OrdenandO el Perú

(2001-2014)TOmO I

Nota aclaratoria: Todos los artículos fueron tomados textualmente de su original.

ÁNTERO FLORES-ARÁOZ E.

ORDENando el Perú(2001-2014)

Tomo I

Setiembre 2016

Prohibida la reproducción parcial o total de este libro. Ningún párrafo, imagen o contenido de esta edición puede ser reproducido, copiado o transmitido sin autorización expresa del Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas. Cualquier acto ilícitocometido contra los derechos de pro-piedad intelectual que corresponden a esta publicación será denunciado de acuerdo al D.L. 822 (ley sobre elderecho de autor) y con las leyes que protegen internacionalmente la pro-piedad intelectual.

LIBROSIEMPRE

BUENANOTICIA

UNA

ESUN

© UNIVERSIDAD ALAS PERUANASRector: Fidel Ramírez Prado Ph.DAv. Cayetano Heredia 1092, Lima 11| e-mail: webmaster@uap.edu.pe |web-site: www.uap.pe Teléfono: 266 - 0195

ORDENando el Perú Tomo IÁntero Flores-Aráoz E.

Facultad de Ingeniería y Arquitectura UAPDecano: Ing. Oscar Lagravere Von Massenbach Ph.D

FONDO EDITORIALAv. Paseo de la República 1773Teléfonos: (01) 265 - 5022 anexo (27)Website: http//www.uap.edu.peDirector del Fondo Editorial UAP Mg. Orlando Vladimir Velásquez Alemán| e-mail: o_velasquez_a@uap.edu.pe |

Cuidado editorial: Elid Rafael Brindis/Carmen Barraza

(colección del autor)Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: XXXXN° ISBN: XXXXDerechos reservados: UAP Primera edición: Lima, 2016

Librería UAPAv. Nicolás de Piérola 444La Colmena - LimaTeléfono: 330 - 4551Website: http://libreria.uap.edu.pe

Diseño y diagramación: Leonardo Coronel Barraza

Imagen de carátula: Óleo. Moico Yaker

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 19

PRÓLOGO 21

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 23

Banco de datos personales 23

COMUNICACIONES 25

Fonofobia 25Ciberfobia 26Integración mediante telecomunicaciones 28Banda ancha y Constitución 29 ECONOMÍA 31

Dividendos de empresas 31Licencias y defensa civil 32Crecimiento y autoestima nacional 33Formalización de MyPES 35Cómo nos ven y cómo nos vemos 36Irritante contrasentido presupuestal 38Incentivos para exportar 39Camino correcto 41Licencias de construcción 42Impaciencia y precipicio 43Redistribución 44Economía social de mercado 45Dejen trabajar y producir 46Wayra 48Empresas del Estado 49

No es casualidad 50Estímulos económicos 51Economía en cuidados intermedios 52Programas coladera 53Estreñimiento estatal 54Inquietudes de nuevo año 56Optimismo y realismo 57Acción externa e inercia interna 58Panzones y alfeñiques 59Se le ve el fustán 60Modelo fracasado 61Exceso en controles societarios 62Improvisación y vacas flacas 64Orden en el INEI 65Diálogo nacional 66Cuidado: Alicia no está en el Perú 67Consideraciones presupuestales 68Penélope gubernamental 69Populismo y realismo 71El castillo de Castilla 72El seguro de Segura 73Empresarios por el Perú 74

ENERGÍA 77

Electrointereses 77¿Abaratar el gas natural o el GLP? 78GLP puede aumentar de precio 80Populismo petrolero 81Exorcismos y temores 82Gas, transporte y seguridad 83La biblia de los hidrocarburos 84Modernización de la refinería de talara 85

ESTADO Y POLÍTICA 87

Forjemos el futuro 87Observación a la ley 88Paniagua gran señor 90Disolver 91Política y Estado 93Participar en la política 94La coordinación interestatal 96Avisaje estatal 97Reforma del Estado 98Pactos: con pinzas 99Hasta el último día 100Generosas distinciones 102Los otros embajadores 103Entrar en política: ¡qué susto! 104¡Qué linda familia! 105Disolver 107Exposición en la OEA 107¿Golpe o contragolpe? 110Nadine: va o no va 111Responsabilidades del Poder Ejecutivo 112Del silencio a la elocuencia 113Sin angustias, sobresaltos ni sorpresas 114Borrachitos de figuretismo 115Entrevista: enfrentamientos y entendimientos 117Escuchar no es pactar 118Pérfidos trámites 119Patriotismo 120¿Otro semáforo? 122Diálogo: falta el cafecito 124Sin elección no hay gobierno 125¿Kamikaze? 126Miopía política 127Organismos reguladores 128

La confianza se gana y no se regala 129Consejo de Estado 131Demolición de barreras burocráticas 132Los pechadores 133Orden o shock 134

INFRAESTRUCTURA 137

¿Por qué es urgente aprobar la ley de puertos? 137Aeropuertos y colas 138Colas y turismo 140Transporte público en Lima 141Sofía no es tan santa 142¿Lucro o prestigio? 144Concesión de aeropuertos 145Churin-oyon: se cumplió 146Puertos y comercio exterior 147Choferes no son Bill Gates 148Desbarajuste aduanero 149

INQUILINATO 151

Inquilinato y luz 151Vivienda: populismo no es solución 152Exigencias paranoicas 153Avance en protección de la propiedad inmueble 155

INVERSIONES 157

Inversión y estabilidad jurídica 157Relación ambivalente peruano chilena 158Soltar amarras 159Ejecución de proyectos 161Licitaciones por encargo 162Proyectos de inversión pública 164Cambiar feble por oro 165

Sin inversión no hay empleo 166Agenda para el CEPLAN 167Inversión, ineficiencia y violencia 168Propuesta para agilizar las obras públicas 169Inversión y frustración 171Del dicho al hecho, hay mucho trecho 172Destrabar trámites 173Salir de la inercia 174Canon, obras y presupuesto 175Le tomamos la palabra 177Industriales: a confesarse 178Miopes y desubicados 179Dinamización de inversiones 180Diversificación productiva 181Destrabar inversiones 182

MEDIO AMBIENTE 185

Atentado contra la naturaleza 185Control y fiscalización del mercurio 186Pobre cóndor 188Protección ambiental 189

MINERÍA 191

Perú: país minero 191Minería y sus contradicciones 192Propósito esperanzador 193

PARLAMENTO 195

Infracción constitucional e inhabilitación 195Flores-Aráoz: inmunidad parlamentaria no alcanzaa procesos penales anteriores a la elección 196¿Contrareforma parlamentaria? 197Doble votación congresal 199

Inmunidad sí, impunidad nooo! 201Una o dos cámaras 202Fiscalizadores parlamentarios 204Cómputo de suspensiones parlamentarias 206Leyes y conferencias 207Parlamento viajero 209Chivo expiatorio 210Parche congresal 211Injusto acuerdo 213Elemental mi querido Watson 214Delegación legislativa 215Congreso y quinto suyo 217Congreso y sesiones reservadas 218Parlamento y conflicto de intereses 219Sana medida contra otoronguismo 221Lotería parlamentaria 222¿Sirve la hoja de vida? 223Intolerante debate político 224Bemoles del programa gestores 225Otra perla de normatividad innecesaria 227Caso Carranza: ¿fiscalización o persecución? 228Honores, distinciones y retribuciones 229Secretismo remunerativo 230Jiménez y vaivenes 232De su selva sus congresistas 233Boba decisión 234Remuneraciones de altos funcionarios 235A 21 años del fatídico 5 de abril 236Cuidado, no es como sea 237En TC y en DP fue peor el remedio 239De horror ¡objetan cumplir la ley! 240Viaje chicha 241Injusto veto 242Censura y precisiones 243

Necesidad pública e interés nacional 244Congreso y debido proceso 245Reforma parlamentaria 246Debido proceso en el Parlamento 247Procesos parlamentarios sancionadores 249Suspensión y retribución 250Olvidaron al tamal, la humita, y la chapana 251Reelección parlamentaria 252Más sobrecostos 254Congreso: temores y prejuicios 255¿Grupos parlamentarios o simple sumatoria? 256Asuntos de interés público 257Otra norma inútil 258Presidente o testigo 260Sacavuelta normativo 261

PRODUCCIÓN 263

Acuicultura en veda 263Mercados agropecuarios: los complican 264Escopeta de dos cañones 265

RELACIONES EXTERIORES, DIPLOMACIA YTRATADOS INTERNACIONALES 267

Ni halcones ni palomas 267Encomiable labor 268Salvar a El Salvador 270Biblioteca de la OEA 271Ahora.......el vestido! 272Diplomacia castrense 274Convención del Mar 276Advertencia de Riva Aguero 277OEA o UNASUR 279Naciones Unidas y conflictos religiosos 280La OEA y los desastres 282

Honduras y la institucionalidad democrática 283Solidaridad internacional 285Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 286Desayuno de oración 288OEA en Lima 290Espionaje 292Honduras y la OEA 293Ecuador, Perú y el mar 294A diez años de la Declaración del Milenio 296Cuba y el cambio de Fidel 297Defendamos el Mar de Grau 299Boliviamar ¿eslabón o confusión? 300Protocolo preocupante 302Culebrón diplomático 303Carta Democrática Interamericana I 304Parlamento Andino 306Carta Democrática Interamericana II 308Fortalecimiento de relaciones Chile-Perú 310Rectifican o se hunden 311Xenofobia 312Amistad peruano-ecuatoriana 313Aniversario que se debe recordar para no olvidar 315Inseguridad, violencia y criminalidad 316Vivienda y demagogia venezolana 318Realismo e ilusión de los tratados internacionales 319Tratados: cómo son y cómo parecen 321Relaciones con Venezuela chavista 322Organismos internacionales excesivos 323Cuidar a Paraguay 324Convemar: treinta años de retardo 325Lo que no entiende el marquesito 326Serenos pero no pálidos 328El tercero… es de palo 329Si, hay muerto malo 330

Corrección a Boliviamar 331Alianza del Pacífico 333Interés nacional vs. escandalete 334Desde la calle y desde el Estado 335Límite marítimo y pesca 336Menos de lo que queríamos pero más de lo que teníamos 337Se pasó de maduro 339OEA sin dientes 340Caos y desabastecimiento venezolano 342OEA con marrocas 343A manera de prefacio 344OEA con osteoporosis, CELAC y UNASUR consenilidad precoz 345Parlamento Andino innecesario 346Los embajadores exorcistas 347Mejoremos carta democrática 348Cuidado, no son Caperucita 350

SALUD 353

Ayuda de PAMS 353Salud: ficción vs realidad 354Ficción y realidad en salud 356Nuevo Hospital Loayza 357Aborto terapéutico 358

SEGURIDAD SOCIAL 361

Jueces y remuneraciones 361Nada que devolver 362Sembrando: ejemplo a seguir 364Beneficencias y su normativa 365Casa que acoge, hogar que gratifica 367Remuneraciones públicas y aumentos 368Cuidar ahorros en las AFPs 369La cosecha de “Sembrando” 370

Freno a invasiones 371Desbordante imaginación presidencial 373¡Mamita, llegó el INDECOPI! 374Remuneración mínima 375¿Ampliar o reducir demanda? 376Pensiones y reflexiones 378Trasquilados y sin lana 379

TEMAS CONSTITUCIONALES 381

Estado de excepción 381Interpelación y censura 382Propuesta y fuegos artificiales 384Desmadre 386Conflictos entre organismos públicos 387Deberes y derechos 388Corrupción y pactos 390Leyes, tratados y sentencias 391El 927 y el gran bonetón 392Limitaciones ministeriales 394Constitución ¿reforma total o parcial? 395Inmunidad e interceptación 397Solo faltó la receta del rancho 398Adquisiciones secretas 399Pobres parientes 400Reevaluar revocatoria 402Muerte civil: exceso y transgresión 403Rendición de cuentas 404Veinte años de la Constitución de 1993 406Otro intento reforma constitucional 408Cosa juzgada en peligro 409

TRABAJO Y EMPLEO 411

Descuentos remuneracionales para cotizacionesgremiales y asociativas 411Burocracia y discriminación 412

Clientelaje político 413Despapelar 415Excesos en inspecciones laborales 416Remuneraciones del Estado 418Cuidar la CTS 420Cuerda floja en empleocracia pública 421Retribuciones públicas 423Inclusión social 424Dron gubernamental 425Trabajadores estatales y CTS 426Derechos laborales y sobrecostos 427Falta candado y explicación 428

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 431

Antejuicio… no siempre 431Socorro, es el TC 433Del caos al orden 434TC y Congreso 435Faltan riendas en TC 437TC y empleo de fuerza 438Mejorar el TC 439TC ¿tenerlo o no tenerlo? 441TC e inimputabilidad de militares y policías 444Procesos interminables 445TC no es Congreso 446En BCR y en TC, de peor a pésimo 447Elección de magistrados constitucionales 448Cambio en el TC 450Publicación de sentencias 450

TRIBUTACIÓN 453

Bolsa y tributación 453Prórroga del RESIT 454

Inequidad tributaria 456Nos esquilman 457Espectáculos y tributación 458Bolsa y tributación 459Licitaciones, contrataciones y sospechosos atajos 461Exige tu comprobante 462Reducción de impuestos 463Sobrecosto oneroso a sociedades pequeñas 465¿Facilitan o complican? 466Pagar todos para pagar menos 467Ampliar base tributaria 468Construcción, IGV y detracciones 470Anuncian mejoras pero sigue el flagelo 471El peine de SUNAT 472Criterios para valorizaciones 473

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PRESENTACIÓN

Un buen ejercicio de escritura debe basarse primordialmente en dos ejercicios alternos: el de la lectura de la información escrita, y el de la lectura de la infor-mación no escrita. Desde mi punto de vista, estos dos últimos tipos de lectura deberían dar como resultado un verdadero análisis crítico, informado, sobre todo de situaciones tan complejas como la realidad de una nación.

En ese sentido, el libro ORDENando el Perú se sustenta en buena medida en esos principios básicos de la lectura-escritura de los aspectos cotidianos de un país en movimiento constante en todos sus rubros: político, social, económico, relaciones internacionales, etcétera.

Este libro traduce en palabras la lectura cotidiana de un ente en constante cambio, en permanente evolución; el devenir de una nación en sus diferentes eta-pas conforme avanza hacia el desarrollo, hacia su posicionamiento en el nuevo orden mundial.

También nos muestra que el Perú no es sólo Machu Picchu. Es más, mucho más que un atractivo turístico; es un país de ambivalencias arraigadas: riqueza y pobreza, solvencia y carencia; un Estado que pugna por salir adelante empezan-do por resolver sus problemas internos, desde sus raíces.

Lo vertido en líneas anteriores queda de manifiesto en «Impaciencia y preci-picio» (Diario Expreso, 8 de abril de 2011), en el que se escrutan en forma reflexiva las ambigüedades o aciertos de los sistemas económicos que imperan en el plane-ta y que afectan a esta región andina:

Generalmente se reconoce que ni el estatismo absoluto, ni el encubierto por socialismos utópicos o por populismos, como tampoco el liberalismo, han lo-grado sacar de la pobreza a quienes sufren por ella. Se ha acreditado que para alcanzar el bien de todos —elevando sus niveles de vida a alturas aceptables— el sistema democrático es el conveniente, aplicando por cierto, como norte para lograr el bienestar, políticas de fomento del empleo digno, lo que se logra me-diante la inversión principalmente privada.

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Otro punto importante en los artículos periodísticos publicados, y que de-bería ser una constante en el periodismo de fondo de quienes se precien de ser profesionales en la materia, es la vigencia de las ideas vertidas y su aporte a la solución, no solo a la crítica, muchas veces destructiva.

Eso, en cuanto a lo que concierne al Perú en su fuero interno. Ahora, en el también delicado concierto internacional, los vaivenes de la política están ex-puestos a fenómenos mucho más complejos, que van desde la migración y re-patriación hasta los espectros económico y político muchas veces afectados por flagelos como el narcotráfico y las guerras genocidas declaradas por las más di-símbolas causas.

Estos y muchos otros temas son analizados, criticados y sometidos al escru-tinio público en ORDENando el Perú, recogidos a mi paso por el Congreso de la República, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gabinete ministe-rial, tanto como en la dirigencia política y por mi calidad de abogado, a la sazón, lugares comunes donde tiene mayor impacto y resonancia la problemática social y todo lo que conlleva, ya sea a nivel local o mundial.

Agradezco al periodista mexicano Elid Rafael Brindis Gómez su apoyo en la edición de este libro, cuya lectura abre para todo lector asiduo, el panorama real de esta generosa tierra plena de misticismo; pero también de contrastes.

El autor.

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PRÓLOGO

Cuando mi gran amigo el Dr. Ántero Flores-Araoz me pidió que lo ayudara a hacer un prólogo para su reciente libro que será próximamente publicado, sin dudas acepté de inmediato, pues sentía que me estaba haciendo una deferencia escogiéndome para hacerlo.

No sabía hasta entonces qué temas se estaba tratando en él, por lo que le pedí me diera una copia (machote) y así poderme enterar qué es lo que él quería publicar, leerlo y resumirlo, tal como se hace con un prólogo.

Cuando así lo hizo, encontré con agradable sorpresa que se trataba de una recopilación de los artículos que Antero había escrito y publicado en diversos medios de comunicación nacional entre los años 2001 y 2014 y que ha seguido publicando hasta el día de hoy en que escribo este documento, es por eso que digo que afortunadamente no había mucho que leer sobre estos escritos, pues durante casi todo el tiempo he seguido y leído religiosamente sus opiniones ex-presadas con su típica sapiencia, ironía y criollismo muy de él, en relación con di-versos temas ligados a sus amplios conocimientos y experiencia de vida política.

Ántero es un político nato, formado en las filas del PPC, seguidor del Ideario Social Cristiano, que junto al Dr. Luis Bedoya Reyes ampliaron las bases de dicho Partido. Razones que desconozco lo llevaron, luego de ser Presidente del PPC, a iniciar una aventura propia sin egoísmos ni resentimientos con quienes fueron sus compañeros de ruta.

Dentro de sus numerosos hitos profesionales destacan el ser abogado pro-minente, haber sido congresista de la República varias veces, miembro de la Asamblea Constituyente, Presidente del Congreso, Ministro de Defensa, Em-bajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos-OEA, en donde hizo numerosos intentos de modificar la normativa de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en los últimos años se ha empeñado ad honorem, junto con varios destacados juristas, en la defensa de la juridicidad en los juicios entablados, injustamente en la mayoría de los casos, a los Oficiales

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por las ONGs “caviares” o “mamertos”, como se les llama en Colombia, las que han encontrado un nicho para generarse fondos y permanecer en vigencia. Des-taca en este campo la excelente defensa interna y en la propia Corte del injusto Juicio que se planteó contra los Comandos de la Operación Chavín de Huántar acusados de ejecuciones extrajudiciales, lo que ha levantado las iras del pueblo peruano contra dicho Organismo.

Su empeño en mejorar los sueldos y pensiones de los miembros de las FFAA ha sido meritorio, desgraciadamente por razones fuera de su alcance de tipo po-lítico, no logró todos los objetivos trazados en ese campo. También ha sido meri-torio su empeño en modernizar la FFAA y su entrenamiento.

En su reciente libro Ántero ha recopilado más de 800 artículos en dos tomos que constituyen un instrumento de consulta para muchos especialistas, histo-riadores y gente de a pie por la diversidad de temas que toca, que pasan por los constitucionales, de economía y desarrollo, de lucha por la Democracia, Ética y Política, acción parlamentaria, y misceláneos del día a día nacional, todos hechos con gran profesionalismo y sinceridad típica en él, los que al leerlos llevarán al lector a recordar los eventos más importantes sucedidos en estos años en diver-sos campos de la realidad nacional.

Todos estos artículos han sido hechos guardando rigurosas referencias y están impregnados, en algunos casos de su ya conocida ironía y franqueza.

Recientemente, Ántero ha decidido junto con otros ciudadanos notables crear el Partido ORDEN, en el que él refleja, como le dijeron muchos de los que asistieron a la presentación de su ideario, su patriotismo y conocimiento pro-fundo de la realidad nacional así como sus ideas para mejorar las condiciones de vida de los peruanos, protegiendo sus derechos a la vez que enseñándoles a cumplir con sus obligaciones, en un proyecto democrático con autoridad y sin autoritarismo.

Gracias, Ántero, por esta deferencia conmigo, ha sido un placer escribir es-tas pequeñas notas.

Luis Alejandro Giampietri RojasVicealmirante AP(R)

Ex Vicepresidente y Ex Congresista de la República Callao; La Punta. 22 Junio 2015

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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BANCO DE DATOS PERSONALES

Los sufridos ciudadanos constantemente exhortamos a los gobernantes a suprimir tanto trámite y requisitos innecesarios en la administración pública, sobre todo los que tienen que ver con las inversiones, que para que generen puestos de trabajo, deben ser sencillos e indispensables, prescindiéndose de los que no lo son.

Los parlamentarios le reclaman al Poder Ejecutivo presentar los proyectos de ley para desregular y destrabar las inversiones, olvidando que ellos también gozan de la prerrogativa constitucional de presentar proposiciones de ley.

En el ánimo que no se dejen doblegar por el insomnio, buscando normas que bien podrían derogarse o sus disposiciones simplificarse, les sugerimos de inicio, dejar sin efecto el innecesario y llamado “Registro Nacional de Protección de Datos Personales” creado por la Ley Nº 29733.

Muchos dirán ¿y qué es eso? ¿de qué se trata? Bueno pues, lo explicaremos: La Constitución en el inciso 6 de su artículo segundo enuncia el derecho de toda persona a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o priva-dos, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

Para el desarrollo de tal precepto sustantivo, bastaba que por ley se deter-minara el procedimiento para impedir la difusión de la información personal y familiar íntima y/o sensible, así como para en caso de difusión indebida, sancio-nar al infractor.

Pero no señor, se le tenía que complicar la existencia a los ciudadanos, a las instituciones y a las empresas con la dación de una extensa y larga ley, casi inin-teligible y un reglamento peor, que lejos de normar lo indispensable se fue hasta la creación del “Registro Nacional de Protección de Datos Personales” a cargo de la “Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales” del Sector Justicia.

En dicho Registro deben inscribirse los bancos de datos personales de admi-nistración pública o privada, aunque no su contenido, y en caso de omisión de

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la inscripción ello constituye transgresión a la norma y se sanciona con crecida multa.

Es el caso que para la definición de banco de datos personales, se entiende al conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, independiente-mente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico, u otros que se creen cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamien-to, organización y acceso.

En buena cuenta, un jardín de la infancia, colegio, instituto superior y uni-versidad, que tengan una relación del alumnado y sus calificaciones, ello consti-tuye un banco de datos y debería registrarse.

Una empresa que tiene la relación de sus proveedores con indicación de bienes y/o servicios que le son suministrados, pues también tiene ése banco de datos y debe registrarlo. Igual sucederá con la relación de clientes con sus direc-ciones, así como la calificación crediticia que internamente le señale la empresa.

Francamente todo este asunto es un absurdo, una exageración, más labores para los administrados, más competencias para los funcionarios públicos, más molestias para todos, ¿Y para qué todo ello? Para hacer sufrir al administrado, para sancionarlo y para que la administración pública siga acaparando informa-ción que no necesita, que no sabe dónde guardar, y que probablemente alguna vez hará una gran fogata con ella, elevando el calentamiento global.

Diario La Razón 14 de setiembre de 2014

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COMUNICACIONES

FONOFOBIA

Hasta hacen dos décadas tener teléfono, pese a ser necesario, en la práctica era un lujo, y un lujo caro, pues pocos lo tenían y para conseguir que la empresa telefónica -monopólica de aquellos tiempos- te instalara un servicio telefónico fijo, era mas doloroso para el bolsillo que parto seco. Además de oneroso, siempre se recibía la misma respuesta: “no hay pares” y casi nadie sabía sobre esos dichosos pares que estaban en los postes telefónicos.

Para arrendar una oficina o una vivienda poco importaba donde se encon-trara, en que piso, en cual distrito, a que vecindario pertenecía; todos los que querían tomar en arriendo preguntaban si tenía teléfono. En caso afirmativo la renta que se cobraba era muchísimo más alta que la del predio que no con-taba con teléfono. Los traslados de servicio telefónico también costaban una fortuna, siendo probable que algunos malos funcionarios de la empresa estatal de telefonía se “recursearan” corruptamente, facilitando las instalaciones de nuevos servicios o el traslado de los existentes.

Cuando por fin nuevamente entró el sector privado en la telefonía, algunos creyeron que por el precio que la concesionaria ibérica pagó al Estado, Atahualpa había sido vengado y parte de su oro regresó al Perú. No pagaron oro por feble, el negocio no solo fue bueno para la concesionaria del servicio, sino también para todos los usuarios y lo que es mejor, amplió grandemente su capacidad y dejó de ser un tormento conseguir línea telefónica fija. El que la deseaba la conseguía y a precios razonables, incluso se fue ampliando la cobertura telefónica a distritos capitalinos que antes ni lo soñaron y a circunscripciones del interior que creyeron que nunca alcanzarían el nivel de comunicación que hoy tienen.

Cuando la telefonía móvil llegó al país, con los entonces costosos, pesados y grandes aparatos celulares, las comunicaciones mejoraron vertiginosamente, y luego con el avance tecnológico los aparatos cada vez son mas chicos, cumplen

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mas funciones y son menos onerosos. Hoy, millones de peruanos están comu-nicados por teléfonos celulares, el mercado se abrió, hay varios operadores y existe competencia en precio y calidad.

Pese a las ventajas de los aparatitos llamados “móviles” o “celulares” que ha obligado hasta a los confeccionistas de ropa a hacer bolsillos especiales para ellos, como también lo hacen los fabricantes de carteras para dama, hay algo que nos puede llevar a lo que denominaremos FONOFOBIA, que no es otra cosa que la adversión y fastidio que genera, quienes llaman por celulares a diestra y siniestra, sin ninguna consideración.

No todas las personas son trabajadores callejeros o ambulatorios que re-quieren tener comunicación abierta todo el día. Quien tiene su hogar con te-léfono fijo o su oficina con ese mismo servicio, debería ser llamado al fijo y no abusar de la telefonía móvil que debe ser para casos justificados, salvo que el destinatario de la llamada lo tenga autorizado permanentemente. El que tiene un celular merece respeto y si por lo general lo tiene para recibir llamadas que pudieran tener el carácter de urgente, no puede ser interrumpido en sus tareas cotidianas, como se dice “por quítame esta paja”.

El usuario cambia el tono de recepción de llamadas, de sonoras a sensiti-vas, esto es a señal de vibración para no perturbar sus actividades, pero ello es insuficiente frente a quienes insisten e insisten y en muchísimas ocasiones para asuntos intrascendentes, de menor importancia o calibre, que bien pueden de-jar el mensaje a quien conteste el teléfono fijo.

Carreño, autor del famoso manual de urbanidad, no trató sobre reglas de cortesía de telefonía celular pues simplemente no existía tal servicio, mas aún, ni siquiera se imaginaba nadie que con el tiempo pudiera existir. Ni los vatici-nios de Julio Verne ni los diseños futuristas de Leonardo Da Vinci nos presagia-ron la telefonía celular. Las populares obras de Frieda Holler, entre otras, “Ese dedo meñique”, aún tratan benignamente los abusos a que nos someten usua-rios poco corteses de la telefonía celular. Esperamos que en nuevas ediciones o en otras obras, se divulgue un código de conducta para el buen uso, no abuso de tan necesario instrumento de las modernas comunicaciones.

Diario La Razón27 de diciembre de 2009

CIBERFOBIA

Para quienes aún recuerdan el artículo “Fonofobia”, no crean que le estoy aga-rrando fastidio a todo, es que simplemente hay algunas actitudes y costumbres

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que mortifican, auque quienes las practican lo hagan de buena fé y sin intención de reventar paciencias ajenas.

Al caricaturizar como “Fonofobia” al rechazo a llamadas inoportunas, re-petitivas, agobiantes y perturbadoras, por medio de la telefonía móvil o también llamada celular, pretendíamos que se tomara conciencia, que no por tener el di-choso aparatito, se tiene que estar interrumpiendo a los demás en sus ocupacio-nes, y lo que es peor, la mayoría de las veces con motivos nimios.

Hay personas que no entienden que los avances tecnológicos y científicos son para aliviarnos la vida y no para complicarla. Ello, además de los celulares, también sucede con las computadoras, sobre todo las personales de fácil traslado, sin olvidar las palm, los blackberry, iphone y tantos otros soportes de la discipli-na informática. Cuanto más pequeños son, pues más se usan.

Las computadoras nos han simplificado las comunicaciones, ya no necesi-tamos recurrir al papel ni menos aún a terceras personas que llevan cartas y ofi-cios. Ya no hay distancias, la comunicación es inmediata, tanto al enviar lo que queremos expresar como al recibir respuesta, y sin importar lo lejos que pueda estar el interlocutor.

Con las computadoras y sus programas informáticos podemos llevar la ad-ministración de negocios, de oficinas profesionales e incluso del hogar, sin olvi-dar la contabilidad, los cálculos necesarios para cualquier disciplina, como para diseñar lo que la imaginación permita, leer, escuchar y ver las noticias, sostener encuentros no presénciales, recibir instrucción a distancia y participar en entrete-nimientos, entre tantas otras cosas.

Pero hay otra utilización no idónea de tal avance tecnológico, como es el abuso que pretenden hacer infinidad de personas al enviar correos que lo único que logran es hacernos perder el tiempo y distraernos de nuestras ocupaciones habituales.

Hay correos con diferentes tipos de remitentes, como por ejemplo los chis-tosos. Se supone que quieren alegrarte la vida, pero te quitan el poco tiempo que tienes, y como el chiste viaja velozmente en el ciberespacio, recibes el mismo tex-to e imágenes de múltiples remitentes. Llegas a odiar a Jaimito, al loro, al perico así como al cura y la monjita.

Lo mismo sucede con la chismografía, pues hay personas que deben gozar dando a conocer los males ajenos, las desventuras así como los fracasos de terce-ros, y por supuesto sin olvidar las relaciones sentimentales de mengano o zutana, condimentadas con infidelidades que atentan contra la intimidad de los actores y afectados.

Hay también la cucufatería cibernética. No hay día que no te lleguen oracio-nes a cuanto santo existe o a cuanta virgen de todos los lugares del mundo que se puedan imaginar, pero lo que es peor con la amenaza de que si omites el rezo,

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pues te caerán las siete plagas del universo y sobre tú cabeza todos los males del mundo. Pero además de rezar, tienes que retransmitir la oración a por lo menos diez o veinte personas, pues en caso contrario no entrarás al reino de los cielos. Por favor! déjennos tranquilos, ya es suficiente castigo recibir tanto correo no deseado.

Pero aquí no acaba la cosa, pues te llegan horóscopos y predicciones, así como infinidad de recomendaciones para ser féliz, pero para ello debes seguir di-fundiendo los correos recibidos a todos tus contactos. Te quieren hacer cómplice de las desventuras ajenas y cuidadito que no lo cumplas, pues las maldiciones están a la vuelta de la esquina.

Seguramente para muchas personas que ya están retiradas de actividades laborales, o que les sobra tiempo, todo ello debe ser muy entretenido, como igual-mente debe ser mostrar cuanta fotografía tienen y querer intercambiar informa-ciones personales con cuanto títere con cabeza tuvieron alguna vez relación. Pero olvidan que quien recibe todo ello puede no desearlo y preferiría no recibirlo, pues el tiempo es oro y lo tienen destinado a otras actividades.

A quienes les encanta quitar el tiempo a los demás, por lo menos indaguen previamente si sus correos serán bien recibidos, para que en caso contrario se abstengan de incordiar al resto del género humano. Bien al uso, rechazo al abuso.

Revista Gente31 de agosto de 2010

INTEGRACIÓN MEDIANTE TELECOMUNICACIONES

El Estado consideró que los servicios públicos de telecomunicaciones constituyen base fundamental para la integración de los peruanos así como para el desarrollo social y económico del país, por lo cual mediante Ley Nº 29022 se declaró dichos servicios de interés y necesidad pública.

En la Ley mencionada se estableció un régimen especial y temporal para la instalación y desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos aludidos, entendiendo por ellos a los que están a disposición del público en general a cambio del pago que debe hacer el usuario por la utili-zación de los servicios.

Para facilitar la instalación de la infraestructura necesaria de los servicios públicos de telecomunicaciones, especialmente en áreas rurales, lugares de pre-ferente interés social y zonas de frontera -muchos de ellos carentes de dichos servicios- fue establecido el silencio administrativo positivo, de tal forma que si las autoridades competentes, incluidos municipios, no se pronunciaban en el término de 30 días calendarios respecto a los permisos y autorizaciones para la

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instalación de la infraestructura requerida se tenían por concedidos. Además las tasas o derechos a cobrar por las autoridades, no podrían exceder del costo real en que incurrieran.

Se dispuso también que el uso de bienes de dominio público necesarios para la instalación de la infraestructura de las telecomunicaciones sería a título gratui-to. Igualmente se determinó que otros concesionarios de servicios públicos, como los de infraestructura vial y los de electricidad, deberían brindar las facilidades que requirieran los concesionarios del servicio público de telecomunicaciones.

La misma Ley señaló diversas obligaciones que deberían cumplir los con-cesionarios del servicio de telecomunicaciones, como por ejemplo no afectar la prestación de otros servicios ni generar daños a la infraestructura de uso público ni a la de terceros.

Como vemos todas las facilidades dispuestas por la norma legal para faci-litar la instalación o ampliación de los servicios públicos de telecomunicaciones, que por su naturaleza deberían ser permanentes, únicamente se les fijó el tér-mino de 4 años, el que al haber fenecido, ha sido otorgado nuevamente por la reciente Ley Nº 29868.

Es bueno recordar que las facilidades para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones, se dio como respuesta al maltrato irrogado por muchos municipios y otras autoridades a los concesionarios del servicio, incluso fijando tasas y derechos excesivos a su total discrecionalidad que al fin de cuentas eran absorbidos por los usuarios del servicio dentro de las respectivas tarifas. Antes de prestarles facilidades les ponían dificultades.

La nueva Ley Nº 29868 –en esto con buen criterio y conocimiento de la rea-lidad- obliga al Sector Transportes y Comunicaciones, a dar cuenta al Congreso sobre las medidas que adopte para instar a los gobiernos regionales y locales a eliminar barreras que impidan la expansión del servicio al que nos estamos re-firiendo, pero sería muchísimo más conveniente que las facilidades concedidas sean permanentes y no temporales.

Diario La Razón28 de octubre de 2012

BANDA ANCHA Y CONSTITUCIÓN

Se encuentra generalmente aceptado, que quien no tiene acceso a Internet, está en situación desventajosa frente a los demás, con posibilidades remotas de am-pliar conocimientos y de participar con cierto éxito en el mundo competitivo en que nos ha tocado vivir.

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Por lo antes señalado los países hacen lo indecible para reducir la brecha di-gital y crear la infraestructura necesaria para que el acceso a Internet sea univer-sal, para lo cual es fundamental la expansión de la banda ancha. Por ejemplo en la Unión Europea cada día es mayor su esfuerzo económico para desplegar redes de banda ancha y se nota una correlación entre el mencionado acceso y el nivel de vida de los nacionales de cada país. Cuanto más sea el acceso y el uso de Internet por banda ancha, más elevado es el correspondiente nivel de vida, casi diríamos que axiomático, siendo emblemáticos casos como los de Holanda y Dinamarca.

Una encuesta de la BBC aseguró que cada cuatro de cinco adultos cree que el acceso a Internet es un derecho fundamental; a lo cual podríamos complementar con lo acontecido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el que a comienzos de julio de 2012, reconoció el derecho de las personas a la libertad de expresión en Internet, lo que en buena cuenta es la afirmación que los Derechos Humanos deben ser protegidos en el ámbito digital. Otra resolución del mismo Consejo consagró el carácter global y abierto de Internet como motor para acelerar el progreso hacia el desarrollo.

En el Perú, meses atrás, se promulgó la Ley 29904, mediante la cual pro-mociona la banda ancha y su aprovechamiento por toda persona, como medio que coadyuva al ejercicio de sus derechos y la educación, salud y trabajo, y a sus libertades de información, expresión, opinión, empresa y comercio. El propósito de tal Ley fue impulsar la utilización y masificación de la banda ancha y dispuso el respeto a la neutralidad de la red, que no deberá ser bloqueada. También dis-puso dentro de las políticas educativas, la formación de capacidades necesarias para aprovechar los beneficios asociados a la banda ancha.

Quizás lo más importante de la citada Ley es el acceso gratuito a Internet, para lo cual las entidades del Estado deben implementar centros de servicio pú-blico con conexiones de banda ancha, incluidos gobiernos regionales y locales, los que deben incorporar en sus presupuestos anuales los recursos para su cum-plimiento, y así, en el futuro podríamos tener en centros comunales, en salones ediles y en parques públicos, las facilidades para ingresar a Internet y beneficiar-nos del conocimiento del mundo global y digital.

Finlandia ha sido pionero en incorporar a su Constitución, como Derecho Humano, el acceso a Internet de banda ancha, lo que deberíamos imitar en el Perú, facilitando en esta forma elevar los conocimientos de nuestros ciudadanos, aumentar su capacidad para el trabajo, y propiciar la investigación para el desa-rrollo e innovación tecnológica. Internet es mucho más que entretenimiento y comunicación.

Diario La Razón13 de octubre de 2013

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ECONOMÍA

DIVIDENDOS DE EMPRESAS

Por Dra. Inés María Flores-Araoz C.

A principios del mes pasado, quienes estamos ligados al tema tributario, cono-cimos las tan anunciadas modificaciones en el régimen del Impuesto a la Renta, al dictarse la Ley 27804. Si bien las disposiciones previstas por tal norma regirán en su mayoría a partir del ejercicio 2003, es importante conocer sus alcances, y en esta oportunidad trataremos el tema de los dividendos.

Durante nuestra historia tributaria hemos adoptado diversos tratamientos legislativos a los dividendos, entendidos como la distribución de las utilidades generadas por los negocios, a favor de sus accionistas, socios o participacionistas. En un primer momento se consideró a los dividendos como rentas de la segunda categoría, es decir, las producidas por capitales, teniendo una regulación bastan-te detallada de los mismos.

Posteriormente, y pasando por una modificación de tasas de afectación, se suprimió la afectación a los dividendos, los cuales ya no eran considerados rentas gravables, toda vez que se afectaba la renta generada por el negocio en cabeza del mismo negocio con independencia de su distribución o mantenimiento.

Para el presente ejercicio 2002 supuestamente regresamos al sistema de afec-tación de tasa combinada. Así, al rebajarse la tasa de afectación de los negocios del 30% al 27%, se dispuso la afectación de los dividendos con la tasa del 4.1%, para llegar a la tasa combinada (afectación total en cabeza de empresa y cabeza de beneficiario) del mismo 30%. Este sistema lo que pretende no es afectar en menor medida las rentas generadas por negocios, sino aliviar temporalmente la carga tributaria de las empresas reduciendo su tasa en 3% (supuesta medida re-activadora) para compensar dicha menor afectación posteriormente al momento en que se distribuya la ganancia.

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Decimos que supuestamente pasamos a dicho régimen de tasa combinada para el año en curso, pues si bien la Ley 27513 dispuso para este año que la distri-bución de dividendos se afectaría con la tasa del 4.1%, atendiendo a la rebaja de la tasa corporativa al 27%, la reciente Ley 27804 ha dispuesto que tal afectación no entrará en vigor. De ello se tiene que durante el año 2002 gozaremos de una tasa empresarial del Impuesto a la renta del 27%, pero no llegaremos a la tasa combinada del 30% atendiendo a que se ha dejado sin efecto la afectación, en cabeza de empresa, de la distribución de dividendos con la tasa del 4.1%.

A partir del año 2003 la situación variará, pues la Ley 27804 sí ha conside-rado la afectación a los dividendos, pero esta vez en cabeza de quien los recibe, manteniendo la tasa del 4.1%. Así, los dividendos son nuevamente considerados como renta de segunda categoría en cabeza del perceptor, quien no los incluirá en su renta global anual del perceptor por estar sujetos a tasa fija y no a la escala acumulativa progresiva. Es de advertir que la afectación a los dividendos pre-vista por la Ley 27804 varias veces mencionada se aplicará a todo acuerdo de dis-tribución que se adopte a partir del año 2003, sea cual fuere el año de generación de los dividendos a distribuir.

En conclusión, el actual tratamiento a los dividendos vigente para el ejer-cicio 2002 nos permite su distribución sin afectación alguna durante el presente año, tratando de dar así un respiro en aras de una reactivación necesaria. La pregunta que surge entonces es si habrá muchos negocios que tengan dividendos a distribuir que puedan ser motor de tal reactivación.

Diario Síntesis 20 de setiembre de 2002

LICENCIAS Y DEFENSA CIVIL

Quienes desean emprender alguna actividad econòmica, sea de transformaciòn, de comercio, o de servicios, entre otras, y principalmente los empresarios de las micro y pequeñas empresas, se quejan que tienen que hacer tràmites lentos y onerosos, que les posterga la iniciaciòn de sus negocios y por cierto la generaciòn de puestos de trabajo que tanto necesita el paìs.

A los de la micro y pequeña empresa, las llamadas Mypes, se les diò faci-lidades, auque no suficientes, para su regularizaciòn y formalizaciòn y se pre-guntan ¿còmo lo haràn? si en los Municipios los ningunean y encima los obligan a gestiones interminables, teniendo que abandonar sus negocios para estar de improductivos tramitadores.

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Lo que si es kafkiano, es que mientras la Ley Marco de Licencia de Funcio-namiento establece que tal licencia tiene vigencia indefinida, el Certificado de Inspecciones Tècnicas de Seguridad en Defensa Civil, que es requisito para la pri-mera, ùnicamente tiene vigencia de dos años, debièndose renovar por perìodos sucesivos con la misma duraciòn.

Si lo anterior lo consideramos kafkiano, francamente no sabrìa como califi-car la obligaciòn de realizar visitas de Defensa Civil, a los establecimientos que cuentan con el Certificado de Inspecciòn Tènica de Seguridad (ITSDC), una vez al año como mìnimo para verificar que se mantenga el cumplimiento de las nor-mas de seguridad, y sin perjuicio de otras inspecciones.

Entendemos y es justificado, que para establecimientos destinados a espec-tàculos pùblicos, deportivos, cinematogràficos, culturales, de entretenimiento y demàs, hayan visitas e inspecciones periòdicas, lo mismo a lugares que por la gran afluencia de visitantes puedan tener màs riesgos que otros. Lo que no en-tendemos es que lo mismo se exija a consultorios mèdicos, dentales, estudios jurìdicos y contables, pequeños comercios y otros en que los riesgos son escasos, lo que obliga a sus titulares a estar permanentemente atendiendo inspecciònes de diversa naturaleza, hacièndoles perder inùtilmente el tiempo.

Raya por ejemplo en lo absurdo, en que en clubes en que existe autoriza-ciòn municipal y certificado de Defensa Civil para eventos y espectàculos, cada vez que se hace una nueva actividad de las mismas características, se les exija nuevos tràmites. Si el aforo no sobrepasa la capacidad màxima, nos parece un requisito asimismo innecesario.

Indiscutiblemente hay que cautelar la seguridad en los establecimientos abiertos al pùblico, pues se debe preservar la vida e integridad de las personas, asì como la tranquilidad de los vecindarios, pero sin excesos ni exageraciones, debièndose compatibilizar la seguridad con la simplificaciòn administrativa y reducciòn de tràmites burocràticos no indispensables, con las excepciones aten-dibles, como es la verificaciòn de recarga de extinguidores de incendios y otros elementos de seguridad y prevenciòn que lo requieran. No martiricemos a los emprendedores.

Diario Expreso11 de setiembre de 2009

CRECIMIENTO Y AUTOESTIMA NACIONAL

Es más que claro, que el Estado no puede permanentemente ser el gran emplea-dor y suplir a la actividad privada, como lo fue por muchas décadas. El rol del

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Estado tiene que ser el de promotor de las actividades lícitas y legítimas que, vía inversión privada, generen los puestos laborales que se requiere, propendiendo al empleo pleno y digno, lo que redundará en la elevación del nivel de vida de la población en el camino al bien común.

El Perú, prácticamente en las últimas dos décadas, ha seguido la direccio-nalidad deseable, esto es, crear el clima adecuado para recibir inversiones, tanto externas como internas creadoras de puestos de trabajo, para lo cual lucha contra la subversión terrorista, así como contra el narcotráfico muy ligado al terrorismo.

Para obtener inversiones no sólo se requiere normatividad legal impulsora de ellas, sino, fundamentalmente, seguridad en lo interno y externo.

Decía el maestro Roberto Ramírez del Villar, que el órgano más sensible del empresariado era su bolsillo, y no teniendo los inversores vocación masoquista, siempre reclaman tranquilidad y seguridad física para su capital humano y sus bienes, sean estos inmuebles como también maquinarias y, demás, instalaciones que precisen para sus actividades. Nuestro país en los últimos años ha obtenido un crecimiento espectacular de su PBI, que va desde el 5%, en 2002, hasta al-canzar el 9.8%, en 2008, con muy significativa reducción en 2009, derivada de la crisis económica-internacional, pese a lo cual sigue creciendo, aunque no al ritmo deseado y proyectado.

Nuestras exportaciones se triplicaron en cinco años y la inversión creció a un ritmo del 20% anual, habiendo también mejorado su posición fiscal debido al incremento sustancial de sus ingresos tributarios, a excepción del presente año, por los motivos de contagio externo harto conocido.

Las reservas internacionales netas, igualmente, han subido en la presente década de 8,180 millones de dólares en 2000 hasta 31,196 millones de dólares, en 2008. Como país, hemos recibido excelente calificación de grado de inversión. Basta referirnos a S & P, como a Fitch y a Moody’s, y en el presente año somos uno de los pocos países en que la variación porcentual del PBI se mantiene en azul, aunque modestamente. Nuestro marco legal para las inversiones evidentemente las alienta, pues tiene tratamiento no discriminatorio, acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos sin imponerse requisitos de desempeño.

Hay libertad para transferencia de capitales, beneficios y regalías. Existen reglas para garantizar la libre competencia, al igual que para la propiedad pri-vada, a lo que se agrega que el Perú es miembro de los convenios para proteger inversiones, como es Ciadi y Miga.

También es miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Está permitido para inversiones significativas, la suscripción de convenios de estabilidad tributaria y jurídica.

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El Perú ha suscrito además convenios bilaterales de protección de inver-siones, habiéndolos celebrado con diversos países para el fomento del comercio recíproco.

Ocupamos como país el primer lugar en la región en lo que es receptividad gubernamental para las inversiones privadas en infraestructura, y, según la Fun-dación Getulio Vargas, de Brasil, ocupamos el primer lugar del registro de clima apropiado para los negocios en América Latina.

Los sectores con mayores oportunidades para la inversión son los de agroin-dustria, pesca, acuicultura, actividad forestal, minería, turismo, así como textile-ría y confecciones.

En este último rubro, muchas de las más conocidas marcas internacionales hacen fabricar sus productos en nuestro suelo. Y, por si todo ello fuera poco, es-tamos avanzando en interconectar por vía terrestre el Atlántico con el Pacífico, en estrecha colaboración con Brasil.

Necesitamos seguir en la misma ruta y no en el “sendero” criminal que tanto daño ha hecho al país, debiendo redoblar esfuerzos por conseguir más inversiones que nos generen ocupación laboral digna, que nos haga salir de perdedores. El Perú tiene que ser ganador. Levantemos nuestra autoestima, hay razones para ello.

Diario Oficial “El Peruano”24 de noviembre de 2009

FORMALIZACION DE MYPES

Es ampliamente conocido, que gran parte de la economía la mueven las micro y pequeñas empresas, a las que comúnmente se les denomina “Mypes”, y por ello el Estado en diversas oportunidades ha intentado darles un régimen promocio-nal, auque sin mucha suerte, pues las disposiciones legales que se dieron tenían mucho de romanticismo y poco de estímulos. La mayoría de las veces las leyes que se dieron fueron meramente declarativas, con reiteración de términos como promover, incentivar, estimular y demás sinónimos, pero lamentablemente sin contenido real. Las buenas intenciones fueron recurrentes, pero los logros prác-ticos, francamente diminutos.

El año pasado, al amparo de delegación de facultades legislativas, el Gobierno dictó el Decreto Legislativo 1086, para subsanar las deficiencias de antaño, siendo su finalidad la formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas.

Entre la nueva normatividad se dispuso los límites de número de perso-nal y de ventas anuales tanto para las micro como para las pequeñas empresas, otorgó un régimen laboral especial para vacaciones y para compensar el despido

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injustificado. Se estableció subsidio del Estado para el Régimen Semicontributivo del Seguro Integral de Salud, reduciéndose la tasa de aporte del empleador y en cuanto al sistema de pensiones sociales, le fue dado el carácter de voluntario.

En cuanto a tributación se modificó el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) con una tasa especial sobre los ingresos netos mensuales, otorgán-dose facilidades para los registros contables y acceso a financiamiento adecuado.

Pese a todo lo antes expuesto y en el más de un año de vigencia de la norma a la que nos referimos, no se han formalizado la cantidad de Mypes que se espe-raba, y ello por defecto de la propia norma que olvidó que quienes se acogieran era porque eran informales y que al serlo incumplían normatividad laboral, de seguridad social y previsional así como omisos al pago de impuestos. Únicamen-te por cuatro meses se dió amnistía para que cumplieran con pago de obligacio-nes laborales, de seguridad social y pensionarias vencidas, si bien es cierto sin multas, intereses y demás sanciones administrativas.

Respecto a la tributación no hubo amnistía alguna, con lo cual la norma nació renga, pues quienes quisieran formalizarse tienen el temor que Sunat caiga sobre ellos para cobrar adeudos de Impuesto a la Renta, del IGV y demás tribu-tos, con los elevados intereses y sanciones pecuniarias que su omisión pudiere generar en los ejercicios no prescritos.

Por lo antes expuesto, convendría subsanar la deficiencia legislativa, am-pliando la amnistía laboral, de seguridad social y pensionaria por un plazo ma-yor, y conferir amnistía por la tributación omitida. Sin ello será difícil conseguir el resultado previsto, pese a los demás beneficios que son interesantes.

Diario Expreso11 de junio de 2010

COMO NOS VEN Y COMO NOS VEMOS

Recientemente en el diario “La Nación” de Buenos Aires, se ha publicado ar-tículo de Marcos Aguinis titulado “Envidia al Perú”, cuyo autor al regresar a Argentina después de haber concurrido como invitado a la “Feria de Libro” en Lima, describe lo que ha visto en nuestra patria y confiesa que lo asombró. Las expresiones de Aguinis se parecen mucho a otras similares que leemos en otras latitudes respecto al Perú, y que contrastan con la visión que muchísimos perua-nos lamentablemente tienen de su patria.

Dice Aguinis que le produce envidia “…que sucesivos gobiernos caracteri-zados por discursos diferentes han mantenido continuidad en varias políticas de

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Estado. No han pretendido empezar de cero y romper con todo lo precedente….se han mantenido las decisiones correctas o genuinamente beneficiosas”.

El mismo comentarista agrega que “el Perú ingresó en una ruta de progreso acelerado. La sucesión gubernamental fluye de modo coherente y lógico con la mirada puesta en el futuro” y añade como aspecto notable “el crecimiento de la inversión externa y local, que se ha traducido…en un descenso de de la desocu-pación y un incremento de la capacidad adquisitiva” sin por otro lado omitir temas pendientes en lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción.

Es probable que quienes estamos en el día a día no valoremos lo avanzado en cuatro lustros de estabilidad económica y la recuperación progresiva de la seguridad jurídica, y que tampoco percibamos la cadena necesaria para lograr el bienestar de todos, cadena que tiene como primer eslabón contar con tran-quilidad interna, estabilidad de las normas legales, tributación predecible y jus-ticia independiente, la que se une al eslabón siguiente que es la de la necesaria inversión que nos lleva a otro eslabón que es la generación de empleo decente y adecuadamente remunerado, lo que al final liga con el último eslabón que es el logro del bien común.

Es lamentable que no siempre se perciba lo avanzado y que estamos en el ca-mino correcto, pero que se requiere el deseado orden en todos los aspectos para alcanzar la meta de ser un país mejor con oportunidades para todos.

Necesitamos los peruanos estar unidos en un esfuerzo compartido para ser mejores y tener un país moderno, que siendo pluriétnico y pluricultural tiene que integrarse en la línea del respeto mutuo para llegar a ser grandes en este mundo globalizado y tan competitivo.

Si todos afirmamos nuestras coincidencias y limamos las diferencias respe-tuosamente, podremos alcanzar los objetivos trazados. No olvidemos que con el Acuerdo Nacional se sentaron las bases del entendimiento colectivo y que sus políticas tienen que ser cumplidas y sostenibles en el tiempo.

Tenemos todo lo necesario para lograrlo, contamos con recursos que la na-turaleza nos ha dado, reconozcamos la diversidad de tales recursos y sus altas potencialidades. Somos un país que tiene ventajas comparativas y competitivas frente a muchos de los que nos rodean, con un mar rico en especies, con un poten-cial humano que está convirtiendo la aridez de la costa en tierras productivas, que tiene en el ande los minerales más apreciados, que podemos contar con la energía necesaria para el desarrollo, y una selva generosa en bosques y biodiversidad que hay que cuidar con políticas adecuadas de protección al medio ambiente.

Seamos optimistas y orgullosos de nuestro país, que nos ven del exterior con sana envidia. Tenemos que seguir avanzando, atrás debe quedar el pesimismo, hagamos del Perú unido un país grande como el que soñaron los precursores

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de nuestra independencia y quienes luego ofrendaron su vida por esta patria maravillosa.

Diario Oficial “El Peruano”11 de agosto de 2010

IRRITANTE CONTRASENTIDO PRESUPUESTAL

Es mandato constitucional que la administración económica y financiera del Es-tado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. El presu-puesto asigna equitativamente los recursos públicos y debe estar efectivamente equilibrado.

En lo que se refiere a nuestras Fuerzas Armadas, el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo para su consideración y decisión, ni es equitativo ni es equilibrado, y no estamos relevando secreto alguno, pues las cifras están publicadas y son de acceso general, en donde se puede apreciar im-portante recorte en las partidas de “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios”.

Probablemente el recorte presupuestal sea aplaudido por quienes conside-ran que nuestras Fuerzas Armadas están de más, que los patrullajes en frontera se hacen con planeadores, la vigilancia de nuestro mar con veleros, y el combate al terrorismo en el Vrae con armas de juguete.

Despierten, no es así, cautelar nuestras fronteras, el espacio aéreo, el Mar de Grau, la vigilancia en nuestros ríos y lagos, los desplazamientos y acción ante desastres naturales, la movilización de personal entrenado a los lugares en que se necesita su concurso, los vuelos cívicos, el apoyo a la Policía, así como dar seguridad en los procesos electorales del próximo año, cuesta, y como cuesta el costo debe ser atendido presupuestariamente, sin retaceos que hagan peligrar el cumplimiento del deber.

Desatinos presupuestales relacionados con nuestras Fuerzas Armadas, los hemos tenido hace no muy lejos, en el quinquenio anterior, cuyos recortes lle-varon a replegar bases en el Huallaga y Vrae, así como a reducir puestos de vigilancia en el Putumayo y Cordillera del Cóndor. Recuperar espacios costó muchísimo más de lo que se ahorró con los recortes, no sólo en lo que se refiere a la logística para la recuperación de la fuerza operativa, sino también en va-lioso capital humano. El haber bajado indebidamente la guardia y volverla a colocar en su nivel en el VRAE nos ha costado la muerte de decenas de miem-bros de nuestras Fuerzas Armadas y PNP y centenares de heridos. Esto no debe repetirse.

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Es un contrasentido que se reduzca el indispensable gasto corriente y por otro se intente recuperar la capacidad disuasiva de nuestras Fuerzas Armadas, como política de Estado, lo que de modo alguno es carrera armamentista que no postulamos.

Probablemente algunos piensen que los recortes salen de menores adqui-siciones o recuperación de material defensivo. No señor, salen del presupuesto corriente, nada de lo extraordinario, que por lo demás no ha sido con recursos “frescos” sino con financiamiento interno del Banco de la Nación garantizado con los ingresos futuros del “Fondo de Defensa”. Dotar los recursos que necesita la recuperación de capacidad disuasiva elemental para el Núcleo Básico de De-fensa, es a base de palanqueo financiero.

Seguramente observadores de otros lugares, se deben frotar las manos ante nuestros desatinos.

Diario La Razón22 de setiembre de 2010

INCENTIVOS PARA EXPORTAR

Desde hacen muchos años sabemos que necesitamos exportar, pero no solamente materias primas, sino bienes no tradicionales que muevan la economía, generen puestos de trabajo, ayuden a la elevación de los niveles de vida de nuestra pobla-ción y nos pongan en la senda del desarrollo que tanto anhelamos.

El ánimo exportador no es patrimonio exclusivo del Perú, somos un país más que tiene que competir en el mundo para que su oferta exportadora goce de aceptación internacional, por lo que el Estado ha sabido renunciar a parte de los ingresos tributarios para ello y ha dictado normatividad legal que haga atractiva las inversiones para el sector exportador no tradicional en general y particular-mente para el desarrollo del sector agrícola, sobre todo en la actividad agroin-dustrial. Los incentivos otorgados han sido de diversa naturaleza, entre ellos en el campo laboral que nos ponga dentro de los rangos que tienen otros países de economías emergentes.

El Estado promueve nuestras exportaciones, amplía el universo de los paí-ses que pueden importar nuestros productos, para lo cual viene celebrando con-venios de fomento al intercambio comercial internacional, sean con tratados de libre comercio u otros de naturaleza similar.

En el año 2002 se suscribió el “Acuerdo Nacional” con la finalidad de alcan-zar el bienestar de las personas, así como el desarrollo humano y solidario, por lo que las organizaciones políticas, religiosas, la sociedad civil y el Gobierno,

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aprobaron un conjunto de políticas de Estado, que trascienden a los sucesivos gobiernos, y a cuya ejecución se comprometieron, lo que es extensivo a quienes se adhirieron con posterioridad a su suscripción.

Dentro de las políticas de Estado contenidas en el “Acuerdo Nacional” se encuentran las exportaciones, con el clarísimo compromiso de “desarrollar agre-sivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales”, por lo que es inentendi-ble que en el Congreso de la República se pretenda dejar sin efecto el tratamiento laboral especial para nuestro sector exportador.

Si queremos seguir en la direccionalidad correcta de exportar más y mejor, no pueden dejarse sin efecto los incentivos que facilitan las exportaciones, como es la pretensión de que el régimen promocional laboral permanente para las ex-portaciones no tradicionales dispuesto por el D.L. 22342, vigente por mandato de la “Ley de Productividad y Competitividad Laboral”, concluya por medidas populistas como son algunas que se pretenden para ganar fáciles aplausos o vo-tos en épocas de campaña electoral. Lo mismo se pretende con el régimen laboral especial dispuesto en la Ley que aprueba las normas de promoción del Sector Agrario – Ley Nº 27360 que nos permite dar ocupación cada vez a más compa-triotas en forma descentralizada, y peor cuando aún no se termina de salir de la crisis internacional que aún golpea y con absoluto desconocimiento del carácter estacional de la actividad agrícola. Por lo demás dichas normas no impiden a los empleadores sufragar remuneraciones dignas.

No es serio que unas normas que tienen el carácter permanente y otras pro-mocionales que aún vencerán en el año 2021, se les trata de poner fin diez años antes de que concluyan, por lo que nos preguntamos ¿quién invertirá cuando el propio Estado cambia sus reglas de juego? La respuesta es obvia.

Seremos infatigables en recordar que para que exista inversión generadora de trabajo se requiere de reglas permanentes y estables, tributación del mismo carácter, y tranquilidad interna, entre otros requisitos.

Si se suscribió el Acuerdo Nacional y se aprobaron políticas de Estado, pues hay que cumplirlas. No pueden los parlamentarios, elegidos por partidos que suscribieron o se adhirieron al citado Acuerdo incumplir sus compromisos, por más que puedan ingresar a una campaña con pretensiones reeleccionistas. Pien-sen en el país.

Diario La Razón05 de diciembre de 2010

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CAMINO CORRECTO

Parecería ser, que hay políticos que postulan a las más altas dignidades públicas en este proceso electoral, que le tienen fobia a reconocer que se debe continuar por el camino emprendido en la economía peruana, que ya cuenta con dos déca-das de estabilidad y crecimiento. No nos referimos a la institucionalidad demo-crática, en que a diferencia de la económica, únicamente la reciente década ha sido democráticamente estable.

Importante grupo de candidatos habla del cambio, y tenemos que reconocer que la palabreja es sedudctora, genera esperanza de mejoría y agrupa seguido-res, pero no hay que temer el reconocimiento a lo avanzado en veinte años en que la política no ha perturbado la economía y que ambas disciplinas han seguido sus propios caminos. Más aún la actividad política sembró las bases para el crecimiento y la mejoría de los estándares de vida de nuestra población al dictar la legislación conveniente que permite que las inversiones sean razonablemente seguras y generen ocupación laboral.

Si bien tenemos que reconocer que el panorama económico global, con los altos precios de nuestros productos minerales de exportación, ha contribuido a nuestro desarrollo, a la casi inverosímil cifra de nuestras reservas internacionales, así como a la reducción de la pobreza y pobreza extrema, ello no debe inducirnos a la autocomplacencia e inmovilismo, pues requerimos estimular otras activida-des que agreguen valor a las materias primas, y no dependamos principalmente de estas últimas.

El camino que se viene recorriendo por nuestra patria en este mundo globa-lizado, es el correcto y adecuado, las experiencias de quienes en otras latitudes lo han seguido, nos lo confirman. Evidentemente nos referimos a la economía de mercado con rostro humano, la economía social de mercado. Quienes creyeron solamente en el mercado y optaron por el liberalismo total y cayeron en la tram-pa de los títulos o papeles derivados y otras argucias financieras, hoy padecen las consecuencias de su falta de ortodoxia, al igual que los seguidores del Estado benefactor, por cierto paternalista, dispendioso y regalón que ha terminado en la inopia y lo peor sin poner a tiempo los correctivos del caso.

No caigamos en las fantasías o sueños de cambio, cuando ya contamos con la direccionalidad de ruta correcta, la que por cierto podemos mejorarla, pero no sustituirla. Aún no se ha descubierto camino perfecto.

Diario Expreso04 de febrero de 2011

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LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Dice antiguo refrán que “escobita nueva barre bien”. Algunos nuevos alcaldes creen que “barrer bien” es hacer seda y pabilo de las normas legales y del De-recho, pues han anunciado algunos que suspenden el otorgamiento de nuevas licencias de construcción en general, algunos otros restringen la suspensión para edificios multifamiliares, y otros más osados no sólo suspenden el otorgamiento de las nuevas, sino también los efectos de las ya otorgadas.

Se han elegido alcaldes, que son las autoridades locales que ejercen función pública y que como funcionarios están obligados como cualquier ciudadano al cumplimiento del ordenamiento legal, y que en el ejercicio del cargo no pueden hacer lo que les da la gana, no son reyezuelos son servidores de la comunidad a la que se deben.

No pueden olvidar las autoridades ediles que las licencias de construcción son otorgadas de acuerdo con normas legales previamente dictadas, en que se señala clarísimamente los requisitos para su otorgamiento, los trámites a seguir que tienen que ser con arreglo a los respectivos TUPA’s, y que si se hubieran festinado trámites para las licencias ya otorgadas o se hubieren incumplido re-quisitos legales y reglamentarios, para eso existe la “Ley del Procedimiento Ad-ministrativo General” que permite incluso declarar nulidades, pero ello bajo las responsabilidades que la propia Ley define.

Hay quienes se quejan porque se construyen edificios en su cuadra o en su barrio, pero si las licencias se otorgan de acuerdo a los parámetros previamente definidos, a la zonificación autorizada, a las alturas permitidas, al número de es-tacionamientos requeridos y demás especificaciones, pues no hay lugar a queja, salvo que se varíe la zonificación y consecuentemente los parámetros permisibles.

Los que adquieren terrenos para su edificación o antiguas edificaciones para demoler y construir otras modernas, lo han hecho ante el conocimiento de la zonificación vigente y de los parámetros constructivos permisivos. Si ello se desconoce, quien invirtió bajo determinadas reglas de juego es perjudicado por la autoridad que actúa con prepotencia, y quizás desconociendo que incurre en responsabilidades que pueden llegar hasta las penales por omisión o retardo de función, entre otras, y pueden ser obligados hasta al pago de indemnización para reparar los daños irrogados al administrado.

El estado de derecho implica el respeto a la normatividad legal, y los prime-ros que deben cumplir con la normatividad son las autoridades. Pésimo ejemplo darían a los administrados al incumplir las normas y a creer que no debe haber continuidad en las gestiones municipales. Podrán cambiar alcaldes y regidores, pero el municipio es el mismo, sus normas conocidas y son de obligatorio cum-plimiento mientras ellas no sean cambiadas.

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Nadie, por más autoridad elegida que sea, puede hacer lo que le da su gana. Pues no señor, no lo deben ni pueden hacer y si lo hacen tendrán que soportar las consecuencias de su falta de responsabilidad.

La construcción está moviendo gran parte de la economía y está dando tra-bajo a muchísimas personas que lo requieren, lo que tampoco se puede olvidar. Ni abuso de la autoridad, pero tampoco abuso de quienes quieren construir más de lo que por reglamentación municipal están autorizados.

Diario La Razón27 de febrero de 2011

IMPACIENCIA Y PRECIPICIO

Casi hasta el agotamiento se ha enunciado que en el mundo globalizado en que vivimos, donde las diferencias ideológicas se han reducido a simples matices, la direccionalidad adecuada en materia política es la democracia representativa. Igualmente, en lo económico, hay consenso en que lo único que eleva el nivel de vida de las diversas poblaciones es la economía social de mercado, en que las fuerzas de la oferta y demanda interactúan equilibradamente y, cuando se per-turban, el Estado pone los correctivos para encauzarla hacia el bien común que no es otro que el bien de todos.

Generalmente se reconoce que ni el estatismo absoluto, ni el encubierto por socialismos utópicos o por populismos, como tampoco el liberalismo, han lo-grado sacar de la pobreza a quienes sufren por ella. Se ha acreditado que para alcanzar el bien de todos -elevando sus niveles de vida a alturas aceptables- el sistema democrático es el conveniente, aplicando por cierto, como norte para lo-grar el bienestar, políticas de fomento del empleo digno, lo que se logra mediante la inversión principalmente privada.

Hay una larga cadena con eslabones imprescindibles, debiéndose entender que para que exista trabajo se requiere inversión y para que ella a su vez se pro-duzca es indispensable la seguridad física de los inversionistas, de su principal capital que es el humano, es decir, sus trabajadores, así como la seguridad de sus instalaciones, fábricas, depósitos, maquinarias y herramientas. Para ello se nece-sita tranquilidad social, cero terrorismo y lucha contra la delincuencia. A ello hay que agregar otros eslabones de la cadena como la seguridad jurídica, en que las reglas de juego se mantengan y cumplan, la estabilidad tributaria, y la indepen-dencia del sistema judicial que dirima controversias cuando ellas se presentan.

Llevamos dos décadas en la direccionalidad económica correcta que propen-de al desarrollo, y ello tiene que seguir, pues para lograr el éxito, que es el bienestar

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de todos, se requiere su consolidación. Evidentemente también se deberá aplicar el acelerador tanto a la lucha contra la corrupción, como a la ayuda social.

Estamos en vísperas de un proceso electoral en que notamos la impaciencia de quienes aún no sienten mejoría, pero ello no los puede llevar a empujarnos a todos al precipicio. Al apostar por opciones que, probado está, no resuelven problemas, y prestando oídos a sus cantos de sirena, más temprano que tarde habremos desandado el buen camino recorrido. No cambiemos el rumbo, pues en él está el éxito de todos, pero reconozcamos que la inclusión de quienes aún no participan del desarrollo debe ser prioritaria.

Diario Expreso08 de abril de 2011

REDISTRIBUCIÓN

Redistribuir es el verbo que todos quieren conjugar, claman por la redistribu-ción del ingreso los sectores sociales a los que aún no les ha llegado los frutos del crecimiento económico y que los políticos con aspiraciones gubernamentales ofrecen sin especificar como lo harán.

Ante lo señalado debemos precisar que hay dos formas principales de re-distribuir los frutos de nuestro crecimiento y desarrollo económico. Por un lado las subvenciones o ayuda socio-económica a quienes todavía están excluidos del mismo, pero que tiene que ser temporal; y por otro generar oportunidades para que todos se beneficien de él.

Si bien con las subvenciones de diversos tipos se mitiga la pobreza, ella no se soluciona. Tenemos infinidad de programas sociales alimentarios, vivienda, tarifas eléctricas y de otros servicios diferenciadas, aseguramiento universal progresivo en salud, mejoramiento de la educación pública, hasta entrega directa de dinero.

Lo que si eleva los niveles de vida de la población afectada por pobreza y po-breza extrema, es la creación de oportunidades laborales a través de la inversión, principalmente privada, para lo que no nos cansaremos de repetir que para lograr bienestar hay que seguir los eslabones de la cadena, como es la generación de em-pleo el que se consigue con inversión, y para la cual es necesaria la tranquilidad del país sin zozobras, reglas estables de juego, tributación adecuada y predecible y sistema judicial independiente con procesos en que se respeten los términos.

No tenemos duda que hemos avanzado y lo demuestra la mayor producción y consumo, el incremento de la población ocupada, así como la reducción de la pobreza. ¿Ello es suficiente? Claro que no lo es, pero todo no se puede hacer de golpe. Hoy muchísimas más personas reciben servicios públicos como electrici-

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dad, agua, desague, vías de comunicación, transporte, telefonía y tantos otros, para lo cual tanto el Estado como la actividad privada se han esforzado.

Tenemos dos décadas en que el rumbo económico correcto ha dado ya sus frutos y se debe continuar para que cada día existan más beneficiados con el cre-cimiento, que no es maná que baja del cielo sino el resultado de tareas coordina-das entre el Estado y el Sector Privado, por lo que ello se puede condensar en la frase deportiva “si se puede”. No perdamos la esperanza ni nos impacientemos.

Los dos grandes sistemas de redistribución no son exclusivos ni excluyentes, ambos se deben balancear y aumentar el soporte social, ayudando a los todavía no incluidos para insertarlos en el desarrollo económico y para que en el futuro, en un país con más y mejores oportunidades, el bienestar sea real y no hechizo.

Diario Expreso27 de mayo de 2011

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

En momentos en que soterradamente, desde dos diferentes vertientes, se trata de influir en los nuevos gobernantes elegidos por el pueblo y los representantes congresales del mismo, respecto a la direccionalidad económica del Perú, unos propugnando dirigismo y otros amplia libertad, es pertinente precisar que nues-tra Constitución ya la tiene definida no siendo conveniente ensayos en una u otra vía. La Constitución tiene consagrada la Economía Social de Mercado.

En efecto, en el artículo 58 de la actual Constitución de 1993 se determina que la iniciativa es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Agrega que bajo tal régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principal-mente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servi-cios públicos e infraestructura.

El antecedente cercano de lo definido en materia económica en la Constitu-ción de 1993 se encuentra en el artículo 115 de la anterior Ley de Leyes de 1979. Allí se dispuso que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado en que el Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social.

Recordemos que la inclusión constitucional del modelo de la economía so-cial de mercado, lo debemos a los constituyentes social cristianos de aquel enton-ces, los que se apoyaron en los escritos de su creador, el alemán Alfred Muller Armack, así como en el éxito logrado en la entonces Alemania Federal por su ministro de economía Ludwig Erhard al aplicar tal economía, la que en buena medida contribuyó a lo que se ha llamado el “Milagro Alemán”.

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Ni la economía centralmente dirigida desde el Estado, típica de los países socialistas, ni tampoco la economía simplemente de mercado, típica de los países desarrollados del mundo occidental, resolvieron la terrible brecha entre quienes más tienen y los que menos tienen, por lo cual la respuesta a ambos fracasos ha sido la economía social de mercado.

Alfred Muller Armack definió la economía social de mercado como “una idea de ordenamiento económico, que persigue el objetivo de combinar, sobre la base de una economía competitiva, la libre iniciativa con el avance social, asegu-rando a su vez el rendimiento de la economía de mercado”. Nótese que no es la economía de mercado en que al mercado se le trata como deidad, santificándose los resultados del libre juego de oferta y demanda, sino que hay un complemento en la función social de la economía a la que a su vez se debe añadir el componente ético, destacado por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger al advertir que “...la conformación de los sistemas económicos y su vinculación al bien común depen-de de una cierta disciplina ética...”

Cuando las fuerzas del mercado, léase oferta y demanda, se desequilibran, el Estado tiene que poner los correctivos deseados, lo que caracteriza a la economía social de mercado, que no puede agotarse en el simple enunciado constitucional, sino que debe ir incorporando sus reglas, traducidas a la normatividad legal.

La economía social de mercado debe propender al desarrollo social a la par del desarrollo económico, con equidad en la distribución de sus resultados, consolidan-do la propiedad privada pero con acceso a todos, impulsando la libre iniciativa y competencia pero sin aplicar prácticas monopólicas, oligopólicas, ni similares. Asi-mismo debe cumplir con el principio de la subsidiaridad. Tampoco debe permitir el Estado concentraciones ni menos carteles que concertan precios en perjuicio del consumidor. El Estado tiene la obligación de proteger a los consumidores de bienes y usuarios de servicios, así como establecer órganos reguladores autónomos que definan tarifas de servicios públicos, evitando concertaciones y prácticas abusivas.

Es precepto constitucional aplicar la economía social de mercado, y en ésa dirección debemos seguir, dictando la normativa que aún falta para su pleno desarrollo y lograr los resultados de su esperado éxito.

Diario Expreso28 de mayo de 2011

DEJEN TRABAJAR Y PRODUCIR

Hay legisladores y funcionarios públicos que probablemente consideran que los empresarios están sentados con los brazos cruzados y sin hacer nada, por lo

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cual hay que complicarles la vida con más papeles, trámites, gestiones, decla-raciones y cuanta cosa se les ocurre. Olvidan que los empresarios tienen que producir y trabajar duro para generar las utilidades que esperan socios y ac-cionistas, para pagar retribuciones y participación en beneficios a su personal, sufragar cotizaciones y aportes de seguridad social, así como contribuir con los impuestos con los cuales se mantiene el aparato del Estado incluido.

Hace algunos meses se les ocurrió la peregrina idea que las sociedades que no se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Va-lores (antes Conasev) porque no cotizan sus acciones en el mercado bursátil ni han recurrido al público para colocar sus acciones, deben presentar a dicha En-tidad sus estados financieros auditados, cuando sus ingresos anuales alcancen las 3,000 UIT o las superen. Eso no es todo, se les amenaza en caso de incumpli-miento con multa que puede alcanzar los 90,000 nuevos soles, que no libera de la obligación de la auditoría.

Nadie duda que las sociedades mercantiles deben ser transparentes y que sus estados financieros tienen que ser correctos, por lo cual cuando dichas socie-dades acceden al mercado bursátil y ofertan sus acciones y títulos de obligacio-nes en la Bolsa de Valores, es lógico que sus estados financieros sean auditados por auditores independientes y ello supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Sin embargo cuando las sociedades no recurren al sistema bursátil ni ofertan sus acciones al público, no tiene ningún sentido obligarlos a contratar auditorías, que además de ser costosas son en estos casos innecesarias, pues ya existen mecanismos en la Ley General de Sociedades para cautelar los intereses de los accionistas minoritarios.

En efecto, las Sociedades Anónimas Abiertas que deben contar con au-ditoría anual externa, están obligadas a proporcionar la información que les soliciten accionistas minoritarios fuera de junta. En las Sociedades Anónimas Cerradas los minoritarios pueden exigir auditorías, incluso especiales.

Como vemos hay mecanismos de protección al socio o accionista, sin ne-cesidad de la obligación genérica a todas las sociedades con ingresos anuales superiores a los S/. 10,800,000, de tener auditoría anual externa. Además la Sunat con sus fiscalizaciones se ha convertido en el mejor protector y garante del socio minoritario, pues al verificar el cálculo de los tributos, indirectamente protege a los accionistas menores.

Deroguen ya la absurda disposición, que es absurdo sobrecosto.

Diario Expreso30 de diciembre de 2011

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WAYRA

Ha transcurrido por lo menos diez años de la última vez que ví a Wayra. Estába-mos cenando en un restaurante al aire libre en una plazoleta de Cartagena, cuan-do se nos presentó Wayra y su pareja, quien después del saludo me aclaró que ése era el nombre que había adoptado, siendo su nombre inicial José Guillermo Espinosa Reyes y que era hijo de mi querida prima Winnie y hermano de Ricardo el famoso “caminante”.

Le pregunté por el significado del nuevo nombre y el motivo del cambio, a lo que me respondió que Wayra en el idioma quechua era viento y que siendo él amante de la libertad, quería ser tan libre como el viento, tan impredecible como su naturaleza, tan nómada como sus recorridos, tan rápido como su velocidad y tan suave como su arrullo.

Ahora que una empresa de rango global, que sin inhibirse por la aún espe-rada renovación de su licencia gubernamental, hace responsabilidad social in-novadora y diferente, inaugurando en nuestro país un programa con el nombre “Wayra”, inmediatamente me hizo recordar al sobrino al que me refería.

Creo que no pudieron escoger un nombre mejor pues se trata de estimular en la era digital, la innovación tecnológica, sobre todo en el campo de las comu-nicaciones. Promueve dejar volar la mente, libre como el viento, para crear cono-cimiento que permita el desarrollo en sus más variados aspectos.

En el mundo se han inscrito más de seis mil proyectos de los cuales algo más del 20% corresponde al Perú, lo que acredita el ánimo y voluntad emprendedora de nuestros compatriotas que han concursado para recibir el apoyo de una plata-forma especial de cooperación, además del capital inicial para llevar adelante los proyectos innovadores. La edad de la mayoría de los emprendedores es entre los 20 y 30 años y la solidez conceptual al exponer sus proyectos como la confianza en lo que estaban desarrollando, francamente me sorprendió gratamente.

La empresa promotora de Wayra, ha dotado al proyecto de local con toda su infraestructura física, amplias facilidades, entre las que se encuentra administra-ción, finanzas y difusión, además de poner personal al servicio de quienes con su talento propenderán al ansiado desarrollo.

¡Qué diferencia entre aquellos que ponen su mente en positivo al servicio del país, de quienes la utilizan para petardear la paz social, sembrando conflic-tividad y poniendo trabas a todo lo que significa prosperidad y elevación de los niveles de vida de nuestros compatriotas¡ Mientras unos construyen otros des-truyen. Penosa realidad.

Diario Expreso24 de febrero de 2012

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EMPRESAS DEL ESTADO

Probablemente, en el ánimo de ampliar el espectro empresarial del Estado, se dis-cute sobre la conveniencia de modificar el artículo 60 de la Constitución, el cual consagra el principio de la subsidiariedad en la acción empresarial del Estado.

Para evaluar la conveniencia o no de la reforma constitucional en el aspecto descrito, conviene ir primero al concepto del principio de subsidiariedad, el cual para Dieter Nohlen en su Diccionario de Ciencia Política, se refiere a la relación entre individuo, familia, organizaciones intermedias y la Sociedad entera o el Estado, con el fin de determinar áreas de competencia. Agrega que con la sub-sidiariedad se intenta “...establecer reglas sobre lo que incumbe a la respectiva unidad inferior de acción y debe seguir perteneciendo a ésta y donde comienza la responsabilidad de la unidad más amplia (asociaciones, Estado, comunidades supranacionales)”.

Antes aún, en 1931 la Encíclica “Quadragesimo Anno” nos decía que “…no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo....quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, y dárselo a una sociedad mayor y más elevada...”

Por la aplicación del principio de la subsidiariedad, se impide que un es-tamento mayor haga lo que puede hacer uno menor. Por ejemplo lo que pue-de hacer un gobierno municipal no hay motivo para que lo haga el gobierno regional y menos el nacional.

El principio de subsidiariedad fue incorporado a la Constitución de 1993 en su artículo 60 al disponer que sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta-mente. A dicho candado le agrega un cerrojo adicional en el sentido que la creación de empresa pública debe ser por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Como quiera que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto y la creación de empresas públicas lo conlleva, la iniciativa para ello puede partir del Ejecutivo o de otras organizaciones que gocen del derecho de presentar proyectos de normas, pero no de los parla-mentarios.

El candado, a la creación de empresas estatales tiene una explicación práctica, como es la reacción a la infinidad de empresas del Estado creadas en el Velascato, por lo general pésimamente administradas y con más que sospe-chas de corrupción, a lo que se agrega la timidez de los gobiernos que lo suce-dieron en la década de los ochenta que no pusieron los correctivos esperados.

El mencionado corsé no es total, siempre se pueden crear empresas esta-tales, pero requieren de ley del Congreso y que se cumpla con los requisitos

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de razonabilidad antes descritos. Ergo no se necesita de ningún cambio cons-titucional para la creación de empresas públicas, si es que se cumplen con los requisitos para ello.

Como la actividad empresarial siempre es de riesgo, ya que se puede ganar o perder, es bueno que nos preguntemos si es legítimo que el Estado distraiga recursos públicos, originados en los impuestos, en aventuras empresariales, por más excelentes propósitos que puedan animar a sus propulsores.

Diario La Razón22 de abril de 2012

NO ES CASUALIDAD

Tenemos un país maravilloso, el clima por lo general benigno, salvo por los efec-tos que trae el fenómeno del Niño y las consecuencias de estar en zona sísmica. Nuestro mar es de los más ricos y baña la costa cuyos desiertos se repliegan fren-te al avance de fructíferos valles que tiñen de verde el viejo arenal. En la sierra tenemos la Cordillera de los Andes con tres ramales que enmarcan innumerables despensas alimentarias, a lo que se agrega inmensos yacimientos de minerales. En la selva nos embruja la diversidad biológica y los bosques esperando su ma-nejo responsable para añadir oportunidades de ingresos y desarrollo. Por si fuera poco en selva y otros lugares del territorio existe gas e hidrocarburos en adición a la potencialidad eléctrica.

Las etapas precolombina y colonial de la Historia nos han legado impor-tantísimos monumentos para mostrar al turismo junto al variado folklor y otros elementos culturales.

Hemos entrado a la tercera década de continuo desarrollo, fortalecido nues-tra economía con los tratados comerciales suscritos con lo más graneado de los países que aprecian nuestra pujanza, el PBI creció al igual que las exportaciones y se redujo la pobreza así como el desempleo.

En buena cuenta podemos disfrutar de las bendiciones de la naturaleza y de los esfuerzos emprendidos desde la década de los noventa. Sin embargo hay quienes escupen al cielo, convulsionan al país con protestas violentas, con to-mas de carreteras, con innecesarios enfrentamientos, con discursos y acciones flamígeros cuyo resultado es predecible: muertes, heridos, destrucción y parálisis productiva. ¡Qué locura!

Cuando pese a ofrecerse diálogo, los agitadores de siempre se empecinan en violento accionar, en que en diferentes circunscripciones del país se perpetran agresiones contra personas así como a propiedad pública y privada, ello no es

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casual, está coordinado y ante ello el Estado no puede estar inerme ni ausente, tiene que decir y hacer lo suyo con las herramientas que la Constitución y la ley le ha dado para recuperar el orden público y que impere el Estado de Derecho que todos ansiamos.

No olviden los revoltosos que quien siembra sangre no puede cosechar otra cosa que sangre.

Por otro lado, quienes antes de ser gobierno agitaron y envenenaron con duros discursos a nuestros compatriotas, hoy transformados en buenos samari-tanos, ya saben que ello fue irresponsable y que nunca más debe repetirse.

Diario Expreso06 de julio de 2012

ESTÍMULOS ECONÓMICOS

El Perú puede mostrar guarismos interesantes en crecimiento, en el PBI, en re-servas internacionales, en exportaciones, en la reducción de la pobreza, en el em-pleo, en mayor consumo, en balanza comercial, en manejo presupuestal, en ratios de endeudamiento, y en otros indicativos económicos. Pues muy bien, pero re-cordemos que ello no necesariamente es permanente.

Tanto los sucesos externos como los internos pueden hacer que la situación varíe. El Perú no está en una urna ni blindado a los avatares que pueden modi-ficar lo descrito, y en este mundo globalizado -como dicen- un resfrío en un país desarrollado puede iniciar una pulmonía en otros en vías de desarrollo, como eufemísticamente se llama a los que aún son pobres.

La crisis económica que afecta a los Estados Unidos y a los países de la Zona Euro, no queda aislada, retumba en el resto del planeta, pues todos los países estamos en alguna forma económicamente conectados.

Los que normalmente importan materias primas o productos elaborados, reducen sus compras, y consecuentemente los exportadores disminuyen sus ven-tas. Hay efecto en los precios, se acumulan existencias, se rematan bienes que no se realizaron, se incumple con el rembolso de los financiamientos y su servicio, se incrementa la morosidad crediticia, se pierden puestos laborales, las inversiones decrecen, el cambio monetario fluctúa, y los empresarios audaces y arriesgados mutan a tímidos y conservadores.

La crisis externa tiene consecuencias funestas, pero si a ella se agrega en lo interno: inestabilidad, conflictividad social, falta de respeto a la ley y a la autori-dad, atentados contra la vida e integridad de las personas y contra la propiedad pública y privada; la situación se agrava en grado superlativo.

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Ante el desmejoramiento de la economía, el Gobierno ha dictado algunas medidas temporales y urgentes para dinamizar la utilización de los recursos fiscales, estimulando además la participación de la actividad privada, la que como es predecible se preocupa por lo descrito y no olvidemos que es axiomá-tica la prudencia de las billeteras cuando hay hechos que las perturban.

Hace bien el Gobierno en estimular la economía, arriesgándose a recibir en el próximo Parlamento igual trato al que están recibiendo sus antecesores, por hacer lo mismo ante la crisis económica internacional. La actitud poco respon-sable de algunos de nuestros legisladores probablemente hará que le tiemble la mano a funcionarios públicos para aplicar los Decretos de Urgencia que se han expedido, pudiéndose llegar al inmovilismo estatal que lejos de ayudar a resolver la crisis, la agrande.

Diario Expreso20 de julio de 2012

ECONOMÍA EN CUIDADOS INTERMEDIOS

Todos reconocemos que los esfuerzos del Estado y del Sector Privado durante las dos últimas décadas, nos ha servido para mejorar la situación económica del Perú, para aumentar el PBI, para incrementar nuestras reservas internacionales, para reducir la pobreza y la pobreza crítica, para elevar nuestras exportaciones y lograr balanza comercial positiva, para obtener mayor recaudación tributaria, para incorporar a millones de personas a la actividad económica lo que significa mayor bienestar.

Nos sentimos orgullosos del logro, por supuesto que sí, pero ello no es sufi-ciente para que el crecimiento del país sea sostenido, necesitamos mayor esfuer-zo habida cuenta de los nubarrones que vienen cubriendo el universo económico. En efecto, la crisis internacional va pasando factura, influye negativamente en el precio de nuestros productos de exportación tradicionales y no tradicionales, así como también en los volúmenes exportables, en el cambio y en la recaudación tributaria.

Ya no estamos en tiempos de optimismo general, pensando que podíamos seguir con el crecimiento y desarrollo en piloto automático. Pues no, ahora nece-sitamos trabajar con mucho ahínco para mantener tasas razonables de crecimien-to que genere calidad de vida en nuestra población.

Esto tiene un símil con la actividad agrícola: se siembra, se abona la tierra y se ponen los insecticidas, se riega también en forma suficiente y regular, y se pretende cosechar buenos frutos. Lamentablemente hay situaciones imprevistas

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como sequías o inundaciones que hacen que la cosecha se reduzca o se pierda. Igual sucede con la economía, hemos estado contentos con ella, pero los tiempos - por la situación internacional- van cambiando y en consecuencia tenemos que tomar acción para que las cosas no empeoren.

Es bueno que veamos las tendencias y no alguno que otro mes con resul-tados positivos, y la tendencia es de reducción de los pedidos para atender con nuestras exportaciones, así como la disminución de soles por cada dólar origina-do en el comercio exterior, lo cual no se podrá compensar con mayor demanda interna si es que no hay más trabajo productivo.

¿Se está haciendo algo para generar más trabajo? Lamentablemente poco, pues mientras la actividad privada quiere invertir, el Estado no le da seguridad y se encuentra paralizado, no firma concesiones, no otorga permisos, no da au-torizaciones, no suscribe renovaciones de contratos que han vencido, y lo que es peor pretende convertirse compulsivamente en socio no deseado de la actividad privada que tiene que ver con algunos recursos naturales. Además no un socio cualquiera que invierte, sino uno que pretende pagar su supuesta inversión con futuras utilidades, esto es un socio mañosón y oportunista.

El Estado tampoco invierte lo necesario, y el índice de inversión es deplora-ble, y eso que ya pasó tres cuartas partes del año.Los anuncios iniciales se fueron por la borda y los responsables siguen impávidos como si nada sucediera, y lo que es peor aumentando el gasto burocrático, contratando más personal, con más viajes al exterior, creando más entidades innecesarias, pero casi nada de la indis-pensable infraestructura.

La economía está en cuidados intermedios y el Estado debe hacer lo necesa-rio para pasarla a sala de recuperación, pues nadie quiere su ingreso a cuidados intensivos.

Diario La Razón14 de octubre de 2012

PROGRAMAS COLADERA

Causa indignación comprobar que en casi todos los programas sociales del Es-tado hay filtraciones, han sido agujereados y lamentablemente parecen una co-ladera.

La comprobación mencionada es penosa, pues los sucesivos gobiernos lo que pretendieron con la creación de los programas sociales, es mitigar la pobre-za, proporcionando recursos estatales para mejorar la alimentación, para darles algún pequeño recurso económico a las personas desvalidas de la tercera edad,

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otorgar atención de salud, aliviar la falta de vivienda, subsidiar la educación su-perior, y en fin ayudar en muchas otras necesidades de los grupos humanos que requieren el apoyo estatal.

Cuando hay filtraciones de los recursos que el Estado entrega para los pro-gramas sociales, o cuando la ayuda es proporcionada a quienes no la necesitan, evidentemente se está atentando contra el propio Estado que podría utilizar tales recursos, por ejemplo, en obras de infraestructura que beneficien a todos y no solamente a unos cuantos. También se está atentando contra los contribuyen-tes que pagan sus impuestos para que el Estado –entre otras cosas- ayude a los desposeídos. Pero lo que es más grave, se está impidiendo que la ayuda estatal pueda entregarse a más personas que lo requieren a gritos y cuya desesperanza aumenta cuando perciben que los ofrecimientos de ayuda les llega a otros y no a ellos, o que los recursos se los llevan sinvergüenzas que se aprovechan de la generosidad de todos los que con impuestos sostenemos al Estado.

La coladera no es de ahora, deplorablemente ha existido en todos los gobier-nos, pero ello no puede ser eterno. Hay correctivos que se pueden aplicar como es la mejor gestión de la ayuda social, con planificación seria, previo conocimien-to de los grupos humanos a los que hay que ayudar, identificación temprana de los facinerosos que se apropian de lo que no está dirigido a ellos, denuncia opor-tuna y procesamiento a los malos funcionarios, y sobre todo la sana fiscalización.

Es conveniente recordarle a los diseñadores de los programas no duplicar esfuerzos y que las ayudas no recaigan en las mismas personas en desmedro de otras que pueden tener urgencias más apremiantes. El gobierno central ha recu-rrido a los municipios, por ser la autoridad más cercana a las poblaciones, para señalar a quienes serían merecedores de la generosidad estatal, pero han olvida-do que mejor que los municipios, que no se han caracterizado por su seriedad, son instituciones experimentadas en ayuda humanitaria, como Caritas y Adra, con algo complementario: mística de servicio.

Diario Expreso19 de octubre de 2012

ESTREÑIMIENTO ESTATAL

Probablemente les sorprenderá el nombre de este artículo, pero les aseguro que no hay ánimo irrespetuoso ni nada que se le parezca y menos ejercicio de estul-ticia. Simplemente he querido llamar la atención de nuestras autoridades guber-namentales que padecen desde hace buen tiempo de parálisis, pero no cualquier

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parálisis sino la peor de ellas: la que tiene inmovilizado al país el que solamente camina con timón automático y crece como consecuencia de lo hecho en tiempos pretéritos.

Deberían escuchar sensatas llamadas de atención como la del Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, quien con pleno conocimiento de causa prevé que la inversión proyectada para los dos próximos años será menor que lo pronosticado. Quien fuera Presidente de la SNMPE, Carlos Del Solar, hasta la saciedad reclama un remezón gubernamental, que saliendo de indecisiones y dudas proceda a la renovación de autorizaciones y concesiones petroleras, y así evite que busquen otros países para invertir.

En el CADE con timidez se han alzado algunas voces que exhortan al Es-tado a salir del inmovilismo y enfrentar el reto del futuro, así como ponerle ac-ción a su repetitiva palabra en el sentido que apoyan la inversión privada. ¿Nos preguntamos a que inversión privada se refieren nuestros gobernantes cuando hasta ahora no se da una señal clara con la renovación del más importante con-venio sobre telecomunicaciones? Nos seguimos preguntando ¿a qué inversiones se refieren cuando PROINVERSIÓN parece no existir y nadie percibe actividad alguna en los últimos tiempos?

En la minería la cosa es muchísimo más grave pues las autoridades naciona-les son pechadas por quienes no quieren el desarrollo bajo pretextos medioam-bientales y sociales, muchos de ellos artificiales cuando no promovidos por au-toridades locales y/o regionales que con fines políticos enfrentan a actividades absolutamente compatibles como la minería y la agropecuaria.

En muchas de las circunscripciones en que se programa emprendimientos mineros, la oposición es para que la minería no lleve la presencia del Estado, como son juzgados, fiscalías y comisarías, y en ésa forma siga floreciendo sin interdicción alguna el narcotráfico, tanto de derivados de la coca como de la ama-pola, en nuestra frontera norte.

Reciente estudio de Macroconsult avizora severa reducción de la inver-sión minera, lo que se agrava por el inmovilismo gubernamental al que hemos llamado “estreñimiento estatal”. No otorga autorizaciones, no efectúa conce-siones, no confiere permisos y ni siquiera está autorizando inversiones en zona de frontera, salvo que la hermandad latinoamericana lleve al MEM al generoso ejercicio de mantener inercia para que la inversión se vaya al otro lado de la frontera.

Corrijan, estamos todavía a tiempo.

Diario Expreso21 de diciembre de 2012

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INQUIETUDES DE NUEVO AÑO

Revisando guarismos económicos vemos con satisfacción que el Perú es una de las economías latinoamericanas de mayor crecimiento, con un acumulado de 85.4% en el período comprendido entre el 2001 y el 2011, período en que correla-tivamente se ha reducido la pobreza.

Nuestras exportaciones vinieron creciendo sostenidamente, tanto en las tra-dicionales como en las no tradicionales y las Reservas Internacionales Netas es-tán cercanas a los 65,000 millones de dólares

La deuda pública se ha reducido y actividades como la agroexportación –en-tre otras- pasaron de ser insignificantes a importantes. El consumo interno se ha incrementado y basta para acreditarlo los numerosos centros comerciales que se inauguran en las principales localidades.

Tenemos acceso preferencial a los más significativos mercados del mundo y deberíamos ser receptores de grandes inversiones en sectores interesantes como la agro-industria, pesca, acuicultura, minería, textiles, minería, hidrocarburos, forestal y turismo.

Nos hemos convertido en gran exportador de espárragos, café orgánico, banano, y páprika, y en cuanto a productividad se refiere el primer puesto a nivel mundial en caña de azúcar y tercero en alcachofas. Seguimos en puesto destacado en la producción de harina y aceite de pescado y en cuanto pesca hay muchísimas especies aún no aprovechadas plenamente en nuestros más de 3,000 kilómetros de litoral.

Seguimos siendo el primer productor de oro, zinc, estaño y plomo en Lati-noamérica y en el mismo puesto a nivel mundial de plata, con alto potencial en minería no metálica como boratos, diatomita, bentonita y roca fosfórica. Sola-mente el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado.

Tenemos 78.8 millones de hectáreas de bosques naturales, 10 millones de hectáreas para reforestación y otras áreas para nuevas plantaciones, además de diversidad biológica y maderas de alto valor.

Nuestro potencial turístico caracterizado por invalorables atractivos, y la oferta hotelera es envidiable, a lo que se une el gran prestigio gastronómico.

Lamentablemente no podemos cantar victoria, pues debiendo ser el futuro promisorio si proyectáramos lo expuesto, nos encontramos con la barrera que es el Estado con inaceptable inmovilismo. Lejos de estimular la inversión se queda solamente en el discurso y las buenas intenciones de las que no dudamos, pero ellas no son suficientes, se necesita acción, ahora y urgente para que el crecimiento y desarrollo continúe pese a la crisis uni-versal.

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Necesitamos Estado eficiente, que desembalse las autorizaciones para los proyectos de inversión, cuantiosos pero paralizados por desidia burocrática.

Diario Expreso04 de enero de 2013

OPTIMISMO Y REALISMO

Es usual que al comenzar el año se analice el comportamiento en el ejercicio pre-cedente de diversos sectores económicos, el desarrollo y crecimiento de los paí-ses y regiones, el ritmo de las inversiones y el empleo, entre otros destacables aspectos.

Mientras algunos países y también sectores específicos de la actividad eco-nómica crecen, otros se estancan y algunos otros se reducen, y consecuentemente junto con el análisis de lo acontecido, los analistas y gurúes así como supuestos “profetas” y “clarividentes” con gesto severo y mirada fija, hacen sus prediccio-nes respecto a lo que será el año que se inicia.

Cifras, cuadros, estadísticas, proyecciones e infinidad de información son expuestos tanto en publicaciones especializados como en la prensa cotidiana, y los sencillos mortales son aturdidos con tantos guarismos, vectores e indicado-res, que ya marean. Sin embargo hay que evaluarlos.

Últimamente para la consultora internacional Win, en su Barómetro Global de la Esperanza y la Felicidad, el Perú ocupó el sexto lugar en optimismo, según la percepción de sus pobladores respecto a la marcha económica para el presente año.

No queremos ir contra la esperanza y menos contra el optimismo antes men-cionado, pero si ser realistas, puesto que para ello sea factible es necesario que se desembalsen los proyectos de inversión para el desarrollo, y ello no por respon-sabilidad de los probables inversores, sino por la pasividad del Estado en otorgar autorizaciones, concesiones, permisos y licencias.

Algunas de nuestras autoridades no entienden que los inversionistas tienen límites de espera y que no pueden seguir de brazos cruzados hasta que a los burócratas se les ocurra sacar expedientes de los archivos y proceder a darles curso para que los proyectos se conviertan en realidad, generando los puestos de trabajo que son indispensables para ir resolviendo la conflictividad social, y para tener los recursos fiscales que permitan seguir con los programas de apoyo.

Los medios han dado cuenta que el “Metal Economic Group” (MEG) ha considerado que el Perú dejaría de estar en los primeros lugares de la relación de los países atractivos para recepcionar inversiones mineras; mientras que DHL es-

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tima que nuestro país ha retrocedido en el índice de conectividad global y que es indispensable el aumento de la infraestructura de banda ancha para la trasmisión de datos. La modernidad no baja como “maná” del cielo, se tiene que construir y el Estado tiene que dar las facilidades para ello, no bastando las buenas normas sino el oportuno y correcto cumplimiento de ellas.

Dos de los sectores afectados por la desidia estatal son el minero y el de hi-drocarburos, en que no se percibe el accionar del Estado para facilitar que nuevos proyectos se pongan en valor y en marcha, pues deberán sustituir a emprendi-mientos que se van agotando, dado que los recursos mineros e hidrocarburos son no renovables. Nuevos proyectos tienen que reemplazar a los que se cerrarán por agotamiento, ergo dejarán de contribuir con sus impuestos al fisco, recursos que deben ser sustituidos para seguir solventando el presupuesto estatal. Autorida-des ¿qué esperan?

Diario La Razón20 de enero de 2013

ACCIÓN EXTERNA E INERCIA INTERNA

Digno de elogio, con aplausos, bombos y platillos, es la acción desplegada en el exterior -bajo órdenes del Premier- por los Ministros de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior, quienes conjuntamente con el sector privado, buscan cap-tar nuevas inversiones para fortalecer la economía peruana, el desarrollo del país y la generación de empleo decente que siga reduciendo los índices de pobreza.

Han estado en Davos, han visitado Nueva York, San Francisco y otros im-portantes centros financieros presidiendo concurridos road shows en que han promovido interesantes proyectos de infraestructura, posibilidades de asocia-ciones público-privadas, y la diversidad de muchos otros proyectos que tiene en cartera Proinversión, y todo ello sin olvidar la Marca Perú. Además se dio nuevamente el campanazo en la Bolsa de Nueva York, sintiéndose sus decibeles en Wall Street.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha vuelto a publicar el reporte de Indicadores Líderes, informando con optimismo sobre las estimaciones, pronós-ticos y proyecciones de las entidades internacionales respecto a nuestro creci-miento económico.

El titular de la Cartera de Economía y Finanzas ha reconocido que el Im-puesto a la Renta para la ganancia de capital, no ha dado el resultado esperado y ha complicado el tráfico de valores mobiliarios, además nos ha puesto en situa-ción desventajosa frente a otros países de la región que también buscan inver-

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siones. Ello probablemente lo llevará a solicitar al Parlamento la derogatoria del tributo para dicho tipo de renta.

Como vemos las acciones hacia el exterior en búsqueda de inversiones, son altamente positivas, empero no son suficientes, pues no están acompañadas en lo interno con las tareas de otros sectores ministeriales para facilitar las inversiones. Economía y Finanzas así como Comercio Exterior se mueven, pero otros sectores padecen de inercia, inmovilismo e incluso muestran desidia en actitudes nece-sarias para enfrentar conflictos, destrabar nudos burocráticos y emitir en plazos razonables los dictámenes, informes, autorizaciones, permisos y licencias nece-sarias.

De poco servirá por ejemplo que Bloomberg Markets nos ubique en el cuar-to lugar de los países emergentes para invertir, si por otro lado la parálisis de diversos ministerios e instituciones públicas, en su ya exagerado letargo, insisten en ponerse de costado, con el peligro que quienes nos ven como país amigable a la inversión se cansen de los inacabables trámites burocráticos y digan hasta aquí nomás, ¡me voy! Cuidado, ello no es improbable, ya viene sucediendo en algunos sectores.

Diario Expreso08 de febrero de 2013

PANZONES Y ALFEÑIQUES

Días atrás, el Presidente de la República manifestó que hay “panzones” que se atribuyen el crecimiento económico de los últimos años. Más allá de la innece-saria referencia, de relativo humor, a las características físicas de algunos acto-res políticos, el dicho presidencial nos hace recordar antiguas expresiones en el sentido que en épocas de vacas gordas hay que cuidar recursos para las de vacas flacas.

Efectivamente, gracias a las acciones que se tomaron en las dos últimas dé-cadas, hoy gozamos de estabilidad económica, de importantes reservas interna-cionales, de mejoramiento de los niveles de vida de la población, de reducción de la pobreza, del aumento del PBI y de la renta per capita, del mayor consumo, de la buena posición de la balanza comercial, y sobre todo de las ganas de supera-ción de los emprendedores, desde el más humilde hasta el más connotado.

Todo ello no cayó del cielo como el maná de los relatos bíblicos, ello fue fruto de sacrificios y acciones, comenzando por el sinceramiento económico for-mulado por Juan Carlos Hurtado Miller, seguido por las facilidades y garantías que se dieron para la inversión, que es la que genera puestos de trabajo.

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A lo antes señalado hay que agregar la disciplina fiscal mantenida en las dos décadas a las que nos referimos, la racionalización tributaria, la apertura de mercados, la suscripción y puesta en marcha de tratados de libre comercio y de facilitación aduanera, la infraestructura portuaria, y tantas cosas más que han significado esfuerzo permanente y férrea voluntad de mejora, así como entender que los nuevos gobernantes deben proseguir las obras y línea de acción de los anteriores, cuando fue exitosa.

Muchos se muestran satisfechos con el actual gobierno, el que sin poner acelerador a lo ya avanzado por sus predecesores, ha dejado que el vehículo vaya en conducción automática, y que todavía gocemos de la heredad recibida. Pero ello no basta, se requiere conducción real y en la dirección correcta, pues aun falta mucho por andar si es que queremos ingresar al grupo de los países del primer mundo.

Comprendemos a quienes en algún momento acotaron que las dudas sobre el actual Presidente se habían disipado, pues no había hecho nada para variar la direccionalidad económica. Insisto, no basta, la inercia es conformismo y caren-cia de impulso, cuando lo necesario es poner orden en el aparato burocrático, simplificar trámites, abrir las cerradas compuertas oficiales para autorizar tantas inversiones que esperan permisos, licencias, autorizaciones y tanta infructuosa e innecesaria tramitología que hace perder la paciencia al más santo.

Entiéndase bien, es mejor que el Estado sea panzón que alfeñique. El vendru-go guarda hasta reservas calóricas para cuando se requieran, pero si se torna alfeñi-que -sin grasa ni músculo- carecerá de ellas y no tendrá recursos para afrontar los cada vez más exigentes reclamos del interior del país, que ven que la riqueza no les llega por más que la ven pasar en sus narices. Debemos seguir creciendo para que el desarrollo llegue a todos. Hay que dejar la inercia y poner acción.

Diario La Razón24 de febrero de 2013

SE LE VE EL FUSTÁN

En su discurso ante el Foro Económico Mundial (WEF) realizado en Lima, el Presidente de la República tuvo una posición dual, pues por un lado saludó el crecimiento del país, poniendo énfasis en las políticas públicas que estimulan el talento y la creatividad, pero agregó que hay que aprender de la experiencia fuer-temente pública en la actividad económica de la década de los setenta.

Postuló una visión más equilibrada de la economía que ha sido entendida como una conjunción entre reducida intervención estatal en la economía y la altí-

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sima presencia de la actividad empresarial del Estado en la década mencionada. Ello como si se pudiera meter en una mezcladora lo bueno y lo malo para que salga algo regular, lo cual por cierto es absurdo.

La economía a la que debe propender el Estado es la que señala nuestra Constitución, tanto la de 1979 como la vigente de 1993 que habría que mantener, esto es la llamada economía social de mercado, que permite la intervención es-tatal para corregir los desequilibrios que podrían advertirse en el libre juego de los factores demanda y oferta, y proporcionando ayuda temporal y decreciente a sectores que requieren la mano solidaria del Estado.

Presidente: ¡se le ve el fustán ideológico! como señalaba antiguo refrán ante el hecho que lo que se quería esconder, por designios del destino quedaba al descubierto. Se suponía que la “hoja de ruta” había sustituido a la “gran trans-formación” y que nuestro Presidente había comprendido que este último camino estaba vedado en el mundo globalizado en que vivimos, mientras que el primer camino es el que nos había llevado a la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, a la elevación de los niveles de vida de nuestra población, a la existencia de mayores posibilidades de desarrollo, al incremento del consumo y a la eleva-ción de los índices de crecimiento que en alguna medida se traducen en calidad de vida para todos.

Escuchar al Presidente tornar sus ojos a la economía estatal de los años se-tenta, por más que pretenda equilibrarla con la economía moderna que ya nos ha dado resultados alentadores, francamente preocupa, pues se le ve el fustán de la gran transformación, cuando lo que necesitamos es que se quite de una vez tal fustán ideológico fuera de uso, que está fuera de época y que fracasó rotunda-mente.

Diario La Razón28 de abril de 2013

MODELO FRACASADO

En su discurso ante el Foro Económico Mundial (WEF) realizado en Lima, el Presidente de la República tuvo una posición dual, pues por un lado saludó el crecimiento del país, poniendo énfasis en las políticas públicas que estimulan el talento y la creatividad, pero agregó que hay que aprender de la experiencia fuer-temente pública en la actividad económica de la década de los setenta.

Postuló una visión más equilibrada de la economía que ha sido entendida como una conjunción entre reducida intervención estatal en la economía y la altí-sima presencia de la actividad empresarial del Estado en la década mencionada.

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Ello como si se pudiera meter en una mezcladora lo bueno y lo malo para que salga algo regular, lo cual por cierto es absurdo.

La economía a la que debe propender el Estado es la que señala nuestra Constitución, tanto la de 1979 como la vigente de 1993 que habría que mantener, esto es la llamada economía social de mercado, que permite la intervención es-tatal para corregir los desequilibrios que podrían advertirse en el libre juego de los factores demanda y oferta, y proporcionando ayuda temporal y decreciente a sectores que requieren la mano solidaria del Estado.

Presidente: ¡se le ve el fustán ideológico! como señalaba antiguo refrán ante el hecho que lo que se quería esconder, por designios del destino quedaba al descubierto. Se suponía que la “hoja de ruta” había sustituido a la “gran trans-formación” y que nuestro Presidente había comprendido que este último camino estaba vedado en el mundo globalizado en que vivimos, mientras que el primer camino es el que nos había llevado a la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, a la elevación de los niveles de vida de nuestra población, a la existencia de mayores posibilidades de desarrollo, al incremento del consumo y a la eleva-ción de los índices de crecimiento que en alguna medida se traducen en calidad de vida para todos.

Escuchar al Presidente tornar sus ojos a la economía estatal de los años se-tenta, por más que pretenda equilibrarla con la economía moderna que ya nos ha dado resultados alentadores, francamente preocupa, pues se le ve el fustán de la gran transformación, cuando lo que necesitamos es que se quite de una vez tal fus-tán ideológico fuera de uso, que está fuera de época y que fracasó rotundamente.

Diario Expreso03 de mayo de 2013

EXCESO EN CONTROLES SOCIETARIOS

Sigue dando vueltas en el Congreso, el proyecto de ley por el cual, bajo el pretex-to de promover la libre competencia y la eficiencia en los mercados para la pro-tección de los consumidores, lo que hace es trabar y obstaculizar la contratación societaria.

En efecto, el proyecto en cuestión pretende la evaluación estatal previa, a través de INDECOPI, de actos supuestamente de concentración empresarial, no solamente en el país, sino cuando se realicen en el extranjero y vinculen directa o indirectamente a empresas que desarrollan actividades económicas en nuestro territorio.

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Entre los actos para los cuales se pretende un control previo, están las fusio-nes, escisiones y constitución de empresa en común, incluso el ejercicio de domi-nio a través de adquisición de acciones, participaciones o a través de cualquier otro contrato o figura jurídica que confiera el control empresarial. También se incluyen contratos de consorcio, joint venture, asociación en participación, uso o usufructo de acciones y/o participaciones, contratos de gerencia, de gestión o de sindicación de acciones y demás convenios de colaboración empresarial.

Para tan singular exceso regulatorio, se parte de la falsa premisa que los convenios societarios antes mencionados, permitidos y normados por nuestra Ley de Sociedades, “vayan a causar un perjuicio a los consumidores y al proceso competitivo, restringiendo el mercado, evitando la libre elección de los consu-midores y usuarios en ciertos bienes y servicios, e impidiendo de cierto modo el ingreso de los competidores al mercado”.

Adicionalmente se formula la falsa tesis que si una fusión produce un mono-polio, ello “..aumentará las barreras comerciales para otras empresas que deseen o tengan pensado ingresar a dicho mercado, perjudicando a los nuevos provee-dores como a los consumidores al no contar con opciones, alterando gravemente la competencia efectiva”

Cuando nuestra economía está en crecimiento, cuando se necesitan muchí-simas más inversiones privadas para seguir aumentando la demanda laboral y reducir en ésa forma el desempleo y el sub-empleo y enrumbar por el camino del desarrollo y prosperidad, se alzan voces que propician más y más regulaciones, poniendo zancadillas a la actividad empresarial. ¡Absurdo por donde se le mire!

Por supuesto que se debe defender a los consumidores y usuarios, pero de-bemos defenderlos también, de quienes so pretexto de cautela los perjudican, pues el exceso regulatorio espanta a la inversión que es tan necesaria.

El supuesto que con las fusiones y otros convenios societarios se crean mo-nopolios, ello es falaz, pues nadie está impedido de hacer otras empresas del mis-mo rubro de las que se podrían haber fusionado. Más aún, estimula la creación de competencias abriendo abanico de posibilidades.

Basta de paternalismo estatal, así como de más controles y regulaciones. Ya tenemos bastante, diría que en demasía, y lo que es peor, atentando contra las garantías que la Constitución establece, entre ellas la libre iniciativa privada; libertad de empresa, comercio e industria; pluralismo económico; coexistencia de diversas formas de propiedad; libertad de contratar; e igualmente libertad en producción de bienes y servicios y en el comercio exterior.

Diario La Razón21 de julio de 2013

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IMPROVISACIÓN Y VACAS FLACAS

Durante los últimos años hemos gozado de relativa bonanza, en que nuestro país recibía inversiones foráneas e incluso regresaban capitales que habían huido por entendibles motivos. Nuestras exportaciones aumentaron espectacularmente, nuestra balanza comercial era favorable, países que ni siquiera nos miraban enci-ma del hombro suscribieron convenios de libre comercio y similares.

Se inició el descenso de la pobreza, aumentó la ocupación laboral, el con-sumo interno se incrementó a niveles impredecibles y mejoró el nivel de vida. Evidentemente no estábamos como “Alicia en el País de las Maravillas” pero seguía creciendo el desarrollo con una economía sana, en que se recaudaba pero también se gastaba con racionalidad.

Todo lo expuesto fue posible porque se tomó la direccionalidad económica adecuada desde los años 90, y ello ha seguido. Se dio un marco legal convenien-te, tanto en la nueva Constitución como en nuestra legislación para promover, estimular y cautelar las inversiones.

Lamentablemente las épocas de las vacas regordetas, ni siquiera gordas, se están acabando, y no por el único motivo, como dicen los voceros oficiales, de las consecuencias de la crisis económica que afronta Estados Unidos, la Unión Eu-ropea y la reducción del crecimiento chino, sino porque no se tomaron a tiempo durante el presente gobierno, sanas medidas para paliar las consecuencias de la crisis mundial.

Sí señor, la crisis no viene de ahora, se inició en el 2007, era conocida, y tam-bién se sabía que como consecuencia de ella se reduciría el tamaño de nuestras exportaciones y su valor. Se conocía igualmente que la recesión externa y la baja del crecimiento asiático tendría que pasarnos la factura, y ello fue advertido por casi todos los economistas y expertos, e incluso por quienes como el autor de es-tas líneas no necesitaba ni maestrías ni doctorados para ver y advertir lo que era obvio: cuidar la economía para no lamentarnos después, y ello en dos vertientes, por un lado evitar el despilfarro, y segundo dar todas las facilidades para que se recupere el grado de inversión, se generen más puestos de trabajo y no vayamos para atrás como el cangrejo.

Se dijo una y mil veces que hay que destrabar las autorizaciones, permisos, con-cesiones, y licencias para las inversiones, que no se debía estar en piloto automáti-co pues en el horizonte había nubarrones y turbulencias, pero caso omiso hicieron. Siguieron encerrados en sus cuatro paredes repletos de burócratas que se mueren de miedo de firmar las autorizaciones, y consecuentemente siguen en retroceso las inversiones en los campos minero, hidrocarburos, eléctricos y varios otros.

Hoy el Presidente de la República reconoce que la crisis llegó al Perú, pero ¿de que nos sirve el reconocimiento tardío si es que no se toman medidas concretas

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para facilitar las inversiones? El Ministro de Economía, anuncia algunas correccio-nes para atraer las inversiones, pero se necesita mucho más y no simples maquilla-jes, no queremos estar como el “Pobre Fernández”, a quien se le dijo, se le advirtió, se le aconsejó, pero no hizo nada y sólo pudo lamentarse. ¡Recuperen la confianza!

Diario La Razón18 de agosto de 2013

ORDEN EN EL INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de julio, dos Resoluciones que ordenan la Encuesta de Precios de los Mercados y la Encuesta Diaria en garitas de control del Ministerio de Agricultura.

Hasta aquí nada llama la atención dado que el INEI realiza encuestas, en-tre otras razones, para que la administración tenga herramientas cuantitativas y cualitativas para la toma de decisiones, y ésas encuestas deben ser de obligatorio cumplimiento para quienes están dirigidas. Pero ¡Oh sorpresa! las Resoluciones que las ordenan datan del 5 de febrero del 2013.

Han transcurrido casi 06 meses para que se haga su publicación oficial, lo que demuestra negligencia del INEI. Peor aún la Constitución señala que las normas legales tienen vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que la misma norma postergue su vigencia.

El Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS aprobó el Reglamento para la publi-cación de las Normas Legales de Carácter General, como lo son las Resoluciones del INEI a las que nos referimos, Reglamento que establece que la publicación oficial es esencial para la entrada en vigencia de la norma, siendo las entidades emisoras de aquellas las responsables de disponer su publicación.

Si las normas obligan a absolver encuestas mensuales y además precisan plazos de vencimiento, evidentemente deben ser publicadas antes que los plazos se venzan, pues por un lado hay norma constitucional sobre la vigencia de las normas legales a partir del día siguiente de su publicación oficial y por otro en las resoluciones especifican plazos que debieron cumplirse antes de la publicación. ¡De locos!, aunque predomine la norma constitucional y la del Reglamento aludi-do, por ser de superior jerarquía a las Resoluciones del INEI.

No es la primera vez que el INEI publica resoluciones que ordenan encues-tas, después que se han cumplido plazos para ello, tenemos muchísimos ejem-plos, lo que constituye desprecio al administrado, poca seriedad en el cumpli-miento de sus funciones, y además no contar con la información mensual para

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hacer los estudios de su responsabilidad. Si pide absolver encuesta mensual para hacer los seguimientos de carácter económico, de poco le servirá que se entre-guen las encuestas después de varios meses por falta de publicación de la norma. Hacen perder valioso tiempo y esfuerzos a los emprendedores del país.

El administrado, que también es contribuyente y que con sus impuestos sol-venta al INEI merece respeto y consideración.

Diario Expreso06 de setiembre de 2013

DIÁLOGO NACIONAL

El Gobierno Nacional invitó a diversas agrupaciones políticas para dialogar, en ánimo de buscar el camino y los mecanismos que permitieran al país seguir de-sarrollándose al ritmo de los últimos años. Ello debido a que hemos tenido un decaimiento en lo económico, que si bien no puede calificarse como crisis, de no ponerse correctivos puede convertirse en ella.

Los motivos de la situación que requiere corrección son de índole externo e in-terno. El primero por la recesión que afecta a los países con los que tenemos relacio-nes comerciales, que ha derivado en reducción de precios y volúmenes de nuestras exportaciones. El segundo porque el país ha estado al garete al no haberse facilitado desde el Estado las inversiones que generen trabajo, impuestos y bienestar.

El inmovilismo gubernamental, agravado en algunos sectores como el minero y el de hidrocarburos en que existe el factor de agotamiento, hace más necesario ir sustituyendo los emprendimiento cuya producción y rentabilidad decaen, por otros nuevos. Sin embargo las indispensables nuevas inversiones, en lugar de ser facilitadas las han torpedeado desde la Administración Pública o las han ignorado irresponsablemente.

Felizmente el Gobierno Nacional reaccionó reconociendo las deficiencias advertidas y llamando a algunos actores políticos dialogantes para conocer sus inquietudes. Luego de las diversas reuniones realizadas bajo la conducción del Presidente del Consejo de Ministros, con tolerante paciencia ha realizado un lis-tado de propuestas, consejos y reclamos, en donde ha encontrado coincidencias.

Como primer resultado de los encuentros referidos el Gobierno ha constata-do que es posible elevar el nivel del debate político así como ha reconocido que la política necesita de crítica y oposición para mejorar. Todo esto es altamente sa-tisfactorio y está plasmado en el documento “PRIMERO EL PAÍS”, y tiene razón pues por encima de los intereses grupales, sectoriales o personales está el interés del Perú, en donde todos tenemos que poner el hombro y el máximo esfuerzo

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para superando deficiencias, recobrar y de ser posible aumentar el desarrollo nacional, lo que propenderá a más empleo, menor pobreza, y mejor calidad de vida para nuestros compatriotas.

Hay un claro compromiso a favor del crecimiento con agenda social y aten-ción a la seguridad de los ciudadanos, pero hay que advertir que en lo que se refiere al crecimiento económico con fomento de la inversión pública y privada, más que recibir planteamiento de los partidos, se requiere recibirlos de los sec-tores empresarial y laboral, que son quienes sufren la desidia de la burocracia estatal, la displicencia de funcionarios sin mística de servicio, el maltrato de quie-nes están obligados a servir al administrado, y la temerosa falta de atención de permisos, autorizaciones, concesiones y licencias.

Las agrupaciones políticas seguramente de buena fe y con ánimo altruista da-rán a conocer sus proposiciones genéricas; pero hay que escuchar de empresarios y trabajadores los problemas específicos que afrontan y padecen a diario, y que ade-más ubican los nudos que deben desatarse. Escúchenlos ya, no queda mucho tiempo para resolver la problemática del país que por dos años ha navegado sin tripulación.

Diario La Razón22 de setiembre de 2013

CUIDADO: ALICIA NO ESTÁ EN EL PERÚ

Somos optimistas, creemos que se puede recuperar el ritmo y velocidad de in-versión generadora de puestos de trabajo, reducción de la pobreza y bienestar en nuestra patria. Para ello se requiere del apoyo estatal en sus tres niveles guberna-mentales, como son nacional, regional y local.

Las cifras siguen en azul, pero no a los niveles en que estuvieron, pese a los esfuerzos desde el Sector Economía y Finanzas, lamentablemente no correspon-didos adecuadamente desde Palacio de Gobierno y otros sectores de la adminis-tración pública.

Seguimos utilizando la herencia recibida, al igual que el prestigio ganado lue-go de varios lustros de correcta direccionalidad económica, tenemos un comercio exterior todavía pujante, reservas internacionales convenientes, estabilidad mone-taria y un sector empresarial que quiere hacer nuevos emprendimientos y crecer los existentes.

Sin embargo nuestros empresarios tienen que actuar encorsetados, maniata-dos y hasta con marrocas puestas por el Estado por su pasividad y porque muchos se contentan con el piloto automático. No señor, se necesita piloto que conduzca la nave, y nada de nave no tripulada, no queremos drones, queremos un Estado que promueva la inversión, que la facilite con hechos y no solamente con discursos.

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Hay indicativos económicos que deben evaluarse. Por ejemplo hemos re-trocedido tres puestos en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, a lo que nos podrían contestar que seguimos siendo el segundo en la región como país amigable a la inversión, pero ello es simplón consuelo de quienes creen que Alicia o la señora Nadine, o el Señor Ollanta siguen en el “País de las Maravillas”. Las maravillas decrecen, terminan incluso, si se mantiene la inercia.

Necesitamos consolidar la direccionalidad económica, por cierto, pero te-nemos que pisar acelerador para compensar la disminución de las inversiones, el retiro de algunos inversores en materia de hidrocarburos y minería.

Reconocemos que algo se ha hecho al aceptar el gobierno que tiene que destra-bar nudos burocráticos para que los permisos, licencias, concesiones y demás autori-zaciones se den a tiempo, y que los ministros de escritorio vean que su territorio no camina al paso necesario. Acuérdese Presidente de su actividad militar en que hay veces que debe sustituirse la marcha por el paso ligero, eso necesitamos a gritos.

Tenemos nuevo Presidente del Consejo de Ministros, concertador, dialo-gante y exitoso en su gestión como Titular de la Región San Martin. Nos ha dicho que quiere dialogar con las agrupaciones políticas, a lo que habría que decirle que privilegie el diálogo con los gremios empresariales y laborales pues ellos son el motor del desarrollo que tanto requerimos.

Con los sectores políticos su antecesor ya conversó, y recibió en gran parte de los casos algunas tímidas propuestas y un listado de lavandería de reclamos, como son Senado, eliminación de voto preferencial, financiamiento estatal a los partidos políticos y muchos otros pedidos. Con ello no se mueve al país, se tiene que conocer lo que pide el empresariado para aumentar sus inversiones y dar más puestos de trabajo. A ellos tiene que tocarles la puerta.

Diario La Razón10 de noviembre de 2013

CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES

Encontramos una cita que dice: “El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse, para que…no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nue-vamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado”.

Cualquiera diría que se escribió ahora. Error, es una cita de hace 2068 años, esto es más de 21 siglos, en el año 55 antes de Cristo, y su autor Marco Tulio Cice-rón, de indiscutible inteligencia, además de haber sido gran estadista.

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Deberíamos reflexionar sobre su previsora sabiduría y poner en práctica su enseñanza, ahora que se debate el Presupuesto General de la República para el próximo año, en que hay que tener tino para reconocer que la crisis económica mundial nos viene pasando factura. Ella la hemos podido afrontar gracias a las cuentas en azul que dejaron anteriores gobernantes, a la prudencia del manejo fiscal desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pese al incremento importante de la inversión y gasto social, y de la inercia mostrada por muchas autoridades al no destrabar a tiempo las inversiones que son las generadoras de trabajo, de más recursos tributarios y de bienestar.

Debemos ser prudentes en el gasto corriente, más no así en la inversión en infraestructura, que ayuda a incrementar puestos laborales y emprendimientos en las zonas de influencia.

Los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero han sido presentadas al Parlamento y le compete ahora, en evaluación y debate alturado darnos un presupuesto efectivamente equilibrado, con asigna-ción equitativa de recursos públicos, cuya programación y ejecución respondan a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización (artículos 77 y 78 de la Constitución).

La ocasión debe servir también para que los gobiernos sub-nacionales que reciben canon, esto es un porcentaje del total de ingresos y rentas del Estado por la explotación de recursos naturales en cada zona, entiendan de una vez que si esos ingresos aumentan, también sube su participación, pero si bajan, reciben menos. Deben aprender a que si perturban las inversiones no hay ingresos tri-butarios que reclamar y sus poblaciones quedan frustradas.

Diario Expreso22 de noviembre de 2013

PENÉLOPE GUBERNAMENTAL

¿Quién los entiende? Me refiero al Gobierno Nacional, y creo que la respuesta es: nadie con dos dedos de frente.

Parecería que tenemos dos gobiernos, mientras uno pretende destrabar trá-mites, aligerar procedimientos administrativos o por lo menos tener las intencio-nes de hacerlo, existe otro paralelo que nos quiere llevar al caos, a la paralización de las inversiones y a hacerle al empresariado la vida a cuadritos, olvidando que es quien genera puestos laborales.

El primer gobierno por ejemplo, el que desea el desarrollo del país, desde el Sector Energía y Minas -aunque sin resultado- llamaba a los inversores para que

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le dieran cuenta de las trabas burocráticas. Desde la PCM promovía concurso para que le informaran sobre trámites innecesarios, indebidos, y abusivos, en el ánimo de buscar soluciones. Por otro lado se declaró en la última Ley de Presu-puesto, como de “interés nacional”, las actividades de evaluación, seguimiento, facilitación y simplificación administrativa que permitan la promoción y ejecu-ción de la inversión privada y público-privada, a fin de mantener el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país, incrementando el empleo. En adición se ha creado el “Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión” para llevar a la práctica las buenas intenciones de la declaración de “interés na-cional” antes referida.

El otro gobierno, hace exactamente lo contrario, crea exagerados e innece-sarios trámites, innumerables requisitos para justificar más burocracia, amplía sanciones, eleva multas, inaugura superintendencias y otras dependencias, mu-chas de las cuales hacen lo mismo que otras instituciones públicas que siguen maltratando al administrado.

Mientras unos tratan que las cosas mejoren, los otros las empeoran, se pa-recen a Penélope que algunas horas teje para después destejer. Francamente de-mencial.

Los que no quieren el desarrollo, que genera inclusión social, y no contentos con haber perturbado las inversiones en comunicaciones, en minería, en petróleo, en gas y en electricidad, entre otros sectores, ahora se preparan para entrampar la actividad comercial, que está creciendo y que se ha comportado adecuadamente.

En efecto se ha alertado que se pretendería asimilar a la normatividad de sorteos promocionales, que requieren previa autorización gubernamental, a los descuentos en la adquisición de bienes y servicios, entrega de un bien sin per-cepción de precio por la adquisición de otro producto o prestación de servicios, el famoso uno por uno, o el no tan famoso la segunda prenda la llevas por mitad de precio, cuponeras para canje de productos con precio promocional, etc. etc.

Si bien el Estado tiene la obligación de defender al consumidor cautelando sus intereses, y por ello exige tramitar autorización para sorteos, verificando que lo que se pretenden sortear exista y que se entregue el dinero o bienes sorteados a los ganadores, ello nada tiene que ver con las promociones comerciales, sien-do absolutamente ilegítimo que el Estado pretenda llevarse las bonificaciones en dinero o en especie cuando la promoción no ha sido totalmente cubierta, re-firiéndonos por cierto a la parte excedente. Esto sería más que abuso, peor que confiscación, y se podría calificar como expoliación, un latrocinio.

