AL GRAN QUESO ARGENTINO SALUD

SOBERANÍA ALIMENTARIA = SOBERANÍA NACIONAL

(Segunda parte)

DANIEL LLANO

1

¿UN NUEVO GRITO DE ALCORTA?

"Estos hombres de campo ya no luchan para sí, sino por sus hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su lado en esta hora debería ser la posición de todo argentino" (Dr. Francisco Netri, cofundador de la Federación Agraria Argentina, 1912).

En el conflictivo año 2008, el enfrentamiento de cierto espectro de las organizaciones rurales con el gobierno pareció signar definitivamente al gobierno de Cristina Kirchner. Iniciado a 90 días de haber asumido ésta, la controversia impactó claramente en los resultados de las elecciones legislativas del 2009, permitiendo la incorporación al Congreso –en prácticamente todos los bloques de oposición– de representantes de ese ruralismo en pugna. Muchos dirigentes de la oposición, sin distinción de banderías, creyeron haber encontrado la clave para derrotar al proyecto puesto en marcha en mayo de 2003. Algunos sectores se apresuraron a declarar el fin del kirchnerismo. Esta “certeza no confirmada” llevó incluso al distanciamiento de muchos integrantes del propio frente gobernante. Tan sólo 16 meses después de esas legislativas, y cuando todavía faltaba un año para las presidenciales de 2011, esa construcción política que se presentaba como la representación unificada de los productores rurales, expresada en la Mesa de Enlace, comenzó a mostrar señales de disolución.

El proceso encierra aristas más que interesantes. Muchos especularon sobre un derrotero que parecía consumido por contradicciones propias. Otros prefirieron apuntar a un trabajo minucioso y articulado para revertir el avance de ese espacio. La divisoria de aguas parece ser más profunda, y referida a cuestiones de fondo que – aun sin resultar todavía explícitas, incluso sin aparecer claramente en el discurso de los protagonistas – se referencian con disputas que tiñen toda la historia nacional en su lucha por emanciparse.

Desde un principio, el discurso de la Mesa de Enlace se presentó como anti-estatal, planteando que cualquier injerencia del Estado introducía elementos tendientes a desequilibrar un statu quo que se planteaba como natural, fruto del esfuerzo individual, de la iniciativa empresarial y de la astucia para moverse en un espacio regido por las sacrosantas leyes del mercado. Ninguna referencia se hacía a los subsidios al agro, a las políticas diferenciales para combustibles y mucho menos a las reglas de juego que

2

anteriormente habían favorecido una creciente concentración y transnacionalización del sector. El entonces titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, fue muy claro al marcar los límites para los acuerdos internos de la Mesa de Enlace. Más que un reclamo sectorial, se fue definiendo cada vez más como una apuesta política con el objetivo de acorralar al Gobierno para desviar su propósito –equivocado o no, perfectible en todo caso– de aplicar políticas más equitativas en lo que hace al reparto de la gran renta nacional: los agronegocios.

Al minimizar el debate, intentando obviar que en realidad se está discutiendo sobre políticas de Estado y no de gobierno, ese conglomerado variopinto en lo político y sólo unificado por el tipo de producción, sembraba las semillas de otro debate más profundo: el que surge de la confrontación entre intereses nacionales e interés foráneos.

Cuando Julián Domínguez se hizo cargo del Ministerio de Agricultura, su misión fue restablecer el diálogo con las entidades agropecuarias. Ex intendente de Chacabuco, su experiencia en la provincia de Buenos Aires lo acercaba a las cuestiones rurales. Su gestión se inició a partir de no insistir en el desconocimiento en cuanto a la representatividad de las entidades nucleadas en la Mesa y tampoco prolongar en el tiempo un debate pendiente, utilizando como elemento retardatario el armado de núcleos alternativos para disputar representación. Desde el inicio se trabajó para demostrar la voluntad de acercarse al productor, especialmente al mediano y al pequeño, con soluciones concretas.

Comenzó a surgir así el esbozo de una nueva política, apuntando a un modelo de “agricultura con agricultores”, opuesto al modelo extranjerizante, de agroexportación concentrada y expulsora de población rural. Esta nueva impronta dividiría aguas. La Federación Agraria Argentina, Coninagro y las asociaciones rurales pequeñas y medianas del interior del país comenzaron a percibir que la política estatal contenía una propuesta interesante para ser analizada. El costado negativo de esta nueva política fue que –precisamente para no generar nuevos conflictos – se pospuso el impulso a organizaciones alternativas. Sin dejar de promover el aumento de subsidios y apoyo técnico para los micro y pequeños productores rurales a través de programas ministeriales, lo cierto es que “el otro campo” no ocupó un lugar preeminente en la agenda gubernamental. Incluso se podría aplicar una regla de mensura en cuanto a la cobertura

3

gubernamental de la cuestión: las explotaciones desde 50 hectáreas hacia arriba fueron incluidas. También en lo productivo se eligió operar por partes: solamente productores de soja y oleaginosas. Recién a inicios de este año 2011 se han estructurado amplios fondos y políticas para un nuevo segmento: el de las carnes.

Esta “política progresiva” – por designarla de alguna manera – no nació de un repollo. Siguiendo la consigna del por entonces aún vivo Néstor Kirchner (“hay que enfrentar a los enemigos de a uno, y no todos juntos”), desde septiembre del 2008, Julián Domínguez comenzó organizar un espacio de profesionales y productores –que pertenecía y conocía perfectamente el sector– para diseñar un nuevo modelo de accionar ministerial. Ese fue el proyecto que propuso a la conducción del FPV y el que lo abrió el camino hacia el sillón ministerial.

Desde el principio, el encargado de coordinar esas políticas fue un cuadro que ya estaba trabajando en el área de Agricultura, Jorge Neme, y que – no casualmente – provenía de la Federación Agraria Argentina. Su principal virtud era que mantenía una larga relación con el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, basada en un diálogo que jamás se interrumpió por completo, a pesar de las coyunturas que los acercaron o los enfrentaron, siempre referidas a cuestiones políticas.

Entre las cuestiones a atender, ocupaba uno de los primeros lugares el endeudamiento rural que se había heredado de administraciones anteriores y que – hasta ese momento – no había recibido una atención integral. Justamente se eligió para abordar esta cuestión a un ex secretario de Agricultura y Ganadería durante en la transición de Eduardo Duhalde, Haroldo Lebed, quien tuvo a cargo la refinanciación de las deudas pesificadas de los productores con el sector bancario, tras la devaluación forzosa del 2002. Un funcionario que supo actuar con rapidez y que logró el reconocimiento del sector por haber evitado innumerables remates, incluyendo a la Federación Agraria que le entregó una plaqueta al finalizar su gestión.

Lebed se había dedicado desde esas fechas a atender sus campos de Carmen de Patagones, dejando de ser funcionario para retomar su rol de productor rural. A fines del 2009 regresó a la función pública, con la significativa tarea de reiniciar contactos con Eduardo Buzzi. Todos los

4

interlocutores, desde ese momento, se conocían entre sí. La mayoría provenía, incluidos el propio ministro y Buzzi, del duhaldismo bonaerense “pre kirchnerista”.

Este fue el momento de inflexión para un frente que, hasta entonces y más allá de chisporroteos, fugas o infidencias mediáticas, se presentaba como sólido, casi sin fisuras. Los pequeños y medianos productores pretendían soluciones concretas y el diálogo era el camino en el que coincidían con la postura del gobierno. Distinta era a perspectiva en el resto de las entidades. Rápidamente quedó en evidencia que la Sociedad Rural y Confederaciones Agrarias – desde las elecciones legislativas de junio de 2009 – apostaron a conformar un espacio políticamente duro, que se beneficiara del esperado fin del kirchnerismo, y con un cometido muy claro: restablecer perentoriamente el modelo neoliberal de los 90 en toda su extensión. Comenzaron entonces a surgir las diferencias políticas inevitables, inherentes a diferentes modos de producción; y por tanto, a diferentes encuadramientos políticos.

En ese marco, el titular de Sociedad Rural hizo pública una crispada reacción ante la ayuda enviada por el gobierno nacional a los productores trigueros como parte de la emergencia agropecuaria. No vaciló en calificarla como “una dádiva, una limosna”. Sus palabras, lanzadas contra productores de Laboulaye y Coronel Pringles, no tardaron en provocar reacciones. “Una limosna es para él, que factura en un día lo que nosotros producimos en todo un año”, le respondieron.

Sin embargo, en el sector coinciden en que el corte tajante de intereses y miradas dentro de la Mesa de Enlace quedó expuesto recién el día del discurso de Biolcati en la exposición rural del 2010, cuando desplegó una invectiva que sólo pretendía deformar el pasado y se oponía a cualquier forma de acción por parte del Estado, sin proponer alternativas. Fue un discurso de ruptura sin retorno. La Federación Agraria, en cambio, siempre supo que su relación con el Gobierno era un camino resbaloso y sin demarcar. Su exposición pública durante el conflicto la había llevado a ser, para unos, el espacio que legitimaba la defensa de intereses de los sectores oligárquicos y golpistas, y para otros la representación genuina de la población rural. Pero esta dicotomía, que había llevado a Buzzi a un lugar incómodo, en realidad obedecía a razones bien distintas de las que surgían de esas dos interpretaciones.

5

Sabían que si el Gobierno era derrotado en la contienda electoral, quienes capitalizarían la victoria serían los pools sojeros. El productor rural que trabaja en el campo sufriría las consecuencias, por la continuidad de un modelo que apunta a la apropiación de tierras, el desplazamiento de chacareros y la acumulación de ganancias en manos de los grandes capitales. La política de “privilegiar el mercado” no jugaría en favor de los pequeños y medianos productores y la expansión de las explotaciones sojeras de los grupos financieros sería el inevitable resultado. Por otro lado, la FAA corría el riesgo de que sus reclamados nunca fueran escuchados si renunciaba a la Mesa, dejando exclusivamente en manos del Gobierno la decisión de defender a los pequeños y medianos productores. Esto, además, acarrearía la desaprobación de sus pares dirigentes y la progresiva pérdida de apoyo por parte de su base social.

El nuevo ministro se apresuró a garantizar que la intención del gobierno no era dividir la Mesa. El titular de Agricultura, área que recuperaba el rango de ministerio, recibió como respuesta que eso en realidad era lo que menos le importaba al dirigente de Juan B. Molina (Santa Fe). Más allá de que la interpretara como sincera, a la FAA le interesaban otro tipo de garantías. Mucho había cambiado desde un año atrás, cuando Buzzi no estaba en condiciones de asumir compromisos en representación del conjunto de la Mesa de Enlace. Ni siquiera cualquier tipo de acercamiento. Al establecerse canales de diálogo, se abrió la participación en la identificación de los problemas a atender. Una de las cuestiones más urgentes y más sentidas por los productores pequeños y medianos era que ni los molinos ni los exportadores les estaban pagando precio pleno de referencia por el trigo, aplicándoles injustificados descuentos del 20 o el 30 por ciento, especialmente en Entre Ríos y el sur de la provincia de Buenos Aires. Justamente en la geografía dominada por el díscolo De Angeli y en la zona de influencia de Coronel Pringles, donde persiste una histórica disputa entre Carbap y la Federación Agraria.

Ningún funcionario había logrado ser recibido. Domínguez decidió ir personalmente a los dos frentes. El ministro visitó sendas asambleas, entre insultos y abucheos. Ese escenario fue utilizado para enviar el primer mensaje: se hablaría de frente y se escucharían los reclamos. Domínguez pidió disculpas al reconocer equivocaciones por parte del gobierno nacional al no proponer soluciones. Se comprometió a presentar propuestas y

6

solicitó que le acercaran las propias. Quince días después, buena parte de los reclamos urgentes habían sido atendidos. La Federación Agraria registró de manera inmediata el cambio de actitud, aunque no necesariamente todavía de política. El resto de la Mesa de Enlace, en cambio, no lo hizo.

Una pieza clave en el nuevo esquema fue la creación de un fondo rotatorio con participación de las filiales locales de las organizaciones de productores en su administración y adjudicación. A ese paso inicial le siguieron otros, en la búsqueda de resultados en zonas caracterizadas por la presencia de pequeñas unidades de producción.

Poco después, a inicios de 2010, se escribía un nuevo capítulo de esta conflictiva historia. A fines del 2009 se votó y se aprobó por unanimidad en el Congreso una la ley de emergencia agropecuaria, con el apoyo de la Mesa de Enlace en su conjunto. El ministro de Agricultura visitó nuevamente las áreas más afectadas, donde se comenzó a aplicar la facilitación de fondos para recuperar tierras y para la reposición de equipos. Las diversas asambleas de productores agradecieron la ayuda, pero también renovaron sus reclamos. En, al menos, dos de esos actos se produjo un hecho notable, no esperado por el Gobierno pero sí como resultado de la nueva política y la estrategia aplicada en el sector. Fue en esa oportunidad que Hugo Biolcati subió al estrado para desmerecer “la dádiva” que las autoridades nacionales les traían a los productores. Esta vez, como ya mencionamos, el repudio fue para él.

Con toda claridad comenzaban a asomar en la Mesa de Enlace dos interpretaciones sobre el sentido de su existencia. Una de ellas, la de algunos dirigentes de la FAA, planteaba que había sido un instrumento para unificar la lucha contra el Gobierno durante el debate de la 125, a pesar de las diferencias entre sus integrantes. Esta postura planteaba volver a actuar en conjunto sólo en la medida en que aparecieran cuestiones que unificaran intereses. La otra proponía que la Mesa de Enlace se transformara en una organización precursora de un movimiento político que interpretara y expresara la opinión pública en una forma más efectiva que la planteada por todo el arco opositor.

Ambas posturas eran irreconciliables, pero se pospuso una definición mediante consenso proponiendo que la Mesa buscara expresar sus

7

propuestas en el Congreso, con la incorporación de los nuevos diputados y aprovechando además una elevada representación en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. En ese ámbito se impulsaron varios ejes de discusión, desde un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones de granos, pasando por la ley de arrendamientos, los límites a la extranjerización de tierras y la redefinición de funciones para la ONCCA (Órgano Nacional de Control Comercial Agropecuario). No se pusieron de acuerdo en ninguno y dirigentes de la FAA admitieron además que muchas formulaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura en el recientemente lanzado Plan Estratégico Agroalimentario, la acercaban más al Gobierno que a lo que sostenían CRA y Sociedad Rural.

La tercera parte de los recursos, que desde entonces se asignaron en forma directa desde ese ministerio, se aplicaron con participación de Federación Agraria, que se plegó a colaborar en la identificación de los problemas para agilizar las respuestas. Federación Agraria y Coninagro comenzaron a participar activamente de las reuniones regionales de ese plan, donde por primera vez se discutió el modelo de producción, en contraposición al que se venía imponiendo con la sojización del campo, como reconocieron desde la entidad que preside Buzzi.

El cambio de caracterización del período político tomó por sorpresa al resto de las entidades, resultando muy diferente del que imaginaron algunos sectores patronales y el conglomerado opositor como culminación del conflicto por la 125. Todos siguen respetando el postulado que se reclamó siempre desde sus bases, “la Mesa de Enlace no se rompe”, pero eso no significa hoy lo mismo que en 2008. Según el propio Buzzi, la Mesa “permanece como una herramienta que será utilizada en caso de una nueva agresión al sector”. Pero poco queda ya del rol activo y mucho menos el liderazgo opositor que se le atribuía a fines de 2008. La relación con el arco opositor se fue desmantelando, en la misma medida en que se iban cayendo los candidatos de alternativa.

Este distanciamiento tuvo su pico de temperatura a través del cruce de declaraciones entre Eduardo Buzzi y Lilita Carrió, líder del partido opositor Coalición Cívica, quien lo acusó de haber vendido para que el Gobierno lograra la aprobación del Presupuesto 2011. El presidente de la FAA rechazó las acusaciones y agregó: "Carrió conmigo no tiene simpatía

8

porque a mí no me puede conducir, además es funcional a los grandes sojeros".

Poco quedaba por decir. Evidentemente, la historia volvía a mostrar sus coherencias, más allá de vaivenes coyunturales. En algún punto, las contradicciones que enfrentaron a ambos sectores volverían a aparecer. Es el grito que no cesa.

El 25 de junio de 1912, hace casi cien años ya, se producía la rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales conocida como Grito de Alcorta, que comenzó en el sur de la provincia de Santa Fe y se extendió por toda la región pampeana. Con centro en la ciudad de Alcorta, marcó la irrupción de los chacareros en la política nacional del Siglo XX, dando origen a la organización gremial representativa Federación Agraria Argentina.

El desarrollo del ferrocarril, impulsado por los gobiernos de la denominada Generación del 80, permitió la siembra de trigo en nuevas áreas y la exportación de crecientes excedentes especialmente a Europa. La política activa de inmigración que se implementó para poblar el país, atrajo muchos inmigrantes que huían de la pobreza europea. La cultura trabajadora de estos inmigrantes hizo que la tierra produjera mucho más, convirtiendo a la Argentina en el Granero del Mundo. Pero la propiedad de la tierra seguía en manos de pocos, profundizando la brecha económica entre los terratenientes con una calidad de vida similar a la de las clases altas europeas y los inmigrantes que trabajaban las tierras.

La Conquista del Desierto (que no era tal e implicó el exterminio o la diáspora de muchas comunidades aborígenes) había ampliado aún más la superficie de tierra apta para la actividad agropecuaria, la cual se repartió – como era tradición – entre un reducido número de terratenientes. Más de 3 millones de inmigrantes llegaron a territorio argentino. La mayoría se orientó hacia el campo, pero sin obtener la propiedad de la tierra que iban a trabajar, a pesar de que llevaron la frontera agrícola de 2.100.000 has. en 1888 a 20.000.000 en 1912. Esto comenzó a producir dos fenómenos, el de la migración interna hacia las orillas de las ciudades y el de la aparcería o alquiler para trabajar la tierra de los latifundistas, que de esta manera se transformaron de propietarios en rentistas. Se generaba así un fenómeno

9

muy particular de la Argentina, que la diferencia de otros países netamente agropecuarios: nuestro campo debe generar ganancias dobles.

No demoraron en surgir conflictos puntuales, que se fueron generalizando poco a poco. La estructura social del campo en el momento en que se desata la rebelión, estaba integrada por grandes terratenientes, arrendatarios y subarrendatarios. Estos dos últimos grupos se encontraban sometidos a los terratenientes a través de contratos que establecían, entre otras cosas, rentas impagables, la obligación de comprar herramientas e insumos a quien el terrateniente mandare, e imponían al colono las responsabilidades de una mala cosecha. Se llegó a un punto en que, por más que el colono trabajara de sol a sol y por buena que fuera la cosecha, al final, de ésta no le quedaba ni lo más elemental para subsistir. El estudio de Juan Bialet Massé "La condición de las clases trabajadoras", publicado en 1901, es una radiografía del tratamiento infrahumano que recibían los colonos.

El Grito de Alcorta fue un proceso muy complejo, la mayoría de los arrendatarios y medieros eran extranjeros (en algunas zonas llegaban al 80%) y en el campo primaban el individualismo y la desconfianza, lo que dificultaba la organización gremial. A su vez, la Ley de Residencia permitía la deportación de extranjeros bajo cualquier acusación. A pesar de esto, a principios de 1912, los chacareros organizaron sus primeras reuniones, apoyados por sindicatos recientemente conformados, el de estibadores y el de oficios varios entre otros, así como por los braceros (“linyeras”), que tenían una gran tradición de lucha. También aportaron los Centros de Estudios Sociales dirigidos por el anarquismo.

El detonante del Grito de Alcorta fue la formidable cosecha de 1912. Los chacareros, al comprobar que después de pagar sus deudas nada quedaba para ellos, realizaron una asamblea en la Sociedad Italiana de la ciudad de Alcorta, de la que participaron alrededor de 300 agricultores. Bajo consignas combativas, se declaró la huelga por tiempo indeterminado, hasta conseguir, entre otras reivindicaciones, “la rebaja general de los arrendamientos y aparcerías; la entrega en las aparcerías del producto en parva o troje, como salga; y contratos por un plazo mínimo de 4 años”.

Paralizaron sus actividades más de 100.000 agricultores, que contaron con el aval de los párrocos de Alcorta y de la localidad vecina de Máximo Paz, así como de los comerciantes de la zona. El abogado Francisco Netri,

10

hermano de los párrocos, tuvo un papel destacado en la asamblea y fue quien propuso que los chacareros debían “constituir su organización gremial autónoma”. Fue así como el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, se fundó la Federación Agraria Argentina.

La respuesta de los terratenientes y las fuerzas represivas no se hizo esperar y los huelguistas tuvieron sus primeras víctimas. En un acto realizado en la localidad de Firmat, fueron asesinados los dirigentes agrarios anarquistas Francisco Mena y Eduardo Barros, mientras en la ciudad de Rosario era fusilado Francisco Netri. A pesar del violento accionar de los terratenientes, los huelguistas fueron sumando adhesiones. Al apoyo inicial de los anarquistas y socialistas, de los párrocos y pequeños comerciantes de la cada vez más amplia zona de influencia, fueron sumándose profesionales y amplios sectores populares. El temor a afrontar grandes pérdidas económicas, hizo ceder a los terratenientes. Lentamente, hacia mediados de 1913, se había logrado una importante rebaja de los arrendamientos a pesar de que los terratenientes consiguieron mantener las cláusulas leoninas en los contratos que imponían restricciones a la libertad de comprar y vender.

El Grito de Alcorta, si bien no modificó sustancialmente la estructura agraria, favoreció el surgimiento de organizaciones campesinas en otros lugares del país, como la Liga agraria de Bahía Blanca y la Liga Agraria de La Pampa, que participaron junto a la FAA de diversos congresos nacionales campesinos donde, además de los reclamos puntuales a los terratenientes y comerciantes, se reivindicó el postulado de que “la tierra debe pertenecer en propiedad del que la trabaja”.

Un siglo después poco ha cambiado. La tierra sigue siendo un bien escaso, y más del 70% de la superficie agrícola se trabaja por contratistas y arrendatarios. Las condiciones económicas impuestas por los sucesivos regímenes que destruyeron la continuidad democrática, tornaron económicamente inviable al minifundio. Los "nuevos" propietarios tuvieron que seguir arrendando campos vecinos para lograr una escala que justificara la amortización de inversiones en maquinaria, pero a la vez formaron parte de las condiciones para que gobiernos populares llegaran al poder a partir de 1916. A pesar de ello, cada dictadura implicó un nítido retroceso. Luego haría lo propio un gobierno elegido democráticamente.

11

La lucha de los productores había sido por lograr la propiedad de la tierra y con ello alcanzar progreso y bienestar. Según un documento de la propia FAA, “la batalla de fin de siglo fue por no perderla y evitar la condena de miseria y marginación que les esperaba a los derrotados por el modelo menemista. Una década de neoliberalismo significó expulsar del medio rural a miles de productores que, abandonados a su suerte a partir de la desarticulación del Estado, quedaron sometidos a las tempestades del mercado”.

La imposición de trabajar casi siempre a pérdida, originó descapitalización y atraso tecnológico y generó un gigantesco endeudamiento bancario que llegó a alcanzar más de 7.000 millones de dólares, que estaba garantizado por 11 millones de hectáreas hipotecadas, sólo en favor del Banco Nación. Esta realidad que padecida miles y miles de pequeños y medianos productores, significó una presión excesiva, por la cual muchos productores se vieron obligados a la entrega de sus campos.

A fines de los años 90, la FAA denunciaba, como resultado de las desventajosas políticas cambiarias y la indiscriminada apertura del mercado nacional, “la concentración de la propiedad de la tierra en cada vez menos manos, un masivo éxodo rural, el despoblamiento del interior, la aparición de pueblos fantasmas y la llegada de nuevos pobres a changuear a las pequeñas localidades primero y luego a los cinturones de marginación de las grandes ciudades, mientras miden el pulso de nuestra producción los Soros de este mundo” (George Soros, especulador financiero e inversionista, se hizo famoso por hacer quebrar el Banco de Londres y por la filosofía de “sociedades abiertas”: para esas fechas era uno de los principales compradores extranjeros de tierras en la Argentina).

A lo largo de esos años, aun cuando el modelo tenía una fuerte aceptación social, la FAA enfrentó públicamente esas políticas a través de la denuncia y la movilización, alertando a los productores y a la sociedad en su conjunto sobre los catastróficos resultados de las políticas neoliberales. Dos paros agropecuarios nacionales y más de 250 puebladas dan fe de esa lucha, como “reclamo de los excluidos por este modelo, trabajadores, estudiantes, profesionales, pequeños empresarios, economías regionales, que no se resignan y aspiran a una Argentina para todos, donde se conjugue el verbo soñar, e imperen la justicia, la ética y la solidaridad”.

12

Es demasiada historia como para que algunas coincidencias reivindicativas sirvan de patas a una Mesa que tambalea. Pero también es un recordatorio de que los excluidos son muchos, siempre más de los que aparecen visibles. La consigna lanzada por Francisco Netri debería convocar a la inclusión dentro de este gran debate a los “otros” pequeños productores, hermanados con aquellos de 1912 en la injusticia y el olvido. Esos que no plantan soja, que no viven en la Pampa Húmeda, que no forman parte de ninguna agenda en sus propias provincias, salvo honrosas excepciones.

La transformación en las últimas dos décadas de la tradicional estructura de producción agropecuaria fue asombrosa. En la Argentina, por ejemplo, el modelo vertical basado en la propiedad y arrendamiento de la tierra representa hoy menos de un tercio de la producción total. El resto configura una red horizontal, integrada por múltiples componentes –empresas productoras, contratistas, profesionales, proveedores de insumos, de maquinaria y prestadores de servicios– en su mayoría cuentapropistas que pactan millones de contratos por año, generando una renta atomizada.

El problema es quien se devora el queso mayor, lo que sucede con la yerba mate, el tabaco, las frutas o el vino. En los últimos años, el porcentaje de participación de los gobiernos subnacionales en la torta de recursos federales se redujo a menos del 31%. En forma paralela, la responsabilidad de las provincias sobre la ejecución del gasto primario social consolidado, se viene incrementando hasta alcanzar el 50%. Estas no tienen, en consecuencia, la capacidad financiera de solventar en forma sustentable las erogaciones que les tocó afrontar luego de la descentralización de la educación y la salud, proceso en el cual no sólo se asumieron mayores obligaciones, sino que además resignaron recursos a favor del Gobierno Nacional. Esto les restó posibilidades de generar alternativas productivas sustentables, además de la falta de ideas de alguna dirigencia cuando no hay presupuesto.

Ninguna de esas medidas estuvo orientada a impulsar el paradigma que sostiene que generar empleo y producción implica desarrollo económico, pero incluyendo en la ecuación el desarrollo socioeconómico. Es lo que sucede hoy con el desembarco transnacional en zonas poco productivas, donde se generan empleos por el traslado al tercer mundo de las industrias más contaminantes. En una primera instancia, este proceso genera crecimiento. Pero en el largo plazo ha quedado demostrado que no es así,

13

es proceso llega a una meseta y lo único que hace después es contaminar y seguir concentrando, en un círculo para nada virtuoso. La tendencia a abaratar costos incluye una creciente automatización y mecanización de los procesos. Cuando el costo de mano de obra deja de ser barato, se la expulsa y se mecaniza.

Un caso amenazante y paradigmático en nuestro país es el de la probable mecanización de la cosecha de yerba mate. Las grandes empresas ya han presentado un prototipo, que aún necesita ajustes. Pero de comenzar a ser utilizado, un enorme segmento poblacional quedará desprotegido. La tendencia de los concentrados es hacia una utilización casi extractiva, como en el caso de la soja, que expulsa a tamberos y recolectores por igual y ahora tiende a afectar las economías regionales, que dejarían de ser inclusivas para transformarse en un enorme proyecto de cultivo extensivo mecanizado, con muy baja utilización de mano de obra y rentabilidad en pocas manos. Manos que además son dueñas de las empresas, del transporte, del acopio, de la logística, de los puertos, de las aseguradoras y hasta de los peajes ruteros.

Las provincias, urgidas por conseguir negocios que emparchen de alguna manera el desequilibrio presupuestario nacional heredado, abren sus puertas a Cagill o Nidera. Lo que en realidad están haciendo es comprarse un enorme problema a futuro, porque la lógica de estas empresas siempre es predatoria. En general, si agrupan en un principio a pequeños productores, terminan excluyéndolos mediante métodos progresivos de apropiación. Es lo que sucedió con el tabaco, con la desaparición progresiva de todas las marcas nacionales de cigarrillos. El pequeño productor no puede resistir sin respaldo financiero ante los embates de las transnacionales. La única defensa que tienen es pertenecer a un colectivo de producción, que además cuente con respaldo y protección estatal.

Para recurrir nuevamente al ejemplo de Misiones, muchos de los asociados a las cooperativas fueron abordadas por estos pulpos. En una primera etapa, los colonos dejaron de producir diversos productos para la fábrica de la cooperativa, y comenzaron a vender materia prima sin elaborar a mejor precio que el ofrecido por ésta. Pero una vez que se cerraba la alternativa fabril cooperativizada, empezaban a bajar los precios. El colono quedaba así en mucho peor situación que antes, llegando a situaciones en muchos casos tan críticas que lo obligaban a vender su tierra. Este proceso es más

14

visible en una provincia que todavía ostenta la mejor distribución de la tierra a nivel nacional, con miles de pequeños productores con chacras de 25 hectáreas cada uno. Pero no es ajeno a otros puntos del país, y permite prever la proliferación de nuevos gritos similares al de Alcorta.

Las analogías son marcadas. Cuando los nuevos colectivos de producción que producen alimentos verifican el costo real de producirlos, incluyendo marca, envasado, flete, logística, promoción, almacenamiento, stock, gastos de preventa, impuestos, gastos de facturación, y además agregan una razonable ganancia para todos sus integrantes, comienzan a comprobar que el precio final está muy por debajo de los cobrados a nivel de mercado. Y comienzan a entender la burbuja generada por un mundo de fantasía, donde se gastan cifras siderales sin ningún justificativo real. Surge así una nueva economía basada en cuestiones concretas, pero siempre amenazada por un modelo financiero lleno de excrecencias, recovecos y solapas. Y un nuevo grito asoma en el horizonte, reclamando contra esa gran mentira de que las finanzas mundiales manejan adecuadamente la producción agropecuaria, porque en realidad se basa en un esquema inmoral para el cual una tonelada de alimentos debe ser tratada igual que un kilo de oro. Un bien con un valor subjetivo, comparado con otro que posee un valor irrenunciable para la humanidad y garantizado por todos los países democráticos, que es el derecho a la alimentación.

15

MANUAL DE LA EXPLOTACIÓN

Ahora bien, en la integración de los costos para cada kilo de alimento, mencionados en el capítulo anterior, interviene el costo laboral. Este ingrediente en el ámbito rural argentino es uno de los más complejos del mundo. Las reformas en otros países, donde las medianas y pequeñas empresas agropecuarias se tornaron económicamente viables, permitieron formalizar el trabajo del peón rural en sus amplias versiones, desde esquiladores hasta capataces, sembradores o carpidores. Y las leyes laborales fueron así también más transparentes.

El empleo rural en la Argentina es casi un manual de la explotación. El 70 por ciento de los trabajadores rurales está en negro, cobra menos que el salario mínimo, trabaja de forma transitoria y en malas condiciones de seguridad e higiene. Los nichos recientemente descubiertos de trabajo sobreexplotado componen un universo alarmante. Aunque la mayoría de los trabajadores rurales no se desempeña en las mismas condiciones infrahumanas detectadas, está muy lejos de gozar de los mismos derechos laborales obtenidos por el asalariado industrial promedio.

Hugo Luis Biolcati, presidente de la Sociedad Rural, manifestó un profundo desconocimiento de esta situación cuando declaró a la prensa que “el salario mínimo del campo supera ampliamente al mínimo, vital y móvil, y a eso se le suma comida y vivienda”, buscando generalizar la situación que disfruta una mínima parte de los trabajadores rurales: los registrados, permanentes y calificados de la región pampeana.

Los factores que explican la precariedad laboral en el sector son la vulnerabilidad de los hogares rurales en un escenario de difícil fiscalización, junto a un enclenque accionar sindical, la estacionalidad de las cosechas y el aumento en la proporción de trabajadores transitorios debido al crecimiento de algunas producciones, por la mayor demanda interna generada por el incremento del poder adquisitivo de la población.

Durante cada año se ocupa de manera permanente o transitoria en el agro casi un millón y medio de personas, aunque sólo están registrados 320.542 según datos del INDEC correspondientes al tercer trimestre de 2010. Esto evidencia la tasa de informalidad cercana al 70 por ciento señalada, duplicando la media de la observada en el resto de nuestra economía. Esta situación no es homogénea en todos los cultivos y zonas del país, ya que la

16

informalidad es primordialmente alta en los cultivos extra pampeanos como el ajo, la cebolla, la zanahoria, la caña de azúcar en Tucumán, las tareas de empaque en el Alto Valle de Río Negro y también la producción de yerba mate y tabaco en Misiones. Sólo en algunos casos de tradición sindical fuerte se observa una situación laboral superior.

La precariedad salarial del sector es evidente. El mencionado informe del INDEC señala que el último salario censado de los trabajadores en blanco fue de 2.004 pesos, apenas por encima de los 1740 mensuales decretados por salario mínimo en ese momento, pero el dato sólo toma en cuenta tres meses del año. La mitad de los trabajadores rurales son temporarios, o sea que el promedio anual es mucho más bajo. Existe también una marcada diferencia entre el promedio salarial para cultivos de cereales y oleaginosas pampeanos, en alrededor de 2347 pesos, y las hortalizas (1595 pesos), las frutas (1719 pesos) y los cultivos industriales (1591 pesos) que se ubican fuera de esa zona, siempre tomando datos sólo de trabajadores en blanco.

La vulnerabilidad de los trabajadores golondrina genera incapacidad para disputar ingresos y condiciones dignas de trabajo, porque viven en condiciones que no les permiten rechazar un empleo de esas características. A esto se suma la dificultad para fiscalizar, porque sólo con “operativos sorpresa” los agentes fiscales logran que las patronales se vean imposibilitadas de esconder los trabajadores informales, presentando sólo los que están en blanco.

La legislación laboral que se aplica sobre el sector es una ley de 1980, con la firma de Jorge Rafael Videla, que dejó fuera de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores agrarios y creó el Registro de los Trabajadores Rurales (Renatre), compuesto por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Ese organismo que debería regular las condiciones de trabajo en el sector, debido al vínculo que generó entre el sindicato y la patronal, ha incrementado la situación de informalidad.

Ya en 2008, la Mesa de Enlace se había negado a convalidar la jornada laboral de ocho horas. El Gobierno presentó en el Congreso una nueva ley de trabajo rural, proponiendo que el Renatre pase a la órbita del Ministerio de Trabajo con participación de los representantes del sector, colocando

17

nuevamente la tarea de registro y control en manos del Estado. Tanto la Mesa de Enlace como UATRE rechazaron la iniciativa.

Además, en la región pampeana –a partir de los nuevos paquetes tecnológicos y cambios en las formas organizacionales de las empresas– el empleo rural se redujo, dejando fuera del mercado laboral a muchos trabajadores. Por ejemplo, la siembra directa redujo en un 30 % la demanda de mano de obra respecto de etapas previas. Los cultivos de soja, trigo y maíz, dados los actuales procesos, presentan en su etapa primaria requerimientos casi insignificantes de mano de obra. Es también el caso del algodón en el Norte del país, por la crisis de la industria textil y la difusión de las fibras sintéticas que generaron condiciones desfavorables para los pequeños productores, incentivando la mecanización de la cosecha y la concentración de las explotaciones. Algo similar sucedió con la producción azucarera, donde la mecanización de la zafra de caña redujo los requerimientos de mano de obra de 50 mil cosecheros en los años ’60 a 15 mil en los ’90. Misiones y el nordeste de Corrientes probablemente sean las próximas áreas afectadas por la mecanización, ya que las grandes empresas anunciaron hace poco la fabricación de una máquina cosechadora de yerba mate.

A medida que aumenta el nivel tecnológico cae la proporción de trabajadores permanentes, aumenta el desempleo estacional y los trabajos se vuelven transitorios. Las demás producciones alternativas no logran absorber esa oferta de empleo, y las empresas del sector buscan contratar personal ajustándose sólo a los tiempos efectivos de trabajo, para evitar tiempos muertos. Esto genera una tendencia a que la contratación por jornales sea casi totalmente eventual, y se monte sobre la estacionalidad característica de las tareas agrícolas, situación que profundiza y modifica la precariedad y la vulnerabilidad de estos trabajadores. Existen varios casos de empresas frutícolas grandes que trabajan sólo con diez empleados permanentes.

Esta modalidad que se visualiza en las grandes empresas a veces está asociada al trabajo subregistrado, que por más que aparezca como registrado sigue siendo precario. A este tipo de trabajadores les resulta muy complejo conseguir anualizarlo, y al no lograr continuidad en sus ingresos para todo el año, al dividirlos en promedio mensual se ubican muy por debajo del salario mínimo. Las cifras sobre las que se trabaja en este

18

aspecto, así como las cantidades de trabajadores existentes, por todas estas razones, son de extremada volatilidad. Si analizamos otros capítulos de este libro, realizados sobre otras fuentes, se observará la marcada tendencia a que esos datos difieran. Una sola conclusión es factible: el sector laboral del campo todavía está soterrado, y nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, dónde están, cuánto cobran en realidad anualizando sus ingresos y en qué condiciones laboran.

Lo que sí es muy visible es que las situaciones extremas en el sector rural se observan respecto del trabajo al que se denomina “no libre”. Esta modalidad se da, además de manera temporaria, bajo condiciones de sobrexplotación que –al agregárseles mecanismos de servilismo a través de vales de provisión o gastos de traslado y alojamiento– rozan un semi esclavismo que vulnera derechos humanos elementales.

En estos casos, generalmente se puede observar un reducido universo de asalariados bien pagos, como los maquinistas contratados en la región pampeana y algunos de los capataces de grupos “no libres”, que en general son también los encargados de las levas en las provincias. Pero la enorme mayoría de los trabajadores rurales convive con la informalidad y los flagelos que esto acarrea: bajos salarios, jornada de más de ocho horas, falta de acceso a la seguridad social y a derechos adquiridos como vacaciones, aguinaldo y licencia por enfermedad, entre otros. A esto se suma una importante franja de trabajadores que, a pesar de estar registrados, no escapan a una precariedad inherente a la eventualidad laboral, las deficiencias en las condiciones de higiene y de seguridad laboral.

Y esto es posible porque, a lo largo de la historia se ha generado una cadena de complicidades, por acción u omisión, por interés o por ignorancia, que incluye a empresarios, intermediarios, sindicatos y hasta hace poco, a la inacción del Estado. El amistosamente denominado “trabajo precario rural” es –además de histórico– generalizado, y forma parte de una larga lista de actividades cuestionables aplicada por los empresarios agrarios. En algunos casos, cuando se trata de empresarios de medio porte con baja rentabilidad, incluso se podría pensar en mecanismos alternativos de formalización, como los pequeños monotributos o formas similares a la contratación de personal doméstico. Pero esos casos son minoría dentro de este universo. En el grueso de los procesos, por el nivel actual de

19

rentabilidad del agronegocio, no se justifica para nada mantener nichos de trabajo precario.

El problema para abordar esta cuestión, insistimos, es que –debido a la inacción del sindicato, lo cual perdura, y le desprotección del Estado, que se ha comenzado a romper– no existen estadísticas actualizadas sobre la situación laboral en el campo. Los expertos deben manejarse mediante cruzamiento de datos del Censo Nacional 2001 y del Censo Agropecuario 2002, que además está realizado en base a planillas que contestan los propios patrones, y no los trabajadores. Tampoco sirve la Encuesta Permanente de Hogares ya que se realiza sólo en las ciudades, dejando fuera al sector rural. Pero el principal motivo es que existen sectores muy interesados en que no se conozca la realidad rural, porque ya constituye casi una certeza que la pobreza, la explotación y la desocupación son muy superiores a lo que se publica como material al respecto, que siempre se basa en una proyección más orientada hacia lo urbano.

Todo parece estar orientado hacia una complicidad del silencio, actitud coherentemente asumida desde siempre por la clase dirigente rural. No es casual que nuestro país se haya construido como Nación sobre la esclavitud encubierta de gauchos e indígenas. El Martín Fierro fue el primer –pero no el único– alegato sobre esta realidad de explotación. Por eso no resulta sorprendente que buena parte del éxito actual de ciertos sectores del agro se apoye en la sobrexplotación de hombres, mujeres y niños, ya que se trata de una continuidad histórica.

El control estatal sobre las condiciones laborales –y consecuentemente sobre la evasión fiscal– se realiza mediante el Régimen de Promoción y Protección del Empleo Registrado. Luego de la incorporación de empleados reubicados de las ex AFJP, especialistas en ventas y en blanqueo de empleadores, la capacidad de relevamiento de la AFIP se multiplicó en más de diez veces. De tres mil trabajadores relevados por mes, el promedio mensual ascendió a casi 40 mil en la actualidad.

Esta dinámica hizo emerger una situación de mucha precariedad, lo que permite estimar que la misma afecta al 30 % de los trabajadores en todo el país, pero –como dijimos– son datos mayoritariamente urbanos. Esos trabajadores no registrados carecen de obra social, no tienen protección ante un accidente de trabajo, pueden ser despedidos sin que se les pague

20

indemnización y no reciben asignaciones familiares ni jubilación, y mucho menos vacaciones.

Si nos referimos exclusivamente al ámbito rural, cada año el Ministerio de Trabajo de la Nación publica un informe referido al control realizado para detectar trabajo irregular que se denomina “Agricultura, ganadería y actividades conexas”. Este material señala que durante el 2010 “la informalidad también conocida como trabajo en negro en el campo llegó al 59 %, encabezando el ranking junto al trabajo doméstico”. La situación del trabajo rural en la Argentina sigue siendo preocupante, pero debido a un nuevo accionar estatal –aún incipiente– bajó diez puntos en los últimos siete años, como informó recientemente la Subsecretaría de Fiscalización del Ministerio de Trabajo.

No es un dato menor. Este organismo explicó que el Ministerio cuenta con 400 inspectores para realizar mediciones paralelas y complementarias al índice nacional. En 2008 se realizaron 2.987 fiscalizaciones, con un resultado de un 54 % de trabajo no registrado. En 2009 fueron 2.681 las inspecciones y la informalidad llegó al 56 %. En 2010 el índice de informalidad fue del 59 %, aumento que obedeció más a inspecciones ampliadas que a un incremento real. Pero todavía es ingente la tarea a futuro. En el último relevamiento del 2010 se inspeccionaron 3.290 establecimientos, lo cual representa sólo el 1,03 % del total de establecimientos agropecuarios que existen en el país (317.816 según el último Censo Agropecuario). En San Luis se realizaron sólo 19 fiscalizaciones, en Santa Cruz 17, en La Pampa 13 y en Neuquén sólo dos inspecciones nacionales en busca de trabajo no registrado.

Pero además existe otro elemento a tomar en cuenta. Cada provincia ejerce el poder de policía laboral en su territorio sobre todo aquello referido a condiciones generales del trabajo, cumplimiento de las normas de higiene y de seguridad, y aplicación de convenios colectivos de trabajo. En ningún caso el Ministerio de Trabajo de la Nación inspeccionaba las condiciones de explotación laboral a cargo de las provincias. Es recién junto con la AFIP que se comienza a operar de manera eficaz. Al igual que la lucha contra las mafias en Estados Unidos, los Al Capone locales del trabajo esclavo comenzaron a ser perseguidos y paralizados por el accionar anti evasión fiscal.

21

Después de los sonados casos de las cerealeras, muy publicitados en los medios, la Administrador Federal de Ingresos Públicos, AFIP, reiteró mediante un comunicado su rechazo a cualquier forma de trabajo esclavo, y anunció que las próximas empresas en ser controladas serían las que se dedican a la yerba mate y el tabaco.

En uno de los casos de inicio y más sonados, la AFIP confirmó que la empresa Satus Ager en la que se detectó trabajo esclavo, "está dirigida por un ex subsecretario de Agricultura bonaerense y mostró una situación de trabajo infrahumana". Este fue el caso que comenzó a desnudar la trama que une con el empleo basura a Eduardo Duhalde (ex vicepresidente de Menem, ex gobernador de Buenos Aires, ex presidente durante el 2002-2003 e impulsor de la caótica y explosiva devaluación del peso post covertibilidad), relacionándolo con el dirigente sindical histórico de la UATRE Gerónimo “Momo” Venegas y a la Mesa de Enlace. Más adelante profundizaremos este jugoso aspecto, con entrelazamientos muy interesantes en cuanto a la relación espuria entre dirigentes políticos, sindicales y empresariado prebendario.

A fuerza de pruebas incontrastables y de imágenes escandalosas, el campo argentino se convirtió en una muestra del mayor desamparo laboral del país. Esa reducción a la servidumbre de hombres y mujeres que, a cambio de sueldos exiguos, hacen posible el país de los piquetes con camionetas 4 x 4, el de las cosechas récords, de las exportaciones millonarias y el de la ahora casi exclusiva potestad de tomarse vacaciones en el exterior, porque son de los pocos que siguen cobrando en dólares. El empleo irregular sobre el que se basa buena parte de ese lucro suntuario, supera por mucho margen al promedio del resto de los sectores de la producción nacional, que no superan el 35 %. Y lo hace a través del sencillo mecanismo de que –en millones de hectáreas sembradas de soja, maíz y trigo, pero también de tabaco, fruta, yerba mate o algodón, por sólo nombrar algunos casos de latinfundismo o concentración productiva– dos de cada tres peones trabajan en negro, con sus derechos vulnerados en distintos grados de intensidad, desde la falta de aportes sociales hasta modos de producción que se asemejan a los aplicados al trabajo forzoso en algunas prisiones.

Según la AFIP, como ya dijimos, se observan bastante más que 900.000 trabajadores dentro de ese margen de informalidad. Esta situación resulta más repudiable cuando más rentable y lujoso se torna el campo, escondido

22

detrás de una trama de complicidad sindical, empresarial y política que ampara y al mismo tiempo lucra con el negocio de la explotación rural.

Pero además, esta situación muestra hasta qué punto resultan anacrónicos los modos de producción rural que prevalecen en la Argentina. Ninguno de los adelantos en materia laboral ha sido aplicado para esa enorme franja de trabajadores informales, a pesar de las conveniencias que encierran. Con la regularización, un empleador puede recibir financiamiento o incluso la condonación de la deuda (capital e intereses) de aportes y contribuciones que mantenga con el Estado. También logra quitas en las contribuciones durante los dos primeros años, con la única condición de mantener ese puesto de trabajado. Esta ley de blanqueo es inédita en cuanto a sus beneficios, pero también en cuanto a sus alcances. Aquellas situaciones relevadas que no hayan sido regularizadas, o bien donde se haya prescindido del trabajador, las sanciones son duras y ya se comenzaron a aplicar una vez terminado el régimen de promoción, a fin de febrero de 2010. El mencionado organismo de la AFIP informó también que gracias al régimen de blanqueo y el de promoción del empleo que propone la Ley 26.476, fueron creados 300 mil nuevos puestos de trabajo.

Nunca como ahora fue tan conveniente emplear en blanco. Pero para algunos sectores de la economía argentina, esta formalización y modernización es mala palabra. Las denuncias y allanamientos que detectaron condiciones de semi esclavitud y tráfico de personas en zonas rurales comenzaron a poner en evidencia un despiadado sistema de explotación laboral en el agro.

Un relevamiento de las provincias y los trabajos involucrados permitió detectar cómo se disfraza el empleo en negro, e incluso recibir denuncias por casos de represión. 

En 1904, Juan Bialet Massé redactó el “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas”, considerado la primera sinopsis sobre la situación de los trabajadores del país. En el mismo se puede leer que “el estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal. (...) He visto en todo el interior la explotación. El trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la república, y acaso más en la época de cosecha”.

23

Más de un siglo después de aquel informe, continúan las condiciones de explotación laboral con jornadas de trabajo de hasta 14 horas, con pagos mínimos en especias o en cupones para adquirir productos en la propia proveeduría del empleador, muchas veces bajo amenazas y humillaciones, con alimentación escasa y carencia de días de descanso, y con personas que son obligadas a vivir bajo techos plásticos.

Las organizaciones campesinas, las ONGs y los académicos afines coinciden al afirmar que en todas las latitudes de la Argentina está presente el trabajo rural bajo condiciones de sobreexplotación, y constituye una práctica generalizada que caracteriza a casi todo el trabajo en el campo. Casi ninguna producción escapa a la regla. Existen casos emblemáticos sobre los trabajos más frecuentes donde predomina la explotación en todas las regiones y en todas las actividades

De Santiago del Estero migran cada año miles de personas para trabajar en distintas cosechas como la de la papa, el desflore de maíz, el corte de caña de azúcar y la recolección de aceitunas. En los pequeños predios campesinos, durante los difíciles años del uno a uno cambiario, había caído la producción de maíz, de zapallo, de sandía y la cría de animales, entre otros, y su consecuencia fue la pérdida de autonomía alimentaria para los comuneros. Esto los empujó a ingresar en un círculo de pobreza extrema, y una creciente dependencia de trabajos en condiciones de explotación para mantener un grado mínimo de subsistencia. Es lo que dijo uno de los operarios golondrinas, entrevistado después de un operativo conjunto de la AFIP y el Ministerio de Trabajo, cuando se lo cuestionó por aceptar este tipo de explotación inhumana. “Mis hijos tienen que comer –dijo– y ya se sabe, la necesidad tiene cara de hereje”.

En la zona de influencia de Bahía Blanca, que incluye Patagones, Pedro Luro e Hilario Ascasubi, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, se ubica un enorme área dedicada al cultivo de la cebolla, que recibe gran cantidad de migrantes del norte del país y de Bolivia en los meses de noviembre y de diciembre, época del año en que se requiere mano de obra para la limpieza, cosecha, apilada y empaque. No se advierten allí muchos casos de trabajo esclavo, que resultan excepcionales, pero sí se observa extensas jornadas, bajos salarios y hacinamiento en el 90 % de los casos, según una investigación de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Migratoria de Bahía Blanca.

24

Otro caso es el de la zafra lanera de la Patagonia, donde funcionan cuadrillas de veinte personas que se denominan “comparsas de esquila”, y están compuestas por agarradores (los que capturan y traen a los animales), esquiladores, enfardadores, clasificadores y cocineros. Estas comparsas, entre agosto y enero, se trasladan recorriendo un cierto número de estancias, durmiendo en galpones precarios y sujetos a un trabajo muy exigente, casi siempre en negro. En el aspecto físico, los esquiladores testimonian que diez campañas son el límite para que comiencen a surgir los problemas físicos, especialmente afecciones de columna y cintura.

La Patagonia tiene similitudes con el nordeste correntino y con Misiones. Buena parte de la riqueza de esas regiones surge del trabajo manual de los denominados tareferos, palabra que deviene de la tarifa semanal que se paga por el trabajo estacional que consiste en podar la planta de yerba mate y separar las ramas pequeñas del palo grueso. Esta tradición se mantiene desde épocas ancestrales, y al producirse todavía mayoritariamente en pequeñas parcelas de 25 hectáreas, fruto de la colonización migratoria, se esconde detrás de un complejo esquema. Los pequeños productores, con sus magras ganancias y atendiendo riesgos, son quienes –en la mayoría de los casos– pagan a los tareferos. La desregulación del cultivo, impulsada en los 90 por el entonces gobernador menemista Ramón Puerta –uno de los efímeros presidentes del 2002– generó el surgimiento de latifundios yerbateros, pero no eliminó del todo la producción predial. Los pequeños productores, junto con los trabajadores estacionales, pasaron así a ser variables de ajuste, ahora además amenazados por una inminente mecanización, aparentemente sólo diferida por problemas técnicos.

El flamante Sindicato de Tareferos de Misiones –que nuclea a 300 trabajadores rurales de la yerba mate, nacido hace dos años para luchar por los derechos del eslabón más débil de esa industria millonaria– explica por qué es un trabajo todavía manual. La tarefa consiste en acumular los cortes de poda sobre bolsas plásticas abiertas, que luego se atan por las puntas para conformar el “raído”, por el cual se pagan en promedio trece pesos y que muchas veces incluye el trabajo de toda una familia. Generalmente se logran completar de dos a cuatro raídos por jornada, con lo cual se obtienen entre 26 y 52 pesos diarios. En noviembre pasado la dirigencia de este sindicato viajó a Buenos Aires para denunciar la explotación laboral y salarial que padecen, ante el abandono de la UATRE. También reclamaron

25

a la ANSES que cumpliera con la devolución de las asignaciones familiares retenidas arbitrariamente por los contratistas, tratando de hacer valer por primera vez sus derechos en forma organizada. Finalmente se movilizaron hasta el Obelisco porteño, bajo la consigna “Que el placer de tomar mate no siga descansando sobre la esclavitud de los tareferos”.

El problema de ésta y otras manifestaciones, observado en diversos puntos del país, es que –ante la ausencia histórica de atención para estos problemas– sus expresiones tratan de ser aprovechadas por el oportunismo político de algunos dirigentes. Estos trabajadores –desprotegidos y nunca escuchados– no dudan en tratar de sumar voluntades en su apoyo, y esa ecuación en muchos casos termina por aislarlos aún más.

Al igual que la tradicional cebadura, también el carbón que se utiliza en las ciudades para hacer el popular asado tiene un alto costo en trabajo humano. Familias enteras recolectan leña, la cortan y acumulan dentro de hornos de ladrillo o barro, encendiendo un fuego controlado que no debe apagarse durante 15 días para logra la carbonización de la leña. Por estas condiciones insalubres de trabajo se pagan 20 pesos por jornadas de diez a doce horas, donde muchas veces trabaja toda la familia, incluyendo menores y con horario nocturno.

La cosecha de poroto y el desmonte para sembrar soja son dos actividades que explotan trabajadores en el norte de Salta. La tierra para monocultivo requiere el “deschampe”, que consiste en el desraizado y limpieza de los lotes luego del paso de las topadoras. En general, los dueños de las fincas acuerdan con un contratista, quien se encarga de trasladar a los trabajadores en camiones desde puntos distantes, los que raras veces tienen conocimiento del lugar donde están trabajando. Viven bajo techos plásticos, sin sanitarios, y la paga muchas veces se efectúa con alimentos sobrevaluados y hasta vencidos, alcohol y hojas de coca. Finalizado el trabajo, suelen ser abandonados y deben mendigar para regresar a sus hogares.

A pesar de que la mayoría de esos casos nunca llega a conocerse, recientemente Alfredo Olmedo, candidato a gobernador del PRO para las elecciones de 2011 en Salta, atrajo la atención al presentarse como un empresario exitoso. Esto colmó la paciencia de sus trabajadores, quienes realizaron una denuncia anónima que terminó por develar las condiciones

26

de trabajo infrahumanas y los campamentos de precariedad extrema en sus amplias extensiones de cultivo de soja.

En Mendoza, la cosecha de uva no es ajena a la explotación laboral. Trabajan familias enteras, incluyendo mujeres y niños. Todos “tachan” (carga del recipiente y descarga en camiones) cortando racimos y colocándolos en tachos de 20 litros, y por cada tacho les dan una ficha que equivale aproximadamente a un peso, las que se acumulan hasta el día de pago, generalmente los sábados. En una jornada muy buena se pueden reunir 100 fichas por el trabajo de toda la familia, pero la mayoría sólo llega a 50. También allí es común que esa ficha sea moneda de cambio en las proveedurías de la finca. En los casos en que se acepta en almacenes, siempre es a menor valor que si fuera dinero efectivo. Los cosechadores son llevados en camiones y –en los casos de trabajadores golondrina– se alojan en carpas donde cocinan con fuego, sin luz, sin agua y sin instalaciones sanitarias.

