Nuevas territorialidades
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Nuevas territorialidades en América Latina. ¿Se borran
límites? ¿Se amplía ciudadanía?
Prof. Leticia García
Facultad de Ciencias Humanas
Dpto. de Geografía
La presente ponencia no es producto ni objeto de investigación
personal, solo atiende a considerar algunas claves del análisis
territorial en la tarea docente.
A juicio de superar visiones de los territorios sujetos a límites
estatales, regionalizaciones subnacionales y sujetos “abstractos” se
propone mirar el territorio desde contextos más amplios y desde
múltiples perspectivas.
Desde ese lugar, pensar en las (re) emergencias en América
Latina nos remite a las luchas contra el neoliberalismo, a procesos
identitarios abiertos, a migraciones que condicionan a millones de
personas sin territorios, a cómo (no) querer ser gobernado, a cómo
relacionarse con los recursos naturales, con el trabajo etc. En este
análisis ya no cuenta una sociedad en términos “homogéneos” sino
que comienzan a develarse, a través de discursos y de acción
concreta aquellos ocultados o “subalternizados”1 en la historia y el
espacio latinoamericano.
¿Cómo relacionar esta diversidad con el territorio y cómo se
relacionan ellas con el territorio?
Es que las relaciones son constitutivas, las prácticas, las
intencionalidades tienen su impronta en el territorio y a la vez él
mismo construye relaciones (de exclusión-inclusión).
1 Esta noción extendida a los llamados “estudios subalternos”, se ocupa así de
campesinos, mujeres, trabajadores informales, o grupos relegados en función de su
origen étnico, el color de su piel, sus tradiciones religiosas, etc. No solo visibilizan
sino que apuntan a repensar las posiciones ocupadas por los grupos sociales.
Lo nuevo en las representaciones de estas reemergencias y nuevos
movimientos sociales son sus prácticas, donde la demanda,
visibilización de inequidades, dan espacio a la necesidad de construir
nuevas nociones de ciudadanía y territorios, sobrepasando límites
estatales, conformando paisajes y nuevas fronteras.
Reconocer en el territorio los cambios de acciones colectivas
relacionadas con la democratización política, económica, social (lucha
contra la exclusión), ambiental y la equidad de género permite
superar la visión (esencialista y abstracta) de un estado inmutable y
de territorios enmarcados por líneas estatales, tensionando la
territorialidad al “conjunto de prácticas de control social orientadas a
gestionar relaciones de presencia-ausencia y de inclusión-exclusión de
personas, objetos o acciones”.
Esta concepción enmarcada en el concepto de espacio social permite
el ingreso de “la política” en la agenda teórica, variable clave para dar
respuesta a nuevos temas, nuevas preguntas en el ámbito académico
y escolar geográfico.
Claves que minan el territorio “homogéneo-isomorfo-estable”
Lo estatal
La tendencia a la trasnacionalización económica política y cultural,
implica cambios irreversibles, fundamentalmente en el concepto de
estado-nación, como unidad natural del poder autónomo y de la
soberanía territorial.
En la actualidad esta centralidad deja paso a la permeabilidad de los
límites internacionales a la globalización en la producción, comercio,
consumo en la cultura y a la pérdida de control de los estados sobre
sus destinos.
Lo cultural
La liberalización económica mundial ligó formas de liberalización
cultural transformando el sentido de las soberanías estatales en
soberanías móviles, término acuñado por A Appadurai.
En ese sentido la movilidad creciente de la población trasciende estas
fijaciones y transplantan sus propias prácticas culturales a otros
territorios quedando desvinculados de su nuevo entorno “nacional”.
De esta manera la clásica visión de soberanía territorial como relación
jurisdiccional comienza a impregnarse de un carácter filiativo y
cultural.
Esto plantea la necesidad de repensar las relaciones entre cultura y
territorio en contextos de flujos trasnacionales y proyectos
supranacionales considerando que las relaciones se transforman
cuando las personas migran y los símbolos atraviesan fronteras.
(Grimson A 2003)
Lo político, reconocimiento y diferencia
También, las prácticas democráticas han ido perdiendo sentido de
totalidad comprensiva basadas en el sentido histórico de las
relaciones sociales (clases sociales) y el Estado (régimen político)
convirtiéndose en democracias formales.