Demandamos sensatez

Diario La Razón27 de abril de 2014

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POPULISMO Y REALISMO

Llegó el 28 de julio y quienes estábamos atentos al mensaje a la Nación del Presi-dente Humala desde el Congreso de la República, sentimos alivio que no anuncia-ra cambio de rumbo y retroceso a épocas trasnochadas del estatismo, como fuera por ejemplo la época del Gral. Juan Velasco Alvarado. Punto para don Ollanta.

Esperábamos que frente a un panorama sombrío, cercano al recesivo, el Pre-sidente no hubiera seguido el fácil recurso de responsabilizar por ello a la crisis internacional, sino que hubiere reconocido que el tema internacional es un com-ponente de la situación, pero que se complementa con la parálisis gubernamental para implantar correctivos. Punto en contra.

Pese a la crisis, materializada en la reducción significativa de las inversiones, creciente pérdida de confianza de los actores económicos, reducción de volúme-nes y valor de nuestras exportaciones, balanza comercial negativa, menores in-gresos tributarios, mayores necesidades fiscales, y por lo general una burocracia desaprensiva y exageradamente reguladora que traba todo intento de revertir la situación; la solución fue mayor gasto (ojo, no inversión), con lo cual succionan recursos directamente de la vena y pueden dejar escuálida la ya deteriorada eco-nomía nacional. Punto en contra.

El Presidente se vistió de Papá Noel, no por cierto “con la suya” sino con la de todos los peruanos que pagamos impuestos, y profundizó su vocación de regalo, con lo cual indiscutiblemente recibirá aplausos de los beneficiados que rinden pleitesía a su benefactor, pero que no aliviará en forma sostenida sus eco-nomías ni menos la del Estado. Punto en contra.

Pareciera que estuviéramos en el mejor de los mundos y que los recursos so-braran, pero no señor, no estamos con Alicia en el País de las Maravillas; estamos en un país emergente, con pocos lustros de buena direccionalidad económica, con reducción de pobreza y con mayor desarrollo, aunque desacelerado por falta de correctivos gubernamentales. Punto en contra.

Nadie duda que hay sectores que injustamente estaban postergados y que necesitaban alivio, pero lo primordial en programas de índole social, es que sean temporales y decrecientes, propendiendo al cambio del criterio beneficente por el de facilitador temporal que promueva labor productiva que sustituya a la simple ayuda. Punto en contra.

Como dicen muchos, Dios es peruano, después de la decepción producida por el mensaje, leímos al día siguiente en el diario decano, un artículo de Ana Jara, actual Presidente del Consejo de Ministros, a quien creíamos que pese a su seriedad y buena formación académica y profesional, no tenía el perfil necesario para conducir medidas correctivas y promotoras que pusieran nuevamente pie en el acelerador de nuestra economía.

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Ana Jara señaló, cual voces llegadas del cielo, que había que acelerar la bre-cha de infraestructura e incrementar la productividad y competitividad del país, que era necesario diversificar las fuentes de crecimiento, eliminar costos admi-nistrativos gubernamentales innecesarios, propiciar un sector público eficiente, y tantas otras saludables intenciones. Punto a favor.

No se quede en el discurso Ministra, pase a demoler la abusiva sobre-regula-ción existente, reduzca trámites y tontos requisitos, haga trabajar a los burócratas para que promuevan la inversión generadora de trabajo digno, en lugar de seguirla obstaculizando como hasta ahora. Póngale música a la letra de su sensato artículo y no le irá mal, y a todos los peruanos nos irá mejor. ¡No arrugue Ministra!

Diario La Razón03 de agosto de 2014

EL CASTILLO DE CASTILLA

Luis Miguel Castilla dejó el Ministerio de Economía y Finanzas después de algo más de tres años de conducirlo, y con tiempo previo como Vice Ministro en el gobierno anterior.

Ahora, alejado de la cartera ministerial, sus detractores han sacado la garra que tenían escondida y superando su autocensura para no chocar con el poderoso ministro, hoy lo critican duramente y salen a luz imputaciones extemporáneas e inconducentes.

Cuando Castilla recibió el Sector Economía y Finanzas, lo tuvo que hacer a contra corriente, pues no se habían disipado los temores de que el Gobierno de Ollanta Humala volviera a los enunciados del programa inicial “La Gran Trans-formación” y que felizmente varió a la llamada “Hoja de Ruta” que no era otra cosa que seguir la línea conductual que en las dos últimas décadas había sacado al Perú de su casi permanente crisis económica.

Las tareas que tuvo que afrontar el hoy ex titular del MEF, no eran nada fáci-les pues el Presidente había decidido incrementar los programas sociales y crear nuevos, pero lamentablemente, salvo quizás Beca 18, no tenían el componente reproductivo que los sacara de su carácter meramente beneficente.

Por otro lado el Gobierno Nacional presidido por el Cte. Humala, probable-mente para cumplir con sus compromisos, se dedicó a crear infinidad de insti-tuciones, reparticiones, intendencias y superintendencias que poblaron con más funcionarios al sector público y que aumentaron notoriamente la planilla estatal. Esto evidentemente tenía que amortiguarlo el Ministro de Economía y Finanzas,

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así como aplacar la insaciable voracidad de otros sectores que sin generar recur-sos se limitaron a gastar y no siempre a invertir.

Más de una vez Castilla, atrincherado en su castillo del MEF, advirtió que la eufemística “desaceleración” de las inversiones públicas y privadas, así como la reducción de las buenas cifras a las que nos habíamos acostumbrado, no se debían únicamente a causas externas como la reducción del precio de nuestros minerales y del decrecimiento de los volúmenes de nuestras exportaciones, sino también a causas internas, entre las que se encuentra lo que conocemos como la exagerada “tramitología” y las demoras burocráticas en resolver expedientes, otorgar concesiones, autorizaciones, licencias y permisos.

La prédica por destrabar trámites y reducir requisitos fue apoyada en el discurso, pero no necesariamente en la realidad, pues hubo y hay sectores de la administración que siguen en el mejor de los mundos, y hacen poco para facilitar las inversiones. Seamos justos con Castilla, que como cualquier funcionario tuvo aciertos y también errores.

Diario Expreso19 de setiembre de 2014

EL SEGURO DE SEGURA

El sucesor de Luis Miguel Castilla como Ministro de Economía y Finanzas es Alonso Segura Vasi, que laboró cercanamente al primero como su asesor prin-cipal, lo que significa que por lo general tienen la misma visión de la temáti-ca económica-financiera del país, y que comparten los grandes lineamientos que deberían llevarnos a recuperar el ritmo de las inversiones que generen puestos de trabajo y como meta final la elevación de los niveles de vida de la población.

En teoría ello es destacable, pero se requiere bastante más que la comunión de ideas. Es necesario por un lado tomar acciones concretas que nos lleven a la meta y por otro, disciplina férrea para no caer en el facilismo del gasto público desmedido, pérfida costumbre de la última etapa de los sucesivos gobiernos na-cionales.

Todos conocen que la reducción del ritmo de nuestro crecimiento económi-co no es únicamente por la crisis que todavía agobia al mundo globalizado, sino también por la carencia de decisiones oportunas y convenientes que faciliten la inversión privada, destraben tanto absurdo trámite, y hagan que la burocracia camine a buen paso.

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El Gobierno hasta aprobó la “Política Nacional de Modernización Pública” y prometió un “Plan Nacional de Simplificación Administrativa” (D.S. No 004-2013-PCM), pero en la práctica seguimos con el exceso regulatorio y sin que las promesas se hagan realidad, demoras en los trámites, falta de decisiones y temo-res de enfrentar la perversa tramitología.

El seguro de Segura para una buena gestión pasa por hacer que se destraben los absurdos trámites, se simplifique la administración pública, y se logre mística de servicio en la burocracia estatal. Pero adicionalmente tiene el Ministro que tener el coraje para decir NO cuando le quieran perforar la caja fiscal como fin de fiesta. El erario nacional no es piñata ni puede ser tratado como tal.

El cuidado de la caja fiscal va mucho más allá que actuar como su guardián, pues debe alzar su voz cuando se prosiga con la nefasta actividad de crear in-necesarios organismos públicos que a todos nos cuesta, pues se solventan con nuestros impuestos. Pero lo que es peor esos organismos significan más y más pasos para los ya abultados y obesos expedientes, duplicidad de funciones, mul-tiplicidad de sellos y más personal.

Ministro Segura, no se deje atarantar, nada de temores reverenciales frente a sus superiores jerárquicos ni tampoco debilidad ante la burocracia, si es que quiere asegurar una buena gestión que todos le deseamos.

Diario Expreso24 de octubre de 2014

EMPRESARIOS POR EL PERÚ

Está probado, que por lo general, nuestros empresarios apuestan por el Perú, tienen espíritu emprendedor para enfrentar retos y desafíos, ponen en riesgo sus capitales, sean pequeños o grandes, generan puestos de trabajo, pagan impuestos y contribuciones, y lo único que le solicitan al Estado es que no los agobie con trá-mites y requisitos innecesarios que lo único que logran es posponer inversiones tan necesarias en nuestra patria.

Tenemos que acabar de una vez por todas con el absurdo reglamentarismo, abolir tanta norma abusiva, tener legislación estable y sencilla, tributación pre-decible, así como que el administrado sepa que el funcionario público no tiene capacidad decisoria discrecional y que sus determinaciones deben estar susten-tadas en lo que señala la norma.

El Estado a través del actual Ministro de Economía le dice al sector empre-sarial que haga su tarea, en buena cuenta que no sean haraganes e inviertan. Sin

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embargo los empresarios observan que el Estado no cumple con ser contraparte, en efecto sigue haciéndole la vida a cuadritos al empresariado de todo tamaño y encima le imputa falta de compromiso.

Con el pretexto que se dan medidas de estímulo desde el Estado, se anuncia variación de condiciones, olvidando que principalmente el actual Gobierno es responsable de haber aumentado vertiginosamente trámites, requisitos, permi-sos, autorizaciones y licencias, todo ello más enredado que la telaraña.

Bajo el mismo pretexto y con error, creer que se fomentará la reinversión de utilidades. Bajan el algo el Impuesto a la Renta de las empresas, pero aumentan el mismo Impuesto a la distribución de las utilidades o dividendos. Cualquier corrida dará como resultado que se pagará más en lugar de menos. Esto es un engaño y lo peor es que primordialmente afecta a los empresarios pequeños y medianos que esperan sus dividendos pues para eso invirtieron, pusieron sus capitales para que reditúen, fructifiquen, y con eso atender sus necesidades, pero el Estado abusivamente les mete mano al bolsillo.

El Gobierno reconoce, de la boca para afuera, los excesos en materia regu-latoria, así como anuncia con bombos y platillos que los está morigerando, y nos señala como muestra haber expedido nuevos Reglamentos para la llamada “Gestión Ambiental”, entre otros sectores, para la minería. Pero ¡oh sorpresa! la norma determina la existencia de por lo menos ocho autoridades que meten nariz y mano en el asunto, martirizando a los administrados.

Cree acaso el Gobierno que con la hemorragia de trámites, permisos, au-torizaciones, licencias, concesiones e innumerables requisitos repetitivos hubie-ran podido hacer empresa familias que sin contar con mayores recursos hoy son empresarios importantes, respetados y respetables. No hubiéramos tenido a los Añaños, ni a los Guizado, ni a los confeccionistas Flores de San Juan de Lurigan-cho, ni a los Torvisco, ni a tantos otros que hacen patria no solamente sin ayuda del Estado sino teniéndolo casi como si fuera el enemigo.

Terminemos de una vez con tanto absurdo, ello es indispensable para crecer y generar empleo. Los empresarios asumen retos pero no son tampoco maso-quistas.

Diario La Razón07 de diciembre de 2014

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ENERGÍA

ELECTROINTERESES

Ante algunos reclamos por los cobros de intereses de las empresas de servi-cio público de electricidad, Osinerg que es la entidad reguladora del sector, emitió un Comunicado el 11 de Marzo del 2003 pretendiendo resolver el pro-blema.

Antes que resolver el tema, lo agravó, al señalar como criterio que el interés que cobran los prestadores del servicio de energía eléctrica sería el compensato-rio hasta el noveno día calendario después del vencimiento del pago del recibo y a partir del décimo día sólo se devengaría el interés moratorio, sin que sea acumulable al primero.

Para corregir el error de Osinerg, el 20 de marzo del 2003 se expidió el Decre-to Supremo 011-2003-EM que modificó el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas disponiendo que los concesionarios de electricidad podrían aplicar a sus acreencias un interés compensatorio y un recargo por mora, esto es el interés moratorio. Durante los 9 primeros días se aplicaría el interés compensatorio y a partir del décimo día se sumaría al compensatorio el interés o recargo por mora, como siempre fue.

El D.S. 011-2003-EM sin embargo, incurre también en error, y es el de fijar la tasa de interés compensatorio como el promedio entre la tasa activa promedio en moneda nacional (TAMN) y la tasa pasiva promedio en moneda nacional (TIPMN) y fija el recargo o interés de mora en 15% respecto al compensatorio.

Es lamentable que nuestras autoridades para resolver los reclamos de los usuarios eléctricos cometan dos equivocaciones.

La primera es invadir competencia que no les corresponde. En efecto, según los artículos 1243 y 1244 del Código Civil, que es Ley de la República, la tasa máxima de interés convencional, sea compensatorio o moratorio, la fija el Banco Central de Reserva, al igual que la tasa de interés legal.

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La segunda es olvidar que la temática de intereses tiene un sustento económi-co que requiere de regulaciones legislativas. El fundamento económico del interés compensatorio es el de la contraprestación por el uso del dinero ajeno o de cual-quier otro bien. Si es que no has pagado la luz a tiempo, debes abonar también la contraprestación del dinero que no entregas oportunamente, que es el interés com-pensatorio, y luego del plazo de gracia que te dan para dicho pago, a los intereses compensatorios tiene que añadírsele el interés moratorio que es la indemnización por la demora en el pago.

El D.S. 011-2003-EM, al igual que anteriormente Osinerg, olvidó que quien fija las tasas máximas de interés para operaciones ajenas a las del sistema finan-ciero es el Banco Central de Reserva (Ley 26123, art. 51) y que el interés compen-satorio no puede ser menor al financiero y menos cuando se le agrega el mora-torio, pues de lo contrario los usuarios solucionarán sus problemas financieros, postergando el pago de sus obligaciones de energía eléctrica, que será menos oneroso.

Diario Síntesis 28 de marzo de 2003

¿ABARATAR EL GAS NATURAL O EL GLP?

Muchas personas confunden el gas natural con el gas licuado de petróleo (GLP), lo que ha generado que algunos hayan entendido el ofrecimiento del hoy partido de gobierno, de abaratar el gas natural con el GLP que se envasa en los famosos balones para consumo doméstico y otros usos.

Sin embargo y lamentablemente, existe el riesgo de que el precio del GLP no solamente no se reduzca sino que pueda aumentar de precio hasta llegar al con-sumidor final, por una inconveniente proyectada norma legal, que bajo el buen y sano propósito de garantizar su abastecimiento, en la práctica complica todo.

Nos explicamos. El GLP es transportado mediante buque, desde Pisco hasta el Callao, por su productor que lo entrega a las plantas de almacenamiento en alta mar, las que lo llevan a sus instalaciones desde ductos que se encuentran en plataformas marinas. A su vez desde las plantas de almacenamiento se provee el GLP a envasadoras y a distribuidores, al igual que a quienes comercializan el GLP a granel mediante camiones cisterna.

A fines de junio y principios de julio del 2010, debido a inusitada braveza del mar y a fuerte oleaje, no fue posible descargar a tiempo el buque carguero que transportaba el GLP a las plantas almacenadoras en el Callao, habiendo la

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autoridad marítima cerrado las operaciones portuarias y las descargas por duc-tos desde las respectivas plataformas marinas.

Dicha situación que clarísimamente se cataloga como de fuerza mayor, y por lo tanto sin responsabilidad de los agentes, pues se trataba de un impedi-mento originado por la naturaleza, generó desabastecimiento temporal del GLP.

Previendo que hechos de la naturaleza como el ocurrido hace un año pu-diera repetirse, se expidió el D.S. Nº 045-2010-EM se dispuso que las plantas de producción de GLP y a las plantas de almacenamiento, a mantener una existen-cia media de GLP equivalente a 15 días de despacho promedio de los últimos seis meses, pero sin advertir que los despachos marítimos de GLP desde Pisco al Callao se efectúan por lo general 3 veces al mes y que la existencia promedio ordenada sólo permitiría comercializar el....% ya que el saldo del....% tendría que quedar guardado como garantía para satisfacer el consumo en tiempos de desa-bastecimiento. En realidad el dispositivo aludido obliga al desabastecimiento. ¡De Ripley!

Pero eso no es todo, ahora se ha publicado oficialmente un proyecto de otro Decreto Supremo para modificar el antes aludido, el que obliga a las plantas de abastecimiento a ampliar su capacidad de abastecimiento y a otorgar fianza ban-caria que garantice la ampliación. Ergo se encarecerá la operación, lo que al fin de cuentas se traslada al consumidor final, lo que significa peligro de encarecer el precio en lugar de reducirlo como fue anunciado en su momento por el hoy gobierno.

El proyecto al que nos referimos, de espalda a toda lógica y tecnicismo, mez-cla reservas mínimas con reservas medias, todo un zafarrancho, y encima tra-ta diferentemente a las plantas productoras y a las abastecedoras, ya que a las plantas envasadoras, las distribuidoras y los comercializadores a granel, no están obligados a mantener reservas, pese a que son quienes más cerca se encuentran de los usuarios. Todo lo anterior se agrava en el hecho que plantas de almacenamien-to que están frente al litoral, en lo que fuera el ex-Fundo Oquendo, soportan las consecuencias de invasiones permitidas por las autoridades edilicias de nuestro primer puerto y que teniendo la responsabilidad de poner orden cierran los ojos a lo que sucede y ni siquiera abren la vía cerrada ilícitamente por los invasores, que era el ingreso al litoral para dar el mantenimiento al ducto de abastecimiento del GLP que llega desde el mar hasta las plantas. Obviamente será difícil que exista nueva inversión para ampliar capacidad de abastecimiento, si el Estado en sus diversos estamentos calla en todos los idiomas frente a los abusos señalados.

Diario La Razón28 de agosto de 2011

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GLP PUEDE AUMENTAR DE PRECIO

Existe el riesgo que el precio del GLP no solamente no se reduzca sino que pue-da aumentar, por una inconveniente proyectada norma legal, que bajo el buen y sano propósito de garantizar el abastecimiento, en la práctica complica todo.

El GLP es transportado mediante buque, desde Pisco hasta el Callao, por su productor que lo entrega a las plantas de almacenamiento en alta mar, las que lo llevan a sus instalaciones desde ductos que nacen en plataformas marinas. A su vez desde las plantas de almacenamiento se provee el GLP a envasadoras y a dis-tribuidores, al igual que a quienes lo comercializan a granel en camiones cisterna.

A fines de junio y principios de julio del 2010, debido a inusitada braveza del mar y a fuerte oleaje, no fue posible descargar a tiempo el buque carguero que transportaba el GLP a las plantas almacenadoras en el Callao, habiendo la autoridad cerrado las operaciones portuarias y las descargas por ductos.

Dicha situación que se cataloga como de fuerza mayor, y por lo tanto sin res-ponsabilidad de los agentes, generó desabastecimiento temporal del GLP.

Previendo que hechos de la naturaleza como el ocurrido hace un año pu-diera repetirse, se expidió el D.S. Nº 045-2010-EM que ordeno a las plantas de producción y a las plantas de almacenamiento de GLP, a mantener una existencia media equivalente a 15 días de despacho promedio de los últimos seis meses, pero sin advertir que los despachos marítimos de GLP desde Pisco al Callao se efectúan por lo general 3 veces al mes y que la existencia promedio ordenada sólo permitiría comercializar el 15% ya que el saldo del 85% tendría que quedar guar-dado como reserva para satisfacer el consumo en tiempos de desabastecimiento. En realidad el dispositivo obliga al desabastecimiento. ¡De Ripley!

Peor aún, ahora se ha publicado recientemente un proyecto de otro Decreto Supremo para modificar el antes aludido, y que obliga a las plantas de almacena-miento a ampliar su capacidad y a otorgar fianza bancaria que garantice la amplia-ción. Ergo se encarecerá la operación, lo que al fin de cuentas pagara el consumidor final.

El proyecto al que nos referimos, reñido con lo técnico, mezcla reservas mí-nimas con reservas medias, y trata diferentemente a las plantas productoras y almacenadoras, respecto a las plantas envasadoras, distribuidoras y a los comer-cializadores a granel, a quienes no se los obliga a mantener reservas.

Lo anterior se agrava en el hecho que plantas de almacenamiento que están frente al litoral, en lo que fuera el ex-Fundo Oquendo, soportan las consecuencias de invasiones permitidas por las autoridades edilicias del Callao y que teniendo la responsabilidad de actuar con arreglo a Ley mantienen cerrada la vía clausurada ilícitamente por los invasores, vía que permitía ingresar a la zona de los ductos

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para darles mantenimiento. Es improbable que exista nueva inversión para am-pliar la capacidad de abastecimiento de GLP, si el Estado no pone freno a los abusos aludidos.

Diario La Razón18 de setiembre de 2011

POPULISMO PETROLERO

Se ha puesto a la venta la refinería de petróleo de “La Pampilla”, una envasadora de gas y la importante cadena de servi-centros y grifos “Repsol”. La propietaria se retira del mercado en algunos países, nada raro por cierto, pero lo que llama la atención es que la empresa estatal PETROPERÚ, desee comprar, sea sola o asociada con terceros.

Algunos objetan el anuncio manifestando que el Estado no debería invertir en empresas, pues cuando lo hace por lo general pierde y afecta al erario nacio-nal, que se nutre de los impuestos que pagamos. La realidad es que no todas las empresas del Estado han sido mal manejadas, y que mucho depende el éxito o fracaso empresarial de la calidad y del comportamiento ético de sus directivos y ejecutivos, por lo cual no participamos en la falsa generalización invocada.

Otros manifiestan que acorde con la Constitución, la actividad empresarial del Estado es subsidiaria y únicamente movida por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Si bien PETROPERÚ es empresa del sec-tor público en actividad y que por su objeto social bien podría adquirir en todo o en parte los bienes que se han puesto a la venta, no se ha acreditado el requisito de alto interés público ni el de conveniencia nacional.

Sin embargo lo más importante no es el señalamiento de los negativos ante-cedentes empresariales del Estado ni tampoco su rol subsidiario, sino la conve-niencia de adquirir negocios con activos que están en funcionamiento, con lo que nada nuevo va a beneficiar a los peruanos, y menos cuando al otro lado de los activos existen elevados pasivos que se tendrían que atender.

El dinero proveniente de los impuestos que pagamos, debe ser empleado racional y adecuadamente y no distraído en emprendimientos que el Sector Pri-vado está interesado y puede realizar, y encima sin aportar nada nuevo al desa-rrollo del Perú y a la prosperidad de sus habitantes.

Cómo decía un conocido aviso publicitario: ¿te sobra la plata? La respuesta es que no sobra, entonces no hay motivo alguno para el despilfarro y menos aun cuando el Estado podría invertir en infraestructura vial a poblaciones alejadas en

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que no tiene todavía interés el sector privado o tal como me decía un prestigioso especialista en temas energéticos: llevar electricidad a las pequeñas poblaciones que la actividad privada no atiende por carencia de rentabilidad.

Cuidado con el populismo petrolero, Venezuela es vergonzoso ejemplo para no seguir.

Diario Expreso26 de abril de 2013

EXORCISMOS Y TEMORES

Se impuso la razón en el caso de Repsol. El gobierno entendió que es imprudente incursionar en aventuras empresariales con el dinero proveniente de los impues-tos que pagamos los contribuyentes, y menos para adquirir bienes existentes y que ningún valor agregarán a la economía de los peruanos. Es mejor aplicar los ingresos fiscales a lo que son los deberes del Estado, saludando que el Gobierno no se haya empecinado en un revés económico que hubiera obligado a postergar tantas obras de infraestructura que son indispensables para el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes.

No empuñaremos el sahumerio para lanzar incienso al giro gubernamental mencionado, pero tampoco nos sumaremos a las voces que creen que la crítica desde los sectores políticos doblegó al Ejecutivo. Prefiero creer que fue la con-fluencia de la sola razón, desde todos los sectores involucrados.

Sin dejar de saludar el anuncio de ¡REPSOL NO VA!, la verdad es que ello no basta para el desarrollo del país. Se ha evitado dilapidar recursos del Estado en algo innecesario y preexistente, pero no se está haciendo lo suficiente para que el Estado tenga más recursos para cumplir con sus obligaciones.

Los mayores recursos no se obtienen con más impuestos ni elevar las ta-sas de los vigentes, sino incorporando al sistema formal a quienes no lo están, para que también soporten sus bolsillos el sostenimiento del aparato estatal y la ejecución de las obras de infraestructura requeridas por el país. Pero ello no es todo, se necesita urgente de mayores emprendimientos que generen pues-tos de trabajo, que se destrabe el trámite burocrático repetitivo y agotador, y que quienes tienen que tomar decisiones, por más duras que parezcan, pues las tomen.

Si hay ministros y funcionarios públicos que para tomar decisiones necesi-tan del exorcismo para espantar el demonio de sus miedos –casi ya pánico- pues que se sometan a él, dado que apremia que quienes tienen responsabilidades

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públicas las ejerzan a cabalidad, que tomen sus determinaciones a tiempo, que expidan las resoluciones, autorizaciones, concesiones y permisos, dentro de los plazos establecidos, y que no lesionen a los inversores con sus indecisiones y postergaciones que lo único que logran es que las inversiones previstas se vayan a otras latitudes donde son mejor recibidas y tratadas.

Con el mayor respeto invocamos a quienes detentan el poder de decidir, simplemente que lo hagan, y a tiempo.

Diario Expreso17 de mayo de 2013

GAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

El tema gasífero es de gran importancia para el país, pues se ha convertido en fuente principalísima para la generación de energía. Además es claro ejemplo que los recursos naturales deben ser explotados, proscribiéndose atentados con-tra la economía del Perú, como por muchos años fue el disparate de impedir la explotación del yacimiento de Camisea.

En el Perú existen tres grandes lotes de gas natural, el lote 88 para el merca-do local que se viene operando desde el 2004, el lote 56 para la exportación desde el 2010, y el lote 58 cuyas reservas se pretenden destinar al sur del país.

Debido al crecimiento y desarrollo peruano, la demanda eléctrica térmica que usa gas natural se incrementó en forma impresionante, con el resultado que el consumo que se previó alcanzar en el año 2018 se logró en el 2010, lo que nos debe llevar como Nación a efectuar más exploración y de ser el caso, operar los pozos con existencia gasífera.

Lamentablemente se cometió el error en las Leyes 26980 y 27133, de sus-pender las concesiones para centrales hidráulicas, que se operan con recurso natural renovable, error que hoy nos pasa factura ante el peligro de cortes de suministro eléctrico, lo que se agrava con la inexplicable demora burocrática para cuanto trámite existe.

La utilización del gas requiere de su transporte desde los pozos de extracción hasta los lugares de consumo, lo que se hace a través de costosos gasoductos, que pagamos en nuestros recibos por consumo de luz eléctrica, motivo por lo cual en una sana economía no deberían utilizarse recursos financieros del Estado cuando existe Sector Privado dispuesto a efectuar la inversión requerida, pese a la nueva realidad gasífera mundial originada en los recientes desarrollos en los Estados Unidos de América.

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El tema del gas es sensible, pues hubieron ofrecimientos políticos con expectativas difíciles de cumplir, salvo que el Perú se convierta en émulo ve-nezolano, pero sin recursos suficientes para hacer de Papá Noel energético. A ello se agrega la construcción de gasoductos que al final de cuentas pagamos todos los consumidores, por lo que el Estado tiene que ser muy transparente, al igual que los transportistas del gas, en la determinación del importe de las inversiones.

Adicionalmente el Estado tiene que dar seguridad, durante la construcción y la operación de los gasoductos, para impedir cualquier atentado.

Diario Expreso20 de setiembre de 2013

LA BIBLIA DE LOS HIDROCARBUROS

La joven “Sociedad Peruana de Hidrocarburos”, con solamente un año de exis-tencia, ha presentado el “Libro Blanco de los Hidrocarburos”, pudiendo afirmar que es la Biblia para el Sector que representa, y que debería ser lectura obligada para nuestros gobernantes, parlamentarios, ministros, altos funcionarios públi-cos, así como para quienes pretenden incursionar en los procesos políticos elec-torales del 2016.

Con claridad y sin molestar a nadie con adjetivos innecesarios, la Presidenta del gremio, Beatriz Merino Lucero, ha dado un buen ejemplo que bien podrían repetir otras asociaciones en los sectores agropecuario, comercio exterior, comu-nicaciones, electricidad, forestal, industria, minería y turismo, para dar a conocer su situación e informar al Estado sobre las trabas que encuentran para nuevas in-versiones o ampliación de las existentes, y con propuestas concretas de solución.

Afirma la publicación que la producción de petróleo crudo ha disminuido, debido “no sólo a que no se han desarrollado nuevos campos de producción, sino, adicionalmente, al excesivo tiempo que se requiere para gestionar y obtener autorizaciones para explorar, explotar y luego producir”.

Propone con lucidez aportes “…en la construcción de un nuevo contrato social que involucre al Estado, la empresa privada y la sociedad civil” con una también nueva arquitectura institucional que permita la gestión eficiente del sec-tor para obtener como objetivo de política pública el aumento de producción para cubrir la demanda interna y superar la balanza comercial deficitaria, mejo-rar la competitividad, compromiso con el medio ambiente, y promover mejores relaciones comunitarias.

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Sin tremendismos, nos recuerda el informe del Instituto Fraser en que alerta “que las inversiones podrían bajar o no estar creciendo como podían hacerlo de-bido a la percepción de inestabilidad que existe sobre el país”.

Igualmente señala la estrategia para lograr los objetivos propuestos, la que comprende como ejes: la promoción de la inversión, la protección ambiental y so-cial, y por último el rediseño institucional. Contiene propuestas tan simples como establecer la “ventanilla única” para los trámites, hasta otras de mayor elaboración.

Nos hace una relación de las diversas Entidades del Estado que intervienen en el proceso normativo, regulatorio y supervisor de la inversión en hidrocarbu-ros, que burocratiza todo, atenta contra la simplificación administrativa, la opor-tunidad de las inversiones y la eficiente coordinación entre autoridades.

Es el libro blanco para el oro negro, y si les llegó a nuestros dirigentes gu-bernamentales, pónganlo en su mesa de noche para leerlo, no puede ser un libro más en sus estantes.

Diario Expreso25 de abril de 2014

MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

Mucho se ha dicho sobre el proyecto de modernización de la Refinería de Talara a cargo de Petroperú. Algunos consideran que el proyecto es rentable mientras otros creen que no lo es, y que además es una inversión exageradamente onerosa para el Estado.

No soy experto en el tema, aunque considero que convendría explorar la posibilidad de invitar a participar a la inversión privada en el proyecto, con lo cual sabremos si es o no es pertinente, pues el privado no arriesga capitales sin estudios serios de factibilidad y de rentabilidad.

No hay que tener temor en la participación de privados en empresas públi-cas, pues por lo general le otorgan mucho profesionalismo a la gestión, y más si se trata de un tema tan especializado como son los hidrocarburos.

Deberíamos tener en cuenta que la actual “Ley General de Sociedades” en su sexta disposición final, mantiene la vigencia de la Ley N° 26844. Dicha Ley re-gula el proceso de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado del Sector Hidrocarburos, y dispone que el Estado mantendrá una participación minoritaria en el capital social de las empresas, constituida por la propiedad de una o más acciones que serán de una serie especial comúnmente denominada “acción dorada”.

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La acción dorada confiere al Estado como titular de aquella, voto dirimente en decisiones sobre cierre de la empresa, incorporación de nuevos accionistas, reducción de capital, emisión de obligaciones convertibles en acciones, inscrip-ción de cualquier serie de acciones de la empresa en la Bolsa de Valores, cambio de objeto social, transformación, fusión, escisión o disolución de la sociedad y garantías reales sobre bienes sociales para respaldar obligaciones distintas a las de la propia empresa, así como a elegir cuando menos a un director.

La acción o acciones doradas no pueden transferirse a terceros sin la autori-zación previa de la Junta General adoptada con el voto conforme de la acción o acciones del Estado, bajo sanción de nulidad.

Como vemos, así sea minoritario el Estado en la posesión de acciones de Petroperú, tendrá decisión determinante en muchos temas de relevante impor-tancia, y con ello garantizados los objetivos del Estado para permanecer como accionista, en aras por velar por la buena marcha empresarial con estándares razonables de gestión.

Sin embargo nada de esto es posible, y ningún privado se interesará por un negocio, si la gestión comercial y la determinación de los precios de venta de los bienes se hace con base en cálculo político y no económico-financiero, decisión que pone en riesgo no solo la sostenibilidad del negocio a largo plazo sino que emite señales de precios distorsionados al mercado afectando a la economía mis-ma pues los precios no reflejan el verdadero costo de producción-almacenamien-to y por lo tanto no incentiva a la inversión en mejoras a la infraestructura. A lar-go plazo todos los consumidores pagaremos más por esta distorsión de precios.

No pretendemos en este artículo otra cosa que llamar la atención sobre la existencia de la normatividad legal aludida, que podrá ayudar a la toma de ade-cuadas decisiones.

Diario La Razón28 de setiembre de 2014

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ESTADO Y POLÍTICA

FORJEMOS EL FUTURO

Concluido el proceso electoral, la gran pregunta que se hacen los peruanos es ¿y ahora qué?

Para responder al interrogante tenemos que recordar que la recuperación de la democracia plena en nuestro querido Perú, requirió del concurso de todas las fuerzas políticas auténticamente democráticas y de la sociedad civil. Se trabajó denodadamente para terminar con el régimen de Alberto Fujimori, que borró con el autoritarismo y la corrupción los antiguos recuerdos de cosas positivas como la lucha contra la inflación y el terrorismo. Los demócratas estuvimos juntos, sin distinción de colectividades políticas, en esa importante lucha, sin embargo, cuando se anuncia nuevas elecciones y se inicia el periodo electoral, los antiguos amigos y hermanos en la tarea democrática se ven confrontados por llegar al poder.

Todos somos conscientes que lo que debió ser una campaña de propuestas y de exhibición de equipos de gobierno, lamentablemente se convirtió en acusa-ciones, en dimes y diretes, en escarbar la vida personal y familiar de candidatos e incluso llegar a recusables enfrentamientos.

Ahora que ha terminado la contienda electoral, luego que los ciudadanos han preferido al candidato Alejandro Toledo para regir los próximos cinco años los destinos del Perú, reconociéndole su tesonera y perseverante tarea cívica, hay grandes obligaciones por cumplir.

Al parlamento, en que ningún grupo político tiene mayoría por sí mismo, le compete la tarea de conciliar y concertar para hacer gobernable nuestra patria.

A los partidos políticos distintos al del triunfador de la contienda, les corres-ponde ayudar a la gobernabilidad del país, prestando su colaboración en lo que pueda concertarse y siendo críticos con alternativas en los temas en que hubiera discrepancias.

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A la sociedad civil, a los sindicatos, a lo empresarios, a los diverso grupos humanos que recibieron durante la campaña electoral ofertas muchas veces exa-geradas, tendrán también que comprender que se requiere para su cumplimiento alguna medida de gradualidad y suficiente tiempo para poderlas cumplir.

A las Fuerzas Armadas y a la Policía, volver a la senda del cumplimiento de su misión constitucional, legal, sin desviaciones, y en actitud transparente hacer lo cambios y rectificaciones que hoy el Perú reclama.

A los países cooperantes y a los organismos de crédito internacional, su re-novada ayuda, comprendiendo nuestras limitaciones y carencias, así como la ne-cesidad del Perú de seguir contando con su apoyo.

Al Gobierno que iniciará funciones será menester requerido para que la transferencia se realice sin sobresaltos, que la concertación tan ofrecida no sea flor de un día, y que se inicie la tarea de la reconstrucción y reconciliación nacio-nal, sin que ello signifique de modo alguno impunidad.

Mucho se ha ofrecido, muchas son las dudas que aún existen, pero lo más importante es que se genere confianza en nuestro país y en nuestros gobernantes. Sin confianza no podrá existir inversión generadora de puestos de trabajo, por lo que claman millones de peruanos.

Tiempos-Mundo07 de junio de 2001

OBSERVACION A LA LEY

Gran revuelo ha generado en el ambiente político, el retiro por el Presidente Gar-cía de una observación formulada por el Presidente Toledo a la autógrafa de una Ley sobre las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

Se ha dicho que ello es irregular, que la observación cursada al Congreso debe ser tramitada sin posibilidad de retiro y menos si se trata de observación de un Presidente distinto al que la retira.

No hay en este asunto nada irregular, inconstitucional o ilegal, y es perfec-tamente válido el retiro de la observación y la promulgación y validez de la Ley.

Nuestro ordenamiento constitucional establece que luego de ser aprobada una Ley por el Congreso, la autógrafa se remite al Presidente de la República para su promulgación y publicación.

El Presidente de la República tiene tres opciones. La promulga dentro del plazo de quince días (días hábiles parlamentarios) en cuyo caso se convierte en Ley, lo que es la primera opción.

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La segunda opción es que el Presidente de la República la observe, para lo cual tiene el mismo plazo. En este caso, recibida la observación por el Congreso, la tramita y se dictamina en Comisiones, y luego se reconsidera sea allanándose a la observación presidencial o insistiendo en su texto original, correspondiendo al Presidente del Congreso la promulgación.

La tercera opción es la del facilismo y que en la jerga parlamentaria deno-minamos opción Pilatos, pues el Presidente de la República se cruza de brazos, dejando pasar los quince días sin promulgar ni observar el texto del Congreso. En la práctica es soplarle la pluma al Presidente del Congreso, que por mandato constitucional debe promulgarla.

Es principio de Derecho que los actos jurídicos se deshacen en la misma forma en que se hacen, y al no impedir la Constitución que una observación sea retirada, es válido que el retiro proceda, al igual que cuando el Presidente de la República presenta proyectos de ley al Congreso, y puede también re-tirarlos.

Por otro lado el principio de economía procesal es de tenerse en cuenta, pues con el retiro de la observación presidencial se evita el innecesario trámite congresal de la reconsideración de un texto legal que el Presidente de la Repú-blica dejó de objetar y puede promulgar de inmediato convirtiéndolo en Ley de la República.

Se ha argumentado para el tema concreto que comentamos, que habiendo sido observada la autógrafa por el Presidente saliente, no podría el entrante re-tirar la observación que no planteó. Error, pues también hay el principio de la continuidad de la administración del Estado. No se trata del Presidente Toledo o del Presidente García, sino del Presidente de la República.

Imagínese lo absurdo que sería que las leyes aprobadas al final del periodo parlamentario 2001/2006, ellas tuvieron necesariamente que ser promulgadas u observadas por el Presidente de la República de ése período, pese a que el plazo para ello recién vence bajo la nueva administración gubernamental.

Si la observación de autógrafa de ley es atributo del Presidente de la Repú-blica, también lo es su retiro, que no es otra cosa que el desistimiento, acto proce-sal de dejar sin efecto algún planteamiento inicial.

La norma cuyo retiro de observación presidencial ha sido objeto de cuestio-namientos, versa sobre agua y empresas prestadoras de servicio público de su distribución, pero no por tratarse de agua, hagamos olas donde no es necesario.

Diario La Razón19 de agosto de 2006

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PANIAGUA GRAN SEÑOR

Pocas personas, en vida o después, generan tanta corriente de simpatía, como la que hemos podido observar alrededor de la persona de Valentín Paniagua Cora-zao, quien recientemente nos dejó.

Mucho se ha dicho y escrito en estos días sobre él, aunque desde distintos ángulos y respecto a sus distintas facetas. Se ha destacado su trayectoria como político, como militante de partido, como ministro, como parlamentario, como presidente del Congreso y de la República, como catedrático y como jurista. No quiero repetir más de los mismo, pero si referirme al ser humano correcto y sen-cillo, del día a día.

No debo omitir que para esta visión del Valentín Paniagua, ser humano, me inspiré en la reflexión que de él hiciera Luis Bedoya Reyes en su velatorio. Bedoya lo vió “sentado en la Presidencia de la República, con la misma sencillez, simplicidad y transparencia que tuvo en su vida”

Acertada visión de Bedoya, pues la sencillez, modestia y simplicidad que siempre en vida demostró Paniagua, eran parte de sus características, que lo mostraban como un ser bueno, en el que se podía confiar, que cumplía la palabra empeñada, que siempre tenia expresión amable para con los demás, y que sabía pasar por alto agravios e ingratitudes. De talla pequeña pero de estatura grande, de reflexión prolija y de juicio sereno.

Trataba a todos con la misma generosa cortesía y respeto. Frente a él nadie se sentía avasallado ni por su elocuencia, ni por su sapiencia y menos por su distancia, pues a todos trataba por igual, hombres y mujeres, jóvenes o ancianos, afortunados o sin fortuna, cultivados o sin cultura. Su trato era horizontal, sin caer en excesos ni exagerar en supuestos amiguismos.

Ejerció los más encumbrados cargos, sea en lo político, en lo partidario, en lo parlamentario, en lo académico, y también en el área gubernamental, tanto como Ministro como en su función de Presidente Constitucional en gobierno de tran-sición. En todos ellos se mostró tal como lo visualizaba Bedoya, sencillo, simple y transparente.

Nunca se dejó seducir por los halagos del poder, menos aún por los elogios, y nunca por los usos cortesanos y parafernalia del poder. Nunca se exhibió con exceso de medallas, condecoraciones y distinciones, pues no competía con quie-nes lucen cual escaparates de mal gusto.

No dejo tampoco que sus colaboradores mal utilizaran su cercanía con el patricio. No permitía la pomposidad, pero tampoco aceptaba sirenas y circulinas. En el barrio de su domicilio, no se escuchó sirenas, el ulular de las circulinas, ni los ruidos de motocicletas.

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Pese a corresponderle por derecho no habitó el Palacio de Pizarro, siguió residiendo en su misma casa y con su mismo personal, y nadie que visitaba la zona se enteraba que era el vecindario de Paniagua. Su esposa practicaba el mis-mo perfil tranquilo y humilde del maestro, y ambos educaron a sus hijos con los valores de la modestia y sencillez.

Increíble pero cierto, hasta los conocidos plumíferos que siempre encuen-tran defectos y motivos para criticar, tratándose de Paniagua hicieron excepción a su regla.

Al recordar a Paniagua, rememoramos su candidatura presidencial el úl-timo verano, en que pensando en voz alta, molestaba que al ser candidato ter-minaría perdiendo la Presidencia a que aspiraba, pero haciéndonos perder al resto de los peruanos, el referente serio, sereno, y ético de su figura. La voz de Valentín Paniagua debería ser la que fijara ruta, orientara en momentos difíciles de la Repúlica y sustituyera a quienes lo habían antecedido en las funciones de los grandes patricios como lo fueron en su momento Don José Luis Bustamante y Rivero y Don Fernando Belaunde Terry.

Nos quedamos sin referente, pero tenemos su ejemplo, y ojalá sus virtudes, tanto humanas como cívicas, sean el norte que nos guíen.

Diario La Razón22 de octubre de 2006

DISOLVER

Los israelitas han enseñado al mundo, que para no olvidar hay que recordar, y que el recuerdo es el aprendizaje para que lo malo no vuelva a repetirse.

Hacen quince años, y hay que recordarlo para que no se repita, el 5 de abril de l992 se produjo un golpe de estado, llamado eufemísticamente por algunos “interrupción del sistema democrático”. Fue un golpe sui generis en el Perú, pues no fueron terceras personas las que cambiaron la correlación de fuerzas, sino que quien perpetró el agravio a la democracia fue el Presidente de la República que había sido elegido como tal por los ciudadanos en l990.

Los que estaban en suelo patrio vieron por televisión o escucharon por la ra-dio al propio Presidente de la República, democráticamente elegido, que utiliza-ba el verbo DISOLVER para cerrar el Congreso, despedir a diputados y senado-res, cerrar también al Tribunal de Garantías Constitucionales, al Jurado Nacional de Elecciones, echar a la calle a magistrados judiciales y del Ministerio Público, destituir a los gobiernos regionales, e iniciar una etapa gubernamental en que los designios de aquel presidente se convertían en ley.

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A otros nos tocó conocer la noticia cuando nos encontrábamos represen-tando al Perú en la Unión Interparlamentaria, cuya asamblea se realizaba en Ca-merun, en la lejana Africa, y en donde recibimos el respaldo solidario de los es-tados democráticos, donde destacaron, auque sin ser los únicos en ése entonces, Chile, España y Venezuela. Recuerdo que conjuntamente con José Barba Caba-llero, Gilberto Cabanillas, Ana María Fernandini, Víctor Andrés García Belaún-de y Jorge Lozada Stambury, defendimos los valores democráticos, el estado de derecho y los principios de la separación de poderes.

En Camerun se encontraba residiendo una sola peruana, María Rosa Tapia de Buteau, esposa de un consultor forestal de nacionalidad canadiense, Denis Bu-teau, quienes nos dieron toda su ayuda, nos facilitaron la logística que se reque-ría para nuestras comunicaciones con Lima, y tuvieron invalorable participación para que pudiéramos viajar a los lugares que nuestras dirigencias partidarias ha-bían dispuesto, en aras de conseguir apoyos internacionales a la causa del Perú.

Es de resaltar la entereza de un embajador peruano, me refiero a Hugo Pal-ma Valderrama, que estando en París, y muchos de nosotros en tránsito hacia Camerun, nos recibió con la amabilidad que caracteriza a la diplomacia peruana. Eramos parlamentarios. Empero, al regresar vía Paris, después del autogolpe, y habiéndose cerrado el Congreso, pues nos recibió con la misma consideración y gentileza que la primera vez.

A Víctor Andrés García Belaúnde y al autor de esta nota, nos tocó el en-cargo de nuestras dirigencias partidarias de salir de París e ir a Miami, donde se encontraba Máximo San Román, quien había sido elegido en l990 Primer Vi-ce-Presidente de la República y era también Senador, quien durante el primer año del gobierno al que perteneció, recibió votación multipartidaria para presidir el Senado. San Román fue conciente de su compromiso institucional, y ponien-do acción a su vocación por el sistema, dejando de lado tentación totalitaria, de quienes intentaban que incumpliera el juramento formulado aquel 28 de julio de l990, viajó a Washington, y demandamos allí a la OEA el cumplimiento de su rol con la democracia.

Mientras tanto en el Perú, insólitamente, la ciudadanía prestaba su apoyo a quien había destrozado el sistema y tuvimos en la práctica el mundo al revés. Los invasores convertidos en buenos y los invadidos en malos. El motivo de ésa mutación creo que no fue otro que el aforismo miente, miente, que algo queda.

Efectivamente, una y mil veces, los voceros del autogolpe dijeron que el Congreso era corrúpto, que no dejaba gobernar, y que se oponía a los pedidos del Poder Ejecutivo. Falso de toda falsedad. Es más que sabido que el Congreso sólo cuenta con su presupuesto, por lo cual no podía existir corrupción en la uti-lización de los dineros del Estado. El mismo Congreso le dió al Poder Ejecutivo facultades delegadas para la lucha contra el terrorismo y la subversión, e incluso

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lo facultó a dictar diversos Códigos, tanto es así que en son de broma se decía que el único Código excluído era el “código de barras”.

Al igual que destacamos la actitud de Máximo San Román, debemos re-cordar a Alfonso De Los Heros, quien tampoco se dejó atrapar por los cantos de sirena, y en actitud que siempre lo honrará, dejó de acompañar al golpista, retirándose de la Presidencia del Consejo de Ministros. Singular actitud, la de un hombre anciano, aún convaleciente de dolencia que casi le quita la vida, que supo encarnar la prestancia de hombre de estado, que tras las rejas de su domici-lio, en donde fue confinado, lideró a los demócratas peruanos. Roberto Ramírez del Villar tiene ganado su sitio en la historia del Perú.

Ante la falta de apoyo popular a la causa de la democracia peruana, se tuvo que recurrir al exterior, donde también es destacable el comportamiento de la OEA, que facilitó el camino para llegar a lo que se denominó posteriormente el Congreso Constituyente, al que se le agregó el innecesario apellido “Democráti-co”. El resto de la historia es conocida.

Diario La Razón05 de abril de 2007

POLÍTICA Y ESTADO

Responsabilidad con urgencia II

En artículo anterior hacíamos algunas reflexiones respecto a la visión de nuestro país, con la objetividad que a veces te da estar a la distancia y lejano del día a día. Nuestra observación central era la dicotomía existente entre el espectante rendi-miento de la economía peruana y la irresponsabilidad de desaprovechar dicha situación por muchísimos peruanos, incluidas algunas autoridades.

Ciudadanos de otras nacionalidades, estando en el extranjero, nos comentan sin esconder envidia, sobre el crecimiento del Perú y sus indicativos macroeco-nómicos, como son el aumento del PBI, la elevación de nuestras exportaciones, la balanza comercial positiva, la reducida inflación, la fortaleza monetaria, el crecimiento de inversiones y la reducción de pobreza, aunque esta última sea insuficiente.

Sin embargo, muchos peruanos no toman conciencia que estamos pasando por buenos tiempos, y que deberíamos aprovecharlos mejor, incluso como man-da una sana economía, en época de vacas gordas hay que guardar para tiempo de vacas flacas. No sólo estamos desaprovechando la situación sino que la petar-deamos, haciendo lo posible para que no se solucionen muchísimos problemas.

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Una mirada más amplia de la que advertimos en artículo anterior, nos hace poner los ojos en Huancayo, donde el sindicato magisterial llevó adelante su huelga. En Ancash su presidente regional le pone zancadillas a la inversión minera, que hoy es el soporte de dicha región. En Chiclayo se notaron actos de violencia del sindicato de construcción civil y más al norte algunas organizaciones no guber-namentales, actuando contra la actividad minera en lugar de buscar el desarro-llo sustentable de un sano manejo ambiental. Los recursos fiscales han crecido, si bien no son suficientes para paliar el embalse de problemas de siglos, no se pueden utilizar eficientemente en inversión al interior del país, por carencia de gerencia adecuada e incluso porque quienes con razón cuidan que los recursos se empleen bien, no dan a las regiones y municipios la asesoría requerida para invertir como Dios manda y no despilfarrar recursos que quizás en el futuro no lleguen. Algunas ONG olvidando que estamos en democracia, y que desde el gobierno de transición de Paniagua, pasando por el de Toledo y continuando con el de García, se intenta seriamente la reconciliación, se protegen los derechos humanos y se acciona para reparar a las víctimas de la violencia; ellas insisten en desprestigiarnos ante la comunidad internacional como si aún estuviéramos en el infierno. La misma mirada con ojo crítico al acontecer nacional se suma el oído atento, al ruido político, pues algunos de los que ejercen funciones públicas de importancia creen que cuanto más alto hablen y más adjetivos expresen y más cabes le pongan al país, más conocidos y prestigiados serán. Es necesaria mayor responsabilidad en todos los actores y entender que para que exista el bienestar que todos anhelamos es indispensable que exista trabajo. Para que haya trabajo es indispensable inversión. Para que los inversores arriesguen es necesario que exista tranquilidad en el Perú, estado de derecho, seguridad jurídica y estabili-dad tributaria. Contribuyamos todos a hacer un mejor Perú.

Diario Expreso12 de agosto de 2007

PARTICIPAR EN LA POLÍTICA

Muchas personas tienen claro que la participación en política es un derecho, pero pocas tienen conciencia que también es deber. Quizás tal dicotomía se deba a que nuestra Constitución reconoce el derecho ciudadano a participar en los asuntos pú-blicos mediante referéndum, iniciativas legislativas, remoción o revocación de au-toridades, demandas de rendición de cuentas, así como elegir y ser elegidos. Sólo nuestra Ley de Leyes se refiere específicamente al deber de participación política cuando trata sobre el gobierno municipal de la respectiva jurisdicción del vecino.

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Sin embargo debemos recordar que todo derecho lleva implícito obligación, y que no puede ser pretexto para no participar en política la arraigada creencia que ella es sucia, que quienes son sus actores lo hacen con propósitos de beneficio propio y que carecen de la más mínima mística de servicio.

Muchas veces se ha enfatizado que quienes no quieren participar, en la prác-tica están renunciando al derecho de tener buenos gobernantes y representantes en los tres consabidos niveles, como son el nacional, regional y municipal, y la abstención de los que son más calificados en conocimientos, comportamiento ético y capacidad de ejercicio democrático del poder, dejan espacios vacíos que luego se llenan con quienes carecen de dichos atributos pero les sobra los vicios que todos a diario criticamos.

La política tiene que entenderse con todas sus letras en mayúscula para des-cartar la politiquería de la que tanto deploramos. Cualquiera que sea la inclina-ción doctrinaria de los ciudadanos, deben de participar de la sana política, que no se circunscribe al acto de votación, sino que tiene que ser permanente y trans-parente. Hoy más que nunca las diferencias ideológicas se han ido reduciendo para transformarse en matices, salvo por cierto, los extremos dogmáticos que las mayorías no deseamos.

En estos tiempos en que se inician campañas electorales, es bueno que exis-ta compromiso de actuación con buenas prácticas cívicas y cumplimiento de la normatividad ética, siendo oportuno por ello recordar las reflexiones de SS Juan Pablo II, de hace más de veinte años en su Exhortación Apostólica “Christifideles Laici”. Allí SS insistió en que “los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política...destinada a promover orgánica e institucional-mente el bien común”.

En la misma Exhortación SS recordó que en el Concilio Vaticano II se ex-presó que “La Iglesia alaba y estima la labor de quienes al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades”. Agrega también que “En el ejercicio del poder político es fundamental aquel espíritu de servicio, que unido a la necesaria competencia y eficiencia, es el único capaz de hacer transparente o limpia la actividad de los políticos”.

Ojalá lleguemos a entender la sana actuación política para erradicar los vi-cios, que caricaturizándola, espantan a quienes con calificaciones de excelencia podrían participar activamente en ella, con la meta de lograr el bien común, que no es otro que el bien de todos.

Diario La Razón28 de marzo de 2010

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LA COORDINACIÓN INTERESTATAL

Nuestras sucesivas constituciones han consagrado la independencia de los Po-deres del Estado entre sí. Si bien determinan que el poder es uno solo, los ór-ganos del Estado tienen funciones o atribuciones específicas, como por ejemplo el Legislativo, cuya función primordial es la de expedir la normatividad legal superior, el Ejecutivo que es quien gobierna, y el Judicial que administra justicia

Tenemos muchísimas otras autoridades que actúan con autonomía, como es el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, Reniec, Onpe, Superintendencia de Banca, Consejo Nacional de la Magistratura y Tribu-nal Constitucional.

En los años 2004 y 2005, se reunían mensualmente los presidentes de los tres poderes del Estado, bajo la presidencia del Presidente de la República y con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros. La finalidad de las reunio-nes era simplemente conversar sobre la situación del país, y sin desmedro de la independencia de cada autoridad, efectuar en lo posible coordinaciones en beneficio del Perú. Compartían inquietudes y trataban de encontrar respuesta a interrogantes, desde temas de carencias presupuestales hasta como solucionar conflictos sociales o actuar para prevenir los que pudieren presentarse. Cuando era necesario también se invitaba a los titulares de otros organismos públicos, y con diálogo directo, respetuoso y cordial, se encontraban rutas de acción y solu-ciones adecuadas.

Para tales reuniones y coordinaciones, no fue necesaria la dación de ningún dispositivo legal, se contó con la anuencia y cooperación de todas las autoridades y su buen talante para enfrentar problemas, por más angustiosos y serios que ellos fueran.

El resultado fue altamente positivo, y a las reuniones aludidas se optó por llamarlas “Consejo de Estado”. La denominación no fue la conveniente, dado que en nuestras más antiguas constituciones del siglo XIX se había establecido la institución del “Consejo de Estado”, como una entidad que tenía el propósito de resguardar la Constitución, recibir las denuncias sobre transgresión a ella y derivarlas al Congreso de la República para su trámite.

Todos los organismos del Estado tienen la obligación de contribuir al respe-to y cumplimiento de la ley, en armonía con el fin esencial del Estado que es el orden constitucional y democrático, que propenda a la elevación de los niveles de vida de nuestra población y a la consecución del bien común. Una herramien-ta para lograr ello, es el diálogo y coordinación entre nuestras principales auto-ridades, a las que podría incorporarse al Presidente de turno de los gobiernos regionales y al Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. A esta

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reunión podría denominársele “Consejo de Coordinación del Estado”, para que no se confunda con el fenecido “Consejo de Estado” de las primeras décadas del ochocientos.

Diario Oficial “El Peruano”27 de mayo de 2010

AVISAJE ESTATAL

Al revisar los medios, encontramos avisaje estatal que sorprende. Es legítimo que el Estado informe sobre convocatoria a licitaciones y concursos, recuerde obligaciones tributarias ante la Sunat o las de seguridad social y pensionarias ante EsSalud y la ONP, y tantas otras. Empero, hay avisaje que nos deja perple-jos, como cuando vemos algunos innecesarios, incluso a colores, en donde no solamente se encuentra la prescindible información sino hasta la fotografía del jefe del organismo anunciante.

En otras ocasiones se da cuenta del fallecimiento de alguna persona que al momento del deceso integraba la planilla de la institución estatal, o que en algún lejano tiempo perteneció a su nómina.

También se recurre al avisaje en medios para felicitar a los trabajadores de alguna institución integrante del presupuesto estatal, sea por el día del trabajo, por el aniversario institucional, por el día de la madre, por la festividad navide-ña, por el advenimiento del nuevo año, y por cuanto motivo o pretexto pudiera existir para incurrir en gastos no necesarios que al final de cuentas salen del bol-sillo de los contribuyentes, es decir, de todos, pues hasta cuando adquirimos un jabón pagamos el oneroso IGV.

Existe normatividad para el avisaje estatal, pero cuando observamos lo rese-ñado, evidentemente ella es insuficiente o requiere ser revisada. Si se cuenta con portales informáticos o página web ¿no deberían utilizarse para las consabidas felicitaciones? ¿por qué no utilizar el mismo sistema para informar sobre defun-ciones?, que por último pueden interesar a los trabajadores o ex-trabajadores del organismo estatal pero no a todo el mundo.

Cuando concurrimos a comisarías y juzgados y se nos solicita colaboración en papel para sus actuaciones, ¿acaso no pensamos que ello sería inusual si no se dilapidaran recursos públicos en avisaje intrascendente?

Se han imaginado lo que le costaría al Estado los avisos de defunción de maestros, médicos, enfermeros y demás personal sanitario de los sectores edu-cación y salud, o de la Policía Nacional, cuyas planillas son pesadas, si es que se

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contagiaran del hábito de otras entidades de informar sobre los decesos? Quienes dejan este mundo al igual que sus seres queridos, nos merecen el mayor respeto y solidaridad, pero no por ello tiene el erario nacional que cargar con costos del avisaje de la lamentable noticia.

Los recursos del Estado deben usarse con prudencia y por más que se piense que el avisaje no es significativo, pues si lo es, va sumando y de haberse cau-telado lo que es del Estado podrían haberse solventado muchas cosas que son indispensables.

Diario Expreso18 de junio de 2010

REFORMA DEL ESTADO

En la campaña electoral de la que somos testigo, caracterizada por orfandad de ingenio, ideas y proposiciones, aunque generosa en acusaciones y agravios, se ha convertido en lugar común el enunciado de la reforma del Estado, ya frase de cliché, pero sin decir en qué consiste.

Se induce a pensar que estamos frente al nacimiento y bautizo de un Estado diferente al que tenemos, pero sin decirse cómo sería el nuevo Estado y olvidan-do que en este mundo globalizado no hay nada nuevo bajo el sol, y que lo que tenemos que hacer es mejorar lo existente.

Necesitamos un Estado más comprometido al servicio del ciudadano, en que si bien le exija el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, también le abra puertas de mayores oportunidades para solventar sus necesidades y las de su familia, esto es elevar su nivel de vida.

Queremos también que el Estado sea más eficiente en el combate a la pobre-za y especialmente a la pobreza extrema y sabemos que una de las llaves maes-tras es la mejora educativa en la que ya se han dado pasos en el camino correcto, y los programas sociales de alivio que si bien son muchos, no hay coordinación eficiente entre ellos, lo que ameritaría su rediseño con límites en el tiempo. Pue-den copiar la experiencia de un programa privado exitoso como es “Sembrando”.

En materia de seguridad ciudadana nos falta muchísimo y es un reclamo permanente de la población, diríamos que cotidianamente se alzan voces que llaman a la acción.

En el tema de la salud da la impresión que el aseguramiento universal y la atención a toda la población es todavía un mito. Pese a las inauguraciones del MINSA y de EsSalud y a la propaganda sobre el tema, los reclamos de los pacien-tes no son atendidos y a quienes se les programa consulta médica, entre el pedido

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y la consulta pueden pasar varias semanas, sin olvidar por cierto la carencia de medicinas. Aquí hay materia para propuestas, pero sin demagogia.

La regionalización hasta ahora es un dolor de cabeza, habiendo reproducido en cada departamento casi la organización del gobierno central. No hay duda que queremos la descentralización pero su herramienta o instrumento que es la regionalización necesita de correctivos para lograr eficiencia.

En el tema tributario tenemos que reconocer que hay significativos avances y que el sistema fiscal está dando sus frutos, lo que por ejemplo no sucede en el sistema jurisdiccional que si requiere a gritos de reforma, pues nadie está conten-to con nuestra justicia que ha guardado bajo llave las interesantes propuestas del Ceriajus, haciendo casi nada para ponerlas en práctica.

Los regímenes laborales del Sector Público, diversos y complicados, necesitan de urgente reordenamiento para que impere la meritocracia con equidad, tener un Estado más reducido pero también más eficiente al servicio del ciudadano.

Este artículo no tiene la intención de hacer un inventario de todos los secto-res del Estado que requieren mejora, sino solamente advertir que la pelota está en la cancha y que las agrupaciones políticas que compiten, así como sus candi-datos, deben pasar del simple enunciado de reforma del Estado a formular sus propuestas conducentes a tal objetivo.

Revista Gente31 de marzo de 2011

PACTOS: CON PINZAS

Hay una marcada inclinación de autoridades y de actores políticos de suscribir pactos o acuerdos, muchos de los cuales o son intrascendentes, o únicamente son para la “foto”, y otros ilusamente con la esperanza de que se cumplan.

Muchos de los que suscriben las autoridades se limitan a ratificar mediante “convenios” lo que desde antes de la suscripción la normatividad legal los obli-ga, con lo cual es claro que bien podían omitir la firma de documentos sin mayor trascendencia que sólo son para salir en la foto.

Los actores políticos también alucinan en proponer y otros firmar: pactos, acuerdos, convenios, contratos y cuantas otras denominaciones quieran aplicarles. Les damos el beneficio de la duda y queremos creer que son formulados de buena fé y con la intención de cumplimiento, pese a lo cual tenemos que tomarlos “con pinzas”.

En la Historia los “Tratados de Paz y de No Agresión” suscritos entre Esta-dos ¿han evitado o impedido guerras o conflictos externos? Por supuesto que no, y los historiadores nos han mostrado infinidad de incumplimientos.

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También la Historia nos enseña que el contrato o pacto social que son las constituciones, no siempre se han respetado y que pese a los juramentos, se ha hecho añicos de las propias constituciones, y no por cualquiera, sino por quienes estaban obligados a acatarlas y obedecerlas.

Los acuerdos políticos no se libran del incumplimiento y ha sido frecuente el rompimiento de alianzas, de fraccionarse bancadas parlamentarias hechas para “llegar” pero no necesariamente para “permanecer”. Igual sucede lamentable-mente con las ofertas electorales que se formulan para seducir al elector, pero no necesariamente para cumplirlas, y peor aún cuando se suscriben supuestos “compromisos” para ahuyentar temores y endulzar a confundidos electores.

Recordemos que contamos con el “Acuerdo Nacional” desde el 2002, casi una década, que contiene 32 “Políticas de Estado” que trascienden a los sucesivos gobiernos, y que las agrupaciones políticas que las suscribieron o se adhirieron con posterioridad y participan incluso en el “Foro del Acuerdo Nacional” están obligados a su cumplimiento, por lo que si seria oportuno que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta también lo hagan.

Saludamos los esfuerzos de buena fé que se hacen, sin olvidar que el con-tenido de los nuevos compromisos tienen aureola redundante y su firma no ga-rantiza cumplimiento, máxime cuando no tenemos una acendrada cultura en tal sentido, basta con darse una vueltita por los juzgados donde notaremos que gran parte de los procesos se deben al incumplimiento de pactos y compromisos.

Diario Expreso22 de abril de 2011

HASTA EL ÚLTIMO DÍA

El Presidente de la República lo es hasta el momento en que su sucesor, el 28 de julio, juramenta el cargo ante el nuevo Congreso elegido, el cual a su vez se insta-la un día antes conforme lo establece su Reglamento. Ergo el anterior Parlamento se encuentra vigente hasta el momento en que se instala el nuevo.

El hecho de que se haya realizado la elección del nuevo Poder Legislativo y del Presidente de la República, no quita autoridad ni limita las funciones de quienes ejercen el cargo hasta las oportunidades señaladas en el párrafo anterior.

La existencia de congresistas electos y nuevo Presidente de la República no implica que el Parlamento en funciones y el Presidente de la República en ejerci-cio, dejen de actuar de acuerdo a sus facultades y atribuciones constitucionales y legales.

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El Congreso saliente, hasta la instalación del nuevo, tiene que cumplir con sus obligaciones legislativas, fiscalizadoras y de representación, por lo que el he-cho que exista un Congreso electo no disminuye sus prerrogativas.

Se han escuchado voces en el sentido que el actual Congreso debería abs-tenerse de seguir aprobando leyes, tratados y otras resoluciones legislativas, y que debería inhibirse de nombrar Defensor del Pueblo y de cubrir vacantes en el Tribunal Constitucional. Pues no señor, debe cumplir a cabalidad hasta el final de su mandato con los deberes para los que fue elegido.

Similares voces se han expresado en relación con el proceso de selección de vacantes en los directorios de los órganos reguladores, olvidando que el gobier-no tiene que cumplir con su misión también hasta el final de su mandato, lo que igual sucederá con el Presidente de la República que juramente el próximo 28 de julio.

Ni el Congreso en funciones ni el Poder Ejecutivo encabezado por el Presi-dente de la República deben caer en la tentación de escuchar las voces del inmo-vilismo que llevarían al Estado a una situación de anomia o de parálisis que es a todas luces inconveniente.

Ambos Poderes del Estado deben ejercer sus funciones desde que se insta-lan y juramentan hasta que terminan, pues lo contrario además de irresponsable sería tener un Estado entumecido o anquilosado, con ausencia de autoridad sufi-ciente para dictar normas y hacerlas cumplir, así como velar por el orden público y la seguridad de la nación.

Lo que si debe evitarse es actuaciones populistas que conlleven a poner en peligro la estabilidad económica-financiera del Estado, otorgar gollerías o gran-jerías o cualquier acto similar, pues hay que cuidar la caja fiscal y mantener el equilibrio macroeconómico que es mandato constitucional.

En la transición el Ejecutivo en funciones tiene el deber de efectuar una transferencia ordenada y transparente de la gestión gubernamental, en lo que la Presidencia del Consejo de Ministros tiene un gran reto, que estamos seguros cumplirá al conocer de cerca la ejecutoría democrática de su titular.

En lo que no deben caer las autoridades cuyos mandatos están por fenecer, es convertirse en Papá Noel regalones con los recursos públicos para recibir el fá-cil aplauso de quienes hoy podrían beneficiarse, pero que más tarde la situación en que se ponga al país podría explotarles en la cara.

Hay que ejercer la autoridad hasta el final, con prudencia, evidentemente que si, pero de ningún modo con irresponsabilidad.

Diario La Razón22 de mayo de 2011

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GENEROSAS DISTINCIONES

En los últimos meses hemos observado la imposición de condecoraciones, me-dallas y diversas distinciones, entregadas con exceso de generosidad, tanto por su crecido número como por no siempre existir motivos valederos para su otor-gamiento.

Casi todos los días hemos visto ceremonias en Palacio de Gobierno, en el Congreso, en la Cancillería, en Ministerios, así como en Gobiernos Regionales y Municipios, sin olvidar a diversas instituciones y organismos públicos, en que se han entregado condecoraciones pronunciándose elogiosos discursos. A estas ceremonias el imaginario popular las ha calificado como el “fin de fiesta” en alu-sión al término del período gubernamental.

Daría la impresión que el exceso de generosidad advertido, lleva a la depre-ciación o devaluación de las distinciones que se otorgan, las que deberían estar constreñidas a premiar actos singulares y mostrar agradecimiento del Estado por acciones excepcionales, previa evaluación de los merecimientos que las justifi-quen.

Por mandato constitucional las condecoraciones que se otorgan a nombre de la Nación, son conferidas por el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. De suyo es un tema muy serio que no puede vanalizarse, pero que lamentablemente con la profusa existencia de otras distinciones que se entregan alegremente, aunque sin comprometer a la Nación, todas en alguna medida van perdiendo valor.

Otro aspecto vinculado a las condecoraciones es la entrega de algunas de ellas por el cargo que se ostenta o por el grado que se obtiene, con lo cual pierde su calidad de premio por acción distinguida o servicios excepcionales.

Creo que todo lo expuesto debe obligar al Estado a revisar la materia, dic-tando normatividad general que señale los niveles de decisión para la creación de distinciones del Sector Público, requisitos para su entrega, razonabilidad de su otorgamiento e incluso severo análisis de los merecimientos y calificaciones del propuesto para recibir la presea.

Hay casos en que algunas personas llevan en el pecho más medallas que las que recibió Eisenhower, y eso que fue el artífice del triunfo en la segunda Guerra Mundial.

Recordemos que los excesos llevan hasta la caricaturización, tan es así la fa-mosa fotografía de un ex-presidente levantando un sombrero de etiqueta, en ca-rro descubierto, y tachonado de medallas, bandas, y cuanta condecoración exis-tía, que impedía ver algún botón de su elegante vestimenta. La foto la publicó en julio una conocida revista coincidiendo con el anuncio de la llegada del circo.

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Si vivieran Yerovi, Sofocleto o Málaga Grenet, seguramente habrían satiriza-do con su pluma y pincel los excesos a los que nos referimos.

Diario Expreso29 de julio de 2011

LOS OTROS EMBAJADORES

Es atribución constitucional del Presidente de la República dirigir la política ex-terior y las relaciones internacionales, lo que se complementa con su facultad de celebrar y ratificar tratados.

El Presidente de la República es secundado por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien como titular del sector dirige la acción del Servicio Diplomático de conformidad con las directivas que le imparte el primero. A su vez el Vicemi-nistro es el Jefe del Servicio Diplomático, cargo que debe ser desempeñado por un embajador de carrera

El Servicio Diplomático es carrera pública (Ley 28091) y está integrado por profesionales especialmente formados en la disciplina de las relaciones interna-cionales para cautelar los intereses nacionales en la esfera internacional.

Las funciones del Servicio Diplomático son de gran importancia, pues entre ellas se encuentra la de ejecutar la política exterior del país, velar por los intereses nacionales así como salvaguardar los intereses políticos, económicos, comercia-les y culturales del Perú en el exterior, y contribuir al fortalecimiento de la ima-gen foránea de nuestra patria.

En la cúspide de la carrera pública diplomática se encuentra el rango de embajador, los que pueden ser nombrados a los cargos de jefe de misión diplo-mática o consular, representante permanente ante organismos internacionales o embajador en misión especial.

Al Presidente de la República le compete, por disposición constitucional, nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, lo que tiene que ser apro-bado por el Consejo de Ministros y la Resolución del nombramiento refrendada por el Ministro de RR.EE.

Los embajadores que nombre el Presidente tienen que ser de carrera, esto es del Servicio Diplomático, y sólo en casos excepcionales y con el voto aprobato-rio del Consejo de Ministros se podrá nombrar para el desempeño del cargo de embajador en el exterior a otras personas, cuyo número no puede exceder al 20% del total de los Jefes de Misión y Representantes Permanentes ante Organismos Internacionales que el Perú tenga acreditados.

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Hay pues embajadores profesionales pertenecientes al Servicio Diplomático y embajadores que sin ser de carrera, son nombrados por el Presidente para re-presentar al Perú en el exterior.

La facultad del Presidente de nombrar embajadores ajenos al Servicio Di-plomático, no es absolutamente discrecional, la persona a ser nombrada debe re-unir varios requisitos dispuestos por Ley 29318, como ser peruano de nacimien-to, poseer capacidad y versación notoria y haber prestado destacados servicios a la Nación, observar correctamente conducta y carecer de antecedentes penales.

El Presidente y su Consejo de Ministros, tienen que ser muy severos en la aprobación de los nombramientos de embajadores, y mucho más cuando no son de carrera, debiendo verificar que se cumplan los requisitos sin miramientos ni amiguismos, lo que el Congreso debe fiscalizar.

Cuando se trata además de nombramientos a países que no se distinguen pre-cisamente por su actitud democrática, hay que tener más prudencia, evitando que se puedan ver como de factura equívoca contradictoria a los intereses peruanos.

Recientes nombramientos de embajadores extraños al Servicio Exterior, nos motivaron a escribir estas líneas, pues aparentemente no todos reúnen las condi-ciones legales para ello.

Diario La Razón16 de octubre de 2011

ENTRAR EN POLÍTICA: ¡QUÉ SUSTO!

Hay quienes consideran a las personas que entran en la actividad política, como malhechores, truhanes, pendencieros y muchos otros apelativos. Meten a todos en el mismo costal, sin advertir que hay personas que ingresan a la acción política con vocación de servicio, para hacer bien al país, a su región o a su localidad, y que la política en sí misma no solo es legítima sino que es necesaria.

También en nuestra realidad y en cualquier otra latitud, hay personas que ingresan a la política con intenciones erráticas, algunas demagógicas, otras como un medio de vida, y también las que consideran que deben ingresar a dicha dis-ciplina para lucrar.

Lo cierto es que el solo hecho de pensar que todos los que están en política tienen el mismo corte o las mismas características es craso error, pues hay gente consciente que desea trabajar por los demás, con mística de servicio, con decen-cia, honorabilidad y honradez. Estas personas lógicamente se afectan, cuando hay pillos que desacreditan la actividad política y con su actuar generan crítica a todo el sistema.

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Es verdad que quien tiene poder, que quien tiene capacidad de decisión, y que en la práctica dispone de recursos públicos o de influencia para la toma de decisiones, está muchísimo más cerca de quienes no lo tienen de incurrir en corrupción. Empero ello no significa que todos los que están en la política caigan en ésas malsanas tentaciones.

El tema además se agrava con lo inclinados que son los gobiernos para mal-tratar a quienes dejaron de ser gobernantes, con el prurito de investigaciones, denuncias y largos procesos judiciales, que hasta que son resueltos dañan el pres-tigio, renombre y bien ganada reputación de muchas personas que actuaron con arreglo a la ética y a la normatividad legal. Ello sin contar con las preocupaciones, desvelos y altos costos legales.

Si bien es cierto que ninguna persona que haya ejercido actividad pública o la ejerza, está libre de investigaciones, no es menos cierto que exagerar la nota y pasar a persecución hace que los ciudadanos honorables no quieran exponerse a tales riesgos de la actividad política y por ello se abstienen de participar. Pierde el país, y los espacios en blanco que se dejan son cubiertos muchas veces por quie-nes no tienen o la capacidad necesaria o la rectitud indispensable para manejar los asuntos públicos.

Si la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba, deberíamos ir cam-biando la cultura de la sospecha y de la interrogación, y circunscribir el actuar in-vestigador, denuncias y procesos, cuando hay evidencias de corrupción –a la que se debe combatir sin duda alguna- pero no por el sólo hecho de haber ostentado cargo gubernamental o público de cualquier otra característica.

Los pillos y sinvergüenzas deben ir a la cárcel, luego del debido proceso ejerciendo a plenitud su derecho de defensa, pero su existencia no debe afectar a quienes actúan con corrección ni desmotivar a quienes tienen vocación de servi-cio cívico. Meditemos.

Diario La Razón04 de marzo de 2012

¡QUÉ LINDA FAMILIA!

A diferencia de las amistades, a la familia no la escogemos, simplemente la reci-bimos y aceptamos con virtudes y defectos.

El comportamiento de los familiares, para bien o para mal, no debería afec-tarnos, aunque si nos puede agradar o molestar, debiéndose tener en claro que las indulgencias de sus obras buenas no nos alcanzan, como tampoco las peniten-cias de su mal proceder.

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Sin embargo, cuando se trata de personaje público, el mal comportamiento de algún familiar, si afecta, pues a través de los medios se les liga con el primero, dejando de ser fulanito o sutanita para recordarse que es el hermano, la cuñada, el sobrino, o la prima del alto funcionario estatal.

La Historia esta plagada de episodios en que la parentela ha causado per-juicios al Presidente, y que a veces los problemas generados no han podido ser revertidos y el daño se torna irreparable.

En el caso del Presidente Ollanta Humala, muchos tuvimos reparos en su candidatura, y sin que las dudas se hubieran disipado, dejamos pasar compor-tamientos inadecuados como los de su hermano Alexis que viajó a la Federación Rusa bajo el manto fraterno para gestar negocios entre los dos países. Fue reci-bido por las más altas esferas del país anfitrión, lo que seguramente no hubiera logrado de no ser por los lazos familiares con el entonces Presidente electo.

Después de 8 meses desde que el Presidente asumió el cargo, ya nadie hace de la vista gorda con las inconductas de sus familiares. Los ciudadanos y la prensa criti-can cuando el hermano que sufre condena privativa de libertad, incurre en actos que dan la impresión de tratamiento penitenciario desigual o por lo menos inequitativo..

El Presidente se ha negado a tratar públicamente el asunto, aduciendo que se trata de asunto familiar. Pero es precisamente por ser familiar del Presidente que el comportamiento de cualquier allegado tiene connotación pública y por ello el afectado debe efectuar los deslindes que correspondan.

No nos olvidemos que en la administración hay adulones, como en cual-quier grupo social, y si el Presidente no señala claramente que cualquier incon-ducta de sus familiares no goza de su aval ni aceptación, simplemente los adulo-nes facilitarán a la parentela presidecial trato privilegiado en cuanta forma existe, lo que perjudica gravemente al Primer Mandatario y a la moral pública.

Recordemos que las inconductas del hermanísimo no son cualquier cosa. Tuvo participación en el levantamiento de Locumba, del cual fue amnistiado por el Congreso. Es el mismo que conducía a su antojo a un nutrido grupo de reservistas y que auspiciaba el desgobierno y el caos social desde sus hojas de prensa, y que por los hechos de sangre que propició el Año Nuevo del 2005 en Andahuaylas, fue juzgado y condenado a pena privativa de libertad, que según se ve, viene cumpliendo en su tiempo pero no en las características que debe tener cualquier carcelería.

Hable Presidente, y evite hacer creer a los ciudadanos que con su silencio tapa barbaridades ajenas, que si le incumben por venir de sus familiares.

Diario La Razón25 de marzo de 2012

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DISOLVER

Han pasado 20 años desde el infausto 5 de abril de 1992, en que el Presidente de la República en ejercicio, gracias al voto popular que lo impuso frente al candida-to favorito, de quien su esposa dice que “solo sirve para escribir”, pateó el tablero al convertirse en autócrata, anunciando la disolución de cuanta institucionalidad democrática existía.

Sin dejar de reconocer el otro lado de la medalla, como su enfrentamiento exitoso al terrorismo homicida y destructor, así como sentar las bases de la sana economía en que se sustenta el crecimiento y el desarrollo; es conveniente recor-dar los esfuerzos de la oposición para recuperar la Democracia.

Por ello reproduzco lo dicho en la Asamblea de la OEA el 18 de mayo de 1982 en Nassau, en respuesta al golpista y en representación de la oposición, representación ejercida en conjunto con Pedro Cateriano Bellido y que en su mo-mento solamente RPP se atrevió a difundir:

EXPOSICIÓN EN LA OEA

“Sabemos perfectamente que se ha producido una interrupción del orden demo-crático en el Perú y que la OEA en su resolución de abril del mes pasado nombró una comisión para que acercándose al Perú, buscara conciliar en alguna medida la posición de las partes en conflicto.

Tuvimos la satisfacción de tener en tres oportunidades en el Perú al señor Gros Espiell, a los cancilleres que lo acompañaron y al señor Secretario General de la OEA. En esa oportunidad escucharon a las dos partes, pero lamentablemen-te la inflexibilidad de una, la liderada por el Ingeniero Fujimori, no hizo posible mayores acercamientos.

Los partidos de oposición mantuvimos una posición flexible y dijimos con toda claridad también que no se podría retornar a la situación imperante al 4 de abril del presente año. Sin embargo hoy, con complacencia tenemos que decir que hemos visto que la inflexibilidad inicial del señor Alberto Fujimori ha varia-do y hay una posibilidad de acercamiento a través de un Congreso Constituyen-te. Eso en honor a la verdad, tenemos que saludarlo, pero también tenemos que decir que no es suficiente.

Para las fuerzas democráticas es difícil creer que quien rompe el ordena-miento democrático y quien pisotea la Constitución y la ley, pueda ser el artífice de la reconstrucción del sistema democrático.

En su 40 días de gobierno el Ingeniero Fujimori cesó al Parlamento, cesó al Consejo Nacional de la Magistratura, cesó Fiscales Supremos, cesó jueces y

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magistrados, cesó al Tribunal Agrario, al Tribunal del Trabajo y al Tribunal del Servicio Civil, y dispuso una norma que imposibilitaba a las personas involucra-das recurrir a la vía judicial para buscar la defensa de sus derechos conculcados.

Cesó asimismo al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al directo-rio del Banco Central de Reserva del Perú. En fin, todo el poder, tanto el económi-co como el institucional, estaba y está en manos del Ingeniero Alberto Fujimori.

Permítaseme recordar que se modificaron las acciones de amparo y hábeas corpus para que perdieran el sentido de la inmediatez, se señalaron también al-gunas modificaciones al Código Penal a efecto de que los parlamentarios cesados en su función y otros funcionarios fueran intimidados ante cualquier pretensión de asumir nuevamente sus funciones; se modificó el Código Penal también para amordazar a la prensa del Perú a través de una nueva figura delictiva que ya es-taba superada por varios años, que era la apología al terrorismo. En fin, acciones como estas, hay una serie que se podrían señalar, pero que omito por la brevedad del tiempo.

La propuesta que ha traído a esa sala el Ingeniero Fujimori como salida al quiebre de la institucionalidad democrática, olvida un solo hecho: olvida quien quebró el sistema democrático fue el propio Ingeniero Fujimori y que, por lo tan-to, el hecho que el Ingeniero Fujimori permanezca en la Presidencia de la Repú-blica no puede ser garantía para el retorno de la institucionalidad democrática. El señor Fujimori, con criterio efectista, nos ha dicho esta mañana que su presencia causa sorpresa; a nosotros, más que sorpresa, nos causa estupor por las cosas que hemos escuchado.

El señor Fujimori no cree en los partidos políticos, y sabemos perfectamente que la democracia sse asienta en los partidos políticos. Quiere –ha dicho- la de-mocratización de las decisiones del país. Nosotros le preguntaríamos qué le im-pedía a él durante los veinte meses que ha gobernado, publicar, prepublicar las disposiciones que pretendía luego sacar mediante decreto. ¡ Nadie se lo impedía! ¿Quiere decir que se requería un golpe de Estado para que el Ingeniero Fujimori haga lo que podía hacer antes con el sistema constitucional? Nos preguntamos si la lucha contra el terrorismo, si la lucha contra el hambre, si la lucha contra la pobreza, si la lucha contra el narcotráfico requieren de una dictadura para que haya eficiencia; esto, realmente, es enrostrar a la clase política, no del Perú, sino del mundo, que son ineficientes y que solamente una dictadura puede sacar a los países de la frustración, la desesperanza, la pobreza, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción.

Creemos que no. Creemos que la democracia tiene mecanismos necesarios para luchar contra esas lacras y tengo que defender a los partidos políticos que en todo momento tuvieron acciones a favor, incluso, del Ingeniero Fujimori, cuando

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constitucionalmente ejerció la presidencia, pues le dimos facultades delegadas en muchas materias. Hoy habla de que hay mucha pobreza en el Perú y que no hay trabajo: tuvo 20 meses para mejorar la situación de subempleo y de desempleo, pero no lo consiguió. Tuvo delegación de facultades en materia de fomento al empleo y a la inversión, y realmente no se logró el cometido deseado; es decir, no podemos aceptar, porque si no no tendría razón la existencia misma de institu-ciones como la OEA, que se nos pretenda decir que la democracia representativa no es democracia, que los partidos políticos no contribuyen a la afirmación del sistema democrático y que solamente se quiere una democracia hecha como ani-llo al dedo.

No creemos que los gobernantes puedan cada uno fabricar –como si se tra-tara de cualquier producto- el tipo de democracia que quieren.

Creemos que si hay una resolución de la OEA –la AG/RES 1080-, tiene que tener sentido en este tipo de acciones y también creemos que debe tener sentido la solidaridad de los Estados americanos, y que los altos fines que con ella se per-cibe, requieren – como dice el inciso d) del artículo 3 de la Carta- los mecanismos para el ejercicio efectivo de la democracia representativa. Esa es la democracia representativa que quieren quienes son verdaderos demócratas; otro tipo de de-mocracia hecha como anillo al dedo tiene que ser rechazada y es incompatible con organizaciones como la OEA. Esta no puede ser complaciente con la ruptura del orden constitucional.

No queremos sanciones económicas para el pueblo peruano, que sería el perjudicado, pero sí creemos que debe haber una condena clara e inequívoca a la interrupción abrupta del sistema institucional peruano y a la dictadura que se ha aposentado en el país, y hacemos votos por que la OEA pueda ayudarnos a restablecer en el Perú los derechos que han sido conculcados y el derecho del pueblo peruano de elegir nuevamente a sus gobernantes, no solamente a los par-lamentarios, sino también al Presidente de la República. No podemos pretender de ningún modo la política del embudo, lo ancho para uno y lo angosto para otros. Sí queremos la democracia, la democracia representativa, y queremos que el pueblo peruano dé su veredicto, que lo dé para el Parlamento, pero que lo dé también para el Poder Ejecutivo, y queremos que se den las garantías necesarias para que un gobierno provisional pueda tomar las riendas del poder del Perú para que garantice conjuntamente con la ayuda de la OEA la democracia que ha sido interrumpida.

Agradecemos realmente a la OEA, al canciller Gros Espiell, a su Secretario General y a todos los que han ayudado para que con la presión que han realiza-do, por lo menos haya un acercamiento; esto es algo positivo. Queremos pedirles que su actividad no cese, que sigan acercando a las partes en conflicto. Todos los

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peruanos de buena voluntad tenemos que luchar contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la pobreza; pero si todos los que somos hoy oposición, como los que son gobierno de facto queremos lo mismo, yo creo que el mecanismo de la OEA va a ejercer una actividad sumamente fructífera para seguirnos acercando a las partes y para juntarnos a quienes creemos que el retorno a la democracia es garantía esencial para luchar contra las lacras sociales”.

Diario Expreso05 de abril de 2012

¿GOLPE O CONTRAGOLPE?

Veinte años después hay voces y plumas que sostienen la tesis de Enrique Chiri-nos Soto que el golpe que se diera el 5 de abril de 1992, fue un contragolpe, como respuesta al golpe que diera el Congreso de aquel entonces al dictar la Ley 25397 “Ley de Control sobre los actos normativos del Presidente de la República” y por derogar algunos decretos legislativos dictados por el gobierno.

Fuí parte de aquel Congreso y niego el que con las acciones aludidas hubiera dado golpe de estado.

La Ley 25397 fue sancionada en ejercicio del poder legiferante del Parlamento que normó las medidas económicas y financieras extraordinarias que podía dictar el Ejecutivo con cargo a dar cuenta al Congreso. Nótese que no es simple informa-ción sino darle cuenta, lo que implica que las puede aprobar o desaprobar.

La misma Ley dispone que los Decretos Legislativos que expida el gobierno en uso de delegación de facultades del Congreso, son fiscalizados por este último que los puede aprobar o derogar. Ello no era nada nuevo pues la Constitución de aquel entonces obligaba al Ejecutivo a dar cuenta al Congreso de los Decretos Le-gislativos promulgados. Igual que en el caso anterior no era simple información.

Adicionalmente la Ley aludida dispuso el trámite de los dispositivos que declaran estados de excepción y de aprobación de los convenios internacionales ejecutivos, lo que tampoco era novedad pues la fiscalización de ellos es labor propia del Parlamento.

Tan lo señalado no constituye exceso de atribuciones del Parlamento, que después del 5 de abril famoso, la mayoría que tenía el gobernante en el CCD aprobó en el nuevo texto constitucional sus atribuciones de control de los actos normativos del Ejecutivo, y lo propio hizo al aprobar el Reglamento del Congre-so donde se señala el procedimiento de fiscalización de Decretos de Urgencia y de los Decretos Legislativos.

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En cuanto a la derogación de Decretos Legislativos dictados por delegación de facultades, ella es atribución constitucional del Parlamento pues tiene que efectuar el respectivo control, verificando si los Decretos Legislativos se dieron dentro del plazo de la delegación y se encuentran dentro del objeto de la misma, para impedir excesos.

El 5 de abril no fue contragolpe, y hay un gran demócrata que lo puede confir-mar, me refiero a quien fuera Primer Ministro en ése entones, el doctor Alfonso de Los Heros, el que venía concertando y conciliando con todos los grupos políticos del Congreso las medidas que se requerían para enfrentar los problemas del país.

Con el Dr. de Los Heros la Democracia aún sigue en deuda, pues como de-mócrata cabal y jurista de talla, no se dejó seducir por el poder ni por sus orope-les y producido el autogolpe renunció de inmediato sin prestarse a seguir en el régimen que de legítimo se transformó en gobierno de facto.

Diario Expreso13 de abril de 2012

NADINE: VA O NO VA

Ha llegado a los foros de discusión política y a los mediáticos, la posibilidad de que la señora Nadine Heredia de Humala pueda ser candidata presidencial en el 2016. Si en el Perú se planificara con ésa anticipación más que seguro que esta-ríamos mejor, aunque no necesariamente en dicha ruta.

La discusión nace debido a que la Ley Orgánica de Elecciones No 26859 pro-mulgada en el año 1997 establece impedimento para postular a la Presidencia o Vice-Presidencias de la República a diversos altos funcionarios del Estado que no hayan renunciado por lo menos 6 meses antes de la elección; y el impedimento se extiende al cónyuge y a los parientes cercanos del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección.

Son dos los planos de la discusión, el jurídico y el político. En lo jurídico el debate tiene dos aspectos, el primero sobre si se puede modificar la Ley General de Elecciones para levantar el impedimento y el segundo y más importante es la constitucionalidad del impedimento.

Igual como en la Ley Electoral se puso el impedimento del que tratamos igualmente por otra ley orgánica y con votación calificada se puede remover el impedimento.

El tema constitucional es más complejo pues a simple vista parecería ser que el impedimento señalado atentaría contra preceptos constitucionales como igual-

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dad ante la ley, el derecho a elegir y ser elegidos y la prohibición de sancionar leyes por las diferencias de personas, a lo que se agrega que los impedimentos no están en la Constitución sino en la ley. Empero también hay juristas que sostie-nen que el impedimento es constitucional, que no se atenta contra la Ley de Leyes y que el carácter de cónyuges o parientes no es por diferencias de personas sino por la naturaleza de las cosas. Hay todavía mucho pan por rebanar.

En lo político la Democracia obliga a la alternancia y no a la perpetuación. La Historia nos enseña que las pretensiones de perennización en el poder, sea por si mismo o por allegados, termina mal. Recordemos casos como los de Porfi-rio Díaz, los Somoza, y Trujillo, entre muchos otros.

La cónyuge del Presidente, si bien no ejerce necesariamente función pública, el hecho de estar en constante vitrina mediática por su cercanía al Jefe del Estado, la pone en sitial privilegiado respecto al resto de ciudadanos con vocación políti-ca, lo cual deja de ser equitativo. Además quien ejerce la Presidencia puede dejar de tomar decisiones necesarias aunque impopulares para no incordiar al futuro elector. No dudo que los impedimentos a pretender postulaciones políticas son adecuados y fortalecen nuestra aun joven Democracia.

Diario Expreso04 de mayo de 2012

RESPONSABILIDADES DEL PODER EJECUTIVO

A diferencia del Presidente de la República quien durante su período está blin-dado constitucionalmente de acusaciones, salvo algunas muy concretas, los mi-nistros si son responsables, no solamente por sus propios actos sino por los pre-sidenciales que refrenden, así como por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente.

Las responsabilidades pueden ser de diversa naturaleza, como es la polí-tica, la penal, la civil y la administrativa, entre otras. La responsabilidad polí-tica ministerial, individualmente o en conjunto, se hace efectiva mediante voto de censura del Congreso, que implica la renuncia del o de los censurados, la obligación del Presidente de aceptar las dimisiones y cubrir las vacantes pro-ducidas.

La censura no conlleva necesariamente responsabilidades complementarias de los ministros, aunque podrían tener responsabilidades penales en caso de de-lito, o civiles traducidas en indemnizaciones si sus actos u omisiones causaron daño, o administrativas por actos de ése carácter.

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Los ministros pasibles de censura pueden asumir la responsabilidad política al renunciar antes que ella se produzca, con el mismo efecto de ser removidos del cargo por el Presidente de la República.

Es común que en temas vinculados a las Fuerzas Armadas y a la Policía Na-cional, paralelamente a las responsabilidades políticas también existan las ope-rativas o funcionales en que pueden incurrir quienes tienen a su cargo las tareas de cautelar nuestra soberanía y/o resguardar el orden público al comandar las tareas de interdicción que dentro de la Ley les sean encomendadas. Esta respon-sabilidad funcional u operativa puede materializarse en la remoción o separación del cargo o función.

La censura parlamentaria es no solamente pérdida de la confianza sino una sanción política a quien se le impone, pero sanción al fin, por lo cual la Consti-tución establece severas reglas y garantías para el ministro cuestionado. Se debe presentar el pedido de censura por no menos del 25% y aprobado por el voto de más del 50% del número legal de miembros del Congreso.

El precepto constitucional intenta que la censura no sea decisión emotiva, irracional o apresurada, por ello preceptúa que debe votarse la moción respectiva a partir del cuarto día de presentada y no después del décimo. Ello no solamente permite la reflexión, sino que estimula el seguir el camino correcto que es infor-marse, escuchar al que se pretende censurar, evaluar y decidir el voto.

Resiente a la lógica la pretensión de condenar con la censura sin antes escu-char la defensa del o de los ministros, que no puede ser sustituida por explicacio-nes dichas en secreto antes de los últimos sucesos.

Diario Expreso11 de mayo de 2012

DEL SILENCIO A LA ELOCUENCIA

Estábamos acostumbrados en el anterior quinquenio gubernamental a las expli-caciones del Presidente de la República, a su permanente presencia en la prensa, a conocer directamente de él lo que se proponía hacer, el progreso de lo proyec-tado o las causas del retraso de las obras. El Presidente marca el rumbo, tanto a quien preside su gabinete ministerial como a sus ministros, por lo que frecuente-mente a ellos también se les veía y escuchaba haciendo lo suyo.

El estilo discreto del actual Presidente gustó a la mayoría de ciudadanos, al confrontarlo con la locuacidad del anterior, pero el silencio gubernamental es apreciado cuando todo va bien, sin sobresaltos; pero cuando las cosas se tornan

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difíciles la percepción ciudadana cambia y exige explicaciones o por lo menos información, cuya carencia incrementa el fastidio del gobernado.

El ex Presidente del Consejo de Ministros, fue contagiado por el estilo silente del primer mandatario, que a su vez contagio a la gran mayoría de los minis-tros que conformaron el coro de los afónicos. Por ello -además de sus cualidades personales- resulta saludable el ascenso del Ministro de Justicia a la Jefatura del Consejo de Ministros, ya que durante su desempeño en Justicia daba sistemática cuenta de lo que hacía y dejaba de hacer, realizaba labor de docencia ciudadana y política, y por lo general sus actitudes llamaban a la concertación antes que a la confrontación.

Los retos del jefe del gabinete ministerial no son pocos, y no pueden circuns-cribirse a la conflictividad minero-social. Ante la difícil situación económica uni-versal, debe conducir las medidas para que sus efectos sean menos nocivos en el país, donde tendrá que incentivar el consumo interno para suplir la reducción de exportaciones, pese a los nuevos mercados que dejó abiertos el anterior gobierno.

Tiene que darle un samacón a la adormecida burocracia, incluidos varios ministros, para desempolvar expedientes de inversiones, firmar autorizaciones, concesiones, permisos y demás resoluciones pendientes, sin más repetitivos trá-mites. A la conga minera agréguenle si quieren la samba, el mambo y la salsa, pero por favor, muévanse ya, que el país no debe estar paralizado.

Hay demasiados temas pendientes por resolver, así sean heredados como el salarial y pensionario en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a lo que hay que agregar mecanismos para que el gasto y la inversión pública no sigan con irracio-nales marrocas que impiden un mejor rendimiento gubernamental en sus niveles nacional, regional y local.

Diario Expreso27 de julio de 2012

SIN ANGUSTIAS, SOBRESALTOS NI SORPRESAS

El 28 de julio el Presidente de la República concurrió al Palacio Legislativo para dar su mensaje anual en cumplimiento al mandato constitucional, mensaje que debía contener “la exposición detallada de la situación de la República y las me-joras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”.

Formalmente, el Presidente cumplió cabalmente con el mandato constitu-cional, por más larga y soporífera que pudiera ser la exposición. Recordemos que

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en la Constitución de 1979, repetido el precepto en la de 1993, se obligó a que el mensaje fuera expuesto personalmente y por escrito, para evitar improvisacio-nes, y por qué no decirlo, impedir ejercicios oratorios.

La mayor bondad del mensaje es que no generó angustias, sobresaltos ni sorpresas, fue tranquilo, sin estridencias ni provocaciones, a diferencias de otros 28 de Julio. Los mayores recordarán la época del Velascato en que cada efemé-ride patria venía con desagradables sorpresas, felizmente no repetidas por otros gobernantes.

La larguísima enumeración de programas sociales, hoy llamados de inclu-sión, tiene explicación, pues los electores de la primera vuelta del Presidente Hu-mala fueron seducidos por sus ofrecimientos populares y tenía que contarles lo que se había hecho en el primer año de su gobierno para el beneficio de aquellos y lo que se pretende seguir ejecutando hasta la conclusión del mandato.

Como cualquier mensaje, los interesados en temas concretos, esperan que el expositor los aborde, pero no todas las materias pueden estar contenidas en el mensaje presidencial, ya que como es sabido el tiempo es tirano, aunque si hu-biera sido deseable aprovechar la oportunidad para explicar el giro conceptual a la llamada “Hoja de Ruta”, así como las medidas para paliar las consecuencias de la crisis internacional, la que ya nos está pasando factura.

Más que cierto que el Presidente no es mago y no se puede pretender que en un año se satisfagan todas las carencias, ni que se corrijan todas las inequidades, pero seguimos en el camino correcto, en que dicho en palabras diferentes signi-fican que para que exista desarrollo con bienestar se necesita empleo, y no habrá empleo sin inversión.

Altamente positivo es el ofrecimiento del Presidente en el sentido que hará cumplir la ley, y eso es lo que necesitamos los peruanos, que estamos hartos de incumplimientos, que existan personas que hagan lo que les viene en gana, olvidando que los demás, que son los más, tenemos derechos que deben ser respetados, como el derecho a vivir en paz y sin alteraciones del orden público.

Diario Expreso03 de agosto de 2012

BORRACHITOS DE FIGURETISMO

La persona que ejerce la Presidencia de la República u otro cargo de alto nivel en la jerarquía del Estado, requiere la ayuda de sus familiares y allegados más próximos.

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La ayuda puede darse desde diversas vertientes, siendo una de ellas la in-formación, dado que muchas veces por las altísimas responsabilidades y por la carencia de tiempo suficiente para observar “la calle”, el dignatario se ve enclaus-trado entre las paredes de su despacho y desconoce el sentir de los demás ciu-dadanos Aquí los familiares más cercanos tienen una tarea fundamental, como es la de informar con buena fe al funcionario lo que sucede y lo que piensa la colectividad.

Otra de las vertientes de ayuda es el consejo, aunque diga el refrán que ¡con-sejo no pedido no es bien recibido! El familiar que sin interés personal, pero con versación en alguna disciplina relacionada con el desempeño del dignatario, le da su apreciación objetiva y sincera, quien la recibe podrá -previa evaluación- aceptarla o rechazarla.

La última de las vertientes más conocidas de ayuda es simplemente no mo-lestar, desaparecer, no perturbar, y francamente ello ya es bastante. El alto fun-cionario requiere tener su frente interno tranquilo para poder enfrentar el exter-no, pero si el familiar que es el entorno más íntimo le hace la vida imposible, en la práctica se convierte en oposición malsana, lejana al fair play.

El régimen del Presidente Humala no tiene oposición dura ni nada que se le parezca. La que existe es tibia, benevolente y comprensiva, pese a que hay caren-cias inocultables como la falta de ejercicio de la autoridad, la bajísima ejecución de la inversión y del gasto público, y la omisión de autorización de concesiones, permisos, licencias y prórrogas, dando la sensación que las cosas caminan a ritmo lento pero sin el impulso gubernamental.

La oposición al gobierno del Presidente Humala penosamente la hacen sus familiares más próximos. Uno de sus hermanos, desde el penal, le enrostra el estar privado de la libertad, como si el Presidente de la República tuviera algo que ver con las decisiones jurisdiccionales. Otro de sus hermanos, ejerciendo la actividad de gestor de intereses, tanto dentro del país como en el extranjero, o dedicándose a tratar de vender bienes y servicios a entidades y reparticiones estatales. Uno mayor fustigándolo en los medios de expresión, y alguna de las hermanas -en el extranje-ro- despotricando de su hermanísimo Presidente y de su equipo de gobierno.

Pero lo expuesto anteriormente, siendo grave, no es todo, pues su proge-nitor también se la enfila contra el Presidente e incluso tiene expresiones desco-medidas contra la cónyuge de este último, causando la peor imagen de lo que debería ser una familia por lo menos normal y corriente. A este retrato pone lo suyo la cónyuge con su indisimulado y excesivo protagonismo.

Los familiares del Presidente deberían reflexionar. No se les pide ayuda, sino simplemente que no fastidien, que no le creen al Presidente otras preocupa-ciones, pues ya tiene bastantes con las de sus responsabilidades. No queremos

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regresar a las épocas de “Filete”, de “Galleta” ni de ningún otro espécimen simi-lar, y menos con borrachera de figuretismo.

Diario La Razón26 de agosto de 2012

ENTREVISTA: ENFRENTAMIENTOS Y ENTENDIMIENTOS

Las expresiones del Presidente Humala en la entrevista de RPP, luego publicada en el diario “El Peruano” han recibido copiosa crítica en que se atribuye al Presi-dente la apertura de innecesarios flancos con sus ex ministros, Congreso, Poder Judicial, empresariado, burocracia, regionalización y municipios, entre otros. Los críticos expresan que el Presidente debió buscar corrientes de simpatía y no de enfrentamiento con esos sectores.

Gracias a la experiencia y buenas formas de los entrevistadores, el Presiden-te ha dicho muchísimo más de lo que probablemente estaba dispuesto a señalar, y ello es bueno ya que aclara diversos interrogantes.

Al pan pan y al vino vino, el Presidente, sin subterfugios, explicó con senci-llez su cambio entre la campaña electoral y la acción de gobierno, reconociendo que una cosa es con guitarra y otra con cajón, al indicar que cuando se gobier-na se debe “actuar con responsabilidad” y “debes meterte en todo” sin salir del marco “que permita que todo el país no tenga sobresaltos” tomando “decisiones responsables”. Plena coincidencia.

Al Congreso le reclama leyes importantes. Exhortarlo a un mejor trabajo no es enfrentarlo, sino exigencia lógica y atendible. Sigo de acuerdo.

Al Poder Judicial le reclama por las “acciones de amparo”, y tiene toda la razón pues estamos adoleciendo de “amparitis”, que paraliza al país, de lo que venimos reclamando de tiempo atrás. También observa la lenidad de algunos fiscales y jueces respecto a quienes atacan a nuestros policías y soldados y aten-tan contra la tranquilidad pública. Otra coincidencia.

Al sector empresarial le cayó su chiquita. Si quieren hacer política, ¡que pos-tulen! También tiene razón, con la salvedad que es el sector que arriesga su capi-tal y reclama seguridad jurídica.

La burocracia recibió golpe como bombo de fiesta, al incidir sobre la falta de disciplina principalmente en el Estado, en que falta firmeza de los funcionarios que “muchas veces tienen el temor de firmar un documento y tomar una deci-sión”. Excelente. Bueno que se diera cuenta que el país está paralizado por la pasividad burocrática. ¡Póngale orden Presidente!

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Observó la defectuosa legislación de la regionalización. Nuevamente coin-cidimos, pero no basta Presidente, presente los proyectos de ley para su modifi-cación.

A muchos de los municipios les enrostró su falta de compromiso con la se-guridad ciudadana, y a otros, como al alcalde de Chilca, por poner en peligro el abastecimiento energético del país con su prepotente proceder. Aplausos.

En lo que se refiere a sus ex ministros pudiere ser que con algunos su crítica sea certera, pero poco elegante con quienes fueron sus cercanos colaboradores.

Entendió que el Perú es minero, que es compatible agua y oro, que la in-versión generadora de puestos de trabajo necesita reglas claras, así como que la construcción de infraestructura propicia bienestar. Entonces: ¡póngale empeño!

Tiene claro que la lucha contra el terrorismo debe unirnos, debiéndosele recordar que desde años atrás se acciona contra ése flagelo y que por culpa de los sanguinarios terrucos muchos de sus compañeros de armas y policías han pere-cido. Empero somos dóciles para pagar a los victimarios abultadas reparaciones ordenadas por la judicatura supranacional. ¡Buena entrevista!

Diario La Razón30 de setiembre de 2012

ESCUCHAR NO ES PACTAR

Una de las responsabilidades que conlleva el ejercicio de cargos públicos es la de recibir y atender a los ciudadanos que lo solicitan. Esta actividad demanda tiem-po, pero es parte del compromiso que se asume en la función pública.

Un gran político, concertador y tolerante, como fue Ramiro Prialé, acuñó una frase que debe ser guía de conducta: “conversar no es pactar”.

Como consecuencia de ella podríamos decir que “escuchar no es pactar” como tampoco decidir. Todo ello en relación con la actitud de quienes ejercen función pública de escuchar a los administrados, lo que no implica aceptar pre-tensiones, propuestas o peticiones.

La Ley del Procedimiento Administrativo General otorga a los administra-dos el derecho a ser tratados con respeto y consideración por los funcionarios del Estado (incluidas las más altas jerarquías), por supuesto en condiciones de igualdad.

El derecho aludido tiene su correlato, esto es la obligación del funcionario de atender con respeto y consideración a los administrados, pues no hay derechos sin obligaciones.

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El funcionario público es un servidor del Estado que está precisamente para servir, dentro de la normatividad legal y la ética y debe hacerlo con transparencia.

Como mecanismo de transparencia se encuentran los registros de las visitas a los funcionarios de las altas esferas estatales, y ello incluso como medida de se-guridad. El Sector Defensa no es isla en aquello, sino que con escrupuloso énfasis hay más de un registro, al que por la Ley de Transparencia es fácil acceder.

¿A qué viene todo esto? Para ratificar o reiterar que el funcionario que recibe en su despacho, (no en restaurante, café u hotel), a cualquier persona que solicita audiencia, y lo hace sometido a cuanto registro de la visita existe, está cumplien-do con su deber, no otorgando beneficios, y que el escuchar no implica aceptar pedidos, ofertas, contrataciones, ni compromisos.

La Ley del “Código de Ética de la Función Pública” incide en los fines de la función pública en dos direcciones, una que sea al “Servicio de la Nación” y otra lograr “una mejor atención a la ciudadanía”. Precisa además que el servidor público debe actuar con respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad, equidad, y por supuesto con transparencia. En cuanto a la última obliga a los funcionarios a que sus actos sean “accesibles al conocimiento de toda persona” debiendo el servidor público “brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna”.

Diario Expreso

01 de marzo de 2013

PÉRFIDOS TRÁMITES

El Presidente del Consejo de Ministros ha tenido la iniciativa, de hacer un con-curso público para que los ciudadanos expongan los trámites innecesarios y con-tribuir a la simplificación administrativa. Bien por ello.

Permanentemente reclamamos de los trámites engorrosos, de otros que se pueden hacer y resolver en un santiamén pero demoran una eternidad. Reclama-mos también de la actitud de algunos funcionarios que sin escrúpulos ni remor-dimientos nos hacen la vida a cuadritos, arrebatándonos nuestro tiempo con fú-tiles requisitos y estrafalarias exigencias, cuando no buscando cualquier recoveco para seguir postergando decisiones y aumentar nuestra indignación.

Sin pretender concursar, y simplemente como colaboración le damos al Pri-mer Ministro un dato. Hay una forma, que es una engañifa, mediante la cual en algunas organizaciones públicas se zurran en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) perpetrando el legicidio de establecer directivas inter-nas, algunas públicas y otras reservadas, mediante las cuales hacen crecer las

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exigencias y requisitos de los TUPAs ante la sorpresa de los pobres ciudadanos, que van a efectuar sus trámites después de revisar el TUPA y se encuentran con más y más requerimientos.

Nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General dispuso que todas las entidades del Sector Público elaboran y aprueban su TUPA, el cual compren-de todos los procedimientos, no algunos, sino todos. Adicionalmente determina que en el TUPA se detallarán todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento. Asimismo se prohíbe solicitar a los administra-dos la presentación de información y/o documentación que ya tiene la respectiva entidad.

Lamentablemente en muchos casos la normatividad del TUPA es letra muer-ta, pues existen funcionarios que con proterva actitud emiten directivas internas, -públicas, reservadas o secretas-, para zarandear a los administrados, terminar con su paciencia y alimentar su mal humor.

Ministro, vaya y de una miradita, le doy como ejemplo Migraciones, que la han convertido no sé para que en Superintendencia, en que para renovar residen-cia en el Perú exigen la presentación de nuevo ejemplar de partida de nacimiento que hay que conseguir en el extranjero, pese a que Migraciones la tiene desde que se tramitó el inicial cambio de calidad migratoria.

No creemos que para resolver el tema se requiera de un conjuro especial, de algún artilugio o que llevemos a los responsables del engendro a los ritos del gran chamán. Bastaría un decreto supremo, que derogue genéricamente todas las directivas internas ajenas a los TUPAs. Se lo agradeceremos.

Diario Expreso08 de marzo de 2013

PATRIOTISMO

Acabamos de conmemorar las Fiestas Patrias, recordando el 192 aniversario de nuestra Independencia, por lo cual es una buena oportunidad para tratar sobre valores cívicos y patriotismo, al notar decaimiento en el interés por estas mate-rias y confundir lo patriota con izar la bandera o ponerse una escarapela, cuando ello no basta.

Debemos comenzar con el conocimiento de nuestra Historia, para sin anclar-nos en el pasado, proyectarnos hacia un futuro mejor. En pocos años estaremos ce-lebrando los 200 años de nuestra Independencia, y por ello es conveniente destacar que la idea del Perú no nace con la Independencia, sino que es previa a ella.

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Somos herederos del Tahuantinsuyo, pero también de lo que nos trajo la cultura y civilización europea, y ello sin olvidar los genes incorporados al Perú provenientes del África, cuya conjunción forjó nuestro mestizaje.

El crisol de razas, de tendencias, de idiomas, de dialectos, de religiones e in-cluso de costumbres y también pasiones, se consolidaron en el imaginario perua-no, nutrido por el pensamiento de los precursores de la Independencia y por las acciones de militares y civiles peruanos, que con la cooperación sanmartiniana y bolivariana originadas en Argentina y la Gran Colombia, permitieron que hoy tengamos esta patria con profunda Historia y con vocación de grandeza.

Releamos la Carta a los Españoles Americanos de Viscardo y Guzmán, re-cordemos el levantamiento de Tupac Amaru o las acciones de los hermanos An-gulo y Pumacahua. Pensemos en el Perú como nos invita el gran historiador don José Agustín de La Puente y Cándamo, al decirnos que “…en suma decir Perú, hace doscientos años, es mencionar una comunidad cierta, densa, mestiza y a la vez heredera de mestizajes arcaicos.”

Hagamos remembranza del famoso 2 de mayo de 1866, y recordemos el heroísmo de Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, José Abelardo Quiñones y tantos otros que se inmolaron por defender nuestra soberanía, nues-tro territorio, nuestro espacio marítimo y aéreo.

Hemos tardado décadas en consolidar nuestro Estado – Nación, luego de haber sufrido guerras, desmembramientos territoriales, golpes de Estado, en-frentamientos entre peruanos, así como el terrorismo homicida y destructor. He-mos avanzado en desarrollo económico y en infinidad de materias, empero no podemos decir lo mismo en valores cívicos y patrióticos.

Repetimos irresponsable y lamentablemente lo mismo que advertía don Miguel Grau antes de la Guerra del Pacífico, la desatención a nuestras Fuerzas Armadas, como nos lo confirma el gran historiador Jorge Basadre Grobman. Las FF. AA requieren de personal adecuadamente retribuido y con capacidad disua-siva, ajena a carrera armamentista, pero con capacidad disuasiva en actitud de prudente previsión.

Nos olvidamos que aún existe terrorismo y que hay que vencer a lo que queda de él, pero para ello también tenemos que dotar a nuestros combatientes de la logística necesaria para la enorme tarea que tienen en manos y protegerlos de la tendencia de judicializar las necesarias acciones armadas. La judicializa-ción a no dudarlo atenta contra la eficiencia que esperamos de nuestros valerosos combatientes.

Muchas veces nos preguntamos que fue del patriotismo, del amor a la patria en que hemos nacido. ¿Qué nos está pasando?

Las preguntas son muchas:

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¿Por qué el olvido a nuestros héroes de la Campaña del 41, todavía muchos con acreencias frente al Estado?

¿Por qué el olvido a nuestros héroes que lucharon en la frontera en Paqui-sha, en el Cenepa, en Tiwinza?

¿Por qué el olvido a nuestros héroes que lucharon y luchan contra el terro-rismo?´

¿Por qué la falta de apoyo a nuestros Comandos Chavín de Huantar?¿Por qué procesamos judicialmente a nuestros defensores de la patria?¿Por qué admitimos rendir homenaje a algunos terroristas o vinculados con

el terror homicida?¿Por qué se atenta contra el Servicio Militar, impidiendo sorteos indispensa-

bles para completar el número de conscriptos que se necesitan?¿Por qué desde el propio Estado se deja inerme a nuestras Fuerzas Armadas?¿Por qué si las inversiones ayudan al desarrollo de todo el Perú, la decisión

por consulta está en manos de unos pocos?¿Por qué se pretende la inclusión social, pero al mismo tiempo se blinda del

progreso y desarrollo a etnias que supuestamente están en aislamiento voluntario?¿Por qué hemos olvidado las enseñanzas de la Historia y se ha dejado de

lado el estímulo al civismo y patriotismo?La respuesta no es otra que FALTA DE PATRIOTISMO.El patriotismo como vemos es mucho más que cantar el Himno o izar la

Bandera o ponerse la Escarapela, es amor a la patria, es amor a la Nación, es propiciar la Peruanidad a la que don Víctor Andrés Belaúnde nos recordaba que ella “es buscar su realidad y su ideal; describir los elementos que la constituyen y precisar en lo posible su vocación y destino. La patria es espíritu y el espíritu es memoria y es destino”. Por ello con patriotismo, luchemos por un Perú mejor, consciente de su peruanidad.

Revista Gente Edición Nº 1581Agosto de 2013

¿OTRO SEMÁFORO?

Gracias a un Ministro, nos hemos enterado que además de los semáforos que las autoridades viales colocan en algunas avenidas, calles y plazas para ordenar el tráfico vehicular y de peatones, hay otro semáforo que maneja la cónyuge del Presidente de la República.

Como dice antiguo y conocido refrán popular: a confesión de parte, relevo de prueba. Una grabación recusable y delictiva, informó a la colectividad que

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la cónyuge del Presidente de la República, a quien respetuosamente se le llama “Primera Dama” había dado luz verde al Ministro para que pudiera utilizar al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en la selección y contra-tación de obras y adquisición de bienes para el Estado.

Aunque aún no se conoce con certeza cuales eran las obras o bienes materia de la luz verde, lo cierto es que tal color significa pase y autorización.

La inteligencia promedio no acepta la ingenua explicación que la luz verde la había dado el Presidente y que su cónyuge había sido un vehículo para tras-mitir la disposición, ya que ello equivaldría a considerar a la Primera Dama como simple mensajera, que no lo es, y a desconocer los canales directos de comunica-ción entre Ministros y el Presidente o indirectos por medio del Secretario General del Despacho Presidencial o de los edecanes.

Más allá de la informalidad como se tratan algunos asuntos públicos, es bueno precisar que la cónyuge del Presidente, por más que sea su compañera en actividades políticas, no es funcionaria estatal y por ello no debe manejar asuntos que no son de su competencia ni de su cuidado.

Es digno de todo elogio que la cónyuge del Presidente colabore con él en tareas que resalten su labor, que se preocupe por la marcha del país, que ayude en acciones sociales, pero cosa muy diferente es que sustituya las decisiones de quien fue elegido para dictarlas.

El Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial, dependiente de la Contraloría General de la República, ha emitido su informe de control No 005-2013-DP/OCI del 2 de julio último, en que concluye que una de las funciones del Despacho Presidencial (inc. J del artículo 4 de su Reglamento de Organiza-ción y Funciones Anexo al D.S. No 082-2011-PCM) es la de apoyar las actividades oficiales y/o protocolares, así como aquellas vinculadas a los fines institucionales en las que participe la Primera Dama, en su calidad de cónyuge del Presidente de la República, debería ser complementada con otras disposiciones para regular tal función con mayor precisión.

Dice el informe que no encontró dentro de los ambientes del Despacho Pre-sidencial la existencia física del “Despacho u Oficina de la Primera Dama”, y en efecto, no lo podría encontrar pues está en el ala derecha entrando de la Presiden-cia del Consejo de Ministros, primer piso. Dense una vueltecita y lo encontrarán.

La recomendación de la OCI debe atenderse, y además sincerar la contrata-ción del personal a órdenes de la Primera Dama para evitar contrataciones por otros despachos o simulaciones indebidas.

Diario La Razón14 de agosto de 2013

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DIÁLOGO: FALTA EL CAFECITO

Somos peruanos y se acredita en haberse perdido lastimosamente dos años sin que los actores políticos dialoguen. Únicamente cuando la crítica había subido sus decibeles y la economía mostraba signos desalentadores, pese a la perma-nente advertencia al gobierno que ello sucedería si es que no ponían correctivos, recién en Palacio de Gobierno se les ocurre reunirse con diversos actores políticos para conocer su pensamiento y propuestas para revertir la tendencia a la baja de nuestro crecimiento y desarrollo económico.

Tardío, es verdad, pero tiene su mérito y se debe destacar, además diría que ha sido hasta casi milagroso ver sonriente a un áspero y gruñón ministro acom-pañante en las reuniones, recibir papeles programáticos distintos de una misma agrupación política que debió primero ponerse de acuerdo internamente antes de ir para la foto, y la aceptación casi a regañadientes y después de innecesarios disfuerzos de otras agrupaciones.

El Presidente de la República ha excusado su participación diciendo que es también Presidente de su partido y que ello podría dificultar el diálogo. ¡Por el amor de Dios! Lejos de dificultar lo facilita y enriquece pues en su comunidad política más son las carencias que las virtudes.

La conducción de los encuentros bajo la calidad de anfitrión del Presidente del Consejo de Ministros es positiva y ha fortalecido su autoridad, renovándole el oxígeno que necesita.

Es bueno precisar, para algunos desubicados, que el diálogo se convocó para intercambiar ideas respecto a los temas económicos y ver como se podría re-cuperar el ritmo de inversiones y crecimiento, que a no dudarlo generan puestos de trabajo y reducen la pobreza. Bueno pues, los desubicados creyeron que ha-bían mutado de dirigentes políticos a sindicales y extendieron la mano para que el Estado financie a los Partidos, cuando hoy más que nunca deben comprender que ante el bajón económico se requiere también racionalizar egresos antes de seguir de Papá Noel regalón.

Volvamos a precisar. Tenemos dos diálogos, uno el que se realiza en el Foro del “Acuerdo Nacional” que viene funcionando adecuadamente y en donde se fijan políticas de Estado de largo aliento, que trasuntan a los diferentes gobier-nos. Otro es el nuevo diálogo para ayudar a resolver la coyuntura, la situación especial que se vive, y recibir lo que piensan las diversas agrupaciones respecto a ello, pues al final serán muchas las colectividades políticas, pero tenemos que recordar que el partido madre se llama Perú y todos debemos colaborar.

Comandante Presidente: Converse directamente con franqueza y sin reflec-tores, en que una taza de café ayuda a que el diálogo sea distendido y fructífero.

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De vez en cuando en un desayuno o solo con un cafecito se abren puertas de concordia y entendimiento. El Ministro de Economía no se enojará por gastar un poquito más en café y si no quiere, hacemos una “chanchita”.

Ayudará quitar reflectores, altavoces, fotografías y filmaciones, pues cuando hay mucho de lo prescindible, las personas se transforman, olvidan la finalidad de la conversación y buscan el protagonismo escénico y mediático que perturba y no aporta.

Diario La Razón08 de setiembre de 2013

SIN ELECCIÓN NO HAY GOBIERNO

El actual Presidente de la República, comandante Ollanta Humala, ha sido objeto de crítica por facilitar excesiva exposición mediática a su cónyuge, señora Na-dine, a lo cual se agregan desafortunadas expresiones de algunos ministros que dan la impresión que quien gobierna, o por lo menos cogobierna, es la menciona-da señora, cuando indican que ella les da “luz verde”.

La sensación ciudadana es que la señora tiene el carisma del que carece el cónyuge, y que cuando éste concurre a eventos populares sin la compañía de su señora, envía los saludos de ella o las disculpas por su inasistencia, e incluso la promesa que en próximo evento, inauguración o celebración, estará presente.

La sobredosis presencial de la “primera dama”, sumada a su condición de dirigente del partido de gobierno, además de su locuacidad contraria al sobrio silencio del primer mandatario de la Nación, hicieron que se percibiera que es-tábamos frente al intento de lo que se llamó “reelección conyugal”, pese a que la Ley Electoral prohíbe a quien es cónyuge del Presidente de la República postular a dicho cargo para el período siguiente. Tan intensa fue la protesta, que tuvo que desmontarse el proyecto.

La hiper presencia de la señora de Humala y sus constantes comentarios políticos han llevado a los caricaturistas a presentar una imagen presidencial doblegada al carácter y autoridad de la cónyuge, lo que flaco servicio le hace a nuestro Presidente.

Con todos esos antecedentes, y rompiendo su relativa reserva verbal, el Presi-dente dijo que trabaja “…de la mano con Nadine, como una familia con hijos, por-que creemos que es mejor gobernar como una familia que como una sola persona”.

No creo que haya ninguna mala intención, ni menos la pretensión de un cogobierno conyugal de parte de don Ollanta y doña Nadine, pero mejor sería

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que el Presidente se abstuviera de emitir ésas expresiones, pues se prestan a con-fusión, a diversas interpretaciones, e incluso quitan autoridad al Presidente del Consejo de Ministros y a los demás Ministros de Estado.

Si el Presidente ha querido decir que cuenta con el apoyo y cooperación de su señora esposa, bien por ello, pues significaría que tiene una consejera leal y testimonio afectuoso, pero hasta allí nomás, y bien lejos de los “hermanísimos”. No es legítimo gobernar sin elección.

Diario Expreso15 de noviembre de 2013

¿KAMIKAZE?

Wilfredo Pedraza asumió la responsabilidad política que le correspondía como Ministro del Interior y renunció, lo que dice mucho de él. Se fue por el escándalo, todavía no investigado ni dilucidado, de utilizar personal, vehículos y recursos del Estado para sospechosas actividades de protección, quizás vigilancia, y pro-bablemente seguridad de personas que no son funcionarios públicos, pero ten-drían un poder oscuro y paralelo al orgánico del Estado.

Asume la cartera del interior un académico en Derechos Humanos como es Walter Albán Peralta, persona honorable que por su perfil profesional bien podría haber sido designado Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y quien ejerce dicho cargo pasar al Sector Interior. Hubieran estado en su salsa.

El Ministerio del Interior tiene a su cargo la Policía Nacional, cuya finali-dad es garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección a las personas y garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del pa-trimonio público y privado. Prevenir, investigar y combatir la delincuencia. En buena cuenta poner orden, mantenerlo y preservarlo, dirigiendo la lucha contra la delincuencia. Para esto más que conocimiento académico se requiere actitud y perfil de ejercicio severo de la autoridad.

El campo de procedencia del nuevo Ministro es el de los Derechos Huma-nos, habiéndose desempeñado en la “Comisión Episcopal de Acción Social”, en la “Comisión Andina de Juristas”, en la “Defensoría del Pueblo” y en el Consejo Permanente de la OEA. La herramienta de la Defensoría es la persuasión más que la acción y el pase por la OEA fue permisivo ante los excesos de Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, comprensible por cierto debido al pensamiento de aquel.

En su nuevo escenario deberá discernir hasta donde llega la persuasión y donde comienza la interdicción. Tiene que impedir que los antisociales abusen,

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intimiden y generen desorden, atentando contra bienes públicos y privados, así como contra la integridad física y la vida de las personas. Las demoras son dañi-nas, sino recordemos Moquegua y Bagua.

Esperemos que el Ministro no se deje encasillar por sus antecedentes y en-tienda que su responsabilidad es mantener la seguridad interior del país, por supuesto sin atentar contra los derechos de terceros, pero tampoco dejándose maniatar por criterios ideológicos.

Además, recibe un Ministerio disminuido, pues un año atrás lo despojaron de atribuciones, limitándolo a ser el Ministerio de la Policía. Le quitaron los atri-butos de ordenar protección a los ciudadanos y dirigir a las autoridades políticas designadas por el Poder Ejecutivo, como gobernadores entre otros, funciones que asumió con autonomía la Oficina Nacional de Gobierno Interior.

Le amputaron el tema migratorio al crear la Superintendencia Nacional de Migraciones, por lo que ya no tiene nada que ver con el control de ingreso y salida del exterior, la entrega de pasaportes y salvoconductos, los registros de extranjería ni el otorgamiento de las diferentes clases de visas y permisos de per-manencia en el país.

El control de armas, municiones, y explosivos de uso civil, así como la su-pervisión de servicios de seguridad fue trasladado a una Superintendencia lla-mada SUCAMEC, que también tiene autonomía.

Ojalá nos equivoquemos y no tengamos un kamikaze.

Diario La Razón24 de noviembre de 2013

MIOPÍA POLÍTICA

Los medios de prensa difundieron entrevista que recientemente concedió Mario Vargas Llosa en España, en que le preguntan sobre el Gobierno de Ollanta Hu-mala, del que muchos estiman que el primero fue garante.

El núcleo de la respuesta del novelista fue que el Gobierno de Humala es “im-pecable” tras realizar “sumas y restas” de su mandato, así como que lo apoyó “...por-que él se comprometió a rectificar radicalmente su programa chavista y firmó en (la Universidad de) San Marcos una hoja de ruta que ha respetado escrupulosamente”.

Sorprendentes declaraciones, no solamente porque su autor, además de aca-démico y literato de prestigio, galardonado con los más importantes premios por su obra, ha participado en nuestra política y conoce de ella, así como porque ha defendido las libertades y valores democráticos.

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No puede ser “impecable” la conducción de un gobierno, si como dice don Mario ello es resultado de realizar sumas y restas, esto lo entendemos como mé-ritos y deméritos, luego de lo cual se establece un resultado positivo.

“Impecable” significa perfecto, que no tiene defectos, tal como lo definen los diccionarios, por lo que basta que existan “restas” para que no tenga el gobierno la calidad de “impecable”, aunque hubiéramos deseado que lo fuera.

