personas. Por lo tanto, se requiere con urgencia que las personas
se replanteen las formas de producción, consumo e intercambio para avanzar hacia una sociedad con estilos y prácticas de vida sustentable.
Bajo este contexto, el año 2017 el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto a ONG FIMA realiza el curso autoaprendizaje de estilos de vida sustentable para la
ciudadanía. Proyecto que fue adjudicado a la organización por medio de una licitación pública.
El objetivo del curso fue concientizar a la ciudadanía sobre los impactos sociales, ambientales y económicos que tiene la elección de distintos estilos de vida desde
una perspectiva local y global, reconociendo las iniciativas nacionales e internacionales hacia los estilos de vida sustentables.
Además, se reflexionó sobre el desafío global ambiental y social, se dio a conocer el Programa y el Plan Nacional de Consumo y Producción Sustentables. Por último, se
mostraron prácticas de estilos de vida sustentables en distintos ámbitos.
El curso tuvo una modalidad e-learning, es decir, de manera online a través de la plataforma web del Ministerio del Medio Ambiente, con acceso las 24 horas del día.
Tuvo una duración total de 12 horas cronológicas, dividida en tres módulos. Cada módulo finaliza con una pequeña evaluación de los aprendizajes adquiridos y una
evaluación final al término del curso. La coordinación y ejecución del curso estuvo a cargo de Fernanda Salinas,
investigadora asociada de ONG FIMA y contó con la participación de nuestro Director de Litigios Diego Lillo quien también colaboró durante su desarrollo.
El curso estuvo dirigido a la ciudadanía en general y fue de carácter gratuito.
De manera complementaria, apoyamos algunos módulos del curso de Calefacción
Sustentable y participamos como tutores de los cursos e-learning para docentes del
programa de formación que tiene el Ministerio del Medio Ambiente junto a la
Academia Adriana Hoffmann.
En relación a este último curso, los módulos asignados fueron: “Aprendiendo sobre
la Biodiversidad” a cargo de Fernanda Salinas y “Cambio Climático un tema para
abordar en la Escuela” a cargo de nuestra Directora de Proyectos Gabriela Burdiles.
Se realizaron entre los meses de septiembre y diciembre del 2017, y fueron
dirigidos a educadores de enseñanza básica y media.
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B. DIFUSIÓN E INCIDENCIA PÚBLICA
-Participación en el Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia del
Medio Ambiente:
Durante 2016, Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA, fue elegido por el resto de los
miembros del Consejo de la Sociedad Civil de la SMA como nuevo presidente de
esta instancia. Además de los integrantes de FIMA, este consejo está formado por
autoridades de la SMA, otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
protección del medio ambiente, asociaciones gremiales, representantes de
facultades o escuelas de Derecho de instituciones de educación superior,
representantes de Colegios Profesionales, representantes de los trabajadores/as
nombrados por una organización sindical del país, y centros académicos que se
ocupan de materias vinculadas a la protección del medio ambiente.
Los consejos de la sociedad civil son un mecanismo de participación ciudadana
cuyos integrantes representan a organizaciones de la sociedad civil relacionados al
quehacer de la institución. Su función es acompañar a la máxima autoridad de cada
Ministerio o servicio público en los procesos de toma de decisiones en políticas
públicas, en este caso, la SMA. Los consejos de la sociedad civil son de carácter
consultivo (no vinculantes), autónomos y están conformados por representantes de
la sociedad civil cuya labor esté relacionada con los temas de competencia del
órgano de la administración pública.
A la fecha, FIMA ha participado en diversas reuniones con el objetivo de discutir y
monitorear las decisiones tomadas por la Superintendencia de Medio Ambiente.
Consideramos de suma importancia participar en estas instancias para aporta con
nuestra experiencia en la toma de decisiones de fiscalización ambiental.
- Participación en el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Evaluación
Ambiental:
Desde julio de 2012, FIMA es miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio
de Evaluación Ambiental. Este Consejo constituye una instancia de participación
ciudadana de carácter consultivo que tiene por función: Absolver las dudas y
consultas que formule el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental;
analizar propuestas generales de mejoramiento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental; presentar y discutir propuestas generales que tiendan a
mejorar y promover la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental; y presentar, analizar y realizar propuestas tendientes a
fomentar buenas relaciones comunitarias entre los titulares de proyecto o
actividades y la ciudadanía.
Desde 2015, el consejo ha estado trabajando para mejorar y fortalecer el proceso
de participación pública en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos
presentados al SEIA. En dicho periodo, FIMA se centró en el estudio de la
participación temprana en este mismo proceso, con el fin de presentar nuestras
conclusiones al público y al Servicio de Evaluación Ambiental.
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Durante el año 2017, Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos y Antonio Madrid,
Asistente de Proyectos han participado a las sesiones convocadas por el Consejo. A
la fecha se ha asistido a seis reuniones.
Dentro de los principales temas abordados se destaca la revisión de: documentos
“Guía metodológica de actividades presenciales del SEA con la ciudadanía” e
“Información sobre dotación del SEA, análisis respecto a si responde a la demanda
actual de responsabilidades y funciones”, entre otros.
Además, se han analizado los avances de las medidas para la implementación de las
propuestas formuladas por la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del
SEIA y las medidas de reparación de los incendios forestales. Por último, se ha
discutido en torno a la participación en la evaluación ambiental de los pueblos
indígenas.
- Diseño de un nuevo instrumento Regional en pos de una efectiva
implementación del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20),
realizada en Río de Janeiro en junio de 2012, se firmó la Declaración sobre la
aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo. El Principio 10 de la Declaración de Río consagra el derecho fundamental
a contar con acceso adecuado a la información, participación en la toma de
decisiones y acceso a la justicia en materia ambiental.
En dicha Declaración, los países signatarios se comprometieron a elaborar un Plan
de Acción a ser implementado en el transcurso de 2013-2014, con el apoyo de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría
técnica, para avanzar en la consecución de un convenio regional u otro instrumento
para avanzar en la implementación cabal de los derechos de acceso a la
información, participación y justicia en asuntos ambientales.
A la fecha, la Declaración ha sido firmada por 23 países de la región. Entre 2012 y
2014, se celebraron cuatro reuniones de los puntos focales de los países signatarios
y catorce reuniones de grupos de trabajo. En noviembre de 2014 los países dieron
inicio a la fase de negociación del acuerdo regional, creando un Comité de
Negociación con la expectativa de finalizarlo en diciembre de 2017.
Es en este contexto de apoyo a la formulación del instrumento regional, FIMA se
unió a The Access Initiative, iniciativa que busca, desde el año 2000, empoderar a
la ciudadanía de Latinoamérica y el Caribe a ser parte de la ejecución del Principio
10. De este modo, FIMA será el punto de contacto para Chile dentro de esta
iniciativa, buscando promover los derechos consagrados en dicho principio y aunar
fuerzas con otras organizaciones de la sociedad civil a fin de construir un
mecanismo efectivo y transversal en materia de derechos de acceso.
Desde 2014, Gabriela Burdiles ha participado en las Reuniones del Comité de
Negociación del Acuerdo Regional. En particular, durante 2015, tuvieron lugar tres
reuniones de negociación en los meses de Abril, Agosto y Diciembre. Allí, se
discutieron los principales artículos del documento preliminar de la CEPAL relativos
al acceso a la información y la participación en materia ambiental. Además, se ha
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participado activamente en las reuniones entre períodos de sesiones que trataban
de preparar las posteriores Reuniones presenciales del Comité de Negociación.
Para ello, nos hemos organizado en TAI para comentar el borrador de instrumento,
hacer propuestas de texto a los Gobiernos y hemos participado en talleres con otras
organizaciones chilenas en la Universidad de Chile para que conocieran el proceso y
fueran capaces de hacer comentarios. En todos estos documentos e insumos, ONG
FIMA ha tenido un mayor enfoque en el tema del acceso a la justicia ambiental,
redactando comentarios y sugerencias.
Luego, durante el año 2017, se continuó participando del proceso de negociación,
en donde se asistió como representante del público a la séptima y octava reunión
convocada por el Comité de Negociación.
El séptimo encuentro tuvo lugar en Buenos Aires durante el mes de agosto, su
objetivo fue negociar el contenido y redacción de los artículos 6 y 7 sobre acceso a
la información pública y el artículo 8 sobre participación pública.
Luego, en el mes de noviembre, se realizó el octavo encuentro en la ciudad de
Santiago. En dicha oportunidad la negociación se centró en los
artículos sobre acceso a la justicia, protección de defensores ambientales, y
fortalecimiento de capacidades.
De esta última reunión se obtuvieron disposiciones innovadoras y originales que
responden a las necesidades urgentes que existen en la región. Se destaca los
acuerdos llegados en materia de acceso a la justicia en donde se acordó garantizar
la eliminación y reducción de las barreras y asimetrías que miles de personas,
grupos y organizaciones enfrentan en la defensa de los derechos ambientales en la
región. Además, se acordaron garantías para proteger a los defensores ambientales,
quienes corren múltiples riesgos. En concreto se acordó asegurar un entorno
propicio para el trabajo de estas personas y grupos, así como medidas adecuadas y
efectivas para prevenir y sancionar cualquier ataque o amenazas que puedan sufrir.
Por último, el FIMA continuará participando en este proceso a fin de acordar la firma
de un acuerdo regional ambicioso que consagre los derechos de acceso a la
información, la participación pública y la justicia ambiental.
-Participación en la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (CSCP):
Desde que se conformó la Comisión Presidencial para la Reforma al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental en el año 2015; organizaciones ambientales,
sociales, sindicales y parlamentarios, acusaron la falta de representatividad de la
instancia. Por este motivo, se reunieron varias organizaciones ambientales y la
Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA), para
desarrollar una comisión paralela que elabore un diagnóstico y entregue sus
propuestas a la comunidad. En este contexto, FIMA se unió a la CSCP y aportó al
trabajo de diagnóstico, que buscaba demostrar las preocupaciones e insuficiencias
percibidas por la sociedad civil en el SEIA.
Parte del diagnóstico de la CSCP enfatiza que además de la profunda reforma al
SEIA, se requiere con urgencia promover iniciativas legales que permitan el
ordenamiento territorial participativo, previo al desarrollo de los proyectos de
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inversión. Otro problema señalado en el diagnóstico es la escasa autonomía del SEA
en la evaluación ambiental, lo que lo inhabilita para poder realizar una buena
evaluación de proyectos desde un punto de vista técnico. Por otro lado, en términos
de participación, el diagnóstico establece que la ciudadanía afectada debe tener
derecho no sólo a opinar sobre los proyectos de inversión sometidos al SEIA que se
desarrollan en sus regiones y comunidades, y que puedan afectarles; sino que
deben tener el derecho a decidir sobre el uso de su territorio. El acceso a la
información y la participación debe otorgar a los ciudadanos la posibilidad real de
obtener insumos directos, significativos y oportunos sobre las características de los
proyectos y sus impactos, y debe garantizar que sus observaciones puedan incidir
en las decisiones sobre el desarrollo de sus localidades y regiones en general, y por
tanto sobre proyectos específicos que tienen impactos ambientales y que se
planifica instalar en sus territorios.