Los trabajadores del ajo, también en Mendoza, sufren similar explotación, aunque en este caso son obligados a inscribirse como monotributistas en falsas cooperativas. La jornada arranca a las 6 de la mañana, con media hora de descanso al mediodía, y se llega a trabajar hasta la medianoche. El cosechador nunca obtiene más de 60 pesos por día, los baños no existen, el agua escasea. En el departamento de Maipú, un grupo de trabajadores realizó una manifestación frente a una empresa en noviembre de 2008, para denunciar explotación en la siembra, la cosecha y el empaque de ajos. La represión policial causó la muerte del trabajador Juan Carlos Erazo. Fabián Bravo, presidente de la Cooperativa Irigoyen e integrante del flamante Sindicato de Trabajadores del Ajo y Afines (Sitraaj), denunció que “desde siempre nos explotan, trabajamos hasta 16 horas pero ya era mucho. Nos animamos y dijimos basta. Nos costó amenazas, golpes y la muerte de un compañero. El sindicato (UATRE) nos dejó solos, pero salimos adelante”.

La caña de azúcar en Tucumán y el algodón en Chaco son dos actividades de referencia de menguante trabajo en condiciones de explotación, pero no por mejoría de las mismas. Hasta hace poco requerían gran cantidad de mano de obra, pero con la tecnificación de la cosecha descendió notablemente la necesidad de trabajadores. Sin embargo, aún persisten establecimientos donde se mantienen regímenes de explotación.

27

Otras actividades como tabaco en Jujuy, cebolla en San Juan, fruta fina en Chubut y Río Negro, ganadería en Formosa, rosa mosqueta en Río Negro, arándanos y cítricos en Entre Ríos y Corrientes, limón en Tucumán, los motosierristas misioneros o la aceituna en Catamarca y La Rioja son casos similares a los mencionados, donde sólo el análisis del trabajo infantil ameritaría varias páginas de este libro.

La producción de frutas en Río Negro utiliza mano de obra temporaria. La gran mayoría de trabajadores llega desde el norte, e incluso el gobierno tucumano tiene un convenio con Río Negro para facilitar jornaleros. La Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Trabajo de Tucumán paga micros que trasladan aproximadamente a 16 mil trabajadores, de un total de 25 mil que –según cifras oficiales– migran por temporada desde esa provincia a otros puntos del país. La primera quincena de enero envían a Río Negro unas once mil personas, y el resto migra a Mendoza, San Juan y La Rioja. “Todos en blanco”, aclaran las gacetillas oficiales en las que se reconoce que se movilizan familias enteras.

En Río Negro, los casos se repiten cada año. En enero de 2010, los diarios provinciales volvieron a poner en tapa, como todos los años en época de cosecha, denuncias sobre este tema. Una de ellas manifestó que cientos de trabajadores estaban hacinados en un galpón de la localidad de Lamarque. Les habían ofrecido 81 pesos por día y vivienda, pero en cambio les pagaron 30 pesos y los alojaron en un tinglado superpoblado. La mitad de los trabajadores dormía sobre el piso. Según la denuncia, si alguien reclamaba, en el predio había policías de la provincia que amenazaban con reprimir.

En diciembre volvieron a repetirse las denuncias en la localidad de Choele Choel. Los trabajadores no podían salir de las chacras y sólo podían pedir ayuda por mensaje de texto, si alguno tenía celular y había señal. Se repetían las condiciones de trabajo y alojamiento de otros lugares, les pagaban menos de lo pautado y les cobraban los alimentos a precios altos.

“Represión a los qom, Villa Soldati y trabajo rural esclavo: todas caras de una agricultura industrial” es el título del documento con el que el Movimiento Nacional Campesino e Indígena vincula la feroz y aún impune represión en Formosa con los asesinatos en el Parque Indoamericano y las condiciones de trabajo de la población rural. “La concentración de la tierra

28

y el agua en pocas manos, y la falta de apoyo a la agricultura familiar y campesina propician el trabajo esclavo en condiciones infrahumanas, al que son sometidos miles de trabajadores en el campo”, denuncia. Resaltaron los casos conocidos a comienzo del año 2011 en San Pedro y Ramallo (desflore de maíz) y acusaron como responsables del modelo a la Mesa de Enlace y a las corporaciones transnacionales, entre ellas Monsanto, Nidera, Dreyfus y Syngenta. Y afirmaron que la explotación en el campo “no es una situación aislada o excepcional, sino la consecuencia general del modelo agropecuario instalado en Argentina”, advirtiendo que las injusticias y atropellos contra el trabajador rural “no pueden eliminarse sin una transformación profunda del modelo”.

Como ya señalamos, esa transformación se complica porque escasean las estadísticas referidas al trabajo rural. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de Río Negro, sólo en las chacras de San Patricio del Chañar, 55 kilómetros al norte de la capital provincial, cada año llegan 4.000 personas para la cosecha de manzana, pera y cereza. Como vimos, el gobierno nacional calcula que el “trabajo no registrado” en el campo es del 59 % para una población de un millón y medio de personas, en base al Censo Nacional 2001 y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), donde sólo figuran registrados 325 mil trabajadores rurales. Pero los sindicatos provinciales manejan otras cifras: 800 mil trabajadores registrados y 700 mil en negro. Una vez más, desfasajes siderales que no hacen más que revelar la caótica situación en la información, sin la cual –es sabido– no se pueden tomar decisiones, ya que los datos correctos constituyen su materia prima básica ineludible.

Por primera vez, una investigación de la revista Veintitrés identificó con nombre y apellidos a las personas, organizaciones y empresas a cuya sombra prolifera la informalidad en la mano de obra rural. Una connivencia que involucra tanto a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) –sindicato conducido por el sempiterno Gerónimo Venegas– como a las cuatro entidades agropecuarias reunidas en la Mesa de Enlace y al jefe del Peronismo Disidente y precandidato presidencial 2011, Eduardo Duhalde.

Este entendimiento surge del manejo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), una polémica entidad hecha a la medida de las necesidades de las cámaras agropecuarias. Como

29

ente autárquico de derecho público no estatal –UATRE detenta cuatro de los ocho puestos del directorio, incluida la presidencia– incluye en los otros cuatro sillones a representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, las Confederaciones Rurales y los cooperativistas de Coninagro.

“Distorsión” para la Real Academia Española es la “acción de torcer o desequilibrar la disposición de figuras en general o de elementos artísticos, o de presentar o interpretar hechos, intenciones, etc., deformándolos de modo intencionado.” En las ediciones de Clarín y La Nación, socios mediáticos de esta entente, las distorsiones junto a la omisión de noticias permiten ir a contramano de lo publicado en el resto de los medios nacionales. Uno de los temas donde es evidente la ideologización y distorsión es el trabajo esclavo rural. Ante la propuesta de crear un ente estatal destinado a registrar trabajadores rurales y combatir el empleo indecente, La Nación no dudó en apelar al viejo discurso utilizado en el conflicto por las retenciones móviles en 2008: “Ofensiva del Gobierno contra el campo”, tituló.

Nuevamente, la palabra “campo” intentaba abarcar todo un espectro, que en realidad sólo incluye a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, aunque el lector desprevenido puede suponer que se refiere a un colectivo rural mucho más amplio. Cabe preguntarse si los trabajadores rurales explotados no forman parte del campo. La Nación y Clarín además intentaron convencer a esos mismos peones rurales de que era el gobierno quien intentaba abusar de ellos. Esa ofensiva se apoyó incluso en declaraciones de Gerónimo Venegas, quien ante los casos de trabajo esclavo y las denuncias que cayeron sobre empresas como Nidera, afirmó en Clarín el 20 de enero de 2011 que el Gobierno Nacional “debería tener políticas de Estado para terminar de erradicar el trabajo infantil, la mano de obra indocumentada y el trabajo en negro”, deslindando su responsabilidad como máximo dirigente sindical del sector y presidente del Renatre. Según Clarín, el gremio había realizado “permanentes inspecciones” para detectar trabajo no registrado, pero lo detectado por el Ministerio de Trabajo demostró que esas inspecciones habían sido realizadas por delegaciones de provincias no sojeras, y que el sindicato nacional nunca se había ocupado de investigar las explosivas situaciones que emergieron en San Pedro y Ramallo, dentro de los feudos de la Mesa de Enlace y de los lobbies. Otra muestra fue el título con el que encabezó el diario Clarín las declaraciones

30

de Venegas: “Trabajo en negro: los peones rurales culpan al Gobierno” (Clarín, 20/01/11).

Un nuevo eje discursivo asomaba para evitar el incipiente combate contra la explotación laboral rural y frenar retenciones, constituido por los diarios de Noble y Mitre con todo su monopolio multimediático detrás, la Mesa de Enlace y los sindicatos duhaldistas. Pero la contundencia de los casos demostrados, el impacto mediático en el resto de los medios de información y –sobre todo– la presión gremial interna, finalmente obligaron a la conducción de la UATRE a reaccionar. Un caso de realidades categóricas similar al que está comenzando a producir, en momentos en que estas líneas se escriben, el desgajamiento de la FAA (y probablemente de Coninagro) de la Mesa de Enlace, que transita el camino de transformarse en una cáscara vacía de contenido y de poder, al igual que el Renatre.

Los delegados de UATRE del norte bonaerense, al fin con voz y voto, acompañando al fiscal de San Nicolás Rubén Giagnorio, denunciaron casi 700 obreros trabajando en condiciones infrahumanas y con salarios por debajo de lo convenido para las empresas Southern Seeds Production (SSP, con sede en Arrecifes) y Satus Ager, un sitio web empleador de 4.000 trabajadores temporales por año.

Lo recogido en cada inspección se deriva al Ministerio de Trabajo de cada provincia, que tiene poder de policía, pero escasas veces intervienen los fiscales, como sí ocurrió con el campo de SSP y antes en el de Nidera. En el norte bonaerense, considerado una de las zonas más productivas del país, los delegados de UATRE detectaron que SSP tenía 143 empleados en condiciones irregulares en el campo La Esperanza de San Pedro, 68 en La Luisa del mismo distrito, y 184 en el Establecimiento la Julieta de la localidad de Capital Sarmiento.

En La Luisa, el fiscal detectó que había jornadas de trabajo de 12 horas, con dormitorios de cuchetas situadas en carpas de lona, sin baños ni luz. Mario Bentolila, abogado representante de SSP, aseguró a Clarín que “los trabajadores están todos legalmente registrados y sus salarios están por encima del convenio sindical”, o sea, 110 pesos por jornada de ocho horas. Una cifra sumamente alejada de la que consta en el expediente de la fiscalía.

31

Por su parte, Satus Ager S.A. es una semillera que produce maíz y soja y, según describe en su página web, emplea a 200 personas en forma permanente y alrededor de 4.000 temporales “en época de campaña, para brindar servicios de producción de semillas de alta calidad”. Pero las delegaciones regionales de UATRE denuncian que en realidad se trata de un mecanismo digital para explotar obreros, y que bajo esas condiciones estaban 99 trabajadores en el establecimiento Doña Clementina, en Arrecifes (allanado por la justicia federal por pedido del Ministerio de Trabajo de la Nación), otros 19 peones en la estancia la Amalia del mismo distrito y 141 más en Santa Celestina, partido de Ramallo. “En total encontramos 694 obreros en condiciones irregulares y obligamos a que mejoren las concisiones y paguen lo que corresponde”, afirmó UATRE, y Venegas firmó abajo.

Gerónimo “Momo” Venegas, sindicalista que saltó a la fama al presentarse como mediador en el conflicto agrario, dirige un gremio donde el trabajo en negro supera al blanqueado y gasta –según denuncia periodística aparecida en diversos medios– cuatro mil dólares por semana en volar a Necochea para controlar una obra millonaria de su sindicato. En su infancia fue peoncito rural, y conoció las duras faenas del campo –según sus propias palabras– como fileteador, aprendiz de herrería, boyero, ordeñador, esquilador, peón, alambrador, tropero, palero y estibador. A los 68 años, además de UATRE, conduce las 62 Organizaciones Peronistas, ocupa la Secretaría de Interior en la CGT y la presidencia del ya mencionado Renatre.

Los antecedentes de su dura infancia y de su adultez económicamente más desahogada abundan, pero hasta su “emergencia mediática” poco se sabía de cómo construyó su poder y su fortuna este dirigente sindical. Desde siempre afecto al perfil bajo, de pronto cambió de actitud y se transformó en protagonista del “showbussines”. Esa nueva condición mediática –en un caso similar al del sojero salteño de las vistosa camperas amarillas, Alfredo Olmedo– lo colocó bajo la lupa de varios periodistas investigadores.

Surgieron así los reiterados y costosos viajes aéreos a su pago chico, la ciudad balnearia de Necochea, donde nació el 22 de agosto de 1941. Allí impulsa un centro turístico termal llamado Médano Blanco, hacia donde viaja todos los fines de semana desde Buenos Aires en taxi aéreo para supervisar esta obra, en la que su sindicato invierte algo más de 20 millones

32

de pesos. Destinada a alojar 400 personas en un predio de 42 hectáreas, incluye una laguna, el casco de una antigua estancia y una perforación al subsuelo donde hay aguas termales de 41º con propiedades curativas. La ubicación es inmejorable. Linda con la costa, 45 kilómetros al sur de Necochea.

A pesar de estas incursiones, a Venegas no le fue bien a la hora de votar. Su candidato Gastón Guarracino perdió con el actual intendente, el radical Daniel Molina, en octubre del 2007. En 2003 y en 2005 había salido tercero detrás de la UCR y el Frente para la Victoria, a pesar de presentarse como un ciudadano insigne a causa de sus numerosas inversiones en la zona balnearia.

Venegas sostiene que la UATRE “lucha contra una cultura de más de cien años de trabajo en negro, de mano de obra no registrada y de trabajo infantil”. Pero esta proclama de buenas intenciones se torna inocua cuando también se declama pero no se actúa para modificar –o directamente reemplazar por otra– la ley que rige la actividad de los peones rurales, que –como ya dijimos– continúa siendo la 22.248 de la última dictadura, que permitió derogar el estatuto del peón de campo impulsado por Juan Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1944, y que fue reglamentado durante su primer gobierno, en 1949.

La 22.248 como norma vigente ni siquiera contempla la jornada laboral de ocho horas, e incluso habilita el pago de salarios en especies. Desde ninguna de las organizaciones que integra este sindicalista se operó eficazmente para terminar con el Régimen Nacional de Trabajo Agrario ideado por José Alfredo Martínez de Hoz, no sólo desde UATRE, CGT, 62 Organizaciones, Renatre, sino incluso a través de la Fundación Argentina para el Desarrollo de los Trabajadores Agrícolas que Venegas creó, bajo el lema de “abordar y brindar soluciones a todas aquellas problemáticas sociales que presenta el sector rural”.

Como en tantos otros casos de dirigentes gremiales, los antecedentes de Gerónimo Venegas se contraponen a las actitudes negociadoras con las patronales que muestra hoy en día, a pesar de un pasado de luchas. La historia de los trabajadores rurales no fue precisamente permisiva con los abusos de las patronales.

33

Los orígenes del sindicalismo rural en la Argentina se remontan a principios de siglo XX, cuando surgió una organización en defensa de los trabajadores rurales, ante la precariedad de normas legales que los reconocieran. Los trabajadores lograron pactar formas más dignas de trabajo mediante "pliegos de condiciones", que eran acuerdos colectivos con la patronal. Su concertación generó gran cantidad de conflictos. En 1901, en Pergamino, en la provincia de Córdoba y luego en un ingenio del Chaco, los trabajadores realizaron sus primeros movimientos de fuerza. Los estibadores, por su parte, constituyeron su Centro en Inriville en 1911.

Uno de los episodios más dramáticos en la historia del sindicalismo rural fueron las huelgas patagónicas de 1920 y 1921 para reclamar aspectos tan elementales como el suministro de velas para alumbrarse, la eliminación del hacinamiento y lavatorios para higienizarse. Un destacado líder, víctima de estas huelgas, fue el gaucho Facón Grande, a quien la UATRE erigió un monumento en la provincia de Santa Cruz y luego bautizó con su nombre al primer hotel de la Unión.

Mediante la mencionada creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación que gestó el Estatuto del Peón Rural reglamentado por Juan Perón, por primera vez un gobierno buscó dignificar la vida del trabajador del campo. La ausencia de normas jurídicas que reconocieran la legitimidad de las organizaciones obreras conspiraba contra la estabilidad de las instituciones sindicales, hasta que en 1945 se dictó un decreto que les dio un fuerte impulso. Estas condiciones hicieron que el 15 de octubre de 1947 se conformara la FATRE, el sindicato más representativo del sector rural, que en 1951 se unió a los pequeños productores y a la Federación Rural Argentina de Transportadores, bajo la denominación de FASA, para recobrar el nombre de FATRE en 1961.

Una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, su carácter de Unión y su denominación actual, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Pero recién en 1991 asumió el nuevo secretariado, con la conducción de Gerónimo Venegas.

En 1995, UATRE asumió la conducción de la Obra Social, OSPRERA, y se comenzó a reorganizar la estructura del gremio por seccionales. A fines de 1996, en un encuentro nacional realizado en Mar del Plata, UATRE y

34

OSPRERA lanzaron una Campaña Nacional para el Blanqueo de Trabajadores Rurales. Según los propios documentos del gremio, “desde la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) se trabajó intensamente para terminar con una situación clara de injusticia social, y se reclamaron jornadas que no podían superar las 8 horas diarias o 48 semanales de lunes a sábados”. Los dirigentes de UATRE, junto a un grupo de profesionales y colaboradores nucleados en la Comisión Legislativa Rural, también empezaron a darle forma a un proyecto de Ley para esas fechas, que sería presentado en el Congreso de la Nación.

En 1997, luego de una amplia movilización, el proyecto de Libreta de Trabajador Rural fue aprobado en la Cámara de Senadores y pasó a la Cámara de Diputados, donde comenzó su tratamiento por parte de la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero dicho proyecto se demoró y recién en el 2001 se reglamentaría la Ley que creaba la Libreta del Trabajador Rural y ponía en funcionamiento el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

En el 2002, la UATRE puso en marcha el Programa de Alfabetización Rural (PAR) con el objetivo de que los trabajadores puedan defender sus derechos mediante el manejo de la lectura, la escritura y los cálculos básicos, y en el 2004 se entregaron las primeras Prestaciones por Desempleo a trabajadores del campo, beneficio del cual estaban excluidos desde el año 1991.

Como se puede comprobar, una larga historia de luchas de la que Venegas fue protagonista en sus últimas dos décadas. Un derrotero de más de un siglo que no se caracterizó justamente por contemporizar con las patronales. El fallido y efímero intento como mediador durante el lockout agropecuario no se asimila a la anterior impronta combativa de Venegas como dirigente. UATRE tiene 22 años de vida, y la conduce desde siempre. En 1991 lo eligieron secretario general, pero sus antecedentes como dirigente gremial datan de 1968, cuando llegó al cargo de secretario de Actas, Prensa y Propaganda de la seccional Necochea de FATRE. Allí permaneció hasta el golpe del 24 de marzo de 1976. Su biografía oficial señala que “conoció, como miles de argentinos, la persecución, la cárcel por la defensa de sus ideales y la lucha clandestina”.

35

En todos los casos comprobados de amarillismo sindical o connivencia con las patronales, se observa una mezcla de enriquecimiento personal y razones políticas. El auge del pensamiento único neoliberal fue central a este proceso, que torció varias historias de referentes con un pasado de militancia activa en el campo popular, y no sólo en el sindicalismo. A algunos de esos dirigentes, la desnacionalización de empresas –como la de los ferrocarriles– los cooptó mediante prebendas y sobornos que sólo ahora comienzan a mostrar sus dimensiones. La decadencia combativa era proporcional a la importancia de los negociados y su capacidad financiera para generar tránsfugas. Según el Real Diccionario de la Lengua Española, “tránsfuga” es aquella persona que deja un partido político o una ideología para pertenecer a otros. En esos años, la producción agrícola todavía era una mención al margen y no había adquirido los volúmenes siderales de la actualidad.

El proceso actual de debate abierto, constante y con creciente profundidad en el abordaje de problemas, en algunos casos con más de un siglo de añejamiento, achica el margen de maniobras para el “gatopardismo” (cambiar poco para que nada cambie). En el caso de Venegas, probablemente la búsqueda de aliados de su jefe político, Eduardo Duhalde, que lo acercó a los grandes grupos mediáticos, al PRO y a la Mesa de Enlace, lo haya llevado a posiciones sumamente incómodas cuando tomó estado público masivo la situación laboral de los peones rurales. A diferencia de hombres como José Pedraza, procesado y preso por el asesinato de un militante de su propio gremio, Venegas puede mostrar una cara más benigna y ciertos avances de importancia en estos años, entre ellos la apertura al protagonismo femenino dentro de la Unión.

El hecho de que sus propias seccionales hayan impulsado las inspecciones conjuntas, le permitió también, cuando las papas comenzaron a arder, demostrar que no toda la UATRE había estado inmovilizada ante el embate de los grandes del campo.

A diferencia de Hugo Moyano, titular de la CGT, Venegas siempre estuvo más cerca de Duhalde que del matrimonio Kirchner. Esa distancia que lo alejaba del ex presidente se ensanchó con Cristina Fernández, cuando su autoproclamado papel de mediador en el conflicto con el campo saltó en pedazos ante las declaraciones de su mano derecha, Mario Lastra, secretario general de UATRE Necochea, apoyando el lockout agropecuario

36

y criticando con dureza el discurso de la presidenta. Poco después se producirían los sonados casos del norte bonaerense, Salta y Misiones. Ya no quedaba margen para el camuflaje. El tiempo dirá si Venegas logra retomar protagonismo sindical, o si sus contradicciones y devaneos le pasarán una axiomática factura.

37

LOS PRECIOS VIAJAN EN GÓNDOLA

Desde ese punto de inflexión negativa que significó la privatización y transnacionalización –tanto de empresas privadas como estatales– poco a poco y en medio de diversos conflictos, se está recuperando el control político sobre la economía. La misma publicación de este libro es una muestra de que hoy es posible debatir y tratar de resolver esta situación de enorme desequilibrio, mediante la creación de instrumentos del Estado o la aplicación sin cortapisas de leyes preexistentes, como observamos en el capítulo anterior respecto de la situación laboral en el ámbito rural. Porque las leyes del mercado que se aplicaron en el pasado no son más que un eufemismo para ocultar las maniobras de grupos con intereses económicos divorciados del interés nacional y del bien común.

Pero las medidas macroeconómicas no pueden por sí solas corregir el rumbo de la economía hacia una mejor distribución del ingreso, encaminando al país hacia el desarrollo social. Esto abarca a la política fiscal, incluyendo retenciones, aunque buena parte de su recaudación se aplique a la construcción de escuelas, hospitales y viviendas. Esta infraestructura tiene impacto directo e indirecto en el empleo y en la industria de la construcción, y genera un señalado incremento en la capacidad de brindar servicios estatales, pero es sólo una parte de la redistribución necesaria para asegurar el desarrollo. Una vez alcanzada una meseta en el ritmo de construcción de obras para las áreas de salud, educación, vivienda e infraestructura en general, superando el retraso, se deberá haber alcanzado paralelamente un desarrollo industrial con trabajo de calidad que retome esa mano de obra disponible. Y además generar nuevas actividades que reformulen el modelo productivo dependiente y aprovechen al máximo las herramientas dotadas por el Estado.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que la Argentina es un país joven. Los propios índices oficiales de pobreza y desempleo muestran que es mayor la incidencia en niños y jóvenes, mientras todavía existe un millón de personas en edad juvenil que no estudian ni trabajan. Mejorar la distribución del ingreso significará entonces transformar las estructuras que continúan generando concentración y extranjerización económica.

A pesar de que la crisis económica internacional no tuvo un efecto importante sobre el empleo, la situación social de los sectores más

38

vulnerables mostró algunas aristas preocupantes entre 2008 y 2009. Ya fue mencionado que los sectores más pobres gastan buena parte su ingreso en alimentos. Una de las principales razones de una mengua relativa en el poder adquisitivo durante ese lapso fue el fuerte aumento del precio interno de los alimentos, a pesar de que en el ámbito internacional sufrieron un descenso. Durante el año 2009, en plena crisis y con precios internacionales de commodities a la baja, en el mercado interno la lata de tomates de mayor venta, Salsati de Arcor, subió un 27 %, la harina líder del mercado, Favorita de Molinos Río de la Plata, aumentó un 30 %; y el azúcar de mayor consumo, Ledesma, incrementó su precio un 24 %. Aprovechando las ventajas de un mercado de alimentos oligopolizado, las empresas líderes aprovecharon que la demanda de sus productos siguió creciendo a pesar de la crisis, para generar una impresionante transferencia de recursos del resto de la sociedad hacia sus cajas.

El diario Página/12 realizó un estudio –una vez transcurrido un año de la etapa crítica– analizando los balances de las principales empresas de consumo masivo que ejercen posición dominante en el mercado argentino, el cual reveló que Arcor –el mayor fabricante de alimentos del país– ganó en plena crisis, durante el segundo trimestre del 2009, un 39 % más que en el mismo período de 2008. Por su parte Molinos Río de la Plata, segundo en el ranking del rubro, en su balance del 30 de junio del 2009 mostró utilidades superiores en un 44 % a las del segundo trimestre de 2008. Ledesma, la azucarera más grande del país, incrementó sus ganancias en un 48 % en el mismo período.

Los fuertes aumentos de precios en productos como harina, fideos, azúcar, salsa de tomate, arvejas y bebidas sin alcohol, entre otros, afectaron el presupuesto de las familias en los segmentos sociales de medios y bajos ingresos. Las negociaciones colectivas impulsadas por el Ministerio de Trabajo mantuvieron los salarios en blanco en un nivel cercano a la inflación general, y los ingresos de los trabajadores en negro siguieron parecido desempeño, aunque en menor medida. En el mismo sentido transitaron las políticas estatales activas para evitar despidos, solicitando informes detallados de aquellas empresas que querían reducir personal, y aplicando recursos públicos para sostener aquellos casos justificados por el impacto de la crisis global. También la ampliación de la asignación por hijo, incluyendo a mujeres embarazadas, incrementó la capacidad de

39

compra de los segmentos menos favorecidos. Pero el efecto de ese diseño fue acompañado por la disparada del precio en los alimentos, incluso superior a las mejoras de los ingresos y mucho más marcada que la del resto de los precios del mercado interno.

En medio de una fuerte caída del precio internacional del trigo, la harina Favorita de Molinos Río de la Plata, líder en el mercado local, pasó de $ 1,25 en agosto del 2008 a $ 1,63 a mediados del 2009, un incremento del 30 %. La marca Morixe, segunda en el rubro, aumentó para el mismo período de $ 2,05 a $ 2,73, un 32 % más. La lata de tomate Salsati de Arcor, subió de $ 1,99 a $ 2,53, un 27 %, mientras que las arvejas de la misma marca experimentaron un aumento del 26 %. Cabe recordar que la cosecha de tomate se realiza a mano. Y preguntarse cuánto de ese incremento en el precio final fue a parar a los bolsillos de los peones tomateros. El azúcar fue otro commoditie que se depreció a partir de la crisis económica internacional, sin embargo en el mercado local el kilo de azúcar Ledesma subió de $ 1,72 a $ 2,13 en ese período, un 24 % más. Los zafreros tucumanos no percibieron el mismo incremento en sus ingresos.

Las grandes empresas del sector concentran, para la mayoría de los productos, más del 50 % del mercado y ostentan una marcada posición dominante frente a la competencia, a pesar de la ley que aplica fuertes multas a quienes abusan de esa posición. Los aumentos no pueden justificarse por un incremento proporcional de los costos –especialmente los laborales– y constituyen claramente casos donde debe analizarse el abuso oligopólico. Estos aumentos reflejan la necesidad de una política consistente en la materia.

Si realizamos un análisis del pasado reciente, ya a fines de los 90 los propios organismos creados por el menemismo, como el Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Economía, señalaban el despropósito de lo que estaba ocurriendo en cuanto a desnacionalización y concentración en la producción de alimentos. Claro que esos datos quedaban guardados en secretas gavetas, y casi no existían medios de prensa dispuestos a abrirlas.

Un informe de la CEP señalaba ya en 1998 que “en el caso de la industria alimenticia, su rol estratégico en la expansión del mercado interno a partir del desarrollo del Mercosur le ha dado importantes dimensiones y ha sido

40

uno de los objetivos favoritos de las corporaciones transnacionales para desembarcar o incrementar sus actividades en la Argentina. Por su importancia en el mercado, se destacan la compra de Bagley por la francesa Danone y de Terrabusi y Maycocapri por la estadounidense RJR Nabisco. Por su parte, la suiza Nestlé compró varias empresas de lácteos y golosinas, tales como Mendizábal, Laponia, Noel y Quelac. La australiana Burns Philp se quedó con el control de Calsa, Layco, Lagorio, Husen y Destilería del Norte; y Pepsico compró Pehuamar, Bum y Frito Lay. En el estratégico sector aceitero la suiza Andre et Cie. compró La Plata Cereal, una de las principales exportadoras de la argentina, que además es el primer país exportador del mundo en aceites. También se produjo la compra de Oleaginosa Moreno y Oleaginosa Oeste por la suiza Glencore Grain.

En el sector productor de bebidas se produjo un importante proceso de fusiones en las embotelladoras, desde entonces centralizadas en torno a la chilena Andina Embotelladora. Por su parte, la expansión del sector vitivinícola incentivó las fusiones y adquisiciones, entre las que cabe destacar la adquisición de Guil Padilla y Bodegas Etchart por parte del grupo francés Pernod Ricard, la compra de bodegas Martins por la española Bodega Hispano Argentina, así como de Navarro Correas por la británica Grand Metropolitan y de Bodegas Santa Ana por la chilena Santa Carolina. En la actividad cervecera se destaca la compra de las cervecerías Santa Fe, Cicsa y Córdoba por las cervecerías del grupo chileno Luksic.

Durante el menemismo –especialmente en el período 1995-1999– la venta de activos argentinos a capitales extranjeros alcanzó los 71 mil millones de dólares, incluyendo las privatizaciones a precios viles. Pero después del 2003 este proceso no se detuvo –a causa de la extrema debilidad en la que quedó el capital nacional– y por eso continuó la penetración de multinacionales en sectores clave de nuestra economía. Dicho proceso se vio favorecido por diversos factores económicos. El principal fue que las empresas locales resultaban –y aún resultan– muy baratas a precios internacionales luego de la caída de la convertibilidad, mientras las extranjeras conseguían financiación a tasas bajas para adquirirlas por la enorme liquidez mundial que se produjo cuando países emergentes como el nuestro comenzaron a rechazar préstamos bajo condiciones de ajuste. Esto impactó en un factor cultural, ya que buena parte del empresariado argentino que había logrado capear las privatizaciones, difícilmente podía

41

resistir las jugosas ofertas de compra que comenzaron a menudear. Una década más tarde, el foco expropiador pasaba de privilegiar activos estatales a poner en la mira a empresas privadas de todos los tamaños.

Pero volvamos a la coyuntura, donde lo que aparece como más urgente es el problema de los precios de la canasta básica y la forma en que los oligopolios operan en nuestro mercado. Lo que sigue es una muestra del relevamiento que realizó Página/12 sobre los balances del 2009 pertenecientes a las empresas que manejan nada menos que el 65 % de las ventas de alimentos en el país.

Arcor, con sus marcas Salsati y La Campagnola, es la compañía alimentaria que lidera el rubro de enlatados en tomates al natural, arvejas, duraznos, atún y lentejas, entre otros. En el 2006 compró La Campagnola, la firma de mayor participación en mermeladas tradicionales y de bajas calorías. Además, con sus marcas Tofi, Cofler y Mentoplus, entre muchas otras, lidera cómodamente el mercado de las golosinas y también concentra el 47 % de las ventas de helados de marca (los que se venden en envoltorios). La empresa produce gran parte de sus insumos como papel, cartón y plástico para envases, lo cual le permite abaratar costos. En el balance trimestral cerrado el 30 de junio del 2009, obtuvo utilidades por 191 millones de pesos, un 39 % más que en el mismo período de 2008, resultado alcanzado a pesar de perder 193 millones de pesos por el alza de intereses y del tipo de cambio que abultaron su pasivo externo. Esa cifra significó un 19 % sobre sus ventas y un 14 % sobre su patrimonio neto.

Molinos Río de la Plata comercializa, entre otros, yerba mate Nobleza Gaucha, rebosador para milanesas Preferido, harina Favorita, aceite Cocinero, bizcochuelo Exquisita y Vitina, todas marcas líderes en el mercado. Controlada por la familia Pérez Companc, tiene presencia en la mayoría de los rubros de alimentos elaborados que se comercializan en el país, y en todos los que participa es número uno. En la mayoría de los casos alcanzó esa posición comprando fábricas a sus competidores. En 2007 adquirió Virgilio Manera, hasta ese momento líder en el mercado de pastas secas, y también el Grupo Estrella, que produce la yerba Cruz de Malta, la de mayor venta, y el arroz líder Gallo. En el trimestre cerrado el 30 de junio del 2009 obtuvo ganancias operativas de 359 millones de pesos, un 44 % más que en el mismo período de 2008. Al igual que Arcor, Molinos se endeudó en los noventa para comprar otras empresas, y la suba de intereses

42

y del dólar elevó su pasivo en 215 millones de pesos, por lo cual su utilidad neta en ese trimestre fue de 144 millones de pesos, un 5 % más que en 2008. Como su patrimonio neto es de 1.105 millones de pesos, aun soportando el aumento del pasivo causado por la crisis financiera internacional, Molinos incrementó un 13 % su patrimonio en ese trimestre.

Ledesma, con una producción de 330 mil toneladas anuales, es la compañía jujeña líder histórica del mercado azucarero. Además de la venta directa de azúcar, provee a las industrias de lácteos, bebidas gaseosas, galletitas, chocolates, dulces, caramelos y otras, manejando más del 80 % del mercado local. A pesar de la caída del precio internacional del azúcar, Ledesma, gracias a su posición dominante, subió sus precios un 24 % promedio, y su balance trimestral cerró en febrero del 2009 con utilidades por 94,4 millones de pesos, un 48 % más de lo que ganó en el mismo tramo del 2008.

La Serenísima, manejada por la empresa Mastellone, comercializa el 70 % de la leche que se consume en el país y también es líder en manteca, crema y dulce de leche. Junto con la cooperativa SanCor conforman el oligopolio que maneja el precio de los lácteos. Se puede tener una idea de cómo maniobra en el mercado por el aumento que registró el lácteo Actimel, que pasó de $ 4,99 en agosto del 2008 a $ 7,99 a principios del 2009, un incremento del 80 %. La Serenísima también arrastra un fuerte pasivo en moneda extranjera desde la década pasada, pero Mastellone está logrando que la enorme deuda en dólares para modernizar su empresa la pague en parte la sociedad. Para el trimestre que terminó el 30 de junio del 2009, obtuvo ganancias operativas por 329 millones de pesos, cifra que significa una ganancia sobre ventas –la mayor parte en leche– del 25 %. Por la suba de intereses y el alza del dólar, La Serenísima perdió en ese trimestre 26 millones de pesos, sólo la mitad de sus pérdidas para el mismo período del 2008.

Quickfood, con su marca homónima y Paty, maneja el 60 % del mercado de hamburguesas, posición dominante que le permitía vender –a principios del 2009 y en plena crisis internacional a la baja, no hay que dejar de repetirlo– una caja de 330 gramos de carne con un 20 % de grasa a $ 8,90 pesos. En su balance anual cerrado el 30 de junio del 2009, la compañía ganó 68 millones de pesos, un 21 % más que en el balance anterior, cifra que implicó una utilidad neta del 55 $ sobre su patrimonio neto.

43

Las cifras utilizadas corresponden a estudios realizados durante una etapa muy sensible en lo referente al precio de los alimentos. La depreciación mundial como efecto de la crisis no sólo no fue acompañada por un desempeño similar en el mercado de alimentos en el país, sino que además sirvió para aumentar la fuerte concentración que ya se venía verificando. Según datos actualizados, el 80 % del aceite que se consume internamente es producido por dos empresas, Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. En lácteos, el 78 % lo manejan hoy La Serenísima y SanCor. En enlatados, como tomates y arvejas, la posición dominante que ejerce Arcor ha pasado a concentrar el 70% del mercado. También en el azúcar se observa un fenómeno similar, ya que hoy el 75 % que se consume internamente es comercializado por Ledesma.

Esas empresas hegemónicas en el mercado elaboran productos de primera marcas, con una demanda creciente de la clase media y media alta. Gracias a su posición oligopólica, tienen la potestad de aumentar sus precios muy por encima del incremento de sus costos y de los del resto de las productoras de alimentos. Recientemente, el suplemento Cash de Página/12 profundizó el análisis realizado el año anterior, efectuando un relevamiento que da pruebas de esta situación: el bizcochuelo Exquisita de Molinos Rio de La Plata subió un 52 % en 2010; la mermelada La Campagnola de Arcor un 41 %; el azúcar Ledesma 39%. En promedio, durante el año 2010, el incremento de precios de esas cinco empresas fue del 32 %, y gracias a su posición privilegiada sus balances reflejaron ganancias de hasta un 50 % anual sobre el patrimonio neto.

Estos comportamientos técnicamente se denominan “abuso de posición dominante”, están prohibidos por la ley de lealtad comercial y su práctica es punible mediante abultadas multas. Según Cash, ni este Gobierno ni los anteriores “han logrado armar un equipo con la cantidad y calidad de técnicos necesarios para elaborar un expediente que contenga la información imprescindible sobre las empresas y el mercado, como para demostrar ante la Justicia el abuso de posición dominante”. Por otra parte, señala que en las pocas ocasiones en que se multó a una empresa mediante un expediente administrativo, éstas lograron revertirlo ante jueces más proclives a ceder al lobby empresario que a defender el derecho de los consumidores.

44

La similitud con el abuso de posición en el rubro de los medios de comunicación no es casual. Las compañías mencionadas también fueron protagonistas del proceso de concentración que comenzó en la década del ochenta y se profundizó en los noventa, con la desregulación de los mercados. Los ejemplos son abundantes y variados

Durante la década del ochenta, en el mercado de las mayonesas competían Hellmann’s, por entonces perteneciente a Refinerías de Maíz, junto con la empresa mediana Fanacoa, Dánica, SanCor y otras. En ese momento existía una competencia de precios entre empresas, mediante la cual trataban de sostener sus respectivas cuotas de mercado. En la actualidad, luego de varios cambios de manos, Unilever posee el 70 % del mercado de mayonesas al concentrar Hellman’s y Fanacoa; y otro 15 % quedó en manos de Natura, de la Aceitera General Deheza. Mediante esta posición dominante, el precio de la mayonesa se incrementó un 35 % en el 2010.

En décadas anteriores habían surgido empresas medianas que lograron hacerse fuertes en algunas provincias, al vender a precios hasta un 50 % más baratos productos de la misma calidad que las primeras marcas. La estrategia de las líderes fue disminuir sus precios en las zonas donde corrían riesgos de perder su porción de mercado. Otra estrategia fue exigir a sus clientes la compra de productos donde se observaban marcas que las enfrentaban competitivamente, como requisito para entregar otros productos de primera necesidad donde no existían rivales, como harinas o aceites. El apogeo de las grandes cadenas de supermercados también jugó a favor de las líderes, porque las pequeñas y medianas empresas no tienen el mismo poder de negociación para permanecer en las góndolas de los grandes comercios.

Las únicas defensas que encontraron estas empresas medianas fueron las políticas de compra aplicadas por algunas redes de supermercados, que trataron de mantener alternativas ante la firma posición oligopólica de las marcas líderes. Pero sobre todo encontraron nichos en la marcada dinámica que comenzaron a alcanzar los comercios barriales, en cuyas estanterías se puede encontrar hoy el abigarrado batallón de la resistencia nacional. Un sencillo ejercicio de pesquisa individual nos permite verificarlo: leyendo la letra chica de la mayoría de los productos envasados que se ofrecen en híper y supermercados, se evidencia que detrás de la supuestamente variada oferta de marcas, están siempre las mismas empresas concentradas. No

45

sucede lo mismo en almacenes y despensas. Probablemente la presentación del producto sea de mucho menos calidad, y quizás el contenido muestre una apariencia menos confiable –no confirmada si uno analiza los aditivos utilizados en unos y otros– además de mostrarse bajo rótulos casi desconocidos. Pero ciertamente constituyen un bastión nada despreciable, que analizaremos con más detenimiento en otro capítulo.

Siempre según el relevamiento efectuado por Cash en algunos supermercados, desde 2007 al 2010 el precio del azúcar Ledesma se incrementó un 205 %, y sólo en el 2010 la suba fue del 39 % gracias a que esa empresa alcanzó una posición comercial que concentra el 75 % del consumo de azúcar en el país. En estos cuatro años, la manteca SanCor experimentó un incremento del 120 %, y sólo en el 2010 subió un 39 %, aumento similar al de la manteca La Serenísima. Entre ambas empresas manejan el 78 % del mercado de la manteca.

Si se analiza la relación entre posición dominante de mercado con el incremento de precios y las utilidades de las principales empresas productoras de alimentos, resalta entre otras Molinos Río de la Plata, fundada por el grupo Bunge y Born hace más de cien años pero hoy controlada por la familia Pérez Companc. Tiene presencia en la mayoría de los rubros de alimentos elaborados que se comercializa en el país y en todos los que participa es número uno, alcanzando esa posición de privilegio mediante la compra de las fábricas de sus competidores, algo que no había podido conseguir compitiendo por precios y calidad. En 2010, Molinos, con los incrementos ya mencionados, logró utilidades fabulosas, alcanzando los 376 millones de pesos luego del pago del Impuesto a las Ganancias, un 35 % sobre patrimonio neto, mientras que en los últimos cuatro años sus utilidades superaron los 1.000 millones de pesos, un monto similar a su patrimonio en el año 2006.

A principio del 2007 SanCor, otra de las empresas líderes, y al igual que Molinos endeudada en el exterior, aún mostraba un patrimonio neto negativo de 130 millones de pesos, pero ese año ganó 163 millones de pesos y salió del rojo. En los últimos cuatro años, junto con La Serenísima, concentró el 78 % del mercado de la manteca, y entre los comerciantes existen sospechas de cartelización entre ambas empresas, al observar que incrementan sus precios al mismo tiempo y en igual porcentaje. Con esta ventaja, SanCor, a pesar de cancelar 553 millones de pesos de deuda en

46

cuatro años, pasó de un patrimonio negativo de 130 millones de pesos en el 2007 a uno positivo de 300 millones de pesos en 2010.

Arcor era una empresa con problemas financieros a la salida de la convertibilidad, y con la suba del dólar a cuatro pesos sus pasivos externos superaron a sus activos. La supremacía de sus productos en el mercado le permitió trabajar con márgenes de ganancia que hicieron posible cancelar sus compromisos con bancos internacionales, a la vez que obtenía sustanciales ganancias. Esta empresa es propiedad de la familia Pagani, y lidera el mercado interno –como ya mencionamos– en productos enlatados, mermeladas, galletitas dulces, helados y varios segmentos más. Los marcados incrementos en sus precios de venta el año pasado, le permitieron obtener utilidades netas por un monto de 418 millones de pesos, cifra que equivale a un 25 % de su patrimonio neto, a pesar de tener que pagar 210 millones de pesos en intereses por su deuda en dólares.

Otra de las cinco grandes, Ledesma, líder absoluto del mercado el azúcar, en el 2007 vendió su producto con un incremento de precio un 205 % más caro que cuatro años antes. Su actual presidente, Federico Nicholson, de gran figuración en la Unión Industrial Argentina, fue uno de los principales lobistas para lograr la pesificación asimétrica en 2002. La compañía jujeña incrementó vigorosamente sus utilidades en 2009, año de la crisis, cuando ganó 83 millones de pesos; en 2010 logró 158 millones de pesos y en el primer trimestre de 2011, a causa de la suba del azúcar en el mercado internacional, llevaba ganados 157 millones de pesos en el primer trimestre.

La Serenísima, salvo en la manteca donde SanCor la aventaja por un par de puntos en el mercado, es líder en el resto de sus productos. Esta posición le permitió salir de una situación comprometida en la que había quedado por causa de su pasivo en dólares, luego de la devaluación. Su producto más vendido es la leche entera en sachet, que en 2010 incrementó su precio un 29 %, lo que –a pesar de haber cancelado intereses de deuda por 180 millones de pesos– le permitió alcanzar utilidades netas por 140 millones de pesos, cifra que representa un 45 % de su patrimonio neto,

A la concentración heredada, vino a sumarse después una activa compra de empresas argentinas por parte de capitales brasileños. De acuerdo con informes cruzados entre datos oficiales y de consultoras privadas, desde el

47

año 2003 se vendieron 438 empresas argentinas por 18.700 millones de dólares. En el año 2007, las firmas medianas y pequeñas dominaron el mercado de fusiones y adquisiciones. Se realizaron 160 transacciones, y sólo 23 de las mismas estuvieron por encima de los 50 millones de dólares, el resto fueron operaciones menores. Este tipo de operaciones por montos entre 20 y 50 millones de dólares predominaron también durante el año 2008, con alto protagonismo brasileño.

La excepción fue SanCor, mediante un salvataje que provino de fronteras afuera que le permitió resistir un poco más de tiempo hasta quedar saneada. Vale la pena detenerse en esta materia, ya que constituye un caso testigo de resistencia a la extranjerización. SanCor (bajo su sigla que utiliza el apócope de Santa Fe-Córdoba), a diferencia de las otras “grandes” de la alimentación, es una cooperativa, a pesar de que algunos especialistas señalan que –en éste y otros casos de cooperativas en cuanto a su funcionamiento– se parece más a una empresa privada que a un colectivo asociado.

En el 2006, el grupo Adecoagro que tiene entre sus accionistas al magnate húngaro-norteamericano George Soros, había intentado adquirir esta cooperativa, que en ese momento pasaba una fuerte crisis financiera. Esta posible compra generó una oleada de críticas y finalmente la operación se cayó, luego de que Venezuela aportara fondos para el salvataje de la empresa, tras la intervención del gobierno argentino, permitiendo que hoy las finanzas de SanCor estén saneadas.

Pero los embates no cesaron allí. Hace poco tiempo, la firma láctea brasileña Bom Gosto manifestó su intención de adquirir parte o la totalidad de SanCor, en el contexto de un fuerte plan de inversiones en todo el mundo. El portal Lechería Latina, citando medios brasileños, informó que "uno de los principales objetivos de compras internacionales de la compañía, que cuenta con fondos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), sería SanCor, una de las mayores procesadoras de leche de la Argentina. Si esta adquisición prospera, LBR (propietaria de Bom Gosto) se quedaría con una firma que maneja el 30 % del mercado lechero y factura anualmente mil millones de pesos".

Los voceros de la cooperativa negaron la versión, afirmando que "SanCor no está involucrada en ninguna operación de este tipo, ni está negociando

48

una venta con Bom Gosto o ninguna otra empresa". Muchos analistas locales ven la venta de la empresa como una posibilidad difícil de concretar. Alejandro Sammartino, director de la revista especializada en lechería Infortambo, aseguró que "una adquisición de SanCor por parte de Bom Gosto me parece improbable, por experiencias similares que ya hubo en el país y en el mundo. Las compras exitosas son entre cooperativas que se fusionan entre sí, no entre cooperativas y empresas privadas, y además hay un claro conflicto entre la búsqueda del mejor precio para la materia prima del asociado a la cooperativa y la búsqueda natural de una empresa privada de mantener a raya los costos y pagar lo menos posible por la leche. Eso es lo que hace difícil la asociación de una empresa y una cooperativa".

También en Uruguay Bom Gosto es motivo de debate, a causa de su intención de instalarse y producir en el departamento de San José, anuncio que generó el rechazo de la Cámara de la Industria Láctea de Uruguay (CILU), que solicitó al Instituto Nacional de la Leche (INALE) que defienda a las empresas locales para poder competir con Bom Gosto, que cuenta con amplio financiamiento del gobierno brasileño.

Los fondos de inversión y los grupos económicos concentrados apuntan en la Argentina a sectores como recursos naturales, energía, minería y telecomunicaciones, además de ser atraídos por tierras. Se destacó en muchos casos la participación de Brasil en estas adquisiciones, precisamente a través del mencionad o apoyo recibido por empresarios de ese país por parte del BNDES.

El Estado brasileño fomentó activamente la internacionalización de sus empresas nacionales, y jugó un rol protagónico en la mayoría de las inversiones de ese origen en el mercado argentino. Un informe de la CEPAL señala que la Argentina es hoy un lugar prioritario para las inversiones directas (IED) brasileñas, fundamentalmente en operaciones de F&A  (fusiones y adquisiciones) que dan cuenta de un 55 % del total de las IED, mientras que las ampliaciones de capacidad representan un 25%, y sólo un 20 % se aplicó para el establecimiento de nuevas capacidades productivas o inversiones de tipo greenfield. Se considera que una inversión es de este tipo cuando se realiza “desde cero”, incluyendo la apertura de nuevas unidades productivas, como plantas fabriles, comercios, gasoductos, etc.

49

Las operaciones de fusión y adquisición se orientaron principalmente hacia los segmentos del petróleo y gas, comercio, materiales para la construcción, alimentos y bebidas. Petróleo y gas y, en menor medida, alimentos y bebidas fueron los de mayor relevancia para el caso de las ampliaciones; y se agregaron derivados de petróleo y gas como otros destinos de relevancia. Por último, en el caso de las inversiones para establecer nuevas capacidades, los flujos de inversión brasileña se orientaron hacia las actividades de construcción, energía eléctrica, alimentos y bebidas, automotriz y autopartes, petroquímicos y químicos.

Utilizando como fuente la base de inversiones publicada por el CEP, se puede determinar que de las IED brasileñas en Argentina por actividad, el segmento alimentos y bebidas percibió 1.170 millones de dólares hasta el año 2006, un 15,8 % de las inversiones totales de ese origen. Esa misma fuente señala que las principales inversiones brasileñas en argentina entre 1995 y 2006 para ese segmento fueron realizadas por la empresa AmBeb con un monto de 559 millones de dólares, el 7,6 % de las inversiones totales brasileñas en nuestro país, mientras que FriBoi invertía 206 millones de la misma moneda, alcanzando un 2,8 % del total. Brahma aplicó 170 millones con un 2,3 % del total, y Ceval 145,5 con un 2 % del global.

La unión sudamericana depende de la integración armónica entre Brasil y la Argentina, bajo la premisa de construir un bloque de naciones con capacidad propia de industrialización, que en todas sus partes componentes –léase la totalidad de países asociados– esté capacitado para agregar valor a los enormes recursos naturales existentes, para utilizarlos como palanca para el desarrollo económico con equidad y sustentabilidad ambiental. Nada fácil, por cierto. Las políticas para reformular las asimetrías señaladas, además de resolver políticas activas de fomento y promoción industrial por parte del Estado argentino, podrían apuntar a activar el régimen sobre empresas binacionales argentino-brasileñas, establecido como instrumento formal de derecho internacional por el Tratado de Asunción, que instituye un trato preferencial si existe propiedad conjunta. Como aseguró el profesor brasileño Helio Jaguaribe, “Brasil es un gigante débil, porque tiene un bajo índice de integración social, que es precisamente lo que puede aportar Argentina al cuerpo continental. Pero los plazos se acortan, y no quedan más que diez años para concretar el proyecto de integración”. Múltiples herramientas económicas y leyes

50

existentes o a crear deberán ser aplicadas para corregir lo menos traumáticamente posible esta situación de marcado desequilibrio. El problema es cómo ponerle el cascabel a un gato tan desmesurado.

Porque el problema no se agota en la preeminencia de marcas oligopólicas o la transnacionalización de la industria alimentaria, sino que incluye el ingreso de alimentos y bebidas de importación, especialmente de origen brasileño, favorecidos por la revaluación del real frente al peso. La ministra de Economía e Industria, Débora Giorgi, hizo hincapié en que "la Argentina no va a regalar el mercado interno a la competencia desleal, porque ningún país lo hace". No tardaron en surgir conflictos puntuales que, al momento de escribir este libro, transitan el complejo, largo y duro camino de las negociaciones.

“Estamos defendiendo nuestro mercado interno de la competencia desleal, no podemos permitir daños a la industria nacional que impliquen el deterioro de las condiciones laborales de nuestros trabajadores", indicó Giorgi en referencia a la Resolución 45 que prevé la expansión de la aplicación de Licencias No Automáticas (LNA) a un nuevo grupo de productos, que a partir de esta promulgación son monitoreados en su ingreso al país. La ministra defendió las medidas proteccionistas aplicadas, planteando que gracias a ellas se logró "mantener 600.000 puestos de trabajo y, desde 2003, generar un millón de empleos en la industria”.

“Hoy tenemos una política que prioriza lo nacional y lucha contra la competencia desleal”, remarcó Giorgi a través de un comunicado publicado por la agencia Diarios y Noticias, donde destacó además que “no es posible tener un modelo con inclusión y trabajo sin un exigente programa de desarrollo de la industria nacional y un fuerte y sostenido mercado interno”. En ese documento se señala que la estrategia del comercio administrado para resguardar los puestos de trabajo ha dado resultados satisfactorios a la industria nacional, que logró en el último año sustituir importaciones por U$S 9.200 millones. “El incremento de la sustitución de importaciones no es casualidad, es el resultado de una política industrial en la que se prioriza la defensa del trabajo argentino y la agregación de valor; porque incentivamos al que produce y exporta a que produzca más, y también al que importa para que produzca en el país y también pueda exportar”, afirmó la ministra. La medida, por ahora, sólo abarca productos metalúrgicos, electrónicos de consumo, hilados y tejidos, automóviles de

51

alta gama, moldes y matrices, vidrio, bicicletas y partes de bicicletas, entre otros.

La brusca devaluación –y las siguientes microdevaluaciones– sirvieron para mejorar la competitividad externa de nuestra economía. La estrategia adoptada fue claramente pro exportadora, lo cual logró mejorar la balanza comercial y elevar los recursos fiscales. Pero simultáneamente comenzaron a afectar al mercado interno, básicamente a los segmentos sociales de medianos y bajos recursos, dado que los precios internos sufrieron las alteraciones ya señaladas. Estas consecuencias y sus efectos negativos en el mercado interno están siendo neutralizadas en parte, mediante la implementación de derechos de exportación sobre algunos productos.

Entre esas consecuencias se destacan las experimentadas por el agro y la industria de alimentos. Con la modificación del tipo de cambio, los precios de los alimentos y de las actividades extractivas subieron, y tras ellos también lo hicieron –aunque en diferente proporción– los valores de los demás productos. Al agro se le aplican impuestos a la exportación, para que sus precios se vean reducidos en el mercado interno y, simultáneamente, para que se eleven los recursos fiscales, pero si tales impuestos no producen los efectos buscados por estar sujetos a manejos oligopólicos, se afecta el desempeño económico interno.

La dificultad consiste en equilibrar el mercado interno y, simultáneamente, mantener un dólar alto para alentar la actividad exportadora que genera altos ingresos fiscales. La estrategia tiene una lógica política, que es proveer recursos al Ejecutivo, pero conlleva una relativa contracción económica en el mediano plazo a causa de la inflación interna y facilita la compra de empresas por parte de firmas concentradas con anchas espaldas financieras.

Por ahora esos efectos no son de extrema preocupación, ya que a través de medidas estatales se logró frenar la contracción y las ventas internas se mantuvieron en niveles crecientes. No resulta fácil mantener la estabilidad económica y el crecimiento de las exportaciones al mismo tiempo, y en ese marco menudean los ataques para que el Banco Central sea independiente del poder político y se dedique a preservar el valor de la moneda, a la vez que se propone un mayor grado de apertura económica que supuestamente

52

insertaría al país en el mundo. Todo ello, claro, dentro de un marco del respeto por la propiedad privada, tenga el origen que tuviere.