Quizás la explicación para la miope percepción política referida, sea que pese a los compromisos de la “hoja de ruta”, pocos pensaron que se cumplirían, y que otros se dan por satisfechos sin el retorno al inicial plan de gobierno. Sin embargo ello no basta, pues si bien no ha atentado el gobierno humalista contra la economía de mercado con su componente social, tampoco la ha afirmado ni menos ha estimulado a la inversión privada generadora de puestos de trabajo, en que mucho es el discurso pero poca la acción.

Por otro lado la calificación de un gobierno no puede limitarse al tema eco-nómico. Hay otros valores, quizás menos visibles pero que de suyo tienen enor-me peso, como son los democráticos, en que tienen que respetarse las institucio-nes, evidenciarse transparencia en el manejo gubernamental, organicidad en las líneas de mando, asunción de responsabilidades por las autoridades, inexistencia de poderes ocultos y la expulsión de todo atisbo de encubrimiento a redes de poder paralelo.

El resultado de un balance real e imparcial, no será evidentemente en color azul, pero la tonalidad roja y democráticamente deficitaria se nota.

Diario Expreso29 de noviembre de 2013

ORGANISMOS REGULADORES

Hace aproximadamente veinte años, se consideró conveniente la creación de or-ganismos reguladores, especialmente para servicios públicos como telecomuni-caciones, electricidad, saneamiento, e igualmente para concesiones de transpor-tes, puertos, aeropuertos, vías y algunos otros.Los organismos reguladores, como OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS, y OSI-TRAN entre otros, tenían por finalidad la regulación de los respectivos servicios públicos, la supervisión de ellos, la acción fiscalizadora así como la sancionadora en caso de incumplimiento normativo, además de resolver controversias entre los operadores de los servicios, o entre los usuarios de ellos y los concesionarios.

La concepción era que dichos entes, siendo parte del Poder Ejecutivo, fueran

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organismos diferentes de los Ministerios, con la finalidad que si los Ministerios fijaban las políticas sectoriales y diseñaban la normatividad legal en sus diferen-tes grados y niveles; los organismos reguladores deberían determinar las tarifas, la supervisión de calidad y la fiscalización del cumplimiento de sus obligaciones como concesionarios de servicios públicos. Uno fija políticas y normativa, pero el otro controla el cumplimiento.

Los organismos reguladores tenían que ser principalmente técnicos, espe-cializados y neutros, además de ajenos a la politización que pudiera existir en los Ministerios. Se llegó incluso a dictar en el año 2000 la “Ley Marco de los Orga-nismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos”, N° 27332.

Lamentablemente con el correr del tiempo no todos los Ministerios que te-nían que ver con servicios públicos y concesiones redujeron su acción a lo norma-tivo especializado y siguieron supervisando, controlando, fiscalizando y sancio-nando, cosa que también hacía el respectivo organismos regulador.

El concesionario del servicio público se encontró en la difícil situación de rendir cuentas por un lado al Ministerio de su sector y al mismo tiempo al orga-nismo regulador, y no siempre las autoridades actuaban con los mismos criterios ni tampoco atendían su obligación de facilitar al concesionario el cumplimiento de sus obligaciones. Algunos Ministerios y Reguladores, lejos de ser el hada ma-drina que ayude a la ampliación de los servicios públicos, se convirtió en la bruja que detrás de la puerta y con la escoba en ristre esperaba cualquier anomalía no deseada para imponer elevadísimas sanciones, y fomentar que parlamentarios desubicados actúen como enemigos de la inversión y pretendan someter a los concesionarios a más obligaciones, más requisitos, más controles, más supervi-siones y más problemas.

Así no se hace patria. Ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y diseñar eficientes reformas.

Diario Expreso14 de febrero de 2014

LA CONFIANZA SE GANA Y NO SE REGALA

Nuestra Constitución determina que el Presidente de la República nombra y re-mueve al Presidente del Consejo de Ministros, y nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo del Presidente del Consejo mencionado, correspondiendo a este último ser después del Presidente de la República el por-tavoz autorizado del gobierno.

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Con el nombramiento por el Presidente de la República y juramentando ante él, los ministros son investidos en el cargo, pero ello no es suficiente, pues dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones el Presidente del Con-sejo en compañía de los demás miembros del gabinete, concurre al Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

El Presidente del Consejo debe plantear cuestión de confianza, que si se la otorga el Parlamento ello en la práctica significa la confirmación en el cargo, y si le es rechazada debe dimitir con sus ministros, y el Presidente de la República debe aceptar la renuncia y nombra nuevo Gabinete.

La presentación del Consejo de Ministros al Congreso no es acto solamente formal y protocolar, pues tiene que exponer sus planes y generar confianza, la cual se gana y no se regala. El Congreso, ejerce control político y determina si el Gabinete Ministerial y la exposición que se le haga es convincente y satisface para otorgar o no la confianza solicitada.

En la presentación del Gabinete Cornejo, en dos primeras votaciones y más allá de los tecnicismos reglamentarios, el Congreso dio una clara señal inicial de insatisfacción que el Gobierno no puede dejar de tomar en cuenta, por más que al final se le haya dado la confianza en lo formal pero sin la convicción necesaria.

El ejercicio de las atribuciones gubernamentales y las parlamentarias, consti-tuye el juego democrático de los pesos y contrapesos en lo que se llama el balance de poderes, y no debería generar preocupación ni inestabilidad, pues la propia carta constitucional señala mecanismos para solucionar las crisis ministeriales.

El llamado de atención del Parlamento no ha hecho otra cosa que expresar el sentir de la mayoría de los ciudadanos que están preocupados por lo que ven cotidianamente, que no son percepciones sino realidades. Realidad es el semá-foro de luz roja o verde que algunos ministros aceptan irresponsablemente de quien no ejerce mandato popular. Realidad es la irresponsable nominación de “mis ministros” de quien no tiene facultad para tenerlos. Realidad es la intromi-sión de quien no es Presidente de la República para enmendar la plana al Jefe del Gabinete. Realidad es que el Presidente de la República declare que su cónyuge “es la autoridad más alta de las decisiones de la bancada” cuando todos sabemos que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo.

Estos abusos de ejercicio irregular de poder por quien el pueblo no ha auto-rizado, son los que ocasionaron la llamada de atención desde el Congreso, lo que requiere acto de contrición, pero sobre todo rectificación en el futuro.

Diario La Razón23 de marzo de 2014

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CONSEJO DE ESTADO

El Presidente de la República, en buena iniciativa, convocó a una reunión de lo que llamó el “Consejo de Estado”, que se llevó a cabo el 19 de mayo de 2014. No conozco si es la única reunión o si antes hubo otras convocatorias, pero lo cierto es que conviene que los más altos representantes de los poderes públicos con-versen periódicamente, coordinen las tareas del Estado, y sin afectar su indepen-dencia y/o autonomía puedan encontrar en conjunto los lineamientos básicos de acciones a emprender o rectificar en aras de la gobernabilidad.

En artículo que publicamos el 22 de diciembre de 2006, gracias a la genero-sidad de Expreso, recordaba que entre agosto de 2004 y julio de 2005 a iniciativa del Presidente del Congreso, el Presidente de la República de aquel entonces reu-nía ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente cuando era menester, a lo que se denominó el “Consejo de Coordinación del Estado”.

Los miembros natos del Consejo eran los Presidentes de la República, del Congreso, del Poder Judicial y del Consejo de Ministros, a los que en ocasiones se incorporaba al Presidente del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, del Consejo Nacional de la Magistratura, así como al Fiscal de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Contralor, al Presidente del BCR y los jefes de RENIEC y ONPE.

No se necesitó ley de creación del Consejo, sino férrea voluntad política de conversar, de cambiar pareceres e impresiones, así como de coordinar. Lamen-tablemente ese esfuerzo que fue exitoso y que permitió darle gobernabilidad a nuestro país, no fue continuado en el último año del gobierno del Dr. Toledo ni en el del Dr. García, por lo que hacemos votos para que el actual, que ha reini-ciado ésa conveniente práctica, no desmaye en el propósito y continúe con las reuniones.

Como decía don Ramiro Prialé, conversar no es pactar, a lo que agregaremos que coordinar tampoco es pactar ni atentar contra las atribuciones y facultades privativas de cada poder o de cada organismo del Estado. Por más diferencias de las facultades y atribuciones de que gozan los poderes y organismos estatales, no podemos olvidar que el Estado es uno, como también que somos una nación unitaria.

El Consejo de Estado ha logrado en la reciente reunión a la que fue con-vocado, que todos afinen sus acciones para enfrentar la corrupción que se ha instaurado en algunos gobiernos regionales. Hay que continuar con el esfuerzo.

Diario Expreso11 de julio de 2014

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DEMOLICIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del INDECOPI, es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Ad-ministración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u obstacu-licen, ilegal o irracionalmente, el acceso o la permanencia de los agentes econó-micos en el mercado.

La CEB también está encargada de velar por el cumplimiento de normas y principios de simplificación administrativa, así como la aplicación de los mismos a fin de ejercer control posterior.

Una de las barreras burocráticas que más saca “roncha” a los administrados, entiéndase por ello a los emprendedores, es la exigencia de renovar cada dos años el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, pese a que anual-mente los establecimientos de atención al público y las edificaciones en que se en-cuentran, son objeto de inspecciones técnicas en materia de defensa civil (ITSDC) por parte de INDECI, CENEPRED, municipios y no se de cuantas autoridades más.

Felizmente en la CEB del INDECOPI, se ha declarado como barrera burocrá-tica ilegal, la exigencia de renovar cada dos años el odioso certificado al que nos hemos referido. La razón es simple, su supuesta obligatoriedad no está ampara-da por ley alguna, la renovación es irrazonable y nada impide a las autoridades competentes en defensa civil hacer sus inspecciones de rutina.

Nadie duda que el Estado tiene que velar por la defensa civil y la seguridad de los ciudadanos, así como que cuando concurran a establecimientos abiertos al público, se sientan seguros porque no hay excesos en el aforo, existen extintores de incendios operativos, las vías de escape señalizadas, inexistencia de material combustible donde no está permitido, entre otros requisitos.

Lo que al ciudadano le revienta son los excesos, lo que sale de lo razonable, como es la renovación periódica del certificado, con nuevos pagos, más docu-mentos, más trámites y más pérdida de tiempo, cuando nada ha variado, las instalaciones son las mismas, la construcción intacta y todo se mantiene igual.

Ahora que tenemos una nueva titular en la PCM, y estando adscrito a su despacho el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), el SENEPRED, el INDECI y a infinidad de siglas que no caben ni en sopa de letras del insatisfecho Heliogábalo, sería conveniente que deje sin efecto la norma gu-bernamental que estableció la renovación periódica e innecesaria del cuestionado certificado.

Ello es indispensable, pues la resolución de la CEB que declaró como barrera burocrática ilegal la renovación del susodicho certificado, sólo alcanza al denun-ciante pero no a los demás establecimientos y negocios, por lo que para evitar lluvia de reclamaciones, sería mejor que la PCM se cure en salud.

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Creemos que sería un buen comienzo para la nueva Presidenta del Consejo de Ministros, hacer un inventario de las normas consideradas barreras burocrá-ticas ilegales o irrazonables, para de una vez por todas dejarlas sin efecto, y co-menzar un proceso de desregulación, por las exageraciones incurridas desde la administración gubernamental central.

Diario La Razón27 de julio de 2014

LOS PECHADORES

Muchas veces hemos criticado al actual gobierno, siendo generosos ya en lla-marlo gobierno, pues lamentablemente sigue en el limbo pese a que solamente le queda algo más de año y medio para revertir la sensación de inexistencia guber-namental que se percibe.

Nuestra crítica estuvo centrada en su falta de diálogo, en la poca transpa-rencia de su tímido actuar, y en un discurso falsete que dice que promueve la inversión pero en los hechos la traba, la perturba, la paraliza.

Algunos opositores, cómodamente sentados en sus curules parlamentarias, achacan al Ejecutivo y a la agrupación política que lo encumbró a un sitial que no merecen, y a sus socios de ruta, reales y también a los encubiertos, todos los males que agobian al Perú, lo que es francamente exagerado.

Muchos de los males que nos indignan, no nacieron con el actual gobierno sino que vienen de antes; lo que sí ha sucedido es que se han agravado, como por ejemplo los flagelos de falta de seguridad y corrupción, y ello por carencia de programas viables y serios, así como voluntad política. Percibimos un cuestionable dejar pasar, dejar hacer, que es negativo. Un régimen político que llega a la Casa de Pizarro, está para resolver problemas y enrumbarnos a una mejor situación para todos los perua-nos. No puede quedarse en el simple discurso esperando que concluya su quinque-nio para pasar quizás del Palacio de Gobierno al Palacio de Justicia.

La respuesta a la oposición parlamentaria, huérfana de propuestas alterna-tivas pero pródiga en adjetivos, lamentablemente no viene de los congresistas oficialistas y sus asociados, que es lo que debería corresponder, sino del gabinete ministerial, lo que es un error.

Los ministros, si bien son funcionarios de primer nivel político, están para gestionar los diversos sectores gubernamentales, pero no como algunos que es-tán dedicados a ser los pechadores, con descuido de sus responsabilidades cívi-cas y gubernamentales.

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No podemos los peruanos estar cotidianamente frente a titulares de lo que se dijo, dejó de decir, increpó, insultó, imputó, o denunció cualquier opositor para ganar reflectores, y a las respuestas, no sé si neuróticas o neurasténicas de algunos contestatarios oficialistas, pues soy abogado y no psiquiatra.

Es hora de cambiar el doble estándar de propender diálogo desde la Pre-sidencia del Consejo de Ministros, y combate, como si se estuviera en un set te-levisivo, por algunos integrantes del gabinete, y ojo que no me refiero al Sector Interior pues por fin se ve movimiento.

Hay que bajar las tensiones que no conducen sino a infructuosos enfrenta-mientos, en que el país pierde. Todos debemos estar dedicados a elevar el nivel de vida de los peruanos y buscar su prosperidad, y para ello existen conocidísi-mos mecanismos de concertación política.

Ante la inexistencia de calidad de muchos de los que ejercen vocería parla-mentaria, de hecho o por derecho, bien podría el Presidente de la República se-guir convocando al Consejo de Estado, como lo hiciera un par de veces según se conoce, o invitar a los líderes políticos serios para conversar fuera de las rigideces palaciegas, o para hacerlo en el Foro del Acuerdo Nacional, que pareciera haber quedado en el baúl de los recuerdos.

Aún hay tiempo, no lo desperdicien.

Diario La Razón23 de noviembre de 2014

ORDEN O SHOCK

Hablar de shock suena bien, y más si se le agrega el término “social”, pero tam-bién hace recordar, lamentablemente, otros shocks como el que pretendiera en su momento Mario Vargas Llosa, o el que expusiera el ex premier Juan Carlos Hurtado Miller al empezar el gobierno fujimorista. Otros recientes y pretendi-dos shocks que quedan solo en el papel, son el de las inversiones tan anunciado por el gobierno de Humala, y el de la diversificación productiva propuesto por su ministro de la producción, con más ruido que nueces como decían nuestros ancestros.

Lo que debemos precisar, que pese a sonar bien lo del shock, cuando es en positivo, él no es otra cosa que golpe, y como golpe es fuerte y temporal, cuando lo que necesitamos es orden más que shock, pues el orden es perma-nente y sostenido en el tiempo, e implica a todos los factores y actividades humanas.

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Indiscutiblemente, lo permanente extradita a lo temporal, aunque en el shock social que ha sido propuesto por el ex Presidente García, encontremos pro-pósitos interesantes como hacer infinidad de obras públicas que den trabajo a la población, pero olvidando que terminadas las obras se tornará a la situación inicial de carencias y desesperanza.

Lo deseable es que a la ejecución de obras que den trabajo temporalmente a la población, se agregue y se actúe en tres escenarios diferentes aunque simul-táneos.

El primero de ellos hacer docencia y decencia cívica, para que los ciudada-nos sean conscientes de sus responsabilidades y obligaciones, y bajo dicho enten-dido dejen de ser “Pepe el vivo” para mutar a “Pepe el responsable”.

El segundo es reformar el Estado, con cambios simples y rápidos, para ha-cerlo de menos tamaño pero más eficiente; y lejos de ser el padrastro de los ciuda-danos se convierta en el padre solícito que enseña ruta apropiada; que se ocupa de la salud, educación y seguridad eficientemente; que construye la infraestruc-tura requerida, sobre todo vial y de saneamiento; y que hace correctivos en el Sis-tema de Justicia, para que ella sea predecible, confiable y sin demoras. Además que corrija los errores de la regionalización y haga que ella sea lo que los ciuda-danos soñaron y no lo que los politicastros nos dejaron. En general hacer que la administración pública esté al servicio del ciudadano, al que no se le someta a la tortura de trámites abusivos y lentos.

El tercero es facilitar las inversiones para que ellas den trabajo digno, con retribuciones justas que ayuden a elevar los niveles de vida de la población. Si queremos ser un país del llamado “primer mundo” tenemos que dar las condi-ciones necesarias para que las inversiones sean permanentes, y ello solamente se logrará respetando a los inversores a quienes se debe dejar de ver como si fueran los enemigos, cuando deben ser junto al Estado aliados para enfrentar el desarro-llo productivo que genere bienestar para todos.

La señalada es la verdadera ruta social pero integral, sin golpes o shocks temporales, pero con labor permanente que ponga orden en nuestro querido Perú.

Diario La Razón14 de diciembre de 2014

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INFRAESTRUCTURA

¿POR QUÉ ES URGENTE APROBAR LA LEY DE PUERTOS?

El Congreso aprobó la Ley 27396, que el Ejecutivo se abstuvo de promulgar, me-diante la cual se suspendió el proceso de privatizaciones de puertos, incluida la modalidad de concesión, hasta la promulgación de la Ley Nacional de puertos. Contradictoriamente, la misma ley declaró la intangibilidad de la infraestructura portuaria y la entrega de sus terminales a operadores privados, en cualquier mo-dalidades de venta o concesión.

Como consecuencia de la aprobación y promulgación por el Congreso de la Ley 27369, se encuentra suspendido el proceso e concesión de puertos, y urge por ello levantar la suspensión, que se debata y apruebe la ley, para lo cual el Ejecuti-vo ha cumplido con remitir el proyecto de norma al Parlamento.

El sector privado está a la espera de que se dicte la ley nacional de puertos para nuevamente interesarse en el proceso de concesión de los terminales por-tuarios, haciendo las inversiones que el Estado no está en disposición o posibili-dad de realizar. ¿Debemos impedir que el sector privado invierta? Evidentemen-te no. Todo lo contrario, tenemos que estimularlo a que sustituya la inversión estatal para que el Estado pueda cumplir lo que son sus funciones esenciales.

Poner nuestro puertos en valor, con inversiones importantes, nos permitirá seguirnos abriendo hacia los países del sudeste asiático, así como podremos dar facilidades portuarias a la producción brasileña, por ejemplo de Cuiaba en el Ma-togrosso, que podría salir en sistema de transporte multimodal para ser embar-cada en Ilo, y en esa forma competir con la utilización de puertos de Chile, que saldrían del Brasil a través de Bolivia. Faltan solo 20 kilómetros para empalmar la carretera de Cuiaba a Asis frente a la carretera de Iñapari. Tenemos también el corredor económico 026 hasta el Puerto de Marcona. Mantener en suspenso las concesiones de puertos únicamente ayudará a que las mercancías del Brasil al Pacífico, se embarquen a través del megapuerto de Mejillones en Chile.

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El sistema de concesión de puertos, por lo demás, no atenta contra los su-perados criterios de actividad estratégica o seguridad nacional pues los puertos siguen siendo del Estado, que solo los entrega para su explotación por terceros, los cuales quedan obligados a realizar las inversiones que el Estado no está en capacidad de hacer, y que luego revertirán al propio Estado. Este recibirá parte de la renta que se obtenga de la explotación de los terminales portuarios. No olvidemos que según el inciso 15 del artículo 118 de la Constitución el poder Ejecutivo puede adoptar medidas necesarias para la defensa de la Republica, in-tegridad territorial y soberana del Estado, incluso según los artículos 137 y 165 de la misma Constitución, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control y tomar los puertos en caso de conflictos o situaciones de gravedad.

La inversión privada en mejoramiento de puertos y su infraestructura, así como en nuevos puertos, significará mayores posibilidades de trabajo y de ocu-pación e mano de obra, más utilización de servicios nacionales en el transporte multimodal e incluso que los transportistas terrestres con mercaderías de Brasil que salgan al Pacífico por puertos peruanos pueden a su vez llevar mercancías peruanas de exportación a Brasil. El Estado dejará de distraer recursos en puertos para emplearlos en actividades básicas y simultáneamente se abrirán oportuni-dades de inversión privada, con lo que ellas significan en cuanto a desarrollo y bienestar.

No posterguemos, pues, la aprobación de la ley nacional de puertos. Nues-tro país lo necesita más que nunca.

Diario El Comercio10 de febrero de 2001

AEROPUERTOS Y COLAS

Quienes llegan al Perú por primera vez o después de algunos años, e ingresan por el Aeropuerto Jorge Chávez, se sorpenden con servicios aeroportuarios de primera calidad y acordes con lo que necesita cualquier capital moderna. Hasta los servicios migratorios que denotaban deficiencias por falta de personal, hoy lo tienen, con atención amable y rápida.

Sin embargo no todo es color de rosa, pues lo bueno que se observa al llegar, se malogra al salir, pues la Tasa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) debe pagarse en el Aeropuerto, en ventanilla de bancos. Algunas aerolíneas, evitan tal trámite, al cobrar el TUUA en el mostrador en que se realiza el chequeo de partida.

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Al adquirir pasaje aéreo internacional, se paga su precio que incluye el Im-puesto General a las Ventas (IGV), así como el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, e incluso determinados tributos que percibirá el país del destino del viajero.

En el caso de adquisición de pasaje aéreo nacional, el usuario paga el precio de aquel incluido el IGV.

Si para los pasajes aéreos nacionales e internacionales se incluye el IGV y en los últimos el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, nos preguntamos ¿Por qué no se incluye también la Tasa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), con valor diferente se trate de unos u otros pasajes?

No encontramos razón valedera para no incluir el TUUA al comprar pa-sajes aéreos, pues la línea aérea que lo cobre, en caso que no lo transfiera al operador del aeropuerto, siempre podrá ser obligado compulsivamente y se le podría incluso cortar el servicio por incumplimiento de obligaciones. Se podría disponer que las líneas aéreas depositen el importe de lo recaudado por el TUUA diaria o semanalmente, según convenga, con lo cual también se garantiza la pronta percepción de dicho concepto por el operador aeropor-tuario.

Si el Sector Transportes y Comunicaciones dispusiera el pago del TUUA, in-cluyendo su importe en el precio de pasaje, aliviarían a los sufridos pasajeros de un trámite innecesario, como es el de ir al mostrador del Banco después de pasar por el de la aerolínea para el chequeo de salida.

Las líneas aéreas han venido simplificando trámites y gestiones a los usuarios de sus servicios, como es la posibilidad de adquirir directamente sus pasajes sin intermediación de agentes, hacerlo a través de Internet y con tarjeta de crédito, efectuar el chequeo de salida y obtener el pase de abor-daje mediante el mismo método, y embarcar maletas con anticipación. Sin embardo para el Estado, que es a quien compete definir la forma y oportu-nidad de pago del TUUA, sigue en los tiempos de la carreta, martirizando al pasajero con innecesarias colas ante ventanilla bancaria, cuando está apura-do por embarcarse. Basta un pequeño dispositivo para revertir la absurda situación.

Es excelente la modernización de nuestros aeropuertos, pero debe ir acom-pañada con el respeto y facilidades que requieren los viajeros.

Diario La Razón04 de octubre de 2009

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COLAS Y TURISMO

Hace algún tiempo comenté en otro artículo, la dicotomía existente en la mejoría de nuestras instalaciones aeroportuarias, especialmente en el Aeropuerto Jorge Chávez, con las lamentables colas que hay que padecer para pagar la Tasa Uni-ficada de Uso de Aeropuerto (TUUA), que pudiéndose incluir dentro del precio del boleto aéreo, hasta ahora no se había hecho. Felizmente por declaraciones del ministro del ramo hemos conocido que ello se solucionará y en buena hora, y es muy probable que esté ligado al excelente trabajo que desempeña el Sub-Sec-tor Turismo, creando paquetes de viajes económicos al Cuzco que compensen, auque sea parcialmente, las cancelaciones de tours desde el exterior que se han producido como consecuencia de lluvias, deslizamientos y otras inclemencias de la naturaleza.

Empero, no todo es color de rosa, pues pese a que el personal de control migra-torio ha aumentado en número, aún es insuficiente. La concesionaria de las instala-ciones de nuestro primer aeropuerto ha ampliado el número de casetas de control, tanto de salida como de entrada al país, pero observamos que en horas punta en que hay muchos vuelos que coinciden tanto en aterrizaje como en decolaje, el personal aludido es reducido y urge elevar su número, con lo cual las colas serán menores, la atención será más eficiente, y los viajeros preservarán hígado y nervios.

En otros países con mayor respeto al usuario de servicios y con mejor aten-ción al viajero, diferencian las casetas de control migratorio de nacionales y de extranjeros, y es sano que imitemos lo bueno que se hace en otras latitudes. Si bien los nacionales podemos comprender y soportar con estoicismo nuestras ca-rencias, los extranjeros que vienen a visitar al Perú, cualquiera sea el motivo de su visita, merecen mejor trato y atención rápida. Recordemos que ellos nos dejan divisas, se alojan generalmente en establecimientos de hospedaje, gastan en ali-mentación, espectáculos y demás atractivos que el país ofrece, por lo que hay que darles la atención adecuada que esperan recibir.

Sería bueno que nuestras autoridades turísticas y migratorias se dieran su vueltita por el Aeropuerto Jorge Chávez y los de nuestros principales destinos turísticos, para que dicten las disposiciones que subsanen las deficiencias. Hoy en día con los sistemas informáticos no hay motivo para que subsistan intermi-nables colas, cuando se puede separar a nacionales y extranjeros, y los que pu-dieran tener algún problema en sus papeles se trasladen a ventanillas especiales que con mayor conocimiento y especialización lo resuelvan.

Diario Expreso26 de marzo de 2010

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TRANSPORTE PUBLICO EN LIMA

Cerca de veinte años atrás, y en la fiebre de la privatización empresarial, se termi-nó con el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros operado por la Municipalidad a través de su empresa de transportes. Como consecuencia de ello se transfirieron los ómnibuses, por grupos o por unidades, a transportistas privados, abriéndose paso a la informalidad y al caos vehicular, lo que se agravó con la permisibilidad de operar el transporte de pasajeros con microbuses, cus-ters, camionetas rurales y diversos otros vehículos que atiborraron desordenada-mente nuestras calles y avenidas además de muchísimos de ellos contaminar el medio ambiente.

Han existido diversos intentos por mejorar la situación, auque no todos exi-tosos, y algunos con absurda miopía, trataron de regular el transporte exigiendo vehículos con menor antiguedad, pero otorgando autorizaciones al antojo de los funcionarios municipales y por plazos francamente ridículos.

Los empresarios del transporte para financiar los vehículos que un buen servicio requiere, tienen que adquirirlos de fabricantes y comerciantes, quienes para darles crédito directo o referirlos a entidad crediticia que se los otorgue, les exige con razón que las autorizaciones para operar sean de por lo menos el mismo plazo del crédito respectivo. Nadie otorgaría crédito a un empresario del transporte de pasajeros por plazo que exceda al de la autorización para operar, pues no tendría seguridad en el retorno del capital prestado y sus intereses si la autorización concluye antes de haber vencido el plazo del préstamo.

Felizmente la Municipalidad Metropolitana de Lima por fin entendió el tema económico-financiero antes expuesto y en su nueva Ordenanza que regla-menta la prestación del servicio público de transporte regular de pasajeros en la provincia capital, ha determinado que la Autorización de Servicio tendrá vigen-cia de diez años, con lo cual el empresario transportista tendrá estabilidad en su tarea, claro está que condicionado al cumplimiento de todos los requisitos para la prestación del servicio con la calidad que el usuario reclama.

Pese a lo expuesto, la novísima ordenanza tiene su trampita, pues en una de sus disposiciones transitorias establece que la Autorización de Servicio se otorgará con vigencia no mayor de diez años, lo que en la práctica podría reducir el término de la autorización, lo que es inequitativo, y más todavía cuando la misma disposición tran-sitoria preceptúa que tal autorización queda automáticamente sin efecto de interferir con proyectos metropolitanos o concesiones de transporte creadas o por crearse. Lo que se hizo con una mano se deshace con la otra. Esto tiene que corregirse.

La Ordenanza comentada también dispone que el inicio de operaciones por el transportista se realizará dentro de los 30 días siguientes de recibida la autori-

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zación. El plazo no nos parece razonable, pues quien solicita la autorización no necesariamente cuenta aún con los vehículos para el servicio, los que tiene que encargar al fabricante, financiar y esperar su entrega.

La misma norma adolece de otros defectos, todos subsanables, como es el de establecer que la obtención de rutas se hace mediante solicitud de Autorización de Servicio o mediante Concesión vía concurso público, pero no establece la nor-matividad para las Concesiones ni las reglas del concurso.

Es positivo que la autoridad municipal enfrente un tema tan problemático como el del transporte de pasajeros, pero también es bueno por el bien del usua-rio que se comprenda al empresario transportista y se le faciliten las cosas para conseguir los vehículos y su financiamiento.

Diario Oficial “El Peruano”16 de abril de 2010

SOFÍA NO ES TAN SANTA

Casi todos reconocemos que para elevar los niveles de vida de nuestra población y desarrollar nuestro país, requerimos de inversión, la que indiscutiblemente genera puestos de trabajo. El Perú está en la senda correcta del desarrollo, esti-mulando la inversión que otorga oportunidades laborales, y en el mundo globa-lizado en que vivimos hemos dejado de concentrarnos en la Comunidad Andina para abrirnos a todo el planeta a través de diversos tratados de libre comercio, incluso nuestra participación en Apec que apertura interesantes nuevos merca-dos para nuestros productos. Sin embargo requerimos para ello de moderna in-fraestructura portuaria. No se puede exportar si es que no contamos con puertos y aeropuertos que faciliten el comercio internacional y con la infraestructura de vías terrestres que con el transporte multimodal permitan poner en puerto los productos, así como llevar a los lugares de consumo o de transformación los bienes terminados o los insumos así como partes y piezas.

Consecuentemente nos parece muy bien que se amplíe y modernice el puer-to del Callao, que se ponga en valor otros puertos y que se invierta en nuevos, pero ello no impide que se atienda la interrogante de pobladores permanentes y vecinos temporales de Ancón que preguntan el motivo de construir en ése lugar puerto de buques de gran calado que transporten contenedores, granos, aceites y otros bienes. La pregunta tiene sentido ya que nuestro litoral tiene una longitud de 3,079.5 kilómetros. ¿Es acaso Ancón el único lugar en que se puede construir un nuevo puerto? ¿No hay otros lugares aparentes en más de los 3,000 kilómetros

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que tenemos frente al Océano Pacífico para ello? ¿Qué los ha inducido a desesti-mar el resto de nuestro extenso litoral?

Es conveniente recordar que Ancón, únicamente a 18 millas martinas del Puerto del Callao, es una linda bahía con pobladores permanentes y también vecinos temporales, es el principal balneario del Perú sin pretensiones elitistas y la playa natural de esparcimiento de quienes habitan los populosos distritos norteños de la capital de la República, como son entre otros Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, Comas, Carabayllo y el distrito de Ventanilla que pertenece a la Provincia Constitucional del Callao.

En Ancón se realiza importante pesca artesanal y también deportes náuticos que dan muchos laureles a nuestra patria, sin olvidar la cercanía a diversas islas refugio de fauna que debemos preservar, y que además cuenta con monumen-tos arqueológicos importantes al haberse desarrollado en su jurisdicción antiguas culturas precolombinas, incluso pre incas que motivaron la construcción de un singular museo de sitio que es visitado por nacionales y turistas extranjeros, así como de estudiosos de nuestro pasado.

También en Ancón se conservan edificaciones republicanas de singular be-lleza, y es el lugar donde se celebró el Tratado de 1883 con el que finalizó la Guerra del Pacífico.

La construcción de un puerto tiene sus bemoles y si bien contamos con un “Plan Nacional de Desarrollo Portuario” desde el año 2005, es incomprensible que no se tenga en cuenta respecto a las pretensiones de “Santa Sofía Puertos”, que bien podría llamarse solamente Doña Sofía, pues no son muy santos sus de-seos de afectar a Ancón con un puerto que bien podría realizarse en otros sitios del amplio litoral peruano.

Señalan los expertos que en la actualidad los países más desarrollados cuidan sus líneas costeras y bahías y que la tendencia es no permitir la construcción de nuevos puertos en estas últimas, pero si ganando espacios al mar fuera de ellas.

Aún los proyectistas no han presentado el estudio de impacto ambiental requerido, pero es de Perogrullo que un moderno puerto en que habría carga y descarga de contenedores, cereales y aceite, afectaría al ecosistema y que adi-cionalmente pudiera tener incidencia en arenamiento de playas o reducción de ellas. También deberá merituarse el impacto de las naves en el desplazamiento de especies marinas y en la velocidad y flujo de las corrientes como también en el tema de sedimentación. Tendrá que estudiarse sus implicancias con la vecindad al Cuartel de Infantería de Marina y la Escuela de Supervivencia de la FAP.

Evidentemente, Doña Sofía nos tiene pendientes muchas respuestas.

Diario La Razón09 de mayo de 2010

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¿LUCRO O PRESTIGIO?

El grupo empresarial que promueve el puerto en Ancón evidencia dicotomía en-tre su óptimo comportamiento habitual y su empecinamiento en construirlo.

Los ascendientes del grupo empresarial al que nos referimos llegaron al Perú y se radicaron en el departamento de Piura, dedicándose con éxito a la con-fección de sombreros y a la agricultura entre otras actividades.

Sus negocios crecieron y el grupo amplió el giro de sus actividades, llegando a conducir el Banco Continental y tuvieron el acierto de utilizar los Bonos de la Reforma Agraria que recibieron por sus campos agrícolas para el financiamiento de un eficiente emporio industrial textil en su querida Piura.

Con el correr de los años los descendientes incursionaron con mayor vigor en el sector financiero y controlan el principal banco peruano con ramificaciones e intereses internacionales, así como una de las más grandes aseguradoras del medio e incluso una administradora de fondos de pensiones, a lo que se añade cadena de grifos de combustibles en expansión, industrias alimentarias que ela-boran harinas, aceites de diversas oleaginosas entre las que se encuentra la palma aceitera de cuya industrialización son pioneros. También han incursionado en centros comerciales, en pesca, en navegación, en depósitos comerciales y aduane-ros así como en la elaboración de etanol, entre otros muchos rubros.

Una de las características del grupo fue su compromiso social, así como el respeto al medio ambiente y a las poblaciones en las cuales desarrollan sus vastos emprendimientos, siendo ello objeto de no disimulado orgullo, lo que se corrobo-ra con la simple visita al portal informático del grupo en que se precian de ética y de valores y específicamente declaran que “Las empresas del Grupo Romero son conscientes del impacto social y ambiental que generan, por lo que se maneja con altos estándares de calidad en su gestión y contribuye activamente en el desarro-llo de las comunidades en que se desenvuelven”

Por todo ello es difícil entender la insistencia del Grupo Romero de construir en Ancón un puerto para su empresa “Santa Sofía”, lo que es contrario a los res-petuosos antecedentes de sus dirigentes; contrario al respeto al medio ambiente del que se ufanan; contrario a la invocación de anconeros permanentes, tempora-les y asiduos visitantes; contrario a las comunidades que dicen respetar y lo peor: con conocimiento de lo acontecido en otras localidades como por ejemplo frente a las costas de Trujillo por la construcción del Molón del Puerto de Salaverry.

Ojalá los responsables sepan anteponer su bien ganado prestigio al simple afán de lucro. Los valores tienen que primar.

Diario Expreso01 de abril de 2011

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CONCESIÓN DE AEROPUERTOS

Nuestro Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ha sido reconocido como el más moderno y eficiente de América del Sur, y ello pese aún a algunas carencias vin-culadas con la seguridad, que deben ser solucionadas.

Hasta antes que fuera entregado en concesión nuestro primer aeropuerto, los pasajeros sufrían sus deficiencias, como la estrechez de zonas de atención, inexistencia de mangas para abordar y descender de las aeronaves, limitadísi-mo espacio en área de tratamiento aduanero primario, inexistencia de locales comerciales suficientes para las compras de los viajeros, reducidas áreas de al-macenamiento y depósito de mercancías, inseguridad en vehículos de transporte terrestre, largas colas para los controles migratorios e inexistencia de apropiados restaurantes y hotel de tránsito, entre muchas otras carencias.

Ahora llegar al Perú a través de su principal puerta de ingreso que es el Ae-ropuerto de Lima-Callao, dejó de ser traumático y muestra el adelanto de nuestra patria, que está siendo reconocida en el mundo como zona de desarrollo y de oportunidades, lo que indiscutiblemente ayudará en la tarea gubernamental y del sector privado, de elevar los niveles de vida de nuestra población.

Sin embargo, no todo es positivo, requerimos seguir concesionando aero-puertos para mejorar el servicio, como lo hemos constatado en las ciudades en que ya se ha hecho, y subsanar algunas observaciones. Por ejemplo es necesario liberar de la “Tasa Unificada de Uso de Aeropuerto” (TUUA) a los pasajeros de aviones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en traslados de carácter oficial y para las actividades propias de su función, así como cuando intervienen en apo-yos logísticos para paliar situaciones de desastres.

Adicionalmente a lo expuesto es necesario que el Estado recupere el manejo del salón de atenciones protocolares, que no puede estar librado al criterio del funciona-rio de turno de la empresa concesionaria. Muchas veces hay razones e indiscutible-mente excepciones que ameritan tratamiento especial a determinados viajeros, y ello sin perjuicio de que existan otros salones VIP para atenciones no oficiales.

Una buena señal es que ahora las líneas aéreas incluyen el TUUA en el va-lor del pasaje aéreo, lo que evita innecesarias colas en las agencias bancarias del aeropuerto.

Si superamos las deficiencias que todavía subsisten, si mejoramos las pistas de aterrizaje y dotamos de seguridad a los vuelos con modernos radares, avan-zaremos muchísimo para seguir en el camino del desarrollo, al cual contribuyen quienes visitan al Perú, sea por trabajo, negocios o turismo.

Diario Expreso26 de agosto de 2011

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CHURIN-OYON: SE CUMPLIÓ

Cierto aunque Ud. no lo crea. Hay aún localidades del Departamento de Lima que no están comunicadas entre si mediante caminos adecuados. Por ello cuando se hacen esfuerzos para convertir caminos rurales en carreteras o cuando se cons-truyen nuevas vías de comunicación, ello es fiesta pues los pueblos conectados saben que eso les facilitará el desarrollo y la elevación de sus niveles de vida, a todo lo cual hoy llaman “inclusión”.

Muchas localidades han estado decepcionadas por las promesas incumpli-das de sus gobernantes quienes durante décadas ofertaron, por ejemplo, asfaltar la vía Churín-Oyón. Tratándose de Oyón por lo menos se esperaba que desde las altas esferas gubernamentales se oyera su aspiración, ya que fue hace setenta años la primera vez en que se oficializó la promesa en un discurso presidencial ante el Congreso el 28 de julio de 1942.

Gracias entre otras acciones, a que hubo un facilitador que articuló los es-fuerzos del Estado, la Sociedad y las Empresas, se ha logrado hacer realidad el asfaltado del camino Churín-Oyón recién inaugurado.

La facilitación y articulación comenzó con el Estado pues había que hacer concurrir en el esfuerzo, al Gobierno Central que ha utilizado recursos por cerca de noventa millones de nuevos soles, al Gobierno Regional de Lima que solventó la reposición de bordos, veredas, y canales, al igual que lo ha hecho la Municipa-lidad Provincial de Oyón.

Se comprometió en la tarea a las Comunidades Campesinas así como a los ciudadanos de las localidades que por fin estarían bien conectadas, lográndose que cedieran los terrenos requeridos y en ésa forma evitar la larga espera de pro-cesos expropiatorios.

Se buscó la participación de las empresas que actuaban en la zona y fueron mineras como Buenaventura, Raura y Quenuales que financiaron con sus recur-sos la elaboración de los estudios para el asfaltado y aportaron cerca de treinta millones de nuevos soles para la conclusión del tramo carretero.

Hay quienes creen que lo ejecutado en Churín-Oyón sólo tiene importancia local. Error, es parte de algo muchísimo mayor como es otra conexión entre Perú y Brasil, con diferentes tramos que comienzan en la costa -Cañete para ser pre-cisos- y se complementará con el asfaltado de Río Seco-El Ahorcado-Sayán, así como Huaura-Sayán-Churín, sin olvidar a Oyón-Yanahuanca-Ambo, teniéndose a la vista el tramo ya asfaltado de Ambo a Pucallpa y por último el tramo que nace de Pucallpa y termina en la frontera con Brasil que está en etapa aún de perfil.

Si vamos uniendo esfuerzos de asociatividad público-privado y hacemos despertar de su su modorra a nuestros funcionarios, pronto seremos testigos

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de una segunda interoceánica que nos conectará con la sexta economía del globo.

Diario Expreso17 de febrero de 2012

PUERTOS Y COMERCIO EXTERIOR

Sin duda alguna, el comercio exterior requiere que contemos con puertos y ae-ropuertos eficientes, reduciendo costos de operación, y en ésa ruta venimos ca-minando.

El Aeropuerto Jorge Chávez se ha convertido en uno de los mejores de nuestro hemisferio y su ampliación significará mejor servicio a los usuarios. Lo mismo puede decirse de diversos otros aeropuertos en provincias, los que desde su concesión al sector privado acreditan su optimización.

En lo que se refiere a puertos, la modernización se ha iniciado en el Callao, donde dos operadores internacionales de primerísimo nivel están demostrando manejo profesional y adecuado, todo lo cual ha sido complementado con la me-jora en los trámites aduaneros por SUNAT.

Últimamente, a raíz de la expedición del Decreto Legislativo N° 1147 que re-emplaza a la Ley N° 26620, se han levantado algunas preocupadas voces en el sentido que se está reduciendo el ámbito competencial de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y aumentando las atribuciones de la Dirección General de Capita-nías y Guardacostas (DICAPI) que es la Autoridad Marítima Nacional, y que ello podría obstaculizar nuestro comercio exterior.

Lo cierto es que los rubros competenciales de la Autoridad Portuaria Nacio-nal y los de la Autoridad Marítima Nacional, son diferentes aunque complemen-tarios. Mientras el primero de dichos organismos públicos, sus atribuciones están constreñidas a los puertos, el segundo es de mayor espacio geográfico pues com-prende la administración de áreas acuáticas, que se realizan en tal medio y que comprende naves, artefactos navales, instalaciones acuáticas y embarcaciones en general, a fin de velar por la seguridad de la vida humana en mar, ríos y lagos na-vegables, protección del medio ambiente acuático e incluso reprimir actividades ilícitas pues ejerce de Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, para lo cual el Estado debe dotar a DICAPI la logística indispensable con patrulleras con radio de acción y armamento suficiente.

La recepción y despacho de naves no ha pasado a DICAPI como erradamen-te se ha comentado, confusión que ha generado mayor preocupación. En lo que

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se refiere a apertura y cierre de puertos DICAPI cuenta con facilidades inmedia-tas de información proporcionadas por la Dirección de Hidrografía y Navega-ción de la Marina de Guerra del Perú, que alerta sobre alteraciones climáticas y de corrientes marinas, lo que lleva a decisiones oportunas, sin que sea necesario pasar para ello por la APN.

En temas portuarios, DICAPI no interfiere con la APN en la promoción de la inversión privada portuaria y del transporte multimodal, así como crea-ción de cadenas logísticas vinculadas a los puertos, y menos en el control de los operadores portuarios. Cada una tiene sus propias competencias, al igual que las tiene la autoridad migratoria respecto al ingreso y salida del país de personas a través de los puertos, o la autoridad sanitaria para evitar el in-greso al país de enfermedades contagiosas o epidemias, o la aduanera para los efectos de la recaudación de los tributos de dicho origen, y también la de sanidad agropecuaria en la temática propia de sus funciones. Cada cual en lo suyo.

Diario La Razón21 de abril de 2013

CHOFERES NO SON BILL GATES

El Reglamento de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre determinó, entre otras regulaciones, para los vehículos y conductores del servicio de trans-porte terrestre de personas y mercancías, la utilización de mecanismos tecnológi-cos modernos para la fiscalización de la hoja de ruta electrónica y del manifiesto de usuarios electrónico.

Es así que se dispuso contar con un sistema de control y monitoreo inalám-brico que transmita la información en forma permanente del vehículo a la auto-ridad fiscalizadora y por otro lado la obligatoriedad del uso del manifiesto de usuario electrónico en el servicio de transporte público de personas en el ámbito nacional.

Como quiera que los conductores de vehículos de transporte público o cho-feres, no tienen la genialidad de Bill Gates o la que tuvo Steve Jobs, ni tampoco los conocimientos de algún experto informático o ingeniero de sistemas, la au-toridad de transporte postergó la aplicación de la hoja de ruta electrónica y del manifiesto de usuarios electrónico, hasta definir la mejor aplicación tecnológica para tener información en tiempo real de los vehículos que destinados al servicio de transporte terrestre de mercancías.

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¡Oh sorpresa! La autoridad de transportes se dio cuenta que era necesaria una etapa educativa previa para instruir y preparar a los choferes de transporte de pasajeros y mercancías, en la utilización de la hoja de ruta electrónica con el GPS y en el uso del manifiesto de usuarios electrónico. Por ello fueron posterga-das la fecha de inicio de la utilización obligatoria de dichos modernos elementos.

Está muy bien y es lógico que la autoridad de transportes conozca si se cum-ple o no en la práctica con la hoja de ruta teórica, y también las motivaciones de los cambios en los hechos, lo que se conseguirá con el manifiesto de usuarios elec-trónico, pues no podemos olvidar que hay asaltos en las vías de comunicación terrestre e incluso variantes dolosas en rutas para desplazar mercancías fiscaliza-das (narcotráfico y minería ilegal) de sus rutas legalmente señaladas.

Ahora lo que falta es el entrenamiento a los conductores y choferes, por lo que es menester que el Sector Transportes no se agote con la postergación de pla-zos, sino que diseñe los manuales que deberán seguirse para cumplir con la ruta y el manifiesto electrónico, así como las guías metodológicas para que los trans-portistas preparen a su personal. Recuerden que los choferes no son Bill Gates.

Diario Expreso10 de octubre de 2014

DESBARAJUSTE ADUANERO

Estamos francamente orgullosos del Aeropuerto Jorge Chávez, que cambió sus-tancialmente desde que fue concesionado a la actividad privada, la que lo ha transformado en el primer aeropuerto de la región.

Sin perjuicio de la operación privada de nuestro primer aeropuerto, existen tareas que realiza el Estado dentro de él, entre ellas la de seguridad que presta la Policía Nacional, al igual que la detección de narcotráfico; la torre de control del tráfico aéreo; el control migratorio; y la aduana, entre otros.

Las tareas a cargo del Estado en el mencionado Aeropuerto han ido me-jorando, como por ejemplo el cobro de la tasa de uso de sus instalaciones que ahora se paga dentro del precio de los pasaje; el control migratorio de nacionales y extranjeros, para lo cual se han ampliado el número de ventanillas, turnos y personal eficiente y atento.

Lamentablemente en la administración aduanera del Aeropuerto Jorge Chá-vez, no podemos decir lo mismo, pues se percibe que en lugar de mejora hay retroceso. Nos explicamos, hasta hacen pocos meses las maletas que ingresaban al país, se llevaban de la aeronave a las fajas sinfín donde se depositaban y el

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pasajero las cargaba para llevarlas en carritos transportadores hasta el control aduanero.

En el control aduanero se apretaba un botón que podía salir verde o rojo. Si salía verde, se proseguía con el carrito transportador de las maletas hasta su ve-hículo para salir del aeropuerto. Si salía rojo había que cargar las maletas desde el carrito transportador para llevarlas al escáner, y luego de pasar las maletas por él, de nuevo había que cargarlas al carrito. Evidentemente el sistema aleatorio (rojo) en menor número que el del pase verde.

Ahora el sistema ha cambiado y el control ha dejado de ser aleatorio para convertirse en obligatorio, esto es, todas las maletas y bultos pasan por el escáner, lo que significa que todos tienen que cargar tres veces las maletas, cada una de aproximadamente 25 kilos.

Por más que hayan puesto una línea para damas en proceso de ser madres, enfermos, discapacitados y personas de la tercera edad, ello solo es en el escáner, no todo el tiempo y con personal educado pero insuficiente, lo que significa que dichas personas con limitaciones físicas también deben cargar tres veces sus ma-letas.

Sería bueno recordarles a algunas autoridades que la cabeza sirve, además de para peinarse, para pensar, y que si desean mantener el sistema de control obligatorio de los equipajes, sería conveniente poner el escáner antes de que las maletas se coloquen en la faja transportadora sinfin, con lo cual los pasajeros, ya cansados por el viaje, solamente tengan que cargar una vez sus equipajes y no tres veces como ahora.

No sabemos si la Defensoría del Pueblo ha hecho alguna invocación a la Aduana para perfeccionar su sistema de control, ni si el CONADIS en cautela de los discapacitados ha hecho otro tanto, pero si no lo han exigido, deberían hacerlo y pronto.

Son simples sugerencias.

Diario La Razón09 de noviembre de 2014

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INQUILINATO

INQUILINATO Y LUZ

Cuando se alquilan predios o el titular de la propiedad o de la posesión permite su uso a terceros, y el predio cuenta con suministro de servicio de electricidad, es conveniente que se tenga presente la normatividad legal vigente, así como tomar algunas precauciones.

La Ley de Concesiones Eléctricas 25844 en su artículo 82 dispone que los pagos efectuados para que se instale suministro de servicio eléctrico en un pre-dio, constituyen derecho intransferible a favor del predio para el cual se solicitó. El Reglamento de la Ley (D. S. 009-93-EM) en su artículo 163, preceptúa que los pagos en cuestión son el presupuesto de instalación, del equipo de medición y protección y su respectiva caja.

Mediante una simple Directiva, la No 002-95-EM/DGE aprobada por Reso-lución Directoral 029-95-EM-DGM de la Dirección General de Electricidad, con rango normativo cuestionable, pues debió ser un Decreto Supremo, se pretendió precisar la Ley y el Reglamento para esclarecer derechos y obligaciones existen-tes entre propietarios, concesionarios y terceros.

Tanto los propietarios que arrienden predios o autoricen su uso, como los arrendatarios y usuarios, deberían tener presente algunas normas resaltables de la mencionada Directiva, entre ellas que es el propietario quien como regla general responde frente al Concesionario del Suministro de Electricidad, por las deudas del servicio, permaneciendo la deuda afecta al predio, quedando a salvo el derecho del propietario de accionar judicialmente frente a quien se favoreció con el su-ministro. En buen romance el concesionario no pierde, y si el inquilino o usuario no paga, lo tiene que hacer el propietario, quien además podrá no ser atendido por el Concesionario para nuevos suministro de electricidad en el mismo predio o en otro ubicado en el área de la Concesión, mientras no sufrague la deuda pen-diente.

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El propietario podrá eximirse del pago de la deuda del inquilino o usua-rio por consumo de energía eléctrica, siempre que solicite al Concesionario del servicio, que proceda a efectuar el corte de luz luego del segundo mes impago, en cuyo caso la obligación de pago del propietario se circunscribe únicamente a la deuda de dos meses, más sus respectivos intereses y el costo de la reconexión.

Lo expuesto debe advertir a quienes celebren contratos de arrendamiento de predios que cuenten con suministro de electricidad, a reconocer en el convenio el derecho del propietario a comunicar a la Concesionaria instrucción para el corte del servicio por facturación impaga de dos meses, y a que la garantía de cum-plimiento de la renta o merced conductiva incluya también cualquier deuda por el consumo de electricidad, intereses y reconexión. También podría pactarse la obligación del inquilino de entregar mes a mes al arrendador fotocopia del recibo que acredite el pago del servicio de electricidad.

En caso que se pretenda adquirir un predio con servicio de electricidad, con-viene que el adquiriente verifique que el transfiriente se encuentra al día en el pago del suministro eléctrico, habida cuenta que cualquier deuda por ello persi-gue al bien.

Sería conveniente que las disposiciones de la Directiva a la que nos referi-mos, sea elevada de rango a Decreto Supremo, que evite cualquier cuestiona-miento respecto a su legalidad.

Diario Oficial “El Peruano”02 de marzo de 2010

VIVIENDA: POPULISMO NO ES SOLUCIÓN

En 1977, se expidió el Decreto Ley 21938, conocido como Ley de Inquilinato para Vivienda, el cual dispuso la duración indefinida de contratos de alquiler de ca-sa-habitación, fijó la renta mensual en 1/12 del 10% del autoavalúo en predios edificados con anterioridad a su vigencia, o del 12% en los edificados posterior-mente. Resultado: casi nadie volvió a edificar para viviendas de alquiler, mien-tras estuvo vigente tan absurda disposición. En lugar de ayudar a resolver el problema de la vivienda, lo agravó.

Con sensatez en 1991, se dio el D.L. 709, que derogó la Ley de Inquilinato aludida, restableciendo para los contratos de arrendamiento la normatividad del Código Civil, pero mantuvo temporalmente el límite de renta para predios con autoavalúo de dicho año inferior a 2,880 nuevos soles.

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Como muchas cosas en el Perú que comienzan como provisorias, se con-vierten en permanentes, así ha sucedido con el régimen de inquilinato de casas habitación cuyo autoavalúo es inferior a S/. 2,880.

Han pasado 33 años y todavía se mantienen congelados los arrendamientos de los mencionados predios, pues cada vez que vence el término de su prórroga, contumazmente sea el Poder Ejecutivo por Decretos de Urgencia, sea el Congreso mediante Ley, siguen y siguen prorrogando su vigencia. La última fue dictada el pa-sado diciembre por Ley 29636, dentro del festival populista por la campaña electoral.

¿Contribuye en algo el congelamiento de alquileres para los predios a los que nos referimos, para mitigar la ausencia de viviendas suficientes? La respues-ta obvia es que en nada contribuye, más bien empeora la situación pues los pro-pietarios con tan irreal renta no harán reparaciones, refacciones ni menos mante-nimiento de los citados predios. Los inquilinos tampoco.

Francamente hay mucha incoherencia, pues mientras se dan normas para promover la inversión en diferentes materias y hacemos HURRA y más HU-RRAS por el crecimiento económico, y aplaudimos el boom constructor, por otro lado mantenemos una anacrónica e innecesaria norma, por demagogia electore-ra, más aún cuando por el valor de las viviendas con arrendamiento congelado, no creemos que existan muchas.

Congelamiento de renta inmobiliaria como la tantas veces prorrogada, no ayudará a que tengamos más viviendas disponibles, ni menos aún evitará las repetidas invasiones que cada cierto tiempo observamos. El Estado tiene otros caminos para resolver el déficit de viviendas populares, como puede ser la auto-construcción en procesos progresivos de lotización con trazados técnicos efectua-dos por los municipios.

Diario Expreso14 de enero de 2011

EXIGENCIAS PARANOICAS

Durante décadas, muchas personas invirtieron sus ahorros en oficinas o depar-tamentos para alquilar, con lo cual se defendieron de la inflación y redujeron la falta de viviendas.

Lo que dichos propietarios no previeron es que probablemente funcionarios trastornados, afiebrados y delirantes, con paranoica actitud, iban a crear una nor-mativa sobre Defensa Civil para terminar con su tranquilidad y maldecir el día que hicieron su inversión inmobiliaria.

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Pero no solamente son los inversores inmobiliarios los que pasan por el cal-vario de los trámites para obtener certificado de conformidad en Defensa Civil, sino también los inquilinos de oficinas a quienes multan si es que no presentan el certificado de las zonas comunes, lo cual no es de su responsabilidad.

En efecto, las exigencias municipales respecto a la seguridad de las zonas comu-nes, bien podrían ser narradas por Franz Kafka. Leer la plantilla de requisitos cuyo cumplimiento deben verificar los inspectores, es inagotable y parecería redactada por un grupo de sádicos. Primero te cobran los derechos para presentar el expedien-te, luego te dicen que debes subsanar observaciones en pocos días y solicitar –tam-bién previo pago – nueva diligencia. Si no la pides, el expediente se archiva y tendrás que iniciar otro nuevo, con más pago de derechos, lo que nunca se termina.

Pese a que las edificaciones cuentan con licencia municipal de construcción, en la que intervinieron en su momento Comisiones de los Colegios de Ingenieros y de Arquitectos, e igualmente con la conformidad de obra, e incluso con la declara-toria de fábrica inscrita en los Registros Públicos, te ordenan ampliar las escaleras y pasillos de las zonas comunes, pues los suponen angostos. ¡Por el amor de Dios! ¿Cómo demonios se ancharán escaleras y pasillos, si no hay más espacio?

Hay mucho más. Debes ampliar las puertas. No sé como si están dentro de columnas. Salvo que demuelas la edificación y hagas otra, no hay modo de aten-der los requerimientos.

Mucho de lo que ordenan es contradictorio, pues pese a que te dicen ancha las escaleras, al mismo tiempo te exigen más pasamanos. Si tienes uno coloca otro al otro lado, con lo cual antes de anchar las escaleras las angostarás. ¡Quién los entiende!

También te ordenan reubicar los ductos de basura, lo cual es imposible, sal-vo que hagas nuevamente el edificio. Disponen que haya sumideros, donde no hay conexiones de agua. Ordenan poner puertas a prueba de incendios y humos, pero no hay donde, no entienden que se trata de edificaciones antiguas, pero hay que poner más rampas para los discapacitados en todos los pisos y nuevas escaleras de evacuación por incendio, cuando las que muchas veces existen dan a la calle.

La Alcaldesa Provincial debe estar muy ocupada con su revocatoria, pero bien podría darse un tiempito para ver las barbaridades que hacen en la Comuna y poner un poco de orden en el Municipio. En el Palacio Municipal no existe lo que exigen al pobre vecino. ¿Exigirán lo mismo para las innumerables huacas de Lima? Ya nada me extraña.

Diario La Razón17 de febrero de 2013

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AVANCE EN PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

Siempre hemos entendido que la mejor forma de preservar y proteger la propie-dad predial, es que se encuentre inscrita en los Registros Públicos, empero ello no ha sido suficiente, pues vemos con regularidad que personas inescrupulosas despojan de su propiedad a otras, y que personas que no son propietarias apare-cen como tales y transfieren a terceros propiedad ajena.

Algún Pepe el vivo, con artificios y mañas, transfirió el o los inmuebles que eran ajenos, pocas veces con la complicidad de algún notario, juez o re-gistrador, pero en la mayoría de las ocasiones burlando la buena fe de dichos funcionarios.

Las autoridades, buscando que impere el orden y se ataje dichas anómalas pero usuales prácticas delictivas, ha venido dictando diversas regulaciones e in-cluso diseñando herramientas legales que ayuden a impedirlas.

Un primer esfuerzo fue la alerta registral, en que quienes tuvieren bienes inscritos en Registros Públicos le solicitaran que ante algún pedido de inscrip-ción de cualquier acto sobre el bien, de inmediato se lo comunicaran, en buena cuenta alertando o advirtiendo lo que se intentaba, antes de la consumación de los hechos.

Otro mecanismo fue que el registro biométrico, por el cual los notarios, conectados con RENIEC, podían certificar la identidad de los contratantes y la fidelidad de su documento nacional de identidad. Si bien ha habido algunos pro-blemas y tropiezos como cualquier obra humana, son superables mediante el perfeccionamiento que requiere el sistema.

La última herramienta de protección ha sido concebida desde SUNARP, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la que por reciente regu-lación nos ha entregado la llamada “INMOVILIZACIÓN TEMPORAL”, esto es que las partidas registrales correspondiente a predios, pueden ser encapsulados por un tiempo.

Este novedoso mecanismo de seguridad registral, tiene por finalidad gene-rar el cierre temporal de la partida registral referida a un predio, hasta cumplir con un procedimiento especial de verificación de la autenticidad de títulos o has-ta que opere la caducidad del asiento de inmovilización que puede ser de hasta diez años.

El asiento de inmovilización temporal publicita la voluntad del propietario con derecho inscrito en los Registros Públicos, de cerrar voluntaria y temporal-mente la partida de determinado predio de tal forma que se impida inscribir en forma inmediata cualquier acto de disposición, gravamen o carga, hasta su posterior comprobación.

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Sin duda, hay que afinar la nueva norma, pero estamos avanzando para impedir estos delitos de gente de mal actuar, que con sonrisas, saco y corbata estafan a tanto incauto.

Diario Expreso23 de mayo de 2014

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INVERSIONES

INVERSION Y ESTABILIDAD JURIDICA

Para nadie, con dos dedos de frente, es secreto que los inversionistas ponen su capital de riesgo, pero de riesgo calculado, donde serán bien tratados, donde sus instalaciones, maquinarias y demás bienes estén seguros, y donde las reglas de juego económicas, tributarias, sociales y laborales gocen de estabilidad.

Los capitales que los inversionistas radican para realizar sus actividades fuera de sus países originarios, no pueden estar sujetos a otros riesgos que las contingencias propias de sus negocios.

Cuando los inversionistas hacen sus proyectos de factibilidad económica y rentabilidad, tienen en cuenta los tributos que deben sufragar, y saben perfecta-mente que si el marco tributario se modifica en ascenso, sus probables utilidades se pueden convertir en pérdidas, y nadie en su sano juicio invierte para perder.

Los inversores conocen que los países en vías de desarrollo, son proclives a variar sus reglas de juego, sobre todo las tributarias, debido al facilismo de resol-ver carencias de coyuntura con incrementos impositivos. Para evitar los efectos nocivos de la variación de reglas de juego, solo invierten si se les garantiza que el marco tributario no se modificará en tiempo prudencial.

La celebración de contratos de estabilidad tributaria y/ó jurídica del Estado con particulares ha sido frecuente, y el antecedente más remoto encontrado es la Ley 9140 que data de junio de 1940. Posteriormente se han dictado numerosas disposiciones con el mismo fin, y genéricamente el Código Civil de 1984, en su artículo 1357 determina que por ley, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato.

Recientemente se ha cuestionado, la menor recaudación tributaria percibida por el Fisco, debido a la aplicación de los convenios estabilidad jurídica pactados al amparo de los Decretos Legislativos Nºs 662 y 757. Sin embargo, nada se ha di-cho de las inversiones que se lograron gracias a la celebración de esos contratos, los capitales que ingresaron al Perú, las remuneraciones que se pagaron con ellos,

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las adquisiciones que se hicieron en el mercado interno tanto en bienes como en servicios, las exportaciones que se lograron, los efectos de estas últimas en la balanza comercial y en la balanza de pagos, los mayores tributos que también se pagaron por los bienes y servicios que se adquirieron o que se transfirieron.

Es necesario que frente a la cuantificación de la menor recaudación tributa-ria por efecto de dichos contratos, también se cuantifiquen sus beneficios.

Diario Síntesis28 de febrero de 2003

RELACION AMBIVALENTE PERUANO CHILENA

Para nadie es secreto que la relación de Chile y Perú ha sido por lo menos ambivalen-te, pasando del amor al odio y viceversa. Ello no es de extrañar pues normalmente los países que son vecinos han tenido roces, altercados y también guerras, usualmen-te originadas en límites confusos o imprecisos, si es que no por ánimo expansionista.

Perú y Chile tienen el mismo origen, al que se agrega el mestizaje, religión mayoritaria, lengua común, y destino que debería ser compartido por el camino de la mutua cooperación y desarrollo. Estas fortalezas son superiores a las debi-lidades que como secuela nos dejó la Guerra del Pacífico.

Tenemos pendiente la delimitación marítima, para lo cual hemos avanzado con la fijación de las líneas de base en nuestro litoral, aunque falta la adhesión pe-ruana a la Convención del Mar. La delimitación fronteriza marítima, como bien ha señalado la Cancillería Peruana, debe ser tratada en cuerda separada, es decir, sin afectar las demás relaciones entre dos pueblos con idéntico origen y destino. Por eso ha hecho bien el actual gobierno en concluir las negociaciones que inició el anterior para la suscripción del “Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile” que acaba de ser ratificado.

En los últimos lustros las relaciones bilaterales fueron enturbiadas muchas veces por temas políticos, declaraciones inconvenientes, posturas alarmistas, pero también por la incursión de capitales chilenos en actividades de generación y dis-tribución eléctrica, banca y crédito de consumo, grandes almacenes de comercio y otras actividades que aumentaron suspicacias nacionales frente al sureño vecino.

Al igual que han existido inconvenientes, no podemos olvidar que para las recíprocas buenas relaciones peruano-chilenas, tenemos que mirar la experiencia de Chile que pese a ser sede de CEPAL se supo liberar de sus encasillamientos y con sentido práctico prefirió la integración económica con el mundo desarrollado antes que con su entorno andino por desarrollar.

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La apertura comercial chilena es un camino a tomar de modelo para no caer en error, y debemos hacer redituar para el Perú su experiencia forestal y frutícola, máxime que tenemos condiciones geográficas y climáticas de excelencia que no estamos explotando en su superior dimensión.

Si aliamos estratégicamente las experiencias chilenas con las posibilidades peruanas, incluyendo nuestros microclimas y haciendo del sur peruano y norte chileno polo de desarrollo homogéneo, con similares incentivos y estímulos, in-cluso tributario, tendremos ambos países en el futuro, muchísimo más por ganar, que el estéril enfrentamiento de cuando en vez.

Dejemos que la diplomacia haga su tarea y resuelva saldos pendientes, pero si-multáneamente esforcémonos porque nuestros Estados, empresarios y trabajadores hagan los acercamientos necesarios para que el desarrollo sea insuperable fortaleza.

Diario La Razón30 de agosto de 2006

SOLTAR AMARRAS

En épocas pretéritas en que hubieron serias limitaciones presupuestales e insu-ficientes recursos del Estado, se optó por poner candados, cerrojos, cadenas y diversas amarras, tanto a la inversión pública como al gasto. Incluso se creó el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip) para mejorar la calidad de las inversiones del Estado, en los tres niveles, Gobierno Central, Gobiernos Re-gionales y Gobiernos Locales.

Cuando la situación fiscal mejoró y había posibilidad de hacer mayores in-versiones desde el Estado, lamentablemente no se creó la llave maestra que per-mitiera abrir los aludidos candados y demás controles, se optó por maquillar la normatividad con leves cambios.

En la nueva Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo 1017) aplicable a los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y eje-cución de obras, se establecieron exoneraciones para el tedioso y complicado pro-ceso general de selección en las contrataciones. Entre ellas tenemos las situacio-nes de emergencia ocasionadas por acontecimientos catastróficos, así como por las que supongan grave peligro o que afecten la defensa y seguridad nacional.

La exoneración del procedimiento general de selección por catástrofes, no tiene mayor complicación o no debería tenerla, pues las catástrofes son eviden-tes, como por ejemplo sismos, heladas, inundaciones y muchas otras. Empero, tratándose de situaciones que suponen grave peligro o que afecten la defensa y seguridad nacional, la cosa es más complicada, pues es discrecional y no siempre

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demostrable, por lo que se utiliza con muchísima prudencia y en muy pocos casos.También hay exoneración cuando se trata de contrataciones bajo secreto, sea

militar, de orden interno o de inteligencia, pero evidentemente no todo lo que afecta a la defensa y seguridad nacional tiene que ser secreto, de donde resulta que las contrataciones bajo el carácter de secreto, son escasos.

El Gobierno Central para enfrentar la crisis internacional, ha venido recla-mando que el Sector Público invierta rápido, sobre todo en obras de infraestruc-tura, lo que puede sustituir los puestos que se pierden en actividades de agroex-portación, minería y otras, al haberse reducido sus ventas al exterior además de haber caído los precios internacionales.

El Sector Economía y Finanzas insiste en que ha otorgado los presupuestos adecuados para las obras y que hay sectores que lamentablemente no cumplen a tiempo con las inversiones programadas. Sin embargo olvida que una cosa es presupuestar y otra diferente es ejecutar, y que cuando los recursos se asignan presupuestalmente, ello no significa que se puedan utilizar de inmediato, pues hay que realizar trámites engorrosos y lentos, por más que a principios del año se hubieran dictado normas que aligeran plazos y condiciones para la inversión (Directiva de Snip R.D.002-2009-EF/68.01 y D de U. 041-2009)

La normatividad que abrevia términos es insuficiente, pues para la ejecu-ción de inversión por menos de 1.2 millones de nuevos soles se requiere de pér-fil abreviado, que en días calendarios llega a 35, mientras que para inversiones mayores a 1.2 pero menores a 6 millones se necesita de pérfil simple que en días calendarios alcanza a 105. Las contrataciones de más de 6 millones y menos de 10, requieren de estudio de prefactibilidad cuyo trámite llega a 168 días calenda-rios, y las mayores a los 10 millones demoran 224 días. Los días mencionados son teóricos, pues en la práctica se excede tales límites. Consecuentemente se puede presupuestar pero no necesariamente ejecutar de inmediato.

Hay situaciones que realmente son de emergencia, auque no nacen de catás-trofes naturales, como son por ejemplo los acondicionamientos que deben hacerse en bases antisubversivas, en puestos de frontera, en cuarteles, en comisarías y en tantos otros establecimientos de defensa y de control del orden público. Nos pre-guntamos si se puede esperar tanto tiempo para edificar los cercos perimétricos que requieren nuestras bases antisubversivas o las cuadras para nuestros valerosos soldados, o la implementación de postas de atención médica o la preparación de pistas de aterrizaje para nuestra Fuerza Aérea? Evidentemente que no, por eso es necesario de una vez por todas soltar amarras para ejecutar lo presupuestado.

Diario La Razón13 de setiembre de 2009

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EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Gran controversia han suscitado la expedición de dos Decretos de Urgencia para declarar de necesidad nacional y de ejecución prioritaria 33 procesos de promo-ción de inversión privada, para los cuales se han simplificado los trámites y exi-gencias legales de autorizaciones, concesiones y ejecución de los proyectos.

La discusión se ha centrado principalmente sobre la constitucionalidad de los Decretos de Urgencia, cuya materia no calificaría su promulgación, aunque olvi-dando la presunción de constitucionalidad de las normas y el procedimiento de su fiscalización parlamentaria que permite al Congreso aprobarlos, modificarlos o derogarlos, así como algunos casos similares en que el Parlamento guardó silencio.

Más allá del tema legal, que sin dudas debe cuidarse, es legítima la preocu-pación gubernamental por la demora en la tramitación de importantes proyectos de interés público como puertos, carreteras, saneamiento, energía, comunicacio-nes y muchos otros, pese a expresiones del sector privado de ejecutarlos y la necesidad de la población de contar cuanto antes con los beneficios de la mo-dernidad y la dotación de puestos de trabajo, precisando que todo ello genera el desarrollo del país y abre infinidad de oportunidades en otras áreas.

Sin embargo, la solución no se circunscribe a simplificar los trámites para la inversión y ejecución de una treintena de proyectos, sino analizar el compli-cado mapa de todos los trámites, opiniones, dictámenes, estudios, aprobaciones, resoluciones, audiencias, y publicaciones requeridas, y el tiempo que todo ello demanda, así como la normatividad legal que lo ordena, para todo tipo de pro-yectos de inversión.

Conociendo al detalle lo expuesto, se podrá determinar los trámites que es-tán duplicados, los informes quizás innecesarios o intrascendentes y la propuesta legislativa para concentrarse en los trámites imprescindibles y no en otros. En buena cuenta el estudio situacional para formular la iniciativa legislativa desde el Poder Ejecutivo para que el Congreso haga los cambios normativos requeridos para la simplificación de la tramitación de inversiones que no pueden seguirse postergando a las calendas griegas y que frustran la esperanza de poblaciones enteras que claman por elevar sus niveles de vida.

Es bueno recordar un estudio que realizó años atrás Antamina, con el que se graficó el calvario por el que pasan los inversores hasta comenzar la ejecución de sus proyectos. Esto tiene que acabarse, pero sin desmedro de lo que es esencial y del respeto al medio ambiente.

Diario Expreso25 de febrero de 2011

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LICITACIONES POR ENCARGO

Existe el prurito de encargar los procesos de licitaciones y concursos, sea para ad-quisición de bienes, sea para ejecución de obras públicas, a organismos internacio-nales, lo que desde tiempo atrás viene siendo objeto de serios cuestionamientos. Mientras las autoridades que encargan los procesos a organismos internacionales justifican su decisión en que ellos son menos complicados y más rápidos, sus de-tractores mencionan que la motivación del encargo es para evitar la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Consideramos que el tema merece ser analizado con objetividad y sin apa-sionamientos, recordando que cuando los recursos fiscales escaseaban, se pu-sieron muchísimos candados para efectuar inversiones desde el aparato estatal y hasta para los gastos más indispensables, y para en cierta forma garantizar la calidad del gasto fue creado el “Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP”. Lo malo fue que cuando la situación de la caja fiscal mejoró, se mantuvieron gran parte de los candados y la simplificación y adecuación de procedimientos a la nueva realidad fue tímida.

Quienes han participado en licitaciones y concursos pueden dar fe de los lentos trámites, de cuestionamientos e impugnaciones muchas veces sin funda-mento, otras para entorpecer los procesos cuando no para obtener subcontratas del ganador sin olvidar los “nudos” elaborados exprofeso por algunas autorida-des corruptas a fin de obtener de los interesados la conveniente “lubricada” que facilite desatar el enredo.

A mediados del año 2008, en el ánimo de resolver la situación se dictó el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la “Ley de Contrataciones del Estado” que con su Reglamento ha contribuido a aligerar los trámites pero no ha terminado lamentablemente con todas las malas prácticas ni menos aún ha generado la con-fianza de quienes son postores a licitaciones y concursos.

Lo cierto es que se siguen encargando licitaciones y concursos a entidades internacionales como la “Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Pro-yectos-UNOPS”, la “Organización Internacional para las Migraciones-OIM”, la “Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI”, lo cual genera más sospechas cuando pese a la especialidad de las actividades que deben desempeñar, son empleadas para todo tipo de adquisicio-nes de bienes y contratación de obras, más allá de lo que se supone es su razón de ser y experiencia.

El análisis del tema debería hacerse desde dos diferentes vertientes, la pri-mera respecto a la justificación de los convocantes a concursos y licitaciones, en el sentido de que encargarlos a entidades internacionales es más rápido y seguro.

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La segunda es si efectivamente la voluntad encubierta del convocante es eludir la fiscalización de la Contraloría General de la República, pero siempre teniendo presente la regla general constitucional en el sentido que las obras y la adquisición de suministros y servicios, requiere su contrata por licitación pública o concurso.

Respecto a la aseveración que el trámite de los procesos de contratación me-diante concursos y licitaciones encargadas a instituciones internacionales es más rápido y menos complicado que el procedimiento nacional, pues muy sencillo que OSCE, que es el “Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado” prepare y publique el cuadro comparativo de los diferentes procedimientos que son empleados, y sobre tal comparación proyecte la norma legal para hacer las modificaciones que fueren deseables a la “Ley de Contrataciones del Estado” y su Reglamento, en el ánimo que ya no sea necesario seguir encargando concur-sos y licitaciones a organismos internacionales, donde no hay que olvidar que en todo sitio “se cuecen habas”.

En lo que se refiere a la motivación del encargo internacional, para eludir la vigilancia de la Contraloría General de la República, si bien es cierto que la “Ley de Contrataciones del Estado” excluye de su aplicación a las realizadas de acuer-do con las exigencias y procedimientos específicos de organismos internaciona-les, Estados o entidades cooperantes, siempre que estén asociadas a donaciones u operaciones oficiales de crédito; no es menos cierto que la función constitucional de la Contraloría es velar por el buen uso de los recursos del Estado y el ejercicio de ésa facultad necesariamente la tendrá que llevar a la “persecución” de los re-cursos públicos con prescindencia de a quien se encargue su utilización.

La Contraloría detectó diversos escollos para ejercer su acción fiscalizadora en procesos de contratación pública encargados a organismos internacionales, en que estos se escudaban en las inmunidades y privilegios que habían acordado con el Estado para no exhibir la información requerida, a lo que se sumaba la actitud elu-siva del organismo nacional convocante. Nuestro organismo nacional de control presentó en abril del año 2010 su proyecto de ley 3976 para corregir deficiencias y hacer posible el cumplimiento de su acción fiscalizadora de recursos públicos, pero lamentablemente nuestros parlamentarios deben estar muy ocupados en danzas callejeras, asistencia a carnavales, enfrentamientos estériles y lanzamiento de dardos verbales que no les ha permitido atender el requerimiento de la Contraloría, a lo que añadimos que deberían aprovechar la oportunidad para incorporar las modificacio-nes adecuadas en la Ley de Contrataciones del Estado que haga innecesario recurrir a organismos internacionales para llevar a cabo los procesos de contratación estatal.

Diario La Razón06 de marzo de 2011

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PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Los recursos presupuestales provenientes de los tributos que pagamos, son cuida-dos por el Estado para que sean adecuadamente empleados, y para que los asig-nados a proyectos de inversión pública, respondan a necesidades reales, sean de calidad y no dupliquen esfuerzos. Lo mismo rige para los fondos asignados a las asociaciones público privadas y para la concesión de obras de infraestructura.

Para lograr la utilización eficiente de los recursos públicos, el Estado fue creando una serie de mecanismos para la elaboración de los proyectos, para la verificación de sus bondades, como es el SNIP, para el control de los gastos, para las licitaciones y concursos, y para la solución de controversias, entre otros.

Cuando los recursos eran escasos, hubo muchísima mayor severidad en las asignaciones de recursos y en los trámites requeridos para su utilización, y cuan-do fue necesario por la existencia de mayores fondos presupuestales o para evitar en el país las consecuencias de la crisis internacional que se sintió con mayor intensidad desde el 2008, el Estado fue dictando medidas extraordinarias que hicieran menos complicada la tramitación de los proyectos de inversión pública, se redujeran exigencias legales y se acortaran los tiempos establecidos.

Pese a los esfuerzos gubernamentales, no todas las unidades ejecutoras han tenido la eficiencia deseada, advirtiéndose en varios gobiernos regionales y mu-chos locales, indebidos retardos en planificar, proyectar y ejecutar las obras tan necesarias para elevar la calidad de vida a nuestra población y sean el motor que impulse la participación del sector privado en la tarea.

Tanto el anterior gobierno como el actual, recurrieron al dictado de Decretos de Urgencia para simplificar trámites y procedimientos para la inversión pública, quizás sin la rigurosidad legal requerida, lo que ha motivado por ejemplo que el Tribunal Constitucional deje sin efecto por inconstitucionales los signados con los Nos. 001 y 002-2011, lo que nos debe llevar a reflexión y a efectuar un estudio serio de todos los requisitos legales, trámites, condicionamientos, evaluaciones, plazos de ejecución, supervisión, y resolución de conflictos, que permitan propo-ner al Congreso las normas que hagan expeditivos los procesos, sin descuidar la calidad deseada de los proyectos de inversión.

Es hora de hacer un trabajo serio, no parches, para sin descuidar los con-troles y preservando calidad, tengamos procedimientos simples que faciliten las obras que estamos a la espera. Cada sector de la administración pública y de las diferentes unidades de ejecución deberían informar sobre los cuellos de botella que han encontrado y dar sus sugerencias en la direccionalidad antes fijada.

Diario Expreso16 de diciembre de 2011

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CAMBIAR FEBLE POR ORO

Se tramita proyecto de ley para el canje obligatorio de las acciones de inversión por acciones comunes de las empresas que las emitieron.

En los años del “Velascato” el grupo militar gobernante de facto, pre-ñado de las ideas de los rojimios de aquella época, en que actuaban con ma-yor sinceridad y sin esconderse en ropaje medioambientalista o defensor de los Derechos Humanos, concibieron la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas industriales, mineras, pesqueras y de telecomuni-caciones.

Para ello crearon las comunidades laborales que tendrían las acciones del sector laboral, las que fueron transformadas en acciones laborales para conver-tirse luego en acciones de trabajo hasta por fin mutar a acciones de inversión.

En el mundo globalizado y competitivo, en que se requiere atraer inversión foránea para generar puestos de trabajo, no se pueden tener sistemas retributivos más onerosos que otros al propiciar cesión parcial de propiedad de los centros de producción, aunque ello aparente ser equitativo.

Algunos trabajadores conservaron sus acciones de inversión, pero otros las vendieron a quienes por lo general las compraban a menor valor que las accio-nes comunes, pues las primeras carecen de voto en las juntas de accionistas. De prosperar el canje pretendido, los que adquirieron tales acciones con derechos limitados podrán multiplicar el valor de sus acciones.

El tema puede verse desde otra perspectiva, y tener en cuenta que si hay canje se estaría cambiando los porcentajes de tenencia de acciones en las empre-sas a las que nos referimos, y que quienes hoy día tienen el control mayoritario podrían dejar de tenerlo. Más aún en caso de liquidación y disolución el patri-monio de la empresa tendrá que dividirse en más partes, con lo cual se reducirá lo que tocaría a los accionistas comunes tradicionales.

El canje atenta contra dos Derechos Humanos que son Derechos Constitu-cionales, la libre asociación y la propiedad. Me explico: Es Derecho Humano asociarse libremente, sea en entidades civiles sea en sociedades mercantiles, pero si por canje obligatorio de acciones se impone un socio no buscado ni pactado con él, además de conculcarse el derecho a la libre asociación, se transgrede el derecho a la contratación que no puede ser compulsiva. Nuestra Constitución consagra el principio que los términos contractuales no pueden ser modificados por norma legal.

En cuanto al derecho de propiedad es afectado al tenerse que representar el patrimonio empresarial en más partes de las que estuvieron previstas, con lo cual indirectamente se despoja de parte de los bienes existentes o espectaticios

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a los accionistas originarios o cuyos derechos provienen de aquellos. Quieren convertir el feble en oro.

Diario Expreso13 de enero de 2012

SIN INVERSIÓN NO HAY EMPLEO

Repetiremos y machacaremos, incluso más allá del cansancio, que el bien co-mún y bienestar general se logra tras una cadena que tiene diversos eslabones, siendo el último de ellos el citado bienestar, que para obtenerlo se requiere de uno anterior que es el trabajo, pero no cualquier trabajo, sino el trabajo digno y adecuadamente retribuido.

Ahora bien, para que exista trabajo tiene que haber necesariamente inver-sión, que es el antepenúltimo eslabón, inversión principalmente privada, la que lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de crear la mayor parte de los puestos de trabajo.

¿Qué se necesita para que exista inversión? Indiscutiblemente se requiere confianza en el país, en el manejo de sus instituciones, en el desempeño de sus gobernantes, en la existencia de claridad en los planteamientos que se formulan desde el Estado.

La confianza a que nos referimos nos lleva a otro anterior eslabón que es la seguridad jurídica, esto es la existencia de reglas claras de juego, que no son otras que la normatividad legal, empezando por la constitucional, y que ella sea esta-ble, que no se esté cambiando como se dice: “por quítame esta paja”.

La confianza también se sustenta en que la tributación sea clara, justa, pre-decible y por lo general estable, pues en un mundo globalizado y competitivo, cualquier cambio fuera de lo aceptable, puede llevar a convertir los resultados de la inversión empresarial, de azul a rojo.

Además del tema de la seguridad jurídica y estabilidad tributaria, tenemos el eslabón de la seguridad y tranquilidad interna del país, en que reine la paz, que no haya conflictividad social y que si la hubiera sea solucionable apropiadamente. Dentro de lo que es la premisa de la seguridad se encuentra indiscutiblemente la de los ciudadanos, incluido el capital humano de los inversores que son sus direc-tivos, funcionarios y demás trabajadores, al igual que sus instalaciones, maquina-rias, herramientas y otros bienes. Recuérdese lo sucedido en épocas de subversión terrorista en que las inversiones decrecieron sustantivamente, con la grave conse-cuencia de mayor desempleo y subempleo, lo que nadie quiera vuelva a suceder.

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Es preciso recordar que entre los temas sobre los que preguntan los aboga-dos de empresas foráneas que proyectan inversiones en nuestro país, destaca el tipo de administración de justicia con la cual contamos, evidentemente dentro de la temática de seguridad jurídica, pues de producirse contiendas de tipo legal, desean tener las garantías de un Poder Judicial cumplidor de la normatividad legal y de los plazos, pues no todos los diferendos van a ser llevados al sistema arbitral.

Hoy en día ante la crisis que observamos en los países que han sido por lo general los originarios de las mayores inversiones, es muy probable que dismi-nuya la cuantía de nuevos emprendimientos, lo que nos debe llevar a ser muy cautelosos con el manejo del aparato público y las señales que se den desde el Estado, que tendrá que conciliar la necesidad de trabajar en la inclusión social simultáneamente con la generación de la indispensable confianza para invertir.

Diario La Razón01 de julio de 2012

AGENDA PARA EL CEPLAN

Por Ley No 28522 fue creado el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) con la finalidad de conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública.

Indiscutiblemente requerimos de planificación, aunque lamentablemente cuando se han presentado estudios, propuestas y planes sobre el particular, se han caracterizado por generalizaciones, incluyendo confusas elucubraciones y disquisiciones que por su vaguedad son difíciles de comprender y de imple-mentar.

Usualmente la documentación de quienes han pretendido planificar estuvo redactada en términos confusos, eludiendo ir a lo práctico y concreto, con lo cual tales instrumentos se pierden en los anaqueles por no ser aprovechables.

Sin descalificar a pretéricas administraciones del CEPLAN, que tuvieron a su cargo la dura tarea de hacerlo andar, conseguir aunque sea un magro presu-puesto, y comenzar de cero, hoy la nueva dirección que se ha hecho cargo de la Institución podría dejar de lado una agenda genérica, llena de buenos propósitos pero pocas posibilidades de concreción, para sustituirla por una agenda menos ambiciosa pero mucho más práctica.

La nueva dirección procede de la actividad privada, donde se le ha reconoci-do liderazgo y eficiencia, por lo que sumado al conocimiento de la disciplina plani-

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ficadora, puede conducir un proceso exitoso que podría concentrarse en dos temas que exigen desde tiempo atrás la atención del Estado. El primero es el replanteo de la regionalización y el segundo lograr que las inversiones que realiza el Estado sean necesarias, de rápida ejecución, con más cuidado de los intereses y recursos del Estado pero que se concreten y ejecuten en muchísimo menor tiempo.

Para hacer planificación concertada necesitamos partir de algo, y ése algo tiene que ser el estudio del tema por el Estado y el diseño de los proyectos de normatividad legal, que luego de la concertación, se lleven al Parlamento. ¿Quién puede preparar ése algo? Consideramos que puede ser CEPLAN.

Se conoce hasta la saciedad que la descentralización tan ansiada por todos, con su herramienta de la regionalización, ha dejado más que frustraciones. Co-rrimos como si nos persiguieran, sin siquiera tener una primera región piloto, y hoy padecemos las consecuencias del apresuramiento y la falta de buen diseño, lo que se ha agravado con la pérdida de autoridad y presencia de los partidos nacionales al interior del país, sustituidos por movimientos localistas sin visión nacional y unitaria del Perú. No se necesitan más diagnósticos, los archivos están abarrotados de ellos, por lo que partiendo de lo que existe CEPLAN tiene el reto del rediseño y su propuesta.

Lo señalado para la regionalización es también aplicable a la calidad del gas-to y de su ejecución por parte del Estado. La crítica no se circunscribe a gobiernos locales y regionales que acumulan y acumulan pero no invierten con eficiencia, ella también alcanza al gobierno nacional, démosle nomas una miradita al segui-miento que el congresista Juan Carlos Eguren hace todos los meses.

Ahora más que nunca se hace indispensable destrabar los burocráticos pro-cedimientos para ejecutar las inversiones públicas. La crisis mundial lo exige, y comenzó a pasarnos la factura.

Diario La Razón16 de setiembre de 2012

INVERSIÓN, INEFICIENCIA Y VIOLENCIA

Tanto en los poblados urbanos como rurales, la gente se queja por la falta de nuevas obras, y reclaman al Gobierno Central por no transferirles los recursos comprometidos para ello.

Si bien el reclamo está justificado, aunque solo parcialmente, es bueno com-pletar el panorama para apreciarlo en su integridad. En efecto, por mucho tiem-po los gobiernos locales reclamaban recursos económicos para sus obras y se les

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dotó del 2% del valor de la venta de bienes y servicios, que es el Impuesto de Pro-moción Municipal que se cobra junto con el IGV. Adicionalmente a los gobiernos regionales se les entrega parte del canon y de regalías

Pese a los importantes recursos fiscales antes mencionados, no hay suficien-te inversión estatal, y ello se debe a tres causas principales. La primera la inefi-ciencia de gobiernos regionales y locales para hacer buenos proyectos de inver-sión en tiempos razonables. La segunda, la ineficiencia del gobierno central para calificar y aprobar rápidamente los proyectos de inversión pública y entregar los recursos a los gobiernos sub-nacionales y locales. La tercera, la violencia desata-da en varios lugares que perturba la ejecución de los proyectos.

Cuando los gobiernos regionales y locales, con hechos, muestran su falta de eficiencia para la ejecución de obras, tornan sus ojos y manos hacia papá go-bierno central, a quien le piden recursos complementarios a los ya otorgados. El gobierno central, a regañadientes en algo ayuda, pese a que ello dejó de ser su responsabilidad directa.

La falta de inversión estatal suficiente y oportuna, trae como consecuencia la molestia ciudadana, la postergación del ingreso a la modernidad, y por añadidu-ra que los pobladores se sientan engañados por sus autoridades. Me explico, en las campañas electorales se ofrecieron las obras, los pobladores intervinieron en los llamados presupuestos participativos, se pusieron primeras piedras, pero las obras siguen paralizadas. La respuesta ciudadana evidentemente no es otra que la airada protesta a lo que se suma procesos de revocatoria de autoridades por la insatisfacción ciudadana.

¿Algo se puede hacer para revertir la situación? Se puede y mucho. En los gobiernos regionales y locales, apresurar los perfiles, estudios y proyectos, y de no contar con personal calificado, pedirlo al gobierno central. En el gobierno nacional, calificar con presteza los proyectos que se someten a su calificación para establecer su viabilidad, con menos requisitos y más eficiencia. En las po-blaciones, comprender que existen límites en las exigencias, y que cuando hay violencia se está impidiendo la ejecución de nuevas obras o el retraso de las que están en ejecución. Trabajemos en ésa línea.

Diario Expreso26 de octubre de 2012

PROPUESTA PARA AGILIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS

Nuestra Constitución garantiza la inviolabilidad del derecho de propiedad, que debe ejercerse dentro de los límites de la ley, agregando el artículo 70 de ella que

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a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa o de seguridad nacional o por necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio, pudiendo el afectado reclamar judicialmente respecto al valor asignado por el Estado al bien expropiado.

Con preocupación venimos observando la pobre ejecución de las inversio-nes para obras públicas asignadas en el Presupuesto General de la República, por los diferentes ministerios y otros organismos del sector público.

Se dice que uno de los motivos de la insuficiente ejecución de la inversión estatal autorizada, es el hecho que no se pueden iniciar las obras o continuarlas, porque se carece de la posesión de los inmuebles en proceso de expropiación, por lo cual carreteras y otras vías de comunicación terrestre, así como puertos y aero-puertos, canales para irrigación y muchas obras tan necesarias para el desarrollo del país están paralizadas, con el perjuicio adicional del incremento de los costos por el correr del tiempo.

La Ley General de Expropiaciones No 27117 permite al juez encargado del proceso expropiatorio, entregar la posesión provisoria de los inmuebles expro-piados a la entidad pública beneficiaria, en los casos en que sean estrictamente necesarios para prevenir o corregir los efectos de fenómenos o catástrofes natu-rales, así como por razones de seguridad o también tratándose de proyectos de gran envergadura. La misma ley señala los requisitos para posesionar provisio-nalmente al Estado de los bienes en cuestión, requisitos entre los cuales se en-cuentra la consignación en dinero en el Banco de la Nación, del monto resultante de la indemnización justipreciada que incluya la compensación por el perjuicio.

En algunos casos especiales se han dictado leyes que permiten entregar po-sesión anticipada fuera de los casos generales señalados en el artículo 24 de la Ley General de Expropiaciones. Como ejemplo podemos citar la Ley 29095 para obras necesarias para paliar las graves consecuencias del sismo del 15 de agosto del 2007; la Ley 29171 para obras hidraúlicas, energéticas, saneamiento y trans-porte, aunque de gran envergadura; la Ley 29339 para proyectos de inversión pública para el bienio 2009-2010 con la finalidad de aliviar las consecuencias in-ternas de la crisis económico-financiera mundial; y la Ley 29386 para el transvase del proyecto de irrigación e hidroenergético del Alto Piura.

Consideramos que los casos especiales de posesión provisoria de inmue-bles expropiados que se han dispuesto por leyes específicas, en adición a lo normado por la Ley General de Expropiaciones, es insuficiente, y que lo conve-niente para agilizar las obras públicas de infraestructura tan necesarias en el país, sería ampliar la posibilidad de la mencionada posesión a todos los casos en que el organismo ejecutor de la expropiación lo solicite al juez. En ésa forma también

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se evitaría la caducidad de la norma legal expropiatoria. El Congreso tiene la palabra y esperemos que accione en consecuencia.

Diario La Razón04 de noviembre de 2012

INVERSIÓN Y FRUSTRACIÓN

La sonrisa de muchos empresarios se va convirtiendo en gesto adusto y preo-cupado por la falta de acción gubernamental en el tema de las inversiones, las facilidades para que ellas se realicen, y lo que llamamos inercia burocrática, esto es carencia de reflejos para resolver los expedientes de licencias, autorizaciones, concesiones, y permisos.

En la primera vuelta de la campaña electoral de 2011, un gran sector em-presarial no ocultaba su desazón por el discurso del entonces candidato Co-mandante Humala, prácticamente calco y copia del que había pronunciado en el anterior proceso del 2006. Tal discurso empalideció de susto a innumerables emprendedores que veían la repetición de lo ocurrido en Bolivia y Venezuela, en donde habían paralizado inversiones privadas y consecuentemente la ausencia de mayor empleo, salvo el burocrático.

Para quienes tienen claro que el país avanza y se desarrolla, si hay suficien-te inversión privada creadora de empleo decente; en la segunda vuelta electoral del 2011, el Comandante Humala mutó el discurso y habló de la hoja de ruta, respetuosa de la inversión privada, con la finalidad de obtener recursos tribu-tarios para solventar los programas sociales que pretendía realizar, con lo cual se amortiguaría e incluso paliaría la cada vez menos tolerante situación de los desposeídos.

Se dijo que las dudas sobre el candidato, ya triunfante, se habían esfumado, que había claridad en el horizonte inversor y empresarial, y que no existía más motivo de preocupación.

Aun no ha concluido el segundo año del gobierno del Comandante, y las sonrisas a las que hacíamos referencia al iniciar estas reflexiones desaparecieron. ¿Acaso cambió de nuevo el discurso? No, el discurso es en la línea del desarrollo y del crecimiento del Perú. ¿Cambiaron las acciones gubernamentales? Tampo-co, pues no hay acción suficiente y allí está lo malo, podríamos decir que hay inercia y no por culpa del Presidente ni de su Primer Ministro, sino porque en varios sectores de la administración o hay Ministros que están de adorno o hay funcionarios de menor jerarquía administrativa que no hacen sus tareas con la eficiencia requerida.

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Una muestra de lo señalado es la encuesta o sondeo practicado por el SAE de Apoyo Consultora, en que muestra que el 52% de los ejecutivos califica de de-ficiente la gestión gubernamental en lo que se refiere a promoción de la inversión, porcentaje que era escasamente del 23% meses atrás.

Evidentemente estamos ante una llamada de atención que el gobierno no debe ignorar, pues el descontento puede aumentar. Los desubicados de siem-pre probablemente le aconsejen dar la espalda a la crítica pues los empresarios son en menor número que los electores del Humalismo. Cuidado, si se des-alienta la inversión no habrá los recursos para los programas sociales, no se recaudará impuestos para solventar la infraestructura del país, existirá menos empleo, volverá a crecer el desempleo, y todo ello se resumirá en descontento popular.

Es hora de enfrentar la desidia gubernamental y que quienes tienen que tomar decisiones, no quiten el cuerpo a sus responsabilidades.

Diario La Razón03 de marzo de 2013

DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

El Presidente Humala concluyó visita oficial a la República Popular China, luego de proponer en el Foro Boao una asociación estratégica entre Asia y América Latina, enmarcada en una agenda para el siglo XXI.

Se ha reunido con las principales autoridades chinas y participado en el roadshow “Invirtiendo en el Perú”, el que se realizó en la Ciudad de Shanghai, evento que congregó a los dirigentes de las más importantes empresas públicas y privadas de China, a quienes el Señor Humala, directamente y sin que sus her-manos se entrometan, invitó a invertir en el Perú.

El Presidente dio a conocer importantes proyectos en los que podrían par-ticipar las empresas de la RPC, como la construcción de un gasoducto, la ins-talación del polo petroquímico, centrales eléctricas, modernización de puertos y aeropuertos, así como de muchísimas otras obras de infraestructura. En las reuniones se expuso el marco normativo existente, que puede atraer inversiones con las garantías que la Constitución otorga.

Significativa fue la reunión en el Consejo Chino para la Promoción del Co-mercio Internacional (CCPIT), en la que el Presidente peruano declaró que nues-tra patria es un “destino confiable y seguro para las inversiones chinas, debido a su estabilidad jurídica y macroeconómica”.

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Todo ello merece el aplauso general, y más aun cuando constituye la con-tinuidad de un esfuerzo del Estado, iniciado años atrás, para irnos acercando al sudeste asiático y hacer más cercana y fructífera la relación de los países que miran hacia el Pacífico.

El tema es que no nos podemos quedar en palabras y ofrecimientos, pues lamentablemente lo que venimos observando es que del dicho al hecho hay mu-cho trecho, como dice antiguo refrán. Mientras nuestras más altas autoridades del Ejecutivo ofrecen el oro y el moro para atraer capitales y seducen con ello a quienes tienen los recursos necesarios, lamentablemente no hay el complemento en los hechos, pues los trámites son de nunca acabar, los permisos interminables, las autorizaciones no salen, las concesiones tampoco, y todas las buenas intencio-nes se las lleva el viento.

Debe tenerse presente que no hay nada que frustre más que las promesas incumplidas, y que el inversor lesionado por el engaño o herido por falso opti-mismo, dejará de invertir y será difusor de su nefasta experiencia. Presidente: haga el seguimiento de los expedientes de inversiones y tendrá desagradables sorpresas pero felizmente reversibles.

Diario Expreso12 de abril de 2013

DESTRABAR TRÁMITES

Mientras los representantes gubernamentales se desgañitan anunciando a los cuatro vientos que hay interesados en efectuar multimillonarias inversiones en el país, que este año lloverán como maná del cielo y que el Perú seguirá creciendo, lamentablemente la realidad es diferente.

Hay proyectos de inversión privada que se han paralizado, algunos otros se han retirado, los que quedan están quejosos por la inercia del gobierno que poco o nada hace para facilitarles los interminables trámites para permisos, concesio-nes, autorizaciones y licencias.

Sabemos que por la situación internacional se han reducido los pedidos de importadores foráneos, sea de bienes de exportación tradicional o no tradicional, los precios de varios minerales han disminuido, están decreciendo los requeri-mientos energéticos, las cotizaciones de los títulos de empresas matriculadas en la Bolsa se deterioran, y emprendimientos importantes en minería y en hidrocar-buros están pasando a etapa de agotamiento que necesitan ser sustituidos por otros para no ser afectada la recaudación tributaria, en que ya se observa indicios de decaimiento, y que incluso pueden llevar a menor empleo.

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Un gobierno con los ojos bien abiertos a lo que acontece y receptivo a la crí-tica constructiva, debería estar actuando sin dilaciones, con rapidez y eficiencia, para hacer el inventario de todos los proyectos que se han anunciado y cuyos permisos están en trámite, y establecer cuál es su estado, por qué la demora en el inicio de su ejecución, qué les falta, cómo se puede contribuir para que se ali-geren y generen trabajo digno elevando los niveles de vida de la población, con lo que además se le quitará pesada y onerosa carga al Estado que tiene que estar ampliando los programas sociales.

Penosamente el gobierno no hace lo que es lógico, y tímidamente acaba de facilitar algunos trámites de inversión por los Decretos Supremos N° 054-2013-PCM, Nº 060-2013-PCM y Nº 104-2013-EF, para la obtención del “Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos”, para los proyectos de saneamiento rural y algunas otras obras de menor significación. Sin embargo, no hace lo necesario para ayudar a paliar la situación que antes hemos descrito.

Los que tienen el deseo de invertir se agotan y saben que el Perú no es el único país en que pueden poner su capital de riesgo, ergo el Perú debería hacer lo indecible para destrabar los abundantes, cansadores y muchas veces absurdos trámites.

Diario Expreso31 de mayo de 2013

SALIR DE LA INERCIA

Con insistencia majadera he clamado y reclamado al Gobierno, desde mis colum-nas de opinión, termine con su inmovilismo y fácil retórica, y como dicen los jóve-nes “se ponga las pilas” y comience a trabajar.

La actual administración gubernamental central, recibió un país en creci-miento que supo “torear” la crisis económico-financiera universal, en que la po-breza había disminuido, el empleo había aumentado al igual que las exportacio-nes, la recaudación tributaria y el PBI.

Los buenos guarismos que mostraba la economía nacional acordes con el au-mento del nivel de vida de millones de nuestros compatriotas, fue el resultado de seguir durante más de dos décadas sanas políticas económicas y sociales, sin que la actividad política partidaria perturbe el deseado desarrollo.

El Gobierno del Presidente Humala no ha hecho nada malo para impedir que prosiga el Perú en la misma ruta positiva, pero tampoco ha hecho nada bue-no para que la heredad recibida fructifique, crezca y permita a más peruanos en-

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trar en la senda del desarrollo productivo, dependiendo más del propio esfuerzo que de los programas asistenciales. La falta de reflejos más la situación mundial ya nos pasan la factura como era previsible.

En las últimas semanas se han producido acontecimientos que nos mueven a pensar que el Gobierno ha entendido que necesita salir de la inercia y debe tomar decisiones, y por otro lado que adversarios políticos responsablemente hagan propuestas juiciosas que ayuden en la dirección desarrollista.

En efecto, aunque tímidas, se han dado diversas medidas para simplificar trámites, aligerar procedimientos y aliviar a los sufridos administrados, que so-mos prisioneros de la burocracia insensible que detrás de un escritorio se siente rey. Entre tales medidas se encuentran las dispuestas en la Ley No 30056, que con el ampuloso y ambicioso nombre de facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, ayudará en algo a paliar el inmovilismo gubernamental en que nos hemos encontrado.

Entre lo más importante que contiene la Ley citada es la sanción a los malos funcionarios que pongan trabas y barreras ilegales o irrazonables a la inversión, que a no dudar es la que genera empleo digno. Las medidas dictadas son bien-venidas pero insuficientes, se necesita también “sacar al fresco”, como dicen los menos veteranos, a quienes indolentemente no hacen nada para impulsar expe-dientes, otorgar autorizaciones y licencias, dar concesiones, expedir los permisos y hacer que los trámites culminen y resuelvan dentro de los plazos de ley. A ellos también hay que sancionarlos y si se trata de Ministros, la oxigenación no vendría mal.

Si en el Consejo de Ministros semana a semana se hace el seguimiento o mo-nitoreo pormenorizado de las más importantes inversiones por autorizar y ejecu-tar, se le pondría pie al acelerador y tendríamos más emprendimientos oportunos que ayuden a la sostenibilidad presupuestal así como a sustituir la reducción de la recaudación tributaria por el factor de agotamiento de explotaciones mineras y de hidrocarburos y por la disminución del precio de los minerales. También se conocería los sectores que faulean la economía peruana.

Diario La Razón07 de julio de 2013

CANON, OBRAS Y PRESUPUESTO

En la Constitución de 1993, artículo 77, se dispuso que corresponde a las res-pectivas circunscripciones, recibir una participación adecuada del Impuesto a la

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Renta percibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, a lo que se denominó CANON, trasladándose su regulación a la ley.

Posteriormente, por Ley 26472 se modificó la disposición constitucional, ampliando el componente del canon al total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado en la explotación tales recursos.

La normatividad legal determinó participación porcentual de ingresos fisca-les para el canon por explotación de recursos naturales, de tal forma que cuanto más sean los ingresos fiscales mayor será la percepción monetaria de las circuns-cripciones a las que corresponde canon. Si los ingresos fiscales, en lugar de au-mentar disminuyen, evidentemente la participación por canon de tales ingresos se reducirá.

Más claro ni el agua de manantial, pero ahora que se reducen los ingresos fiscales originados en la actividad minera, algunas de las circunscripciones que recibían canon minero, le piden al gobierno central que les entregue el diferen-cial, pues tienen compromisos antelados que atender.

Cuando no existía canon, si los ingresos fiscales se elevaban, el Estado tenía más recursos para atender sus obligaciones y hacer la infraestructura requerida por el país. Si por el contrario disminuían, el Estado tenía que reducir sus pretensiones de inversión y gasto, pues el presupuesto debe estar efectivamente equilibrado.

Es muy fácil extender la mano para exigir más recursos, pero muy difícil atender el requerimiento cuando la recaudación tributaria no será la acostum-brada, debido a que los precios de los minerales tienen menor cotización, las can-tidades adquiridas por los países importadores han decrecido, o no se han susti-tuido emprendimientos mineros que van hacia el agotamiento por otros nuevos.

En esto no hay fórmulas mágicas, si los ingresos disminuyen el canon se reduce, como igual sucede con el Impuesto de Promoción Municipal, en que del IGV 16% va al presupuesto general y el 2% al de los municipios.

Si para mantener el presupuesto equilibrado el gobierno central cede a los pedidos localistas en que la percepción de canon ha disminuido, tendría que re-ducir otras obligaciones como son las de educación, salud, obras viales, seguri-dad ciudadana, y defensa nacional, entre muchas otras.

Recordemos también la responsabilidad de algunas regiones que al oponer-se a la inversión han impedido obtener recursos para mantener sus niveles de ingreso. No se quejen ahora.

Diario Expreso16 de agosto de 2013

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LE TOMAMOS LA PALABRA

El pasado fin de semana el Presidente Humala, concedió entrevista televisiva, y como cualquier dicho de quien ejerce actividad política, y más si se trata de la primera autoridad del país, está sujeto a la crítica.

Se analiza bajo diversas ópticas lo que dijo, lo que dejó de decir, lo que dijo a medias, lo que fue claro, lo que fue confuso, lo que pretendió soslayar, y en fin po-dríamos seguir clasificando las diferentes apreciaciones de quienes lo escucharon.

No caeremos en lo mismo, por lo que solamente nos referiremos a algo no-tablemente positivo, aunque tardío, y que el diario oficial “El Peruano” ha re-producido diciendo que el Presidente “Aseguró que el Gobierno continuará des-trabando todos los proyectos de inversión que se vienen trabajando, los cuales tenían algunos retrasos porque los funcionarios públicos y hasta los ministros, muchas veces prefieren ir a un arbitraje, en lugar de tomar una decisión, “porque de esa manera se limpian de cualquier responsabilidad”.

Presidente: le tomamos la palabra, los ciudadanos queremos creerle, y de-seamos que de una vez por todas haga el seguimiento de las acciones que deben tomar los burócratas para otorgar las autorizaciones, permisos, licencias y con-cesiones pendientes. Cada día que se tarda es día perdido, se deja de generar puestos de trabajo y también se deja de recaudar los correspondientes tributos que solventan al aparato estatal.

Ha transcurrido la mitad de su mandato, en que si bien no se rompió la línea matriz de una economía saludable, lo que debemos resaltar, también debe destacarse que hemos estado en cierta anomia, en que el crecimiento y desa-rrollo económico no han tenido la aceleración esperada. Esto no se puede res-ponsabilizar solamente a la crisis internacional y a la baja de precio de nuestros productos de exportación, pues ello podría suplirse con mayor producción, pero lamentablemente proyectos desde pequeños hasta enormes, no han recibido el espaldarazo gubernamental para hacerlos realidad.

Hay que ser muy valiente y tenaz para ser empresario en nuestro país, en que para invertir tiene que soportar inacción de las autoridades cuando no trabas e incomprensiones. Arriesgan los empresarios su capital, pero las autoridades creen que les hacen un favor al darles un permiso. No señor, están en su derecho y deben recibir el trato que se merecen.

Si hay ministros que no dan la talla, cámbielos Presidente, pues su omisión también lo responsabiliza.

Diario Expreso03 de enero de 2014

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INDUSTRIALES: A CONFESARSE

Ha dicho el Presidente Humala, palabras más o menos, que no podemos depen-der tanto de las actividades extractivas y que deberíamos hacer mayores esfuer-zos por la industrialización del país. Hasta allí, de acuerdo.

Empero, anuncia que para lograr la industrialización, el Gobierno diseña nueva normatividad. Industriales: qué Dios los coja confesados, pues cada vez que este Gobierno se dedica a normar, lo que logra es entorpecer las actividades empresariales con más trámites, más permisos, más autorizaciones, más TUPAS, más pago de derechos administrativos, creación de más autoridades pero menos eficientes, más papeleos, más tiempo tirado al tacho con gestiones y trámites bu-rocráticos antojadizos e innecesarios.

Lamentablemente la experiencia nos dice que lejos de simplificar las cosas, el Estado nos complica la existencia con absurda tramitología, innecesarios in-formes, inspecciones y requisitos previos. Parecería que no se entiende desde el Estado, y en sus tres niveles de gobierno, que hay que facilitarle a los empresarios la realización de sus actividades extractivas, de transformación e incluso comer-ciales, y que sin inversión privada no hay generación de empleo y sin empleo no hay ni desarrollo, ni prosperidad ni tampoco la ansiada elevación de niveles de vida de nuestra población.

Las autoridades gubernamentales se desgañitan gritando a los cuatro vien-tos que se necesita “inclusión” y para ello gastan los recursos de los impuestos que pagan los peruanos en acciones beneficentes, regalos y más regalos, pero poco para generar capacidad emprendedora con creación de empleos y hacer sostenible la ayuda estatal, que por lo demás debería ser temporal y decreciente. Olvidan que la mejor inclusión es con trabajo y no con dádivas, pues con el tra-bajo se dignifica la persona y su labor participa permanentemente en su sosteni-miento y el de su familia.

¡Por favor Presidente!, no más creación de organismos públicos, intenden-cias, superintendencias, supervisoras, administradoras, reguladoras, inspectoras y cuanto nombre se les ocurre a los desubicados burócratas intentando justificar su remuneración pagada con nuestros impuestos. No entienden que duplican o triplican las competencias de que ya gozan otros organismos del Estado. No comprenden tampoco que con ello se dificulta la actividad privada que es la que mueve al país. Y lo que es peor, únicamente consiguen desmotivar a los inversio-nistas que no son masoquistas para soportar tanta tortura administrativa y tanta amenaza de millonarias multas que ponen en peligro la existencia de sus centros laborales.

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No más normas. Dejen trabajar y producir.

Diario Expreso11 de abril de 2014

MIOPES Y DESUBICADOS

Recientemente la organización “Inteligencia de Negocios” (IdN) radicada en Chile, dio a conocer el ranking de ciudades latinoamericanas mas atractivas para la inversión 2014. ¡Oh sorpresa! Lima lidera el ranking de 51 ciudades evaluadas, seguida de Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y México. Entre los prime-ros lugares están las capitales de los países de la “Alianza del Pacífico”, que se supone son los que tienen claro que debe existir una economía abierta y compe-titiva para lograr el desarrollo, que es lo que eleva el nivel de vida de nuestras poblaciones y reduce la pobreza.

Otra reciente información, pero del Instituto de Economía y Desarrollo Em-presarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), da cuenta que el actual sistema tributario mundial reduce el crecimiento económico de los países a una tasa promedio de 1.4% en el que más del 70% de dicho impacto está origi-nado en la carga administrativa, seguido de las tasas impositivas.

Por otro lado, el Banco Mundial precisó que cumplir las obligaciones tri-butarias a nivel global, demanda en promedio 268 horas y 26.7 procedimientos, mientras que en América Latina y el Caribe el promedio es de 366 horas en 29 procedimientos. Sin embargo en los países de la “Alianza del Pacifico” (Chile, Colombia, México y Perú) el tiempo y los procedimientos son menores.

Muchos aplaudirán. Esas noticias son buenas para el Perú y pueden atraer inversiones. ¡Magnifico, pero irreal! No se cuan miopes sean los del aplausóme-tro, pero desubicados si que lo están.

Quisiéramos que fuera cierto que Lima es una ciudad amigable con la inver-sión, pero las asociaciones público privadas tardan una eternidad, y las autoriza-ciones, los permisos, licencias, concesiones, y absurdos trámites harían perder la paciencia hasta de Job.

Quienes también aplauden que los trámites tributarios sean en horas y nú-mero menores al de otros países de nuestro vecindario latinoamericano y ca-ribeño, parecería que, o están en la luna o no pagan impuestos. Tributar en el Perú es una rutina de masoquistas, pues no solamente te obligan a formularios virtuales que únicamente se pueden abrir cuando les da la gana, sino que además la SUNAT te hace trabajar como si fueras su funcionario, pero sin retribución,

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llenando más y más formularios, estudiando mas PDTs, haciendo retenciones y detracciones, movilizándote todos los días a hacer depósitos en el Banco de la Nación, en actitud inmisericorde con el sufrido contribuyente. ¿Son las noticias recibidas dignas de aplauso? Creo que no.

Diario Expreso06 de junio de 2014

DINAMIZACIÓN DE INVERSIONES

Nos han tenido hasta la coronilla echándole la culpa de la desaceleración econó-mica peruana, al componente internacional, esto es: la reducción de los precios de nuestros productos de exportación significativa, el decrecimiento de los volú-menes de exportación, y la disminución de las inversiones foráneas.

Sin embargo las fuentes gubernamentales cerraron los ojos al componente nacional, como son: la excesiva regulación, los exagerados y morosos trámites, las trabas provenientes de la burocracia indolente y sin mística por el desarrollo, las crecientes multas y sanciones, la complejidad tributaria y las cada vez más numerosas entidades de supervisión y control.

Hoy, sin embargo tenemos que reconocer que el Gobierno dio pie con bola, al presentar un proyecto de ley con medidas tributarias y de simplificación ad-ministrativa y con la finalidad de dinamizar las inversiones en el país.

Pocas veces hemos leído un proyecto de ley tan claro y cuya exposición de motivos, es entendible, describe la situación imperante y explica con terminolo-gía fácil los motivos de la proposición legislativa y sus metas.

En lo tributario, con realismo, deja de lado la capitalización anual de intere-ses por obligaciones tributarias pendientes, que lo único que lograba era sacar del mercado a amplios sectores empresariales, cuando no simular nuevos empren-dimientos a base de de ultimar los existentes. También norma adecuadamente los intereses moratorios y autoriza al Ejecutivo a racionalizar los medios de pago del IGV.

Para el sector minero incorpora un nuevo tipo de convenios de estabilidad tributaria, lo que propiciará inversiones que estaban inmovilizadas.

En cuanto a la tributación municipal pone el deseado orden y señala con certidumbre que pueden y que no los gobiernos municipales, responsabilizando a sus autoridades por los desaguisados que puedan perpetrar.

Con criterio práctico dispone el destino de tanto expediente inservible que ya no había sitio en donde guardarlos y en cuanto a las multas con las cuales se

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financiaban tantas entidades públicas que las consideraban recursos propios y de libre disposición, las envía al Sistema Nacional de Tesorería, terminando con la odiosa práctica de imponer más y más multas para financiar a entidades muchas veces ineficientes.

Determina que los trámites y requisitos que no están en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos – TUPAs, simplemente no existen, a olvidarse de ellos, señalando plazos perentorios para las adecuaciones de los TUPAs cada vez que hay modificaciones normativas. Establece que a los funcionarios públi-cos transgresores les caiga el peso de la ley.

Respecto del Medio Ambiente, prefiere con lógica las medidas correctivas a las multas, que no siempre garantizan la mitigación de afectaciones ambientales, pero ponen en riesgo la propia existencia de los infractores, reales o supuestos.

El mismo proyecto contiene normativa para facilitar la ejecución de obras públicas, los procesos de saneamiento físico legal de predios estatales para pro-yectos de inversión, pero además contempla normas de facilitación de la inver-sión privada en el sector inmobiliario que tiene que afrontar las cada vez más irritantes exigencias de los municipios, lo que también acontece para la emisión de las licencias de funcionamiento.

Los críticos del proyecto, debido a criterios ideológicos, olvidan que sin in-versión no hay empleo, y sin empleo tampoco hay el bienestar que pretenden les llegue como maná del cielo. Eso ya no existe.

Diario La Razón29 de junio de 2014

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

A quienes queremos que el Perú mejore, que exista inversión sana y generadora de trabajo digno, que se eleven los niveles de vida de la población propendiendo hacia el bien común; nos hemos mostrado escépticos y desconfiados, cada vez que el Gobierno del Presidente Humala ha anunciado alguna medida, aparente-mente adecuada, para destrabar trámites y facilitar las inversiones.

Ello no fue gratis, tuvo sus motivaciones. Por ejemplo, en el Sub-Sector Energía se pidió a los inversionistas que dieran cuenta de los tropiezos que en-contraban en la Administración Pública, en el ánimo de levantarlos. Quedó en el anuncio sin consecuencias prácticas.

Luego la PCM promovió concurso público para que los administrados in-formaran de trámites absurdos y onerosos que padecían, en aras que el Estado

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pusiera correctivos. Linda idea, muchos se presentaron, pero el resultado fue que la mayoría de excesos y anomalías burocráticas continuaron.

En el MEF se creó una unidad administrativa para romper barreras buro-cráticas y apresurar las inversiones. Mucho bombo pero insuficientes resultados. Magnífica iniciativa del titular del Sector pero tímido acompañamiento de sus subordinados.

Siendo clamor público facilitar trámites, reducir exigencias y requisitos, apresurar la resolución de los expedientes sobre inversiones y eliminar innecesa-rias regulaciones; la respuesta fue oídos sordos. Más regulaciones, más intenden-cias y superintendencias, más estudios, muchísimos más requisitos, directivas ajenas a los TUPAs, multas impagables, y lo que es peor: se nos iba el carro del crecimiento y desarrollo económico.

Por ello, cuando desde PRODUCE se anuncia el PLAN NACIONAL DE DI-VERSIFICACIÓN PRODUCTIVA dijimos que Dios nos salve, que mejor no se ocupen del sector industrial pues probablemente en lugar de ayudarlo lo cruci-fican.

Cuando el Plan en términos generales se ha sometido a consulta ante el país, podemos afirmar que es adecuado, y que deseamos que sea exitoso, así como que los funcionarios del Sector acompañen eficientemente al Ministro en la tarea.

Reconoce el plan como fallas del Estado las exageradas regulaciones que generan sobrecostos y, las limitaciones que tiene la burocracia, quizás por falta de norte y de señalamiento y fiscalización de metas.

Nos parece altamente positiva la decisión de ejecutar el Plan con el sector privado al que reconoce como “socio fundamental”. Ojalá no lo sea de la boca para afuera.

En cuanto a la creación del Consejo Nacional de Diversificación Productiva, podría repensarse, pues podría ser parte de algún otro Consejo, para racionalizar el gasto burocrático que lamentablemente sigue creciendo.

¡Por favor, no nos vuelvan otra vez escépticos!

Diario Expreso04 de julio de 2014

DESTRABAR INVERSIONES

El bajón en la inversión privada, para no llamarlo eufemísticamente desacelera-ción del crecimiento y desarrollo, no es únicamente por causas externas como la crisis internacional que ha llevado a la reducción de volúmenes y valor de nues-

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tras exportaciones, sino también a causas internas como la exagerada regulación, muchas veces con absurdas disposiciones que impiden o traban la inversión que es la que genera trabajo digno y permite elevar los niveles de vida de nuestros compatriotas.

Nuestras autoridades del Gobierno Central se desgañitan diciendo que es-tán reduciendo trámites y requisitos para hacer más llevadera la vida de los em-prendedores, pero lamentablemente poco hacen para lograrlo. Del otro lado los sectores empresariales y sus organismos gremiales pontifican en la necesidad de aligerar la carga normativa y regulatoria que soportan, pero lamentablemente salvo muy contadas excepciones, se quedan en el fácil discurso y en el ligero reclamo, pero son incapaces de hacer un inventario real de las absurdas trabas existentes y menos aún de plantear correctivos concretos.

Cuando leemos los boletines de los gremios empresariales observamos que son generosos en los reclamos genéricos, pero parecerían temerosos de plantear temas concretos y soluciones posibles.

Ya es hora que los entes empresariales de cada sector den a conocer con claridad cuáles son los trámites ilógicos, cuáles los requisitos que se duplican además de los innecesarios, y sus pedidos concretos a la administración.

Nadie mejor que los sectores empresariales para saber de los defectos nor-mativos y de la abusiva carga regulatoria, pues ellos son los perjudicados, pero sin embargo poco hacen para que la administración gubernamental conozca en concreto sus requerimientos y necesidades. Es hora que dejen los temores de lado y afronten el problema, pues las soluciones no caerán del cielo como el maná bí-blico. Como dice el refrán a Dios rogando y con el mazo dando.

Ya nuestras autoridades del Parlamento y del Ejecutivo tomaron conciencia de los excesos normativos, y si es que no son capaces de ponerles remedio, no veo camino más apropiado que sean los propios sufridos empresarios los que infor-men de sus desventuras, no solamente con inventarios reales de normas incon-ducentes, sino incluso con los proyectos de disposiciones legales que es menester dictar.

El actual Gobierno ha entrado en su cuarto año, y lo que no haga ahora, será muy difícil que lo pueda hacer en su último año de ejercicio gubernamental. Hemos perdido más de tres años, no perdamos un día más, la recuperación eco-nómica tiene que ser ahora y rápido.

Diario Expreso03 de octubre de 2014

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MEDIO AMBIENTE

ATENTADO CONTRA LA NATURALEZA

El título de este artículo no me pertenece, es de la autoría de los alcaldes que ma-yoritariamente conforman la llamada “Mancomunidad de los distritos de Lima Norte”, los que en reciente declaración conjunta califican como “Atentado contra la Naturaleza” la pretensión de un importante grupo empresarial de construir y operar un puerto comercial y multipropósito en la Bahía de Ancón del distrito del mismo nombre.

La “Declaración de Lima Norte” suscrita por los alcaldes de Carabayllo, Co-mas, Independencia, Puente Piedra, Rimac, Santa Rosa, y por supuesto Ancón, no recibió la difusión debida, probablemente por la carencia de recursos para publi-carla, a diferencia del grupo gestor del puerto que goza de inagotable billetera para publicitar su pretensión y posiblemente hasta financiar avisos de organizaciones reales o simuladas que apoyan el despropósito.

Los alcaldes declararon que su intención es la defensa de la vida sana expre-sando que sus distritos serán afectados con la instalación del puerto, ya que An-cón es el “último bastión y capital ecológico” que sirve a los pobladores de todos los distritos mencionados y algunos otros.

Afirman los alcaldes que la Bahía de Ancón es “recurso y refugio de vida, al aportar aguas y corrientes marinas limpias y puras, así como lugar de desove de especies marinas protegidas que son fuente de trabajo artesanal en equilibrio con la naturaleza”.

Agregan que también es “recurso de aire limpio y puro proveniente del mar” y también “... de desarrollo turístico, de entretenimiento y descanso, que brinda oportunidades de trabajo...” En abundamiento de sus argumentos de oposición al puerto manifiestan que “...pone en riesgo la única fuente de recreación natural de toda Lima Norte y que afecta la calidad de vida de toda la población de esta zona”.

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Los alcaldes son los representantes del pueblo legítimamente elegidos para gobernar sus respectivos municipios, que constituyen la autoridad más cercana a sus pobladores y que la Constitución les asigna competencia para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, entre otros (inc.8 del art.195 constitu-cional).

Felizmente el Congreso de la República entendió a los alcaldes de Lima Nor-te y aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara la intangibilidad de la Bahía de Ancón, cuya autógrafa se encuentra en el Poder Ejecutivo para su pro-mulgación, esperando que así se haga cuanto antes, más cuando todos los grupos políticos representados en el Parlamento Nacional le han dado su respaldo. A mayor abundamiento la Autoridad Portuaria Nacional ha objetado la pretensión del indeseado puerto comercial.

Si el puerto se construyera, afectará el medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales de la zona, precisando que en Ancón hay monumentos arqueológicos y hasta museo de sitio, y se conserva la casa donde se suscribió con nuestro vecino del sur, el conocido “Tratado de Ancón”, siendo además el lugar de recreación como playa, para los habitantes de Lima Norte.

Recalcamos que no nos oponemos a que existan más puertos modernos, ne-cesarios para nuestro comercio exterior e incluso para el cabotaje, pero que se construyan donde no se afecte el medio ambiente ni se prive del solaz y espar-cimiento a miles y miles de pobladores de los distritos capitalinos norteños. La inversión es bienvenida, pero respetando los derechos de los demás, por lo que también esperamos que el grupo promotor del puerto, identifique y ubique otro lugar en el litoral para hacerlo realidad.

Diario La Razón21 de junio de 2011

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL MERCURIO

Al igual como el Estado vela por la salud de la población, combate el tráfico de drogas, garantiza la seguridad pública, promueve el uso sostenible de los re-cursos naturales, también cautela el medio ambiente. Entre las diversas accio-nes que el Estado ejecuta para velar por la salud de las personas se encuentra el registro y control de las medicinas. Para combatir el tráfico de drogas además de la interdicción, fiscaliza la utilización de insumos industriales. Atendiendo a

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su obligación de dar seguridad, el Estado supervisa la importación, fabricación, comercialización y utilización de armas y explosivos. En lo que se refiere a la utilización sostenible de los recursos naturales, por ejemplo regula la captura de peces, establece cuotas y también vedas.

Ahora bien para preservar el medio ambiente aún el Estado hace poco y de-bería hacer mucho más, sobre todo en lo que se refiere a la mala utilización de productos que siendo contaminantes hacen daño a la naturaleza así como al ser humano. Hace pocos años, mediante ley, se dispuso la fiscalización del uso, mani-pulación, manejo, producción, transporte y almacenamiento del cianuro, pero ello no basta pues hay otros productos cuya utilización en forma irresponsable, hacen también un enorme daño, como es el mercurio.

Para incluir al mercurio en similar control y fiscalización del cianuro, hubo proyectos de ley en el Congreso que están dictaminados, pero lamentablemente no aprobados, y esta demora legislativa ocasionó que la utilización inadecuada y poco responsable del mercurio siga ocasionando enorme daño al medio ambien-te, a la salud humana, a la fauna y flora, a la masa forestal, contaminando tierras y ríos lo que ocasiona muerte de los peces que son el alimento principal de muchos poblados. También los gases que son expulsados como consecuencia de quemar la amalgama del oro con el mercurio, su inhalación produce severas dolencias.

Quienes en mayor medida utilizan el mercurio en la minería, son los infor-males, que no respetan las normas propiciando desorden y caos. La minería for-mal en buena medida cumple con la normatividad, sobre todo quienes utilizan modernos sistemas en que la principal preocupación es el medio ambiente y el entorno social.

La propuesta de incluir el mercurio entre los productos a ser controlados y fiscalizados, recibió opinión favorable del Sector Salud, del Colegio Médico, de Economía y Finanzas, al igual que del MEM, sin olvidar las reiteradas preocu-paciones de la Defensoría del Pueblo por el descontrol en el uso del mercurio. A ello también se agrega la responsable actitud de la Sociedad Nacional de Minería que avaló el proyecto legislativo.

Por lo antes señalado ha hecho bien el Gobierno en dictar el Decreto Legis-lativo Nº 1103 que fiscalizará el uso del mercurio y otros insumos en la minería y podrá incorporar en dicho control a más productos químicos mediante Decreto Supremo. Felizmente se superó la desidia legislativa por lo menos en esta mate-ria, ya que necesitamos menos retórica y más acción.

Diario La Razón11 de marzo de 2012

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POBRE CONDOR

¡Pobre cóndor! El Congreso se ocupó de él aprobando la Ley N° 30203, con diez líneas, incluidos sub títulos, por la cual se declara de interés nacional y necesidad pública la protección y conservación del cóndor, y encarga a las regiones y “en-tes operativos pertinentes”, en coordinación con la Dirección General de Fauna Silvestre, realizar acciones para cumplir con lo establecido en ésa Ley. En buen romance para no hacer absolutamente nada, pues la nueva Ley no ordena nada, no señala procedimiento para nada, no determina infracciones ni sanciones para nada; es totalmente declarativa y absolutamente innecesaria.