El 2017 seguimos participando de la Comisión, dentro de los resultados, se destaca
la entrega de un informe con observaciones y propuestas al SEIA al Ministro de
Medio Ambiente Pablo Mena y a diputados.
-Consejo Nacional de Participación Ciudadana:
Durante 2016, Ezio Costa Director Ejecutivo de FIMA, participó como consejero del
“Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad
Civil”. Esta instancia busca conducir un amplio y participativo diálogo nacional sobre
el estado del involucramiento de la ciudadana en el país y desarrollar una propuesta
de reforma a la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública que considere, entre otros aspectos, la institucionalización del
Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Dicha entidad es presidida por el académico Gonzalo de la Maza y la integran 24
personas que provienen de la sociedad civil.
Durante dicho mandato, los miembros del Consejo debieron recorrer el país para
definir, con la gente, cuál es la nueva institucionalidad que se necesita y cuáles son
los mecanismos adecuados para poder afirmar la participación en Chile. Como
resultado, la iniciativa propondrá las modificaciones a la Ley 20.500 sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, con el objetivo de
potenciarla, asegurar su financiamiento y soporte, además de hacerla efectiva en
los distintos niveles del Estado, incluidos los gobiernos locales.
Durante el 2016 se trabajó en la elaboración y difusión de un informe destinado a
promover el derecho a la participación, que incluya buenas prácticas y estándares
en esta materia, en la perspectiva de contar con un índice de participación
ciudadana que permita dar cuenta, por un lado, de los avances, pero también de las
dificultades existentes.
A raíz del trabajo realizado, se publicó el Informe Final “Estado de la participación
ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la Ley 20.500 sobre Asociación y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública” elaborado por los participantes del
Consejo.
Este documento fue entregado a la Presidenta Michelle Bachelet en enero del 2017.
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-VI Seminario de Derecho Ambiental Fima: “Estado y Medio Ambiente: El control del poder en materia ambiental”:
El miércoles 24 de agosto entre las 09:00 y 16:15 horas, se realizó el VI Seminario
de Derecho Ambiental: “Estado y Medio Ambiente: El control del poder en materia ambiental”, organizado por ONG FIMA y la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
El objetivo de esta actividad fue generar un espacio de diálogo, aprendizaje y
discusión abierta y entre diferentes actores, sobre los diversos mecanismos de
control de las decisiones ambientales para analizar la experiencia nacional e
internacional en relación al diseño e implementación de los diversos mecanismos de
control de las decisiones ambientales. Los paneles que se debatieron fueron los
siguientes:
9:00 Palabras de apertura
9:15-10:45 Mesa 1: “Participación Ciudadana en materia ambiental”, las exposiciones fueron sobre los siguientes temas: Participación política y democracia,
participación en el proceso constituyente ecuatoriano y medio ambiente y desafíos, barreras y función de la participación ciudadana en la gestión ambiental.
11:15-13:00 Mesa 2: “Rol de la Contraloría en materia ambiental”, las exposiciones
fueron sobre los siguientes temas: El rol de la Contraloría en materia ambiental y análisis comparado del rol de las contralorías a nivel latinoamericano.
14:30-16:00 Tendencias del contencioso administrativo en materia ambiental, las exposiciones fueron sobre los siguientes temas: La Invalidación Administrativa en
materia ambiental, la revisión de la RCA a la luz del artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 y la revisión de los actos administrativos de la Superintendencia del Medio Ambiente.
16:00 Conclusiones sobre el “El control del poder de la administración en materia
ambiental”
Los expositores de estos paneles fueron: Valentina Durán, Álvaro Ramis, Rafael
Asenjo Zegers, Manuel Morales Feijoo, Victoria Galleguillos, Luis Cordero Vega,
Sebastián Ezequiel Pilo, Camilo Mirosevic Verdugo, Alicia de la Cruz Millar, Ximena
Insunza Corvalán, Paulina Riquelme Pallamar, Diego Lillo Goffreri, Francisco Agüero
Vargas y Gabriela Burdiles.
En esta ocasión contamos con la participación de académicos internacionales,
Manuel Morales Feijoo abogado de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental
(ECOLEX), Ecuador y Sebastián Ezequiel Pilo Director de la Asociación por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina. También asistió el académico Fernando
Dougnac, miembro del directorio de FIMA, abogados de diversas instituciones
públicas y privadas, estudiantes, representantes de ONGs y público en general.
El seminario fue de carácter gratuito y abierto a todo público. Además, destacamos
la participación del público al finalizar cada una de las mesas, quienes aportaron con
valiosos comentarios y preguntas, permitiendo a su vez, que se generara un
interesante debate entre los miembros de cada panel.
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-Participación en la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático:
A fines del mes de agosto de 2014 se conformó la Mesa Ciudadana sobre Cambio
Climático, instancia en la que participan organizaciones de la sociedad civil y cuyo
objetivo es tener un rol activo y propositivo en relación a las negociaciones
internacionales y compromisos suscritos por Chile en materias de cambio climático.
Aquí nuestra principal función es monitorear el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por Chile en materia de reducción de emisiones y adaptación desde la
firma del Acuerdo de París en 2015 y promover que el gobierno suscriba
compromisos con metas más ambiciosas para sus contribuciones nacionales.
El 2017 participamos activamente en las diferentes reuniones convocadas por la
Mesa. Además, apoyamos en la difusión de la campaña “Chile 100% Energías
Renovables y no Convencionales para el 2050”.
- Participación Cumbre del Clima de Bonn (COP23):
Durante el mes de noviembre del 2017 se realizó la 23ra Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de Naciones de Cambio Climático (UNFCCC) en la ciudad de
Bonn, Alemania.
Este encuentro tuvo como objetivo articular acciones y compromisos climáticos de
los países previos a 2020, para poner freno al calentamiento global y definir reglas
de transparencia para la materialización efectiva del Acuerdo de Paris (AP) y el Libro
de Reglas necesarias para implementar dicho Acuerdo. El encuentro fue presidido
por Fiji, uno de los países más vulnerables al calentamiento global.
FIMA se encuentra acreditada ante la ONU como observadora de las negociaciones
climáticas. Es por esto que nuestro Director Ejecutivo, Ezio Costa y Directora de
Proyectos, Gabriela Burdiles asistieron al encuentro con el propósito de observar y
monitorear las negociaciones y compromisos ambientales que Chile adoptó en la
materia.
Dentro de los resultados de esta conferencia es destacable el diseño del Diálogo de
Tanaloa, el cual se implementará desde el año 2018, y donde los Estados deberán
rendir cuentas en la próxima COP y evaluar colectivamente cómo aumentarán la
ambición de sus planes de acción climática; la adopción de un plan de acción en
materia de agricultura que incluye temas de adaptación y seguridad alimentaria,
entre otros. Por último, la discusión de temas de transparencia y acceso a la
información que disponen el deber de las Partes de cooperar en la adopción de
medidas para mejorar el acceso a la información sobre el cambio climático y que
para ello establece un marco de transparencia reforzado y flexible.
Como sociedad civil, participar de esta actividad fue muy provechosa, ya que nos
permitió conocer y aprender de las diversas iniciativas internacionales que se
están llevando a cabo en materia climática.
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-Comunicaciones y posicionamiento:
Desde nuestros inicios a la fecha, FIMA se ha consolidado en la opinión pública
como una organización de expertos abogados en materia de Derecho Público, y
particularmente en Derecho Ambiental, lo que nos ha permitido tener reiteradas
participaciones en los medios de comunicación.
Para lograr esto, los abogados de FIMA han participado de entrevistas televisivas y
radiales, comentando casos puntuales de daño ambiental e instrumentos de gestión
ambiental. Así mismo, seguimos elaborando boletines y comunicados mensuales
con toda la actualidad jurídica en materia ambiental. En dichos boletines se han
incluido columnas de opinión sobre materias relativas a la legislación nacional y el
Derecho Comparado, análisis jurisprudenciales y de instrumentos de gestión
ambiental, principios jurídicos y Convenios destinados a consolidarlos, etc.
Además, para poder fomentar la integración a nuestras iniciativas de más actores
sociales, seguimos potenciando el empleo de las redes sociales, manteniendo
siempre actualizado nuestro sitio web institucional, así como nuestras cuentas de
Twitter y Facebook, para que contengan siempre información medioambiental
relevante.
C.- Investigación
FIMA destaca por su contribución al desarrollo y perfeccionamiento del derecho
ambiental en Chile. En razón de lo anterior se publica anualmente, siendo el
presente el noveno año consecutivo, la Revista “Justicia Ambiental”, primera revista
nacional de derecho ambiental publicada por una ONG y en la cual participan
regularmente destacados autores nacionales e internacionales.
También publicamos un boletín electrónico mensual que contiene las principales
noticias en materia ambiental con interesantes columnas de nuestro equipo.
Asimismo, se analiza la jurisprudencia nacional más relevante mediante fichas de
jurisprudencia públicas.
El resultado de estos trabajos, y de otras labores de investigación es utilizado en los
casos de litigación ambiental, así como también es utilizado para proponer a las
instituciones de gobierno correspondientes perfeccionamientos a las políticas
ambientales que rigen en nuestro país y enriquecer el debate de la opinión pública
en estos temas. Lo anterior mediante la realización de observaciones en procesos
formales de participación, como también la asistencia y generación de instancias de
discusión abiertas sobre los temas más relevantes de la discusión jurídica ambiental
actual.
- Revista justicia Ambiental:
Este proyecto se desarrolla con el apoyo de la Fundación Henrich Böll, y está
destinado a fomentar la actividad académica en torno a análisis doctrinarios sobre
materias jurídicamente relevantes en el marco del Derecho Medioambiental y
Recursos Naturales –Derecho Ambiental, Derecho de Aguas, Derecho Minero,
Derecho Eléctrico, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, etc.-, lo que se
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realiza a través de una publicación anual en la que se aúnan trabajos de destacados
abogados, académicos y estudiantes de Derecho.
El año 2017 contempló la publicación del noveno número de la Revista Justicia
Ambiental. Debido al éxito que ha tenido este trabajo, en esta oportunidad se
imprimió el doble de revistas, llegando a un total de 800 ejemplares impresos, los
que se distribuyeron gratuitamente a ONGs, estudios de abogados, organismos de
gobierno, jueces, organizaciones sociales y particulares. Así mismo, se encuentra
disponible en formato pdf en la página web de FIMA.
Para la producción de este número, nuestro equipo ha trabajado entre enero y
mayo, en la convocatoria, elaboración y selección de artículos. Luego, durante los
meses de septiembre y noviembre se trabajó en la edición de los contenidos.
Para esta edición se aplicó un sistema de doble ciego en la revisión de los artículos,
con el objetivo de adecuar la revista a los estándares de revistas indexadas. Los
artículos seleccionados incluyen temas innovadores, en consonancia con la
contingencia nacional, especialmente en relación con las recientes modificaciones a
la legislación e institucionalidad ambiental en Chile.
El contenido del noveno número de la revista Justicia Ambiental, constó por un
apartado de Estudios y Comentarios de Jurisprudencias. La primera parte concentró
diversos estudios sobre los temas relevantes en la discusión jurídica ambiental
actual. Entre estos temas se encuentran estudios sobre derecho indígena en la
evaluación ambiental, gestión institucional de aguas, sanciones administrativas en
materia ambiental, normas de calidad ambiental, acceso a la información, entre
otros. Por otro lado, el apartado de comentarios de Jurisprudencias se analizó los
casos Central Castilla y Línea 3 del Metro y Central los Cóndores.