El caballito de batalla es anunciar apocalípticamente la inflación futura y el consiguiente desmadre de las pujas sectoriales, en el famoso juego de suma cero. En definitiva, estos actores denuncian que la política económica oficial está hiriendo al eslabón primario y resintiendo toda la cadena agroindustrial, que se ufana de aportar más del 35% del producto bruto interno.

No resulta menor la tarea. Establecer hoy la vigencia de la Ley antimonopólica tanto para el agro como para la agroindustria y la comercialización de canasta básica, de manera similar a lo que propone la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, requerirá –de la misma forma– comenzar a fomentar el surgimiento de nuevos actores, con capitales y tecnologías nacionales. En capítulos sucesivos, intentaremos desenmarañar la punta de este complicado ovillo.

53

EL ALMACÉN VIRTUAL CONTRAATACA

En países como la Argentina, el problema de la concentración no se observa solamente en la producción, en la logística y en la exportación, sino también en la comercialización interna. Ya hemos tocado este tópico en el capítulo anterior, pero vale la pena detenerse en algunas particularidades.

Los poderosos del planeta –sean estadounidenses, europeos o de cualquier origen– resueltos a ampliar su patrimonio, también hallaron playas libres para desembarcar en las redes de comercialización interna de la Argentina. Claro que no se remiten exclusivamente a esa actividad. Nunca como en la actualidad estuvieron tan imbricados los intereses de tantas y tan diferentes vertientes de la economía, planteando la necesidad de profundas investigaciones para desentrañar su trama. Hasta el punto, claro, en que los paraísos fiscales favorecen que las pistas se debiliten o directamente se desvanezcan.

Entre Ríos es quizás un caso paradigmático entre las provincias más castigadas por este proceso. La telefonía entrerriana pertenece al Grupo Werthein, por poner un caso, pero hay otras avanzadas en diversos planos. La estadounidense Walton –con varios hipermercados– sólo es un dato más que revela una geografía casi enajenada, concentrada y saturada de intereses foráneos. Walmart, Carrefour, Cargill, Monsanto, Friboi, Agrenco o Noble bombardean a las pymes entrerrianas, que a pesar de todo siguen resistiendo y denunciando esta voraz embestida.

Granos para Cargill, telefonía para los Werthein, ganadería para los brasileños, comercio minorista para las mayores cadenas europeas y norteamericanas, sólo constituyen la punta de la trama privatizadora que en los años 90 arrasó a Entre Ríos, a pesar de los reclamos y las quejas de las organizaciones locales de trabajadores, productores, cooperativas y almaceneros.

Pero este esquema entró en eclosión recientemente. Una de las mechas que lo encendió fue la gestión provincial para ampliar la cobertura de la tarjeta estatal Sidecreer a la multinacional francesa Carrefour, y la decisión municipal en Paraná de permitir la apertura de un nuevo hipermercado de la poderosa estadounidense Walmart. Los pequeños y medianos empresarios locales, junto a organizaciones de comerciantes y

54

consumidores, se movilizaron y obligaron a revisar la tendencia a la extranjerización de los principales factores de la economía entrerriana. Incluso los economistas de la provincia se expidieron sobre la inconveniencia de permitir una nueva boca de Walmart, bajo el nombre Chango Más, por la saturación de hipermercados en la ciudad de Paraná, y advirtieron también sobre los numerosos pedidos de habilitaciones para hipermercados y cadenas extranjeras que se observaban en una docena de ciudades entrerrianas, grandes y pequeñas, ante la inacción de gobiernos municipales que no tomaban conciencia de una avalancha que ponía en riesgo la subsistencia del capital local.

Los grandes negocios todavía resultan inaccesibles para las mayorías de inversores y empresarios entrerrianos, después de la debacle aperturista que asoló a esta provincia quizás como a ninguna otra en el país. El proceso concentrador de las riquezas y los medios de producción aprovechó esa debilidad, y uno de los más beneficiados fue el Grupo Walton. Antes del rico debate que se abrió en esa provincia, pocos entrerrianos sabían que los propietarios de Walmart se cuentan entre los tres grupos más ricos del planeta, incluso por encima de Bill Gates. Tampoco que Walton posee un capital que equivale a diez gestiones completas de gobierno en la provincia de Entre Ríos. Muchos –antes de la campaña de concientización que analizaremos más adelante– ni siquiera sabían que Chango Más es la segunda marca de este conglomerado.

Los herederos Christy, Alice, Jim, John, Hellen Walton y S. Robson Walton son las mujeres y los hombres más ricos del planeta. En un listado de las diez personas más ricas de la tierra, considerados individualmente, los Walton ocupan los puestos 6, 7, 8, 9 y 10. Al valor de la hectárea de tierra productiva en esa provincia, la familia Walton podría comprarse hoy mismo todo el territorio de los entrerriano, utilizando solamente la mitad de sus riquezas.

La lucha entre el capital local y la avanzada foránea era sumamente desigual. Pero el fenómeno no se agotaba sólo en la expansión de los híper, sino que teñía a casi toda la provincia en la mayoría de los rubros. Y cuando se dice foránea, no se habla sólo de extranjeros, sino también de capitales concentrados extra provinciales asociados a esa avanzada.

55

Eduardo Elsztain preside la firma IRSA, es dueño de varios shoppings en Buenos Aires y es el principal accionista del Banco Hipotecario. En Entre Ríos posee vastas extensiones de tierras bajo la firma Cresud, como la estancia San Pedro que fuera de Justo José de Urquiza y sus descendientes. Hasta aquí, todo bien. Pero en los últimos meses del 2009, los economistas entrerrianos hicieron mención sobre una posible asociación entre Cresud y la firma Tyson Foods, imperio mundial de la carne con sede en Estados Unidos, para la producción y exportación de carnes. Es una iniciativa que tendía a avanzar sobre los dueños del negocio de las carnes en Entre Ríos, en manos de la brasileña Friboi (ex Vizental) y del cuestionado empresario Sergio Taselli, dueño de Santa Elena, todos ellos ajenos al desarrollo del capital local.

Se podría definir a ese proceso como una “sobreconcentración de la concentración”. Nada de esto anunciaba buenos vientos para la democratización de la economía entrerriana, ya que todos estos grupos son famosos por manejarse con esquemas de lucro enfrentados a los intereses de obreros, campesinos, comerciantes, chacareros y pequeños industriales locales. Son un poder invisible y lejano, de inexorabilidad indiscutible por la despersonalización de sus procesos, y con vinculaciones sorprendentes entre sí.

Muy por el contrario, quienes se oponen a ellos son hoy muy visibles, tanto en su representatividad como en sus intereses. En Entre Ríos, un fenómeno de comunicación social produjo el surgimiento del blog Análisis, que comenzó como una multisectorial contra la instalación de más híper mercados en Paraná, pero luego avanzó hacia un cuestionamiento integral por la falta de políticas provinciales para controlar o frenar todas aquellas actividades que tienden a la extranjerización y vaciamiento de la economía local. En la actualidad, componen esta multisectorial la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), el Centro de Almaceneros de Paraná, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) seccional Entre Ríos, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Asociación de Trabajadores Judiciales de Entre Ríos (AJER), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS) y grupos de productores agropecuarios,

56

comerciantes, estudiantes universitarios, vecinos, docentes y catedráticos auto convocados, así como diversos espacios y agrupaciones políticas y de consumidores.

Los expertos de ese espacio aseguraron que la asociación de Walmart con China, como novedad de la última década, abría como fuente de abastecimiento de mercaderías importadas a ese país, siempre cuestionado por sus bajos costos de producción a partir del subsidio estatal. A ello se sumaba el desembarco de 20 supermercados chinos sólo en Paraná, varios de ellos en cadena, frente a lo cual cuestionaron que las autoridades locales no aplicaran políticas orientadas a que esta avanzada se racionalizara bajo un programa que permitiera un desarrollo equilibrado.

El blog Análisis realizó una encuesta sobre el tema, y no encontró un sólo especialista que pusiera en duda los efectos dañinos de la instalación de grandes cadenas sobre los sectores más vulnerables de la provincia. En un resumen de las ventajas y desventajas de la radicación local de los hipermercados internacionales, todos los economistas consultados señalaron sólo ventajas de corto plazo y perjuicios en el mediano y el largo. Aseguraron que los precios de las mercaderías, los extraordinarios volúmenes de compra, el acceso al financiamiento internacional barato, la aplicación de tecnologías de organización y la inteligencia económica que practican, otorgaban a los concentrados un gran poder  de negociación frente a proveedores y competidores locales. Esto siempre conduce a que temporariamente se apliquen precios más bajos que los de pequeños comerciantes, lo cual beneficia al usuario, pero a mediano plazo adquieren en el mercado local una posición dominante oligopólica que desplaza a sus competidores, libera su capacidad de fijar precios y a la vez disuelve fuentes alternativas de empleo.

En un proceso de visibilidad similar al que se da a nivel nacional, donde constantemente aparecen nuevos escenarios, los agricultores y transportistas entrerrianos auto convocados también calcularon que más del 70 % del combustible consumido en esa provincia proviene de Repsol YPF, pero además apuntaron contra el escaso margen de rentabilidad que les dejan las petroleras a la mayoría de los pequeños empresarios de las estaciones de servicio, favoreciendo a los grandes. Repsol YPF está en manos de accionistas europeos, pero hace poco se incorporó un

57

inversionista argentino, Eskenazi, que también recibió en adjudicación varios bancos que habían sido estatales, como el Banco de Entre Ríos. 

A esto se suma la presencia en la provincia de firmas como Monsanto, mediante la instalación de un sistema de producción que tiende al monocultivo de la soja, y la alianza de la ferroviaria América Latina Logística, empresa de origen brasileño que controla el Ferrocarril Mesopotámico (ex Urquiza), con la sospechada Agrenco –cuyos gerentes habían sido detenidos por graves irregularidades– para operar en conjunto el puerto entrerriano del Guazú, en competencia con los puertos estatales.

“En lo profundo, muchas autoridades seguían pensando como en los ’90, cuando el objetivo se resumía en hacer buenos negocios”, comentó a Análisis el investigador y catedrático Oscar Barbosa. “Piensan que el éxito depende de las inversiones, sin importar que vengan de afuera y sin tomar en cuenta los factores endógenos necesarios para el desarrollo local, mientras entre los intelectuales predominaba una actitud acomodaticia que nos ha llevado a tener una universidad congelada”. Para Barbosa, se “desaprovecha la educación, la ciencia, la ingeniería y la investigación acumulada en la provincia, como la que existe en la facultad de Agronomía, o en el INTA”. Y señaló que Paraná y Santa Fe son las ciudades con menor proporción de empleo industrial en el país, alrededor del 7 %, a la vez que muestran uno de los más altos índices de empleo estatal.

Esa enorme masa de salarios estatales iba a parar a los cajeros de los híper. Cuando ya muchos comerciantes se mostraban apesadumbrados por las demoras en la puesta en vigencia de una peleada ley provincial de hipermercados, finalmente fue reglamentada –después de ocho años sin entrar en vigencia desde su aprobación– en el 2010. La Ley N ° 9393 de Grandes Superficies y Cadenas Comerciales había mostrado un ajetreado derrotero. En octubre del 2008, para calmar las aguas, el gobierno había dictado el decreto 5.651 para la creación de un Consejo Provincial de Comercio Interior, orientado a buscar consensos en la aplicación de dicha norma. Se convocó a todos los sectores que podían ser afectados y se realizaron reuniones en varias ciudades. En ese momento, incluso funcionarios de la administración provincial habían coincidido con los reclamantes en que las ciudades entrerrianas estaban saturadas de bocas comerciales. Concordia debía tener 25.000 metros cuadrados de locales,

58

pero detentaba más de 40.000. En Paraná la tasa comercial recaudaba 700 mil pesos mensuales por todo concepto, de los cuales el 10 % era aportado por hipermercados que no compraban productos locales. Según los propios datos oficiales, desde la llegada de los híper los puestos de trabajo del ramo habían bajado de 1.400 a 800, perdiéndose 600, y de 45 emprendimientos horticultores sólo subsistían 12, mientras el 80 % de las verduras y hortalizas venía de afuera. Aldo Baschetti, director general de Industria y Pymes de Entre Ríos, ya por entonces denunciaba que los hipermercados “son los pool de siembra del comercio: en la leche de marca propia le dejan 75 centavos al tambero, 75 a la industria, y el resto se lo queda el híper simplemente por pasar un sachet por el cajero, lo cual resulta inconcebible”.

La Ley reglamentada obliga a los grandes comercios a abrir sólo medio día los domingos, y a pagar una alícuota destinada a un fondo crediticio para las pymes de la provincia. La reglamentación no aportará quizás soluciones completas, pero aliviará la situación de los pequeños y medianos productores y comerciantes. Su larga lucha, basada en concientizar al consumidor y ejercer presión social reclamando instancias de diálogo, está logrando romper con una falsa idea de progreso. Los dirigentes de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y del Centro de Almaceneros de Paraná venían sosteniendo desde siempre que “el desembarco de los híper atenta contra el desarrollo, por eso presentamos medidas cautelares para resistir, porque nuestra situación era muy mala, de grave recesión, lo que se agudizó cuando el uso de una tarjeta totalmente nuestra, como Sidecreer, fue ampliado a Carrefour”.

Esta lucha resulta sumamente interesante, y desnuda la capacidad intrínseca de los agentes del mercado interno para generar alternativas de interés nacional. En una movida que dio en llamarse “la rebelión de los Manolitos”, los almacenes, despensas y comercios de barrio –en general orientados al consumo de canasta básica– en los últimos años fueron ganando participación en volumen sobre los autoservicios y las grandes cadenas de supermercados en todo el país.

En tiempos de inflación, los consumidores privilegian la cercanía y las compras de pocos productos, antes que los descuentos. Un relevamiento hecho por la consultora Nielsen reveló en el 2010 que, en comparación con el año anterior, los almacenes ganaron participación a expensas de los

59

autoservicios y los supermercados. La medición se realizó para 85 categorías de productos de consumo masivo, incluyendo alimentos, bebidas, productos de cosmética, tocador y limpieza, todos ellos artículos comunes a todos los canales de ventas censados. El consumo de estos productos aumentó 5,8% entre diciembre de 2009 y marzo del 2010, en comparación con el mismo período de 2008-2009. Dentro de ese crecimiento, ganaron la batalla los llamados “canales tradicionales”. Los comercios barriales lograron aumentar sus ventas en un 13,3%, en segundo lugar quedaron los supermercados, con el 5%, y últimos los autoservicios, con el 1,5%. Con el aumento de la inflación creció la compra en negocios cercanos, que se realizan con más frecuencia y en pequeñas cantidades.

El impacto de la inflación se notó en que el consumo creció sólo 5,8% y la facturación subió  20,7%. Al desagregar el dato, surgió que, para los supermercados, el alza en ventas nominales fue de 19,3%, para los autoservicios fue de 15,4% y para los almacenes fue de 30,1%. Esta situación permitió  que la participación de los almacenes creciera 2,2 puntos respecto al año anterior, mientras que los súper perdieron 0,5 y los autoservicios bajaron 1,6 puntos.

En diversas notas periodísticas, fuentes del sector relataron que los proveedores jugaron un papel central dentro de la ganancia por parte de los almacenes a través del market share. Este anglicismo significa la participación de una empresa en un mercado determinado, o cuotas de mercado según unidades de productos. A muchas marcas no les conviene que los supermercados sean extremadamente fuertes, y la recuperación o el fortalecimiento de los canales tradicionales les brinda un margen de maniobra para resistir las presiones de las cadenas, que siempre procuran condiciones más ventajosas que las que obtienen los minoristas. En este marco, para apuntalar al rubro, les otorgan a los almacenes mayores plazos de pago o los involucran en promociones.

Con los datos de la retracción anual del market share, los grandes supermercados prefirieron no opinar ante la consulta de diversos medios. Pero a principios del 2010 aplicaron una intensificación de las promociones para sus clientes, que empezó a dar frutos. En el primer bimestre de ese año la recuperación del sector fue del ya señalado 0,5%. Algunas compañías de capital extranjero señalaron que, si se mide el total de los productos que esas cadenas venden, no estaban perdiendo mayor participación gracias a

60

que las estrategias de promoción estaban dando resultado, pero no dieron cifras al respecto.

Según los datos del INDEC, en marzo del 2010 los supermercados y autoservicios –incluidos dentro de la misma categoría– aumentaron sus ventas por unidad en un 11,9% y su facturación se incrementó un 22,9% respecto del año anterior. El cambio de hábito por parte de los consumidores también llevó a esas cadenas a rediseñar estrategias. Carrefour abrió diez pequeñas sucursales en el 2009 y sumaría otras tantas en el 2010. Walmart también comenzó a apostar por los locales de cercanías a través de sus mini mercados Chango Más. En el caso de Disco, la estrategia pasó por extender el radio de clientes con acceso a reparto domiciliario en forma gratuita.

Los autoservicios chinos también aseguraron que sus ventas habían subido si se medían en forma global. Miguel Calvete, titular de la cámara que agrupa al sector, informó que las ventas por unidad aumentaron en la primera parte del 2010 entre 3 y 4%, y que el rubro estaba en expansión con un promedio de 13 aperturas mensuales. Este impresionante desempeño, sin embargo, está muy lejos de las 24 mensuales que alcanzaron durante el ciclo de crecimiento que se extendió entre el 2005 y el 2008. Pero además, como la mayoría de las mediciones, este análisis privilegia la realidad del gran conglomerado urbano de Buenos Aires y muestra pocos datos sobre el resto del país, donde la supremacía de los almacenes de barrio probablemente sea mayor.

Sin embargo, aún tomando como referencia Capital y GBA, los almacenes también ganaron presencia con 150 nuevos locales en la primera parte del año 2010, y además consiguieron obtener un concepto favorable de percepción por parte del consumidor. Según los datos relevados por la consultora Nielsen, el 60% de los compradores afirma que el almacén es igual o más barato que el supermercado. Aunque los datos muestran que no es así, el consumidor medio incluye en la balanza el costo de trasladarse a puntos distantes, la atención personalizada, la capacidad de devolución o cambio del producto adquirido y el manejo humanizado de la libreta del almacenero, frente a la despersonalizada y onerosa utilización de tarjetas. En números fríos, si se evalúa una canasta con los mismos productos, el supermercado es 5% más barato que los autoservicios y 10% más económico que los almacenes, pero esto incluye muchos artículos de

61

segunda necesidad. La táctica para crecer de los almacenes, en cambio, se apoya en vender a buenos precios diez o quince productos de primera necesidad que el cliente identifica y recuerda.

A esto se suma la falta de transparencia y la pérdida de confiabilidad tanto de las grandes cadenas como de sus proveedores. Durante el año 2010 fueron distribuidas en publicidad no tradicional (PNT) y gráfica un total de 1.315 propagandas referidas a alimentos y medicamentos, de las cuales un 10% fue rechazado por las autoridades del área de control por no responder a las pautas generales establecidas, entre las que se cuenta brindar información veraz, clara y precisa.

Esta información fue analizada por expertos nacionales e internacionales durante el Seminario Internacional sobre Publicidad de Medicamentos y Alimentos, organizado en la Ciudad de Buenos Aires por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) del Ministerio de Salud de la Nación. Entre sus enunciados, este seminario señaló que en la Argentina el 90% de la publicidad se encuadra dentro de la normativa, respetando la legislación y sin mensajes engañosos, además de no sugerir el uso indiscriminado de diversos productos, especialmente medicamentos. Y planteó que el objetivo es erradicar la tasa negativa del 10% promoviendo la responsabilidad, tanto de quienes fabrican esos productos, como de los medios que difunden dicha publicidad.

Los espacios para el lucro desmedido, la concentración en todos los ámbitos y el avance sobre el comercio y la producción local de mediano y pequeño porte van perdiendo adeptos. Como vimos, tanto en lo que hace a la decisión política como a la movilización de los afectados, va ganando terreno la necesidad de control y de competencia justa, pero muy especialmente la obligación de defender el mercado y la producción nacional frente a la voracidad de los grupos concentrados, sean de adentro o de afuera

En la lucha por concientizar sobre estos tópicos, las redes sociales están comenzando a cumplir un papel cada vez más relevante. Recientemente, ciertas noticias acerca de fábricas de alimentos que se trasladaban al Brasil y otras sobre suspensión de personal en esos mismos rubros, despertaron una oleada bloguera que comenzó por el habitual camino de compartir y difundir la noticia, casi siempre escamoteada por los grandes medios. Pero

62

a poco de transitar la expansión viral de estas redes, el “hay que hacer algo” comenzó a transformarse en “hagamos algo”. Un derrotero que, a juzgar por los resultados logrados en España, todos saben dónde comienza pero pocos arriesgan hasta dónde puede llegar. 

La red de blogueros comenzó a proponer mecanismos sencillos pero que, si logran extenderse, podrían llegar a mostrar resultados para nada ínfimos. Esa propuesta consiste en que, cuando se compre un producto se privilegie el “drugstore” (en castizo, el viejo maxiquiosco) o el almacén antes que las cadenas de súper e híper mercados, y que además se observe que el producto sea de origen netamente nacional, o –ante la duda– por lo menos “hecho en Argentina”. Incluso proponen no decidir las compras en base a ahorros mínimos, porque en realidad no se ahorra comprándole a una empresa extranjera cuyos empleados no van a comprar nada de origen argentino. El planteo es que, aunque parezca nimio, si comienzan a hacerlo cada vez más usuarios se logrará incrementar cada vez más los puestos de trabajo nacionales, y junto con ellos la circulación de efectivo y el movimiento económico interno.

Recurriendo a banderas de soberanía, aseguran que no creen que sea una cuestión de vida o muerte tener que lavarse el pelo con Wellapon, las manos con jabón Palmolive, afeitarse con Gillette o tomar jugo Tropicana, todas empresas que dejaron a miles de argentinos en la calle cuando –a partir de la crisis– se fueron al Brasil a fabricar lo que los argentinos siguen comprando. Aún más, plantean como una obligación dejar de comprarles, y ponen como caso paradigmático el de la empresa Philips, que se trasladó al Brasil a fabricar lámparas porque se ahorraba 10 millones de pesos, mientras hoy sigue vendiendo en la Argentina por más de 80 millones. Y desafían a que todos compremos sólo lamparitas argentinas, apostando a que entonces la Phillips volverá al país a fabricarlas.  

La consigna es defender lo propio ante políticas empresariales a las que sólo les interesa la ganancia neta, el lucro. Y ofrecen una forma rápida de comprobar si un producto es de fabricación local (o tiene algún grado de elaboración de origen local), analizando el código de barras. Si comienza con 0779 es de origen local. Si comienza con 0789 es brasileño, y cualquier otro código es de origen internacional.

63

La idea es no comprar nada que provenga de otros países, sin antes comprobar que exista algún producto argentino de calidad y precio similares. Tampoco se presentan tan cortos de miras como para plantear que, si todas las mujeres dejan de comprar tampones Days dejarían de hacerlos en la República Checa y vendrían a fabricarlos en la Argentina, porque esa empresa ya está organizada para que ese producto salga de dicho país hacia todo el mercado mundial. Pero realizan una convocatoria masiva a “los soñadores”, para que reenvíen este mensaje a todas sus direcciones y así conformar una cadena. Al compartirlo, dicen, “como tantas veces se hace al enviar y reenviar estupideces, estaremos ante la oportunidad de algo serio que deberíamos hacerlo entre todos: si lo reciben de vuelta, quiere decir que este proyecto está funcionando”.

Y para comprobarlo, realizaron un somero ejercicio para conformar un “crecimiento viral” a través de las redes. Uno de los integrantes envió el mensaje a 60 direcciones, y lo recibió de vuelta 30 veces, lo cual significa que su "etapa personal" alcanzó el resultado buscado. Suponiendo que cada uno de esos receptores, a su vez, lo envía a 10 direcciones en promedio, el mensaje se retransmite a 1.800 direcciones. Y si de estos  1.800 sólo lo reenvían a 10 direcciones cada uno, en la segunda etapa se enterarán más de 18.000 personas, que si son cabeza de familia cubren más de 50.000 argentinos consumidores. En próximas etapas, y a este ritmo, se cubrirían más de 5.000.000 de consumidores. Y agregan que a al reenviarlo, lo hagan en copia oculta de destinatarios, quitando las direcciones del forward anterior y sólo copiando el texto, para así evitar que se “pirateen sus correos para enviar propaganda no deseada ni solicitada de productos para nada argentinos”. Un incipiente movimiento local del tipo Slow Food que ya está alcanzando altos desempeños a nivel global. Slow Food es un movimiento internacional nacido en Italia que se contrapone a la estandarización del gusto –especialmente en alimentos– y promueve la difusión de una nueva filosofía que combine placer y conocimiento. Opera en todos los continentes por la salvaguardia de las tradiciones gastronómicas regionales, con sus productos y métodos de cultivo. El símbolo de la red es el caracol, emblema de la lentitud. La asociación fue fundada en 1986 en la ciudad de Bra (provincia de Cuneo, Italia) por Carlo Petrini bajo el nombre originario de ArciGola. Hoy en día el Movimiento Internacional Slow Food está presente en más de 50 países y cuenta con 80 mil socios. Sólo en Italia tiene 35.000 inscritos subdivididos en 330 sedes

64

locales llamadas “condotte” (conductas), y en el resto del mundo las sedes locales se llaman “convivium”.

El proceso de globalización dominante en la gestión de la alimentación y las estrategias de resistencia que surgieron para enfrentarla, han propiciado el debate sobre el papel de las redes y movimientos sociales en este campo, en la medida que requieren de procesos de organización que parten de la acción colectiva local que –para hacer efectiva su acción– deben vertebrarse a nivel global. Estas relaciones no son mecánicas y están sujetas a una serie de contradicciones que marcan límites metodológicos y políticos al abordar esta cuestión desde una perspectiva analítica que separa lo rural y lo urbano, olvidando las interdependencias de diferente signo que se generan.

El movimiento Slow Food parte del concepto de que la alimentación es un ámbito que concierne a la cultura científica, a los procesos de producción, pero también a la distribución, elaboración y consumo, a las formas de convivencia que propicia e incluso a la cultura de la salud y a la política. Es un hecho social completo, y por eso es preciso superar las visiones exclusivamente analíticas para propiciar una mirada ecosistémica que dé cuenta de la pluralidad de dimensiones implicadas, de los conflictos de diferente signo que se generan y de cómo la cultura alimentaria de los pueblos y su diversidad es una fuente de valor que –si bien tiene influencia en los mercados y los precios– trasciende al hecho económico, social y cultural y debe ser considerada como catalizadora de toda la cultura que discurre en la vida de una sociedad.

La alimentación se diferencia de otros objetos culturales salvaguardados por las políticas bajo la denominación de patrimonio histórico-cultural, por la cotidianidad y necesidad diaria de alimentarse y sus contenidos sociales, así como el proceso de organización y gestión del conocimiento para la producción, la distribución, el consumo y sus efectos en la salud, las costumbres sociales y el entorno ambiental. Es esta singularidad de “omnipresencia” sobre la que se basa la enorme riqueza cultural de la alimentación, ejerciendo una labor de cohesión en muchos y diversos aspectos, desde la seducción de parejas, reuniones de amigos, empresarios o políticos, hasta todo tipo de economía relacionada con formas de producción agraria, transformaciones artesanales o industriales y una pléyade de servicios domésticos y públicos, pasando por las celebraciones

65

colectivas, étnicas y religiosas que tienen como centro la forma de elaborar los bienes de la naturaleza.

Esta complejidad del hecho alimentario debe llevar a considerarlo como parte del patrimonio a proteger, no sólo en cuanto a los propios alimentos, si no también otros objetos como utensilios, Lars regiones gastronómicas, las prácticas y representaciones sociales, las formas de expresión y todos los conocimientos asociados al hecho alimentario que han sido el resultado del devenir histórico de los pueblos, respondiendo a sus contextos naturales y culturales.

A lo largo de su existencia, los grupos sociales y los pueblos han ido generando procesos de intercambio de esos objetos y conocimientos. Estos se han ido institucionalizando de maneras diversas a través de formas de regulación mercantiles o de flujos de relaciones personales y grupales, dando lugar a sistemas de redes de intercambio más o menos estables que permitieron promover un desarrollo de la comunicación, del conocimiento y de diferentes formas de entender el placer y la nutrición. Estas redes de intercambio han tenido siempre una importante carga política, que subyace bajo el derecho a la alimentación sana y sostenible y la responsabilidad de lograr el sustento sin destruir las fuentes de suministro ni contaminar el entorno.

De esto se desprende que los sistemas alimentarios deben ser objeto de protección como patrimonio cultural intangible, como contexto socialmente construido a lo largo de los años. Esos ámbitos implican no sólo a la las áreas rurales, ya que también incluyen los procesos de distribución, elaboración, consumo y decisión que se llevan a cabo mayoritariamente en áreas urbanas. Proteger sólo el alimento o una de las partes no garantiza su valoración y preservación como patrimonio orientado a la durabilidad de los ecosistemas alimentarios para las generaciones futuras.

Actualmente el modelo de globalismo neoliberal dominante hace muy difícil delimitar los ecosistemas y las comunidades del alimento, al incorporar mensajes publicitarios y redes de circulación en las que las pautas de la cultura urbana occidental fagocitan aquellos alimentos que son susceptibles de ser rentabilizados en los mercados globales. Se produce así un flujo uniformador de alimentos y de discursos, que se elaboran ya sea sobre lo sano, lo trendy (que responde a modas coyunturales) o lo barato.

66

Esto está provocando no solo la homogeneización de los gustos, con alimentos globales que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, lo que se ha dado en llamar la “macdonalización de la sociedad” (Ritzer, G. 1995), sino también procesos de hibridación con las culturas locales, como el caso de indígenas mayas en México que usan Coca Cola en sus ritos religiosos para purificar ofrendas.

La que ha creado una separación artificial entre las zonas rurales y urbanas, mediante procesos de integración vertical del alimento según lógicas financieras que poco tiene que ver con el desarrollo humano. Esto ha supuesto una ventaja para la concentración empresarial, tanto en el ámbito de la producción como de la distribución, la publicidad, los medios de comunicación que promueven estilos de vida o el consumo, en estrecha alianza con los grandes grupos trasnacionales de la comunicación y los bancos de inversiones de Wall Street. Todo ello está teniendo resultados muy negativos para la durabilidad de los ecosistemas, de manera que la soberanía alimentaria de los pueblos es cada vez más reducida y las tasas de interdependencia son cada vez mayores.

La biodiversidad y la durabilidad de los ecosistemas alimentarios están claramente en riesgo debido a la agricultura intensiva y a sus sistemas de apoyo. En el siglo XX se ha producido una reducción del 90% de la diversidad agroalimentaria, y la producción mundial del alimento depende sólo de 150 especies, de las que 12 proporcionan tres cuartas partes de la alimentación mundial. El trigo, el arroz y el maíz suponen la mitad de esa provisión y en el caso de la proteína animal se está restringiendo al pollo, cerdo y vaca. El coeficiente de extinción de especies se ha multiplicado por mil respecto a la media registrada en la historia del planeta, y esta escasez de diversidad implica riesgo de supervivencia de varias especies.

El modelo impulsa migraciones, derivadas de la crisis de monocultivos para el mercado mundial en países en pobres o en vías de desarrollo, asolados por un cambio climático que ha destruido sus formas de producción sostenible, creando así un nuevo tipo de “refugiado” a causa del hambre.

El complejo tecnocientífico aplicado a la alimentación, orientado por intereses mercantiles, tiene como resultado una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad. La revolución verde había generado una

67

reducción importante en las variedades seleccionadas como productivas, pero la proliferación en la actualidad de la manipulación genética, la aplicación de las nanotecnologías y el desarrollo del complejo farmaquímico supone una  nueva amenaza de consecuencias imprevisibles. El volumen de recursos destinados a investigar en esos campos y la rapidez de los nuevos hallazgos son enormes en comparación con los recursos que se destinan a controlar sus efectos sobre los alimentos y la salud humana, haciendo casi imposible detectar sus efectos reales en la práctica alimentaria. Un dato sencillo es utilizado por el movimiento Slow Food: cada producto individualmente tiene aditivos y colorantes permitidos, pero nadie ha realizado una investigación holística de los efectos que causa en la salud la sumatoria de esos agregados en su uso cada vez más cotidiano y frecuente.

En paralelo, la demanda de calidad alimentaria tras las crisis de seguridad sufridas en Europa por intoxicaciones y consumos de alimentos inadecuados, está propiciando que las administraciones públicas establezcan nuevas formas de regulación de los alimentos centradas en procesos de certificación de calidad y trazabilidad. La gestión de estos procesos ha pasado en una buena parte al mercado privado, lo que unido a sus exigentes requisitos formales y elevados costes económicos, acaba penalizando a los pequeños productores y artesanos locales, por la homogeneización que implican. Desde 1963 se han desarrollado desde la OMS y la FAO normas de producción alimentaria de calidad que han tendido a homogeneizar los procesos de producción de alimentos (Programa conjunto de FAO/OMS de normas alimentarias, ALINORM, etc.) a lo cual se han sumado las normas de calidad ISO y otras. A pesar de ello, son los propios consumidores los que hacen finalmente su opción de compra: su control sobre la calidad de los alimentos será mayor cuanto mejor conozcan los requisitos de un producto sin riesgos y a precio asequible, lo que guarda relación con el consumo de productos locales y con una buena educación como consumidores responsables.

El modelo de globalización ha tenido también como consecuencia una apuesta sin precedentes por el estilo de vida urbano, con un alejamiento de los ciclos naturales que ha colonizado las pautas alimentarias. Los horarios laborales apenas dejan tiempo para la comida, y las comidas familiares constituidas como rito de convivencia se sustituyen La progresiva

68

desregulación de los mercados y la separación efectiva entre poder y política  ponen el acento en considerar al consumidor más como cliente que como ciudadano, lo que ha llevado a construir una ideología sobre el consumidor informado y autosuficiente con capacidad racional de elección (individualismo metodológico) que contradice la realidad en términos de la subordinación del consumidor a los grupos que realmente controlan los mercados. El manejo a voluntad de precios en góndolas es donde termina por manifestarse este modelo, y es una de las cuestiones que están llevando a la ciudadanía a plantearse estrategias de resistencia para subrayar con su acción los límites de ese modelo. Como reacción, empiezan a surgir nuevas de formas de acción colectiva, a través de redes que parten de una concepción del ciudadano como consumidor responsable.

La crisis alimentaria y sus consecuencias, tanto en su versión de escasez y hambre para buena parte de la población mundial, como en la de sobrealimentación y riesgo para amplias capas de habitantes en los países ricos, han generado movilizaciones y reivindicaciones sobre soberanía y seguridad alimentaria. La creciente influencia de los lobbies, que se institucionalizó también en Europa siguiendo el modelo estadounidense, está provocando la reacción de ciudadanos predominantemente de clase media, que asumen el reto de organizarse a través de redes que incorporan  nuevas instituciones y una pluralidad de agentes.

Slow Food es un movimiento internacional organizado “glocalmente” que promueve cambiar la forma en la que actualmente se produce, distribuye y consume la alimentación mediante una red mundial de ciudadanos, compuesta a su vez por otras redes menores. Promueve la educación del gusto, la defensa de la biodiversidad y la creación de redes atendiendo a la solidaridad entre los pueblos, mediante la creación de comunidades de alimentos. Pone en contacto a productores alimentarios de calidad con consumidores (coproductores) a través de actividades organizadas. Considera que el único tipo de agricultura que ofrece perspectivas válidas de desarrollo, sobre todo en las regiones más pobres del planeta, es el basado en la sabiduría y los conocimientos de las comunidades locales y promueven una producción respetuosa de la justicia social, es decir que proporcione una retribución y unas condiciones de trabajo dignas en todas las etapas del proceso, desde el productor al consumidor.

69

Si la “Fast-Life”, en nombre de la productividad, ha modificado nuestra vida y amenaza el ambiente y el paisaje, la “Slow-Food” es hoy la respuesta de vanguardia. Y es aquí que puede comenzar con un cambio internacional en la historia, en los conocimientos y proyectos. Slow Food actúa contra la fast food y los alimentos estandarizados de mala calidad salvando recetas y usos locales, productos tradicionales, variedades vegetales y especies animales amenazadas y ha creado Terra Madre, proyecto para apoyar las economías locales y sostenibles de pequeñas dimensiones, constituyendo una red de 5.000 productores alimentarios pertenecientes a 1.600 comunidades de alimento, una red de 1.000 cocineros y otra red de 50 universidades en 150 países, que se dan cita bianualmente en Turín.

El movimiento lucha contra la homogeneización del gusto, el poder ilimitado de las multinacionales y la industria agroalimentaria, así como contra el frenesí de la vida moderna. Promueve restituir dignidad cultural a la alimentación, y plantea que cada persona debe ser consciente de que cada plato que come es el resultado de decisiones tomadas en el campo, el mar, los viñedos, las escuelas, los despachos y los parlamentos.

Entre los resultados más destacados de Slow Food cabe señalar el haberse constituido en una marca de calidad, además de la protección de 500 productos alimentarios a través del apoyo y la intermediación con consumidores y restauradores estableciendo un programa de intercambios transnacionales de más de 1.600 comunidades del alimento, consolidando redes con más de 1.700 delegados de 153 países.

Como todos los movimientos sociales, Slow Food tiene contradicciones que se generan tanto por la complejidad del movimiento como por la diversidad de grupos implicados y su carácter de voluntariado. Esta es su riqueza y su debilidad al mismo tiempo. La articulación local-global / global-local es uno de los retos más importantes para cualquier movimiento social que trate de hacerse eco de reivindicaciones que parten de una concepción democrática y horizontal en la toma de decisiones en grupos con códigos culturales y organizativos distintos. Slow Food no es una excepción. El ejemplo del movimiento en España puede servir de referencia, en la medida que son aquellos territorios que han tenido mayores niveles de prosperidad económica donde más se han desarrollado ciudadanos con formación, renta y tiempo suficientes para tomar

70

consciencia de su poder político. Este movimiento surge en el norte de Italia, la zona más rica del país y se expande inicialmente a los países más ricos, EEUU, Reino Unido, Alemania y Suiza, y luego se va extendiendo por “contaminación” hacia otros países. Una novedad es que han comenzado a ser incorporadas las reivindicaciones de organizaciones campesinas de países en vías de desarrollo o pobres, promoviendo la participación de “comunidades del alimento”.

Lo interesante es que esta modalidad de autodefensa ciudadana está comenzando a ser incorporada por blogueros de todo el mundo, o nacen símiles como la comentada más arriba respecto del reconocimiento de origen a través del código de barras, o el blog Análisis de Entre Ríos. Todas ellas están comenzado a descubrir que vale la pena no sólo la defensa del patrimonio alimentario, sino además frenar el voraz apetito de las concentradas del mundo, y que para lograrlo es importante trabajar desde una perspectiva sistémica que incorpore el accionar de las administraciones públicas y otros agentes, mediante la interconexión de diferentes redes convertidas en coproductoras de la acción económica y política. Una verdadera democracia proactiva.

Todas las acciones colectivas que surgen en el contexto actual de la globalización comienzan a someter a muchas tensiones al statu quo del mercado, con métodos de transparencia y regulación que les otorgan solvencia. La mesa es un ámbito que predispone al acercamiento y el entendimiento, por algo todas las religiones la han tomado como símbolo en sus ritos. De continuar creciendo a este ritmo, la rearticulación horizontal y “glocal” puede ser una de las mayores apuestas para contrarrestar problemas ecológicos, sociales, económicos, culturales y políticos, comenzando por el reto que supone lograr una alimentación que responda a criterios de diversidad, calidad efectiva, justicia y sostenibilidad. Y que además haga que los precios dejen de viajar en góndola.

71

“ANTIESTATISMO” Y UN QUESO MAL REPARTIDO

Como vemos, una resistencia global al manejo indiscriminado de alimentos y sus precios promete escenarios a futuro sumamente reñidos. La fuerte irrupción de los consumidores en el mercado, hasta ahora convidados de piedra, evidentemente impactará en los modos de distribución y venta de los alimentos. Una dinámica totalmente novedosa que se viene a sumar a la eterna lucha por repartir mejor y que todos puedan llenar con tranquilidad la bolsa del mercado.

Pero esto no podrá ocurrir mientras las cargas y los beneficios sigan aplicándose de manera desequilibrada en el mundo. Para ir al comprar al almacén, hay que tener algo en el bolsillo. Como el poder político ha sido siempre el gran repartidor, la lucha por acceder a él en realidad apunta a esa gran función justiciera, que ha teñido las luchas desde Espartaco hasta el Che Guevara, pasando por Mahatma Gandhi y Jesús. Y por eso cada poder de turno amenazado los mandó matar a todos ellos.

Riqueza y poder, dos hermanas que caminan de la mano. En la Argentina, los impedidos de entrar en el reino de los cielos –a menos que se enhebre una aguja con un camello– nuevamente son los dueños de la tierra. David Viñas estaría perplejo ante este fenómeno de poca data, donde el nuevo contexto mundial permitió una gigantesca apropiación del excedente agrario por parte de los grandes productores, que incrementaron sensiblemente lo que percibían en promedio por su producción, desde 209 dólares constantes por hectárea durante el régimen de convertibilidad, hasta 272 dólares en el período comprendido entre los años 2002 y 2010.La devaluación de la moneda y la aplicación de un tipo de cambio competitivo permitieron un perceptible incremento en la rentabilidad de la producción agrícola, a pesar de las retenciones a las exportaciones que –en honor a la verdad– comenzaron a aplicarse ya desde el 2002.

El conflicto entre el Estado nacional y las entidades vinculadas al sector agropecuario, a partir de la Resolución 125/2008 que modificaba el régimen de retenciones a la exportación, puso en tela de juicio la intervención estatal en la operatoria del sector agropecuario. Después de los fogonazos mediáticos, las mismas ya no serían puestas en tela de juicio por buena parte de los dirigentes, ya que percibieron el efecto que fuera explicado en profundidad por numerosos economistas, y que en términos

72

técnicos se denomina “efecto captador de la renta extraordinaria asociada a un factor fijo de producción, que viabiliza una mayor equiparación de las tasas de ganancia”, lo que en buen criollo significa mejores condiciones para embolsar más. Incluso algunos actores vinculados al agro llegaron a reconocer públicamente que el esquema ideal para equiparar rentabilidades y captar las rentas extraordinarias era el de las retenciones móviles.

La adopción de un nuevo patrón de crecimiento tras el colapso del régimen de convertibilidad, produjo alteraciones sustantivas en la distribución del excedente en el sector agropecuario pampeano, aunque no implicó una modificación de las tendencias observadas desde mediados de los años noventa en la producción sectorial, cuando se asistió al inicio de una etapa de vertiginoso crecimiento del área sembrada y de la producción. Durante la postconvertibilidad se profundizó ese proceso, y la superficie destinada a la producción de cereales y oleaginosas pasó de 26,3 millones de hectáreas para la campaña 2000-2001 a casi 30 millones de hectáreas en la campaña 2009-2010. Este proceso se sustentó en un notorio incremento en la rentabilidad de la producción agrícola, en particular de la sojera, que en la última campaña pasó a representar el 62 % del área sembrada.

Este incremento de la rentabilidad produjo un aumento del valor de las mejores tierras agrícolas pampeanas. El precio promedio por hectárea se elevó de 3.109 dólares durante la vigencia del régimen de convertibilidad a casi 12.000 dólares en el año 2011 en las mejores áreas. Este patrón de crecimiento implicó una mayor rentabilidad de la producción agrícola y posibilitó una elevada ganancia patrimonial, reforzada por la pesificación asimétrica de los pasivos del sector agrario tras la devaluación de la moneda.

Pero esa elevada rentabilidad en dólares no explica en su totalidad el extraordinario incremento de la capacidad adquisitiva del sector, que en márgenes brutos en pesos constantes pasó de un promedio de 581 pesos por hectárea durante el régimen de convertibilidad, a 1.432 pesos en el período 2002-2010. El margen agrícola en pesos constantes prácticamente triplicó los valores verificados durante la etapa previa.

Aunque pocos actores lo reconozcan, la elevación en la rentabilidad de la producción agrícola fue consecuencia de la política económica. Hasta el año 2006 los precios internacionales de los cultivos de exportación se

73

mantuvieron por debajo de su promedio durante el régimen de convertibilidad. El precio de exportación en dólares constantes de los cuatro principales cultivos pampeanos se ubicó en el período 2002-2006 un 2,9 por ciento por debajo del valor registrado durante la década del noventa. Por lo tanto, hasta 2006, el incremento de la rentabilidad agraria no obedeció a la existencia de una coyuntura internacional favorable –el tan mentado “viento de cola” meneado por diversas entidades del sector– sino a la reducción de los costos de producción en dólares como consecuencia de las nuevas políticas de crecimiento, cuyo eje central fue el tipo de cambio competitivo.

Recién en el 2007 una modificación en las condiciones del mercado mundial produjo el acelerado incremento en los precios de los productos agrarios, proceso que –a pesar de la crisis financiera posterior– posibilitó la elevación de los niveles de rentabilidad en la producción agrícola gracias a un contexto de paulatina apreciación del tipo de cambio. En el 2010, los márgenes brutos por hectárea evaluados en dólares constantes fueron 10,6 % más altos que los registrados entre 2002 y 2006, cuando ya se demostraban muy elevados en términos históricos.

En una primera etapa de la posconvertibilidad, por lo tanto, el brioso incremento en la rentabilidad del agro estuvo asociado a un elevado tipo de cambio real. La subida de los precios internacionales a lo largo de los últimos años explica la continuidad de ese incremento, y además permite prever un mantenimiento y hasta quizás un aumento en los niveles de rentabilidad a futuro. Todo esto fue posible gracias a un cambio de concepción global en la política argentina.

No obstante, todavía se escuchan voces que critican la intervención del Estado en la operatoria comercial del sector agropecuario, y sostienen que se producirían mejores resultados mediante el libre ejercicio de la oferta y la demanda. Este argumento les sirve de base para rechazar todo tipo de control y fiscalización, que –según estos alegatos– sólo sirven para dificultar el desempeño de los grandes y pequeños productores, en lugar de simplificar su tarea.

La ausencia de intervención estatal no es lo que se observa en el mundo, ni siquiera en las economías más desarrolladas, donde proliferan los organismos de regulación y control del sector agropecuario. Estados

74

Unidos tiene la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA), que regula el cumplimiento de las leyes de granos y carnes y controla el desempeño de todas las cadenas sin excepción; la Comisión Canadiense de Lechería (CDC) establece cuotas de producción por región y aplica precios sostén. También existen diversos organismos de este tipo en numerosos lugares, similares a la Junta Nacional de Granos de los primeros gobiernos peronistas, tan combatida. En países de Europa del Este (Ucrania, Rusia y Turquía) se monopoliza la compra de granos en el mercado interno y externo, utilizando una amplia capacidad de stock para regular el mercado y estabilizar los precios de la industria. En geografías más cercanas, el organismo de regulación del mercado cárnico en el Uruguay es el Instituto Nacional de Carnes (INAC), que controla las ventas al mercado interno y la exportación.

Un ejemplo cercano asimilable al tamaño del sector agropecuario argentino, es el de la Companhia Nacional de Abastecimento (CoNaB) del Brasil, que compra diversos productos, especialmente de agricultura familiar, y regula el mercado interno y el precio de los productos agrícolas. Su funcionamiento asustaría a cualquier observador cuya visión del problema se redujera a las premisas divulgadas por los grandes medios de comunicación de la Argentina, y sería tildado de “sovietizante” por los gurúes del libre cambio. La compaña sigue de cerca la trayectoria de toda la producción agrícola brasileña, desde el planeamiento de cultivos hasta la mesa del consumidor, y envía información a los agricultores para la toma de decisiones sobre qué sembrar, cómo cosechar y almacenar. Al realizar el seguimiento de cada producto durante su distribución al mercado, va aplicando en cada tramo de ese recorrido garantías de precios mínimos aplicadas por el gobierno a través de mecanismos de equilibrio, mediante operaciones coordinadas por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) que se traducen en abundancia de abastecimiento accesible y a la vez en estímulo a la producción. La CONAB realiza además estudios y estadísticas sobre precios y cualquier variación en los costos de producción, las expectativas de siembra y cosecha de granos y el volumen y localización de stocks públicos y privados de una amplia gama de productos. En lo que hace a políticas públicas para el abastecimiento alimentario, actúa a través de la adquisición de productos que equilibran la renta del productor rural, especialmente los agricultores familiares y las cooperativas, frente a cualquier oscilación de precios en el mercado. Esos

75

productos son lanzados mediante remates electrónicos cada vez que hace falta corregir las distorsiones propias del sector. El Programa de Adquisición de Agricultura Familiar (PAA) compra directamente y sin intermediarios para solventar las dificultades de este sector para acceder al mercado, y además utiliza esos stocks para atender problemas sociales en comunidades muy pobres y en zonas de desastre. Coordina además toda la estructura de comercios mayoristas de productos alimentarios a través de las Centrales de Abastecimiento (Ceasa) en todo el país. Un esquema realmente intervencionista.

Todas las instituciones mencionadas fueron creadas para lograr estabilidad y equilibrio entre las partes que componen el sector. Pero además, para que la gente tuviera algo en el bolsillo para ir a comprar lo que estos espacios producían. Algo que no se puede lograr en el vacío, sino con medidas de equilibrio en todos los planos.

No es un secreto que en la Argentina el sector agropecuario manifiesta importantes asimetrías. Existen mucha oferta fragmentada y pocos compradores, lo que se denomina como “oligopsonio”, y una tendencia a la concentración económica debido a la existencia de fuertes economías de escala. Lo mismo sucede en la comercialización internacional, donde muy pocos operadores concentran casi todo el flujo de comercio, justamente en actividades con alto riesgo por variables de mercado o climáticas, que ya nos han impactado con violentas fluctuaciones a lo largo de nuestra historia. A todo esto se suma una revolución tecnológica que, junto a la proliferación de agricultura por contrato, añade una mayor disparidad entre los agentes que se desenvuelven en este entorno.

Por todas estas razones, este sector tiende a ser regulado y controlado por el Estado en todo el mundo. De hecho, en las etapas en que el Estado argentino abandonó su función regulatoria, especialmente desde la última dictadura militar y hasta el año 2002, se produjeron fuertes concentraciones de la producción en detrimento de los productores de menor escala, que fueron absorbidos por productores más capitalizados o quedaron en inferioridad de condiciones para competir.

El correcto funcionamiento del sector agropecuario requiere una firme intervención estatal, para garantizar el cumplimiento de las leyes y desactivar prácticas abusivas. Para fortalecer a los pequeños productores e

76

integrarlos en torno a redes de producción, resulta imprescindible un marco regulatorio y políticas públicas activas. Cada vez que se pide “menos Estado”, resulta sencillo identificar quiénes serían los beneficiados y quienes los perjudicados, más allá de la polvareda mediática que en nuestro país intenta esconder esta sencilla ecuación.

Una estrategia nacional para el sector agropecuario que nos permita alcanzar el desarrollo sustentable se debe realizar con “más y mejor Estado”. Quienes se quejan por la intervención estatal, pertenecen indudablemente a esa dirigencia rural que no alcanza a disimular las extraordinarias ganancias que logró el sector gracias –precisamente– a un cambio de ciertos paradigmas en el rol del Estado. Lo que no quieren es una distribución más justa de esa renta nacional. El horror que los aglutina y los eriza surge del profundo temor a que ese cambio de paradigma se profundice, que vaya más allá de las simples regulaciones o el cobro justo de gravámenes, terminando por afectar las monopólicas bases de sustentación de su también bicentenario poder.

En pocas palabras, existe una relación directa entre la capacidad adquisitiva de la población, la formación de precios y el accionar del Estado para garantizar el acceso al consumo de productos básicos.

Ahora veamos por qué estos sectores están tan interesados en que la capacidad adquisitiva local no aumente, en que el Estado no intervenga para eliminarlos como intermediarios y equilibre ese desfasaje, y sobre todo en que un consumo local a precios justos les quite una buena porción de las siderales ganancias que están amasando a través de la exportación. Durante el primer trimestre del año 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) realizó una encuesta de hogares en los 31 principales centros urbanos. Sobre esa base se efectuó un informe sobre distribución del ingreso, y sus resultados mostraron que cuatro de cada diez personas con algún tipo de ocupación laboral ganan mensualmente menos de $ 1.500, salario mínimo vigente para una jornada laboral completa. Esto da un elevado porcentaje de personas que ganan una suma inferior a ese piso, fenómeno vinculado a la informalidad y la subocupación, muchas veces relacionadas entre sí como dos características del mercado laboral en el que se mueven los más débiles de la sociedad, fenómeno que además se verifica mayoritariamente en el ámbito rural.

77

Esa encuesta señala además que la población incluida en el 10% que menos gana trabaja en promedio 23 horas por semana, con un ingreso medio de $ 297. El 10% que sigue involucra a quienes ganan en media $ 660 por mes, y cuya jornada promedio semanal es de 32 horas. Según la categorización del Indec, es subocupado quien trabaja menos de 35 horas semanales.

El 20% de los trabajadores con nivel de ingresos adecuados se encuentra con ocupación plena, y su ingreso promedio llega a los $ 2.074, un 18% más que en el año 2010, porcentaje de incremento que acompaña el alza en los precios de bienes y servicios. Pero si se consideran todos los ingresos que aporta cada familia, la suma llega a $ 3.914, y en este caso a la mitad de los hogares encuestados le ingresan sumas levemente inferiores a $ 3.000. Este significativo avance para los sectores sociales más bajos permitió una mejora en los desequilibrios sociales, ya que el año anterior un 10% de los ocupados mejor ubicados ganaban 22,3 veces más que los sectores más desfavorecidos. Ya en el 2011, esa brecha se redujo a 19,7 veces.

Este informe sobre distribución del ingreso se realiza para analizar un período durante el cual se comenzó a pagar una asignación universal por hijo a las familias con desocupados o con trabajadores informales de bajos ingresos. El plan destinó inicialmente a esos pagos una masa de recursos del orden de los $ 550 millones por mes, constituyendo entre el 1 y el 2% del total de dinero que llega a las familias, pero después amplió la cobertura a embarazadas, lo que permitió una mejora sensible en el porcentaje de la masa total de recursos que va a los hogares de menores ingresos, lo que además se relacionó con a una mejora en los recursos generados por las propias familias. En el primer trimestre del 2009 el 30% más pobre se apropiaba sólo del el 7,8% del total de ingresos, mientras que en el 2010 esa participación subió al 8,4 %.

En la otra punta, este informe también demuestra una alta concentración de la riqueza, ya que el 20% más rico se queda con el 49,4% de los ingresos totales, levemente inferior al 49,8% del 2009. A cada persona ubicada en el 10% más desfavorecido de la sociedad, sin importar si está o no incluida en el mercado laboral, le llegan $ 297 en promedio. Pero esa cifra asciende a $ 6.000 para el decil de ingresos más elevados. Es decir que hay una diferencia de 20 veces entre los más pobres y los más ricos, una brecha que llevará todavía mucho esfuerzo achicar.

