MARTÍN PÉREZ - Los Derechos de La Infancia Callejera Un Reto Para La Ciudad de México

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Los derechos de la infancia callejera: un reto para la Ciudad de México

 Juan Martín Pérez García Educador Callejero y Consultor Internacionalen

poblaciones callejera y derechos de la infancia [email protected]

Es la capital del país quien concentra el mayor poder económico ypolítico de la región; una gran urbe habitada por millones de personasde todos los rincones de este México diverso, donde las expresiones dela cultura nacional encuentran su mejor escenario. Los habitantes de laciudad participamos de un centralismo apabullante que nos lleva apensar en el imaginario social, que la historia de este país sólo seescribe desde este minúsculo espacio territorial. Un breve recorrido

por los medios de comunicación ‘nacionales' ratifica el centralismoinformativo de esta ciudad, por encima de una realidad más amplia ycompleja observada en los distintos Estados de la República. Es ciertoque vamos caminando a un ‘federalismo moderno'; lo que por ahora nosignifica superar este centralismo capitalino y la proyección nacionalque representa su acontecer cotidiano.

Pensarla entonces como ‘ciudad proyectada'nos llama a la responsabilidad. Es la Ciudad de México un escenariopropicio para la gestación de procesos de impacto nacional. Así que lasbuenas prácticas o la evasión a los grandes conflictos adquierenproyección nacional de forma inmediata.

Desde esta mirada es pertinente reflexionar sobre los contrastessociales manifiestos en la Ciudad de México. Por un lado, importanteszonas financieras, residenciales y tecnológicas; que contrastan con lamiseria más desafiante en el primer cuadro de la capital o en su enormeperiferia que se funde con dieciocho municipios de otra entidadfederativa. Convirtiéndola en la zona metropolitana más poblada y conla mayor diferencia social del continente.

Una de las expresiones más lacerantes de estadiferencia social es la infancia y juventud callejera. Un fenómenosocial que adquirió carácter masivo a finales de los años ochentas,durante la llamada década perdida,y que ha representado para los diferentes gobiernos citadinos unconflicto incomodo. En la mayoría de las iniciativas públicas yprivadas ha existido una visión asistencial sustentada en mirarlos como‘objetos de protección' y ‘necesitados de tutela'. La representaciónsocial de esta población constituye un conjunto de falsas creencias queevitan la reflexión sobre la complejidad de este grupo social parareducir el tema al ámbito familiar/privado considerándoles: víctimas, inadaptados, peligrosos y depositarios de todoslos males.

Es precisamente esta visión la mayor violación a los derechos humanosde la infancia y juventud callejera. Se les niega de facto ser sujetosde derechos, pues la visión tutelar no reconoce la ciudadanía deinfancia en la vida social. La propia definición conceptual de estapoblación nos llevaría a un debate interesante sobre la dificultad

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intrínseca para reconocerlos como actores sociales de esta ciudad: inhaladores, drogadictos, menores en circunstanciasespecialmente difíciles, niños de la calle, niños en situación de calle, entre otras expresiones discursivas que no atinanen reconocerlos como ciudadanos e interlocutores validos.

La aparición de la Convención de los Derechos del Niño (1989)representa ahora un punto de referencia fundamental para interpretar yevaluar las acciones de todos los actores públicos, ya que incorpora

derechos políticos, económicos y sociales para la niñez. Una vezaprobada y ratificada la Convención por el gobierno mexicano, se hanhecho presentes las dificultades y resistencias relacionadas con suaplicación en la vida cotidiana. Uno de las mayores problemáticacontinúa siendo las atribuidas al ámbito cultural sustentado en unavisión machista y adultocéntrica; sin embargo, es posible encontrar miradas de tránsitoque han incorporado en el discurso algunos elementos de género y otrossobre los derechos de la niñez, pero sus actitudes y práctica socialconservan su carácter tradicional. Sobre esto la sociología de lainfancia, dice que los derechos de niños y niñas enmarcados por laConvención tienen "amplia cobertura pero bajo impacto". Es decir, ahorala gran mayoría de las acciones de actores públicos sustentan su actuaren torno a la infancia desde ‘el discurso de derechos' situación

cualitativamente distinta al ‘enfoque de derechos'. Esta última esesencialmente una práctica social que tiene como ejes rectores la nodiscriminación, el interés superior del niño, así como los derechos deprotección y desarrollo pleno.

Para las miradas tradicionales que usan el ‘discurso de derechos', comomedio para justificar sus acciones es muy frecuente confundir lasnecesidades con los derechos. Es decir, comer es una necesidadcualitativamente distinta al derecho a alimentarse sanamente. La comida

chatarra bien puede saciar la necesidad de comer pero no garantizar elderecho a la salud y pleno desarrollo. En el caso de la infanciacallejera esto adquiere una curiosa complejidad que desde ‘el discursode derechos' parece sencillo llegar a la conclusión de que es posible violar un derecho para tutelar otros derechos.Un ejemplo paradigmático y práctica generalizada, en América Latina,consiste en llevar a niñas y niños callejeros por la fuerza ainstalaciones cerradas con la noción básica de protegerlos. En todoslos casos, las y los chicos callejeros regresan nuevamente a las callespero ahora en condiciones de mayor exclusión y vulnerabilidad de susderechos ante la necesidad de ocultarse para evitar estas ‘acciones de salvamento'.Este tipo de prácticas habla del desconocimiento de la población, de lanegación de sus derechos ciudadanos y la carencia de interlocución paraencontrar alternativas que desencadenen procesos de cambio de mayor

impacto. Son acciones inmediatistas que sólo expresan la ausencia deuna política pública para la infancia.