En este sentido los trabajos seleccionados este año representan sin duda, una
contribución no solo a la discusión jurídica del derecho ambiental nacional, sino que
también nutren la discusión global sobre el quehacer estatal en materia ambiental.
Al respecto, seguimos viendo con satisfacción cómo los estudios contenidos en la
revista han sido citados en fallos de tribunales superiores de justicia y tribunales
ambientales. Así también, todas las ediciones de la revista se encuentran
disponibles en la plataforma vLex. vLex es la plataforma virtual más grande del
mundo especializada en el tratamiento tecnológico y editorial de contenidos
jurídicos, con contenidos de 132 países disponibles en 13 idiomas, puestas a
disposición de más de 200.000 suscriptores alrededor del mundo.
En esta misma línea, es necesario mencionar que desde el mes de diciembre se ha
estado trabajando en el diseño de una página web exclusiva para la revista Justicia
Ambiental, la que se espera terminar en mayo del 2018.
En relación a los desafíos futuros de la revista, como equipo hemos decidido
avanzar hacia lograr una publicación bianual, permitiendo con ello la acceder a la
indexación, aumentando el impacto y calidad de los contenidos.
Finalmente, en el mes de enero del 2018 en la sede de la Fundación Heinrich Böll se
celebró el lanzamiento del noveno ejemplar de la Revista Justicia Ambiental,
contando con una remarcable asistencia de diversas autoridades. La revista fue
presentada por el presidente del Primer Tribunal Ambiental el Sr. Daniel Guevara.
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- Programa de pasantías nacionales e internacionales:
FIMA desarrolla un área de pasantías nacionales e internacionales desde los inicios
de la organización. El programa de pasantías consiste en recibir a personas
interesadas que desean trabajar ad-honorem en temas medioambientales para que
realicen investigaciones legales o científicas dependiendo de las habilidades de cada
uno de ellos. También se requieren trabajos administrativos como traducción de
documentos, difusión y apoyo en terreno.
En el área de pasantías nacionales, se abrieron 10 llamados de pasantías durante el
año 2017, con motivo de los cuales recibimos numerosos antecedentes de
estudiantes, egresados y abogados de diversas universidades del país quienes
manifestaron grandes deseos de ser parte de la misión de FIMA. Además, este año
de manera extraordinaria, se abrieron cupos para pasantías en el área de las
ciencias sociales y naturales, las que también tuvieron una gran convocatoria. El
grupo que finalmente se integró al equipo de FIMA realizó sus funciones con gran
entusiasmo y significó un gran aporte a la institución.
En el área de pasantías internacionales, recibimos a Alejandra Gil abogada de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Colaboró activamente en el
área de proyectos, litigios y estudios.
-Centro de Estudios FIMA (CEFIMA):
El centro de estudios FIMA es un espacio de discusión e investigación de diversos
temas de derecho ambiental, administrativo y de regulación de interés teórico entre
estudiantes de derecho y abogados integrantes o colaboradores FIMA. Este año, al
igual que el anterior, se retomó esta importante institución de FIMA y contamos
con la participación de siete estudiantes y egresados de derecho de diversas
universidades.
Los principales temas que se discutieron durante las sesiones fueron: (i) Derecho y
Género, (ii) Participación Ciudadana y Medio Ambiente, (iii) Análisis de sentencias
en materia de participación y (iv) Análisis de sentencias en materia de programas
de cumplimiento.
Actualmente, el equipo junto a los miembros de CEFIMA, se encuentran trabajando
en la elaboración de un artículo sobre Sentencias en Materia de Programas de
Cumplimiento.
-Participación Ciudadana en normas ambientales:
El equipo de estudios de FIMA, en colaboración con las otras áreas de FIMA,
participo en distintos procesos de participación ciudadana de normas, programas,
planes o políticas ambientales, dentro de ellos se encuentran:
- Política Nacional de Ordenamiento Territorial
- Política Nacional de Gestión Sustentable de Montañas.
- Reforma al Reglamento al Servicio de Evaluación Ambiental
- Plan de Adaptación al cambio climático ara ciudades. - Plan de Adaptación al Cambio Climático Sector Energía.
- Ante Proyecto de revisión de la norma de calidad primaria para Material Articulado Respirable MP10 (Decreto Supremo Nº59/1998 del MINSEGPRES)
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-Proyecto Municipio Verde:
Los ciudadanos y ciudadanas tienen mucho qué decir acerca de la protección del
medio ambiente y de cómo ésta se efectúa por nuestros municipios, más aún, si
consideramos el actual escenario de desconfianza institucional, baja participación
ciudadana en la toma de decisiones y degradación ambiental que afecta al país.
Bajo este contexto el año 2016 surge Municipio Verde, proyecto que busca mejorar
la gestión ambiental y transparencia de las Municipalidades Chilenas de manera
participativa, involucrando a los habitantes de las comunas.
El proyecto consiste en una plataforma web que reúne- de manera sencilla y
comparativa- información acerca de la gestión ambiental de los Municipios
miembros, así como las iniciativas ambientales municipales, y los proyectos de
inversión abiertos a participación ciudadana.
Los usuarios podrán informarse acerca de la gestión ambiental de su comuna y de
otras; conocer los proyectos de inversión en su comuna con el fin de participar en
su evaluación ambiental y evaluar las diferentes iniciativas ambientales de los
Municipios miembros.
A finales del año 2016 se nos otorgó un reconocimiento por la Corporación de
Fomento a la Producción Chilena, luego de premiar a Municipio Verde con un
Reconocimiento a la Innovación Social. El diseño de la plataforma se realizó en
conjunto a la Fundación Ciudadano Inteligente, organización líder en materias de
transparencia y democracia por medio de dispositivos virtuales.
Así, en junio del 2017 se llevó a cabo el lanzamiento de la plataforma, en donde se
dio a conocer el proyecto y sus funciones. La plataforma fue presentada por la
Alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao. Además, expusieron Colombina Shaeffer de
Ciudadano Inteligente, Ezio Costa Director Ejecutivo de FIMA y Victoria Galleguillos
Coordinadora de Estudios de la organización.
El evento contó con la participación de funcionarios municipales de la Región
Metropolitana, representantes de Comités Ambientales Comunales y organizaciones
ambientales.
De manera complementaria, durante el año participamos en diversas ferias y
seminarios ambientales, algunas de ellas organizadas por los municipios, comités
ambientales comunales, ONG ambientales y Universidades. Participar de estas
actividades, nos ha permitido visibilizar el proyecto y exponer sobre la importancia
de la participación ciudadana en la gestión ambiental.
Hoy, contamos con 17 comunas registradas en la plataforma: Las Condes,
Providencia, Ñuñoa, Pudahuel, Peñalolén, Quilicura, Independencia, Paine, Tiltil, San
Bernardo, La Pintana, La Florida, Maipú, Santiago y Puente Alto. Además, este año
se integraron Coronel y Pucón, comunas pertenecientes a la región del Biobío y La
Araucanía, respectivamente.
Actualmente estamos trabajando en perfeccionar la plataforma, generar nuevos
indicadores e invitar a municipios de otras regiones a formar parte de esta
iniciativa.
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D. LITIGACIÓN
- Proyecto Protección de las aguas del sur de Chile:
a. Caso Hidroaysén:
Uno de los proyectos que mayor impacto mediático ha generado en los últimos años
es el “Proyecto Hidroeléctrico Aysén”, también conocido como Hidroaysén. Este
proyecto consistía en la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas,
dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la XI Región. Con una
inversión cercana a los US$ 3.200 millones, el Proyecto HidroAysén consideraba una
capacidad instalada de 2.750 MW y una capacidad de generación media anual de
18.340 GWh que se inyectarían al Sistema Interconectado Central (SIC).
Este caso despertó gran inquietud en la comunidad como consecuencia de un
procedimiento de aprobación ambiental que tuvo irregularidades y que estuvo
marcado por un indeleble matiz político. El fraccionamiento del instrumento de
evaluación ambiental por parte del titular del proyecto “Centrales Hidroeléctricas
Aysén S.A.” es una de las mayores falencias que se detectaron en este caso.
Efectivamente, el titular presentó un Estudio de Impacto Ambiental para la
construcción de las represas, y separadamente, ingresó otro para la línea de
transmisión eléctrica que permitiría llevar hasta la Región Metropolitana la energía
eléctrica que las centrales hidroeléctricas producirían.
Los impactos ambientales generados por la instalación de los 2.400 kilómetros de
líneas de alta tensión que atravesarán la Patagonia y gran parte de la zona central
de Chile -cuya construcción es absolutamente necesaria para la conexión de las
centrales hidroeléctricas con el SIC- no fueron considerados en el primer EIA. En
este sentido, no se pudo ponderar en el proceso de evaluación ambiental la suma
de los impactos ambientales que el proyecto “Hidroaysén” en su conjunto generará.
Es por esto que FIMA en agosto de 2008 presentó una demanda ante el 28°
Juzgado Civil de Santiago (Acción de mera certeza o de unidad) con el objetivo de
que se declarara que el EIA presentado por Hidroaysén debía incluir la construcción
de las líneas de transmisión -y la consiguiente ponderación de los impactos
ambientales que eso generaría- junto con la construcción y operación de las
represas. Con fecha 30 de junio de 2011 se dictó sentencia en esta causa,
rechazando la demanda en razón de que “el tribunal carece de facultad y
competencia para emitir pronunciamiento sobre la materia que se le ha requerido”.
Este fallo se apeló y la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 7 de diciembre
de 2012 confirmó dicha sentencia en base a los mismos argumentos. Por esta
razón, FIMA dedujo un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, el
cual, fue rechazado con fecha 16 de Mayo del 2013 mediante sentencia que hizo
suyos los argumentos sostenidos por los sentenciadores a quo.
FIMA también presentó ante al 11° Juzgado Civil de Santiago, una acción de nulidad
de derecho público, en contra de CONAMA, para que se declarara la nulidad de la
resolución que admitió a tramitación el EIA de HidroAysén (de más de 10.500
páginas de extensión), debido a que no contempló un plazo y horarios de consulta
razonables para que la ciudadanía pudiera informarse adecuadamente y realizar sus
observaciones dentro del marco del proceso de participación ciudadana. Sin
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embargo, esta demanda fue rechazada el día 29 de mayo del año 2013.
Adicionalmente, a fines de junio de 2011, se interpusieron dos recursos de
protección en contra de la RCA de fecha 13 de mayo del mismo año que aprobó
finalmente el proyecto, ante la I. Corte de Apelaciones de Coyhaique. Sin embargo,
dicha Corte se inhabilitó y finalmente conoció los recursos la Corte de Puerto Montt,
rechazándolos por dos votos contra uno. En base al voto de minoría, FIMA apeló
ante la Corte Suprema. En abril de 2012, ambos recursos fueron rechazados.