78

Otro dato a tener en cuenta es que en esta puja redistributiva, donde los más pobres se posicionaron más arriba y los más ricos levemente más abajo, quienes vieron menguar su posición fueron los sectores de ingresos medios. Afectados por la suba de precios, y sin las oportunidades de compra alternativa o producción para el autoconsumo que utilizan los segmentos más humildes, durante el 2010 la diferencia entre inflación e ingresos impulsó un punto hacia la baja a los ingresos de este sector, en comparación con el global

De todas maneras, si se toman cifras netas, el ingreso per cápita familiar para el 2010 fue de $ 1.199 promedio, un 19,8% más alto que el año anterior. Para quienes despotrican contra la injerencia del Estado en el mercado, cabe señalar que –según diversos estudios privados– un tercio del ingreso total de los hogares proviene de fuentes públicas. Sin embargo, el impacto que tiene este tipo de recursos es mayor en la población de los deciles medios, es decir que hay mucho empleo estatal, mientras que todavía son responsables por un menor impacto sobre el total de los ingresos por planes sociales que se distribuyen. Según el Indec, esa masa de recursos por salarios estatales llegó a los $ 29.742 millones mensuales durante el período analizado.

Estos datos han sido meneados, auscultados y discutidos por cuestiones secundarias o mínimas diferencias de porcentajes. Es probable que en el fárrago de información recopilada incluso haya errores en lo que se afirma en este mismo capítulo, que pretende ser abarcador. Pero, como dice la frase de Aaron Levenstein incluida en la apertura de esta obra, “las estadísticas son como las bikinis: muestran mucho pero ocultan lo esencial”, bajo las reglas del juego de la Gran Confusión a la que apuestan quienes no quieren que los datos se trasparenten. Lo cierto es que la tendencia, más allá de matices, demuestra que la participación de los pobre en la riqueza se incrementó de manera interesante, y los otros dos segmentos se mantuvieron más o menos estables. Lo que importa es cómo hacer para tender con mayor fuerza hacia un verdadero equilibrio social. Y para eso hace falta analizar muchos aspectos más.

La encuesta de hogares del Indec se realiza en áreas urbanas. Los datos de los censos agropecuarios no permiten realizar un análisis similar sobre los ingresos rurales. Como vimos, según datos del Indec la suba de ingresos no se dio para todos por igual, y si en el área urbana un tercio de la población

79

–el 40% de los ocupados, o sea 4 millones de personas– recibe un máximo de $ 1.500 por mes, equivalente a un salario mínimo, la situación en el área rural podría ser por lo menos similar, si no peor. Es cierto que la pobreza rural poco tiene que ver con la urbana, porque la producción en huertas, corrales o de autoconsumo genera otro tipo de pautas de vida y de alimentación, pero –aun así– la sumatoria de ambos segmentos demuestra a las claras el desastre de exclusión que hemos heredado, después de décadas de achicamiento de nuestra economía.

Si se toma en cuenta que la canasta básica de consumo marca un piso de ingresos para no ser pobre, según la mayoría de los estudios esa canasta para una familia tipo llegaba a los $ 1.900 mensuales a principios el 2011. Es decir, un gasto aproximado de $475 semanales para cubrir alimentos, higiene, limpieza, transporte y otros rubros menores en un hogar promedio de cuatro personas, con aproximadamente $ 120 por persona y por semana. Es decir que el tercio poblacional urbano de menores recursos no alcanza a cubrir regularmente ese piso de ingresos, y por lo tanto debe ser considerado técnicamente como pobre.

La reactivación económica y la asignación por hijo hicieron que la distribución del ingreso registrara mejorías en el primer semestre del año 2011, datos todavía por tabular, además del efecto causado por un leve freno a la inflación, el factor que más conspira contra las mejoras en la distribución del ingreso. Pero el frente que más se intentó atacar fue el de los problemas estructurales en el mercado de trabajo, ya que el desempleo continúa concentrado en los sectores de ingresos más bajos poco calificados, explicando el rezago relativo de ese segmento. En medio de la crisis, se aplicaron medidas para evitar despidos que tuvieron un impacto positivo en lo concreto, y a la vez desalentaron tendencias injustificadas al achique, un síntoma generalizado en la asustadiza economía local.

En la coyuntura, para frenar la tasa de pobreza se buscaron consolidar las mejoras en la distribución del ingreso a través de la actualización de los montos y la cobertura de la Prestación Universal por Hijo. Esto se hizo necesario al considerar la inflación que impacta en el primer quintil de ingresos, con un gasto en consumo orientado en un 50% hacia alimentos, donde el beneficio original había perdido un 15% en términos de poder de compra en seis meses. También se ha mejorado el haber jubilatorio, tomando en cuenta que el 85% de los jubilados y pensionados –lo que

80

implica 5 millones de beneficiarios– percibían un haber mensual inferior al salario mínimo, vital y móvil. Para el 30% de la población de menores recursos, el Estado aporta el 13% de los ingresos a través de la asignación por hijo, jubilaciones, pensiones y salarios estatales, mientras que las fuentes privadas aportan el 15% a través de salarios registrados y no registrados. El informe difundido por el Indec señala que esta distribución del ingreso mejoró según el coeficiente de Gini, indicador que alcanzó un valor de 0,413 puntos, mejorando los 0,417 puntos del 2009.

El país crece de manera sostenida, pero evidentemente todavía perduran los efectos de una Argentina “bipolar” por la cual algunos sectores aceleran y se recuperan a tasas muy altas, mientras que algunos van más lentos y otros retroceden relativamente. Ya nos ocupamos en extenso sobre este tema en otro capítulo, pero a los efectos del presente análisis –los ingresos que generan esas actividades y cómo se reparten–, así como su relación en tanto se aplique a sectores rurales o urbanos, cabe una reflexión sobre el sector alimentos, tanto en su fase productiva como en el acceso de la población más pobre a su consumo, que –como vimos– puede llegar en algunos casos al 50 % del gasto familiar. La polémica sobre cómo el modelo estatal acelera o frena la actividad encuentra algunos rubros de la industria alimenticia, en particular los que se desenvuelven con la carne y los lácteos, mostrando algunos problemas económicos y climáticos.

En conjunto, esa actividad en el 2010 registró una caída del 3% frente al año anterior, retroceso que llegó a un nivel del 11% en el renglón de las carnes rojas. Las cifras registradas estuvieron asociadas a problemas estructurales, como el hecho de que haya menos materia prima al resultar de mayor rentabilidad el rubro de los cereales y las oleaginosas. El gobierno destinó un fondo de promoción orientado a incrementar la producción ganadera, y apuntó además a privilegiar el crecimiento de aves y porcinos sin dejar de apoyar los vacunos, bajo el criterio de que es posible un crecimiento más rápido en animales de corral, y además con mayor protagonismo de las pymes.

En lo que respecta al sector lechero, los datos oficiales señalaron el cierre de 5.000 tambos en los últimos seis años. Los acuciantes problemas financieros de La Serenísima y Sancor se vieron solucionados por el incremento y la concentración de las ventas, como vemos en otro capítulo,

81

pero amenaza con peligro de venta a empresas como Gándara y Milkault, que perdieron porciones de mercado por la creciente concentración.

Evidentemente, las condiciones estructurales supérstites de los 90 pegan de lleno en esos dos rubros, y afectan sistémicamente tanto el desempeño industrial como los ingresos que repartiría con mayores niveles de actividad, junto a un impacto hacia la baja en los precios que se verificaría si existieran más empresas y mayor diversificación.

Pero hay un elemento más que se puede agregar a esta apasionante búsqueda de estrategias liberadoras en las que –sobre este punto –estamos adelantados respecto del Brasil, igual a lo que sucede con la ley de medios de comunicación. Se trata de las negociaciones para impulsar la participación de los trabajadores en las utilidades empresariales, como incremento no supletorio del salario para remunerarlos en función del desempeño de la firma, y evitar así que se los castigue cuando ésta no vende. Esta medida, además de no atentar contra la seguridad de un ingreso estable, permite a los trabajadores apropiarse de una parte del excedente generado.

La tasa de ganancia es la relación entre las ganancias netas percibidas por un empresario y el capital que adelantó para comenzar la actividad productiva. Pero a la vez esa ganancia surge también del nivel remunerativo para el trabajo contratado por la firma. Es el valor del producto de ese trabajo, que generalmente no se remunera al trabajador y queda a disposición del empresario. La parte remunerada que es el salario está sujeta a variables que se apoyan en las leyes laborales, pero también en las negociaciones entre trabajadores y empresarios para dirimir intereses en función de la presión que puede ejercer cada uno. Obtener mayores salarios permite entonces a los trabajadores apropiarse de una parte mayor del excedente por ellos producido.

La remuneración del trabajo consiste en montos fijos que se renegocian cada cierto tiempo, por lo que generalmente –en el corto plazo– los ingresos de los trabajadores tienden a ser estables, mientras que las ganancias dependen del desempeño comercial de la empresa y surgen del proceso productivo que el empresario dirige. Para el ideario ortodoxo, esa ganancia empresaria es el justo y exclusivo rédito del empresario por el

82

riesgo asumido, sin tomar en cuenta la participación necesaria de los trabajadores en el proceso.

Una forma de remuneración salarial que se asemeja a la participación en las ganancias es la que hace depender el salario de los resultados obtenidos por la empresa. La más usual es el pago de premios y bonificaciones, pero es un mecanismo decidido unilateralmente por la empresa en función de su desempeño. Habitualmente esta remuneración extraordinaria está limitada al personal jerárquico, y constituye una dádiva no sujeta a negociaciones ni a mandatos legales.

Otra forma que se ha utilizado para otorgar participación a los trabajadores es a través de incluirlos en el riesgo empresario en general, es decir en las ganancias y en las pérdidas, convirtiéndolos en accionistas. En este caso, parte de la remuneración se entrega en acciones de la empresa, cuyo valor depende de su cotización en los mercados de capitales. También se aplica la remuneración por resultados, donde el salario depende de las cantidades vendidas, lo que en muchos casos coloca al trabajador en el papel de asumir la totalidad del riesgo. En ambas alternativas, un deficiente desempeño de la firma atenta directamente contra la remuneración del trabajador.

A diferencia de estos casos, la participación de los trabajadores en las utilidades remunera al trabajador en función del desempeño de la firma, permitiendo a los trabajadores apropiarse de una parte del excedente generado.

Hoy están en pleno desarrollo diversas negociaciones sobre regímenes de participación de los trabajadores en las empresas argentinas. De acuerdo con los balances publicados por las propias empresas en la Bolsa de Comercio, muchas de ellas muestran elevadas tasas de rentabilidad neta, indicador que sirve para definir la tasa de ganancia real. Si tomamos en cuenta algunos casos testigo, por ejemplo, en el 2009 para YPF la rentabilidad neta fue de 10,16%, 14,8% para Tenaris, 11,8% para Loma Negra y 11,5% para Telecom. En estos casos, una pequeña distribución de ganancias no afectaría los procesos de acumulación y reinversión de dichas compañías si se analiza la distribución del valor agregado, que es la relación entre ganancias netas y costos laborales. En YPF, las ganancias en el 2009 fueron del 66% del valor agregado, mientras los salarios

83

constituían el 34% restante; para Tenaris la relación fue el 62% y el 38% respectivamente, al igual que en Loma Negra; mientras que en Telecom fue del 48% y 52%. El régimen de participación de los trabajadores en las utilidades –con una alícuota del 10%, por ejemplo– llevaría sus salario, sin incluir incrementos en la productividad ni efectos indirectos,  en YPF del 34% actual al 41%; en Tenaris y Loma Negra del 38% al 45%; y en Telecom, del 52% al 57%. Claramente, se trata de mejoras significativas en la distribución del ingreso que no afectan los procesos de acumulación en estas grandes empresas.

En las firmas que ya implementaron este proceso resultaron beneficiados tanto los trabajadores como los empresarios, con una reducción del margen unitario de ganancias que fue compensada por una mayor productividad y demanda, incrementando la masa total de ganancias. Evidentemente, se trata de una medida que permite desarrollar un círculo virtuoso de mejoras en la productividad, el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. Pero la mayor ventaja surge de un cambio de mentalidad en los trabajadores, porque –al acceder a los balances– les permite comprender mejor el proceso productivo del cual forman parte a la vez que contribuye a combatir la evasión, dado que cualquier ganancia no declarada será evidenciada por los mismos trabajadores como interesados directos en que todas las operaciones se encuentren registradas.

Entre las limitaciones del esquema propuesto, se cuenta que no combate el desempleo ni la precariedad laboral, a la vez que incrementaría al interior de la clase trabajadora la elevada disparidad actual en los ingresos, al beneficiar a los trabajadores de las empresas con mayor capacidad de afrontar este modelo. En cuanto a los riesgos, se cuenta que constituye una medida procíclica, ya que durante el auge económico crecen los ingresos de los trabajadores por la negociación de salarios y las mayores ganancias empresariales. Mientras que si se produce una crisis, ambas variables tenderán a reducirse en términos reales. Por eso, resulta necesario analizar esta medida como un adicional sobre el salario fijo y no como su reemplazo.

Lo más importante de esta propuesta es que ha logrado colocar nuevamente en el centro del debate tanto la tasa de ganancia de las empresas como los mecanismos de formación de precios, apuntando a la distribución funcional del ingreso con el Estado como garante. Algo que no ocurría desde hace

84

más de tres décadas, y que devuelve protagonismo a la participación de los trabajadores en el proceso productivo del cual forman parte.

La cacofonía de protestas, reproches y reparos por parte de algunas patronales es proporcional al impacto que produciría en la dinámica estructural del funcionamiento en las empresas un régimen de participación de los trabajadores en las ganancias. Poner a los trabajadores en conocimiento y control de las operaciones que se realizan, es una transformación de tal índole que aterra a muchos empresarios argentinos, recelosos de que alguien pretenda verificar sus operaciones. Pero tropiezan con una conceptualización que se está extendiendo en los propios países desarrollados a los que siempre toman como modelo, donde la producción privada también es considerada como social, ya que está sujeta a relaciones de poder no sólo al interior de las empresas, sino que se inscriben además en un proceso global de la economía. En esas latitudes, nadie discute ya que la información implica una articulación más transparente y eficiente entre las partes, y debe conducir a una mayor equidad social.

Ahora bien, cabe preguntarse qué sucedería si este mecanismo se hace progresivamente extensivo a otras actividades que, por ahora, parecen ajenas al debate. Ya es un secreto a voces que la mayor evasión fiscal, la proporción más abultada de trabajo en negro y las mayores ganancias en este país son premisas básicas del desempeño estructural de la economía relacionada con el agro y sus derivados. Sólo basta con preguntarse qué participación en esas siderales ganancias tienen los trabajadores golondrina, sobre los que se apoya buena parte del desempeño en esos rubros, para tomar conciencia del camino que todavía resta por transitar.

Basta observar los últimos datos para definir quiénes siguen siendo los grandes beneficiarios de un consumo en gran parte sostenido por políticas estatales, justamente aquellos que no quieren ningún tipo de injerencia. Para el Indec, la canasta básica alimentaria que mide la indigencia tuvo en abril del 2011 un costo de 191,05 pesos por adulto, registrando un aumento del 11 % en un año. Pero la canasta básica integrada por alimentos y artículos de primera necesidad de marcas líderes aumentó 4,19 % en mayo, al subir de $ 293,07 a $ 305,35, según un relevamiento de la entidad de usuarios y consumidores Adelco. Todos aumentos de precios de empresas dedicadas a producir alimentos y artículos de primera necesidad que

85

impactan directamente en los sectores de menores recursos de la sociedad, y que –por ahora– no parecen muy proclives a distribuir ganancias.

Estos desequilibrios estructurales, como vemos, sólo pueden ser corregidos mediante políticas de equilibrio. Las retenciones constituyen solamente un primer paso, al garantizar la seguridad alimentaria a la vez que generan recursos a ser volcados para sostener la capacidad adquisitiva de los sectores de menores recursos. Pero todavía falta mucho para que se transparenten las condiciones laborales del sector –ergo la participación del trabajador en las ganancias obtenidas– así como la trazabilidad de cada producto para detectar si los costos ameritan un precio final razonable, no distorsivo en cuanto a los ingresos percibidos por cada uno de los actores de la cadena y sobre todo que no generen falsa inflación como recurso para apropiarse indebidamente de estas ganancias espurias.

86

LA DANZA DE LAS FINANZAS

El gran tema de los agronegocios, sus beneficiarios y sus perjudicados, no es ajeno al proceso que experimentó el sistema bancario argentino en las últimas décadas. El término “patria financiera” es una descripción eficaz pero imprecisa, ya que todas las fracciones del bloque dominante participaron de ese funcionamiento perverso de la economía que consistió en colocar a interés fuera del país los beneficios obtenidos internamente, en lugar de aplicarlos a la producción, cuyo financiamiento quedó librado al subsidio estatal. Ese segmento predatorio se acostumbró utilizar cualquier herramienta que le permitiera lograr ganancias exorbitantes, y sólo reinvirtió en el país una mínima porción destinada a justificar su existencia. En ese proceso se destruyó la función del aparato estatal orientada a garantizar políticas económica que impidieran esa enorme succión de recursos.

El agro argentino se caracteriza por requerir menos trabajo para lograr rendimientos muy superiores a los de otras regiones menos productivas del mundo, y esto le permitió apropiarse de una renta superior a la que se registra en aquellas. Esos recursos se fugaron o se volcaron al sistema financiero nacional, que ofrecía tasas de rentabilidad muy superiores a las de otros en el mundo.

La crisis financiera desatada a fines de 2001 y la pérdida de interés por parte de varios bancos extranjeros hacia el mercado argentino han posibilitado el fortalecimiento de los bancos nacionales y el surgimiento de nuevos grupos accionarios de capitales locales, que se han fortalecido en el proceso de salida de la crisis y han ampliado significativamente su participación en el negocio bancario. Los cambios en la estructura bancaria producidos a partir del corralito determinaron una configuración muy distinta para el grupo de bancos privados nacionales, respecto de la situación existente en diciembre de 2001. Este sector no sólo aumentó sustancialmente su participación en el sistema, sino que se produjo una reconfiguración del peso de cada uno de los bancos asociada a una mayor concentración. Sólo tabulando la primera etapa postconvertibilidad, los bancos privados nacionales incrementaron su participación en el total del sistema entre diciembre de 2001 y diciembre de 2004 del 20.1% al 31.7% en el rubro préstamos y del 14.9% al 25.1% en el rubro depósitos.

87

En algunos casos, el rápido crecimiento de estos grupos financieros ha permitido que algunos de ellos lleguen a cotizar en bolsas internacionales, captando de esta forma capital externo que los ayuda a financiarse, en lo que puede considerarse un inicio de internacionalización de estas entidades. Pero todavía está por verse si estos fortalecidos grupos financieros nacionales instalan una estrategia bancaria distinta a la desarrollada durante la década de los 90, orientada por la renta financiera en desmedro de la función social y de la asistencia al sector productivo, signada por la alta participación de la banca extranjera.

Para que el nuevo modelo de apertura al neocolonialismo financiero fuera posible, el sistema bancario argentino debió adecuarse a las nuevas modalidades exigidas por una globalización más que tramposa. De constituir una palanca que había conocido épocas de gloria en el desarrollo nacional, se transformó en una aspiradora de los recursos argentinos, con ganancias siderales que no se correspondían –ni se corresponden aún– con el rol que deben cumplir como intermediarios financieros que reciben los excedentes económicos y los vuelcan en préstamos productivos para motorizar la generación de empleo.

A esto se sumó la casi desaparición de otro tipo de banca, la provincial, que en muchos casos cayó bajo la incontenible oleada de las privatizaciones. En algunos casos en forma escandalosa, como en Misiones, donde luego de algunos devaneos sobre su tratamiento en la Legislatura provincial, cuando comenzaron a surgir voces de discordia por las desventajas que implicaba esa enajenación, el gobernador Ramón Puerta recurrió a un decreto de necesidad y urgencia para finiquitar la herramienta de financiamiento de todo un pueblo.

Los márgenes financieros son los que siguen mostrando el mayor crecimiento y los préstamos personales –que además son los que se adjudican con la mayor tasa de interés, es decir de ganancia para el banco–son los que más han crecido. Pero además no son préstamos para invertir, producir y crecer, sino que se trata de préstamos dirigidos al consumo privado. Es un síntoma a tener en cuenta, porque a pesar de la recuperación productiva, este es uno de los principales pilares del esquema económico post convertibilidad, con un desempeño que se mantiene en 67% del producto bruto interno desde el primer trimestre de 2003. Los bancos privados en el año 2009, en pleno desplome financiero internacional, ya

88

registraban ganancias por $ 6.109 millones, 70% más que en 2008, con lo que durante el período 2004-2009 acumularon un resultado positivo de 15.541 millones de pesos.

En el 2010 los bancos continuaron batiendo récords. En ese año duplicaron en promedio los resultados operativos de 2009, con ganancias impulsadas por créditos al consumo y la apreciación de títulos públicos en cartera. El mercado acompañó estos resultados y las acciones de los bancos triplicaron el capital colocado, cifras que contrastan con cierto deterioro de los balances hasta que se dispuso la gratuidad de los movimientos para las cuentas de sueldos, segmento que creció significativamente.

Una serie de señales que el Gobierno Nacional envió a los mercados, como reapertura del canje, pago de vencimientos con reservas y negociaciones con el Club de París, constituyeron la base para una mejoría y los bancos con mayor crecimiento fueron los que tenían mayor participación de títulos de deuda en su portafolio de inversiones. El Galicia, el mayor poseedor de títulos públicos, reportó ganancias por 408,9 millones de pesos en 2010, frente a los 229,3 millones de 2009, con un crecimiento del 78,2 %. El Macro registró un resultado operativo de 1.010,4 millones de pesos, 34,4 % superior a los 751,9 millones del ejercicio anterior. El BBVA Francés ganó 1.198 millones de pesos, 68 % más que el año anterior. El Santander cotiza en la bolsa de Madrid, y en 2010 registró ganancias por sus operaciones en la Argentina por 1.600 millones de pesos, la mayor cifra registrada por un banco en el país. El Banco Patagonia obtuvo un margen de 481,4 millones de pesos, 7,3 % más que 2009. El Hipotecario reportó 195,3 millones, contra 197,7 en 2009, leve descenso que se explica porque los créditos hipotecarios tuvieron un bajo crecimiento, al contrario de lo que sucedía a nivel mundial y que terminó originando la famosa burbuja.

El enfoque del negocio transaccional apuntando prioritariamente al financiamiento del consumo se vio favorecido porque el Banco Central coloca su excedente en letras y notas para retirar de la economía los pesos provenientes de la compra de dólares. Las cuentas-sueldos también son un segmento muy buscado por los bancos, ya que permiten captar depósitos y generan ingresos por comisiones, además de que muchos clientes traspasan ese dinero desde sus cajas de ahorro a productos de inversión o plazos fijos. Pero el nivel de crédito para la inversión continúa rezagado y sólo un 25 % de los préstamos tiene un plazo superior a los dos años, una preocupación

89

del Banco Central ya que es preciso que el sistema financiero se transforme en uno de los motores del crecimiento y el desarrollo, y no como hasta ahora que se limita a absorber ganancias extraordinarias mediante cómodas transacciones.

El debate de la reforma a la Ley de Entidades Financieras, en ciernes para este año electoral, promete transformarse en la posibilidad de revertir esta situación. El acceso al crédito no es igualitario, por una serie de requisitos que dejan fuera a la mayoría de la población. Esto permite proliferar a financieras de dudoso origen, que apuntan a trabajadores de poder adquisitivo medio o bajo ofreciendo créditos a quienes no pueden acceder a los bancos. “¡Préstamos ya!” es una fachada que esconde sociedades anónimas fuera del alcance de normativas y de la regulación del Banco Central, que en realidad son emprendimientos de los grandes bancos que utilizan esta vía para captar clientes de bajos recursos no bancarizados, quienes por necesidad toman créditos accesibles pero a tasas usurarias.

BNP Paribas es dueña de Cetelem, Banco Galicia compró Efectivo Sí, el Banco Supervielle se quedó con GE Money-Wallmart que maneja 330 mil tarjetas y pasó a ser principal emisor de Mastercard, el Banco Comafi le compró al Citi la tarjeta Provencred, y Credilogros al GST. La ausencia de regulaciones hace de esta financiación al consumo el negocio más rentable del momento, gracias a altísimas tasas de interés que rondan el 80 %. Según el sitio ZonaBancos, si se solicita un préstamo de $5.000 a doce meses, Cetelem está cobrando una tasa fija anual del 70,18%, y el costo financiero asciende a 128,86 por ciento. Por el mismo préstamo, Efectivo Sí cobra una tasa anual de 79,08% con un costo financiero del 239,14 por ciento.

En este contexto usurario se enmarca el fuerte debate en el Congreso de la Nación sobre reformas a la Ley 21.526 de Entidades Financieras impuesta por Martínez de Hoz que, en conjunto con la Ley 21.495 sobre descentralización de los depósitos, hizo que el sistema financiero dejara de subordinarse al proceso productivo y se transformara en un negocio en sí mismo.

Fue el diputado y directivo del Banco Credicorp, Carlos Heller, titular del Partido Solidario e integrante del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, quien ingresó al Congreso el proyecto de “Ley de servicios

90

financieros para el desarrollo económico y social” con el objetivo de democratizar el crédito, en lo que en un principio pareció un solitario desafío al Congreso Nacional.

Las entidades que representan a la banca privada, ABA y AdeBA, se apresuraron a marcar claras diferencias con el proyecto de Heller, que pretende orientar el crédito a las pymes y a la construcción o compra de viviendas, fijando topes a las tasas de interés. Las entidades bancarias visitaron la Cámara de Diputados para expresar su punto de vista, y los representantes de los bancos no ocultaron su malestar por los cambios que impulsa el legislador Heller. La cámara que agrupa a los bancos extranjeros (ABA), junto a los bancos privados de capital nacional (AdeBA) y las entidades que otorgan créditos al consumo (ABE) aparecen contrapuestas a la institución que componen los bancos públicos y la banca cooperativa (Abappra). Los ejes del cuestionamiento del primer grupo de cámaras que participaron del encuentro en la Comisión de Finanzas, apuntó a los límites a las tasas de interés que pueden cobrar y la porción de los depósitos totales que pueden acaparar, junto con la obligación de orientar una porción del crédito a las pymes así como la definición de la actividad como un servicio público. Esos banqueros remarcaron la solvencia del relativamente pequeño sistema local y advirtieron sobre problemas de crédito y confianza, argumento que no quedó muy claro si se planteaba como inconvenientes a futuro o como velada amenaza.

Mario Vicens, representante de los bancos extranjeros y ex viceministro de Economía de Machinea, durante el gobierno de Alfonsín, reclamó que la ley de Martínez de Hoz fuera un cuerpo normativo permanente, para “incentivar la inversión y permitir contar con reglas de juego estables, sin incertidumbres”, argumentación que sonó realmente extemporánea a la luz de los efectos de esas “reglas estables”. En ese sentido, Heller recordó que la legislación de 1977 tuvo 37 modificaciones a través de 19 leyes y 18 decretos, y “tiene 33 años de vigencia sin resolver ningún problema desde el punto de vista de los usuarios del sistema, ha sido un fracaso total y la necesidad de otro marco regulatorio es más que obvia”.

Los cuestionamientos de todos los banqueros privados, sintomáticamente, se centraron en oponerse a la obligación de orientar el crédito hacia las pymes y al segmento hipotecario familiar, y contra un techo a las tasas de

91

interés. Los bancos de crédito al consumo adheridos a la ABE consideraron que si las tasas máximas no pueden superar un 20 % iban a desaparecer.

Nada dijeron acerca de que los integrantes de esa entidad ofrecen préstamos con costo financiero del 126,7 %. Heller contraatacó: “desafío a cualquiera a que me demuestre que con esta regulación no puede funcionar o el negocio deja de ser rentable”. Y les planteó que transparentaran sobre qué entienden como rentabilidad, ante el despropósito de las tasa de ganancia actuales. Los bancos nacionales y extranjeros no contestaron, y utilizando la impertérrita y antigua práctica de ignorar las realidades que no les convienen mediante el simple ejercicio de la sordera, ampliaron sus cuestionamientos al planteo de límites para la participación en el mercado que contempla la nueva ley. No importa si son monopólicos, lo que interesa es que no se regule porque eso puede afectar las sacrosantas leyes del mercado. El proyecto establecía inicialmente que ninguna entidad podía absorber más del 8 % de los depósitos totales, pero después se subió esa pauta al 10 % para que ningún banco sufriera un recorte. El Santander Río y el BBVA Banco Francés son las dos entidades que superan la limitación inicial. De todas formas, los privados consideraron “totalmente inconveniente e innecesaria” la existencia de límites.

Heller encontró un aliado coyuntural en Alfonso Prat Gay (de la Coalición Cívica liderada por Lilita Carrió y titular de la Comisión de Finanzas) para refutar esos argumentos. Aunque no comparte el proyecto, señaló “la necesidad de controlar el tamaño de las entidades para evitar que un banco imprudente termine forzando al Estado a rescatarlo, como sucedió en Estados Unidos”. La comisión sólo debatió sobre la propuesta de Heller, ya que los autores de otras iniciativas, Federico Pinedo del PRO y Gerardo Milman del GEN no estuvieron presentes.

Los economistas Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada, en una reciente investigación denunciaron que en apenas tres años, del 2007 al 2009, la economía argentina contabilizó una salida de capitales de 46.093 millones de dólares. El giro al exterior de ahorro nacional ha sido una constante desde los 70, pero una huida de tal magnitud sólo es comparable a la que se produjo con la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y su posterior debacle, que totalizó 23.874 millones de dólares, calculados en el 2001 por los economistas Eduardo Basualdo y Matías Kulfas en el informe "Fuga de Divisas en la Argentina" de la comisión especial

92

conformada a tal efecto en la Cámara de Diputados. Por el “efecto tequila” y las siguientes crisis financieras de los mercados emergentes, se computaron 37.899 millones de dólares entre 1995 y 1997. Con el derrumbe de la convertibilidad en el 2001, fueron 28.526 millones de dólares los que se fugaron, según esa misma investigación.

La desvergonzada dimensión de la fuga de capitales en la economía argentina adquirió de esta manera un rasgo estructural,  al concretarse en situaciones políticas y económicas diferentes, gracias a un contexto global que desreguló las finanzas y destruyó los mecanismos de control sobre el movimiento de capitales, constituyéndose en un perverso mecanismo de transferencia de riqueza local hacia el exterior.

Lo que desconcierta a los economistas del establishment es que el último episodio de fuga producido después del default no derivó en crisis y ni siquiera impactó más que moderadamente en la evolución de la economía nacional. Quienes se apresuraron a anunciar corridas, se vieron frustrados cuando el anunciado apocalipsis no se concretó. Los lamentos por la pérdida del papel rector de los mercados a través de la constante amenaza de fuga de capitales, a pesar de una huida de fondos más intensa que todas las verificadas anteriormente, están marcando un cambio en los ciclos de la economía argentina.

Un documento publicado por el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar) explica que la salida de capitales en el pasado produjo disminuciones significativas en las reservas internacionales, porque el Banco Central proveía una parte importante de esos fondos mientras que otra parte era financiada vía endeudamiento externo. El total de la fuga en el período 2006-2009 es equivalente al 93 % de las reservas acumuladas por el BCRA en el 2009, casi 47.600 millones de dólares. El stock de reservas no disminuyó, por lo que –para determinar el origen de los activos que se fugaron– se debe recurrir al superávit comercial del período no acumulado en el Central, sino incluido en los activos externos privados no financieros. La fuga representó un 80 % del saldo positivo de la balanza comercial, y los grupos concentrados del agro fueron los protagonistas principales de esta huida.

Los efectos destructivos de esta fuga fueron atenuados por el tipo de cambio real, competitivo y estable, que generó una balanza comercial

93

positiva al alentar exportaciones y frenar importaciones. Este intercambio positivo de bienes en el comercio internacional, en un escenario de precios favorables para la exportación de productos locales y especialmente de materias primas, no estuvo esta vez acompañado por endeudamiento, una alternativa vedada a partir del default y de la fuerte quita de capital en la deuda. El débil flujo de inversiones extranjeras permitió que las divisas por saldo a favor de la balanza comercial fueran un extraordinario estabilizador.

Los investigadores señalan que –a pesar de ciertos problemas de políticas del BCRA estimulando la fuga de capitales durante la errática estrategia cambiaria de Martín Redrado– esta situación se estabilizó nuevamente cuando el ex presidente del Banco Central tuvo que renunciar ante las presiones ejercidas por otros organismos de control, como la Comisión Nacional de Valores y la AFIP.

Mantener un balance positivo del comercio exterior permitió acumular reservas suficientes en el Banco Central como para utilizarlas como barrera para desalentar corridas cambiarias y frenar tendencias a la fuga de capitales aún más descontroladas. En comparación con las traumáticas experiencias pasadas, Gaggero, Kupelian y Zelada señalan que “las reservas del BCRA no fueron afectadas de modo considerable, evitando que se dieran corridas bancarias como en el pasado y permitiendo una mejor posición para enfrentar la importante magnitud de la fuga”.

En términos sencillos, puede decirse que vender enormes volúmenes de agro producción permitió acumular reservas, pero a la vez sirvió de vehículo para la fuga de capitales. Otra vez “el campo”, ahora acompañado por su partenaire necesario, “los bancos”, pasaban a ocupar el centro de la escena. Es cierto que las políticas de acumulación de reservas –junto con el sostenimiento del superávit primario y de cuenta corriente– permitieron afrontar la crisis local e internacional sin impactos considerables en la economía, pero perder abundante ahorro interno sin generar una crisis no significa que no existan costos para la economía. Como señalan todos los economistas mencionados, la fuga disminuye las posibilidades de inversión y afecta las perspectivas de desarrollo nacional. También afecta la recaudación al reducir la base imponible e implica un menor nivel de depósitos en el circuito bancario, afectando negativamente la oferta de

94

préstamos. Todo esto termina por traducirse en un menor crecimiento económico potencial. Es decir que crecemos menos de lo que deberíamos.

Coincidiendo con el inicio de la crisis financiera en los Estados Unidos, la primera etapa de la actual fuga se produjo a inicios del 2007. Al año siguiente, se profundizó a partir de marzo cuando se inicia el conflicto que enfrentó al sector agropecuario con el gobierno nacional, acompañado poco después por la quiebra de Lehman Brothers, que profundizó la crisis del sistema financiero estadounidense. En octubre se nacionalizaron los fondos de de las AFJP, dando señales de que el Estado avanzaría sobre los reductos del sistema financiero internacional. Todas esas medidas fueron interpretadas como señales de alarma por el aparato financiero y los sectores concentrados de la economía, que se apresuraron en “poner a salvo” sus activos a través de la fuga.

Hacia el 2009 se produjo una desaceleración en la fuga de capitales por la implementación de normas reguladoras que desalentaron la exportación de ahorro interno, que se acentuó en el 2010. Ese es el marco de restricciones que está acompañando la propuesta de reestructurar el sistema bancario argentino, aprovechando el margen que otorga un frente financiero despejado, y apuntalando el objetivo de modificar un rasgo estructural de la economía nacional para transformar esos fondos–en lugar de que se fuguen– en recursos aplicados al despegue productivo argentino.

La tarea, una vez más, no es menor. El entramado concentrador que se ha producido en nuestro país como parámetro del cambio estructural de la economía argentina, profundizado en la década de los 90, utilizó el endeudamiento público para generar la concentración y centralización del capital en manos extranjeras. Contrariamente a lo que sucedió con la actividad financiera, que pasó a ser despreciable después de la caída de la convertibilidad, otras áreas de nuestra economía vieron acentuada esa participación extranjera al calor de la creciente importancia de los agronegocios. El proceso se inició a mediados de los ’70, pero ha llegado a sus extremos en la actualidad. Según datos de la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas que elabora el Indec, las 500 firmas que más producen representan el 25 % del PIB. Ese grupo está además constituido por la denominada “cúpula empresarial”, integrada por 338 firmas de las cuales el 68 % tiene participación de capital extranjero. Ese grupo es el más importante dentro de la cúpula porque concentra el 89 % de las utilidades.

95

Estos datos surgen del documento “El capital extranjero en la Argentina” de los economistas Andrés Asiain y Agustín Crivelli, elaborado para el II Congreso Anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA).

En el marco del pedido presidencial en cuanto a no aplicar criterios chauvinistas por la creciente participación del capital extranjero en la economía nacional, es necesario separar aquellos capitales de inversión genuina, con sentido de desarrollo endógeno, de aquellos que producen desequilibrios estructurales en materia de desarrollo. Aldo Ferrer y Marcelo Diamand, entre otros muchos economistas, han señalado reiteradamente que una de las limitantes para el desarrollo económico local es la escasez de divisas. Hoy ya es imposible ignorar que la fuerte presencia señalada del capital extranjero en la cúpula empresarial significa una impresionante fuga de recursos.

En el 2008 se pagaron 5.603 millones de dólares en concepto de intereses por deuda y se remitieron 7.418 millones de dólares en concepto de utilidades y dividendos, con lo cual las remesas al exterior representaron aproximadamente el 84 % del saldo comercial de ese año. El proceso de extranjerización de la economía es un fenómeno de múltiples dimensiones en el contexto de la globalización del capital, pero en el plano local esto se agudizó a través de las privatizaciones y el endeudamiento público desde 1976 hasta el 2003, comenzando con la Ley de Inversiones Extranjeras de José Alfredo Martínez de Hoz que otorgó igualdad de condiciones al capital extranjero con respecto al nacional, y cristalizándose en los ’90 mediante los convenios sobre Diferencias Relativas a Inversiones que nos subordinaron al CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, y a los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI). Este marco se mantiene vigente, y desmontarlo implicará un largo proceso.

Vemos así que las privatizaciones estuvieron fuertemente ligadas al endeudamiento externo, ya que ese proceso permitió capitalizar bonos para adquirir empresas estatales. De los 24.027 millones de dólares reales que recibió el Estado por la venta de empresas entre 1990 y 1999, 4.657 millones ingresaron vía bonos de deuda por un valor nominal reconocido de 13.534 millones de dólares, o sea un 291 % por encima de su valor real. El capital extranjero representó el 67 % del capital ingresado por las

96

privatizadas, que a su vez representan más del 60 % del valor agregado por las 500 empresas líderes. Paralelamente, el régimen de convertibilidad exigía un constante ingreso de capitales para mantener el tipo de cambio, que se cubrió primero con las privatizaciones y –tras la venta de YPF, último eslabón de ese proceso– con mayor endeudamiento.

Los giros al exterior de las firmas extranjeras comenzaron así a sumarse al saldo en rojo de nuestra balanza de pagos. La reiteración de las políticas cambiarias de Martínez de Hoz por parte de Sourrouille y Cavallo, favoreció la toma de créditos externos por parte de las multinacionales y algunos grupos locales, generando a su vez endeudamiento público para contrarrestar la fuga de capitales –que se disparaba con cada crisis del modelo– y para evitar la devaluación. Mantener esos tipos de cambio significó endeudar al Estado y permitió que se siguieran fugando dólares baratos desde el sector privado.

La Argentina producía más de lo que gastaba, y eso generó financiamiento mediante remesas y fugas para el excesivo gasto de varias potencias del exterior. A pesar de esto, nuestro país se endeudó y cubrió esos empréstitos traspasando en propiedad a capitales extranjeros la mayoría de sus principales empresas. Por cada dólar que ingresó en términos de deuda externa e inversiones extranjeras, se fugaron muchos más a causa de la salida de capitales, el pago de intereses y las utilidades remitidas por las empresas multinacionales. A fines de 2008 –últimos datos disponibles– los activos externos constituidos por las reservas del BCRA y el dinero de argentinos en el exterior superaban a los pasivos en 58.536 millones de dólares. En este marco es que se comienza a debatir un nuevo modelo de desarrollo nacional basado en la recuperación de divisas, un proceso ciertamente de alta conflictividad.

La cuestión es cómo lograr que el sistema financiero funcione con parámetros nacionales, a partir de esta realidad de incomprensible y profunda extranjerización. Los números señalan la fuerte penetración del capital extranjero en la economía local, desnacionalizando el aparato productivo, y la permanencia de modalidades improductivas en crediticio a pesar de su relativa nacionalización. Todas las teorías que planteaban un desarrollo endógeno a partir de una legislación favorable a la inversión extranjera, no sólo agudizaron la falta de divisas, sino que afectaron de raíz la posibilidad de contar con financiamiento para el desarrollo. La creciente

97

presencia extranjera en la economía se tradujo en una simultánea y más que abultada exportación de divisas hacia el resto del mundo, situación que podría agudizarse en el futuro si no se toman los recaudos necesarios.

Nada tienen para reclamar quienes engrosaron sus bolsillos con la apertura de nuestra economía. Diversos estudios documentan que tras la debacle de la convertibilidad, esas empresas no sólo recuperaron la masa de ganancia del capital, sino que también se favorecieron por un desmesurado giro legalizado de dividendos hacia sus casas matrices. El sector privado no financiero, entre 1992 y 2001 realizó IEDs (Inversiones Extranjeras Directas) por 61.700 millones de dólares, y las remesas giradas fueron 17.043, constituidas en un 52,7 % por compra de activos preexistentes, esencialmente privatizaciones. Entre el 2002 y el 2009 las IEDs sumaron 37.107 millones y sus remesas fueron de 29.992, pero la compra de activos preexistentes se redujo al 36,5 %, prevaleciendo las IEDs en nuevos activos. Esto explica la importancia que alcanza hoy el sector agropecuario y agroindustrial en la orientación de esas inversiones. Todo está relacionado. Las coincidencias no existen.

Es notorio y resulta ingenuo ignorar que se ha conformado y consolidado un nuevo y poderoso factor de poder. El capital extranjero recibe el 90 % de las ganancias dentro del bloque de las 500 empresas más grandes del país, lo cual le permite alcanzar una gran capacidad de coacción dentro de nuestro proceso de desarrollo. En este marco, la “inflación inflada” es la gran herramienta de presión, y ya la han hecho sentir en ocasión de las elecciones del 2009, en plena crisis por las retenciones. En otro capítulo analizamos con mayor detenimiento la cuestión del manejo discriminatorio de los precios, pero a efectos del presente análisis, abordamos la inflación desde el punto de vista de una restricción estructural, un demonio que asusta a la Argentina desde hace mucho tiempo y que parece haber despertado nuevamente. Aunque –a diferencia de décadas anteriores– los canales para debatir sobre el origen de estas variaciones no están hoy bloqueado por los fusiles.

Las opiniones entre los economistas están divididas. Algunos sostienen que la inflación es efecto de una emisión monetaria desmedida que permite incrementar la demanda, pero a la vez genera un poco aconsejable gasto público en crecimiento constante. Otros apuntan contra la falta de políticas oficiales para alentar inversiones necesarias para atender la demanda de

98

bienes y servicios, considerando que un incremento de la oferta hará descender los índices, a la vez que incrementará la nacionalización del mercado interno a través del surgimiento de nuevos actores. Ambos tienen un poco de razón, la cuestión es ponerse de acuerdo en los instrumentos para solucionar el problema. De nada sirve analizar y diagnosticar, ejercicio al que resultan muy afectos nuestros “opinólogos”, sin proponer caminos viables y sustentables. Es en este marco donde confluyen la ley de tierras, la nueva ley de bancos, las políticas de fomento a revisar para que dejen de ser asistencialistas y se transformen en palancas para el desarrollo, y como en cascada todos los elementos que componen y compondrán el hasta ahora iniciático proyecto nacional.

Para lograrlo, deberemos encontrar mejores instrumentos que los criticados controles de precios, o los mecanismos sesgados que se limitan a producir un reacomodamiento de precios, o los ataques directos a casos parciales de especulación. El problema es estructural, y necesita un abordaje homónimo, porque en el medio de este torbellino siguen siendo los consumidores asalariados quienes más sufren a causa este flagelo.

La historia argentina está marcada por el desmadre periódico de la inflación. La suba generalizada de los precios es la regla, nunca la excepción. En 48 de los últimos 60 años, la inflación anual superó el dígito, es decir que en ocho de cada 10 años la suba del nivel de precios sobrepasó el 10%, un fenómeno sin parangón en ningún otro país de América Latina. Un análisis de Ecolatina reseña que, tomando en conjunto al continente desde 1950 a la fecha, la inflación superó el dígito sólo en seis de cada diez años –promedio sustancialmente inferior al de la Argentina, a pesar del aporte local a ese incremento global– mientras que en las economías desarrolladas sólo en cuatro de los últimos 60 años se registraron subas por encima del dígito.

Mientras en la gran mayoría de los países emergentes parece haberse equilibrado el proceso inflacionario, en nuestro país se registran tasas comparativamente muy elevadas. Según el IPC, en los últimos cuatro años la suba anual de los precios promedió el 17,8%, sólo superada en la región por Venezuela con un 24,0%. Entre los 186 países miembros del FMI sólo nueve presentan una inflación promedio anual superior para este período, de los cuales seis pertenecen al continente africano.

99

Tras varios años de fuertes subas, la dinámica inflacionaria tiene inercia propia, lo que vuelve crónico al problema y dificulta su desarticulación, afectando el acomodamiento de las tasas crediticias en un rango manejable en el largo plazo. Pero resulta que en el origen del fenómeno están siempre el mismo entramado de actores desequilibrantes. La fusión, interrelación y los lazos existentes entre los sectores concentrados en cualquier actividad, les permiten manejar una formidable herramienta de lucro, que apunta directamente a la soberbia renta nacional argentina. Un país que produce en sus inmensos y fértiles territorios mucho –pero mucho– más de lo que necesita para alimentar a su escasa población.

La inercia inflacionaria es la consecuencia lógica de las expectativas de suba de precios y la cobertura de los agentes frente a los aumentos esperados. El problema es que las expectativas se vienen adaptando a un mayor nivel de inflación tras la aceleración de los precios en 2007, lo cual impone un piso más elevado a los ajustes de los contratos nominales de la economía y, por ende, perpetúa el problema. Los incrementos de precios percibidos en algunos bienes y servicios tienden a generalizarse al resto, sobredimensionando la magnitud del problema y las expectativas de subas futuras. La estabilización del tipo de cambio no garantiza una disminución en los aumentos de precios, y podemos observar que la relativa calma en el mercado cambiario entre 2007 y mediados de 2008 no se tradujo en menor inflación. De hecho, los principales actores monopólicos del mercado, sobre todo en alimentos, reiniciaron las subas mensuales desde agosto del 2008 pese a que la cotización del dólar prácticamente no se modificó.

Las medidas adoptadas en los países centrales para enfrentar la crisis buscaron preservar el poder económico del capital financiero concentrado como núcleo dominante del capitalismo mundial, para que pudiera retener un poder político y económico similar al que ostentaba previamente a la crisis. Nuestro país no resultó ajeno a esta cuestión. Las mínimas medidas regulatorias y el salvataje se encaminaron a solucionar el problema financiero, pero siguen sin resolver las causas basales de la crisis, y por lo tanto continuarán los intentos de los países centrales de transferir sus costos hacia la periferia.

El Gobierno mantiene su política cambiaria, el control de capitales y ahora ha sumado medidas comerciales para evitar que los países industrializados le transfieran la crisis a la Argentina. Para enfrentar la llamada “guerra de

100

las monedas”, incrementada cuando Estados Unidos utilizó 600 mil millones de dólares para devaluar el dólar y reactivar su economía, el Banco Central, el Ministerio de Economía y el de Industria reafirmaron el rumbo económico. Estados Unidos y la Unión Europea no lograrán salir de sus crisis sin aumentar sus exportaciones. En esa línea se encuentra esta medida de la FED norteamericana, mientras que Europa aplica fuertes paquetes de ajuste para reducir sus costos laborales, por la dificultad de devaluar el euro, mientras el FMI presiona a los países emergentes para que dejen flotar sus monedas y permitan una apreciación cambiaria que transferiría el déficit comercial desde el centro hacia la periferia.

Esta lenta recuperación de las economías desarrolladas genera movimientos de capitales hacia los países en desarrollo, pero si se dejara actuar libremente al mercado, nuestras monedas se apreciarían. En la Argentina aumentó el ingreso de capital financiero de corto plazo, lo cual hace innecesario por ahora aplicar mayores medidas de intervención. La principal herramienta de control es el encaje del 30 % que se aplica sobre capitales que ingresen por menos de un año, y es precisamente la regulación más criticada por el establishment local, que hace lobby para que se elimine. Este reclamo de la city no fue escuchado, ya que ese ingreso de capitales especulativos que busca apreciar el tipo de cambio sólo pretende maximizar sus ganancias, a la vez que intenta colocarnos su sobreoferta de bienes desplazando trabajo argentino.

Desde el Ministerio de Economía se señaló que la devaluación del dólar llevará a China a hacer lo propio con el yuan y que esto puede generar problemas para la inserción externa argentina, al abaratar las importaciones asiáticas que también pondrían en riesgo a la industria nacional, para lo cual ya se han comenzado a incrementarse las medidas comerciales. China aplicó represalias por las medidas comerciales argentinas y el estabishment bancario no perdió tiempo en batir el parche del descontento, planteando que desaparezcan las regulaciones sin analizar el impacto que esto tendría en el ritmo del desarrollo industrial local y en la preservación de puestos de trabajo en el país.

Se podría hablar de un verdadero complot conjunto para agredir todo tipo de medida proteccionista, acentuando sus desventajas pero ocultando a la vez las claras mejoras que siguen generando en nuestro desempeño. Nadie puede negar importancia a los problemas de intercambio que surgen

101

constantemente con China o Brasil, pero serían directamente suicidas los resultados de un mayor aperturismo en este marco de la búsqueda del poder financiero global de transferirnos su crisis estructural, junto a la necesidad de los emergentes de abrir nuevos mercados ante la caída de la demanda en los países desarrollados.

Sin plantearse ninguna de estas consecuencias nefastas, los sectores concentrados aliados o asociados a ese poder hegemónico financiero no dudan en colocar sus apetitos de lucro por encima del interés nacional. Para ellos, sólo cuenta la posibilidad de volver a contar con esas ingentes masas de dinero y por ello revolotean sobre nuestra jugosa economía como aves de presa. La confusión que genera la crisis económica, las dudas sobre lo que sucede y el temor a lo que vendrá provocan estados de paranoia en buena parte de la sociedad, colocándola en situación de vulnerabilidad para absorber teorías conspirativas, análisis apocalípticos y anuncios de caos inminente. El crecimiento de Internet ha derivado en un canal de difusión de todo tipo de historias falsas. Frente a ellas, los únicos antídotos son la información crítica y la investigación. Esos envíos generan dudas porque el miedo es más fuerte que la razón.

La economía argentina muestra varios operativos de este tipo, cuyos orígenes ponen bajo sospecha a la city y a cierto espacio de la política. El encono de las entidades financieras y el sector del campo privilegiado, hace circular informes “confidenciales” y escenarios de default inminente, entre otros cataclismos financieros, con una deshonestidad intelectual llamativa. Su debilidad conceptual sobre el proceso económico local e internacional se oculta detrás de un falseamiento constante de la información. El único objetivo es provocar confusión en el mercado, ante la evidencia de políticas orientadas a frenar el negocio de apropiación de nuestra renta nacional.

Esto sucedió con la reapropiación del dinero previsional de los trabajadores manejado por las AFJP. Lo paradójico de esta dinámica es que muchas empresas e inversores contabilizaron quebrantos por seguir los consejos de economistas como Broda, Melconian o González Fraga. Sin mayores elementos de análisis, estos analistas de la city decretaron que el fin de las AFJP sepultaría el crédito y dejaría al país en la cesación de pagos. De la misma manera en que aconsejaron en el pasado aplicar los mecanismos del neocolonialismo financiero sin cortapisas, ignorando las herramientas de control de los capitales golondrina adoptadas en Brasil, por ejemplo, al que

102

incluso presentaban como modelo a seguir, hoy plantean que nos asemejemos al país hermano justamente cuando el frente financiero en Brasil es muy complicado, con fuga de capitales especulativos, fragilidad del sistema bancario y vulnerabilidad cambiaria, lo cual derivó en una inédita asistencia de la Reserva Federal norteamericana a la banca central brasileña por 30 mil millones de dólares.

Si se evalúa con seriedad el riesgo de cesación de pagos de todos los países en el contexto de la debacle financiera mundial, la situación argentina se encuentra entre las más aliviadas, a pesar al discurso apocalíptico de la city y de los medios dominantes. Se ha llegado a presentar como “un castigo” que nuestro país no recurriera a la nueva línea de salvataje financiero del FMI, cuando en realidad es una excelente noticia, porque esta vez no resulta necesaria ni lo será por largo tiempo. Ninguno de ellos analizó que el primer paquete de asistencia de este tipo fue para Islandia, bajo la exigencia de que el gobierno islandés subiera sus tasas de interés para superar la bancarrota, justamente lo opuesto a lo que hacen los países centrales para salir de la crisis. Los resultados catastróficos, que también circulan por Internet, no requieren mayores comentarios.

Mientras los mercaderes del miedo agiten fantasmas de todo tipo, se hará cada vez más ineludible avanzar en la explicitación del programa financiero estatal. Y resultará cada vez más evidente la necesidad de reestructurar nuestro sistema bancario que, al manejar las finanzas y bajo un efecto cascada, favorece e impulsa la ocupación concentradora y monopólica de nichos estratégicos en todas las ramas de la actividad económica y productiva argentina.

Al debate sobre la ley de medios se suma hoy el debate por las tierras en manos extranjeras. No sería de poco impacto que los programas de divulgación masiva alineados con el modelo estatal comenzaran a cubrir las carencias informativas que todavía demuestra este espacio de las finanzas. Economistas de prestigio internacional como Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, han publicado material sumamente jugoso. En uno de sus trabajos, “Argentina: la crisis que no es crisis”, afirma que no existe ninguna razón para creer que la Argentina entrará en default en un futuro previsible y aun más allá. Weisbrot analizó nuestra deuda total como porcentaje del PIB, la carga por servicios en los próximos años y el cronograma de vencimientos de capital

103

e intereses, concluyendo que cualquier insuficiencia que ocurra va a ser tan pequeña en relación con los ahorros del Gobierno y el exceso de reservas internacionales, que “la opción de un default parece imposible”.

Sostiene además que comparar la economía de hoy con la del año 2001 “es aún más infundado”, porque ha crecido más del 60 % desde el inicio de su recuperación y cuenta con niveles importante de superávit en las cuentas comercial y corriente, registrando indicadores de endeudamiento en descenso. Y apuntó al FMI como el organismo que más errores y de mayor tamaño registró en ese período en la Argentina, sin privarse de agregar que “la mayoría de los economistas y de la prensa financiera local siguen cometiendo el mismo error en la actual expansión económica”.

La Argentina –después del 2001– se encontró en una situación similar a la de una post guerra, conflicto no bélico en el cual además, como cantan Les Luthiers, “perdimos, perdimos otra vez”. No se conoce ningún caso de estas características en que el Estado no se haya visto obligado a intervenir para relanzar economías amenazadas y diezmadas, Y no precisamente por un sencillo problema de rentabilidad, sino porque el fanatismo sociopolítico que se desata en este tipo de calamidades, con una puja desmedida que a veces se transforma en conflicto directo, no deja otro camino.

El sistema financiero argentino creció de la manera en que podemos constatar en la primera parte de este capítulo, porque nuestras bases sociales y políticas fueron debilitadas al máximo. Y ese proceso no fue precisamente natural, sino que fue impulsado desde las élites de poder para postrar nuestra voluntad nacional ante los fundamentos del neocolonialismo financiero, con el apoyo de los medios masivos de comunicación pertenecientes a los mismos consorcios que instalaron el ajuste. Este es el despropósito que hoy comienza a estallar.

En este marco, el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social de Heller constituye mucho más que una propuesta parlamentaria. Su aprobación significará un cambio estratégico que impactará de lleno en la relación entre pymes y sistema financiero, y por lo tanto en el desarrollo del modelo productivo nacional. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) respaldó esta iniciativa que considera al sistema financiero como un servicio público. Ya vimos los

104

informes demostrando que las entidades bancarias continúan batiendo record de utilidades, basado en datos del Banco Central. Y la realidad contundente de que, a pesar de ese incremento de ganancias a niveles extraordinarios, la obtención de préstamos sigue siendo dificultosa y cara para entidades medias –a las que se le siguen cobrando altísimas tasas y comisiones por el servicio– por no mencionar al grueso de la población argentina.