Cabe advertir algunas paradojas, mientras las concepciones modernas
de ciudadanía2 se unen a formas de universalismo democrático,
tendientes a exigir un pueblo homogéneo con paquetes
estandarizados de derechos, las realidades del pensamiento
etnoterritoral en las ideologías culturales del Estado-Nación,
demandan que se discrimine entre diferentes categorías de 2 Ciudadanía es un concepto con una historia previa considerable y ha sido y sigue
siendo un concepto impugnado y en constante evolución. En América Latina el
dominio español dejó huellas en sus códigos legales y en una configuración cultural
que dio al catolicismo una influencia particular sobre la vida de las mujeres; el
colonialismo legó una herencia de división étnica de desigualdad racializada que
retardó la inclusión de negros e indígenas en el cálculo político de la ciudadanía
(Molyneux,M. 2001). La emancipación, con sus presupuestos de “igualdad” ante la
ley, la idea moderna de ciudadanía en la constitución de los estados modernos y la
concepción de ciudadanía global van tejiendo un campo fragmentado, recortado no
solo de derechos sino de garantías para las mujeres (otros).
ciudadanos aún cuando todos vivan en el mismo territorio.
(Appadurai,1999)
Elizabeth Jelin, abre algunos interrogantes acerca de la
articulación e integralidad de derechos universales.
Si bien en América Latina aparecen soluciones económicas
coyunturales como condición necesaria para garantizar otros
derechos, como respuesta a la lógica individualista neoliberal, el
sistema no ha cambiado, por lo tanto no existe ciudadanía plena en
escenarios de exclusión, desigualdad, inequidad, en definitiva,
tampoco democracia porque no se incorpora a enormes masas
sociales.
Pero las numerosas e incesantes grietas de esta normalización
(las vidas que no entran en este proyecto) comienzan a ser ámbitos de
disputa.3
Los supuestos de la democracia moderna marcan un camino donde no
hay autoridad (sobrehumana) por encima de la sociedad , de esta
3 Este rasgo dinámico nos permite hablar de la ciudadanía como proceso de
«descubrimiento » y construcción de nuevos derechos. Por ello mismo, como
concepción y como práctica, como horizonte referencial de la sociedad, la
ciudadanía tiene un enorme potencial transformador. Y es que justamente por este
ambivalente y contradictorio contenido, es un «terreno de disputa». Así, es también
un principio movilizador. Lo que define el movimiento de la ciudadanía es la
dinámica de exclusión-inclusión en relación con la sociedad y sus poderes.
Las formas de expansión de las ciudadanías generalmente han correspondido a un
doble movimiento: desde abajo, a partir de las luchas de diferentes grupos no
hegemónicos que han buscado ampliar sus derechos ciudadanos; y desde arriba, ya
sea por la presión de los excluidos, o por los intentos populistas
o modernizantes de los Estados en la región. Los derechos ciudadanos otorgados
desde arriba han significado siempre una continuidad y han sido vistos o utilizados
como mecanismos de cooptación o neutralización (por ejemplo la ampliación del
voto a las mujeres por gobiernos dictatoriales), pero también han logrado ampliar el
horizonte referencial de las sociedades. La construcción de la ciudadanía desde
abajo no solo ha significado la extensión real de los derechos ciudadanos sino
también una expansión simbólica, en las sociedades y en las subjetividades, del
ejercicio ciudadano y del espacio (V Vargas Valente,1999:9)
manera la justicia queda anclada en la existencia de un espacio
público de debate y la participación de la esfera pública se convierte
en un derecho y en un deber.
Esta perspectiva auto-referida de las nociones de derecho y
ciudadanía, según Jelin, tiene consecuencias importantes en la lucha
contra la discriminación y la opresión y habilitan espacios para
nuevas/viejas reivindicaciones.
Pero si las políticas de la ciudadanía son materia de disputa también
lo son sus supuestos fundantes. Los críticos posmodernos han atacado
su racionalismo y sus premisas universalizadoras, negando a la vez la
validez y la utilidad del concepto en un mundo caracterizado por la
fragmentación y la globalización y en el que se afirma el ciudadano
sustituido por el consumidor.
Ante la crítica que exige que la ciudadanía sea despojada de sus
pretensiones universalistas y reformulada como un medio para
promover otros principios –los de localismo, pluralismo y diferencia-;
otros no obstante, consideran que este universalismo es una defensa
necesaria y esencial frente a la creciente amenaza a los derechos de
las mujeres y las minorías.