La presión ciudadana y judicial en torno a la tramitación del proyecto hidroeléctrico
Hidroaysén, y en especial la derrota de Energía Austral en el caso de Río Cuervo,
llevó a que los inversionistas paralizaran algunas tramitaciones a la espera de lo que
ellos llamaron "certidumbre regulatoria". Esto tiene especial importancia en lo
relativo a las líneas de transmisión que las empresas pensaban ingresar al sistema
de evaluación ambiental durante el transcurso de 2012, pues la intención del sector
privado es que las líneas de transmisión desde la zona sur a la zona centro de Chile
sean tramitadas como un proyecto estatal, para así evitar y facilitar su aprobación.
Por otra parte, se presentaron 34 reclamaciones ciudadanas ante el Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad por la aprobación del proyecto y que contienen
más de 1000 observaciones.
El día 10 de junio de 2014, después de un largo proceso administrativo, el Comité
de Ministros, resolvió revocar la calificación ambiental otorgada a Hidroaysén
acogiendo las reclamaciones. Si bien la empresa en un primer momento manifestó
la intención de no impugnar la decisión del Comité de Ministros, finalmente lo hizo
presentando una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Santiago y otra ante el
Tribunal Ambiental de Valdivia.
FIMA en representación de personas directamente afectadas por el proyecto y
reafirmando su participación como un actor comprometido en la defensa del caso en
su calidad de integrante del Consejo de Defensa de la Patagonia, solicitó en el mes
de octubre ser parte del juicio en tramitación ante el Tribunal Ambiental de
Santiago, a lo cual el tribunal le otorgó la calidad de tercero interesado en el
proceso. En este proceso FIMA apoya la decisión del Comité de Ministros de revocar
la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto y brindar nuevos argumentos
para su rechazo definitivo.
El 12 y 14 de mayo del año 2015 se llevó a cabo la audiencia de este caso en el
Tribunal Ambiental de Santiago. En nombre de FIMA alegó el abogado Ezio Costa, y
Macarena Soler por el Consejo de Defensa de la Patagonia.
En noviembre del 2017, las compañías Colbún y ENEL anunciaron la disolución de la
sociedad, liquidación de bienes y desistimiento de las acciones judiciales y renuncia
a los derechos de agua del proyecto. En otras palabras, ponen fin a sus actividades
y al proyecto de generación eléctrica Hidroaysén. Esta notificación fue enviada a la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Para FIMA, la noticia es positiva ya que da por terminado, años de trabajo y la lucha
en contra de un proyecto con grandes deficiencias e impactos socio-ambientales.
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Además, da cuenta del trabajo organizado y articulado entre diversas agrupaciones,
ONG’s y comunidades en pos de un bien común.
b. Caso Central Cuervo:
El proyecto Río Cuervo, parte integrante del segundo mayor proyecto hidroeléctrico
que se planeaba construir en la XI Región de Aysén -después de HidroAysén- fue
ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental en agosto de 2009. Este proyecto
contemplaba la construcción de dos presas que en conjunto inundarían 5.863
hectáreas en la zona con una capacidad instalada de 640 MW y se alza como la
primera de las tres centrales hidroeléctricas que la empresa "Energía Austral",
vinculada a la compañía minera Xstrata, planeaba construir en la Región de Aysén.
En total, el proyecto -incluyendo a las centrales Blanco y Cóndor- generaría 1.100
MW, y con una inversión de 2.700 millones de dólares, la convertía en la iniciativa
más grande después de HidroAysén.
El día 27 de enero 2012, la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA),
interpuso un Recurso de Protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental
de la región de Aysén, por el contenido del Informe Consolidado de Evaluación (ICE)
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”. El
ICE es un acto emanado del servicio de evaluación ambiental que debe reunir todos
los antecedentes del procedimiento de evaluación ambiental. De acuerdo a la ley, se
trata de la única base sobre la que debe pronunciarse la Comisión de Evaluación
Ambiental, instancia en la que finalmente se califica ambientalmente el proyecto.
En este sentido, FIMA recurrió de protección debido a que dicho informe no tomó en
cuenta varias de las observaciones que se hicieron durante el procedimiento. La
más importante de estas observaciones, emanada del Servicio Nacional de Geología
y Minería (SERNAGEOMIN), apunta al riesgo que significa para la población cercana
a la central hidroeléctrica, el hecho de que su construcción se proyecte sobre la falla
geológica Liquiñi-Ofqui y en una zona de reconocida actividad volcánica. El recurso
de protección fue rechazado por unanimidad por la Corte de Apelaciones de
Coyhaique. Ante el rechazo de nuestros argumentos en la Corte de Apelaciones de
Coyhaique, FIMA insistió concurriendo al máximo tribunal de la República, apelando
la resolución que desestimaba nuestra acción de protección. El cambio de criterio
del máximo tribunal al acoger nuestra apelación significó un avance significativo en
materia ambiental, al reconocer explícitamente el principio preventivo.
La Corte Suprema estimó que la ilegalidad del ICE deriva del incumplimiento del
Servicio de Evaluación Ambiental de la obligación de hacerse cargo de las
condiciones fijadas por el SERNAGEOMIN, que condicionó el proyecto a la
realización de una predicción y evaluación de impactos y situaciones de riesgo,
vinculadas principalmente a la falla geológica y a la actividad del vecino Volcán Cay.
En base a estas razones la Corte dejó sin efecto el ICE y dispuso que previo a la
evaluación del instrumento que serviría de base para la votación de la Comisión de
Evaluación Ambiental, el titular del mismo –Energía Austral- debía realizar tres
estudios que contuviesen una predicción y evaluación de impactos y situaciones de
riesgo. Estos estudios debían versar sobre flujos piroplásticos y erupciones
holocenas, fuentes sismogénicas regionales y un plan de monitoreo del nivel de
aguas subterráneas en el sector de Portezuelo. Todos debían ser incluidos en el
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informe que se sometería a dicha votación y se condicionaba la aprobación del
proyecto a la existencia de dichos estudios.
En virtud de la sentencia de la Corte Suprema, la Comisión de Evaluación de la
Región de Aysén, con fecha 5 de junio de 2012, retrotrajo el procedimiento
administrativo de evaluación ambiental al estado de solicitarse al titular del
proyecto la realización del estudio exigido por el SERNAGEOMIN, sin embargo, de
un modo manifiestamente arbitrario restringió lo ordenado por la Corte Suprema y
ordenó que el titular del proyecto presentara solo el estudio relativo a las
erupciones holocenas enfocado y los depósitos piroclásticos, pero nada dijo respecto
de los otros dos.
El 16 de Septiembre del año 2013, desconociendo lo dictaminado por la Corte
Suprema, la Comisión de Evaluación del SEA de Aysén aprobó el proyecto Río
Cuervo pese a que el titular solo había presentado uno de los tres estudios
ordenados, contraviniendo de este modo abierta y palmariamente la sentencia
emanada de nuestro máximo tribunal de justicia. En este orden de cosas, el 17 de
Octubre FIMA dedujo en representación de distintos vecinos de la comuna de Puerto
Aysén un recurso de protección contra la RCA que calificó favorablemente el
proyecto, ya que esta decisión afectó flagrantemente garantías constitucionales y el
procedimiento reglamentado para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La Corte de Coyhaique declaró admisible el recurso deducido por FIMA, y
constatando que existe un riesgo latente que se cierne sobre la comunidad decretó
orden de no Innovar, de modo que se suspendieran los efectos de la RCA mientras
la justicia resuelve la materia. Al respecto, la Corte de Apelaciones rechazó en Abril
de 2014 un recurso de protección interpuesto por FIMA en contra de la Resolución
de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto. Por su parte FIMA apeló a dicha
sentencia ante la Corte Suprema y con fecha 21 de agosto de 2014 la Corte
confirmó la primera sentencia, rechazando el recurso.
Paralelamente la labor de FIMA en este caso se extiende además a la presentación
de una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental en contra del Servicio
Nacional de Geología y Minería haciendo ver a este tribunal el riesgo latente que
este proyecto hidroeléctrico implica para la comunidad. En julio de 2015 esta acción
fue resuelta por el Tribunal Ambiental, y a pesar de haber fallado en contra de la
solicitud, debido a "cuestiones formales", las decisiones marcan un nivel muy alto
en la evaluación de riesgos que será utilizado de nuevo como un argumento en las
acciones a ser presentada en el futuro.
En diciembre de 2015, los abogados Diego Lillo y Victoria Belemmi viajaron a
Coyhaique con el fin de reunirse con el Consejo de Defensa de la Patagonia para
discutir las siguientes estrategias legales debido a la inminente decisión del Comité
de Ministros, que aceptó parcialmente las quejas de la gente el 5 de enero de 2016.
Aunque la resolución no ha sido publicada aún, se sabe que la resolución dictada
por el Comité de Ministros resolviendo las reclamaciones se publicó en el mes de
Agosto, donde además de ratificar la aprobación del proyecto, se incorporan nuevas
condiciones relacionadas con la vigilancia de la actividad sísmica y geológica.
En el ejercicio del derecho a optar por la vía jurisdiccional, se interpusieron
reclamaciones ante el Tercer Tribunal Ambiental en el mes de septiembre de
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2016. En diciembre de 2016 los abogados Ezio Costa Cordella y Diego Lillo Goffreri
asistieron a la vista de la causa, instancia en la cual formularon los correspondientes
alegatos.
En septiembre del 2017, el titular del proyecto Energía Austral SpA renuncia a los
derechos y obligaciones de la Resolución de Calificación Ambiental de la Central
Hidroeléctrica Cuervo y se abstiene en definitiva de ejecutar el proyecto aprobado
por las autoridades.
Actualmente, estamos a la espera de que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia
incorpore en el fallo dichas acciones e incorpore todo los antecedentes que dan
cuenta de la falta de rigurosidad de los Estudios de Impacto Ambiental, en base a
los cuáles se aprobó el proyecto.
c. Protección Cuenca Rio Puelo:
En la comunidad de la localidad de Cochamó, Región de Los Lagos, existe gran
preocupación por la aprobación del proyecto hidroeléctrico “Central de Pasada
Mediterráneo”. Al respecto, es necesario recordar que dicha comuna ya cuenta con
la Central Hidroeléctrica Canutillar, de propiedad de la empresa Endesa, la cual
utiliza las aguas del Lago Chapo, que después de su pasada por las turbinas son
devueltas directamente al mar. Lo anterior ha provocado una crisis ambiental dado
el preocupante descenso de más de 7 metros en el nivel de agua que el Lago Chapo
ha experimentado, desde la puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica en
el año 1990.
El proyecto “Central Mediterráneo” contemplaba la construcción y operación de una
central hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad instalada en La Junta,
lugar donde confluyen los ríos Torrentoso y Manso. En ese sector el titular pretendía
construir un túnel subterráneo de 5,5 km, con una bocatoma en la confluencia de
los mencionados ríos y una caverna de máquinas bajo tierra. El proyecto, generó
preocupación en los habitantes de Cochamó, principalmete, respecto a la desviación
de las aguas a la tubería y la posible disminución del caudal del río Manso a causa
de la operación de la central, impactos que no habían sido considerados dentro del
proceso de evaluación.