Es una pena que en el debate de estas leyes inservibles, no haya un solo parlamentario que haga pensar y reaccionar a tantos congresistas que solamente calientan escaño pero parecería ser que quemaron neuronas. ¿No se dan cuenta que con este tipo de leyes hacen el ridículo?

¿Declarar de interés nacional y necesidad pública la protección y conserva-ción del cóndor, hará que tengamos más cóndores? Por supuesto que no. ¿Hará que su hábitat mejore? Tampoco. ¿Se cuidará la especie? Menos aun.

¿Cuáles son las acciones que deben desarrollar los entes operativos perti-nentes? Vaya uno a saber, probablemente tampoco lo sepan los autores. ¿Cómo los entes operativos pertinentes van a cumplir la Ley si es que ella no manda nada? Pues misterio de barrio chino.

Por más laudable que pudiera parecer a simple vista la protección del cón-dor, la Ley mencionada no aporta nada de nada. Es inútil, máxime si ya la Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales N° 26821 fija nor-mas claras sobre el tema, a lo que se agrega la Ley de Áreas Naturales Protegidas N° 26834 con normatividad para evitar la extinción de fauna silvestre y manejar adecuadamente los recursos existentes. Además la nueva Ley Forestal y de Fau-na Silvestre N° 29763, que al igual como la que le precede en el tema N° 27308, contienen normas de enfoque de gestión de dicha fauna, su manejo y el de su eco-sistema, sea en libertad o en cautiverio, medidas sanitarias y de control biológico, planes de conservación, etc.

Dos meses antes de promulgada la Ley N° 30203, el Poder Ejecutivo por D.S. N° 004-2014-MINAGRI había aprobado la actualización de la lista de espe-cies silvestres amenazadas, en donde se encuentra el cóndor como especie vul-nerable y se determinan prohibiciones comerciales, reglas para exportación con fines culturales, e igualmente normas para colectar con fines de investigación científica. ¿Lo sabían? Tenían la obligación de saberlo.

¿Se imagina el lector lo que le cuesta al país el trámite y aprobación de este tipo de leyes innecesarias? Creo que no. Nos cuesta millones a los contribuyen-

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tes en horas de trabajo improductivo, solicitud y obtención de informes en los ministerios y otras reparticiones públicas, utilizar el valioso tiempo de supuestos expertos, infinidad de fotocopias de los proyectos, informes y dictámenes, y lo que es peor, mal uso del tiempo que pagan los peruanos para que el Congreso cumpla sus obligaciones, pero ésas siguen pendientes.

¿Diferenciarían al cóndor de otras aves de los dibujos animados? No creo que todos.

Diario La Razón06 de julio de 2014

PROTECCIÓN AMBIENTAL

El Perú fue sede de uno de los eventos internacionales más importantes, que tie-ne que ver con la misma existencia del planeta. Me refiero a la COP 20 que con la presencia de delegaciones de 195 países y de varios jefes de Estado, ha preparado lo que se debatirá y probablemente se acordará en la COP 21 del 2015 en París.

A diferencia de los acuerdos del Compromiso de Kyoto, que si bien no eran vinculantes, o sea obligatorios, si había un componente ético que llevara a los países a tomar medidas para paliar las consecuencias del calentamiento global por el efecto invernadero.

Los Estados más renuentes a ejecutar las recomendaciones de Kyoto fueron los altamente desarrollados, que con la emisión de gases y con su despreocupa-ción por el medio ambiente, han dañado seriamente la ecología, pero increíble-mente, en lugar de pagar la factura por su mal desempeño, la tratan de trasladar a los países en vías de desarrollo.

Ahora estamos esperanzados en que con la reunión de Lima y los acuerdos a que se arribe en París el año 2015, asuman los países desarrollados su responsa-bilidad por su poca sensibilidad con el medio ambiente, y el costo que originará a los demás países su compromiso ambiental.

Uno de los países que más sufrirá las consecuencias nocivas previstas, es el Perú, lo que lo hace mayormente vulnerable, y ello debe inducirnos a ser eficien-tes en el cuidado del medio ambiente. Lo señalado tiene dos vertientes, por un lado la de la acción del Estado y por otro la de las personas.

El Estado debería actuar en por lo menos cinco escenarios. Uno es contra la tala ilegal, que lejos del manejo técnico de los bosques lleva a su deforestación depredadora con pérdida de suelos. Otro es contra el narcotráfico que para hacer pasta básica y clorhidrato de cocaína y en base a amapola la heroína, vierte pro-

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ductos químicos tóxicos en ríos y lagos, haciendo imposible la existencia de seres vivos en ellos. El tercero la minería ilegal, debiéndose optar por la formalización de los actores mineros, pues además de ser problema ambiental, lo es social, y las disposiciones que se adopten deben facilitarla y no trabarla. El cuarto es el cuidado de las aguas continentales y marítimas frecuentemente contaminadas, y el quinto es la difusión, para crear conciencia en la sociedad de la necesidad de proteger el medio ambiente y el comportamiento de las personas para ayudar en la tarea.

El Estado, sin dejar de propender a la recuperación del medio ambiente, debe tener racionalidad en las medidas que adopte, pues lo que se necesita es el desarrollo sustentable, haciendo compatible la protección del medio ambiente con actividades productivas, extractivas o de transformación.

Además, todos tenemos el deber de proteger el ambiente. Los empresarios evitando verter productos nocivos en los desagües, uso de energías limpias, con-trol de humos, gases y ruidos, entre otros. Las personas naturales clasificando su “basura” en objetos de vidrio, plástico, orgánica y papel, y colocándola adecua-damente para su recojo por los municipios. Tampoco quemar basura, y menos prender fuego a llantas en manifestaciones; y ni por asomo echar desperdicios en las calles o en los ríos.

La obligación con el medio ambiente es de todos.

Diario La Razón21 de diciembre de 2014

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MINERÍA

PERU: PAÍS MINERO

He conocido un excelente trabajo de Mario Cedrón Lassus, titulado “La minería peruana, mitos y realidades” que me ha estimulado a tratar el tema.

Expresa Mario Cedrón que son simples mitos: aseveraciones como que la minería siempre contamina, que no genera trabajo, que depreda el agua, que no paga suficientes impuestos, y que no genera valor agregado. No se limita al simple aserto sino que prueba con cifras los falsos cuestionamientos a la minería formal.

El autor de la monografía a la que nos referimos, nos muestra interesan-tes cifras, como que la minería representa el 62% de nuestras exportaciones, que existen 40,000 millones de dólares para proyectos mineros en la presente década, así como que por cada 200 mil dólares de inversión minera se genera un puesto de trabajo, lo que significa que la cartera de proyectos puede representar 200 mil nuevos empleos directos y 800 mil indirectos. También muestra que representan-do la minería sólo el 6% del PBI aporta el 33% de la recaudación del Impuesto a la Renta, a lo que hay que adicionar regalías, participación de trabajadores en renta y los aportes voluntarios que en los 4 últimos años alcanzaron a S/. 1,789 millo-nes. Sólo en el Impuesto a la Renta por cada sol de utilidad de las empresas mi-neras, el Fisco se lleva 30 centavos, más los complementos referidos y el agregado cuando distribuye dividendos, por lo cual debería el Estado tener interés de que sea cada vez más rentable la minería para percibir mayor desembolso tributario.

En nuestra patria casi todo el territorio tiene componente minero, que va hasta los fondos marinos de nuestro dominio marítimo, y sin olvidar quizás, que tenemos la más importante cordillera del mundo, con tres ramales de los Andes que recorren el Perú de norte a sur y que es rica en diversidad de minerales.

La naturaleza ha sido generosa con el Perú, como que también lo ha sido en otras latitudes en que se ha sabido aprovechar de ventajas comparativas. Ar-gentina por ejemplo es beneficiada con excelentes planicies en donde se produce

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cereales y se engorda ganado. Venezuela rica en hidrocarburos. El Caribe con playas maravillosas que captan turismo de todo el mundo globalizado en que nos ha tocado vivir, y así podríamos seguir con una abultada lista que demues-tra las fortalezas que tienen muchos países, algunos sabiendo sacarle provecho y otros poniéndoles obstáculos, trabas y hasta tratando a la actividad minera como si fuera enemigo o por lo menos adversario, sin comprender que la minería moderna, respetuosa del medio ambiente y con responsabilidad social, bien la quisiera cualquier país del universo.

Diario Expreso02 de setiembre de 2011

MINERÍA Y SUS CONTRADICCIONES

Las contradicciones en la temática minera, son preocupantes y acreditan que falta desde el Estado acciones de difusión de sus beneficios, con lo que se podría preve-nir la conflictividad existente.

Las contradicciones a las que nos referimos son muchas. Una de las más notorias es por un lado la exigencia de nuestras comunidades andinas para que se les dote de servicios públicos como agua, desague, electricidad, así como es-cuelas, postas médicas y caminos. Sin embargo se oponen a la minería que es la actividad que más recursos aporta al Estado, con los cuales se solventa todo ello. En buena cuenta, quieren las obras pero impiden la actividad con la cual se con-siguen los recursos para ellas. ¡De locura!

Otra de las contradicciones es la actitud de los gobiernos sub-nacionales y locales, que también exigen al gobierno nacional la transferencia de mayores re-cursos para sus jurisdicciones, pero al mismo tiempo algunos de ellos se suman -cuando no la propician directamente- a la protesta anti-minera que es de donde provienen mayormente los ingresos reclamados. Es común denominador de go-biernos regionales y locales, que las protestas en sus jurisdicciones no son de su responsabilidad y le endilgan el lío al gobierno central, dejando pasar al toro con el capote de su indiferencia.

También existe contradicción entre la actitud del gobierno central con las empresas mineras, pues mientras por un lado les exige más aportes a la caja fis-cal, sea mediante impuestos, cooperación voluntaria y gravámenes de dudosa legalidad, e incluso la responsabilidad social, por otro lado las desampara frente al ataque artero de quienes pretenden que el Perú siga postrado en el sub-desa-rrollo para tener campo fértil donde germine su prédica violentista, que sólo trae

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odio y miseria, a lo que lamentablemente se prestan algunas ONGs disfrazadas de defensores del medio ambiente.

También las contradicciones provienen del ciudadano común y corriente, que a veces le reclama al Estado mano dura contra quienes transformaron la pro-testa pacífica –a la que tienen derecho aunque no necesariamente la razón- en manifestaciones violentas y a menudo delincuenciales. La contradicción es que el mismo ciudadano que reclama mano dura, demanda que prosigan infructuo-samente mesas de diálogo, conciliaciones y el asambleismo, mientras el país se cae a pedazos.

Debe terminar el Estado con el doble discurso y las señales ambiguas, des-terrar el falso mito de que la moderna minería se parece a la antigua depredado-ra del medio ambiente, y alertar sobre muchas de las protestas que en el fondo espantan a la minería formal cumplidora de sus obligaciones, pero permiten a la informal continuar con sus nefastas actividades. El Estado tiene también que advertir que algunas de las protestas contra la minería, esconden la verdadera intención de quienes las promueven, que no desean la presencia del Estado, ya que cuando hay minería formal el Estado está presente, y tal presencia perturba el indeseable avance del narcotráfico y del contrabando, entre otras ilícitas acti-vidades.

Diario La Razón20 de noviembre de 2011

PROPÓSITO ESPERANZADOR

Gracias a la planificación y conducción de Rómulo Mucho y sus colaboradores, se ha realizado en Arequipa la Convención Minera “PERUMIN”.

En momentos en que el país comienza a sufrir los efectos de la inercia gu-bernamental para afrontar la desaceleración del crecimiento de las inversiones y consecuentemente también del empleo, el Gobierno Nacional da una nueva muestra de salir del soponcio y preocuparse del asunto.

La primera reacción fue el llamado del Presidente del Consejo de Ministros a diversas fuerzas políticas para recibir sus impresiones, sus propuestas e inicia-tivas, para poner correctivos en la Economía y recuperar el ritmo inversor, con expectativas halagüeñas.

La segunda ha sido la nutrida concurrencia de Ministros de Estado a la Con-vención, principalmente de los que tienen que ver con inversiones y en sus ma-nos están las llaves maestras para destrabar inútiles trámites, engorrosos proce-

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dimientos e insólitas demoras en la resolución de los expedientes de licencias, autorizaciones, concesiones y permisos. A ello se agrega el discurso del Presidente de la República que dejando de lado soporíferas costumbres, rindió examen apro-batorio ante el país del curso acelerado: PERÚ PAÍS MINERO, NECESITA MÁS INVERSIÓN.

La minería no es poca cosa y en nuestra patria va acorde con el apellido del conductor de la Convención. Así lo ha comprendido el Presidente de la Repúbli-ca y ha ofrecido resolver los problemas que afrontan los inversores mineros y de otros sectores en el país, debido a que no se les oye, y si los oyen no se les escucha.

En exposición que denota aprendizaje del tema y la existencia de personas que le han dado al Presidente Humala información apropiada, se ha podido hil-vanar conceptos sensatos, desde el convencimiento que el Perú es minero, que necesitamos de la minería responsable, que todos podemos recibir sus beneficios y réditos, hasta la necesidad de energía y vías. Para ello también hay que dar fa-cilidades a quienes pretenden instalar generadoras, transportadoras y distribui-doras de electricidad y construir vías de comunicación, pues sin ellas no habrá desarrollo.

El país ya no se deja engatusar y sabe perfectamente que de nada sirve una relación de proyectos, como si estuvieran en cartera para ser ejecutados en el corto plazo, cuando la realidad es que muchos están en los archivos durmiendo por la falta de garra de funcionarios de todo nivel que necesitaban el saludable remezón que les ha dado el Presidente en su esperanzador discurso.

Diario Expreso27 de setiembre de 2013

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PARLAMENTO

INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL E INHABILITACIÓN

Dentro de la función fiscalizadora del Parlamento, se han efectuado investiga-ciones respecto al comportamiento de altas autoridades que pertenecieron a go-biernos anteriores. En algunos casos el Congreso ha inhabilitado para el ejercicio de la función pública hasta por diez años a algunos funcionarios investigados y encontrados con responsabilidad por las imputaciones que se les hicieron. En otros casos, habiéndose encontrado responsabilidad, el Congreso no sancionó con la inhabilitación para la función pública. La aparente incongruencia entre casos sancionados con inhabilitación y casos en que no se aplicó, ha generado suspicacias, dudas e interrogantes que conviene se respondan.

Hay que recordar que la Constitución otorga un manto protector a altísimos funcionarios del Estado para que no puedan ser objeto de procesamiento judicial por delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, sin que antes el Congreso habilite el fuero judicial para ello.

El artículo 99 de la actual Constitución señala que los funcionarios públicos que gozan de tal prerrogativa son el Presidente de la República, parlamentarios, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacio-nal de la Magistratura, de la Corte Suprema, fiscales supremos, Defensor del Pue-blo y Contralor General.

El trámite parlamentario para autorizar el procesamiento judicial para los altos funcionarios mencionados se ha denominado como antejuicio.

Además de por perpetración de delito los altos funcionarios aludidos pue-den ser acusados ante el Congreso por infracción a la Constitución. Cabe señalar que puede existir infracción constitucional sin constituir delito.

El Artículo 100 de la Constitución otorga al Congreso la facultad de suspen-der o destituir al funcionario acusado así como inhabilitarlo para el ejercicio de función pública.

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Tratándose de acusación constitucional por delito, el Congreso no declara culpabilidad, solo habilita al fuero judicial para el juzgamiento puesto que so-lamente en sede jurisdiccional se puede declarar la culpabilidad é imponer san-ción. En este caso el Congreso no debe imponer inhabilitación alguna, pues ella es una pena y aún no hay juzgamiento ni menos sentencia condenatoria. Unica-mente el juez podrá sancionar con la inhabilitación al funcionario que delinque.

En el caso de acusación constitucional por infracción a la Constitución sin que ello sea delito, hay en los hechos un juicio político y el Congreso puede en este caso sancionar con la inhabilitación pues al no existir delito, no hay necesidad ni de intervención del Poder Judicial ni la reserva de la aplicación de pena en sede jurisdiccional.

Mientras en el antejuicio por perpetración de delito no se juzga ni sanciona, sino que se deriva el asunto al Poder Judicial, en la actuación del Congreso por infracción constitucional sin delito, el tema se agota en el mismo Congreso quien declara responsabilidad del acusado y le aplica la sanción de inhabilitación.

En buen romance, en delito el Congreso es etapa previa y no puede san-cionar y por ende no puede inhabilitar. Empero, en infracción constitucional, el Congreso es etapa única y si puede sancionar con inhabilitación.

Diario Síntesis20 de febrero de 2002

FLORES-ARAOZ: INMUNIDAD PARLAMENTARIA NO ALCANZA A PROCESOS PENALES ANTERIORES A LA ELECCION

El ex–Presidente del Congreso, ANTERO FLORES-ARAOZ, manifestó que la Co-misión de Constitución ha actuado con arreglo a la Ley de Leyes y al Reglamento del Congreso al distinguir entre la inmunidad de arresto y de proceso.

Flores-Araoz dijo que la inmunidad parlamentaria es para impedir que se ejerzan presiones indebidas contra los parlamentarios, que interfieran con sus funciones, pero de ninguna manera es para hacerlos intocables y exceptuados de responsabilidades penales.

Señaló que según el Artículo 93 de la Constitución, la inmunidad parlamen-taria alcanza al período comprendido desde la elección hasta un mes después de haber cesado en sus funciones.

Agregó que últimamente en un caso concreto se pretendió que parlamenta-rio actual, procesado penalmente desde antes que fuera elegido, lo beneficiara la inmunidad por el proceso y por una posible orden de detención judicial.

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El Artículo 93 de la Constitución otorga la protección denominada inmuni-dad de proceso e inmunidad de arresto, lo que significa que sin autorización del Congreso no pueden ser procesados ni arrestados los parlamentarios. En el caso discutido el proceso penal se inicio antes de la elección, por lo que ya estaba pro-cesado, y por ello llegó al Congreso con procesos en trámite. Consecuentemente para dichos procesos no se requiere ninguna autorización parlamentaria, que es para procesos posteriores a la elección.

En cuanto al arresto, aunque se disponga en procesos anteriores a la elección del parlamentario, si es para ejecutar la orden de detención cuando ya es congre-sista, allí si le alcanza la inmunidad de arresto, lo que significa que el Congreso tendría que autorizarlo para que se haga efectivo.

Cuando en el pasado mes de abril se modificó el Reglamento del Congre-so en el tema de la inmunidad, la modificación fue para dar mayor claridad al precepto constitucional, sin transgredirlo. Si el precepto de la Constitución dice que no pueden ser procesados penalmente desde que son elegidos parlamenta-rios, es obvio que por los procesos iniciados antes de la elección no les alcanza la inmunidad. Eso y no otra cosa es lo que dice la modificación al Reglamento, para impedir que quienes lleguen al Congreso con procesos abiertos, intenten una protección que no les corresponde. Desde que son electos la protección de la inmunidad, pero no por los procesos preexistentes, enfatizó Flores-Araoz.

Diario La Razón14 de setiembre de 2006

¿CONTRAREFORMA PARLAMENTARIA?

En el anterior Congreso se inició la reforma de ése Poder del Estado, siendo su objetivo mejorar su funcionamiento, principalmente en lo relacionado con sus facultades legislativas, fiscalizadoras y de representación.

Con la finalidad señalada se realizó una profunda modificación de su Regla-mento, que por mandato del Artículo 94 de la Constitución tiene fuerza de ley.

Las más importantes reformas parlamentarias a que nos referimos se en-cuentran en las Resoluciones Legislativas 015, 020, 021, 022, 025 y 027-2005-CR, y son las siguientes:

INMUNIDAD PARLAMENTARIA: Se precisa que la inmunidad parla-mentaria de proceso, no incluye a los iniciados con anterioridad a la elección del congresista, toda vez que artículo 93 constitucional que la sanciona, es para los procesos penales que se le instauren a los parlamentarios, no pudiendo com-

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prender los anteriores pues no eran parlamentarios. Situación diferente a la de la inmunidad de arresto, cuando el mandato de detención se dicta después de la elección, en cuyo caso se requerirá de la autorización del Congreso.

ACUERDO NACIONAL: Constituyendo el Acuerdo Nacional el compro-miso de los partidos y actores políticos con las políticas de Estado aprobadas por él, en los proyectos de ley que presenten los grupos parlamentarios deberá consignarse la relación de las iniciativas legislativas con las Políticas aludidas.

VOTACIONES PUBLICAS: Se estableció que todas las votaciones deben ser públicas, salvo que dos tercios de los miembros hábiles del Pleno acuerden que sean secretas. Con esta disposición se busca la transparencia de las decisiones de los par-lamentarios, para que los electores conozcan a cabalidad el sentido de su votaciones.

VICEPRESIDENTES: Se redujo de cinco a tres el número de Vice-Presiden-tes del Congreso para hacer más operativa la labor de la Mesa Directiva y contri-buir con la austeridad que la ciudadanía reclama.

FISCALIZACIÓN: Por imperativo ético y de decoro, los parlamentarios que se encuentren comprendidos en procesos penales dolosos, en los cuales la Corte Suprema hubiere solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamen-taria, no pueden integrar la Comisión de Fiscalización, la de Etica Parlamen-taria y la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales, y otras que ejerzan actividad fiscalizadora. Nada tiene que ver con los principios de igualdad ni de presunción de inocencia, sino con la imagen que deben dar los representantes a su pueblo.

COMISION DE INTELIGENCIA: Se dictó normatividad para proteger la confidencialidad de su actividad y debates, teniendo en cuenta la naturaleza de los temas que ella trata.

PARLAMENTARIOS ACCESITARIOS: Con la voluntad que las bancadas mantengan su peso numérico, se estableció que en caso de muerte o enferme-dad que lo inhabilite temporalmente por mas de sesenta días naturales, o per-manente, o cumpla sentencia condenatoria por delito doloso o sea suspendido, inhabilitado o destituido por el Congreso; el congresista será reemplazado por el accesitario.

INFORMACION: Se dispuso la obligatoriedad de cada órgano parlamenta-rio, de remitir la información de la labor desarrollada, al órgano competente del servicio parlamentario, para centralizar, sistematizar, organizar estadísticamente y publicar la información.

JUNTA DE PORTAVOCES: Se elevó la votación requerida a calificada, para la exoneración de trámite de comisiones y prepublicación de dictámenes.

GRUPOS PARLAMENTARIOS: Deberán contar con un número mínimo de seis congresistas, que comparten ideas o intereses comunes o afines. Los miem-

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bros de una misma agrupación política no podrán integrar grupo parlamentario distinto.

PROPOSICIONES LEGISLATIVAS: Sólo podrán presentar proyectos de ley o de resoluciones legislativas, los grupos parlamentarios, con lo cual se elimina los proyectos individuales que generaron cerca de 15,000 iniciativas el período parlamentario anterior, número imposible de procesar. Habrá por lo tanto res-ponsabilidad del Grupo Parlamentario y de la respectiva agrupación política, que no podrán escudarse en declarar que las iniciativas legislativas son singula-res de sus autores.

DOBLE VOTACION: Siendo el actual Congreso unicameral, y con la fina-lidad de dotar de mayor seguridad jurídica, los dictámenes de proposiciones le-gislativas deberán votarse dos veces en el pleno, con no menos de 7 días entre la primera y la segunda votación, salvo que hubiere sido dispensado el trámite por votación calificada.

COMISIONES DE INVESTIGACION: Se evitará que las integren, quienes hubieren solicitado su conformación, y sus sesiones serán reservadas, salvo que la reserva fuere levantada por causas debidamente enumeradas en el Reglamen-to. Se pretende lograr que la finalidad de las investigaciones, que es llegar a la verdad, se cumpla, lo que a veces se ve perjudicado por la exagerada exposición ante el público de los investigadores.

PARLAMENTO ANDINO: Fue aprobado el régimen de los Parlamentarios Andinos, teniéndose claramente presente que no forman parte del Congreso Na-cional sino del Parlamento Andino. Los congresistas son 120 como lo señala la Constitución y no 125.

- Ojalá que las reformas que con tanto esfuerzo, dedicación y entrega, fueron dictaminadas, debatidas y aprobadas, no sean objeto de ninguna contrareforma. La ciudadanía exige –con razón- a sus parlamentarios transparencia, honestidad, responsabilidad y que no se refugien indebidamente en interpretaciones exten-sivas de la inmunidad, que tiene que estar restringida a los que es el espíritu y la letra de la Constitución del Estado.

Diario Expreso25 de setiembre de 2006

DOBLE VOTACION CONGRESAL

El último parlamento bicameral que tuvimos, fue el electo en 1990, que no con-cluyó su periodo quinquenal por razones conocidas.

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Quienes desde la actividad privada habíamos llegado al Congreso en 1990, sufrimos la demora en los trámites legislativos, no acordes con un mundo mo-derno que exigía soluciones inmediatas. Por ello el Congreso unicameral, que con el nombre de CCD rigió entre 1993 y 1995, sedujo a muchos pues las leyes eran aprobadas en una sola Cámara.

Las llamadas leyes sorpresa, cuyos proyectos se presentaban en la noche, eran dispensados de todo trámite, aprobados por una mayoría irreflexiva e into-lerante, promulgados en la madrugada por el Ejecutivo y publicados de inmedia-to en el diario oficial, pronto nos hicieron extrañar el bicameralismo.

No hay duda que tanto el unicameralismo como el bicameralismo tienen sus pro y sus contra. Abreviando, la ventaja del unicameralismo es el trámite rápido de los proyectos de ley, aunque se pierda en seguridad juíridica. En el bicamera-lismo se gana en seguridad jurídica pero se pierde en rapidez pues el trámite se repite en dos cámaras.

Ante la situación expuesta era lógico preguntarse, ¿Cómo se podía conciliar la rapidez del parlamento unicameral con la seguridad jurídica del bicameral?. La respuesta fue hacer doble votación en el parlamento unicameral para que en el lapso entre la primera y la segunda, todo el mundo conociera el tema y la so-ciedad pudiera dar su parecer.

Lamentablemente se dieron muchísimas excepciones a la doble votación, la que además podía ser exonerada por la junta de portavoces o voceros parlamen-tarios con mayoría diminuta.

El Congreso anterior en el ánimo de dejar reformas al Parlamento actual, que facilitara su labor, entre otras, estableció mayoría calificada de tres quintos de los votos representados en la junta de portavoces o voceros, para dispensar a los proyectos de ley del trámite de comisiones, de publicación de los dictámenes, y de la segunda votación. También se estableció que las únicas materias que no necesitaban segunda votación era la presupuestal, los tratados y nombramientos, la cuenta general de la república, las autorizaciones al presidente de la república para ausentarse del país, y el permiso para ingreso de tropas foráneas al territorio nacional, entre otras.

La dispensa de exoneración de la segunda votación, tiene el carácter de ex-traordinaria, es la excepción a la norma, pues lo que se pretendió con la modifi-cación del Reglamento del Congreso, fue que los proyectos se dictaminen regu-larmente, los dictámenes publicados en su web para conocimiento de todos, y la segunda votación, con debate, se realice no antes del séptimo día de producida la primera.

Con la segunda votación se evitan leyes sorpresas, que a decir verdad no se han producido desde el gobierno de transición de Valentín Paniagua; también se

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evita normatividad carente de reflexión, y por supuesto se mejora la calidad de las leyes.

Mientras no contemos con una segunda cámara legislativa, como sería el Senado, hay que mantener la doble votación, entender que la exoneración de ella es una decisión de excepción; que la junta de voceros no debe prodigarse en la exoneración de trámites que dan seguridad jurídica y hacen más confiable la labor parlamentaria. Esperemos que así lo entiendan nuestros actuales padres y madres de la patria.

Diario Expreso13 de octubre de 2006

INMUNIDAD SI, IMPUNIDAD NOOO!

En los últimos días se ha venido discutiendo en el Congreso y en los medios de comunicación, sobre la institución de la inmunidad parlamentaria y sus límites. La finalidad de la inmunidad es garantizar la libertad de los miembros del Con-greso, para emitir sus opiniones y votos sin amenazas ni presiones y sin temor de procesos penales y detenciones.

Según el Artículo 93 de la Constitución, los congresistas “No pueden ser procesados ni presos, sin previa autorización del Congreso, o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante…..”

Conforme puede advertirse hay dos clases de inmunidad parlamentaria, lo que está confirmado por el Reglamento del Congreso, a saber, la inmunidad de proceso (penal) y la de arresto, existiendo además un límite temporal. Se inicia la inmunidad a partir de la elección y concluye un mes después del cese en las funciones parlamentarias.

Nada de lo hasta aquí dicho requiere de mayor análisis ni interpretación, pero si definir ¿cuáles son los procesamientos penales en que se necesita la autorización parlamentaria para el enjuiciamiento? La Constitución señala con claridad que no pueden ser procesados, lo que evidentemente se refiere a procesos penales que se ini-cien con posterioridad a que el ciudadano se convierta en parlamentario. Si la Carta Constitucional hubiere querido comprender a los procesos iniciados antes de la elec-ción, habría exigido la autorización parlamentaria para proseguirlos, lo que no hizo.

El sentido de la autorización congresal para el procesamiento penal de par-lamentarios, fue corroborado por una de las recientes modificaciones del Regla-mento del Congreso, con fuerza de Ley según el Artículo 94 constitucional. En la

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modificación del Artículo 16 del citado Reglamento se precisó que la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas, “respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección….”

Es por ello meridianamente correcto distinguir entre procesos iniciados lue-go de la elección, en que alcanza la inmunidad parlamentaria, y los iniciados con anterioridad a la elección, en que no alcanza ni aplica. Los electos parlamentarios con procesamientos iniciados antes de su elección, llegan al Congreso con esos procesos, y por el hecho de haber sido elegidos no pueden pretender que el Con-greso autorice el seguimiento de procesamiento previo.

También para evitar los casos en que hay procesos previos a la elección y que la inmunidad no se convierta en impunidad, se agregó que los procesos pe-nales previos a la elección del congresista, no se paralizan ni suspenden, lo que quiere decir que durante el término de su mandato congresal no correrá plazo prescriptorio de la acción penal. El correr del tiempo no los liberará de responsa-bilidad penal, si es que la tuvieran.

Ahora bien, en lo que se refiere a la inmunidad de arresto, a nuestro juicio ella alcanza no sólo a las detenciones que judicialmente pudieren ordenarse en procesos iniciados después de la elección del parlamentario y hasta un mes des-pués del cese de las funciones parlamentarias, sino también para las detenciones que se ordenen durante la vigencia de la inmunidad, por procesos iniciados con anterioridad a la elección. Ello por la simple razón que la detención se ordena durante el mandato congresal y no antes, pese a que el proceso sea anterior.

Mientras que para la inmunidad de proceso, se debe hacer distinción entre pro-cesos penales iniciados antes de la elección y después de ella; para el tema del arresto es irrelevante la oportunidad del inicio de la acción penal. Basta que la detención se ordene dentro del período comprendido entre la elección y un mes después de concluida la función parlamentaria, para que aplique la inmunidad. La inmunidad, no hay que olvidar, es para proteger al Poder Legislativo en su conjunto, pero ésa situación de excepción al principio de la igualdad, no debe servir para soslayar a la justicia ni para ser coraza contra legítimas acciones penales y lícitas detenciones.

Diario La Razón26 de setiembre de 2006

UNA O DOS CAMARAS

Ha vuelto a ponerse sobre el tapete de discusión, el tema de si lo que conviene al Perú es un sistema parlamentario de una sola Cámara o de dos. En buena cuen-

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ta, si mantenemos el unicameralismo que tenemos desde finales de l992 con el llamado Congreso Constituyente, mal apellidado “Democrático” (CCD) o volve-mos al sistema bicameral tradicional, esto es con Cámara de Diputados y Senado.

Si bien es verdad que no es un tema que motive pasiones, no es menos cierto que la propuesta de volver al bicameralismo no genera corriente de simpatía en-tre la mayoría de ciudadanos, que nunca ve con buenos ojos al Parlamento. Esto no solo en el Perú, sino por lo general en todo el mundo.

Se dice que el momento para plantear el bicameralismo no es el adecuado, por los escándalos del que son actores algunos parlamentarios. Sin ninguna duda es mejor tratarlo, cuando no hay cuestionamientos, pero estos pueden surgir en cualquier instante.

Vamos al grano. He pertenecido a Parlamento bicameral, como es el que con-cluyó funciones el fatídico 5 de abril de l992, como a los parlamentos unicamerales elegidos a finales de l992, en l995, en el 2000 y en el 200l. Experiencia, por ello, hay en ambos tipos de legislativo.

En el Parlamento bicameral elegido en l990, uno de los primeros proyectos de ley que presenté, y probablemente la primera ley que logré, fue la de conver-sión del inti al nuevo sol. Una simplísima ley que en el fondo era quitar ceros y normar el cambio del signo monetario, ello demoró meses. Se aprobó en una Cámara, pasaba a la otra, le hacían enmiendas, no había acuerdo, se llamaba a conferencia entre representantes de ambas cámaras. En fin, como dicen la mar y morena, en un asunto sencillo y que además todos querían de una manera u otra.

Cuando fuimos a un sistema unicameral, en que las comisiones congresales funcionaban, y el trámite legislativo era más corto, no puedo ocultar que fuí se-ducido por él. Lo veía rápido y acorde con el mundo moderno en que las solucio-nes y normatividad legislativa tenían que sintonizar con la vertiginosa rapidez como se presentaban los problemas y la urgente exigencia de su atención.

Sin embargo, cuando el sistema unicameral desde el CCD hasta el año 2000 se utilizó para maltratar al sistema democrático, imponer mayoría numérica so-bre la razón, santificar con la aprobación legislativa lo que se había “cocinado” en otros lugares, y abusar del poder para perpetuar a quien lo detentaba, evidente-mente nos obligó a recapacitar.

Cómo podíamos hacer para conciliar la bondad del unicameralismo que es su rapidez, con la virtud del bicameralismo que es la seguridad jurídica que otor-ga revisar en dos cámaras los proyectos de ley? Se estudió la legislación compa-rada y la experiencia de otros parlamentos, y encontramos que habían logrado fusionar la rapidez con la seguridad jurídica, mediante el recurso de dos votacio-nes en la misma Cámara, pero con un paréntesis de varios días entre la primera y la segunda, para permitir que los ciudadanos conocieran lo estaba aprobando.

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Esa doble votación, pero obligatoria y sin excepciones, hubiera evitado las llamadas leyes de media noche o leyes sorpresa, cuyos proyectos se presentaban en la década de los 90 en la noche, cuando ya no había prensa, se les dispensaba de comisiones, publicaciones y demás trámites y se aprobaban, y sin exageración “entre gallos y media noche”, promulgados por el Ejecutivo en la misma madru-gada y publicados en la misma fecha. Nos acostábamos con una ley y amanecía-mos con otra totalmente diferente.

Puro autoritarismo disfrazado de democracia. En esta nueva discusión, y respecto a la pregunta si nos conviene una o

dos cámaras legislativas, hay argumentos para ambos, pues es tema opinable. Lo importante es que exista en simultáneo rapidez y seguridad jurídica. Se pue-de conseguir con ambos sistemas, pese a inclinarme por el bicameralismo con un senado diferente en su origen a la Cámara de Diputados, en que mientras el primero puede ser elegido en distrito único la Cámara de Representantes o Diputados lo sea en distritos múltiples, que sólo en esta última se presenten los proyectos y que el Senado tenga atribuciones singulares, como acertadamente lo ha dictaminado recién la Comisión de Constitución.

Diario Expreso18 de mayo de 2007

FISCALIZADORES PARLAMENTARIOS

Dice un antigüo refrán que respecto a la honestidad de la mujer del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo. Este popular aforismo recobra actualidad, al discutirse sobre la nominación de los integrantes de la Comisión de Fiscalización parlamentaria.

Algunos dicen que todos los parlamentarios están en aptitud para integrar la Comisión de Fiscalización, que todos son iguales ante la ley, y que no se debe hacer distingo entre ellos, y que si algunos tienen procesos penales, mientras no haya decisión judicial, se presume inocencia, y por ello no podrían ser dejados de lado en ninguna tarea parlamentaria.

La verdad es otra. Para investigar y para juzgar se requieren especiales cualidades, como probidad, honestidad, honradez, y conducta irreprochable. Quien no tiene ésas calificaciones, mal podría investigar denuncias de corrup-ción ú otras inconductas y menos aún sancionar. Si bien es cierto el Congreso no es el Poder Judicial, pero cuando una Comisión, como la de Etica, recomien-da sancionar o aplica sanción de amonestación o suspensión, en alguna medida

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está juzgando y los juzgadores para actuar con independencia y sin que existan dudas respecto a su decisión, requieren ser transparentes y libres de cuestio-namientos.

No se requeriría, en estricto, de normatividad que obligue al fiscalizador a ser intachable y libre de cuestionamientos, pues es regla de decoro que quien tiene cuestionamientos no pueda cuestionar y que quien tiene interés directo o indirecto en algún asunto se abstenga de votar.

Lamentablemente como los seres humanos tenemos defectos, se ha hecho necesario poner requisitos y limitaciones en la actuación de los parlamentarios. Tanto es así que al modificarse hace algo más de un año, el Reglamento del Con-greso, se prohibió a los parlamentarios comprendidos en procesos penales do-losos en los cuales la Corte Suprema solicite el levantamiento de su inmunidad, integrar la Comisión de Fiscalización, la de Etica, y la de Acusaciones Constitu-cionales, y de otras sólo en su rol fiscalizador.

Esa norma, como otras incorporadas al Reglamento del Congreso, tuvieron por finalidad recobrar su prestigio y la confianza de los ciudadanos, que con es-tupor observaban hacer de la vista gorda inconductas de legisladores, pasar por agua tibia otras debilidades, y mirar para otro lado cuando se exigía correctivos. Se hizo famosa la frase “otorongo no come otorongo”

Algunos parlamentarios, seguramente de buena fé, recurrieron al Tribunal Constitucional y demandaron la inconstitucionalidad de la prohibición regla-mentaria mencionada. El Tribunal, esta vez con acierto, declaró que no había inconstitucionalidad alguna en la modificación del Reglamento Congresal y en la prohibición a que nos hemos referido, recordando que la Constitución en su artículo 45 determina que quien ejerce el poder lo hace con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la Ley establecen.

Resaltó que la prohibición para quienes tienen cuestionamientos, de inte-grar comisiones fiscalizadoras, no tiene carácter punitivo ni es sanción, sino que constituye una limitación temporal como medida de carácter provisional, con la finalidad de dar mayor transparencia a la función fiscalizadora y evitar cues-tionamiento a los fiscalizadores, lo que podrá ayudar a la recuperación de la le-gitimidad ciudadana del Parlamento. El Tribunal calificó la prohibición como razonable, teniendo carácter de requisito como cualquier otro, sin que ello atente contra el principio jurídico de igualdad. No es pues igual quien tiene cuestiona-mientos a quien no lo tiene.

Diario Expreso07 de setiembre de 2007

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COMPUTO DE SUSPENSIONES PARLAMENTARIAS

Se sigue en una innecesaria discusión, respecto a si los días de suspensiòn par-lamentaria, son días naturales o son días de legislatura. Se ha recurrido incluso a pretender interpretar lo que no requiere de interpretaciòn alguna, por ser más claro que el agua.

El Congreso puede suspender a parlamentarios en sus funciones, primera-mente por medida disciplinaria, como consecuencia de inconductas. También puede suspender cuando en un trámite de acusaciòn constitucional o de levanta-miento de fuero, se autoriza procesamiento ante el Poder Judicial.

En el primer caso la suspensión como sanciòn disciplinaria no puede exce-der a 120 días “de legislatura” segun el artículo 95 constitucional. En el otro caso, la suspensiòn no es por un número determinado de días, sino hasta que concluya el procesamiento judicial.

Terminen con el insomnio, no sigan dándole vueltas al asunto, que daría la impresiòn que no es por dudas jurídicas sino para reducir en la práctica el nú-mero de días de suspensiòn disciplinaria que el propio Congreso ha dispuesto.

La Constituciòn en diversos artículos fija términos en días naturales, tambièn denominados calendarios. En el de suspensiòn del cargo parlamentario por me-dida disciplinaria, señala que son días de legislatura. En otros casos habla sólo de días.

Cuando fija términos en dìas naturales, no hay que interpretar nada. La li-teralidad de la norma es transparente. Igual sucede cuando se trata de días de legislatura. Empero, cuando sólo fija términos en días, habrá que definir si son naturales o son días hábiles, para lo cual hay normatividad adicional a la Consti-tuciòn que permite dilucidar cualquier inquietud.

Como la discusiòn es lo que se entiende por días de legislatura, se ha queri-do interpretar que son días naturales, pues el congresista lo es las 24 horas y sus funciones son permanentes. También se ha dicho que el Congreso siempre está en funciones pues hay una Comisión Permanente que actúa durante el receso parlamentario y tambièn simultáneamente con el Pleno del Congreso.

Falaces argumentos traídos de los pelos. Si el legislador constitucional hu-biera querido que los días de suspensiòn como medida disciplinaria, fueran días naturales, no habría señalado que son días de legislatura.

Pero hay más, el Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de Ley, de-termina que el período anual de sesiones comprende desde el 27 de Julio de un año hasta el 26 de Junio del siguiente año. Dentro del período anual, habrá “dos perìodos ordinarios de sesiones o legislaturas”. El primero va desde el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. El segundo se inicia el 1 de marzo y termina el 15

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de junio. A ellos se agrega los períodos de “ampliaciòn de legislatura” con agen-da fija, y la “legislatura extraordinaria” que puede convocar el Presidente de la República.

La legislatura no comprende todos los días del año, sino los días en que funciona el Pleno del Congreso, sea en legislaturas ordinarias, extraordinarias o ampliaciòn de las primeras. Días de legislatura en consecuencia, son aquellos en que el Pleno puede reunirse. No son todos los días del año, y pretender que así fuera no engatusa a nadie, lo único que se logra es desprestigiar aún más a una instituciòn fundamental del Estado.

El uso del término “legislatura” para definir la duración de períodos ordi-narios o extraordinarios de sesiones del Parlamento, no es nuevo. Por ejemplo en las dos precedentes Constituciones a la actual, la de 1933 y la de 1979, se ha utilizado. Si bien en la de 1993 se refiere expresamente a la legislatura extraordi-naria, es obvio que ello es porque la hay ordinaria, como en efecto el Reglamento del Congreso sanciona.

Es por lo expuesto indubitable que la suspensiòn disciplinaria, tasada en días de legislatura, son los días en que el Pleno del Congreso puede sesionar en forma ordinaria o en forma extraordinaria, o en ampliaciòn de la legislatura ordinaria. No hay otra interpretaciòn posible cuando la literalidad de la norma señala el con-cepto.

Consecuentemente cuando se suspende disciplinariamente al congresista en el ejercicio de sus funciones, el período de suspensiòn se inicia cuando se toma el acuerdo, y termina en el día que se complete el número de días de legislatura por el que se sancionò.- Tómese en cuenta que el plazo de la suspensiòn no implica intermitencia, en que hay días en que se está suspendido, y dentro del término, días que no se hay suspensiòn.

Si la instituciòn parlamentaria quiere recobrar prestigio, debe ser extricta en los asuntos disciplinarios, sin subterfugios ni antojadizas interpretaciones, que no logran esconder el real propósito de ellas.

Diario La Razón29 de setiembre de 2007

LEYES Y CONFERENCIAS

Días atrás, nuevo escándalo en el recinto parlamentario. Dos dirigentes de “Pa-tria Libre”, agrupación ligada al Morivimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a los costados de un congresista al que probablemente sorprendieron

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de “lorna”, se despacharon a su gusto a favor del terrorista Néstor Cerpa Carto-lini y de sus acciones harto conocidas. Sólo les faltó el sahumerio para el incienso y mirra a Luis Villar Gamboa y a Luis Ottivo Inga, tanto es así que el congresista anfitrión, esto es don Víctor Mayorga, alzó alas retirándose de la Sala de Prensa Gustavo Mohme Llona, donde se realizaba la conferencia de prensa de dichos sujetos.

Aparentemente el asunto tiene connotación, pues la conferencia de prensa la dan en el Palacio Legislativo personas que nada tienen que ver con el Congreso, más aún su discurso y accionar son contrarios a la democracia representativa que encarna el Parlamento.

En el Palacio Legislativo se encuentra el llamado “Hall de los Pasos Perdi-dos”, donde tradicionalmente los parlamentarios dan sus declaraciones a la pren-sa, al igual que los funcionarios públicos citados a las comisiones parlamentarias, y los ministros de estado que asisten a la estación de preguntas, interpelaciones y otras convocatorias. Tal es la afluencia de de periodistas, practicantes de ciencias de la comunicación, camarógrafos y fotógrafos en el aludido recinto, que terceras personas que nada tienen que ver con el Congreso, utilizaban los “Pasos Perdidos” para sus declaraciones mediáticas, habida cuenta que si hacían invitaciones en otro lugar, seguramente demostrarían su absoluta orfandad y nula convocatoria.

Hace algunos años, el Congreso de la República, para contrarrestar la inde-bida utilización de los “Pasos Perdidos” por terceros ajenos al Parlamento y la nutrida presencia de personal de prensa en el mismo, creó una cómoda Sala de Prensa, con todos los adelantos técnicos existentes, pero para ser utilizada por los parlamentarios y se supone, con claras reglas para dicha utilización. En efecto, la primera y más importante regla, de donde fluyen las demás, es la contenida en el Código de Etica Parlamentaria, que precisa que los congresistas “deben restringir el uso de los bienes y servicios del Congreso para solamente sirvan a la función parlamentaria” A esta regla se acompaña la responsabilidad, como deber parlamentario, que obliga a “responder sobre las consecuencias de su conducta pública y aquella privada que perjudique al congreso o a los congresistas como institución primordial del Estado”

Lamentablemente el Congreso, en la utilización de su sala de conferencias de prensa, trató de liberalizar las reglas generales antes aludidas, al aprobar sus directivas para el uso de salas en conferencias de prensa. En estas directivas se es-tablece que cuando se efectúe una conferencia de prensa, ésta se realizará exclu-sivamente en la sala dedicada a ello, y será dada “únicamente” por el congresista organizador del evento y en la mesa de conferencias no podrán estar más de dos invitados, a excepción de las altas autoridades del Estado, para quienes también está destinada tal sala.

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La mala utilización de la instalaciones de prensa del Congreso, tiene que ha-cer reaccionar a nuestros parlamentarios para no dejarse sorprender por terceros y circunscribir el uso de las instalaciones parlamentarias exclusivamente para lo parlamentario, pero también debería obligar al Parlamento en su conjunto a dar reglas claras para la utilización de las instalaciones de prensa únicamente para la actividad parlamentaria y relacionada con ella, impidiendo su indebida utilización por terceros. Los bienes del Estado se cuidan con los dineros que pa-gamos en nuestros impuestos, y no hay motivo para que particulares utilicen las instalaciones congresales como si fueran su feudo, ante la paciencia e indebida tolerancia de las autoridades de ése Poder del Estado.

Diario La Razón28 de julio de 2009

PARLAMENTO VIAJERO

En el Parlamento se decidió que los congresistas viajen a provincias, cinco días ininterrumpidos al mes, para ejercer su labor de representación. Para hacer po-sible los viajes hubo que suprimir las reuniones del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente, de ser el caso, así como las sesiones de las diferentes comisiones dictaminadoras de proyectos como de fiscalización e investigación.

Hasta donde hemos visto, del primer mes en que se ejecuta la nueva dispo-sición, no se le ha agregado nada a lo que ya hacían los parlamentarios, indivi-dualmente o en grupo, principalmente los fines de semana, en sus viajes a sus departamentos por los que fueron elegidos. Lo que su presencia si ha logrado, es juntar a moros y cristianos para exigirles mayor presupuesto, ejecución de obras que bien podrían hacer las regiones y municipios, y cuánto se les ocurra a los lugareños y a sus autoridades locales.

Nadie niega que el Parlamento y sus integrantes, tienen la atribución de legis-lar, así como la de fiscalizar y representar, pero ello tiene que hacerse adecuada-mente, sin tonificar alguna función en desmedro de otras, máxime que la represen-tación ya se ha venido ejerciendo sin mayores reparos ni observaciones. Por otro lado los congresistas son elegidos por determinada circunscripción electoral, pero una vez que son electos representan a toda la Nación en su conjunto y no están su-jetos a mandato imperativo, por lo que pretender circunscribir su función de repre-sentación al lugar por el que fueron elegidos, es reducir su campo de competencia.

No podemos olvidar que existe un creciente embalse de obligaciones pen-dientes por el Congreso, ya que en los 3 primeros años del actual mandato legis-

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lativo se han acumulado 100, 108 y 58 mociones sin ser debatidas, y lo que es más grave, desde el 28 de Julio del 2006 en que empieza la tarea legislativa del actual Parlamento, se han presentado más de 3,600 proyectos de ley y resoluciones le-gislativas, de los cuales 1559 están pendientes de dictamen y 209 en la agenda del Pleno para su debate.

Si el Congreso quiere mejorar la percepción que de él tiene la ciudadanía, no necesita de los viajes, y no decimos turismo pues se supone que cada cual conoce la Región de la cual proviene su mandato parlamentario; lo que necesita es cumplir a cabalidad con la normatividad legal, no encubrir actos reñidos con la moral, y sancionar sin que tiemble la mano, a quienes han incurrido en incon-ductas que afectan al Congreso.

Diario Expreso23 de octubre de 2009

CHIVO EXPIATORIO

Recientemente se han dado casos en el Parlamento Nacional, que algunos Congre-sistas de la República, han dispuesto la contratación como “personal de confianza” para sus despachos congresales, de personal que no reunía las condiciones ni los requisitos para formalizar su ingreso temporal a dicho Poder del Estado.

Quienes ordenaron, ojo no sugirieron, ordenaron la contratación, han trata-do de eximirse de responsabilidad o reducir la misma, aduciendo que la adminis-tración parlamentaria era quien contrataba y que debía haber verificado que los escogidos cumplieran con los requisitos previamente establecidos en los regla-mentos congresales. Es decir, pretendieron que los funcionarios administrativos del Congreso cargaran en sus espaldas responsabilidades que no les competían, y que por ello, además, sufrieran castigo, para librar de este último al que debe-ría corresponder al congresista infractor. Como es usual, auque no legítimo ni correcto, que la pita se rompa por el lado más débil.

Los parlamentarios requieren personal para sus oficinas congresales, algunos son para función asesora, debiendo ser profesionales, tener experiencia, conocimien-to y otros requisitos. Otros son para actividades de apoyo o asistencia, en que los re-quisitos son menores, como también es menor la remuneración que les paga el Esta-do con recursos que salen de los impuestos que abonamos todos los contribuyentes.

El congresista es quien ordena la contratación de sus asesores y asistentes del respectivo despacho parlamentario, como personal de confianza y por su “designación directa” como establece el “Reglamento Interno de Trabajo” del

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Congreso, quienes además están bajo sus directas órdenes y supervisión, auque el pago retributivo es de responsabilidad de la administración parlamentaria, al igual que su registro para la seguridad social y para el sistema pensionario previsional, además de las retenciones impositivas y otras obligaciones similares.

En la práctica los funcionarios administrativos del Congreso, además de su dependencia funcional respecto de otros funcionarios parlamentarios de mayor nivel y de los congresistas que integran la Mesa Directiva del Congreso, también reciben instrucciones de los ciento veinte legisladores, y es difícil, pero no impo-sible, desobedecer sus instrucciones.

Los legisladores, además de dictar las leyes que todos debemos acatar, debe-rían dar ejemplo de cumplimiento de las mismas, comenzando por sus propios reglamentos, debiendo ser lo más prolijos en la contratación del personal de con-fianza de sus respectivos despachos, y evitar situaciones bochornosas como las vividas, en que han ingresado a la nómina del Estado, así sea temporalmente, personal impresentable. Lo que es peor, endilgándole responsabilidades a la ad-ministración, cuando no la tiene.

Diario La Razón 25 de octubre de 2009

PARCHE CONGRESAL

El Ejecutivo propuso reforma constitucional, para la renovación por mitades del Congreso de la Republica. Probablemente ello obedezca al descrédito de la ins-titución parlamentaria, de la que no se excluye el Perú, descrédito que ha ido creciendo en los últimos lustros hasta llegar al actual Parlamento que ha batido todos los records negativos que nos podríamos imaginar.

La mala imagen del Congreso no se va a modificar solo por el simple cambio del cincuenta por ciento de sus integrantes a la mitad de un quinquenio presidencial, máxime que tal imagen negativa no es causada por el sistema, sino por el pésimo com-portamiento de algunos parlamentarios, soportado por la ciudadanía y tolerado por el resto de congresistas, que hacen de la vista gorda, sin sancionar las inconductas.

Tampoco se va a cambiar la imagen congresal, convirtiendo a la Casa de las Leyes en agencia de viajes interprovincial, que pagamos con nuestros impuestos todos los contribuyentes.

La imagen ciudadana variará en tanto y cuanto el Parlamento sintonice con el pueblo, no se entrampe en debates estériles y se ocupe oportunamente de san-cionar las normas que se requieren, desembalsando la pesada carga de iniciati-

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vas legislativas que tiene sin tramitar, y ejerciendo con seriedad y sin escándalo la importante tarea de fiscalización. Contribuirá a prestigiarse si el “Hall de los Pasos Perdidos” deja de ser patio circense y espacio de insultos y provocaciones.

No tenemos duda que alguna prensa tiene su responsabilidad en el desagui-sado, pues si brindara menos atención a lo banal y farandulero y más a lo impor-tante, las payasadas no tendrían quien las enfoque y sus actores, sin el influjo de flashes y cámaras, dejarían de hacer papelones.

La renovación por tercios o por mitades la hemos tenido consagrada, auque no regularmente cumplida, en las constituciones del siglo XIX, y atendiendo a su poca operatividad y experiencia inconveniente, las del siglo XX no repitieron el error.

Los mecanismos de renovación pueden estar basados en la suerte, en alguna especie de sorteo, que no garantiza que salgan los deficientes y permanezcan los buenos. También puede establecerse la renovación por tercios o por mitades en forma tal que a nadie se le reduzca el período de cinco años para el que fueron elegidos.

Cualquiera que fuera el sistema de renovación que se adopte, no resolverá el problema del descrédito congresal, sino que perjudicará al gobierno que esté ac-tuando, como veremos a continuación. En efecto, los gobiernos requieren de parla-mentos que los ayuden en la ejecución de sus propuestas electorales, que fiscalicen pero sin obstrucción, y que los acompañen en alcanzar la gobernabilidad del país.

Cuando los gobiernos no cuentan con mayoría parlamentaria, tratan de cons-truirla, y cuando la consiguen en buenos términos, ya que excluímos prebendas y corrupción, deben mantenerlas. Empero, con la renovación parlamentaria, usual-mente pierden los gobiernos la mayoría conseguida, pues por el desgaste normal que origina el correr del tiempo, es más que probable que no lograrán el mismo o mayor número de escaños con elección intermedia, sino que se reducirá su partici-pación congresal, atentando contra la gobernabilidad. Volver a construir consen-sos y mayorías, no es tarea fácil, y peor cuando se está a la mitad de un mandato.

El maquillaje que se pretende como solución, no va a esconder la realidad, solo la ocultará por poco tiempo, y lo que es peor, como dice el antiguo y sabio refrán, el remedio será peor que la enfermedad. Conviene estudiar como alterna-tiva la revocatoria del mandato congresal, que individualiza comportamientos y responsabilidades y evita el despido por factor “suerte” de los que podrían ser aceptables. No le pongan piedras a los próximos gobiernos, cualquiera que sean los que el pueblo soberano elija.

Diario La Razón08 de noviembre de 2009

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INJUSTO ACUERDO

El 25 de Noviembre del 2009, mediante Acuerdo No 070, la Mesa Directiva del Congreso dejó sin efecto después de más de ocho años el Acuerdo No 436 del 3 de Julio del 2001, por el cual se había otorgado a ex-congresistas pensionistas del régimen pensionario especial de la famosa y antitécnica Ley 20530, una bonificación extraordinaria para equiparar a todos ellos, lo que por mandato jurisdiccional habían logrado un grupo de ex-parlamentarios según sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de setiembre de 1997 en una acción de amparo.

El Acuerdo primeramente mencionado ha sido aplaudido por una buena parte de la ciudadanía y por la prensa, dado que es más que sabido que cualquier beneficio a quienes fueron parlamentarios o lo son, no es bien visto, ya que el Parlamento ha ido perdiendo prestigio por acciones, inconductas y despropósi-tos de algunos de sus integrantes, pero que lamentablemente dañan al conjunto. Pudiera ser que el susodicho Acuerdo se hubiera adoptado para lavar la cara al conjunto, pero eso no se logra con injusticias.

Con la autoridad que me da el no ser pensionista del Estado, pese ha haber presidido Entidades Públicas, haber sido Regidor Metropolitano, Diputado, Cons-tituyente, Congresista, Embajador y Ministro de Estado, a lo que agrego mi defen-sa a poner orden en los sistemas pensionarios que por su exagerada generosidad hacían peligrar el pago de las pensiones, me lleva a elevar mi protesta por la in-equidad e injusticia que significa para personas de elevada edad, que les quiten lo que antes regularmente se les había concedido.

Siendo absolutamente conciente que las pensiones con efecto espejo, es de-cir homologadas a lo que perciben los funcionarios en activo, son insostenibles en el tiempo y que para nuevos trabajadores públicos que ingresen a planillas del Estado, deben eliminarse, no es menos cierto que es injusto que a personas de avanzada edad, de la noche a la mañana se les quite la bonificación que ve-nían percibiendo para complementar la pensión. Tan incorrecto fue perforar la Ley 20530 con incorrectas incorporaciones de grupos de trabajadores que no te-nían legitimidad de percibirlas, como incorrecto es eliminar una bonificación que iguala para todos los de la misma situación un derecho que el Tribunal Constitu-cional reconoció a un grupo.

No es la primera vez que por lavar la cara sucia congresal se adoptan acuer-dos que generan simpatía pública por desconocimiento de la injusticia que encie-rran. Los mismos ex-parlamentarios han sufrido en años pasados la suspensión del pago de sus pensiones por investigaciones que no eran otra cosa que cortinas de humo para esconder excesos y omisiones congresales.

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Personas a las que su techo de vida cada día que pasa es más reducido, no debe-rían estar sujetas a los vaivenes del humor de parlamentarios en actividad, ni menos aún ver reducido su importe pensionario y complemento al mismo, que les genera además de desconcierto y desazón, inestabilidad emocional, y porque no decirlo, incertidumbre respecto a si podrán seguir cumpliendo sus obligaciones y compromi-sos contraídos sobre la base de lo que mensualmente percibían y ahora les recortan.

Más allá del tema legalista está el de la justicia y equidad, por lo que debe-ría ser reconsiderado el Acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, y volver la tranquilidad a gente muy mayor que acumuló muchísimos años al servicio del Estado, desde antes de ser elegidos parlamentarios.

Diario La Razón17 de enero de 2010

ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON

Recientemente ha concluido la investigación parlamentaria sobre interceptación de comunicaciones con algunas verdades de Perogrullo y nada nuevo que la inda-gación periodística no haya informado antes. Mientras tanto la investigación por el Ministerio Público y Poder Judicial aparentemente sigue en pañales después de meses de discusión sobre quien debe ingresar a los archivos informáticos del caso Business Track y de dimes y diretes entre fiscal, juez, procuradores y abogados.

El colmo de los colmos fue la sustracción, borrado o sabe Dios qué, de parte de los archivos cibernéticos que debían haberse abierto. Si hubo negligencia o si se realizó acto doloso, aún no lo sabemos, pero lo cierto es que no aparecen en los registros originales algunos de los archivos que eran necesarios para la investiga-ción que va para las calendas griegas.

La demora perjudica, especialmente al Poder Judicial y Ministerio Público por las confrontaciones innecesarias entre sus integrantes, pero daña a todos los que en alguna forma han tenido participación gubernamental, pues sobre nuestras cabe-zas hay un símbolo de interrogación respecto a si tuvimos algo que ver con accio-nes por lo menos sospechosas en diversos temas en que estuvieron involucrados lobistas, trátese de cemento, petróleo, hospitales o cualquier otro asunto.

No encontramos razón para que se dilate las investigaciones y para que se mantenga en secreto el contenido de audios y correos electrónicos. La demora ge-nera suspicacias y ello no es conveniente para el país ni justo para quienes en la ac-tividad pública hemos actuado con ética y transparencia. De una vez que se abran todos los registros y terminen todas las especulaciones, así se podrá acreditar quie-

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nes actuaron deshonrosamente y quienes lo hicieron con pulcritud, y se podrá distinguir las actividades de los lobistas que actuaron indebida y concertadamente con autoridades, de los que simplemente fueron presumidos ante sus clientes.

Es inverosímil que a los registros contenidos en discos duros, USBs y otros elementos informáticos, no se les hubiere sacado más de una copia de respaldo que comúnmente se denomina “back up”, lo que, como hubiera dicho Sherlock Holmes: “Elemental mi querido Watson”. Pero eso que es elemental parece que no se hizo y pasaron los discos de mano en mano y nadie sabe donde se “borraron” algunos archivos aunque se sospechen las motivaciones.

Hay que agregar que así se hubiere “perdido” parte de los archivos informá-ticos, ellos se pueden recuperar. He consultado a expertos y me han señalado que existen diversos programas para la recupeeración de archivos, como son “Restora-tion, Recuva, Undelate Plus, Glary Undelete, Recover Files, Data Recovery y “En-Case Edición Forense” entre otros. Usen la tecnología que para eso existe.

Diario Expreso09 de abril de 2010

DELEGACIÓN LEGISLATIVA

Nuestros preceptos constitucionales, consideran que el Estado es uno é indivisi-ble, aunque se organiza según el principio de la separación de poderes.

Dentro de tal separación ó especialización, corresponde al Congreso dar le-yes, interpretarlas, modificarlas o derogarlas. Consecuentemente lo natural, lo usual, lo normal, es que sea el Congreso de la República el que apruebe las leyes, y con mayor razón las tributarias, pues el Parlamento se creó en origen como la respuesta a los gobernantes por los excesos impositivos a los gobernados. Pese a la regla general, que es el Congreso quien legisla, como excepción, puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad legislativa, la que ejercerá mediante decretos legislativos, los que tienen que versar sobre la materia específica delegada, y ser expedidos dentro del plazo que fija el Congreso.

Las materias para las que se puede delegar facultades legislativas, son am-plísimas, previendo nuestra Constitución la posibilidad de la delegación para la creación, modificación, derogación y exoneración de tributos.

Sin embargo, no todo tipo de normas pueden ser delegadas, pues se exclu-yen expresamente por la Constitución, las reformas constitucionales, la aprobación de tratados internacionales de competencia congresal, leyes orgánicas, así como la Ley de Presupuesto y la de la Cuenta General de la República.

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Los decretos legislativos que expide el Ejecutivo por delegación del Congre-so, están sujetos al control de este último, siendo obligación del Presidente de la República dar cuenta al Parlamento de su expedición.

Sin duda, es perfectamente ajustado a la Constitución, delegar facultades le-gislativas en el Ejecutivo, y es también perfectamente democrático hacerlo, pues siendo atribución originaria del Congreso, su transferencia al Ejecutivo, limitada en el tiempo y en materia, siempre podrá el Parlamento por acto de control, mo-dificar ó dejar sin efecto lo que el Ejecutivo promulgue.

La delegación de facultades se puso en práctica, por las cada vez más com-plejas funciones del Estado, por el carácter técnico de muchas materias que había que regular, y por la excesiva carga legislativa del Parlamento, sin olvidar la cele-ridad de respuesta legislativa que necesitan situaciones de urgencia.

Como mecanismo de excepción, la delegación de facultades legislativa ni es buena ni mala por si misma, y más allá del marco constitucional que anteriormente hemos referido, habrá que establecer en cada oportunidad si conviene o no conferirla.

Al no haber dado el electorado, mayoría en el Parlamento a grupo político alguno, necesariamente tendrá que concertarse en el Congreso para legislar en bien del país.

Los ciudadanos esperan que sus parlamentarios tengan la suficiente respon-sabilidad para buscar entendimientos, afirmando coincidencias y limando dife-rencias. Además que por los antecedentes de diversos gobiernos de excesos en el ejercicio de facultades delegadas, que sumados a la desidia legislativa para su rectificación y enmienda oportuna, da como resultado alta dosis de desconfianza.

Cuando la delegación es en materia tributaria, ello es más sensible, pues si se trata de reducción impositiva es tentador conseguir aplausos inmediatos aunque con frustraciones mediatas. Si por el contrario se trata de incrementos, hay temor a que se exagere.

En la legislación discutida en el Congreso, la Sociedad sabe desde su inicio de lo que se trata, conoce los proyectos que se dictaminan y está atenta a su debate público. A diferencia de ello, en la legislación expedida por el Ejecutivo por delegación del Congreso, la sociedad solo se entera de lo normado, con su publicación en el diario oficial.

Por todo ello, al no tratarse de normas complejas, de asuntos técnicamente complicados, ni de impostergable solución, lo más prudente siempre es que el Ejecutivo presente sus proyectos, los fundamente y defienda en el Congreso, y este los dictamine y debata con seriedad.

Diario La Razón06 de junio de 2010

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CONGRESO Y QUINTO SUYO

Nuestros compatriotas que migraron al extranjero, motivados principalmente en la búsqueda de oportunidades laborales, desde hace muchos años reclaman elegir sus propios representantes al Congreso del Perú.

Como hasta ahora nuestros compatriotas aludidos son considerados dentro del Distrito Electoral de Lima, únicamente pueden elegir como congresistas a los que postulan a representar a Lima, quedando vulnerada su aspiración de elegir a sus propios representantes.

En varias ocasiones se han presentado proyectos de ley para crear el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, pero lamentablemente siempre se han estre-llado con dos pretextos. El primero de ellos es que la Constitución señala núme-ro fijo de parlamentarios, y crear el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, significaría reducir el número de representantes de otros distritos electorales para dar cabida a los del nuevo distrito. La segunda excusa es que elevar el número de representantes al Congreso significará mayores gastos al Estado.

En lo que se refiere al número fijo de parlamentarios, si bien ello es cierto al haber establecido originalmente la Constitución de 1993 la cifra de 120 congre-sistas, tal reticencia ya fue vencida el pasado año cuando por la reforma consti-tucional según Ley 29402 se elevó el número a 130, con la finalidad de que los ciudadanos de las provincias del Departamento de Lima tuvieran su propio dis-trito electoral distinto al de Lima Metropolitana, como en efecto hoy lo tienen al haberse también modificado la Ley Orgánica de Elecciones mediante Ley 29403.

Si ya se realizó la tarea para que en justicia los ciudadanos del resto de pro-vincias de Lima tengan sus propios representantes al Congreso, no habría motivo valedero alguno para no realizar un segundo esfuerzo normativo -constitucional y legal- para que nuestros hermanos del llamado simbólicamente “Quinto Suyo” tengan también el derecho a elegir a sus propios congresistas.

En cuanto al pretexto de que ello significaría mayores egresos del Presu-puesto General de la República, bien podría legislarse que no demandará más gastos, estableciéndose como tope de egresos en el Poder Legislativo el que ac-tualmente se tiene, sin olvidar que se pueden hacer ajustes y racionalización del gasto.

La excusa del mayor gasto también se ha argumentado como negativa para volver al Sistema Bicameral restableciéndose el Senado, pero incluso con Senado no habría motivo para incurrir en mayores egresos si hay una eficiente raciona-lización de egresos.

En efecto, no se requiere de dos administraciones diferenciadas entre Cámara de Diputados o de Representantes y Senado de la República, basta con una sola

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administración en que únicamente se necesitaría duplicar funciones en Oficialía Mayor para cada Cámara y los relatores de las mismas. En cuanto personal hay más que suficiente y no olvidemos que hasta hace pocos lustros nuestros parla-mentarios no tenían oficinas individuales ni contaban con personal directo y de confianza a su servicio. Recordemos que hoy cada uno tiene siete personas que lo asisten, y no me digan que no se podría redistribuir tal fuerza laboral entre dipu-tados y senadores.

Antaño los parlamentarios eran numéricamente más, no tenían las facili-dades logísticas y de personal que hoy tienen, pero sin embargo el desempeño en la función era muy superior, los dictámenes de mayor valor conceptual y los debates de un nivel superior al actual.

No más excusas, necesitamos el retorno del Senado, sin duplicar las fun-ciones de la actual Cámara, pero también que nuestros compatriotas del Quinto Suyo puedan elegir a sus propios representantes. Eso sí, si se procede al debate de la restauración del Senado que sea en cuerda separada de otras reformas cons-titucionales que se han venido proponiendo como la renovación del Parlamento o la revocación del mandato congresal, o la del voto facultativo. Son temas dife-rentes, que deberían ser tratados independientemente y no en un mismo fardo.

Diario La Razón13 de junio de 2010

CONGRESO Y SESIONES RESERVADAS

Se encuentra en el debate parlamentario y también en medios de expresión, una modificación del Reglamento del Congreso para que las sesiones en que se traten sanciones disciplinarias sean reservadas, así como que el levantamiento de la reserva sea al final de la sesión, siendo públicos la transcripción del debate y el acuerdo final del Pleno del Congreso.

Como motivación al cambio propuesto se encuentra en realidad el com-portamiento inadecuado de algunos congresistas, lo que degenera en mayor desprestigio del Congreso. Quienes se oponen a la propuesta advierten que según el Reglamento congresal las sesiones son públicas como regla general y como excepción el Presidente del Legislativo puede ordenar que se pase a sesión secreta para tratar temas que pueden afectar la seguridad nacional y el orden interno.

Sin embargo el propio Reglamento del Congreso, adicionalmente a las sesiones públicas y a las secretas, contempla las reservadas, que es la modalidad prevista

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para las Comisiones Investigadoras. Consecuentemente no es novedad que exis-tan sesiones reservadas, que además en diversos parlamentos del mundo están establecidas para determinados casos.

Si la motivación para que las sesiones en que se traten temas disciplinarios sean reservadas, se sustenta en la prevención del mal comportamiento que en ellas pueden asumir algunos parlamentarios, nos parece que el correctivo o remedio es peor que la enfermedad, pues atenta contra la transparencia que se supone debe haber en el Parlamento. Más aún consideramos que si hay parlamentarios que ac-túan en los temas disciplinarios con otras inconductas, nada impide que sean san-cionados de acuerdo al mismo Reglamento del Congreso, pues según tal cuerpo normativo los congresistas deben “mantener una conducta personal ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia, y observar las normas de cortesía de uso común y las de disciplina parlamentaria“ que también están debidamente descritas.

Si las audiencias judiciales en que se procesa a inculpados por delitos son públicas, no vemos razón valedera para que las sesiones parlamentarias en que se tratan temas disciplinarios de parlamentarios sean reservadas. En el Poder Judicial la reserva es en casos de delitos previstos en el Código Penal dentro del capítulo de violación de la libertad sexual, por comprensibles motivaciones.

Las inconductas de algunos parlamentarios en las sesiones en que se tratan asuntos disciplinarios, no puede llevar al cierrapuertas, al ocultismo o al secretis-mo. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de saber sobre el comportamiento de los parlamentarios que hemos elegido, y sobre sus procesamientos disciplina-rios al que son sometidos, incluso imputaciones y su defensa frente a ellas.

Cierto es que hay parlamentarios que se transforman cuando hay prensa o público en las sesiones, y que los reflectores de la televisión, al igual que las luces de las cámaras fotográficas, los transforman como al famoso Dr. Jekyll en Mr. Hyde, sin por supuesto caer en este extremo. Bueno pues, de ser el caso que los sometan a disciplina y los sancionen, pero sin afectar el derecho de los ciuda-danos para conocer en vivo y en directo lo que pasa en el Congreso, mientras no sean temas de seguridad nacional y orden interno.

Diario La Razón21 de agosto de 2011

PARLAMENTO Y CONFLICTO DE INTERESES

Existen algunos congresistas que fundamentan sus posiciones y ejercen el voto en Comisiones y en el Pleno, pese a tener interés personal en los temas que se tratan.

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Para evitar que ello suceda se pretende modificar el Reglamento del Con-greso, que como sabemos tiene fuerza de ley, pero para ello conviene distinguir cuando se trata de interés general o del interés personal o particular.

El parlamentario que es farmacéutico evidentemente tiene conocimientos especializados que le dan mayor solvencia en la discusión de la temática de su es-pecialización, al igual como un ingeniero sanitario los tiene respecto a la temática del agua y saneamiento. Ciertamente un congresista de las profesiones médicas tiene mayor versación que otros para tratar sobre la normatividad del trasplante de órganos o de los asuntos hospitalarios. Mientras no tenga interés personal o conflicto de intereses, no habría motivo alguno para impedirles argumentar sobre los temas de su especialidad profesional o de su actividad empresarial, como tam-poco estar obligados a inhibirse en la votación.

Cuando existen intereses personales es regla ética la abstención, y no se re-queriría norma legal que lo explicite, pero como hay personas cuya actuación muchas veces está reñida con la ética, conviene dictar la normatividad legal que evite el aprovechamiento particular en las decisiones que se adoptan en el Con-greso, y también en los casos de conflicto de intereses.

Tanto en el Derecho Público como en el Derecho Privado existen precedentes, los que demuestran que no es ilusa la pretensión de incluir en el Reglamento del Congreso normas específicas que impidan el aprovechamiento y el conflicto de intereses. Por ejemplo en la Ley del Código de Ética de la Función Pública se esta-blece para el servidor público (incluido Poder Legislativo) el deber de neutralidad, transparencia y ejercicio adecuado del cargo, entre otros, así como la prohibición de mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas y hacer mal uso de información privilegiada.

En el propio Congreso existe el “Código de Ética Parlamentaria” que forma parte del Reglamento del Poder Legislativo, en donde se dispone que el congre-sista, en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y/o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses eco-nómicos directos personales o familiares, deberá hacer explícitas tales vinculacio-nes. Conociendo de las flaquezas de algunos parlamentarios, ello es insuficiente y debería complementarse con la obligada abstención del voto.

Hace bien el Congreso en poner el tema en debate y efectuar las modificacio-nes a su Reglamento que traten de evitar inconductas, pues ellas lamentablemente contribuyen al desprestigio en su conjunto del Poder Legislativo, pese a que las res-ponsabilidades y sanciones por inconductas tienen que ser personales y no grupales.

Diario Expreso07 de octubre de 2011

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SANA MEDIDA CONTRA OTORONGUISMO

La frase otorongo no come otorongo se hizo famosa en el Congreso, debido a ac-ciones y omisiones, que amparadas algunas veces en tecnicismos reglamentarios, dificultaban el procesamiento a congresistas o a altos funcionarios que tienen de-recho al antejuicio, lo que en la práctica se convirtió en un blindaje de protección indebida al denunciado.

Como sabemos la Comisión Permanente del Congreso tiene entre sus atri-buciones acusar ante el Pleno del Congreso a parlamentarios y otros altísimos funcionarios del Estado por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Este es el instituto del antejuicio.

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación tiene la responsabilidad de formular denuncia ante la Corte Suprema para el procesamiento correspondiente.

El procedimiento de acusación constitucional o antejuicio político se inicia al derivarse a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, las denuncias que por infracción a la Constitución o perpetración de delito en ejerci-cio de sus funciones, se imputen a los congresistas y a los altos funcionarios que la Constitución determina.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso la Subcomisión mencionada debería realizar dos audiencias, una para escuchar a denunciantes y denuncia-dos, así como recibir las pruebas de cargo y de descargo, y otra audiencia para elaborar y debatir el informe de la Subcomisión sea en el sentido del archiva-miento de la denuncia sea concluyendo con la acusación al o a los investigados, elevando el informe a la Comisión Permanente del Congreso.

El citado Reglamento preveía que en las dos audiencias deberían estar pre-sentes los doce miembros de la Subcomisión, salvo licencias otorgadas. Muchas veces para blindar a los denunciados, y sin que tuviera licencia, bastaba que uno de los miembros de la Subcomisión no concurriera a la audiencia, para que ella se frustre y el denunciado siguiera feliz y contento.

Recientemente se ha modificado el Reglamento Congresal disponiendo que para ambas audiencias el quórum es de la mitad más uno de los miem-bros de la Subcomisión y que sus resoluciones se toman por mayoría de votos. Esto es bastará la presencia de 7 de los 12 miembros de la Comisión para que exista el quórum, y si únicamente concurren 7, la mayoría que resolverá será de 4.

Con esta sana medida, que debemos aplaudir, se elimina un nefasto meca-nismo de indebida y mañosa protección a parlamentarios y otros altísimos fun-cionarios del Estado, para sustraerlos del antejuicio y demorar hasta las calendas

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griegas su procesamiento sea por infracción constitucional o por denuncia por ilícito de contenido penal. Algo se ha avanzado.

Diario Expreso11 de noviembre de 2011

LOTERÍA PARLAMENTARIA

La prensa ha dado cuenta que los congresistas suspendidos por sanción disciplina-ria, recibirán remuneración por los días de receso parlamentario, y habrían perci-bido asignación por función congresal, la que sustituyó a los “gastos operativos”.

Veamos: el Congreso está facultado a imponer como sanción disciplinaria a los parlamentarios, “suspensión de funciones” hasta por 120 días de legislatura (art. 95 de la Constitución). A diferencia de otros términos y plazos, que pueden ser de días naturales también llamados calendarios, o de días hábiles denomina-dos laborables, para el caso de la medida disciplinaria mencionada se computan días de legislatura.

Como la suspensión es continua se inicia en determinado día de la legis-latura, según cuando sea impuesta la sanción y termina en otro día también de legislatura, entendiéndose por legislatura al período ordinario de sesiones, que son dos al año. El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre y el segundo comienza el 1 de marzo y concluye el 15 de junio. Dichos períodos pueden ser extendidos y también se puede convocar a legislaturas o períodos extraordinarios.

Los congresistas dentro del receso parlamentario, si bien no concurren a sesiones, ello no les impide ejercer otro tipo de facultades, como por ejemplo pre-sentar proyectos de ley, así como dictámenes, pronunciamientos, e incluso solici-tar informes a los ministros y a otros altísimos funcionarios del Estado, y también ejercer las atribuciones de representación que el cargo congresal conlleva.

El congresista sancionado no interrumpe la suspensión cuando termina una legislatura hasta que empieza la siguiente, pues como hemos afirmado la sus-pensión es continua, y si dentro del período de suspensión se intercala receso parlamentario, en ése receso no podrá presentar iniciativas legislativas ni ejercer las atribuciones de los congresistas hábiles. Sin embargo estaría en mejor posi-ción que ellos, pues sin ejercer ninguna de las atribuciones congresales normales, seguiría recibiendo retribución sin laborar.

La remuneración del parlamentario, como la de cualquier trabajador, es la retribución por el trabajo desempeñado, y si dentro del período de suspensión

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hay un receso en que no trabaja por impedirlo la medida disciplinaria, obviamen-te no debería recibir remuneración, pues ella no es lotería. Los suspendidos han sido sancionados y no premiados, menos con el huachito de la suerte parlamen-taria ¿o sí?

El Congreso no debería dar malos ejemplos, pero si ser más escrupuloso para evitar con interpretaciones jaladas de los cabellos, dar señales del indebido y conocido otoronguismo. No se quejen cuando su prestigio, y la aceptación po-pular sigue en picada.

Diario Expreso23 de diciembre de 2011

¿SIRVE LA HOJA DE VIDA?

Gracias a la acuciosidad de la prensa nos hemos encontrado que han sido ele-gidos como congresistas personas que tienen un historial de denuncias ante el Ministerio Público, denuncias del Ministerio Público ante el Poder Judicial en etapa de evaluación, y lo que es más grave procesamientos de contenido penal en curso.

Si bien es cierto que existe la presunción de inocencia mientras no se expida sentencia condenatoria, no es menos cierto que en la Ley de Partidos Políticos pretendió que el ciudadano elector conociera la hoja de vida de los postulantes a cargos públicos electivos, como son Presidente y Vice-Presidentes de la Repúbli-ca, Representantes al Congreso y al Parlamento Andino, Presidente y Consejeros Regionales, así como Alcalde y Regidores.

Para lo antes expuesto, la Ley de Partidos dispuso que los postulantes en las agrupaciones políticas debían presentar una Declaración Jurada de Vida, para ser publicada en la página web de la respectiva organización. Si el postulante in-terno se convierte en candidato a cargo público electivo, la Declaración Jurada de Vida se incorpora a la web del Jurado Nacional de Elecciones. El objetivo de todo ello es claro, la transparencia y que el ciudadano elector conozca debidamente a los candidatos propuestos entre los que debe escoger.

La Declaración Jurada de Vida debe contener entre otros aspectos, la re-lación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos. Estimamos que ahora que se está proyectando por el JNE una nueva Ley Electoral, bien podría ampliarse la información para la hoja de vida, como son las denuncias penales contra el candidato que sean materia de investigación ante el Ministerio Público o procesamiento ante autoridades jurisdiccionales, aún

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cuando todavía no exista sentencia condenatoria definitiva. Esto sin desconocer la presunción de inocencia, pues el objetivo es que el ciudadano conozca a caba-lidad a los candidatos, sin que les sea escondido algo que pudiera ser relevante para la toma de su opción electoral.

Sabemos que toda norma sustantiva requiere de un procedimiento para ha-cerla cumplir y de sanción por incumplimiento. Sin embargo en caso de omisión de información de condenas penales en la hoja de vida o de información falsa, la sanción es la de retirar de la lista de candidatos al infractor, sin perjuicio de inter-ponerse denuncia penal cuando se estime comisión de ilícito penal.

Como vemos la sanción de retiro del candidato solamente puede ejecutarse antes de la elección y no después, lo que significa que si nadie se dio cuenta de la omisión, falsedad o engaño antes de la elección, el resultado es el hoy conocido de parlamentarios que han llegado con mochila de probables anticuchos -penales por cierto- al Congreso.

Debería incorporarse en nuestra normatividad que el congresista que lo-gró curul parlamentaria con carga previa de denuncias por delito doloso, pueda ser suspendido en su ejercicio parlamentario y sustituido temporalmente por el accesitario, hasta que concluya el enjuiciamiento penal. No se debería premiar, manteniendo en el cargo, a quien mintió, falseó u omitió información relevante para los electores

Diario El Comercio14 de enero de 2012

INTOLERANTE DEBATE POLÍTICO

El recinto por excelencia para el debate político, es sin lugar a dudas el Parlamen-to, donde sus integrantes “parlan” es decir: hablan, de allí el origen del nombre. En el Parlamento, cuyos miembros tienen por misión representar a la ciudadanía, fiscalizar y legislar, se analizan y debaten los planteamientos presentados por los congresistas en sus diferentes responsabilidades, debate que luego se traslada a los medios para que los ciudadanos también emitan su opinión y se pronuncien.

En el debate político parlamentario, desde tiempo atrás se ha venido notan-do falta de respeto por las ideas ajenas, intolerancia frente a los planteamientos de quienes opinan diferente, falta de cortesía, urbanidad y buenos modales para expresar las opiniones, y en muchas oportunidades penoso desprecio a ideas an-tagónicas. Esto mismo sucede también, aunque con menor estridencia, en otros foros públicos como lo son los consejos regionales y los concejos municipales.

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Quienes actúan en la forma descrita olvidan que es derecho humano y tam-bién constitucional, expresar ideas y opiniones con toda libertad, y por ello aun-que disgusten tienen que ser respetadas. En Democracia el diálogo político es indispensable, siempre que sea alturado, pues a través del mismo se llega a la verdad, se buscan consensos cuando ello es factible, se liman aristas y se afirman coincidencias para ponerse de acuerdo, y cuando ello no es posible democrá-ticamente se zanja la diferencia mediante el voto. De allí resulta el postulado tan conocido en los partidos de que antes de tomada la decisión tiene que haber absoluta libertad para pronunciarse, pero después de tomada tiene que haber unidad en su ejecución, sin perjuicio de también democráticamente tomar los caminos permitidos para su rectificación, de ser el caso.

Los gritos, diatribas y hasta insultos están demás en cualquier cambio de opiniones, y con muchísima más razón en temas serios y de interés público, y a mayor abundamiento cuando son expresadas en los foros oficiales.

Los hombres y mujeres que ejercen responsabilidades de Estado, sea en sus diferentes niveles como el nacional, los regionales y los locales, sea en sus diver-sos poderes como son legislativo, ejecutivo y jurisdiccional, además de las otras entidades estatales, están obligados a dar ejemplo de comportamiento, dado que los ojos y miradas de todos los ciudadanos están dirigidos hacia su actuación pú-blica. Es deber de quien ejerce responsabilidades de Estado y de gobierno, hacer docencia, y ella se tiene que dar también con el buen ejemplo.

El imaginativo popular bautizó a los parlamentarios y parlamentarias como “padres o madres de la patria” casualmente por su ejemplo y buenas maneras, y no quisiéramos que se transformen en malos “padrastros o madrastras de la patria”. Dice el aforismo que todo tiempo pasado fue mejor, pues quizás, por ello es bueno recordar la docencia y buenas maneras de conspicuos parlamentarios como los maestros Víctor Andrés Belaunde, Alberto Ulloa, Mario Polar, Ernesto Alayza, Andrés Townsend, Ramiro Prialé, Javier de Belaunde, Juan Chávez Mo-lina, entre muchos otros. ¡Cómo se les extraña!!!

Diario La Razón04 de marzo de 2012

BEMOLES DEL PROGRAMA GESTORES

Con la reducción de tensiones sobre el tema, me atrevo a comentar respecto al programa “Gestores para el Desarrollo Local” que aprobó la Mesa Directiva del Congreso y que ante la protesta generalizada se vio precisada a cancelarlo.

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El programa al que nos referimos, tuvo como finalidad ayudar en la función de representación de los parlamentarios, recopilar información de las poblacio-nes de menores recursos, identificar sus necesidades y problemas, así como los focos de conflictos sociales, a la vez que fiscalizar el cumplimiento de metas gubernamentales.

Sin dudar de la buena intención del Presidente del Parlamento y de quie-nes lo secundan en la Mesa Directiva, el tema trasciende a la mala ejecución del programa, que lejos de ayudar en la solución de conflictos, los estimuló, perjudi-cando al Gobierno del que es afín el Presidente del Congreso. Más aún, el mayor cuestionamiento al programa es la invasión de las atribuciones del Ejecutivo por el Legislativo.

La Constitución determina que el Estado es uno e indivisible y se organiza según el principio de separación de poderes, por lo que tenemos el Poder Legis-lativo, el Ejecutivo y el Judicial, sin olvidar a otros organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.

La línea limítrofe de sus competencias en algunos casos es tenue, tan es así que siendo el Poder Legislativo el llamado a aprobar las leyes, es el Ejecutivo quien más normas sanciona. Entre las funciones del Parlamento, en adición a la legiferante se encuentra la atribución de fiscalización y la de representación, y por esta última los congresistas que representan a la Nación tienen la facultad de informarse sobre el acontecer, los problemas existentes y la búsqueda de so-luciones.

La Mesa Directiva del Congreso al crear el programa aludido invadió o usurpó funciones del Ejecutivo en sus responsabilidades de gobierno y de administración, además de, queriéndolo o no, fomentar el clientelismo político con la contratación de los famosos “gestores”.

El asunto tiene más bemoles que los enunciados, pues el Presupuesto del Congreso no había considerado al mencionado programa ni a los gestores.

El Presupuesto del Congreso se aprueba por la Mesa Directiva, la que lo ele-va al Pleno del Congreso para que sea sancionado, como que lo fue, pero sin los gestores. Como quiera que el Pleno del Congreso no aprobó modificación de su Presupuesto para el año 2012, con la incorporación del programa de los gestores, se estaría transgrediendo la Ley del Presupuesto con el agravante que ello podría ser tipificado como delito de malversación de bienes públicos, al darse al dinero proveniente del erario nacional un fin distinto del que fue previsto presupues-tariamente.

Acordémonos que como dice antiguo aforismo, con buenas intenciones está empedrado el infierno, pero también lo pueden estar los establecimientos peni-

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tenciarios por falta de cuidado en las decisiones de los agentes del Estado, por más buena fé y elevadas intenciones que los adornen.

Diario La Razón01 de abril de 2012

OTRA PERLA DE NORMATIVIDAD INNECESARIA

Que duda cabe, ¡Jauja es una perla! Todos la admiramos y el 25 de abril que es su onomástico, lo conmemoramos, recordando que ese mismo día en el año 1534 fue fundada por Francisco Pizarro como “Santa Fe de Hatun Xauxa”, y fue nuestra primera capital, sustituida después por Lima.

Hasta aquí nada raro, salvo que el 25 de abril del presente año, se publica en el diario oficial “El Peruano” la Ley Nº 29856, con texto simple y claro: “Declárase la ciudad de Jauja como la Primera Capital del Perú, fundada el 25 de abril de 1534” Innecesario por cierto, ya la Historia lo tiene registrado.

El proyecto de ley fue presentado el pasado 28 de febrero, dictaminado una semana después y aprobado rápidamente por el Congreso, con la probable pre-mura de sus autores para que fuese publicado en el día del aniversario de Jauja, todo lo cual es muy loable, aunque no necesariamente ello ayude nuestro desa-rrollo, constituya una norma que beneficie a todos los peruanos o eleve los nive-les de vida de la población, o contenga algún mandato legal inequívoco.

Las leyes constituyen normas de obligatorio cumplimiento, deben ser manda-torias, sin embargo ha sido frecuente aprobar normas declarativas y otras que expre-san buenos deseos o cívicas aspiraciones, pero que no ordenan absolutamente nada.

Consideramos que el Parlamento es esencial en toda Democracia, y que siendo sus funciones las de representación, fiscalización y legislación, debe cum-plirlas con eficiencia para elevar su alicaído prestigio. Poco favor se hace a sí mismo el Parlamento cuando incurre en escándalos, cuando tapa situaciones vergonzosas, cuando esconde inconductas de sus miembros, o cuando aprueba normatividad innecesaria.

Existiendo en el Congreso infinidad de proyectos por dictaminar y votar, en temas importantes para el desarrollo del país y la inclusión social, así como pendientes numerosas acciones de fiscalización, no debería volverse a la criticada costumbre de dictar leyes declarativas. Gran esfuerzo hizo el Parlamento anterior para retirar del inventario de leyes vigentes muchas que eran obsoletas, no tenía sentido mantenerlas o eran meramente enunciativas o declarativas. No echemos por la borda ésa importante tarea de limpieza legislativa.

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Guardando distancias, no deberíamos volver a la malsana práctica de seguir sancionando leyes meramente declarativas, como puede ser señalar el día de San Juan, considerar de interés nacional la promoción de la integración de los pueblos latinoamericanos, nominar el día de la cultura afroperuana o el día na-cional de la visión. La declaración de otra ciudad como “ejemplo de patriotismo” se encuentra en ése mismo nivel al igual que la declaración por Ley del Señor de los Milagros como Patrono del Perú, sin perjuicio de nuestras creencias y devo-ciones.

Si viajan los congresistas al interior del país para sesiones descentraliza-das, o si siguen postergando importantes debates distraídos por la semana de “representación” o si aspiran el oxigenado aire de Punta Negra al inspeccionar lo que podría ser otro lugar de descanso, ¡Por favor! No se vayan a inspirar para presentar más leyes declarativas. Ojo, tampoco se asesoren en ésa materia con los inconvenientes “gestores”.

Diario La Razón29 de abril de 2012

CASO CARRANZA: ¿FISCALIZACIÓN O PERSECUCIÓN?

Por Ley 29264 se estableció el “Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria” (PREDA) para ayudar a los agricultores a cumplir con sus obli-gaciones crediticias vencidas, autorizándose al AGROBANCO a adquirir la cartera morosa. Con tal fin el Ministerio de Economía y Finanzas debía transferir al AGROBANCO cincuenta millones de nuevos soles con cargo a los Bonos del Tesoro Público allí señalados o con otros que considere ade-cuados.

Como quiera que el MEF no realizó la transferencia al AGROBANCO ya que no tenía en stock los bonos mencionados, para cumplir con la Ley 29264 se tuvo que dictar el Decreto de Urgencia Nº 009-2010 el cual dispuso que los Bonos del Programa RFA mantenidos en el Fondo Especial del AGROBANCO fueran vendidos por el Banco de la Nación en el mercado secundario de valores. Los re-cursos obtenidos se entregarían al AGROBANCO para la adquisición de cartera morosa que obligaba la ley mencionada.

El Ministro de Economía Luis Carranza fue denunciado en el Congreso por infringir la Constitución y por delito de omisión, rehusamiento o demora de ac-tos funcionales al no haber efectuado la transferencia ordenada. Lo cierto es que no hay ni infracción a la Constitución ni menos perpetración de delito.

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El imputar a un Ministro o ex-Ministro infringir la Constitución o cometer delito es de suyo grave y tiene que tratarse sin apasionamientos y con la mayor objetividad, pues podría convertirse el ejercicio regular de la fiscalización parla-mentaria en persecución, lo que sería inadmisible.

La denuncia de infracción constitucional cae por su propio peso, pues en el mejor de los casos podría pretenderse acusar por transgresión a la ley pero no a la Constitución. Luis Carranza podría haber dejado de cumplir la Ley 29264, pero no la Constitución, por lo cual no cabe acusación por este último motivo.

En el caso de haber incumplido la ley debe tenerse presente los principios elementales de derecho, como que no se puede obedecer normas ni cumplir obli-gaciones cuya ejecución resulte jurídica o fácticamente imposible. Si como se acreditó en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el MEF no tenía existencias de los bonos requeridos para ser entregados al AGRO-BANCO, el Ministro de dicho Sector no puede cumplir con lo imposible ni tam-poco puede hacer emisiones de bonos que no cuenten con la previa autorización del Parlamento.

La imputación de delito al citado hoy ex-Ministro es también írrita, puesto que no se ha negado, rehusado ni demorado en el cumplimiento de la ley, sino que ella era –como hemos visto- imposible de cumplir, tan es así que posterior-mente se necesitó expedir un Decreto de Urgencia para hacerla viable.

Si el Ministro al que nos referimos, por cierto impopular en su tarea de guar-dián de la caja fiscal, hubiera accedido a las presiones y efectuado la transferencia de recursos al AGROBANCO sin tener el stock de bonos, hoy probablemente sería -con razón- pasible de denuncia por malversación de fondos del Estado.

Los congresistas deben cumplir con su responsabilidad fiscalizadora, con corrección, objetividad y sin pasiones.

Diario La Razón20 de mayo de 2012

HONORES, DISTINCIONES Y RETRIBUCIONES

Es usual en el Congreso que cuando se conmemora importante aniversario de hechos de relevante valor y sacrificio efectuado por militares o policías, salte como un resorte algún parlamentario para proponer honores, condecoraciones, ascensos en vida o póstumos, al igual que premios dinerarios, reparaciones y asistencia médica para quienes resultaron afectados, así como vivienda y pensio-nes que alcanzan hasta a los deudos.

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Lo mismo sucede cuando en el cumplimiento del deber para defender nues-tra soberanía, o restablece el orden interno, se producen lamentables bajas con el resultado de fallecidos, mutilados y heridos en acciones armadas, accidentes vinculados con ellas y sangrientas emboscadas.

Quienes tienen vocación militar o policial, conocen que están expuestos a los riesgos propios de su profesión y que al igual que pueden ser exitosas las opera-ciones en que participan también pueden tener reveces, pero que con triunfo o sin él, son probables las bajas en los combatientes, los que esperan que si ello sucede sean atendidos adecuadamente por el Estado con asistencia médica, hospitalaria y terapéutica, hasta con pensiones de invalidez si fuera el caso, y que si perdieran la vida sus familiares dependientes no pierdan recursos económicos que les prive del nivel socioeconómico al que estaban habituados.

No dudamos que quienes en el Congreso sugieren los beneficios, reconoci-mientos y reparaciones a los que nos referimos, lo hacen movidos por sentimien-tos de solidaridad y aprecio con nuestros combatientes y sus familias, pero ello se hace desordenadamente, sin considerar que no todas las acciones de combate son iguales ni los heroísmos son de la misma magnitud. Este desorden generado por el espontaneismo parlamentario lleva muchas veces a situaciones desmedi-das que inquietan a los sobrevivientes de acciones de armas de antaño o pertur-ban a los deudos de quienes ofrendaron su vida por la patria.

Por todo ello nos parece adecuado que un grupo de parlamentarios que es-tán en situación militar o policial de retiro, y con amplia versación, estén dise-ñando una ley de sistematización que evite los espontaneismos y racionalice los honores, atenciones, bonificaciones, premios de estímulo, ascensos extraordina-rios y pensiones por acciones distinguidas.

No olvidemos que aún hay tramos por cumplir de beneficios que se dictaron para nuestros combatientes de 1933, 1941 y del Cenepa, pero que no se han hecho efectivos en su integridad por incomprensión presupuestal, pese a los requeri-mientos de los sectores a los que pertenecían los combatientes. Es hora que se cumpla con ellos, muchos de los cuales son más que veteranos.

Diario Expreso25 de mayo de 2012

SECRETISMO REMUNERATIVO

La Constitución dispone la obligatoria publicación periódica en el diario oficial, de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros

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servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. Los congresistas están inmersos en tal disposición de cumplimiento insoslayable.

Tanto la Constitución como la ley pretenden terminar con el ocultismo re-munerativo, impedir el secretismo en dicha materia y propiciar la debida trans-parencia.

¿A qué va todo ello? A buscar las motivaciones por las cuales el Congreso ha dictado la Resolución Legislativa No 7-2012-CR, publicada el 9 de junio último, y que hasta ahora nadie ha podido explicar.

En la tramitación del proyecto normativo base de la Resolución Legislativa a la que nos referimos, no han intervenido comisiones dictaminadoras, pues en los esta-mentos de concertación parlamentaria como es la Junta de Portavoces, se le dispensó de tal requisito, pasó por un tubo al Pleno del Congreso y se aprobó sin debate.

La Resolución Legislativa tiene como finalidad supuesta el precisar que el Régimen Laboral, la Seguridad Social y los Derechos Funcionales establecidos en el Reglamento del Congreso, deben respetar la normatividad laboral y tributaria vigente, como si ello no estuviere hace tiempo establecido, o como si el Parla-mento estuviere incumpliendo la normativa laboral y tributaria aplicable a los congresistas.

Al modificar la Segunda Disposición Final del Reglamento del Congreso, la Resolución Legislativa que comentamos determina que las normas del citado Re-glamento que establecen el Régimen Laboral, la Seguridad Social y los Derechos Funcionales, deben respetar lo establecido por la normatividad laboral y tribu-taria vigente, en lo que fuere aplicable. ¡Misterio de barrio Chino! Y no por la cercanía del Palacio Legislativo a la calle Capón.

El Congreso desde tiempo atrás ha venido decreciendo en la estima ciudadana, y ello no es bueno para la Democracia pues el Parlamento es la casa de todos, en donde se debe hacer las labores de representación ciudadana y de fiscalización del aparato público, y es el recinto de las leyes, donde se discuten y sancionan las normas legales que nos obligan a tener y mantener la convivencia democrática. No es bueno por ello que se aprueben normas de dudosa motivación y de factura poco clara.

Para el ciudadano común la impresión que se da con dicho tipo de nor-matividad, es que los congresistas son buenos para ponerse de acuerdo en sus beneficios, pero muy malos para lo que es vital para el Sistema, como el nombra-miento del Defensor del Pueblo, llenar las vacantes producidas en el Tribunal Constitucional y elegir a los representantes del Congreso en el Directorio del Banco Central de Reserva. Este doble estandard no es saludable.

Diario Expreso15 de junio de 2012

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JIMÉNEZ Y VAIVENES

El tercer Gabinete Ministerial del Presidente Humala, concurrió al Congreso para cumplir con el mandato constitucional de exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

Teniéndose en cuenta que en un año se han sucedido tres gabinetes, evidente-mente poco puede agregar el Presidente del actual Consejo de Ministros a lo dicho meses atrás por sus antecesores, y porque siendo el mismo gobierno, lo ofertado por los anteriores gabinetes no ha podido concluirse y se requiere de cierta con-tinuidad para alcanzar las metas propuestas.

Si bien es verdad que cada gabinete tiene sus preferencias y puede tener sus toques singulares, el primero incidió en el desarrollo con inclusión, el segundo se autodenominó el gabinete de la cohesión, y el actual -presidido por Juan Jiménez- enfatiza su disposición al diálogo, y por ello llegó al Parlamento con rama de olivo además de las buenas maneras que lo caracterizan y que le reconocemos.

Por lo general, en todo lo dicho por el actual Presidente del Consejo de Mi-nistros podemos coincidir, aunque es bueno advertir de su discurso dos situacio-nes que merecen comentario aparte.

La primera, su creencia en el diálogo para la resolución de los conflictos, sin excluir “la acción ni el uso de las fuerzas del orden público, ni de la acción de la justicia, cuando se vulneren los derechos constitucionales…” Bienvenida esta clara definición pues las normas legales tienen que respetarse y el gobierno está obligado a hacerlas cumplir, sin contemplaciones ni remilgos. Al enunciado ten-drá que agregársele la acción para recuperar el orden y que nuestro país no sea un pandemónium en que cada cual haga lo que le da la gana y las autoridades, pintadas en la pared.

La segunda es el enunciado que “somos un país con una riqueza mayor que los metales que se encuentran en sus entrañas”. Cierto, pero la intencionalidad que aparenta es quitar importancia a las actividades extractivas como son la mi-nería, el petróleo, el gas y la pesca, así como la explotación de fuentes energéti-cas, que son absolutamente compatibles con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos hídricos. Dichas actividades son más que importantes pues nutren la caja fiscal que permite al Estado cumplir con sus obligaciones así como solventar los crecientes programas sociales que son parte de las acciones de inclusión. Lamentablemente pasará mucho tiempo para que otros sectores como el industrial y el agrario puedan sustituir los ingresos fiscales que hoy proveen las actividades extractivas. ¡Cuidado con los vaivenes!

Diario Expreso24 de agosto de 2012

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DE SU SELVA SUS CONGRESISTAS

El Presidente del Congreso con un grupo de parlamentarios que representan a ciudadanos de departamentos de selva, han presentado un proyecto de ley para reformar la Constitución a fin de incrementar el número de parlamentarios en los distritos electorales selváticos, esto es Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y San Martin. Peor momento no han podido escoger, pues la ciudadanía está morti-ficada con su Congreso el que generosamente eleva los ingresos de sus integrantes pero no ha sido capaz en año y medio de funcionamiento de nombrar al Defensor del Pueblo, a los delegados del propio Congreso ante el Banco Central de Reserva y a los magistrados del Tribunal Constitucional que llenen las vacantes que se han producido.

Más allá de la oportunidad en que se presenta la iniciativa legislativa, es con-veniente tener en cuenta que la Constitución de 1979 fijó en 180 el número de diputados y en 60 el de senadores. Ése número de parlamentarios que sumaban 240 se redujo a la mitad y en una sola Cámara por mandato de la Constitución de 1993, olvidando que el número de 240 ya era reducido si se tenía en cuenta la población del Perú.

Nuestra anterior Constitución de 1979 derivó a la ley determinar la distri-bución de los parlamentarios en las respectivas circunscripciones, esto es los de-partamentos y la Provincia Constitucional del callao, y fijó para ello como criterio el de la densidad electoral. En la Constitución actual no se fija el criterio pero se remitió a la ley la distribución de los escaños que se elevaron de 120 a 130 para dar cabida a congresistas originarios de Lima Provincias. El criterio de la Ley Orgánica de Elecciones No 26859 también fue el de la densidad electoral.

Somos conscientes que en la actualidad contar con solamente 130 parla-mentarios, es insuficiente si se lo relaciona con la población, principalmente la electoral para efectos de representación, y si se compara el respectivo ratio con el de otros países se acreditará la infrarepresentatividad parlamentaria, pero de allí a pretender elevar el número de congresistas únicamente en zonas de selva bajo la motivación del extenso territorio amazónico y colateral, nos parece un exceso.

Más grave aún es el ejemplo que se da a parlamentarios que provienen de otras localidades, que bien podrían considerar diminuta la representación congre-sal de sus circunscripciones y exigir bajo cualquier motivo o pretexto un mayor número de legisladores.

Si se pretende aumentar el número de congresistas lo equitativo sería definir primero el criterio del aumento y lo lógico sería vincularlo al número de habitantes o de electores en cada circunscripción electoral, con un número mínimo de congre-sistas para cada una de ellas y dando también cabida a representantes de nuestros

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connacionales en el extranjero. Ello sin olvidar que necesitamos contar con un Senado de extracción diferente al de la Cámara de Diputados, para que no sea una repetición de aquella, y con funciones singulares.

Busquemos soluciones integrales y no parches demagógicos que lejos de prestigiar al Parlamento, lo hacen desmerecer en el imaginario nacional.

Diario La Razón23 de diciembre de 2012

BOBA DECISIÓN

Los parlamentarios dieron marcha atrás ¡bien por ello! Pero no nos impide se-ñalar que el aumento de los congresistas fue tosco, se duplicaron la “asignación congresal” la que fue elevada en cien por ciento para tenerlo bien claro.

No dudamos que los altos funcionarios públicos deben ganar bien y ello sería muy justo si se lo merecen, pero lamentablemente muy mal cuando los au-mentos retributivos son abusivos en relación con los incrementos a otros sectores de la Administración Pública, como por ejemplo a los maestros, los militares, los policías, los médicos, las enfermeras y a tantos otros que se les mezquina cuando reclaman por elevar sus ingresos.

El resultado es que la generalidad de las personas resiente por el doble es-tándar demostrado en los incrementos remuneracionales y protesta con absolu-ta razón. Aumentos prudentes se entienden, pero cuando ya percibes antes de impuestos entre sueldo y asignación congresal aproximadamente S/ 23,000, un aumento de S/ 7,500 es de más o menos un 33%. No existe ningún otro grupo laboral privilegiado con tan sustancial aumento, y ello marcó la inequitativa di-ferencia.

Algunos han señalado que no se trataba de aumento salarial, pues es para gastos de representación. La verdad es que era una asignación por la que no se rinde cuenta, o sea de libre disposición, y por la que además se pagaría Impuesto a la Renta ya que forma parte de la renta por trabajo dependiente, consecuente-mente pese al nombre de asignación congresal es remuneración.

Queriendo justificar lo injustificable, algunos dijeron que como son única-mente 130 los parlamentarios, el aumento no era de mayor impacto presupuestal. ¡Vaya criterio! Con ése planteamiento bien podría entonces el Defensor del Pue-blo, que es uno solo, o el Contralor General de la República, que también es uno solo, o el Fiscal de la Nación que es igualmente unipersonal, percibir mil veces más que un congresista. No resiste el más mínimo análisis.

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Lo que es peor, el actuar parlamentario que comentamos dió pie a que se alcen voces postulando el cierre del Congreso con la consecuente quiebra del sistema e institucionalidad democrática, lo que es inaceptable. El Congreso es indispensable en cualquier democracia, aunque muchos de sus integrantes no merezcan integrarlo.

Otras voces agregaron que con el cierre del Congreso podría convocarse a Asamblea Constituyente para debatir una nueva Constitución, absurda tesis que volvería a paralizar al país, cuando basta hacer solo modificaciones puntuales. La democracia dicen que no debe ser boba, pero la representación parlamentaria tampoco.

Diario Expreso11 de enero de 2013

REMUNERACIONES DE ALTOS FUNCIONARIOS

Desistido el Parlamento de aumentar las remuneraciones a los congresistas en monto inusual y de espaldas al sentir de la ciudadanía, que por lo demás son sus electores, es conveniente tratar el traspié dentro del contexto de las retribuciones a los altos funcionarios del Estado, en que es notorio existe gran desorden.

Los parlamentarios perciben del Estado retribuciones por sus tareas mayo-res a la de los ministros, igual sucede con los jueces supremos y fiscales supre-mos, así como magistrados constitucionales, entre otros, y hay funcionarios de diversas instituciones del sector público -aunque con menor jerarquía- que tam-bién reciben remuneraciones y beneficios sustancialmente mayores que otros de jerarquía superior, sin desconocer sus altas responsabilidades y la importancia de su desempeño técnico y especializado.

El desorden expuesto requiere de correcciones y la ruta para ello creemos que debe encontrarse en el Artículo 39 de la Constitución en que se determina la pirámide jerárquica, en la que como es lógico el Presidente de la República se encuentra en el sitial más elevado en el servicio a la Nación, y en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Consti-tucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del pueblo, en igual categoría, y luego los representantes de organismos descentralizados y otros funcionarios lo que estará determinado por la ley.

Tomando como adecuada referencia el tema de las jerarquías, debería ello ser copiado para el tema retributivo y ordenar la prácticamente inexistente esca-

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la salarial para altos funcionarios del Estado. Pero el asunto no debe quedar en lo expuesto, es necesario actualizar la normatividad existente para regular el ingre-so a la carrera administrativa, así como los derechos, deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos tal como también ordena el artículo 40 de la Consti-tución, y hacer viable la “meritocracia” de la que tanto se habla pero poco se hace.

La situación se agrava con los muchos regímenes laborales existentes en la empleocracia pública, como muy bien fue advertido en su momento por el ex ministro de trabajo Dr. Zavala Costa, cuyos estudios ha actualizado SERVIR, lo que no debe quedar como simple referencia o material de consulta en los atibo-rrados archivos públicos, sino que tiene que utilizarse para reestructurar todo el sistema laboral del aparato administrativo del Estado.

Tiene que quedar muy en claro que la determinación remunerativa tiene doble vertiente, por un lado las necesidades de quien ejerce función laborando para el Estado y por otro las posibilidades del erario nacional, sin olvidar que las retribuciones no son estáticas, requieren aumentos periódicos bajo el criterio por un lado de su valor adquisitivo y por otro lado como premio de estímulo por el buen desempeño.

A ello tendrá que agregarse definiciones sobre gastos vinculados con la ges-tión y demás facilidades, pero con absoluta transparencia, en lo que debe ser parte de la reforma del Estado que muchos reclaman.

Diario La Razón13 de enero de 2013

A 21 AÑOS DEL FATÍDICO 5 DE ABRIL

No debemos olvidar el famoso “DISOLVER” pronunciado el 5 de abril de 1992 por el entonces Presidente Constitucional Alberto Fujimori, que se tornó a partir de aquel entonces en Presidente de facto. Cerró entre otros al Congreso, cesó a altísimos funcionarios y magistrados de la Nación e instauró el autoritarismo que hemos sufrido.

Uno de los pretextos para la abusiva e ilegal medida fue que el Congreso cesado obstaculizaba la labor gubernamental, lo que es FALSO. Como integrante de la Cámara de Diputados soy testigo que en el primer año del régimen del Ing. Fujimori elegimos a miembros de su bancada como Presidentes del Senado y de la Cámara Baja, lo que varió el siguiente año al ganar la presidencia de ambas cá-maras, también por elección democrática, parlamentarios de la oposición, lo que es absolutamente legítimo pues en Democracia la mayoría decide.

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El Parlamento elegido en 1990 facilitó la acción gubernamental y genero-samente delegó en el Ejecutivo dictar normas referidas a tributación, exonera-ciones e inversiones (Ley 25279) con las que se inició la transformación del Perú. Se delegó también en el Gobierno el dictado del Código Penal (Leyes 25280 y 25305) así como el Código de Procedimientos Penales (Ley 25281), el Código de Procedimiento Civil (Ley 25282), el Código de Menores (Ley 25296), y el Código de Ejecución Penal (Ley 25297). Irónicamente -como decimos- solo faltó delegar el “Código de Barras”.

Gracias a facultades delegadas pudo el Gobierno aprobar el Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera (D.L. 662), al igual que Medidas para Garantizar la Libertad de Comercio Exterior e Interior (D.L. 668), la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado (D.L. 674), el Sistema Privado de Pensiones (D.L. 724), la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. 757) y el marco legal necesario para enfrentar exitosa-mente al terrorismo.

Cuando hubieron excesos normativos, el Parlamento según sus atribuciones constitucionales, modificó o dejó sin efecto algunas de las medidas del Ejecutivo y dictó la Ley 25397 o Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del Presidente de la República, a fin de que hubieran los pesos y contrapesos de los sistemas democráticos, en que el Presidente por más que personifique a la Nación, no puede hacer lo que le da la gana.

Como probamos, el Parlamento en ejercicio el fatídico 5 de abril colaboró lealmente.

Diario Expreso05 de abril de 2013

CUIDADO, NO ES COMO SEA

Desde hace dos años por lo menos, no tenemos Defensor del Pueblo, como tampo-co los tres directores del Banco Central de Reserva que representen al Congreso de la República. En el Tribunal Constitucional hay seis magistrados que han excedido el término para el que fueron elegidos, que en algunos casos es de varios años.

Desde infinidad de instituciones públicas y privadas, así como por ciuda-danos que quieren que el Estado camine bajo la conducción de quienes deben ser legítimamente nombrados, reclama al Congreso el cumplimiento de su deber constitucional de seleccionar, escoger y nombrar a las personas idóneas para ocu-par los importantes cargos vacantes.

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Téngase presente que a la Defensoría del Pueblo le compete defender los de-rechos constitucionales de la persona; supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos; tener inicia-tiva en la formación de las leyes y facultad para interponer acción de inconsti-tucionalidad de las normas legales. Si bien no tiene prerrogativa mandatoria, su herramienta es la persuasión, por lo que requiere de elevado grado de autoridad moral, respeto público y trayectoria impecable.

El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad de las normas legales, a quien compete conocer la acción de inconstitucionali-dad y derogar las normas que declare inconstitucionales. Además es instancia última en resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento, con el complemento de conocer y resolver los conflic-tos de competencia o de atribuciones constitucionales entre las instituciones del Estado. Las altísimas funciones del Tribunal Constitucional exige que sus integrantes, además del conocimiento especializado en materia constitucional, gocen por lo menos de independencia, buena reputación y del respeto ciuda-dano.

El Banco Central de Reserva tiene por finalidad preservar la estabilidad mo-netaria, debiendo regular la moneda y el crédito del sistema financiero, así como administrar las reservas internacionales. Ello no es poca cosa, sus elevadísimas responsabilidades exigen que sus directores tengan gran versación económica, autonomía y honorabilidad, debiendo 4 de los miembros del Directorio ser desig-nados por el Poder Ejecutivo y 3 por el Congreso de la República.

Por la importancia de las funciones que ejercerán el Defensor del Pueblo, los magistrados constitucionales y los representantes del Parlamento al Directorio del BCR, la Constitución exige para su designación mayorías calificadas. Para el Defensor y los magistrados aludidos, el voto de por lo menos dos tercios del nú-mero legal de congresistas; y para los directores del BCR con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Estas mayorías calificadas obligan a buscar amplios consensos, que no tienen por qué ser repartija, y el hecho de ser diez las vacantes a cubrir, cuya acumulación es de responsabilidad del Legislativo, no lo puede conducir a fijar cupos, sino a buscar a los más calificados en lo profesional y moral.

Dentro de los propuestos, varios tienen los méritos, pero no siendo regla general, el Congreso no debe hacer la elección a como sea. Sería irresponsable y riesgoso para el país.

Diario La Razón14 de julio de 2013

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EN TC Y EN DP FUE PEOR EL REMEDIO

En el Congreso, probablemente muchos de los parlamentarios que votaron para llenar las vacantes en el Tribunal Constitucional y en la Defensoría del Pueblo, lo tuvieron que hacer con venda en los ojos, mordaza y ajustándose la nariz. Antes habíamos escuchado expresar a algunos que con la elección en que participarían, tendrían que comer sapos.

Advertidos estaban, nadie los ha sorprendido, conocen a todos los que esta-ban en el bolo para ser elegidos a altísimos cargos por el Congreso y que si han actuado como lo han hecho es porque les dio la gana, nadie los obligó, presionó ni menos extorsionó.

Que algunas de las vacantes no cubiertas en el TC lo estuvieran por varios años al igual que el titularato en la Defensoría del Pueblo, ello es grave, pero para solucionarlo no se justifica que lo hagan con algo peor. Era absolutamente cues-tionable que importantísimos cargos a ser cubiertos, no lo fueren, pero aún más cuestionable es que se haga con personas que no reúnan las calificaciones para cargos relevantes de gran responsabilidad.

Evidentemente que entre los elegidos por el Congreso hay personas de altísi-mas calificaciones profesionales y morales, ¡sin ninguna duda! Pero hay otras que lamentablemente sólo reúnen los requisitos formales establecidos por la Consti-tución y la Ley, como son profesión y edad. ¿Pero ello es suficiente? La respuesta es que se necesita adicionalmente buena reputación, gozar del respeto ciudadano, y ser insospechados de atender presiones políticas o de cualquier otra naturaleza.

Hemos escuchado a congresistas que para responder a la crítica ciudadana y especialmente de los jóvenes que han mostrado su indignación con lo acontecido, han manifestado que tenían que cumplir con un acuerdo o pacto político. Por su-puesto que los acuerdos se tienen que cumplir, pero también se pueden modificar e incluso cancelar. Como hay la autonomía de la voluntad para hacer convenios, también la hay para modificarlos y cancelarlos, y es aquí donde el Parlamento de-bió escuchar la voz del Pueblo que advertía del desatino y que una vez producido clama por su rectificación.

No olvidemos que tanto la Constitución como el ordenamiento jurídico per-miten hacer convenios, sin exclusión de los políticos, pero con fines legítimos, sin contravenir las leyes de orden público. Además la moral y las buenas costum-bres, siempre deben tenerse presente, son principios y no simples modas que algunos descalifican por antiguas.

Diario Expreso19 de julio de 2013

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DE HORROR ¡OBJETAN CUMPLIR LA LEY!

La comisión congresal nombrada para investigar al pasado gobierno nacional, a la que llaman “Mega Comisión”, ha incurrido por lo menos en un mega error, al cuestionar las facilidades del Sector Defensa, específicamente de la Marina de Guerra a favor del Ministerio Público (léase Fiscalía), respecto a las investigacio-nes que realizaba sobre interceptación telefónica.

El Ministerio Público, por mandato constitucional (art. 159 inc.4) tiene entre sus prerrogativas conducir desde su inicio la investigación del delito.

Por otro lado al Presidente de la República, también por disposición consti-tucional, le corresponde cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales (artículo 118). Adicionalmente el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacio-nal (artículo 167 de la Constitución).

En el proyecto del informe de la Mega Comisión que es materia de comenta-rios en la prensa, sin que haya sido discutido y menos aprobado, se critica que el Presidente de la República disponga atender al Ministerio Público, y lo peor que pretendan que ello constituye intromisión en la Administración de Justicia, y que insinúen que hay una confabulación delictuosa entre el Presidente, la Fiscal de la Nación, el Fiscal Superior encargado de temas de corrupción y el Fiscal Provin-cial comisionado para la investigación, para perjudicar la investigación.

Más que error es de ¡horror! Podríamos entender que se cuestione al entonces Presidente de la República si hubiera ordenado obstaculizar u obstruir la investi-gación fiscal, pero ha sido todo lo contrario. Su disposición fue que hubiera amplia colaboración, y en efecto ella se dio desde el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra, como tenía que ser, pues ello implica cumplir con la Constitución y la Ley. La Marina además emitió comunicado comprometiendo su cooperación.

En la oportunidad que se facilitó la investigación fiscal, se hizo por exhorta-ción presidencial de cumplir con las normas, y para obedecer la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo N° 052) y la entonces vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158 ) que ordenan a las autoridades de dicho Poder a cumplir con la ley, relacionarse con otras autoridades con arreglo también a la Constitución y la ley y deben desarrollar mecanismos de coopera-ción con TODAS las autoridades de la Administración Pública, lo que indiscuti-blemente incluye al Ministerio Público.

La Mega Comisión debe enmendar el error.

Diario Expreso13 de setiembre de 2013

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VIAJE CHICHA

Entre las atribuciones del Congreso se encuentra autorizar los viajes al exterior del Presidente de la República, disposición mantenida prácticamente invariable en nuestras sucesivas Constituciones.

La actual Constitución dispone que la Presidencia de la República vaca por “salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado” (inciso 4 del artículo 113).

El 27 de setiembre de 2013 el Presidente de la República solicitó al Congreso autorización para ausentarse del Perú del 2 al 10 de Octubre “con el objeto de rea-lizar una visita oficial al Reino de Tailandia y participar en la XXI Cumbre de Lí-deres de APEC…en Bali, República de Indonesia del 2 al 9 de Octubre de 2013”.

El Congreso autorizó el viaje según Resolución Legislativa Nº 30089 del 1 de Octubre de 2013, ordenada cumplir por el Presidente también el 1 de Octubre, y milagrosamente publicada en el diario oficial “El Peruano” ése mismo día.

Resulta ser que el Presidente no estuvo hasta el 9 de Octubre en Bali, sino que antes que concluyera la importantísima Asamblea de APEC se retirara de ella y se fuera tomar alguna aromática infusión con el Presidente de Francia François Hollande, para tratar sabe Dios qué.

Diversos actores políticos saltaron hasta el techo, algunos imputándole al Presidente Humala transgresión constitucional e incluso ser pasible de vacancia de su alto cargo.

Pongamos las cosas en su lugar, para que exista vacancia se requiere transgre-sión constitucional, como es salir del país sin permiso del Congreso, pero este último dio el permiso. También es transgresión constitucional, con sanción de vacancia, que el Presidente no regrese dentro del plazo fijado, pero regresó al país a tiempo. Como vemos no hay transgresión constitucional, empero si hay transgresión legal.

En efecto la Ley 28344 reguló la autorización de salida al exterior del Presi-dente de la República, disponiéndose que debería darse información del destino y objeto del viaje y días de ausencia. Como sabemos el destino a París no fue ni soli-citado ni menos autorizado, por lo que hay infracción a la norma legal de lo que no puede responsabilizarse al Presidente dentro de su ejercicio, pero si al correspon-diente ministro (artículos 117 y 128) que podría ser censurado en el Parlamento.

Todo este manejo informal y chicha se presta a mil y una suspicacias sobre la escala parisina y le hace mal al prestigio ganado de nuestra Cancillería, y por culpa ajena.

Diario Expreso11 de octubre de 2013

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INJUSTO VETO

Prometen los congresistas hacer lo posible, para que en breve tengamos en fun-ciones a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que sustituirán a los actuales con mandato vencido, así como al Defensor del Pueblo, cuya última titular se retiró del cargo hace considerable tiempo.

Ojalá tanto buen propósito se plasme en realidad, aunque llama la aten-ción que algunos parlamentarios expresen, que ninguno de los elegidos debe ser miembro de agrupaciones políticas, lo que significa veto y transgresión del precepto constitucional de igualdad ante la ley.

Quienes estamos en actividad partidaria, sin aspirar ni tener vocación de pertenecer al magisterio constitucional ni a la Defensoría del Pueblo, pero si de-fenderlo desde nuestro venido a menos proselitismo político, tenemos que ex-presar rechazo al trato de infectados que se les da a todos los políticos, como si quienes actuamos correctamente en ése trajín seamos apestados.

No señor, primeramente debemos distinguir la política de la politiquería, al igual que a los políticos decentes, honorables y honrados, de los atrabiliarios, fo-rajidos y nauseabundos que han cambiado el servicio a la Nación por granjerías, prebendas, cuando no coimas y otras inmoralidades.

La política en letras capitales y ejercida por personas serias, es absolutamen-te deseable y legítima, por aspirar a conducir y llevar los destinos de la comuni-dad, localidad, región y país con eficacia, cautelando los recursos del Estado y empleándolos para el bien común, que es de todos y no de algunos cuantos.

Consideramos que es inconveniente la generalización, más cuando querién-dolo o no, se hace percibir a quienes son o pretenden ser actores políticos, como politicastros y granujas. Ello desmotiva a nuevas generaciones con vocación de servicio, a entrar a la actividad política sin temores ni vergüenza.

No queremos a los “come pollo”, “roba cable”, “come oro”, y “roba sueldos”, es verdad, ni menos los deseamos de magistrados de la Nación, pero recuerden que hay políticos correctos y sensatos que de nada tienen que avergonzarse y que por pertenecer a agrupaciones políticas no se les puede desechar de postular a importantes cargos en el Tribunal Constitucional o en la Defensoría del Pueblo.

¿Acaso no fue Beatriz Merino impecable Defensora del Pueblo luego de ser senadora y congresista, representando a agrupaciones políticas? ¿No fueron aca-so Javier Alva Orlandini, Juan Bautista Bardelli y Víctor García Toma miembros de partidos antes de ser excelentes magistrados constitucionales? Efectivamente lo fueron, renunciaron a su participación política mientras estuvieron en esos car-gos, y tendrían todo el derecho a regresar a la sana política como algunos lo han hecho.

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Los ejemplos aludidos dicen más que frases y otras expresiones, pues son realidades que se ven, que se palpan y que demuestran que no todo está podrido, que hay esperanza y que tenemos la obligación moral de separar la paja del trigo. Quienes de buena fe y con vocación de servicio al país pertene-cen a agrupaciones políticas, lo hacen en su voluntad de entregar sus esfuer-zos singulares por el bienestar general y no particular, siendo ello meritorio. No lo olvidemos.

Diario La Razón26 de octubre de 2013

CENSURA Y PRECISIONES

Varios medios de expresión dieron la noticia, que la moción de censura a la Mi-nistra de Relaciones Exteriores o “Canciller de la República”, perdió por dos vo-tos, pues fueron 52 parlamentarios los que votaron por la censura y 54 los que se opusieron. Resaltaron que la diferencia fue pequeña, con lo que daban la sensa-ción que con dos votos favorables más quedaba censurada la ministra.

La pretendida censura era por el viaje del Presidente a Francia, que no había sido autorizado por el Congreso, aunque si permitida la salida del país y los días de permanencia en el exterior.

Más allá de si hubo infracción constitucional o legal, esto es si se había trans-gredido la Constitución o solamente la Ley, y por ello pasarle factura a la Can-ciller haciendo efectiva su responsabilidad política mediante la “censura”, que conlleva la renuncia al cargo; lo que debemos precisar es la votación producida en el Congreso para corregir falsas apreciaciones.

La institución de la “censura” es autónoma a la “interpelación” y para su presentación se requiere por lo menos de la firma del 25% del número legal de congresistas. Como el número legal es de 130, se necesitaba de no menos de 33 parlamentarios para dársele trámite.

Ahora bien, el artículo 132 de la Constitución agrega que su aprobación re-quiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, como la mitad son 65, se necesitaba cuanto menos de 66 votos a favor. Los votos a favor fueron 52, por lo cual para censurar faltaron 14 votos. Con ello queda claro que la primera percepción de muchas personas en el sentido que la censura se había perdido por dos votos, ya que 54 votaron en contra, es errada.

Lo que manda en la censura, que es un mecanismo de control político de las minorías parlamentarias, son los votos a favor, y para nada cuentan las licencias,

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ausencias y abstenciones. Para estos fines era igual que votaran en contra de la censura o estuvieran detrás de alguna columna o cortina.

Entre los a favor y los en contra, sumaron 106, pero no votaron 24 parlamenta-rios, de los cuales 12 estaban con licencia, 6 ausentes, 4 se abstuvieron y 2 suspen-didos. Esta fue la realidad monda y lironda. Se perdió por más que dos votos y también puede ser por motivación oculta.

Diario Expreso30 de octubre de 2013

NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL

Al oído suena importantísimo decir que algo es de “Necesidad pública y de inte-rés nacional”, y cuando lo vemos impreso nos jala la vista y pensamos: ¿qué ha-brá sucedido?, ¿qué desgracia acontece?, ¿estamos ante un gravísimo terremoto?, ¿quizás en algún sitio del país hay desborde de ríos?, ¿será acaso un espantoso incendio forestal?, ¿qué es tan urgente remediar que ha sido necesaria aprobar una ley en el Congreso, promulgarla por el Presidente de la República y publi-carse en el diario oficial?.

No se preocupen, no enfrentamos ninguna calamidad, simplemente a algún o algunos parlamentarios, para quedar bien con sus electores, y como no gozan de iniciativa de gasto, se les ocurrió sancionar una ley declarativa, que no ordena ni manda nada, que tampoco soluciona, que se sumará al rosario de normas irre-levantes, pero sacarán pecho por ellas.

Se ha declarado de necesidad y de interés nacional tal o cual obra, probable-mente una carretera, pudiera ser que un puerto o un aeropuerto, de repente un puente. ¿Ésas leyes declarativas sirven para algo?: salvo aumentar el número de leyes, pues absolutamente para nada.

¿La declaración de necesidad pública y/o de interés nacional obligará al Ejecutivo a presupuestar la obra?, por supuesto que no. ¿Hará que el Gobierno Central, el Regional o el Local proyecten la obra, encarguen sus planos y contra-ten la supervisión?: tampoco. ¿Impondrá al SNIP la orden para que declare apto el proyecto?: menos aún. ¿Conseguirá que el Poder Ejecutivo dote de recursos presupuestales para la obra?: ni se lo sueñen, además el Ministro de Economía y Finanzas es más duro que roca volcánica y gasta menos que monje tibetano.