A pesar de su diversidad4 el feminismo latinoamericano transitó por
caminos comunes: el impulso por proyectos amplios de reforma social
4 La lucha de las mujeres por la igualdad durante más de un siglo tenía como
referencia el modelo de igualdad propuesta por los hombres, lo que era incompatible
con la igualdad de género. A pesar de la antinomia el movimiento feminista en este
período fue fundamental para establecer una nueva situación social y política para
las mujeres y para su constitución como sujeto. La emergencia posterior a 1960
trajo el cuestionamiento radical a la forma en que las relaciones sociales son
estructuradas. La opresión y la subordinación de las mujeres bajo esta nueva óptica
están localizadas en el sistema de poder patriarcal todavía vigente y la
transformación de las relaciones de género pasa ser el eje principal de la lucha
feminista. A partir de allí los análisis deconstruyeron la naturalización de las
relaciones jerárquicas y señalaron caminos y medios para sus superación ( la
recreación de lo cotidiano evidenciaba la opresón y la explotación como una
construcción social) (Avila María Betania,2000)
que hicieran realidad derechos de las mujeres (derecho al voto,
educación, al trabajo, al control de sus propios bienes…),formas de
activismo participativo en sectores populares, comunitarios, ong , y la
consideración del estado como espacio de intervención feminista5.
Esto último se refleja en ámbitos no solo deliberativos que apuntan al
sistema legal (leyes de violencia doméstica; cupo de representación
política; salud reproductiva; legalización del aborto; divorcio; patria
potestad; trata y explotación…); sino en representación estatal ante
organismos nacionales, supranacionales y cumbres.
Estas acciones enfrentan según Molineux,M algunos aspectos
diferenciales según variabilidad espacial-cultural con respecto a la
formación de género; a la existencia de brechas entre derechos
formales y sustantivos y a la presencia de una frontera móvil tanto
real como simbólica del espacio público/privado.
Según Avila, M Betania la organización alrededor de la obtención de
derechos sociales ocupa un lugar importante en la escena pública de
movimientos feministas y de otros segmentos de mujeres en América
Latina. En este contexto la lucha por una atención integral a la salud
de la mujer ha sido prioridad en el pliego de reivindicaciones. Hoy la
Salud Reproductiva de las personas aparece como un nuevo punto de
la agenda política, pero este todavía es un debate restringido y no
aparece aún como una reivindicación política. Aún son considerados
como una demanda de las mujeres para las mujeres (incluidos los
discursos en contra que los dirigen hacia las mujeres) de ahí la
necesidad de transformarlos en una cuestión de interés general.
Los derechos reproductivos tienen que ser comprendidos en una
dinámica histórica del feminismo que al superar la idea de lo
específico como aislado o apartado pueda construir conceptos y
5 Las acciones políticas dirigidas al Estado llevan a cabo una doble acción, amplían
las áreas de actuación social del estado al mismo tiempo que defiende un Estado
comprometido con el bienestar de la población…el movimiento reivindica el carácter
laico del Estado como un punto fundamental de la vida democrática (Avila María
Betania,2000:71)
principios que sirvan como referencias para la redefinición política y
de las condiciones sociales y económicas, no solo de la vida de las
mujeres sino también de la sociedad como un todo.
Los derechos y garantías en sentido amplio y los espacios
conquistados son de permanentemente disputa; por un lado desde,
ofensivas conservadoras que equiparan ciudadanía a obligaciones,
instalando esta idea de ciudadanía contribuyente; los “desvíos” de
políticas públicas hacia “derechos tutelados” que sustentan derechos
formales sin ejercicio de ciudadanía y la idea de ciudadanía global con
su cara y contracara juegan en este escenario.
en la acción y el reconocimiento
En principio habría que considerar que estas nuevas formas de
participación parten de un contexto de crisis de representación en
toda América Latina y junto al planteo de nuevas formas de hacer
política se incorporan ciudadan@s de otras esferas para construir y
expresar colectivamente intereses, reivindicaciones y valores
comunes.
Lo novedoso es la expansión de la lucha política de los lugares de
exclusión económica a ámbitos como el género, las identidades
étnicas, religiosas y las representaciones artísticas, o aspectos de la
vida cotidiana misma como las relaciones familiares, el trabajo, y los
consumos colectivos, el ambiente. Otra cuestión novedosa es la
metodología y las formas de organización, ya que se advierte una
explosión de organizaciones de base y asociaciones locales que
cambiaron ciertas prácticas (sindicales, políticas-partidarias)
reivindicando sus propias historias y derechos.