Pero, a ojos de la comunidad de Cochamó, lo más grave del proyecto es el trazado
de la línea de alta tensión. Ésta tendría una extensión de 63 kilómetros -con torres
de 150 metros de altura- y llevaría la energía eléctrica desde la central de pasada
hasta el Sistema Interconectado Central (SIC), al conectar con la mencionada
central hidroeléctrica Canutillar. Los vecinos han manifestado su preocupación por el
impacto negativo que podría causar la calificación favorable del proyecto en la
naciente industria turística que se está gestando en la zona. El trazado de la Línea
de Transmisión incluye el paso por ambos lados del Estuario de Reloncaví, lo que
afectaría irremediablemente la tradicional vista de una de las postales turísticas más
conocidas de Cochamó.
La preocupación de los habitantes de la zona va además de la mano con la
desproporción entre las cargas ambientales y los beneficios que el proyecto
reportará para las comunidades aledañas. La central de pasada Mediterráneo, así
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como también la central hidroeléctrica Canutillar, a pesar de encontrarse ambas en
Cochamó no se encuentran conectadas con los poblados de la comuna, de modo
que éstos no reciben ni uno solo de los kilowatt que son y serán generados en su
localidad, y su abastecimiento se produce por una central térmica que funciona en
base a petróleo con un alto costo tanto económico como ambiental para los
habitantes.
En el marco de la protección de la cuenca del Río Puelo, FIMA ha realizado visitas a
terreno para mantener reuniones con las organizaciones locales y con las
comunidades indígenas afectadas de modo de informarlos de sus derechos y de las
formas en que ellos pueden canalizar las posibles denuncias ante incumplimientos
por parte del titular, y del proceso de evaluación ambiental.
Aprobado el proyecto por resolución de Calificación Ambiental, el seguimiento ante
el SEA permitió identificar que el proyecto considera un área de emplazamiento que
no ha sido lo suficientemente evaluada por la autoridad ambiental. Dentro de los
impactos a considerar está la afectación de especies que forman parte de la
biodiversidad de la zona, así como afectación a las comunidades mapuches que no
satisfacen el debido cumplimiento con la legislación ambiental. Por último, el
proyecto no ha ponderado debidamente la participación ciudadana.
En la gestión de protección y ejercicio de los derechos de los afectados por el
proyecto, FIMA durante este período, se ha seguido adelante con la tramitación del
recurso de protección interpuesto en contra de la Resolución de Calificación
Ambiental del Proyecto. Actualmente este recurso se encuentra en espera de fallo
por parte de la Corte Suprema de Justicia. Además, y en vista del riesgo a la
biodiversidad que supone la aprobación del proyecto “Central de Pasada
Mediterráneo”, FIMA ha recurrido a la nueva jurisdicción ambiental, interponiendo
una reclamación judicial ante el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia por las
infracciones cometidas durante la tramitación del proyecto a la normativa
relacionada con especies protegidas.
El seguimiento de este proyecto con la comunidad ha provocado que varias acciones
hayan tenido lugar. Por un lado, la comunidad ha realizado varias denuncias en
cuanto a la tala ilegal de los bosques nativos, el incumplimiento de la legislación
ambiental, con respecto a la afección de la fauna protegida. Por otro lado, FIMA
inició diversas acciones constitucionales en representación de las comunidades
mapuches de la zona y los vecinos afectados en contra de la aprobación del
proyecto, que han sido rechazadas por los Tribunales Superiores de Justicia. FIMA
también presentó acciones administrativas que han dado lugar a reclamaciones ante
el Tribunal Ambiental, y que fueron rechazados en última instancia.
Durante diciembre de 2015, el Comité de Ministros resolvió las reclamaciones
administrativas de la comunidad sobre la base de la escasa ponderación de las
observaciones de los ciudadanos durante el proceso de participación pública
establecido por la Ley General del Medio Ambiente. La autoridad ambiental ha
decidido rechazar las reclamaciones, en última instancia, aprobando el proyecto.
Durante el mes de abril de 2016, FIMA se hizo parte en el procedimiento de
reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, asistiendo el abogado
Diego Lillo Goffreri a los correspondientes alegatos. Durante el mes de junio el
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abogado Rodrigo Pérez Aravena, en representación de FIMA asistió a la inspección
personal efectuada por el Tribunal Ambiental de Valdivia. En dicha instancia se
visitó la zona donde el proyecto pretende instalarse y se pudo recoger testimonios
de los habitantes del sector. El 17 de noviembre se dictó sentencia por parte del
Tribunal Ambiental, la que acogió las reclamaciones interpuestas y dejó sin efecto la
Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Central de Pasada Mediterráneo.
El mismo año, miembros de la comunidad Domingo Cayún presentaron un recurso
de protección en contra el informe que recomienda la autorización de Central
Mediterráneo.
Durante el año 2017, continuamos monitoreando y trabajando en el caso. Dentro de
los principales resultados de este proceso, se destaca la respuesta que da el Tercer
Tribunal Ambiental de Valdivia, quien acogió las reclamaciones interpuestas por
FIMA y el Sr José Cayún Quiroz y anula la Resolución de Calificación Ambiental del
Proyecto “Central de Pasada Mediterráneo” (RCA Nª128/2014) y su posterior
ratificación. El principal argumento emitido por el Tribunal fue que las conclusiones
a las que llego el Estudio Antropológico y su posterior ampliación fueron inciertas e
inconcluyentes, debido a las falencias metodológicas que presentaba.
d. Defensa cuenca del Río Achibueno:
Con fecha 24 de marzo de 2009 fue ingresado al sistema de evaluación ambiental,
mediante Estudio de Impacto Ambiental, el Proyecto Hidroeléctrico Achibueno
ubicado en la Región del Maule y muy próximo a las ciudades de Longaví y Linares.
El antedicho proyecto consiste en la construcción y operación de dos centrales
hidroeléctricas de pasada en serie -denominadas El Castillo y Centinela- con una
potencia total instalada de 135 MW, y de dos subestaciones eléctricas, las cuales
estarán unidas por una línea eléctrica de 66 kv. La COREMA de la Región del Maule,
con fecha 3 de enero de 2011, calificó de manera favorable el proyecto en cuestión.
Respecto de esa resolución de calificación ambiental, fueron presentados sendos
recursos administrativos de reclamación -establecidos en el artículo 20 de la Ley
19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente- de parte del titular del proyecto y
de parte de Oscar Spichiger y Francisco Bartucevic, quienes formaron parte del
proceso de participación ciudadana en oposición al proyecto. Respecto al proceso de
participación ciudadana y tal como dispone en su artículo 30 bis inciso 4° y 5° la ley
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación
Ambiental deberá considerar las observaciones ciudadanas como parte del proceso
de calificación ambiental y hacerse cargo de éstas pronunciándose fundadamente
respecto de todas ellas en la resolución de calificación ambiental que pone término
al proceso de evaluación.
Así, la ley habilita a cualquier persona, ya sea natural o jurídica, cuyas
observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la
resolución de la calificación ambiental para presentar un recurso de reclamación. La
incorporación de la opinión y visión de los ciudadanos en el proceso de evaluación
tiene una importancia trascendental en aplicación del principio 21 de la Declaración
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, conforme al cual el mejor modo
de enfrentar los problemas ambientales es con la participación de los ciudadanos.
Dicho principio fue recogido en nuestra legislación, tal como lo señala el Ejecutivo
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en el Mensaje de la Ley 20.417 “un sistema de participación ciudadana
transparente, informado y público puede contribuir a una mejor calidad de las
decisiones, pero también a una adecuada gobernabilidad ambiental”.
En este sentido, los observantes dentro del proceso de participación ciudadana que
se generó en el marco de la evaluación ambiental del “Proyecto Hidroeléctrico
Achibueno” alegaron, mediante la herramienta que ofrece el recurso de
reclamación, la no consideración de diversas observaciones que fueron planteadas
por ellos. Las observaciones más relevantes radican en: 1) haber dejado fuera de
los potenciales impactos significativos que generaría el proyecto -contemplados en
el artículo 11 de la Ley 19.300- los referidos a la localización próxima de éste a
sitios prioritarios para la conservación y a zonas y recursos protegidos, tal como lo
constituye el Sitio Prioritario “Altos de Achibueno”, 2) la deficiencia de los modelos y
cálculos hidrológicos que fueron utilizados para determinar el caudal ecológico y 3)
la ubicación de la marina proyectada y la consiguiente presentación de los planos
topográficos de ésta.
El Comité de Ministros, a través de las resoluciones a los referidos recursos de
reclamación, si bien reconoce la existencia de vicios de la Evaluación Ambiental
llevada a cabo por el SEA, modificó la RCA, pero en ningún caso corrige dichos
vicios y, más aún, decide favorablemente en base a dos informes solicitados al
Ministerios de Medio Ambiente y a la Dirección General de Aguas en que ambos
organismos se manifiestan disconformes con lo resuelto en primer término por el
SEA.
Dados los antecedentes anteriormente expuestos, los hermanos Juan Aníbal y
Tomás Ariztía Correa, solicitaron a FIMA interponer un recurso de protección en
contra de las resoluciones del Comité de Ministros. Este acto se realizó el día 28 de
noviembre y fue declarado inadmisible por la Primera Sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago, ya que en su criterio, lo solicitado sobrepasaba los
márgenes cautelares del recurso de protección en atención a que estas materias
serían competencia del Tribunal Ambiental. Se interpuso Recurso de Reposición en
contra de esa resolución el día 4 de diciembre, sin lograr cambiar la decisión de la
Corte. Con la autorización de los representados, el día 12 de diciembre se presentó
un Recurso de Queja para insistir en la necesidad de admitir a tramitación el recurso
de protección respectivo, el cual fue también rechazado.
Por otra parte, FIMA el día 25 de abril presentó una reclamación ante el Segundo
Tribunal Ambiental de Santiago a nombre de Oscar Spichiger -una de las personas
que realizó observaciones al proyecto en el marco del proceso de participación
ciudadana- por haberse aprobado la central sin haberse incluido mayor información
y detalles sobre la ubicación del depósito de marinas. La reclamación busca revertir
la calificación favorable que el Servicio de Evaluación Ambiental y el Consejo de
Ministros, otorgó al proyecto Hidroeléctrico Achibueno, de propiedad de la empresa
Hidroeléctrica Centinela S.A. Esta causa, luego de una cuestión de competencia
resuelta por la Excma. Corte Suprema, quedó radicada en el 19° Juzgado Civil de
Santiago y a fecha actual nos encontramos esperando la sentencia definitiva.
Además, FIMA durante el año 2015 promovió una solicitud de invalidación y
posterior reclamación judicial ante el Segundo Tribunal de Santiago, la cual fue
recientemente rechazada por el referido órgano jurisdiccional, por lo cual se
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interpuso un recurso de casación el fondo, el que actualmente se encuentra en
estado de fallo.
Luego, en octubre del 2015 el titular del proyecto solicitó al SEA acreditar el inicio
de obras, en circunstancias que evidentemente el proyecto no ha tenido ningún
avance en su ejecución.
Durante el año 2016 y 2017 se siguió trabajando en el caso. En julio del 2017, la
Corte Suprema dicto una sentencia favorable a la solicitud de invalidación
presentada por FIMA en contra la Resolución de Calificación Ambiental de la
empresa.
Con dicho dictamen, el Servicio de Evaluación Ambiental se ve obligado a abrir un
nuevo procedimiento de invalidación y pronunciarse sobre la solicitud, la que
apunta a corregir los vicios en que incurrió la administración al aprobar el proyecto,
como por ejemplo, las falencias asociadas a la caducidad y la evaluación ecológica
que habrían en el caudal del río y el área de conservación.