La iniciativa de Heller propone que el 38 % del promedio anual de financiaciones totales al sector privado tenga como beneficiarias a micro, pequeñas y medianas empresas, implementando –según Apyme– “un giro profundo en el sistema financiero, cuyos fondos deberán ser redireccionados hacia los sectores productivos de la economía nacional, principales generadores de fuentes de trabajo”. Por otro lado, señalan que “el proyecto apunta a disminuir la alta concentración en el sistema, generando una mayor competencia que llevará a la disminución en el nivel de las tasas de interés, democratizando y federalizando las finanzas”. Más claro y contundente, imposible.

La propuesta transformadora de del diputado Carlos Heller navega por los pasillos del Congreso, y por ahora no se avizora que vaya a conseguir el apoyo necesario de la mayoría de sus colegas. Mientras tanto, Cristina Fernández convocó a los bancos que se habían mostrado abiertos a algunos de los cambios propuestos, y les solicitó que ofrecieran créditos a cinco años y un 15 % de interés anual –hasta ahora el máximo era de 4 años con 20 %–, en quince días esos bancos vendieron 500 millones de pesos. Lo que algunas de esas entidades prestaba antes en un año.

105

AGRO VERSUS INDUSTRIA, LA OPCIÓN ILUSORIA

La discusión sobre la naturaleza de los entes económicos nacionales no sólo abarca a las finanzas, donde una clara línea separa aquella destinada al desarrollo de otras sólo constreñidas a la usura. También en otros segmentos esta debate sobre cuestiones de naturaleza y origen parece estar pidiendo pista.

Desde los inicios de la patria se instaló en nuestro país una puja del agro versus industria, como si unos invisibles vasos comunicantes los hubieran dejado para siempre pegados igual que hermanos siameses, pero que en este caso se odiaban y vivían en permanente conflicto. Esos vasos comunicantes, además, estarían sujetos a tales leyes de la gravedad que el ascenso en un flanco implicaría el inevitable descenso del otro. A más agro menos industria, y viceversa.

Esta disyuntiva es la que quisieron aplicar los confederados sureños en EEUU, que pretendía seguir exportando algodón a granel hacia Europa en perjuicio de las hilanderías del Norte estadounidense. La apropiación de la renta por parte de esa elite, frenaba el despegue de los industrialistas. Les salió mal. A juzgar por el resultado de “La guerra de las camisetas” relatada por Arturo Jauretche –lectura que recomendamos– acá fue al revés. Las industrias regionales del norte hispánico desarrollado, desde el Alto Perú hasta las Reducciones Jesuíticas, que hasta entonces autoabastecían casi toda la demanda del territorio, fueron desapareciendo a la par que ingresaban exportaciones compradas con la enorme renta agraria de los terratenientes y comerciantes porteños. Y desde entonces, venimos remontando esa piedra, para terminar siempre rodando en la pendiente de una falsa dicotomía. Hasta hoy.

Pero esta ecuación no es en realidad un mito de Sísifo, aunque es igual de enredada. En la mitología griega, Sísifo (Σίσυφος) tuvo fama de ser el más astuto de los hombres. Puso grilletes a Tánatos (la muerte) cuando fue a buscarlo, y nadie murió hasta que Ares vino, liberó a Tánatos y entregó a Sísifo, que antes de morir pidió que no ofrecieran el sacrificio habitual, por lo que convenció a Hades de que le permitiese volver al mundo superior. Sísifo reveló además los designios de los dioses a los mortales. Finalmente devuelto al infierno, Sísifo fue condenado a empujar una piedra enorme cuesta arriba, que antes de alcanzar la cima rodaba hacia abajo, obligándolo

106

a empezar de nuevo. Es lo mismo que le ocurrió al despegue industrial argentino. Hasta hoy.

Hagamos un ejercicio de análisis desde la ortodoxia económica más despojada –si es que existe– para tratar de saldar este debate intrínseco a nuestra historia de 200 años, a sus enredos y a todo lo que planteamos en esta obra para superarlos. No será sencillo, porque la cancha viene muy embarrada.

Rebobinemos un poco. La consolidación de un mundo multipolar –con activa participación de las potencias asiáticas en el comercio internacional– ha determinado cambios muy positivos para el agro, bajo el influjo de buenos precios y una demanda creciente y sostenida de bienes primarios, entre los que tienen singular importancia los alimentos. Para el punto de vista de la ortodoxia económica, en la Argentina de hoy el sector agropecuario y la agroindustria son competitivos en el comercio exterior a causa del actual valor del dólar, mientras que otros bienes transables no logran serlo en sus niveles actuales de productividad, e incluso algunos tienen saldos de balanza comercial negativos. A un valor del dólar constante, la competitividad de los diferentes sectores en el comercio exterior depende de los factores que intervienen en esa producción de bienes transables, dicen. Hasta aquí, estamos de acuerdo.

Siguiendo las frías cifras, un dólar redituable para las actividades agrícolas ganaderas y la agroindustria, con demanda sostenida y creciente en el mercado, constituyó un marco favorable que el sector primario pudo usufructuar, debido a los cambios en su estructura productiva que llevaron a aumentos notables en la productividad. Un empleo intensivo de bienes de capital, en especial maquinaria agrícola, junto a la incorporación tecnológica en agroquímicos, bioingeniería y métodos de cultivo, sumados a una capacitación de recursos humanos y sin melindres en cuanto al tema ambiental, permitieron en los últimos veinte años aprovechar la creciente demanda y triplicar la producción.

Por primera vez en muchas décadas, el volumen de producción y los precios internacionales del sector primario garantizan un flujo de divisas que permite acumular reservas suficientes para estabilizar el tipo de cambio. La masa monetaria regulada por el Banco Central tiene un respaldo en dólares de tal magnitud que despeja dudas ante una eventual

107

corrida contra el peso, lo que produce un efecto estabilizante en la economía. Al superar los clásicos estrangulamientos del sector externo que frenaban la importación de bienes intermedios y de capital imprescindibles para la industria, se aseguró su provisión y la posibilidad de un crecimiento sostenido. Pero además, esto permitió atender las necesidades monetarias del crecimiento económico sin necesidad de endeudamiento externo, así como disponer de divisas para atender los requerimientos de la deuda anterior.

Por otra parte, el aumento de los ingresos del campo produjo un fuerte incremento en los ingresos del Estado –vía retenciones a las exportaciones y otros impuestos– que permitió erogar un mayor gasto público para impulsar el consumo por vía directa o de transferencias, como subsidios y planes sociales, así como la inversión, aunque hasta ahora –para la ortodoxia– en menor grado. Y aquí comienzan los reclamos de todo tipo, las confusiones y los tiroteos que en realidad ocultan una puja sectorial por quedarse con mayores porciones de esa liquidez, donde además los espacios económicos han perdido individualidad. Agro, comercialización, industrialización, seguros y finanzas se han entrelazado vertical y horizontalmente, complicando aún más esa antigua dicotomía entre el campo y la industria. Cada vez resulta más complicado identificar desde dónde está hablando cada uno de los popes de la economía.

En el sector privado, aunque en forma relativa debido a las grandes remesas al exterior que aún perviven, los mayores ingresos del campo se volcaron al mercado, impulsando el consumo de bienes y servicios y la inversión, movilizando otros rubros de la economía como la construcción, la industria automotriz, los agroquímicos, la biotecnología y la industria metalmecánica, que a su vez demandaron insumos y mano de obra. Consumo e inversión pública y privada, estimulados por la abundancia de ingresos, determinaron un aumento de la demanda global que se tradujo en un incremento sostenido del PBI, que a su vez retroalimenta el ciclo vía el aumento de la recaudación de impuestos. Es decir que, desde una conceptualización ortodoxa de la economía, el sector agrícola-ganadero y la agroindustria han constituido en los ocho últimos años la locomotora de la economía argentina, proveyendo recursos y generando un ciclo de bienestar para el resto y favoreciendo las condiciones para comenzar a

108

industrializar el país, al ritmo que permitan las condicionantes heredadas, que –como hemos visto– no son pocas ni menores.

El problema es que –para cierta ortodoxia– se trata de un fenómeno atribuible sólo a Biolcatti junto a sus socios, y no a “las políticas K” y al nuevo desempeño de áreas industriales e innovadoras. Pero esto no acaba allí, porque además realizan una crítica –siempre desde la ortodoxia, aunque se les va la mano– de que este complejo proceso “sólo se vio desvirtuado por una mala distribución del ingreso, que ha permanecido a niveles altamente inequitativos”. Cuando hablan de distribución del ingreso desde los sectores concentrados agropecuarios, no se están refiriendo a los pobres ni a la industria, sino a un derecho supuestamente adquirido de que esos recursos se vuelquen hacia quienes los generan –los exportadores de soja, sobre todo– y no al resto de la sociedad. Primer escalón de las confusiones de este sainete.

Y ahora, las infaltables y ortodoxas predicciones asustadizas típicas de la burguesía nacional que –nobleza obliga– debemos incluir en esta visión. Este funcionamiento de la economía –dicen– con un crecimiento y un ciclo de consumismo y bienestar que pueden preverse duraderos, puede también transformarse en una trampa que complique la marcha del sistema, generando déficits estructurales que limitarían el desarrollo económico a mediano y largo plazo. Y plantean que existe un problema por las diferencias de productividad sectorial y su relación con el tipo de cambio, adecuado y suficiente para el campo, pero no para otros sectores de la economía con menor productividad, que carecen de competitividad en el mercado internacional. En estos sectores, la falta de una política de inversión en bienes de capital, la deficitaria incorporación de tecnología y la limitada diversificación productiva, junto con la ausencia de créditos a largo plazo y tasas adecuadas, les resta competitividad. Ha sido puesta en funcionamiento la capacidad industrial ociosa, pero –siempre según una visión ortodoxa– estos esfuerzos para incrementar y modificar tecnológicamente la estructura productiva del sector han resultado insuficientes. La producción de bienes industriales, según parámetros capitalistas, no ha demostrado ser capaz de contribuir a la diversificación económica mediante bienes más complejos, con mayor valor agregado e incorporación tecnológica, ni de aumentar su capacidad para satisfacer la demanda. Y plantean que el déficit de productividad-competitividad se ha

109

agravado a partir de la apreciación del tipo de cambio real, generada por la inflación. Este es uno de los argumentos esgrimidos por los fabricantes de automóviles, por ejemplo, que como vimos no han sido de los menos favorecidos por la nueva impronta económica de la Argentina.

Podemos coincidir parcialmente, pero no en el nivel de gravedad. Siempre el apresuramiento ha llevado a equivocaciones, y a pesar de las dudas y los interrogantes aún por contestar, es preferible un ritmo mesurado en la política cambiaria, que además otorga tiempo para analizar caso por caso quiénes se benefician y quienes no con cada modificación. Sean del agro o de la industria. Lo que no se puede seguir haciendo, es mantener las condiciones de desequilibrio estructural entre todos –pero absolutamente todos– los estamentos de la economía nacional.

La situación de extrema gravedad política y económica que sufrió la Argentina en el 2001 surgió precisamente de esos desequilibrios. Durante estos ocho años hemos asistido a la lenta pero progresiva restitución de los niveles de estabilidad. El tironeo que se observa entre los actores económicos parece olvidar este aspecto, y se plantea como si los ingresos por exportaciones agrarias estuvieran sometidos a regímenes similares a los existentes en Canadá o Australia en el caso de la industria, o como si hubiéramos retrocedido a la Argentina de 1910 por el lado del agro concentrado.

Es cierto que los esfuerzos resultan aún insuficientes para modificar la base tecnológica, pero esto no lo hace el que quiere, sino el que puede. Es precisamente en este aspecto donde quizás la ortodoxia se lleve algunas sorpresas, si logra desarrollarse aquí –como parece estar comenzando a hacerlo– un modelo agroindustrial similar al brasileño, flexible, avanzado, de bajo costo, modular, territorialmente extendido y socialmente inclusivo, que paralelamente brinda condiciones estructurales para el desarrollo del resto de los sectores industriales, incluyendo la industria pesada y la energética. Ya volveremos sobre eso.

Lamentablemente, todavía debemos dedicar algunas líneas para tratar de echar luz, si tal cosa es posible, al enredado escenario del debate post desastre. Los analistas ortodoxos no dudan en afirmar que, si bien no se han alcanzado los niveles deficitarios que se observaron durante la convertibilidad, se estaría comenzando a producir “un problema estructural

110

similar al de los 90”. La existencia de un tipo de cambio fijo con un peso sobrevaluado, afirman, facilitaría la importación de bienes y servicios, dificultaría las exportaciones con valor agregado y la sustitución de importaciones del mismo modo que bajo la convertibilidad. Y auguran que si esto se mantiene, se producirá un retroceso de la participación de la industria en el PBI, y en el peor de los casos, un nuevo proceso de desindustrialización. Pero no aclaran cómo puede solucionarse este problema sin reasignar ingresos. De la misma manera en que al lector desprevenido esto comienza a sonarle a galimatías, a muchos analistas estas posturas les generan incomodidad intelectual. Recurriendo nuevamente a Jauretche, podemos decir con él que “cuando el ciudadano común no entiende de qué les están hablando, es porque le están metiendo el perro”.

En resumen, lo que plantea la ortodoxia es que la economía –a pesar de la situación inusualmente favorable– muestra un evidente atraso de inversión en el sector industrial y en infraestructura, lo que provocaría “desequilibrios en un modelo productivo que no logra dar respuesta frente a la demanda creciente y sostenida, lo cual genera inflación”. Estas apreciaciones se realizan a pesar de lo que demoran en presentarse esos supuestos techos en la capacidad interna de producir y consumir, sorprendiendo a propios y extraños. Pero, aclaran, están hablando de plazos medianos. Y ofrecen sus recetas para detener un hipotético proceso de estancamiento y desindustrialización, planteando que el gobierno no tiene muchas alternativas, o adopta una política proteccionista con medidas arancelarias y para-arancelarias, que desaconsejan, o produce una devaluación.

Lo primero es necesario, todos los países lo han hecho y lo hacen, y ninguno se ha rasgado ortodoxamente las vestiduras por ello. Lo que sí debe tenerse en cuenta es que nuestros socios comerciales adoptarán medidas compensatorias o de represalia que pueden neutralizar eventuales ventajas proteccionistas, instalando conflictos en los que deberán ser tenidas muy en cuenta las relaciones de fuerza. Pero esto se soluciona con una evaluación acertada en cada caso, incorporando el necesario análisis sobre costos y beneficios. La ortodoxia plantea que este tipo de medidas, aunque necesarias, nunca son gratuitas y sirven más bien como barreras defensivas que como promotoras de incrementos en la productividad y la competitividad. Y ponen ejemplos de fracasos en el pasado de este tipo de

111

modelos. Está por verse, las condiciones actuales no son las mismas que en el 55 o el 76. Y aplicando proteccionismo, tan mal no les fue a los países industrializados.

Mucho más riesgosa es la alternativa de revaluar el peso al nivel que precisa la industria, para compensar mediante el tipo de cambio su falta de competitividad, porque eso sí podría agravar la inflación estructural. Por otro lado, una devaluación de shock incrementaría los precios de los bienes de capital y los bienes intermedios como principal insumo importado por las industrias, generando un aumento de costos. Por su parte, la distorsión de los precios relativos buscaría equilibrarse vía incremento de los precios internos para equipararse al valor dólar. A mayor devaluación, mayor aumento de precios en el mercado interno. Esta es la disyuntiva donde no logra ponerse de acuerdo la ortodoxia, y de allí deviene la confusión argumental. Por eso, una política de equilibrio entre las dos posturas –como la devaluación progresiva y controlada que Martín Redrado intentó hacer volar por los aires– surge como la mejor herramienta para compensar esos desfasajes, por otro lado heredados. Porque la falta de competitividad de nuestra industria no ligada al agro no nació de un repollo.

Para la ortodoxia, la solución tampoco reside en grabar exportaciones imponiendo reservas para el mercado interno, porque esto llevaría a una supuesta “pérdida de mercados, la disminución de la producción y cierto deterioro de nuestra capacidad productiva”. Y plantea que en nuestro caso, algo en lo que podríamos coincidir, este problema se agrava porque los bienes exportados son mayoritariamente alimentos, cuyo aumento de precios internos afecta a mayor número de personas, especialmente las de menores recursos. El meollo de este asunto es que la Argentina produce por lo menos una vez y media lo que necesita para alimentarse, y además casi no consume soja. El aumento de precios en alimentos exportables que sí se consumen podría entrar en la ecuación, pero no es a estos a los que se les aplican las mayores retenciones.

Esos mismos análisis intentan dejar fuera del debate un tema al cual nosotros le dedicamos un capítulo entero, que es el destino y los efectos del gasto público. Sus consideraciones sobre las relaciones de tipo de cambio, productividad sectorial e inflación, así como el análisis de las políticas macroeconómicas fiscal y monetaria con su influencia en la inflación, es objeto de confusos análisis académicos. En cuanto a las erogaciones

112

estatales, se remiten a afirmar que ha quedado demostrada la existencia de un creciente y desmedido gasto público que no se refleja en los niveles de inversión, y una emisión monetaria por encima de los requerimientos del tipo de crecimiento y del desenvolvimiento de la economía.

A partir de estas premisas –dignas de los gurúes que nos han atosigado con fórmulas casi einsteinianas– no vacilan en afirmar que el escenario inflacionario se presenta para Argentina particularmente sensible en una secuencia –más que probable para ellos– que es el déficit de nuestra oferta frente a un alto consumo mundial alimentado por excepcionales condiciones del comercio exterior para el sector agrícola-ganadero, mientras “permanezca el aumento de un gasto público sin inversión reproductiva, lo cual inevitablemente llevará a la distorsión de precios relativos, a la inflación de expectativas y a una creciente puja distributiva dentro de una espiral ascendente de precios y salarios”. Parece un resumen de lo que dijeron durante los gobiernos peronistas del 46 al 55. O un compendio de las profecías auto cumplidas de quienes promovieron todos los golpes de Estado en la Argentina.

Sin cansarse, agregan que los desequilibrios entre los diferentes sectores de la estructura productiva y los mencionados desajustes en el funcionamiento de la economía, incluyendo la amenaza de inflación, no serían los únicos problemas que condicionarán en el mediano y largo plazo la posibilidad de un desarrollo integrado. Y responsabilizan a “la falta grosera de conducción gubernamental” por el importante retraso en los niveles de inversión en manufacturas de origen industrial, como bienes de capital, infraestructura y nuevas tecnologías, así como en áreas donde señalan una notoria falta de obras de gran porte imprescindibles para el desarrollo. Entre estas últimas, indicaron como particularmente grave la insuficiencia de inversiones en la exploración y extracción de petróleo, la producción de combustibles y la generación de otras formas de energía.

Si no recordamos mal ese proceso, y a niveles de ferocidad extrema, comenzó con la enajenación de los resortes nacionales en la materia, que no se limitó a desnacionalizar y reducir hasta el absurdo ese sector, sino que además dejó un tremebundo galimatías de contratos y obligaciones que buscan hacernos agachar la cerviz. Basta con analizar la todavía hoy ingente tarea de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la renegociación de leoninos contratos de venta de combustible nuclear, para

113

tener una idea de esos engendros. Y nos lleva a una reflexión: qué fácil resulta opinar cuando uno deja de lado responsabilidades. Menuda sorpresa se habrán llevado ante el reciente anuncio sobre el descubrimiento de gas y petróleo en diversas prospecciones, con vista a su extracción por empresas mixtas con fuerte presencia estatal.

Otro ejemplo campante de esta liviandad es que ignora un tema –que ni siquiera apareció mencionado tangencialmente en la gran prensa adicta–como fue la terminación de la represa de Yacyretá y su aporte de casi un 30% de la capacidad instalada de producir hidroenergía en el país. Menem había dicho ya en 1990 que la EBY era un “monumento a la corrupción”, para limitarse ipso facto a sacarle brillo al bronce de ese monumento para venderlo en subasta.

Por otro lado, denuncian postergaciones en la creación de una red caminera y de autopistas, contradictoriamente con su crítica por el incremento del gasto púbico, y sin incluir en el análisis –una vez más– el complicado esquema heredado de privatizaciones vía peajes. En este plano, también señalan la inacción ante la degradación constante de los ferrocarriles, olvidando que toda la red, incluyendo la urbana, de carga y pasajeros, estuvo sujeta al mismo esquema contractual y muestra las mismas complicaciones que en hidrocarburos y energía atómica. Por poner sólo un caso, cabe mencionar la entrega en concesión directa de todo el Belgrano Norte en 1997, que generó un descomunal embrollo contractual –Unión Ferroviaria y José Pedraza incluidos– que todavía hoy no se logra resolver del todo.

El problema para el gobierno es solucionar en cada caso una complicada ecuación de costos y beneficios. Porque desconocer esos contratos puede desembocar en juicios contra el Estado que harían más costoso el remedio que la enfermedad. Ningún representante de la ortodoxia económica se ha avezado a recorrer el arduo camino de analizar caso por caso y con exhaustividad esos contratos. Nosotros sí, y hemos encontrado muchos de esos mismos nombres de la ortodoxia rampante colocando su rúbrica al pie de los mismos.

Pero en algo podemos coincidir con lo que plantean, y es en que la rémora de inversiones en áreas claves de la economía se debe también a la falta de una política consistente de créditos. En el país no existe desde hace mucho

114

tiempo financiamiento a tasas de nivel internacional a mediano y largo plazo. Solo el 1% de los créditos son a largo plazo, y el resto es a mediano y corto, con altas tasas y dedicado fundamentalmente al consumo. Pero este análisis –una vez más sesgado– no incluye elementos como la reforma financiera en marcha, que sus propios representantes legislativos están frenando en el Congreso. Tampoco reconocen que subsidiar el consumo es una herramienta aplicada –desde Keynes en adelante– en todos los países que necesitaron y lograron salir de crisis monumentales. También en este caso –a diferencia de nuestros sintéticos partenaires– le dedicamos un capítulo a este asunto

Pero prosigamos con la entretenida diligencia de desentrañar estas liberales y retóricamente complicadas zonceras. No vacilan en afirmar que además, producto de políticas “dogmáticas y facciosas”, se suma a la falta de crédito interno la ausencia de inversión extranjera, que para ellos resulta desproporcionadamente baja en términos cuantitativos, y alarmante si se la compara con otros países de la región. Veamos, la inversión extranjera es precisamente extranjera, y busca beneficiar a extranjeros. No conocemos casos de beneficencia pública por parte de ese espacio, a menos que incluyan en esta categoría la “desinteresada inversión ambientalista” de Tompkins en los Esteros del Iberá. Por otro lado, no es cierto que no existan o hayan menguado las inversiones extranjeras. También le dedicamos una larga parrafada a las compras de campos y agroindustrias, inversión en tecnología del agro, adquisición o instalación de cadenas comerciales y otros rubros. Claro que desde una mirada crítica por la desnacionalización de resortes clave de nuestra economía, que es lo que pretenden esconder los argumentos de la ortodoxia. Pareciera ser que, cuando se trata de desnacionalizar, tales enajenaciones no se realizan a través de inversiones.

Por último, y para hacer honor a su declamada profesión de fe sarmientina, apuntan a describir como problemas estructurales que estos años han dejado como herencia –sin decir qué años y desde cuándo– los del área educativa, claramente puestos de manifiesto por los fracasos en distintas evaluaciones, las altas tasas de trabajo precario y en negro, la distribución regresiva del ingreso y los altos índices de exclusión social que, “al margen de las razones económicas y sociales que los originan –no podía faltar esta

115

mención exculpatoria– se retroalimentan mediante el círculo vicioso de la pobreza que genera más pobreza”.

La falsa dicotomía “agro versus industria”, intenta esconderse detrás de la verdadera dicotomía “neocolonialismo versus gobiernos populares”. No podemos olvidar que la casi desaparición de las escuelas técnicas, la drástica reducción presupuestaria en las universidades, el incremento del analfabetismo funcional, la privatización y consecuente elitización de la educación, la falta de construcción de nueva infraestructura educativa, por no mencionar la reducción de los salarios y la precarización de las condiciones laborales de los docentes –por nombrar sólo algunas lacras –se originaron en el vaciamiento operado entre los años 1976 y 2001, y se agudizaron como consecuencia de la debacle financiera del país. Como no formamos parte del gobierno nacional, podemos darnos el lujo de echarles una cuantas culpas a sus antecesores en el poder, sin que nos acusen de estar mirando para atrás.

El problema no necesita que se lo analice utilizando sus enormes deficiencias para criticar. Porque podemos parafrasearlos y plantear que una responsabilidad realmente sarmientina es encarar el problema desde sus bases, construyendo más escuelas, formando más maestros y profesores, mejorando las condiciones de trabajo, relacionando fuertemente el área educativa con la productiva –pecado que los ortodoxos nunca cometieron– y tratando de solucionar el estado de indefensión en que ha quedado un sistema educativo que fue uno de los más reputados y eficientes de América latina hasta la Noche de los Bastones Largos, y que terminó por ser desguazado el mismo día en que desinteresados inversores extranjeros comenzaron a instalar universidades privadas.

En una sola cuestión estamos plenamente de acuerdo con los planteos de la ortodoxia, y es que a futuro, más allá de estos problemas e incluso como única forma de solucionarlos, la mayor preocupación debiera ser no desaprovechar este período de abundancia a través de fuertes ingresos y gran disponibilidad de reservas, para producir un salto cualicuantitativo que corrija los desequilibrios entre el agro y la agroindustria por un lado, y las manufacturas de origen industrial por el otro. Al respecto, plantean como imperativo realizar ingentes inversiones e incorporar masivamente tecnología en los sectores rezagados, porque “solamente así se podrán aumentar los volúmenes producidos, la productividad y la competitividad”.

116

Y defienden que el país no puede reducirse económicamente a aquello para lo cual está dotado, por rentable que sea, y debe esforzarse en desarrollar ventajas competitivas y comparativas a través de la diversificación, produciendo bienes cada vez más complejos, con mayor valor agregado y sustentados en el conocimiento, para lograr mayor número de empleos, más calificados y mejor remunerados. Claro que inmediatamente niegan la capacidad intrínseca de la Argentina para encarar estas transformaciones bajo las actuales condiciones políticas y económicas, y plantean en cambio como única solución la inversión externa y la apertura a sus modelos formativos. Tenemos una duda: ¿no fue esto lo que se hizo ya, y con mayor decisión, desde 1976?

El planteo de que uno de los sectores no pague el precio del crecimiento de otros, sino que sean “complementarios para retroalimentarse”, para la ortodoxia implica dejar de lado el “hostigamiento y las virtuales persecuciones a las que se ha sometido al campo”, ya que “con adecuadas políticas de estímulo puede pasarse de las 100 millones de toneladas actuales a 150 en pocos años, con lo que el motor actual de nuestra economía aumentaría su potencia en un 50%, estimulando y posibilitando el crecimiento del resto de los sectores”.

Esto no condice con la realidad. En el año 1990 la Argentina producía 38 millones de toneladas, y en el 2003 se llegaron a los 70 millones. Ese incremento no sufrió retenciones y además produjo un creciente proceso de concentración y desnacionalización. Técnicamente, se puede aseverar que este sector recién comenzó a aportar al crecimiento nacional recién a partir de los meneados y menguados resultados del enfrentamiento del 2008. En el 2010 comenzamos a descubrir hasta qué punto –y todavía falta mucho por develar– existe evasión impositiva, y en qué medida se necesitarán fórceps y mecanismos de control para que esas tributaciones y el freno a la fuga de divisas incrementen la capacidad nacional de impulsar la diversificación y la industrialización. Ningún documento ortodoxo se detiene en estos aspectos. Mucho menos en el destino de esos recursos, ya que son los principales interesados en que se vuelquen mayoritariamente hacia su lado. Ciertamente que se puede y se debe optimizar la aplicación de los mismos, y nos explayaremos largamente sobre el punto, pero de ninguna manera bajo las premisas liberales. Ni siquiera Canadá o Australia lo han hecho, y tan mal no les fue.

117

La Argentina recién ahora está recuperando su capacidad de inversión y desarrollo interno. Las dificultades para impulsar todo lo que resulte necesario para superar nuestros problemas estructurales, ciertamente requiere innovar en política crediticia y reestructurar el gasto público, reasignando en parte los recursos existentes.

La información disponible señala que el Estado gasta miles de millones de pesos por año en subsidios a tarifas, ferrocarriles, aerolíneas y otros medios de transporte, así como para la importación de petróleo, gas y combustibles que recién vuelven a producirse en el país, con todos los problemas y limitaciones mencionados. El incremento de los recursos ha servido para sostener una estructura al borde del abismo, pero los logros alcanzados y el incremento sostenido del ingreso público –más allá de los cimbronazos del 2009 y la meseta que están alcanzando– permiten plantearse hoy la posibilidad de utilizar parte de esos recursos para crear una institución financiera de primera magnitud, dedicada específicamente a desarrollar inversiones para el desarrollo. Brasil lo ha hecho ya en 1952, y actualmente el banco BNDES es no sólo la principal agencia de financiamiento para el desarrollo del país, sino que también promueve y financia la expansión de empresas brasileñas en el exterior. Incluso algunas empresas argentinas han sido adquiridas y hoy están en manos brasileras mediante el apoyo de ese banco.

Otro aspecto a analizar es el de los subsidios propiamente dichos. Existe una brecha entre los recursos financieros de soporte a los cuales puede acceder una gran empresa y los que resultan asequibles para las pymes, tema al cual apunta la necesaria reforma financiera impulsada por el diputado Heller. Pero también existe una amplia distancia entre esos escasos créditos para la pequeña y mediana industria y la falta total de respaldo en garantías para obtener crédito de la que adolecen miles de pequeñas cooperativas rurales, así como las nutridas asociaciones de productores y feriantes junto con las pequeñas industrias regionales. Hacia este segmento desprotegido se destinan nueve mil millones de pesos en subsidios desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación, además de otras erogaciones provenientes de distintas áreas de gobierno, bajo un concepto de sostenibilidad social que ha constituido una formidable herramienta para permitir conservar tierras e incrementar el consumo y el autoconsumo de esos sectores marginados. Pero al igual que en el caso de las instituciones

118

bancarias, hoy se hace necesario reestructurar ese gasto para alcanzar un mejor desempeño. No hace falta reducir esos fondos, ni afectar los subsidios orientados al modelo “del productor al consumidor”, que por el contrario constituye un excelente espacio de detección de producciones viables, existencia de potencial materia prima abundante y núcleo de primer grado en la necesaria capacitación para la elaboración y la comercialización primaria.

Con el simple recurso de optimizar ese gasto, priorizando aquellas actividades que han demostrado efectos positivos en cuanto al objetivo de cobertura buscado, y analizando qué parte de esos subsidios se han aplicado a experiencias con un nivel de fracaso constante en los últimos ocho años –que según las propias fuentes oficiales rondaría un promedio del 70% anual –se podrían redireccionar fondos hacia nuevas experiencias productivas de mayor escala y mejor posicionamiento comercial, siempre bajo la figura del subsidio.

El creciente intercambio de mecanismos para la inserción social con el Brasil puede servir como parámetro para incorporar a nuestras prácticas la modalidad de su Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), cuyo principal objetivo es la inclusión agroproductiva y agroindustrial de millones de trabajadores rurales sin tierras. Los mayores éxitos alcanzados por este organismo han sido emprendimientos de escala, con industrialización tecnológicamente avanzada de materia prima, marca propia con altísima inserción en los mercados locales, con todos los registros exigidos y fuerte apoyo técnico durante largos plazos. Una propuesta similar a la que realizaremos en los capítulos finales de este libro, que intenta romper el paradigma “agro versus industria”.

A los efectos de la presente argumentación, cabe señalar que esas modalidades productivas cubren un espacio de financiamiento a fondo perdido que va desde los 100 mil reales a los 2 millones de la misma moneda para emprendimientos más complejos. Aproximadamente 240 mil pesos de nuestra denominación como piso, y cinco millones como techo. Montos por unidad evidentemente exiguos si los incluimos en el gasto total orientado al desarrollo social que actualmente se aplica en la Argentina. Otra ventaja es que esos emprendimientos rápidamente dejan de necesitar la continuidad del apoyo estatal, generan empleo, aportan al PBI y –a

119

diferencia de las ferias francas– tributan. Nada de esto figura en el vademécum de la ortodoxia.

Pero regresemos ahora a la tarea de desmontar sus argumentos. La Argentina ha tenido en el pasado circunstancias excepcionalmente favorables que le han permitido, como ahora, alcanzar importantes niveles de consumo y bienestar basados en el sector primario de la economía y bajo propicias condiciones internacionales. Al respecto, los gurúes del libre intercambio señalan como emblemático el período que va de 1880 a 1930, durante el cual fuimos considerados “granero del mundo” y estábamos entre los diez primeros países del planeta por nuestro producto bruto per cápita, nuestro nivel educativo, el prestigio de nuestras universidades y cierto grado de movilidad e inclusión social –que para ellos –comenzó entonces y no en 1945, transformando a la Argentina en un país de predominante clase media.

En esas condiciones, el horizonte de progreso y bienestar parecía infinito y permitía ignorar lo que se juzgaba como superfluos e innecesarios esfuerzos de inversión para alcanzar nuestra industrialización y diversificación económica, reclamados por políticos –preciso es reconocerlo– como Carlos Pellegrini.

La falta de una política industrial y de infraestructura adecuada como política de Estado, fue siempre –salvo en las tres etapas en que gobernó Juan Perón y tibiamente cuando los hizo Arturo Frondizi– un déficit notorio y crónico de la política nacional. El resultado ha sido una industrialización muy por debajo de la potencialidad que posee la Argentina, y un rezago cada vez mayor respecto de otros países. Según diversos documentos del sector de opinión objeto de estas líneas, corremos ahora un riesgo similar al estar desaprovechando circunstancias excepcionalmente favorables. Otra vez plantean que el motor exclusivo de nuestra economía es el sector primario, e insisten en que disponemos de importantes recursos para realizar los cambios postergados en cuanto a un desarrollo integrado. Denuncian que –pese a ocho años de extraordinaria bonanza– poco se ha hecho para corregir las diferencias entre el sector primario y el industrial, para lograr salir de un “paralizante desequilibrio en la estructura productiva del país” mediante un impulso sostenido a la inversión en el sector industrial, en las obras de gran porte requeridas y en incorporación de tecnología, educación, investigación y desarrollo. Y

120

señalan como causa de todos esos males el inmediatismo del consumo y “un gasto público al servicio del poder político” que nos colocarían una vez más al borde del abismo y la frustración, al “perderse una irrepetible oportunidad por culpa de malversar nuestros recursos humanos y materiales”.

Nadie puede negarlo, todos los gobiernos del mundo y en todas las épocas de la historia utilizaron buena parte del gasto público para reforzar su legitimidad. Y revertir esa cultura es la tarea para los próximos años, gracias a la creciente transparencia que permite la socialización de la información. La cuestión es el grado y el destino de ese gasto público. Si analizamos con números despojados el nivel de egresos estatales en todos los países que han logrado emerger con heridas menores de la crisis global del 2009, llama la atención la similitud en cuanto a cantidad de erogación por habitante, así como su orientación estratégica a sostener la dinámica interna del consumo en sus economías. O sea que tildar a la Argentina cómo prodiga en dilapidar esos recursos ameritaría un análisis mucho más profundo que la mera enunciación de clientelismos políticos o favoritismos sectoriales.

Donde sí se advierten diferencias de opinión, a veces muy marcadas, es en la aplicación de recursos para lograr alternativas netamente nacionales que permitan recuperar nichos del mercado interno, perdidos a manos de la transnacionalización, junto a la relativa apertura que se debería operar. La ortodoxia, lo mismo que el campo popular, no es un bloque homogéneo. Ya lo vimos en el análisis comparativo entre Fernando Henrique Cardoso y Carlos Menem. En lo que sí coinciden todas sus expresiones es en la teoría de un derrame que nunca termina de concretarse.

Esto se observa en los análisis de la ortodoxia respecto de la tan ponderada China, que no escapó a este proceso a partir de la apertura de su economía para empresas que se radicaron allí aprovechando la sumamente barata oferta de mano de obra, junto a la reconocida capacidad profesional alcanzada por ese pueblo oriental. Pero China pudo darse el lujo de pegarles una patada a varias transnacionales después –y apropiarse nuevamente de todo el proceso con sentido nacional– precisamente gracias al volumen de su población y al motor económico propio que eso implica. Pero además, bajo un sistema de gobierno que espantaría a los exponentes de la ortodoxia, siempre inclinados hacia los análisis sesgados y confusos.

121

Como el de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), cuando su dirigente Mario Llambías dijo que “hay muchos –en clara alusión al gobierno– que quieren remplazar nuestra bandera nacional por un sucio trapo rojo”, virtualmente acusando de comunista a Cristina Fernández. ¿La estará comparando con el exitoso Hu Xintao?

Nuestro país guarda ciertas similitudes con países como los del BRIC en cuanto al proceso económico, a la vez que grandes diferencias en cuanto a cantidad de población y territorio. Pero desde el punto de vista de la neutralidad ideológica de los instrumentos y más allá de consideraciones surgidas debido a diferencias de proporción en la escala, se trata de medidas y fuentes de financiación genuina aplicadas que debemos analizar. En este plano, ciertamente debemos correr más de prisa y recuperar el tiempo perdido, porque esas economías hace más tiempo que están utilizando dichos instrumentos.

Pero es bajo ese modelo que debemos avanzar, y no el de una ortodoxia larga y repetidamente fracasada en lograr un proceso integrado de nuestra economía. No creemos que Biolcatti o Llambías se miren en el espejo de Brasil, por ejemplo, aguardando que les confirme que sus rostros son los más bonitos. Mucho menos en el de China.

Para finalizar, haremos mención al argumento de que “estamos malversando nuestros recursos humanos”. ¿Se referirán al regreso masivo de científicos, investigadores y profesionales que señalan los propios estudios de entidades liberales? Esos mismos que se estuvieron yendo al exilio económico desde la Noche de los Bastones Largos, que produjo el desalojo de la UBA por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina el 29 de julio de 1966. Habría que –por honestidad intelectual– preguntarles a ellos mismos si se sienten “malversados como recurso humano”. También a la enorme pléyade de profesionales que poco a poco están encontrando espacios donde aplicar lo que aprendieron, en vez de dedicarse a manejar taxis.

En el capítulo que sigue haremos referencia a otro tipo de recurso humano. Esa enorme franja de nuestra sociedad que nunca aparece en los planteos de la ortodoxia, y menos la agropecuaria, excepto en el rubro “reserva de mano de obra barata inactiva”.

122

FORMOSA, SITUACIÓN DE RUPTURA: EL “OTRO CAMPO”

Constitución Nacional Argentina, Segunda Parte: Autoridades de la Nación, Titulo segundo: Gobiernos de provincia. Art. 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal y el que expresamente se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Art. 125.- Las provincias pueden promover (...) la colonización de tierras de propiedad provincial (...) la importación de capitales extranjeros (...) por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios.

A partir de la reforma constitucional de 1994, impulsada bajo el acuerdo Menem-Alfonsín, pasaron a manos de las administraciones provinciales las decisiones en cuanto al manejo de las tierras, que antes se tomaban en el Consejo Nacional Agrario desactivado por Martínez de Hoz.

Una visión de corto plazo, ávida de mostrar inversiones rápidas y jugosas, si es posible dentro del período de gobierno que las obtiene y facilita, ha llevado a muchos gobernadores a abrir las puertas de sus estados para que capitales extranjeros compren tierras a granel u operen aglutinando a cientos de pequeñas propiedades, bajo un modelo similar al de las tabacaleras y otras empresas transnacionales que sobreexplotan el suelo y a sus ocupantes, y que se quedan con el 80 % de la rentabilidad del negocio. Lo que sobra se reparte mal, tarde y a regañadientes.

Por sus consecuencias directas, por su visibilidad al ocupar por primera vez un espacio urbano de élite, porque ya hubo muertos por mano estatal –y no sólo privada como en tantos otros casos anteriores–, y porque muchos periodistas e investigadores perdieron el miedo, la situación en Formosa tal vez haya constituido un quiebre, una ruptura en esta práctica de “ningunear” –como en muchos casos observados en el continente– a las molestas manifestaciones rurales que vienen a perturbar las tranquilas aguas del crecimiento económico extractivo y su mezquino aporte a las arcas públicas, que –ahora sabemos– es

123

cuasi esclavista y malhechor, gracias a las investigaciones de la AFIP.

Pero la cuestión no es tan sencilla como analizar los apetitos de siempre de los piratas, o de quienes les dejan entornada la puerta del fuerte, para que entren de noche y sigilosamente. Los gobiernos de América Latina en su conjunto no han logrado aún romper la cultura de la producción extractiva que nos caracteriza desde hace siglos. Los intentos por industrializar el continente –cuyos abanderados fueron Perón, Cárdenas, Alvarado y Getulio Vargas entre otros– y por romper la dependencia respecto de los commodities, tropezaron con los golpes de Estado por todos conocidos que, cuando no tenían un sesgo directamente retrógrado a formas de explotación decimonónicas, llevaban como propósito apropiarse de los emergentes aparatos industriales y los servicios públicos en beneficio propio con los resultados conocidos, o directamente se asociaban a la oleada de un crédito muy barato de recibir pero sumamente caro para devolver. Ese neocolonialismo financiero destruyó lo que no podía comprar, o compró a precio vil lo que él mismo dejó al borde de la quiebra, y que en el fondo le interesaba.

Como paradoja de los estandartes izados, ese neocolonialismo financiero al que erróneamente muchos llaman neoliberalismo, hizo ondear la verdadera bandera roja que primó sobre el continente. Pero la de remate, que remplazó a la amenaza nunca verificada del trapo escarlata del comunismo.

La revolución tecnológica y la duplicación poblacional mundial en pocas décadas han puesto nuevamente sobre el tapete la preeminencia de los commodities. De todos los commodities. La mayor renta y, por tanto, la posible generación de recursos fiscales, proviene hoy de estos sectores con una demanda alta y sostenida en el mercado mundial. Su dinámica hace que busquen incorporar nuevos territorios y explotaciones. Pero esos territorios, generalmente, no están vacíos ni son ajenos a un esquema de preservación ambiental. En esta contradicción navegan hoy algunos discursos políticos, y a ese problema intenta brindar salidas esta obra.

124

Hay una clara señal de que los tiempos están cambiando. En toda América Latina, la minería a cielo abierto, la extensión de las fronteras agrícolas, el manejo privado de los recursos hídricos, los campos de explotación petrolera y otros emprendimientos extensivos, están generando protestas crecientes de los afectados. Hasta inicios del 2003, las manifestaciones de este tipo eran casi exclusivamente urbanas, y sólo orientadas a reclamos de orden económico-social. Hoy, esas movilizaciones son más numerosas en el ámbito rural. Piquetes y cortes de vías de circulación los emparentan metodológicamente con expresiones ciudadanas, pero en realidad esconden una enorme diferencia. Los piquetes urbanos luchan por reivindicaciones generalmente económicas o habitacionales, los rurales en cambio, por defender una forma de vida.

Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas en la Patagonia. El bonaerense Gustavo Grobocopatel no necesita comprarlas, las alquila y las devuelve en las mismas condiciones que ciertos inquilinos inescrupulosos: casi en ruinas. Sin una ley clara sobre arrendamientos, empresarios y gobiernos extranjeros no necesitarán comprar tierras en Argentina para explotarlas según su necesidad. El salteño Alfredo Olmedo tiene muchas menos hectáreas, pero aplica las mismas prácticas abusivas de explotación que las descubiertas por la AFIP en propiedades de la transnacional Nidera y otras. El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas en los correntinos Esteros del Iberá, y hasta ahora nadie ha conseguido probar fehacientemente que no esté movilizado por fines exclusivamente preservacionistas. Pero los casos de empresarios norteamericanos amigos de la naturaleza son contados con la mano, y además el Acuífero Guaraní –la mayor cuenca subterránea de agua dulce del mundo– que pasa bajo sus propiedades, todavía no se ha ubicado como “alternativa a explotar cuando las reservas mundiales de este recurso comiencen a menguar”.

Como vemos, el problema no es si se extranjerizan o no, sino para qué y cómo se utilizarán esas posesiones. Y para ello se necesitaría un registro de uso de la tierra, más allá de lo que hoy

125

comienza a surgir en cuanto a las polémicas dimensiones o ubicaciones de esos predios. Pero no existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (que otorgaría 180 días de plazo) y es quizás el punto más relevante de la propuesta legislativa. La Federación Agraria Argentina (antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad más cerca al Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difíciles de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual algunos diarios, que lo citan como verdad revelada. La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticos: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis, Arauco y Ted Turner.

Pocos pueden oponerse a legislar sobre la futura venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán ingenuamente quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo poco afecta hacia adelante el interés de los grandes beneficiarios del modelo actual de agronegocios, del cual la soja es sólo su cara más visible. Porque regular la extranjerización de grandes predios no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco. Datos sorprendentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) revelan que –en los últimos 15 años– el 2 % de las explotaciones agropecuarias pasó a controlar la mitad de la tierra cultivable del país, mientras que el 57 % de las chacras, en su mayoría de campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 % de la tierra. Es casi una reforma agraria al revés. Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988, había en el país 422.000 chacras, pero disminuyeron a 318.000 en 2002, un 24,6 por ciento menos.

Todo indica que en los últimos nueve años esa concentración aumentó a ritmo más acelerado, acorde con el alza de los precios y la búsqueda de nuevas fronteras agrarias, pero no hay datos oficiales del INDEC. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario para aportar datos precisos, luego de seis años de falta de estadísticas

126

oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no abarcó todo el territorio nacional, y hasta ahora no se han elaborado ni se han presentado todos los datos relevados. Los científicos sociales que analizan el sector primario reconocen que todavía no toman como válido este censo y que, a su pesar, deben seguir manejándose con proyecciones sobre los censos anteriores.

“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la presidenta el 1º de marzo del 2011 al inaugurar la sesiones del Congreso. El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan una concepción meramente mercantilista de la tierra que procura sólo rentabilidad. Estas organizaciones, en cambio, la interpretan como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar de la soberanía alimentaria de un país.

Pocos días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril, por cadena nacional se presentó el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”. La pregunta que se hacen los campesinos y los pequeños productores es qué peso en esa decisión han tenido las gobernaciones que, no por aliadas, impulsan políticas en algunos casos poco afines a las del gobierno nacional. La cuestión no es menor. Sólo tomando en cuenta el peso y la autonomía que les asigna la reforma constitucional de 1994, haría falta una nueva constituyente para reformar ese articulado y lograr que el gobierno federal recupere potestades en cuanto a dictar lineamientos de uso sin afectar señoríos de decisión provincial. En el propio articulado de la Constitución, al mencionarse la autoimposición de las provincias mediante “leyes protectoras de estos fines”, tal vez se encuentre la punta del ovillo de esta enmadejada cuestión. O tal vez aporte soluciones la creciente movilización política en torno a estos temas, como en tantos otros aspectos en debate de la vida nacional.

127

Mientras tanto, un gris opaco cubre la discusión sobre esta cuestión, que sigue siendo manejada a voluntad por los gobernadores, se refugia en complicados acuerdos electorales, se beneficia del silencio habitual en los grandes medios por la falta de repercusión de lo que ocurre en las provincias (a menos que haya muertos, como en la formoseña comunidad La Primavera, pero a veces ni siquiera así) y en general conforman representatividades concurridamente pobladas de grupos locales con poder para utilizar chicanas y pequeños chantajes coyunturales, en procura de evitar a toda costa que sus intereses ingresen en zona de riesgo, como ha ocurrido con los monopolios de la información con la Ley de Medios.

Los hechos son reveladores y mueven a la búsqueda de amparos, resguardos y garantías. Incluso en los convenios más benignos en cuanto a contrato, o porque recuperan zonas semidesérticas que necesitan alta inversión. El gobierno de Río Negro, por ejemplo, firmó en octubre de 2010 un acuerdo con la República Popular China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura –sobre lo cual tratamos en otro capítulo–, considerada por el oficialismo local como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Pocos saben si para hacer funcionar la propuesta hará falta inundar áreas para lograr riego artificial. O qué tipo de suelos y propiedades abarca. Una gran diversidad de sectores ha vaticinado que esto llevará a la “sojización” de la Patagonia, y alertaron sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implica. En el acuerdo se puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3.000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la inversión y compromete al Estado provincial en cuanto a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transporte de los técnicos de la empresa china.

El gobierno del Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el pool Alkhorayef de Arabia Saudita, para el usufructo de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño para siembra de soja, zona

128

donde históricamente viven indígenas y cuyo monte ya comenzó a ser diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra. Pocos conocen el proyecto integral, que se ubica en una zona afectada por grandes sequías ya casi consuetudinarias a causa del cambio climático. Tampoco se conocen en profundidad, a nivel de información pública, qué relación tienen estas inversiones respecto del manejo del río Bermejo, su canalización y derivados para riego. “Si esas negociaciones avanzan (…) se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química, que se potencia aún más al tratarse de suelos poco aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.

Y estos son los casos benignos, con cierta luz pública. Diferente es el caso de Lago Escondido en Río Negro, o el del represamiento del Ayuí en Corrientes por parte de los grandes arroceros. El debate recién comienza, muchos velos deberán correrse para dejar pasar la luz. Lo que ya no se podrá hacer es concertar este tipo de proyectos, que pueden ser buenos o malos, sin un previo y abierto debate público. La mayoría de los casos de protestas, si se analizan con detenimiento, no solicitan parar o suprimir obras, sino simplemente que se informe a la opinión pública.

Mientras los argumentos resulten opacos desde los oficialismos provinciales, plantear la sojización de suelos semidesérticos o poco aptos para la agricultura tampoco ayuda a develar la cuestión. El problema a discutir es si esos proyectos nos convienen o no a los argentinos y analizarlos, en cada caso, desde sus impactos sociales, económicos y ambientales. Ahí se acaba la politiquería y comienzan las políticas de Estado.

El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se le interpuso. En 2001 se sembraron en la Argentina 10 millones de hectáreas de soja. En 2003 ya se verificaron 12 millones. Luego de siete años se ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de

129

soja, el 56 % de la tierra cultivable. Nunca antes la soja había crecido tanto.

“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y empresarios del sector. Para el campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 80 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. El MNCI tiene gran presencia en Santiago del Estero y Córdoba, donde las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y sus asociados de la Mesa de Enlace (sobre todo Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas). Ni el gobierno nacional ni los provinciales manejan cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios. Ningún medio de prensa, salvo honrosas excepciones (Página 12, Diario Registrado) se hizo eco de este fenómeno creciente.

La resolución 125 marcó un antes y un después en la visibilidad del modelo agrario. “Se trata de un modelo basado en la extrema sojización, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el sistema de agronegocios. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en la obra recientemente publicada “Del paro agrario a las elecciones de 2009”. En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), realizan un detallado análisis de la estructura agraria, y afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo.

Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 % de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 % del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 % de los derivados de soja queda en manos de seis actores

130

(Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata). Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.

“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero, pues le permitía lograr importantes superávits de la balanza comercial y fiscal, necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguna de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero, que se mantuvo relativamente intacto y sigue incólume en la actualidad”, afirman Teubal y Palmisano. Todavía no hay legisladores o candidatos políticos, oficialistas u opositores, que proponga modificar –al menos gradualmente– el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy contundente en su rechazo a la megaminería, pero –en compañía y sin diferenciarse del resto de la oposición– asistió a la última Expoagro sin cuestionarse con quiénes y para qué se reunía.

“No se afectarán los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no, significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que no respetar la legislación “hablaría de un país poco serio”.

Esto es muy cierto y es un problema que aquejó a nuestro país en cada timonazo del pasado. Las inversiones sufren del mismo mal que los pequeños burgueses, ambos huyen espantados ante cualquier zozobra. Está por discutirse si las inversiones a las que se hace referencia son de origen e interés nacional. Porque el gobierno ha demostrado mucha convicción frente a los agoreros del apocalipsis (entre las que se destacan los grandes medios y las legisladoras de la Coalición Cívica Lilita Carrió y Patricia Bullrich), que vaticinaban la falta de inversiones foráneas ante tanta ley proteccionista. Pero cuando hablamos de reglas vigentes en el momento de compra u ocupación de un predio, recordemos

131

que nuestra legislación brinda la propiedad a quienes la habitaron o mejoraron durante 20 años comprobados.

Los pueblos originarios y los campesinos cuentan entonces con legislación previa que protege sus derechos territoriales. Y no sólo la Posesión Veinteñal vigente en el Código Civil, sino también la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), el Convenio 169 de la OIT y la Ley nacional 26.160 de Comunidades Indígenas, por la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente, así como aquéllas preexistentes, norma que fuera sancionada el 1º de noviembre del 2006, promulgada el día 23 de ese mismo mes y reglamentada por Decreto Nacional Nº 1.122 el 23 de agosto del 2007. Nada es fácil en esta tierra con tanta historia sobre sus espaldas, y encima escrita y rescrita por los que ya se habían acostumbrado a ganar siempre.

Pero volvamos al título de este capítulo. ¿Por qué Formosa como situación de ruptura? Porque ha sido una rótula sobre la que han girado muchas cuestiones de hecho, que parecían inmutables. Nunca como ahora un grupo aborigen había resultado tan visible en los medios. Por otro lado, no tenemos recuerdo de que una delegación de los pueblos originarios, en forma individual y para atender problemas concretos, haya sido recibida como ahora en los más altos niveles de gobierno. Como antecedente, existe la marcha indígena que llegó hasta Plaza de Mayo en mayo de 2010. Por primera vez en 200 años se produjo una entrevista entre los aborígenes y un jefe del Ejecutivo Nacional, sobre la que abundaremos en otro capítulo. Pero lo cierto es que una reunión de trabajo concreta de más de seis horas, con un documento aprobado de cinco puntos, como la que se dio con el ministro del Interior Florencio Randazzo, verdaderamente constituye un punto de inflexión.

El problema a discutir fue sobre tenencia de tierras. El trasfondo que no se podrá eludir, es cómo hacer para mantener esa posesión. La primera reunión con el Ministerio del Interior, probablemente

132

conocerá posterioridades ineludibles con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Descubrir y aplicar modalidades que otorguen dignidad a los pueblos originarios, implica que se los capacite y estimule para registrar y aprovechar sus tierras cuidando el medio ambiente, como lo hicieron sus antepasados. Lo importante es que este tema haya logrado ocupar un lugarcito en la agenda nacional. Al estar tan relacionado a discusiones de tanto peso como el modelo productivo argentino, difícilmente se logrará que resigne posiciones después de este primer avance.

Durante el debate por las retenciones al agro, cuando salieron a relucir las pegatinas que rezaban “Todos somos el campo”, en realidad se trató de una operación mediática destinada a disimular que la gran mayoría de los que constituyen el campo no participaba de ese debate ni siquiera como convidados de piedra.

Los pequeños y medianos productores rurales, que conforman un espacio amplio aunque disperso, podrían ser calificados –con mayor propiedad– como el verdadero campo argentino. Aquel relacionado con emprendimientos que permanecen y reinvierten en el territorio; y que, además, reparten ingresos de manera mucho más cabal que los grupos concentrados y sus socios menores.