Es interesante rescatar que un movimiento social puede reunir un
amplio número de organizaciones específicas más o menos
institucionalizadas, con diferentes ideologías y mecanismos de acción
con intereses e identidades heterogéneas. De allí que las formas de
incidir en la esfera pública y de presentar sus reclamos sean diversos
y creativos; además de que sus acciones van dirigidas no solamente al
Estado sino a la sociedad civil.
Con respecto a las continuidades se cree que la lucha por derechos
económicos, acceso a los medios de producción es una vieja lucha que
se resignifica con el rechazo al neoliberalismo por demanda de
derechos perdidos, niveles de vida degradados, o por desempleo. El
MST, forma parte de esa demanda histórica de mayorías sin tierras,
junto a reivindicaciones sobre tenencia de la tierra rural, lo urbano se
hace sentir en el mismo sentido a través de organizaciones de base en
torno a cuestiones de vivienda, loteo y regularización de barrios,
trazados de calles y provisión de servicios. La desigualdad ha sido
parte de continuidades históricas; estas nuevas prácticas colectivas,
asociativas y diversas forman parte del escenario de ruptura, y de
posibilidades para América Latina.
A modo de síntesis
Estos campos de disputa en múltiples terrenos políticos,
sociales, económicos tienen siempre impacto en el territorio.
Alguno de ellos visibles en el paisaje, es el caso del movimiento
de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, quienes imponen una
racionalidad absolutamente opuesta al modelo imperante. Sus
acciones primarias de lograr reconocimiento y legitimidad proyectaron
en el ámbito de la política estatal el debate sobre la reforma agraria; y
lograron la obtención de expropiaciones para asentamientos
colectivos de pequeños productores agrícolas, conformación de
asociaciones y cooperativas de producción, crédito y comercialización,
trascendiendo objetivos individuales y potenciando la organización
colectiva.
El impacto no solo es productivo –enmarcado en la lógica de la
soberanía alimentaria y producción de alimentos “seguros”- sino que
se extiende a otros aspectos territoriales que son los sociales y
culturales, conteniendo más de 1800 escuelas en sus asentamientos
junto a planes de alfabetización para adultos
Otro campo visible surge a partir de las experiencias colectivas
surgidas en torno a los movimientos sociales, de principios de los 90 y
hasta los primeros años del nuevo siglo, que provocaron en muchos
países de la región un desplazamiento de los modos de gobernar.
Algunos casos como el Boliviano, o el Ecuatoriano, obligaron a la
interpretación de algunos núcleos críticos manifestados por estas
nuevas insurgencias, generando un punto de inflexión al interior del
paradigma de la gubernamentalidad neoliberal. “…Interesa marcar
aquí el sentido de la secuencia: fue el poder destituyente de estos
movimientos el que impugnó y puso en crisis los dispositivos
financieros, de asistencia social subordinada, de expropiación ilimitada
de los recursos y de racismos consolidados (de la gubernamentalidad
neoliberal) y el que permitió de uno u otro modo la llegada al poder de
los gobiernos “progresistas”(Colectivo Situaciones,2009:20).
En medio de la crisis, fueron los movimientos y las experiencias de
una nueva radicalidad las que pusieron en cuestión la gestión
neoliberal del trabajo y de lo común (recursos, tierras, bienes públicos,
conocimiento,).
Otra expresión espacial, ligada a derechos en disputa, como los
derechos reproductivos, la igualdad de género, lucha por la identidad
y la diferencia son perfectamente maleables. La lucha por el Deseo a
la autodeterminación sobre el cuerpo y la sexualidad, abrieron camino
a la visibilización de violencias ejercidas sobre mujeres y otros que
hasta el momento permanecían silenciadas en el ámbito construido
como privado.
Reconocer en el territorio los cambios de acciones colectivas
relacionadas con la democratización política, económica, social (lucha
contra la exclusión), ambiental y la equidad de género permite
superar la visión (escencialista y abstracta) de un estado inmutable y
de territorios enmarcados por líneas estatales, remitiendo la
territorialidad al “conjunto de prácticas de control social orientadas a
gestionar relaciones de presencia-ausencia y de inclusión-exclusión de
personas, objetos o acciones”.
Esta concepción asimilable al concepto de espacio social permite el
ingreso de “la política” en la agenda teórica, variable clave para dar
respuesta a nuevos temas, nuevas preguntas en el ámbito académico
y escolar geográfico.
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