Además de significar una nueva oportunidad para defender el Santuario de la
Naturaleza Cajón del Río Achibueno, el fallo significa un cambio importante en la
jurisprudencia ambiental y acceso a la justicia ambiental por parte de la ciudadanía.
- Programa de derechos humanos y medio ambiente para la comunidad de
Arica:
Desde fines de la década de los 90’s FIMA representa judicialmente, tanto a nivel
nacional como internacional, a los habitantes de la ciudad de Arica afectados por la
contaminación con plomo, arsénico y otros metales pesados que se vive en el sector
del cerro Chuño, Los Industriales y SicaSica, con ocasión del abdandono que realizó
la empresa Procesadora de Metales Ltda (Promel LTDA) de más de 20.000 toneladas
de desechos altamente tóxicos procedentes de la empresa sueca Boliden Metall AB,
y la posterior construcción de viviendas sociales en esa zona por parte del Estado de
Chile, lo que con el paso del tiempo, derivó en que los habitantes del lugar
presentaran fuertes síntomas de neurosis, estrés, alergias, conjuntivitis, pérdida de
memoria, cansancio, fatiga, anemia y dolor a los huesos.
En 1999, gracias al financiamiento entregado por Ford Foundation, FIMA inició un
juicio contra el Estado de Chile y la empresa Promel Ltda. por los hechos recién
señalados, representando a 950 habitantes de la zona, y se dedicó también a su
asesoramiento permanente por las consecuencias de este caso. El 30 de mayo de
2007, la Corte Suprema determinó que el Estado de Chile debía indemnizar a 354
personas con $8 millones de pesos para cada una –solo por daño moral- y obligó a
Promel Ltda. y a sus socios, a reparar el daño ambiental que habían causado.
Si bien el Estado de Chile pagó las indemnizaciones a las que fue condenado,
Promel Ltda nunca se hizo cargo de la reparación del medio ambiente dañado, por
lo que en el año 2009 FIMA solicitó ante el Juzgado de Letras de Arica el
cumplimiento incidental del fallo presentando un presupuesto elaborado por una
empresa privada, para llevar a cabo las reparaciones a expensas de Promel Ltda. La
empresa objetó el presupuesto y el tribunal designó a un perito para que hiciere
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uno nuevo, pero luego de diversas disconformidades en relación con su informe, el
Tribunal aprobó el informe y se ha comenzado con el procedimiento de embargo de
los bienes de la empresa condenada.
Durante el año 2016 la contraparte interpuso una demanda de tercería para
oponerse al embargo. En diciembre de 2016 el Tercer Juzgado Civil de Arica rechazó
la demanda interpuesta por lo que el embargo efectuado se mantiene firme, por lo
que debe seguirse adelante con el procedimiento.
Adicionalmente, el 29 de noviembre de 2007 FIMA presentó el caso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que el Estado de Chile
manifestando la existencia de graves violaciones de derechos humanos por parte
del Estado de Chile y exigiendo la indemnización económica para todas las víctimas
afectadas, y por todos los perjuicios materiales y morales que sufrieron, sin
exclusiones. El caso continúa abierto y recientemente se ha solicitado informe al
Estado de Chile.
En otra arista de este caso, a finales de 2011 la Fundación sueca Environmental
Defender Law Center (EDLC) contactó a FIMA con la finalidad de armar un equipo
junto con destacados juristas Suecos para preparar una demanda en contra de
quien sería el principal responsable de la crítica situación que se vive en Arica:
Boliden Metall AC. El día 16 de Septiembre de 2013 se interpuso una demanda civil
ante los tribunales de Suecia, para obtener una compensación económica para las
nuevas víctimas de los efectos perjudiciales de los residuos abandonados. Para ello,
FIMA estuvo a cargo de la organización de las más de 700 potenciales víctimas,
obteniendo y sistematizando la información de cada una de ellas, incluyendo
información personal y descripción de enfermedades y condiciones que sufren las
personas producto de la contaminación por metales pesados, la cual fue
posteriormente analizada por expertos en Estados Unidos.
Durante el 2017 continuamos trabajando en el caso, así, durante el mes de mayo
nos reunimos con habitantes de las poblaciones ubicadas en la periferia de Arica,
para informar a la gente sobre acciones judiciales a seguir en la búsqueda de una
anhelada y justa compensación de parte del Estado de Chile como responsable de
los problemas de contaminación por polimetales. Esta instancia nos permitió
recoger un sinfín de testimonios de las personas afectadas.
En cuanto a la demanda interpuesta a Promel Ltda. por el incumplimiento del fallo,
actualmente nos encontramos monitoreando el caso, sobre todo en lo que
corresponde a la continuidad del proceso de embargo a la empresa que dictamino el
Tercer Juzgado Civil de Arica.
Una segunda arista corresponde la presentación de este caso a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Si bien se ha comunicado que el proceso
seguirá adelante, actualmente estamos trabajando en realizar observaciones a esta
denuncia.
Por último, en relación a la demanda civil que se interpuso ante los Tribunales de
Suecia contra la empresa Boliden Metall AC., el 2017 se dictó una sentencia y se
perdió. Los abogados de la Fundación sueca Environmental Defender Law Center
(EDLC) están llevando este caso.
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- Defensa vecinos de Lo Espejo ante el proyecto “Rancagua Express”:
Con fecha 24 de Mayo y 7 de junio de 2013, FIMA junto con vecinos pertenecientes
a la agrupación Frente Amplio de Defensa Ciudadana de Lo Espejo, presentó dos
recursos de protección contra la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto
“Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo:
Santiago–Rancagua” de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Dicho proyecto, que
forma parte de un plan mayor denominado “Rancagua Xpress”, tiene como objetivo
aumentar la frecuencia y velocidad de los trenes -que actualmente pasan a sólo 8
metros de las casas de los vecinos afectados- a través del funcionamiento de dos
servicios complementarios de pasajeros, un servicio de alta frecuencia entre
Santiago y Nos y un servicio expreso entre Santiago y Rancagua. En términos
físicos, el proyecto considera la construcción y/o mejoramiento del haz de vías del
tramo, construcción y adaptación de estaciones ferroviarias y taller de mantención,
mejoramiento de sistema de energía, sistema de señalización y comunicaciones.
Esta ampliación, provocará intensificación de los niveles de emisión tanto de ruidos
como de vibraciones que afectarán drásticamente la vida cotidiana de los vecinos
del sector, mermará la conectividad y la seguridad en las comunas donde se
proyecta el trazado de las líneas férreas, afectando el derecho a vivir en un
ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida, a la integridad física y
psíquica, y finalmente el derecho de propiedad de sus vecinos.
Dentro de las ilegalidades alegadas en los recursos de protección presentados
contra la RCA que calificó favorablemente la iniciativa de EFE, se encuentra el
fraccionamiento del proyecto Rancagua Express, en tres subproyectos, a fin de
variar el instrumento de evaluación ambiental. Al hacer esto, la presentación
ingresó al SEIA como Declaración de Impacto Ambiental, siendo que debió hacerlo
por Estudio de Impacto Ambiental, toda vez que generará graves consecuencias
ambientales y sociales, que debían ser evaluados de forma conjunta. Entre las
alteraciones que la construcción y operación del Proyecto Rancagua Express
generarán, se cuentan el reasentamiento de comunidades humanas, alteración
significativa de los sistemas de vida y costumbres, y riesgos a la salud de las
personas. Ninguno de esos impactos fue evaluado ni considera medidas de
compensación, reparación o mitigación para las personas y comunidades afectadas.
La Corte de Apelaciones de Santiago, declaró inadmisibles ambos recursos de
protección. En su resolución, la I. Corte señala que los hechos descritos “…
sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto, toda vez que las materias
planteadas deben ser ventiladas en el procedimiento contenido en la Ley 20.600,
ante el Tribunal Ambiental creado especialmente al efecto“. Estas resoluciones,
contravienen lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la
República, que crea el recurso de protección teniendo por objeto que las Cortes
conozcan de los actos u omisiones ilegales que quebranten derechos fundamentales
protegidos por nuestra constitución, señalando “… sin perjuicio de los demás
derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales
correspondientes”. Lo anterior reviste aún más gravedad, dado que la Ley Nº
20.600, que crea los Tribunales Ambientales, no considera ninguna acción específica
que tenga una finalidad cautelar similar al recurso de protección, dejando un vacío
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de justicia para los directamente afectados por este tipo de irregularidades, cuando
el proyecto aún no se encuentra en fase de ejecución.
Contra las resoluciones de la Corte de Santiago que declararon inadmisible los
recursos de protección, FIMA interpuso recursos de reposición y de apelación en
subsidio, mas la Corte de Apelaciones desestimó ambos. Finalmente, y con la
autorización de los representados, se presentó un Recurso de Queja respecto del
pronunciamiento de la Corte que resolvió el recurso de reposición, y un recurso de
hecho contra la resolución que desestimó el recurso de apelación. Conociendo del
recurso de hecho, si bien la Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de
Apelaciones en cuanto a que no procedía recurso de apelación respecto de la
resolución que no admitía a trámite el recurso de protección, haciendo uso de sus
facultades disciplinarias revirtió de oficio la resolución por medio de la cual la Corte
de Santiago había declarado inadmisible dicho recurso, ordenándole dar curso
progresivo al procedimiento. Este recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones
posteriormente, lo cual fue confirmado por la Corte Suprema, bajo el argumento
que había entrado en vigencia los Tribunales Ambientales, correspondiendo a esa
instancia resolver el asunto.
Adicionalmente, asesorando a los vecinos de la comuna de Lo Espejo se presentó
una reclamación administrativa ante el SEA por no haber considerado las
observaciones ciudadanas que se formularon oportunamente. Este procedimiento
sigue en tramitación ante el Director Ejecutivo del SEA, pero se encontraba
suspendido mientras se resolvían los recursos de protección. Paralelamente, FIMA
se hizo parte en una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago
por falta de consideración a las observaciones ciudadanas formuladas durante la
evaluación del proyecto, en virtud de la operación del silencio negativo ante el
Director Ejecutivo. En el mes de febrero el Tribunal Ambiental de Santiago dictó
sentencia acogiendo las reclamaciones, dejando sin efecto la RCA y retrotrayendo el
procedimiento de evaluación ambiental. Posteriormente la causa fue de
conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema a través de un recurso de casación
interpuesto por la parte reclamada. En el mes de mayo asistió el abogado Ezio
Costa a la vista de la causa, donde se formularon alegatos. Finalmente la Corte
Suprema dictó sentencia revocando la sentencia del Tribunal Ambiental y
confirmando la RCA que aprobó el proyecto. Actualmente, el caso se encuentra
pendiente ante el Director Ejecutivo que debe conocer las reclamaciones por no
considerar las observaciones ciudadanas y ante la Superintendencia del medio
Ambiente quien está conociendo ciertas infracciones a la RCA.
Durante el año 2017 FIMA se hizo parte de las reclamaciones administrativas y
procesales que se interpusieron contra la RCA del proyecto, como abogado de los
vecinos de los Espejo y El Bosque. En respuesta, el Servicio de Evaluación
Ambiental reactiva las reclamaciones y deja fuera las reclamaciones administrativas
de nuestros representados.