La llamada opinión pública –generalmente los sectores medios que leen diarios– difícilmente conozca quiénes son realmente los integrantes de este “otro campo”, porque sus intereses no estuvieron representados en el conflicto. No fueron los que cortaron rutas, ni fueron reporteados por las grandes cadenas de televisión. Sin embargo este sector es el que produce, en general sin utilizar agroquímicos, todo tipo de verduras, carnes y alimentos en general, además de algodón, tabaco y otras materias primas agropecuarias. Las políticas de subsidio o crédito blando que se ocupan de esa gran parte del campo –poco tabulada hasta hoy, precisamente por su dispersión y falta de poder político– desemboca en cierta escasez de esos subsidios o línea de créditos, amén de otros beneficios económicos que facilitarían su trabajo rural. Los montos asignados corren con fuerte desventaja, si los

133

comparamos con los percibidos por los medianos productores de soja de la pampa húmeda.

Este desequilibrio genera además otro serio problema. Los pequeños productores de las provincias están sufriendo el desalojo de sus tierras por el marcado avance del cultivo de soja en todo nuestro país. Existen casos comprobados de pequeños campesinos que se ven obligados a alquilar porciones de sus tierras a los grandes productores de soja. El avance de las fronteras agrarias de alta tecnología produce, además, cambios negativos en lo ambiental, ya que reemplaza prácticas ancestrales poco impactantes, por otras que contaminan la tierra con agroquímicos. Los técnicos y profesionales agrónomos vienen advirtiendo que esas áreas son de difícil recuperación porque, una vez cosechadas, resulta casi imposible resembrar sin tener que recurrir a abonos y herbicidas ya que el suelo queda prácticamente inutilizable.

Según datos oficiales, en la Argentina poco más de 16 millones de hectáreas de tierra están actualmente ocupadas para el cultivo de soja, aunque cálculos más actualizados las harían llegar a los 19 millones de has. Esta oleaginosa, diez años atrás, apenas ocupaba 5 millones de hectáreas. Pero además, durante este proceso casi el 100 por ciento de esa soja ha pasado a ser transgénica, aquella que se cultiva utilizando químicos que deterioran la tierra cultivable.

Con posterioridad al gran debate por las retenciones (aunque su existencia sea anterior al mismo), ese “otro campo” comenzó a lograr visibilidad. En coordinación cada vez más activa y amplia con otros campesinos productores agrícolas del país que sufren la misma situación, diferentes organizaciones territoriales conformaron el Frente Nacional Campesino, movimiento que persigue alternativas de lucha por recuperar derechos y lograr protagonismo en el proyecto nacional en marcha.

Este incipiente espacio tiene potencialidades realmente interesantes para el futuro de nuestro país, ya que constituye una alternativa al modelo latifundista-concentrador, poco distributivo y en franco proceso de transnacionalización.

134

El conflicto que mantienen las patronales rurales con el gobierno dejó de lado a los pequeños productores familiares; no sólo porque no se verían afectados, sino más bien beneficiados, por las retenciones. También se pretendió ignorarlos porque son una competencia directa por la ocupación y aprovechamiento del espacio cultivable. Y, fundamentalmente, porque la producción alimentaria con destino al mercado interno es enemiga de aquella otra, completamente volcada a producir un alimento que los argentinos casi no consumimos, como la soja, excepto como componente de aceites comestible mezcla, leches envasadas de alto costo o en mixes para galletitas, balanceados y otros.

Lejos están todavía los pequeños productores –generalmente ubicados fuera de la pampa húmeda y de sus nuevos “anexos”– de percibir beneficios por la nueva obligación de tributar, como corresponde, aplicada a los comercializadores internacionales de granos, o de favorecerse por las especulaciones del agrobusiness en la bolsa de Chicago o por el precio del dólar en Wall Street. Trabajan su tierra para los mercados locales, y también son explotados por intermediaciones espurias que se llevan la producción sin agregar valor, como en el caso de la yerba mate, la producción olivícola, la fruta del valle del Río Negro y tantos otros casos, donde recientemente se han verificado protestas por precios no compensatorios.

Sólo en un caso se los tuvo en cuenta, cuando el debate comenzó a dejar en evidencia a los concentrados, y rápidamente salieron los vocero de esas corporaciones a tratar de equiparar –sin consultarlos siquiera– a los pequeños y medianos campesinos con el “campo cinco estrellas”, intentando dejarlos pegados a la estrategia de culpar al gobierno por cualquier desabastecimiento que se produjera como consecuencia de los conflictos en marcha.

El Frente Nacional Campesino, a pesar de constituir solamente el primer emergente de un espacio muchísimo más amplio, tal vez respondió por todos. En sus comunicados de prensa, explicitó claramente que no apoyarían un desabastecimiento inducido y artificial, que siempre se termina sufriendo en la mesa de los argentinos, y en cambio reclamó una profundización de las

135

medidas tomadas por el gobierno. En ese momento de extrema tensión política, expresaron su confianza en que se lograría alcanzar un punto medio entre las dos posturas intransigentes, que incluyese la problemática de los pequeños y medianos productores no dedicados a la soja.

El espacio social potencial de este nuevo movimiento campesino, que hoy nuclea a más de 200 mil productores de todo el país, en realidad abarca a muchos cientos de miles más. Sólo los pequeños productores tabacaleros de Misiones incluyen a 60 mil familias rurales, con un promedio de cinco miembros. Los frutihortícolas de Rio Negro y Neuquén aportan una cifra similar. Es decir que, sin mensurar todavía tierra labrada o aporte al producto bruto, existe en el país un enorme espacio social que, por sus mismas características de producción familiar o de baja agremiación, todavía resulta casi invisible.

Esta primera aparición pública, que todavía carece de propuesta integral, por lo menos ha dejado en claro que los reclamos del “otro campo” no forman parte de los temas de debate en el conflicto con la Mesa de Enlace. Y mucho menos con esa otra “mesa oculta”, que constituyen los intereses de las grandes trasnacionales y sus poderosos operadores locales. Esta cuestión, aparentemente pequeña, ha dejado en claro que la lucha reivindicativa que llevan adelante los pequeños y medianos campesinos es muy diferente a la encabezada por las entidades agropecuarias. Frente a un esquema de arrendamiento y enajenación, ellos en cambio reivindican derechos sobre la tierra que trabajan.

Pero volvamos al origen del conflicto que comenzó a hacer perceptible al bucólico campo argentino; hasta ese momento un tema acotado a libros o notas periodísticas de escritores, políticos, analistas y luchadores sociales.

La emergencia de “el campo” tuvo –sin querer– una virtud: poner sobre el tapete un tema casi submarino pero elemental, como ocurría con el petróleo en los países de Oriente Medio hasta el estallido del conflicto panárabe. Y la tuvo más allá de su

136

histrionismo, sus garrulerías televisivas y de ver a los dueños de la tierra (por lo menos una parte) utilizando las mismas herramientas de protesta que criticaron cuando las utilizaban otros segmentos sociales menos favorecidos. Desde que Martín Lousteau, por entonces ministro de Economía, y Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, anunciaron un paquete de medidas económicas que incluía el aumento en un 12 % para las retenciones a las exportaciones de granos y oleaginosas, la Argentina vivió más de cien días en medio de un tenso pero esclarecedor conflicto sectorial.

Desde ese 11 de marzo de 2009, los sectores rurales ligados a la soja y –en menor medida– a otras oleaginosas, se aglutinaron en la denominada Mesa de Enlace, demostrando su rechazo a través de cortes de ruta y actos públicos en todo el país, reclamando diálogo con el Gobierno nacional para que se revieran las medidas anunciadas retrotrayendo la situación a principios de marzo, cuando el impuesto a las exportaciones era apenas del 33 por ciento.

Los “ruralistas” lanzaron un plan de acción pergeñado por los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias nucleadas en dicha Mesa, por entonces Mario Llambías, Eduardo Buzzi, Luciano Miguens y Fernando Gioiano, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), respectivamente. Desde un principio, con gran apoyo de las corporaciones mediáticas, intentaron presentarse ante la sociedad como un espacio unido, con “un sólo campo en lucha”. La realidad –el paso del tiempo se encargó de demostrarlo– era bien otra.

Las tensiones comenzaron a surgir no sólo por diferencias internas, sino por el espacio que cada uno se arrogaba representar. La Federación Agraria, por ejemplo, se ufanaba de incorporar a todos los medianos y pequeños productores del país; pero la mayoría de éstos no tardó en informar que no era así. Uno de esos sectores fueron los pequeños productores de Jujuy, incluso acusando a diversas entidades de ponerlos como integrantes

137

cuando no lo eran. Al poco tiempo, “la otra prensa”, la alternativa, entrevistó a Omar Romano, representante del Movimiento de Campesinos de Jujuy, quien no dudó en señalar que “esas entidades en realidad no existen, son patronales”, en referencia a las que componen la mesa de enlace. Por su parte, el principal referente de “Unión por Jujuy”, Rubén Daza, opinó que “los sectores que hoy protestan puede estar en las rutas, puede estar sin vender y sin exportar, justamente porque tiene capacidad para hacerlo, mientras que el pequeño productor jujeño no puede dejar su campo tanto tiempo”.

Caso similar sucedió en Formosa, donde también se hicieron eco de la Mesa de Enlace diversas entidades. Después de caratularlas como “rótulos vacíos de contenido”, Benigno López –del Movimiento Campesino Formoseño (MoCaFor)– aclaró que “esas entidades no nos representan y no estamos de acuerdo con sus reclamos, porque nosotros creemos necesaria una política integral de desarrollo rural que apunte a la soberanía alimentaria, y no solamente a la especulación financiera y a engordar a los que trabajan para los agronegocios”.

El Movimiento Campesino Formoseño (MoCaFor), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) y el Movimiento Campesino Jujeño (MoCaJu), junto a otras 27 organizaciones, ante esta falta de representación de sus intereses denunciada y como antecedente histórico directo de la organización del “otro campo”, el 17 de abril del 2009 –Día Internacional de Lucha Campesina– fundaron el Frente Nacional Campesino (FNC) que reúne a los más de 200 mil pequeños productores ya mencionados, en su gran mayoría minifundistas y agricultores familiares.

De inmediato, en varios medios afines, aliados políticos o socios económicos de alguno de los integrantes de la Mesa de Enlace, salieran a acusar a este nuevo movimiento como oficialista acrítico, promovido con fondos del Estado o carente de respaldo social verdadero.

La historia es bastante distinta. En los ‘80, en Santiago del Estero nacía el MoCaSE, entidad que actualmente aglutina a más de la

138

mitad de los campesinos de esa provincia. Pablo Orellana, uno de sus referentes, es integrante del movimiento desde 1989 y explicó que el accionar de esta entidad surgió de las luchas por obtener o mantener la propiedad de las tierras que trabajan, así como en defensa de los derechos de los campesinos. “El objetivo es unirnos para que seamos cada vez más y podamos luchar contra los que nos quieren atropellar, para defender principalmente la tierra, y poder reclamar créditos y mejoras en la comercialización de lo producido”, afirma.

Una década más tarde comenzó a organizarse el movimiento de Formosa, que terminó de consolidarse en febrero de 1999. Desde sus inicios, el MoCaFor reivindicó un modelo productivo tradicional que no dejara afuera al pequeño campesinado que allí, al igual que en otras provincias, sufrió penurias que lo llevaron casi a la desaparición como sector social, debido a las políticas excluyentes de la dictadura militar y por la preeminencia de las políticas de mercado en etapas posteriores. Esta organización, al igual que sus similares del Frente Nacional Campesino, privilegia el trabajo cooperativo y de ayuda mutua, integrado por pequeños productores agropecuarios con escasas hectáreas de tierra, por obreros rurales que en realidad son campesinos sin tierra y por algunas comunidades de pueblos originarios. Ya han legalizado siete cooperativas y proponen la propiedad colectiva de los implementos agrícolas y de las parcelas de tierra que se les asignen de ahora en más.

Un poco más tarde, recién en el 2003, ante el imparable avance del cultivo de soja y tártago o ricino (ambos utilizados para producir agrodiesel), los campesinos vieron la necesidad de unirse en la provincia de Jujuy, para enfrentar la marcada reducción de la superficie de tierras aptas y para que los campesinos pudieran continuar con sus cultivos de verduras, papa andina o cría pastoril de ganado. El MoCAJu permitió al Frente Nacional Campesino completar una red de vínculos que va de un extremo a otro del Norte Grande, lo que augura una creciente capacidad de convocatoria.

139

Si tomamos en cuenta que Tucumán y Misiones, junto con Chaco y Corrientes, en menor medida, son otras provincias que aún conservan un significativo porcentaje de población rural, es sólo una cuestión de tiempo que, bajo esta denominación o cualquier otra, un espacio social de más de 500 mil familias rurales termine por aglutinarse, surgir y reclamar el lugar que le corresponde entre las tantas y tan postergadas reivindicaciones que caracterizan al país que heredamos. El Frente Nacional, irónicamente autodenominado como la “quinta entidad agraria”, hizo públicas declaraciones definiendo como su principal objetivo el de “aportar una respuesta diferente a las dos posiciones contrapuestas sobre el conflicto del campo, encarnadas por el gobierno y las cuatro entidades CRA, FAA, SRA y CONINAGRO”.

Los dirigentes de estos nuevos espacios del campesinado, coincidieron en afirmar: “No apoyamos a las entidades del campo, pero esto no significa que apoyemos al gobierno. Nuestra lucha va más allá, en un concepto de soberanía alimentaria que es para todo el pueblo, para que además de un plato de comida podamos tener una vivienda digna para vivir, una justicia equitativa y que no sea sólo para los terratenientes o para quienes más plata tienen. Por eso creemos que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a ver bien quiénes somos los perjudicados con esas políticas". También señalaron su búsqueda de políticas agrarias diferenciadas para cada tipo de productor, dependiendo de la zona en la que se produce. “No son lo mismo los pequeños productores de la Puna, del Chaco árido, de la Mesopotamia, de la pampa húmeda o árida, de los valles de Cuyo o de la Patagonia, que los productores a los que nosotros representamos, que son más de 200 mil”, y resaltaron que “nuestro apoyo es para el sector del pequeño productor, pero al verdadero, no a los que tienen 120 hectáreas, sino al que tiene media hectárea, o a lo sumo 5 o 10 hectáreas”.

Los campesinos jujeños puntualizaron que en su provincia “más del 70 por ciento del agro está integrado por pequeños productores de verduras, que enviamos a los mercados centrales. No contaminamos la tierra con la soja, como sucedió en una pequeña localidad jujeña conocida como la Capital del Tomate, que hoy

140

está prácticamente cubierta con soja y caña de azúcar. Los productores jujeños todavía seguimos trabajando con caballos y bueyes, mientras vemos que el otro sector es beneficiado, al tiempo que sigue contaminando el medio ambiente”.

“La soja expulsa a los pueblos originarios y a las comunidades campesinas, es un método terrorista de expulsión de comunidades, de contaminación acelerada, casi lo que podría denominarse un genocidio en el campo”, remarcó Benigno López de MoCaFor. Esta lucha en Formosa se hizo sumamente visible por el corte en la Avenida 9 de Julio que realizó la comunidad aborigen de los qom, que –al momento de publicar este libro– lograba abrir un espacio de diálogo con autoridades nacionales.

Muchos de los casos que se vienen denunciando, en prácticamente todas las provincias del Norte argentino, surgen de la apropiación de facto de tierras que, sin estar inscriptas en los registros formales, estas comunidades consideran –con razón– como propias.

En otros casos, los campesinos arriendan tierras a precios altos, aportan mejoras pero, al no poseer título de propiedad, quedan fuera de la posibilidad de gestionar créditos. Por eso señalan la semiesclavitud que implica vender sus productos a precio vil, sin posibilidad alguna de agregarle valor y mucho menos de comercializarla como producto elaborado con marca propia, quedando a merced de los intermediarios y las empresas. Esto genera falta de trabajo, exclusión social y tiene como resultado que muchas familias dejen el campo para probar suerte en las ciudades, ampliando los anillos marginales empobrecidos.

Pero movimientos campesinos han existido a lo largo y a lo ancho de la historia de nuestro país y de América Latina. ¿Cuál es la impronta diferente que comienza a surgir con fuerza?

Si uno se toma el trabajo de leer los documentos y comunicados del último quinquenio, todos los movimientos de campesinos en la Argentina comenzaron a hacer hincapié en una línea política que se debería llevar adelante como bandera irrenunciable, basada en recuperar la soberanía alimentaria. Esto se apoya en una certeza: si

141

bien la Argentina es el tercer exportador mundial de soja, no es menos cierto que los mayores beneficiarios de esta formidable producción son los grandes terratenientes y los empresarios del sector.

En textuales palabras del Frente Nacional, “resulta necesario cambiar el modelo agropecuario para exportar valor agregado y no sólo materia prima, queremos un campo con campesinos y no de monocultivo. Las ganancias que llegan a nivel nacional jamás son repartidas entre los pequeños productores, queda en aquellos que tienen grandes extensiones de tierra”.

Cuando analizamos la historia argentina de las últimas décadas cada vez con menos tapujos, cuando surgen a la luz las atrocidades cometidas, muchos connacionales –y así lo expresan públicamente– comienzan a percibir la importancia de revisar las supuestas bases inconmovibles sobre la que se construyó la Argentina del desequilibrio y la exclusión. En ese marco, las declaraciones de la dirigencia del pequeño campesinado comienzan a adquirir un sentido inconmensurable.

Este proceso donde los reclamantes privilegiados del Gran Queso Argentino están comenzando a ser acotados, otorga sentido y aglutina poco a poco posturas sobre deuda externa, superávit fiscal, soberanía en las decisiones políticas e incipiente unidad latinoamericana, junto con espacios reivindicativos tan largamente olvidados como nuestros supuestamente desaparecidos campesinos. El país urbano se une al país rural, develando relaciones estratégicas que se han pretendido ocultar durante dos centurias.

Ese pelotón de reclamantes que es la patria de la prebenda, son los viejos mamones colgados de la teta presupuestaria nacional, los que nos han sangrado y han hecho la vista gorda ante cada desastre porque se beneficiaban directamente de un endeudamiento espurio, vaciando plata del Estado sin ton ni son y drenando divisas sin un proyecto nacional. Muchas empresas crecieron al calor de ese gigante con pies de barro, y lamentablemente muchas

142

otras tercerizadas o subsidiarias han logrado posicionarse a partir de surtir a aquellas, tornando más complejo el panorama.

Pero lo cierto es que el “Estado ausente” en realidad les dijo presente. Esto explica el porqué de los derrumbes en cadena en determinadas circunstancias políticas de cambios de poder. Si a estas hijas bobas del Estado se les cae el flujo de caja de su tajada del presupuesto nacional, se evaporan. No tienen capacidad empresaria propia. No tienen conocimientos, ni entrenamiento, ni mercado real para desempeñarse en forma autónoma. Estos son los sectores que, sin pertenecer en muchos casos al gran poder corporativo, baten el mismo parche con entusiasmo digno de mejor causa. Cacarean porque saben que la transparencia en la aplicación presupuestaria del Estado o de las reglamentaciones emanadas del mismo, siempre tenderán a cerrarles el uso de fondos públicos en beneficio propio. Es necesario romper con una práctica que, por instalada, no deja de ser tremendamente injusta. Aquella que siempre propuso repartir la renta argentina, ese queso apetitoso del que hablamos en el título de este libro, entre muy pocos actores, estableciendo un modelo que decide autocráticamente quiénes son justos o pecadores, privilegiados o castigados.

En este aspecto entra a jugar nuevamente el criterio geográfico, porque los lobbies de poder también tienen domicilio físico. No basta con definir una participación empresaria más amplia, en cuanto a la aplicación del presupuesto nacional en obras y servicios, si no partimos del análisis acerca de un país desequilibrado en el cual –al abrir la competencia– no todos largan desde una posición de igualdad. Demasiadas décadas de ignominia tenemos sobre nuestra historia como para esconder esta verdad.

Pero, ¿cómo hacer para salir de este nudo, sin caer en el subsidio a la bartola o en la práctica de crear nuevos mamones presupuestarios? Es una discusión que nos debemos, y que va enganchada a la legislación nacional y provincial, así como al viejo modelo de la coparticipación federal. Coparticipación: nombre que parece intrínsecamente benéfico, pero que en realidad esconde déficits históricos. Si observamos el Norte argentino, el

143

NOA más el Nordeste, vemos que es el espacio donde menos dinero se ejecuta del presupuesto nacional. Y a la vez, es donde todavía coexisten el mayor analfabetismo, la insalubridad y la pobreza. El Norte Grande es una denuncia a gritos del país desequilibrado e insolidario que parieron los años de injusticia que arrastramos. Esa certeza de que hay diferencias no nos lleva todavía – como en Brasil, por ejemplo – a gestar programas diferenciados de reparación histórica. El Nordeste brasileño, según datos del BID, crece una vez y media más rápido que el resto del país, a partir de una decisión política soberana de ejecutar la misma proporción de presupuesto. Si no se aplican recursos diferenciados, la brecha se mantiene o incluso se profundiza.

En la Argentina de hoy, y esto es lo que comienzan a evidenciar los movimientos campesinos, en muchos aspectos el resto del país continúa creciendo más rápido que en las regiones históricamente más castigadas, y las áreas más concentradas de poder económico todavía crecen más rápido que el resto en su conjunto. O sea que hay en nuestro país una relación económica inversa a la lógica de la integración, la unidad y el desarrollo armónico del país. A mayor desequilibrio, mayor injusticia y mayores problemas a futuro.

Y entramos aquí, de lleno, en un aspecto central sobre la discusión por el reparto del queso superavitario argentino. Todavía estamos discutiendo la coparticipación en base a un criterio basado en que quienes tienen mayor cantidad de población, necesitan más plata. ¿Qué PBI concentra esa población, qué valor agregado succiona del resto del país este modelo? Nuestros gobernantes anteriores nunca se hicieron esta pregunta. Tampoco se preguntaron qué implica este tipo de política concentradora de la coparticipación, en términos de modelo de consolidación de un país determinado. Y mucho menos abrieron el debate para discutir ese modelo.

No preocuparse en cómo se aplica el superávit es en realidad una política muy bien instrumentada. El atraso que promueve el desbalance regional, genera mano de obra barata al inducir pobreza. Resulta así funcional a un modelo que se apoya en que haya pobres para establecer industrias de bajo costo por persona

144

empleada, o empresas agropecuarias que recurren al trabajo golondrina en condiciones cuasi esclavistas. Es capitalismo, hoy globalizado, opera ya no sólo sobre la miseria interna de capa país como reserva, sino sobre la miseria y la pobreza existente en otros países. La crisis profunda del modelo de la usura comenzó a producir con fuerza el fenómeno de la migración ilegal, que huye de la pobreza extramuros e invade a los países auto denominados centrales. Y con ello, el círculo pernicioso vuelve a comenzar.

Durante el mandato de Néstor Kirchner se comenzó a trabajar en la aplicación un plan estratégico de desarrollo nacional integrado, para incorporar a los hinterlands a través de un nuevo modelo de coparticipación. Se denomina hinterlands a las áreas vacías intercalares entre las áreas desarrollados, pero en realidad en alemán quiere decir “la tierra de atrás”, el “patio trasero”. Cuando apenas se sugirió que la presidencia trabajaría en un programa de ese tipo, saltaron todos los mamones a protestar. No hagan olas.

Quizás no era el momento político de plantear una política de tan largo alcance y que toca tantos intereses. Aún coincidiendo con esa lectura, y sin pecar de vanguardismos estériles, debemos decir que dejar de aplicar un modelo integrador es suicida. No existe ya viabilidad para los modelos concentradores, lo estamos viendo en la violencia desatada en los grandes centros desarrollados. Y esto vale tanto para la Argentina como para cualquier país del mundo.

No existe destino para los modelos egoístas que generan riquezas en un punto y pobreza en otros, porque la pobreza termina por invadir a la riqueza. Europa está invadida por pakistaníes, turcos, árabes, africanos. Lo mismo sucede en América del Norte con los mexicanos, centroamericanos, caribeños y hasta árabes y africanos. Se genera así un nuevo submundo que antes no existía en los países desarrollados, y que continuará así debido a una sencilla razón: porque la perinola global del “me llevo todo y el resto pone” es la principal generadora este tipo de situaciones.

Este desbalance a nivel mundial está originado en la misma falta de solidaridad que produce la existencia de dos argentinas en un

145

mismo territorio. Un tema que, más allá de la oportunidad o conveniencia coyuntural, no podremos dejar de discutir.

LA TIERRA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Al abordar esta temática, más cuando quien debe escribir sobre ella tiene un pasado de militancia en los organismos de derechos humanos, el costado humanitario se mixtura con el riesgo de la lectura sesgada. La militancia por los desposeídos debe compatibilizarse con la necesidad de encontrar soluciones y no limitarse sólo a denunciar y criticar. La pertenencia a un espacio de mayorías –con sus lógicas de poder y de negociación– debe resultar concurrente con la defensa de minorías casi invisibles. Esa rara mezcla que se produce en el inconsciente –aunque no se exprese verbalmente– cuando uno es hincha de un cuadro poderoso que juega un partido con el último de la tabla. Si hay “buena leche”, el corazón se divide.

La permanencia de las injusticias, por más que se den en un universo que no por alejado resulta menos perturbador, exige su abordaje. Los refranes populares suelen ser sabios: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor melancolía que añorar lo que jamás sucedió.

Los datos recopilados son hondamente reclamantes en ese sentido. El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (GEPCyD) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires), publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde se confirma el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas y se analizan ciertas formas de coacción física y hasta de militarización. “Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse bajo las condiciones de implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado, que concretizan en el territorio redoblar la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre las segundas, es

146

síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el GEPCyD. Y apuntan al rol del Estado y del sector privado: “La violencia rural, más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como una respuesta estatal”.

Vuelve a surgir aquí el tema de las responsabilidades nacionales y provinciales, después de la reforma constitucional de 1994. En la reunión con el ministro del Interior Florencio Randazzo, algunos organismos de derechos humanos y –según las malas lenguas– un incómodo representante del gobierno formoseño, los cinco puntos alcanzados por los Qom ciertamente servirán para que otras arbitrariedades surjan a la luz. El diálogo de la democracia termina por transparentar todo: esa es la razón de que nos la hayan negado por tanto tiempo, a sangre y plomo.

Esa obligación democrática es la que debe primar en el manejo de la información. En el lluvioso sábado 30 de abril del 2011, la muerte de Ernesto Sábato marcaba la agenda mediática. El 1º de mayo no saldrían los diarios y las guardias periodísticas estaban al mínimo. La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte de los Qom en la avenida 9 de Julio y más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre. Primó el sentido común de la comunidad, que despejó la calle. Esa actitud de madurez del cacique Félix Díaz no salió en los diarios, pero quizás le valió a su comunidad la posibilidad de comenzar un diálogo con el gobierno nacional.

Los tambores de guerra venían sonando con fuerza en otros ámbitos. Darío Aranda, autor del libro “Argentina Originaria. Genocidios saqueos y resistencias”, denunciaba que “a cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán (que se) evidencia en (las) limitaciones al accionar del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el único

147

espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera”. Y agregaba que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios (...) Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial”, reclamaba Aranda poco antes de que se abriera un espacio de diálogo con la comisión coordinada por el Ministerio del Interior.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había solicitado que el Estado adoptara una medida cautelar en favor de la comunidad Qom, e instó a que se “adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los Qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”, cuatro días antes de que un colaborador de la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, ex fiscal de destacada labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra, solicitara que los Qom subieran voluntariamente a la plazoleta para destrabar el tránsito.

El gobierno nacional había recibido a la familia de Ferreyra, manifestante del Partido Obrero asesinado por una patota sindical, y aplicó todo su peso para lograr justicia. Ya están presos los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato. Aranda reclamó, en notas periodísticas, que a “la familia del Qom Roberto López nunca se la recibió”. Y agregó que “en la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de procesados: todos de la comunidad Qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa”. Gildo Insfrán es gobernador desde 1995 y se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.

Esta democracia incipiente, necesitada de tantas fortalezas y agobiada por tantas amenazas, precisa que desaparezcan de una

148

vez el fuego y el plomo en las relaciones entre argentinos. “Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda”, es una de las tantas definiciones que circulan hoy entre estudiantes de periodismo. La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación. Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno –salvo honrosas excepciones, como algunos panelistas del programa 6 7 8 en el canal estatal– enfocaron la represión como un “enfrentamiento”.

De la misma manera que en el pasado se denominaba a la sangrienta dictadura como “proceso militar”, calificar lo que sucedió en Formosa como “enfrentamiento” se asemeja demasiado a una adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Hubo en realidad una comunidad desarmada de un lado, apenas pertrechada con palos y piedras, y del otro un grupo armado de civiles y uniformados. Nadie sabe aún quién realizó los disparos que terminaron por asesinar al activista Qom Roberto López. Los grandes medios ocultaron primero este hecho, de la misma manera que cientos de otros casos donde el avance de los terratenientes era enfrentado por los campesinos. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, encubrieron la autonomía provincial en este aspecto e intentaron involucrar en forma directa al gobierno nacional. El mismo modus operandi que habían aplicado para la toma del Parque Indo Americano. La diferencia es que ahora el distrito donde se produjeron los hechos estaba gobernado por un aliado del gobierno nacional, por lo cual –a diferencia de lo que había sucedido con Macri– esta vez sí apuntaron como corresponsable político al gobierno formoseño,

Los grandes medios han actuado claramente como partidos de oposición a partir de la 125 y la Ley de Medios. Por eso apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes o desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera

149

ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de dicho modelo. Es más, son parte activa de los grandes holdings que absorbieron todo por el accionar entreguista de gobiernos anteriores: finanzas, agro, industria, servicios de todo tipo, especialmente informativos.

No se trata aquí de salvarle la ropa a nadie. Simplemente de enunciar sin reparos las evidencias de una realidad, tratando de sustraerse tanto a subjetividades como a presiones. Muchas críticas al Gobierno Nacional se han retrucado con la recomendación “no le hagas el juego a la derecha”. La represión al Pueblo Qom fue un quiebre en este sentido. Los que le hacen el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.

No hay acción de Gobierno, por justa y transformadora que sea –y este Gobierno ha tomada varias– que pueda compensar el derramamiento de sangre del campo popular. Eduardo Galeano, que visitó el campamento Qom de la 9 de Julio, fue taxativo: “(los indígenas) son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes que todos los políticos que buscan pedazos de poder”. En un acto en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en marzo del 2011, la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, advirtió valientemente que “no se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas”.

Secuestro de personas, robo de bebés, torturas, campos de concentración, desaparecidos. Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de la última dictadura militar, pero su genocidio aún es negado. “Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter del Río, codirector de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina. Esta Red afirma que aún hoy pesan sobre los pueblos

150

originarios de Argentina las prácticas genocidas: “Ayer fueron las balas, la esclavitud y el despojo. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, su desalojo a través de la represión, la extrema privación con formas de subsistencia que rozan el hambre, la discriminación y el olvido”.

Y el combativo Darío Aranda remacha: “A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del Nunca Más. A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas que llevan su nombre, y se mantienen monumentos que son un cachetazo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo”.

En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión. La negación tiene raíces étnicas, de clase y, sin duda, económicas. Los indígenas no fueron ni son sectores urbanos, ni de clase media. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de sus ancestrales territorios. Sus derechos humanos fueron atropellados, muchos murieron en el anonimato y, técnicamente, siguen siendo desaparecidos. Tal vez ha llegado la hora de que los pueblos originarios también logren un “Nunca Más”.

Las denuncias menudean. La Red Agroforestal Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONGs ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos ambientales y sobre tenencia de tierra

151

en la región del Chaco Argentino”, contabilizando 164 conflictos de tierras y ambientales, en un territorio de casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) que involucra a 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, en seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Córdoba). Según este estudio, el grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. Y “coinciden con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, remarca el informe.

“La raíz de los conflictos de tierras se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial, a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, plantea la Redaf en su informe, y advierte que el rol estatal es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como de responsabilidad necesaria, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y falta de respuestas estatales. Los gobiernos provinciales desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.

El Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados que representa al pueblo (los senadores representan a los estados provinciales federados), se está constituyendo saludablemente en caja de resonancia de varios debates pendientes. No se trata sólo de que se estén analizando allí varios proyectos de ley para poner freno a la extranjerización de tierras, aspecto sobre el que abundamos en otro capítulo. También suceden hechos inéditos en este ámbito: el pasado 19 de abril, una decena de organizaciones

152

campesinas compartió con un grupo de legisladores un encuentro, destinado a confeccionar una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias entre sí, que no se había observado antes, también fue un hecho auspicioso. A pesar de los distintos niveles de adhesión al gobierno nacional de los participantes, no se evidenció ninguna presión política del oficialismo para frenar el proyecto. Estuvieron presentes los diputados –todavía muy pocos, es cierto– ligados al tema, una decena de asesores legislativos expertos en estas cuestiones y, como es habitual, la reunión de trabajo no solamente no fue tapa de los medios, sino que pasó directamente inadvertida.

Este y otros abordajes están revelando que todos los conflictos tienen una característica en común: son asimétricos, porque empresas, personas físicas con recursos económicos y los estados provinciales disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”, como analiza la Red Agroforestal Argentina. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo de los estados provinciales a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestionen, en la práctica siguen apoyando el modelo de producción extractiva que atenta contra la vida indígena y campesina”. Y, para mayores precisiones, Redaf presentó un relevamiento demostrando que en el 99 % de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecían de títulos que, precisamente por estatutos y leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial deberían reconocerles. El 93 por ciento de los conflictos (153) se produjeron a causa de alguna acción que vulneró los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.

153

El 12 de octubre de 2009 –paradójicamente Día de la Raza– fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, de 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre había vivido su familia. El 23 noviembre de ese mismo año, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, Qom de la comunidad La Primavera que en un corte de ruta reclamaba por el derecho de habitar tierras ancestrales. Estos asesinatos se mantienen impunes.

La criminalización de los pobres también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denunció que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, con 200 imputados acusados por el crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones. La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por compatriotas, muchas veces con la colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.

Ya mencionamos el hecho de que cientos de indígenas de todo el país marcharon, en mayo de 2010, hasta Plaza de Mayo para entrevistarse con la presidenta Cristina Fernández. Una veintena de dirigentes indígenas charlaron con la primera mandataria y le expusieron sus necesidades y anhelos, haciendo eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero). La presidenta les anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado sería lo menos traumático posible. Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad hacia el Gobierno Nacional, expresaron después cierta sorpresa. Se preguntaron si –por razones de lenguaje o facilidad de expresión– no habían logrado que la presidenta entendiera el reclamo, o si existía alguna decisión tomada sobre este tema en alguno de los puntos geográficos en conflicto.

154

Es éste otro aspecto en que el desarrollo de los hechos tendrá la última palabra. Pretender explicar estos plisados que la realidad cotidiana oculta, como lo hacen algunos respetados analistas que apoyan al gobierno argumentando que “son las contradicciones del modelo”, no se condice con la actitud demostrada más arriba en cuanto a tomar el toro por las astas cuando salta al ruedo, aunque a veces el toro lleve las de ganar. Lo sucedido con la comunidad La Primavera no es una contradicción del modelo. Son decisiones políticas y privadas con costos humanos reales.

El geométrico avance de la minería a gran escala es otro ejemplo donde se deberá abordar la difícil tarea de compatibilizar intereses económicos y sociales, previniendo –antes que remediando– sus efectos. Pero quizá el problema más acuciante y evidente es en el sector agropecuario. El “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016” es el proyecto oficial que apuesta a aumentar (entre otros productos) la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará ampliar aún más la frontera agrícola y multiplicará sus consecuencias ambientales y sociales.

¿Pero cómo responder a tantas y tan complejas demandas, después de tanto tiempo y, a la vez, respetar la idiosincrasia cultural de cada pueblo originario evitando que se “occidentalicen” en el proceso? En algunos países de América, como EEUU y Canadá, se han logrado inclusiones. Las menos traumáticas son las canadienses, a partir del uso turístico de los territorios de reserva asignados y a la comercialización en gran escala y con alto valor de las artesanías y lo productos aborígenes, administrada por sus propios creadores. En Estados Unidos hay de todo, desde experiencias similares a las canadienses hasta franquicias para la explotación de casinos, tipo Las Vegas, aprovechando la autonomía de los territorios tribales.

En la Argentina apenas asoman hoy propuestas de este tipo, una de ellas en Misiones. Históricamente, las comunidades Mbyá Guaraní de esa provincia fueron sujeto de numerosos y variados

155

programas de promoción y desarrollo. Estos programas, a pesar de la decidida política oficial de titularizarles a las comunidades la tierra en que moran ancestralmente, tuvieron un reducido impacto. En general, aquellos aborígenes que se adaptaban al esquema tendían a "occidentalizarse", abandonando sus aldeas en busca de nuevos horizontes laborales a partir de la capacitación recibida.

Se analizó la tarea de reivindicación cultural e histórica de las etnias amerindias realizada en Canadá, rescatando la memoria creativa y artesanal de los grupos indígenas, y se propuso generar redes de logística y comercialización que permitieran alcanzar un precio justo, trabajando en conjunto con las comunidades originarias y recuperando el orgullo por lo que son y por lo que hacen estos grupos.

El Gobierno de Misiones había avanzado en la entrega de los predios naturales donde habitan estas comunidades y, en algunos puntos, se ha logrado con éxito incorporarlas a dinámicas del turismo que las incluyen con sus cantos, artesanías, bailes y ceremonias rituales. Asimismo, recientemente se ha lanzado un programa de salud con apoyo del Gobierno Nacional, diseñado para dar respuesta a las demandas dispersas y particulares de dichas comunidades.

En este marco, la propuesta para lograr un nivel de vida digno a partir de la  propia cultura y de determinadas habilidades –como la cestería– está todavía en etapa más que inicial en la Subsecretaría provincial de Asuntos Guaraníes coordinada por Arnulfo Verón. Pero vale la pena analizar sus preceptos guía. Se plantea que en varias oportunidades se ha intentado conformar programas, que siempre han fracasado por diversas razones, pero muy particularmente por la burocratización y la centralización administrativa, por el paternalismo o por esquemas que promovieron una fuerte mentalidad clientelista en los aborígenes.

A partir de esas inferencias, se ha diseñado una propuesta concreta y simple: conformar un fondo inicial para compra de

156

productos artesanales de cestería y objetos de arte de todas las comunidades radicadas en suelo de Misiones, y generar un centro de acopio para el material adquirido, a la vez que se establecen relaciones comerciales con tradings conformadas a tal efecto, como la Red de Precio Justo en Europa, indigenistas de todo el mundo y ONGs relacionadas con el tema. Se ha colocado ya la primera partida de artesanía Mbyá en la región de Emilia Romagna, en Italia, enviando un container que se vendió en su totalidad. Pero ha pasado el tiempo, y hasta ahora es la única operación que se realizó.

Metodológicamente, es un programa que se basa en la producción ancestral guaraní para dotarla de escala y lograr que dicha producción constituya un orgullo creativo, que conduzca a recomponer el crecimiento y el desarrollo guaraní a partir de consolidar la identidad aborigen. Las ganancias que se obtengan luego de estabilizar el programa, serían percibidas directamente por los trabajadores y artistas, sin intermediarios, y a la vez se conformaría un fondo especial de manejo directo por parte de las organizaciones de trabajadores y artistas que se den a sí mismos los Guaraníes en cada comunidad, con destino a obras de mejoramiento comunitario o de apertura de nuevas fuentes e insumos de trabajo, así como a la capacitación y multiplicación de técnicas.

Sencillo y barato, respetuoso y sustentable. Sólo cabe esperar que no corra el mismo destino de tantas otras buenas ideas, que duermen el sueño de los justos en olvidadas gavetas.

Lo que resulta necesario resaltar es que existen soluciones viables, y que no constituye un destino manifiesto esperar a que los conflictos emerjan, muchas veces violentamente, para comenzar a atenderlos. El problema fundamental es que los pueblos originarios no cuentan con ningún tipo de instrumento que les permita hacer visibles sus demandas, excepto la protesta. Pero además, y a pesar de ser mucho más numerosas que las realizadas en los ámbitos urbanos, precisamente por su naturaleza rural y apartada no logran presencia mediática.

157

Podemos recurrir a un ejemplo sencillo para establecer esta profunda diferencia. Ya dijimos que desde el 2000 hubo 84 muertes en ese segmento social movilizado. Si medimos el espacio mediático que ocupó la toma del Parque Indoamericano, con dos muertes, y la comparamos con el que se dedicó al problema campesino y aborigen en general, la brecha es descomunal.

El éxodo rural ha sido el mayor causante del surgimiento de villas miserias en las áreas periféricas de las grandes ciudades. Y los aborígenes y mestizos de nuestra tierra la materia prima sobre la cual se edificó esa realidad de exclusión. Es una verdad de Perogrullo, pero no está de más reafirmarla, ahora que muchos representantes del establishment pretenden echarles toda la responsabilidad de los conflictos urbanos a los inmigrantes de países vecinos, muchos de ellos indígenas de Nuestra América también. Estigmatizan desde el chauvinismo barato, a la vez que pretender ocultar el origen rural y nacional de la gran mayoría de los villeros, nacionales o no.

Según esta particular lectura, ahora los inmigrantes de países fronterizos son los culpables de la falta de vivienda para los argentinos. Esta soberana hipocresía esconde en realidad la nula disposición política de estos sectores en cuanto a utilizar recursos para solucionar estos problemas. No hablemos de soluciones de raíz, como normalizar la tenencia de la tierra o alentar producciones a escala alternativas a la soja, en defensa de nuestra autonomía alimentaria, que es en definitiva defender el poder adquisitivo de los connacionales. El egoísmo intrínseco de los sectores concentrados de poder, sean del pelaje que sean, ni siquiera permite atender o proponer soluciones coyunturales y parciales.

Las tomas de Villa Soldati evidenciaron como nunca esta particularidad de la gente de pro. Miles de personas, de origen argentino o de países vecinos, levantaron cortijos de plástico sobre tierras inutilizadas, convertidas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un cementerio de autos. A nadie interesaban esas tierras, hasta que las ocuparon los

158

pobres. El gobierno no tardó en tildar el hecho como delictivo, y en una confusa concurrencia de fuerzas policiales todo terminó con un par de muertos.

Pero el problema de la tierra para vivir y trabajar, de la falta de viviendas propias y del hacinamiento no es privativo de Buenos Aires, sino que es nacional. La herencia dejada por los desgobiernos del pasado muestra en estas facetas sus aristas más odiosas y más difíciles de solucionar. Ellas se basan en el campo en proceso de concentrarse en pocas manos, los pueblos empobrecidos por la ausencia de trenes y la exclusión de sus poblaciones semirurales, que antes trabajaban en tareas de apoyo para pequeños y medianos productores, así como la mecanización agraria, la falta de perspectivas de una vida digna para cosecheros golondrina y los procesos expulsores similares que se desarrollan en Paraguay y Bolivia. Todo ello concurre a la sobrecarga urbana, y a fenómenos como las tomas de parques abandonados, tierras fiscales remanentes, áreas de servicios desmanteladas. En este sentido, las políticas de la ciudad más grande del país son la otra parte de la pinza de un agro en proceso rápido de concentración, y entre ambas presionan sobre la exclusión social, elevando la temperatura.

Legisladores y funcionarios se muestran preocupados por el tema. Las empresas de la construcción también se preocupan, ante la amenaza de que la ley FONAVI vuelva a sus orígenes y reglamente la construcción de viviendas más accesibles para el segmento menos privilegiado de la sociedad, que apenas puede pagar una pequeña parte de lo que cuestan. El único que no muestra preocupación alguna, y para quien este es un problema de usurpadores y no de necesitados, es el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.

La inexplicable sub ejecución del presupuesto asignado para viviendas en la ciudad que él gobierna, implicó un gasto de apenas el 16,8% de lo previsto en el presupuesto anual, mientras los asentamientos y las villas siguieron creciendo hasta incrementarse en un 50% desde el censo de 2001.

159

Macri adujo que su gobierno fue el que más casas construyó –unas dos mil en lo que va su gestión– en comparación con anteriores administraciones. Exiguas cifras si las comparamos con distritos de menor población en la Argentina, aunque evidencian la ineficacia y el inmovilismo heredados. Su auto bombo se transforma así en una competencia entre incompetentes, aunque a las administraciones anteriores les cabe la justificación de haber recibido la ciudad con un agujero deficitario gigantesco, mientras Macri se ufanó de alcanzar el superávit más alto de las últimas décadas.

Hay recursos. No se gastaron. Con diferentes demostraciones de impericia, se buscó imponer que el problema principal era la falta de respeto a la ley por parte de los ocupantes, y no las causas que los llevaron a asumir tal condición. Se ampararon en una posición que tiende a definir los “okupas” como simples usurpadores. Y no como ciudadanos desesperados buscando hacer valer su derecho constitucional a una vivienda digna (Artículo 14 bis).

Familias que sobreviven en una casilla de cuatro por cuatro, pagando alquiler en una villa miseria y constituyendo así el estrato social más bajo que existe en el país junto a las abandonadas comunidades aborígenes y campesinas, fueron estigmatizadas judicialmente, reprimidas y además se trató de presentarlas a través de los medios como protagonistas de una gran mudanza. Como si irse a vivir bajo techos de plástico negro en un descampado sin agua ni luz, baños ni desagües, fuera un picnic campestre. Solamente quien vive al borde de la desesperación se atreve a soportar esas condiciones, y además bajo la amenaza muchas veces confirmada de que una bala puede matarlos a ellos o a sus hijos. Lo mismo, aunque menos visible, ocurre con las comunidades campesinas que acampan a la vera de las rutas.

Ante la realidad de una exclusión que no cesa, por más que en muchos aspectos se muestre mitigada por el aumento de la ocupación y por programas estatales, resulta inútil mirar hacia otro lado. Más allá de los índices laborales y de pobreza, de

160

suma utilidad cuando se aplica una mirada macro a la marcha de la economía, es necesario comenzar a tabular por qué crecen las villas. De dónde y por qué vienen esos miles de compatriotas y vecinos. La economía crece. También lo hacía en Europa, hasta que el sistema comenzó a “expulsar excedentes” ante el apuro financiero. Los modos de producción están en el origen de la exclusión. El modo de producción concentrada que genera la mayor renta nacional no necesita apuros financieros para eyectar personas hacia el cordón de la miseria.

En tanto el Pro y casi la totalidad de la “oposición republicana”, sólo responden con largas diatribas sin densidad, que sólo buscan “garantizar la ley”. Ninguna propuesta concreta, palpable, elegible en definitiva, para avanzar aunque sea un paso en la solución del problema.

Para muestra basta un botón. Los propios dirigentes de la villa de Soldati habían acercado propuestas. Antes de ocupar los eriales del Parque Indoamericano, le propusieron al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma, Diego Santilli, utilizar seis manzanas linderas a la estación del ferrocarril, un terreno abandonado. Los villeros ofrecieron hacerse cargo de la desratización, de desmalezar y adaptar algunas construcciones hasta que se definiera un plan, y a la vez para incluir laboralmente a la misma gente que ocupó el parque después, a través de las cooperativas Argentina Trabaja. Unos hablaban desde la desesperación, otros no escuchaban desde la ausencia de conmiseración.

Lo único que se estructuró fue la UCEP con que Macri intentó barrer a los indigentes bajo la alfombra, Una de los obsesiones del jefe de Gobierno es mantener las plazas y parques libres de pobres o indigentes, y para liberarse de ellos se creó un grupo de barrabravas denominado UCEP (Unidad de Control del Espacio Público). Este modus operandi, que actúa bajo el lema “si existe pobreza que no se vea”, muestra la verdadera matriz ideológica del Jefe de Gobierno. Nunca se propone asistirlos, mientras se utilizan métodos violentos y discriminatorios para

161

hacerlos invisibles, muy similares a los utilizados por el intendente de la dictadura militar, Cacciatore, y al de algunos colegas de Macri.

El veredicto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires fue categórico: “Los elementos que vinculan las golpizas que reciben las personas en situación de calle con la UCEP son varios: los integrantes de este grupo se identifican con remeras o camperas que dicen UCEP, repiten el modus operandi, se mueven en camionetas partner y camiones recolectores cuyas patentes están a nombre del Gobierno de la Ciudad, y todo esto lo tenemos documentado”. Hoy, el jefe de gobierno porteño solicita previamente que no se toque el tema cuando concurre a programas de televisión no demasiado adictos a su gestión. Y faltó a la primera audiencia judicial donde aparece como procesado.

Sin embargo, todo esto resultó visible y no deja de acarrear secuelas a sus promotores. Los casos de atropellos y muertes documentados en comunidades campesinas no corren la misma suerte.

En la naturaleza de esta matriz ideológica, además, se encuentra la aplicación de distintas varas de medición dependiendo del sector social del que se provenga. En el campo, los sectores concentrados se expanden sin freno, muchas veces con el apoyo de las administraciones provinciales, mientras los pequeños y medianos productores son ignorados y se comprimen. En la ciudad autónoma, a nadie se le ocurre acusar de “okupa” al Lawn Tennis Club de Buenos Aires, que desde hace 20 años invadió ilegalmente plazas, bosques y paseos en Palermo. Lo mismo sucedió con los predios ocupados por los complejos comerciales de Punta Carrasco y Costa Salguero.

Si se defiende la ley, no vale espiar por debajo de la venda. Es para todos por igual. Pero poco se puede agregar a esta altura sobre la historia de desprecio por la ley que ha demostrado el poder económico en la Argentina. El robo de Papel Prensa, por hablar de un tema que hoy incomoda sobremanera a estos

162

cuatreros, es sólo un punto en la inmensidad. Pero ya que estamos cerca del obelisco, podemos ocuparnos del conglomerado empresarial que le permitió a Mauricio proyectarse al mundo de la política, a pesar de los cariñosos “verdugueos” de su papá.

Desde su nacimiento, el grupo Macri fue uno de los más activos en cuanto a negociados con plata del Estado. Durante la administración porteña de Carlos Grosso, se le permitió hacerse cargo de los recursos del gobierno de la ciudad por medio de UTE-Rentas. Franco Macri –progenitor de Mauricio– le había dado a Grosso un lugar en SOCMA a principios de los 80, relación que se mantuvo intacta durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Luego, cuando en 1989 Carlos Menem designó a Grosso intendente de Buenos Aires, esto se tradujo en negocios concretos, como Manliba.

Carlos Grosso (y su tropa) fue el coordinador oculto de campaña de Mauricio Macri. Funcionarios y amigos del ex intendente participaron del armado de su candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Su jefe de campaña fue Juan Pablo Schiavi, al que conoció a principios de los ‘90, cuando era subsecretario de Mantenimiento y Servicios de la Municipalidad y había que negociar con Manliba los provechosos contratos de la basura. A través de una serie de acuerdos, Manliba se convirtió en el principal contratista de la administración porteña. En 1997, con Grosso fuera del poder, el gobierno de la Ciudad renegoció la recolección de residuos, dejó afuera a Manliba y se ahorró 50 millones de pesos.

Pero no termina aquí el asunto. La compra y el manejo escandaloso del Correo Argentino representan otro capítulo de esta novela. Con el proceso de pesificación y licuación de los pasivos privados por el sistema financiero local, aplicado a comienzos de 2002 cuando Eduardo Duhalde era presidente, y según una investigación del diputado nacional de Proyecto Sur Claudio Lozano, la sociedad argentina le transfirió al Correo Argentino, a Sideco y a Socma (empresas del Grupo Macri) un total de 200 millones de dólares. Duhalde coqueteó en

163

reiteradas oportunidades con la idea de acompañar al PRO de Macri en su frustrada carrera presidencial del 2011. Hoy el grupo Clarín es único adjudicatario para la comprar la conectividad de las escuelas de la Ciudad Autónoma por 250 millones pesos. La denuncia de la periodista Gabriela Cerruti de que los precios por unidad superan largamente los del mercado minorista, todavía transita vericuetos incluso menos ágiles que los del caso de la UCEP. Las sociedades políticas no son casuales, tienen raíces profundas que se pierden en las oscuras tierras que cubren las ruinas de nuestro pasado.

Volvamos al tema central, la desigualdad profunda ante la ley que se observa (y se aplica) para excluidos y excluyentes, una civilizada manera de rebautizar a explotados y explotadores. Claro que Macri no habla en esos términos. Para su segmento de clase los excluidos no existen, son invisibles. No hay respuesta para ellos ni siquiera en el Buenos Aires abandonado, con el presupuesto distrital más grande del país después del federal y a pesar del alivio en la demanda que implica un distrito que proporcionalmente es el que menos creció en cantidad de habitantes según el censo 2010.

Lo explotados no existen, hasta que su situación estalla en los grandes medios cuando los estigmatizan por ocupar espacios abandonados. O cuando se denuncia y se comprueba que la esposa de Macri se enriquece a costa de trabajo semiesclavo en talleres textiles clandestinos, donde subyuga a los mismos bolivianos y paraguayos a los que su esposo difama. Mientras tanto, Mauricio acusa a esos inmigrantes de violar “nuestras” leyes.

Sin embargo, dichos inmigrantes y el pueblo raso son los habitantes de este suelo que más impuestos pagan en proporción a sus ingresos. Cada vez que se abona el 21% promedio del IVA destinado a consumo básico, cada vez que se compra ropa, comida o útiles escolares, casi un cuarto de ese desembolso va al Estado, cuando no permanece –como lo comprueban cada vez más los operativos de la AFIP– en manos de empresas que no le entregan al fisco todo lo que corresponde. La evasión está

164

calculada en un 40 %. Es lo que se denomina economía en negro. Es la economía que manejan los tigres de la contabilidad, todos trabajando para las grandes empresas. Un batallón de lumbreras ocupadas en trasladar una suma nada despreciable desde el bolsillo de la ciudadanía hacia el de sus patrones. Sería bueno ampliar el debate, y que podamos conversar –siguiendo los parámetros de este amplio espacio político– sobre quiénes son los “ilegales”, los “aprovechadores”, los “usurpadores” y los “vividores”.

Hace poco se desató un debate sobre la inclusión de piqueteadas y escraches como tema de estudio en los colegios secundarios. Los mismos que criticaron esa decisión de la Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires, son los que aplaudieron y acompañaron los piquetes de “el campo” en ocasión del debate sobre el decreto de retenciones al agro.

La modalidad piquetera surgió inicialmente como la expresión puntual de sectores socialmente excluidos del conurbano, y luego se extendió a otros puntos geográficos y a otros segmentos sociales.

Dentro del espacio popular, existe el piquetero como típico avivado argentino, aquel que se propone vivir colgado de la teta del Estado y que fue motorizado por el clientelismo político de los 90 y sus remanentes actuales. En realidad, este piquetero-puntero es otro ingenuo más, porque las prebendas puntuales a las que accedió sólo le permitieron supervivir en malas condiciones, sin lograr un cambio en el modelo propio de vida. Sin un proyecto propositivo y sustentable de inserción, para él y para sus hijos, obvió la necesidad de luchar por un país mejor para dejar de ser un pordiosero institucionalizado. Ese tipo de piquetero es y ha sido carne de cañón para quienes lo utilizan electoralmente, pero que poco se acuerdan de él cuando alcanzan el poder.

Pero todo cambia. Poco a poco, muchos de esos dirigentes fueron descubriendo que hay un mundo más allá de las campañas electorales. Y que era posible luchar por otro modelo

165

para la Argentina, que los incluyera a partir del uso racional del superávit estatal que supimos conseguir. En un mes, este país genera el superávit que la mitad del país olvidado necesita para empezar a crecer. Lo que hemos pagado por intereses de la deuda, si lo acumulamos, es igual a lo que hubiéramos necesitado para lanzar un nuevo modelo de país. Los piquetes transparentan, ponen en escena todo lo que se ha dejado de utilizar en dinero interno que generamos para obras y proyectos para el desarrollo, y cómo todavía algunos dirigentes los siguen usando para operaciones politiqueras.