Ése tipo de leyes que aprueba el Congreso a sabiendas que no sirven para nada, lejos de mejorar su alicaído prestigio, lo sigue debilitando, y lo que es más grave los pobladores de la localidad en que se supone se construirá la obra de-

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clarada de interés nacional y de necesidad pública, se frustrarán, procederán a hacer marchas de protesta y reclamarán con o sin comunicados en los medios de prensa, por el engaño que se ha perpetrado con ellos.

Terminemos de una vez con esta pésima costumbre de hacer por ley, decla-raciones líricas sin ton ni son. No mezan a la gente.

Diario Expreso01 de noviembre de 2013

CONGRESO Y DEBIDO PROCESO

El artículo 97 de la Constitución permite al Congreso efectuar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, siendo obligatorio comparecer ante las comisiones parlamentarias encargadas de esos menesteres.

Es fácil advertir que la norma no excluye a nadie de comparecer ante comisio-nes de investigación congresal, obligan de rey a paje, pero en cuanto al objeto de la investigación se limita a los asuntos de interés público.

Para los efectos de las investigaciones aludidas, el Reglamento del Congre-so, que tiene fuerza de ley, contiene disposiciones para ellas, bastante genéricas por cierto y lo suficientemente elásticas que permiten aplicarlas con mucha dis-crecionalidad por la respectiva comisión. Esto ha significado que personas in-vestigadas, simplemente citadas e incluso testigos, perciban que la investigación parlamentaria es en cierta forma caprichosa, desigual y también sin preservar lo que se denomina debido proceso.

Por lo señalado es conveniente determinar lo que se entiende por debido proceso y si él debe ser aplicable a las investigaciones parlamentarias. Para que el proceso sea debido, primeramente tiene que estar previa y claramente estable-cido; debe existir norma previa y taxativa escrita; se debe comunicar antelada-mente al investigado, el motivo de la investigación y los cargos sobre los que se indaga; se debe otorgar tiempo suficiente al investigado para que pueda preparar su defensa, de ser el caso; ejercer su defensa; así como existencia de plazo razona-ble para la investigación y que no se eternice.

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como nuestro Tribu-nal Constitucional han interpretado que el debido proceso que ordena la Consti-tución y la Convención Americana de Derechos Humanos, se aplica no solamen-te en sede jurisdiccional, sino que es de cumplimiento en todo tipo de procesos, sean administrativos, fiscales, parlamentarios e incluso privados, pues el debido proceso es horizontal y extensivo a toda vía procedimental.

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No se puede pretender que la investigación parlamentaria sea tan exigente como la realizada por el Ministerio Público o por el Poder Judicial, pues estas instituciones cuentan con personal especializado, capacitado y con vasta expe-riencia, siendo su actuación profesional. La parlamentaria es por el ejercicio de la acción política fiscalizadora, se ejerce por los congresistas que no necesariamente son expertos en indagaciones y porque sus conclusiones no obligan ni al Ministe-rio Público ni a la Judicatura, pero si debe existir en el Reglamento del Congreso disposiciones claras y equitativas que se ajusten al debido proceso.

Por ello es conveniente que el Congreso se ocupe de incorporar a su Regla-mento normas específicas que cautelen el debido proceso de los investigados, así como también para las personas que gozan de la institución del antejuicio parlamentario, así como para que se legisle sobre la materia decidida al igual como está normada la institución de la cosa juzgada, pues es sumamente injusto que luego que se haya desestimado en el Congreso denuncias constitucionales, se pretenda en el Ministerio Público o en el Poder Judicial abrir más investigaciones sobre lo mismo, reviviendo asuntos que estaban archivados y que se suponía gozaban de mejor vida.

Diario La Razón03 de noviembre de 2013

REFORMA PARLAMENTARIA

El descrédito parlamentario es muy grande, lo que a nadie conviene pues el Par-lamento es una sólida base de la democracia en que concurren los representantes de las diversas agrupaciones políticas que alcanzaron el favor popular, para dar las leyes que se necesitan, fiscalizar el aparato estatal y representar a la población.

Para revertir la situación el actual Presidente del Congreso ha dado una buena señal al convocar a quienes han ejercido el mismo cargo para conocer sus impresiones y consejos, por lo que bien se le podría recomendar acciones en tres principales niveles, como son el institucional, el de la normativa legislativa y el de la administración burocrática.

En el área institucional convendría una reforma constitucional para regresar al bicameralismo a partir del 2016, con lo cual se ganaría en calidad y seguridad jurídica, y podría efectuarse sin elevar el presupuesto del Poder Legislativo.

La mesa directiva del Congreso debería tener menos vice presidentes, pero incorporar un congresista secretario y otro tesorero, el primero para que ayude al Presidente en las tareas de su relación con otras autoridades y la facilitación del

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papeleo que lejos de reducir, crece. El segundo para supervisar el área adminis-trativa, presupuestal y laboral.

Promover la seriedad en las investigaciones parlamentarias, con reglas de debido proceso y sanciones a los investigadores que usen la función para presen-cia mediática en lugar de búsqueda de la verdad.

Conseguir que se debatan las iniciativas parlamentarias en la respectiva bancada antes de su presentación oficial, así como restringir la exoneración de la segunda votación en los proyectos de ley, pues ella permite una mejor evaluación sin perder la rapidez del trámite legislativo moderno.

Reevaluar la “semana de representación” que deja la sensación de vacación mensual en el terruño, sufragada por los impuestos que pagamos, y por supuesto determinar la pérdida del mandato en caso de falseamiento u omisión importan-te en la hoja de vida de los candidatos al Legislativo.

Tienen que llenarse “sin repartija” las vacantes en el TC, en el BCR y en la Defensoría del Pueblo.

En materia legislativa debe existir una agenda clara y que se cumpla, en que sean privilegiados los proyectos de ley importantes y se rechacen los “bobos” y meramente declarativos como los de “necesidad pública e interés nacional” y los de celebrar el día de lo que sea, con tal que siga el festejo.

Por último en la vertiente administrativa bien podría circunscribirse la Oficia-lía Mayor a los aspectos parlamentarios y trasladar todo lo relacionado con la ad-ministración burocrática, presupuestal y de personal a un Director Administrativo o Gerente experimentado. También repensar los procesos de logística y adquisicio-nes, sincerar remuneraciones, aunque sea odioso se debe racionalizar el personal que sigue creciendo para satisfacer pedidos partidarios pero nos cuestan a todos. Daría la impresión que en el Congreso no han encontrado las palabras “ahorro” y “austeridad” en el diccionario.

Seguramente se podrán hacer muchas cosas más para mejorar al Congreso, pero hay que comenzar por algo, la pelota está en su cancha.

Diario La Razón01 de diciembre de 2013

DEBIDO PROCESO EN EL PARLAMENTO

Una de las reglas esenciales en materia jurídica, es que toda norma sustantiva, in-cluidos derechos, para ejercerlos o hacerlos cumplir, requieren del procedimien-to, que es el camino por el que discurren. Pero también se necesita sanción por el incumplimiento y autoridad para imponerla.

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La sentencia del 27 de diciembre de 2013 de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, en la acción de amparo del ex Presidente García contra la “Mega-comisión Investigadora”, contiene contundentes principios que debemos recordar.

Nos señala por ejemplo que “el proceso es el instrumento para dilucidar de-rechos o intereses contrapuestos….es el mecanismo jurídico más elaborado para tratar de alcanzar la justicia, por lo cual se establece un conjunto de garantías institucionales que coadyuvan a dicho propósito. El proceso….es el medio para tratar de lograr el fin de la justicia”.

Como vemos, no se trata de cualquier proceso, tiene que existir lo que se denomina el “debido proceso”, con existencia de las garantías que permitan al-canzar la verdad y en que se respete a la persona humana y su dignidad, que de acuerdo al precepto constitucional es el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Nuestra Constitución, acorde con los tratados internacionales sobre Dere-chos Humanos del que el Perú es signatario, determina que la persona tiene dere-cho al debido proceso y al derecho de defensa. ¿Qué comprenden estos derechos? Según el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprenden el derecho a ser oído dentro de plazo razonable, a la presunción de inocencia, a la comunicación previa y detallada de la acusación, a disponer del tiempo y de los medios para preparar la defensa, a conocer los actuados, entre otros

Las garantías del debido proceso no son exigibles solo en sede judicial, pues como bien lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, también son para procesos administrativos, parlamentarios, regulatorios, sancionadores, corporativos e incluso procedimientos privados, como pueden ser los societarios y los asociativos. La separación de un socio en una sociedad mercantil o la expulsión de un asociado en un club, también necesitan del debido proceso en que exista plenas garantías para el emplazado, con reglas previas y conocidas.

En el Parlamento hay diversos procesos, como son los ético-disciplinarios, los de investigación de asuntos de interés público, las denuncias y acusaciones consti-tucionales, y varios más, para los que debe existir el debito proceso, sin abusos ni arbitrariedades, ya que en ello reposará su fortaleza.

Cuando se afecta Derechos Humanos como el acceso al debido proceso y el de la adecuada defensa, el agraviado puede recurrir ante la autoridad judicial, para que subsanando observaciones, omisiones e incumplimientos, pueda imponer el orden que se requiere, y la autoridad que infringió la normatividad garantista, co-rrija su errada actuación. Esta es una de las bondades de nuestro sistema democrá-tico de división de atribuciones en el aparato estatal.

Diario La Razón02 de febrero de 2014

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PROCESOS PARLAMENTARIOS SANCIONADORES

Dentro de las facultades de fiscalización del Congreso, se encuentra la de investi-gar cualquier asunto de interés público; sancionar disciplinariamente a los congre-sistas por inconductas, con suspensión de sus funciones hasta por 120 días de le-gislatura; acusar a altísimos funcionarios de la República por comisión de delito en ejercicio de sus funciones y por infracción constitucional; suspender al funcionario público, destituirlo e inhabilitarlo para la función pública hasta por diez años; le-vantar la inmunidad parlamentaria de arresto o de proceso, entre otras facultades.

Las atribuciones constitucionales mencionadas del Congreso, requieren de los procedimientos correspondientes, los cuales están señalados en el Reglamen-to del Legislativo que tiene fuerza de ley.

A todos conviene que lo que investiga el Congreso tenga la suficiente soli-dez para que en el Ministerio Público y en el Poder Judicial no se le afecte, y lo mismo puede decirse respecto a las acusaciones constitucionales. Sin embargo ello no siempre es así, y sea por deficiencia de las normas procesales reglamenta-rias, o por impericia de los congresistas que tienen a su cargo las investigaciones o acusaciones, o por exceso de protagonismo mediático; muchas veces en sede fiscal y jurisdiccional no se corrobora ni ratifica lo actuado en sede parlamentaria.

Las más de las veces, las observaciones jurisdiccionales son por falta de cum-plimiento del debido proceso en sede parlamentaria, lo que ha motivado que en varias sentencias del Tribunal Constitucional se exhorte al Congreso a revisar su Reglamento en el ánimo de garantizar el debido proceso a los investigados y a los altos funcionarios cuestionados del Estado.

Dentro de las reglas del debido proceso el Tribunal Constitucional ha puesto énfasis en el principio de legalidad por supuesta perpetración de delito, la falta de tipicidad de infracciones constitucionales; derecho de comunicación previa y deta-llada de las imputaciones; concesión del tiempo y medios adecuados para preparar la defensa; presunción de inocencia; ejercicio pleno de la defensa; impedir que los procesos sancionadores se conviertan en instrumentos de persecución política; pla-zo razonable para la investigación y la conclusión de los procesamientos.

El Tribunal Constitucional también ha insistido -con razón- en reclamar se arroje de la Constitución la regla por la cual el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la denuncia a altos funcionarios, originada en el Congreso, no se ex-ceda ni reduzca los términos de la acusación en sede parlamentaria. El Ministerio Público y el Poder Judicial no son mesa de partes del Parlamento.

El Parlamento en todo esto, tiene una ardua tarea por desarrollar.

Diario Expreso04 de abril de 2014

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SUSPENSIÓN Y RETRIBUCIÓN

La suspensión de funciones de los parlamentarios, como medida disciplinaria que impone el Congreso, no puede exceder de 120 días de legislatura a tenor del artículo 95 de la Constitución.

Al desarrollar dicha prerrogativa sancionadora del Congreso, el artículo 24 de su Reglamento determina que la suspensión en el ejercicio del cargo conlleva el descuento de los haberes desde 3 hasta 120 días de legislatura.

Usualmente el plazo señalado por días se computa de acuerdo al calendario gregoriano por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezca que se haga por días hábiles tal como dispone el artículo 183 del Código Civil y el artículo 134 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Empero, para la sanción de suspensión a los congresistas la Constitución ordena días de legis-latura y no otros.

Lo señalado lleva a preguntar ¿qué se entiende por días de legislatura? para lo cual recurrimos al Reglamento del Congreso que en sus artículos 48 y 49 indica que el período anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año, agregando que dentro del período anual habrá dos períodos ordinarios de sesiones o “legislaturas”, el primero entre el 27 de julio hasta el 15 de diciembre y el segundo entre el 1 de marzo hasta el 15 de junio.

Lo expuesto es lo regular, sin perjuicio que el Congreso amplíe el término de cualquier legislatura o que se convoquen legislaturas extraordinarias, y sin referirnos a la Comisión Permanente que tiene régimen especial.

Conforme se advierte, días de legislatura son los días en que el Congreso funciona y sesiona el Pleno, y su receso es entre legislaturas, o sea del 16 de di-ciembre de un año hasta el último día de febrero del año siguiente, y desde el 16 de junio hasta el 26 de julio.

Podría preguntarse ¿cuál es el motivo para que la sanción de suspensión a los parlamentarios sea en días de legislatura y no en días naturales ni hábiles? Muy sencillo, pues si a un parlamentario se le sancionase con suspensión por ejemplo de sesenta días naturales a partir del 11 de diciembre, en la práctica se-rían únicamente 05 días ya que la legislatura termina el 15 de diciembre y desde el día siguiente hasta el último día de febrero hay receso parlamentario. En buena cuenta, parte mínima de ése lapso sería el de la suspensión y el resto cuando no hay tarea legislativa, una burla. Lo que se quiere con días de legislatura es que la suspensión sea real y no en vacaciones, y por lo demás continua y no intermiten-te, pues de ser esto último el suspendido durante los recesos podría asistir a la Comisión Permanente, presentar solicitudes a los poderes públicos, y presentar proyectos.

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Como la suspensión de funciones lleva también la remunerativa, la práctica parlamentaria ha originado que no vayan paralelas. Para el ejemplo mencionado el congresista suspendido no puede ejercer sus funciones regulares del 11 de diciembre de un año hasta cumplir la suspensión de los sesenta días de legisla-tura el 24 de abril del siguiente año, pero para efectos remunerativos únicamente perderá los haberes del 11 al 15 de diciembre y del 1 de marzo al 14 de abril que coinciden con legislatura, pero no el resto de días de suspensión en que hay rece-so y le seguirán pagando remuneración pese a la sanción.

Ésa absurda práctica tiene que terminar, la suspensión de funciones va junto con la de los haberes, y no pueden ser vías diferentes, es una sola, y menos con el agravante de desconocer que la remuneración es la retribución por la función, y si aquella no se ejerce no hay motivo para retribuirla. ¡La suspensión es sanción, no premio!

Diario Oficial “El Peruano”23 de mayo de 2014

OLVIDARON AL TAMAL, LA HUMITA, Y LA CHAPANA

El Congreso, como si no tuviera pendiente temas importantes que el país reclama, para no quedar mal con un grupo de electores que preparan emoliente y que lo expenden principalmente desde carretillas en la vía publica, les aprobó una ley.

Cuál es su contenido? Nos referimos a la ley y no al emoliente:Primeramente se reconoce al expendio o venta ambulatoria en la vía publica

de bebidas elaboradas con plantas medicinales en emoliente u otras formas de infusión, e incluso con quinua, maca y kiwicha, como microempresas generado-ras de autoempleo productivo .!Que novedad! Ese reconocimiento legal hará que produzcan más emoliente? Por supuesto que no. Mejorará la calidad del produc-to? Ni así lo hiciera Gaston.

En segundo lugar, se reconoce como de interés público-social, turístico y cultural la venta callejera del emoliente y de otras infusiones, como actividad económica de inclusión social. ¡Por el amor de Dios! Que se fumaron nuestros padres de la patria?

El articulo tercero del texto aprobado en el Parlamento dice que la elabora-ción del emoliente “se alinea en los estándares de buenas prácticas en su proce-so productivo“ ¡Por favor, no sigan fumando hiervas inapropiadas! El hecho de elaborar en la vía publica el emoliente, no lo santifica de exento de toxicidad, y a los recipientes de preparación y de expendio del mismo, no los hace necesaria-

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mente higiénicos por más que se obligue en teoría a cumplir con las normas de salubridad.

En el mismo artículo tercero se autoriza a las Municipalidades a suscribir convenios de cooperación con las asociaciones de emolienteros, para contribuir “a un desarrollo integral, sostenible y ordenado de la comunidad en armonía con las normas del cuidado del medio ambiente y ornato de la ciudad” Indiscutiblemente suena bien al oído y diera la impresión que nuestros padrastros patrios dejaron de fumar. Error, esos convenios solo servirán para paralizar la acción municipal que pretenda poner orden en la vía publica.

En el articulo cuarto se faculta a los gobiernos locales a regular el expendio de bebidas tradicionales en la vía publica, olvidando que ello es repetitivo y que se encuentra ya dentro de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Mu-nicipalidades.

Como quiera que se olvidaron de la famosa “diana” elaborada en Arequipa, pronto los emolienteros de la blanca ciudad exigirán su inclusión expresa, y ojo que comenzaran ingenuos legisladores a buscar en los archivos legales si es que ya se reconoció normativamente al tamal, a la humita, a la chapana, al anticucho, a los pi-carones y a tanto otro riquísimo manjar como elementos esenciales de la peruanidad.

No hay que tener temor, la ley tiene que ser mandatoria y este tipo de normas declarativas a nada conducen, por lo que hay que decirles a los que las piden, que están equivocados, que con ellas nada se resuelve, aun a costa de perder los votos de quienes con buena fe pero desconocimiento, quieren normas inconducentes.

Mejor lo dejamos acá, como diría mi buen amigo Kuennen Francesa en el hemiciclo parlamentario.

Diario La Razón

25 de mayo de 2014

REELECCIÓN PARLAMENTARIA

El mal comportamiento de algunos parlamentarios y la actitud muchas veces permisiva del Congreso en su conjunto, ha generado que siga en aumento el des-prestigio del Poder Legislativo. Ello es grave pues algunos lo toman como una invitación a que se cierre la casa de las leyes, con la pérdida del equilibrio, pesos y contrapesos, o balance de poderes en que se sustenta el régimen democrático. Las consecuencias internacionales serían imprevisibles, pues hoy por hoy para estar insertado en el sistema crediticio universal se deben cumplir estándares democráticos y de Derechos Humanos.

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Algunas otras personas no han ido tan lejos como quienes propugnan po-nerle candado al Palacio Legislativo, y para paliar el descrédito parlamentario ofertan soluciones que suenan atractivas a los oídos de los ciudadanos, quienes están hartos de las estridencias y malos hábitos de un grupo de legisladores.

El desprestigio del Congreso no se corrige con cambios constitucionales ni legislativos, leyes nos sobran. Lo que se necesita es cumplir la normatividad y sancionar con severidad las inconductas individuales que injustamente perjudi-can al conjunto.

Echar propuestas al aire, con la pretensión de acabar con los males parla-mentarios, mediante el destierro de la reelección de los congresistas o la reno-vación del Legislativo por partes, no va a solucionar nada, pero va a crear otros problemas.

Reconociendo la buena fe de quienes proponen la no reelección o la reno-vación parcial, se debe advertir que la prohibición traerá consigo que todos los parlamentarios sean novatos y sin la experiencia requerida. A nadie se le ocu-rriría llevar a la selección nacional a jugadores de la sub-17 por más buenos que sean, pues les falta experiencia y versación. Los calichines para ligas menores, pero para las mayores se requiere de pesos pesados experimentados que puedan interactuar con los nuevos recién elegidos. La conjunción de la experiencia de los que repiten con los bríos de quienes se inician en el Parlamento, es una buena fórmula que no necesita cambiarse.

En lo que se refiere a la renovación, sea por mitades o tercios, es conveniente advertir que siendo el Parlamento la casa de todos, donde por lo general coexisten diversas minorías, el partido o la alianza gobernante necesita un gran esfuerzo de concertación para lograr mayoría. Si con la renovación hay usualmente una recom-posición de fuerzas, se estaría atentando contra la gobernabilidad, pues habría que trabajar muy duro para reconstruir la mayoría necesaria para la acción legislativa.

Como puede verse, ninguna de las dos propuestas es solución al problema. Las inconductas de algunos miembros del Congreso, sea que llegan al Parlamento con mochila cargada de “anticuchos”, sea porque los cometen ya estando en el Congreso, solamente se resolverán si el Legislativo como institución actúa con se-veridad ejemplarizadora, descartando al llamado otoronguismo y sancionando sin parpadeo a los infractores. Las agrupaciones políticas también tienen que hacer lo suyo, pues todos los que son elegidos han sido propuestos al elector por los par-tidos y estos tienen la obligación de efectuar selección escrupulosa de postulantes para evitar a los impresentables.

Revista Gente Nº 1587Mayo de 2014

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MÁS SOBRECOSTOS

Acaba de ser aprobada la Ley 30200, “Ley que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales”. Si solamente leemos el título probablemente aplaudamos el ánimo social de nuestros parlamentarios y la sintonía del Presi-dente de la República con los clientes de los centros comerciales.

Si siguen leyendo la Ley, se encontrarán con la triste realidad, pese al buen y sano propósito del Congreso, hay falta de razonabilidad, no hay correlación entre el objetivo de la Ley y sus órdenes.

La Ley pretende “promover el auxilio oportuno de las personas en los esta-blecimientos comerciales abiertos al público, que se encuentren en circunstancia de una condición repentina o inesperada que requiera atención inmediata al po-ner en peligro inminente su vida”. Podría ser un accidente, un infarto o alguna otra grave circunstancia.

Frente al objetivo de atención a quien se encuentre en el local comercial, la Ley obliga a todo proveedor a contar con botiquín de primeros auxilios para atender emergencias de salud de los “consumidores” que ingresen a su estable-cimiento. Esto pese a que por otras regulaciones, todo centro laboral debe contar con el mencionado botiquín.

Pero además del botiquín, el centro comercial tendrá un “espacio adecuado para dar los primeros auxilios” y estar dotado de equipamiento y medicamentos, sistema de comunicación interna de alerta de emergencia, servicio de ambulancia para el traslado de pacientes, debiendo el Reglamento determinar el tipo de per-sonal capacitado en atención de la emergencias que debe contratar.

El amable lector podría considerar que los grandes malls pueden hacer el esfuerzo y contar con apropiados primeros auxilios, y que sin tener en el mismo centro comercial espacio habilitado para ello, por lo menos tener contratado los servicios de algún establecimiento de salud cercano y de alguna empresa de am-bulancias que atienda la emergencia. Pero ¡Oh sorpresa¡ la Ley define para sus efectos como “establecimiento comercial abierto al público, al inmueble, parte del mismo, o una instalación o construcción en el que el proveedor….desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores”.

Con la definición señalada, no importa el tamaño del centro comercial, tam-poco el número de clientes que pueda atender, tampoco su importancia, menos aún el volumen de sus ventas. Los strip mall de pocas tiendas estarían obligados a todo lo que la aludida Ley señala, al igual que la bodeguita de la esquina, e incluso el kiosko de venta de periódicos y revistas, y podría afectar hasta a los emolienteros a quienes les aprobaron también su Ley.

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La Ley tiene que ser razonable, y la que comentamos no lo es. Lo peor es que el Estado obliga a los particulares a lo que él no hace. Recordemos las cunas maternales que las empresas debían tener pero que no se encontraban en todos los Ministerios y reparticiones públicas. ¿Tendrá el Ministerio de Transportes es-pacio para primeros auxilios y ambulancia para los miles de personas que hacen colas para el cambio de placas? Ni soñarlo.

Roguemos que el Reglamento modere tanto exceso, que le costará al consu-midor final, a quien se trasladan los sobrecostos.

Diario La Razón

08 de junio de 2014

CONGRESO: TEMORES Y PREJUICIOS

Los congresistas están en víspera de elegir a quién presidirá el Parlamento por un nuevo año legislativo.

Probablemente se presentarán dos listas para la Mesa Directiva, compuesta por candidato a Presidencia y a tres Vice Presidencias. Una de la bancada oficia-lista y sus aliados, y la otra presidida por un congresista opositor al que acompa-ñan tres congresistas de otras bancadas.

En las últimas semanas hemos escuchado y leído diversas consideraciones respecto a la conveniencia o no, que el Congreso esté presidido por parlamenta-rio de la oposición.

Dicen los oficialistas que un Presidente de las canteras opositoras trabará el debate de las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo; que estimulará mayor labor fiscalizadora e investigadora del Congreso, y que para cualquier represen-tación congresal preferirá a los de bancadas amigas postergando a los del oficia-lismo.

La verdad es otra, por lo que hay que descartar los temores y prejuicios se-ñalados. El Presidente del Congreso es primo inter pares, y aunque siendo un ho-nor presidir uno de los Poderes del Estado, ello conlleva asumir diversas tareas adicionales, como presidir infinidad de reuniones, sea del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, de la Mesa Directiva, del Consejo Directivo de la Junta de Portavoces.

Pero no solamente tiene que presidir sesiones, sino también ver por la mar-cha administrativa del Parlamento y la ejecución presupuestal, siendo titular del pliego con diversas responsabilidades y sin olvidar que el cargo añade tareas protocolares, tanto en el país como en el extranjero.

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Las objeciones a la presidencia del Congreso por un opositor, son antojadi-zas. Primeramente los proyectos del Ejecutivo tienen preferencia en su trámite y debate, pasan por Comisiones y el número de sus miembros proporcional a su peso en el pleno.

La fiscalización e investigación parlamentaria, no depende del Presidente sino de los acuerdos que se tomen, en que intervienen todos con el peso numérico proporcional de las bancadas.

En las comisiones de representación oficial ellas son multipartidarias, por lo que también en esto los prejuicios son inmotivados. Además la prensa está pendiente de cualquier transgresión.

El tema no es si el oficialismo o la oposición es más competente para llevar la Presidencia del Congreso. Ello es irrelevante, lo importante es la persona del Presidente y si reúne cualidades como buen organizador, buscador de consensos, disciplinado en sus tareas, justo en sus decisiones, responsable en sus actuacio-nes. Javier Bedoya las reúne todas y lo dice quien hace diez años sufrió de los mismos prejuicios.

Diario Expreso25 de julio de 2014

¿GRUPOS PARLAMENTARIOS O SIMPLE SUMATORIA?

En los parlamentos, sus integrantes se organizan en grupos parlamentarios, que con un número mínimo de congresistas se unen para defender sus propuestas comunes, para llevar al Congreso los postulados de los partidos o alianzas que los presentaron al electorado, para hacer en conjunto la tarea de representación que asigna la Constitución, como para también realizar la labor fiscalizadora.

En el 2006 se esbozaron diversas modificaciones al Reglamento del Congreso, en el ánimo de mejorar la actividad parlamentaria. Una de las enmiendas propues-tas fue la coherencia de los grupos parlamentarios, que hasta antes de la reforma prácticamente su único requisito era tener un número mínimo de integrantes.

Además del tema simplemente cuantitativo, esto es el número mínimo de integrantes del grupo parlamentario, se exigió que compartan intereses e ideas comunes o afines. Se añadió a la valoración cuantitativa la cualitativa.

Se consideró como grupo parlamentario a los parlamentarios del mismo partido o alianza, proscribiéndose que parlamentarios de la misma agrupación pudieran estar en más de un grupo parlamentario. Si los parlamentarios de la

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misma agrupación o alianza política no alcanzaban el número requerido para constituir grupo parlamentario, podían unirse con otro grupo que hubieren su-perado o no el mínimo requerido.

Si los parlamentarios no llegaran al mínimo numérico necesario para cons-tituir grupo parlamentario, sean solos o acompañados, se considerarían como grupo únicamente para presentar iniciativas legislativas, pero sin alcanzar el de-recho a tener oficina especial del Grupo Parlamentario y el personal adicional al servicio del mismo, lo que nos cuesta a todos los contribuyentes, pues al fin de cuentas sale de nuestros bolsillos.

Como puede advertirse del texto modificado del Reglamento del Congreso, a lo que se agrega el de la propuesta modificatoria de aquel y el respectivo dictamen, el motivo de tener requisitos cuantitativos y cualitativos para la constitución de grupos parlamentarios, era evitar la proliferación de dichos grupos, la coherencia de los que pudieren conformarse, así como quitar cualquier incentivo al absurdo anhelo de tener más grupos innecesarios, lo que facilita la desmembración de los grupos iniciales.

Ahora que nos encontramos con separaciones y renuncias de diversos parla-mentarios a sus grupos iniciales, hay que recordarles que por más que lleguen en cuanto al tema numérico al mínimo necesario, no cumplen los requisitos cualitativos reglamentarios, ni el Congreso puede permitir la existencia de más grupos de los que deben ser.

Probablemente nos dirán que en anterior quinquenio legislativo se interpre-tó extensivamente la posibilidad de crear más grupos parlamentarios sin cumplir cabalmente con todos los requisitos para ello. La respuesta no puede ser otra que la del maestro Roberto Ramírez del Villar: La corruptela no constituye precedente vinculante.

Diario La Razón10 de agosto de 2014

ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO

Cuando existen sospechas o indicios de perpetración de ilícitos de contenido penal, interviene el Ministerio Publico, llamado Fiscalía, quien con la cooperación de la Policía realiza las investigaciones, y de encontrar elementos configurativos de delito o de falta, formula denuncia ante el Poder Judicial para el proceso sancionador.

Para la investigación por la Fiscalía y para el procesamiento en el Poder Ju-dicial, el inculpado goza de la “observancia del debido proceso” a que se refiere

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el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución, concordante con los principios enunciados en los tratados sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.

Hoy en día, nadie discute sobre si el derecho al debido proceso se circunscri-be a la investigación del delito, pues ya se reconoce que tal derecho debe aplicar-se en todo procedimiento y ante toda autoridad, incluyéndose a la investigación parlamentaria, al procedimiento administrativo, al fiscalizador de los organis-mos reguladores, al tributario, e incluso llega hasta temas del sector privado como podría ser la separación de algún asociado del club al que pertenece. Hay jurisprudencia nacional e internacional abundante en ese sentido.

En la investigación parlamentaria hay que tener presente que su potestad no se limita a hechos u omisiones que pudieren constituir delito, pues por expresa dis-posición del artículo 97 de la Constitución “El Congreso puede iniciar investigacio-nes sobre cualquier asunto de interés público” cuyas conclusiones no surten efecto jurisdiccional alguno como también lo señala el numeral 2 del artículo 139 de ella.

Como podemos advertir, si el Congreso puede investigar cualquier asunto de interés público, que no es lo mismo que interés del público, se hace necesario que el Reglamento del Congreso se modifique para establecer reglas claras de investi-gación y de respeto al debido proceso de los involucrados.

Por lo antes señalado, cuando la indagación es de temas de interés público que no implica necesaria e inicialmente perpetración de delito, aunque pueda en-contrarse luego en la investigación, el derecho al debido proceso no implica que para las citaciones iniciales se tenga que señalar el delito imputado, pues como repetimos todavía no hay imputación.

Si en la investigación parlamentaria se encontraran elementos que lleven a pensar que el o los citados cometieron delito o infracción constitucional, allí si, en las sucesivas citaciones deberá informárseles que su situación vario de la de simple citado a investigado, en cuyo caso tiene que comunicárseles los delitos o infracciones que se imputan y todos los hechos u omisiones relacionados con ello. No hacerlo significa atentado al debido proceso. ¡Mucho cuidado!

Diario Expreso26 de setiembre de 2014

OTRA NORMA INÚTIL

En lugar de desregular, es decir dejar sin efecto normas innecesarias que nos lle-nan de absurdas obligaciones, lamentablemente el Congreso sigue en su maratón legislativa de disposiciones inútiles.

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Aunque con buenas intenciones, nos acaba de imponer otra Ley innecesaria como es la No 30254, que bajo el objetivo de proteger a niños y adolescentes de los peligros del uso del acceso al INTERNET, francamente dice poco y crea una Comisión para diseñar la normativa para tal protección.

Para dicha finalidad bien se pudo desde el Poder Ejecutivo y mediante De-creto o Resolución Suprema nombrar la Comisión, y cuando tuviera diseñadas las reglas recién establecer el nivel normativo para su aprobación.

Pero lo que es más grave son las dos disposiciones mandatorias que con-tiene la Ley. La primera autorizar a los gobiernos, en sus tres niveles, o sea en el nacional, regional y municipal, a aprobar “normas complementarias sobre el uso seguro y responsable de las TIC, con especial atención al uso que realizan los niños, niñas y adolescentes”. Cabe señalar que TIC es la sigla de las tecnologías de la información y comunicaciones.

¡Dios nos coja confesados! Autorizar a los gobiernos sub nacionales y mu-nicipales a generar normas complementarias para el uso de las TIC es un exceso. ¿Qué se les ocurrirá a algunos Presidentes Regionales o Alcaldes para ver im-preso y publicado su nombre, en alguna disposición probablemente innovadora pero para el mal y seguramente inconveniente? Tales normas complementarias las sufriremos todos los administrados.

La segunda disposición mandatoria que observamos, es la imposición a las empresas operadoras del servicio de INTERNET de informar, antes de estable-cer la relación contractual con el usuario, la posibilidad para colocar filtros gra-tuitos o pagados, para el bloqueo en dispositivos caseros o móviles de páginas de contenido pornográfico o violento para protección de niños y adolescentes. Hasta aquí nada objetable, empero se le agrega que la posibilidad mencionada debe insertarse en el contrato de servicios, siendo potestad del usuario contra-tarla.

¡Por el amor de Dios! este tipo de contrato de servicios es de adhesión, y si ya está insertado el tema en el convenio ¿cómo demonios el usuario podrá optar entre contratar o no el servicio de los filtros?

Por lo menos piensen un poquito señores congresistas, y a los que se les reconoce como pensantes, pues pónganle un poco de empeño a sus labores para impedir que nos sigan atosigando con irrelevantes regulaciones.

Diario Expreso31 de octubre de 2014

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PRESIDENTE O TESTIGO

En la investigación parlamentaria respecto a la protección policial que recibía Oscar López Meneses, vinculado al lado oscuro del gobierno de la década del noventa, se discute sobre la procedencia de citarse al actual Presidente de la Re-pública para que preste su declaración testimonial ya que existen informaciones que los relacionan.

En buena cuenta se podría sintetizar el asunto entre si se es Presidente o testigo, o si se puede ser Presidente y testigo. Nos inclinamos por la segunda interpretación.

Si bien es cierto el Presidente de la República goza del privilegio de la in-munidad, para evitar que el ejercicio de su altísima función sea perturbado por acusaciones, tal privilegio ha sido morigerado a través de los años.

Antiguamente la inmunidad no solamente era para protección frente a acu-saciones de contenido político y penal, sino que estaba ampliada al campo civil. Si el Presidente de la República era deudor como persona natural de una obliga-ción dineraria, no podía ser emplazado judicialmente para que la cumpla, como tampoco podía ser demandado para la desocupación de su vivienda en caso que fuera alquilada y adeudara la renta.

La protección en el campo civil fue excluida de la inmunidad, y hemos visto como un Presidente en el ejercicio de su cargo fue demandado para el reconoci-miento de una hija extra matrimonial.

En el campo penal, la inmunidad también se ha ido reduciendo, tan es así que si el Presidente, conduciendo su vehículo atropella a alguna persona y le cau-sa lesiones o muerte, puede ser enjuiciado al vencimiento de su mandato.

Nuestra Constitución excluye de la inmunidad presidencial, a acciones vin-culadas con el ejercicio de su función, señalando que el Presidente sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones; por disolver el Congreso (salvo en casos permitidos) y por impedir su funciona-miento, o el del Sistema electoral.

Algunos creen que la inmunidad presidencial antes explicitada, se extiende a proteger al Presidente de citaciones judiciales y parlamentarias para prestar de-claraciones y testimoniales. Ello no lo dice la Constitución, y siendo obligación del Presidente cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, no podría sustraerse de prestar las declaraciones y testimoniales para las que fuere convocado.

Evidentemente que por ser el primer funcionario del país y personificar a la Nación, debe tener un trato singular, y si los parlamentarios para prestar declara-ciones ante el Ministerio Público y Poder Judicial lo hacen en sus respectivos des-pachos, desplazándose fiscales y jueces hasta ellos, el Presidente de la República

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tiene que tener por lo menos similar trato y prestar sus testimoniales en Palacio de Gobierno.

Como antecedente, Alejandro Toledo siendo Presidente de la República pres-tó su declaración dispuesta por una Comisión Investigadora del Parlamento, en Palacio de Gobierno el 23 de marzo de 2005, y como quiera que previamente su Presidente del Consejo de Ministros había negado la posibilidad que su jefe firme el acta correspondiente, juramenté como Presidente del Congreso a un destacado funcionario del Legislativo como fedatario, quien dio fe de todo lo preguntado y respondido en la diligencia.

Señor Humala, si bien en este Congreso no hay mucha calidad, tiene la auto-ridad que la Constitución le confiere, por lo que debe atender la citación en caso que se produzca.

Diario La Razón02 de noviembre de 2014

SACAVUELTA NORMATIVO

Desde hace cerca de cincuenta años, el Estado reconoce que los exagerados trá-mites y frondosos requisitos que nos imponen burócratas alejados de la realidad y de las necesidades de los administrados, constituyen trabas que afectan el de-sarrollo del país.

En 1967 se dictó el “Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos”, que fue un buen intento del Estado por ayudar a los adminis-trados ante tanta discrecionalidad e ineptitud de muchos funcionarios públicos, a lo que siguió la Ley 25035 de “Simplificación Administrativa”.

Años después y gracias a la delegación de facultades legislativas que otorgó el Congreso de la República instalado en 1990, y que fuera falsamente acusado de perturbar el actuar gubernamental, se dictó el Decreto Legislativo 757 “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada” y que fue el soporte para reiniciar el desarrollo del país.

En el DL 757 se dispuso que los ministerios, instituciones y organismos pú-blicos, así como las demás entidades de la administración pública de todo nivel, estaban obligados a aprobar normas legales destinadas a unificar, reducir y sim-plificar drásticamente todos los procedimientos y trámites administrativos.

Adicionalmente el DL 757 obligó a todas y cada una de las entidades del Sec-tor Público a dictar su “Texto Único de Procedimientos Administrativos” que se realicen ante ellas, disponiéndose que solamente podrían exigir el cumplimiento

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de lo señalado en el TUPA, sin requerirse otra información, documentación o pago que no conste en el mismo.

El D.S. 094-92-PCM, reglamentario del DL 757, precisó que solamente se incluirían en los TUPA los procedimientos administrativos y requisitos que sean RAZONABLES Y NECESARIOS para producir el pronunciamiento correspon-diente.

Posteriormente, y subsistiendo la misma preocupación por la hoy llamada TRAMITOLOGÍA, la “Ley del Procedimiento Administrativo General” 27444, enfatizó los principios de celeridad, eficacia y simplicidad en todos los trámites.

En la “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado” 27658 se im-puso la obligatoriedad de la administración de otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos.

Pese a todo lo expuesto, hay muchos funcionarios que se olvidan que están al servicio del Estado y de los administrados, que al final de cuenta son los que con sus impuestos les pagan sus remuneraciones. Esos malos funcionarios se han dado maña para sacar la vuelta a la ley, incumplir los TUPA y mantener la infor-mación en su poder como si se tratara de secreto militar en época de guerra.

Se preguntarán ¿y cómo lo hacen?, pues muy sencillo han inventado las di-rectivas internas, con trámites, requisitos y exigencias que no están en el TUPA, llegando hasta el desparpajo y sin sonrojarse, de aprobarlas mediante “Resolu-ción”.

Al igual que la Ley del Poder Ejecutivo 29158, la normatividad regional y la municipal, determinan los niveles de resolución de nuestras autoridades, y en ellas no existen “directivas”, invento que como repetimos es para sacarle la vuelta a la ley e incordiar a los administrados.

Ya es hora que se revisen todos los TUPA, proscriban las directivas y con menos discurso se haga realidad la facilitación de inversiones, que redundará en desarrollo y más puestos de trabajo. Si queremos ser país del primer mundo, de una vez a poner ORDEN en la Administración Estatal.

Diario La Razón30 de noviembre de 2014

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PRODUCCIÓN

ACUICULTURA EN VEDA

A los entendidos en temas pesqueros y acuícolas, les podría parecer un despro-pósito el título de este artículo, pues con la acuicultura lo que se hace es el cultivo de especies hidrobiológicas en forma organizada y tecnificada, en medios o am-bientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, que pueden ser en aguas marinas, continentales o salobres. No se trata de capturar o pescar, sino de cultivar para que el fruto de la actividad acuícola sea fuente de alimentación, empleo e ingresos, optimizando los beneficios económicos en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodi-versidad, como acertadamente lo señala la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad de la Acuicultura Nº 27460.

La veda a la que nos referimos no se concreta con disposiciones que fijen períodos en que se impide cultivar especies hidrobiológicas, sino en la actitud de funcionarios públicos que con acciones u omisiones petardean los esfuerzos del Estado para que se invierta en la acuicultura y contemos con más alimentos para la mesa popular y también para exportación, lo que se traduce en empleo, ingresos, comercio internacional y divisas para el país.

En el año 2001 se aprobó ley mediante la cual se normó la actividad de la acuicultura, fomentando la inversión nacional y extranjera, alentando la inves-tigación así como el cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos hidrobiológicos, otorgando incentivos laborales y tributarios, además de la po-sibilidad de acceder a régimen de estabilidad jurídica. El Estado quedó faculta-do para otorgar concesiones y autorizaciones para la acuicultura, velando por el cumplimiento de los programas de inversión, y estableciendo la sanción de cadu-cidad por el incumplimiento injustificado de las metas de inversión o producción establecidas en los respectivos contratos.

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Para la obtención de concesiones y autorizaciones de acuicultura, hay que presentar costosos estudios y realizar innumerables trámites, además de gestio-nar diversos informes y opiniones técnicas, lo que demanda esfuerzo, tiempo e inversión económica, pero como además para ejecutar el proyecto acuícola auto-rizado, se requiere de importantes inversiones y capitales, los interesados usual-mente recurren a instituciones de crédito.

Los dos últimos años han sido dificultosos para obtener inversiones y cré-ditos, ello como consecuencia de la crisis financiera internacional, generando incertidumbre y zozobra sobre el posible desempeño de las economías a nivel mundial. Esto no ha sido ajeno a la actividad acuícola por lo que varios proyec-tos autorizados, requieren de mayores plazos y no la espada de Dámocles con cubierta de “caducidad” que funcionarios insensibles quieren hacer caer, sobre quienes habían obtenido concesiones pero que aún no las pueden ejecutar por falta de capitales.

Cuanta razón existe en la preocupación presidencial expuesta en los artícu-los “El Perro del Hortelano”, en que la burocracia trae por tierra los sanos propó-sitos de los gobernantes, para atraer inversión generadora de puestos de trabajo y elevación de niveles de vida de nuestra población.

Diario La Razón15 de agosto de 2010

MERCADOS AGROPECUARIOS: LOS COMPLICAN

Quienes viajamos por el territorio nacional conocemos que en gran cantidad de centros poblados, los fines de semana reciben a pequeños productores agrope-cuarios, así como también avícolas, apícolas, artesanales y otros, quienes se jun-tan en un espacio físico determinado para vender sus productos directamente a los consumidores.

En la relación directa entre los pequeños productores y los consumidores, se evita el encarecimiento de los productos por intermediarios y se estimula la producción rural y campesina. Para ello no han necesitado ni de disposiciones legales ni menos aún de intervención burocrática de autoridades. En general ha funcionado bien el sistema, denominándose “ferias agropecuarias” o “mercados de productores agropecuarios” a los espacios físicos donde los productores co-mercializan sus bienes.

Pero ¡oh sorpresa! ahora a estos pequeños productores les complican inne-cesariamente la vida al haberse expedido por el Congreso de la República -como

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si no tuviera tareas importantes pendientes- la Ley 29676, que bajo la buena intención de promover el funcionamiento y desarrollo de tales mercados de pro-ductores y relacionarlos directamente con los compradores de sus pequeñas pro-ducciones, les ordena una serie de requisitos, trámites y costos absolutamente innecesarios.

En efecto, si antes dichas ferias o mercados de productores agropecuarios fun-cionaban por lo general los fines de semanas y feriados, la nueva Ley los limita a una vez por semana. También obliga a los productores a empadronarse ante la co-rrespondiente Dirección Regional de Agricultura y a exhibir la certificación de pro-ductor que se les emita, para poder efectuar la comercialización de sus productos.

Pero lo expuesto no es todo, pues el conjunto de pequeños productores ten-drá que obtener la autorización municipal respectiva para el recinto o espacio donde se realice la actividad de mercadeo, y ella no se les otorgará si es que antes, los que participen como productores-comerciantes en el mercado no se han asociado mediante la constitución de una persona jurídica que los agrupe. Esto significa trámites legales, intervención abogadil y notarial, inscripción en los Registros Públicos, obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC), lega-lización de libros contables y societarios, así como preparación del Reglamento Interno de Funcionamiento del Mercado. Y todo esto ¿para qué? Simplemente para nada pues la persona jurídica que organicen no tendrá ingresos como tam-poco egresos. El absurdo de los absurdos.

Si por lo general los productos agropecuarios de dichos pequeños produc-tores, en su comercialización no están afectos al IGV y la renta que producen normalmente sujeta a la imposición mediante el Régimen Único Simplificado (RUS) no se entiende por qué se ha sancionado una norma de ésa naturaleza en que pierden los pequeños productores y ganan los burócratas para ocuparse de trámites, registros, y controles innecesarios. ¡De espanto!

Diario La Razón26 de junio de 2011

ESCOPETA DE DOS CAÑONES

Francamente digno de Ripley. En la edición del diario oficial “El Peruano” del 12 de mayo, aparecen dos dispositivos diferentes del Sector Producción, o PRODU-CE, y con direccionalidades absolutamente contradictorias.

Mientras la Resolución Ministerial Nº 135-2014-PRODUCE somete a con-sulta pública los lineamientos de un “Plan Nacional de Diversificación Producti-

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va”, con la finalidad –entre otras- de “eliminación de sobrecostos y regulaciones inadecuadas”; por otro lado la Resolución Directoral Nº 011-2014-PRODUCE/DGSF aprueba nada menos que trece nuevas directivas, para hacerle la vida a cuadritos a los empresarios pesqueros, cualquiera sea su tamaño en 168 páginas.

Las directivas van desde el procedimiento general para la realización de ins-pecciones en las actividades pesqueras y acuícolas hasta para la inspección a bor-do de embarcaciones pesqueras de mayor, menor escala y artesanales, pasando por la verificación de los rendimientos de las diversas plantas de procesamiento pesquero.

Se trata de la escopeta de dos cañones, o que al Ministro del Sector, por ser nuevo, lo quieran hacer pisar el palito y responsable del papelón. Ello debería servirle para investigar, por ejemplo, que la maricultura, la han convertido en coto cerrado para algunos “preferidos”.

Nadie duda de las buenas intenciones del Ministro de la Producción, pero tiene que acreditar por lo menos coherencia en el Sector que conduce. No puede por un lado ofrecer apoyo a unos industriales y por otro afectar a los industriales pesqueros con mas trámites, mas regulaciones y multiplicadas fiscalizaciones. ¿No sabe el Ministro que en cada fábrica pesquera, hasta las mas pequeñas con-serveras, tienen permanentemente no menos de dos inspectores de empresas supervisoras que se meten en todo? ¿No sabe que además les llegan visitas ino-pinadas de los inspectores del Produce en cualquier momento, con cara de pocos amigos, la que cambia a gran felicidad si encuentran alguna observación, por mas nimia que sea? ¿No sabe el Ministro que todos sus administrados tienen que tener funcionarios especializados solo para atender los cotidianos requerimien-tos de PRODUCE?

No creemos Ministro que para su “Plan Nacional de Diversificación Produc-tiva” se necesite crear un “Consejo Nacional”. Por favor, ya no más organismos ni reparticiones públicas, pero, si las crea, incorpore a este Consejo al Ministerio del Ambiente y a la SUNAT que son de los sectores que más exigencias imponen a los contribuyentes, y más aún si son industriales sobreregulados.

Recuerde que de buenos propósitos está empedrado el infierno; que la Cons-titución garantiza la libertad de empresa, comercio e industria; y que está vedada la planificación compulsiva.

Diario ExpresoLima, 30 de mayo de 2014

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RELACIONES EXTERIORES, DIPLOMACIA Y TRATADOS INTERNACIONALES

NI HALCONES NI PALOMAS

No pasa desapercibido, que cada cierto tiempo se produce algún roce entre Chile y Perú, y ello hay que comprenderlo, pues por más que tenemos origen e historia común, tuvimos la Guerra del Pacífico que nos enfrentó hace casi ciento treinta años y que dejó huella, más profunda por cierto para quien sufrió invasión y perdió territorio.

Cuando despues de las armas entró a tallar la diplomacia y se suscribieron los tratados de paz, el tema marítimo, comprendiendo aquí, las riquezas del Oceano Pacífico, la importancia económica del fondo marino, la pesca, y muchasotras mate-rias, no tenían la relevancia que posteriormente tuvieron y que nos llevaron a Chile, Ecuador y Perú establecer el dominio marítimo de las famosas doscientas millas.

Para fijar el punto de partida para la medición de las doscientas millas, nin-guno de los tres países fue lo suficientemente prolijo y ello ha generado desave-nencias aún no superadas, pero que hay que tratar. Han habido actos unilaterales, pues no cabe duda, pero los temas fronterizos no se resuelven con declaraciones unilaterlaes ni con legislación nacional interna, se resuelven con tratados inter-nacionales, y si no los hay o no son claros o no son aceptados por alguno de los países que tienen posiciones adversas, hay que encontrar dentro del derecho las soluciones que correspondan.

Hacen pocos días, gracias al tino demostrado por la Cancillería del Perú y la comprensión de las autoridades chilenas, se ha superado el incidente ocurrido por la fijación de los límites de la región Arica y Parinacota, mediante acto propio y unilateral que no podía crear obligaciones al Perú, pero que convenía superar. Si, es verdad, se superó un incidente, como se superaron muchos de mayor data, pero lo que no se ha superado es el problema.

Mientras Chile pretende utilizar la línea del paralelo para fijar su fronte-ra marítima, usando para ello un hito que no está en la orilla del mar, el Perú

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considera que siendo el planeta Tierra redondo, no puede utilizarse el paralelo, puesto que en la práctica dejaría sin mar adyacente a parte del sur peruano. Chile arguye que con la tesis peruana, en el norte de su país perderían mar adyacente.Desde que ambos países tienen posiciones diferentes, hay problema y tiene que resolverse, y las Cancillerías de ambos países acordaron en su momento que el tema de la frontera marítima se viera en cuerda separada, es decir, se vea sin-gularmente, sin perturbar las relaciones entre los dos Estados, sean comerciales o de cualquier otro tipo, tanto es así que Perú y Chile suscribieron Acuerdo de Libre Comercio, han incrementado inversiones, intensificado relación fronte-riza, ya perciben beneficios de su asociación con el Sudeste Asiático, y por lo demás Chile ha iniciado su retorno a la Comunidad Andina. A ello hay que agregar el restablecimiento del dos más dos, como mecanismo de generación de confianza mútua.

Debemos encontrar con Chile los mecanismos de solución pacífica de con-troversias, y para eso tenemos una Cancillería muy profesional que puede pro-mover la conversación directa o someter el diferendo a que sea visto por el Tri-bunal internacional competente para estas difíciles situaciones.

Lo que si debemos claramente atajar los dos países, son las voces de halco-nes, aguilas o cóndores que quisieran llevar el diferendo por otros caminos que lo único que hacen es enfrentar a los pueblos. Ni la hostilidad de dichas aves pero tampoco con la pasividad de las palomas. Ambos tenemos que enfrentar el asunto, sin dejarnos llevar de voces altisonantes, ajenas a la paz a que tenemos derecho.

Diario Expreso12 de febrero de 2007

ENCOMIABLE LABOR

Los peruanos que se encuentran en el extranjero, son atendidos por nuestros con-sulados en todos los trámites que tienen que realizar ante autoridad nacional. Muchos confunden las funciones de nuestras embajadas y consulados, y creen que son lo mismo o que sus tareas son similares. Error, mientras las embajadas representan al Perú ante países extranjeros y en ellos, los consulados no represen-tan al Perú, sino que son agentes del gobierno peruano para atender a nuestros connacionales en el exterior, así como también a otras personas, sean naturales o jurídicas, en trámites que deben efectuar, para el comercio exterior o de cualquier otra naturaleza.

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Los cónsules y los funcionarios del Perú en nuestros consulados, si bien se les conoce en general como “funcionarios públicos”, son ”servidores públicos”, pues están al servicio de nuestros compatriotas. Inscriben nacimientos, registran matrimonios realizados fuera del Perú, extienden documentos de identidad, otorgan pasaportes y los renuevan, legalizan firmas y actúan como notarios, dan-do fé de los contratos que se celebran ante ellos.

Mucho tiempo los peruanos en el exterior, criticaban a las oficinas consula-res, pues señalaban con razón que sus horarios y días de atención no eran compa-tibles con sus disponibilidades de tiempo. Difícil compatibilizar los horarios de los servidores con los servidos, y que difícil también contentar a todos.

Las quejas provenían igualmente de compatriotas que para recibir atención eran relegados, es decir, se les citaba varios días después o tenían que esperar más tiempo, incluso para cosas tan sencillas como otorgar un poder.

Era si, muy fácil, alabar a los remesantes del exterior, por sus colaboraciones dinerarias a sus familiares que quedaron en el Perú. Loas y más loas, pero poca atención, hasta que felizmente se comenzó a comprender a quienes estando en el extranjero quieren mantener lazos con su tierra natal, seguir como ciudadanos peruanos y brindar su ayuda solidaria, e incluso pensar que para su retiro, po-drán regresar al Perú a establecerse definitivamente.

Sin embargo, que gratificante sorpresa recibí el último fin de semana. Un jueves en la noche, reunidos en las oficinas del Consulado Peruano en

Nueva York, se encontraban miembros del Consejo de Consulta, asociados del capítulo neoyorkino de la Asociación de Instituciones Peruanas en Estados y Unidos y Canadá, y diversos otros connacionales, coordinando esfuerzos para promover a Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo, y estable-cer las formas de colaborar para estimular a los parlamentarios estadounidenses para que aprueben el tratado que comúnmente se le denomina TLC entre Perú y los Estados Unidos de América. Los funcionarios consulares atendiendo a los compatriotas, dando ideas y tomando nota de acuerdos. No tenían angustia por el correr de las horas, pese a las distancias que hay que recorrer hasta sus domi-cilios y sin que su tarea recibiera retribución adicional.

Fuí también testigo de las coordinaciones que se efectuaban para sábado y domingo hacer actuaciones consulares itinerantes. No esperar a que los pe-ruanos asistan al consulado para sus trámites, sino salir a localidades que están dentro de la jurisdicción consular, para prestar su apoyo y asistencia a los pe-ruanos que lo requieren, y que puedan estos realizar los trámites que necesitan. No había tampoco retribución por horas extraordinarias laborada, ni tampoco ellas se compensaban con otros descanso. Sentí que los trabajadores consulares habían pasado de ser funcionarios públicos a servidores del público. !Excelente

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el cambio que se está produciendo! y ojalá sea ejemplo en donde aún la mística de servicio no es suficiente.

Diario Expreso06 de abril de 2007

SALVAR A EL SALVADOR

El Salvador sufrió años de violencia salvaje, con terrorífico saldo de miles de muer-tos y pérdidas materiales cuantiosísimas. La confrontación entre las fuerzas forma-les del Estado salvadoreño y los integrantes del “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”, con la participación de paramilitares y pandillas de subver-sivos, además de los oportunistas que no escasean, terminó en un Acuerdo de Paz el 16 de enero de 1991, con el auspicio y conducción de las Naciones Unidas.

Como bien dijo el actual Presidente de El Salvador Elías Antonio Saca, “la suscripción del documento de Chapultepec, permitió a los salvadoreños comen-zar a vivir una nueva etapa de paz, estabilidad, democracia y, además abrió el camino hacia el progreso econónmico y social, en un entorno libre del temor y del terro que significaba la guerra”.

Los Acuerdos de Paz a los que arribaron las facciones y grupos en beligeran-cia, libérrimamente, serán definitivos, en tanto no sean perturbados ni mediatiza-dos, ya que como también señaló el mismo Presidente Saca “La paz que nace de la libertad, es la única posible”. Esa paz iniciada bajo el gobierno del Presidente José Napoleón Duarte, permitió elecciones libres y que se sucedieran los gobier-nos democráticos conducidos por los Presidentes..................................................., Armando Calderón Sol, Francisco Flores, y ahora Elías Antonio Saca, dentro del proceso de distención y reconciliación.

Los Acuerdos de Paz, propiciaron la adopción de las medidas legislativas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos a los ex-combatientes del Farabundo Martí (FMLN), de modo tal que en la Asamblea Nacional (Parlamento) de El Salvador, en-contramos como representantes del pueblo o diputados, elegidos por los salvadoreños, a varios de los que en su momento fueron integrantes de las fuerzas subversivas. In-cluso hoy ya andan haciendo campaña política para la próxima competencia electoral.

Fueron diversos los Acuerdos de Paz que se suscribieron, como el “Acuerdo de Ginebra”, “Acuerdo de Caracas”, “Acuerdo de San José”, “Acuerdo de Mé-xico”, “Acuerdo de Nueva York”, y “Acuerdo de Chapultepec”, los que fueron complementados con las amnistías otorgadas como consecuencia de los mismos, que por lo demás son reconocidos en el mundo como modelo y ejemplo a seguir.

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Han pasado quince años y todo lo que se ha avanzado, como logros del diálogo civilizado y la negociación política, podrían estar en peligro, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parecería no entender lo que sufrieron los salvadoreños y el alto costo para alcanzar la paz. La CIDH, preten-dería que El Salvador deje sin efectos sus leyes de amnistía, con lo cual se abrirían nuevamente heridas y algunos de los que hoy están en el Parlamento cambiarían el Palacio Legislativo por el de Justicia, e incluso podrían cambiar sus residencias por celda penitenciaria.

No quiero ni imaginarme las lamentables consecuencias que tendría inva-lidar las amnistías legítimamente sancionadas, fruto de los Acuerdos de Paz. Hacen algunas semanas los líderes de los equipos negociadores de los men-cionados Acuerdos, por parte del Estado su ex-canciller Oscar Santa María, y por parte del FMLN don Salvador Samayoa, juntos y brilla ntemente defendie-ron los derechos soberanos de El Salvador de conceder las hoy cuestionadas amnistías ante la CIDH. Argumentos les sobraron, pero más que claro que si su Constitución no le otorga rango supraconstitucional a las convenciones sobre derechos humanos, no puede pretender la CIDH subordinar la Constitución a las convenciones internacionales. La Constitución salvadoreña permite las amnistías e incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite para con-denados a muerte el derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de pena, agregando que podrán ser concedidos en todos los casos.

Los negociadores de los Acuerdos de Paz, Santa María y Samayoa, expli-caron que no hubieran podido lograrse los Acuerdos, si quienes los suscriben y para quienes se suscriben, tendrían que ser detenidos para procesos penales. Los Acuerdos de Paz son para conseguir la paz y no para perturbarla, lo que debe merituar la CIDH, pues la paz tiene que ser permanente, y no es lógico que quien esté llamado a cautelar los derechos humanos, se convierta en herramienta para que se vuelvan a conculcar, si empiezan de nuevo las hostilidades y la violencia.

Diario Expreso25 de diciembre de 2007

BIBLIOTECA DE LA OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) cuenta con una importantísima biblioteca, al cual pese a los diminutos recursos que le asignan, se ha convertido en un referente informativo y cultural de muchísimos estudiantes, principalmen-te latinoamericanos, en Washington, que es donde funciona.

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A escasas cuadras de la Casa Blanca la Biblioteca de la OEA aloja un gran bagaje bibliográfico conformado por libros que adquiere con su magro presu-puesto y por las donaciones de volúmenes que le entregan las representaciones diplomáticas ante la OEA y connotadas universidades del mundo, gracias a las gestiones y desvelos de un grupo de personas que constituyen su patronato de amigos, presidido por el ex presidente de Panamá don Arístides Royo, incansa-ble lector de vasta cultura.

Tanto la Biblioteca Nacional como el Fondo Editorial del Congreso del Perú, así como varias de sus universidades, entre las cuales destacan la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Mayor de San Marcos, y la Universidad Alas Peruanas, han hecho significativos aportes en libros a la Biblioteca de la OEA, per-mitiendo que quienes concurren a ella conozcan el Perú y se nutran de su cultura.

No podemos olvidar que el aporte peruano a la mencionada Biblioteca empie-za con su propia creación, puesto que su primer director fue nada menos que don Jorge Basadre Grobman, quien como recordó en “Apertura” en 1978, fue a Washin-gton en 1948 nombrado por el doctor Alberto Lleras Camargo en al Unión Pana-mericana, que quedo como la Secretaría General de la OEA al suscribirse su carta constitutiva. Uno de los departamentos de la citada Secretaría General fue el de Asuntos Culturales encomendado y bajo la dirección de Basadre, quien hasta 1950 se desempeño en el cargo, siendo el gran artífice de la hoy excelente Biblioteca.

El mismo Basadre resalta como logros de la entonces recién creada bibliote-ca, la encuesta sobe identidad, lasa características y futuro de las clases medias de la región, la antología de los autores clásicos hispanoamericanos, la antología sobre filósofos del hemisferio, entre otros. Empero es destacable la relación que hiciera respecto a las cátedras sobre América Latina dictadas en universidades de Estados Unidos, valioso documento que probablemente fuera tenido en cuenta cuando la Universidad San Martín de Porres con la OEA fundaran la “Cátedra de las Américas”, fecundo esfuerzo de integración cultural, de divulgación de cono-cimientos y de fortalecimiento de nuestras democracias, afectadas, construidas, destruidas y reconstruidas, en esta cambiante Latinoamérica.

Diario Oficial “El Peruano”23 de junio de 2009

AHORA.......EL VESTIDO!

Como si nuestros países no tuvieran preocupaciones de mayor calibre e importan-cia, algunas autoridades se engolosinan para encontrar pretestos para la protesta,

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hacer acusaciones intrascendentes y distanciar a dos países como Bolivia y Perú, cuyos lazos históricos debemos proyectarlos al futuro para fructificar su relación.

Se acaba de superar incidentes verbales de un mandatario para sustituirlo con el diferendo del traje o vestido de una lindísima candidata peruana a un reinado internacional de belleza. Las autoridades del Ministerio de Cultura de la hermana República de Bolivia consideran que el vestido mostrado por la candidata peruana para el certamen en cuestión es una apropiación indebida de patrimonio cultural boliviano, pues es traje que se utiliza en la escenificación y danza de “La Diablada”, incorporado al Catálogo del Carnaval de Oruro reconocido por la Unesco.

Pongamos los puntos sobre las íes. El Perú y Bolivia tienen muchísima cer-canía y son en buena cuenta no sólo condóminos del Lago Titicaca, sino que utilizan sus aguas, sus peces, y demás recursos en forma coordinada. Desde muy antigüo unen al Perú y Bolivia diversos hechos y situaciones, como por ejemplo la cultura Pukará se extendió en el Altiplano o Meseta del Collao que comparten ambos países. El mismo Altiplano fue sede de la civilización Tiahuanaco, y tanto antigüos pobladores quechuas y aymaras habitaron la misma meseta. En la Co-lonia, dentro del Virreinato del Perú estuvo Bolivia, migrando por breve tiempo al del Río de la Plata para luego retornar al del Perú. En la etapa republicana conformamos la Confederación Perú Boliviana y como aliados participamos en la Guerra del Pacífico.

La arquitectura en el Altiplano era y es la misma en el área boliviana y en la peruana, sucediendo lo mismo con las esculturas precolombinas, al igual que ce-rámica y textilería. Las costumbres en territorios nacionales de Perú y Bolivia, ubicados en el Altiplano son iguales, y sino quieren decir iguales, pues similares, así tenemos sus comidas, danzas, vestidos, bebidas y tradiciones. Sus devociones son también las mismas, sino recuérdese las festividades de la Virgen de la Can-delaria, del Carmen y de La Merced.

Los apellidos de los bolivianos de La Paz, Oruro y Potosí, son los mismos que en Puno, Juliaca y demás localidades peruanas en el Altiplano. Lo mismo sucede con el nombre de sus plazas y calles, en adición a los héroes comunes y a la hermandad existente entre ciudades de uno y otro país.

El rico folclore del Altiplano, común a Bolivia y Perú, cuenta con más de trescientas danzas y muchas de ellas con uso de vestidos típicos, igual comu-nes. Los bailes y escenificaciones denominadas morenada, pandilla, caporales, sikuris, pinquilladas, y diablada, entre muchas otras, también son las mismas, lo que también sucede con las principales festividades como los carnavales.

Como vemos, la realidad común es muchísimo más fuerte y real que las uni-laterales declaraciones de patrimonio cultural nacional de uno u otro país o de su registro por organismos internacionales.

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Por otro lado el usar las características, auque estilizadas y modernizadas, de vestidos típicos que al fin de cuentas son del folclore común, no debería mortificar a nadie ni ser motivo de queja sino de satisfacción, pues es el reconocimiento de nues-tro arte y costumbres, y su divulgación ayudará en las tareas de mostrar la cultura común, estimular el turismo de ambas naciones y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Que nuestra candidata vista y exhiba el traje escogido y triunfe con él.

Diario Expreso05 de agosto de 2009

DIPLOMACIA CASTRENSE

Conocemos que la disciplina diplomática es la llamada a fortalecer las relaciones entre países, y que los profesionales diplomáticos, desde las respectivas cancille-rías, contribuyen a ello. El actuar diplomático tiene diversas facetas, sea desde lo bilateral o multilateral, como es la negociación de tratados, convenios y declara-ciones, en adición a las tareas para prevenir conflictos y diferendos, o también para resolverlos.

Tradicionalmente las cancillerías estuvieron encargadas por los poderes eje-cutivos de los países, de todas las tareas antes indicadas, pero con el correr de los años fueron incorporándose a las labores, nuevos actores, que sin negar el papel rector de las primeras, le prestaron su concurso. Entre los nuevos actores tenemos a los parlamentos, las oficinas especializadas de negociaciones comer-ciales internacionales, los ministerios de defensa con sus fuerzas armadas, entre otros, y sin dejar de reconocer los aportes que también realizan los privados para mejorar las relaciones entre los países, como por ejemplo las organizaciones gre-miales, los colegios profesionales, y los artistas e intelectuales, en presentaciones, festivales y convenciones.

Los parlamentos a través de sus comisiones de relaciones exteriores han sido muy activos en visitas recíprocas, en reuniones bilaterales o multilateraes, y en foros conjuntos, siendo relevante por ejemplo su tarea para bajar tensiones y elevar los niveles de confianza mútua por medio del mejor conocimiento re-cíproco. En las relaciones Chile-Perú, por ejemplo, sus parlamentos han tenido participación singularísima para ayudar a superar malos entendidos y poner la temática bilateral en el lugar que corresponde.

Los ministerios y oficinas especializadas en negociaciones comerciales inter-nacionales, también hacen lo lo suyo, otorgando el soporte que requieren las can-cillerías para afrontar difíciles conversaciones de contenido técnico y científico.

Hoy en día las comunicaciones fluídas y oportunas entre los pueblos, son indispensables para la conservación de la paz y para prevenir conflictos generan-

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do medidas de confianza, y en esto no hay que olvidar el papel que juegan las fuerzas armadas en lo que llamaremos la diplomacia castrense o militar que va desde el intercambio de cadetes en escuelas de oficiales como el de oficiales en escuelas de nivel superior. A todo esto las relaciones personales y amicales que ayudan al fomento de confianza en ejercicios defensivos conjuntos, en maniobras y entrenamientos, así como en visitas en festividades y otras efemérides, y sin olvidar la interacción en Junta Interamericana de Defensa (JID), en el Colegio Interamericano de Defensa, en las misiones de paz promovidas por las Naciones Unidas y en el Consejo de Defensa de Unasur, entre muchos otros mecanismos.

Definitivamente la diplomacia castrense tiene que actuar en estrecha rela-ción con Cancillería y siguiendo sus lineamientos, y la Cancillería recordando que cuando se cierran o interrumpen los canales de comunicación institucional entre países, hay que mantener canales sustitutorios, como puede ser la diplo-macia parlamentaria o la castrense, más cuando está cuenta con agregados de defensa que pueden coadyuvar en la reconstrucción de relaciones deterioradas

Con el correr de los años y con la participación de las cancillerías se han ido afinando mecanismos adicionales que ayudan en la relación entre los países, en que el Sector Defensa y mandos castrenses tienen especial sitial. En el área sudame-ricana, por ejemplo contamos con herramientas bilaterales con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, auque no todas funcionando como se desea.

Los mecanismos de relación interinstitucional con participación del Sector Defensa y Fuerzas Armadas, son de Consulta y Coordinación Política en el Ambito de la Seguridad y Defensa, o mecanismos también llamados de Consulta y Coordi-nación, al igual que Comisión Binacional Fronteriza, simplificados muchos de ellos con el genérico dos más dos, pues intervienen autoridades de Defensa y Relaciones Exteriores en las conversaciones e informaciones bilaterales. El conocimiento per-sonal entre los actores de uno u otro lado que participan en estas reuniones, une a las personas y facilita la comunicación directa que en muchísimas ocasiones ha sido preventiva de diferendos o los ha superado rápidamente.

Con otros países, en adición a los sudamericanos antes aludidos, también se han establecido mecanismos de coordinación y con diversos y distintos nombres, así los tenemos con Estados Unidos de América, El Salvador, y España entre otros, y en diferentes grados de conversaciones con muchos otros países.

Las Fuerzas Armadas no sólo tienen que estar preparadas para los conflic-tos, sino que ayudan con la diplomacia castrense a que ellos no se produzcan. Como vemos el logro de la paz tiene diversidad de vías y ninguna prescindible.

Diario Oficial “El Peruano”06 de agosto de 2009

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CONVENCION DEL MAR

El Perú no se ha adherido, hasta ahora, a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR).

Siendo CONVEMAR un tratado internacional que tiene relación con do-minio marítimo e importantes recursos, renovables y no renovables, compete al Congreso de la República su aprobación mediante Resolución Legislativa. Con significativo retrazo de cerca de dos décadas, en mayo del 2001 el Gobierno del Dr. Paniagua remitió la Convención para su aprobación legislativa, debido a la gestión del Canciller de aquel entonces el Embajador Javier Pérez de Cuéllar.

La Cancillería urgió en varias oportunidades al Parlamento, para que pro-cediera al dictamen y aprobación de CONVEMAR, y siendo el autor de esta nota Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso a partir del segundo semestre del 2005, puse a debate en la misma la iniciativa del Poder Ejecutivo. Se solicitaron los aportes de los expertos, se escucharon las opiniones tanto de quienes estaban a favor de la aprobación como de quienes expresaban dudas, ob-servaciones y también negativa. Concurrieron a la Comisión versados embajado-res y demás diplomáticos que por años habían manejado el tema. Se tuvo la bri-llante exposición del jurista Domingo García Belaúnde, con argumentos de gran solidez tanto constitucional como dentro del marco del Derecho Internacional.

Se llegó hasta preparar el proyecto de dictamen que podría ser presenta-do al Pleno del Congreso para su debate y ulterior aprobación, pero ¡oh sorpre-sa!; nos enteramos que por una Nota de Prensa, signada con el No 178-2006, la Cancillería en el Gobierno anterior, informaba a la opinión pública que no estaba tratando el tema y que no asumiría, en ese tiempo, iniciativa al respecto, ya que no debería ser objeto de debate dadas las circunstancias electorales que el país enfrentaba. En buena cuenta, alertó el Sector Relaciones Exteriores, que las cam-pañas electorales podrían enturbiar un debate técnico y jurídico.

Ante las expresiones de la Cancillería, la Comisión de Constitución del Con-greso, le pidió las explicaciones del caso, ratificando como respuesta el Ministerio de Relaciones Exteriores en el mes de abril del 2006, su posición expresada en su Nota de Prensa, con lo cual quedaba sin piso la voluntad de debatir la CONVEMAR.

En la actualidad, aún no estamos en proceso electoral, por lo que sería con-veniente y oportuno que el Congreso de la República retome el tema y apruebe la citada Convención, a la cual han expresado su conformidad los sectores más significativamente relacionados con ella, como son Cancillería, Defensa, Produc-ción, y Energía y Minas.

La falta de adhesión a la Convención del Mar, no nos permite participar en los nuevos desarrollos del Derecho del Mar, pues estos se desprenden de

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ella. Nuestros intereses pesqueros serían fortalecidos con CONVEMAR è igual-mente los de exploración y explotación de fondos marinos, entre otros muchos.

No hay que olvidar que el anterior Parlamento aprobó por unanimidad, y como prolegómeno a CONVEMAR, La Ley de Líneas de Base, acorde con el ar-ticulo 54 de la Constitución, que es perfectamente compatible con la Conven-ción, pues nuestro dominio marítimo comprende el mar adyacente a la costa, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base con arreglo a ley.

Concluyamos con la aprobación de CONVEMAR para la adhesión del Perú a ella, como deber patriótico. Creo que no hay motivo para más postergaciones.

Diario Oficial “El Peruano”14 de setiembre de 2009

ADVERTENCIA DE RIVA AGUERO

En el devenir de los tiempos, los países han ido creando herramientas jurídicas, dentro del Derecho Internacional, para evitar conflictos armados o encontrar so-luciones cuando ellos se han producido. Empero, cuando observamos el mun-do en que nos ha tocado vivir, notamos que siguen existiendo conflictos bélicos externos, lo que se agrava con acciones terroristas, así como fundamentalismos étnicos y religiosos.

La creación de las Naciones Unidas, como la de la OEA y UNASUR, entre otros, con sus respectivos instrumentos para prevenir conflictos, han constituido buenas intenciones de sus suscriptores y adherentes, pero que no siempre han tenido el resultado deseado, lo mismo pasa con las convenciones y compromisos de no agresión é incluso con los intentos de desarme.

En nuestro continente la Carta de la OEA expresa que “la agresión a un Esta-do americano constituye una agresión a todos los Estados Americanos”, comple-mentado con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el que dispone que ante “...un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Ameri-canos, y en consecuencia, cada una de las partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inminente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Na-ciones Unidas”.

Adicionalmente contamos con el “Tratado Antibélico de No Agresión y Conciliación” suscrito en Río de Janeiro en 1934, así como el Pacto de Bogotá

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para la solución pacífica de controversias, en que los países signatarios “convie-nen en abstenerse de la amenaza del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos”.

Como la Historia es maestra, y sin desestimar la férrea voluntad de paz de nuestro Perú, no por ello debemos dejar de ser precavidos, y tener Fuerzas Ar-madas con un grado disuasivo adecuado, auque sin caer en carreras armamen-tistas, habida cuenta de las otras necesidades que el Estado debe atender, como es salud, educación, infraestructura, justicia y orden interno en aras del bienestar general.

Ya en 1932, en una conferencia dictada el 26 de Julio por don José de la Riva Agüero y Osma, en la Escuela Militar de Chorrillos, respecto al acontecer de América del Sur y las relaciones de nuestra patria con sus vecinos, expresó que “...ni por un instante me han seducido las paradojas y los perezosos sofismas de la seguridad por el desarme y la paz perpetua, y considero el Ejército como la indispensable y suprema garantía del orden interno y de la existencia interna-cional”.

Más aún dijo Riva-Agüero respecto a nuestros políticos, frente a situaciones externas, que el Perú “...siempre está dividido en miserables y encarnizadas ca-marillas, y en impías facciones delirantes”. Y respecto a la situación de nuestras Fuerzas Armadas señaló que “...sabeis y palpais las deficiencias clamorosas de los nuestros, diminutos y vetustos. Cuando pienso en los años de abundancia y prosperidad fiscal que hemos disfrutado, cuando contemplo las avenidas de lujo; y recapacito cuánto suman las fiestas y homenajes, las parasitarias pensiones, y la enorme y perezosa burocracia civil, me espanta la pródiga ceguedad de este pueblo, que en todas sus épocas de bonanza y riqueza ha preferido el despilfarro en los gastos suntuarios de fachada, superflua domesticidad e inútiles libreas de antecámara, al pago de seguro de defensa, inexcusable para evitar el siniestro y la total ruina”.

También el maestro Riva-Agüero nos dijo que “..el Perú necesita tomar pre-cauciones” y enfatizó, llamando la atención “...no limitarse desprevenidos a su-cumbir heroicamente, sino anticiparse a precaver y atajar, o a desbaratar y vencer”

No olvidemos las apreciaciones y advertencias de Riva-Agüero, seamos pre-cavidos, vocación pacífica la tenemos, pero además de ser respetables, que lo somos, tenemos que tener capacidades defensivas disuasorias para igualmente ser respetados.

Diario La Razón11 de octubre de 2009

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OEA O UNASUR

Cuando la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) se reunió en setiem-bre último en la ciudad de Quito, recibió comunicación fechada el 14 de setiem-bre del 2009 del Presidente del Perú, ampliamente difundida, la que contenía valiosas reflexiones para evitar excesivos gastos militares, proponiendo un com-promiso de no agresión militar, con mecanismo de transparencia y confianza, y a mayor plazo la creación de una Fuerza de Defensa Sudamericana que rechace toda amenaza territorial que ponga en peligro a la región.

Recientemente el Perú ha enviado a ministros de estado, acompañados de parlamentarios, para sensibilizar a gobiernos de América a fin de lograr su apoyo en la OEA y en UNASUR con el propósito antes expresado.

Indiscutiblemente el Perú está en su legítimo derecho de hacer lobby con otros países, para que sus proposiciones sean respaldadas, y las reflexiones pe-ruanas son gratas para cualquier oído sensible y prudente, ya que no tiene lógica que países con analfabetismo, desnutrición, falta de infraestructura básica, defi-ciencias en salud y en educación, distraiga considerables recursos para como se dice “armarse hasta los dientes”. Lo que de suyo es más grave, es el hecho que la tecnología defensiva y bélica avanza a pasos agigantados, notándose que lo que hoy es de última generación en poco tiempo puede convertirse en obsoleto, re-quiriéndose constantemente de nuevos recursos para alcanzar el nivel adecuado.

Crear conciencia respecto a la inconveniencia de carrera armamentista es pertinente, auque no necesariamente efectiva, pues no podemos olvidar que el Perú recién está en vías de recuperar capacidad disuasoria, y que para lograrla se necesitan recursos presupuestarios adicionales así como aumentar los compo-nentes del “Fondo de Defensa”, y ello sin descuidar el frente interno en que el terrorismo actúa en estrecha vinculación con el narcotráfico.

Uno de los objetivos pretendidos por el Gobierno es la transparencia, pero ello es insuficiente porque además del conocimiento se requiere la voluntad de no adquirir en exceso. En cuanto a transparentar, relativamente ya se da, pues en este mundo intercomunicado es muy difícil mantener reserva y si se mantiene en el país adquiriente del armamento, ello no se da en el suministrador de ellos y en las publicaciones especializadas sobre la materia, máxime que son infinidad de proveedores los que intervienen en la fabricación de cada armamento.

El campo de acción de la OEA es toda América mientras que UNASUR es únicamente Sudamérica. Llevar el tema a la OEA tiene sus implicancias, pues allí se encuentran Estados Unidos y Canadá, que además de aliados son fabricantes de bienes y servicios para la defensa, por lo que en la práctica será poco probable que atiendan las propuestas peruanas. Además no nos olvidemos que en tal Or-

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ganización se buscan acuerdos por consenso y si se llevan a votación, ahora por la influencia venezolana gracias a su petróleo, los países del llamado “Caricom” así como los de Centro América y los ya conocidos de América del Sur, es proba-ble que no acompañen al Perú, salvo en declaraciones de contenido lírico.

Si el tema se circunscribe a UNASUR no podemos dejar de tomar en cuenta que Colombia, por su situación interna y lucha contra las FARC, sigue con im-portantes adquisiciones de armamento, al igual que lo hace Venezuela con otros objetivos, a lo que se agrega la archiconocida posición chilena y el hecho de ser Brasil fabricante y proveedor de armas para diversos países.

En el futuro, una vez que el Perú tenga lo necesario en materia defensiva, habrá que buscar los consensos para impedir gastos bélicos desmesurados, para lo que no bastará declaraciones románticas de buenas intenciones. Ello no debe hacernos perder conciencia que el armamento no es únicamente para guerrear, sino para evitar confrontaciones bélicas que se supone nadie desea.

Nuestra política para la defensa y seguridad nacional, debe estar basada en la concepción de una visión geopolítica y geoestratégica orientada a valorar nuestros recursos reales y potenciales, así como los retos y amenazas que se de-ben superar. Para esto hay que construir escenario de paz y fomento de la con-fianza mútua con otros Estados de la región, en que como hemos expuesto no está constreñido a la transparencia.

Por último, conviene recordar las expresiones de SS Juan Pablo II, que deben ser guía permanente en estas materias: “Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo tan deseada, sea sinónimo de paz verdade-ra. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad.”

Diario La Razón15 de noviembre de 2009

NACIONES UNIDAS Y CONFLICTOS RELIGIOSOS

En este mundo globalizado e intercomunicado, muchos estimaron que los conflic-tos de origen religioso, cultural y étnico, eran cuestión de Historia, y que el devenir de los tiempos había superado la posibilidad de nuevos conflictos con tales motiva-ciones. Pues craso error, los últimos tiempos nos han demostrado que siempre hay posibilidades beligerantes por tales causas, así tenemos lo ocurrido en los Balcanes, así como lo que acontece entre Israel y Palestina, por señalar lugares, y sin perjuicio de los que enfrentan a musulmanes y cristianos en otras latitudes.

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Ante la génesis de conflictividad con las motivaciones señaladas, las Nacio-nes Unidas ha prestado singular atención a ello y en diversas resoluciones se ha ocupado del tema.

En efecto, en el Quincuagésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General de la Onu, en el 2002 aprobó la Resolución 57/6 en que se insta a promo-ver una cultura de paz y no violencia, y al mismo tiempo alienta a las autoridades nacionales a fomentar la comprensión mutua, la tolerancia, la formación cívica, los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz.

Posteriormente, en el Quincuagésimo octavo período de sesiones, la misma Asamblea General, en el siguiente año, y mediante Resolución 58/128, reconoció que “en muchas partes del mundo están aumentando los casos graves de intole-rancia y discriminación basados en la religión o en las creencias, en particular ac-tos de violencia, intimidación y coerción motivados por la intolerancia religiosa, que amenazan el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, por lo que exhortó a los Estados a velar por el respeto a las distintas religiones y creencias y a no discriminar a quienes profesan otras religiones, y a que ofrezcan toda la educación o capacitación que sea necesaria y adecuada.

En la misma dirección en la Resolución 61/221, aprobada en el Sexagésimo primer período de sesiones de la Asamblea de la ONU, titulada “Promoción del diálogo, la comprensión y la cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz” en el año 2006, se reconoció que el diálogo interreligioso e intercultural, tiene naturaleza compleja y multidimensional, entre otras razones, por su vinculación con las áreas de paz y seguridad. Destaca la contribución de la Declaración de Bali sobre fomento de la armonía interreligiosa en la comunidad internacional, el Congreso de Dirigentes de Religiones Mundiales y Tradicionales, el Diálogo entre el Islam y el Cristianismo, la Cumbre Mundial de Moscú de Dirigentes Religiosos y el Foro tripartito sobre cooperación interconfesional para la paz. Pero lo más im-portante, más allá de las simples declaraciones enunciativas y formales, fue la dis-posición para que el Secretario General de las Naciones Unidas designe un centro de coordinación en dicha Secretaría que se encargue del diálogo interconfesional.

En el Sexagésimo segundo Período de sesiones de la Asamblea General, fue aprobada la Resolución 62/90 a finales del 2007, por la que se toma conocimiento que se haya designado la Oficina de Coordinación y de Apoyo al Consejo Econó-mico y Social del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secreta-ría General, para que actúe como centro de coordinación, para que contribuya al proceso intergubernamental, instando al comienzo efectivo de sus operaciones. Sin embargo aún no se ven resultados concretos, pese a que por Resolución 63/22 en el Sexagésimo tercer Período de Sesiones realizado en Noviembre de 2008, se ratificaron sus términos

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Si bien es cierto que las Naciones Unidas aparentemente otorgan impor-tancia al diálogo interreligioso, en aras de propender a la paz en el mundo, no es menos cierto que la mayoría de sus resoluciones han sido meramente decla-rativas, esperándose que la Oficina de Coordinación y de Apoyo antes referida, cumpla con la tarea que le fue encomendada. Es hora de trabajo efectivo para el diálogo, la comprensión y la tolerancia entre los diferentes credos, dejando atrás los simples enunciados, en que nos ha tenido acostumbrados la ONU en sus diversas resoluciones, en que se limitaba a “acoger”, “afirmar”, “alentar”, “apo-yar”, “considerar”, “destacar”, “encomiar”, “exhortar”, “instar”, “invitar”, “pe-dir”, “reafirmar”, “recordar”, “relievar”, “subrayar”, y “tomar nota”, términos que sin menospreciar las buenas intenciones de los países asambleístas, tenían más de lírico que de práctico, por lo que debe hacerse seguimiento a las tareas de la Oficina de Coordinación y Diálogo, para superar lo declarativo e ingresar en el terreno de lo realmente resolutivo y sustancial.

Diario Oficial “El Peruano”17 de noviembre de 2009

LA OEA Y LOS DESASTRES

Cuando ocurren desastres naturales, como terremotos, inundaciones, incendios forestales y tantos otros, se pone a prueba la solidaridad interna y la proveniente del exterior, sea de países amigos como de organismos internacionales.

Nuestra América frecuentemente soporta los embates de la naturaleza y es por ello que en la OEA se han diseñado mecanismos para ayuda en lo inmediato, así como también para dar soporte para la reconstrucción y normalización de ac-tividades, sin olvidar la cooperación en el campo sanitario debido a los peligros a la salud que ocasionan los mencionados desastres. En esto último es destacable la acción de la Oficina Panamericana de Salud.

Recientemente, en su última Asamblea, la OEA aprobó la Resolución 2492, en la línea trazada, al resaltar el “Sistema de Simulación para la Gestión y Entre-namiento ante Situaciones de Emergencia-SIGEN” así como la “Oficina Interna-cional de Asistencia a los Desastres y Reducción de Riesgo” de USAID. Destacó esfuerzos multilaterales o colectivos como la “Agencia Caribeña de Respuesta a Emergencias en Casos de Desastres Naturales-CEDRA” y el “Comité Andino para la Prevención y Asistencia de Desastres-CAPRADE”.

En la misma Resolución 2492 se encomienda al Consejo Permanente de la OEA así como a su Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el inicio

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de un proceso de diagnóstico conjunto sobre los mecanismos normativos y de coordinación existentes en materia de desastres naturales y asistencia humani-taria así como diseñe la labor que deba desempeñar la OEA, presentando una propuesta de acción.

Lo señalado en la Resolución de la OEA a que nos referimos es muy loable, pero no se puede seguir en la línea de más y más diagnósticos, cuando ellos son harto conocidos. Se requiere acción inmediata en el sentido de establecer un inventario que se actualice regularmente, de las ayudas que estén en posibili-dad de otorgar los países no afectados, como pueden ser alimentos, material de abrigo, carpas, presencia de médicos y para-médicos, transporte y muchos otros, como lo ha propuesto reiterativamente el Perú en la Organización. Tienen que suscribirse convenciones que faciliten el pronto y oportuno desplazamiento de las ayudas así como el ingreso de los vehículos, sea aéreos, marítimos, terrestres, fluviales y lacustres, sin tantos requisitos cuando hay las urgencias.

Es hora de ir cambiando la mentalidad de las organizaciones supranaciona-les, menos retórica y más eficiencia. El mundo y globalizado, exige acción.

Diario Oficial “El Peruano”04 de enero de 2010

HONDURAS Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA

Después de más de seis meses, la hermana República de Honduras ha retornado a la normalidad democrática y principalmente por esfuerzo propio, con muy limi-tada intervención internacional y por qué no decirlo, a pesar del errático accionar de instituciones como la OEA que lejos de ayudar, no supieron advertir en qué lugar se encontraban los reales responsables de la insólita situación hondureña.

Es bueno hacer un recuento de lo acontecido y de los escenarios hondure-ños, que puede servir para formar juicio de valor reflexivo y sin sesgos inconve-nientes que quitan objetivad.

José Manuel Zelaya, candidato del Partido Liberal, asumió el poder en el año 2006 de manos de Ricardo Maduro, quien había alcanzado la presidencia como candidato del Partido Nacional. Roberto Micheletti, del mismo partido que Zelaya presidía el Congreso.

Durante el gobierno de Zelaya se ahondó la crisis energética, creció el crimen organizado y se incorporó a la Alternativa Bolivariana (Alba) liderada por Hugo Chávez desde Venezuela, pero lo que más molestó a la mayoría de hondureños fue la pretensión de Zelaya de modificar artículos constitucionales para posibilitar la

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reelección presidencial que la Ley de Leyes de Honduras no permite. Zelaya inten-tó recurrir a una consulta popular con el mencionado propósito, lo que no avalaron las más altas autoridades del país como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Parlamento.

Del lado del Poder Legislativo, su presidente Roberto Micheletti propició modificaciones a la normativa y calendario electoral. Conforme puede verse, acciones del Gobierno molestaban al Parlamento mientras que las de este último incordiaban al Ejecutivo, hasta que los constantes enfrentamientos culminaron el 28 de junio del 2009 al negarse las Fuerzas Armadas a aceptar instrucciones presidenciales que transgredían expresas disposiciones del Poder Judicial, incur-sionando en la residencia presidencial poniendo a “Mel” Zelaya en el aeropuerto para su traslado a Costa Rica. Asumió la Presidencia de la República Roberto Micheletti, como titular del Congreso. En buen romance, Zelaya fue deportado.

Pese a que desde antes de la salida de Zelaya del ejercicio presidencial, se habían convocado a elecciones generales y existía un clarísimo y previo calenda-rio electoral, la OEA suspendió a Honduras de su participación en tal organismo, lo que de suyo significó que muchos países que brindaban cooperación económi-ca, técnica y humanitaria a Honduras, también suspendieran sus ayudas.

Zelaya regresó clandestinamente a Honduras y se “alojó” en la Embajada del Brasil en Tegucigalpa como “huésped”, status diferente al de “refugiado” o “asi-lado”, ajeno a los estándares internacionales, lo que profundizaba la crisis hondu-reña, hasta que el 30 de Octubre del 2009 comisionados de Zelaya y de Micheletti suscribieron el Acuerdo Tegucigalpa-San José que acercó a las partes en conflicto, apoyando la realización de las elecciones convocadas en aras de que quien las gane pueda instalar un gobierno de unidad nacional. Las elecciones se llevaron a cabo el 29 de noviembre de ese año con limpieza y auditoría internacional, así como masiva participación ciudadana, y el nuevo gobierno, presidido por el candidato ganador del Partido Nacional Porfirio (Pepe) Lobo, quedó instalado el 27 de enero del 2010, con buenos auspicios y habiendo logrado que Micheletti deje a tiempo la casa de gobierno, facilite la transmisión del cargo y todo se lleve con tranquilidad. A ello contribuyó también al final Zelaya al retirarse a República Dominicana con la aquiesencia de los gobiernos de ambos países y con el beneficio de la amnistía que para delitos de connotación política aprobó el Parlamento de Honduras. El Po-der Judicial también realizó lo suyo al disponer el sobreseimiento de los procesos seguidos a los militares que “desalojaron” a Zelaya.

Conforme podemos advertir, en Honduras ha prevalecido la independencia de los poderes del Estado, sus mecanismos internos han funcionado y han salido fortalecidos. Quien ha tomado su decisión al final de cuentas es el pueblo sobera-no mediante elecciones inmaculadas. Honduras ha sabido encontrar los caminos

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convenientes para resolver su crisis interna respetando su normatividad, e inclu-so pese al rechazo internacional que perturbó el curso institucional hondureño.

Ahora Lobo tiene la gran responsabilidad de reinsertar a Honduras en el con-cierto de las naciones, lograr que sea nuevamente objeto de ayuda internacional, superar la crisis económica que también afronta y fortalecer el diálogo democráti-co. Esperemos que el error de comprometerse a instalar una Comisión de la Ver-dad, no enturbie el correcto camino emprendido como sucedió en otros países.

Por otro lado le queda a la comunidad internacional de países de responder a este esfuerzo que ha emprendido Honduras de afianzar la democracia plena de libertades políticas y civiles y acogerla con el reconocimiento a su nuevo Go-bierno y, de ese modo, contribuir a superar la precipitada suspensión de la OEA.

Diario Expreso03 de febrero de 2010

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

El Gobierno Peruano decidió contribuir económicamente en la rehabilitación de Haití, que sufrió uno de los más terribles terremotos de los últimos tiempos. La cooperación mencionada es en adición a la ayuda inmediata que el Perú otorgó a los haitianos enviando cargamentos aéreos de víveres, ropa, herramientas, me-dicinas y carpas entre otros, así como las tareas también oportunas de personal médico, sanitario y socorristas.

El ofrecimiento gubernamental peruano de aporte económico ha sido criti-cado por personas que no entienden lo que es la solidaridad internacional y han expresado que el presupuesto nacional debe servir para solventar las necesida-des internas y para rehabilitar lo destruido por el movimiento telúrico del 2007 que afectó principalmente al llamado “Sur Chico”.

Lamentamos las infortunadas expresiones de quienes no entienden la más humana de las virtudes que es la de la caridad, que en tiempos modernos deno-minamos solidaridad, y que se supone nos inculcaron desde el hogar y la escuela. Han olvidado también la sabiduría de antiguos refranes y aforismos como “hoy por tí, mañana por mi”. Ningún país puede afirmar que estará exento de las con-secuencias de desastres naturales y hasta ahora que se sepa, no hay forma segura de prevenirlos, menos aún cuando el “calentamiento global” -del que tanto se ha-bla- está ocasionando cambios climáticos, desbordes de ríos, lluvias torrenciales, inundaciones y tantas otras calamidades, que de no ser atendidas a tiempo hasta afectan gravemente la salud de los sobrevivientes.

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El Perú, que se encuentra en zona sísmica, ha soportado muchas veces muerte y destrucción motivada por terremotos y hemos recibido inmediata ayuda interna-cional. Recordamos que después del terremoto del 2007 se hicieron presentes mu-chos países con importantes donaciones y auxilio y también recibimos la visita en la misma zona destruida de diversos mandatarios que nos expresaron su aliento y apoyo. Todo ello además de la excelente respuesta de Indeci, Institutos Armados y Policía, que por aire mar y tierra llegaron a tiempo para ayudar a los damnificados.

Si bien es cierto que aún falta mucho por hacer para rehabilitar las zonas afectadas en el departamento de Ica y lugares aledaños, no es menos válido que ello no puede inhibirnos de prestar ayuda solidaria a quien como Haití hoy lo necesita a gritos. El tema de la solidaridad internacional ante desastres es un va y viene y así lo tienen entendido organizaciones de nivel mundial y regional como es la ONU y la OEA, que cuentan con mecanismos para paliar situaciones de alto riesgo, a lo que se añade la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Panamericana del mismo nombre, así como diversas iglesias por intermedio de Caritas y de Adra entre otras.

Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que la reconstrucción de Haití puede superar los catorce mil millones de dólares, cifra que ni en sueños Haití puede solventar, por lo que la solidaridad internacional no solo es necesaria sino indispensable. El BID también informa que la destrucción en Haití superó a la del tsumami en Indonesia en el 2004 y a los ciclones Fifi y Mitch que afectaron poblaciones de Centroamérica en el año 1974 y 1998.

Nuestro país fue requerido por la ONU para prestar apoyo a Haití, país paupérrimo desde antes del terremoto, lo que se viene haciendo en la Misión de Paz con contingente de nuestras Fuerzas Armadas que cada seis meses rotan, lo que tendrá que complementarse con brigadas de ingeniería que se han venido coordinando con Argentina para tareas en común en tal lugar. Dios quiera que la cooperación internacional siga llegando a Haití y que se recupere de las secuelas del terremoto y de su pauperización de larga data.

Diario Oficial “El Peruano”01 de marzo de 2010

COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS YCARIBEÑOS

Como si no hubieran más que suficientes organismos internacionales, los países latinoamericanos y los caribeños están empeñados en la creación de uno nuevo,

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al que pomposamente y aún con carácter tentativo denominan “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”.

Los países de nuestros continente están incorporados a las Naciones Unidas (ONU), pero también formaron en su momento la Organización de Estados Ame-ricanos (OEA), lo que no ha impedido que formen bloques y organizaciones de me-nor número de integrantes, unas con objetivos generales, otras con fines específicos y sectoriales, sin olvidar las que tienen conceptuación territorial. Como prueba de ello ya contamos con la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) el llamado Grupo de Río, CDS, Comunidad Andina, Oppegasur, Mercosur y la Alianza Boli-variana para los Pueblos de América más conocida como ALBA, entre otras.

Recientemente y bajo el prurito de nuestras Cancillerías a llamar a cualquier reunión con el rimbombante nombre de “CUMBRE”, han juntado a Jefes de Es-tado y/o de Gobierno en la Riviera Maya y el 23 de febrero del 2010 suscribieron la “Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe” y simultáneamente la “Declaración de Cancun”.

Con el estilo alambicado e impreciso a que nos tienen acostumbrados los documentos diplomáticos y abusando de términos como compartiendo, desta-cando, enfatizando, fortaleciendo, impulsando, intensificando, promoviendo, ratificando, reafirmando, reconociendo, refrendando, reiterando, renovando y subrayando, se acuerda la constitución de la “Comunidad de Estados Latinoa-mericanos y Caribeños”.

Las motivaciones para la creación de la nueva Organización, son las mismas o similares que se utilizaron para la fundación de las existentes, como son la nece-sidad de avanzar en la integración, la búsqueda del bienestar y la calidad de vida, la promoción del desarrollo sostenible, el intercambio de experiencias, la identi-ficación de áreas de cooperación, la construcción de un orden internacional más justo, el respeto al Derecho Internacional, entre muchos otros lugares comunes. Lo que si llama la atención es el pretexto del desarrollo regional integrado y no excluyente, pero se excluye a Canadá y Estados Unidos de América con los que hay relación más antigua y fructífera que con muchos países del Caribe, siendo además países cooperantes.

En la práctica, seguir en el innecesario camino de inaugurar más organismos internacionales, nos lleva a debilitar a los existentes, duplicar o multiplicar esfuer-zos, tener más foros y reuniones de concertación y lo que es más grave y oneroso, soportar países con recursos económicos modestos, los gastos que implica la mayor burocracia internacional y la preparación de los escenarios para sus convenciones.

En lugar de corregir los defectos y las deficiencias observadas en la OEA, se funda organismo paralelo pero sin el concurso de Canadá y los Estados Unidos de América, olvidando que pese a sus errores se ha avanzado en la temática de

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los Derechos Humanos con la Convención Interamericana del mismo nombre, se ha mejorado en el tratamiento y ayuda colectiva para mitigar desastres natura-les, tenemos una eficiente organización panamericana que atiende los temas de salud, contamos también con el Comité Interamericano de Lucha contra el Te-rrorismo, así como el que enfrenta al narcotráfico, y por supuesto la cooperación regional para el desminado humanitario, entre muchas otras cosas destacables. La experiencia de la OEA es invalorable y no se debe debilitar a tal Organismo.

Suena muy bien al oído emotivas motivaciones de integrar a los pueblos latinoamericanos y caribeños, la hermandad entre los mismos y un destino pro-misor, pero no descartemos que tenemos ya un camino definido que no tiene porque trabarse con innecesarias y equívocas nuevas Organizaciones. Ahora lo más elemental e inmediato es concretar acciones entre todos los miembros de la OEA, para superar nuestras diferencias ideológicas, y dentro del realismo políti-co, acometer la mejora de nuestro comercio internacional, poner en vigencia los compromisos asumidos para fortalecer las instituciones democráticas, y luchar por el desarrollo socio económico de nuestros pueblos.

Diario Expreso18 de marzo de 2010

DESAYUNO DE ORACION

El primer jueves del mes de febrero y desde 1953, se realiza en la ciudad de Washington, el “Desayuno Nacional de Oración”. El evento es organizado por “The Fellowship Foundation” más conocida como “La Familia” y su fundador fue Abraham Vereide.

Al evento concurren más de tres mil personas, al que usualmente asiste el Presidente de los Estados Unidos de América, miembros de su gabinete minis-terial también llamados secretarios de las diversas áreas de la administración del país del norte, así como senadores, representantes al Parlamento, altos funciona-rios públicos, líderes religiosos y representantes de muchas iglesias de significa-tiva relevancia, al igual que invitados de muchísimos países, embajadores ante la Casa Blanca, las Naciones Unidas y la OEA. También concurren altos directivos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Mone-tario Internacional y de otras importantes organizaciones de prestigio interna-cional, como también directivos de las más grandes empresas del país anfitrión.

En la práctica, el desayuno de oración se convierte en un foro universal en que se dan cita o se reencuentran personalidades de todo el globo y en donde ha-

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cen una oración en conjunto por la paz en el mundo, escuchando las reflexiones de alguna figura de connotación internacional, además del discurso del Presiden-te de los Estados Unidos.

Como quiera que concurren al evento influyentes representantes de diversi-dad de iglesias y oran en común con el resto de participantes, además de la medi-tación colectiva y ejercicio ecuménico, la cita sirve para que puedan estrechar sus relaciones, buscando coincidencias y acercándolos en la tarea de consecución de paz duradera en este complicado mundo en que nos ha tocado vivir.

El Desayuno Nacional de Oración o Desayuno Presidencial de Oración, como se le conoció en sus orígenes, es una excelente herramienta de aproxima-ción entre los pueblos del universo, para conocerse y comprenderse mejor, y para juntos orar por la paz mundial.

Al citado Desayuno han asistido como conferencistas personas tan diferen-tes como José Luis Rodríguez Zapatero, Tony Blair, Bono, Sor Teresa de Calcuta y muchísimos otros. Me tocó en el Desayuno del 2007 escuchar la ilustrativa alo-cución de Francis S. Collins, director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano.

Antes, en el 2005, al escuchar el discurso de Tony P. Hall, representante de los Estados Unidos en las agencias de la ONU sobre alimentos y agricultura, au-mentamos la toma de conciencia en los peligros de la escasez de alimentos y la severidad en carencia alimentaría en muchos países, requiriéndose apresurar el avance tecnológico para que la producción de alimentos sea pareja en algún mo-mento con el crecimiento poblacional, y evitemos en países de menor desarrollo relativo y países en desarrollo, el dispendio de recursos nutricionales.

En el famoso Desayuno Nacional de Oración advertimos impecable organi-zación, así como envidiable orden, sino también la forma igualitaria y democráti-ca como los asistentes llegaban al hotel en que se realiza el acto. Todos hacían sus colas, no habían preferencias, y los altos dirigentes gubernamentales y congre-sales del país más poderoso del orbe, codeándose con los demás participantes, dialogando con ellos y cogidos de las manos gobernantes y gobernados, líderes religiosos, estatales, empresariales y sindicales, meditando unidos e implorando al Altísimo por un mundo mejor.

En diversos países se han venido reeditando similares desayunos de ora-ción, que seguramente contribuirán en la toma de conciencia para lograr que todos unamos esfuerzos por dejar de lado la violencia -en todas sus formas y matices- y nos comprometamos con la deseada paz.

Diario Expreso18 de junio de 2010

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OEA EN LIMA

La Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos en el presente año, se ha realizado en Lima, asistiendo las delegaciones de los países que la inte-gran presididas en la generalidad de los casos por sus Cancilleres.

La citada Asamblea generó muchas expectativas, pues se esperaba que hu-biera un tratamiento adecuado a la situación de Honduras cuya participación en el Organismo Hemisférico se había suspendido, pero luego de realizadas eleccio-nes impecables e instalado el gobierno de Porfirio Lobo, era imperativo el levan-tamiento de la sanción y el inmediato retorno al seno de la Institución.

Por otro lado, había interés en conocer la acogida por la OEA a las propues-tas del Perú, para en alguna medida evitar que siguiera el armamentismo en la región y redireccionar recursos económicos a la solución de la problemática de salubridad, educación, infraestructura para el desarrollo, prevención y mitiga-ción de desastres naturales y tantas otras necesidades sobre todo de los países latinoamericanos y caribeños.

También se podría haber tomado decisión respecto a las propuestas de di-versos países de la Organización, con el liderazgo peruano, para hacer modifica-ciones estatutarias y reglamentarias en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de lograr que exista debido proceso para los Estados Miembros y no solamente para denunciantes y demandantes, e in-cluir en la normatividad de la Comisión instituciones procesales como el silen-cio negativo, el abandono de denuncias y causas, la inmediata notificación a los países denunciados con las pretensiones de los denunciantes, y en la Corte hacer derivar la fijación de reparaciones o indemnizaciones en las entidades jurisdic-cionales nacionales, aunque la decisión del Estado obligado a indemnizar y los sujetos indemnizables sean señalados por dicha Corte como corresponde.

Sin embargo poco se definió. En el tema de Honduras se dispuso la nomi-nación de una Comisión que estudie la situación de dicho país, con lo que en la práctica se postergó su retorno a la OEA.

En cuanto a las proposiciones del Presidente del Perú para poner atajo a cuantiosas inversiones en armamento, su discurso fue oído con mucho interés, pero como no es lo mismo oír que escuchar, la reacción hemisférica fue como casi siempre lírica e irrelevante. Quedó por ahora agotado el tema con declarar una vez más el compromiso de los Estados Miembros de respetar el derecho in-ternacional y ratificar la convicción por la solución pacífica de controversias sin recurrir al uso de la fuerza, promoviendo un ambiente propicio para el control de armamentos, limitación de armas convencionales y no proliferación de armas de destrucción en masa, que pueda permitir a los diferentes países dedicar mayores recursos a su desarrollo económico y social.

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En lo que se refiere a las necesarias reformas normativas procesales en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, absoluto silencio e in-diferencia.

Se llevaron más de ochenta proyectos de declaraciones y resoluciones rei-terativas, redundantes y diríamos que muchísimas innecesarias, que ocuparon el tiempo y tareas de los funcionarios internacionales y de las delegaciones na-cionales. Ingentes cantidades de papel utilizado, discursos que hacen hinchar el pecho de los expositores, pero con un déficit lamentable en cuanto al contenido.

Algunos críticos del Sistema Hemisférico consideraron que se requería un mayor liderazgo del Secretario General de la Organización, olvidando que es el mandatario de todos y no el mandante de muchos, y que como señalara en su momento el expresidente colombiano don Alberto Lleras Camargo, la OEA es lo que los Estados Miembros quieren que sea, aunque tenemos que precisar que pese a sus deficiencias dicho organismo internacional es necesario para defender y promover la democracia representativa, ayudar a los Estados en su lucha con-tra el terrorismo y el narcotráfico, mitigar consecuencias de desastres naturales y coordinar la ayuda internacional requerida cuando suceden esos lamentables acontecimientos y sin olvidar la excelente actuación de la Organización Paname-ricana de la Salud.

La presencia de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, señora Hilary Clinton, despertó muchísimo interés, pero su mensaje con el idio-ma diplomático que caracteriza a las Asambleas, dejó un claro mensaje que es el que su país no está más dispuesto a cargar sobre sus espaldas la mayor parte de los recursos que requiere la OEA para su sostenimiento, recordando con fineza que si otros países hemisféricos siguen creando organismos multinacionales sin la presencia del propio Estados Unidos de América y solventando sus costos, bien pueden aumentar su participación en el sostenimiento de la OEA.

El sólo hecho de realizar la Cuadragésima Asamblea de la OEA en la capital peruana, puso a nuestro país en el centro de atención mundial en aquel momen-to, las delegaciones fueron testigos de los avances democráticos y de desarrollo del Perú, pudiendo aquilatar la buena predisposición nacional para recibir inver-siones que generan trabajo y la elevación de los niveles de vida de nuestra pobla-ción. Estuvimos pues, con presencia adecuada, en la vitrina del mundo entero, lo que en el futuro redundará igualmente en mayor turismo, que también mueve la economía.

Como corolario tenemos que reconocer la excelente actuación de la Cancille-ría del Perú y de nuestros funcionarios de Torre Tagle, que mostraron impecable actuación en la preparación y ejecución del evento, atendiendo con cortesía y eficiencia a todos los que desde el exterior fueron nuestros huéspedes. Nuestro

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Canciller supo por lo demás, estrechar buenas relaciones con los países asisten-tes, pero sobre todo con los limítrofes, fortaleciendo las relaciones bilaterales y los cimientos para tareas futuras en común. Bien por ello.

Revista Gente30 de junio de 2010

ESPIONAJE

En los Estados Unidos fue descubierta una red de espías originarios de Rusia que actuaban a su favor. Con el pragmatismo americano, fueron canjeados los detenidos en los Estados Unidos por otros detenidos en Rusia que actuaban en forma similar pero a favor de la Unión. Este tipo de canje no es atípico pues ha sucedido en otras ocasiones.

En el Perú este asunto ha tenido mucha difusión, pues uno de los deteni-dos en Estados Unidos había residido en el Perú bajo el nombre de Juan Lázaro Fuentes, se había nacionalizado peruano, y contrajo matrimonio con la periodis-ta peruana Virginia Peláez Ocampo, para después migrar al país en que ambos fueron detenidos.

Si son culpables o no de lo que se les imputa, ¡vaya uno a saber!, pero lo cierto es que han admitido responsabilidad y antes que estar sometidos a lentos y onerosos procesos, aceptaron el canje y su expulsión a la Federación Rusa.

El caso no tendría mayor efecto en el Perú salvo el noticioso, si es que dichas personas pretendieran fijar su residencia en el país que hoy los alberga, pero por información de prensa se sabe que la señora Peláez y el señor Mijail A. Vasenkov (nombre originario de Juan Lázaro) pretenderían retornar al Perú.

En el caso de Virginia (Vicky) Peláez, aunque adquirió nacionalidad esta-dounidense, no ha dejado de ser peruana, pues nació en el Perú y no renunció a su nacionalidad originaria ante autoridad nacional (art. 53 de la Constitución).

Respecto a los ilícitos que pudiere haber cometido en los Estados Unidos, no tienen efectos en el Perú. La normatividad penal aplicable en nuestro territorio, es por lo regular la nacional y no la foránea (artículo 1 del Código Penal) y por lo demás le asiste el derecho a fijar residencia en nuestra patria así como a entrar y salir de ella (inc. 11 del art.2 de la Constitución)

El caso del cónyuge de la señora Peláez es diferente, ya que la nacionali-dad peruana le fue concedida bajo premisas falsas, como que su nacionalidad de origen era uruguaya y que su nombre era Juan Lázaro y muchas perlas más. El señor Vasenkov -si es ese su apellido real- actuó fraudulentamente con de-

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claraciones mentirosas, por lo que debería dejarse sin efecto la resolución que le otorgó la nacionalidad peruana y el respectivo título de nacionalidad, así como la Libreta Militar y el Documento Nacional de Identidad, de ser el caso. Como vemos la nulidad es manifiesta.

Si bien ambas personas se han comportado deslealmente con los Estados Unidos de América que los acogió y les dió nacionalidad adoptiva, la señora Peláez tiene derecho a retornar al Perú, pero no su cónyuge, que sería extranjero, y el Perú tiene todo el derecho a impedir el ingreso a su territorio de quienes no son deseables en él.

Diario Expreso16 de julio de 2010

HONDURAS Y LA OEA

La realización en Lima de la Asamblea Ordinaria Anual de la OEA, generó ex-pectativa respecto al tratamiento que se daría a la situación de Honduras.

Recordemos que las autoridades de Honduras desestimaron la pretensión de José Manuel Zelaya, su entonces Presidente, de recurrir a consulta popular para modificar la Constitución de dicho país y hacer posible la reelección presi-dencial que ella no permitía.

Los enfrentamientos habidos entre el Parlamento y el Gobierno Hondureño de “Mel” Zelaya tuvieron su punto de quiebre el 28 de Junio del 2009, cuando sus Fuerzas Armadas se negaron a cumplir instrucciones presidenciales para facilitar la logística del plebiscito que el Poder Judicial había rechazado, lo que desembo-có en la expulsión de Zelaya a Costa Rica y la asunción a la Presidencia de Ro-berto Micheletti, en ése momento presidente del Congreso y del mismo partido político de Zelaya, respetándose la línea de sucesión.

La OEA sin aquilatar debidamente lo acontecido en Honduras y sin analizar las transgresiones constitucionales de Zelaya, en visión miope de lo sucedido, por Resolución de su Asamblea General Extraordinaria del 1 de Julio del mismo año, condenó a lo que denominó el golpe de Estado en contra del Gobierno de Honduras, reafirmando que Zelaya es su Presidente y exigiendo su restauración en el cargo.

La misma Asamblea de la OEA, por Resolución del 4 de Julio del 2009, sus-pendió a Honduras del ejercicio de sus derechos en ése Organismo. En buen romance: expulsión temporal.

Sin la participación de la OEA los hondureños superaron sus diferencias y comisionados de Zelaya y Micheletti suscribieron el Acuerdo Tegucigalpa-San

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José en Octubre del citado año, que apoyó la realización de elecciones para un gobierno de unidad nacional. Las elecciones se realizaron a fines de noviembre del 2009 con auditoria internacional, y el nuevo gobierno presidido por el gana-dor y candidato del Partido Nacional don Porfirio Lobo asumió el cargo el 27 de enero del 2010. Honduras resolvió su problema por si misma, e incluso nominó una Comisión para esclarecer la verdad de todos los hechos.

Pese a lo expuesto la OEA por falta de voluntad política de varios de los países que la integran, no ha querido el pronto retorno de Honduras a su seno y le ha dado largas al asunto, tanto es así que en su última Asamblea Ordinaria en Lima, por Resolución del 8 de Junio del 2010 ha conformado una Comisión de Alto Nivel, cuyos miembros designará el Secretario General, para que analice la evolución de la situación de Honduras.

La Comisión debe presentar su informe a más tardar el 30 de Julio del 2010 con sus recomendaciones, que esperamos propongan el retorno de Honduras a la Organización Hemisférica, de la que nunca debió ser apartada.

Es difícil entender la posición de la OEA, que por un lado y justificadamen-te, revoca la Resolución del 31 de enero de 1962 que expulsó a Cuba pero man-tiene aún la inequitativa suspensión de Honduras. Hacemos votos para que esta situación se normalice y podamos tener una OEA unida y fortalecida en bien de la región.

Diario Oficial “El Peruano”21 de julio de 2010

ECUADOR, PERÚ Y EL MAR

La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, de acuerdo con sus pro-cedimientos, ha hecho de conocimiento de Ecuador, la demanda del Perú a Chile para la delimitación de la frontera marítima entre estos dos países.

La notificación al Ecuador se sustenta en que los convenios de 1952 y 1954 relacionados con el dominio marítimo objeto de controversia entre Chile y Perú, fueron tripartidos, al ser suscritos por dichos países y también por Ecuador.

En reciente visita al Perú de Rafael Correa, como Presidente de Ecuador, afirmó a la prensa que “claramente se ha mencionado de parte del Gobierno Pe-ruano, que no existe problema limítrofe –ni marítimo ni territorial- con Ecuador”. Agregó que “tal vez sería deseable que se ratifique una vez más eso por escrito, pero en todo caso, si esos pasos se dan, nosotros no tenemos necesidad de res-ponder esa notificación”

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Raudamente el Presidente del Perú, dirigió comunicación al Presidente de Ecuador ratificando que no existen problemas de límites -ni territoriales ni marí-timos- pendientes con Ecuador.

La ocasión es propicia para recordar que en el Gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero, el 1 de agosto de 1947, expidió el Decreto Supremo No 781/1947 mediante el cual se proclamó soberanía y jurisdicción en una zona com-prendida entre nuestras costas y una línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el Océano Pacífico a una distancia de 200 millas marinas.

Posteriormente el 18 de agosto de 1952, Chile, Ecuador y Perú suscribieron la “Declaración sobre Zona Marítima” usualmente denominada “Declaración de Santiago”, mediante la cual establecieron que cada uno de ellos tiene zona ma-rítima no menor a 200 millas de ancho, a partir de todo lo largo de sus costas, dándose tratamiento especial en caso de islas, que sólo es aplicable a Ecuador y Perú en que existen territorios insulares más no entre Chile y Perú en que fronte-rizamente no hay tal situación.

Más adelante, el 4 de diciembre de 1954, Chile, Ecuador y Perú suscribie-ron acuerdo para evitar imposición de sanciones a embarcaciones menores, tri-puladas por gente de mar con limitados conocimientos naúticos o carencia de instrumentos de precisión para determinar su posición en alta mar. Es así que se estableció una zona especial de 10 millas marinas de ancho a cada lado del para-lelo que constituye el límite marítimo entre dos países, que en la realidad es área de tolerancia, pero tal límite es únicamente para impedir conflictos pesqueros y nada más, pero que no puede interpretarse como fijación del límite para diferen-ciar el mar que corresponde a Chile del que corresponde al Perú. Tan es así que este último Convenio se entiende por específica disposición como integrante y complementario del de 1952 cuyas estipulaciones no son modificadas.

Como quiera que los Convenios Pesqueros no pueden ser confundidos con delimitación marítima entre Chile y Perú, nuestro país planteó a su vecino del sur el inicio de negociaciones para solucionar la problemática de límite marítimo, pero lamentablemente la propuesta no fue admitida y luego de la promulgación de la Ley 28621 que fijó las líneas de base del dominio marítimo peruano y gra-ficado el límite en Carta aprobada por el Decreto Supremo Nº 047-2007-RE, se evidenció una vez más la superposición de zonas marítimas proyectadas desde el Perú y desde Chile, debido a la orientación de las costas de ambos países.

Ante la imposibilidad de resolver en trato directo la controversia por su-perposición de áreas marítimas entre Chile y Perú y ratificándose la voluntad peruana de resolver sus diferendos mediante vía pacífica con apego al Derecho Internacional, el 16 de enero del 2008 se planteó la correspondiente demanda ante la Corte Internacional de Justicia para que se proceda a la delimitación marí-

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tima entre los dos países, proponiendo una línea de equidad. Ambos países tiene el compromiso de cumplir lo que disponga el fallo.

Con Ecuador no hay diferendo ni territorial ni marítimo y existen claros tratados respecto a límite territorial. En cuanto al marítimo la comunicación del presidente peruano al presidente ecuatoriano confirma la inexistencia de diferen-do y la buena relación ecuatoriana-peruana, que se ha ido fortaleciendo luego de los acuerdos de paz que pusieron fin a un siglo de desencuentros.

Revista Gente30 de julio de 2010

A DIEZ AÑOS DE LA DECLARACIÓN DEL MILENIO

El 8 de setiembre del año 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran las Naciones Unidas, reunidos en su sede de Nueva York, suscribieron la “Declaración del Milenio”, reafirmando su fe en la Organización y en su Car-ta constitutiva, como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.

Al aproximarse el décimo aniversario de dicha Declaración, existe la sen-sación que no se ha edificado lo suficiente sobre dichos cimientos, y hay serias dudas sobre si el mundo es más pacífico, próspero y justo.

Como la mayoría de los documentos internacionales, la Declaración está lle-na de buenos propósitos, como entre otros el reconocimiento de la responsabi-lidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial.

También expresa la Declaración, la decisión de quienes la suscriben de es-tablecer una paz justa y duradera en el mundo y que el proceso de globalización se convierta en fuerza positiva para todos los habitantes del planeta, además de incluyente y equitativa.

Reafirma igualmente como valores fundamentales a la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza y responsabilidad común, trazan-do diversos objetivos para la paz, la seguridad y el desarme.

Propugna como mecanismos para alcanzar los objetivos propuestos, que los países apliquen los tratados sobre el control de armamentos y el desarme, la suscrip-ción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; la lucha contra el tráfico de drogas, la delincuencia transnacional, el terrorismo y el blanqueo de dinero.

En lo social enfatiza la necesidad de erradicar la pobreza y propender al de-sarrollo, así como la atención de las necesidades de los países menos adelantados

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y se aplique el programa de alivio de la deuda de los países pobres muy endeu-dados, llamando a la cooperación internacional para la asistencia generosa a los que se esfuerzan por destinar sus recursos a aliviar la pobreza.

Aunque poco usual en instrumentos internacionales, en la Declaración se señalan metas concretas como la de reducir para el año 2015 el porcentaje de ha-bitantes del mundo cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre, reduciendo a la mitad el porcentaje de quienes carecen de acceso a agua potable. Para el mismo año lograr que los niños de todo el mundo puedan terminar ciclo completo de enseñanza primaria, e igualmente haber reducido la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de niños menores de cinco años en dos terceras partes.

En lo que se refiere al medio ambiente, se reafirma el apoyo a los principios del desarrollo sostenible, debiéndose adoptar una nueva ética conservacionista, entre otras metas que son plausibles.

La Declaración encomienda a la Asamblea General de la ONU examinar periódicamente los progresos alcanzados en su aplicación, por lo que a diez años de su suscripción es un buen momento para que se dé a conocer al mundo un balance certero de lo avanzado, de lo retrocedido y de lo que aún falta lograr.

Dice un antiguo refrán que el infierno está plagado de buenas intenciones. Esperamos que este no sea el caso de tan importante Declaración en que el mun-do fijó sus ojos esperanzadores para que su contenido pronto se haga realidad.

Diario Oficial “El Peruano”08 de setiembre de 2010

CUBA Y EL CAMBIO DE FIDEL

Hace algo más de medio siglo, se instauró en Cuba el régimen socialista y au-toritario que lideró Fidel Castro, quien en el año 2006 fue reemplazado por su hermano Raúl, por causa de enfermedad del primero.

Los largos años de la hegemonía de los hermanos Castro no han logrado el desarrollo de Cuba, aunque pueden exhibir logros en materia de salud, educa-ción y deportes. Sus planes económicos han fracasado, las libertades brillan por su ausencia, siendo su apertura al mundo aún tímida y limitada.

Es increíble que Cuba, tan cercana geográficamente a los Estados Unidos de América y en general al mundo occidental, se encuentre al mismo tiempo tan alejada de ellos en lo que se refiere a la economía, al intercambio comercial, a las inversiones y a todos los aspectos que la globalización permite.

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Cayó el Muro de Berlín, al igual que la Cortina de Hierro; la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmembró y se incorporó al sistema económico occidental; gran parte de los países europeos se integraron en la Unión Europea, y en el oriente, China abrió sus puertas a la inversión in-ternacional y guardó en los archivos de la historia al ya decrépito socialismo maoísta, como también aconteció con diferente profundidad en otros lugares del planeta. Lamentablemente nada de esto ha tenido mayor influencia en Cuba.

Como no se puede estar permanentemente aislado del resto del mundo, por más que Cuba sea una isla, el fenómeno de la globalización tendrá que dejarle su huella y entender que el sistema que impusieron los hermanos Castro no fun-ciona.

Recientemente , Fidel Castro, concedió entrevista a Jeffrey Goldberg para la Revista “The Atlantic Monthly”, a quien expresó que el modelo cubano no funciona, ni para Cuba ni para el resto del mundo. Aunque posteriormente se ha tratado de modular la expresión e incluso desmentirla, lo cierto es que lo que se dijo es la verdad, y que mientras el resto de países avanzan, pero a distintas velocidades, Cuba se ha estancado, carecen sus ciudadanos de libertad y no en-cuentran estímulos para su desarrollo.

El dicho de Fidel Castro nos lleva a pensar que hay una definición en mar-cha para el cambio, comprendiendo que en un mundo moderno e intercomuni-cado, no se puede permanecer con las rigideces ideológicas que únicamente han anclado a Cuba en la pobreza.

Si los cubanos quieren mejorar su situación, elevar su nivel de vida y conseguir prosperidad, tienen que seguir el ejemplo de otros países que su-peraron la fuerte carga ideológica que tenían y se integraron a la economía globalizada.

Hoy el camino es único: para lograr prosperidad se necesita que haya traba-jo decente, para que él exista es indispensable la inversión y esta última sólo se da cuando hay tranquilidad social, justicia independiente, reglas estables de juego y tributación adecuada. Todo ello sin olvidar las obligaciones del Estado con los grupos que más necesitan de su apoyo.

Esperemos que los grupos políticos que en nuestra patria elevaron casi a los altares a los hermanos Castro, hayan escuchado la confesión de Fidel, para no seguir con propuestas trasnochadas e irreales que a nada bueno conducen.

Diario La Razón26 de setiembre de 2010

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DEFENDAMOS EL MAR DE GRAU

Dentro de poco tiempo se conmemorará el trigésimo aniversario de la Conven-ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982. Pese a las cerca de tres décadas transcurridas y pese también a ser conveniente para el Perú su adhesión al Tratado, hasta ahora sorprendentemente no lo ha hecho.

Sea por razones o por pretextos, lo cierto es que recién en mayo del 2001, siendo Canciller el Embajador Javier Pérez de Cuéllar, en decisión que lo enalte-ce, remitió al Congreso, con la rúbrica del Presidente Valentin Paniagua, la CON-VEMAR para su aprobación.

En la Comisión de Constitución del Congreso, en el segundo semestre del año 2005, bajo la presidencia del autor de esta nota, se puso en agenda la CON-VEMAR, se escuchó la versada opinión de los expertos de la Cancillería y de fuera de ella, y hasta se llegó a proyectar dictamen recomendando la aprobación por el Perú de la citada Convención.

Como lamentablemente siempre hay peros y piedras en el camino, mientras debatíamos la CONVEMAR en la Comisión de Constitución, nos enteramos por los medios, esto es por terceros, que la Cancillería después incluso de haber de-sarrollado una campaña mediática para explicar la conveniencia de adherirnos a la Convención, sacaba el cuerpo del tema.

En efecto, en nota de Prensa No 178-2006, la Cancillería en el Gobierno pre-cedente anunció que no era conveniente en esos momentos seguir con el debate. Dio como razón que las campañas electorales de aquellos tiempos podrían per-turbar la seriedad del debate. En buena cuenta el Ejecutivo quitó la alfombra al Legislativo para seguir con el trámite de aprobación de tan importante Tratado Internacional.

Como quiera que las elecciones generales recién serán en abril del próximo año, y únicamente estamos en campaña electoral regional y municipal, no habría motivo valedero alguno para que el Congreso no asuma su responsabilidad, res-cate de los archivos la CONVEMAR y proceda a su aprobación.

Debemos recordar que tanto la Constitución de 1979 como la actual de 1993, señalan con respecto a nuestro llamado “Mar de Grau” que “El dominio maríti-mo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y sub-suelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional...”

Conforme puede advertirse, el texto de las dos últimas Constituciones, es perfectamente compatible con la CONVEMAR, y su flexibilidad permite armo-nizarlo con los diversos espacios marítimos que consagra el Derecho del Mar,

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esto es mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental.

Debemos precisar que como bien lo señaló la Cancillería al Congreso en su comunicación del 22 de noviembre del 2005, CONVEMAR garantiza un mayor resguardo sobre el mar adyacente a nuestras costas, como también fue reconocido por el Sector Defensa. La misma Cancillería nos recordó que la CONVEMAR, no sólo es un código que regula y protege los derechos de los Estados en los espacios oceánicos, sino que constituye también la herramien-ta jurídica más importante con la que contarìa el Perú para hacer valer sus derechos.

Si los argumentos jurídicos con los que cuenta el Perú para sustentar sus de-rechos marítimos, están conceptualmente determinados en la CONVEMAR, no hay que esperar más, enfrentemos de una vez por todas el reto y que el Congreso navegue viento en popa en nuestro Mar de Grau aprobando la Convención.

Revista GenteOctubre de 2010

BOLIVIAMAR ¿ESLABÓN O CONFUSIÓN?

Desde la Independencia, las relaciones entre los países de nuestro continente americano, han sido de encuentros y desencuentros, estos últimos en gran medi-da como consecuencia de límites que reprodujeron los trazados en tiempos de la Colonia, apetitos territoriales e intereses económicos.

Las relaciones entre Bolivia y Perú no son ajenas a épocas de amistad como también de distanciamientos, y en los tiempos en que nos ha tocado vivir ambos países han mostrado voluntad integradora como lo acredita el pertenecer a la Comunidad Andina y a otros mecanismos de acercamiento.