Bajo este contexto, FIMA comienza un nuevo litigio contra el Servicio de Evaluación
Ambiental para que consideren dichas reclamaciones. Se interpuso un recurso de
invalidación y fue rechazada. Posterior a ello, se reclamó en el Segundo Tribunal
Ambiental de Santiago.
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Actualmente estamos en la espera de la audiencia para que se vean los alegatos al
respecto.
- Mina Invierno. Isla Riesco:
El día 15 febrero de 2011, un proyecto de minería de carbón, llamada Mina
Invierno, fue aprobado por la autoridad ambiental, que se supone es el primero de
cinco proyectos desplegados en la Isla Riesco, en el extremo sur de Chile
(Magallanes). Localizado en este lugar está una de las reservas naturales más
australes del país, donde hay una gran cantidad de biodiversidad endémica,
paisajes irrepetibles, fiordos, glaciares y campos de nieve, además de varias
especies en diferentes categorías de conservación, incluyendo el huemul, el cual
corre un grave peligro.
La aprobación del proyecto surgió después que la compañía retiró sus intenciones
de incorporar tronaduras a su producción extractiva, que era una amenaza grave a
la economía tradicional de la zona de los alrededores e Isla Riesco (principalmente
la cría de ovejas y cría). Sin embargo, en diciembre de 2015, la empresa entró en el
sistema de evaluación ambiental un proyecto de modificación de su diseño original,
que incluye tronaduras, a pesar de los acuerdos alcanzados con los ciudadanos
locales.
En este caso, actualmente estamos trabajando en conjunto con la organización local
de Alerta Isla Riesco en oposición al proyecto. En este marco hemos solicitado la
participación ciudadana en la evaluación de este nuevo proyecto, que fue rechazada
en primera instancia por el Servicio de Evaluación Ambiental y confirmada luego de
solicitar la reconsideración. Hemos presentado una moción de reconsideración de
esta decisión, que fue rechazada. Ante dicha negativa se recurrió ante la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Santiago mediante una acción de protección. En Agosto de
2016 la Corte de Santiago rechazó la acción de protección, por lo que en 2016 la
causa se encuentra esperando fallo de la Corte Suprema.
Además, también fue presentada una solicitud de invalidación contra la decisión del
Servicio de Evaluación Ambiental, que permite a la empresa para emitir una
cantidad mucho mayor de material particulado sedimentable de lo que se consideró
en la evaluación del proyecto. El Comité de Ministros rechazó el procedimiento de
invalidación, por lo que se presentó una reclamación ante el Tribunal Ambiental de
Santiago.
El 2017, se continuó el trabajo contra Mina Invierno. Dentro de las principales
acciones realizadas, se destaca la formulación de alegatos ante el Segundo Tribunal
de Santiago. La sentencia aún no ha sido emitida, estamos en la espera de ella.
- Termoeléctrica Los Robles:
El Proyecto denominado “Central Termoeléctrica Los Robles” de AES Gener S.A.
tiene como objetivo proveer energía eléctrica al Sistema Interconectado Central
(SIC), contribuyendo a satisfacer la demanda por energía eléctrica en el mediano
plazo. Será emplazada en la región del Maule y considera la instalación de una
central termoeléctrica equipada con dos unidades de combustión de carbón
pulverizado, con una capacidad nominal de 375 MW de un total de 750 MW, que
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utilizará carbón bituminoso y sub-bituminoso como combustibles. La compañía ha
propuesto la construcción de un puerto de desembarco directo del carbón para ser
utilizado en sus operaciones. Los impactos que se devienen de la implementación de
este proyecto serán directos en la fauna marina que habita la zona; además existen
dos zonas de manejo de recursos bentónicos una al norte y la otra al sur del
emisario submarino que descargará los RILES de la central; el depósito de cenizas
ubicado en los alrededores y la emisión de material desde las chimeneas, así como
del sistema de transporte del carbón se suman a los gases emitidos a la atmósfera
por la combustión.
En el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa, no existen estudios
sobre biodiversidad en las áreas protegidas afectadas como la Reserva Federico
Albert y el Humedal Reloca, éste último siendo un lugar que sirve de hábitat para
aves en peligro de extinción, condición suficiente para ser declarado Santuario de la
Naturaleza por el Consejo de Monumentos Nacionales en noviembre de 2005.
Además de lo anterior, en el mismo EIA se carece de un estudio sobre la flora y
fauna terrestre y acuática.
En este caso se interpuso ante la I. Corte de Apelaciones de Talca un recurso de
protección en contra de la resolución de calificación ambiental que aprobó el
proyecto. Este recurso fue rechazado y se apeló ante la Corte Suprema, sin
embargo, el fallo fue confirmado.
A propósito de la dictación de la Ley 20.417 que reformó el procedimiento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otras cosas, debido al
transcurso del tiempo desde que fue obtenida la RCA por parte del titular del
Proyecto. FIMA ingresó durante el año 2015 a la Superintendencia de Medio
Ambiente una denuncia por caducidad de la autorización ambiental, la cual fue
acogida a tramitación por el señalado órgano y resuelta favorablemente.
Ante dicha resolución, el titular del proyecto no omitió comentarios, por lo que se
dio por terminado el caso.
- Centro de Distribución El Peñón:
La empresa transnacional Walmart, dueña de las cadenas comerciales Lider,
Express de Lider y Ekono ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental su
proyecto “Centro de distribución el Peñón”, el cual tal como fue presentado al
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) implica la construcción de un centro de
abastecimiento y distribución de casi 50 hectáreas en donde se construirán bodegas
y estacionamientos para 1.142 camiones.
Los vecinos de San Bernardo, organizados en el Comité de Defensa San Bernardo
Sur, se oponen a la instalación del proyecto puesto que pretende construirse en una
zona en dónde aún perduran las áreas verdes y la agricultura, en un sitio cercano al
cerro Chena, dónde se pretende realizar, próximamente, un parque metropolitano,
en atención a la existencia de flora y fauna nativa y a su alto valor patrimonial por
la presencia del último pucará incaico en Chile y de un cementerio incaico. Así las
cosas, la ubicación escogida implica perder un 15% de los suelos agrícolas de mejor
calidad para el cultivo agrícola y el refugio de la fauna y flora de la Región
Metropolitana.
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Desde agosto de 2015 FIMA ha estado prestando asesoría al Comité de Defensa San
Bernardo Sur para el seguimiento y actuación de los vecinos en el procedimiento de
evaluación ambiental. En este contexto hemos colaborado en la elaboración de
escritos y observaciones al proyecto con el fin de preparar una futura estrategia de
oposición a la eventual aprobación del proyecto.
Durante el 2016 se solicitó en dos oportunidades la reapertura de un período de
Participación Ciudadana, la cual fue rechazada por la autoridad ambiental.
Actualmente el procedimiento culminó con la dictación de una RCA que aprobó el
proyecto.
En el 2017 se interpusieron dos recursos de protección en contra el informe
consolidado de evaluación ambiental. El primero, por no cumplirse los requisitos
legales que establece la ley 19.300 para dicho acto. El segundo, por no haber
considerado parte de la comunidad en las actividades de Participación Ciudadana.
A raíz de esto, el Servicio de Evaluación Ambiental suspendió el conocimiento de
las reclamaciones administrativas hasta que se resolvieran los recursos de
protección. Los que fueron rechazados ante la corte de apelaciones de San Miguel.
Actualmente continuamos trabajando en el caso y viendo las nuevas acciones
judiciales a realizar.
- Protección del sitio prioritario El Puquén, Los Molles:
Con fecha 24 de noviembre de 2012 fue aprobada por Resolución de Calificación
Ambiental la “Actualización y Reformulación del Plan Intercomunal Valparaíso
Satélite Borde Costero Norte”, instrumento de ordenamiento territorial que rige en
las comunas de Zapallar, La Ligua, Papudo y Puchuncaví. El proyecto fue
presentado por Declaración de Impacto Ambiental el 17 de diciembre de 2008,
antes de la vigencia de la ley 20.417, no obstante su aprobación es posterior a la
vigencia de tal norma.
El Plan Regulador anterior, que regía desde 1996, consideraba al área de El Puquén,
en el balneario de Los Molles como una Zona de Protección Ecológica, reconociendo
el valor ambiental del lugar, por su endemismo, por la existencia de especies de
flora y fauna en estado de conservación y por su belleza escénica. Según aquella
norma, la denominación Zona de Protección Ecológica “está destinada a proteger y
preservar terrenos donde se desarrollan condiciones que permiten la existencia de
una flora y fauna con características propias del lugar”, lo que evidentemente
recoge las características enunciadas respecto del El Puquén.
A mayor abundamiento, el año 2010 el propio Servicio de Evaluación Ambiental
incluyó en su instructivo de Sitios Prioritarios de Conservación a la zona
comprendida entre Pichidangui y Los Molles, en la cual se encuentra incluida. En la
DIA presentada se establecía una “Zona Especial El Puquén”, que solo habilitaba a
la construcción de obras menores, relacionadas con el turismo ambientalmente
amigable y con la obligación de evaluar ambientalmente su conveniencia. No
obstante, debido a las modificaciones introducidas en el proceso de evaluación, se
establece a la Zona El Puquén con la denominación de Área Verde, lo cual implica
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el establecimiento de una norma más permisiva y que habilita a una intervención
mayor del lugar, de acuerdo a lo establecido por la Ley General De Urbanismo y
Construcciones imponiendo un impacto inminente en el ecosistema que antes se
encontraba protegido.
Desde agosto de 2014 FIMA se encuentra asesorando a la comunidad de Los Molles,
organizada principalmente en el Comité de Adelanto Los Molles, con la finalidad de
proteger el sitio prioritario El Puquén de la desafectación efectuada por el proyecto
de Plan Regulador. Actualmente FIMA tramita ante el Segundo Tribunal Ambiental
una reclamación por rechazo de una solicitud de invalidación de la RCA, la cual se
encuentra en espera de fallo de casación de la sentencia interlocutoria de
inadmisibilidad dictada por dicho tribunal. El 27 de septiembre de 2016 se
efectuaron los alegatos, a los que asistió el abogado Diego Lillo Goffreri.
A su vez, nos encontramos analizando otras vías de acción en lo sucesivo, dentro de
las cuales se contempla una solicitud de pronunciamiento a Contraloría por una
posible desobediencia del MINVU al dictamen 008100 de 2015 de la Contraloría
Regional de Valparaíso, que representó la resolución Nº 78 de 2014 del Gobierno
Regional de Valparaíso, que sometía a toma de razón el proyecto del Plan
Intercomunal.
Durante el 2017 el caso se mantuvo paralizado, principalmente por falta de
información y antecedentes en el caso.
- Defensa Congregación Religiosa contra Central el Canelo en el Cajón del Maipo:
El proyecto “Central El Canelo San José”, cuyo proponente es Energía Coyanco S.A., corresponde a una central hidroeléctrica que se emplaza en la ribera sur del río
Maipo, frente a la localidad de El Manzano, en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana.
El diseño de este proyecto contempla la construcción de un ducto que pasaría dentro del monasterio de la congregación Carmelitas Descalzas del Amor
Misericordioso, quienes viven desde 1995, con voto de silencio, en el lugar. Además, de perturbar la vida de las religiosas, este proyecto pone en riesgo la
existencia de especies vegetales protegidas, como es el caso del Guayacán.