Cuando hablamos de política pública vienen a nuestramente imágenes asociadas al mundo de la política; sin embargo, esimportante hacer notar la diferencia entre la políticacomo ejercicio de poder y las políticas públicas como expresiónestratégica de una agenda de gobierno. La diferencia es clara yprofunda; mientras en la política los diversos actores usan eldiscurso para debatir con la realidad, en las políticas públicas setrasciende el ámbito del discurso para llevarlo al diseño, desarrollo,ejecución y evaluación de un quehacer público que modifica lascondiciones sociales que afectan el desarrollo de un país. En estasecuencia de ideas, la ciencia política identifica a las políticaspúblicas como uno de los medios organizados con los que cuentan lassociedades para cimentar las bases de un desarrollo sostenible.

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 Igual que "una golondrina no hace verano",un programa público no es una política pública. Para ello es necesarioarticular un conjunto de programas y acciones desarrolladas entre losdiferentes actores que integran el estado social: gobierno,legislación, ámbito judicial y la sociedad. Se necesita una mirada afuturo que oriente las acciones presentes; es indispensable una base jurídica con mecanismos administrativos claros y articulados; evaluar

las acciones a través de indicadores sociales; pero de formapreponderante es necesario que todas las acciones de política públicasean transversales en los diferentes ámbitos del gobierno y laciudadanía. Por ahora, situaciones tan básicas como recuperar un actade nacimiento para obtener una identificación oficial, registrar albebé de una chica callejera o pretender gestionar servicios públicospara atender profesionalmente el uso problemático de sustancias entrelas y los callejeros significa enfrentar una muralla de discriminación,burocracia e incomprensión.

La existencia masiva de niños, niñas, mujeres, jóvenes, adultos yfamilias callejeras en la Ciudad de México es un claro indicador de una

realidad negada; amplias capas de la población se encuentran fuera delejercicio pleno de sus derechos dentro de la estructura social deoportunidades, por lo que su estancia en la calle no es fortuita, ni por gusto.Desde las primera apariciones en los años setentas hasta el nuevo siglolas poblaciones callejeras han cambiado y complejizado su situación enla vida pública. Ahora las acciones puntuales, sin perspectiva defuturo y aisladas de una política pública sólo profundizarán lascondiciones de exclusión social que viven, facilitando la aparición deotras expresiones más violentas de limpieza social. Si lamirada conservadora parte del objetivo de ‘sacarlos de la calle' comoprincipio de actuación estará extraviando sus pasos en la negación delos factores multicausales que llevaron a miles de personas a vivir enlas calles. Las buenas prácticas internacionales con esta población

están en la prevención focalizada, las acciones de reducción del daño,el establecimiento de amplias redes de servicios públicos, laprofesionalización del personal que les atiende, los procesosparticipativos que les restituyen ciudadanía y de forma especial laconstrucción de políticas públicas con mirada a futuro.

Es aquí donde está el mayor reto para los derechoshumanos de la infancia callejera de esta ciudad: trascender al típicoprograma temporal para saltar a la construcción de una política públicacon ‘enfoque de derechos', surgida de un amplio diálogo ciudadano que--junto a la población callejera- descubra de forma creativa nuevasformas de aproximación a este sensible tema social.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)constituye, sin dudas, el mejor instrumento de auto-exigibilidad paracualquier gobierno moderno; es al tiempo un estándar de calidad paraevaluar la intervención educativa de los programas y un parámetro de lasolidez de un estado democrático. "A diferencia de otros instrumentosinternacionales de derechos humanos, la Convención combina en un solocuerpo legal derechos civiles y políticos con derechos económicos,sociales y culturales, considerándolos como componentes complementariosy necesarios para asegurar la protección integral del niño y suparticipación en la sociedad en calidad de sujeto de derecho. Para ellogro de estos objetivos, asigna responsabilidades a la familia, lasociedad civil, la cooperación internacional, y especialmente, alEstado. Dado el carácter vinculante de la CDN, los Estados que laratifican asumen el compromiso de respetar los derechos contemplados enella y garantizar su disfrute a todos los niños bajo su jurisdicción,sin distinciones de ninguna especie. (Pilotti, 2001:10)[1]

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Necesitamos transformar la actual forma de hacer políticapues es el principal freno para gestar políticas públicas para lainfancia. Hablar, documentar, proponer desde un ‘enfoque de derechos'con las y los actores sociales puede ser una oportunidad para abrirnuevos caminos en la política social de esta ciudad. Las y losciudadanos estamos en la responsabilidad ética de hacer visibles los

retos que el gobierno de la ciudad tiene que afrontar en la búsqueda dehacer de esta ‘ciudad proyectada' una cuna de procesos sociales deimpacto nacional.

[1]

Pilotti, Francisco Globalización y Convención sobre los Derechos delNiño: el contexto del texto CEPAL - SERIE Políticas sociales 48Chile, 2001

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