El Perú ha sido constante en mostrar su solidaridad con Bolivia por el en-claustramiento marítimo como consecuencia de la “Guerra del Pacífico”, siendo reiterativo en expresar que no será obstáculo para los acuerdos a que pudiere llegar con Chile para resolver su mediterraneidad, dentro de los alcances del Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario.

En 1992 el Perú otorgó diversas facilidades a Bolivia para que en el litoral de Ilo pudiera desarrollar diversas actividades, además de las propias de salida y entrada de mercancías para el hermano país. El acuerdo a que arribaron ambos países denominó equívocamente como “Boliviamar” a la franja costera en que Bo-livia tendría intereses.

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Por una u otra razón, Bolivia no aprovechó como se esperaba de las venta-jas y facilidades que le había otorgado el Perú, y el 19 de Octubre del 2010, los presidentes de ambos estados suscriben la llamada “Declaración de Ilo”en que se anuncian la suscripción del “Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Acuerdos de Ilo”. El texto de la Declaración mencionada es conocido, pues está publicado en el portal informático de la Cancillería, empero el segundo aún no lo es, omisión que debería ser subsanada cuanto antes.

La Declaración de Ilo da a conocer la ampliación de las facilidades y beneficios de carácter económico, comercial y logístico para Bolivia, lo que es atendible, auque tendrá que aclararse lo relacionado con temas militares que de suyo son sensibles.

Entre los asuntos que fortifican las buenas relaciones boliviano-peruanas se encuentra la ampliación de la zona franca industrial y económica especial (ZO-FIE) y una zona franca turística, que complementan el acceso al Océano Pacífico y a punto de atraque en el Puerto de Ilo, con franquicias tributarias, lo que tendrá que ser sometido al Congreso para su pronunciamiento.

Sin embargo llama la atención en la “Declaración de Ilo” que se mencione al “Protocolo Complementario” suscrito por ambos mandatarios el mismo día de la Declaración, pero hasta hoy desconocido en nuestra patria, y peor aún cuando se menciona que “el Perú autorizará la presencia de barcos de la armada bolivia-na y les otorga derecho de navegación en el puerto de Ilo”, agregando “la insta-lación de un Anexo de la Escuela Naval del Estado Plurinacional de Bolivia...”

Los asuntos que se relacionan en el párrafo anterior revisten importancia singular, no solamente porque son materias que exigen pronunciamiento del Po-der Legislativo, sino por las implicancias con la defensa nacional que ameritan su previa discusión en el Consejo de Seguridad, y la indispensable transparencia para evitar cualquier tipo de suspicacias, sean internas o externas.

Si bien es cierto que tanto la dirección de la política exterior como la jefatura de las Fuerzas Armadas ambas están confiadas al Presidente de la República (inc. 11 del art. 18 y art.167 de la Constitución) siempre es deseable la coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa.

En las relaciones entre estados es aconsejable la prudencia y repasar la Historia para rememorar las causas como los pretextos de pasadas confrontaciones bélicas que tanto aflicción ocasionaron, al igual como los tratados que se suscribieron an-tes de los conflictos y que probablemente nos llevaron a situaciones no deseadas, sin olvidar comportamientos por lo menos: erráticos. No dudamos que vivimos en tiempos diferentes, pero precisemos que lo que conviene a uno no necesariamente satisface en todo al otro.

Diario La Razón31 de octubre de 2010

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PROTOCOLO PREOCUPANTE

El 19 de octubre pasado, los presidentes de Bolivia y Perú, suscribieron la “Decla-ración de Ilo” en la cual dan a conocer que paralelamente han firmado el “Proto-colo Complementario de los Acuerdos de Ilo”, acuerdos celebrados en 1992 que originaron la denominación de “Boliviamar” a una faja costera en nuestro litoral, entre otras estipulaciones relevantes.

La “Declaración de Ilo” ha sido publicada en el portal informático de la Can-cillería, aunque no así el nuevo Tratado, el que al momento de escribirse estas líneas, tampoco ha sido presentado al Congreso de la República para su corres-pondiente aprobación.

De lo que se conoce por las declaraciones de prensa de ambas cancillerías, el tratado tendría acuerdos vinculados a las ventajas concedidas a Bolivia en 1992, en el ánimo que ésa hermana república y sus nacionales, utilicen de una vez las venta-jas, y que los acuerdos iniciales tengan contenido fáctico y no simples enunciados.

Por la “Declaración de Ilo”, se conoce que adicionalmente por el “Protocolo Complementario” el Perú permite la instalación de un anexo de la Escuela Naval de Bolivia y autorizará la presencia de barcos de la armada boliviana a los que les otorga derecho de navegación en el Puerto de Ilo.

Lo primero no llama la atención y es lógico que los dos países comprome-tidos hagan lo posible para que “Boliviamar” sea beneficiosa para ambos. Lo segundo si nos alerta, pues si bien somos solidarios con nuestro vecino del Alti-plano en su vocación marítima, tenemos que ser cuidadosos en temas que tienen vinculación con la defensa y con las relaciones internacionales.

En efecto, no se trata de una escuela de marina mercante, es un anexo de una escuela naval militar, en que se preparan en teoría y práctica a los marinos boli-vianos, instrucción que conlleva no solamente utilización de armas, sino también desplazamiento de naves de guerra, que por más que hoy ello pueda ser virtual, en el futuro podría ser real. Además hay una connotación internacional, pues no es un tema en que puede haber únicamente óptica binacional, sino que es impor-tante como puede percibirse por el resto del vecindario hemisférico.

El “Protocolo Complementario” tiene que evaluarse necesariamente en el Congreso, al que no debe presentársele hechos consumados, como parecería ser la colocación de la primera piedra para el Anexo de la Escuela Naval de Bolivia en Ilo, acto que por más que pueda tener significación ceremonial, no deja de constituir el inicio de ejecución del Protocolo que aún carece de la aprobación parlamentaria.

Diario Expreso12 de noviembre de 2010

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CULEBRÓN DIPLOMÁTICO

Como dicen en el argot o jerga popular estamos ante un culebrón, esta vez de contenido diplomático que ha sacudido a varias Cancillerías, al haberse hecho públicas por el portal WikiLeaks que patrocina el australiano Julian Paul Assan-ge, frondosa documentación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que es su Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores. La do-cumentación hecha pública proviene de representantes diplomáticos de la Unión acreditados en diversos países y transmitida a sus superiores.

No sólo se trata de información rutinaria, sino que se ha dado a conocer documentación clasificada que puede ser reservada, secreta o ultra secreta, que ha derivado en escándalo internacional por su contenido e incluso por diálogos que reproduce.

El asunto tiene varias aristas, una primera es el papelón para el país más poderoso del mundo, al haber ingresado terceras personas sin su consentimiento a sus archivos de información clasificada, con el agravante de haber sido ella ex-puesta a quien quisiera enterarse, sea en el portal electrónico mencionado, sea a través de los medios de prensa que la vienen publicando.

La segunda arista es la información que se creía confidencial y que por ac-ción delincuencial ha generado pérdida de confianza en lo que se puede entregar o decir a la diplomacia de Norteamérica. La reserva hecha añicos y la evidencia que si ello ha sucedido en el tan influyente Departamento de Estado, bien podría suceder en otras Cancillerías con también lamentables consecuencias.

Los comentarios sobre este sainete que incluso contiene juicios de valor so-bre diversos jefes de estado y de gobierno, algunos ni por asomo respetuosos, han sido de lo más diversos, pero lo que más llama la atención es que se cuestione que las embajadas informen a sus Cancillerías sobre acontecimientos, hechos, expresiones, comentarios y también opiniones de actores de la política del país ante los cuales los funcionarios diplomáticos están acreditados.

Pongamos las cosas en su sitio, informar no solamente es costumbre corrien-te en el mundo diplomático, sino que es una de las funciones de las misiones diplomáticas. En efecto la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas suscrita el 18 de abril de 1961, determina que, entre otras funciones, las represen-taciones diplomáticas tienen la tarea de enterarse por todos los medios lícitos, ojo, no ilícitos, de las condiciones y de la evolución de los acontecimiento en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante.

La disposición tiene muchísimo más valor, cuando el conocimiento opor-tuno de información relevante de un país, es conocido por la representación di-plomática del país que la ha acreditado, pues con ella puede tener datos de suyo

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importantes que podrían ayudar a preservar la paz, evitar acciones de terceros que sean perjudiciales y también noticias sobre posibilidades de accionar terro-rista, de narcotráfico, de lavado de dinero o de otros ilícitos que puedan afectar hasta las relaciones amistosas de los países. Todo ello sin olvidar información social y económica que pudiera tener relación con el comercio internacional o los tratados de intercambio y facilidades comerciales que es usual que los estados acuerden.

Obviamente lo acontecido nos enseña a que no hay información que por más segura que se crea, no pueda ser pirateada y dada a conocer a terceros. Tam-bién nos debe llevar a la convicción que hay que ser prudentes en lo que se dice y escribe, pero tener presente que tiene legitimidad que los diplomáticos informen a sus respectivos estados sobre lo que conocen lícitamente del país donde actúan.

Diario La Razón19 de diciembre de 2010

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA I

Mientras el 11 de setiembre del 2001 se discutía y aprobaba la “Carta Demo-crática Interamericana” con el objetivo de promover y defender la democracia en nuestro continente, dentro del marco de la OEA, simultáneamente en Nueva York se producía uno de los mayores atentados del terrorismo internacional que originó destrucción y muerte.

Cercanos a celebrar la primera década de la existencia de la citada Carta, siendo el Perú uno de sus promotores, recientemente la OEA y la Cancillería de Chile han llevado a cabo un seminario internacional, con la finalidad de evaluar su aplicación, así como sopesar la conveniencia de hacerle cambios que se po-drían debatir en la Asamblea General del organismo regional que se celebrará en San Salvador.

Quien escribe esta nota, le tiene singular aprecio a la temática democrática dentro de la OEA pues tuvo el privilegio de acudir al organismo hemisférico, tan pronto se produjo la interrupción del proceso democrático peruano el 5 de abril de 1992, asistiendo al entonces primer vice-presidente de la República en su pre-sentación ante miembros del Consejo Permanente en Washington para denunciar el autogolpe, y posteriormente representar a la oposición, unida y democrática del Perú, en la Asamblea General de la OEA que se celebró un mes después en Nassau, donde gracias a la presión internacional se logró la convocatoria al Con-greso Constituyente (CCD), lo que de suyo puede definirse como una transacción

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de corte político propiciada por la misma OEA ante la casi indiferencia nacional. Con ella se empezó un largo proceso de recomposición democrática que culminó con el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua el año 2000.

El Perú se convirtió en el laboratorio donde la OEA puso su entusiasta es-fuerzo para superar la crisis peruana, desde las deficientes observaciones elec-torales, hasta la mesa de diálogo para la transición democrática. Todo esto sin olvidar que la temática democrática en la OEA inicialmente se limitó a existencia declarativa, retórica e irreal, simple etiqueta sin contenido efectivo, como tampo-co tuvo mecanismos procedimentales para defender el sistema democrático. En la práctica acciones tibias sin la contundencia que podría esperarse de un añejo y experimentado organismo regional como es la OEA.

Habida cuenta que la OEA entendió que su rol en defensa de la democracia, no podía circunscribirse a declaraciones románticas sin mayor contenido prác-tico, inició un proceso progresivo desde el año 1959, primero para enfrentar el repudiable caso de República Dominicana, para luego -entre otros instrumentos- aprobar la Resolución 1080 denominada Compromiso de Santiago en 1991 que es la cláusula democrática general que permite convocar a reunión ad hoc de cancilleres cuando algún país del hemisferio es afectado por acciones atentatorias contra la democracia.

Posteriormente por el Protocolo de Washington se reforma el artículo 9 de la carta constitutiva de la OEA para excluir a Estados infractores de reuniones y estamentos de la Organización, y la Resolución 1753 en el año 2000, acordada en Windsor (Canadá) que facilitó la mesa de diálogo político en el Perú, como mecanismo bisagra para la recuperación democrática, que se complementa con la Cumbre de Québec que aprobó la declaración de 22 de abril del 2001 que san-ciona con exclusión del sistema de cumbres hemisféricas, al país infractor de sus obligaciones democráticas.

El proceso de la OEA en defensa de la democracia, sube un nuevo escalón con la aprobación en Lima de la Carta Democrática Interamericana (CDI) el 11 de setiembre del 2001, que aunque no siendo tratado sino resolución declarativa, tie-ne el acierto de elevar la democracia a la categoría de derecho de los pueblos, que no se agota en si misma, pues debe propender al desarrollo y crecimiento econó-mico con equidad, siendo democracia y desarrollo interdependientes. También avanza -aunque tímidamente- con mecanismos defensivos del sistema, propicia el respeto a las libertades fundamentales y a los Derechos Humanos. Expresa que el acceso al poder y a su ejercicio debe realizarse con sujeción al estado de derecho; las elecciones deben ser periódicas, libres, y justas, basadas en sufragio universal y secreto, debiendo existir régimen plural de partidos, separación e interdependencia de poderes públicos.

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Fija la CDI como componentes del ejercicio democrático, la transparencia de las actividades gubernamentales, así como probidad y responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, con respeto a los derechos sociales, así como a la libertad de expresión y prensa, eliminación de discriminación, con hincapié en la subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil y la participa-ción ciudadana en decisiones que pueden afectar su desarrollo.

Diario Oficial “El Peruano”28 de enero de 2011

PARLAMENTO ANDINO

Pretendiendo ser una cruzada, un ignorante en el tema de la integración andina promueve viciar el voto en lo que se refiere a la elección de nuestros represen-tantes al Parlamento Andino. A través de las redes sociales y correos masivos anuncia que no está en contra de la integración ni de dicho Parlamento pero al mismo tiempo propugna que no se elijan a nuestros representantes y que ellos sean designados dentro de los congresistas nacionales. Agrega que la ley perua-na sobre la materia fue aprobada “entre gallos y media noche”, que el Ejecutivo se negó a promulgarla y lo fue por el Parlamento anterior, y que los integrantes del Parlamento Andino “lo único que hacen es asistir dos veces al año a las sesio-nes....y luego descansar para recibir su dinerito sin mayor esfuerzo...” El autor de la cruzada –demostrando que la ignorancia es atrevida- llegó hasta el insulto, por lo que afrontará la correspondiente acción penal.

Para evitar que incautos caigan en el error es conveniente informar a la ciu-dadanía sobre el Parlamento Andino, para lo cual recordemos que dicha Institu-ción es un órgano de la “Comunidad Andina” antes “Acuerdo de Cartagena” o “Pacto Andino” suscrito el 26 de mayo de 1969 y que hoy está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú después del retiro de Venezuela y de la parti-cipación parcial de Chile.

La actual “Comunidad Andina” tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus Países Miembros en condiciones de equidad me-diante la integración y la cooperación económica y social con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, y con dichos objetivos procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.

Inicialmente el esfuerzo integrador andino se circunscribió en acciones de los Poderes Ejecutivos de los Países Miembros, para luego incluir a los actores reales del proceso como son empresarios y trabajadores, para lo cual durante al-

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gunos años actuó el Comité Asesor Económico y Social (CAES) con representan-tes de ambos sectores que después participaron separadamente en el “Consejo Consultivo Empresarial” y en el “Consejo Consultivo Laboral”.

Como quiera que en el proceso de integración se suscitan controversias, para la resolución de ellas fue creado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y para que los ciudadanos de los Países Miembros tengan una participa-ción orientadora de la integración andina se creó el “Parlamento Andino” como órgano deliberante aunque sin decisiones vinculantes del Sistema, y representa a los pueblos de la Comunidad Andina.

El “Parlamento Andino” fue creado el 25 de octubre de 1979 por tratado in-ternacional que el Perú está obligado a respetar y cumplir, como todos sus com-promisos internacionales. En dicho Tratado se estableció que el Parlamento al que nos referimos está constituido por “...representantes de los pueblos de cada una de las Partes Contratantes elegidos por sufragio universal y directo según procedimiento que los Estados Miembros adoptarán...” agregando que transito-riamente estará constitíido por cinco representantes elegidos por los respectivos órganos legislativos de cada país entre sus integrantes.

Por Protocolo Adicional al Tratado de creación del Parlamento Andino, acordado el 23 de abril de 1997, se dispuso que las elecciones por sufragio uni-versal y directo de los representantes de cada

Estado debería realizarse dentro de un plazo hasta de cinco años, motivo por el cual -aunque con retraso- nuestro Parlamento anterior aprobó la Ley Nº 28360 denominada “Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento An-dino” la que fue promulgada por el Presidente del Congreso de aquel entonces como era su obligación constitucional ante la abstención del Presidente de la Re-publica y todo ello en cumplimiento de los tratados internacionales que el Perú había suscrito y cuya palabra empeñada tenía que honrar. La Ley Nº 28360 fue modificada por la Nº 28643 con la finalidad de incorporar la valla electoral del 5% y el mecanismo del voto preferencial.

Reconociendo que la integración es un proceso progresivo y que ha teni-do sus duras y maduras, así como siendo escéptico del Parlamento Andino ello no impide afirmar que este último no dicta disposiciones de obligatorio cumpli-miento sino principalmente recomendaciones para el mejor desarrollo del pro-ceso, habiendo destacado en la defensa de los migrantes andinos en el exterior; la creación del pasaporte andino; la cooperación consular; la tarjeta andina de migración; la tarjeta laboral andina que todavía falta llevar a la práctica para que los nacionales de cada País Miembro puedan ejercer actividades remuneradas, oficios y profesiones en cualquiera de los otros países de la Subregión y tantas otras innovadoras proposiciones.

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El Parlamento Andino se reúne ordinariamente 8 veces al año y tendrá que esmerarse en la tarea de propuestas serias para la armonización de la legislación de los países de la Comunidad, lo que debería ser su tarea central para facilitar el proceso integrador, que como repetimos es progresivo y no puede agotarse en lo hasta ahora realizado en sus más de cuatro décadas de existencia.

Quienes sigan la errada tesis de viciar el voto para el Parlamento Andino lo único que lograrán es que sea elegido por quienes utilicen su voto ante la abstención de los primeros, pues nuestra normatividad constitucional y legal no contempla la nulidad singular de las elecciones comunitarias.

Diario La Razón08 de abril de 2011

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA II

En anterior artículo, en este importante medio, tratamos sobre la Carta Demo-crática Interamericana, sus antecedentes y el proceso político peruano para la recuperación de la plena Democracia con el concurso de la OEA.

Lamentablemente en la Carta Democrática Interamericana no se avanzó en fijar sanciones, más allá de la suspensión de presencia del Estado infractor, en los estamentos institucionales de la Organización, por lo que como bien dice el ex-canciller mexicano Jorge Castañeda, la Carta “carece de diente”.

Como aporte al debate reflexivo sobre el tema, enunciamos las fortalezas que habíamos advertido en la CDI, como es determinar que la democracia es derecho de los pueblos y obligación de los Estados. Además la conveniencia de agregar a la legitimidad de origen democrático la de su ejercicio, reconociendo que democracia que no se une y alinea con el desarrollo económico y elevación de niveles de vida de la población, es democracia renga, máxime que la pobreza incide negativamente en su fortalecimiento.

Es mérito y a la vez fortaleza de la CDI, que no se constriñe al golpe de esta-do clásico del famoso y no olvidado cuartelazo, añadir otras prácticas antidemo-cráticas más sofisticadas y sorprendentes, como la que sufrimos el 5 de abril de 1992. Especial relevancia tiene la conexión de la Carta con los Derechos Humanos y el respeto a los mismos.

Al alimón de haber señalado fortalezas, tenemos que ir a la parte negativa, las debilidades de la CID que hemos advertido, entre ellas la renuencia de los Es-tados miembros de la OEA a actuar con sanción oportuna al Estado infractor de

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sus obligaciones con la democracia, quizás por temor a que el o los precedentes, le puedan ser aplicables en el futuro.

También la existencia de nuevas organizaciones internacionales continen-tales o subhemisféricas en la región, han debilitado a la OEA y la han hecho aún más timorata de lo que nos tenía acostumbrados, y sin que ello constituya atribuir desidia a su Secretario General, que no puede ir más allá del mandato de sus poderdantes. La rápida actuación de otros Organismos contrasta con la lentitud de nuestra OEA, la que se ahoga en cada vez más tareas y responsabili-dades, que no necesariamente tiene que asumir, que se ejecutan parcialmente y con tardanza, atentando contra lo que son sus tareas fundamentales que son a las que debería dedicarse.

Al no ser tratado la CID carece de la indispensable y necesaria fortaleza, lo que se agrava con sus imprecisiones y ambigüedad. En cuanto sanciones a aplicarse a países infractores, se agota en la simple suspensión, que ya no tiene la solidez que tuvo antaño, además de carecer de acciones preventivas específicas. Todo esto nos debe llevar a buscar fórmulas jurídicas que compatibilicen el no intervencionismo y no injerencia con la defensa del sistema.

El sólo hecho que se evalúe el comportamiento de los países miembros a la luz de la CDI y la eficacia de esta última, debe ser un estímulo para que se realicen similares prácticas con lo que es el accionar de la OEA, que lejos de centrarse en tareas sustantivas de sus responsabilidades, se prodiga en aprobar todos los años decenas y decenas de resoluciones reiterativas y declarativas de amplísimo univer-so temático, que lo único que logra es cansar a quienes concurren a sus reuniones. Lo propio debería hacerse con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que olvida el derecho que tienen los Estados Miembros al debido proceso. Ha efec-tuado modificaciones estatutarias y reglamentarias que lejos de propender a equi-librios procesales, tiende a la indefensión de los Estados, a lo que se agrega su falta de disposición para trasladar a las judicaturas nacionales la fijación de reparaciones o indemnizaciones cuando condena a los Estados infractores. El seguir utilizando la Corte (CIDH) estándares internacionales para las indemnizaciones, ajenos a los usos nacionales, estimula que los denunciantes o demandantes pretendan recurrir al Sistema Interamericano en lugar de atenerse a lo que pudieran disponer los tri-bunales nacionales. La OEA hasta ahora no ha sido capaz de enfrentar el tema e imponer orden, pese a que le compete aprobar estatutos de Comisión y Corte, a los que se deben adecuar los reglamentos de ambas instituciones.

Alerta temprana: se está perdiendo la paciencia.

Diario Oficial “El Peruano”31 de enero de 2011

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FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CHILE-PERÚ

Sucesivas y cercanas visitas de Estado del Presidente Piñera al Perú y del Presi-dente García a Chile, contribuyen no solo al fortalecimiento de las relaciones de países limítrofes en múltiples campos, sino también sosegar a quienes quieren en uno u otro país que permanezcan las tensiones y desencuentros que anclan en el pasado en lugar de mirar a un futuro promisor aprovechando las ventajas de estar frente la Océano Pacífico y poder relacionarse mejor con los países del Sudeste Asiático.

En la última visita, se reconoce -todavía con timidez- la existencia de un eje de países latinoamericanos que aprovechan de los beneficios de la economía de mercado, de sus generosos recursos naturales y de su privilegiada ubicación geográfica frente al Pacífico, que les permitirá incrementar su comercio. Nos re-ferimos a Colombia, Chile, México y Perú.

Pese al pomposo y ambiguo léxico diplomático con la cual está redactada la Declaración Presidencial, se pasa en diversos temas de las declaraciones genéri-cas a decisiones concretas, como es la facilitación del tránsito en la frontera entre los dos países que contribuirá al incremento del transporte de pasajeros así como de carga en ambos sentidos, pero al mismo tiempo control del contrabando y acciones contra el narcotráfico.

La integración eléctrica como objetivo binacional, así como la interconectivi-dad de redes de fibra óptica y del roaming fronterizo, inequivocamente seguirán propiciando una más estrecha relación entre los nacionales de cada Estado. La ayuda mutua en materia consular se suma a la ya iniciada con otro de nuestros vecinos y que permitirá, además de reducción de tareas y costos, seguir estimu-lando la confianza de países con idéntico origen y con futuro común.

Consideramos absolutamente realista las instrucciones de los dos mandata-rios para iniciar el proceso de renegociación de un nuevo tratado de extradición ya que con el correr de los años, las legislaciones internas de ambos países han incorporado como delitos diversas otras acciones y omisiones punibles que no estaban consideradas en el Tratado vigente.

En temas internacionales en que ambos países tienen interés, es destacable el reconocimiento de los beneficios de corrientes migratorias y la necesidad de evi-tar el maltrato a los migrantes por prácticas racistas, xenófobas o discriminatorias que vienen campeando en varios de los países desarrollados.

Importante decisión es la de efectuar consultas recíprocas antes de las Asambleas de la OEA, para “profundizar la coordinación en los diversos foros multilaterales”, aunque debemos lamentar que no se haya explicitado la conve-niencia de unificar esfuerzos para hacer cambios en la Comisión y en la Corte

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Interamericana de Derechos Humanos” en aras de garantizar también el debido proceso para los Estados que forman parte del Sistema y morigerar las altísimas indemnizaciones que imponen.

En temática militar, sin sutilezas, han ordenado los Presidentes que los en-cargados de establecer un Sistema de Homologación para la Medición de Gastos de Defensa, redoblen sus tareas para lograrlo. Por otro lado han reafirmado la voluntad para erradicar las municiones de racimo en la región y el cumplimiento de las obligaciones de la Convención de Otawa sobre minas antipersonales

La ratificación del respeto al Derecho Internacional y a la solución pacífica de controversias, desterrando pretensiones de uso de la fuerza, abonan el camino de la construcción de la confianza entre Perú y Chile, lo que no implica descuidar las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas para cumplir con sus responsabi-lidades constitucionales y recuperar su capacidad disuasiva, que tiene que ser política de Estado, aunque sin recurrir a carreras armamentistas.

Diario Oficial “El Peruano”11 de febrero de 2011

RECTIFICAN O SE HUNDEN

Hace algo más de veinte años visité La Habana y entre las cosas que me impre-sionaron estaba la falta de voluntad de los jóvenes para lograr mejores niveles de vida por el camino de mayor esfuerzo y trabajo. Me impresionó el conformismo con el sistema imperante y la pasividad frente a la conculcación de las libertades. Escuché muchas voces que expresaban únicamente el anhelo de llegar rápido al fin de semana “pa gozaa”.

Desde otra vertiente diferente me llamó la atención artículos en el diario “Gramma” respecto a si era democrático o no el monopartido y algunas conver-saciones en el campus universitario con alumnos que expresaban abiertamente que eran impostergables los cambios en la isla y la esperanza en su democrati-zación.

Ante los dos extremos señalados, uno el de las mayorías populares jóvenes y el otro de una élite intelectual, tanto universitaria como periodística, me incliné a pensar que esta segunda vertiente selectiva era la que anunciaba cambios y que en pocos años Cuba cambiaría. Error, pasaron algo más de veinte años y la situación persiste.

La llamada revolución cubana liderada por los hermanos Fidel y Raúl Cas-tro Ruz, es como los gatos, tiene muchas vidas, y no le ha afectado ni la preten-

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dida invasión de Bahía de Cochinos en los años 60, ni la crisis de los misiles, ni la obligada diáspora de quienes huían de su dictadura, ni su exclusión de la OEA, como tampoco el bloqueo a que la sometió John F. Kennedy, ni los diversos em-bargos, ni la acción de los balseros, o las reacciones del mundo libre ante abusivas condenas a los disidentes del régimen.

Sin embargo se abre una luz en el horizonte que hace avizorar tiempos de cambio y probablemente apertura económica con autoritarismo político, tipo China y otros países asiáticos, que podrá permitir que la gente joven vuelva a esforzarse para alcanzar mejores niveles de vida y entienda que no puede espe-rar todo del Estado sino que tiene que hacer lo suyo, el sistema occidental del esfuerzo individual.

¿Cuánto demorará el cambio? Sólo Dios lo sabe, pero se realizará de todos modos, pues los jerarcas cubanos han reconocido que por el camino que seguían nada bueno espera a su país.

La expresión de Fidel Castro pocos meses atrás en el sentido que “el mo-delo cubano no nos sirve ni a nosotros” es sintomática, y ha sido el preludio de las reformas que está iniciando su hermano Raúl, el que ha dicho con claridad meridiana: “O rectificamos o nos hundimos”. No se puede pretender que la rec-tificación sea total y rápida pues el mismo Raúl Castro ha puesto el parche en el sentido que no regresarán al capitalismo y que no se puede tirar por la borda medio siglo de sacrificio y revolución.

No creo que nadie en sus cabales quiera regresar a los tiempos de Fulgencio Batista, pero tampoco el mundo libre quiere simple apertura económica sin de-mocracia. Habrá la apertura y comenzará la larga y complicada vía de las refor-mas, primero las económicas que luego conducirán a las políticas.

Revista GenteAbril de 2011

XENOFOBIA

La calificación de xenofobia, aún es generosa para la infame propuesta que algu-nos legisladores de varios estados de la Unión han presentado para negar la na-cionalidad estadounidense a nacidos en su territorio, pero de padres inmigrantes indocumentados.

La iniciativa legislativa en Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pensilvania exigiría a los padres que asienten nacimiento de sus hijos, de ser in-migrantes, presentar la documentación que acredite su situación migratoria. De

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ser indocumentados, esto es ser inmigrantes irregulares sin permiso de residen-cia o similar, recibirían certificación de nacimiento diferente del resto, y tal certi-ficado no serviría para acreditar nacionalidad estadounidense pese al nacimiento dentro del territorio de los Estados Unidos.

¡Qué tal paradoja! El país que se ha caracterizado por la defensa de las li-bertades, y por resaltar el valor de los pioneros que viniendo de otras partes del globo han contribuido al nacimiento y desarrollo de la Unión, hoy en la práctica desconozca todo ello de aprobarse la pérfida proposición legislativa.

Por los suelos quedaría la décima cuarta enmienda de su carta constitucio-nal, la que garantiza ciudadanía norteamericana a los nacidos en su territorio, con prescindencia de la nacionalidad de los progenitores. Sería incluso una burla al hecho que la Unión es país de inmigrantes a los que abrió sus puertas, y sus hijos han llegado a tener posiciones prominentes, sino que lo diga Barack Obama, quien siendo de primera generación nacida en los Estados Unidos de América, pero de padre foráneo, llegó al Parlamento y luego a la Presidencia del país -to-davía- más poderoso del orbe.

La propuesta a la que nos referimos hace añicos siglos, para no decir mile-nios, de la doctrina jurídica internacional sobre la nacionalidad de las personas naturales, que generalmente reconoce que ella se rige por el “jus sanguinis” o derecho de la sangre o por el “jus solis” también conocido como derecho del suelo. Los hijos mantienen como regla general la nacionalidad de los padres por derecho de sangre, o la tienen respecto al territorio que los vio nacer. Al tacho la cultura jurídica para los depredadores del derecho y de los principios constitu-cionales del país al que nos referimos, como también es tirar al tacho el precepto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra el derecho de toda persona a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, sino tiene derecho a otra, y sabemos que el reconocimiento de la otra dentro de territorio extranjero muchas veces se torna de hecho en imposible.

Diario Expreso15 de abril de 2011

AMISTAD PERUANO-ECUATORIANA

Gracias en buena medida al profesionalismo demostrado por nuestra Cancillería, y a las acciones gubernamentales de Ecuador y Perú para establecer canales de entendimiento directo, como la inclusión del mecanismo del 2 + 2 y las reuniones del Gabinete Binacional, integrado por todos los ministros de la hermana repú-

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blica y nuestro país, se ha logrado consolidar la amistad peruano-ecuatoriana con la suscripción del tratado de límites marítimos entre los dos Estados a través del “Acuerdo por intercambio de Notas de contenido idéntico entre la República del Perú y la República del Ecuador sobre Límites Marítimos” del 2 de mayo de 2011.

Como bien lo advirtió Alfredo Hohagen Fernandini en artículo del 26 de mayo de 2006 en el diario “Correo”, desde antiguo se había respetado de hecho el límite marítimo, confirmado por declaraciones de quien fuera el primer man-datario del Ecuador el Presidente Rocafuerte, pero se necesitaba “…celebrar un tratado de límites marítimos con Ecuador….” Pues muy bien, el tratado de lí-mites ya se suscribió y enhorabuena, pues ello fortifica las buenas relaciones hoy existentes entre los dos países.

Si bien la historia de ambos países ha estado caracterizada de encuentros y desencuentros, e incluso serios conflictos militares, sin olvidar los problemas que hubieron en la implementación de las medidas y mecanismos de integración sub-regional andina (Pacto Andino, hoy Comunidad Andina) entre las dos repú-blicas, ahora son temas de historia, pues la realidad hoy es diferente.

El último conflicto entre Ecuador y Perú se resolvió gracias a la actuación de los países garantes del llamado “Protocolo de Río de Janeiro”, al suscribirse los Acuerdos de Paz en Brasilia en el año 1998, incluido el Plan de de Desarrollo e Integración Fronteriza, a lo que se suma el desminado humanitario en la frontera terrestre común y la firme decisión de hacer realidad proyectos como el Puyan-go-Tumbes, los Centros de Comercio y Navegación, y tantos otros proyectos y mecanismos para que los dos países vivan en paz y se complementen económi-camente, elevando por lo demás el nivel de vida de las poblaciones fronterizas.

Si bien en 1998 quedó fijado definitiva y a perpetuidad el límite terrestre entre Perú y Ecuador, ahora también ha quedado fijada por derecho la frontera marítima, que partiendo del correspondiente punto de base en el litoral llega hasta concluir las doscientas millas del dominio marítimo de las dos naciones.

Sin duda alguna la sintonía entre los gobernantes ha jugado un papel faci-litador y la actuación del Canciller José Antonio García Belaunde con su equipo de Torre Tagle han logrado que el tema del límite marítimo concluya satisfac-toriamente, con las repercusiones que ello tiene. Destacan las conversaciones y negociaciones bilaterales llevadas con discreción hasta culminar con la entrega simultánea de las respectivas notas, la preparación de la cartografía necesaria con eficiente actuación de nuestra Marina de Guerra y el Instituto Geográfico Nacio-nal, y la no siempre acción impecable del Congreso Peruano, que aprobó las mo-dificaciones indispensables de la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú y la Resolución Legislativa que sancionó la convención demarcatoria del límite marítimo, con sujeción al Derecho Internacional.

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Queda claro que si hoy ya contamos con un tratado de límites marítimos con el hermano país del norte, ergo las convenciones de 1952 y 1954 entre Chile, Ecuador y Perú, no fijaban límites marítimos para efectos soberanos sino para las faenas de pesca, pues de lo contrario no hubiera sido necesaria la suscripción de la convención ecuatoriano-peruana con tal objetivo, ni menos aún el recurrir el Perú a la Corte Internacional de La Haya para que se fije, también con arreglo al Derecho Internacional, el límite en el mar entre Chile y Perú. Deberíamos dar continuidad a las tareas de los actuales representantes del Perú en el diferendo, para mantener la coherente línea de defensa de los intereses nacionales.

Ahora nos toca redoblar esfuerzos para mejorar la situación de las poblacio-nes fronterizas de nuestros dos pueblos hermanos, y recordar que hay una tarea pendiente en el Congreso del Perú, esto es la aprobación de la Convención del Mar, inmotivada e innecesariamente postergada.

Diario La Razón03 de julio de 2011

ANIVERSARIO QUE SE DEBE RECORDAR PARA NO OLVIDAR

Se cumple el décimo aniversario del fatídico 11 de setiembre del 2001, en que el terrorismo internacional derrivó las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, dos de las más altas e importantes edificaciones de aquel momento, con cuantioso saldo de destrucción y muerte que conmovió al mundo.

Para los terroristas, que quieren el caos, haciendo uso de fatales armas con las cuales atentan contra la vida humana y demuelen lo que con tanto esfuerzo y recursos fue construído, la fecha seguramente será una celebración, pero para la mayorìa de las personas que quieren vivir en paz, mejorar sus niveles de vida y desarrollarse por el bienestar de sus comunidades,es un aniversario doloroso en que se debe recordar para no olvidar.

En este mundo complicado, con tanto adelanto técnológico y científico, con comunicaciones inmediatas, pero también con hambre y miseria, se hace más que nunca necesaria la unión de los buenos ciudadanos que no entienden como en tiempos de aliento a las libertades y cultura de respeto a los Derechos Huma-nos, pueden transformarse paìses y ciudades en espacios enrejados, temerosos de nuevos atentados.

Hemos pasado de la cultura de la libertad a la cultura de la seguridad, por obra y como consecuencia de la insanía terrorista en que el 11 de setiembre nos ha enseñado a estar en constante alerta y los países con vocación de paz unir esfuer-

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zos, información e inteligencia para prevenir cualquier acción de los facinerosos a los que nos referimos.

Al igual que la ciencia y tecnología ayudan al desarrollo, también constitu-yen herramientas para la destrucción, y que tanto las modernas comunicaciones ayudan a correctos ciudadanos como son también utilizadas por los actores te-rroristas nacionales que tienen contacto con los de otros países y con el terroris-mo internacional.

En el Perú, si bien se le ha ganado hasta ahora al terror, el éxito no es com-pleto, aún quedan remanentes con los que hay que acabar, pero precisando que hoy en día está ligado el terrorismo al narcotráfico el cual tiene recursos para comprar conciencias.

Todos tenemos que ayudar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su lucha contra el fraticida terrorismo, y sin desalentar a los llamados a restable-cer el orden con denuncias, juicios e incluso sanciones por simplemente cumplir con el deber que les impone la Constitución y la Ley.

No justificamos violación de Derechos Humanos, pero tampoco puede la Sociedad desproteger a quienes la resguardan de acciones delincuenciales y van-dálicas, confundiendo a los buenos con los malos. No se puede tampoco dejar al Estado indefenso frente a acusaciones muchas veces antojadizas en que se pretende hacer de la noble causa de los Derechos Humanos un negocio, preten-diendo lucrar con cuantiosas indemnizaciones que se consiguen en sede judicial supranacional y que al final se solventan con nuestros impuestos.

Dejémosno de tanta ingenuidad propiciando que el Estado se allane a las reclamaciones, que sabemos perfectamente que no siempre son reales ni justas. No hay que confundir el respeto a los Derechos Humanos con un Estado bobo, que teniendo armas jurídicas para defenderse, prefiere bajar la cabeza y aceptar responsabilidades que no siempre le recaen.

Diario La Razón11 de setiembre de 2011

INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD

En México, una institución neutra y de prestigio, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocó a un foro de discusión sobre Seguridad y Justicia en Democracia, en que participaron cerca de cien especialistas.

Los resultados del foro nos hacen pensar que estamos tras los pasos de Mé-xico, y que para revertir la situación es indispensable tomar cartas en el asunto,

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pues no queremos que crezca la inseguridad, la violencia y la criminalidad, como tampoco deseamos que nuestra patria pueda convertirse en un narco Estado por la permisibilidad de las autoridades llamadas a impedirlo.

El estudio al que nos referimos señala que la inseguridad, violencia y crimi-nalidad no podrán enfrentarse aisladamente sin en primer lugar reducir las prác-ticas corruptas que por lo general quedan impunes. Agrega como elemento que ha contribuido a resultados insatisfactorios el fraccionamiento de las entidades estatales llamadas a luchar contra el delito, así como la falta de puentes de comu-nicación eficaz entre ellas, con el agregado que tampoco existen puentes entre los organismos que se encargan de las labores de inteligencia.

Del mismo modo destaca como causa del hasta ahora fracaso de las medidas interdictivas, algo que es muy frecuente en nuestra patria, tratar de resolver el asunto mediante el fácil recurso de ampliar la relación de delitos y la elevación de penas, en lugar de privilegiar la prevención. En el Perú hemos hecho añicos la estructura del Código Penal al establecer penas más duras para delitos menos graves que atentar contra la vida, que es el bien tutelado de mayor valor.

También cuestiona el estudio la toma de decisiones por la coyuntura del mo-mento o por algunos hechos que generan la indignación popular, de los cuales se agarran algunos legisladores para actuaciones efectistas pero que lejos están de resolver la problemática. ¿No les parece ello conocido? Claro que sí, calco y copia en el Perú con el añadido del figuretismo.

Atención singular se puso al crimen organizado, al lavado de dinero y activos, en la falta de profesionalización para la investigación del delito, la racionalización del empleo de la fuerza, la triste situación carcelaria, la necesidad de reducir las detenciones preventivas, el tratamiento como enfermo al adicto a las drogas, la re-incorporación social, tratamientos no privativos de libertad para delitos de menor peligro al indicar que “Es necesario que, como sociedad, se racionalice el empleo de los mecanismos de la justicia penal para resolver conflictos...” y que las leyes pe-nales “..deben pasar por una profunda revisión para despenalizar conductas ino-cuas y revisar las sanciones penales al justo grado del daño causado a la sociedad en cada caso...” En el caso peruano se agrega la preocupación por la demora en las etapas de investigación, instrucción y juzgamiento de los delitos.

Sería conveniente que alguna de nuestras más prestigiosas universidades siguieran el buen ejemplo mexicano y con meticulosidad, neutralidad y profe-sionalismo estudien la situación nacional y propongan las medidas necesarias para superarla, hasta con la redacción de la normatividad requerida. Antes que confrontar a la Iglesia, usen sus energías en esta tarea que es más provechosa.

Diario La Razón30 de octubre de 2011

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VIVIENDA Y DEMAGOGIA VENEZOLANA

En Venezuela se ha aprobado la “Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda”. Como norma controlista y no promotora, en lu-gar de paliar el déficit habitacional y que más familias tengan morada, consegui-rá todo lo contrario por no sacar enseñanza de la nefasta experiencia peruana del tiempo del Velascato.

En el Perú durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado, rodeado de la ca-viarada que lo acompañó en su desgobierno, se expidió el Decreto Ley Nº 21938 para regular y limitar los arrendamientos de viviendas, con el deseo que las per-sonas carentes de vivienda pudieran acceder a un techo por lo menos arrendado y con renta limitada. El resultado es conocido, se dejó de invertir en viviendas para arrendar, y como los alquileres se congelaron muchos propietarios prefirie-ron mantener sus predios desocupados. En lugar de haber más viviendas para cubrir carencias, lo que hubo es más personas con carencias.

Con el sesgo ideológico de la Venezuela chavista y con el léxico demagógico que usan los rojos de café y salón, se señaló como objetivo de su aludida ley, “en-frentar la crisis de vivienda… consecuencia del modelo capitalista explotador y excluyente,...contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda, que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano…” Palabras engañosas que no pueden esconder la realidad, hay más demanda que oferta y no crecerá la primera si es que no hay estímulo y respeto a la propiedad privada.

Evidentemente no alcanzarán el objetivo, ello está probado en todos los países que jugaron con la ilusión de sus ciudadanos y diseñaron modelos para quitar a unos y darles a otros, en lugar de generar el ambiente necesario para que todos prosperen y que la actividad privada ayude al Estado en la ejecución de proyectos habitacionales sociales, pero rentables para sus gestores. Olvidaron que hay personas que invierten en viviendas para arrendar para tener ingresos para su vejez.

En Venezuela se ha ido más lejos que el modelo del Velascato, pues encima de ser ineficiente e irreal, ha creado organismos burocráticos que dilapidarán recursos públicos como la “Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vi-vienda” y el “Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas”. Peor aún, se les encomienda fijar el canon o la renta por el arrendamiento de las viviendas, en una banda entre el 3 y el 5% anual del valor del inmueble, que también lo fijan dichos entes gubernamentales –dependientes del Ministerio del Poder Po-pular- como les da la gana, con índices de depreciación por antigüedad pero sin revalorización adecuada.

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La renta anual fijada por el Estado se divide entre doce meses y ésa es la renta o canon mensual que debe pagar el inquilino, y que es inferior a la mitad de lo que en cualquier país debe fructificar la propiedad inmueble. La renta tiene justificadamente que pagar impuestos, pero también cubrir los gastos de mante-nimiento ordinarios como extraordinarios, así como pagar los servicios comunes del sistema de la propiedad horizontal e igualmente las reparaciones. Al propie-tario no le queda ni para su caribeño ron.

Las causales de desalojo son poquísimas, lo que convierte la propiedad in-mobiliaria en cautiva, lo que se agrava al establecer que la renovación de los con-tratos de arrendamiento depende sólo del inquilino. Este último tiene derecho de preferencia en caso que el propietario desee vender la vivienda, y de haberla vendido a terceros, podrá sustituirse a ellos. El precio no es de oferta y demanda, y tiene que ser menor que el fijado por el Estado, con el agravante que se redu-cirá de acuerdo al número de años que el inquilino habitó el predio. Cualquier infracción a la Ley se sanciona con altísimas multas adicionales a las resultas de procedimientos judiciales civiles y penales.

Como vemos Chávez hace lo que le da la gana, no respeta a nadie, y con leyes como la de inquilinato, a la larga quebrará a su país, y ni el petróleo podrá salvarlo. Ése ejemplo fuera de nuestros ojos.

Revista Gente30 de noviembre de 2011

REALISMO E ILUSIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

La Convención de Viena de 1969 define al tratado como “un acuerdo internacio-nal celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos y cualquiera que sea su denominación particular” También pueden celebrarse tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre dos o más de estas últimas.

Evidentemente los tratados o acuerdos internacionales generan obligaciones y derechos, son instrumentos jurídicos y por ello deberían ser muy claros para sortear complicaciones así como desentendimientos e incluso evitar el recurrir a instancias supranacionales para exigir su cumplimiento.

Lamentablemente no siempre los tratados son claros y precisos, y hay veces en que dejando de lado el realismo se inclinan por la ilusión con expresiones de buenos deseos, que no son posibles llevarlos a cabo.

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Como muestra del exceso de ilusión y carencia de realismo, en el artículo once del “Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales” suscrito en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, se establece que los Estados Parte de dicho Pacto, “reconocen el derecho de toda persona a un ni-vel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivien-da adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, Agrega que los Estados que son parte de dicha Convención, Pacto o Tratado “tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

No creo que exista persona alguna en el universo que no quisiera que todos tengan un nivel adecuado de vida, y que su alimentación, vestido y vivienda estén debidamente atendidos. También todos deseamos que la cooperación in-ternacional contribuya con ésa aspiración. ¿Pero, todo ello es posible? Creemos francamente que no.

Con doloroso realismo tenemos que reconocer que los derechos otorgados por el citado artículo once, más que derechos son aspiraciones y buenas inten-ciones, y que por más que los Estados los hayan reconocido y se hubieran com-prometido a su cumplimiento, no hay forma alguna de exigirlos y menos aún de lograr la cooperación internacional para alcanzarlos.

Cuando hay derechos tiene que haber deberes, ambos se corresponden, pero cuando hay sueños desprovistos de objetividad y se llevan a incorporarlos a los tratados, se alientan esperanzas utópicas que, contrastadas con lo posible, gene-ran malestar.

Si a ello se agrega el cúmulo de declaraciones románticas que se aprueban en las Asambleas de Organizaciones Internacionales, la cosa se agrava, por lo que tenemos que exigir a nuestras Cancillerías serena responsabilidad, bajar de las nubes, y pisar tierra, pues de lo contrario en el futuro podrán ser demanda-dos los Estados por no haber atendido al supuesto derecho a la felicidad de sus gobernados.

En el mundo real y no en el ficticio, todos tenemos que esmerarnos para elevar los niveles de vida de la población, con apoyo y ayuda estatal por cierto, pero principalmente con el propio esfuerzo y tesón, cumpliendo cada cual con sus deberes y obligaciones para tener un país progresivamente mejor.

Diario La Razón26 de febrero de 2012

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TRATADOS: COMO SON Y COMO PARECEN

Se encuentra en el Congreso de la República para su evaluación a fin de definir su aprobación o rechazo, el tratado suscrito entre Bolivia y Perú el 2010, mediante el cual se amplían las facilidades que nuestra patria otorgó a Bolivia en el espacio de litoral que inconvenientemente se ha denominado “Boliviamar”.

Entre países limítrofes y más si son conformantes de la Comunidad Andina, es legítimo que a través de tratados internacionales se puedan conceder facilida-des que tengan por finalidad elevar los niveles de vida de sus poblaciones e in-tensificar sus pacíficas relaciones por medio del comercio y de otras actividades.

Sin embargo el convenio al que nos referimos, en adición a lo justificable, se otorga a Bolivia el uso de área de nuestro litoral para una Escuela Naval así como para el tráfico de sus naves de guerra hacia y desde Ilo.

Este último tema podría ser reformulado por las Cancillerías de Bolivia y Perú, pues probablemente, de quedar como está, el Congreso Peruano, lo desestimaría.

Los tratados internacionales no necesariamente son percibidos por terceros como lo que son de acuerdo a la intención de quienes lo suscriben, sino que pue-den tener distintas interpretaciones, por lo que hay que tener tino y mesura al negociarlos y suscribirlos.

Recordemos que la Historia está plagada de malos entendidos y de acciones bélicas originadas en las percepciones ajenas, reales o no, sobre compromisos internacionales de otros países, y más cuando son de la misma área geográfica.

El 6 de febrero de 1873 se suscribió entre Bolivia y Perú un tratado de alian-za, de carácter defensivo y secreto. Esta aproximación a Bolivia fue calificada por el historiador Jorge Basadre como “... de recelo contra Chile, que si bien dejaba aislado a este último país, en cambio brindaba pretexto para la agresión (pág. 118, II Tomo, Historia de la República del Perú, 3ra. Edición – 1946)

José de la Riva Aguero en conferencia pronunciada el 26 de julio de 1932 en la Escuela Militar de Chorrillos, con respecto a ello afirmó que “...fue para nosotros un constante sacrificio en aras de Bolivia. Nos inmolamos a nuestra palabra em-peñada e incautamente no rescindida, yendo al conflicto en el peor momento de nuestra desprevención, descuidados e inermes; porque tanto Perú como Bolivia, con ceguera suicida...habían desperdiciado las ocasiones de armarse para defender sus riquezas e integridad. (Obras Completas, Tomo VII, Edic. 1971, pág.326)

Vivimos en otros tiempos, pero las apreciaciones históricas de Basadre y Riva Aguero, no deberían olvidarse, pues nadie quiere repetir infaustas fechas de la Historia.

Diario Expreso09 de marzo de 2012

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RELACIONES CON VENEZUELA CHAVISTA

Si bien la visita del Presidente del Perú a su par de Venezuela aparenta ser auspi-ciosa, siempre es bueno hacer un balance de ella y estudiar las posibles fortalezas y debilidades que representará a futuro.

El Perú no abriga la misma ideología de los gobernantes de turno de Ve-nezuela, lo que no impide que se puedan mantener relaciones fructíferas para ambos países, pues mientras la contraparte no trate de imponer sus creencias, metodologías y metas, ello no nos debe perturbar.

Sin embargo tenemos que ser muy cautos y vigilantes, pues los antecedentes del bravucón caribeño-bolivariano acreditan que se mete donde no lo llaman, que habla hasta que lo callan, que trata de imponer su Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) como catecismo político para la región, y que a tra-vés de las “Casas Alba” ha intentado entrometerse en nuestros asuntos internos bajo el ropaje beneficente de ayuda humanitaria, pero que llevaba contrabando ideológico, sin olvidar la indeseable presencia de funcionarios que pisotearon los principios elementales de su misión diplomática para mutarla a intervención política y las aún no suficientemente investigadas aportaciones de campaña. Re-cordemos simplemente a la señora Virly Torres.

Debemos que tener las mejores relaciones con todos los países, principal-mente con los del hemisferio. En el mundo globalizado todos somos interdepen-dientes en muchísimas áreas, como es el comercio, pero sin influencias políticas atentatorias contra nuestras libertades, pensamiento y direccionalidad política.

Venezuela formó parte de la Comunidad Andina, y hay la esperanza que en algún momento se vuelva a integrar, por lo que mientras ello no suceda, necesi-taremos suscribir Acuerdos de Alcance Parcial de naturaleza comercial, como el del 7 de enero, más cuando la balanza comercial es favorable al Perú y las expor-taciones de textiles ayudan a compensar las reducciones que ya se advierten en las importaciones realizadas desde los Estados Unidos de América

Con Venezuela también se han suscrito acuerdos petroleros, por lo que los exper-tos deberán analizarlos, ya que existen dudas sobre sus beneficios, como también del peso de Venezuela para debilitar la OEA pese a que por sus generosos obsequios del oro negro, tiene comprometido el apoyo de muchos países del área, lo que probable-mente se duplicará en UNASUR y en CELAC, con el agravante que de este último se han excluido a Canadá y los Estados Unidos, ante el indolente silencio de los demás.

Acercamientos con Venezuela, en buena hora, siempre que sean dentro del respeto mutuo y la no intervención en asuntos internos.

Diario Expreso16 de marzo de 2012

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ORGANISMOS INTERNACIONALES EXCESIVOS

Difícil entender las decisión de crear más y más organismos internacionales, y peor aún la creciente costumbre de quienes preparan sus reuniones de llamarlas “cumbres”, que nada tienen que ver con la famosa obra de Emilia Brontë ni tam-poco con las cordilleras.

No conformes con tener en nuestro hemisferio a la Organización de Esta-dos Americanos (OEA), el 23 de mayo de 2008 fue creada la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y el mismo año, el 17 de diciembre, fue constituida la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC).

Mientras la OEA agrupa a todos los países de nuestro continente, incluyen-do a Canadá y Estados Unidos, UNASUR solamente acoge a los países de Amé-rica del Sur, y CELAC a todos los países americanos con excepción de Estados Unidos y Canadá.

Solemnes en las formas y triviales en los contenidos, denominan a sus re-uniones como “Cumbre del Grupo de Río”, “Cumbre de América Latina y el Caribe”, “Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe” entre otras, en que se aprueban ampulosas declaraciones como la “Declaración de Caracas en el Bicentenario de la Lucha por la Independencia Hacia el Camino de Nuestros Libertadores”.

Se repiten en sus documentos expresiones como las de “inspiración”, “rea-firmación”, “confirmación”, y también verbos como “destacar”, “alentar”, “exal-tar”, lo que acredita orfandad conceptual y grandilocuencia expresiva.

Los propósitos esenciales de la OEA son: afianzar la paz, solución pacífi-ca de controversias, acción solidaria entre sus Estados Miembros, promover su desarrollo económico, social y cultural. En UNASUR el objetivo es construir un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político, prio-rizando las políticas sociales, la educación, energía e infraestructura. En CELAC sus principios comunes son el respeto al Derecho Internacional, la solución pa-cífica de controversias, la prohibición del uso de la fuerza, la no injerencia en asuntos internos de cada país y la promoción de los Derechos Humanos.

Como vemos, palabras más o menos, OEA, UNASUR y CELAC convergen en los mismos valores, objetivos y principios, y lo que los diferencia es su ámbito geográfico en que se percibe cierto deseo de exclusión obligada de los dos países del norte del continente que han crecido a mayor velocidad que los demás.

No hemos olvidado a la “Alianza del Pacífico”, que por supuesto también tiene sus “cumbres” pero con criterio práctico sus integrantes: México, Colombia, Chile y Perú, con la participación en proceso de Panamá, acordaron profundizar en integración con vista a aprovechar el crecimiento de los países del Sudeste

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Asiático. Felizmente hay algo rescatable en esta absurda carrera de concebir tanta organización internacional.

Diario Expreso30 de marzo de 2012

CUIDAR A PARAGUAY

El 22 de junio fue destituido por el Parlamento de Paraguay, su entonces Presiden-te Fernando Lugo, lo que en apretada síntesis motivó que reunidos los miembros del Mercosur así como el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la “Unión de Naciones Suramericanas” (UNASUR), decidieran suspender a Paraguay de dere-chos en ésas organizaciones. El Perú que se vió precisado a asumir anticipadamen-te la Presidencia Pro Témpore de UNASUR, probablemente por tal hecho y lograr consenso, se sumó a la condena colectiva dispuesta contra Paraguay.

Algunos consideran que lo acontecido en Paraguay es un golpe de estado atípico, diferente de los tradicionales en que se rebelaban las Fuerzas Armadas o un grupo significativo de ellas contra el poder constituido. Otros estiman que lo sucedido en Paraguay no era otra cosa que el legítimo derecho del Congreso, a través de sus cámaras legislativas, mediante la acusación de una y la decisión de la otra -por juicio político- expulsar del ejercicio del mandato legal a quien era el Presidente de la República, asumiendo sus responsabilidades el llamado a sucederlo de acuerdo a su Constitución.

Si bien tanto los que definieron el suceso como golpe de estado, como los que precisaron que no lo era, coincidieron en señalar que se había alcanzado la votación necesaria para ello en el Parlamento, pero discreparon en cuanto a la existencia de legítimas causales.

Las diversas organizaciones que agrupan a países en nuestro continente han metido su cuchara en el tema y han sometido en la práctica a Paraguay a vigilancia, de donde resulta que sobre esto también hay posiciones divergentes, pues mientras el principio de no injerencia en asuntos internos de cada país ha ido reduciéndose a la no intervención armada, ha ido aumentando en la defensa colectiva del sistema democrático, aunque no todos los gobernantes tengan la misma apreciación de la Democracia.

La OEA que cuenta con “Carta Democrática” aunque carente de mecanis-mos suficientemente coercitivos, ha visitado Paraguay y su Secretario General informado que no ha existido golpe de estado, pero la vigilancia sigue y las pre-siones de UNASUR se mantienen.

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Hoy la pregunta que se hacen en los países del hemisferio es ¿qué hacer con Paraguay? y la respuesta podría ser levantar las irrelevantes sanciones y ayudar que las cercanas elecciones se realicen cumpliendo cánones democráticos y la normatividad paraguaya, debiendo vigilar la comunidad internacional que lo que disponga el pueblo se cumpla. El pueblo manda.

Diario Expreso13 de julio de 2012

CONVEMAR: TREINTA AÑOS DE RETARDO

Chile, Ecuador y Perú fueron los precursores de la tesis de las doscientas millas de dominio marítimo frente a sus respectivos litorales. Los antecedentes de tal extensión estaban relacionados con el alcance que pudieran tener los proyectiles de navíos enemigos, lo que desde hace mucho tiempo se encuentra desfasado por el avance tecnológico de armamentos.

La tesis fue comprendida como de “mar territorial” pero la realidad se fue imponiendo a la voluntad, y el concierto internacional a la vocación maximalista inicial. Consecuentemente la tesis primigenia mutó a dominio marítimo como era razonable ya que los derechos requieren ser reconocidos por los demás, sobre todo si tendrán que respetarlos.

El Perú abogó por la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, más conocida como “CONVEMAR” aprobada el 30 de abril de 1982. Treinta años han transcurrido y el Perú aún no la aprueba, pese a que sus socios en la lucha por el reconocimiento de las 200 millas, ya lo han hecho.

En reciente artículo de longevo diario, Javier Pérez de Cuéllar nos recuerda que el 2001 cuando era Presidente del Consejo de Ministros y Canciller, solicitó al Con-greso la aprobación de la adhesión del Perú a la CONVEMAR. Considera “…que su aprobación por el Congreso es urgente por tratarse de un asunto de Estado directa-mente relacionado con los intereses permanentes del país”, postulado que comparti-mos, pero que por rigor histórico tendríamos que hacer algunas precisiones.

La Cancillería el 22 de noviembre de 2005, mediante oficio dirigido a la Co-misión de Constitución del Congreso, en aquel entonces presidida por quien es-cribe esta nota, comunicó la evaluación efectuada con el objetivo de la aprobación legislativa de nuestra adhesión a CONVEMAR. Esta evaluación se tuvo en cuen-ta desde el Parlamento, tan es así que se promovió con la Cancillería ejecutar una campaña informativa-publicitaria, que diera a conocer las ventajas de ser parte de CONVEMAR.

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Para sorpresa de todos, y cuando ya teníamos proyectado el dictamen que se llevaría al Pleno del Congreso para aprobar la Convención, la Cancillería que urgía en ése camino dió un giro de 180 grados al emitir el comunicado de prensa 178-2006 el 16 de abril de 2006. De inmediato y desde el Congreso inquirimos a la Cancillería sobre ello y por oficio del 27 de abril nos respondió “que la adhesión a este tratado es un asunto de interés nacional que reviste gran importancia. Sin embargo, debido al proceso electoral en curso, el Ministerio de Relaciones Exte-riores no asumirá en lo inmediato iniciativas para la discusión pública de este convenio…”

Se realizaron desde entonces varias elecciones y todavía el asunto no ha vuelto a la agenda parlamentaria, pese a no existir impedimento legal para ello.

Es conveniente adherirnos a la CONVEMAR, sus disposiciones le dan fuer-za a nuestra tesis de dominio marítimo, e incluso sus preceptos sustentan la de-manda ante la Corte Internacional de La Haya, para establecer el límite marítimo con nuestro vecino del sur. Empero, respecto a la oportunidad de la aprobación peruana de la Convención, sería prudente conocer la posición actual de la Canci-llería, habida cuenta que nos encontramos ante un escenario de diferendo inter-nacional, por más que nuestra posición como país pacífico, es que cualquiera sea la sentencia de La Haya, ella tendrá que cumplirse.

Diario La Razón09 de setiembre de 2012

LO QUE NO ENTIENDE EL MARQUESITO

Han causado estupor las apreciaciones de Alvaro Vargas Llosa dirigidas a la Cancillería Peruana a través del diario “La Tercera” de Chile, en relación con el proceso que se ventila ante la Corte Internacional de La Haya entre ambos países. Nadie le niega el derecho a opinar, pero se equivoca en utilizar una intermedia-ción foránea en lugar de dirigirse directa y privadamente a nuestra Cancillería, y lo que es peor en momento inconveniente en que debemos demostrar serenidad y no mover el avispero.

Si su señora madre dijo del padre que solo es bueno para escribir, al hijo bien podría decirle que mejor no escriba, pero en fin, el daño está hecho y únicamente queda invocarle que entienda de que se trata el tema.

Debería comprender que de acuerdo a la Convención de Viena, el Tratado sobre los Tratados, cualquiera que sea el nombre o denominación que se otorgue, los compromisos bilaterales o multilaterales asumidos por los países, son tratados.

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El Perú nunca ha negado la categoría de tratado de las declaraciones y compromisos asumidos en los años 1952 y 1954, lo que negamos es que sean tratados de límites entre los suscriptores. La posición peruana es que son com-promisos o tratados, pero pesqueros, no limítrofes. Fueron para protección de las doscientas millas marítimas que asumieron Chile, Perú y Ecuador como extensión de su territorio, pero en ellos no se fijó el límite entre las 200 millas de Chile y las del Perú, como tampoco entre Perú y Ecuador. Más aún en aquellos tiempos el Derecho Internacional era ajeno a todo lo que excediera las doce millas.

La Haya es competente para tratar el punto de la “Concordia” que es el que se fija en los tratados de límite terrestre, ya que el hito uno es solamente eso más no la línea base que está en el litoral y que es el inicio de la proyección del límite marítimo entre ambos países. El Perú ha sometido el tema de la “Concordia” y el del señalamiento de la frontera marítima a la Corte Internacional mencionada; Chile aceptó su competencia sin cuestionamientos ni impugnaciones oportunos, más aun, concurrió ante ella.

Hace sesenta años, cuando se proyectan las 200 millas, no hubo ánimo ni tratos para fijar límite entre las millas chilenas, las peruanas y las ecuatorianas. La proyección fue para proteger las riquezas pesqueras y otras naturales frente a sus respectivas costas. Como frente al Ecuador y cercano al Perú había islas, se puso lo conveniente sobre ello, que no puede aplicarse a Chile y Perú, pues en la zona contigua a las 200 millas de cada cual no hay islas.

Cuando el Perú proyectó su línea de 200 millas marinas, muerde o come mar a Chile, y si Chile hace similar proyección afecta al Perú. Con la línea peruana original las zonas costeras del norte de Chile no alcanzan las 200 millas y con la línea chilena pretendida invariablemente las zonas costeras del sur peruano no alcanzan las 200 millas. Es por eso que el Perú buscando equidad y justicia, no insiste en tesis primigenia sino propone la línea equidistante, que esperemos que La Haya valide.

Entre Perú y Ecuador la línea base de proyección del límite de sus 200 millas coincide con línea ecuatorial, al centro del universo, es decir paralelo. Por ser nuestro planeta redondo, encima de línea ecuatorial o bajo dicha línea, las pro-yecciones limítrofes marítimas son diferentes.

Si el marquesito no entiende, pues no importa, pero por favor ¡No alborote el avispero!

Diario La Razón17 de diciembre de 2012

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SERENOS PERO NO PÁLIDOS

Fue muy usada la frase “pálidos pero serenos” para expresar que pese al susto, había que mantener serenidad. Esto viene a colación respecto al comportamiento que deben tener chilenos y peruanos, a la espera de la sentencia del Tribunal In-ternacional de La Haya que resuelva el diferendo sobre límite marítimo.

No es pelea, menos confrontación bélica, se trata de un diferendo entre dos países que teniendo el mismo origen -y luego de muchísimas vicisitudes históri-cas- un destino común de desarrollo, de mejoramiento de niveles de vida de sus nacionales y de prosperidad.

Dos países que comprenden que tienen que despejar los nubarrones que perturban su mirada conjunta hacia el futuro, por lo que al haber uno de ellos presentado demanda de carácter internacional para que se fije la frontera marí-tima entre ambos, el otro ha aceptado la competencia de la Corte Internacional, quedando sometidos a su decisión.

Optaron por resolver su desacuerdo encomendando la determinación a la Corte Internacional, que es la llamada a poner orden, que fue creada para evitar conflictos mayores aplicando el Derecho Internacional y superando las diferen-cias, hacer que con su prestigio y autoridad moral, se respeten sus decisiones.

Los dos países utilizan una válida herramienta de solución pacífica de con-troversia jurídica, en que uno de ellos considera que los acuerdos de 1952 y de 1954 tienen carácter de tratados limítrofes, y el otro que los circunscribe a lo que fue su real naturaleza, esto es definir hasta donde alcanzaba frente al litoral el dominio marítimo de Chile, Ecuador y Perú.

En La Haya los cancilleres de los dos países litigantes, los agentes titulares y alternos, los juristas y abogados que los asistieron y asesoraron, han hecho do-cencia de buen comportamiento y mejores maneras. Desterraron adjetivaciones innecesarias, se limitaron a exponer hechos y derechos, pretensiones e interpre-taciones, con expresiones discrepantes pero respetuosas, como siempre debe ser el trato entre quienes litigan.

La actuación respetuosa de quienes intervinieron en La Haya fue precedida por esfuerzos de diferentes sectores que han llamado a los nacionales de Chile y Perú a guardar la compostura y las buenas maneras. Los arzobispos de Lima y Santiago se reunieron en ambas ciudades y presentaron libro conjunto respecto a sus iglesias. Los empresarios hicieron lo propio, llamando a mirar el futuro y no anclarnos en el pasado. Igualmente sectores sindicales, universitarios e incluso militares, también hicieron su tarea y en general los parlamentarios que a veces son beligerantes y adolecen de figuretismo, han contribuido a llevar el tema en paz, generando el clima de tranquilidad que es menester cultivar.

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Serenos en ambos países, tal vez pálidos, pero siempre guardando compos-tura, sin pisar palitos que inmaduramente enturbien la relación bilateral, que superada la etapa del diferendo, nos complemente unidos hacia el futuro, pues es más lo que podemos ganar juntos que distanciados.

No olvidemos antiguo aforismo, para ganar un litigio se requiere tener la razón, saberla exponer y que te la quieran dar. Teniendo las dos primeras, espe-remos serenos a que nos den la razón.

Diario La Razón30 de diciembre de 2012

EL TERCERO… ES DE PALO

En las relaciones internacionales bilaterales, al igual que en las humanas, los ter-ceros estorban. El que se entromete sin ser llamado, lejos de aportar a soluciones puede perjudicar lo avanzado, salvo que ambas partes lo hayan requerido como facilitador o tal vez como mediador.

Cuando los países son limítrofes, ello es más complicado, pues las conversa-ciones y entendimientos entre dos, generan a los terceros suspicacias y son ma-teria de mayores conflictos. Recordemos la Historia con Tratados que suscribió Bolivia y Perú que fueron detonantes –aunque no necesariamente causa- de la Guerra del Pacífico, la que quizás hubiéramos evitado.

En Tratado de 1929 quedó fijada la frontera terrestre entre Chile y Perú, tal cual lo fue la frontera entre Bolivia y Chile, pero como la frontera marítima entre los dos primeros no había sido determinada y el vecino del sur se empecinó en considerar tratados limítrofes a simples convenios pesqueros, el Perú se vio pre-cisado a recurrir a mecanismos pacíficos de solución de controversias, como es el someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

Perú y Chile aceptaron la competencia del mencionado Tribunal, y cuando estamos a la espera del fallo, nos encontramos con la noticia de que por el perma-nente reclamo de Bolivia para recuperar acceso al mar, Chile le habría ofrecido una franja territorial sin soberanía, paralela a su frontera con Perú. Bolivia lo ha negado, pero su actitud inoportuna de presión en momentos de estar la Corte es-tudiando los actuados para fallar, molesta e incómoda, aunque no necesariamen-te influya, pues lo que no está en el expediente, teóricamente no existe. Además, el incidente se superó.

Como excepción a la regla no escrita que los terceros sobran, se encuentra el caso en que son parte formal, como sería la relación entre Bolivia y Chile, si el

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segundo le diera al primero territorios sobre los que el Perú tuvo dominio, para lo cual se requeriría la conformidad peruana.

Todo lo que en estos momentos previos a la resolución de la Corte, distraiga o perturbe, debe ser desterrado, más cuando los Presidentes de ambos países asu-mieron el compromiso de respetar el fallo de la Corte, cualquiera sea su contenido.

Los Cancilleres de Chile y Perú el 24 de enero han suscrito Declaración Con-junta reiterando la voluntad de respetar el fallo de la Corte y con el profesionalis-mo de ambas Cancillerías han fijado la ruta a recorrer para preparar a los dos paí-ses a recibir con paz y visión de futuro la esperada sentencia. Sin los vericuetos y léxico sujeto a variadas interpretaciones de muchos documentos internacionales, la Declaración Conjunta es sobria y precisa, destinada a construir una relación bilateral de estabilidad, confianza y cooperación, en beneficio del desarrollo e integración de ambos pueblos. Estrecha relaciones fronterizas, facilita tránsito limítrofe, incide en la cooperación aduanera y en el intercambio comercial y tu-rístico, y hasta en las telecomunicaciones regulando el roaming fronterizo.

Como vemos la ruta está trazada, y los terceros, deben ser de palo.

Diario La Razón10 de febrero de 2013

SI, HAY MUERTO MALO

El imaginativo popular ha esculpido en nuestras mentes el dicho “no hay muer-to malo”. Basta que alguien fallezca para olvidar sus defectos, sacralizar sus vir-tudes, así como convertir su maldad en bondad, su defecto en perfección, su autoritarismo en tolerancia, y su dispendio en caridad.

El simple cambio del traje a mortaja, produce inmediata mutación del con-cepto del resto del género humano respecto al que partió para no volver, confun-diendo el pesar que produce cualquier pérdida de una vida humana con asignar-le calificaciones positivas de las que no se hizo acreedor en lo más mínimo.

Lo antes descrito ha vuelto a suceder con el deceso de Hugo Chávez. Hemos escuchado frases entrecortadas, advertido indisimulados sollozos, y también ros-tros apenados, todo lo cual, si es sincero, pues bendito sea. Lo malo es que no ha sido únicamente de quienes le habían tenido simpatía al finado, sino de quienes permanentemente expusieron sus defectos y tropelías, lo que demuestra que aún existen fariseos con la hipocresía a flor de piel.

En lo interno venezolano, Hugo Chávez destrozó la economía de uno de los países más ricos del universo; dilapidó los recursos provenientes de su agotable

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riqueza; el jolgorio de los subsidios fue imparable; las incautaciones prácticamen-te cotidianas; el enfrentamiento entre los que algo tenían y los que aspiraban a tener algo era estimulado desde su gobierno. Los cambios monetarios diferen-ciales; los controles de arriendos así como de precios de bienes y servicios; la exageración en autorizaciones gubernamentales para cualquier cosa; y en fin la burocracia para todo, que convirtió a la querida tierra del Joropo en el reino de la corrupción. Es axiomático que a mayor control mayor corrupción.

En lo externo engatusó durante casi una década a algunos países, que ca-yeron incautamente para conformar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, más conocida como Alternativa Bolivariana, canjeando apoyo político internacional por su generosidad en el suministro de hidrocarburos para aquellos que lo necesitaban. Dividió a la América Latina y a la Caribeña; sedujo con su petróleo en la misma forma que lo hacían con su dinero países a los que llamaba “imperialistas”. Consiguió con su erróneo discurso y con el soborno del oro negro, que algunos de los países de nuestro hemisferio perdieran años de caminar al desarrollo para tomar el atajo del utópico socialismo del Siglo XXI.

Pero ello no fue todo, recordemos las Casas Alba que promovió Hugo Cha-vez en varios países, incluso en el Perú, bajo cuyo ropaje de supuesta solidaridad, de ayuda médica, de hermandad latinoamericana, se entrometió en nuestros asuntos internos, tratando de influir hasta en nuestra política nacional, regional y local, existiendo sospechas que hubo cooperación económica para proselitismo político.

Ojalá que el trayecto de la hermana República de Venezuela hacia la demo-cracia, sea pacífico, que vuelva a la Comunidad Andina, que supere los enfrenta-mientos internos y que sea la Venezuela con la que realmente soñó Bolívar.

Diario La Razón10 de marzo de 2013

CORRECCIÓN A BOLIVIAMAR

El 19 de octubre de 2010, los presidentes de Bolivia y Perú suscribieron la “Decla-ración de Ilo” y el Protocolo Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo, esto es al Convenio Marco, al de Participación de empresas bolivianas en la zona franca industrial de Ilo, y al de participación de Bolivia en zona franca turís-tica también en Ilo. Se consideró conveniente la suscripción del Protocolo Com-plementario, toda vez que cerca de 20 años los convenios de 1992 en la práctica no fueron ejecutados. El Protocolo Complementario y Ampliatorio del 2010, fue

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remitido por el Gobierno de ése entonces al Congreso para su pronunciamiento. El Congreso en significativo silencio, lo ignoró en clarísimo mensaje, pues había recibido observaciones de muchos sectores, además de la prudente distancia to-mada por nuestras Fuerzas Armadas.

La preocupación por los compromisos complementarios y ampliatorios del 2010, es absolutamente legítima, pues adicionalmente a la atendible extensión en el tiempo de los convenios de 1992 y facilidades para las inversiones bolivianas, insólitamente se autorizaba la presencia de barcos de la Armada Boliviana y les confería derechos de navegación en Ilo. Como cereza de torta, el Perú permitía instalar en Ilo un Anexo de la Escuela Naval de Bolivia, nótese bien, no escuela mercante, sino escuela de su Armada.

El nuevo Gobierno tuvo el acierto de escuchar las críticas y renegoció el Protocolo Complementario y Ampliatorio del 2010, en forma tal que sin enrostrar los errores cometidos y sin rectificaciones explícitas, optó por el mecanismo de intercambio de notas entre las Cancillerías para “precisar los alcances de algunas disposiciones del referido Protocolo”. El Perú en nota del 1 de octubre de 2012 hizo de conocimiento de Bolivia sus precisiones, y con ésa misma fecha Bolivia las aceptó, quedando en ésa forma establecidas las modificaciones planteadas por el Perú.

En virtud de las “precisiones”, el ingreso de buques de la Armada Boliviana a nuestros puertos, estará sujeta a la autorización expresa de las autoridades pe-ruanas competentes. Por otro lado las actividades de instrucción, investigación y cooperación de buques de la Armada Boliviana en aguas peruanas se realizará según reglas del Derecho Internacional y legislación peruana, y sujetas a la au-torización expresa del Perú. Tampoco existirá en Ilo anexo de la Escuela Naval de Bolivia, sino un anexo de la Escuela de Marina Mercante del Perú, la que al-bergará a cadetes navales y mercantes bolivianos para su entrenamiento bajo la dirección de oficiales de la Marina de Guerra del Perú.

Las precisiones, que en realidad son rectificaciones, hacen posible que nues-tro Congreso apruebe los convenios, pero cuidando de no repetir el caso de los convenios de 1992 que estuvieron vigentes 20 años, pero sin ejecución. Con el Protocolo del 2010 y las “precisiones” del 2012 no debería pasar algo similar, por lo que podría establecerse que en caso de no ejecución en plazo razonable, las cosas vuelvan a su estado original, sin esperar el límite de 99 años de dichos tratados.

Diario La Razón17 de marzo de 2013

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ALIANZA DEL PACÍFICO

El 14 de octubre de 2010 el Presidente García tuvo el acierto de invitar a sus pares de Chile, Colombia, Ecuador y Panamá, para conformar un área de integración que avance en la liberación del comercio de bienes, libre circulación de servicios, capitales y personas, consolidando una plataforma común que nos proyecte al área del Pacífico, teniendo en consideración que Chile y Perú estaban en APEC.

Mostraron vivo interés Colombia y Chile, a los que se sumó México que también forma parte de APEC, y los Presidentes de dichos países más el Perú, se reunieron en Mar del Plata el 4 de diciembre del mismo año, en que México asumió el compromiso de proyectar la documentación pertinente. Los Ministros a cargo del comercio internacional de esos Estados se reunieron el 6 de enero de 2011 en Santiago de Chile para seguir trabajando en el objetivo de la Alianza en ciernes, hasta que el 28 de abril de 2011 fue firmada en Lima la Declaración que constituye en la práctica el nacimiento de la Alianza del Pacífico para contribuir a la consolidación del Arco del Pacífico Latinoamericano, y en donde se convino en la preparación del “Acuerdo Marco”, lo que fue reiterado en Mérida el 4 de diciembre del mismo año.

El 6 de junio de 2012 en Paranal (Chile) los Presidentes Santos, Piñera, Cal-derón y Humala, en representación de Colombia, Chile, México y Perú suscri-bieron el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico que no se agota en temas de integración económica, sino que también reafirma principios democráticos al establecer como requisitos para la participación en la Alianza, el Estado de Dere-cho y de la Democracia, la separación de los Poderes del Estado y el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

Se asume como objetivos y compromisos de la Alianza, entre otros, cons-truir un área de integración profunda hacia la libre circulación de bienes, servi-cios, capitales y personas, convirtiéndose ella en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con énfasis en el Asia Pacífico. Los países de la Alianza tienen en común la concep-ción que es indispensable el desarrollo con inclusión para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, y que solamente una economía sana con inversión principalmente privada y con libertad empresarial nos permitirá alcanzar las deseables metas.

Es destacable que el actual Presidente haya proseguido lo que inició su an-tecesor en relación con la Alianza, lo que acredita que como conductor de la po-lítica exterior de nuestra patria tomó una decisión acertada y práctica, pues no podemos circunscribirnos a UNASUR cuyos objetivos son más políticos que de integración económica, y porque sus promotores vinculados a la Alternativa Bo-

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livariana para las Américas (ALBA) no son aliados en el desarrollo económico que se necesita para elevar los niveles de vida en nuestro hemisferio.

Ahora que ya se aprobó el tratado constitutivo de la Alianza por el Congreso hay que hacerlo caminar.

Diario Expreso11 de mayo de 2013

INTERES NACIONAL Vs. ESCANDALETE

Un escandalete de barrio, puso en entredicho y en riesgo las excelentes relaciones actualmente existentes entre Ecuador y Perú.

Como el escándalo mediática y políticamente “vende”, muchos se suma-ron al tema exigiendo que la Cancillería “se ponga los pantalones”, que se había atentado contra la dignidad nacional y que debía “lavarse” el afectado orgullo nacional. Además apanado al Canciller, pese a lo cual y sorprendentemente ha sido el Congreso quien ha puesto paños fríos al tema, lo que es saludable.

Una “ocurrencia de calle” como se denominaba antiguamente en las comisa-rias a estos incidentes callejeros y de “callejón” no deben enturbiar las relaciones entre dos países con tensiones que provienen por la confusa delimitación colonial que se agrava al inicio de la etapa republicana, y que tuvo casi doscientos años de conflictividad y tres guerras como triste resultado.

Cuando el 29 de enero de 1942 se suscribió en Río de Janeiro el Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador, creímos que ya todo estaba superado y que entraríamos en una etapa de paz y desarrollo común. Error, ni con el Laudo Arbitral del Capitán de Mar y Guerra Días de Aguilar, ni con la Declaración de Paz de Itamaraty del 17 de febrero de 1995, se logró el cometido.

Felizmente con la intervención de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro y en base a su propuesta definitiva, el 26 de octubre de 1998 se reunie-ron en Brasilia los presidentes de Perú y Ecuador a fin de dejar constancia de la conclusión de las diferencias que por décadas separaron a los dos países. En la misma fecha fue suscrito el Tratado de Comercio y Navegación entre ambos es-tados, así como también el Acuerdo Amplio Peruano-Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, y el Convenio de Aceleración y Profundiza-ción del Libre Comercio entre el Perú y el Ecuador, todo ello complementado con diversos anexos, reglamentos e intercambio de notas entre la que destacó el Acuerdo de Constitución de la Comisión Peruano-Ecuatoriana sobre Medidas de Confianza Mutua y de Seguridad.

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En lo que se refiere a la frontera marítima, ella quedó cerrada en el anterior gobierno, con los acuerdos a que se arribó a través de notas simultáneas que ya están debidamente aprobadas, ratificadas y registradas ante los organismos in-ternacionales.

Los dos países vienen ejecutando los acuerdos, se habilitan los pasos de fron-tera, deben instalarse los dos “Centros de Comercio y Navegación” en territorio amazónico, y debe darse ingreso vial al espacio de Tiwinza. Adicionalmente se siguen con las tareas de acrecentar intercambio comercial y fronterizo así como los estudios y ejecución de proyectos binacionales tan importantes como Puyan-go-Tumbes, cinco ejes viales binacionales e interconexiones eléctricas vecinales, además de cooperación socio sanitaria, entre tantos otros, y labores conjuntas como el “desminado” de la frontera.

¿Puede todo ello ponerse el peligro por un escandalete? Estamos seguros que no, y que con tino y prudencia debe primar el interés nacional por sobre cualquier interés particular.

Diario La Razón19 de mayo de 2013

DESDE LA CALLE Y DESDE EL ESTADO

Un grupo de ciudadanos con reconocida vocación democrática han llamado a la ciudadanía peruana a apoyar a los demócratas venezolanos en su aspiración a que se restaure la democracia en la hoy llamada República Bolivariana de Venezuela.

Es legítimo que los demócratas de diferentes países y latitudes respalden al sistema democrático, que con sus imperfecciones y limitaciones es el que atiende la decisión mayoritaria, pero con tolerancia, consideración y respeto a las mino-rías, cualquiera sea su tamaño y pensamiento político.

Los demócratas no pueden cruzarse de brazos ante los atentados que se vie-nen produciendo en Venezuela, en que los herederos de Chávez han salido corre-gidos y aumentados, pero en el mal, en la intolerancia y en el empleo de la fuerza bruta que solo consigue más violencia y sume a su país en el caos.

En este mundo en que por la globalización y las comunicaciones nada puede mantenerse oculto, hemos visto las agresiones a parlamentarios opositores en el Congreso Venezolano, en donde hasta la candidata a las primarias presidenciales de la oposición, María Corina Machado, fue lesionada físicamente.

Cuando en 1992 en representación de los demócratas peruanos visitamos Venezuela con Alberto Borea, no solamente fuimos comprendidos y ayudados

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por su clase política y parlamentarios, sino también su entonces Presidente Car-los Andrés Pérez alentó nuestra causa; por ello el gesto recíproco de los parla-mentarios peruanos de recibir a sus pares venezolanos es digno de encomio, al igual que el del resto de la clase política demócrata peruana, que desde fuera del Congreso alza su voz en respaldo de la reinserción venezolana en el sistema, denunciando la farsa de su caricaturesca elección y del consentido engaño del autócrata Maduro a los Presidentes de UNASUR que se reunieron en Lima.

El respaldo ciudadano seguramente será más efectivo y solidario de lo que puedan hacer los gobiernos del hemisferio, sea desde la OEA o desde UNASUR, pues los diferentes gobiernos que tienen la responsabilidad de conducir las re-laciones diplomáticas, sean multilaterales o bilaterales, tienen tanto limitantes como intereses, cuando no están hipotecados gracias al suministro de petróleo barato o al seguimiento de autoritarismos promovidos desde el Alba, esto es la Alternativa Bolivariana para las Américas, o por oscuras ayudas a sus campañas electorales nacionales.

Por lo demás mientras la Carta Democrática de la OEA carezca de sanciones reales, queda en el lirismo conocido. La calle tiene sus ventajas.

Diario Expreso24 de mayo de 2013

LÍMITE MARÍTIMO Y PESCA

Estamos en vísperas de conocer la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, que resolverá el diferendo entre Chile y Perú, respecto al límite marítimo de su frontera común.

El Perú, fiel a su vocación pacífica, trató de resolver en la vía directa y ami-gable su diferencia sobre el límite marítimo con Chile, y así es que invitó a la Cancillería de aquel país a iniciar conversaciones para solucionar el diferendo. Ante la negativa chilena, el Perú decidió someter el problema a mecanismos de solución pacífica de controversias, anunciando que recurriría a la Corte Interna-cional de La Haya.

La tesis peruana sostenida ante la citada Corte, es que no existe tratado limí-trofe marítimo entre nuestro país y Chile. La tesis chilena es que existe.

¿En qué se apoya la posición chilena? En qué el 18 de agosto de 1952 Chile, Ecuador y Perú suscribieron la “Declaración de Santiago sobre Zona Marítima” para proteger los recursos naturales del mar adyacente a sus costas y proclama-ron las 200 millas marinas desde las costas, como jurisdicción exclusiva y do-

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minio marítimo. Además en que los 3 países también suscribieron en 1954 el “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima”, en que hay un trazo en el paralelo que coincide en el límite terrestre entre Chile y Perú, y que es la línea que determina que al norte de ella pesca el Perú y al Sur Chile.

El Perú ha acreditado en el proceso ante la Corte Internacional, que los con-venios aludidos no tienen ni el contenido ni la forma de los tratados limítrofes, siendo únicamente para efectos de pesca y de protección de recursos naturales.

En caso que la Corte Interamericana fijara como límite marítimo entre Perú y Chile, una línea diferente al paralelo pretendido por Chile, y que la nueva lí-nea nos otorgue dominio marítimo al norte de ella, en zona en que antes tenía derecho de pesca Chile, lógicamente tendríamos que preguntarnos si ello nos permitirá tener acceso a pescar en el área respectiva sobre la que tendríamos dominio y jurisdicción.

Lo mencionado, es un importantísimo aspecto que deberá dilucidar nues-tra Cancillería para hacerlo conocer al país, pues si bien estaría definido lo que corresponde a dominio marítimo, podrían existir posiciones diferenciadas entre Chile y Perú respecto al tema pesquero.

Tratemos que la definición de límite marítimo entre los dos países, se con-vierta en ventana de oportunidad para mejorar las relaciones, profundizarlas y hacerlas fructíferas para las poblaciones de ambos países.

Diario Expreso24 de enero de 2014

MENOS DE LO QUE QUERÍAMOS PERO MÁS DE LO QUE TENÍAMOS

El diferendo marítimo chileno-peruano tiene como antecedente remoto la Guerra del Pacífico en el siglo XIX así como el Tratado de Límites de 1929, en que se estableció la frontera terrestre entre los dos países, pero nada se dijo de la frontera marítima.

En 1947 y bajo la motivación de defender la riqueza marina existente en una extensión de 200 millas frente a las costas de Chile y Perú, el primero de los nom-brados formuló una solemne declaración el 23 de junio de ese año y el segundo expidió el Decreto Supremo 781 el 1 de agosto del mismo año, ambos en el senti-do que su dominio alcanzaba las aludidas 200 millas.

En 1952 y 1954 se celebraron entre Chile, Ecuador y Perú, convenios con-ducentes a establecer las zonas de pesca de cada cual, con la finalidad de evitar conflictos entre quienes realizaban faenas pesqueras en el Océano Pacífico frente a sus respectivas costas.

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Con el correr del tiempo y cobrando cada vez más importancia la pesca frente al litoral de nuestros países, y los altos precios del recurso ictiológico y la harina de pescado, ellos vieron la necesidad de ocuparse del tema limítrofe ma-rítimo, tanto es así que, durante el primer gobierno de Alan García, se comisionó al Embajador Miguel Bákula a presentar una nota a la Cancillería de Chile para buscar un entendimiento para la fijación del límite marítimo.

La posición de Chile fue que el límite marítimo había sido fijado en el para-lelo que pasa por el hito 1 de la frontera terrestre común hasta terminar las 200 millas marinas, lo que fue corroborado por actos propios del Perú.

La posición peruana fue que, a diferencia del límite marítimo con Ecuador, que coincide prácticamente con el centro del globo terráqueo y por ello es para-lela, con Chile no pasaba lo mismo, pues cuando él proyecta su límite terrestre hacia el mar en 200 millas, coge mar cuyo dominio correspondería al Perú. Igual-mente si el Perú proyecta la línea limítrofe continental, coge mar cuyo dominio correspondería a Chile.

En definitiva, si se toma el trazo marítimo de uno o de otro, se perjudica al vecino, cuya longitud de dominio marítimo no llegaría en el sur del Perú ni en el norte de Chile a las doscientas millas.

En 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se suscribieron Convenios Complementarios al de 1929, para facilitar la plena ejecución de este último.

Como quiera que para ponerse de acuerdo en un diferendo limítrofe se re-quiere la voluntad de las partes involucradas, y al no desear Chile resolver el tema mediante conciliación o conversaciones directas, el Perú se vió precisado a buscar un camino de solución pacífica de controversias, y desde el gobierno de Alejandro Toledo la Cancillería estudió el tema y buscó técnicos pareceres.

También en el Gobierno de Toledo el Perú fijó por Ley la línea base para establecer la frontera marítima con Chile y se le pidió al Congreso aprobar la Convención del Mar, pero lamentablemente varió de opinión en esto último, viéndose obligado el Parlamento a desistir temporalmente en dicha aproba-ción.

En el segundo gobierno de Alan García, el Perú prepara su caso y lo lleva mediante demanda limítrofe a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. En la demanda el Perú no formula tesis maximalista, sino que con claro criterio ético pide que se defina como límite una línea equidistante entre las po-siciones maximalistas, para que el beneficio o el perjuicio sea similar para ambos países. Después de seis años el 27 de enero de 2014 fue leída la sentencia, que no ha satisfecho a Chile como tampoco a algunos sectores del Perú.

Chile resiente que la sentencia sólo le otorgue dominio marítimo hasta las 80 millas del litoral, y el Perú resiente que al establecer la Corte como límite el

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paralelo que pasa por el hito 1 hasta las 80 millas, no es equitativo para el Perú pues invalida la pretensión de que Tacna tuviera, frente a su litoral, dominio de mar.

La sentencia, para no atender en su totalidad el pedido peruano, se basa so-bre todo en los actos propios del Perú, como por ejemplo diversa normatividad en que se reconoce como límite el famoso paralelo. Entre esa normatividad se en-cuentra la Ley que fija límites al departamento de Tacna, las disposiciones sobre los faros de enfilamiento y varias otras. Sin embargo la sentencia olvida que los actos propios peruanos fueron dejados sin efecto por el último artículo de la ley que precisó la línea de base para señalar la frontera marítima.

Como consecuencia de la sentencia, la línea paralela que pretendía Chile se reduce de 200 a 80 millas, y el Perú puede extender su dominio a las citadas 200 millas frente a Arequipa y Moquegua, pero no a Tacna, que se queda práctica-mente sin mar; lo mira pero no le favorece. Peor aún, la línea de frontera maríti-ma se inicia en el hito 1 que está más al norte del punto Concordia, con lo cual se reduce más la expectativa tacneña.

Evidentemente nada es perfecto, pero hemos terminado con un tema que cierra definitivamente la frontera marítima entre Perú y Chile, y nos tendrá que llevar a políticas de buena vecindad, de facilitación de inversiones, de generación de polos de desarrollo, de mirar hacia el Pacífico y a los países que están del otro lado, sea por los beneficios de APEC, sea mediante la naciente Alianza del Pacífi-co entre México, Colombia, Perú y Chile, que permitirá elevar la calidad de vida de nuestras poblaciones.

El futuro tiene que ser promisor para Chile y Perú, y volteada una página negra de nuestra historia, hermanarnos por siempre.

Diario Expreso21 de febrero de 2014

SE PASÓ DE MADURO

Nicolás Maduro, el padrastro de la hoy República Bolivariana de Venezuela, se pasó de maduro, parece podrido por el odio.

Si creíamos que Hugo Chávez era malo, Maduro lo superó, tiene el vergon-zoso galardón de ser pésimo, ha incrementado el ritmo del descenso económico de la otrora opulenta Venezuela, ha convertido al Estado en roñoso Papá Noel, repartiendo pobreza en lugar de prosperidad que solamente se logra con trabajo sostenible, adecuadamente remunerado y que propenda al desarrollo.

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En lo internacional trata de exportar su engañifa envuelta en sueños de opio, pues ni siquiera puede envolverla en papel de aseo intimo que ya no tiene. Hoy ese producto es un lujo y bien podría estar en escaparate de joyería. Su llamada Alternativa Bolivariana (ALBA) que tanto promueve, es exportación de miseria y sumisión, de quienes han logrado la metamorfosis de convertir el camino al desa-rrollo en el sendero de la indigencia. Felizmente no caímos en sus cantos de sirena.

Maduro pasará a la Historia sin ninguna duda, pero a la historieta ya llegó, es objeto de burla, de chanza, de tomadura de pelo, de caricatura. Cómo habrían querido Yerovi y Sofocleto tener un personaje como Maduro para sus escritos de humor, irreverente pero certero.

Este sujeto, más comediante que gobernante, tiene ocurrencias que franca-mente dejan pasmado a cualquiera. Resucita a su mentor Chávez reencarnándolo en un pajarito, que le habla, lo aconseja, lo asesora y lo guía. Nadie deseará tener pajarito alguno en sus domicilios. Hubiera sido más creíble la reencarnación en una sabandija.

Dentro de sus iniciativas más sorprendentes se encuentra la creación del Vice Ministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo de Venezuela y el día del amor a Chávez. Originalidad no le falta, es un as en lo que a innovación se refiere, pero no a la sana, sino a innovar en el ridículo.

Pero no quedó en ese despropósito; dijo que adelantaba la llegada de la Navi-dad y se fue a seguir diciendo tonterías a una antelada feria navideña. Quizás no le faltaba razón en esto, pues si esperaba hasta el 25 de diciembre tendría Venezuela menos que regalar, menos que consumir, y probablemente el hambre existente en lo que fue un país acaudalado, haría que se coman hasta al famoso pajarito.

En un hermoso país que siempre fue pacífico, Maduro ha instaurado la vio-lencia. Hacemos votos para que la paz vuelva a Venezuela.

Diario Expreso21 de febrero de 2014

OEA SIN DIENTES

Algunos Estados, con fingida severa actitud, le exigen a la OEA su intervención ante los dolorosos momentos de violencia que enlutan al pueblo hermano de Venezuela.

Sin embargo esos mismos Estados olvidan que son cómplices en el debilita-miento de la OEA, al crearle organizaciones paralelas, aunque de menor alcance, como son la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

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Recuerden que si bien la OEA tiene entre sus principios el “promover y consolidar la democracia representativa”, debe hacerlo “…dentro del respeto al principio de no intervención”. Más aun, el artículo 19 de la Carta de la OEA, que es tratado internacional, señala que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro…”

Como quiera que en la OEA, no se ha encontrado hasta ahora fórmula para conciliar la defensa de la Democracia con el principio de no intervención consa-grado en el Derecho Internacional, ha ido adoptando tibias medidas ante conatos y atentados autoritarios en países signatarios de la Carta, que es lo único que han permitido los otros países, que cuando hay dificultades le exigen a la OEA mucho más de lo que ellos mismos la han autorizado.

La OEA adoptó en 1991 la Resolución 1080 - “Compromiso de Santiago”, para convocar a reunión ad hoc de cancilleres por atentados contra el sistema democrático. Luego con el “Protocolo de Washington” de 1992 determinó como sanción a los Estados infractores en temas democráticos, excluirlos de las reunio-nes y organismos de la OEA. En el año 2000 se avanzó algo más con la Resolución 1753, en que propicia mesa de diálogo para atender al caso peruano.

Lo anterior se complementa en un nuevo avance que es la “Declaración de Quebec” del 22 de abril de 2001, por la que cualquier ruptura del orden democráti-co impedirá la participación del Estado infractor en las “Cumbres de las Américas”.

Como corolario, pero más importante que los instrumentos enunciados, fue la suscripción en Lima, el 11 de setiembre de 2001, de la “Carta Democrática Inte-ramericana”, que para el caso venezolano se reclama aplicar, pero olvidando que dicha Carta Democrática en buena cuenta es un rosario de buenas intenciones, con declaración de principios irrecusables, pero a la cual le falta procedimientos senci-llos y oportunos para hacerlos cumplir y sanciones duras por el incumplimiento.

El ex canciller mexicano Castañeda decía que a la Carta Democrática “le falta diente”, a lo que tendríamos que agregar que los países de la OEA tienen pendiente la tarea de modificar su carta constitutiva y la CD para armonizar el principio de no intervención con sanciones que no sean líricas. La máxima san-ción prevista en la Carta Democrática, es la suspensión del Estado infractor de participar en la OEA, como si ello pudiera importarle al sancionado, que proba-blemente aplaudirá la suspensión para no seguir encorsetado con las regulacio-nes interamericanas.

Hay que dotar a la OEA de herramientas efectivas.

Diario La Razón23 de febrero de 2014

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CAOS Y DESABASTECIMIENTO VENEZOLANO

Absolutamente previsible el desabastecimiento venezolano. Si sus comercios, autoservicios, mercados y bodegas están vacíos, ello no es inmotivado, tiene su razón y ella no es otra que el caos en que el chavismo, prolongado por Maduro, y su Alternativa Bolivariana para las Américas – ALBA ha impuesto en la otrora opulenta Venezuela.

El principal recurso venezolano, su petróleo, lo entrega a precios reducidos para que sus pobladores hinquen las rodillas con pérdida de dignidad, al igual que diversos países de Centro América y del Caribe, así como por otros motivos algunos de Suda-mérica; por ello esperar que la OEA haga algo útil en aquel país es una quimera.

Cada día Venezuela produce menos, incluyendo alimentos, y ello genera escasez que profundiza la violencia, y no podría ser otra la cosecha de lo que el chavismo ha sembrado si simplemente anotamos que para que exista inversión privada creadora de puestos de trabajo se necesita seguridad interior y reglas económicas sanas, de lo cual carece hoy el país llanero.

Para agravar su situación, han aprobado la “ley OrgánIca de lOs PrecIOs JusTOs”, que bajo el pretexto de asegurar el desarrollo armónico de su economía se controlan los precios de bienes y servicios, fijan el porcentaje máximo de ga-nancia y fiscalizan la actividad económica y comercial. todo ello supuestamente para proteger los ingresos de los ciudadanos y el salario de los trabajadores, lo cual es una gran falacia.

Los países que ya soportamos tales despropósitos -felizmente superados por los conversos en la economía social de mercado- les podemos decir con ab-soluta nitidez a los venezolanos, que por el camino que sus autoridades han ele-gido, sólo conseguirán quebrar su economía y empobrecer más a quienes cuyos bolsillos supuestamente pretenden proteger.

Conocemos a cabalidad la película, la hemos sufrido y no queremos que Venezuela reviva el calvario. Los controles de precios, la limitación de márgenes de utilidad, la aplicación de gravísimas sanciones que incluyen privación de li-bertad y cárcel, así como incautación de bienes y cierre de empresas, además de registros, permisos, licencias, y más trámites, ahuyentarán a los inversores que son los que generan empleo adecuado.

Muchos hermanos venezolanos, todavía seducidos por los subsidios y rega-los gubernamentales, tienen que abrir los ojos, no hay nada gratis, lo está pagan-do su Estado a sabiendas que el fácil aplauso se convierte en cercano sollozo, y por supuesto sin joropo.

Diario Expreso14 de marzo de 2014

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OEA CON MARROCAS

Ante la violencia existente en Venezuela, la criminal represión emprendida por el régimen chavista de Maduro, la violación a los Derechos Humanos, y el oprobio de torturas que increíblemente justifica su nominal Defensora del Pueblo, mu-chos piden que la OEA actué.

Semanas atrás en esta columna advertimos que la OEA estaba atada de ma-nos y en las actuales circunstancias poco o nada podía hacer, pues los países que la integran no solo no la han empoderado sino la debilitaron al crear CELAC y UNASUR.

El pasado 7 de marzo el Consejo Permanente de la OEA adoptó por mayoría una lírica declaración, en que da la impresión de solidarizarse con el régimen cavernario de Maduro, limitándose a condolencias para los deudos de los fa-llecidos, haciendo votos para que las investigaciones concluyan, recordando el compromiso de la Organización con la institucionalidad democrática y el estado de derecho. Pura verborrea.

Agrega su “enérgico” rechazo a toda forma de violencia e intolerancia, como si ser blandengue fuera sinónimo de severidad; otorga “respaldo” a los esfuerzos del gobierno venezolano para que continúe en el proceso de diálogo nacional, cerrando los ojos a la farsa del mismo; y por último expresa el interés de estar informado sobre la situación venezolana, pero sin comprometer su competencia para ser bisagra o facilitador del diálogo, manteniéndose como espectador.

La OEA no siempre ha estado ausente, pues por ejemplo en 1992 fue de-terminante para llegar a la transacción política en el Perú con la convocatoria al Congreso Constituyente, y en el año 2000 facilitó diálogo positivo que abrió paso al gobierno de transición de Valentín Paniagua.

Se preguntarán ¿Cómo y por qué cambió la OEA? La respuesta es simple, su establecimiento permanente no puede avanzar más allá de lo que los países miembros desean, y deplorablemente muchos países centroamericanos, caribe-ños y algunos sudamericanos están hipotecados al suministro del petróleo ve-nezolano y a su precio de ganga. Además en Sudamérica los países que confor-man el ALBA están comprometidos políticamente con el chavismo. Por otro lado Maduro prefiere que el tema se dulcifique en UNASUR donde tiene evidente dominio. El vergonzoso pronunciamiento del organismo hemisférico nos releva de mayores comentarios.

Como en este mundo globalizado ya nada es secreto, ha trascendido que vo-taron por el oscurantismo, haciendo cerrado el debate sobre Venezuela 21 países, aunque Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Perú votaron en contra, habiéndose abstenido Colombia (probablemente por la vecin-dad), El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

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Para la aprobación de la cuestionada Declaración, desestimaron los pedidos de países que postulaban la activa participación de la OEA en búsqueda de diá-logo real y efectivo, y no en parodias mediáticas. Se sabe ahora que la pelea en el Consejo Permanente no la tuvo fácil Venezuela y que Canadá, EE.UU, Panamá e incluso Perú, realizaron reservas importantes a la declaración, exigiendo que se realice un seguimiento de la situación para evitar que continúe la violencia, al punto que trascendió la queja del embajador venezolano por lo que llamó “la po-sición inamistosa del Perú”, sin entender que deseamos vuelva la paz a su país.

La OEA claudicó por estar enmarrocada, debiendo los ciudadanos del he-misferio exigir a sus gobiernos empoderar al Organismo y no extenderle certifi-cado de defunción.

Diario La Razón16 de marzo de 2014

A MANERA DE PREFACIO

El talentoso y dedicado diplomático peruano GERMAN VERA ESQUIVEL, es un estudioso permanente del multilateralismo y sus instituciones, y entre ellas destaca su interés por la Organización de Estados Americanos – OEA.

Con brillantez, nos sitúa en una OEA del Siglo XXI, que lejos de sus propó-sitos iniciales en el texto original de 1948, le ha agregado entre otros “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.

Lo que fue un propósito teórico, se ha querido llevar a la práctica, para lo cual la OEA creó las misiones de observación electoral, que han contribuido a que en muchos países del hemisferio se hayan desterrado prácticas indeseables en procesos electorales, convirtiéndose en una bisagra entre gobiernos salientes, sus autoridades electorales y las agrupaciones políticas intervinientes en los co-micios, para a través del diálogo evitar confrontaciones y lograr que las eleccio-nes se lleven a cabo dentro de ambiente de paz y sin sobresaltos.

Como quiera que la Democracia no se agota en procesos electorales y el ejer-cicio del derecho al voto, sino que debe ser real además de formal, la OEA para evitar transgresiones al sistema, evitando que gobiernos salidos de las urnas se tornen en autoritarios y hasta en dictaduras; avanzó hasta la suscripción de la “Carta Democrática” en el año 2001.

Constituyen antecedentes de la “Carta Democrática” la Resolución 1080 de 1991 denominada “Compromiso de Santiago”, el “Protocolo de Washington” de 1992 y la Resolución 1753 del año 2000.

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Germán Vera hace un claro y docente análisis de la vocación de la OEA por la democracia representativa, resaltando sus felices actuaciones, así como tam-bién las que no tuvieron deseables resultados, enfatizando que el camino para consolidar la Democracia es largo y difícil, pero que hay que seguirlo para obte-ner el bien común, relacionándola con el desarrollo.

Lamentablemente las buenas intenciones de la OEA no siempre alcanzan sus objetivos pues con el correr del tiempo el Consejo Permanente y sus Asam-bleas la recargan de mandatos intrascendentes, repetitivos muchas veces y sin dotarla de los recursos indispensables para su cumplimiento.

Por otro lado muchos de los países signatarios de la Carta Constitutiva de la OEA, establecen organizaciones paralelas como el CELAC y UNASUR que a fin de cuentas la debilitan.

Tenemos que fortalecer la OEA para que sea fiel garante de la democracia representativa, y para ello se requiere elevar la Carta Democrática a la categoría de tratado internacional, así como conciliar el principio de no intervención con el de establecer sanciones efectivas para el caso de incumplimiento, recordando que no bastan reglas sustantivas si es que no existen caminos procesales para hacerlas cumplir, al igual como establecer y aplicar sanciones por su incumplimiento.

Consideramos los amantes de la Democracia, como lectura obligatoria, esta contribución al Derecho Internacional Público de Germán Vera, que nos lleve a encontrar la senda adecuada para afianzar el sistema en que creemos.

Diario Expreso18 de abril de 2014

OEA CON OSTEOPOROSIS, CELAC Y UNASUR CON SENILIDAD PRECOZ

En el caso de Venezuela, la OEA demostró falta de reflejos y actitud compla-ciente, lo que era de esperarse cuando buena parte de los países que la integran disfrutan de su petróleo a precio de ganga. Evidentemente la culpa de la triste posición de la OEA no la tiene su establecimiento permanente, que no puede ir más allá del mandato de los Estados Miembros, sino es responsabilidad de estos últimos. Salvo casos singulares -entre los que se encuentra el Perú- los Estados actuaron en el seno de la OEA como mascotitas amaestradas por el fantasma de Chávez y el chantaje del inefable Maduro.

Como los países del Continente debilitan y deslegitiman a la OEA, tornaron su mirada hacia UNASUR, sabiendo que allí también campea la voluntad del inmaduro Maduro, y el resultado no pudo ser más previsible: cero balas cero

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puntos. Esperamos que con el tristísimo resultado no vayan a encargarle a CE-LAC lo que la OEA no pudo y lo que UNASUR sólo hizo para su Memoria, así padezca de senilidad precoz.

¿Qué hacer cuando los países no quieren hacer? No hay otra salida que per-severar en la presión ciudadana frente a sus respectivos Estados para que en los foros internacionales hagan escuchar su palabra y se logre nombrar y empoderar a un grupo reducido de líderes continentales, que hagan de bisagra entre el go-bierno venezolano y la oposición democrática, para lograr el cese de la violencia y el regreso al sistema democrático sin careta ni disfraz. Sin lugar a dudas, para lo expuesto se requiere que la oposición venezolana deje de lado mezquinos in-dividualismos y retorne a la unidad de pensamiento y acción.

Venezuela no debe estar más tiempo bajo el cordón umbilical ideológico de la Cuba de Castro, ni permanecer como oprobiosa dictadura del grupo venal que la gobierna, donde no existe independencia ni autonomía de los Poderes del Estado, donde se hace seda y pabilo a los Derechos Humanos, donde el derecho a la propiedad se ha convertido en un cuento, donde se buscan pretextos para dejar fuera del Legislativo a líderes como María Corina Machado para que no gocen de tribuna, donde se encarcela bajo cualquier ardid a opositores como López y donde por presiones tratan de amordazar a otros como Capriles.

Nuestros Estados deben despertar del sopor en que se encuentran y enten-der que el modelo que trata de imponer Venezuela, no es el que nos conviene.

Diario Expreso02 de mayo de 2014

PARLAMENTO ANDINO INNECESARIO

Despreocúpense, no me he trastornado ni nada que se le parezca. No me refiero a nuestro Congreso, que pese a todas sus falencias y carencias, su existencia es indispensable para vivir en Democracia. Me refiero al Parlamento Andino.

La actual Comunidad Andina que nació como Acuerdo de Cartagena o Pac-to Andino suscrito en 1969, ha quedado reducida a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, luego del retiro de Venezuela y la participación más virtual que real de Chile. La CAN, como también se le conoce, tiene su Secretaría General con el objetivo de hacer propuestas técnicas y propiciar que se cumplan las Decisiones que toma la Comunidad.

Adicionalmente la CAN cuenta con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual resuelve las controversias que en ella se presentan. También tiene

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al Parlamento Andino, en que están los representantes de los Países Miembros, organismo con muchos deseos pero pocas realizaciones, como no podía ser de otra forma pues a diferencia del Parlamento Europeo únicamente hace recomen-daciones, pero no sanciona normas legislativas para el Acuerdo integrador del que forma parte ni ejerce fiscalización sustantiva, y la representación de los pue-blos andinos es casi ornamental.

Los países de nuestra área geográfica somos inclinados a crear organismos innecesarios y a emplear los recursos públicos para veleidades institucionales. Además del Parlamento Andino tenemos el Parlamento Latinoamericano, el Par-lamento Amazónico, el Parlamento Indígena, y seguramente nos encontraremos con el Parlamento Sudamericano de Unasur, sin olvidar la pretensión para que los países de la Alianza del Pacífico también tengan el suyo.

Lo que tenemos que preguntarnos es si sirven para algo, y siendo exagera-damente generosos diremos que para muy poco, y es por ellos que los represen-tantes de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han expresado su intención de cerrar el Parlamento Andino. Ojo, que no se trata de ningún gol-pe de estado multinacional, sino la base convencional para concertar un nuevo Tratado Internacional con el cual se elimine el Parlamento Andino, y cada País Miembro derogue sus disposiciones legales que normaron la elección de los con-gresistas andinos.

Las realizaciones que puede mostrar el Parlamento Andino son reducidas, circunscribiéndose a la lírica defensa de los migrantes de la Sub-Región, el esta-blecimiento del pasaporte andino y la tarjeta andina de migración, y por ahora la incipiente cooperación consular.

Ojalá cuanto antes se suscriba el Tratado que nos libre del Parlamento Andino.

Diario Expreso25 de julio de 2014

LOS EMBAJADORES EXORCISTAS

Para cerrar nuestras fronteras, nos faltaba definir la marítima con Chile, y como quiera que ello no fue posible mediante conversaciones directas que arribaran a un tratado limítrofe, el Perú se vio precisado a recurrir a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

El Perú no hizo otra cosa que utilizar un mecanismo de solución pacífica de controversias, con respeto al Derecho Internacional Público, como siempre fue su actitud, descartando cualquier medida de fuerza ajena a nuestras tradiciones de paz y concordia con nuestros vecinos.

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Chile aceptó la competencia de la Corte Internacional, y al someterse a ella contestó con su memoria la correspondiente demanda y luego las partes hicieron su réplica y dúplica, así como sus alegatos hasta que la Corte emitió su fallo, en que si bien otorgó al Perú más de lo que tenía pero menos de lo que quería, el tema concluyó y ambas repúblicas procedieron a fijar la línea de frontera maríti-ma bajo los parámetros señalados en el fallo.

El tema duró varios años, y si bien hubieron en ambos países gobiernos que se sucedieron durante el proceso jurisdiccional internacional, también se suce-dieron cancilleres, aunque el grueso del tiempo los Ministerios de Relaciones Ex-teriores de Chile y Perú estuvieron bajo la conducción de los cancilleres Moreno y García Belaunde, que con tino y muñeca supieron hacer llevadero el trayecto para ambos países.

Como en nuestros países no faltan los halcones ni los cóndores, aunque la verdad es que sobran por su abundancia, el embajador peruano en Chile y el em-bajador chileno en el Perú tuvieron que poner paños tibios a las intemperancias, no caer en provocaciones, buscar voces sensatas que ocultaran las tremendistas, juntar a peruanos y chilenos de los mismos sectores para que fortalecieran coin-cidencias y minimizaran discrepancias, y sobre todo crear un clima de confianza que impidiera reencausar el tema por caminos violentos, en que todos sabemos que al final hay daño para ambos lados.

Sin desconocer el mérito de nuestros agentes en La Haya, así como su profe-sionalismo, y sin olvidar tampoco el desempeño de Torre Tagle y sus integrantes, debemos recordar la gran tarea, silenciosa pero efectiva, del Embajador Peruano en Santiago don Carlos Pareja, y del Embajador Chileno en Lima don Fabio Vio, ambos prudentes en sus manifestaciones, eficaces en sus acciones y con un norte claro de evitar que halcones y cóndores alzaran vuelo. A ellos nuestro reconoci-miento y gratitud.

Diario Expreso08 de agosto de 2014

MEJOREMOS CARTA DEMOCRÁTICA

El diplomático German Vera Esquivel, es un estudioso permanente del multila-teralismo y sus instituciones, y entre ellas destaca su interés por la Organización de Estados Americanos – OEA.

Con brillantez, en reciente obra, nos sitúa en una OEA del Siglo XXI, que lejos de sus propósitos iniciales en el texto original de 1948, le ha agregado entre

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otros “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.

Lo que fue un propósito teórico, se ha querido llevar a la práctica, para lo cual la OEA creó las misiones de observación electoral, que han contribuido a que en muchos países del hemisferio se hayan desterrado prácticas indeseables en procesos electorales, convirtiéndose en una bisagra entre gobiernos salientes, sus autoridades electorales y las agrupaciones políticas intervinientes en los co-micios, para a través del diálogo evitar confrontaciones y lograr que las eleccio-nes se lleven a cabo dentro de ambiente de paz y sin sobresaltos.

Como quiera que la Democracia no se agota en procesos electorales y el ejer-cicio del derecho al voto, sino que debe ser real además de formal, la OEA para evitar transgresiones al sistema, evitando que gobiernos salidos de las urnas se tornen en autoritarios y hasta en dictaduras; avanzó hasta la suscripción de la “Carta Democrática” en el año 2001.

Constituyen antecedentes de la “Carta Democrática” la Resolución 1080 de 1991 denominada “Compromiso de Santiago”, el “Protocolo de Washington” de 1992 y la Resolución 1753 del año 2000.

Germán Vera hace un claro y docente análisis de la vocación de la OEA por la democracia representativa, resaltando sus felices actuaciones, así como tam-bién las que no tuvieron deseables resultados, enfatizando que el camino para consolidar la Democracia es largo y difícil, pero que hay que seguirlo para obte-ner el bien común, relacionándola con el desarrollo.

Lamentablemente las buenas intenciones de la OEA no siempre alcanzan sus objetivos pues con el correr del tiempo el Consejo Permanente y sus Asam-bleas la recargan de mandatos intrascendentes, repetitivos muchas veces y sin dotarla de los recursos indispensables para su cumplimiento.

Por otro lado muchos de los países signatarios de la Carta Constitutiva de la OEA, establecen organizaciones paralelas como el CELAC y UNASUR que a fin de cuentas la debilitan.

Tenemos que fortalecer la OEA para que sea fiel garante de la democracia representativa, y para ello se requiere elevar la Carta Democrática a la categoría de tratado internacional, así como conciliar el principio de no intervención con el de establecer sanciones efectivas para el caso de incumplimiento, recordando que no bastan reglas sustantivas si es que no existen caminos procesales para hacerlas cumplir, al igual como establecer y aplicar sanciones por su incumplimiento.

Es hora de repensar la Carta Democrática.

Diario La Razón05 de octubre de 2014

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CUIDADO, NO SON CAPERUCITA

Estados Unidos y Cuba han acordado reiniciar sus relaciones diplomáticas, lo que todos saludamos, pues significa voltear en parte más de medio siglo de des-encuentros y mutuas acusaciones.

Es el comienzo la esperada normalización de los nexos entre ambos países, que deberá complementarse con el regreso de Cuba al seno de la OEA, así como del levantamiento de las sanciones que le fueron impuestas y del embargo tantas veces recusado.

Para el Perú, lo acontecido ha sido motivo para recordar al maestro Raúl Po-rras Barrenechea, no solo por sus clases de Historia, que recibimos en la Facultad de Letras de la PUCP, sino también por su discurso, como Canciller del Perú, en la Asamblea de la OEA aquel 23 de agosto de 1960, oponiéndose a las sanciones que se impondrían a Cuba, contrariando las instrucciones del Presidente Manuel Prado Ugarteche quien era el conductor de las relaciones internacionales perua-nas por mandato constitucional.

Los panegiristas de don Raúl Porras expresan comentarios laudatorios a su posición en la OEA, destacan muchas de sus frases en defensa del principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados, señalan que fue prácticamente un visionario y que con retraso se reconoce su genio internacionalista.

Sin embargo olvidan o no quieren recordar, que en el mismo discurso, Po-rras Barrenechea expresa su confianza “…en que la revolución cubana que ha proclamado principios que significan una honda transformación económica, la mejora de los niveles de vida y una más justa distribución de la riqueza, no se desvíe de su camino original….” Si pretendió con ello ser premonitorio, es más que evidente que no lo fue.

No podemos olvidar que la Cuba de los hermanos Fidel y Raúl Castro, es la que mandó al paredón de fusilamiento, sin juicio o con parodias de juicio, a muchísimos de sus compatriotas; es la misma Cuba que impedía la salida de la isla de cubanos que querían vivir en libertad; también es la misma Cuba que encarcelaba y torturaba por motivos ideológicos; la misma que para dejar salir a cubanos deportistas o artistas a eventos internacionales, mantenía cautivos a sus familiares hasta el retorno de los viajeros; la misma Cuba que enviaba al Che Guevara a propiciar levantamientos campesinos en otros países; es la misma Cuba que se quedó anclada en los años 50; la de los fracasados planes quinque-nales; la que exportaba su revolución comunista; la que desterró la propiedad privada y mató las ilusiones de prosperidad de sus pobladores; la que no quería que intervinieran en ella terceros países pero se entrometía en muchos; es la Cuba que aliada a Chávez y Maduro ayudaba a las Casas del Alba, bajo el disfraz de la

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solidaridad, a exportar sus teorías trasnochadas impuestas por sus “dinosaurios” politicastros.

Tenemos esperanza que en el futuro cambie la situación, que Cuba no vuel-va a ser la casa de la diversión y tolerancia de los sobrinos del Tío Sam, que estos sobrinos sean más reflexivos y que hayan buscado garantías para que las malas prácticas castristas dejen de ser exportadas a terceros países, y que el principio de no intervención sea respetado por todos y no solamente por algunos.

Como vemos ni Estados Unidos es el Lobo Feroz, ni la Cuba de los herma-nos Castro la Caperucita Roja.

Diario La Razón28 de diciembre de 2014

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SALUD

AYUDA DE PAMS

Durante más de 25 años, profesionales peruanos de la salud que migraron a los Estados Unidos de América, han venido dando su ayuda a nuestros compatrio-tas que radican en el país, diagnosticando sus dolencias, atendiendo sus padeci-mientos, curando sus enfermedades, y aplicando cirugía cuando era requerido.

Para la invalorable ayuda que realizan galenos peruanos que ejercen la pro-fesión de Hipócrates en los Estados Unidos, constituyeron dos importantísimas instituciones como son la Peruvian American Medical Society, más conocida por su sigla PAMS, fundada en 1973, y la Endowment Fund que funciona desde 1987.

La primera de ellas como entidad profesional no lucrativa, teniendo a la se-gunda como ente recolector de donaciones, las que administra para las activida-des humanitarias de la primigenia, con el beneficio de exceptuación de pago de impuestos del donatario y la deducción de impuestos por el donante de acuerdo a la legislación norteamericana.

Como objetivo primordial de PAMS se encuentra la promoción de acciones de salud en beneficio del sistema educativo y asistencial peruano, sin ninguna consideración de tinte político, ni menos distingo racial, religioso o de cualquier otro rasgo.

PAMS además de las prestaciones de salud que realiza en el Perú, también en ciertas ocasiones cuando los casos lo han ameritado, ha llevado a los pacientes a Estados Unidos para su atención, buscando cooperantes que asuman los ele-vados costos que ello significa. En lo corporativo, ha contribuido con infinidad de hospitales y centros de salud, dotándolos de equipos e instrumental médico de primera calidad y de reciente generación, así tenemos entre muchos otros el Programa de Cirugía Toráxica y Cardiovascular en el Hospital Dos de Mayo y las unidades de quemados en diversos nosocomios, sin olvidar los esfuerzos en hemodiálisis y las atenciones psiquiátricas en el Hosdpital Noguchi-Delgado.

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Cerca de 80 misiones médicas al Perú han realizado los voluntarios de las ciencias de la salud del PAMS, que no se han limitado a la colaboración de pro-fesionales médicos peruanos, sino que con su mística han generado el apoyo de otros profesionales extranjeros que se han sumado a tan noble tarea.

Periódicamente este importante grupo de médicos, de reconocida trayectoria y versación profesional, realizan lo que se ha denominado transferencia tecnológica y entrenamiento a otros profesionales que ejercen la disciplina médica en el país, siendo destacable la obtención de recursos para cubrir pasantías y especializacio-nes en el exterior.

Humildemente y sin recurrir a campañas mediáticas, efectúan operaciones a los ojos y han recuperado la vista a muchísimos pacientes. Sin tanto aspaviento y sin buscar nexo que ligue con corrientes ideológicas, como si pasó con las cono-cidas operaciones que se realizaban en Venezuela, han logrado más resultados positivos que otros.

Ante eventos catastróficos como epidemias, friajes, inundaciones y terremo-tos, siempre PAMS estuvo presente, habiendo realizado miles y miles de atencio-nes médicas y procedimientos quirúrgicos, y uno de sus directivos con sencillez nos decía que aparte de lo que se puede ver y es tangible, que además puede ser medido como son el mejoramiento operativo de las instituciones beneficiadas, el entrenamiento de personal profesional, el importe de donaciones dinerarias y en equipos, es también importantísima la voluntad de ayuda, el tiempo empleado, y el cariño puesto en el empeño. Tiene toda la razón

Las tareas y el despliegue humanitario de PAMS no han sido todo color de rosa, pues ha soportado mucha incomprensión, y lo que es peor sufrir para las do-naciones trámites interminables, indolencia de algunos funcionarios, y absurdos requisitos. Aún estamos frente a algunos procedimientos aduaneros que podrían mejorarse y ojala también que las autoridades de Salud sean menos rígidas y eviten perder donaciones en equipos, instrumental y medicinas, que nos son tan necesarias.

Diario Oficial “El Peruano”24 de febrero de 2010

SALUD: FICCIÓN VS REALIDAD

Cuando se repasa las normas legales aprobadas con la finalidad de mejorar la atención de la salud, se encontrará con el decepcionante contraste entre la ficción y la realidad.

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Contamos con la Ley 29765 que regula las Comunidades Terapéuticas, em-pero la mayoría de ellas son informales, inseguras y peligrosas.

Existe la Ley 29889 para el tratamiento de personas con transtornos menta-les, sin embargo los vemos desatendidos y en total abandono, deambulando por calles y plazas.

Se aprobó la Ley 29698 para el tratamiento de enfermedades raras o huérfa-nas, pero la triste realidad es que ni siquiera se atienden las enfermedades más frecuentes como las estomacales y bronquiales.

Por Ley 29885 se declaró de interés nacional la creación del Programa de Tamizaje Neonatal Universal, pero es tanto el interés del Estado, que parecería haberlo olvidado.

Cualquiera pensaría que estamos muy adelantados en lo que son donación y transplante de órganos, pues contamos con la Ley 29471 para ello. Error, para donar hay que pasar un vía crucis y para que te llegue el transplante esperar a que el Padre Urraca, la Beatita de Humay o la Melchorita se apiaden del aspirante a receptor.

Los discapacitados también tienen su Ley 27050 entre otras, pero en la gran cantidad de los casos es letra muerta.

Con bombos y platillos se anunció el Seguro Integral de Salud con el Ase-guramiento Universal. Ambos suenan bien al oído, pero si alguien sufre una dolencia auditiva, quienes no escucharán son los llamados a atenderte y el pobre paciente con seguridad perderá la poca audición que le queda.

No nos olvidemos de las emergencias. Hay ley para que las emergencias sean socorridas, pero ¡Oh sorpresa! Cuando la tienes ni te reciben pues lo que tienes es una “urgencia” que se han prodigado en considerar como diferente a la “emergencia”.

Con el rimbombante título de “Ley que establece los derechos de las per-sonas usuarias de los servicios de salud” se aprobó la Ley 29414. Muchos se la creyeron y esperaban la libre elección del facultativo, solicitar opinión médica adicional, obtener medicamentos y productos sanitarios adecuados, ser debida-mente informados, e incluso recibir tratamiento inmediato. Bueno pues, ése es el mundo virtual, la realidad monda y lironda es diferente.

En los centros de salud del Estado, y de Es Salud, estos últimos solventados por los empleadores de los asegurados, sus emergencias por lo general están colapsadas y los pacientes tienen que esperar a que San Pedro baje el dedo para ser atendidos. Las camillas y pacientes en cuando corredor hay, y más apiñados que en establecimiento penal.

Los profesionales de la salud hacen milagros para atender cuanto pueden, pero la administración poco ayuda. Es inaudito que te den citas para un examen

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para después de dos meses de la primera revisión, cuando bien podrían atender laboratorios, consultorios radiológicos y similares, por turnos durante las veinti-cuatro horas del día.

El paciente no pide perfección, pero si que las autoridades de salud y de la seguridad social, ordenen sus centros asistenciales con por lo menos elemental lógica de servicio. No más abismal distancia entre la ficción normativa y la pe-nosa realidad.

Diario La Razón12 de agosto de 2012

FICCION Y REALIDAD EN SALUD

Cuando se repasa las normas legales aprobadas con la finalidad de mejorar la atención de la salud, se encontrará con el decepcionante contraste entre la ficción y la realidad.

Como no basta la afirmación, ello se puede corroborar con el examen de nuestra legislación sobre la materia. Ejemplos sobra, así tenemos:

Contamos con la Ley 29765 que regula las Comunidades Terapéuticas, em-pero la mayoría de ellas son informales, inseguras y peligrosas.

Existe la Ley 29889 para el tratamiento de personas con transtornos menta-les, sin embargo los vemos desatendidos y en total abandono, deambulando por calles y plazas, sin que autoridad alguna se apiade de su lamentable situación.

Se aprobó la Ley 29698 para el tratamiento de enfermedades raras o huérfa-nas, pero la triste realidad es que ni siquiera se atienden las enfermedades más frecuentes como las estomacales y bronquiales.

Por Ley 29885 se declaró de interés nacional la creación del Programa de Tamizaje Neonatal Universal, pero es tanto el interés del Estado, que parecería haberlo olvidado, quizás porque los niños en el primer mes de nacidos y para quien se supone está dirigido el programa, no protestan ni hacen huelga en si-lenciosos sollozos.

Cualquiera pensaría que estamos muy adelantados en lo que son donación y transplante de órganos, pues contamos con la Ley 29471 para ello. Error, para donar hay que pasar un vía crucis y para que te llegue el transplante esperar a que el Padre Urraca, la Beatita de Humay o la Melchorita se apiaden del aspirante a receptor.

Los discapacitados también tienen su Ley 27050 entre otras, pero en la gran cantidad de los casos es letra muerta, y ni los rezos a Sarita Colonia revierten la situación.

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Con bombos y platillos se anunció el Seguro Integral de Salud (SIS) con el Aseguramiento Universal. Ambos suenan bien al oído, pero si alguien sufre una dolencia auditiva, quienes no escucharán son los llamados a atenderte y el pobre paciente con seguridad perderá la poca audición que le queda.

No nos olvidemos de las emergencias. Hay ley para que las emergencias sean socorridas, pero ¡Oh sorpresa! Cuando la tienes ni te reciben pues lo que tienes es una “urgencia” que se han prodigado en considerar como diferente a la “emergencia”.

Con el rimbombante título de “Ley que establece los derechos de las per-sonas usuarias de los servicios de salud” se aprobó la Ley 29414. Muchos se la creyeron y esperaban la libre elección del facultativo, solicitar opinión médica adicional, obtener medicamentos y productos sanitarios adecuados, ser debida-mente informados, e incluso recibir tratamiento inmediato. Bueno pues, ése es el mundo virtual, la realidad monda y lironda es diferente.