Al demonizar a los piqueteros, lo que en realidad se pretende escamotear es esa Argentina oculta que por fin emerge. La cuestión no pasa por si se les da o no plata a los piqueteros, si se otorgan o no aumentos salariales a los empleados públicos, si se entregan prebendas o subsidios a uno u otro sector empresario, si se privilegia a una región del país en desmedro de otras en cuanto al gasto público. La cuestión central es cómo se utilizan los recursos del país en función de un modelo integrador. Pongámonos de acuerdo en tal modelo, y todas esas discusiones pasarán a ser secundarias.

Pecamos de candidez crónica cuando nos llevan a no discutir modelos. Al no tener un modelo como bandera, aquello que queremos ser como Nación, nos venden vidrios de colores. Esto es lo que les pasó a la mayoría de los aborígenes americanos, cuando sufrieron la invasión de un modelo cultural que los arrasó. Dejaron de estar seguros de su propia cultura. Y cuando se opusieron, fueron destruidos mediante el uso de la violencia. Una nación es como una mujer golpeada, pierde seguridad en sí misma y se transforma en un ser dependiente que ni siquiera puede abandonar el hogar.

Esa violencia ejercida que nos ha hecho perder identidad, hoy está en retroceso. Esos miles de piquetes y manifestaciones populares, que se animan a salir a la calle sin temor a la represión, que se resisten a ser comprados o cooptados, constituyen la recuperación progresiva de un espíritu social de cuerpo.

166

Este libro, más que regodearse en la ingenuidad histórica argentina, intenta plantear que estamos parados en un momento importantísimo de la historia nacional. Estamos en el umbral de la madurez política. Poco efecto tienen ya las viejas prácticas de los verseros nacionales, o de los que hacen análisis sesudos o diagnósticos aparentemente profundos, y que utilizan perfiles de encuestas para vendernos un país que no existe.

Lo que pretenden frenar, cada vez con menos éxito, es el debate sobre un modelo de país integrado, donde el ciudadano de La Quiaca tenga la misma oportunidad que el habitante de Barrio Norte. Que lo producido por este pueblo redunde en beneficio del pueblo en general y no de unos pocos. El pavor de los privilegiados de siempre no es que surjan piquetes, escraches o manifestaciones, movilizaciones o redes comunicacionales puntuales. No es la forma lo que temen, que hasta hace poco fueron capaces de utilizar en beneficio propio cuando les convenía. Es el fondo. El problema es que queremos discutir todo. Y la democracia les molesta, porque es el gran canal para direccionar ese todo.

167

LA TIERRA Y UN NUEVO PARADIGMA

La reciente ocupación de la avenida 9 de Julio por una parte de la comunidad toba de los Qom formoseños, pone sobre el tapete –además de la cuestión aborigen– algunos aspectos pendientes del debate sobre el papel de latifundios, chacareros, trabajadores rurales y pueblos originarios en el desarrollo rural. Los cinco puntos acordados en la amplia mesa de diálogo que logró descomprimir la situación, incluyen un mandato para que se ocupen del tema los programas estatales que se dirigen a titulaciones de tierras “ocupadas” por décadas y a la regularización de dominios. Es un paso más en el sentido correcto, que puede servir en el futuro para avanzar en la cuestión estratégica que implicará una redistribución de tierras.

La distribución de las tierras argentinas es una cuestión de muy larga data. En las primeras décadas del siglo XIX, una vez concluidas las guerras de independencia, se definió el hito fundacional de la actual estructura de propiedad de la tierra en el país. El latifundio en manos de familias patricias emparentadas al poder fue la tónica. La “frontera” de ese espacio agropecuario estuvo demarcada por una capacidad de poblarla y explotarla acorde a los modos de producción de la época. Poco antes de la década de 1880, las fuerzas militares expulsaron de la campaña sur-bonaerense por la vía violenta a las comunidades de pueblos originarios, modalidad que después se prosiguió en la Patagonia y en el Norte. De esta forma, las principales familias se apropiaron de inmensos latifundios, pagando al Estado un precio irrisorio por ellos. Pero todavía “sobraba tierra y faltaba gente”.

Poco después se impulsó una política migratoria de grandes dimensiones, trayendo en diferentes tandas a miles de ciudadanos de países europeos y buscando insertar al país en los mercados internacionales de la primera ola global, como exportador de productos agrícolas que abasteciesen al Norte en vías de industrialización. Con ella se llenaron los intersticios de la trama agropecuaria utilizando las enormes extensiones residuales de tierra estatal. Se produjo entonces una gigantesca y muy fraccionada distribución de la tierra a extranjeros. Después de la Conquista, y salvando las diferencias, éste fue el mayor proceso de “extranjerización” que se haya dado en la historia moderna de Sudamérica, por las dimensiones territoriales implicadas. Este proceso marcó profundas diferencias en la estructura agraria argentina, precisamente por su magnitud. Posteriormente, gran parte

168

del control de la tierra restante se privatizó, después de iniciados los grandes flujos inmigratorios, mediante controvertidas cesiones territoriales a compañías colonizadoras.

Esas políticas se produjeron porque la inmigración alentada desde el Estado, que pretendió ser selectiva por cuestiones de raza y nacionalidad, para crear una estructura social nueva con una composición étnica diferente de la preexistente, no se logró e inicialmente no vinieron grandes inversores acompañados de contingentes de capacitados trabajadores rurales. La aluvional inmigración estuvo signada por una multiplicidad de orígenes, pero también por la pertenencia de clase: la gran mayoría eran familias empobrecidas o refugiados de los conflictos desatados por la nueva demarcación geopolítica europea. Este espacio social variopinto comenzó a jugar un papel social que difícilmente hubiese logrado en sus países de origen. Las diferencias étnicas, lingüísticas, nacionales y culturales entre los inmigrantes, quedaron en suspenso a la hora de integrarse con los criollos y pueblos originarios que se ubicaban, como ellos, en los últimos peldaños de la escala social argentina.

La estructura de propiedad de la tierra y de los medios de producción que se conformó en el proceso histórico descripto, no fue modificada sustancialmente hasta la fecha. La segregación resultante de la estructuración histórica de la propiedad en el desarrollo rural argentino sigue siendo visible en la actualidad. Por un lado empresas propietarias de los medios de producción, abocadas a la agricultura de exportación. Por otro, población criolla y pueblos originarios en la agricultura de subsistencia campesina, y asalariados rurales estacionales o permanentes.

El mundo occidental vivió –en el contexto de posguerras– el surgimiento del paradigma proteccionista, ya que muchos países se vieron obligados a sustituir importaciones cuando, por dos veces consecutivas, el aparato industrial europeo fue devastado. Paralelamente a este fenómeno, que de alguna manera también demandaba actualizar los modos de producción agropecuarios, en la Argentina comenzaron a diseñarse tibias intervenciones oficiales en pos de una distribución más justa de las tierras fiscales.

A partir de que fuera sancionada en 1940 la Ley Nacional 12.636, llamada de colonización, se creó el Consejo Agrario Nacional que –tras serias y

169

entendibles dificultades para su puesta en funcionamiento– tuvo gran injerencia en la distribución de tierras, especialmente entre 1943 y 1946 cuando Juan Domingo Perón, todavía funcionario del golpe nacionalista, integró ese organismo a su esfera de influencia. Después del 55, la actividad distributiva oficial entró en un profundo letargo, hasta que el golpe auto proclamado nacionalista del general Onganía la reactivó muy levemente, durante el período 1966-1969.

Sólo se verifica un repunte significativo aunque efímero hacia 1974, ya que no fue hasta el período gubernamental del 73 al 76 que se buscó beneficiar a las familias rurales pobres y a la vez alentar el retorno a los medios rurales de las que se hacinaban en las grandes ciudades, con el claro objetivo de lograr un equilibrio productivo y demográfico. A partir de entonces, las periódicas distribuciones de tierras fueron decreciendo en importancia y asiduidad, hasta la disolución en 1980 del Consejo Agrario por decisión del entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. A partir de esa fecha, fueron las provincias quienes pasaron a ser depositarias de la facultad para distribuir tierras fiscales, lo que –en la mayoría de los casos– terminó favoreciendo a las élites político-económicas provinciales y no a las familias criollas pobres.

Simultáneamente, desde los años ’70, comenzó a expandirse el cultivo de soja en la región pampeana, aunque –como ya mencionamos en otro capítulo– recién en los 90 y de la mano de los pooles de siembra creció exponencialmente, hasta constituir el boom actual. Consecuentemente, crecieron como actores agrarios de peso el arriendo, los subcontratos y la multiplicación de grupos de siembra de diversos tamaños y escalas. Pero un nuevo rasgo surgía en cuanto a la propiedad de la tierra: dejó de ser un factor excluyente para la expansión de la agricultura sojera. La rentabilidad, como lo prueba el crecimiento del arriendo, podía surgir de otras formas de utilización.

De alguna manera se “despersonalizó” gran parte de la actividad, como sucedió desde los 90 en tantas y tan variadas actividades. Los números fríos y concretos pasaron a dominar el paisaje. Para los sectores involucrados en la agricultura empresarial de exportación es decisivo el acceso al capital y a los paquetes tecnológicos, en tanto los otros factores productivos como la tierra y el trabajo, se alquilan. En cambio, para los pueblos originarios y para los productores rurales que permanecieron fieles al campo, la tierra es

170

su razón de ser como cultura y como posibilidad de supervivencia colectiva.

Por ahora, si tomamos en cuenta el territorio como un espacio a ocupar, incluso desde una lectura militarista, los pobres vienen perdiendo por goleada. Los programas estatales existentes tienden a la titulación de tierras ya ocupadas por décadas, a regularizaciones de dominio con fallas de inscripción, o a la defensa puntual ante presiones de los productores sojeros o de terratenientes o empresas que pretenden anexar espacios en decadencia, aprovechándose de la debilidad patrimonial de sus propietarios u ocupantes. Pero no existe un Consejo Agrario Nacional similar al del gobierno peronista de los 70, que se ocupe de la redistribución o adjudicación de tierras con un sentido de equilibrio productivo y demográfico.

No se trata de una simple cuestión de justicia, equidad o reparación histórica. En el centro del problema de nuestra inequitativa estructura de propiedad de la tierra, se encuentra el destino y los modos de producción de cada segmento de la producción agropecuaria. Una política activa, de la que todavía carecemos pero que parece incipiente, puede constituirse en la herramienta para garantizar la provisión de alimentos sanos, baratos y variados a nuestra población. Hoy las tierras de propiedad estatal son apenas el 2 % de la tierra disponible, pero un 40 % del territorio nacional sería cultivable mediante técnicas similares a las utilizadas en áreas semidesérticas o incluso desérticas en otros países. La experiencia israelí de los kibutz es una demostración, sin entrar a analizar la forma en que esos territorios fueron anexados.

Así como los gobiernos oligárquicos impulsaron políticas públicas que construyeron el protagonismo concentrador de la agro-exportación, hoy el Estado nacional puede –del mismo modo– construir espacios destinados a la Soberanía Alimentaria, aplicando mecanismos que incrementen las tierras cultivables y alcancen un reparto justo de las mismas, focalizado en los sectores agrarios históricamente subordinados y despreciados porque su producción se vuelca “solamente” hacia el mercado interno y regional.

Latifundios y pools de siembra conviven hoy en la Argentina. El control de los campos ya no es sólo mediante propiedad directa y arrendamiento, esa actividad restringida en pocas manos hoy incluye a fideicomisos privados

171

agrícola-ganaderos. Ambos sistemas constituyen el rasgo característico de la actual actividad agrícola. La tierra es hoy el basamento de las mayores ganancias del país.

La renta de la tierra en Argentina alcanzó un incremento superlativo en los últimos años. La continuidad de la superestructura económica y cultural permitió a una clase minoritaria continuar apropiándose del principal excedente del trabajo social y la renta estratégica de la Argentina. Esa renta no es la petrolera, como en Venezuela, ni la cuprífera como en Chile o la aurífera en Perú y la gasífera y minera de Bolivia, sino la renta agraria.

Dado el prevaleciente carácter primario de la economía nacional, la antigua disputa entre agro e industria seguirá vigente. Todavía por algunos años y de acuerdo con el grado de modernización y diversificación que caracterice al aparato productivo, la aptitud de cualquier proyecto de industrialización deberá apoyarse en transferencias de esta renta hacia el sector industrial. Un cambio se advierte: hoy esa inversión pública está orientada fundamentalmente hacia pequeñas y medianas empresas, a la diversificación del tejido industrial y a la constante mejora e inclusión de los asalariados. Queda aún pendiente el incremento exponencial del valor cuantitativo agregado, en procura de “desojizar” paulatinamente a la Argentina. Lo cual no quiere decir bajar los niveles de producción actual, sino equiparar hacia arriba a los restantes. Mucho tendrá que ver en esto el grado de tecnificación que se alcance en agregar valor a otros alimentos, de mayor consumo local, y en la inclusión progresiva de numerosos segmentos sociales –especialmente el campesinado residual– en la nueva renta a generar.

No obstante el antagonismo histórico entre dos modelos de acumulación en la Argentina, ambos se sustentan en igual recurso: la renta agraria. Pero el modelo agroexportador basado en la explotación de las ventajas comparativas primarias del país, precisa esa renta para subsistir como espacio concentrado: cualquier mengua en su capacidad de acaparar renta irá en desmedro de esa posición dominante. En cambio, el modelo industrialista necesita de la progresiva inclusión social y una distribución más justa de los ingresos para lograr afianzarse. No es casual que las industrias estén dispuestas a conversar, aunque a contrapelo y gruñendo, la participación de sus obreros en las ganancias. En el otro extremo del arco económico, las concentradas del agro persisten en formas de trabajo

172

golondrina, informal, en algunos casos con visos de semiesclavismo. Y con formas directas, por mano propia, de represión cuando advierten conatos de rebeldía.

Las dimensiones de esa renta son directamente proporcionales a los niveles de irritación patronal. Todavía falta completar datos de la última temporada, pero ya para la campaña 2007/08 y luego para un 70 % de la campaña 2008/09, la soja había aportado un 58 % del valor de la producción nacional. Las exportaciones de aceite y porotos de soja a granel, más pellets, alcanzaron 13.800 millones de dólares sólo mensurando 79 % del valor de las exportaciones totales de la campaña 2008/09. Un 3 % de los productores fueron responsables por el 30 % de la cosecha, demostrando el pavoroso nivel de concentración de esta producción. Producto de la sojización progresiva del área sembrada total, la renta estratégica hoy es la sojera. De la misma manera que el café hizo a la industrialización del Brasil a partir de 1930, o el fortalecimiento del gobierno peronista entre el 1945-1952 gracias al trigo y al maíz, la producción de soja debería estar sujeta al éxito de un nuevo modelo de acumulación en la Argentina, generando e implantando las condiciones objetivas para un desarrollo industrial soberano y equitativo.

Es que, a diferencia de las rentas mineras, gasíferas o petroleras ya mencionadas, la agraria argentina es la única que cumple con la doble condición que toda estrategia requiere para abatir las verdaderas causas del subdesarrollo en un país periférico. En primer lugar, su enorme capacidad para generar capital, en comparación con otros sectores primarios. Según datos del Instituto de Estudios Económicos de la propia Sociedad Rural Argentina, durante la campaña 2007/08 la producción de cereales y oleaginosas alcanzó un valor de 70.845 millones de pesos. La segunda condición es que justamente constituye la fuente de poder del frente oligárquico-burgués del país, freno histórico ante cualquier intento transformador. Su supervivencia, como dijimos, se apoya justamente en la apropiación de la renta agraria, que además conlleva a la eliminación progresiva de los agricultores familiares y de los pequeños y medianos productores, la intensificación del latifundismo o la concentración de la tierra bajo formas contractuales, la alta productividad del sector mediante mecanización y agroquímicos y la explotación del trabajador rural.

173

Habría que agregar un tercer elemento, consecuencia de la mal llamada federalización de los recursos heredada de la reforma constitucional impulsada por el menemismo: la única que aún no ha sido provincializada en términos jurídicos es la renta agraria. Por tanto su apropiación por el gobierno federal implicaría menos obstáculos que los que generaría la nacionalización de minas e hidrocarburos.

El ingreso de los pools al campo argentino a partir de 1990, y su vigorización a partir de los precios internacionales desde el 2003, originó transformaciones en el sector primario, especialmente en cuanto a las nuevas características concentradoras que encarnaron. No sólo se trata de la propiedad de los campos en menos manos, sino de aumentar el número de explotaciones organizadas bajo un mismo comando. Los pequeños y medianos chacareros se vieron sujetos a elegir entre seguir produciendo por su cuenta en un mercado amenazante, o rentar sus tierras a los pools de siembra. Los altos arrendamientos que pagan los pools y las ventajas que poseen en cuanto a la escala, técnicas productivas y andamiaje comercial, terminan por ocultar el empobrecimiento de las tierras, así como la desaparición de alternativas productivas y su alto impacto en la economía nacional. Las leyes antitrust del mundo desarrollado, como señalamos en otra parte de este libro, no se basan exclusivamente en posiciones empresariales predominantes, sino también –y muy especialmente– en los perjuicios que acarrean para el consumidor. El precio de la carne, los problemas de la industria láctea y la baja en la producción de otras oleaginosas para consumo humano o animal, están íntimamente relacionadas al desmedido aumento de la superficie destinada a plantar soja.

El predominio de la propiedad latifundista y el crecimiento de los pools de siembra constituyen entonces dos modalidades distintas que conducen a un mismo objetivo: la concentración de la renta agraria. Aunque los pools no sean propietarios de la tierra y no actúen como agentes inmediatos de su concentración en términos de propiedad, se instalan y actúan como un verdadero agente de concentración a través del uso y del control productivo. El surgimiento de los fondos financieros en el sector agrario determinó que el proceso de concentración, lejos de detenerse, avanzara a través de su capacidad para asumir nuevas formas.

174

Pero volvamos al tema de este capítulo: esta expansión no hubiera sido posible bajo una ley nacional de tierras, basada en un ordenamiento territorial que –entre otros aspectos– defendiera los derechos de propiedad para pequeños y medianos productores. Los datos oficiales del Censo Nacional Agropecuario del 2002 fueron contundentes sobre la propiedad de la tierra, datos que –a partir de algunos indicios– han sido revalidados por el Censo 2010. El número de explotaciones agropecuarias cayó un 21 % entre 1988 y 2002, pasando de 421 mil a 333 mil. La tendencia más acuciante se verificó en la Región Pampeana, donde la baja fue del 29 % para el mismo período.

Contraponiéndose al achicamiento en la cantidad de explotaciones, el tamaño de las mismas se incrementó: en promedio crecieron de 469 hectáreas en 1988 a 588 en 2002. Justamente el mayor crecimiento se observó en la Región Pampeana, donde la escala descendente en la cantidad de actores fue acompañada por el incremento en un 35 % de la superficie por unidad. Pero además, esta cantidad de explotaciones agropecuarias no está relacionada con la propiedad de la tierra, sino con las unidades productivas que se encuentran en funcionamiento. Por tanto, los datos subestiman el nivel de concentración. En gran medida, poseen más de una unidad productiva en distintas zonas geográficas los mismos propietarios, buscando diversificar el riesgo climático.

El seguimiento evolutivo de este proceso no es nada fácil, porque la información es fragmentaria, incompleta y no está sistematizada. Pero trabajando con datos secundarios, se puede afirmar que la tendencia concentradora se mantiene, aunque haya mutado. Los tradicionales grandes propietarios de la tierra siguen presentes. Un relevamiento realizado por Azcuy Ameghino (“Propiedad y renta de la tierra en Argentina a comienzos del siglo XXI”) señala que Cresud mantiene en propiedad 395.429 hectáreas, Amalia Lacroze de Fortabat tiene aún 140.000, en su mayoría en la provincia de Buenos Aires, y el grupo Werthein es propietario de 100.000 hectáreas en ese mismo distrito. Paralelamente los pools de siembra, nuevos agentes del sector agrario, se conformaron a través de la concurrencia de inversores y dividen las ganancias al término de la cosecha. Según el INTA, los pools se caracterizan por un organizador que propone planes de siembra, que son ofrecidos a potenciales inversores, y por arrendar a terceros la tierra en la que se siembra. En 1999, recesión

175

mediante, los pools de siembra se retiraron casi totalmente del negocio nueve años después que comenzaran a desarrollarse. Pero retornaron con fuerza a partir de 2003, beneficiados por los alentadores precios internacionales y por el tipo de cambio alto que se había impuesto en el país, lo que les garantizaba alta rentabilidad.

La Argentina siempre da la nota, rompiendo cánones, volviéndose inexplicable para extraños e incluso para muchos propios. Paradójica situación ésta, que determina la coexistencia de un gobierno que actúa en muchos aspectos para enfrentar la concentración del poder económico, mientras las condiciones macroeconómicas mundiales y las propias medidas cambiarias para proteger el mercado interno favorecen el surgimiento de una renta agraria que tiende al desbalance de la equidad interna.

Argentina es el segundo Estado más extenso de América Latina, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo, considerando solamente la superficie continental sujeta a su soberanía efectiva. Si se consideran las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora –hoy administradas por el Reino Unido y desde siempre reivindicadas por nuestro país– más el área antártica reclamada al sur del paralelo 60° S (que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), la superficie total se eleva a 3.761.274 km², convirtiéndonos en el séptimo país más grande y a la vez con una de las densidades poblacionales más reducidas del mundo. Argentina tiene 14 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras en Holanda por ejemplo, coexisten más de 400 personas en esa misma extensión.

El problema de la tierra, su propiedad y uso, es uno de los más profundos, amplios y complejos de nuestra historia nacional y regional, política y económica. Un reclamo que recorre transversalmente al país, con apenas 40 millones de seres para poblar y hacer producir un territorio de 2.780.400 km². Ese reclamo de tan pocos por un bien tan extenso, es el mismo en todos los lugares donde se manifiesta: tierra para vivir, trabajar y comer. En Formosa, antes en Jujuy y en el Chaco, en Santiago del Estero, pero también en el Gran Buenos Aires, este problema –lejos de solucionarse– se profundizó. Los datos del último Censo Nacional de Población así lo demuestran, dando sustento a las estadísticas elaboradas con anterioridad por la Federación Agraria Argentina, y referidas solamente al área central del país.

176

Las consecuencias son las de siempre, que no por conocidas está de más reiterar: despoblamiento rural, empobrecimiento, expulsión, hambre en algunas comunidades aborígenes, y el consecuente aumento de villas miseria en la periferia de las grandes ciudades. La estabilidad observada en el resto del país no alcanza aún a estos compatriotas. Basta con observar los contingentes de trabajadores golondrina que una y otra vez son denunciados y castigados, a la espera de que una nueva ley del peón rural imponga condiciones que humanicen ese espacio laboral. Volveremos sobre este tema, pero en este capítulo basta con señalar que esas manifestaciones puntuales son apenas la evidencia de un mal mayor, apenas visible, pero que cada vez provoca con más fuerza el despoblamiento rural.

Las dos vertientes más conocidas de este “vaciamiento” han sido la concentración latifundista y la extranjerización de la propiedad de la tierra. Ahora se suma una faceta más moderna, la imposición del monocultivo sojero bajo formas novedosas de dependencia: el tipo de semilla, de agroquímicos, la dependencia en la mecanización itinerante para sembrar y cosechar, la obligación de vender al proveedor, la enajenación de los canales de ensilado, transporte y embarque de granos, o los mecanismos financieros que subyugan cualquier conato de rebeldía.

Sólo faltaba, para retornar a las viejas épocas añoradas por los apasionados de siempre con la Generación del 80, la utilización de un viejo recurso que parecía olvidado: el asesinato a sangre fría como herramienta para acrecentar y consolidar el poder de los latifundistas. Los grandes medios nada dijeron de los crímenes contra la comunidad Qom en Formosa hasta varios días después de cometidos, y sólo como mención pasajera. Tuvieron que tomar por asalto la Avenida 9 de Julio y posicionarse varios días, para que el gobierno nacional y la “oposición republicana” tomaran nota. Hasta ese momento, la causa de los balazos, de los caídos y de la represión, el problema original en definitiva, había sido la falta de respeto de los Qom por la ley, nunca el de la lucha por la propiedad de la tierra. Sin embargo, por ley y por historia, la comunidad Qom ocupa y es dueña desde hace décadas de tierras que legítimamente les pertenecen.

Un caso similar se verificó en Entre Ríos. En Santa Elena, la firma Tres Arroyos comenzó a pagar señas de 180 pesos por hectáreas –que según los chacareros valen 25.000– para su uso, sin completar después el pago. Ante

177

esta argucia, la protesta de los campesinos fue llevada ante la justicia, para que el juez de La Paz Horacio Soldano terminara dándole la razón a la empresa. Los colonos defienden propiedades que trabajan desde hace años, e intentan preservar un espacio productivo que se vio seriamente afectado a partir de la privatización del frigorífico y su entorno a manos del empresario Constantini, dueño de Tres Arroyos.

El periodista entrerriano Tirso Fiorotto, tras analizar los datos que arrojó el Censo Nacional 2010, señala que Entre Ríos continúa siendo una provincia que expulsa a sus habitantes “a razón de 50 personas por día hábil”. El departamento La Paz, donde se encuentra la estancia El Quebracho y los terrenos en disputa de Santa Elena –según este investigador– es uno de “los de peor desempeño poblacional del país, con una estructura expulsora que asombra: sólo se ha verificado allí un 1% de crecimiento demográfico en toda una década”.

Desde inicios de los ‘90 se esfumaron más de 160 mil pequeños productores rurales en la Argentina, mientras aumentaba la utilización de éstas y otras tierras para el cultivo de soja. Este verdadero desembarco produjo que otras actividades, como la tambera y la cría para carne, quedaran relegadas. Resultaba más productivo sembrar soja que criar ganado. El “campo” seguía imponiendo su código latifundista de siempre. George Soros y Luciano Benetton fueron extranjeros precursores en la compra y acumulación de cientos de miles de hectáreas.

Una ley que frene la compra de tierras por parte de capitales foráneos es sumamente saludable. Pero este problema está lejos de alcanzar una solución definitiva. Perviven muchos males del pasado, heridas sin cicatrizar. Así lo demuestran algunas manifestaciones que, no por esporádicas, dejan de evidenciar la permanencia de injusticias, como la represión en Formosa, en Pampa del Indio (Chaco), en Jujuy y en Santiago del Estero, más el intento de desalojo de los colonos en Entre Ríos.

Mientras la soja siga avanzando en tierras de los latifundistas y se siga expulsando a los pequeños productores del campo, a los chacareros, a los campesinos hijos de campesinos y nietos de campesinos, mientras las villas miseria de las ciudades sigan creciendo hasta el día en que los barrios privados no tengan manera de aislarse de esta realidad, mientras el acceso a una vivienda digna en Argentina siga siendo privilegio y no ley, con

178

créditos que exigen garantías y sueldos mínimos inalcanzables para una mayoría de nuestros compatriotas, el problema de la tierra seguirá provocando enfrentamientos.

La tierra y la vivienda constituyen un derecho garantizado por la Constitución Nacional, así como por numerosos tratados internacionales rubricados por la Argentina. Pero continúan siendo un sueño inalcanzable para muchos compatriotas. Nuestro país ha tenido desde el año 2003 uno de los períodos de mayor crecimiento sostenido del PBI. El gobierno nacional el año pasado manejó $ 64 mil millones por decretos de necesidad y pagó un monto similar por deuda externa heredada. Los avances en cuanto a construcción de viviendas y las respuestas puntuales a los reclamos de los Qom, los inmigrantes latinoamericanos residentes en el país o los pequeños propietarios rurales, están ameritando un tratamiento similar al de estas decisiones de gobierno.

El problema de la posesión de la tierra en estas latitudes –a diferencia de lo que ocurrió en otros países de grandes y fértiles extensiones– cuando se produjo la retirada del imperio español durante el siglo XIX no implicó que también se expulsara una forma de pensar acerca de la tierra y lo que produce. Ese modelo colonizado fue el mismo que intentó hacer perdurar las grandes plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos, pero en esas latitudes fue derrotado. En nuestra América, el modo de apropiación de los recursos y la tierra siguió guiándose por formas coloniales de apropiación de sus riquezas. El mismo camino siguieron los modos de generar conocimientos y el modelo de redistribución de sus frutos. La colonización dejó una elite que pensaba de la misma manera que el imperio, que mantuvo los mismos conceptos sobre los recursos y el conocimiento. Una mentalidad que perdura hasta hoy, y que muchas veces es tan omnipresente que tiñe el juicio y la claridad de visión incluso de quienes se saben irreductiblemente militantes de la vereda de enfrente de esa elite.

En la Argentina de hoy, con un atraso relativo de casi un siglo respecto de países que fueron colonias, que cuentan con grandes territorios fértiles y los han sabido democratizar, recién comienza –como alguna vez definió Arturo Jauretche– la guerra de las camisetas. Así llamaba este gran pensador nacional a la Guerra de Secesión norteamericana, argumentando que ese conflicto se produjo entre latifundistas sureños que sólo querían exportar

179

algodón barato con mano de obra esclavista y sin valor agregado, mientras que los norteños querían liberar a los esclavos y ponerlos a fabricar camisetas con el algodón del sur, y además pagándoles salarios para que las compraran. Jauretche agregaba que aquí, en nuestro país, esa guerra la había ganado el sur terrateniente.

Esta es nuestra historia. Hasta este punto ha llegado, aunque parezca descabellado, un modelo concentrador y extranjerizante como pocos en el mundo. El debate que se inicia en nuestros días deberá partir de esas raíces casi petrificadas, hundidas en el tiempo, para repensar una democratización de la tierra, su utilización agroecológica junto al respeto por la diversidad biológica y cultural, su propiedad y uso como fundamento para alcanzar nuestra soberanía alimentaria. Es una larga tarea de construcción, que implicará el nacimiento de nuevos mundos agrarios y rurales que deberán impulsar el surgimiento de formas de organización no coloniales. Un espacio que represente la tenaz resistencia a los mandatos neocoloniales de los “agronegocios”.

La Argentina es uno de los países donde mejor funcionó la mentalidad colonialista del poder. El exterminio de las poblaciones indígenas después de la independencia, demuestra las nulas diferencias en la forma de pensar la apropiación de la tierra entre el antiguo imperio y quienes formaron la nación agroexportadora a fines del siglo XIX. Esa generación supuestamente modernizadora, fundadora de escuelas y promotora de las artes y la arquitectura, en realidad continuaba funcionando políticamente con las mismas premisas del colonialismo. Fronteras adentro, por las formas autoritarias y de grandes fundos que utilizó –y utiliza– para apropiarse de la tierra. Hacia afuera, asumiéndose como virreinato de un poder foráneo, o sea una elite de poder que se delegó –y se delega– desde el centro hacia la periferia.

La estructura social agraria surgida de las grandes propiedades ganaderas se completó con el asentamiento de colonos europeos para la producción agraria complementaria. Las comunidades aborígenes fuera de la región pampeana fueron utilizadas como mano de obra barata en las agroindustrias. Explicando de alguna manera nuestro acercamiento cultural a Europa a la par que nos distanciábamos de nuestro propio continente, en la Argentina los valores neocoloniales –ingleses primero y del mundo

180

globalizado después– fueron incorporados a niveles muy superiores a los del resto de América latina.

Paralelamente a las grandes extensiones, el mestizaje, las herencias cruzadas, el parcelado de latifundios en manos de familias incapaces de administrarlos, el surgimiento de nuevas producciones regionales y cientos de causas menores más, fueron conformando un universo de medianos y pequeños propietarios, muchos de estos últimos sin papeles de propiedad o trámites de ocupación. Junto a ellos, las comunidades indígenas puras o mestizadas, así como los pequeños predios de subsistencia de los obreros rurales (que no se deben confundir con el minifundio, por más pequeño que sea) se fueron constituyendo como comunidades o grupos que en algún momento entraban en colisión con el modelo imperante, que no sólo no los incluía, sino que los trataba –y los trata– como retaguardia de reserva.

Durante la primera parte del siglo XX, cientos de pequeñas y grandes historias, algunas de las cuales relatamos en el capítulo correspondiente al Grito de Alcorta, dan cuenta de la resistencia de esos sectores frente al modelo de las elites nativas. A mediados del siglo pasado, el gobierno del General Perón impulsó mejoras en las legislaciones de arrendamiento y de contratos de trabajo, como el Estatuto del Peón, logrando un equilibrio institucional que por corto tiempo permitió la coexistencia razonable de la gran propiedad terrateniente con la pequeña producción chacarera y el campesinado criollo. Sin embargo, la estructura profunda de la tenencia de la tierra y la reforma de los modos de producción rurales recién comenzaba a debatirse cuando se produjo el golpe de 1955.

Una nueva etapa se abría en el país. Ninguna de las cortas administraciones democráticas, urgidas por problemas que parecían más acuciantes, tuvo tiempo material y político para ocuparse de una cuestión que en realidad era central. Como ya vimos, los fundamentos del poder tienen una clara conexión con la propiedad de los medios de producción, o de los recursos naturales. En nuestro caso, de los dos.

Los retrocesos parciales, gracias una puja que de alguna manera colocaba a los contendores en cierto equilibrio de fuerzas, unos por concentración del poder del Estado, otros por establecer formas de resistencia activa a partir de reivindicaciones alcanzadas en los años 50, se transformaron en cambios rotundos hacia finales del siglo. Lo que dio en llamarse la gran

181

transformación conservadora comenzó a mediados de los setenta, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington bajo el autodenominado modelo neoliberal, que repercutió sobre la economía en general y sobre la agrícola en particular. Ya mencionamos algunas etapas, respecto de estatutos laborales y desguaces de aparatos de control, entre otras, pero a los efectos del tema que aquí tratamos importa más que nada el efecto que tuvo la desregulación económica iniciada en los años 80 y concretada en los 90.

Primero, se rompió una trama institucional que –a pesar de resultar imperfecta– permitía cierta coexistencia entre las grandes y las pequeñas unidades de producción. Sobre ese desequilibrio, a partir de 1996 –con la autorización para sembrar con semillas transgénicas de soja– se produjo la gran expansión de esta oleaginosa, acompañada de un nuevo proceso de concentración de la tierra y del capital en la agricultura argentina.

El desembarco de las teorías de mercado abierto produjeron aquí y en muchos otros países de América latina un inusitado entusiasmo por la liberalización de la economía agraria, al considerar que permitiría un desarrollo productivo importante, como en realidad sucedió en una primera etapa. Este modelo implicaba la finalización de “políticas de corte populista”, como la protección a la pequeña propiedad, a la que se tildaba de improductiva por estar ligada a “modos de producción obsoletos” y a una sostenida incapacidad de autofinanciarse. Esta concepción economicista consideraba al mercado como el mecanismo más adecuado para asignar recursos, a la vez que permitía bajar los costos de producción y obtener alimentos más baratos. La producción se incrementó, los costos por unidad producida bajaron, pero los alimentos aumentaron de precio, muchos (demasiados) pequeños y medianos productores fueron expulsados del campo, perdiendo su capacidad de subsistencia y migrando a las ciudades. Paralelamente, fue expulsada del mercado laboral “la mano de obra excedente” por el ingreso de nuevas tecnologías y la concentración o extranjerización productiva, así como por el ingreso incontrolado de importaciones. El trabajo se precarizó, la desocupación aumentó y el trabajador rural no escapó a esa onda expansiva.

En esa década e inicios del siglo XXI se terminó de consolidar la configuración socioeconómica de la Argentina actual, en especial en el sector agropecuario, pero también en todas las actividades asociadas al

182

mismo como la agroindustria, el comercio interno, la logística y sobre todo la exportación en grandes y cada vez más crecientes volúmenes.

El Censo Nacional Agropecuario del 2002 mostró claramente esta tendencia. Las primeras en recibir el impacto del nuevo modelo productivo fueron las pequeñas propiedades familiares con algún grado de capitalización, cuyos exponentes abarcan propiedades de hasta 200 hectáreas. Ese segmento perdió sus tierras a través del mismo mecanismo que llevó a perder soberanía a nuestro país, vía endeudamiento. Una situación aparentemente favorable al otorgamiento del crédito bancario hacia el sector agropecuario, liberó recursos para los pequeños productores. En la primera etapa de ese proceso, se apoyó en la estabilidad relativa de precios alcanzada mediante la aplicación del Plan de Convertibilidad –un peso igual a un dólar– que incrementó el crédito agropecuario aumentando significativamente el endeudamiento de ese segmento. El aliento estatal en apoyo a mecanismos de modernización también indujo a muchos productores a comprar tractores o renovar maquinaria agrícola mediante créditos. El endeudamiento financiero de ese espacio productivo aumentó significativamente, pasando de $1.883 millones de pesos en 1990, a $7.145 millones –siempre equivalentes a la misma cantidad de dólares– para el año 1994. Agregando impuestos, cargas previsionales y gastos de comercialización, esa deuda global alcanzaba en 1996 un monto de 10 mil millones de pesos. Esto implicó que casi 13 millones de hectáreas estaban hipotecadas por los bancos. Cuando se produjo el desastre económico, obviamente la mayoría de los pequeños y medianos productores no estaba en condiciones de honrar esos préstamos.

A pesar de que en 1990 los plazos de endeudamiento comenzaron a extenderse de 1.5 a 3 años promedio, las tasas de interés reales y los costos financieros afines superaron en promedio el 20% anual en términos reales, con un tope de 24% para el año 1991, y 20% para los siguientes. Estas tasas de interés eran marcadamente superiores a las disponibles a nivel internacional, a pesar de estar en dólares, y además no tomaban en cuenta una serie de costos incluidos, como comisiones y gastos de mantenimiento junto con garantías muy rigurosas para el otorgamiento del crédito exigidas por los bancos. Tampoco esos gastos de endeudamiento incluían los leoninos intereses punitorios, que tendieron a incrementarse hasta volverse confiscatorios. Por otro lado, las tasas de interés nominales fueron muy

183

superiores para las medianos y pequeños empresas, si se las compara con las aplicadas a las grandes, poseedoras de mayores garantías.

O sea que la estabilidad de precios lograda a partir 1990 no fue acompañada por una correspondiente caída de las tasas nominales de interés. Por el contrario, las tasas reales aumentaron e hicieron sumamente rentable el negocio financiero, transfiriendo recursos de los sectores primario y secundario hacia el aparato financiero, con innumerables perjuicios para los tomadores de crédito. La rentabilidad del segmento de medianos y pequeños productores no creció a la par de su endeudamiento. Por el contrario, se vieron impactados por deudas difíciles de cubrir debido a la situación macroeconómica, a lo que se agregaba el endeudamiento impositivo y previsional, desembocando en un cuadro de crisis que comenzó a poblar las páginas de los diarios destinadas a anuncios de remates rurales.

Este fenómeno comenzó muy temprano. Ya en 1996 se podían observar anuncios de remates de tierra en los diarios. De manera íntimamente relacionada, surgió un original movimiento de deudoras, que intentó frenar esos remates mediante oraciones. El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha logró parar más de 500 remates, pero aún con estos significativos logros, otros miles de familias perdieron sus tierras. Todas esas parcelas, de un modo u otro, pasaron a engrosar la expansión sojera que trabaja a gran escala en la zona más rica del país.

El negocio resultaba cada vez más rentable, la demanda internacional crecía, no hacía falta preocuparse más que por cosechar y embarcar. Pero a pesar de que el precio internacional de la soja aumentaba, rindiendo cada vez más por unidad productiva, los inversores sojeros no se conformaron con la Pampa Húmeda. Mediante estudios agronómicos y financieros de la zona norte del país, comenzaron una búsqueda sistemática de tierras en esa región, y a través de los precios más convenientes de la soja, comenzaron a incluir áreas productoras de alimentos que pasaron del arroz, la caña de azúcar y los cereales a dedicarse a la soja. Los datos son elocuentes, según el censo agropecuario la producción de soja pasó de 1988 al 2002 de 7.176.250 a 12.606.845 hectáreas mientras que, con excepción del trigo que acompaña la rotación de la soja, todos los granos habían disminuido su superficie, aspecto que se ha revertido parcialmente en los últimos tiempos. En tanto, la superficie de los cultivos industriales ubicados básicamente en

184

la región norte del país, comenzó a reducirse de manera preocupante en las áreas de grandes extensiones, no así todavía en aquellas subdivididas en minifundios o incompatibles con la soja.

La siguiente oleada de grandes empresas y fondos de inversión en la búsqueda de superficies cultivables, apuntó a las yungas o montes nativos y hacia los amplios territorios ocupados por campesinos y comunidades indígenas sin títulos de propiedad. A inicios del siglo XX, los bosques nativos ocupaban el 40 % de la superficie total del país. En el año 2010 sólo representan el 14% del territorio nacional. Este proceso se incrementó a partir de 1999, con el desmonte o la tala indiscriminada que sumó más de 800 mil hectáreas, básicamente destinadas a la producción sojera. En los últimos años, se calcula que el boom sojero impulsado por el incremento de la demanda y el salto de los precios internacionales, ha producido el desmonte de 250 mil hectáreas de bosques nativos por año en el mundo. Los ecosistemas de estas regiones deforestadas han comenzado a afectar la capacidad que poseen los bosques en materia de captación y regulación climática.

El avance no se detiene. A pesar del debate abierto a nivel nacional, todos los días se produce un pequeño avance de “la mancha sojera”, cuyos manejos sólo se hacen visibles cuando se recurre al arrinconamiento de la producción familiar o la ocupación de tierras indígenas ancestrales, que despiertan lógicas resistencias. Si se toma en cuenta el desempeño global en los últimos veinte años, casi se podría decir que estas manifestaciones constituyen la verdadera y última frontera de contención para ese avance indiscriminado. Pero esto no es percibido aún en su integralidad por los actores políticos preocupados por este avance. Las razones son variadas, aunque una resalta especialmente por su relación directa con las políticas estatales y legislativas. Es la que surge de la impronta de atender este fenómeno como exclusión social, y no como exclusión socioeconómica.

Los efectos perniciosos de la apertura indiscriminada de nuestro mercado, incluyendo la venta de tierras, habían heredado un panorama verdaderamente preocupante. Pero la crisis desatada por la desregulación económica complicó aún más la integración de la pequeña producción a las actividades agroindustriales, ya que se depreciaron a valor dólar esas propiedades y el capital de origen nacional se vio en inferioridad de condiciones respecto del transnacional. Estos factores no fueron tomados

185

en cuenta desde una visión estructural, y las políticas públicas para esos segmentos rurales medios, pequeños o desintegrados, generalmente se abordaron como “políticas sociales de contención”, incluyendo para algunas de esas expresiones componentes productivos de escasos resultados reales en cuanto a ocupación del mercado, o siquiera desempeño productivo viable en el largo plazo, a pesar de las grandes articulaciones administrativas y técnicas aplicadas.

La concepción política de un “contraataque por la ocupación territorial” todavía está pendiente, y es materia de análisis de la última parte de este libro. Mientras tanto, cabe aceptar y saludar que muchos productores, al optar por las estrategias sociales que propuso el Estado, pudieron mantener sus tierras. Pero la situación se presenta con marcadas diferencias en las regiones donde la tierra se puede asociar a la expansión sojera.

Santiago del Estero, una de las provincias más rurales del país, se ha convertido en un evidente objetivo para los inversores. Allí es donde se están verificando las mayores afectaciones a las yungas, y donde se está operando con una nueva metodología que consiste en evacuar poblaciones que ocupan tierra bajo la forma de propiedad veinteñal. La ocupación por 20 años con mejoras sobre el suelo está reconocida por el Código Civil desde comienzos de siglo XX. El problema es que en muchos casos no existen registros de reclamos por parte de sus eventuales propietarios, lo cual permite considerarlos, para ciertos entresijos de la justicia argentina, como carentes de derechos sobre esas tierras. Ya mencionamos que los santiagueños se están organizando para defender este derecho desde comienzos de la democracia. En 1990 crearon el Movimiento Campesino Santiagueño (MOCASE). Similares organizaciones han surgido en Jujuy y Formosa. Otra provincia que está en la mira de los inversores es Salta, por la extensión de sus yungas y por las amplias superficies ocupadas ancestralmente por poblaciones indígenas, siempre bajo peligro de litigio.

Se observan otras organizaciones articuladas en el Consejo Asesor Indígena (CAI) del sur del país, así como agrupaciones independientes o autónomas de creciente visibilidad, como la Organización Tinkunaku que en el año 2007 logró recuperar 60 mil hectáreas de tierras ancestrales. Es un dato llamativo el crecimiento en todo el país de organizaciones que resisten las ocupaciones latifundistas de tierras, así como el logro de haberse congregado a partir del año 2008 bajo la Coordinadora Nacional

186

Campesina, que integran el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, la Federación de Campesinos y un gran conjunto de organizaciones independientes. Similares espacios de coordinación se observan en diversas provincias, entre los que destaca por sus características sumamente particulares –aunque no todavía por sus dimensiones– el movimiento federado de pequeños productores cooperativizados de Misiones, que analizaremos en forma separada.

La concentración de la tierra argentina en pocas manos puede seguirse a través de los datos recogidos en sus diversas etapas de desarrollo. Después del inmenso aporte de vastas superficies que implicó el avance sobre los territorios indígenas y su apropiación a fines del siglo XIX, durante el siglo XX ese proceso se desarrolló en forma continua y se exacerbó a partir de la irrupción de la última dictadura. El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 1947 señalaba que en las 173.448.104 hectáreas registradas, se asentaban 471.389 explotaciones con un promedio de superficie por unidad de producción de 367,9 hectáreas. En el último Censo del año 2002, en las 174.808.564 hectáreas censadas se asentaban sólo 333.533 explotaciones, con un promedio en 524,1 hectáreas por unidad. Si se toma en cuenta que este cociente no define claramente la preeminencia de latifundios, ya que diluye en el promedio esa posibilidad de identificación cuando existe un mismo propietario para varias posesiones, resulta más preciso un cálculo que compare esa superficie promedio con la observada en Europa, donde una explotación media ronda las 40 hectáreas, o la de Estados Unidos si se quiere incorporar una realidad geográfica más afín, donde no supera las 200 hectáreas.

También se pueden utilizar otros parámetros para revelar ese continuo proceso de concentración de la tierra en pocas manos. Comparando los censos de 1998 y del 2002, se observa una clara disminución de las explotaciones en casi todos los estratos de superficies de hasta 500 hectáreas, junto al aumento en la franja registrada para más de 20.000 hectáreas, concentrada en sólo doce empresas que sumaron casi un millón de hectáreas a ese estrato, donde precisamente aparecen los pooles de siembra que operan con grandes financieras transnacionales.

Estas realidades desnudan que el problema argentino es uno de los más dramáticos en cuanto a la posibilidad de democratizar la tierra. Desde que se conformó el territorio nacional, una de las praderas más fértiles y

187

extensas del planeta permanece en pocas manos, tanto en lo que se refiere a la propiedad como al control de la producción, de la elaboración industrial y de la comercialización.

En 1973, al calor de las transformaciones y las movilizaciones populares en todo el mundo, la cuestión de la propiedad de la tierra logró instalarse durante un período sumamente pasajero, con la creación de impuestos a las tierras improductivas como bandera. Nunca se llegó a discutir la instrumentación de una reforma agraria, a pesar de que esta política pública comenzaba a aparecer tibiamente en la agenda de algunos organismos internacionales. Muchos de los frustrados intentos que se dieron en América latina se vieron acompañados por programas de solidaridad más o menos complejos, más o menos efectivos. Pocos de ellos lograron sobrevivir al tsunami del neocolonialismo financiero que asoló nuestro continente. En nuestro país, todo se redujo a experiencias periféricas. El destino manifiesto que se le deparó al país fue el de permanecer como una de las más amplias extensiones agrícolas del mundo, abierta en beneficio de los terratenientes primero y para los personeros del agronegocio después.

Resulta paradójico que en uno de los países más politizados y activistas del continente, que además tenía y tiene como problema fundamental el manejo de la mayor renta producida internamente, jamás haya figurado una reforma agraria en la agenda política de los partidos con base popular. Por otro lado, y como ocurrió en países vecinos, tampoco se planteó como posibilidad que los desocupados y excluidos de un sistema industrial en decadencia fueran absorbidos por el trabajo agrícola en nuestras extensas tierras agrícolas ganaderas, similar a lo que sucede con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil.

Por ahora, en el imaginario social y político de la Argentina, el campo es todavía un gran territorio que produce las divisas necesarias para financiar un estilo de vida urbano similar al de Europa. Los abanderados de la modernidad periférica lograron en cierta manera colocar al campo y a sus pobladores como representantes del atraso, o inclusive de la barbarie, mientras la explotación mecanizada, la urbanización y la industrialización temprana se presentaban como el camino hacia el progreso. En esa concepción debe ubicarse la poca importancia que adjudica la mayoría de nuestros ciudadanos medios a la tierra y a sus usos, hasta el punto de llegar

188

a identificarse irracionalmente con las consignas –“todos somos el campo”– de quienes tienen muy en claro a qué bolsillos van a parar las siderales ganancias que ese espacio produce.

Todavía hará mucha falta insistir en el parangón con otros países productores. Las luchas por la renta nacional de los minerales, los hidrocarburos e incluso la producción agropecuaria, como se pueden observar en países tan disímiles como Canadá o Bolivia, todavía están pendientes en la Argentina. Por todo esto, resulta de importancia estratégica avanzar y conocer lo que sucederá a futuro en relación con la tierra, en un camino que se ha iniciado y que promete nuevos debates y un creciente enriquecimiento conceptual y político.

El conflicto entre el gobierno y “el campo” que se extendió desde marzo hasta julio de 2008, es quizás el mejor ejemplo sobre la necesidad de enriquecer el debate. Conceptualmente, se conformó como una batalla mediática, a través de símbolos, y fue específicamente urbana a pesar de los piquetes ruteros que trascendieron porque los grandes medios los hicieron visibles, a diferencia de otras manifestaciones anteriores y posteriores de los pequeños productores, donde incluso hubo muertos. Con el voto “no positivo” del vicepresidente Cobos, el gobierno fue presentado como el perdedor en esa contienda. A muchos legisladores les resultó fácil ubicarse en una u otra posición, porque la eclosión de las retenciones se produjo como un rayo en un cielo despejado y reinaba la confusión. Una medida netamente tributaria, justa además a la luz de lo que vimos después en cuanto a evasión y manejos truculentos, posteriormente fue incluso aceptada como viable por buena parte de los propios sectores que se oponían a la misma.

Pero el tema es tan candente, en un grado explosivo que incluso sorprendió al propio Gobierno, que hace necesario mucho trabajo político y analítico para encarar medidas. En este plano, podría decirse que el momentáneo desacomodo oficial del 2008 se produjo justamente por no haber diferenciado, previamente al debate legislativo, a los pequeños productores de maíz, de trigo, de carne, lechería o incluso soja a baja escala, de los grandes terratenientes sojeros y de los nuevos agentes concentrados que han surgido en ese espacio agrario.

189

Los pobladores de las zonas sobre las que intentan avanzar los inversores sojeros se organizan, crecen en número y luchan por permanecer en sus tierras. A diferencia de las manifestaciones urbanas, no batallan por un salario o un subsidio, sino por una forma de vida. En el caso de las comunidades indígenas, estimuladas por un nuevo y poderoso movimiento latinoamericano y mundial de los pueblos y naciones aborígenes, no sólo se trata de reclamar la devolución o el respeto de sus territorios, sino también de una lucha por no transculturizarse. En este caso, defender una forma de vida constituye además una lucha por la identidad étnica.

Pero esta incipiente movilización no se reduce exclusivamente al ámbito productivo rural. También resulta sumamente auspiciosa la creciente bibliografía crítica en cuanto a la expansión sojera, así como la documentación que comienza a ser utilizada en diversos ámbitos universitarios. A esto se suma el debate parlamentario y la incipiente revisión de las políticas estatales para el sector. A ese espacio intenta aportar elementos la presente obra, ciertamente descuidada en cuanto a bibliografía dada la multiplicidad de fuentes coexistentes y coincidentes, y ciertamente criticable desde un punto de vista academicista, pero que prefiere la “incorrección” de un manifiesto político antes que la elegancia expositiva de los claustros de la ortodoxia.

La urgencia de la coyuntura, por lo factores beneficiosos que se vienen sumando tanto en el orden local como en el internacional, que hemos intentado analizar y enumerar, no dejan mucho espacio para la incertidumbre analítica. Quienes estamos inmersos en la lucha territorial cotidiana, inversamente cartesianos, existimos y luego pensamos. No podemos permitirnos dejar pasar este surgimiento de una nueva mirada sobre las poblaciones que habitan nuestros vastos territorios por parte del habitante de las grandes ciudades, que supone el inicio visible de un debate sobre la democratización de la tierra en la Argentina, a la vez que una profunda crítica hacia la agricultura de gran escala con tecnología de punta, la cual no es más que una agricultura sin agricultores que –por supuesto– no se preocupó ni se preocupará jamás acerca de qué sumidero suburbano terminará por recibir a esos expulsados de la tierra.

190

LA TIERRA ES UN BIEN DE USO SOCIAL

“Hay que Legislar sobre tierras para que haya más argentinos trabajándola" es lo primero que reclamó Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), cuando esa entidad participó recientemente de una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir sobre el uso y tenencia de la tierra en la Argentina y sobre el arrendamiento. “Hay que parar la concentración, cuidando a la vez al recurso suelo, pero también a la gente. Ningún país del mundo deja el uso de la tierra en manos del mercado", aseguró. También denunció que “es inadmisible que haya empresas haciendo negocios sobre 650 mil hectáreas, en tanto que los productores genuinos no pueden alquilar 50 hectáreas para subsistir con sus familias".

La comitiva federada estuvo conformada por dirigentes de todo el país y miembros de la Comisión de Tierras de esa entidad, que propusieron la creación de un "Instituto de Desarrollo Agropecuario, con el objeto de promover la colonización y el acceso a la tierra para productores y para las nuevas generaciones". También expusieron investigadores del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la UBA y de la Universidad Nacional de Rosario.

En esa audiencia se trató sobre el tema del arrendamiento que, según la FAA, es uno de los instrumentos que será preciso legislar para alcanzar un desarrollo rural armónico. También plantearon abordar el problema de la tierra en su conjunto, para frenar los procesos de extranjerización o desalojo por ejecución prendaria. Para lograrlo, reclamaron al gobierno nacional las demoradas mensuras y escrituraciones a favor de ocupantes reales, que llevan varias generaciones viviendo en esas tierras. Y solicitaron al Congreso que genere legislación necesaria para frenar la concentración, mejorar las condiciones de producción, poner fin a los desalojos y trabajar en un plan de arraigo para permitir que los jóvenes puedan quedarse en sus pueblos.

La iniciativa propuesta por la FAA para impulsar una nueva Ley de Arrendamientos que permita el acceso a la tierra y la diversificación productiva, plantea que es necesario actualizar la ley nacional 13.246 que trata de ese tema y sobre aparcerías rurales. Sancionada en 1948, durante el primer gobierno de Perón, esta norma había dado respuesta a las

191

reivindicaciones históricas de los pequeños chacareros y productores agropecuarios, fundamentalmente aquellos representados por la FAA. Desde la primera década del siglo XX, éstos venían reclamando una regulación de los arrendamientos (alquileres) rurales que protegiera a la parte más débil de dichos contratos, y que terminara con el abuso de los grandes terratenientes latifundistas. Como tantas otras leyes progresistas, sus disposiciones fueron desguazadas y prácticamente neutralizadas por las sucesivas dictaduras. En la última, Martínez de Hoz dejó librada la suerte de los contratos de arrendamientos a las leyes de oferta y demanda del mercado.