Bajo este contexto, el año 2017 FIMA se hace parte del caso, en representación de la Congregación Religiosa y al Comité de Adelanto Comunidad Ecológica el Peumo, en donde se interpusieron invalidaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental de
Santiago.
Posteriormente, se reclamó en contra la RCA que resolvió las invalidaciones y reclamaciones interpuestas. Luego, se hicieron alegatos ante el Tribunal Ambiental. Actualmente estamos en la espera de la sentencia.
- Proyecto Minero-Portuario Dominga, La Higuera:
Dominga es un proyecto minero-portuario de la empresa Andes Iron SpA, que contempla la extracción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro
y 150.000 toneladas de concentrado de cobre. Su diseño abarca la creación de una mina de tajo abierto, la construcción de un puerto propio para exportar el mineral y
una planta desalinizadora.
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El proyecto se pretende instalar en la comuna de la Higuera, al norte de la región de Coquimbo, zona que se caracteriza por la presencia de una alta biodiversidad. Así,
su área de influencia afectaría parte del sector costero cercano a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, una de las áreas marítimas de mayor diversidad
ecosistémica de nuestro país y el mundo. Además de los impactos ecológicos, el proyecto generaría externalidades sociales,
afectando principalmente las actividades productivas que realizan las comunidades locales de la zona, como es el turismo y la pesca artesanal.
Bajo este contexto, el año 2016 FIMA se une a la organización Oceana para apoyarlos en la estrategia legal en contra del proyecto Mina Dominga, en donde
nuestro director Ejecutivo asume como su representante legal. De manera complementaria, Diego Lillo Director de Litigios de FIMA, asume como abogado de
la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, también contra el proyecto.
Tras un largo proceso de evaluación y manifestaciones ciudadanas en contra del proyecto, el 2017 la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo
rechaza la resolución de calificación ambiental (RCA), debido a las inapropiadas e insuficientes proposiciones que tiene el proyecto en términos de compensación y
reparación ambiental. Tras los resultados, la empresa presenta una apelación con el objetivo de revertir la decisión.
Así, en agosto del mismo año se vuelve a votar por el proyecto, esta vez presidido por el Comité de Ministros. En dicha instancia, el proyecto es rechazado debido a la
existencia de vicios y deficiente información en la línea de base, además, de las insuficientes medidas de mitigación, compensación y reparación que no estarían haciéndose cargo de manera adecuada de los impactos medioambientales y de la
salud de la personas. Dada la resolución del Comité, el titular del proyecto decide acudir al Tribunal
Ambiental para impugnar la decisión. Actualmente, estamos a la espera de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de
Antofagasta y en constante seguimiento y monitoreo del caso. 5. ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Consejo de Defensa de la Patagonia, CDP
EL CDP es formado por más de 50 organizaciones para la defensa de la Patagonia
Chilena. FIMA ha participado en las asambleas ordinarias y extraordinarias, dando a
conocer las acciones legales que hay en curso.
Waterkeeper Alliance
La Alianza Waterkeeper se encarga de velar por la protección de las aguas mediante
el cumplimiento de las leyes, responder a las quejas de los ciudadanos e identificar
los problemas que afecten a la cuenca hidrográfica bajo su protección. El 25 de
junio del 2008 se aprobó la integración de Chile a su organización con el proyecto
Maule Itata Coastkeeper.
El proyecto Maule Itata CoastKeeper considera cuidar las aguas costeras desde
Constitución (Región del Maule) hasta Cobquecura (Región del Bío -Bío), así como el
fortalecimiento de los derechos civiles y ambientales de los habitantes de este
sector. El proyecto comenzó a operar en diciembre de 2008, a cargo del vigilante
Rodrigo De La O, y desde entonces, ha habido numerosas denuncias de los
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ciudadanos ante casos de contaminación, algunas de las cuales han dado origen a
juicios en que FIMA ha asumido la defensa. Además, se han realizado seminarios y
talleres para la comunidad sobre participación ciudadana, lo cual ha contribuido
para articular redes que han fortalecido a la comunidad y han facilitado la labor de
protección de las aguas de la zona.
Red por los Ríos Libres
La red por los Ríos Libres es una plataforma de diálogo entre diversos actores para
compartir experiencias y generar apoyo en la defensa de los ríos y territorios. Se
conforma el año 2016 producto de la preocupación de organizaciones, líderes
ambientales, comunidades y agrupaciones locales ante las amenazas que enfrentan
los ríos de nuestro país.
El 2017 FIMA se integra a la Red, participando activamente en los cuatro encuentros
convocados. A su vez, formamos parte de la comisión de comunicaciones y derecho.
E-LAW
Environmental Law Alliance Worldwide o Alianza Mundial de Derecho Ambiental, es
una organización fundada en 1989 y formada actualmente por cerca de 300
estudios jurídicos y científicos de más de 60 países. Su objetivo es proporcionar a
abogados locales de interés público, junto a científicos y técnicos, el entrenamiento
y recursos necesarios para la protección del medio ambiente en sus comunidades, a
través del uso de la Ley. FIMA es su representante oficial en Chile desde el año
2000.
AIDA
Asociación Interamericana de Defensa Ambiental. Fundada en 1996 en un esfuerzo
mancomunado de ONGs americanas, con el fin de fortalecer la capacidad de todos y
cada uno de sus miembros para enfrentar la grave amenaza ambiental que las
actividades económicas y la extracción de recursos naturales desenfrenada
representan en la región. Como organización busca la aplicación y cumplimiento de
la legislación ambiental a nivel nacional e internacional, y promueve los mecanismos
de participación ciudadana necesarios para asegurar la efectividad de las normas.
FIMA es el único integrante nacional desde su fundación, representado por Don
Fernando Dougnac como miembro del Directorio.
Iniciativa de Acceso en América Latina y El Caribe (TAI sigla en inglés)
La Iniciativa de Acceso es una red global de organizaciones de la sociedad civil
dedicada a mejorar el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones sobre
asuntos ambientales fortaleciendo el cumplimiento de las políticas y legislación
ambiental. En América Latina y el Caribe la red está presente en 16 países. FIMA es
socia de esta red desde 2012.
NAMATI: Innovations in Legal Empowerment
Namati es un una red global de defensores legales de base que surge el año 2011.
Su principal objetivo es entregar a las personas y comunidades la capacidad de comprender y usar la ley.
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La red tiene cuatro líneas de trabajo: Protección de tierras comunitarias, justicia ambiental, asegurar los derechos de la ciudadanía y derecho a la salud.
Actualmente está conformada por más de 1.000 organizaciones del mundo, en
donde se está constantemente trabajando para llevar la justicia a todas partes.
Bajo este contexto, en junio del 2017 FIMA se hizo parte de la Red Namati junto a organizaciones de la sociedad civil provenientes de 13 países de Latinoamérica, con
el objetivo de intercambiar experiencias, estrategias, realizar actividades en conjunto y fortalecer los derechos humanos y el acceso a la justicia en la región.
6. SITUACIÓN FINACIERA
Nuestras fuentes de financiamiento para el año 2017 fueron fundamentalmente de
donaciones de las siguientes organizaciones:
- TIDES /Patagonia - Global Greengrants Fund /Marisla - Fundación Heinrich Böll, Cono Sur - Conservation, Food and Health Foundation (Recibida en diciembre de
2017, tras un ) - Inter-American Foundation (IAF) Se alargó el periodo de ejecución del
proyecto hasta marzo de 2018, manteniendo el financiamiento recibido
en septiembre 2015, siendo el último desembolso en enero de 2017. - Waitt. Small grant para 6 meses.
- Ministerio Medio Ambiente. Licitación de cursos online de educación ambiental.
- Goldman Prize
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7. ANEXO
A. CAPACITACIÓN Y EMPODERAMIENTO LEGAL
-Curso de Capacitación de Derecho Ambiental en el Ámbito Municipal:
Ilustración 1: Alcalde Municipalidad de Valparaíso, Sr. Jorge Sharp , en la inauguración del curso.
Ilustración 2: Clases de Diego Lillo, Director de Litigios de ONG FIMA.
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Ilustración 3: Foto final del curso y entrega de diplomas.
-Proyecto Incide, “más derechos, más acción”, San Pedro de Atacama:
Ilustración 4: Dirigentas de Regantes San Pedro y Vilama en la Dirección General de Aguas
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Ilustración 5: Reunión Dirigentas y Secretario General DGA
Ilustración 6: Reunión Dirgentas y Senador Comisión de Agricultura
Ilustración 7: Reunión estratégica con Comunidad Coyo para Declaración de Santuario de la
Naturaleza Laguna Tabinquiche.
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Ilustración 8: Reunión de trabajo Asociación de Regantes San Pedro.
Ilustración 9: Participación en Jornadas del Agua
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Ilustración 10: Participación en Jornadas del Agua
Ilustración 11: Visita de regantes a Santiago, reunión con ctores clves y organizaciones ambientales.
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Ilustración 12: Conversatorio ONG FIMA y Dirigentas Asociación de Regantes Río San Pedro y Vilama.
Ilustración 13: Conversatorio ONG FIMA y Dirigentas Asociación de Regantes Río San Pedro y Vilama.
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-Fortalecimiento de comunidades de Chiloé para la defensa de sus derechos
frente a la industria extractiva:
Ilustración 14: Taller “Derecho Ambiental Ciudadano” en Parque Nacional Chiloé.
Ilustración 15: “Tercer Cabildo por el Agua: Construyendo soluciones comunitarias y participativas por nuestra
Agua”
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Ilustración 16: Taller con la agrupación de vecinos de Aucar y miembros de la organización Defendamos Chiloé.
Ilustración 17: Taller de Planificación Santuario de la Naturaleza Río Chepu, Chepu.
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B. DIFUSIÓN E INCIDENCIA PÚBLICA
-VI Seminario de Derecho Ambiental Fima: “Estado y Medio Ambiente: El control del poder en materia ambiental”:
Ilustración 18: Afiche VI Seminario de Derecho Ambiental Fima.
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-Participación Cumbre del Clima de Bonn (COP23):
Ilustración 19: Nuestro Director Ejecutivo y Directora de Proyectos en COP23 Bonn, Alemania.
C.- INVESTIGACIÓN
- Revista justicia Ambiental:
Ilustración 20: IX Edición Revista Justicia Ambiental
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Ilustración 21: Lanzamiento IX Revista Justicia Ambiental
Ilustración 22: Lanzamiento IX Revista Justicia Ambiental.
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- Proyecto Municipio Verde:
Ilustración 23: Lanzamiento Plataforma web Municipio verde
Ilustración 24: Equipo Municipio Verde en el Lanzamiento Plataforma web Municipio Verde
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Ilustración 25: Equipo Municipio Verde en la Feria de emprendimiento verde organizada por el Comité Ambiental
Comunal de la Municipalidad de Providencia.
Ilustración 26: Nuestra Coordinadora de Estudios exponiendo sobre Municipio Verde en Charlas TEDx Universidad Adolfo Ibáñez.
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5. ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES
RED POR LOS RÍOS LIBRES
Ilustración 27: Encuentro de la Red de los ríos Libres.