En el Decreto Supremo No 011-2011-JUS se aprobaron los lineamientos para garantizar el ejercicio de la Bioética. No pasó nada.

En los centros de salud del Estado, y de Es Salud, estos últimos solventados por los empleadores de los asegurados, sus emergencias por lo general están co-lapsadas y los pacientes tienen que esperar a que San Pedro baje el dedo para ser atendidos. Las camillas y pacientes en cuando corredor hay, y más apiñados que en establecimiento penal.

Los profesionales de la salud hacen milagros para atender cuanto pueden, pero la administración poco ayuda. Es inaudito que te den citas para un examen para después de dos meses de la primera revisión, cuando bien podrían atender laboratorios, consultorios radiológicos y similares, por turnos durante las veinti-cuatro horas del día.

El paciente no pide perfección, pero si que las autoridades de salud y de la se-guridad social, ordenen sus centros asistenciales con por lo menos elemental lógica de servicio. No más abismal distancia entre la ficción normativa y la penosa realidad.

Diario La Razón19 de agosto de 2012

NUEVO HOSPITAL LOAYZA

Bajo el nombre de “Hospital de Santa Ana” en 1549 fue fundado por el arzobispo Jerónimo de Loayza, el centro hospitalario que ahora lleva su nombre y que a principios del siglo XX la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, hoy Metro-politana de Lima, levantó sus actuales edificaciones.

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Dicho Hospital desde sus orígenes estuvo dedicado a prestar servicios de sa-lud a quienes carecían de recursos económicos para atenderse en establecimientos privados, y posteriormente para quienes eran ajenos a los sistemas asistenciales de la Seguridad Social.

Durante el gobierno del General Velasco, se le quitó a la Sociedad de Benefi-cencia el manejo del Hospital Loayza, entre otros, manejo que pasó directamente al Estado, quien nunca pagó nada a la propietaria de dicho centro hospitalario, ni como renta ni como precio. En la práctica una apropiación indebida del Estado, como también sucedió con los bienes de cofradías y archicofradías.

Con el correr del tiempo, lo que fueron adecuadas edificaciones hospita-larias, hoy son en la práctica cualquier cosa, y urge más que remodelaciones y refacciones, edificar nuevas instalaciones, con los adelantos de la ciencia médica.

En el quinquenio anterior se emprendió la ardua tarea de hacer de los co-legios emblemáticos del país y de las grandes unidades escolares construidas básicamente durante el gobierno de Manuel Odría, modernísimos centros de enseñanza, reconstruyendo lo necesario, remodelando lo conveniente y refaccio-nando lo dañado. Hoy vemos como esos colegios emblemáticos cuentan con instalaciones impecables. Ojalá los usuarios no las dañen.

Lo que se hiciera en el quinquenio gubernamental anterior con los colegios emblemáticos, bien se podría repetir en el presente quinquenio con hospitales nacionales como el Loayza, el Dos de Mayo, el Larco Herrera y tantos otros. Ne-cesitamos modernizar nuestros centros de salud y dotar a la población de centros asistenciales de calidad y dignos de ser llamados hospitales, para que los atendi-dos no sufran contagios y recuperen su salud.

Para el Hospital Loayza, y gracias al tesón y mística de sus directivos, han lo-grado poner a la luz pública la necesidad de nuevas y modernas edificaciones, así como a la refacción de algunas antiguas. Han hecho los requerimientos del caso, presentado los perfiles, evaluado el costo de los proyectos para su aprobación gubernamental y solicitado los recursos para llevar a cabo la ambiciosa obra. Ojalá que el Ejecutivo le preste atención y el Sector Cultura deje de creer que todo lo viejo es antiguo de valor monumental.

Diario Expreso09 de agosto de 2013

ABORTO TERAPÉUTICO

Al finalizar el mes de junio, fue publicada en el diario oficial “El Peruano” una Resolución Ministerial del Sector Salud, por la cual se aprobó la “Guía Técnica

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Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal”.

La dación de dicha norma generó expresiones de aceptación como de recha-zo, por lo que más allá de las creencias religiosas y comportamiento ético de cada cual, conviene explicar de qué se trata el asunto.

Pues bien, comenzaremos por el aborto, cuya definición más generalizada es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provoca-das. Esto último, en buen romance, es quitar la vida al ser antes de su nacimiento.

Como la Constitución consagra el derecho a la vida, nuestra legislación penal sanciona genéricamente el aborto provocado, aunque con una excepción. Es así que el Código Penal distingue varios tipos de aborto, entre los que tenemos el auto aborto, el aborto consentido, el causado por profesionales, el preterinten-cional, el terapéutico, el ético y el eutanásico, pero solamente el terapéutico no es punible cuando sea practicado por médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, siempre y cuando sea el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

La Guía Técnica a la que nos hemos referido en el primer párrafo de este artículo, marca un antes y un después en el tema del aborto terapéutico. En efecto, antes de la aprobación de tal Guía, que no es otra cosa que un protocolo técnico que deben cum-plir los médicos para autorizar el aborto terapéutico, no había un protocolo aprobado por el Estado que señalara los requisitos, trámites, y exámenes que debían realizarse antes de practicar el mencionado aborto. Al no existir el protocolo había discrecionali-dad médica, lo que podría llevar a excesos no deseados y actuar permisivamente.

Después de la aprobación del protocolo o Guía Técnica, se reduce significa-tivamente la discrecionalidad médica, se determina la existencia de una previa Junta Médica y se detallan las dolencias y enfermedades que pueden conducir a la decisión abortiva. El ámbito de permisibilidad se acorta sustantivamente con el protocolo o Guía Técnica a la que nos referimos, y al no ser estático, sino que puede ser modificado, según avancen las ciencias médicas, podrán excluirse en-fermedades que hoy califican como causas para practicar el aborto terapéutico y que mañana pudieran ser curables y no afectar la vida de las gestantes.

Sin abjurar el autor de esta nota de su posición a favor de la vida, no puede dejar de reconocer que la existencia del protocolo médico tantas veces aludido, es mejor que no tenerlo, ya que como repetimos es limitante respecto a la permi-sibilidad anterior a su existencia.

Diario La Razón07 de setiembre de 2014

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SEGURIDAD SOCIAL

JUECES Y REMUNERACIONES

Una de las primeras acciones del nuevo Gobierno instalado el 28 de julio fue dic-tar normas de austeridad, reducir el gasto corriente y las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado.

Los aplausos por la medida siguen escuchándose, aunque hay sectores de la administración pública renuentes a la reducción de sus remuneraciones.

Es harto conocido que carecemos de una Ley de retribuciones para quienes laboran en el Sector Público, que hay diversos regímenes remunerativos, que existen injustos sistemas de contratación laboral, que hemos ido hasta el eufemis-mo de llamar “servicios no personales” al que realizan las personas sin recono-cerles vacaciones, límite horario, compensación por tiempo de servicios, seguri-dad social y otros derechos.

Debido al efecto espejo de las pensiones de la Ley 20530 y sus múltiples perforaciones, y para evitar el incremento de las planillas “pasivas” se fue au-mentando las remuneraciones de los funcionarios públicos “activos” mediante las llamadas bonificaciones no pensionables y los “gastos operativos”, que en la práctica eran parte de la remuneración.

Ante la situación expuesta y para resolver la problemática pensionaria y re-munerativa, los Poderes Legislativo y Ejecutivo, actuando coordinadamente, ini-ciaron primera la reforma pensionaria. Se modificaron algunos artículos consti-tucionales, se puso límites al sistema de la famosa Ley 20530, y se fijó la pensión máxima para sus pensionistas.

Se dispuso en las Leyes 28449 y 28789, la reducción progresiva de las pensio-nes que eran más elevadas que la máxima, a razón de dieciocho por ciento anual hasta alcanzar su nuevo nivel.

Conforme puede advertirse la reducción de las pensiones más altas que la máxima permitida, no se hizo de golpe y porrazo, sino progresivamente en va-

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rios años, reconociendo el Estado las nefastas consecuencias que tendría la reduc-ción global e inmediata.

Comento lo antes expuesto para llegar al caso de los jueces, a quienes se pretende disminuir de inmediato sus remuneraciones formales y las encubier-tas. El Estado tiene que comprender, al igual que lo entendió para la reducción de elevadas pensiones, que quienes cuentan con una determinada remuneración por su trabajo, hacen su presupuesto familiar, matriculan a sus hijos en colegios y universidades, probablemente paguen cuota de amortización e intereses por la vivienda que adquirieron o el vehículo que compraron. ¿Pueden de la noche a la mañana reducir sus obligaciones y hacer cambio de vida familiar? Evidente-mente no.

En el caso de los magistrados, sea del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, y Ministerio Público, el tema es más grave que el de otros funcionarios para quie-nes también alcanzan estas reflexiones; pues laboran a tiempo completo y dedica-ción exclusiva con la sola excepción de docencia universitaria, pero limitada.

Indiscutiblemente la brecha es enorme entre quienes ganan muy poco y los que tenían remuneraciones significativas en el Sector Público, pero la solución no puede ser traumática. Es posible seguir el ejemplo pensionario; allí lo tienen.

Diario La Razón01 de octubre de 2006

NADA QUE DEVOLVER

Seamos francos. El Estado no tiene nada que devolver a los llamados fonavistas, ni estos tienen derecho a exigir devolución de aportes al primero. Es duro, pero cierto.

Algunos me han dicho que es impolítico esgrimir esta tesis y que “choco” con el interés de muchas personas, a quienes irresponsablemente desde hacen varios años se les “vende” la idea que recuperarán sus aportes. No importa, creo que hay que sincerar las cosas y decirle a las gentes la verdad, sin dorar la píldora y sin subestimarlas, creyendo que no entienden razones.

Hacen casi treinta años se creó el FONAVI-Fondo Nacional de Vivienda, financiado con la contribución obligatoria de trabajadores y empresarios, prin-cipalmente, cuyos recursos se destinaban a la edificación de viviendas para los trabajadores-aportantes o para darles crédito con dicho objetivo.

Como había trabajadores que ya tenían vivienda propia, sus aportes se li-mitaron en el tiempo, y como no podía darse vivienda a todos, se estableció el

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mecanismo de sorteo entre los trabajadores contribuyentes al Fonavi. Pero, como se necesitaron más recursos, la ley obligó a aportar a quienes ya tenían resuelto su problema de vivienda.

La tasa de la contribución al Fonavi, sufrió diversas variaciones y también incorporación de nuevos aportantes, como fueron los trabajadores independien-tes. En algunas oportunidades se aumentó la tasa a cargo de los empleadores, mientras que en otras se redujo la tasa que correspondía contribuir a los traba-jadores, y viceversa, con el resultado que estos últimos sólo fueron aportantes entre 1979 y 1995.

Al poco tiempo de creado el Fonavi, su meta de financiar viviendas fue am-pliándose a otros cometidos, como el de financiar obras de infraestructura sani-taria, electrificación; así como la construcción, ampliación y refacción de centros comunales. También con él se financiaron obras de infraestructura vial.

En buena cuenta, lo que en genérico fue un “tributo” de la clase específica “contribución”, su naturaleza fue trucada a “impuesto”, ya que su pago dejó de originar una contraprestación del Estado a los contribuyentes del mismo para fi-nanciar obras para todos. La mutación legislativa concluyó con la conversión del tributo/contribución-Fonavi a tributo/Impuesto Extraordinario de Solidaridad desde setiembre de 1998.

Si en su origen el aporte al Fonavi fue contribución para vivienda de única-mente los aportantes-trabajadores que fueran sorteados, y posteriormente dicha contribución sirvió para financiar diversas obras del Estado para beneficio indi-recto de todos, es más que obvio que con diferentes denominaciones se convirtió en un impuesto a las remuneraciones.

Por otro lado, si cuando los aportes eran para financiar viviendas y ellas se financiaron, edificaron y luego sortearon, pues tan simple: ya no hay fondo a devolver y menos aún cuando dejó de ser contribución y se transformó en im-puesto con el que se solventò redes de agua, desagüe, electrificación y carreteras, entre otros.

Un grupo de personas ha estado levantando recursos entre los fonavistas para la campaña en pro de la devolución de aportes al Fondo y pretende un refe-rendum para que el Congreso debata (no necesariamente apruebe) un proyecto con tal objetivo.

El Jurado Nacional de Elecciones, rechazó la convocatoria a la consulta po-pular pues la Constitución lo prohibe expresamente al tratarse de normatividad tributaria. Empero, el Tribunal Constitucional, por mayoría e irrazonablemente, vuelve a enmendarle la plana al Jurado y ordena que el referendum se realice.

Nuevamente la testarudez del TC atenta contra resolución final, definitiva, irrevisable e inimpugnable del Jurado, y lo que es peor, alimenta la pretensiòn de

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una devolución que es imposible legalmente, salvo que el Estado se deje llevar por las presiones interesadas más algunas mediáticas. Cualquier importe que se devuelva de lo ya gastado y digerido, será distraer recursos presupuestales para educación, salud, seguridad, infraestructura y muchos más, que serán mermados. Ello no sería responsable.

Diario La Razón17 de octubre de 2007

SEMBRANDO: EJEMPLO A SEGUIR

Hartos de malas noticias, queremos contribuir al optimismo de los peruanos co-mentando el fructífero trabajo efectuado por el Instituto Trabajo y Familia, que conduce el programa “Sembrando”.

Inicialmente el Instituto ejecutó el programa “Jóvenes en Acción”, para de-sarrollar sus habilidades sociales a través de acciones educativas y recreativas, elevar su autoestima, afianzar valores, evitar inconductas, disminuir agresividad y violencia, entre otros. Posteriormente el Instituto, en el ánimo de contribuir a reducir la pobreza extrema en las comunidades rurales alto andinas, aisladas económica y socialmente del resto del país, diseñó el programa “Sembrando”, para paliar las carencias de servicios básicos, alimentación, salubridad e inser-tándolas en esquemas de desarrollo que les permita mejorar el ingreso familiar.

“Sembrando” articula y fortalece el capital social existente mediante dos orientaciones de desarrollo, como lo expresó su presidenta Sra. Pilar Nores, esto es una productiva y otra social, que ya actúa con miles de personas en las zonas más necesitadas, con la visión de que el país brinde oportunidades para todos.

“Sembrando” capacita a las familias beneficiarias para sustituir las cocinas a fuego abierto al interior de sus moradas, con la instalación de las “cocinas me-joradas”. Con ello se enfrentan los problemas de salud originados por el humo, polvo y gases tóxicos, pues las nuevas cocinas expulsan el humo hacia el exterior, además de ahorro de combustible.

También está fomentando con marcado éxito, la construcción de letrinas, reduciendo el riesgo de enfermedades gástricas en adición de cuidar el medio ambiente, lo que va unido a la capacitación en buenas prácticas de higiene y nutrición, con el agregado de la entrega de las denominadas “estrellitas” con contenido vitamínico, ácido fólico y hierro en polvo.

Se prepara igualmente a los beneficiarios de “Sembrando” en la construcción de bio-huertos, les ayuda en el manejo adecuado de sus parcelas con el uso del

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“arado andino”, se le adiestra en sencillo riego tecnificado y en la utilización de semillas mejoradas, promoviéndose semilleros y reservorios comunales.

Como vemos hay instituciones y personas que trabajan por el desarrollo de los pobladores de las zonas más deprimidas de nuestro Perú, lo que nos llena de optimismo al abrir panorama esperanzador.

Diario Expreso14 de mayo de 2010

BENEFICENCIAS Y SU NORMATIVA

Las Sociedades de Beneficencia Pública han venido funcionando dentro del mar-co legal establecido por el Decreto Legislativo 356 del 28 de Octubre de 1985, hasta que recientemente dicha disposición fue expulsa de nuestro ordenamiento normativo por la Ley 29477 con la que se inició el denominado “Proceso de Con-solidación del Espectro Normativo Peruano” para conocer a ciencia cierta cuales son las disposiciones con rango de ley que se encuentran vigentes y cuales no.

Con el propósito que las Sociedades de Beneficencia Pública no se encuentren en un limbo normativo, se acaba de dictar el Decreto Supremo 004-2010-MINDES el que transitoriamente determina fines, competencias, estructura y actividades que ellas deben desarrollar hasta que se apruebe la normatividad que regule su régimen jurídico, para lo cual el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ha sido encargado de preparar el correspondiente proyecto de ley.

Lo expuesto debería llevarnos a debatir si conviene mantener el régimen actual de los directorios de las Sociedades de Beneficencia, en que sus integran-tes son nombrados por el gobierno de turno o si sería más apropiado regresar al régimen antiguo de “socios” cuya asamblea nombra al directorio.

Recordemos que el antecedente más remoto de las Beneficencias data de la Co-lonia, en que por Decreto del Virrey Joaquín de la Pezuela el 16 de agosto de 1819 se estableció la primera Junta de la Real Beneficencia, hasta que al comienzo de la República -en Octubre de 1825- se crea una Junta de Beneficencia en Lima, la que por mandato del Decreto Supremo del 12 de junio de 1834 tendría una asamblea integra-da por 40 personas. Posteriormente el 2 de octubre de 1893 se expide la Ley Orgánica de Beneficencias que rigió hasta que en 1935 se sancionó la Ley General de Benefi-cencias que lleva el número 8128 la que organizativamente mantuvo el régimen de la asamblea de socios -que elevó sus integrantes a cien- la que nombraba al directorio.

Desde la dación de la Ley 8128 hasta nuestros días, como conceptuación ge-neral las Sociedades de Beneficencia, como personas jurídicas, ejercen funciones de asistencia social, cooperando a los fines de ésa naturaleza que competen al

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Estado, teniendo a su cargo la dirección y el sostenimiento de hospitales, asilos y albergues entre otros.

El 15 de noviembre de 1968, la dictadura velasquista también golpeó a la Beneficencia de Lima y luego al resto de Beneficencias Públicas, al disponer por Decreto Ley 17112 el cese de su Junta General (asamblea de socios), de su direc-torio y comités ejecutivos.Desde ése entonces el nombramiento de los directorios de tales instituciones ha estado a cargo del gobierno por intermedio de algún o algunos Ministerios.

El Decreto Legislativo 356 retornó al régimen de junta o asamblea general de socios con tres segmentos a saber: personas naturales y colaboradores, insti-tuciones de derecho privado, y por último donantes y legatarios. El Directorio estaría integrado por representantes de los tres grupos de socios y su Presidente sería designado por el Ministerio de Salud. Pese a ello, hasta ahora los directorios son nombrados por el gobierno, y lo que es más grave cada vez que había cam-bios en la cartera de Salud y luego en la del Ministerio de la Mujer, usualmente también se cambiaban total o parcialmente a los directorios, con lo cual había innumerables baches en las actividades de las Beneficencias, aunque sin olvidar las innumerables reorganizaciones dispuestas por el Estado.

Si los directorios que nombraba el gobierno era de gente honorable, seria y competente, en buena hora, pero si caían en manos inadecuadas las consecuen-cias no se dejaron de advertir, basta recordar como desaparecieron por ejemplo la Caja de Ahorros de Lima y las Loterías de Lima y Callao que hasta 1985 eran instituciones florecientes y eran prácticamente el soporte económico de las obras de las Beneficencias de Lima y del Callao.

Mientras las Sociedades de Beneficencia Pública tuvieron junta o asamblea de socios que nominaban a los directorios, había confianza en su manejo, tanto es así que recibían importantes donaciones y legados. Como ejemplo tenemos los aportes de benefactores como don Víctor Larco Herrera, cuyo nombre lleva nues-tro principal hospital siquiátrico. También recordamos los aportes de don Augusto Pérez Araníbar, cuyo nombre mantiene el Puericultorio de la Avda. del Ejército en Magdalena. Destacan igualmente las donaciones de doña Ana Roncagliolo de Frachia, de doña Ignacia Rodulfo de Canevaro, de las familias Ruíz Dávila, Man-rique y Sevilla, entre muchos otros benefactores.

Lamentablemente por falta de confianza en la administración gubernamen-tal de las Beneficencias Públicas, prácticamente no hay más legados ni donacio-nes –que son voluntarios- y únicamente subsiste la transferencia de bienes a su favor de las herencias vacantes, pero esto por mandato legal.

Por todo lo antes expuesto creemos que la oportunidad de establecer un nuevo marco normativo para las Sociedades de Beneficencia Pública, debe ser

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motivo para definir la conveniencia de regresar al antiguo sistema de asamblea de socios y erradicar el nombramiento de sus directorios por el gobierno que se encuentre de turno, que como vemos no ha sido por lo general exitoso.

Diario Oficial “El Peruano”30 de julio de 2010

CASA QUE ACOGE, HOGAR QUE GRATIFICA

Las Ministras de la Mujer y del Trabajo, con la Defensora del Pueblo, han iniciado la campaña “Casa que Acoge, Hogar que Gratifica”, para sensibilizar a los em-pleadores de trabajadores del hogar, a cumplir con el pago de las gratificaciones por Navidad y por Fiestas Patrias, y para que los beneficiados, en caso de incum-plimiento, conozcan los canales y mecanismos para formular sus reclamos.

El tema de los trabajadores del hogar y de sus derechos, es singularmente grato para quien escribe esta columna, pues siendo parlamentario, en 1994 pre-sentó el proyecto de ley para actualizar sus beneficios que estaban muy retraza-dos en relación con el resto de la fuerza laboral. Luego de ardua tarea el Congreso aprobó ampliar los beneficios sociales a los trabajadores del hogar, y el Ejecutivo observó la Ley.

Durante largos años insistimos en la necesidad de mejorar el régimen labo-ral de los trabajadores del hogar, hasta que en el primer semestre del año 2003 lo logramos al aprobarse la Ley 27986, que es la que hoy día ampara a los mencio-nados trabajadores. Dicha Ley confirmó CTS de medio sueldo por año. También confirmó vacaciones anuales pagadas de medio mes, al igual que derecho a la seguridad social y descanso semanal.

Como novedad la Ley 27986 permite que la CTS pueda sufragarse de año en año con efecto cancelatorio, consagra el descanso remunerado en todos los días feriados no laborables, otorga el importe de media remuneración mensual como gratificación de Navidad y de Fiestas Patrias, y determina jornada máxima dis-continua de trabajo por 8 horas, atendiendo a la naturaleza atípica de las labores que realizan tales trabajadores en los hogares.

Vemos con simpatía la cruzada “Casa que Acoge, Hogar que Gratifica” y esperamos que logre el éxito deseado, y que todos los trabajadores del hogar reciban a tiempo, en la primera quincena de julio y en la primera quincena de diciembre, sus respectivas gratificaciones.

Se necesita de mucha persuasión para que todos los empleadores del hogar cumplan con las obligaciones sociales que la Ley dispone. Si bien es verdad

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que existen mecanismos para lograrlo compulsivamente, por tratarse de hogares el Sector Trabajo debe tener mesura al efectuar sus inspecciones para acreditar las transgresiones. Los hogares si bien adicionalmente son centros de labor, lo son atípicos, que no pueden confundirse con oficinas o talleres, por lo que las inspecciones en ellos, no deben perturbar la vida íntima de sus miembros, y no generar situaciones que dificulten la convivencia futura entre la familia con los trabajadores del hogar.

Diario Expreso19 de noviembre de 2010

REMUNERACIONES PÚBLICAS Y AUMENTOS

En la campaña electoral se han formulado propuestas de aumentos remuneracio-nales a la empleocracia pública, algunos de ellos en un 100%

En el otro extremo, el Presidente de la República dice que los aumentos de-ben ser por méritos. Consideramos que las dos posiciones extremas son incon-venientes y que una sana administración laboral en el sector Público nos lleva a fusionarlas.

La nueva posición que fusiona las dos extremas, comprenderá aumentos remuneracionales sábana, esto es aumento básico para los que conforman cada uno de los niveles del escalafón y también para quienes están bajo la Contrata-ción Administrativa de Servicios (CAS). Al aumento básico se le añade un plus, cuando el servidor público tiene méritos para recibirlo. En buena cuenta habría un aumento básico y un agregado o bonificación por méritos. El básico igual para cada uno de los grados del escalafón y el de la meritocracia, diferenciado, de acuerdo a reglas que tienen que ser precisadas previamente.

En la temática remuneracional del Estado, hay que tener en cuenta diversos elementos. El primero es que para que el Estado aumente remuneraciones, tiene que tener los ingresos presupuestales reales para ello. Insisto, reales y no figura-dos, pues cuando el Presupuesto de la República no está debidamente balancea-do, lo único que se logrará es poner en marcha la maquinita que fabrica billetes y convertir al BCR en mera imprenta, con el resultado de inflación que ya hemos padecido en épocas felizmente superadas y que no deben volver.

En segundo lugar considerar que el aumento sábana, esto es igualitario, tiende a recuperar el valor adquisitivo de remuneraciones pretéritas, que con el correr del tiempo, en la práctica se reducen, aunque nominativamente permanezcan igual. También es para solventar las nuevas cargas familiares del trabajador, sus mayo-

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res necesidades, lo que se complementa con el aumento retributivo por méritos.Un tercer punto a tener en cuenta es el cumplimiento de la regla para fijar

alimentos, que debe ser de aplicación también para los aumentos salariales, esto es que deben estar de acuerdo con las necesidades de quien lo requiere y con las posibilidades del obligado a otorgarlos.

Los servidores del Estado que podrían ver doblados sus sueldos y jornales, seguramente al principio aplaudirán la propuesta, pero cuando comiencen a re-flexionar sobre ella entenderán que si no se encuentra sustentada en mayores y suficientes ingresos tributarios al Fisco, el aumento será lírico, y que la inflación que genere lo convertirá en simple ilusión. De Guatemala a guatepeor. ¡Mucho cuidado!

Diario Expreso18 de febrero de 2011

CUIDAR AHORROS EN LAS AFPs

Es probable que los jóvenes no conozcan las vicisitudes que pasaron antiguos sis-temas públicos pensionarios, en los que el Estado, confundiendo lo que es ajeno de lo propio, echó mano de los fondos previsionales para atender obligaciones corrientes y obra pública.

Teniendo en cuenta la nefasta experiencia, en la Constitución de 1993 el Es-tado reconoció el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, y garantizó el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, sea a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Adicionalmente se determinó la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social.

Hace cerca de veinte años también se legisló sobre los sistemas privados de pensiones, específicamente para las Administradoras Privadas de Fondos de Pen-siones (AFPs). Este sistema sustentado en los aportes de los trabajadores que se manejan en cuentas individuales, permiten invertir en diferentes tipos de fondos y en buena medida garantiza mejores pensiones de retiro para los aportantes.

El sistema pensionario privado al que nos referimos, ha sido razonablemente manejado, y si bien es verdad que puede ser mejorado, hay que protegerlo, pues allí están los ahorros para la tercera edad de aproximadamente cinco millones de afiliados, y la rentabilidad de sus “fondos” es satisfactoria y ha permitido pensio-nes que en promedio superan largamente a las del sistema pensionario público.

Las AFPs tienen la gran responsabilidad de administrar eficientemente los aportes de los trabajadores, para lo que realizan diversos tipos de inversión cu-

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yos óptimos resultados se reflejan en las pensiones correspondientes, todo ello bajo la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS).

El sistema privado pensionario, no solamente ha sido importante para los hoy pensionistas, sino que adicionalmente ha significado que el ahorro de los trabajadores para su vejez hubiera estado protegido de la voracidad estatal, y al mismo tiempo haya servido para efectuar inversiones generadoras de muchísi-mos nuevos puestos de trabajo.

Las AFPs son los mayores operadores en el sistema bursátil, que se ha con-vertido en un mecanismo adicional financiero, al que recurren las empresas para levantar capitales, con menores costos que los del crédito y con mayor rapidez de colocación y de utilización de los recursos.

Por donde se lo mire el sistema privado previsional es bueno, por lo que hay que preservarlo de cualquier intento futuro de meterle mano estatal, pues en buena cuenta le estarían metiendo la mano al bolsillo de los trabajadores.

Diario Expreso06 de mayo de 2011

LA COSECHA DE “SEMBRANDO”

Tiempo atrás destacamos la eficiente tarea del “Instituto Trabajo y Familia”, propulsor del programa “Sembrando” que conducido por Pilar Nores Bodereau contribuye a la reducción de la pobreza extrema en muchísimas comunidades rurales alto andinas.

Con la modestia que caracteriza a la forjadora de “Sembrando” y a quienes la secundan en su tarea, no han difundido dos importantísimos logros. El primero el interés internacional por el mencionado programa, lo que se acredita con el editorial de la revista “Science”, y el segundo haber recibido el valor de bonos de carbono.

En el editorial de “Science” se ha descrito la situación de las familias que más que vivir, subsisten en las zonas más elevadas de los Andes, las que usual-mente cocinan sus insuficientes alimentos a fuego abierto dentro de sus preca-rias viviendas. La consecuencia, además de la grave contaminación del aire, es la afectación de la población con enfermedades respiratorias, lo que unido a la desnutrición y carencia de servicios de saneamiento hace peligrar su propia exis-tencia, tanto es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que el humo cookstove es una de las cinco mayores amenazas para la salud pú-blica en países con altos índices de pobreza.

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El editorial referido, resalta que “Sembrando”, ha conseguido disminuir la mortalidad infantil, promover la igualdad de género así como la salud materna, y haber sustituido en cerca de cien mil hogares las cocinas con leña o combusti-bles dentro de ellos, por las llamadas “cocinas mejoradas”. Con ellas se reduce sustancialmente los riesgos respiratorios, ahorro de combustibles, protección del medio ambiente y no depredación de bosques. Esto complementado con higiéni-cas letrinas, prácticas de higiene y preparación de huertos familiares.

Sembrando ha conseguido por su tarea bonos de carbono por aproximada-mente seiscientos mil dólares, siendo la primera institución privada que obtiene dichos bonos del mercado secundario por bienes individuales.

Estas dos noticias que vienen del mundo internacional, pero originadas en las empeñosas tareas de quienes participan en “Sembrando” nos tiene que ale-grar a todos. Se trata de un esfuerzo privado exitoso, hecho con mística y cariño, merecedor de toda la cooperación que se le pueda proporcionar.

Cuando instituciones, como “Sembrando”, realizan encomiable labor social, evidentemente están descargando al Estado de parte de sus responsabilidades, y puede derivar a otras necesidades, que no son pocas, los recursos gubernamen-tales. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues “Sembrando”, sin costarle al Fisco un centavo, fue objeto de mezquina crítica por supuestamente haber trasla-dado en algún camión del Estado su mobiliario a nuevas oficinas. ¡Qué absurdo!

Diario Expreso18 de noviembre de 2011

FRENO A INVASIONES

Es absolutamente válido y razonable, que quienes son jefes de familia, quieran tener para si y sus dependientes, un lugar adecuado de residencia. Empero las vi-viendas no vienen del cielo como el maná bíblico, se requiere contar con recursos económicos para su adquisición o para su construcción.

A través del tiempo, muchas personas y sus familiares, han considerado lejana, y porque no decir utópica, la posibilidad de adquirir o construir su vivien-da, por lo que han querido acortar etapas y buscar atajos, invadiendo terrenos públicos o privados, lo que constituye delito.

El Estado, por un lado para evitar las invasiones, y por otro lado paliar el crecido déficit de viviendas, creó el Fondo MiVivienda para otorgar créditos pro-mocionales, así como programas como “Techo Propio”. Instituciones del Estado como sus Fuerzas Armadas han promovido la edificación de viviendas para su

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personal, especialmente para los de menores recursos, privilegiando construc-ciones en provincias para fomentar la descentralización y que el personal militar cuando pase a la situación de retiro, resida en sus lugares de origen sin necesidad de migrar a la capital de la República.

Las acciones del Estado y los recursos que se han destinado para el tema vivienda, si bien importantes, no han resuelto el problema, por lo que es necesa-rio buscar otros derroteros. En efecto gran parte de la población no tiene como aplicar a los programas de vivienda a los que nos referimos, simplemente porque no califica, sus ingresos personales y también los familiares son insuficientes. El resultado es que nuevamente estamos observando que se producen invasiones y la Policía Nacional obligada a restablecer el orden, expulsar a los invasores, devol-ver los terrenos invadidos a sus propietarios, pero la frustración de quien carece de vivienda aumenta.

¿Constituye solución solamente la acción policial? Creemos que no, pues el problema continúa latente, y si bien hay invasiones que no se lograron desalojar, lo que los invasores han ejecutado en los predios usurpados como proceso ur-banístico, es en la mayoría de veces deplorable. Simplemente se hacen trazados sin adecuada técnica, sin ancho de vías convenientes, sin reserva de espacios para usos complementarios y servicios públicos, y se comienza la antoedificación como se dice “a la criolla” con las deplorables consecuencias que tantas veces hemos observado.

Ahora que se inician nuevos gobiernos municipales sería plausible que ha-gan un inventario de los terrenos eriazos que se encuentran dentro de su jurisdic-ción y que el Estado podría transferírselos para que proyecten habilitaciones ur-banas progresivas, en que exista un trazado de lotes técnicamente hecho, en que posteriormente se puedan ir ejecutando obras colectivas de agua y desagüe, de electrificación, de nivelación de vías y señalamiento de veredas para su posterior asfaltado o lo que sea idóneo. También para que los adjudicatarios de los lotes puedan edificarlos poco a poco, según parámetros y modelos que previamente establezca la autoridad municipal.

Es mejor que sea la autoridad quien haga los trazados de las lotizaciones técni-camente, a que lo realicen quienes perpetran invasión y hacen lo que les da la gana.

Es hora que los Municipios asuman lo que son sus atribuciones, pues la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades les asigna competencia para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial, y si la Ley de Habi-litaciones Urbanas y Edificaciones requiere ser ampliada para facilitar las loti-zaciones con obras y construcciones progresivas, pues que se amplíe. Tenemos que anticiparnos a las invasiones con acciones concretas que propendan a la paz

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social, y no circunscribirnos al accionar policial, loable por cierto, pero que no resuelve el problema de la carencia de viviendas, limitándose a restablecer el orden, sin garantía que no pueda volver a ser alterado.

Diario El Comercio30 de noviembre de 2011

DESBORDANTE IMAGINACIÓN PRESIDENCIAL

Te veo bien. Vuelve a Sonreir. Te escucho mejor. Esperanza. Atención Residencial. Gusto te atiende mejor. Coopera Perú. Abrigo Perú. Jóvenes a la Obra. Habitat Rural. Redes Rurales. Rutas Solidarias.Tambo. Samu. Samu Fluvial. Atención a víctimas de delitos. Rescate de niños en calle. Rescate de adultos en calle. Paneles Solares. Qali Warma. Inclusión Energética. Educación Intercultural Bilingue. Mué-vete Perú. Come Rico. Come Sano. Come Peruano. Kioskos y loncheras saludables. Cuna Más. Beca 18. Pensión 65. Trabaja Perú.

A todas dichas denominaciones tenemos que agregar a Juntos, Foncodes, Agrorural, Electrificación Rural y Fitel.

Es probable que cuando comenzaron a leer la larga lista de 32 denomina-ciones a las que se añade cinco conocidas de tiempo atrás, no se imaginaban de que se trataba, y cuando llegaron a Come Rico, Come Sano, o Come Peruano quizás creyeron que eran nuevos emprendimientos culinarios de Gastón Acurio. No queridos lectores, se trata de la relación de programas sociales que imple-menta el Gobierno Central y los que ya existían con anterioridad, a los que les da renovado impulso.

Ésa larga relación la dió a conocer el Presidente de la República en su men-saje a la Nación leído en el Congreso el pasado 28 de julio. Felizmente no la leyó de sopetón sino que lo hizo dándose respiros de tanto en tanto, en gesto que apreciamos, pues de haber sido leída la lista de un solo tirón habría sido inso-portable.

No criticamos al contenido de los programas aludidos ni menos aun duda-mos de la necesidad de llevarlos a la práctica, pero si creemos que hay exceso de imaginación en muchos de los nombres y en otros actitud extravagante, por decir lo menos. Lo que es peor es que se ha arrojado por la borda el intento que se hi-ciera para uniformar la presencia y autoría de programas sociales del Estado, con los mismos logos, colores y grafías para identificar que se trataba de esfuerzos estatales y no de instituciones privadas como podrían ser de algunas organiza-ciones no gubernamentales (ONGs).

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Salvo los programas muy publicitados como Pensión 65, Beca 18 o Cuna más, ni los beneficiarios del resto de los programas percibirán que son efectuados por el Estado y financiados con los impuestos que pagamos el resto de compa-triotas.

Por otro lado, es conveniente que exista información centralizada de la iden-tificación de los beneficiarios de cada programa a fin de evitar que sean recepto-res de diferentes apoyos pues el Estado debe dosificar su ayuda para que pueda beneficiar a más personas. También se requerirá fusionar programas para que no se diluya a través de su administración y burocracia los recursos que el Estado, con la mejor de las intenciones, canaliza a los programas sociales.

Los beneficiarios deberán conocer que muchos de los programas son tem-porales y decrecientes, pues constituyen ayudas solidarias hasta que puedan sol-ventar su propia subsistencia y las de sus familias, al acceder a las oportunidades laborales que brinda el desarrollo, si es que el Estado continúa en la ruta correcta que ha permitido reducir la pobreza y desesperanza.

Diario La Razón05 de agosto de 2012

¡MAMITA, LLEGÓ EL INDECOPI!

Con sabiduría la Constitución ordena al Estado defender el interés de los consu-midores y usuarios dentro de una economía social de mercado, debiendo facilitar y vigilar la libre competencia, así como combatir toda práctica que la limite al igual que el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Agrega que ningu-na ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.

La autoridad administrativa que tiene a su cargo la defensa del consumidor y la libre competencia, así como el combate de las prácticas comerciales que les son lesivas, es el INDECOPI, a quien en junio de 2008 se le otorgó expresa auto-rización para expulsar las conductas anticompetitivas mediante el Decreto Legis-lativo 1034 expedido por el Poder Ejecutivo por la delegación legislativa que le había conferido el Congreso de la República.

El Decreto Legislativo mencionado define la posición de dominio en el mer-cado, así como determina las conductas anticompetitivas como son, entre otras, el abuso de posición de dominio y las prácticas colusorias. Hasta aquí nada sos-pechoso ni criticable, pero la norma faculta al INDECOPI para el desarrollo de sus investigaciones sobre dichas materias, a realizar inspecciones, con o sin pre-via notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas, sociedades

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irregulares y patrimonios autónomos, así como examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos produc-tivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren.

Muchísimo más grave y excesivo que lo expuesto, es que el mismo Decreto Legislativo autoriza a que en el acto de inspección se podrá tomar copia de los archivos físicos, magnéticos o electrónicos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que crean necesarias, para lo cual INDECOPI podrá solicitar apoyo policial.

Todo esto significa que pueden invadir la propiedad privada, sin previa no-tificación, pueden meter nariz, manos, ojos y oídos en la correspondencia física o electrónica, vaciar el contenido de las computadoras y llevarse copia de todo lo que les dé la gana a los inspectores, quienes llegan a las empresas como si se tratara de un batallón beligerante premunido de un oficio intimidante que ate-moriza al más valiente.

Lo anterior significa que por Decreto Legislativo se conculca el derecho constitucional a la inviolabilidad domiciliaria, así como la prohibición de ingre-sar en él sin autorización de quien lo habita o sin mandato judicial.

El derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones lo hicieron polvo cósmico, y añicos al dispositivo constitucional que únicamente permite abrir comunicaciones, incautarlas, interceptarlas o intervenirlas por mandamien-to judicial motivado.

Han pasado cinco años y el citado Decreto Legislativo no ha sido todavía re-visado por el Congreso de acuerdo a sus atribuciones, en que le compete determi-nar si no se ha excedido el Poder Ejecutivo en la dación de la norma y si ella no es contraria a la Constitución. En este caso es obvio que hubo exceso gubernamental y contravención constitucional, que deben corregirse con urgencia.

Diario La Razón29 de diciembre de 2013

REMUNERACIÓN MÍNIMA

Después de la “podrida” que se armó con la “Remuneración Mínima Vital” (RMV), en que “si va”, “no va”, “luz verde”, “luz roja”, anuncios, desmentidos, renuncia y nuevo Gabinete, no podemos quedarnos en la periferia, y ahora que se supone las aguas están calmadas, podemos ir al meollo del asunto.

En agosto de 1962 la Junta Militar de Gobierno presidida por Ricardo Pérez Godoy dictó el Decreto Ley N° 14192 por el cual se dispuso la obligatoriedad de

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fijar sueldos y salarios mínimos en todas las actividades económicas del país, teniendo en consideración su productividad, la naturaleza de las labores, el costo de vida y las condiciones de trabajo en diversas regiones.

La misma norma fijó sueldos mínimos para los empleados hombres y muje-res, así como jornales mínimos para obreros hombres y mujeres, diferenciando su importe en Lima y Callao, de algunas principales provincias y de otras en ése entonces menos desarrolladas.

La RMV es la que deben percibir como mínimo los trabajadores que laboran por lo menos 4 horas diarias en promedio sujetos al régimen laboral privado, como retribución o contraprestación por los servicios prestados.

Con el tiempo la RMV mutó a Ingreso Mínimo Legal para luego volver a la originaria. Incluso lo que en sus orígenes se diferenció por localidades pasó a ser uniforme en todo el país; y pese a que el artículo 24 de la Constitución determina que se regula por el Estado con participación de las organizaciones represen-tativas de trabajadores y empleadores, fue reajustada durante varios años por Decreto Supremo, sin la participación de aquellos.

Al inicio del actual Gobierno se reajustaron prudentemente sueldos y sala-rios mínimo legales en forma escalonada en el tiempo, y sin que ello generara trastornos económicos.

Algunas autoridades se han expresado a favor del reajuste periódico de la RMV, mientras que otros creen que ello podría perturbar la marcha económica del país y afectar a las empresas, principalmente a las más pequeñas y a las del ámbito rural.

Lo cierto es que, por lo general, quienes integran el sector laboral formal, se encuentran remunerados por encima de la RMV, y si se desea que ella se modi-fique bien podría ser por sectores económicos relacionados con las localidades en que se prestan los servicios. Para esto se requiere hacer estudios económicos serios en los Ministerios de Economía y de Trabajo, del BCR y del INEI que sus-tenten decisión técnica y no política. ¿Qué esperan?

Diario Expreso18 de abril de 2014

¿AMPLIAR O REDUCIR DEMANDA?

El Gobierno dispuso antes del 28 de julio diversas medidas en el ánimo positivo de destrabar las inversiones así como generar demanda interna de bienes y servicios, en un positivo intento de recuperar en algo los niveles de crecimiento y desarro-llo perdidos por la inercia gubernamental.

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Aplaudimos las medidas, que si bien insuficientes, demostraban que el Go-bierno había escuchado el clamor ciudadano y las propuestas del Ministro de Economía.

Entre las acertadas medidas estaba la liberalización de las CTS por encima de 4 sueldos, permitiendo la disponibilidad del exceso durante el presente año, así como el aumento de aguinaldo para los trabajadores del Sector Público.

Sin embargo, y a contracorriente, se obliga a los trabajadores independientes aportar al sistema previsional, sea al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, este último a cargo de las AFPs, con lo que llevarán menos dinero al bolsillo.

Al trabajador independiente le quitarán parte de sus ingresos, si bien en porcentaje menor durante el presente año, irá aumentando hasta alcanzar cerca del 15% en el 2017.

Quién escogió laborar como independiente, conoce que tiene que generar recursos para la jubilación, al dejar de realizar actividades profesionales, oficios u otras ocupaciones no dependientes. La función tuitiva o cautelar del Estado no tiene por qué alcanzarle ni menos obligarlo a contribuir compulsivamente con los fondos de pensiones.

Quién escribe estas líneas es un convencido de las bondades del Sistema Privado de Pensiones, siempre que fomente la competencia entre los operadores y con libertad de elección por los asegurados. Además el SPP se ha convertido en una herramienta financiera de empresas a través del mercado bursátil, permi-tiéndoles crecer y proporcionar puestos de trabajo. Empero, ello no nos impide criticar que hayan promovido la incorporación obligada de los trabajadores in-dependientes al Sistema.

Peor aún, en lugar de estimular el ingreso de los trabajadores independien-tes a la formalidad, están atentando contra ella, al ser tan complicada la mecánica de aportaciones. Los independientes preferirán estar fuera del Sistema, con lo cual también se afectará la recaudación tributaria, pues la informalidad es inte-gral más no parcial. Será difícil encontrar gasfiteros, electricistas, enfermeros, y vigilantes, entre otras ocupaciones, dispuestos a más obligaciones contributivas y retenciones. La informalidad les será atractiva.

También se perjudica al cliente del independiente, que tiene que hacer re-tenciones, y depositarlas, además de adivinar para ello el rango de ingresos del independiente. Ojalá se atrevan a corregir tanto despropósito.

Diario Expreso01 de agosto de 2014

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PENSIONES Y REFLEXIONES

Después de varios años de existencia del Sistema Privado de Pensiones, y desde que tuvimos que hacer una enmienda constitucional para facilitarlo y cerrar de-finitivamente el efecto espejo de la perniciosa Ley 20530 (que no es lo mismo que las pensiones renovables, que deben mantenerse), es conveniente hacer un alto en el camino y reflexionar.

Para ello hay que analizar si para los pensionistas el sistema privado de cuentas individuales ha sido mejor o no, que la caja global y despersonalizada del sistema de la ONP, que es el sistema público.

Sin riesgo a equivocarnos, el sistema privado ha sido más beneficioso, in-cluso con elementos colaterales exitosos como es el obtener recursos financieros para empresas a través de colocación bursátil de acciones o bonos que adquieren las AFPs.

Empero, no todo es color de rosa pues se requiere de un mayor universo de inversiones para reducir riesgos, terminar con la intromisión del Estado a tra-vés de subastas de nuevos afiliados, que rompe el derecho de escoger de estos últimos, así como lograr que el Estado pague los aportes que ha retenido a sus trabajadores y que no entregó ni a la ONP ni a las AFPs. El Estado no puede tener el doble estándar de exigir a los privados lo que él no cumple.

Tiene que establecerse como requisito para que las Regiones y Municipios reciban fondos para inversión, que acrediten al MEF estar al día en sus aportes de Seguridad Social y Previsionales. Igualmente debe concluirse algún proceso penal contra malos empresarios que han dispuesto lo que retuvieron a sus traba-jadores para los fondos previsionales. Ello es latrocinio y los perpetradores del delito deben pagar la fechoría con cárcel efectiva.

En lo que se refiere a la “Compensación por Tiempo de Servicios” (CTS), se definió que su importe servirá más que como un fondo de retiro, como uno de subsistencia temporal en caso de pérdida del empleo. Por ello es que sobre un límite de retribuciones mensuales el trabajador puede disponer de la diferencia.

La referencia hecha a la CTS es para investigar si sería posible establecer algo similar con los fondos previsionales, para liberar cualquier exceso sobre lo que se requiere para una pensión mínima, pues no sería justificado que se guarde pan para el futuro cuando hay graves carencias en el presente.

Como vemos, hay temas por debatir, pese a la consistencia del sistema pri-vado.

Diario Expreso15 de agosto de 2014

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TRASQUILADOS Y SIN LANA

Cuando se intenta algo y no solamente no se logra, sino incluso el resultado es más oneroso para quien lo gestiona, dice sabio y viejo refrán que “se fue por lana y salió trasquilado”.

Decimos esto porque es lo que percibimos pasó con las AFPs, que intentaron tener ingresos adicionales gestando la incorporación al sistema de los trabajado-res independientes, esto es los que laboran por su cuenta, no están en planilla y tributan el Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría.

La protesta fue masiva y el Congreso se vio precisado a derogar la norma y obligar a las AFPs y a la ONP a devolver lo que los independientes habían aportado.

Hay trabajadores dependientes e independientes, y al escoger estos últimos su situación eran conscientes que no tenían fondo previsional para la tercera edad de carácter obligatorio (como si lo tienen los dependientes), y que si querían no pasar angustias en la vejez ni tampoco dejar desprotegidos a sus familiares, tenían que ahorrar directamente en bienes que generen renta para las contingencias.

Lamentablemente la ambición le ha jugado una mala pasada a las AFPs, pues ahora no solamente perdieron aportes de los independientes, sino que se está cuestionando que el sistema previsional, estatal a través de la ONP o privado a través de las AFPs, sea obligatorio para los trabajadores dependientes, propi-ciando algunos profesores de una de las universidades de mayor prestigio del Perú, que el sistema pensionario pase de obligatorio a voluntario.

Soy un convencido de las bondades del sistema previsional privado, pero con ajustes, y que ellos sean técnicos y no fruto de los agoreros y tremendistas de la política, que quieren destruir y no perfeccionar lo ya hecho. Se hace necesario hacer menos gravoso el sistema para los causa-habientes, pero insisto tiene que ser debidamente razonado.

Es bueno precisar que el sistema público pensionario a través del tiempo fue codiciado por el Estado que en muchas oportunidades metió mano a los fondos previsionales, afectando a los asegurados. Con el sistema privado es más difícil que ello suceda, y para resguardar los fondos previsionales tienen una amplia cartera de colocaciones, apropiadamente diversificadas y con máximos legales porcentuales en cada rubro, lo que da mayor tranquilidad a los aportantes al sistema.

Por otro lado el régimen de las AFPs ha hecho que para cautelar y sal-vaguardar. así como para lograr mejor rentabilidad a los fondos previsiona-les, ellos puedan invertirse en bonos del Estado, en obligaciones emitidas por empresas solventes, así como en acciones y otros productos bursátiles de buen

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rendimiento; y a la vez ello ha contribuido a que en lugar de que los fondos languidezcan en arcas del Estado como es el sistema público (ONP), se empleen en apalancamiento financiero de la actividad empresarial privada la que genera nuevos empleos con los que se beneficia nuestra población.

La gran moraleja que deja lo acontecido y reseñado, es que hay que ser pru-dente, menos ambicioso y no ningunear al ciudadano común y corriente, que es dueño y señor de sus decisiones, así se equivoque en algunos casos, que eviden-temente no es el que tratamos.

Diario La Razón16 de noviembre de 2014

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TEMAS CONSTITUCIONALES

ESTADO DE EXCEPCION

Como reacción a la pretensión del Estado de privatizar empresas de electricidad en el sur peruano, en Arequipa se produjeron protestas populares acompañadas de actos de vandalismo, agresión de personas así como destrucción de propie-dad pública y privada. El Gobierno como respuesta, se vio precisado a declarar “Estado de Emergencia” en dicho departamento, y suspendió diversos derechos constitucionales por Decreto Supremo Nº 052-2002-PCM el pasado 16 de Junio.

La decisión gubernamental fue criticada y cuestionada por diversos sectores ciudadanos, y ahora que la calma ha regresado, por lo menos en el tema de la ac-tividad empresarial del Estado, conviene analizar si es o no legítimo que el Estado declare situación de emergencia y suspenda algunos derechos constitucionales.

Al igual como la persona humana tiene derechos y obligaciones, también los tiene el Estado, que según la Constitución debe defender la soberanía nacio-nal proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general.

La Constitución ha dotado al Presidente de la República de facultades espe-ciales para decretar lo que se denomina “Estados de Excepción” y que son el “Es-tado de Emergencia” y el “Estado de Sitio”. El “Estado de Emergencia” se declara en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. La declaración de “Estado de Emergencia” puede complementarse con la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión y tránsito.

“El Estado de Sitio” se decreta en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzca, y a diferencia del “Estado de Emer-gencia” en que se pueden suspender determinados derechos, aquí se deben men-cionar los derechos fundamentales cuyo ejercicio ni se restringe ni se suspende.

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Los mencionados estados de “Emergencia” y de “Sitio” se decretan en todo el territorio nacional o en parte de él, se debe dar cuenta al Congreso, y no deben exceder de 60 días en el primer caso ni 45 días en el segundo, sin perjuicio de sus prórrogas.

La utilización de dichas medidas por parte del Gobierno, en defensa del propio Estado y del mantenimiento o restablecimiento del orden público, no es novedosa ni inusual, pues en la práctica la actual Constitución de 1993 no hace otra cosa que repetir la normatividad de la Constitución de 1979, la que a su vez tuvo como antecedente la llamada suspensión de garantías prevista en el Artícu-lo 70 de la Constitución de 1933.

El antecedente de lo determinado en la Constitución de 1933 se encuentra en la Constitución de 1920 por las modificaciones dispuestas en leyes 5470 y 5476. Antes hemos tenido las constituciones de 1867, 1860, 1856 y 1839 que autorizaron genéricamente suspensión de garantías cuando la patria se encuentra en peligro, toda vez que las iniciales constituciones solo investían de facultades excepcio-nales al Presidente de la República en tiempos de guerra o de peligro extraor-dinario. No se recuerda de Gobierno alguno, que no haya declarado “Estado de Emergencia” ó de “Suspensión de Garantías”, cuando la situación interna, gene-ral o focalizada, lo haya exigido, y son con las medidas correlativas a la declara-ción de estados de excepción, como se regresa al orden y la paz social dentro del respeto a la Constitución y la ley.

Conforme podemos observar es constitucional y también legítimo declarar estados de excepción, solo cuando es indispensable y con la prudencia y mesura necesarias.

Diario Síntesis16 de agosto de 2002

INTERPELACION Y CENSURA

Con altos y bajos decibeles, en múltiples tonos, con toneladas de papel y tinta, se han dicho y escrito diversidad de tesis respecto a la interpelación y la censura. Muchas de las opiniones lo han sido para influenciar respecto a últimas situacio-nes concretas. Empero es conveniente, se aclaren los conceptos.

La interpelación es una institución parlamentaria y jurídica, de la llamada democracia representativa, por el cual se otorga a las minorías el derecho de in-terrogar a los ministros de estado, lo que conlleva la obligación del interpelado de responder las preguntas. La interpelación versa sobre temas que están bajo

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el cuidado o bajo la responsabilidad de los ministros requeridos, o que tienen relación con sus funciones.

Por ser derecho de minorías, no se requiere ni para su presentación, admi-sión y decisión de acuerdo mayoritario. La Constitución y el Reglamento del Congreso, disponen que la interpelación se presenta por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas, esto es mínimo 18. Para ser ad-mitida, esto es acordada, es necesario el voto del tercio del número de repre-sentantes hábiles, votación que debe efectuarse en la siguiente sesión a la que se da cuenta de ella. De estar hábiles los 120 congresistas, la votación mínima requerida sería de 40. Los votos en contra o las abstenciones, en la práctica no cuentan.

La sesión en que los interpelados concurren a responder el cuestionario, no puede posponerse a las calendas griegas, tiene un componente de inmediatez al señalar la Constitución que esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.

Hasta aquí la interpelación. Ahora bien, la censura. Muchos ligan la inter-pelación con la censura, olvidando que son institutos diferentes, autónomos. En efecto, el artículo 132 de la Constitución determina que el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura. Tan es la censura independiente de la interpelación, que puede ser planteada “luego” de ella, de la concurrencia de los ministros para informar, o debido a su resistencia para acudir en este últi-mo supuesto o después del debate en que intervenga el ministro por su propia voluntad.

La censura se decide por el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, esto es mínimo de 61 votos a favor de la misma, conse-cuentemente a diferencia de la interpelación no es derecho de minorías, aunque para formularla basta que la planteen no menos del 25% del número legal de congresistas, esto es 30. La censura se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Obvio que si se presentó pedido de cen-sura prematuro, se retiró el mismo y volvió a presentarse, el plazo corre a partir de su presentación válida y firme. El temperamento del legislador, es que exista suficiente tiempo entre la presentación y la votación, evitando en lo posible emo-ción y pasión, componentes que atentan contra la reflexión y decisiones atinadas, pues la consecuencia de la censura, es la renuncia del censurado y el nombra-miento del reemplazante.

Diario Expreso05 de octubre de 2007

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PROPUESTA Y FUEGOS ARTIFICIALES

Una propuesta para modificar la Constitución, con el objeto de renovar parcial-mente el Congreso por tercios o por mitades, ha generado gran confusión ciuda-dana, y no es para menos.

Por un lado se han hecho un rompecabezas mental, identificando “renova-ción” con “revocación”, que son instituciones diferentes, y actualmente ninguna de ellas aplicables a los congresistas. Mientras la renovación es un procedimiento para reducir el mandato de unos para que entren otros con nuevas elecciones, la revocatoria es cancelar el mandato legislativo para que luego los puestos vacados sean objetos de nueva elección. La renovación es general y muchas veces en un sistema que más tiene que ver “la suerte” que la razón, con lo cual no necesaria-mente salen los congresistas cuestionados, sino que pueden salir hasta los bue-nos. Como dice el refrán “de Guatemala a guatepeor”. La otra institución la de la “revocatoria” si es singular y se hace el proceso para revocar o no el mandato de algún congresista.

Otro galimatías que el ciudadano común y corriente no entiende, pues nadie lo ha explicado, y lo que es peor con discursos contradictorios de las autoridades que han propuesto el tema, es el del derecho de los ciudadanos a la iniciativa legis-lativa para la reforma de la Constitución y el referendum. Ha sido planteado como si fuera la misma cosa, y más grave aún intentándose levantar firmas para un refe-rendum no viable. Recordemos que la iniciativa legislativa es el acto de proponer leyes mientras el referendum es el acto por la cual se ratifica o confirma una norma aprobada, la iniciativa es previa y el referendum posterior. No son lo mismo

La Constitución determina que tienen derecho a iniciativa legislativa, esto es proponer proyectos de ley, incluso reformas constitucionales, entre otros, el Presidente de la República, los congresistas, los otros Poderes del Estado, las ins-tituciones públicas autónomas, y los ciudadanos con arreglo a la Ley. La Ley en cuestión es la Ley 26300 llamada “Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos”, mediante la cual se precisa que con la adhesión de ciudadanos que alcancen por lo menos el 0.3% de la población electoral nacional se puede pre-sentar proyecto para la reforma o modificación constitucional, debiendo ser dic-taminada y debatida preferentemente en el Congreso, quien puede o no aprobar la iniciativa. Si la rechaza o la modifica sustancialmente, los ciudadanos pueden recurrir al referendum para insistir en su pretensión, para lo que se requiere de la adhesión de por lo menos el 10% del electorado nacional, y que luego sea votada favorablemente por no menos de la mitad más uno de los votantes de la consulta.

Lo usual es que las reformas o modificaciones constitucionales nazcan del Congreso o del Presidente de la República y la misma Constitución señala en su

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artículo 206 que para su aprobación se requiere de mayoría absoluta del número legal de sus miembros (ahora no menos de 61 votos) y ratificada luego por refe-réndum. Puede omitirse el referéndum, si el Congreso lo aprueba en dos legisla-turas sucesivas, con votación favorable en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas (ahora no menos de 81 votos).

¿Tendría lógica aprobar una reforma constitucional para renovación parcial del Congreso, cuando no le queda al actual ni el tercio ni la mitad del tiempo para el que fue elegido? Evidentemente no la tiene, en todo caso si se aprueba la reforma será para regir cuando exista nuevo Congreso, con lo cual no vemos el sentido de tanta bulla para este tema.

Para forzar la aprobación parlamentaria de la reforma, que ya antes había sido rechazada en comisiones, se alzaron voces diciendo que si el Congreso no consentía en la reforma sería disuelto. No es tan sencillo, encontrándonos en un Estado de Derecho en que debe primar, acatarse y cumplirse los preceptos constitucionales y legales, es bueno recordar también que el artículo 134 de la Constitución faculta al Presidente de la República a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado confianza a dos Consejos de Ministros, lo que no se puede hacer en el último año del mandato. Aparentemente no habría impedimento para que el Consejo de Minis-tros haga cuestión de confianza la aprobación de la reforma constitucional, pero no tendría mucha lógica pues si se aprueba con más de 61 votos y menos de 81, tendría que irse a referendum, mientras que si se aprueba en la próxima legislatura ordinaria que empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio con más de 81 votos, la subsi-guiente legislatura comienza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, esto es en el último año del quinquenio, con lo que ya no sería posible disolver al Congreso. Más son fuegos de artificio que otra cosa y descabelladas las pretensiones de reformar previamente el Reglamento del Congreso para variar los períodos de legislatura, las normas deben darse cuando son necesarias y no para satisfacer antojos.

En los últimos días la confusión ha crecido pues por un lado el Ejecutivo ha presentado proyecto para renovar el Congreso por mitades cada dos años y medio y por otro lado sus parlamentarios anuncian otro para que el mandato legislativo se reduzca de cinco a sólo dos años y medio. Ni lo uno ni lo otro, un país no puede estar permanentemente en procesos electorales.

La normatividad existente en consecuencia es clara y precisa, y sólo queda cumplirla y así debe ser el juego democrático, las propuestas legislativas regula-res y las de reformas constitucionales, pueden ser aprobadas o no, y ello no debe desatar ni iras ni tormentas.

Diario La Razón10 de enero de 2010

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DESMADRE

Cuando las autoridades no asumen a plenitud sus obligaciones y responsabilida-des, y por dejadez, temor, indolencia, cálculo político, u otros motivos, permiten que antisociales hagan lo que les da la gana, perturben la tranquilidad pública, propicien el caos, impidan el libre tránsito de personas, bienes y vehículos, en la práctica su omisión estimula el desmadre generalizado y la violencia, pues los antisociales saben que su mal actuar es tolerado.

El gobierno a veces teme que al imponer el orden que consagra la Consti-tución y la ley, sea acusado en el Congreso de disponer o cometer excesos, ori-ginando ello crisis ministeriales. A su vez algunos grupos en el Parlamento ol-vidando que forman parte del Estado, y por aprovechamiento político, lejos de respaldar a quien es gobierno lo acusan irresponsablemente de excesos, sin tener en cuenta que en el futuro podrían ser gobierno.

Los fiscales y los jueces tampoco asumen a cabalidad sus responsabilidades y optan por el facilismo de denunciar y procesar a miembros de la Policía Na-cional o de las Fuerzas Armadas por los supuestos excesos. A los fiscales les es más fácil denunciar y que otro resuelva, que rechazar acusaciones tendenciosas. Lo mismo sucede con los jueces que prefieren procesar pese a que hay denuncias que bien podrían ser desestimadas de plano ya que existen normas que eximen de responsabilidad penal a quienes actúan por mandato de la ley como veremos más adelante.

Los policías que están obligados a conservar el orden público o a restable-cerlo cuando es violentado, al igual que los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en apoyo de la Policía Nacional o la sustituyen cuando en estado de emergencia se le asigna dicho rol, tienen temor de actuar, pues si hay lesio-nados o muertos de inmediato proliferan denuncias, acusaciones, interminables procesos, a veces hasta con detenciones y privación de libertad, con postergación de ascensos, peligro de bajas, disloque familiar y tantas otras nefastas consecuen-cias.

Todo lo anteriormente señalado, obviamente afecta al orden democrático, pues el ciudadano tiene la creencia que sólo puede imperar el orden con gobier-nos autoritarios que imponen por la fuerza la autoridad. No señor, la democracia no puede ser boba ni percibida como débil. La autoridad es para ser ejercida den-tro de la Constitución y la ley, sin temores ni debilidades y con responsabilidad.

En cuanto a los procesos judiciales que desalientan el cumplimiento del de-ber por parte de policías y militares, deben recordar nuestros fiscales y jueces que hay causas que eximen de responsabilidad penal y las pueden aplicar sin más demora. El artículo 20 del Código Penal establece que está excento de responsa-

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bilidad el que obra en defensa de bienes jurídicos cuando hay agresión ilegítima. También hay inimputabilidad para quien actúa frente a peligro que amenace la vida o la integridad corporal; así como el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un derecho o cargo, o el que actúa por orden obligatoria de autoridad competente expedida en ejercicio de sus fun-ciones. A todo esto hay que agregar la última causa de inimputabilidad agregada al mismo artículo del Código Penal, que exonera de responsabilidad penal al per-sonal policial y militar, que en cumplimiento de su deber y en uso reglamentario de sus armas, cause lesiones o muerte.

No sacar el cuerpo ni eludir responsabilidades, todos los que forman parte del Estado tienen que contribuir, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, a mantener o restablecer, de ser el caso, el tan deseable orden público, sin excesos por cierto, pero sin tolerar abusos.

Diario La Razón25 de abril de 2010

CONFLICTOS ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS

La Constitución dispone que corresponde al Tribunal Constitucional y resolver los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución entre los órganos del Estado, precisando el Código Procesal Constitucional que es para los casos que opongan al Poder Ejecutivo con gobiernos regionales o mu-nicipales, a gobiernos regionales y municipales o de ellos entre sí, y por último a los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitu-cionales.

Los conflictos señalados no son los únicos que se producen pues también hay entre Ministerios así como entre ellos y otros organismos del Estado de me-nor nivel. Las Instituciones Públicas afectadas por estos conflictos recurren al Po-der Judicial como mecanismo de solución de sus controversias, pero también se presentan casos en que gestionan proyecto de ley para que sea el Congreso quien resuelva el tema, lo que no le corresponde, pero obliga al aparato parlamentario a seguir todo el trámite legislativo como es el pase por comisiones, debate en ellas y de ser el caso se repite el debate en el pleno del Parlamento.

Es vergonzoso que entidades del Estado no sean capaces de sentarse en una mesa de diálogo y resolver directamente sus diferencias y que tengan que iniciar procesos legales a través de sus procuradores ante el Poder Judicial, y hacer co-rrer toda la maquinaria judicial, para que resuelva la controversia, lo que lejos de

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contribuir a reducir la carga procesal, la aumenta, y lo que es peor, nos cuesta a todos, pues salen de nuestros impuestos los costos que significa la defensa de las entidades en disputa y los procesos judiciales.

Por ello es necesario encontrar una salida al problema y ella podría ser que la Entidad Estatal que discrepe con otra, recurra a conciliación obligatoria, que puede ser ante la Presidencia del Consejo de Ministros o el Ministerio de Justicia. Si se llega a resolver el diferendo lo conciliado tendría los efectos de la transac-ción, y de no llegarse a un entendimiento satisfactorio en ésa vía, que sea el Pri-mer Ministro quien emita resolución final al diferendo.

Actualmente, la ley asigna al Consejo de Defensa Jurídica del Estado la atri-bución de resolver, a través de mecanismos alternativos de solución de conflic-tos, las controversias originadas entre entidades del Estado. Soy testigo de su eficiencia pues he recurrido a él cuando he ejercido función pública, pero este mecanismo tiene que ser perfeccionado, a fin de que cuando no se arribe a buen puerto, exista una autoridad del Ejecutivo que resuelva el diferendo entre las en-tidades que están enfrentadas, muchas veces por obstinación de sus autoridades.

Diario Oficial “El Peruano”11 de mayo de 2010

DEBERES Y DERECHOS

Entre los principios del Derecho se encuentran dos de muy significativa impor-tancia, el primero que todo derecho y su ejercicio conlleva también el cumpli-miento de obligaciones y deberes; y el segundo que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás.

Nuestra Constitución trata en profundidad sobre los derechos, y pese a que ellos tienen correlato con deberes -salvo error de conteo- relaciona 133 derechos y en forma explícita únicamente 12 deberes u obligaciones, con lo cual enfatiza la cultura del ejercicio de los derechos y en cierta forma el olvido de los deberes.

Por ello muchos ciudadanos no tienen clara conciencia de sus deberes para con el Estado, con la Sociedad y con su comunidad, lo que no ayuda a generar el deseado civismo en nuestra población.

Lo que es aún más grave, hay grupos humanos que en lugar de utilizar a los canales pacíficos previstos por la ley para exigir sus derechos o lo que consideran como tales, recurren a actos de violencia para tratar de imponer su voluntad, con notoria transgresión del precepto que sus derechos están limitados por los de los demás. Ejemplos los hay casi a diario, como la toma de carreteras y vías de co-

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municación, impedir labores de quienes desean trabajar o también ajusticiar por mano propia a quienes estiman perpetraron delito.

Por lo señalado conviene generar conciencia del cumplimiento de las obli-gaciones, desde las más elementales como respetar las reglas de tránsito hasta las más complejas como solventar a través de los tributos, sean contribuciones, tasas, arbitrios e impuestos, los gastos del Estado en sus diversos niveles.

El cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos, en todos sus aspec-tos, nos pone en la senda del orden social que se necesita para el desarrollo del país, pues cuando no hay orden ni debido cumplimiento de los deberes se propi-cia el caos, el que detiene el avance del país e influye negativamente en la ya co-nocida cadena para lograr el bien común, que es el de todos, y elevar los niveles de vida de la población.

La cadena a que nos referimos tiene varios eslabones. Para alcanzar el desa-rrollo y el bienestar se necesita trabajo. Para lograr empleo se requiere que haya inversiones. A su vez para que existan inversiones hay que tener orden, que se traduce en tranquilidad pública, legislación o reglas de juego estables y tributa-ción predecible y justa.

En los instrumentos o convenios internacionales viculados a Derechos Hu-manos, en los que el Perú participa, existe el mismo sesgo. Por ejemplo -también salvo error de conteo- hemos contabilizado 90 derechos en la “Declaración Uni-versal de Derechos Humanos”. En el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” encontramos 32 derechos. En el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” visualizamos 58. Por último, en la “Conven-ción Americana sobre Derechos Humanos” la sumatoria alcanzó a 93 derechos. Empero en todos dichos instrumentos los deberes explícitamente formulados son en número muy inferior.

Es absolutamente comprensible que en los Tratados y Declaraciones sobre “Derechos Humanos”, por su propia naturaleza, tengan preferencia la enun-ciación de los derechos y en menor cantidad la enumeración de obligaciones, pero ello no impide hacer lo apropiado para la exigencia del cumplimiento de los deberes.

En los documentos internacionales sobre los Derechos, hay algunas expre-siones que por románticas y poco realistas, conducen a los ciudadanos a exigir de todo al Estado, como por ejemplo cuando en el artículo 11 del “Pacto Internacio-nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” se expresa que los Estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. A ello agrega que los Estados Partes de la Con-vención “tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este de-

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recho”. Ojala que ello fuera posible pero es irreal, pues estamos en un mundo complicado que no deberíamos confundirlo con el país de las maravillas de la conocida Alicia.

En estos tiempos en que entramos a contiendas electorales, quienes tienen vocación de servicio y aspiración de ejercer cargos electivos, bien podrían con docencia política, exhortar a la ciudadanía al cumplimiento de sus obligaciones. Sería una excelente contribución patriótica.

Diario La Razón 20 de junio de 2010

CORRUPCIÓN Y PACTOS

La gran mayoría de los ciudadanos reconoce que la corrupción es uno de los ma-yores problemas de nuestros tiempos y que ella socava el ordenamiento moral, quiebra voluntades y conciencias, sin olvidar que distrae ingentes recursos del Estado que en lugar de llegar completos a su destino, van a engrosar los bolsillos privados de quienes son corrompidos. Agrava la situación la desconfianza del ciudadano honesto en el aparato del Estado como consecuencia de la tan conoci-da “coima”, “comisión”, “mordida”, “arreglo” y el “¿cuánto me toca?”.

El tema es socorrido para hacer demagogia y rasgarse vestiduras, con indig-nación real o simulada, queriéndose afrontar el fenómeno con la creación de más y más comisiones de diagnóstico, evaluación y propuestas, en las que ya nadie cree, siendo frecuente que propongan suscribir pactos de buen comportamiento, como si ellos pudieran hacer el milagro de terminar con la mala práctica.

Se promueven convenios para el comportamiento ético en las campañas electorales, el mismo deseable comportamiento entre los profesionales del Dere-cho respecto a las autoridades jurisdiccionales. Igualmente se proponen pactos para que los gremios empresariales comprometan a sus asociados en el cumpli-miento de sanas prácticas corporativas, en adición a jurar ante todos los Santos que “no romperán la mano de nadie”

Los mencionados pactos y convenios de poco sirven, salvo para la foto que es muy rentable mediáticamente hablando, pero en la práctica son innecesarios. Lo que se necesita son acciones claras en diversas direcciones como por ejemplo la creación de la “Sala Nacional Especial Anticorrupción” y el fortalecimiento de la “Sala Nacional contra el Crimen Organizado” en el Poder Judicial, y la reciente Ley 29542 o Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo y de Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal”.

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Pero lo más importante de todo es que la Contraloría General de la Repú-blica cuente con los recursos que le permitan cumplir con su razón de ser, tener personal idóneo altamente capacitado y bien remunerado, con acceso a las más modernas tecnologías de fiscalización y control. Los mayores recursos que se asignen a la Contraloría retornarán con creces a la caja fiscal, gracias a su accionar previo y posterior a la ejecución del gasto, tanto corriente como de inversión, de los organismos del Estado.

Menos retórica y más acción pues hay que poner orden en el manejo de los recursos públicos que pertenecen a todos los peruanos.

Diario Expreso25 de junio de 2010

LEYES, TRATADOS Y SENTENCIAS

Todos conocemos que para que no impere la regla de la selva, esto es la primacía del más fuerte, el género humano, para convivir en sociedad y armonía, fue crean-do reglas que deberían cumplirse y designando o eligiendo autoridades llamadas a hacerlas cumplir, e incluso dictando sanciones ante el incumplimiento de las leyes.

Para la convivencia pacífica y ordenada, ya no entre las personas, sino entre las naciones y estados, el ser humano creó los tratados, pactos o convenciones in-ternacionales, así como ideó instituciones y tribunales supranacionales llamados a hacerlos cumplir.

Con la sapiencia humana y para preservar que exista orden y se cumplan las leyes, se crearon jueces y sistemas judiciales que en nombre de todos dirimen las diferencias, los litigios, y los conflictos. Sus decisiones en última instancia son ley para las partes intervinientes.

Las leyes y demás normas legales, al igual que los tratados internacionales, y las sentencias judiciales, nacionales o internacionales, son obligatorias. Pueden o no gustar, podemos estar o no en desacuerdo, pero tienen que cumplirse, no siendo tal cumplimiento al antojo, voluntad o discrecionalidad del supuestamen-te afectado.

El Estado de Derecho al que usualmente invocamos, no es otro que el del imperio de la ley y el orden, por lo cual pese a desacuerdos con decisiones nor-mativas o jurisdiccionales, ellas tienen que ser obligatoriamente acatadas y tam-bién cumplidas.

Indiscutiblemente, quienes en alguna medida ejercen la autoridad que el Estado les ha conferido, son los llamados en primer lugar a cumplir con las leyes

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y las decisiones jurisdiccionales, dando el buen ejemplo a toda la colectividad y desterrando toda invocación a infringir sus mandatos. Lo contrario, y probable-mente involuntario, sería retornar a la ley de la selva.

Nuestra Constitución -como no podía ser en otra forma- consagra la obli-gación de todos los peruanos de respetarla, cumplirla y defenderla, al igual que al ordenamiento jurídico de la Nación (artículos 38 y 109). Lo propio es para las sentencias, en que además la misma Constitución determina que ninguna auto-ridad podrá retardar su ejecución (inc. 9 del art. 118 e inc. 2 del art. 139) y por úl-timo para los tratados celebrados por el Estado los que forman parte del derecho nacional (art. 55)

Diario La Razón25 de julio de 2010

EL 927 Y EL GRAN BONETÓN

El Decreto Legislativo 927 expedido por el anterior Gobierno, aunque felizmente ya derogado, otorgó beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo.

Con ocasión del acogimiento a uno de los beneficios penitenciarios por Nan-cy Gilvonio, sentenciada por terrorismo, se ha desatado pugilato verbal entre au-toridades del Ejecutivo, del INPE, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional y del Parlamento, en que se acusan los unos a los otros de ser responsables de la indebida liberación de la señora Gilbonio.

Esto nos hace acordar al antiguo juego del “gran bonetón”, en que los par-tícipes preguntaban “¿y quien la lleva? Con la respuesta del gran bonetón. Aquí sucede algo parecido, pues todos se acusan, pero al no asumir ninguno responsa-bilidades, bien podríamos reinventar al “gran bonetón”.

Creo que es bueno rememorar lo acontecido con el mencionado decreto le-gislativo.

La Historia se inicia con la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero del 2003 (exp. Nº 010-2002-AI/TC) respecto a la legislación antiterrorista existente en aquel entonces. El Tribunal dispuso exhortar al Congreso a reempla-zar parcialmente la legislación mencionada para que concuerde con la normati-vidad constitucional. En aquel entonces regía el Decreto Ley 25475 que impedía para terroristas beneficios penitenciarios.

Presuroso el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso el 6 de enero del 2003, le otorgara facultades legislativas delegadas, para dictar Decretos Legislativos que atendieran la exhortación del Tribunal Constitucional. Apresuradamente tam-

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bién, el Congreso aprobó la delegación de facultades y envió al Gobierno la res-pectiva autógrafa el 8 de enero del 2003 y el mismo día la promulga el Ejecutivo como Ley 27913.

La citada Ley 27913, no solamente delegó facultades para modificar la legis-lación antiterrorista, sino que dispuso conformar una comisión que elabore los proyectos de las normas. También dispuso que el control parlamentario o revi-sión de la legislación que por delegación emitiera el Ejecutivo, estaría a cargo de la Comisión de Justicia del Congreso.

Dos días después de la promulgación de la Ley 27913 de delegación de fa-cultades legislativas, se dictó la Resolución Suprema Nº 001-2003-JUS, por la cual se nombró a la Comisión que prepararía la normatividad antiterrorista corres-pondiente. Esta Comisión estuvo presidida por el Ministro de Justicia, integra-da por otros tres ministros, más dos congresistas de la Comisión de Justicia del Congreso, representantes del Presidente de la Corte Suprema y de la Fiscal de la Nación, además de tres prestigiosos abogados.

Luego de un mes de labores de la Comisión, el Ejecutivo sancionó el Decreto Legislativo Nº 927 del 19 de febrero del 2003, el cual concede dos beneficios peni-tenciarios para los condenados por terrorismo, como son la redención de la pena por el trabajo y la educación, y la liberación condicional.

Para la redención de la pena por el trabajo o educación, se considera un nú-mero determinado de días trabajados, que sustituirán a un día de pena privativa de libertad. Para la educación o estudios existirán evaluaciones.

El otro beneficio que es la liberación condicional del condenado por terroris-mo, se podrá otorgar a solicitud del interesado, cuando haya cumplido efectiva-mente los tres cuartos de la pena impuesta.

El Decreto Legislativo Nº 927 fue enviado por el Ejecutivo al Congreso para el respectivo control o fiscalización parlamentaria, y la Comisión de Justicia del Congreso en la práctica lo validó.

Posteriormente el Decreto Legislativo Nº 985 expedido el 2007 corrigió en parte las indulgentes normas antiterroristas.

Ante el clamor ciudadano por la salida anticipada de los penales, de terro-ristas que se acogían a los beneficios penitenciarios del Decreto Legislativo 927, el actual gobierno solicitó al Congreso su derogación el 11 de setiembre del 2009. Un mes después quedó derogado el cuestionado Decreto Legislativo por la Ley 29423 que además dispuso que los condenados por terrorismo no podrán acoger-se a los beneficios penitenciarios.

Jueces y fiscales imputan responsabilidad al INPE por acumular el beneficio de redención de pena por trabajo o estudios con liberación condicional, pese a que no son copulativos, o por cómputo errado de beneficios. Funcionarios guberna-

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mentales critican a jueces y fiscales por no ser prolijos en la concesión de los bene-ficios penitenciarios, olvidando que ellos se sustentan en los informes del INPE. Algunos otros achacan al Tribunal Constitucional debilidad frente al terrorismo al fomentar cambios en la legislación de la materia. Algunos imputan al anterior gobierno haber sido benévolo en el tratamiento legal al terrorismo, mientras que otros indican que el Congreso también tuvo responsabilidad al haber convalidado en su momento el Decreto Legislativo 927 y por haberlo mantenido vigente duran-te seis años, sin olvidar que fue diseñado por miembros del Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público, casi “Fuente Ovejuna”.

¿Quién es responsable? Creemos que la responsabilidad no es de una sola autoridad, sino compartida por todas ellas, y que en alguna medida todos los cuestionadores tienen parte de razón. Si hay techo de vidrio, no hay que seguir lanzando piedras al techo, ni buscando al gran bonetón, y menos aún volver a bajar la guardia frente al terror.

Diario La Razón10 de octubre de 2010

LIMITACIONES MINISTERIALES

Un tema que puede convertirse en dolor de cabeza, es el de las limitaciones a la función ministerial, que siendo cargo político, tiene implicancias constituciona-les, legales y también laborales.

La función congresal es a tiempo completo y la normatividad legal permite a los parlamentarios realizar otras actividades laborales, profesión u oficio, o de cualquier otra índole, rentadas o no, fuera de las horas de funcionamiento del Congreso, salvo las expresamente prohibidas.

Sin embargo la función ministerial, que también pueden ejercer los par-lamentarios, además de ser a tiempo completo es prácticamente a dedicación exclusiva, ya que están prohibidos de ejercer otra función pública, excepto la le-gislativa o la docente. Además, por mandato constitucional (art.126), no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

Lo que si pueden realizar tanto parlamentarios como ministros, es la docen-cia privada o estatal, y en esta última posibilidad con la limitación de no más de una (art. 40 de la Constitución).

Como quiera que los ministros no pueden ejercer actividad lucrativa, se en-tiende fuera de la gestión ministerial, parlamentaria o docente, de ser el caso, ello

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aparentemente colisionaría con el art. 23 de la Constitución que consagra el pre-cepto de que a nadie se le puede obligar a trabajar sin retribución o consentimien-to. La colisión es aparente, pues si la actividad no es lucrativa pero si consentida, no se estaría vulnerando el último principio mencionado.

Todo esto viene a colación, por la situación de ministros cuya ocupación habitual hubiera sido el ejercicio de las artes, diferente a cualquier otro oficio, profesión u ocupación laboral que como hemos visto no se pueden ejercer en simultáneo con la actividad ministerial.

Para los artistas, como son actores, músicos, cantantes, pintores y esculto-res, entre otros, el punto central es si la actividad artística en simultáneo con la función ministerial, es lucrativa o no. Si tuviera el carácter lucrativo, como pudiera ser la remuneración del servicio o percepción del precio por la obra, se violentaría el precepto constitucional que no permite a los ministros actividades lucrativas, motivo por lo cual -contrario sensu- si la actividad no es lucrativa no se estaría infringiendo el mandato legal.

Podríamos preguntarnos si el Ministro que ejerce en simultáneo actividades lucrativas, lejanas por cierto a lo que pudiere considerarse corrupción ¿comete delito?. La respuesta es ciertamente que no, pero estaría infringiendo la Consti-tución y podría ser pasible de acusación constitucional por ello, y de encontrarse responsabilidad ser sancionado por el Congreso con la destitución e inhabilita-ción para el ejercicio de función pública hasta por diez años (art. 99 de la Cons-titución).

¿Qué mejor que un Ministro de Cultura, por ejemplo, difunda por sí mismo nuestras artes y letras y de bríos a nuestro querido país? Sería un lujo, pero habría que encontrar la fórmula legal necesaria para superar la injusta situación que por servir al país tenga que renunciar a las retribuciones por su actuación artística mientras se encuentre en calidad de Ministro de Estado.

Diario La Razón02 de octubre de 2011

CONSTITUCIÓN ¿REFORMA TOTAL O PARCIAL?

Nuevamente la cantaleta del cambio constitucional, si tiene que hacerse una nue-va Constitución o solamente cambios parciales. Incluso se ha llegado hasta dis-cutir el carácter permanente de ella.

La Constitución no es pétrea, consecuentemente puede ser sustituida por otra. Hemos tenido doce constituciones, y también se pueden hacer modificacio-

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nes parciales. La actual de 1993 ha recibido 27 reformas contenidas en 11 leyes diferentes, reformas que tratan asuntos tan dispersos como el habeas data, el voto de militares y policías, la descentralización, el sistema pensionario, número de congresistas, entre otros.

Los que desean otra Constitución vacilan entre retornar a la de 1979, intro-duciéndole cambios singulares para su modernización y actualización, o redactar una nueva.

La Constitución vigente fue fruto de una transacción política entre el Go-bierno, perpetrador del autogolpe del 5 de abril de 1992, y la oposición democrá-tica, bajo los auspicios de la OEA. El Gobierno de aquel entonces se vio obligado a convocar a un Congreso Constituyente que formuló la Constitución que nos rige, ratificada mediante referéndum, en el que muchos -sin suerte- hicimos cam-paña para su rechazo.

En el Gobierno de transición de Valentín Paniagua se creó la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional, la que sin proponer texto nor-mativo limitó su tarea a la preparación de los lineamientos para una reforma constitucional, así como a formular tres mecanismos para ella. La primera alter-nativa propuesta fue declarar la nulidad de la Constitución de 1993 y vigente a la de 1979 a la que se le harían cambios parciales. La segunda utilizar los pro-cedimientos previstos en la Constitución de 1993 para su enmienda. La tercera aprobar ley de referéndum para consultar al pueblo si se quiere retornar a la Constitución de 1979, y de ser así convocar a una Asamblea Constituyente. Todo quedó en una prolija publicación y nada más.

Es en diciembre de 2001 se dictó la Ley 27600, que ordenó a la Comisión de Constitución del Congreso proponer un proyecto de reforma de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución Histórica del Perú y el texto de la de 1979. La Comisión cumplió con su cometido y se comenzó a debatir su texto en el Pleno, febrilmente e impuesto a marcha forzada, con el resultado de notorio hartazgo de los parlamentarios y que la aprobación quedara inconclusa.

Retornar al esfuerzo de hacer una nueva Constitución, a estas alturas no tiene ningún sentido, pues siendo el contenido de ella el cúmulo de reglas básicas a partir de las cuales tiene que armonizar toda la legislación, sería entrampar al país, generar desconcierto sobre el porvenir, paralización de inversiones genera-doras de empleo hasta conocer las nuevas reglas, avivar temores y desconfianza. Ese lujo no nos lo podemos dar, y menos para satisfacer a quienes fuera de la realidad quieren devaneos filosófico-jurídicos.

Si se quiere hacer reformas constitucionales ellas deben ser parciales, pen-sadas, y sancionadas por el Congreso con los procedimientos que la actual Carta dispone, pero nada de aventurerismos en un mundo de por si complicado con la

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crisis económico-financiera que lo afecta y que influenciará en el comportamien-to futuro de los agentes económicos.

Diario La Razón13 de noviembre de 2011

INMUNIDAD E INTERCEPTACIÓN

¡Qué tal escándalo mediático! ¿Ingresaron los terrucos del VRAE al convento de las madrecitas de la perpetua consolación y vejaron desde a la superiora hasta a la más reciente novicia? No señor, un fiscal pidió al juez la interceptación telefónica de un grupo de personas entre las que se encontraba un congresista y se armó tremendo lío.

El tema merece ser explicado. La Constitución (art. 93) señala que los con-gresistas no pueden ser procesados sin previa autorización del Congreso.

El Reglamento del Congreso dispone que el pedido para el levantamiento del fuero parlamentario y la autorización para el procesamiento penal de algún con-gresista, será estudiado por una comisión de jueces supremos, que de encontrarla pertinente la eleva al Presidente del Congreso para que a su vez sea evaluado por una comisión especial hasta que se sustancia el pedido en el Pleno del Congreso.

Como sabemos la acción penal la ejerce el Ministerio Público (léase Fisca-lía), que es quien denuncia ante el Poder Judicial, el cual procesa al denuncia-do. Como quien es congresista no puede ser procesado sin la autorización del Congreso, ello no incluye a la investigación de la Fiscalía así sea la preliminar. Consecuentemente no se necesita autorización parlamentaria para investigar a parlamentarios pero si para procesarlos.

Bien, vayamos ahora a la famosa interceptación de las comunicaciones al parlamentario quejoso. La Constitución como regla general, reconoce al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, telecomunicaciones y sus instrumen-tos, los que sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez.

El precepto constitucional antes referido, ha sido desarrollado por la Ley 27697, modificada por el Decreto Legislativo 991, los que disponen el trámite que sigue el fiscal para solicitar al juez el control de comunicaciones, el mandato que puede o no otorgar el juez para ello, y la forma como son controlados los diversos tipos de comunicaciones, entre ellos las telefónicas.

La decisión del juez no es discrecional, está limitada a las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional y por los delitos que se rela-cionan en la norma. En el caso del congresista con comunicación interceptada, no

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estaba sujeto ni a investigación preliminar en Fiscalía ni en la jurisdiccional por el Poder Judicial, y menos aún por los delitos previstos en las normas de desarrollo del derecho constitucional.

Como se puede apreciar hay un error, pero ello no significa que está vedado al Ministerio Público y Poder Judicial, tramitar y disponer el levantamiento del secreto de las comunicaciones a algún congresista, cuando se trata de investiga-ciones preliminares o no en Fiscalía. Si puede hacerlo sin autorización del Parla-mento pero como vemos con la limitación que sea materia de investigación fiscal y por los delitos que exhaustivamente señala la norma.

Si para la investigación fiscal, previa al procesamiento judicial, se tuviera que pedir autorización congresal para el levantamiento del secreto de comunica-ciones de parlamentarios cuestionados, ello no serviría absolutamente para nada, salvo quizás para alertar al investigado.

Demasiado ruido y pocas piedras.

Diario La Razón25 de agosto de 2013

SOLO FALTÓ LA RECETA DEL RANCHO

El Gobierno ha solicitado al Congreso le delegue la facultad de legislar en temas vinculados con el quehacer de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La labor legislativa, primariamente corresponde al Congreso de la Repúbli-ca, empero le puede delegar al Poder Ejecutivo dicha facultad, en materias con-cretas y por tiempo determinado, tal cual lo autoriza la Constitución, salvo refor-mas constitucionales, tratados internacionales, leyes orgánicas y presupuestales.

El tema de la delegación de facultades legislativas no se agota en si ellas se pueden otorgar o no, pues como hemos visto la respuesta es afirmativa, de lo que se trata es de establecer si conviene que el Congreso transfiera dicha responsabi-lidad al Ejecutivo o la asuma directamente.

En el caso que tratamos, la petición de facultades legislativas formulada por el Gobierno es amplísima en la temática castrense, de defensa y policial, pues en la práctica abarca todo, como la reforma de los Ministerios del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, la carrera militar y policial, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los comandos operativos. Se agrega la reforma del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, el Servicio Militar, las adquisiciones para la defensa, la utilización de recursos, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, la interdicción en materia

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de narcotráfico y sus insumos químicos, e incluso el tema de remuneraciones y pensiones.

Como vemos, aparentemente en el pedido de facultades delegadas única-mente olvidaron las recetas del rancho de nuestras valerosas tropas. Francamente una exageración, y más si todos los temas son sensibles y podrían ser atendidos mediante leyes emanadas del Parlamento a iniciativa del Ejecutivo, estudiándose los proyectos en comisiones, presentándose los dictámenes al Pleno del Congreso para su debate, en el que pueden intervenir los ministros para hacer conocer su posición, como lo pueden también efectuar en las comisiones parlamentarias.

No olvidemos que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional han sido objeto de infinidad de reorganizaciones, que existen normas para todo lo que se pretendería, y que si bien toda obra humana es perfectible, sería preferible que su debate fuera a la luz pública y no en cenáculos cerrados del Ejecutivo. Las mate-rias que se pretende legislar son importantísimas y mediante el ocultamiento de proyectos lo único que se logra es aumentar las sospechas de que pretenderían utilizar a nuestras fuerzas castrenses y policiales como base política del régimen, lo que está reñido con su naturaleza y sería contrario a la Constitución.

Diario Expreso10 de agosto de 2012

ADQUISICIONES SECRETAS

Como regla general y por transparencia la Constitución dispone que las obras, adquisición de bienes, y la contratación de servicios, con recursos del Estado, obligatoriamente se ejecutan por contrata, licitación y concurso público, debien-do señalarse por ley las excepciones (art. 76).

Como la seguridad de la Nación está garantizada por el Estado mediante el “Sistema de Defensa Nacional” que comprende los ámbitos interno y exter-no, la Constitución dispone la asignación por ley de los fondos destinados a los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República (artículos 82, 163 y 170)

Como excepción a la regla general, la Ley de Contrataciones del Estado (D.L.1017) exonera de los procesos de selección las contrataciones con carácter secreto, secreto militar o de orden interno que realizan las Fuerzas Armadas, Policía y el Sistema de Inteligencia Nacional, siempre que su objeto esté inclui-do en la lista que por Decreto Supremo se apruebe en el Consejo de Ministros. La lista en cuestión está definida por el Decreto Supremo No 052-2001-PCM, el

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que ha sido modificada por Decreto Supremo No 205-2012-EF para incorporar el equipamiento y la infraestructura militar o policial (bases militares, policiales, contrasubversivas, puestos de vigilancia fronterizos) facilitando las contratacio-nes destinadas a zonas declaradas en Estado de Emergencia.

Entre los bienes exceptuados del sistema regular de adquisiciones del Es-tado, se ha incluido entre otros al armamento y municiones de carácter no letal, raciones de campaña para bases y puestos fronterizos, así como estudios de pre y de inversión relacionados con obras de índole reservada. Se han excluido, entre otros, a los vehículos motorizados cuyo uso sea civil o administrativo.

Para la fiscalización por la Contraloría General de la República, se ha dis-puesto que para las contrataciones de carácter secreto u orden interno destinadas a zonas declaradas en Estado de Emergencia, su opinión debe ser emitida en no más de siete días.

No dudamos que la reciente normatividad va a facilitar la interdicción mi-litar y policial, en la lucha contra el terror principalmente en el VRAEM, en que por falta de logística oportuna se traba operaciones que deben desempeñar nues-tras valerosas Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo que se agrava en los proce-sos regulares con las impugnaciones de postores insatisfechos. También facilitará adquisiciones con el sistema offset.

Las adquisiciones de equipos militares y policiales, armamento, municio-nes, pertrechos y muchos otros bienes y servicios necesarios para cumplir con la Defensa Nacional y la preservación del Orden Interno, han sido en el pasado objeto de corruptelas; por ello el Sistema de Control debe ser severo y rápido. La reserva en determinadas adquisiciones, contratación de obras y prestación de servicios son para contar con lo necesario a tiempo y no para dar patente de corso a sátrapas y facinerosos que ilícitamente se enriquecen bajo el manto del secretismo.

No olvidemos que el secreto es relativo, puede ser que lo mantenga quien adquiere, pero no necesariamente quien transfiere, y lo que hoy es reservado al poco tiempo se exhibe en las revistas especializadas y en otros medios.

Diario La Razón02 de diciembre de 2012

POBRES PARIENTES

Con sabiduría, la Constitución (art.76) dispone que las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligato-

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riamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes, mientras que los servicios y proyectos se contratan previo concurso. La norma constitucional encarga a la ley el procedimiento, excepciones y responsabilidades respecto a lo antes señalado.

La ley a la que nos hemos referido es la “Ley de Contrataciones del Esta-do” (D.L.1017) en que por elemental lógica, transparencia, imparcialidad y para evitar favoritismo, impide ser participantes, postores y/o contratistas en todo proceso de contratación pública, y hasta 12 meses después de dejado el cargo, al Presidente y Vicepresidentes de la República, Congresistas, Ministros, Jueces Supremos y otros altísimos funcionarios.

Lo propio rige, en el ámbito regional y local, para Presidentes, Vicepresiden-tes, Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores; y para los titulares, directores, gerentes y funcionarios de instituciones y organismos públicos en sus respectivas entidades.

También el impedimento mencionado se ha hecho extensivo a las personas jurídicas en las que el funcionario tenga participación superior al 5% del capital o patrimonio social.

El impedimento para contratar con el Estado, o para ser partícipe o postor en procesos de contratación pública, no se limita a los funcionarios y ex funcio-narios antes señalados, sino que se extiende, sea en ámbito nacional, regional, lo-cal, o institucional; al cónyuge, conviviente, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Es decir, el impedimento y prohibición alcanza a padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos, suegros, entena-dos, cuñados, yernos y nueras, entre otros. La norma es a tabla rasa.

Cualquiera diría que estaría feliz el postor regular en licitaciones o concur-sos propiciados por el Estado, si un miembro de su familia es convocado para ser Ministro o elegido para ser Congresista, Presidente o Consejero Regional, Alcalde o Regidor, o nombrado en alto cargo gubernamental del nivel respectivo. Pues no señor, será para el postor o participante en procesos de contratación del Estado, una maldición, simplemente por el parentesco pasa de ser postor regular a impedido, a indeseable, expulsado de toda posibilidad de intervenir en concur-sos y licitaciones a los que nos hemos referido.

Pobre pariente del nuevo funcionario, si es que ha estado habituado por ejemplo a venderle al Estado y sus entidades, desde antes que asumiera el cargo el hermanísimo, primísimo, suegrísimo o cuñadísimo, simplemente se fregó, no más venta de bienes y servicios al Estado. Si tiene la mala suerte que el pariente tenga cargo de nivel nacional, no le podrá vender ni una bolsa de té filtrante al municipio del lugar más recóndito de la República. Si tiene la única radio de la localidad, tampoco podrán las reparticiones del Estado contratar un solo aviso. Si

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encima se apellida Seminario o Pereyra, no habrá autoridad alguna que le com-pre en Piura o Loreto pues seguramente serán parientes

Creo que el tema merece revisarse. Evitar favoritismos por supuesto, pero sin inmovilizar actividades lucrativas serias y decentes de tus familiares. Todos los excesos -diminutos o en demasía- son malos.

Diario La Razón02 de marzo de 2014

REEVALUAR REVOCATORIA

Fruto de un acuerdo político transaccional, fue la convocatoria al Congreso Cons-tituyente que sancionó la actual Constitución de 1993, aprobada en referéndum.

Como en muchos golpes de Estado, había que encontrar responsables, y en-tre ellos injusta e indebidamente se señaló a la Constitución de 1979. El núcleo básico de la nueva Constitución estuvo pese a todo inspirado en la anterior Cons-titución, que le sirvió de base. Sin embargo, para que pareciera una Carta Cons-titucional diferente, a propuesta de la mayoría parlamentaria de aquel entonces, se incorporaron instituciones de la Democracia directa que habían sido ajenas a nuestro sistema jurídico, como -entre otras- la revocatoria de autoridades elegi-das y la remoción de autoridades nombradas.

Para desarrollar el precepto constitucional se dictó la Ley 26300 modificada luego por la Ley 29313, estableciéndose que la revocatoria es para destituir a al-caldes y regidores; presidente, vice presidentes y consejeros regionales; y jueces de paz procedentes de elección popular.

Para las autoridades municipales y regionales, la consulta de revocatoria sólo procede una vez en el período del mandato, más no en el primer y último año. La solicitud de revocatoria debe ser fundamentada, pero no requiere ser probada (a diferencia de la vacancia), lo que de suyo puede significar que se ar-gumente con pretextos.

La solicitud de consulta requiere estar respaldada por el 25% de los electo-res con un máximo de 400,000 firmas, regla que por cierto rompe el principio de la igualdad.

En caso de ser revocado el alcalde o alcaldesa, es sustituido por el primer re-gidor hábil que sigue en la lista electoral al que pertenece el revocado. Tratándose de regidor revocado lo reemplazará el suplente en la lista electoral del primero. Para el caso de los Gobiernos Regionales la Ley señala quienes reemplazarán a los revocados.

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Cabe señalar que si son revocados más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal o del Consejo Regional, se convoca a nuevas elecciones y mientras no se elijan a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios. Estos últimos, o sea suplentes, completarán todo el período de los revocados cuando estos sean en número no mayor del tercio.

En la práctica vemos que lamentablemente en muchas circunscripciones, los candidatos perdedores comienzan a preparar la revocatoria de los triunfa-dores en cuanto estos asumen sus funciones, y ello atenta contra la gobernabi-lidad e institucionalidad democrática, más si se tiene en cuenta que el período para el que son electas las autoridades a las que nos referimos es muy corto, y porque adicionalmente no es necesario acreditar el motivo de la petición revo-cadora.

La situación expuesta debe llevarnos a reevaluar la conveniencia de mante-ner o no la herramienta de la revocatoria, a fin de expulsarla de la Constitución o de simplemente mejorar las reglas contenidas en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Es necesario hacerlo pronto, no vaya a suceder que por la experiencia cono-cida, se llegue a desatar epidemia revocadora.

Diario La Razón24 de marzo de 2013

MUERTE CIVIL: EXCESO Y TRANSGRESIÓN

Nuevamente está en debate el tema de la “muerte civil”, en que si bien la persona biológicamente vive, está desprovista de diversos derechos fundamentales con-sagrados en nuestra Constitución y en Tratados sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.

Nuestro ordenamiento legal penal cuenta con una herramienta adecuada, razonable y proporcional, para imponer limitaciones como pena principal o ac-cesoria, a quienes transgreden la ley perpetrando graves delitos. Ella es la inha-bilitación del condenado respecto a ciertos empleos, cargos y acciones.

Por lo general la inhabilitación termina al mismo tiempo que concluye la pena privativa de la libertad, salvo casos especiales como el chofer que es cul-pable de homicidio al conducir su vehículo irresponsablemente, a quien se lo inhabilita por siempre a obtener licencia de conducir. También el caso de quien teniendo licencia para portar armas las emplea en forma dolosa y con consecuen-cias irreparables, en que igualmente queda inhabilitado para portarlas. Tenemos

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el caso de quienes habiendo purgado pena de terrorismo, por más que tengan título magisterial, quedan impedidos de por vida de ejercer la docencia.

La reciente Ley 30076 allana la posibilidad para que la inhabilitación como pena pueda ser de mayor duración que la sanción privativa de libertad, y esta podría ser una buena alternativa a la “muerte civil” que es excesiva y abusiva, además de transgresora de preceptos constitucionales y de Derechos Humanos.

Es bueno recordar que la “muerte civil” fue proscrita por la Ley No 28859 denominada “Ley que suprime las restricciones civiles, comerciales, administra-tivas y judiciales” y que debe ser complementada por el Parlamento con la de-rogatoria del artículo 29 de la Ley 26497 y del inciso c del artículo 390 de la Ley 26859, que aún mantienen saldos de la odiosa muerte civil.

La Defensoría del Pueblo es crítica de la “muerte civil”, de la que reclamó el 22 de mayo de 2000 al gobierno de aquel entonces por Oficio DP 2000-631, reite-ró en su informe “Elecciones 2001” y amplió en su Oficio DP 2005-449 del 14 de noviembre de 2005 al Congreso de la República.

La Comisión de Constitución del Congreso en sesión del 22 de agosto de 2006, absolviendo consulta de la ONPE, se pronunció por la inconstitucionalidad de la “muerte civil” opinando que bien podrían derogarse las normas que aún contienen residuales de aquella.

Tienen la “inhabilitación” ¡no se compliquen con la “muerte civil”!

Diario Expreso04 de octubre de 2013

RENDICIÓN DE CUENTAS

Evidentemente es un imperativo moral que quienes han recibido mandato po-pular de los ciudadanos para ejercer responsabilidades públicas, rindan cuentas. Sin embargo ello no ha pasado de un tema ético y debería ser complementado con disposiciones legales expresas, no solamente sustantivas, sino también pro-cedimentales en cuanto a cómo rendirlas y como exigir su presentación, al igual que las sanciones por su incumplimiento o por su falsedad.

Sabemos que norma sustantiva mandatoria sin el respectivo procedimiento y sanción, es letra muerta, pura lírica que lamentablemente para poco serviría.

También conocemos que en la actual Constitución, además de las institucio-nes de la democracia representativa tradicionales, se incluyeron instituciones de la democracia participativa, como el referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas.

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Al desarrollarse dicho precepto constitucional (artículo 31 de la Ley 26300 y modificatoria), penosamente en lo que se refiere a la rendición de cuentas, se ha limitado a establecer el procedimiento para que los ciudadanos interpelen a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. El pliego de preguntas debe ser respaldado por el 10% de la población electoral respectiva, bajo la supervisión de la autoridad electoral.

En lo que se refiere a las autoridades obligadas a satisfacer los requerimien-tos informativos de la ciudadanía, únicamente se encuentran alcaldes y regido-res, presidentes regionales y los miembros del consejo regional, los magistrados que provengan de elección popular y algunos otros funcionarios.

Como se puede advertir no se ha incluido a otras autoridades gubernamen-tales ni tampoco a los congresistas, y el olvido es más recusable cuando la ren-dición se ejecuta después que es demandada y no como una obligación de la autoridad, sin necesidad que exista interpelación.

Muchas veces observamos que hay pretendientes a cargos electivos que ofrecen el oro y el moro y después no cumplen con lo ofrecido y ni siquiera lo intentan. Peor aún, candidatos al Congreso Nacional ofrecen obras y más obras, pese a que felizmente los parlamentarios no tienen iniciativa en el gasto, gracias al precepto constitucional que lo impide y que fuera incorporado en la Consti-tución de 1979 (conservada en la de 1993) por ése gran tribuno que fue Roberto Ramírez del Villar.

Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, ellas deben estar obligadas, sin que nadie se lo demande, a rendir cuentas de su gestión, del cumplimiento de sus promesas, y de la pulcritud de su actuación, en forma periódica, debiendo ser sancionadas si no lo hacen. Hasta ahora la norma-tividad ha sido tímida en ello, habiéndose circunscrito a disposiciones sobre los presupuestos participativos, planes de acción regionales y algunas informacio-nes de los congresistas que dispone el Código de Ética Parlamentaria del Congre-so, pero falta mucho más.

Una reciente iniciativa presentada por el “Centro de Estudios Parlamento y Sociedad” propone norma para solucionar este problema y su conversión en Ley podría contribuir a que tengamos ciudadanos informados y comprometidos con el quehacer gubernamental en todos sus niveles, y al estar informados adecuada-mente, sean electores responsables.

Diario Oficial “El Peruano”09 de noviembre de 2013

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VEINTE AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993

La Constitución de 1993 se gestó como transacción política después del golpe de estado perpetrado por Alberto Fujimori, quien el 5 de abril de 1992 perdió por ello legitimidad.

La ciudadanía dejó en la orfandad a la democracia luego del golpe en que se ce-rró al Congreso, se atentó contra el Tribunal de Garantías Constitucionales, cesaron a infinidad de autoridades entre ellas magistrados judiciales y del Ministerio Público.

Lejos de insurgir en defensa del orden constitucional el golpe fue aplaudido mayoritariamente, con lo cual quedaron en desamparo ciudadano los grupos po-líticos democráticos, que los obligó a tocar puertas de organismos internacionales como la OEA, quien medió en el diferendo, logrando en su Asamblea de mayo de 1992 en Nassau, que se convocara a un Congreso Constituyente que aprobó nues-tra actual Constitución, Congreso en que no participaron todas las agrupaciones políticas de aquel entonces. En buena cuenta se trató de una transacción política.

Los opositores postulantes a dicho Congreso lo hicieron principalmente para recuperar presencia en el espacio informativo perdido, revertir la corriente de apo-yo al autoritarismo y buscar el retorno a la democracia. En el referéndum consti-tucional el rechazo al texto aprobado tuvo diversidad de motivaciones, pero un común denominador que fue disentir del gobierno golpista, sin dejar de reconocer que también realizó acciones positivas como su enfrentamiento al terrorismo y sen-tar las bases del desarrollo económico del Perú, del que seguimos disfrutando.

La Constitución promulgada el 29 de diciembre de 1993, ha sido parcialmente modificada en varias ocasiones, pero también han existido intentos para sustituirla íntegramente, incluso para dejarla sin efecto y volver a la Constitución de 1979.

Muchos consideramos que la actual Constitución, en cuanto a sus aspectos básicos o líneas fundamentales, en poco difiere de lo que sería el común denomi-nador de las diferentes constituciones que hemos tenido. Por ello cada vez que se ha pretendido efectuar una reforma integral, discrepamos de los proponentes, inclinándonos más a la posibilidad de seguir haciendo modificaciones parciales en temas concretos, como el volver a la bicameralidad.

La norma constitucional respecto a su reforma, la constituye el artículo 206 el cual dispone que toda reforma de la Constitución debe ser aprobada por el Con-greso con mayoría absoluta del número legal de miembros y ratificada mediante referéndum. Agrega el dispositivo que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. En Congresos muy fragmentados como el actual, difícilmente se encuentran consensos para reformas constitucionales.

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El primer intento para una reforma integral de la Constitución actual, se produjo durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, quien por D.S. No 018-2001-JUS creó la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Cons-titucional, presidida nominalmente por su ministro de justicia Diego García Sa-yán, aunque en la realidad por Domingo García Belaunde, su vice-presidente.

La Comisión entregó su informe al Presidente Paniagua con tres alternativas para la reforma integral. La primera la declaración de nulidad de la Constitución de 1993 y simultáneamente la vigencia de la Carta de 1979. La segunda hacer la reforma utilizando los mecanismos previstos en la Carta de 1993 e incorporando el texto con modificatorias de la de 1979. La tercera aprobar una ley de referén-dum para consultar al pueblo si deseaba retornar a la Carta de 1979 o si prefería una nueva. No se ejecutó ninguna de las propuestas.

Posteriormente en cumplimiento de la Ley 27600 se encomendó por el Con-greso a la Comisión de Constitución presidida por Henry Pease la elaboración del proyecto de reforma integral de la Constitución, proyecto que se culminó, pero no se avanzó más, probablemente como reacción a la incansable presión por apurar el debate del tema en el Pleno, cuando también habían otras urgencias.

Si bien tradicionalmente nuestra Democracia ha sido representativa, en la Constitución de 1993 se incorporaron elementos de la participativa, tanto es así que por su artículo 31 los ciudadanos tienen derecho a actuar en asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autorida-des y demanda de rendición de cuentas.

Por la Ley 26300 modificada por Ley 29313 se desarrolló el precepto consti-tucional de la participación y control ciudadano, entre los que se encuentran los derechos diferenciados de iniciativa legislativa y la de reforma constitucional. Amparados en el derecho de iniciativa de reforma constitucional, y luego de ve-rificados los padrones de firmas de quienes apoyan un nuevo planteamiento de reforma, se ha presentado ante el Congreso la proposición de modificar el artícu-lo 206 de la Constitución, que de aprobarse el Congreso tendría que proceder a la revisión y reforma integral de ella, utilizándose como texto base la Constitución de 1979. La aprobación del nuevo texto requeriría de la mayoría del número legal del Congreso y se efectuaría en un año. Lo señalado es el tercer intento de refor-ma constitucional total.

Sin renunciar a la posición en el sentido que es inconveniente volver al aventu-rerismo de la discusión de una nueva carta constitucional, y circunscribiéndonos a la modificación propuesta del artículo 206, en caso de aprobarse el nuevo texto de tal artículo pero no una nueva Constitución, estaríamos ante la grave situación que el actual artículo 206 que permite la aprobación parcial o total de la Constitución en el Parlamento, con referéndum o sin él, ya no estaría vigente y con ello habríamos creado un fuerte candado que impediría en el futuro las reformas parciales que se requieren.

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El tercer intento de reforma es contraproducente y quedaríamos entrampa-dos constitucionalmente. Conviene sana reflexión del tema, no vaya a ser que el remedio propuesto sea más grave que la pretendida dolencia.

Los 20 años de la Carta de 1993, la han fortalecido y sus más de diez cambios par-ciales acreditan que una reforma total es innecesaria, ellos bastan. Prosigamos en ésa práctica sin reforma integral que paralizaría más al país durante su discusión, pues los actores económicos resienten cuando peligra la estabilidad de la Ley de Leyes.

Diario Oficial “El Peruano”07 de diciembre de 2013

OTRO INTENTO REFORMA CONSTITUCIONAL

La actual Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993, ha sido parcialmente modificada en varias ocasiones, pero también han existido intentos para sustituirla íntegramente, incluso para dejarla sin efecto y volver a la Constitución de 1979.

Muchos consideramos que la actual Constitución, en cuanto a sus aspectos básicos o líneas fundamentales, en poco difiere de lo que sería el común denomi-nador de las diferentes constituciones que hemos tenido. Por ello cada vez que se ha pretendido efectuar una reforma integral, hemos discrepado de los propo-nentes, inclinándonos más a la posibilidad de seguir haciendo modificaciones parciales en temas concretos, como volver a la bicameralidad.

La norma constitucional respecto a su reforma, la constituye el artículo 206 el cual dispone que toda reforma de la Constitución debe ser aprobada por el Con-greso con mayoría absoluta del número legal de miembros y ratificada mediante referéndum. Agrega el dispositivo que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. En Congresos muy fragmentados como el actual, difícilmente se encuentran consensos para reformas constitucionales.

Si bien tradicionalmente nuestra Democracia ha sido representativa, en la Constitución de 1993 se incorporaron elementos de la participativa, tanto es así que por su artículo 31 los ciudadanos tienen derecho a actuar en asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autorida-des y demanda de rendición de cuentas.

Por la Ley 26300 modificada por Ley 29313 se desarrolló el precepto consti-tucional de la participación y control ciudadano, entre los que se encuentran los

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derechos diferenciados de iniciativa legislativa y la de reforma constitucional. Amparados en el derecho de iniciativa de reforma constitucional, y luego de ve-rificados los padrones de firmas de quienes apoyan un nuevo planteamiento de reforma, se ha presentado ante el Congreso la proposición de modificar el artícu-lo 206 de la Constitución, que de aprobarse el Congreso tendría que proceder a la revisión y reforma integral de ella, utilizándose como texto base la Constitución de 1979. La aprobación del nuevo texto requeriría de la mayoría del número legal del Congreso y se efectuaría en un año.

Sin renunciar a mi posición en el sentido que es inconveniente volver al aventurerismo de la discusión de una nueva carta constitucional, y circunscri-biéndonos a la modificación propuesta del artículo 206, en caso de aprobarse el nuevo texto de tal artículo pero no una nueva constitución, estaríamos ante la grave situación que el actual artículo 206 que permite la aprobación parcial o total de la Constitución en el Parlamento, con referéndum o sin él, ya no estaría vigente y con ello habríamos creado un fuerte candado que impediría en el futu-ro las reformas parciales que se requieren.

El tercer intento de reforma es contraproducente y quedaríamos entrampa-dos constitucionalmente. Conviene sana reflexión del tema, no vaya a ser que el remedio propuesto sea más grave que la pretendida dolencia.

Diario Expreso13 de diciembre de 2013

COSA JUZGADA EN PELIGRO

Una de las más preciadas garantías de que gozan las personas, sean naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de la admi-nistración de justicia, es lo que se denomina “cosa juzgada”.

La “cosa juzgada” lo constituye la inamovilidad de su contenido, la senten-cia que es final y que consecuentemente no puede ser alterada, ni por la misma autoridad que la expidió ni por cualquier otra. Con la cosa juzgada se pone fin definitivo y terminal al proceso jurisdiccional, pues de otra forma nunca se sabría cuando concluye un juicio o si hay la posibilidad de revisarlo.

Desde antiguo se consideró a la cosa juzgada como básica para la garantía de estabilidad jurídica, tanto es así que se le agregaba el calificativo de “santi-dad” y se hablaba de la santidad de la cosa juzgada, inexpugnable e inmodifica-ble ella, y el precepto fue resguardado por la propia Constitución que determina que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.

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Más aún, la Constitución prohíbe revivir procesos fenecidos y otorga el ca-rácter de cosa juzgada a la amnistía, al indulto, al sobreseimiento definitivo y a la prescripción; pero lo expuesto no se agota en la Constitución sino que también los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de que el Perú es signa-tario y que están reconocidos constitucionalmente, consagran los derechos a la protección jurisdiccional, entre ellos la permanencia de las sentencias firmes.

Si las sentencias firmes, sean por estar consentidas o ejecutoriadas, pudieran ser revisadas, no habría garantías para contratar ni menos para invertir, pues nadie en su sano juicio arriesgaría sus bienes y capitales. Por supuesto se excluye del carácter firme en materia penal, los casos en que nueva probanza acredite la inocencia del condenado.

Con el correr del tiempo se ha ido relativizando el criterio de la cosa juzgada, por ejemplo sin entrar al fondo del asunto, la Corte Interamericana de DD.HH con sede en San José de Costa Rica, para los países signatarios de la Convención Ameri-cana sobre Derechos Humanos que admitieron su competencia en materia conten-ciosa, está facultada a ordenar nuevos procesos cuando considera que se afectaron derechos humanos, como entre otros, el derecho a la defensa y al debido proceso.

En el derecho interno la relativización de la cosa juzgada se ha evidenciado en la nulidad de ella cuando ha sido fraudulenta, lo que es lógico, pero adicional-mente a nuestro juicio con el amparo de amparo, en que se observa abuso y una práctica cuestionable.

Lamentablemente el actual Tribunal Constitucional está contribuyendo con error, no con dolo ni mucho menos, y sin que lo que digamos lesione el prestigio y buen nombre de sus magistrados, a debilitar la cosa juzgada. El TC al variar su composición con seis de sus siete integrantes, ha dispuesto que centenas de causas que ya habían sido vistas en audiencia pública, votadas algunas y otras no, unas firmadas y otras pendientes de firma en su totalidad o en parte, sean todas ellas vistas y votadas nuevamente por el actual TC, con lo que se lapida la cosa juzgada.

Si las causas vistas por el antiguo TC no fueron votadas, evidentemente se re-quiere nueva vista pero por los nuevos magistrados, los que deberán votarlas. Lo que no se debe hacer es votar nuevamente lo ya votado, pues si las propuestas de resoluciones tuvieron los votos suficientes, ya constituyen resolución, así falten fir-mas que es asunto mecánico y que se puede subsanar. Las causas votadas, lo votado quedó firme y no podrá ser votado nuevamente pues se atentaría contra el carácter inamovible de la cosa juzgada, se deteriora la confianza en las sentencias firmes y se propicia el caos jurídico. Conviene al Estado de Derecho no persistir en el error.

Diario Expreso07 de noviembre de 2014

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TRABAJO Y EMPLEO

DESCUENTOS REMUNERACIONALES PARA COTIZACIONES GREMIA-LES Y ASOCIATIVAS

No es secreto que en la década de los años 80 existió una exagerada protección laboral, la que fue transformada en una casi nula protección en los años 90.

Mucho se ha dicho y escrito en el sentido que, habiendo retornado la demo-cracia plena a nuestra patria, se hacía necesario el equilibrio en materia laboral, buscándose la protección justa al sector laboral, sin detrimento de la seguridad jurídica y de la estabilidad legal para los empleadores, y de cierta flexibilidad en los sistemas de contratación laboral.

En la última década del siglo que antecede, el Gobierno de aquella época en su actuar para debilitar las organizaciones sindicales y gremiales en el Sector Pú-blico, dictó el Decreto Supremo No. 044-97-PCM por el cual se varió la normativa legal que permitía al Estado como empleador, descontar por planilla al trabaja-dor o funcionario público de sus respectivas remuneraciones, las cotizaciones a organizaciones sindicales, gremiales y asociativas.

El citado Decreto Supremo No. 044-97-PCM impuso indebidas limitaciones a la voluntad del trabajador público respecto a los descuentos por planillas, dis-poniendo que las autorizaciones que otorgaran los trabajadores ya no serían por tiempo indefinido sino que únicamente tendrían vigencia anual.

La limitación descrita tuvo como consecuencia que muchísimos trabajado-res del Sector Público no renovasen anualmente su autorización de descuentos por planilla, lo que ocasionó el debilitamiento de sus organizaciones laborales. El daño fue mayor, pues gran parte de los trabajadores del Sector Público pertene-cen a asociaciones de vivienda, a asociaciones mutualistas y de auxilios mutuos y otras muchas similares o análogas, las que vieron reducida sustancialmente la recaudación de sus cotizaciones, con el agravante de tener que disminuir sus actividades y ayudas solidarias a sus asociados.

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Felizmente el Decreto Supremo No. 114-2002-PCM del 23 de Octubre último ha derogado el Decreto Supremo No. 044-97-PCM, considerando que se debe prescindir de trámites innecesarios que obstaculicen el ejercicio de los derechos laborales.

En virtud a lo dispuesto por la nueva norma, las autorizaciones que otor-guen los trabajadores del Sector Estatal, para el descuento de cuotas sindicales, gremiales, asociativas, mutuales y similares, por planillas, se entenderán otorga-das por plazo indeterminado, salvo declaración en contrario del trabajador.

Ojalá que en breve término se logre para el Sector Público una nueva norma-tividad laboral que no solo cautele los derechos de los funcionarios públicos, sino que también disponga y garantice que el ingreso a la carrera administrativa sea por concurso y no por recomendación, tarjetazo o adecuado padrinazgo. Incluso se requiere que las nuevas reglas que se dicten proscriban los regímenes no regu-lares de contratación de empleados públicos, como son los llamados “servicios no personales”, locación de servicios o contratación con la intermediación del PNUD.

Diario Síntesis15 de noviembre de 2002

BUROCRACIA Y DISCRIMINACIÓN

Desde tiempo atrás, escuchamos voces críticas cuando se incorpora a la empleo-cracia pública alguna persona que tiene parentesco con cualquier alto funciona-rio del Estado. Se califica despectivamente a dicha situación como nepotismo.

También hay protestas, cuando para importantes cargos públicos y para los llamados de confianza, se nombra a personas que militan en el partido de gobier-no o de sus aliados.

En el caso de parientes se exige preferir a quienes no lo son, para el ejercicio del empleo público; y en el caso de militantes de agrupación política se exige preferir a quienes son independientes, esto es, que no tienen afiliación política.

Para el tema de la parentela, hay nepotismo y está prohibido por la ley, que los funcionarios del Estado que gozan de la facultad de nombramiento y contra-tación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selec-ción, ejerzan dicha facultad en su entidad, respecto a sus parientes hasta el cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio.

En lo que se refiere al nombramiento o contratación de funcionarios o servi-dores públicos, que sean militantes del partido de gobierno, no existe disposición expresa que lo impida, pese a lo cual muchos lo ven mal.

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Para que exista nepotismo, quien es contratado o nombrado tiene que ser cónyuge o pariente del que lo nombra en la misma entidad, dentro de los grados de parentesco al que antes nos hemos referido; y a su vez el que nombra tenga tal capacidad o injerencia directa o indirecta en la contratación.

Ahora bien, si el nombrado o contratado es cónyuge o pariente de algún altí-simo funcionario público, pero de entidad distinta, evidentemente ello no es casual de nulidad del nombramiento ni de la contratación, pero mucha gente igual cues-tiona el hecho, lo que francamente carece de fundamento además de ser injusto.

El hecho de tener parientes en las altas esferas del poder, no puede impedir a una persona que cuenta con todos los requisitos, que tiene todos los méritos y conocimientos, servir a su país en la administración pública. No es ningún de-mérito tener parientes en las elevadas jerarquías gubernamentales, ni puede ello restarle posibilidades y oportunidades laborales.

Lo mismo puede decirse de quienes militan en partido político. Son ciuda-danos como cualquier otro, pero además han demostrado tener interés en la cosa pública; se han preparado, van a las reuniones partidarias; estudian la problemá-tica local, regional y nacional; buscan soluciones; sin embargo, por su militancia política se intenta cerrarles el camino.

Estamos ante la sin razón, pues el militante participa en la contienda po-lítica para que su agrupación gobierne bajo los planteamientos y lineamientos expuestos en la campaña, pero de ser triunfadora en la contienda electoral, no se le considere apropiado para servir al Estado. Tamaño despropósito.

Hay que terminar con tanta discriminación y mientras el postulante cumpla con los requisitos, gane en igualdad de condiciones el concurso o selección co-rrespondiente, poco importa que tenga parientes o correligionarios políticos en el aparato estatal.

Diario La Razón08 de octubre de 2006

CLIENTELAJE POLITICO

En anterior artículo, traté sobre la injusta situación de cuestionar la contratación o nombramiento en la administración pública, de parientes de quienes ejercen altas responsabilidades en el aparato estatal, así como a quienes perteneciendo a agrupación política, se les tacha por ello para acceder a cargos públicos.

Ahora me referiré a la otra antípoda, como es la indebida utilización de puestos en la administración pública, para satisfacer las ansias laborales de quie-

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nes, sin quizás tener la preparación necesaria, anhelan ingresar a la planilla del Estado.

Los dos extremos son malos, pero indiscutiblemente la utilización de la in-fluencia política para engrosar la planilla pública, constituye el llamado “cliente-laje político” de por sí deleznable, ya que es un intercambio de favores y servicios entre líderes políticos y los ciudadanos.

El clientelaje político se convirtió en una práctica malsana, que ha desacre-ditado a nuestra incipiente democracia generando desconfianza frente a la deno-minada “clase política”.

Es un imperativo seguir dando transparencia a las acciones de quienes tie-nen responsabilidades públicas, y si bien se avanzó con la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y con la “Ley Marco del Empleo Público”, ellas son insuficientes en la temática de nombramiento y contratación de los ser-vidores públicos.

El país requiere que los nombramientos y la contratación de los trabajadores del Estado en todos sus niveles, se realice con absoluta transparencia, y que ganar elecciones para gobierno central, regional o local, no sea la llave maestra para más burocracia.

Durante muchas décadas ha sido práctica frecuente, que quien llega al po-der, pretenda ingresar nuevo personal a la empleocracia pública, cualquiera que sea el sistema de contratación que se emplee. Pero no sólo ha existido ésa práctica que abulta las obligaciones laborales del Estado, sino que existe otra que es la de echar a la calle, sin causa justificada, a quienes pertenecen a la administración del Estado para ser sustituido por nuevo personal, muchas veces sin más mérito que ser amigos, allegados, familiares, o relacionados con quienes detentan el poder temporal.

Las prácticas incorrectas antes expuestas, también se han dado en las enti-dades de la actividad empresarial del Estado, o donde el Estado tiene autoridad decisoria.

Creemos que las prácticas recusables mencionadas, se podrían evitar con mayor transparencia, como podría ser la obligación mensual de todas las entida-des del Estado, cualquiera fuere su nivel, e incluso las de su actividad empresa-rial, de informar en sus respectivos portales o página web, todas las bajas y las altas que se produzcan en sus planillas. Esto es la salida de las planillas estatales como el ingreso a ellas, cualquiera fuere la modalidad de contratación, y con indicación clara y concisa de los motivos del cese o de la nueva contratación, el importe de las remuneraciones y cualquier otro beneficio.

Si se quiere que exista transparencia, allí está el reto, dictar el dispositivo que fuere necesario, así como determinar la sanción por el incumplimiento.

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Con la transparencia, cualquier ciudadano en general y la prensa en parti-cular, podrán hacer la fiscalización a que tienen derecho, pues a quienes hemos elegido, es para que sirvan al Estado y no para servirse de él.

Diario La Razón18 de octubre de 2006

DESPAPELAR

Cuando hacen cuarenta años se comprendió que la burocracia debía estar al ser-vicio del ciudadano y no al revés, se comenzaron a dar disposiciones legales para simplificar los trámites ante la Administración Pública. La primera de dichas dis-posiciones fue el D.S. 006-67-SC, seguido por una recatafila de normas, en que se invocaban principios como el de la celeridad, eficacia y simplicidad.

Lamentablemente la invocación y la repeticiòn de los principios no fue su-ficiente, pues muchos funcionarios públicos, en lugar de afinar el ingenio para que los procedimientos fueran más rápidos, más sencillos y eficaces, se dieron maña para complicarlos, extenderlos y hacer de ellos el calvario al que sometían al pobre administrado.

Para paliar la solución se dispuso que los Ministerios y demás entidades de la Administración Pública, estaban obligados a aprobar normas destinadas a unificar, reducir, y simplificar drásticamente todos los procedimientos y trámites administrativos, debiendo aprobar su correspondiente Texto Único de Procedi-mientos Administrativos (TUPA), en que se detallarán todos los requisitos para cada uno de los trámites.

Penosamente, lo que se pensó para abreviar y simplificar trámites y raciona-lizar requisitos, con el tiempo se desfasó y muchos funcionarios parecería que go-zaran complicando más los Tupa y agregándoles más y más trámites y requisitos.

Recientemente se ha dictado la Ley 29060 sobre el “Silencio Administrativo” en la línea de simplificar y acelerar trámites, y en donde se ha dispuesto que todas las entidades del Sector Público deberán justificar los procedimientos con-tenidos en sus TUPA.

Para el cumplimiento de la última norma mencionada, se presenta la magní-fica oportunidad para que los entes de la Administración Pública, no sólo justifi-quen sus procedimientos, sino que eliminen de ellos lo que no es indispensable.

Se convirtió casi en una letanía dentro de los TUPA exigir al administrado la presentación de copia certificada de la denuncia policial de pérdida, extravío, o robo de algún documento de identidad, autorización o licencia para expedir

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duplicado. Con ésa malsana costumbre se le complicaba la vida al administrado que tenía que ir a una Comisaría, asentar la denuncia, y posteriormente pedir que le expidan copia certificada de ella, previo pago de los derechos de trámite en el Banco de la Naciòn, y nueva visita a la Comisaría para recoger la copia certificada.

Lo antes señalado no sólo constituía pérdida de tiempo para el administra-do, sino distraer al personal policial, que lejos de estar cumpliendo con sus labo-res de prevenciòn y persecución del delito, tenía que usar su tiempo en trámites administrativos innecesarios.

Si se expide el duplicado de documentos oficiales, basta con declarar que el original deja de tener valor y sanseacabó. ¿Para que más?

Recientemente estuve en las oficinas de Lince, en que se tramita la revali-daciòn de licencia de conducir. Los funcionarios muy amables y atentos, el trá-mite muy ordenado y rápido, pero entre los requisitos estaba la devoluciòn del anterior brevete o licencia o la presentaciòn de copia certificada de su pérdida, sustracciòn o robo. La verdad, que ni la entrega del documento caduco ni la co-pia certificada de denuncia policial son necesarias, pues basta la invalidez del ori-ginal. En esto creo que hay que seguir el buen ejemplo del RENIEC, que dejó de lado la exigencia de copia de denuncia policial para expedir duplicado del DNI.

Ojalá que las entidades de la Administración Pública, no pierdan la brillante oportunidad de eliminar requisitos absurdos y alguna vez se acuerden que al final quien paga el sueldo de funcionarios es el sufrido ciudadano.

Diario Expreso24 de agosto de 2007

EXCESOS EN INSPECCIONES LABORALES

La Ley 28806, que aprobó el anterior Congreso, pocos días antes de concluir su mandato, tiene por objeto regular el Sistema de Inspección del Trabajo, su com-posición, estructura orgánica, facultades y competencias.

El Sistema mencionado está constituido por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y medios que contribuyen al adecuado cumplimiento de la normatividad laboral, de prevención de riesgos laborales, colocación, empleo, tra-bajo infantil, promoción del empleo y formación para el trabajo, seguridad social, migración y trabajo de extranjeros, y cuantas otras materias les sean atribuídas.

La Inspección del Trabajo, propiamente dicha, actúa mediante los Inspecto-res del Trabajo, sus Auxiliares y también Supervisores Inspectores, que son ser-

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vidores públicos cuyos actos merecen fé, seleccionados por razones objetivas de actitud en los que descansa la función inspectiva ejercida por el Estado a través del Ministerio del Trabajo y los Gobiernos Regionales.

La misma Ley y su Reglamento, se encargaron de normar el cómo, cuándo y dónde de las Inspecciones del Trabajo, los requisitos de los inspectores, las obligaciones y derechos de empleadores y trabajadores, las actas de inspección y su contenido, así como las sanciones que podrían aplicarse en caso de infracción y muchísimas más disposiciones, en el ánimo de tutelar y proteger al trabajador que en algunas ocasiones enfrenta a empleadores que se resisten a cumplir la normatividad legal y con ello propician el empleo informal, carente del debido respeto a quien se somete por necesidad a situaciones irregulares.

En el ánimo de garantizar que la Inspección Laboral cumpla con su objeti-vo, la Ley autorizó a los Inspectores del Trabajo, a entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo, estable-cimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. También los Inspectores del Trabajo quedaron autorizados a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.

Ante las atribuciones tan amplias que la Ley otorgó a los Inspectores de Tra-bajo y con la finalidad de evitar excesos, la misma Ley dispuso que los aludidos Inspectores, en sus tres niveles, deberían ejercer sus funciones y cometidos, con sujeción a los principios de legalidad, primacía de la realidad, lealtad, impar-cialidad, objetividad, equidad, jerarquía, eficacia, probidad, sigilo profesional, confidencialidad y honestidad.

Hasta allí, todo parece razonable y equilibrado, empero no siempre en la práctica ello es así pues hay Inspectores del Trabajo que creen que la única nor-matividad existente es la de las Inspecciones y punto. Error, hay otras normas que tienen que cumplirse y hay que actuar sin colisionar con ellas, para no caer en excesos que sesgan la labor inspectiva y que llegan hasta concular derechos como la dignidad, intimidad y hasta el secreto profesional.

Nos explicaremos. ¿Deben estar abiertos a la Inspección del Trabajo, to-dos los recintos, sin excepción? Creemos que la respuesta es obvia, NO. Hay por ejemplo laboratorios en que si se ingresa sin la protección o indumentaria debida, se puede poner en riesgo las investigaciones científicas que se realizan. Un quirófano por ejemplo, es parte de un centro laboral, llámese hospital, clí-nica, policlínico, posta médica o asistencial. Si un Inspector del Trabajo ingresa cuando se está preparando o ejecutando una operación quirúrgica, es más que cierto que puede poner en riesgo al paciente, sin olvidar que su sola presencia es perturbatoria del actuar médico. También un recinto notarial, donde por ejemplo

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el testador dicta al Notario las disposiciones sobre sus bienes llegada la ocasión de su fallecimiento, debería estar excluído de la presencia no deseada de terceros, por más que se trate de Inspectores Laborales, que queriéndolo o no, se enterarán de lo que debe mantenerse en confidencialidad.

Los casos señalados en el párrafo anterior, pues no son los únicos, téngase presente, sin ánimo de caricaturizar, que el Inspector del Trabajo también podría llegar a alguna Iglesia, Parroquia, Convento, o similar, que no por la finalidad religiosa deja de ser centro laboral, y escucha alguna confesión. Sin ir muy lejos, también hay el derecho a la confidencialidad en el trato abogado-cliente, en que el primero debe mantener secreto profesional y se supone debe dotar a dicho tra-to de las seguridades de la máxima reserva, pero ¡oh sorpresa! entró al despacho el Inspector del Trabajo.

Disposiciones ajenas a la normatividad laboral, protegen el secreto profesio-nal y la confidencialidad de la relación profesional-asistido, como son por ejem-plo las contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 288), Ley del Nota-riado (artículo 67º), Código de Procedimientos Penales (art. 141) y más claro aún, el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, a que se refiere el D. S. 013-2006-SA, en cuyo artículo 65 se dispone que la exploración física del paciente en el establecimiento, debe ser realizada en un ambiente que garantice la privacidad de la atención. La irrupción del Inspector del Trabajo, es evidente que no garantizará la privacidad de la atención, y no sólo ello, sino que puede atentar contra la dignidad del paciente que no quisiera seguramente que un examen prostático o uno ginecológico este realizado a la vista y paciencia de funcionarios del Sector Trabajo.

Es necesario hacer correcciones a la normatividad de la Inspección Laboral, para impedir excesos, y cuando los hay, que sean sancionados los inspectores infractores. Inspecciones del Trabajo, pues las que se quieran, son deseables y hay que darles facilidades, pero eso si, sin excesos ni trasgresiones al resto de la normatividad legal vigente.

Juez Justo18 de febrero de 2010

REMUNERACIONES DEL ESTADO

El sistema remunerativo en el Estado es caótico y necesita con urgencia correcti-vos. Existen diversos regímenes laborales y poca transparencia. Incluso para que las pensiones de quienes están en listas pasivas del mismo Estado no aumen-

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ten, se han incrementado remuneraciones bajo el eufemismo de bonificaciones no pensionables. Se ha llegado en algunos sectores de la empleocracia pública a tener planillas y boletas que parecen sábanas por los diferentes conceptos y columnas que tienen, y con básicos que rayan en afrenta.

En muchas oportunidades se ha tratado de resolver el tema, pero lamenta-blemente con marchas y contramarchas, y también se ha puesto límite máximo que es la remuneración del Presidente de la República, que ningún servidor pú-blico puede superar. En el Presupuesto Anual de la República se han incorpora-do normas temporales sobre el tema y excepciones para algunas entidades, pero aún se discute si ellas incluyen aumentos retributivos o también autorización para superar el límite antes aludido.

Es necesario terminar con tanto parche temporal y resolver el tema defi-nitivamente, debiendo reconocer que en el tema pensionario se ha cerrado el régimen de la Ley 20530 con su efecto espejo, así como la creación del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que si bien no resuelve en forma integral la inequidad de los llamados “contratos por servicios no personales”, por lo menos les reconoce a los que estuvieron en él algunos derechos que antes no tenían. También se ha creado SERVIR que tiene la responsabilidad de evaluar y seleccio-nar a los “Gerentes Públicos” que está mejorando el desempeño de la administra-ción del Estado sobre todo en provincias.

Pero un tema que merece mucha reflexión es el del tope salarial al que nos hemos referido, que consideramos inequitativo. No puede compararse la remu-neración presidencial con la de otros funcionarios, pues mientras la primera en la práctica es líquida, salvo tributos, las otras tienen que solventar infinidad de gas-tos que no necesariamente solventa el Presidente pues tiene a su disposición re-sidencia en Palacio de Gobierno, telefonía, correspondencia, alimentación, aten-ciones, movilidad, y diversos otros servicios así como al personal que los brinda.

Cualquier funcionario de alto nivel del Estado, incluyendo a sus diversas entidades, debe tener sueldo acorde con las responsabilidades y funciones que desempeña, sin olvidar que con todo derecho tiene aspiraciones a contar con casa o departamento de su propiedad, vehículo, pagar colegios y universidades para sus hijos, y tener un nivel de vida adecuado al ambiente en que se mueve y a los compromisos que su posición le impone.

No podemos pretender que los principales funcionarios del sistema finan-ciero estatal tengan altísimas responsabilidades pero bajísimas remuneraciones. No tendría lógica que quienes tienen que fiscalizar a las entidades del Sistema Financiero estén mal remunerados, o que en el Ente Emisor o en el de fiscaliza-ción tributaria o en el de valores o en los organismos reguladores y supervisores se paguen retribuciones que no son las convenientes para el nivel en que deben

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desenvolverse. Ni que decir de altos mandos militares y policiales que tienen a su cargo importantes responsabilidades y cuidan un costoso patrimonio que cons-tituyen las herramientas para la defensa nacional y la seguridad de la población.

Lo expuesto no significa que no sea necesario también contar con la empleo-cracia pública remunerada con justicia, pero asimismo de acuerdo a las disponi-bilidades presupuestales, pero siempre exigiéndole calidad y compromiso. Hay que afrontar de una vez el problema con seriedad y profesionalismo.

Diario La Razón02 de enero de 2011

CUIDAR LA CTS

La compensación por tiempo de servicios, es uno de los más antiguos beneficios sociales existentes en el Perú, consiste en el pago al trabajador por cuenta del empleador, con ocasión de la terminación del vínculo laboral, de una remune-ración mensual por cada año de servicios. A este beneficio era usual que se le llamara erradamente indemnización, cuando ella es para resarcir de algún daño, y cuando hay cese del vínculo no necesariamente es por causa que origine daño a ser resarcido.

La compensación por tiempo de servicios que debía pagarse al trabajador al concluir sus servicios para el empleador, se modificó en cuanto a la oportunidad de pago, el que debería realizarse en forma semestral mediante depósito en insti-tución crediticia y con carácter cancelatorio.

Mientras la compensación por tiempo de servicios se pagaba al finalizar la relación laboral, se discutía respecto a su naturaleza. Algunos consideraban que era una retribución diferida y otros un pago de previsión social para que el traba-jador que había dejado su desempeño laboral tuviera fondos suficientes para su mantenimiento y el de su familia, hasta que consiguiera nuevo empleo.

Cuando el pago de la compensación se cambia a depósito semestral en insti-tución de crédito, la norma legal termina con las divergencias de la naturaleza de tal compensación, ya que declara que ella tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo. El concepto men-cionado es ratificado por Ley 29352 que señala que a la CTS hay que devolverle su naturaleza de seguro de desempleo que permita a los trabajadores tener tal contingencia asegurada para la eventualidad de pérdida del empleo.

Los depósitos semestrales en instituciones de crédito de la CTS, incluidos sus intereses, tienen la característica de intangibles e inembargables, salvo por

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alimentos hasta el 50%, estando el trabajador autorizado a retirarlos antes del cese de la relación laboral, en el mismo porcentaje y sin tener que acreditar mo-tivo.

A fin de ayudar al sector laboral de las consecuencias de la crisis internacio-nal que se evidenció con fuerza a partir del año 2008, en el 2009 por ley se permi-tió a los trabajadores disponer hasta el 100 % de los depósitos semestrales de CTS de tal año, y a partir del 2010 se restringiría progresivamente la libre disposición de CTS.

Se ha criticado, y consideramos sin razón valedera, la expedición del recien-te D.S. No 016-2010TR, el que precisa que a partir de mayo del 2011 y hasta la extinción del vínculo laboral, los trabajadores sólo podrán disponer hasta el 70% del excedente de seis remuneraciones brutas que se encuentren depositados en su cuenta individual de depósito de CTS.

Cuando la inflación tenía dígitos que nos avergonzaban, era lógico que el trabajador quisiera que se le adelantaran la compensación por tiempo de servi-cios, pues todos los días su valor adquisitivo se reducía velozmente. Estabilizada nuestra economía, la compensación tiene que servir para lo que fue su objetivo y constituye su naturaleza, que no es otra que dotar al trabajador de recursos, para que cuando cese en su labor pueda mantenerse hasta que encuentre otro trabajo.

El señalar como mínimo seis remuneraciones brutas intangibles y por lo me-nos el 30% de la diferencia hasta alcanzar el máximo del depósito, no es casual, sino que corresponde a los estudios realizados para determinar el promedio de tiempo que requiere quien ha cesado en el empleo para reinsertarse en el sistema laboral. Hay que cuidar la CTS pues debe servir para la contingencia de pérdida del empleo y no para cualquier cosa

Diario La Razón16 de enero de 2011

CUERDA FLOJA EN EMPLEOCRACIA PÚBLICA

Durante décadas la administración pública contó con funcionarios que hacían carrera al servicio del Estado, gozaban del respeto de los diversos gobiernos que se sucedían y en los cargos que ejerccían eran acreedores al reconocimiento de la ciudadanía.

El Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores era el primer funcionario público, el Director General de Salud era toda una autoridad, al igual que el Director de Aguas en el Sector Agricultura, o el Director de Caminos en

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el antiguo Ministerio de Fomento, y ni que decir del Director General de Trabajo o del Secretario General de la Municipalidad de Lima o los respetados Oficiales Mayores en el Senado y la Cámara de Diputados, entre otros.

Muchos de los que llegaron a los más altos niveles de la empleocracia públi-ca entraron al servicio del Estado como meritorios, fueron escalando posiciones y tenían tranquilidad en el ejercicio de los cargos que ocuparon, pues por más que pudieran cambiar gobiernos, se entendía que la administración pública era carrera y que si bien las altas posiciones de carácter político variaban no había motivo para cambiar los cargos técnicos y de la administración.

Con el correr del tiempo se dejó fuera de la carrera pública a quienes ejer-cían cargos de confianza, lo que tenía lógica, dado que frecuentemente eran los miembros de los gabinetes de asesores y de asistentes de Ministros, Vice-Minis-tros, Jefes de Organismos Públicos y de otras entidades del Estado. Quien nom-braba para cargos de confianza los podía remover, y cuando quien nombraba a su vez cesaba en el cargo, los contratados como personal de confianza también eran removidos.

Es el caso que existe abuso en el nombramiento de cargos de confianza y lo que debe ser excepción se convierte en ejercicio usual, por lo que la ley le puso un tope del 5% de los servidores públicos en la correspondiente institución estatal. El porcentaje aludido es arbitrario, pues pudiera ser una valla irreal en entidades con poquísimo personal o una valla excesiva en instituciones con mucho personal.

Con preocupación vemos que en Gobiernos Regionales y Municipales las nuevas autoridades elegidas que entraron en funciones, ponen de patitas en la calle a altos funcionarios que fueron contratados como personal de confianza y proceden a nombrar a otros. En ésa forma se atenta contra la carrera administra-tiva pública y la profesionalización de sus integrantes, y se convierten los cargos de la administración en trofeos del ganador de las elecciones, que llega como Atila a no dejar cabezas significativas en los escritorios de la administración y a nombrar a quienes probablemente los ayudaron en su campaña. Esto en nada contribuye a una administración eficiente, confiable y estable, por lo que es con-veniente afrontar de una vez por todas los retos que significa hacer reglas de juego justas que estimulen y fortalezcan una sana y permanente administración y no se usen como armas de vendettas al estilo siciliano.

Diario La Razón15 de mayo de 2011

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RETRIBUCIONES PÚBLICAS

Todos sabemos que el sistema laboral del Sector Público es un desastre, que más que sistema es un rompecabezas que se agrava con el tema retributivo, existiendo infinidad de normatividad y lo que es peor: confusa y contradictoria.

En muchas oportunidades se ha querido resolver el problema, aunque sin éxito, habiéndose simplemente paliado la situación con parches y más parches.

Cuando en el quinquenio del gobierno de Toledo, se reguló el tema retribu-tivo, lamentablemente la realidad demostró que la propuesta de un partido que en su nombre lleva la palabra “posible” propugnaba lo “imposible”.

En el reciente de García, lejos de encontrar fórmula factible se introdujo el facilismo de poner límites remunerativos irreales, y nadie del Sector Estatal po-día percibir mayor retribución que el Presidente de la República, con olvido que él goza de residencia, personal, movilidad, atenciones y diversos servicios pro-porcionados por el Estado sin afectarle el bolsillo.

Si antaño muchos funcionarios públicos migraron al sector privado por me-jores remuneraciones, ello se profundizó en los últimos años con las remunera-ciones pírricas a personal calificado del Estado, debiendo si destacar el esfuerzo realizado con la creación de SERVIR para seleccionar gerentes públicos de cali-dad y con mejores sueldos.

Se acaba de sancionar la Ley 29806 la que permite la contratación de pro-fesionales altamente calificados para ocupar puestos en entidades públicas del Poder Ejecutivo bajo los principios de mérito y transparencias, pero sin los ab-surdos topes pre-existentes. Empero se ha vuelto a excluir a funcionarios de alto nivel como Vice Ministros y Secretarios Generales, lo que es injusto.

Si el Estado necesita profesionales de calidad, que conozcan su oficio, que solucionen problemas y que con su actuación esmerada le reporte beneficios, tiene que pagarles bien, y si ello no es posible, por lo menos mejor de lo que antes percibían y por ello complace que se haya expedido la Ley aludida.

Los funcionarios públicos que el Estado nombra al igual que los profesiona-les que contrata, tienen derecho a remuneración adecuada, no se les puede exigir ser faquires ni vivir como monjes tibetanos. Ellos tienen necesidades, aspiracio-nes e incluso obligaciones con sus familias, y el derecho desde la función pública a tener los servicios y los bienes a los que aspiran los trabajadores del sector pri-vado. Tenemos que dejar de lado la demagógica posición que el trabajador del Estado tiene que tener sólo mística, pues la realidad es cruel, no se vive de místi-ca, se necesitan sueldos justos, claro que acordes con las posibilidades del Estado.

Diario Expreso09 de diciembre de 2011

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INCLUSIÓN SOCIAL

Inclusión social es el nombre que los académicos de las ciencias sociales han in-troducido para denominar a la responsabilidad social de los ciudadanos, a la solidaridad de nuestros congéneres, al acceso a sus derechos y a la ayuda para quienes la necesitan, pero por supuesto con el agregado de la incorporación al sistema que propenda al desarrollo y sea sostenible en el tiempo.

Como vemos no se trata de simple cooperación benefícente, ni que ella se ago-te cada vez que se proporciona, sino que a través de su temporalidad contribuya a que quienes la reciban la aprovechen, preparándose para no necesitarla en el fu-turo al quedar incluidos en el circuito económico de productores y consumidores.

Cada gobierno que se sucede, en cuanto a inclusión social, quiere hacer más que los anteriores, aspiración que es perfectamente legítima y entendible, pero por lo general todos pecan del mismo defecto: no señalan su temporalidad ni su carácter decreciente, con lo cual estimulan a que quienes reciben la ayuda, pretendan tenerla en forma permanente y no todos se esfuercen para que con su propia acción no la requieran en el futuro. Ejemplos abundan.

La inclusión social no puede agotarse en entregar y desligarse de la responsabi-lidad para que los programas sean eficientes y permitan con oportuna docencia, pre-parar y entrenar a los receptores para que en el más breve tiempo puedan atender sus propias necesidades. Este tipo de inclusión debe estimular la creación de fuentes de trabajo y desarrollo que posibilite la elevación de los niveles de vida de la población.

¿Qué tipo de inclusión es la deseable? Evidentemente la que promueve me-dios de vida a través del trabajo y no la simplemente caritativa con la cual fácil-mente se llenan la boca los gobernantes de los tres niveles del Estado.

Una de las formas más eficaces de generar desarrollo permanente es con obras de infraestructura, especialmente vial, pues a los lados de las vías terres-tres siempre se forman comunidades, vecindarios, se crean pequeños negocios y otras fuentes laborales. Además el Estado pone su presencia a través de escuelas, comisarías, postas sanitarias, sin olvidar la labor que deben desempeñar los fun-cionarios del Ministerio Público y los magistrados del Poder Judicial.

Hoy más que nunca es indispensable la acción gubernamental en la ejecu-ción de obra pública, pues diríamos que es casi axiomático que con los problemas de la economía global, nuestras exportaciones decrezcan, los precios internacio-nales puedan disminuir y tengamos que fomentar el consumo interno. A ello hay que agregar el clima de desconfianza de la inversión frente a la actitud de quienes se oponen a ella para impedir el desarrollo nacional y perturbar el deseo de prosperidad de nuestros compatriotas.

Diario Expreso23 de marzo de 2012

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DRON GUBERNAMENTAL

El 28 de Julio el Presidente de la República dio su mensaje anual al Congreso, cumpliendo el mandato constitucional. En una hora dio cuenta de la situación del país, así como de las mejoras y reformas que considera necesarias, sujetán-dose a la formalidad legal, sin sobresaltos pero también sin mayor significación.

La ocasión coincidió con movimientos callejeros, no usuales durante la ce-lebración de las Fiestas Patrias, motivados por la llamada “repartija” de impor-tantes cargos por los grupos partidarios en el Congreso, por la protesta ante los intentos de prescindir de la autonomía universitaria, el reclamo de los profesio-nales médicos y de las ciencias de la salud que laboran para el sector público, y el rechazo a reciente ley de empleocracia pública.

En su mensaje el Jefe del Estado perdió la oportunidad en su mensaje de tranquilizar la calle, lo que hubiera sido posible con exhortar al Congreso para que llene las vacantes existentes en altísimos cargos públicos a la brevedad y dignamente, así como precisar que el atentado contra la autonomía universitaria NO VA, e igualmente ordenando se cumpla con lo acordado un año atrás con el sector salud, y por último diciendo que manteniendo lo sustancial de la ley meri-tocrática pública, se escuchará las sugerencias gremiales.

Tenemos que reconocer que fue un acierto de humildad aceptar que hu-bieron errores, así como que la inclusión es parte del desarrollo, que hay que continuar con los esfuerzos de las últimas décadas y que las mujeres son socias del desarrollo, esto último de Perogrullo pues además el ejemplo lo tiene en casa.

No creo que nadie esté en desacuerdo cuando el Presidente afirma que que-remos “un país próspero, donde todas las peruanas y peruanos, sin distinción, puedan disfrutar los beneficios del crecimiento de manera digna, segura y con libertad.” Empero, atenta contra ello la incertidumbre de la economía global, y por fin se reconoce lo que venimos advirtiendo reiteradamente, cuando afirma que “los precios y la demanda externa empiezan a retroceder…algunos rubros de nuestras exportaciones se contraen.”

Para subsanar la problemática expuesta propone “ORDENAR LA CASA”, y ¡vaya que se necesita ORDEN en el Perú!. Agrega que debe hacerse más eficiente la gestión pública, reorientar las prioridades del gasto y gastar bien con respon-sabilidad, transparencia y sin corrupción, mantener nuestro ritmo de crecimiento con énfasis en destrabar la ejecución de inversiones para lo que anuncia “un equi-po especializado de seguimiento a proyectos de inversión.”

Presidente: Es buen propósito pero malo el mecanismo. Si necesitamos de in-versión generadora de trabajo digno, tiene Ud. que asumir el liderazgo, no puede entregar lo que hacen tarde, mal o nunca los burócratas a otros burócratas, pues

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ello será más de lo mismo pero más oneroso para el Estado y los contribuyentes. Maneje Ud. el seguimiento de los proyectos en el Consejo de Ministros y que sus colaboradores le den cuenta directa, sin intermediarios (luz verde, ámbar o roja) que no necesita. Tienda puentes fuera de su entorno y escuche a los demás que también quieren un Perú mejor.

Algunos estiman que estamos en piloto automático, pues no lo agrave, peor es el vehículo gubernamental no tripulado. No queremos DRON, deseamos sen-sata conducción.

Diario La Razón11 de agosto de 2013

TRABAJADORES ESTATALES Y CTS

Desde hace muchísimo tiempo se advierte el desorden existente en la contrata-ción de personal para el Estado, así como la existencia de infinidad de regímenes, siendo los más conocidos el del Decreto Legislativo 276 que es el régimen general de los servidores públicos, el del Decreto Legislativo 728 que es el de los traba-jadores del sector público pero bajo el régimen laboral de los trabajadores priva-dos, y el del Decreto Legislativo 1057 que norma la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que sustituyó al régimen de locación de servicios.

Bajo la consideración de establecer un “régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de ellas”, recientemente se dictó la Ley del Servicio Civil No 30057, que pese a ser un avance no logra la unifica-ción deseada y ratifica la percepción de que el régimen único es un mito, un buen deseo pero ajeno a la realidad.

Efectivamente, la novísima ley mantiene los regímenes laborales mencio-nados anteriormente, e incluso reconoce otros privativos como los del Servicio Diplomático, de los docentes de universidades públicas, de los profesionales de la salud, de los maestros escolares, de los trabajadores penitenciarios, de quienes laboran en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, entre otros.

Lejos de establecer la Ley 30057 un régimen común y señalar normas espe-cíficas según las ramas laborales singulares existentes, santifica y promueve que se mantengan las diferencias y que poco se haga para la tan necesaria unificación que una administración estatal moderna requiere.

Incluso en algo que era tan sencillo, como homologar la “Compensación por Tiempo de Servicios”, empero consagra la desigualdad y estimula la protesta. Si

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pues, pese a que la Ley 30057 termina con los eufemismos de llamar remunera-ción para efectos de la CTS únicamente a la básica, que muchas veces era menor que simbólica, ha sincerado tal remuneración con la sumatoria de la retribución “principal” y los componentes de la retribución “ajustada”; pero en lo referente al pago de la CTS lo posterga hasta la conclusión de la relación laboral, teniendo para su cálculo el promedio mensual del alcance retributivo de los últimos 36 meses de trabajo.

Lo antes expuesto difiere en los trabajadores estatales sujetos al régimen laboral de la actividad privada, en que con efecto cancelatorio se va depositando de año en año en entidad financiera seleccionada por el trabajador, una retribu-ción mensual adicional en calidad de CTS, la que gana intereses y puede retirar parcialmente. Mientras que el régimen de pago diferido es por importe mayor, pues promedia los ingresos de los últimos 3 años de labor, sin embargo no se deposita anualmente, no gana intereses ni tampoco puede ser retirado.

Lo lógico sería que se modifique la Ley 30057, para que sea el propio traba-jador quien elija entre la postergación de la CTS o su depósito anual, pudiendo compulsar lo que le sea conveniente.

Diario La Razón20 de octubre de 2013

DERECHOS LABORALES Y SOBRECOSTOS

No creo que nadie piense que tengo alguna inclinación anti empresarial, pues siempre he tenido claro y así lo he manifestado a los cuatro vientos, que es el esfuerzo de los emprendedores de todo nivel, así como su creatividad y afán innovador, lo que hace crecer y desarrollar el país, además de fomentar el trabajo digno.

Pese a lo expuesto, no deja de llamarme la atención que algunos sectores empresariales estén propiciando el recorte de derechos laborales a los que de-nominan “sobrecostos”, como un mecanismo para hacer más competitivos sus bienes y servicios que ponen en el mercado, sobre todo el externo.

En buena cuenta y aunque duela, desean que la ventaja competitiva sea pa-gar menos a los trabajadores, con lo que no puedo estar de acuerdo. Por lo demás, si bien los beneficios complementarios a la remuneración pueden ser superiores al de otros países, no es menos cierto que las remuneraciones locales son menos abultadas.

Lo que interesa al empresario es el costo total anual de cada puesto de traba-jo, lo que incluye por supuesto la remuneración o retribución, las vacaciones, las

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gratificaciones semestrales, la CTS, el seguro de vida obligatorio, el de accidentes de ser el caso, la participación en las utilidades y las cotizaciones de seguridad social. Si es menos o más en el sueldo o salario que en los beneficios adicionales, poco importa, insistiendo que lo sustantivo es el costo del puesto de trabajo que solventa el empleador.

Evidentemente se legisla por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de personas, por lo cual tenemos regímenes laborales especiales como es el del trabajo en el hogar, de las micro y pequeñas empresas, de las empresas exporta-doras, de las agrarias, entre otros. Con ello basta y sobra y no se debe caer en la tentación de más recortes o de otros regímenes de excepción respecto a la contra-tación laboral general.

Sería bueno que se dejara de actuar como si el trabajo fuera mercancía, cuan-do es un derecho reconocido que debe también ser respetado. Terminemos con la dicotomía de considerar al emprendedor como moderno, pero al mismo tiempo como un empleador pre diluviano incapaz de reconocer equitativamente el des-empeño de sus colaboradores.

No olvidemos el trípode de la relación laboral que la conforman Estado, empleadores y trabajadores, y lo que se haga en esta materia debe ser fruto del consenso de los tres y no solamente de dos.

Diario Expreso14 de noviembre de 2014

FALTA CANDADO Y EXPLICACIÓN

Fue promulgada la LEY DEL REGIMEN LABORAL JUVENIL nacida de un pro-yecto del Poder Ejecutivo, que ha generado protestas y controversias.

Muchos de los que aprobaron la Ley, luego sin coherencia alguna, salieron a despotricar contra ella, y otros actores políticos más incoherentes que los prime-ros cambiaron de discurso para estar a favor de la corriente.

Es muy fácil tratar de estar bien con los que protestan y darles la razón, pero me pregunto ¿Ésa es la clase de políticos que el Perú quiere que nos gobierne? ¿Deseamos que nos mientan o nos digan realmente lo que piensan? Considero que lo que deseamos los peruanos es la sinceridad y no el acomodo, queremos dirigentes honestos y no saltimbanquis de opinión.

Se ha dicho que hay recorte de derechos laborales. Somos de los que cree-mos que los beneficios laborales no son sobre costos y lo hemos puesto en blanco y negro, pero también creemos que hay recortes cuando ya tienes algo y te lo

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quitan, lo que no sucede con los que no tenían nada. En el nuevo régimen, que por lo demás no es obligatorio, no hay recortes pues es para nuevos trabajadores, y que si bien no tendrán los mismos beneficios como los trabajadores regulares, tienen remuneración por lo menos la mínima, jornada legal laboral, descanso semanal y en feriados, vacaciones anuales de 15 días, indemnización por despido arbitrario, aseguramiento en EsSalud que pagará el Estado, seguro complemen-tario de trabajo de riesgo, aseguramiento pensionario, derecho a sindicalización y negociación colectiva, entre otros.

La Ley tiene algunos candados para evitar indebidos aprovechamientos por malos empleadores, como por ejemplo dispone que el nuevo régimen no es aplicable a jóvenes ya contratados con anterioridad y que cesen y vuelvan a ser contratados por el mismo empleador. Otro de los candados es la prohibición del empleador de cesar sin causa justa a sus trabajadores para sustituirlos por otros con el nuevo régimen.

Sin embargo a la ley le falta un candado, lo que debería corregirse. En efecto si lo que se quiere con la ley es incorporar al empleo a jóvenes desocupados entre los 18 y 24 años y que las empresas otorguen mayor número de puestos de tra-bajo, la norma debe contemplar que las contrataciones con el nuevo régimen son por encima del número de trabajadores existentes.

Por otro lado el nuevo régimen es más beneficioso que otros con derechos laborales restringidos, como es el de la pequeña empresa, el de la micro empresa y el de modalidad formativa juvenil, sin olvidar el trabajo en empresas para ex-portación no tradicional.

Como ya es costumbre del actual gobierno, le faltó difusión y explicación de su proyecto, convencer a través del diálogo y no imponer. Un antiguo profesor de Derecho Penal cuando nos explicaba el acto de fuerza de la violación, nos de-cía para graficarlo, que la diferencia entre violación y seducción era un besito. Si bien somos conscientes que no habría ninguna violación, no es menos cierto que el cariñito no estaría demás.

Diario Expreso26 de diciembre de 2014

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ANTEJUICIO… NO SIEMPRE

Un vocal Supremo Provisional fue encontrado in fraganti recibiendo un dinero de un litigante, lo que fue verificado por la Policía y el Ministerio Público. Este último, teniendo en consideración la calidad de Vocal Supremo Provisional, for-muló denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

El Ministerio Público, por intermedio de la Fiscal de la Nación, pretendió que la Comisión Permanente del Congreso acusara ante el Pleno del Congreso al Vocal infractor por el delito o delitos que le imputan cometido en el ejercicio de sus funciones. En caso que el Pleno del Congreso encontrase justificación, el titular de la Fiscalía de la Nación tendría que formular denuncia ante la Corte Suprema, iniciándose la etapa de instrucción a cargo de un Vocal Supremo Penal.

Lo antes expuesto es lo que se conoce como antejuicio, mediante el cual pre-viamente a juicio de contenido penal el Congreso se pronuncia tratándose úni-camente de altos funcionarios del Estado, como son los Parlamentarios, Minis-tros de Estado, Magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Vocales de la Corte Suprema, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo, y Contralor General de la República.

Recibida la denuncia por el Congreso, su Presidenta de inmediato convocó a la Comisión Permanente para que decidiera sobre la acusación constitucional contra el Vocal Supremo denunciado.

La Comisión Permanente, con la misma rapidez con la que fue citada por su Presidenta, rechazó el pedido del Ministerio Público y dispuso que al Vocal Supremo denunciado no le alcanza la prerrogativa o beneficio del antejuicio, y que consecuentemente no había necesidad de ningún procedimiento parlamen-tario previo, y que el caso podría ser denunciado directamente por el Ministerio Público (léase Fiscalía) ante el Poder Judicial.

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Muchos se preguntarán el porque del antejuicio y también el porque al Vo-cal Supremo denunciado no le alcanza tal beneficio, si tiene el carácter de magis-trado supremo.

La verdad es que como señaló el Tribunal Constitucional en sentencia del 1 de diciembre de 2003 (causa 00006-2003-AI/TC) la prerrogativa o beneficio del antejuicio la tienen los funcionarios públicos que gozan de inmunidad como son los congresistas, los magistrados constitucionales y el Defensor del Pueblo, pero además sin tener la inmunidad parlamentaria, los Ministros, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los Vocales de la Corte Suprema, los Fisca-les Supremos y el Contralor General, a tenor del artículo 99 de la Constitución.

El objetivo de la institución del antejuicio es preservar al alto funcionario público frente a denuncias o acusaciones que pueden tener móviles distintos del de la justicia.

Ahora bien al caso concreto del Vocal Supremo denunciado y a la pregunta del motivo por el cual no le corresponde el beneficio del antejuicio, la respuesta es simple, se trata de VOCAL SUPREMO, que NO ES TITULAR SINO PROVI-SIONAL. El Vocal a que nos referimos es un Magistrado de Corte Superior, es Vocal Titular pero de Corte Superior, que provisionalmente ha sido llamado a formar parte de Sala en la Corte Suprema. En estricto sentido no es Vocal Su-premo, es Vocal Superior encargado provisionalmente de una Vocalía Suprema.

Es cierto que en el pasado han existido casos de Vocales Supremos Provisio-nales que fueron denunciados en el Congreso y que estuvieron sujetos a antejui-cio. Eso fue un error, y el error no genera derecho, los precedentes que pueden seguirse son los que están acordes con la Constitución y la Ley, no los contrarios a ellas. El Maestro Roberto Ramírez del Villar entre sus célebres frases decía que precedente contrario a norma no es precedente sino corruptela, y ello hacer acordar otras de sus apreciaciones sobre los Grupos Parlamentarios en que se pretendió (antes de la existencia de la Valla Electoral) que solo dos constituyeran Grupo Parlamentario. El tribuno Ramírez del Villar, con la ironía que lo caracte-rizaba declaró: “dos son pareja pero no grupo”.

Por lo demás cuando el Poder Judicial y el Ministerio Público fueron so-metidos al poder político imperante en los años 90, se homologó indebidamente a magistrados titulares y provisionales, pero tal homologación concluyó con la dación de la Ley 27362 que regresó las cosas a su nivel.

Más aún, no podemos olvidar que la interpretación de beneficios tiene que ser restrictiva y no extensiva, y que las enumeraciones constitucionales son taxa-tivas mientras no se señale lo contrario. En el caso de los Vocales Supremos, el antejuicio es para ellos y no para los que provisionalmente ejercen con carácter temporal sus funciones.

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Ha hecho bien el Congreso en devolver el caso denunciado, para que sea igualado el infractor con los demás mortales y no reciba trato previo al juicio penal que no le corresponde.

Diario La Razón07 de setiembre de 2006

SOCORRO, ES EL TC

Los organismos jurisdiccionales están llamados a resolver conflictos, solucionar controversias, dirimir litigios, y todo ello administrando justicia para alcanzar la paz social.

Empero, hay situaciones en que los organismos jurisdiccionales sean estos el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, el Fuero Militar o el Arbitral, lejos de proporcionar con su actuación la paz social, contribuyen sin quererlo a mayor violencia e incluso perturbación del orden pú-blico.

Acabamos de ver en Chiclayo que enfrentamiento entre seguidores de un alcalde vacado y otro en funciones ha cometido actos de inusitada violencia y agresión, e incendiaron el local de la Municipalidad Provincial.

No pretendo culpar de lo ocurrido en Chiclayo a ningún organismo jurisdic-cional, pues no son quienes han perpetrado la violencia y actos delictivos, pero es probable que por falta de tino y ponderación, hayan desorientado a la población.

En efecto, por un lado tenemos una Resolución del JNE, que según el Artí-culo 178 de la Constitución le compete “administrar justicia en materia electoral”, siendo sus resoluciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, FINALES, DEFINITIVAS, IRREVISABLES, Y CONTRA ELLAS NO PROCEDE RECURSO ALGUNO. De otro lado es competencia del Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad de las normas y re-solver en última instancia las acciones en que hubiere afectación de derechos constitucionales como es, entre otros, el debido proceso.

La resolución del JNE declaró vacancia del alcalde, siendo su decisión de-finitiva, sin embargo el Tribunal Constitucional la declara nula. ¿En que que-damos? seguramente es la pregunta que se hacen los ciudadanos, y agregarán también ¿quién tiene la razón?.

Si el JNE emitió resolución final, definitiva, irrevisable e irrecurrible, es ob-vio que el Tribunal Constitucional no tenía competencia para decir otra cosa, máxime si se tiene en cuenta que para evitar este tipo de conflictos el Congreso de

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la República aprobó la Ley 28642 a finales de 2005, reiterando las disposiciones constitucionales en el sentido del carácter irrevisable de las resoluciones del Jura-do y determino que no proceden acciones constitucionales cuando se cuestionen sus resoluciones, y que en caso que existan resoluciones de otras autoridades que contradigan lo resuelto por el JNE no surtirán efecto legal alguno. Aclara también la Ley 28642 que la materia electoral de competencia exclusiva del Jurado, com-prende los temas previstos en las leyes electorales que conoce el mismo Jurado en instancia definitiva. Más claro, el agua.

Ojala en el futuro el TC se comporte a la altura de sus responsabilidades y no tengamos que lanzar más SOS.

Diario La Razón11 de setiembre de 2006

DEL CAOS AL ORDEN

El Tribunal Constitucional abrió las puertas al caos, cuando sin ser su función y contra mandato expreso, tanto constitucional como legal, declaró nula la Re-solución del Jurado Nacional de Elecciones que vacó al Alcalde Provincial de Chiclayo.

Chiclayo tenía al Alcalde en funciones, que había sido el Teniente Alcalde con credencial otorgada por el JNE, y también a quien se sentía repuesto por el TC luego que la resolución de su vacancia fue declarada nula por ese Tribunal.

Los ciudadanos ante el desorden generalizado en Chiclayo, solicitaron al Congreso y al Poder Ejecutivo, solucionar el conflicto, ante la necedad e intransi-gencia de dos personas que olvidando sus responsabilidades con la comunidad, egoístamente prefirieron el enfrentamiento.

El Congreso no puede dirimir competencias, pues no es su papel ni atribu-ción. En su momento previó situaciones como la que luego se presentó en Chicla-yo, reafirmando que las resoluciones del JNE en materia electoral son definitivas, finales, irrevisables e irrecurribles. Incluso en la Ley 28642 dispuso que en temas electorales no caben procesos constitucionales y que resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, no surten efecto alguno. El Congreso cumplió.

El Poder Ejecutivo también ha hecho lo suyo, pues por Decreto Supremo declaró a Chiclayo en Estado de Emergencia y encargó transitoriamente al Pre-fecto Departamental, velar por el orden interno y garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales. Además por Decreto de Urgencia habilitó fondos del Ministerio del Interior para que se pagaran en Chiclayo, remuneraciones,

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pensiones, obligaciones pendientes, etc., cuyos importes posteriormente debería devolver el Municipio de Chiclayo, y si no lo hacía, se debitarían de los montos que el Banco de la Nación y/o el Ministerio de Economía y Finanzas tuvieren a favor del Municipio. El Gobierno, no solo cumplió su parte, sino que encontró dentro de la normatividad legal, una fórmula imaginativa y con pragmatismo resolvió transitoriamente el agudo problema.

Pese al caos, también hay buenas noticias, como hemos visto en párrafos anteriores, y otra de ésas buenas noticias es la declaración reiterada en diversas entrevistas a Víctor García Toma, el Presidente del TC. Esta vez actuando con mesura y tino, que es lo que corresponde, ha anunciado que el TC no tratará ningún tema electoral hasta que concluya el proceso eleccionario regional y mu-nicipal en curso.

Si bien lo ideal sería que el TC no se vuelva a entrometer en lo que no le corresponde, por lo menos la actitud de su Presidente hay que destacarla como positiva, y darle un alcance adicional para reflexión. El TC conoce en última ins-tancia las resoluciones denegatorias de amparo, ergo no conoce las que los de-claren fundados por jueces de primera instancia o corte superiores. ¿Se imaginan el entrampamiento electoral que se originaría con resoluciones judiciales que re-suelvan favorablemente acciones de amparo en temas electorales? Prefiero no imaginarlo, horror de horrores.

Diario Expreso27 de octubre de 2006

TC Y CONGRESO

El Congreso de la República, de acuerdo a sus atribuciones, ha iniciado el proce-so para elegir a cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que susti-tuirán a quienes en algunas semanas concluyen su mandato.

Quienes postulan a ser nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, de-ben acreditar ante la Comisión Parlamentaria que los avalúa, que cumplen los requisitos que la Constitución taxativamente señala.

El proceso de evaluación tiene etapas con plazos preclusivos, como por ejemplo la presentación de candidaturas y las tachas contra los postulantes. No pueden inscribirse más postulantes que los que se presentaron dentro del térmi-no legal para ello, ni tampoco se puede objetar candidaturas después de vencido el respectivo término, pues es más que sabido que los términos son de orden público.

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El examen de los candidatos no se circunscribe a los asuntos formales y a la presentación de documentos que prueben que los postulantes cumplen los requisitos. El examen va más lejos, pues los evaluadores deben hacer sus reco-mendaciones al Pleno del Congreso, que es quien elige a los que serán nuevos magistrados constitucionales.

Para proponer y recomendar, debe antes la Comisión evaluadora, formarse juicio de valor sobre la idoneidad de los candidatos al cargo, su conocimiento en materia constitucional y versación jurídica, su compromiso democrático, sus antecedentes, entre otras consideraciones.

Hay personas que propugnan que los que sean propuestos por la Comisión Evaluadora, no sean políticos, no pertenezcan a Partido, y consecuentemente que sólo puedan presentarse personas independientes.

Los que propugnan lo indicado en el párrafo anterior, olvidan el principio de la igualdad frente a la Ley, así como que esta última autoriza expresamen-te a que los postulantes a magistrados constitucionales pertenezcan a partido político, pues obliga a que después de elegidos los magistrados por el Congre-so, renuncien a la militancia partidaria. Las personas que integran los partidos evidencian compromiso democrático y anclaje en el sistema, por lo que no hay motivo alguno de exclusión.

No debe olvidar la Comisión Evaluadora, que uno de los motivos de con-flicto entre el Tribunal Constitucional con el Congreso y con otras instituciones del Estado, ha sido la pretensión de los miembros del TC o algunos de ellos, de invadir las funciones del Parlamento, como es la dación de la legislación positiva.

La Constitución con claridad meridiana establece como funciones de tal Tri-bunal, entre otras, conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma, trae como con-secuencia que queda sin efecto, que es lo que se denominó legislación negativa. Deroga pero no sustituye lo derogado por otra normatividad, pues tratándose de leyes ello es prerrogativa del Poder Legislativo.

Es bastante conocido y criticado, que sentencias del Tribunal Constitucional llamadas “manipulativas”, aditivas, exhortativas, entre otras, están formulando legislación positiva, para lo cual no está facultado, aunque la doctrina lo admita. Lo que no está en la Constitución no existe y por tanto el TC no esta autorizado a hacerlo. La doctrina no puede sustituir al mandato constitucional, y mientras los enunciados doctrinarios no se conviertan en norma, siguen siendo doctrina pero no Ley.

El Congreso en el proceso de evaluación de los candidatos al TC tiene la ex-celente oportunidad de consultar el pensamiento de ellos con respecto a las atri-buciones del Tribunal. Sabrá perfectamente si quienes elija actuarán con apego al

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mandato constitucional o se excederán posteriormente en sus facultades. Dice el refrán que guerra avisada no mata gente, a lo que podemos agregar el aforismo que parlamento avispado jamás será sorprendido.

Diario Expreso30 de marzo de 2007

FALTAN RIENDAS EN TC

Más que obvio que temas que tienen que ver con la ciencia y tecnología o espe-cializados como es el Derecho, son difíciles de explicar en publicaciones que no son focalizadas, y por ello rindo desde estas líneas mi homenaje a Racso como a Tomás Unger como divulgadores de temas científicos y a Juan Monroy en los jurídicos, entre otros. Los legos o profanos en alguna materia singular en que se requiere para entender, de conocimientos avanzados, comprendíamos las expli-caciones que nos daban quienes cito como ejemplo, por la sencillez de su prosa, por la capacidad de hacer docencia y por no pretender lucirse, sino explicar.

Escribir sobre el Tribunal Constitucional en una publicación diaria y no es-pecializada, es harto difícil, por lo que me gustaría tener siquiera algo de las dotes de dichos maestros para poder exponer lo que creo. Con esfuerzo, lo inten-taré, no si antes expresar que no es tema obsesivo ni menos objeto de mis sueños como dijera un versado miembro del TC, sino sana pretensión de su buen funcio-namiento para evitar “pesadillas”.

Se discute si por lo poco feliz de diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, dicha institución debería desaparecer y entregarle sus funciones a la Corte Suprema. Soy de opinión que el Tribunal Constitucional debe mante-nerse y que es mejor para el control de la constitucionalidad de las normas contar con una entidad especializada, con magistrados de gran versación jurídica pero sobre todo mucho tino y prudencia, virtudes estas dos últimas, de los que lamen-tablemente carece el actual TC.

Hay quienes creen que es necesario modificar constitucionalmente las com-petencias del TC debido a sus excesos, cuando la realidad es que las funciones que la Constitución le otorga son claras: Conoce en última instancia las resolu-ciones denegatorias de los procesos constitucionales, entre otros hábeas corpus y amparo; conoce los conflictos de competencia asignados por la Constitución; y conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad que se interponga para dejar sin efecto normas legales que pudieran colisionar con la Constitución. Esas son sus atribuciones, ni más que ellas ni tampoco menos que ellas.

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Si la realidad es la expuesta, los legos en la materia se preguntarán con ra-zón, el motivo de los cuestionamientos al TC, y la causa es porque ha venido excediéndose en las facultades que le competen. Ha estado yendo más allá de lo que dice la Constitución al interpretarla extensivamente como que ella le otorga a él, más atribuciones que las que aquella señala.

Para desarrollar los preceptos constitucionales respecto al TC tenemos prin-cipalmente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional. En términos generales buenas herramientas, pero que conven-dría perfeccionarlas para consignar claramente lo que no puede ni debería hacer el TC. No para limitarlo en sus facultades, sino para constreñirlas a lo que dice el mandato constitucional, y como dijimos ni más ni menos.

Siempre se ha dicho que la mejor forma de explicar conceptos es graficarlos o dando ejemplos, e incluso que una imagen habla más que mil palabras. El TC en el Perú es una novísima institución, a diferencia de Tribunales Constituciona-les europeos que dentro de algunos años cumplirán su primer siglo. A un recién nacido no lo puedes hacer correr una maratón ni participar en las Olimpiadas, comenzará gateando, dará sus primeros pasos, caminará y mucho después podrá ser velocista, no antes. En términos hípicos, podemos tener un excelente corcel, de pura raza, de cualidades singulares, sin embargo no lo sueltas, sino lo educas, le pones bridas, ajustas o aligeras las riendas, le colocas freno, si es necesario aplicas espuelas, y si es que no obedece tienes el látigo. Sólo es una explicación, que en nada desmerece las consideraciones ni el debido respeto a los integrantes del colegiado ni menos aún deseo de flagelación con el látigo. Sólo graficar las modificaciones que se requieren y comprender que para llegar al nivel que alcan-zaron Tribunales Constitucionales europeos, necesitaremos varias décadas, con avances progresivos según se vaya demostrando eficacia.

Diario La Razón06 de julio de 2007

TC Y EMPLEO DE FUERZA

El Tribunal Constitucional al ser órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, tiene la responsabilidad de determinar si la normatividad que es observa-da, se ajusta o no a la Constitución, y de ser contraria a la Ley de Leyes, declarar su inconstitucionalidad, con lo que la norma queda derogada.

El mismo Tribunal ha expresado que lo más severo que puede hacer es de-clarar la inconstitucionalidad de las normas, por lo que en primer término busca

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interpretar su sentido, y felizmente así lo ha hecho al aclarar la sentencia que dictó sobre la Ley de Empleo de la Fuerza por nuestras Fuerzas Armadas.

En tema tan sensible como es la actuación de las Fuerzas Armadas, sea cuan-do se declaran estados de emergencia y se le otorga el control del orden interno, o cuando lo retiene la Policía Nacional con apoyo de las primeras, y por último en estado normal en que es necesario apoyar a la Policía por insuficiencia de ella, el Tribunal Constitucional debió tener más cuidado para evitar situaciones complicadas.

El Tribunal Constitucional no puede olvidar la situación que enfrentan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por ejemplo en el VRAE y en el Hualla-ga, donde combaten al terrorismo asociado con el narcotráfico, delincuentes que cuentan con armas modernas y de impacto que vienen ocasionando serios daños a nuestros soldados y policías. Reitero que el asunto es de suma sensibilidad, de allí que el Tribunal debe ser sumamente cuidadoso y no generar desmotivación a nuestros combatientes.

Entrar en disquisiciones sobre si se debe llamar “enemigo” o “grupos hos-tiles” es francamente irrelevante, pues los terroristas que causan tanto daño y sufrimiento, son enemigos, les guste o no la denominación. Ya es hora que nos dejemos de tanta exquisitez idiomática y llamemos a las cosas como la generali-dad de las personas la entienden.

La limitación al uso de armas si constituye desconocimiento de la prepara-ción, entrenamiento y acción de las Fuerzas Armadas y las pone en situación de indefensión, de suyo grave. ¿Quieren acaso que usen serpentinas y pica-pica?

Ha hecho bien el Tribunal Constitucional en aclarar que hubo error y no realizó legislación positiva, para lo que no está autorizado por la Constitución, sino se limitó a interpretar la norma. Sin embargo le señala al Congreso directivas para legislar sobre el tema, lo que es invadir campo que no le compete. Ahora le toca al Congreso dictar las normas que amparen y den la cobertura legal adecuada para que las Fuer-zas Armadas actúen contra el narco-terror, que si es enemigo de la Nación.

Diario Expreso25 de setiembre de 2009

MEJORAR EL TC

Ad portas que el Congreso de la República elija a dos magistrados del Tribunal Constitucional, para llenar las vacantes que se producirán por la conclusión del período para el cual fueron elegidos, es conveniente hacer algunas reflexiones,

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sobre los principales cuestionamientos que se hacen, como por ejemplo la politi-zación en los nombramientos y la idoneidad personal de los elegidos.

En cuanto a lo primero, quien elige es el Congreso, y quienes lo integran ejercen cargo político y son políticos, por ello es usual que los grupos parlamen-tarios se pongan de acuerdo para la elección, en una especie de cuoteo según pre-ferencias, sistema que no siempre lleva a seleccionar a los mejores. Para superar la observación podría ponerse un filtro, por el cual las más antiguas Facultades de Derecho al igual que los más veteranos Colegios de Abogados, presenten ter-nas al Congreso, y este elija dentro de los propuestos.

Respecto a lo segundo, esto es la idoneidad de los magistrados constituciona-les, recordemos que su cargo es únicamente por cinco años y que no pueden ser reelegidos. Cosa diferente sucede con otros cargos públicos de alta jerarquía, como por ejemplo los parlamentarios, que si bien son elegidos por período de cinco años, si pueden ser reelegidos. Los ministros normalmente ejercen el cargo por tiempo más reducido, pero pueden integrar nuevos gabinetes. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público son permanentes, salvo que no sean ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura, y los miembros de este último, al igual que el titular de la Defensoría del Pueblo, su designación es por cinco años, sin prohibición de renovación. Caso similar el de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, así como Jefes de Reniec y Onpe, cuyos mandatos son por cuatro años, que pueden ser renovados. El Contralor General de la República ejerce el cargo durante siete años y no hay impedimento para nuevo período.

El término de duración del cargo de magistrado constitucional y su no re-elección, atenta contra el interés que pudieran tener abogados de gran prestigio profesional para postular a dicha posición, influyendo además la dedicación ex-clusiva, salvo la enseñanza. Muchos de los más versados constitucionalistas, no han mostrado por ello interés en postular al Tribunal Constitucional, pues son concientes que al cabo de cinco años, desvinculados ya de sus antiguas ocupa-ciones, tienen en la práctica que comenzar de nuevo. Esto podría corregirse, permitiendo la reelección en el TC, u otorgarles una generosa compensación al concluir su quinquenio.

Lo que si tienen que tener muy en claro los que postulen al TC, es que este únicamente puede hacer lo que la Constitución expresamente le permite, y no pretender con innovaciones para las que no está facultado, ir más allá de la Cons-titución, como llenar vacíos normativos que pudieren ocurrir cuando declara la inconstitucionalidad de alguna norma.

Diario Oficial “El Peruano”05 de noviembre de 2009

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TC ¿TENERLO O NO TENERLO?

Para afianzar el sistema democrático a nivel jurídico y para el control de la cons-titucionalidad de las normas legales, el Derecho Comparado reconoce tres meca-nismos. El más antiguo es el tradicional europeo, que es el control político ejercido por el parlamento, sistema que ha ido cayendo en desuso. El segundo mecanismo es el del Tribunal Supremo o Suprema Corte, que es el modelo norteamericano, que se fue extendiendo a otros países donde no existe Tribunal Constitucional. El último y más reciente es el Tribunal Constitucional.

En el Perú el afianzamiento jurídico fue confiado al Poder Judicial, hasta que en el año 1979 se creó por la Constitución de tal año el “Tribunal de Garantías Constitucionales”, que se sustituyó en la Constitución de 1993 por el “Tribunal Constitucional”, ante la creciente desconfianza en el Poder Judicial.

Ahora bien, cada vez que el Tribunal Constitucional expide alguna senten-cia controvertida o recibe serias observaciones de la ciudadanía en el ejercicio de su legítimo derecho de criticar las resoluciones jurisdiccionales, de inmediato se lleva la discusión al cuestionamiento de la propia existencia del Tribunal Consti-tucional, lo que es un exceso.

En síntesis hay personas que opinan que el Tribunal Constitucional hay que desaparecerlo y darle más prerrogativas a alguna sala especializada en la Corte Suprema, otros consideran que hay que reducir o limitar las atribuciones del Tribunal Constitucional para poner atajo a sus pretensiones maximalistas, algunos otros estiman que es el propio Tribunal Constitucional el que debería autoregularse y autolimitarse, y por último los que como el autor de esta nota que proponemos que el Tribunal aludido se circunscriba únicamente a lo que la Constitución del Estado lo faculta y no más.

¿Cuáles son las críticas que se hacen al TC? En resumen ellas se centran en lo que podríamos llamar “gula jurisdiccional”, esto es, se sienten competentes para ver todo y de todo, lo que evidentemente no es la función de un Tribunal Cons-titucional pues caso contrario se confundiría con la actuación del Poder Judicial. Otra de las críticas que tiene que ver con lo anterior, es haber prohijado extensiva e indebidamente a los amparos, generando la dolencia jurídica que muchos hemos denominado “amparitis”. Por último, y a nuestro criterio lo más grave, que el TC por su propia determinación y sin que exista precepto constitucional que lo apoye, ha invadido el ámbito parlamentario al dictar legislación positiva en algunas de sus sentencias interpretativas o cuando al cumplir con su atribución de dejar sin efecto normas que contradicen la Constitución, al mismo tiempo llena el vacío de la norma derogada, lo que es competencia parlamentaria más no jurisdiccional.

Como cualquier institución creada por voluntad humana, el TC tiene virtu-des y defectos, aciertos y desaciertos, al igual que actitudes soberbias y humildes

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de sus integrantes. Lo importante es subsanar defectos y ampliar virtudes, co-rregir desaciertos para que hayan más aciertos, y dejando de lado soberbia que a nada conduce, reconocer errores para ser mejores. En esto debemos reconocer la encomiable tarea del actual Presidente del Tribunal.

Creemos que pese a los defectos y errores del TC hay que mantenerlo, nada es perfecto pero si perfectible. Sin duda alguna el TC ha sido más eficiente en la cautela de Derechos Humanos que el Poder Judicial y en sinnúmero de ocasiones más oportuno. Sus especialidades y aún con defectos en su ejercicio, nos llevan al camino de mantener dicho organismo constitucional.

A los que pretenden limitar el actuar del Tribunal Constitucional y a los ma-gistrados constitucionales preocupados por la amputación de atribuciones hay que responderles que no se requiere de ninguna castración, lo que se reclama al TC es que se circunscriba en su accionar a lo que manda la Constitución, ello y no más. En efecto son tres las competencias asignadas constitucionalmente al TC y ellas son: (a) conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, quedando sin efecto la norma declarada inconstitucional, que es lo que se deno-mina usualmente como “legislación negativa”, (b) conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento, (c) conocer los conflictos de competencia o de atribucio-nes asignadas por la Constitución.

Para que el TC circunscriba su actuar a lo que dice la Constitución, hay quie-nes estiman que ello debe hacerse mediante autoregulación y autolimitación de dicho Tribunal, lo que no es atendible pues al igual como el propio TC fue in-vadiendo fueros y competencias que no eran las suyas, nada garantiza que el repliegue sea temporal y luego retome con voluntarismo caminos que no son los predeterminados por la Constitución. Preferimos que sea a través de disposicio-nes legales que se circunscriba el actuar del TC al mandato constitucional, y para ello podrían hacerse modificaciones y precisiones tanto en la Ley Orgánica del TC como en el Código Procesal Constitucional. Para esto se encuentra en el Con-greso entre otros mi proyecto 14321, que aunque de Parlamento anterior puede ser el cimiento de una estructura legal más completa y elaborada.

Para mejorar la actuación del TC hay que comenzar por el sistema de elec-ción de sus integrantes, para lo cual sugerimos que el Congreso haga la selección entre ternas que podrían presentar las más antiguas Facultades de Derecho y los más prestigiosos Colegios de Abogados. Debería también permitirse la reelec-ción de magistrados constitucionales.

Entre quienes se encuentran habilitados para interponer acciones de incons-titucionalidad de normas legales están los colegios profesionales, con la salvedad que es en materia de su especialidad; empero en la práctica el criterio para admi-tir sus demandas ha sido sumamente amplio, lo que ha llevado al TC a pronun-

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ciarse de todo y sobre todo. Hay que precisar con claridad cuales son las materias de especialidad habilitantes para las demandas de los colegios profesionales.

En lo que se refiere a la “amparitis” bastaría precisar los derechos funda-mentales que pueden justificar dichas acciones. No todos los derechos que se encuentran en la Constitución deberían ser objeto de amparos, pues de lo con-trario se estaría duplicando facultades del Poder Judicial y el TC abarrotándose de expedientes de poca significación, que al elevar la carga procesal contamina la calidad de sus pronunciamientos.

A través de la legislación hay que estimular al TC a emplear la vacación de sentencia, es decir, determinar la fecha en que la sentencia que conlleve dejar sin efecto alguna norma legal, tendrá vigencia, después de tiempo prudencial en que el Congreso se pronuncie respecto al proyecto de norma positiva que podrá pre-sentar el propio TC para llenar el vacío legal generado por la expulsión del sistema jurídico de la norma derogada. Así será el Congreso quien asuma la obligación de llenar los vacíos legislativos así como el costo político de no hacerlo a tiempo.

Otro de los temas que no deben olvidarse es el de las audiencias descentrali-zadas, efectistas pero poco prácticas, pues obliga a litigantes de otras circunscrip-ciones concurrir a lugares apartados del país para audiencias del TC. Si tiene en Lima sus instalaciones, aunque oficialmente lo sea en Arequipa, debe usar pues las instalaciones del TC y evitar gastos de traslado al erario nacional y también al bolsillo de los litigantes.

Por último, aunque por la importancia debería ser lo primero, hay que qui-tarle a la prerrogativa del TC de interpretar la Constitución, el apellido de “su-premo” que recibió en la ley, apellido que la Constitución no le puso. Ella señaló que era “intérprete” y la Ley le agregó el apellido “supremo”, apellido que hay que anularlo, puesto que la Constitución definió que igualmente es intérprete el Parlamento, y aunque con el control difuso, también lo es el Poder Judicial. Pon-gamos las cosas en su sitio para evitar excesos.

No me queda duda que hay que mantener al TC, que no hay que mutilarle atribuciones constitucionales, pero si hay que circunscribir su actuar a lo que deter-mina la Constitución y no más. Cuando se creó el TC y su antecedente el Tribunal de Garantías Constitucionales, no se quiso que tuvieran lo que hoy ostentan los Tribunales Constitucionales de Europa, pues no es lo mismo tener una criatura en pañales que recién hará sus pininos, a fogueados tribunales con muchas décadas de experiencia. Mal en consecuencia hace el TC de incorporar en sus sentencias doctrina que nos es extraña y que únicamente se puede ingresar a la normatividad vía ley, lo que el legislador no ha hecho y al que no debe sustituir el Tribunal.

Diario Oficial “El Peruano”10 de abril de 2010

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TC E INIMPUTABILIDAD DE MILITARES Y POLICIAS

Con acierto nuestro Código Penal establece en su artículo 20, los supuestos en que se exceptúa de responsabilidad penal, como por ejemplo la actuación en le-gítima defensa; el obrar por disposición de la Ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; y el que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.

Posteriormente, por Decreto Legislativo No 982 se agregó al citado artículo 20 del Código Penal un nuevo supuesto de ininputabilidad penal, mediante el cual están exceptuados de responsabilidad penal los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.

El último supuesto de inimputabilidad penal fue cuestionado como incons-titucional ante el Tribunal Constitucional, el que por sentencia del 14 de julio del 2010 (exp. 00012-2008-PI/TC) ha desestimado la pretensión pero ha dispuesto que el fundamento 18 de su fallo, sea tomado en cuenta por los jueces penales en los procesos en que se invoque tal supuesto de inimputabilidad.

¿Qué determina el fundamento 18? Determina que el supuesto de inimpu-tabilidad penal a militares y policías que actúan en cumplimiento de su deber y en uso reglamentario de sus armas en buena cuenta no constituye impunidad (que nadie quiere), no impide la investigación y procesamiento de malos ele-mentos que delinquen, y “...por ello cuando a dichos servidores públicos se les impute la comisión de un ilícito, deben ser denunciados, investigados caso por caso, y si corresponde, procesados dentro de un plazo razonable.”

Nuestro sistema penal tiene previsto principalmente dos instituciones, por un lado el Ministerio Público, al que podríamos denominar Fiscalía y por otro lado el órgano jurisdiccional, sea en ciertos casos el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o también el Fuero Militar-Policial.

Al Ministerio Público le corresponde -constitucionalmente- entre otras fun-ciones el ejercitar la acción penal de oficio o ante petición o denuncia de parte. Esto está corroborado por la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legis-lativo 052) que dispone que el Fiscal competente evalúa las denuncias, que puede admitir o desestimar, ante lo cual el denunciante puede recurrir en queja ante Fiscal de grado superior y lo que decida es tema final.

Para mejor comprensión, antes del procesamiento penal en vía judicial, es el Ministerio Público a través del fiscal competente, quien determina si se presenta o no la denuncia ante el Poder Judicial para iniciar el respectivo proceso en tal vía.

Teniendo presente la explicación precedente del actuar del Ministerio Público o Fiscalía, de la lectura del fundamento 18 de la sentencia del Tribunal Constitucio-

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nal que se comenta, parecería ser que se dispone que siempre el Ministerio Público denuncie y que sea el juez el que resuelva dentro del proceso si hay o no motivo para la inimputabilidad invocada a miembros de Fuerzas Armadas y Policiales. De ser cierta esta percepción prácticamente quedaría de lado la facultad del Ministerio Público de decidir si formaliza o no denuncia al Poder Judicial, y reducida su ac-tuación a ser mesa de partes de las denuncias que se presenten, sin posibilidad de tomar decisión en las que se invoque causales de inimputabilidad penal.

Sería conveniente que el Tribunal Constitucional aclare el fundamento 18 al que nos referimos, pues no creemos que lo que quiera es que el Ministerio Público pierda parte de sus atribuciones y facultades, con cuyo ejercicio podría librar de largos y tediosos procesamientos jurisdiccionales, a militares y policías denunciados, pero que actuaron en ejercicio legítimo de su autoridad y con uso reglamentario de sus armas.

Diario La Razón07 de agosto de 2010

PROCESOS INTERMINABLES

Tanto en el Tribunal Constitucional como en el Poder Judicial, se han dictado resoluciones que levantan medidas de detención o encarcelamiento, al estimar que la investigación en el Ministerio Público excede tiempo razonable o que el procesamiento jurisdiccional está injustificadamente retardado.

El levantamiento de las medidas de detención por los motivos señalados ha causado sorpresa y también enojo de algunos sectores, pero es un tema que hay que tratarlo sin apasionamientos y con mucha objetividad.

Antiquísimo refrán dice que “justicia tardía no es justicia”, y normalmen-te este tipo de dichos populares encierran mucha sabiduría. Quien ha sido de-nunciado por algún ilícito penal, tiene derecho a la presunción de inocencia, así como que la investigación por el Ministerio Público (Fiscalía) se realice dentro de plazos legales y razonables. Lo mismo para el juzgamiento luego de formulada la denuncia fiscal, juzgamiento que no puede diferirse a las calendas griegas y tenerse al procesado privado de su libertad, muchas veces con amplio exceso de los términos procesales.

Los Tratados sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte, al igual que nuestra Constitución, entre otros derechos vinculados con temática penal, consagran el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, y la posibilidad de encarar detenciones arbitrarias.

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En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal, será llevada sin demora ante un juez....y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad...”(art. 9 inc.3). El mismo Pacto añade que toda persona acusada de un delito tiene derecho “A ser juzgada sin dilaciones indebidas” (art.14 inc. 3 literal c). A mayor abundamiento, la Convención Ameri-cana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona “...a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...” (art. 8 inc 1)

Cuando se atenta contra el debido proceso por detenciones que exceden los plazos legales y la razonabilidad de ellos, también con arreglo a los Tratados de Derechos Humanos, el agraviado puede interponer recursos adecuados para que se ponga fin a la situación irregular. Nuestra Constitución lo permite expresa-mente al determinar que la “Acción de Habeas Corpus” procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos (art. 200 inc 1), sin olvidar que agotada la jurisdicción interna, el lesionado en sus derechos puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales de los que el Perú es parte (art. 205).

Con lo señalado es claro, que antes que criticar la cancelación de medidas privativas de libertad, lo que deberíamos cuestionar es la demora en la investiga-ción fiscal o en el procesamiento judicial, pues si cumplieran con los plazos lega-les, la situación sería diferente. Estos plazos tienen que distinguir los diferentes tipos de procesos, su complejidad, así como el número de los inculpados.

Diario La Razón17 de octubre de 2010

TC NO ES CONGRESO

Distinguido articulista de esta casa editora afirmó que el Tribunal Constitucional ha pasado de productor negativo, a productor positivo de normas, es decir legis-lador, y se ha constituido en una segunda Cámara por sus facultades implícitas.

Entre otras consideraciones recuerda el discurso inaugural del Presidente del TC en el año 2002 en que expresó que el Tribunal puede dictar diversos tipos de sentencias, por las cuales “se complementa, dinamiza, adecua y compatibiliza las leyes a la Constitución o se resuelven las incoherencias entre distintos precep-tos de la norma constitucional”.

Con respeto discrepamos pues el artículo 204 de la Constitución señala que con la sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma

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ella queda sin efecto. Esto es actuar como legislador negativo, pues la Constitu-ción no lo faculta a ser legislador positivo, que está reservado al Congreso y al Ejecutivo por delegación de aquel.

Si bien existe doctrina y jurisprudencia constitucional de otros países, que asigna al TC la atribución de llenar los vacíos que puede dejar la norma que ha expulsado del ordenamiento legal, no olvidemos que eso es en otras latitudes pero no en el Perú, en que el TC tiene que limitarse a las facultades que le ha otorgado la Constitución pero no asumirlas porque le viene en gana, invadiendo competencias que corresponden a otros poderes.

El mismo articulista en su dictamen del 17 de mayo del 2004 al Congreso, respecto al TC, expuso: “Y rechazo que sea una segunda cámara productora positiva de normas….No puede dictar sentencias usurpando potestades legisla-tivas porque incurrirían en usurpación de atribuciones y abuso de autoridad”. No dudamos que pueda haber variado de opinión, pero estimamos que la válida es la primigenia.

Frente a un discurso inaugural de gestión del 2002 al que se refiere el apre-ciado articulista, podemos confrontarlo con el de la apertura del año jurisdiccio-nal constitucional del 2009, en que se reconoció “que el Tribunal se ha excedido a veces en su celo” a lo que añade que “Para hacer ejercicio de la protección de la Constitución, el Tribunal no necesita invadir el campo destinado a otro órgano del Estado”. Más aún, en otro párrafo dice el entonces Presidente del TC que se debe “evitar el reproche social por desbordes o extralimitaciones, interviniendo sólo en lo que nos corresponde, sin invadir terrenos ajenos…”

En Derecho Público los poderes y órganos del Estado sólo pueden hacer lo que la normatividad los faculta y no otras, por más buena intención con la que pretendan hacerlo, derogar por inconstitucional si, pero de ningún modo susti-tuir lo derogado.

Diario Expreso24 de diciembre de 2010

EN BCR Y EN TC, DE PEOR A PÉSIMO

En anterior artículo comentábamos que al elegir a nuevos miembros en el Tribu-nal Constitucional así como a la titular de la Defensoría del Pueblo, el remedio había sido peor que la enfermedad.

Si bien de siete miembros del Tribunal Constitucional, uno solo no tenía mandato vencido, era urgente llenar las vacantes de seis magistrados constitu-cionales, algunos de ellos manteniendo el ejercicio del cargo varios años después

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de haber concluido su mandato. Lamentablemente la elección de parte del grupo de los escogidos para llenar las vacantes no había sido la idónea y acreditaba que lejos de haberse seleccionado a personas del ámbito del Derecho Constitucional y con neutralidad para el ejercicio de tan importante función, se había designado a personas sospechosas de falta de independencia, lo que generó la justificada protesta ciudadana.

En el caso de la Defensoría del Pueblo ocurrió algo similar a lo antes expre-sado, empero, la dos años postergada designación de los representantes del Con-greso en el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú no obtuvo obser-vaciones ni protestas, y por lo general fue bien recibida por la colectividad, pues se trata de personas con gran versación en materia económica, con reconocido prestigio profesional y moral, y con hojas de vida impecables.

Para arreglar el estropicio e invalidar la repartija tan cuestionada, el Congre-so ha borrado de un plumazo tanto las buenas designaciones que había hecho, como las cuestionadas. Metió a todos en un saco y sin siquiera ponerse al voto un texto de Resoluciones Legislativas, simplemente se dejaron sin efecto todos los nombramientos, pese a que no se había incurrido en nulidad, pero si en insensa-tez por decir lo menos tosco.

Bien pudieron dejar incólumes los nombramientos de los Directores del BCR, cuyos elegidos estaban dispuestos a asumir sus funciones y ahora por el manoseo de sus nombres no sabemos si querrán prestarse a nueva elección. ¿Quién pierde? Pues el país.

En el caso de los prestigiosos constitucionalistas y maestros universitarios: Blume, Eguiguren y Sardón, reciben un maltrato recusable, y nadie conoce si es-tarán dispuestos en el futuro a volver a participar en elección o en invitación para integrar el Tribunal Constitucional. ¿Quién pierde? También el país.

La indignación de la juventud por tanto desacierto y componenda debe ser escuchada, pues estamos hartos de corrupción, inmoralidad y encima impericia para resolver los problemas.

Diario Expreso26 de julio de 2013

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CONSTITUCIONALES

Pese a que todos los miembros del Tribunal Constitucional, salvo su Presidente, tienen mandato vencido y que el Tribunal advirtió al Congreso con tres meses de anticipación a la expiración de los nombramientos, hasta ahora el Parlamento no cumple con elegir a los reemplazantes.

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Como una comisión parlamentaria evalúa a los candidatos propuestos para sustituir a cinco magistrados que cesan, es conveniente que ella y el Pleno del Congreso tengan presente que los señores magistrados no constituyen un “pa-quete” sino que integran el órgano jurisdiccional más importante del país, al que le compete -entre otras- la función de conocer la acción de inconstitucionalidad de las leyes y otras que señala la Constitución.

Por la sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad de una norma, ella queda sin efecto y expulsada del ordenamiento legal a partir del día siguien-te de su publicación. Ello requiere que el Tribunal esté integrado por abogados de altísimo nivel académico, profesional, moral y democrático, motivo por lo cual la evaluación de los candidatos debe ser sumamente severa y no limitarse al cumplimiento de requisitos formales.

Los requisitos formales que deben cumplir los propuestos son la naciona-lidad peruana por nacimiento; estar en ejercicio de la ciudadanía; ser mayor de 45 años; haber sido Juez Supremo o Fiscal Supremo, o Juez Superior o Fiscal Su-perior durante 10 años; o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años.

La selección de candidatos y la elección por el Congreso no debe agotarse con la verificación de lo antes mencionado sino además buscar a los más califi-cados, auscultando sus antecedentes, su vocación democrática y de respeto a la institucionalidad jurídica, así como el pleno conocimiento de las competencias que ejercerán y de las que les están vedadas.

Lo señalado anteriormente es relevante para evitar que por el apellido de “supremo” que le dio la Ley Orgánica del TC a su facultad de intérprete de la Constitución como ella lo consideró, pueda pretender el TC como -lo ha hecho algunas veces- emitir sentencias que además de declarar la inconstitucionalidad de normas o de interpretarlas, también llene el vacío de las expulsadas del orde-namiento legal.

El Tribunal puede dejar sin efecto, pero no sustituir la ley desestimada, ya que ello es atribución del Congreso, a quien puede exhortar, pero cuyas funcio-nes no puede usurpar, por más que la doctrina extranjera o la legislación de otros países lo permitan. Mucho cuidado.

Diario Expreso07 de marzo de 2014

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CAMBIO EN EL TC

Por fin cumplió el Congreso con su tarea de nombrar a los reemplazantes de los magistrados que habían excedido el tiempo de su mandato en el Tribunal Cons-titucional. Siendo ello muy importante, no es suficiente para la institucionalidad jurídica del país.

Nuestro TC, tiene que enmendar algunos errores y superar deficiencias, siendo las más relevantes, entender que la Constitución únicamente le permite expulsar del ordenamiento legal la norma que declare inconstitucional, pero no puede reemplazar la norma derogada ni ordenar tampoco como llenar legislati-vamente el vacio. En caso de leyes ello es competencia congresal.

Por otro lado hay que terminar con la “amparitis” y con la exageración en medidas cautelares. Estamos perdiendo el principio de la cosa juzgada por exce-sos jurisdiccionales. Debe establecerse la facultad para el TC de escoger los casos emblemáticos para evitar el “todismo” y hacer que sus sentencias sean menos “mamotréticas”.

Diario El Comercio22 de mayo de 2014

PUBLICACIÓN DE SENTENCIAS

La Constitución obliga a la publicación de las leyes, lo que se hace en el diario oficial, en el que también se publican convenios internacionales de los el Perú es signatario o adherente, así como también diversas disposiciones que son de observancia general obligatoria expedidas por las distintas entidades de la admi-nistración pública y por los tres niveles gubernamentales.

Aprovechando las ventajas que la tecnología de la información pone a dis-posición del público para hacer más accesible al ciudadano el acervo normativo, se dictó el D.S. No 001-2009-JUS por el que se reglamenta la difusión de los pro-yectos de normas legales y de las que han sido sancionadas, permitiendo incluso la publicación de la norma en el diario oficial y sus anexos en el portal electrónico de la autoridad normativa.

En lo que se refiere a las sentencias de la Corte Suprema, la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena la publicación trimestral, también en el diario “El Pe-ruano”, de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales, y de las que los modifican.

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Ahora bien, en lo que se refiere a la publicación de las sentencias del Tribu-nal Constitucional, el Código Procesal Constitucional, diferencia las resoluciones de habeas corpus, amparo, habeas data, y acción de cumplimiento, de las sen-tencias en procesos de inconstitucionalidad, competencia y acción popular. Las sentencias del primer grupo se publican dentro de los diez días de su remisión a “El Peruano” y las del segundo grupo dentro de los tres días siguientes de su recepción.

Como consecuencia de lo que sería la enfermedad jurisdiccional que los abogados llamamos “amparitis”, en que se quiere resolver todo en ésa vía que es para cautelar parte de los derechos fundamentales, más no para todo tipo de causas como si fuera “maravilla curativa”, nos encontramos en “El Peruano” con nutridas y pesadas separatas que transcriben infinidad de sentencias que pocos revisan.

Debería modificarse el CPC para que solamente las sentencias del TC que generen norma legal, al igual que las competenciales, y las que contengan juris-prudencia obligatoria se publiquen en el diario oficial además del portal electró-nico. Las demás solamente en el portal electrónico. Sería ahorro para el Estado y menos uso innecesario de papel.

Diario Expreso17 de octubre de 2014

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TRIBUTACIÓN

BOLSA Y TRIBUTACION

Se viene tratando en nuestro Parlamento algunos proyectos de ley que versan sobre la tributación de las ganancias en Bolsa, esto es de la ganancia de capital cuando se venden valores mobiliarios en el mercado bursátil a precio mayor al que fueron adquiridos.

Nadie duda que como regla general toda ganancia o utilidad debe tributar el Impuesto a la Renta, siendo absolutamente legítimo que el Estado participe en un porcentaje determinado de la ganancia que generan actividades lucrati-vas. Sin embargo es bueno reflexionar si la oportunidad a partir de la cual se pretende gravar la utilidad o beneficios de operaciones en Bolsa de Valores es el conveniente y si los mecanismos para determinar y registrar la utilidad corres-pondiente son los adecuados.

Respecto a la oportunidad estimamos que aún no es propicia para ello, dado que por la crisis económico-financiera a nivel mundial que aún nos perjudica aunque siendo sinceros en menor profundidad que en otros países, debemos for-talecer y hacer atractivo nuestro mercado bursátil, que es todavía muy limitado y que recién desde hacen pocos años se ha ido convirtiendo en un mecanismo de obtención de recursos para las actividades productivas de las Empresas que listan sus valores en Bolsa.

Debemos recordar que el inversor compra acciones y bonos de empresas que cotizan en la Bolsa, con la finalidad primordial de tener o utilidades o una renta fija por las cuales tributa el Impuesto a la Renta. Si adicionalmente especula en el mercado bursátil tratando de comprar barato para luego cuando suba la cotización recibir un beneficio adicional, pues en buena hora, ello debe tributar, pero por favor, todavía no pues nuestro mercado es incipiente.

Los proyectos de ley en debate parlamentario, en algo se parecen al embudo, pues tienen un lado ancho y otro muy angosto. Lo ancho para el Estado y lo an-

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gosto para el contribuyente. Lo explicamos. Cuando hay ganancia de capital por la comercialización de valores a precio superior al de adquisición, al beneficio se le aplica el Impuesto a la Renta, pero cuando hay pérdida debido a que se vende por debajo del precio de compra, ése hecho no lo reconoce el Estado, el cual se convierte en socio del inversor cuando gana pero se hace de la vista gorda cuan-do pierde. ¡Qué tal raza! En caso de imponerse tributación a la ganancia también deben considerarse las pérdidas, tal como es en las Empresas en que las pérdidas se arrastran hasta por cuatro años, ergo se deducen de las futuras utilidades.

No puede pasar desapercibido el hecho en que por la contracción del crédito en el mundo, debido a la crisis internacional por todos conocida, gravar ganan-cias bursátiles podría desincentivar a los inversionistas por la forma tosca como se pretende, lo que podría derivar en una desaceleración del crecimiento empre-sarial, lo que es perjudicial para la economía nacional.

Las organizaciones que más conocen el tema, como son la Bolsa de Valores de Lima, Cavali, y la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, han alertado sobre los riesgos existentes y las deficiencias en los mecanismos para el pago del tributo, las retenciones e incluso el cálculo del costo computable. Más aún hay inequidad por las diferencias que existirían en la tributación a inversores extran-jeros y nacionales, pues a los primeros se les afectaría con el 5% mientras que a los nuestros la tributación variaría entre el 15 y el 30%, con olvido por ejemplo que los inversionistas extranjeros que adquieren ETF no están gravados cuando venden por tratarse de fuente externa.

Conforme se puede apreciar, el tema por el momento no está maduro, sien-do perfectamente atendible la pretensión de los operadores de Bolsa de postergar la aplicación del tributo para mejor ocasión.

Diario La República29 de marzo de 2002

PRORROGA DEL RESIT

Un gran sector de contribuyentes solicitó facilidades para el pago de sus obliga-ciones tributarias pendientes.

El pedido fue sustentado en el hecho que la deuda original había crecido artificialmente por las sanciones é intereses y por la capitalización periódica de estos últimos.

La mora en el pago de las obligaciones tributarias se originó en la recesión económica que nos agobia, la ruptura de la cadena de pagos y la salida del mer-cado de muchísimas empresas. El retraso en el cumplimiento de obligaciones

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tributarias no era pues debido a la falta de voluntad de pago, sino en la imposi-bilidad de pago.

Para paliar la situación y propender a que los deudores tributarios conti-núen en el mercado y no pasen a la informalidad, se propuso un sistema de since-ramiento de la deuda tributaria, recalculándola a su valor histórico y actualizán-dola con factor de corrección monetaria. La deuda resultante podría ser pagada al contado o a plazos.

Por Ley 27681 publicada el pasado 8 de Marzo, se aprobó el Régimen de Sinceramiento de las Deudas Tributarias (RESIT), dentro de los planteamientos antes expuestos. El plazo para acogerse al RESIT vence el 31 de Marzo del 2002, plazo perfectamente lógico, si es que el Poder Ejecutivo hubiera reglamentado la Ley oportunamente.

Lamentablemente, la Ley 27681 recién se reglamentó por D.S. 064-2002-EF publicado el 10 de Abril, o sea más de un mes después de publicada la Ley.

El 23 de Abril SUNAT publicó la Resolución de Superintendencia Nº 038-2002-SUNAT, por la que aprobó las Tablas de Factores de Actualización de las Deudas Tributarias, la Tabla de Factores de Interés Diario y la Tabla de Facto-res de Cálculo de las Cuotas de Fraccionamiento.

La misma Resolución SUNAT antes aludida preceptúa que quienes quieran acogerse al RESIT deben presentar su solicitar mediante Formulario Virtual, el que se puso en conocimiento de los interesados a partir del 25 de Abril.

El procedimiento de Aduanas, para que los deudores de tributos aduaneros puedan acogerse al RESIT aprobado por Resolución de Intendencia Nacional Nº 000ADL/2002-000123, fue publicado oficialmente el 29 de Abril.

Conforme puede observarse, si bien la Ley del RESIT está vigente desde el 9 de Marzo –día siguiente a su publicación- y teóricamente los contribuyentes tenían 3 semanas de dicho mes, más el mes de Abril y el de Mayo para acogerse a la norma, en la práctica ello no era posible por falta de Reglamento, Tablas de Cálculo y formularios.

Unicamente desde el 30 de Abril los contribuyentes tienen toda la informa-ción y formularios para acogerse al RESIT. Desde esa fecha, hasta el vencimiento del plazo para acogerse, solo hay un mes, y no los supuestos casi 3 meses que en teoría existía para ello.

Es obvio que con un solo mes, será prácticamente imposible lograr que la mayoría de deudores de tributos se acojan al RESIT, por lo que se hace indispen-sable que el Congreso de la República sancione oportunamente ley por la que se amplíe hasta Junio el plazo para acogerse al citado régimen.

Diario Síntesis24 de mayo de 2002

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INEQUIDAD TRIBUTARIA

En materia tributaria hay divorcio entre la realidad y el mundo virtual.Mientras que el sufrido contribuyente vende a plazos, el fisco le cobra IGV al

contado y muchas veces dicho IGV es mayor a la cuota inicial del precio.Mientras que el mismo contribuyente, por más esfuerzos que hace en sus ne-

gocios, no tiene renta, el fisco lo trata como si la tuviera y le hace pagar anticipos mensuales del Impuesto a la renta, tenga o no utilidades.

Como si lo anterior fuera poco, la dicotomía entre la realidad y la ficción se hace mayor, y al crecer la angustia fiscal se obliga al contribuyente a pagar un segundo adelanto del Impuesto a la Renta, vinculándolo con los activos fijos. Con renta o sin renta, de todos modos tienes que pagar mes a mes, calladito y sin dudas ni murmuraciones.

Como la Administración Fiscal aún no ha llegado al grado de eficiencia de-seado, aunque está en camino, hace que los contribuyentes realicen su labor y los obliga a que tengan que efectuar retenciones tributarias a sus proveedores de bienes y servicios.

El paroxismo impositivo llegó al climax cuando semanas atrás se intentó aprobar en el Congreso, la ley que obligaba a tributar Impuesto a la Renta por renta ficta de predios desocupados. No hay renta, el propietario tiene que sufra-gar servicios, impuesto predial y arbitrios, pero además querían obligarlo a que tributará por la renta inexistente. El mundo virtual tributario por encima de la realidad. Felizmente tales propósitos no prospero.

Ahora en el colmo del doble estándar tributario se ha fijado el interés que debe pagar la Administración Fiscal por el retraso en devolver los tributos paga-dos en exceso en el 0.40 % mensual cuando la devolución es en moneda nacional y 0.15 % mensual cuando la devolución es en moneda extranjera.

Sin embargo, al contribuyente por el retraso le hacen pagar el 1.50 % men-sual de interés cuando el tributo es en moneda nacional y el 0.84 % mensual cuando el tributo es en moneda extranjera.

Esto es inequitativo, esperando que en el futuro se pueda ampliar la base tributaria, para no seguir afectando siempre a los mismos contribuyentes, con un sistema tributario irreal en que pagas adelantos impositivos por renta inexisten-te, pagas por adelantado el IGV cuando vendes a plazos, y para colmo cuando pagas en exceso te devuelven con intereses diminutos.

Diario Síntesis29 de noviembre de 2002

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NOS ESQUILMAN

En materia tributaria hay divorcio entre la realidad y el mundo virtual.Mientras que el sufrido contribuyente vende a plazos, el fisco le cobra IGV al

contado y muchas veces dicho IGV es mayor a la cuota inicial del precio.Mientras que el mismo contribuyente, por más esfuerzos que hace en sus ne-

gocios, no tiene renta, el fisco lo trata como si la tuviera y le hace pagar anticipos mensuales del Impuesto a la renta, la tenga o no la tenga.

Como si lo anterior fuera poco, la dicotomía entre la realidad y la ficción se hace mayor, y al crecer la angustia fiscal se obliga al contribuyente a pagar un segundo adelanto del Impuesto a la Renta, vinculándolo con los activos fijos. Con renta o sin renta, de todos modos tienes que pagar mes a mes, calladito y sin dudas ni murmuraciones.

Como la Administración Fiscal aún no ha llegado al grado de eficiencia deseado, aunque está en camino, hace que los contribuyentes realicen su labor y los obliga a que tengan que efectuar retenciones tributarias a sus proveedores de bienes y servicios.

El paroxismo impositivo llegó al climax cuando semanas atrás se intentó aprobar en el Congreso, la ley que obligaba a tributar Impuesto a la Renta por renta ficta de predios desocupados. No hay renta, el propietario tiene que sufra-gar servicios, impuesto predial y arbitrios, pero además querían obligarlo a que tribute por la renta inexistente. El mundo virtual tributario por encima de la realidad. Felizmente tal despropósito no prosperó.

La inflación del 2002 fue del 1.52% y el incremento de los precios al por ma-yor fue del 1.67% en el mismo período. Sin embargo, los aranceles de terrenos y los precios unitarios de edificación los incrementan excesivamente, de forma tal que el Impuesto Predial para el 2003 aumenta entre el 10% y el 15%, esto es de por lo menos el 600% de la inflación.

Ahora en el colmo del doble estándar tributario se ha fijado el interés que debe pagar la Administración Fiscal por el retraso en devolver los tributos pagados en exceso en el 0.40 % mensual cuando la devolución es en moneda nacional y 0.15 % mensual cuando la devolución es en moneda extranjera. Empero al contribuyente por el retraso le hacen pagar el 1.50% mensual de interés cuando el tributo es en moneda nacional y el 0.84 % mensual cuando el tributo es en moneda extranjera.

Esto es inequitativo, esperando que en el futuro se pueda ampliar la base tri-butaria, para no seguir afectando siempre a los mismos contribuyentes, con un sistema tributario irreal en que pagas adelantos impositivos por renta inexistente, pagas por adelantado el IGV cuando vendes a plazos, y para colmo cuando pagas en exceso te devuelven con intereses diminutos.

Diario Liberación22 de febrero de 2003

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ESPECTACULOS Y TRIBUTACION

El tema de los espectáculos y la tributación aplicable a ellos, ha adquirido noto-riedad y actualidad, cuando se pretende por un sector de los parlamentarios, que se reduzca la misma, al considerar que es muy alta y que por ello desmotiva que vengan al Perú espectáculos artísticos de valía.

Es conocido como axiomático, que cuanto las tasas tributarias son abusiva-mente altas, el efecto es que en lugar de recaudarse más, pues se recauda menos, en consecuencia el tema debe tratarse con mucha seriedad y objetividad.

La realidad es que como regla general, por los espectáculos públicos no de-portivos se tributa el Impuesto General a las Ventas (IGV) en la tasa del 19% que incluye el 2% del Impuesto de Promoción Municipal que va a los Municipios, y el Impuesto a los Espectáculos propiamente dichos, con diferentes tasas, pero la más general es del 15%, con lo cual si sumamos el IGV más el Impuesto a los Espectáculos No Deportivos, ya tenemos más de la tercera parte del valor de la entrada al espectáculo. A ello hay que agregar el Impuesto a la Renta que sufraga la empresa promotora o gestora del espectáculo, así como el citado Impuesto a cargo de los artistas.

Los que promueven la rebaja de la tributación a los espectáculos alegan con razón que su severidad y elevado nivel no hacen atractivas para ellos los escena-rios nacionales, mientras que los Municipios y sus defensores se atrincheran para mantener el actual estado de cosas. Los últimos señalan como justificación que cuando hay espectáculos hay una mayor intervención de la autoridad municipal y es mayor también su actuación para limpiar las calles de los alrededores de donde se efectúan los espectáculos. Ambas posiciones tienen justificación, pero lo que no es razonable es que no se puedan conciliar.

Creemos que hay que mantener el Impuesto a los Espectáculos Públicos No De-portivos, pero reducir su tasa, para que no sea impedimento que nos prive de buenos y calificados espectáculos, y por ende para que los Municipios tengan recursos para los servicios que tienen que incrementar como consecuencia de los espectáculos.

Sin embargo, el tema no se agota en la reducción del Impuesto a los Espec-táculos Públicos No Deportivos, pues hay que agregar la definición del tema de las exoneraciones y de quien las otorga, pues aún subsiste sobre el particular una dicotomía.

Para el IGV se encuentran exopnerados los espectáculos en vivo de zarzuela, teatro, conciertos de música clásica, opera, opereta, ballet, circo y folclore nacio-nal, calificados como espectáculos culturales por una comisión integrada por el Director del Instituto Nacional de Cultura, un representante de la Universidad Pública más antigua y un representante de la Universidad Privada más antigua.

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Para el Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, felizmente hoy existe coherencia de cuales pueden ser exonerados, que son los mismos que para el IGV, pero en donde a diferencia del primero, quien califica el espectáculo de interés cultural para la exoneración es el Instituto Nacional de Cultura. En esto último si hay dicotomía, pues mientras para el IGV el INC es uno de tres inte-grantes de la comisión calificadora de la exoneración, en el Impuesto a los Espec-táculos es el único, lo que puede llevar a decisiones diferentes tratándose de un mismo espectáculo. Esto debería corregirse.

Es además destacable que el INC tenga decidida participación, pues para que el Estado renuncie a cobrar Impuestos, debe haber una razón valedera. En los espectáculos no deportivos, que ellos tengan importancia y calidad cultural, los espectáculos que el Estado quiera promover para elevar el nivel cultural del país, no cualquier espectáculo como sucedió hace algunos años en que escandalo-samente se otorgó exoneración para los ejecutores musicales del “Santo Cachón”.

Diario Expreso17 de noviembre de 2007

BOLSA Y TRIBUTACION

Se viene tratando en nuestro Parlamento algunos proyectos de ley que versan sobre la tributación de las ganancias en Bolsa, esto es de la ganancia de capital cuando se venden valores mobiliarios en el mercado bursátil a precio mayor al que fueron adquiridos.

Nadie duda que como regla general toda ganancia o utilidad debe tributar el Impuesto a la Renta, siendo absolutamente legítimo que el Estado participe en un porcentaje determinado de la ganancia que generan actividades lucrati-vas. Sin embargo es bueno reflexionar si la oportunidad a partir de la cual se pretende gravar la utilidad o beneficios de operaciones en Bolsa de Valores es el conveniente y si los mecanismos para determinar y registrar la utilidad corres-pondiente son los adecuados.

Respecto a la oportunidad estimamos que aún no es propicia para ello, dado que por la crisis económico-financiera a nivel mundial que aún nos perjudica aunque siendo sinceros en menor profundidad que en otros países, debemos for-talecer y hacer atractivo nuestro mercado bursátil, que es todavía muy limitado y que recién desde hacen pocos años se ha ido convirtiendo en un mecanismo de obtención de recursos para las actividades productivas de las Empresas que listan sus valores en Bolsa.

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Debemos recordar que el inversor compra acciones y bonos de empresas que cotizan en la Bolsa, con la finalidad primordial de tener o utilidades o una renta fija por las cuales tributa el Impuesto a la Renta. Si adicionalmente especula en el mercado bursátil tratando de comprar barato para luego cuando suba la cotización recibir un beneficio adicional, pues en buena hora, ello debe tributar, pero por favor, todavía no pues nuestro mercado es incipiente.

Los proyectos de ley en debate parlamentario, en algo se parecen al em-budo, pues tienen un lado ancho y otro muy angosto. Lo ancho para el Estado y lo angosto para el contribuyente. Lo explicamos. Cuando hay ganancia de capital por la comercialización de valores a precio superior al de adquisición, al beneficio se le aplica el Impuesto a la Renta, pero cuando hay pérdida debido a que se vende por debajo del precio de compra, ése hecho no lo reconoce el Estado, el cual se convierte en socio del inversor cuando gana pero se hace de la vista gorda cuando pierde. ¡Qué tal raza! En caso de imponerse tributación a la ganancia también deben considerarse las pérdidas, tal como es en las Empresas en que las pérdidas se arrastran hasta por cuatro años, ergo se deducen de las futuras utilidades.

No puede pasar desapercibido el hecho en que por la contracción del crédito en el mundo, debido a la crisis internacional por todos conocida, gravar ganan-cias bursátiles podría desincentivar a los inversionistas por la forma tosca como se pretende, lo que podría derivar en una desaceleración del crecimiento empre-sarial, lo que es perjudicial para la economía nacional.

Las organizaciones que más conocen el tema, como son la Bolsa de Valores de Lima, Cavali, y la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, han alertado sobre los riesgos existentes y las deficiencias en los mecanismos para el pago del tributo, las retenciones e incluso el cálculo del costo computable. Más aún hay inequidad por las diferencias que existirían en la tributación a inversores extran-jeros y nacionales, pues a los primeros se les afectaría con el 5% mientras que a los nuestros la tributación variaría entre el 15 y el 30%, con olvido por ejemplo que los inversionistas extranjeros que adquieren ETF no están gravados cuando venden por tratarse de fuente externa.

Conforme se puede apreciar, el tema por el momento no está maduro, sien-do perfectamente atendible la pretensión de los operadores de Bolsa de postergar la aplicación del tributo para mejor ocasión.

Diario La Razón06 de diciembre de 2009

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LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SOSPECHOSOS ATAJOS

Con los tributos que pagamos los contribuyentes se mantiene el aparato estatal, se realizan las obras públicas, así como se adquieren los suministros, bienes y servicios que el Estado requiere, convirtiéndose el mismo en el más importante cliente de constructoras y el más grande comprador de bienes y servicios.

Con la finalidad que los recursos públicos se empleen adecuadamente, con transparencia, a los mejores precios y calidad, y sin que exista “fuga” de dinero, de materiales y de otros bienes, ni se contrate por amiguismo o para recibir comi-siones, nuestro ordenamiento constitucional y legal ha dispuesto que las obras y adquisiciones con utilización de dineros del Sector Público se ejecuten obligato-riamente por contrata y licitación pública.

Las obras y adquisiciones deben estar debidamente presupuestadas, inclui-das en el Plan Anual de Contrataciones, registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), y haberse aprobado los programas de inversión, entre otros requisitos. Para racionalizar los recursos se pueden hacer hasta adquisiciones corporativas e incluso subasta inversa.

El debido control y fiscalización de los recursos del Estado y su utilización, es indispensable y para ello existe la Contraloría General de la República.

Por la complejidad de las disposiciones legales en materia de licitaciones, concursos y contrataciones del Estado así como por la morosidad de sus pro-cesos, algunas entidades del Estado que ejecutan obras y que adquieren bienes y servicios, frecuentemente confían tales acciones a organismos internacionales, los cuales tienen sus propias reglas y plazos menos rigurosos que la normativi-dad legal nacional.

Los organismos internacionales más utilizados con la finalidad de encar-garse de los procesos de selección, licitación, concurso o adquisición de bienes y servicios son la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Orga-nización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

Cuando se emplean organismos internacionales como los antes menciona-dos, el organismo público nacional contratante, le paga una retribución, lo que encarece el proceso, que aunque es ello legítimo tiene sus bemoles, pues los pri-meros teniendo objetivos y finalidades previstas en sus instrumentos constituti-vos, están controlando procesos de selección, licitación, y adquisiciones que no necesariamente son los de su especialidad.

Lo que es más grave, la utilización de esos organismos internacionales, que tendría que ser como excepción, muchas instituciones públicas lo hacen como rutina, obviando en ésa forma el cumplimiento de la normatividad nacional ordi-

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naria. Peor aún, con tal sistema de excepción convertido indebidamente en regu-lar, se amplían obras y adquisición de bienes y servicios sobre los topes máximos permitidos en las regulaciones nacionales.

Lo que si ya llega al colmo es que hay ocasiones en que el empleo de los cita-dos organismos internacionales se hace con el propósito de evitar la fiscalización de la Contraloría, ya que aquellos se resisten a dar cuenta de sus actos, no siem-pre colaboran con el ente de control ni menos aún le proporcionan la documen-tación de los casos encomendados, bajo el pretexto de inmunidades, las que no pueden dejar desprotegido al Estado y a sus entidades ejecutoras y contratantes.

Si bien la búsqueda de procedimientos que hagan más expeditivas las con-trataciones del Estado es legítima, no puede ello convertirse en atajo de la vía legal correcta con el control de los recursos públicos, pues ello puede derivar en corrupción, la que debe ser evitada.

Diario La Razón11 de julio de 2010

EXIGE TU COMPROBANTE

SUNAT ha emprendido una campaña bajo el título “exige tu comprobante”, des-tinada a los compradores de bienes y usuarios de servicios, para que exijan a quienes los venden y a quienes los otorgan, respectivamente, el correspondiente comprobante, el que como se sabe puede ser factura, boleta de venta, ticket de máquina registradora, o recibo por honorarios.

Nos parece muy adecuado que SUNAT sensibilice a compradores y usua-rios, para que exijan que quien les proporcionan bienes o les brinden servicios, les entreguen el correspondiente comprobante que acredite la operación, pues en ésa forma se evitará el tan reprobable “San Francisco” que es como usualmente se denomina al operar “Sin Factura”, con perdón del milagroso Santo que no le dará indulgencia alguna a “Pepe el vivo”.

La omisión de entregar comprobante por la venta o prestación de servicios, afecta al Estado y al Municipio, que dejan de percibir el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, y además el primero tampoco percibe el Impuesto a la Renta por los beneficios que las actividades lucrativas reportan al evasor.

La omisión de entrega del comprobante de pago formal de la operación evi-dentemente es para no tributar, y al no hacerlo se deja de contribuir con el sos-tenimiento del Estado en todos sus niveles, como son nacional, regional y local.

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¿Cómo exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones de educación, salud, seguridad, infraestructura vial y tantas otras, si es que no se le dota de los recur-sos para ello?

La ciudadanía tiene que tomar conciencia que la evasión constituye no so-lamente delito, sino que afecta a la moral pública, y lo que es peor, cuando no es descubierta y sancionada, desmotiva al buen contribuyente cumplidor de sus obligaciones.

La campaña publicitaria iniciada por la SUNAT, y que saludamos con el mayor aprecio, busca que el ciudadano común y corriente se convierta en un eficiente aliado del Estado para hacer que todos tributen, pues exigiendo el com-probante, el que lo otorga se verá obligado a registrarlo y al registrarlo dejará la huella para que si no paga el tributo, la SUNAT le caiga encima y lo obligue al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las sanciones pertinentes.

El adquiriente de los bienes, así como el usuario de servicios, debe tener claramente presente que al exigir el comprobante respectivo no sólo están cum-pliendo con una obligación legal-tributaria, sino que ello le conviene, pues cuanto más personas cumplan con tributar, el Estado podrá hacer más escuelas; atender más postas médicas; dotar de agua potable a las poblaciones que carecen de ella; edificar más comisarías; asfaltar más caminos rurales; construir más carreteras; pagar mejor a maestros, policías, militares y tantos otros funcionarios con retri-buciones inadecuadas.

Para acompañar a la publicidad y que ella logre su cometido, habría que dar más facilidades a los contribuyentes para que escojan el sistema que les acomode para hacer sus declaraciones fiscales, sin olvidar que la modernidad informática no está difundida totalmente.

Algo adicional y que dice mucho de quien jefatura la SUNAT: No aparece su rostro en la publicidad. No hay aprovechamiento personal a costa del erario nacional, y por ello no hay motivo de cuestionamiento.

Diario Expreso03 de setiembre de 2010

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS

El Gobierno anunció la rebaja del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto a las Transacciones Financieras. La rebaja del primero es en un punto porcentual, regresándose a la tasa previa al aumento en el 2003 en que se elevó del 16 al 17% manteniéndose en el 2% el Impuesto de Promoción Municipal que se cobra junto

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con el IGV. El ITF se reduce en cuanto a la tasa en forma significativa, aunque no la cobranza que siempre fue moderada pues su finalidad no era recaudatoria sino de formalización económico-financiera vía la bancarización.

Como sabemos el IGV no es otra cosa que lo que en otros países se llama el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que afecta la venta de bienes y prestación de servicios, deduciéndose de su importe lo sufragado en la etapa previa por el suministrador de insumos, adquisición de partes, piezas y demás bienes y servi-cios. Este impuesto en nuestra patria sustituyó al antiguo Impuesto a los Bienes y Servicios que se aplicaba en cascada.

Muchos aplauden el anuncio de ambas reducciones, aunque solamente nos sumamos a una de ellas, esto es la del ITF que bien pudo ser eliminado, pues como repetimos su objetivo no era su recaudación sino la formalización del apa-rato económico del país.

Respecto al IGV se ha expresado que beneficiará al consumidor de bienes y usuario de servicios, pues pagarán menos por ellos. Esto es irreal y se puede demostrar con la experiencia en el Sector Salud pues cuando se eliminó aranceles e IGV a las medicinas oncológicas, ellas no llegaron al público en menor precio. El Estado renunció a la recaudación pero el ahorro no se trasladó al consumidor.

Nadie duda que a mayores tasas impositivas el tributo se torna regresivo y a todos nos gustaría que las tasas fueran menores, pero debemos ser realistas pues cuando se aprobó el Presupuesto General de la República para el presente año fue con la tasa de IGV del 19% (17 de IGV y 2% de IPM) y no con el 18%, por lo cual tendrá que cubrirse la diferencia, lo que significa que se deberá disminuir egresos o tener mayor eficiencia en la recaudación y otras medidas sustitutorias de lo que se dejará de percibir, o meterse mano al fondo de contingencia lo que sería absolutamente peligroso.

Supongamos que el menor ingreso fiscal por el IGV esté adecuadamente com-pensado y que no afectará a las obligaciones fiscales presupuestadas para el pre-sente año, pero ello no soluciona otras obligaciones que tiene el Estado y que las ha ido pateando para adelante, como por ejemplo el incremento remunerativo por etapas requerido para Fuerzas Armadas y Policiales, sin olvidar sus necesidades logísticas para recuperar la capacidad disuasiva de las primeras y mejorar el rendi-miento de las segundas en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades.

La reducción de tasas impositivas se practica cuando las obligaciones del Estado están satisfechas y debidamente financiadas, y no cuando hay sectores en que el Estado debe ocuparse con mayor esfuerzo.

Diario La Razón20 de febrero de 2011

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SOBRECOSTO ONEROSO A SOCIEDADES PEQUEÑAS

Tradicionalmente las sociedades mercantiles, ante la necesidad de conseguir fi-nanciamiento para sus operaciones, recurrían a las entidades crediticias. Luego ampliaron las modalidades para levantar los fondos necesarios para sus activi-dades, sea con la emisión de obligaciones que se colocan en el mercado, sea con la emisión de acciones en procesos de su constitución social o de aumento de capital, que se ofertan igualmente a terceros.

El Estado para proteger el ahorro de las personas y evitar que sean burla-das mediante oferta de obligaciones o de acciones sin el debido respaldo y sin la indispensable seriedad del emisor, creó la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), la que tiene como responsabilidad primordial cautelar los intereses de los inversionistas de acciones o valores que se ofertan por lo general en el sistema bursátil o cualquier otro mecanismo de ofrecimiento abierto al público o limitado a un sector del mismo.

Por regla general las Sociedades que listan sus acciones y obligaciones en Bolsa, están obligadas a presentar a CONASEV sus estados financieros certifi-cados por auditores independientes. Aún no oferten sus títulos de acciones u obligaciones al mercado, las sociedades sea por estatuto o por acuerdo posterior de socios, puede disponer que la sociedad tenga auditoría externa anual, y quie-nes no la tienen con el carácter permanente la pueden contratar eventualmente, y en todos dichos casos mediante acuerdo de socios con únicamente no menos del diez por ciento de las acciones que representan, lo que constituye garantía y protección a las minorías.

El tema de las auditorías no está circunscrito a las grandes empresas que listan en la Bolsa, como antes hemos visto, puesto que hasta las sociedades anó-nimas cerradas pueden acordarla.

Recientemente se ha dictado normatividad mediante la Ley 29720 para promo-ver las emisiones de valores mobiliarios y para fortalecer el mercado de capitales, lo que está muy bien y es encomiable. Empero bajo el disfraz de transparencia, la misma Ley ha determinado que las sociedades o entidades distintas a las que están bajo la supervisión de CONASEV, deben presentarle sus estados financieros audi-tados por sociedades de auditoría habilitadas por un colegio de contadores del país. Esta obligación tiene como requisito que las sociedades fuera de la supervisión de CONASEV tengan ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus activos totales sean iguales o excedan a 3,000 UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, ergo el valor de los ingresos o activos es en la actualidad de S/. 10’800,000.

Como puede observarse se ha incluido en la obligación de tener auditoría externa y presentar a CONASEV estados financieros auditados, a sociedades pe-

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queñas, con ingresos mensuales ligeramente superiores al millón de soles, lo que nos parece un despropósito y un sobrecosto para sociedades de ingresos limita-dos o con activos no significativos, y encima bajo la amenaza de multa, cuando como hemos señalado voluntariamente podía contratar auditoría, si es que así lo quisieran. Ahora tendrán que contratar y solventar auditoría externa indepen-diente anual y presentarla a CONASEV obligatoriamente. Ojalá que en el nuevo Congreso se proponga derogar dicha innecesaria y onerosa obligación.

Diario La Razón17 de julio de 2011

¿FACILITAN O COMPLICAN?

El Estado, para cumplir con sus obligaciones con la sociedad, es decir con todos los administrados, necesita de ingresos, y estos se dan vía la tributación. Es deber cívico y legal que las personas naturales y jurídicas contribuyan al sostenimiento del Estado para que este pueda atender a todos.

Si el contribuyente es el “soberano” lo lógico es que la administración tribu-taria les otorgue todas las facilidades posibles para que presente sus declaracio-nes y pague sus tributos.

Tradicionalmente las declaraciones tributarias y los pagos de impuestos, contribuciones y tasas se hacían con formularios impresos en papel, que los obligados debían llenar y presentar. Cuando llegó el modernismo informático, el Código Tributario autorizó a la administración fiscal a establecer para de-terminados contribuyentes, el uso de medios magnéticos, y es así que se dise-ñaron “Programas de Declaración Telemática” (PDT) y se estableció una lista interminable de quienes por una u otra causa tendrían que utilizar formularios virtuales generados por los PDT y presentar sus declaraciones determinativas de tributos mediante disquetes y con el programa aprobado por SUNAT. El contribuyente debe usar código de envío, contraseña, e incluso el disquete que-da encriptado.

El uso de formularios impresos en papel, en la práctica es para un universo reducido de contribuyentes, y si bien en teoría podríamos decir que el avance tecnológico sería beneficioso para el contribuyente y para el fiscalizador, en la práctica no siempre lo es, primero porque no todos los contribuyentes tienen acceso a la informática, la mayoría son pequeños contribuyentes, inclusive micro empresarios que hacen de todo en sus empresas y que muchas veces encuentran que se “colgó” el sistema, o le rechaza el programa de lo que pretenden presen-

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tar, y si están con las justas para cumplir con los plazos, el rechazo imposibilita la presentación oportuna, ocasionando sanciones y multas.

Ni el Perú es Lima, ni los distritos capitalinos son San Isidro, La Molina o Surco, y creer ello es desconocer las deficiencias que aún tenemos en el país. Por ello nos preguntamos si es que no sería más lógico que el contribuyente me-nor pudiera optar por seguir utilizando el mecanismo tradicional, procediendo SUNAT a escanearlas una vez recibidas, y las convierta, mediante programas informáticos adecuados, al que ella disponga.

La arquitectura de nuestro sistema tributario está concebida en todo para el fiscalizador y muy poco para el contribuyente, pues este tiene que asumir obliga-ciones que en estricto corresponden a SUNAT. El contribuyente no ha cobrado el íntegro del precio del bien o servicio que transfiere, pero tiene que pagar el IGV por el todo, pese a que muchas veces la cuota inicial que recibe es menor que el impuesto total. Tiene también que realizar pagos anticipados por renta que aún no se ha generado ni menos determinado. Está obligado a ser recaudador fiscal como ente perceptor o retenedor de impuestos, y asimismo cumplir con las “de-tracciones”. Pese a todo le complican la existencia con los PDT y otras innovacio-nes, sin tener en cuenta que el contribuyente debería decidir qué usar, como por ejemplo en la medicina, que por más avances tecnológicos y científicos, siempre puede acceder a la “tradicional”, y ojo, no estamos hablando ni de curanderismo ni de chamanes.

Revista Gente Nº 156703 de agosto de 2011

PAGAR TODOS PARA PAGAR MENOS

Machaconamente, la administración tributaria, desde hace muchos años nos dice que debemos pagar nuestros impuestos y que hay que ayudarla para que todos los que están obligados a pagarlos lo hagan, a tiempo y completo.

Tradicionalmente para solventar las crecientes necesidades recaudatorias del Estado, a fin de cumplir con sus obligaciones, recurría al fácil camino de crear más tributos o aumentar las tasas de los existentes, olvidando el conocido efecto regresivo que tiene en la recaudación la exagerada voracidad fiscal. Cuando in-teligentemente se racionalizó el número de tributos y se fijaron tasas realistas, la recaudación creció.

Después SUNAT creó infinidad de mecanismos para que las personas la ayuden a recaudar, exigiendo a quienes venden bienes y servicios, la entrega del

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comprobante de venta, sea boleta o factura. Uno de los mecanismos fue el sorteo de comprobantes de pago, aunque no se sabe mayormente de su resultado, y si él no fue el esperado, ello pudiera corresponder a falta de motivación por premios no significativos, o insuficiente promoción y publicidad del sorteo.

Otro de los mecanismos que empleó la SUNAT para lograr que los vendedo-res de bienes o prestadores de servicios entreguen los comprobantes de pago, fue el de tener fedatarios que adquirieran bienes en los establecimientos abiertos al público, así como que usaran servicios ofertados por terceros. Luego levantaban acta donde se dejaba constancia sobre si le habían entregado el correspondiente comprobante de pago a tiempo y por el importe pagado. Posteriormente con dicho elemento probatorio SUNAT hacía su trabajo.

Si bien algunos mecanismos pueden ser más exitosos que otros, todos con-vergen al mismo objetivo que es el de elevar la recaudación, aunque creemos que el más importante es el de motivar racionalmente al ciudadano para que exija comprobantes de pago por los bienes que adquiere y por los servicios que utiliza. Indiscutiblemente si se otorga comprobante de pago por todos los bienes y servi-cios que se comercializan, habrá más contribuyentes y mayor será la recaudación y si hay más recaudación SUNAT dejará de estrangular a los que ya tributan, que incluso pudieran beneficiarse con tasas menores. En conclusión si pagan todos algún día pagarán menos.

Recordemos que cuando no se amplía la base tributaria, son los mismos que ya contribuyen, quienes deben financiar con sus impuestos las mayores necesi-dades fiscales. Que nadie se vaya de alivio.

Diario Expreso02 de noviembre de 2012

AMPLIAR BASE TRIBUTARIA

Cuando en mayo el Presidente de la República solicitó al Congreso el otorga-miento de facultades delegadas para legislar en materia tributaria, uno de los objetivos fue elevar los niveles de recaudación, sin crear nuevos tributos ni au-mentar las tasas de los actuales, como tampoco reducir las deducciones.

Para elevar la recaudación sin recurrir al facilismo de mayores tributos, al-tas tasas y menores deducciones, hay varios caminos, entre otros fiscalizar con mayor eficiencia, así como motivar la conciencia tributaria de los ciudadanos am-pliando la base tributaria.

Existe en nuestro país una economía subterránea, corregida en algo con el sistema de bancarización obligatoria, pero aún es altísima. Muchas personas to-

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davía consideran que el mejor banco es el colchón, mueven sus operaciones en efectivo, no exigen comprobante de pago cuando compran bienes intermedios e insumos, como tampoco entregan comprobante cuando venden el producto terminado o los bienes materia de su comercio habitual.

Hemos tenido el boom inmobiliario, que ojalá continúe, ha crecido sideral-mente la importación de nuevos vehículos automotores, y las tarjetas de crédito se multiplicaron. Se supone que ello debería tener un correlato significativo y proporcional en la recaudación tributaria, pues para tener los egresos que signifi-ca la compra de unidades inmobiliarias, vehículos y bienes de consumo, debiste tener ingresos, sea por rentas de trabajo dependiente o independiente, sea por rentas vinculadas a negocios, por los que tuvistes que tributar. ¡Impensable hoy en día que hayan abuelitas generosas que regalen a manos llenas a sus nietecitos para que se den la gran vida!

Para que los que no tributan lo hagan, no basta el cuco de la investigación y fiscalización tributaria, de la generación de conciencia contributiva, sino también de facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Se ha hecho bastante para acercar SUNAT a los contribuyentes, con más y mejores centros de atención, pero ello no es todo, hay que facilitar trámites y reducir papeleos e innecesarios requisitos.

La actual Jefe de la SUNAT proviene del sector privado y por ello puede ser más receptiva a la crítica constructiva, escuchando a los contribuyentes en sus observaciones y recomendaciones.

Por ejemplo si para tributar hay que estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes, esto es tener el RUC; ¿para qué se le pide a la persona jurídica que pretende inscribirse, la copia literal de los asientos de inscripción registral, cuando el Notario insertó el dato de ella en el testimonio de la escritura de consti-tución social? ¿cuál es el motivo que soliciten la certificación registral de la vigen-cia de poderes con antiguedad no mayor de 30 días, si es que teóricamente al día 29 los han podido revocar? Francamente todo ello es contrario a la normatividad administrativa que libera al administrado de presentar documentación que tiene la administración o puede acceder a ella.

Amigos de la SUNAT, escuchen a los contribuyentes sobre sus inquietudes y experiencias y podrán dar mejor servicio, lo que redundará en la incorporación de más sujetos tributarios y mayor recaudación. El Estado no podrá atender sus obligaciones para con los ciudadanos, si estos no cumplen con el Estado.

Diario La Razón16 de diciembre de 2012

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CONSTRUCCIÓN, IGV Y DETRACCIONES

Uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía es el de la construcción inmobiliaria. Por doquier vemos nuevas edificaciones, las industrias de materiales y de acabados para la construcción siguen en alza, como también lo están activida-des complementarias de confección de mobiliario, decoración y electrodomésticos.

Como sabemos, la primera venta de inmuebles que realizan sus constructo-res, está afecta al Impuesto General a las Ventas (IGV) cuyo pago se realizaba, por los propios constructores – vendedores, según las normas generales del Impues-to. Sin embargo el Decreto Legislativo N° 940 permite a la SUNAT incorporar tales operaciones al “Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias” (SPOT), cuya finalidad es la generación de fondos, a través de depósitos de los obligados en las cuentas abiertas en el Banco de la Nación, con lo cual el Fisco intenta asegurar el pago de tributos.

La SUNAT evaluó el comportamiento de los contribuyentes-constructores, y como consecuencia ha determinado “…indicadores de incumplimiento tributario…”

Para resolver el incumplimiento SUNAT ha ampliado la aplicación del SPOT para la primera venta inmobiliaria por los constructores, emitiendo la Resolución N° 022-2013/SUNAT, mediante la cual se obliga al adquiriente del inmueble a detraer el 4% del precio y depositarlo en el Banco de la Nación, en los casos que el comprobante de pago que se entregue por la operación, permita ejercer derecho a crédito fiscal o sustentar gasto o costo para efecto tributario.

En buena cuenta, le clavan al comprador una obligación legal, que es rete-ner, y una tributaria, que es depositar la detracción. Esto significa que en lugar de concentrar las obligaciones tributarias en menos sujetos para efectos de fiscali-zación, abre el abanico teórico de fiscalizaciones a todos los adquirientes a los que nos hemos referido anteriormente. Les hacen la vida a cuadritos.

Pero como quiera que las adquisiciones inmobiliarias están sujetas al sistema de bancarización, con efecto -aunque poco significativo- en el Impuesto a las Tran-sacciones Financieras (ITF) y el Notario debe insertar el comprobante del medio de pago en las escrituras, se tendrá un medio de pago del 96% y no del 100% por la detracción del 4%. Simultáneamente el constructor-vendedor afrontará la situación de declarar cancelado el 100% del precio pero habiendo recibido únicamente el 96%, y con el agravante de demoras en el tráfico patrimonial, pues el comprobante de la detracción debe acreditarse ante el Notario. Están a tiempo de corregir la nor-ma, sin dudar de la buena intención de nuestros funcionarios fiscales.

Diario Expreso29 de marzo de 2013

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ANUNCIAN MEJORAS PERO SIGUE EL FLAGELO

¡Qué difícil es entender a este Gobierno! Por un lado anuncian medidas para des-trabar las inversiones, lo cual es indispensable, pero por otro lado siguen compli-cándole la vida al sufrido empresario y mucho más cuando también es empleador.

Como sabemos ahora las planillas son electrónicas, de rey a paje, no importa el tamaño ni capital de la empresa, menos aún el número de trabajadores que ten-ga. Todos los empleadores obligados a llevar la planilla electrónica con el sistema o procedimiento de declaración telemática (PDT).

Para la información telemática de planillas, deben anotarse datos absoluta-mente lógicos como nombre y RUC del empleador, nombre del trabajador, cargo, remuneración, descuentos por adelantos, datos de vacaciones, retenciones por la contribución pensionaria, y otros relevantes.

Pero adicionalmente a lo antes señalado le exigen al empleador que informe sobre el nivel o situación educativa del trabajador, así como las variaciones que puedan acontecer. Hay que informar si es estudiante universitario o de instituto superior, si pasó a ser egresado, si recibió título o grado académico, etc. etc.

Entendemos que el Estado requiera conocer el grado educativo de los traba-jadores y las variaciones que puedan existir en el tiempo, pero obligar a las em-presas a que le suministren tales datos es francamente absurdo, cuando el Estado tiene toda ésa información.

En efecto, en lo que se refiere a carreras universitarias, en la Asamblea Na-cional de Rectores se registran todos los títulos y grados del universo de carreras universitarias, y el Ministerio de Trabajo puede acceder fácilmente a todo ello y hacer los cruces que requiera.

Lo mismo sucede en el Ministerio de Educación donde se registran los di-plomas y demás certificados expedidos por los institutos superiores. ¿No puede acaso el Sector Trabajo pedirlo al Sector Educación? e igualmente hacer los cruces deseados. ¿Por qué importunar y cargar la mano al empresario – empleador, que bastante tiene que hacer y encima utilizar valioso tiempo para atender las cada vez más crecientes exigencias de la SUNAT?

Por favor Ministros, lean bien antes de firmar tantas insensatas normas que les llevan sus subordinados. Piensen primero si son razonables y como requinta-rían si Uds. tuvieran que procesarlas.

Hoy día, tratar de cumplir con tantas y tan absurdas disposiciones, bajo amenaza incluso de fuertes multas y otras sanciones, es un flagelo que no me-rece el sufrido administrado, que al fin de cuentas es quien con sus impuestos solventa la remuneración de los nuevos inquisidores burocráticos.

Diario Expreso20 de junio de 2014

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EL PEINE DE SUNAT

No se preocupen, no estoy perturbado y menos para el Larco Herrera. El título de este artículo es porque en la SUNAT parecería que le dan más importancia al peinado del cuero cabelludo que al buen uso de las neuronas, y siguen compli-cándole la vida al contribuyente administrado, que es al final de cuentas quien paga sus remuneraciones a través de los tributos.

Se supone que se quiere incorporar a la actividad formal a más personas, naturales o jurídicas, y en ésa forma tenerlos como contribuyentes, para lo cual se tienen que dar facilidades.

No señor, en lugar de facilidades le complican la vida al contribuyente y ale-jan la posibilidad de toda formalización de quienes están en la informalidad. ¿Y cómo quieren que se incluyan en la formalidad si se tiene que pagar impuestos por adelantado? Todavía no has cobrado el precio del bien o servicio que pres-tas y ya tienes que sufragar íntegramente el IGV, así como te obligan a efectuar detracciones y a depositarlas únicamente en el Banco de la Nación, con lo cual el emprendedor más pequeño debe hacer colas casi a diario en tal Banco para cumplir con ello, salvo que tenga acceso por Internet.

No contentos con lo antes señalado, recientemente se ha expedido la Resolu-ción No 290-2014/SUNAT que bajo el pretexto de lograr comunicación más flui-da con el contribuyente a través de los medios tecnológicos de uso generalizado, y para facilitar la acreditación de domicilio fiscal para el Registro Único de Con-tribuyentes (RUC), dispone la obligación de proporcionar a SUNAT dirección de correo electrónico y número de teléfono celular, tanto del contribuyente como de sus representantes legales, pudiendo el celular ser de terceros.

¡Por favor! dejen de usar tanto peine y utilicen neuronas, o es que no cono-cen el país. No saben acaso que pese a los esfuerzos realizados por los operadores telefónicos, principalmente por la pionera Telefónica, que ha comunicado con teléfonos móviles a millones de peruanos y otros residentes en el país, todavía no tenemos el servicio en diversas zonas rurales, en algunas circunscripciones de selva y otras alejadas que están en las alturas andinas.

Olvida SUNAT que hay contribuyentes agrícolas, así como de piscicultura, entre otras actividades, que por los lugares en donde operan no hay servicio de telefonía móvil ni tampoco fija. No saben tampoco que no en todo lugar de nues-tro territorio hay INTERNET y que no en todos los lugares se puede enviar y/o recibir correos electrónicos.

Pero adicionalmente no tiene en cuenta SUNAT que la Constitución con-sagra la reserva tributaria, y el contribuyente puede no estar dispuesto a recibir telefonemas de la administración tributaria a través de celulares de terceros.

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¡Corrijan los errores!

Diario Expreso05 de diciembre de 2014

CRITERIOS PARA VALORIZACIONES

En el Congreso de la República se pretendió modificar el criterio de valoriza-ción de los aportes por habilitación urbana de predios, con los que entre otros recursos se solventan los llamados parques zonales. La modificación consistía en variar el valor comercial por el arancelario, que es menor.

La Municipalidad Metropolitana de Lima puso el grito en el cielo, y la modi-ficación no pasó. Si la misma fuerza de su protesta la hubiera puesto la Comuna en poner en valor “La Herradura”, la “Costa Verde” o el malecón en las playas de “Villa El Salvador”, y en varias otras obras, seguramente nuestra capital sería diferente.

El asunto no fue estudiado en el Congreso en profundidad, y se quedaron simplemente en lo anecdótico y periférico, constriñéndolo a si se había utilizado en el proyecto de ley la misma terminología que la solicitud presentada por una empresa interesada con el mismo objetivo.

El tema a nuestro entender es más que lo señalado, comenzando por estu-diar si todos los criterios de valorización de predios es el mismo o es diferencia-do, los motivos de las diferencias, así como la posibilidad de unificar los criterios en caso de haber más de uno.

Analizando sin apasionamientos la situación, llegamos a establecer que hay criterios disímiles en todos los casos en que se necesita la valoración de predios, en algunos casos se utilizan valores arancelarios oficiales y en otros valores de mercado.

Por ejemplo, para el Impuesto a los Predios se aplica los valores arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación así como las respectivas tablas de depreciación que determina el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Para el Impuesto de Alcabala que afecta la transferencia de predios y es de cargo del comprador, la base imponible es el valor de transferencia, el cual no podrá ser menor al valor de autoavalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia (valor arancelario), ajustado por el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) para Lima Metropolitana que determina el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Tratándose de Impuesto a la Renta, incluso para el caso de retiro de bienes con transferencia de propiedad, se utiliza el valor de la transferencia que no pue-de ser menor al valor del mercado.

Con respecto a los arbitrios municipales, que son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento del servicio público de limpieza, áreas verdes y seguridad ciudadana, ellas se aplican en función del costo efectivo del servicio, teniéndose presente el valor del predio, el uso o la actividad desarrollada en el mismo, así como su ubicación y área. En cuanto al valor del predio es el de su autoavalúo que como ya hemos señalado es el arancelario ajustado con el índice de precios por mayor (IPM).

Para las expropiaciones el valor del bien expropiado se determina mediante tasación comercial en el Sector Vivienda.

Siendo diferentes las valorizaciones de predios, según el objeto de las mis-mas, como lo hemos demostrado, lo lógico sería la unificación del tipo de valua-ción, y de escogerse la arancelaria, los aranceles oficiales tendrían que ser muchí-simo más específicos en lo que se refiere a terrenos, pues no todos los terrenos sin edificación o con ella, en el mismo centro poblado valen igual. A veces los valores son diferentes en la realidad de una cuadra a la otra.

Diario La Razón28 de diciembre de 2014

ORDENando el Perú Tomo Ise terminó de imprimir en setiembre de 2016, en

los Talleres Gráficos de la Universidad Alas Peruanas,Los Gorriones 264, Chorrillos, Lima, Perú.

Tiraje: 1 000 ejemplaresmás sobrantes para reposición.