La famosa “mano invisible del mercado”, hoy ya denostada incluso por economistas neoliberales, terminó metiéndose en los bolsillos de los pequeños productores. La FAA señaló en la audiencia que la hiperinflación y las tasas enloquecidas aceleraron el proceso de desguace jurídico y económico que llevó, entre otros factores y como ya vimos, a la desaparición de casi 100.000 explotaciones agropecuarias entre 1988 y 2002, según datos de los Censos Nacionales Agropecuarios. La Federación señaló también, en un rasgo de profundización de sus diferencias con las entidades elitistas de la Mesa de Enlace, la desaparición de las explotaciones agropecuarias familiares, “abriendo paso a la proliferación y auge de los pooles de siembra, o fondos de inversión, muchos de ellos extranjeros, y por tanto a la concentración en la tenencia de la tierra –ahora a través del alquiler masivo– y de la riqueza en pocas manos”.

Desde el conflicto del 2008, ciertos problemas en cuanto a tenencia y uso de la tierra se habían agudizado. La presidenta –en la 37ª Fiesta Nacional del Maíz de Chacabuco, provincia de Buenos Aires– expresó que se estaba elaborando una propuesta de ley de arrendamiento “que proteja los intereses de los que trabajan la tierra”, abriendo un debate que había sido soslayado por la FAA durante el la batalla por las retenciones, ya que sus socios de la Mesa de Enlace, especialmente CRA y SRA, se oponen a una ley de estas características. Coherente en esa época con su estrategia de no romper la Mesa de Enlace, a pesar de la contradicción intrínseca de defender intereses encontrados, la cúpula de la FAA volvió a presentar un nuevo y más tibio proyecto de ley de arrendamientos en abril del 2009, a través de sus diputados Pablo Orsolini y Ulises Forte. El proyecto original –que fuera elaborado por el agrarista Aldo Casella a pedido de la entidad

192

gremial en el 2007– fue modificado en aspectos fundamentales que favorecían a los grandes productores y a los pooles de siembra.

En ese marco, las declaraciones de la presidenta parecieron redoblar la apuesta, al plantear que el proyecto de nueva ley de arrendamientos y aparcerías rurales estaría orientado a aplicar un freno a la concentración del uso y tenencia de la tierra, y a restituirla a quienes genuinamente la trabajen. Martín Livotti, responsable jurídico del Movimiento Campesino Liberación y ex integrante del equipo de abogados encargados de la difusión del proyecto de Ley de Arrendamientos, aseveró que para lograr esos objetivos, “el proyecto de ley deberá favorecer el acceso a la tierra de los pequeños productores, agricultores familiares y pymes del campo, como herramienta fundamental para la desconcentración, diversificación y democratización del actual modelo productivo, en la búsqueda de un cambio gradual y progresivo para lograr la soberanía alimentaria, el respeto al ambiente y la salud, el ordenamiento territorial y la distribución equitativa de la riqueza”.

El marco macroeconómico en el que se inscribe y desarrolla el debate sobre la tenencia de la tierra, está definido por una impronta donde el agro y el Estado son la clave de la suba del PBI. Los reiterados incrementos que el INDEC informa cada trimestre del año, siempre medidos a precios constantes desde el año 1993, han mostrado en el último año su mayor aumento desde la recuperación económica. El impulso para el crecimiento del PBI está dado por el fuerte crecimiento del sector productor de bienes, donde el agro se destacó con una suba record, en particular por la recuperación del precio de la soja. La industria manufacturera, en tanto, mostró un crecimiento siete veces menor, levemente por encima del sector productor de servicios. En lo que respecta a la evolución del consumo se observa que el sector público indujo un aumento de más de 12 puntos, transformándose en el mayor impulsor de la suba del PBI, frente a un crecimiento de 8 puntos interanual del sector privado.

Mientras las exportaciones de bienes y servicios mostraban un incremento de 19 puntos, las importaciones de bienes y servicios reales observó una suba récord de 35 puntos. Este fuerte incremento se debió a una gran recuperación de la economía y al aumento de la demanda de productos desde Brasil, atendida por la recuperación del nivel de actividad local.

193

El nivel de crecimiento logrado estuvo además alineado con la cifra del 8,9 % estimada que se había consignado en el Presupuesto 2010. Esta evolución sorprendió y fue superior a la estimada por analistas privados, que a fines del 2009 calcularon para el año siguiente una expansión en torno al 4,5 por ciento. Este crecimiento se basó especialmente en el importante aumento de la inversión y el consumo del sector público que, junto con la producción agropecuaria, fueron y siguen siendo los mayores impulsores de la tasa de crecimiento de la economía. La dinámica del proceso y el volumen de los montos, junto a un sostenido desempeño, hacen que las prácticas políticas anteriores en cuanto al uso de la tierra y propiedad –sacudidas por inflaciones, bajas bruscas en los precios, falta de perspectivas de mediano y largo plazo y depreciación de los commodities– todas ellas hijas de la inestabilidad y de la carencia consuetudinaria de políticas permanentes de Estado, tiendan a desaparecer y permitan hoy que se origine un debate amplio sobre este tema tan central para la economía política argentina. El cambio de discurso de la FAA, apuntando precisamente estos temas, es uno de los rasgos principales para determinar que hay un cambio de paradigma, y que por primera vez en a Argentina la tierra está comenzando a ser considerada como un bien de uso social y no como una mercadería.

El gobierno argentino ha comenzado a analizar el nuevo marco normativo para regular la propiedad de la tierra. La iniciativa se basará en establecer mecanismos de regulación para el acceso, tenencia y concentración de la propiedad en zonas consideradas estratégicas para la seguridad y soberanía del país. Incluso se hizo alusión –como una experiencia a tomar en cuenta por parte de Argentina– a que se impulsará un proyecto similar al del Brasil que limita la tenencia de tierra en manos de extranjeros en zonas fronterizas, así como la creación de un organismo similar al Instituto Nacional de Colonización brasileño. En el país se calcula que existen 17 millones de hectáreas en manos extranjeras, todas ubicadas en los sitios que concentran mayor disponibilidad de recursos. Al mismo tiempo, suponen que existen unas 500 mil familias campesinas con dificultades para acceder a la propiedad definitiva de la porción de tierras que utilizan ancestralmente para su subsistencia.

La intención del gobierno nacional es regular la propiedad de la tierra en todas sus dimensiones, pero sin que ello suponga un sesgo anti inversor,

194

según las propias palabras de la presidenta Cristina Fernández. Por ahora lo que se conoce, es la intención de limitar la concentración de tierra en manos de grupos económicos extranjeros que no garantizan un uso productivo. Como ejemplo se citó que la familia Benetton tiene más de un millón de hectáreas en el sur. Pero el título del proyecto anunciado por el Gobierno habla también de la “regulación de la propiedad de la tierra”, lo que implicaría no sólo tratar sobre el tema de la extranjerización, sino establecer incluso un nuevo marco para los contratos rurales, junto con un nuevo ordenamiento territorial.

En el Congreso hay más de una decena de proyectos que limitan la compra de tierras argentinas, ante la evidencia de que de las 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones se encuentran concentrados en 4.000 dueños, la mayoría de ellos extranjeros.

Cristina Fernández, casi al cierre de su discurso del 2011 en la Asamblea Legislativa, según consta en la versión taquigráfica de la inauguración del 129º período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación., aseguró que volvería “a enviar dos proyectos de ley: uno que tiene que ver con (....) la Ley de Propiedad de la Tierra en la República Argentina. Es en cuanto a extranjerización, pero tiene que ser lo suficientemente inteligente para que no tenga un sesgo anti-inversor que nos plantee a los argentinos como xenófobos y refractarios a cualquier tipo de inversión. Hoy es un modelo que también está llevando a cabo Brasil, hay modelos a mirar, no vamos a inventar nada nuevo, es simplemente dar un instrumento que asegure que los recursos, que van a ser vitales para el siglo XXI, sigan precisamente en órbita y en competencia nacional, lo que no significa desalentar la inversión extranjera”.

Apenas dos días después de que Cristina Fernández anunciara el envío de un proyecto de ley de propiedad de la tierra para restringir su compra por parte de extranjeros, la praxis jurídica argentina indicaba el camino opuesto. El jueves 3 de marzo del 2011 un juzgado ordenó el desalojo de la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque en terrenos de la Patagonia, tras argumentar que pertenecen a la compañía transnacional Benetton. La sentencia, firmada por el juez Omar Magallanes del juzgado de ejecución de Esquel, consideró como clandestina e ilegal la ocupación de esos terrenos en el año 2007 por los pueblos originarios, y dispuso que abandonen los campos en un plazo no mayor a 10 días “bajo

195

apercibimiento de lanzamiento”, en el marco de una causa entre la Compañía de Tierras Sud Argentino SA. –perteneciente al grupo italiano de la moda Benetton– y la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque.

Mientras tanto, una decena de proyectos para limitar la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros han sido presentados en las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Hay antecedentes bastante extendidos en el tiempo.

Ya en el año 2002 la Federación Agraria Argentina le había entregado a Elisa Carrió, que por entonces abandonaba “por izquierda” el ARI para conformar la Coalición Cívica, el borrador de un proyecto de Ley que apuntaba a poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, en momentos en que el país soportaba una de sus crisis más profundas y una gran iliquidez en materia económica, con valores inmobiliarios realmente devastados. A partir de allí, la diputada Susana García (CC-Santa Fe), metódicamente fue presentando la iniciativa cada dos años, sin lograr el apoyo necesario.

En el 2010 a través de sus diputados Ulises Forte (UCR-La Pampa) y Pablo Orsolini (UCR-Chaco), la FAA hizo su propia presentación, muy similar a aquella que le habían entregado a la Coalición Cívica, para revivir nuevamente el tema. El 4 de agosto de 2010, un proyecto de Elisa Carrió (CC) y otro de Pablo Orsolini (UCR) tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto, pero el modo en que lo hicieron generó polémica y nunca se trató.  En aquella oportunidad, el debate se produjo entre el oficialismo y la oposición porque Carrió había propuesto que se trate en el recinto con o sin dictamen de comisión.  Ante este pedido, el diputado oficialista Carlos Kunkel sostuvo que “seguramente la bancada oficialista iba a estar de acuerdo en muchos puntos”, pero propuso que este tema complejo debía ser tratado en las comisiones respectivas. El propio Kunkel le solicitó a la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra, que le diera prioridad al proyecto.  En ese momento, desde su banca, el diputado oficialista José María Díaz Bancalari también elogió la iniciativa de Carrió, pero recordó que en otros períodos legislativos, cuando se avanzó sobre este tema, “todos aquellos que nos apoyaban nos dejaron solos, espero que no se vuelva a repetir”.  Luego de esa discusión, la

196

Cámara de Diputados votó un pedido de preferencia para tratar la iniciativa que pone límites a la venta de tierras, pero el tema nunca llegó al recinto.

Más allá de las propuestas de los legisladores, en 2006 los obispos de la Pastoral Social se expresaron respecto a la situación. Encabezados por el obispo Jorge Casaretto, presentaron en el episcopado el libro “Una Tierra para todos”, resultado de dos años de estudios sobre la problemática de la tierra y el hábitat, que consideraron “acuciante”. Los obispos de la Pastoral afirmaban que “se evidencia actualmente una elevada concentración de las tierras productivas” y citaban que, “según el último Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país concentraba en ese año el 78% del total de las hectáreas registradas, en tanto que el 60% de las explotaciones más pequeñas no llegaba a reunir un 5% de aquéllas”.  Señalaban también que la extranjerización “no es una novedad en el país ni en América latina”, y que se trata de un proceso de “pérdida de soberanía y de recursos naturales” originado en el “endeudamiento de los pequeños y medianos productores con el extranjero, favorecido por la falta de ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la legislación sobre tierras”. Asimismo, indicaron que “los proyectos de ley dirigidos a restringir la adquisición de tierras por parte de extranjeros no fueron tratados oportunamente y perdieron estado legislativo”. Y continuaban con un llamado a trabajar con el fin de “conservar el potencial productivo del suelo y evitar su degradación, (para lo cual) es necesario atender a la crisis del recurso del agua, la deforestación y expansión de la frontera agrícola y la explotación minera y sus efectos sobre el medio ambiente”.

Finalmente, instaban al Estado a ejecutar una política de largo alcance que contemplase la situación de la tierra, con políticas fiscales que favorezcan su uso racional y eficiente, garantizando el acceso y la seguridad jurídica de la tenencia, facilitando el traspaso de tierras a minifundistas y a la población carenciada que las ocupa, fomentando al mismo tiempo políticas y estrategias participativas que permitan planificar el recurso del agua y el cuidado del medio ambiente, apoyado también mediante procesos educativos.

En la actualidad, según la Federación Agraria Argentina, el 7% de las tierras son propiedad de personas extranjeras. Según esos datos, a principios del año 2000 la cifra de territorios vendidos a extranjeros era de

197

7 millones de hectáreas; ahora, en cambio, el número asciende a 21 millones y aún quedarían otros 15 millones de hectáreas que podrían ser adquiridas por extranjeros.

Como señalamos, de los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones están concentradas en 4.000 dueños y corresponden a las propiedades con superficies mayores a 5.000 has, es decir que el 1,3% de los propietarios posee el 43% de la superficie. En la región pampeana, donde existen en total 5.575 explotaciones agropecuarias, 4.110.600 has están en manos de 116 dueños, una superficie igual a la provincia de Salta. De las 297.425 explotaciones agropecuarias que hay en todo el país, 246.947 tienen menos de 500 has y las que exceden esta extensión son 50.478. Esos 246.947 productores poseen 23.212.207 has sobre un total en el país de 174.808.564. Las 151.596.357 restantes están en manos de solo 50.478 titulares.

Estos guarismos corroboran una realidad de acumulación y concentración agraria que trajo, entre otras consecuencias, la expulsión de 103.000 productores agrarios en menos de una década, o su repliegue desde la producción para transformarse en pequeños rentistas de los pooles, con el consecuente despoblamiento del interior y la migración hacia los grandes centros urbanos, que produjo un marcado deterioro de las microeconomías del interior.

El último Censo Nacional Agropecuario, criticado por ser parcial, dio como resultado una nueva pérdida de más de 60.000 productores del 2002 al 2008, que engrosaron los más de 100 mil de la década del 90, confirmando el análisis respecto de la concentración y extranjerización acelerada de las tierras, lo que lleva a la consolidación estructural de una agricultura sin agricultores con tendencia al monocultivo sojero

Los hermanos Luciano, Giuliana, Gilberto y Carlo Benetton, concentran la compra de más de 900.000 has que comprenden las Estancias Pilcañeu, Alicurá, Leleque, El Maitén, Coronel y Cóndor. En la zona de Lago Escondido el inglés Joseph Lewis ha comprado 18.000 has, el ex propietario de Hard Rock Café y actual socio de Planet Hollywood junto a Sylvester Stallone, Bruce Willis y Arnold Schwarzennegger. La estancia La Primavera, de 4.400 has, fue adquirida por el propietario de CNN Ted

198

Turner, quien suma 55.431 has en la zona andina. La estancia San Ramón, de 35.000 has, fue adquirida por el suizo Jacob Suchard, ligado a Nestlé.

También participan de estas adquisiciones actores cinematográficos como Christopher Lambert en Villa Arelauquen (Bariloche) y Jeremy Irons en la zona de Esquel. Pero uno de los casos más sonados es el de la empresa italiana Nettis Impiante, que ha comprado una propiedad de 418.000 has en La Rioja, con el pueblo de Jagüe en su interior. También se registró el caso del Recreo, Departamento La Paz en la provincia de Catamarca, con una propiedad comprada por una empresa estadounidense fabricante de helicópteros, Poquiteros SA, con una superficie de 117.000 has y trescientas familias viviendo dentro.

En Formosa y Salta ha adquirido tierras la empresa australiana LAG; el grupo italiano Radici lo ha hecho en San Luis, junto al conde alemán Zichy Thysen en la misma provincia. El grupo Arauco de la familia Angelini, de origen chileno pero sospechado de pertenecer a capitales europeos, posee 114 mil hectáreas en Misiones para explotación forestal, y otras 130 mil supuestamente destinadas a reserva. A estos se suma el caso de Fiambalá en Catamarca con 1.800.000 has; y las compras de Tompkins en los esteros del Ibera, en área del acuífero Guaraní, así como el avance en inversiones del magnate George Soros, que a través de Cresud en ganadería y Adecoagro en lechería y granos, adquirió cada vez mayor posicionamiento en el sector. Lo curioso es que varios de estos casos fueron incluidos en una nota sospechosamente nacionalista del diario Clarín, dejando evidenciar que no todo está en calma del otro lado. O que hay grupos concentrados diferentes batallando por las mismas tierras.

Pablo Orsolini (UCR-Chaco), el diputado de la FAA que interrumpió a la presidenta Cristina Fernández en su discurso inaugural de sesiones, había presentado datos relevantes para justificar la regulación de compra de tierras por parte de extranjeros, señalando que “los precios de la tierra en Argentina no superan los 20.000 dólares la hectárea en la mejor zona, mientras que en la India, por ejemplo, el valor es de 200.000 euros”. La cifra parece un tanto exagerada, si la comparamos con estudios de la FAO que señalan que el acre (0,4 hectárea) cuesta en promedio 1.510 dólares en Estados Unidos, y que en la minifundista España varía entre 25.00 euros en Valencia y 2.800 euros por hectárea en Aragón. Ese mismo estudio le asigna un valor promedio de 7.500 dólares a la hectárea de tierra productiva

199

en la Argentina. Lo que sí es cierto es que ese valor aumentó marcadamente en el último año, pero aún sigue siendo barato para el enorme poder de compra de los países centrales.

Los antecedentes para regular la venta de tierras a extranjeros en el país no pueden ser tildados de escasos, ya que existen diversas presentaciones en el Congreso, entre ellas “Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes” de Diana Conti (FpV-Buenos Aires); “Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos” de Rodolfo Fernández (UCR-Corrientes); “Límites al acto de compra de tierras por parte de personas extranjeras. Régimen”, de Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro); “Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales” de Elisa Carrió (CC-Capital Federal); “Restricciones a la adquisición de derechos reales por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15385/44 modificado por Ley 23554 de zonas de seguridad”, de Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI-Tierra del Fuego) y Mónica Fein (PS-Santa Fe); “Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros” de Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires); “Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el fenómeno de extranjerización de las tierras y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza y los beneficios de la libertad” de Rosa Chiquichano (FpV-Chubut); “Régimen de derecho de preferencia de los Estados provinciales y el Estado nacional en las transferencias de tierras a extranjeros. Creación del registro de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales”, de Mario Merlo (Peronismo Federal-San Luis); “Restricciones y Límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales” de los diputados de la UCR Pablo Orsolini (Chaco), Ulises Forte (La Pampa), Carlos Ulrich (Chaco), Miguel Ángel Giubergia (Jujuy) y Ricardo Alfonsín (Buenos Aires), entre otros.

El tema está en pleno debate, y al momento de escribir estas líneas sólo existen indicios de que el proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contemplará cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de

200

acceso de cientos de miles de familias campesinas, con una propuesta muy similar al modelo brasileño.

En Agosto de 2010, el todavía presidente del Brasil Luiz Inacio “Lula” da Silva reguló la compra de tierras para extranjeros, así como la cantidad de tierras rurales que podía adquirir una empresa brasileña controlada por capitales foráneos, limitando a un máximo de entre 250 y 5.000 hectáreas esas superficies, lo cual dependía de la zona del país en que se radicaran las inversiones. A menor fertilidad o lejanía de los centros económicos del país, mayor superficie, y viceversa.  La reglamentación establecía también que la suma de las áreas adquiridas por las compañías bajo control extranjero no podía superar el 25 % del tamaño del municipio donde estuvieran ubicadas. El gobierno de Lula buscó así poner fin a un resquicio legal que se había producido en la ley de 1971, promulgada durante la dictadura y que luego, a través de una interpretación aprobada en 1998 durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, permitió a los extranjeros soslayar las restricciones establecidas mediante la creación de empresas con sede en Brasil.

Las 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en zonas donde se concentran los principales recursos naturales, frente a las 500.000 familias campesinas con problemas para acceder a la propiedad de la tierra, implicarán necesariamente una regulación que deberá abarcar diversas dimensiones. El espíritu compartido de cada una de las iniciativas presentadas en el Congreso, en cuanto a defender las zonas de frontera, los recursos naturales incluyendo el agua y evitar la concentración de la tenencia como fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores, ciertamente es una base de partida que, si se logran superar las chicanas habituales en un año electoral, serán saludadas con alegría por la gran mayoría del pueblo argentino.

Las coincidencias no son menores. “No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo la diputada Conti en su iniciativa. Para regular esta situación, las diferentes propuestas también plantean que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, cuando un mismo grupo

201

económico puede poseer casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación. En cambio, el proyecto de Benas restringe esta posesión a un 10 % de esa superficie, a la vez que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. Otras iniciativas proponen la creación de un registro de extranjeros que adquieran tierras en el país.

También es de buen augurio que se mencione el modelo brasileño como referencia. Además de la normativa del 2010 con la que Lula da Silva puso límites a la compra de tierras, ya antes –en 2009– había sancionado una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 % de las propiedades extranjeras en aquel país.

La presidenta señaló que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En línea con este enunciado, el proyecto presentado por la diputada oficialista Diana Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”. El interés nacional que se menciona está dirigido a las zonas fronterizas, en sintonía con la iniciativa de la diputada Verónica Benas, que establece la imposibilidad de adquirir “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situados dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.

En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó su resolución Nº 201, denunciando una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.

El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también un nuevo marco para los

202

contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial.En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo por parte de los pooles de siembra, y se buscaría proteger a los agricultores familiares.

De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos en forma directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. Además de la CoNaB (Compañía Nacional de Abastecimiento), como órgano regulador del tipo junta nacional de granos aunque con potestades ampliadas, en el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero como ya mencionamos fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.

El otro dato de gran relevancia es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, lo cual les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está totalmente resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias en Brasil con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en la Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.

Pero además, la legislación deberá tomar en cuenta que existen otros casos de concentración, además de las inversiones extranjeras Por ejemplo, un estudio de la Dirección de Tierras de la Nación revela que entre 1991 y 1999, gracias a la desregulación que en la década del 90 suprimió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), se incrementó un 300% la apropiación de tierra para la producción de yerba por parte de los grandes productores en la provincia de Misiones, entre los que se cuenta el ex gobernador y ex presidente de la Nación por un día, Ramón Puerta. Esto implica, según estudios realizados por el economista Gustavo Maffini, que por cada hectárea que tenían en el 91, los grandes productores de yerba

203

pasaron a tener tres hectáreas en el 99, mientras que los pequeños productores –la inmensa mayoría de los colonos misioneros– sólo fueron partícipes de ese incremento en menos del 2%. Según la cantidad de pequeños productores, Maffini calculó que por cada metro cultivado de yerba mate que un colono tenía en el año 91, en 1999 sólo había aumentado su propiedad en 2 centímetros cuadrados.

Paralelamente, otras medidas como la privatización del Banco Provincia de Misiones efectuada por decreto, dejaron sin posibilidad de progreso al pequeño productor al cortar el crédito indispensable, obligándolo en muchos casos a malvender su propiedad o a transformarse en subsidiario de los grandes yerbateros. Estas cifras revelan el real abandono que sufrieron las políticas productivas que apuntaban a mejorar la calidad de vida de los pequeños plantadores. Paralelamente, los censos de 1991 y 2001 revelaron la triste realidad de que, en esos años, el 30% de la población rural misionera abandonó sus chacras para emigrar a las ciudades, expulsada por la absoluta marginación a la que se vio expuesta por la “ley del mercado”, para terminar engrosando los cordones urbanos de pobreza. En 1991, de cada 10 misioneros 6 vivían en el campo y 4 en las ciudades. En el 2001 la proporción era exactamente inversa: 6 de cada 10 vivían en las ciudades.

La cuestión agraria, como están comprobando quienes comienzan a analizar con seriedad este tema, no es para nada sencilla. Constituye una seria dificultad porque se centra en que el factor de producción más importante en la Argentina es la tierra que, aunque se comporte como una mercancía factible de ser comprada o vendida, en realidad no lo es. Al no constituir un producto del trabajo humano, debe ser considerada como un recurso natural. Debido a esta característica, todos los recursos de la naturaleza mercantilizados generan una ganancia excedente que se denomina renta. Esa renta, el Gran Queso Nacional, fue claramente expropiada y requerirá un órganon de leyes, políticas y medidas muy amplio para remediar semejante perjuicio.

Durante los meses del paro agrario de 2008 se oyó hablar mucho acerca de la renta extraordinaria que obtienen los productores sojeros, basada en los altos precios internacionales, pero también sobre la apropiación privada de la tierra y en las diferencias de fertilidad que hacen de la Pampa Húmeda una de las regiones del mundo de mayor productividad en el mundo. O sea

204

que en el propio recurso natural existen diferencias de productividad intrínsecas que diferencian las distintas categorías de tierras.

Ahora bien, más allá de esas categorizaciones, lo cierto es que todos coinciden en definir a la tierra como un recurso natural. Si analizamos hoy las teorías que se elaboraron a mediados del siglo XIX, cuando el mundo era una extensa superficie casi vacía, el debate que se suscitó es realmente apasionante por las escasas diferencias existentes entre lo que podríamos llamar la izquierda y la derecha intelectual de la época. No sólo las primeras teorías marxistas de izquierda, sino también las liberales, consideraban que los propietarios de las tierras no debían tener ventajas frente a los propietarios capitalistas del sector industrial. En algunos casos, se llegó a plantear que la tierra debía permanecer en manos del Estado y que los capitalistas agrarios debían arrendarlas para que la renta agraria quedara en manos de toda la nación. El antecedente peligroso que esta decisión constituía para todo el sistema de propiedad privada, influyó para que las teorías liberales, más allá de algunos autores como Stuart Mill, abandonaran rápidamente esta propuesta.

Sin embargo, como explicó Carlos Marx, para que exista renta por propiedad, o “renta agraria absoluta”, debe existir una clase de terratenientes cuya base territorial se transforma en fundamento de un fuerte poder político. Por eso muchos movimientos agraristas, ya durante el siglo XX, impulsaron estructuras agrarias basadas en la pequeña agricultura familiar y relacionaron fuertemente las posibilidades de democratizar sus sociedades con este tipo de sujeto agrario. Fue el siglo de las reformas agrarias promovidas por organismos internacionales y los estados nacionales, que comenzaron a combatir “el fuerte poder político” de los terratenientes mencionado por Marx.

En esos casos, la disyuntiva se planteó entre mantener en manos del Estado las tierras o entregarlas en minifundios a las familias rurales. En todos los procesos en que se aplicó la primera teoría, el modelo fracasó. Incluso en Rusia, donde esa postura llevó a masacrar a los mujiks (palabra que significa “hombre” aunque se empleaba para referirse al campesino). En 1861 se realizaron reformas agrícolas en la Rusia zarista. Hasta entonces los mujiks eran siervos, pero en esa fecha se les otorgaron parcelas para trabajar la tierra y se convirtieron en campesinos libres. En 1917, cuando se produce la revolución soviética, el nuevo gobierno entró en colisión

205

ideológica con estos pequeños propietarios, especialmente por pretender manejar centralizada y burocráticamente sus producciones agropecuarias. Ante la resistencia del campesinado, se masacró a más de un millón de pequeños propietarios, se conformaron los Koljos (colectivos de producción agropecuaria) administrados por burócratas estatales y Rusia jamás volvió a ser autosuficiente en el área alimentos. Errores similares se cometieron en varios de los procesos revolucionarios fracasados del Tercer Mundo, que no fueron capaces de comprender el pecado original de un modelo que transforma en latifundista al Estado, que trata paternalistamente a los pequeños productores y que se ha demostrado totalmente ineficaz para conformar redes sociales de producción y abastecimiento.

No puede ocultarse la fuerte relación que existe entre la forma en que es controlada la tierra y el carácter político de una sociedad. Ya hemos mencionado los casos similares en origen pero diferentes en proceso respecto de la Argentina. Es lo que se observa a fines del siglo XIX y principios del XX en los países de la periferia próspera, que además de Canadá y Australia entonces todavía incluían a los Estados Unidos post guerra de Secesión. Una guerra civil que precisamente se había desencadenado por conflictos entre grandes terratenientes esclavistas agroexportadores, enfrentados a industrialistas y farmers. En esos países fueron impulsados precoces modelos de democratización, precisamente a causa de la difusión que tuvieron las pequeñas y medianas propiedades en el medio rural.

Los redactores de la Carta Magna de los Estados Unidos incorporaron en los fundamentos constitucionales de su república el modelo griego de democracia agraria. Los griegos distribuían pequeñas parcelas de tierra entre la mayor cantidad posible de ciudadanos libres, para que la democracia fuera la regla y no la excepción. Sobre estos principios se sustentaron la “democracia jeffersoniana”, el Homestead Act y el desarrollo de la irrigación bajo el Reclamation Act. Un sistema de poder basado en la Norteamérica rural que favoreció a los pequeños farmers, acorde con los principios fundamentales de la Constitución.

A partir del auge de la agroindustria impulsada por las grandes empresas agroalimentarias, actividad denominadas agrobusiness (agronegocio), América latina sufrió un proceso muy diferente. Se constituyó como

206

espacio rural a partir de la apropiación colonial expoliadora de sus recursos naturales. La Argentina se caracterizó por los grandes latifundios cerealeros y las inmensas estancias cimarronas del sur. Esas grandes haciendas y plantaciones marcaron a fuego la política nacional, y han ido entramando un modelo del que parece muy difícil salir. Las parciales reformas agrarias del siglo XX no alcanzaron para democratizar la tierra, y aún en las zonas menos favorecidas por clima y suelo conviven dos sistemas, algunas veces concurrentes en una relación de explotación, las más de las oportunidades compitiendo por el espacio, unos para quedarse, los otros para quedárselo.

Hoy se comienza a discutir sobre las 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros, pero el proyecto de ley que anunció la presidenta en la Asamblea Legislativa abre un debate en el Congreso que planteará muchos más aspectos sobre los cuales legislar hacia adelante. La discusión parlamentaria para regular la propiedad de la tierra puede convertirse en un tema estratégico desde lo geopolítico.

Semejante superficie en manos de capitales extranjeros, cifra que equivale a toda la provincia de Córdoba o a la suma de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa, muestra además una mayoría de “emprendimientos privados” radicados especialmente en la Pampa Húmeda, en la Patagonia y en la región Mesopotámica. Están en juego no sólo enormes extensiones de territorio concentradas en manos extranjeras, a las que en breve se podrían sumar las que están en manos nacionales, sino también las urgencias de legislar para el resguardo de nuestros principales recursos, como el agua y los hidrocarburos. “Queremos dar un instrumento que asegure que los recursos naturales, que van a ser vitales para el siglo XXI, sigan precisamente en órbita y competencia nacional”, manifestó la presidenta Cristina Fernández durante la mencionada inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.

El gran boom de la compra de propiedades se dio durante el menemismo. Fue en esa época cuando los hermanos Benetton se quedaron con 900.000 hectáreas en la Patagonia. Pero el proceso se continuó después, por la ausencia de regulaciones, y en años subsiguientes –como ya mencionamos– Douglas Rinsford Tompkins adquirió 200.000 hectáreas distribuidas en todo el país pero sobre todo en el Sur y sobre los Esteros del Iberá donde están las reservas más relevantes de agua, o la chilena Arauco se hizo poseedora de 114 mil hectáreas en Misiones destinadas a la forestación con

207

pinos exóticos, y otras 130 mil para reserva que fue incorporando en los últimos años. No cabe duda de que existe un interés estratégicos por parte de ciertos capitales extranjeros en cuanto a acceder a los amplios recursos naturales argentinos. Paralelamente, se produce la expansión sojera, la deforestación y el avance sobre las yungas.

La Auditoría General de la Nación realizó dos informes sobre la extranjerización de la tierra en la Patagonia y en la Mesopotamia. De los 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas provenientes de otros países, un alto porcentaje se ubica en zonas de seguridad, regiones limítrofes definidas por un ancho de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima, donde cualquier persona de otro país que desee adquirir porciones de tierra debe solicitar autorización previa ante el Ministerio del Interior. Según detectó la Auditoría –como también mencionamos– entre 2003 y 2007, 291 casos fueron validados por vía de excepción para la región patagónica. Las irregularidades encontradas señalan falta de proyectos de inversión declarados y de copias de las escrituras originales, colocando en la nebulosa la titularidad de los inmuebles ubicados en esas zonas de seguridad. Otra maniobra detectada es la escrituración de tierras varias veces en un mismo día, para finalizar en manos de sociedades que, a pesar de contar con el número de argentinos requerido, son de extrema precariedad o sospechadas de fraudulentas.

Julio Guarido, jefe del área ambiental de la Auditoría General de la Nación, informó que “prácticamente la totalidad de nuestras fronteras son áreas sensibles desde el punto de vista ambiental. En ellas están nuestros recursos más preciados, los hidrocarburos, el agua, la tierra. Para que estos recursos sigan estando bajo la órbita nacional, como planteó la presidenta, habría que repensar ciertos criterios de federalismo. Es decir, iniciar un debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales para no colisionar con un federalismo que no está del todo abierto a lo que debe ser la defensa del patrimonio nacional”.

Como mencionamos en otro capítulo de este libro, la potestad sobre los recursos naturales le fue devuelta a las provincias mediante la reforma constitucional de 1994, definiendo que el manejo de esos recursos es potestad de cada una de las jurisdicciones. El gobierno nacional parece haber tomado nota de que, a pesar de ese traspaso, no existe un marco jurídico que regule la tenencia de la tierra. La única legislación vigente data

208

de la época de Perón –la que estableció las Zonas de Seguridad– pero resulta evidente que esta norma no logró impedir la compra de tierras de manera indiscriminada por parte de extranjeros.

Mientras tanto, como vimos, dentro del Congreso navegan más de diez proyectos para regular la propiedad de la tierra, y cada fuerza política tiene su iniciativa en cuanto a este aspecto. La extranjerización, como señalamos, se produce tanto por la llegada de capitales extranjeros como por alianzas de esos capitales con socios locales. Además de las compras por parte de sociedades fantasmas, también en los llamados “pooles de siembra” se observa esta mixtura. La investigadora Silvia Ferro, en su trabajo “La estructura de la propiedad de la tierra en el Mercosur”, sostiene que “muchas veces se da la integración de productores locales con extranjeros, para dedicarse al arrendamiento de las tierras y sembrar soja en todo el territorio argentino. Incluso, hay productores argentinos que cultivan bajo la forma de gestión familiar pero que, simultáneamente, administran ‘pooles’ en países aledaños”. Desde el Gobierno, en consecuencia, se impulsa una regulación sobre la tenencia de la tierra que incluya –dentro del mismo proyecto o con una ley específica–todo tipo de contrato agrario, ampliando los plazos de alquiler, restringiendo los arriendos por cosecha y limitando la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo por parte de los pooles de siembra.

El proyecto concreto estaba bastante avanzado hacia mayo del 2011, pero se guardaba celosamente en el Ministerio de Agricultura, con apenas algunas menciones realizadas por parte de la presidenta durante la Asamblea Legislativa: “no vamos a inventar nada nuevo. Brasil ya hizo algo al respecto”, anticipó aunque sin precisar si se avanzará hasta tal profundidad que asimile la consagración de la tierra como un bien social en la propia Carta Magna argentina, lo mismo que ya hizo Ecuador tras su reciente reforma constitucional. Leyes capitales por las cuales el Estado se arroga la potestad de obligar a la desinversión si descubre que no existe uso social, sino concentrado.

Los productores argentinos asociados a sus pares brasileños desde la inauguración del Mercosur, siempre se sintieron asombrados de que en el país vecino no exista la figura del arrendamiento. Mientras que, por el otro lado, lo que no se comprendía es cómo el agro argentino lograba sobrevivir

209

a pesar de estar obligado a generar doble ganancia, para el arrendador y para el arrendatario.

Brasil muestra además otras facetas, como la política de compra directa de alimentos a través de un organismo público, por la cual el 30 % de la merienda escolar debe ser adquirida directamente a agricultores familiares. “De esta manera –asevera la dirigente del Movimiento de los Sin Tierra, Etelvina Macioli– se defiende el acceso a la tierra para los verdaderos campesinos, porque hablar de una reforma agraria es pensar en un conjunto de políticas que van desde la infraestructura básica para el desarrollo de los campesinos, hasta las herramientas de capacitación, salud, comercialización y asistencia financiera que no pueden encerrarse en una sola ley, sino que son un conjunto de políticas de Estado”.

Por eso, se sospecha que el proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también la necesidad de acceso a ese recurso por parte de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. En Argentina, las aproximadamente 500.000 familias de campesinos con problemas para acceder a la tierra o legalizar su situación, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena, todavía no están contempladas en los proyectos legislativos. De las diez iniciativas de todos los partidos políticos y de la Federación Agraria sólo surge un espíritu de defensa de las zonas de frontera, los recursos naturales y de freno a la concentración en la tenencia de la tierra, pero definida sólo como “fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores”.

La cuestión es mucho más compleja. Frente a este contexto, la intención del Gobierno parece ser regular la propiedad de la tierra en todas sus dimensiones. Si se toman al pie de la letra los anticipos de Cristina Fernández respecto de utilizar como espejo a Brasil, habría que tomar en cuenta lo que ya mencionamos sobre las medidas de Lula Da Silva, que en el 2008 puso límites a la compra de tierras y en el 2009 sancionó una ley para proteger el Amazonas, donde se concentra más del 50 % de las propiedades extranjeras en aquel país. En Uruguay, José “Pepe” Mujica también instó al Parlamento para que sancione una ley en este sentido, lo que estaría señalando –al agregar el ya mencionado caso de Ecuador– una estrategia regional conjunta.

210

Cristina Fernández, en su discurso del 1º de mayo de 2011, planteó también que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”, y agregó que la iniciativa “no debe tener un sesgo anti inversión” pues estas medidas deben encarase sin chauvinismos. El tema, una vez más, es sumamente complejo y muestra numerosas aristas. La investigadora Lilian Ferro señaló que “la Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto con Brasil: muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay, o sea que buena parte de la dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización aquí, tiene asociados que promueven la concentración en otros países”.

A la necesidad de frenar la extranjerización, y a un nuevo marco para los contratos rurales, comienza a sumársele la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial para la Argentina junto a una clara asignación estratégica por áreas y por productos, además de definir quiénes será los protagonistas del mismo. El área de Planeamiento que Néstor Kirchner insertó como novedad dentro del Ministerio de Infraestructura e Inversión Pública, el remozado y potenciado Ministerio de Obras Públicas de antaño, debería ser la encargada de este plan de ordenamiento que comienza a sonar en los pasillos del poder. Es que, sin un plan rector, resulta casi imposible pretender establecer orden en un caótico paisaje, cuyos orígenes se ubican en el mismo nacimiento de la patria.

211

EL TERCER CAMPO INVISIBLE

Para desarrollar un Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial hay que tomar en cuenta que en la Argentina de hoy conviven por lo menos cuatro “campos”. El primero es el de las patronales latifundistas, los pooles de siembra y los grandes inversores extranjeros, con una clara orientación agroexportadora, a quienes les interesa vender en dólares o en euros mientras que –en algunos casos– preservan el mercado interno como simple retaguardia de esas operaciones. El segundo campo es el de los propietarios y empresas de porte medio, en algunos casos ligados a los intereses de los grandes exportadores, y –por ello– en buena parte permeables a la confusión ideológica que hace primar intereses grupales por sobre los colectivos. En otros muchos casos, como se referencia en el trabajo del INTA con productores de mediano porte, ese segundo frente agropecuario incluye a unidades con experiencia, que han quedado fuera de las redes concentradas y que fácilmente pueden constituirse en alternativas, como en lácteos y carnes por ejemplo.

El tercer campo es el de los pequeños propietarios dedicados a producir los más variados alimentos, muchos de ellos encuadrados bajo la denominación genérica de economías familiares. El cuarto es el de los trabajadores rurales empleados en todas estas cadenas productivas, grandes, medianas o pequeñas.

Mucho es lo que resta por debatir respecto de lo que algunos denominan “economía familiar”, pero que nosotros preferimos definir como “economía rural de baja escala”. Si tomamos en cuenta que la Ley de Medios se comenzó a trabajar en los claustros estudiantiles a inicios de los 80, a veces en secreto porque no era un tema sencillo de tratar, y que tomó 30 años de lucha lograr que fuera aprobada por las Cámaras, una Ley de Producción Agropecuaria Nacional, de Soberanía Alimentaria o como se la quiera llamar, nos llevará unos cuantos años. O quizás aprendamos de la cuestión sobre los medios lo que es urgente y lo que es contingente para este país, y avancemos más rápido. Lo cierto es que operamos sobre un campo muy fértil, pero muy poco sembrado todavía. Y que hay mucha maleza entorpeciendo la tarea.

El yuyal del debate estéril, que siempre conduce al desencuentro, sin embargo muestra hoy ciertos rasgos de similitud en una ponencia. Tanto

212

los analistas, las entidades representativas, el INDEC, los sectores académicos, el sindicalismo, las autoridades laborales o de agricultura y ganadería, así como varios periodistas investigadores, coinciden en un aspecto: hay en la Argentina más de un millón de familias productoras agropecuarias de baja escala, cubriendo los más variados rubros y asociadas bajo diversas formas. A promedio de familia rural tipo, y tomando a un 75 % de este colectivo como familia constituida, son tres millones y medio de connacionales viviendo en el campo, en la periferia de las ciudades o en pequeños pueblos rurales.

Por otro lado, el sindicato de peones rurales (UATRE), el más importante por número de afiliados en el país, nuclea a 700 mil trabajadores formales, pero el número de personal de la actividad agropecuaria se duplica si se toman en cuenta los peones no registrados. La AFIP realizó una proyección por la cual esa cifra de peones trabajando en negro superaría los 900 mil en todo el país. De cualquier manera, estamos hablando –por lo bajo– de un millón y medio de argentinos más, dedicados a labores campesinas. No está discriminado aún quiénes de estos trabajadores lo hacen para empresas, y quienes para la economía de baja escala. Por otro lado, en muchos de estos casos –como podemos analizar en el capítulo correspondiente– y especialmente en diversos emprendimientos pequeños como los dedicados a la fruta o la yerba mate, coexisten equipos de recolección manual que laboran para empresas o para pequeños productores. Haciendo números gruesos, hasta que se pueda avanzar en un relevamiento integral, podríamos decir que un tercio del total de trabajadores rurales –en blanco o en negro–se relaciona con la economía agropecuaria de baja escala, o sea 750 mil personas. En este caso, al igual que en la pequeña economía rural, en general trabaja todo el grupo familiar. Una vez más tomando sólo a un 75 % de ese universo como familia constituida, se puede calcular en casi tres millones a las personas relacionadas con la actividad.

Es decir que para más de seis millones de argentinos, se están aplicando políticas de subsidio que se asemejan más al asistencialismo que a un decidido encuadre de integración laboral y productiva, con objetivos claros en el corto y el largo plazo y con un papel a jugar en los nuevos tiempos que se abren en la Argentina.

No es nuestra intención que se tome como un desplante denominar como asistencialistas a estas políticas. Nada más lejos de nuestra intención, y

213

además debe quedar claro que es la primera vez que se realiza de manera tan extendida en el país, sobre todo en el ámbito rural, lo cual ha permitido la permanencia de muchas familias en sus predios y ha bajado los flujos migratorios campo-ciudad. Lo que proponemos debatir es el paradigma “del productor al consumidor” sobre el cual se apoya este modelo. En otro capítulo nos ocuparemos más en detalle sobre estos aspectos, pero a los efectos del presente análisis, resulta claro que para el gobierno nacional, tanto como para muchos gobiernos provinciales que se están ocupando de la materia, no resulta significativo el aporte al PBI de los actores de estos programas, y también es contundente la falta de financiamiento propio y la necesidad sostenida de apoyo estatal que los destinatarios de ese modelo precisan. El punto de vista gubernamental en el marco de impulsar la producción –independientemente de los cuantiosos fondos que se destinan a la promoción social– al manejarse sobre criterios economicistas más que sociales, siempre termina por poner el acento en aquellas actividades que más aportan al PBI, en un orden decreciente que va postergando en la agenda a los más pequeños, además dispersos territorialmente y aún muy débiles en cuanto a su agremiación.

Las reiteradas aunque veladas quejas por la falta de mayor presupuesto destinado a tanta gente, debería comenzar por analizar la relación económica y hasta política del costo-beneficio de poner más dinero en estas lides. Mientras se vea políticamente a la agricultura familiar como acción social, tanto por parte de quienes gobiernan como de quienes operan como funcionarios o participan de la vida organizativa y política de este espacio, los mecanismos aplicados serán un reflejo de esa visión.

Organizar a este espacio disperso territorialmente, que lucha por defender un modo de vida y no simplemente para alcanzar un salario, que tiene connotaciones tan amplias que se extienden desde aspectos migratorios internos hasta ocupación y uso del suelo, ordenamiento territorial junto con impacto ambiental, así como soluciones de fondo para la pobreza como vía hacia la soberanía alimentaria, resulta sencillamente apasionante.

Si logramos “salirnos” de esa auto figuración de gauchos redivivos pero nostálgicos que les asigna la mirada urbana, si dejamos de pensarnos como un piélago de realidades inconexas, si entendemos el enorme potencial que tiene romper el modelo poco eficaz en términos de crecimiento del PBI y de integración socioeconómica real que encierra el paradigma “del

214

productor al consumidor”, para pasar a aquel que señala “desde los productores agrupados, con valor agregado y escala, a precio mayorista y con marca propia, hacia los comercios barriales en red”, otro gallo nos va a cantar en esta madrugada de la patria.

No queremos ser injustos en este aspecto. Muchos programas de diversos ministerios se están ocupando de líneas de apoyo que se inscriben en esta modalidad. Lo que observamos es un problema de proporciones: haciendo un cálculo aproximado, por cada peso que se pone en la línea “de la cooperativa a almacén”, se ponen 10 en la que propone “del productor al consumidor”. Pero además, otros aspectos de facilitaciones desequilibran la ecuación. Es mucho más fácil producir informalmente y llevar ese producto una vez a la semana a una feria franca, que constituir entidades que requieren trámites en INAES, SENASA, AFIP, INPI y otras habilitaciones menores que van desde el contrato de mano de obra a inscripciones de preventistas o choferes. Por no mencionar los problemas de estoqueo, envasado y distribución para una demanda comercial que no entiende de demoras y necesita escala sostenida, aunque sea mínima.

Una vez que logremos desechar esas limitaciones en cuanto a la mirada estratégica que se debe aplicar el “tercer campo”, deberemos pasar a analizar el complejo mundo referencial que rodea a esa realidad. Cuando se habla acerca de que resulta “necesario estimular el desarrollo de la agricultura familiar para fortalecer así las organizaciones rurales, como base de la soberanía y seguridad alimentaria y como opción frente al crecimiento de los granos”, pareciera ser que la agricultura familiar debe competir con los granos. Pues bien, en la zona cerealera y sojera casi no existe la economía familiar. El problema es otro y otras las soluciones, como veremos en el capítulo correspondiente. Donde existe economía familiar, excepto en las grandes extensiones ocupadas por comunidades aborígenes que despiertan hoy la avidez de los “grandes”, resulta sumamente difícil avanzar en forma extensiva con granos o poroto de soja, y en ese entramado de pequeñas parcelas –como veremos– los grandes capitales están avanzando con otras alternativas, de la misma forma en que lo hizo Phillips Morris con el tabaco.

No hace falta competir con granos y oleaginosas, que son un excelente negocio para el país si se maneja de manera racional y transparente, poniendo por delante los interesas nacionales y acotando cada vez más la

215

transnacionalización y la venta a granel sin valor agregado. Lo que importa es que a través de un ordenamiento territorial y políticas proactivas, se tenga en claro que a la Argentina, además de soja, trigo, maíz, girasol y carnes a granel, le conviene agregarle valor local a esos productos antes de exportar, y a la vez abrir un enorme abanico de alternativas alimentarias, donde el agregado de valor local signifique localía en todos los sentidos: desde las inversiones necesarias hasta el ingreso obtenido.

Es cierto lo que se ha planteado en el debate abierto por el Ministerio de Agricultura de la Nación, de que los buenos precios de los granos y oleaginosas impulsan al alza de otros productos en los países periféricos. Y que ese alza puede significar una más que excelente razón para avanzar en una redefinición de toda la producción rural que aún se maneja con baja escala en el país.

Pero analicemos ese marco antes de avanzar en otras cuestiones. Una de las características sobresalientes, luego de la caída del 2009, es la rapidez con que se recuperó la demanda global en el sector alimentario, comparándola con otras actividades de la economía. Los alimentos, a diferencia de aquellos productos que se entumecieron o disminuyeron en cuanto al movimiento de mercaderías, después de la crisis reaccionaron mucho mejor que la gran mayoría. El mundo puede estar jaqueado por las subprimes, pero no puede dejar de comer. Además, muchos de los países que nos compran hicieron lo mismo que nosotros: se sustrajeron con antelación a la onda expansiva de la timba financiera internacional, y capearon en el corto plazo sus secuelas. Eso les permitió volver a comprar sin apuros visibles para el mediano plazo.

Los precios de los alimentos se equilibraron a niveles anteriores al desastre financiero, e incluso para diversos rubros mostraron claras mejorías. Los datos del 2011 señalan que también se incrementaron los volúmenes comercializados, y que crecieron otras exportaciones que venían rezagadas respecto de la soja, como las de trigo y maíz. Los agoreros del desastre, que proliferaron como una mancha de petróleo ni bien explotó la burbuja financiera, se quedaron una vez más sin argumentos por ser alumnos poco aplicados: no estudian, ni leen ni analizan.

El alza de los precios de alimentos se observó especialmente en los commodities agrícolas, un dato que impacta –por arrastre o por ser

216

componente secundario– en los demás productos que no cotizan en el mercado de granos. O sea que cualquier política estatal al respecto, y especialmente aquella que se oriente a incorporar nuevos actores en el universo de la producción de alimentos –de la dimensión que sean– deberá tener muy en cuenta el marco internacional a la hora de tomar decisiones. Después veremos cómo esto se relativiza cuando se refiere a la recuperación de segmentos del mercado interno. Pero eso forma parte de la astucia a desplegar cuando se tengan más y mejores herramientas para hacerlo. Por ahora, es necesario estudiar con detenimiento varios análisis, entre ellos un trabajo elaborado por la consultora Abeceb.com señalado que las inversiones financieras, sean especulativas o comerciales, son la principal razón de la creciente volatilidad y el aumento de precios de los productos básicos. Esto obedece a una verdadera transformación de las transacciones y la profundidad de los contratos financieros donde se insertan actualmente los commodities agroalimentarios, que se han convertido en un producto financiero más, ofrecido por los grandes fondos de inversión como refugio frente al actual contexto de incertidumbre.

Al respecto, un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) advirtió que la volatilidad de los commodities es una grave amenaza para la seguridad alimentaria, apuntando a separar en esos precios el incremento real del incremento ficticio por el accionar de las bolsas. Expertos –procedentes de 75 países miembros del organismo internacional– señalaron que las inesperadas malas cosechas en algunos países exportadores, seguidas de medidas políticas a nivel nacional y por maniobras especulativas, han sido, más que las leyes del mercado global, los principales factores que impulsaron tanto la escalada reciente de los precios mundiales como la elevada volatilidad actual. Un dato a tener en cuenta al encarar políticas de largo plazo. El precio de referencia debe ser siempre el real, difícil de ser perforado a la baja. Los otros son siempre pases mágicos y fantasías, un caballo al que no resulta conveniente enganchar el carro de ningún proyecto.

Entre las causas profundas de la volatilidad, los técnicos de la FAO señalaron los vínculos cada vez más profundos y complejos entre los mercados externos, en particular por la financiación de los mercados de futuros, su escasa transparencia y las compras generadas por el pánico en aquellos países más afectados por la crisis, con acaparamiento consecuente.

217

Pero también apuntaron a algunos cambios inesperados, provocados por las necesidades de seguridad alimentaria a nivel nacional y a la insuficiente información sobre el suministro y la demanda de cultivos

Un detalle no menor son los datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para el año 2010, que muestran una notable recuperación de las exportaciones mundiales y regionales. El organismo había previsto una tasa de crecimiento del comercio mundial de 13,5%, la más importante desde 1950. Para el caso de economías avanzadas, la suba anual esperada es de 11,5% y para países en desarrollo el repunte es de 16,5%. Todos análisis post crisis. Esto se confirmó en parte, especialmente por el aporte de los países que se mantuvieron relativamente indemnes frente al desastre. El Fondo Monetario Internacional confirmaba esa suposición, previendo para el mismo período un alza del comercio de 9% y una variación del PBI mundial de 4,6%.

Para la FAO, los países más golpeados por el alza de los precios internacionales de los cereales serían los países importadores en los cuales el trigo constituye un alimento básico, incluyendo Oriente Medio y el norte de África –en particular Egipto, el mayor importador a nivel mundial–, la Comunidad de Estados Independientes y parte de Asia. No se equivocaban.

Resulta claro que desactivar el impacto del alza de los precios a nivel internacional sobre los consumidores depende de las políticas aplicadas en cada país de manera individual. En este punto vale señalar la política del Estado argentino, evitando que dicha alza en el trigo se trasladara al pan, los fideos y la harina, a través de la aplicación del 23% de retención a la exportación de este cereal, sólo cinco puntos menos que la vigente hasta ese momento pero aún así resistida.

Según la publicación de la FAO “Perspectivas de cosechas y situación alimentaria”, los precios del trigo y de la harina de trigo experimentaron fuertes subas en julio y agosto del 2010 en varios países del PBIDA (países de bajos ingresos y con déficit de alimentos), incluyendo Afganistán (24%), Mongolia (23% ), Tayikistán (22% ), Bangladesh (21%), Kirguistán (19 %) y Pakistán (8%). En Mozambique, el incremento del 30% sobre el precio regulado del pan a principios de septiembre fue revocado por el gobierno, tras el surgimiento de graves disturbios civiles. En Bangladesh y Vietnam los precios del arroz se incrementaron en agosto y principios de

218

septiembre, pero bajaron en Filipinas, Tailandia y Sri Lanka. En América latina, en tanto, los precios de la harina de trigo permanecieron relativamente estables.

El índice de precios de alimentos elaborado por la FAO reflejó que el trigo alcanzó un promedio de 176 puntos en agosto del 2010, casi nueve puntos más que en julio. Este aumento del 5% llevó a que este producto alcanzara su valor más alto desde septiembre de 2008, aunque todavía un 38% inferior al máximo alcanzado en junio de ese año, poco antes del enfrentamiento con la Mesa de Enlace y de la erupción de la crisis especulativa a nivel mundial.

Una vez analizado el marco de referencia respecto de la importancia alcanzada por los commodities en el comercio mundial, y su reciente papel como oferta para la inversión financiera, debemos regresar al orden doméstico, que es el que más interesa a los efectos de nuestra investigación. Entre las propuestas de la FAO, quizás la más importante de las realizadas por esta organización mundial apunta a la necesidad de intensificar la recopilación y difusión de información en la creación de capacidad en áreas productivas, e incluye el seguimiento de las intenciones de siembra, el desarrollo de cultivos, la información sobre mercados domésticos y las diferentes dimensiones del comportamiento de los mercados de futuros, incluyendo la participación de los agentes no comerciales.

En sintonía con esta demanda, las políticas argentinas permiten una visión proactiva respecto de la transformación que ha sufrido el territorio, como respuesta –aún en fase de proceso– al modelo económico mundial global de producción de commodities. Se están comenzando a aplicar acciones de intervención específicas en cuanto a las producciones fuera de la región pampeana, necesarias para equilibrar la ecuación en cuanto a producción de alimentos y generación de empleos. Esas políticas apuntan a algunos conglomerados productivos, como en el caso de leche y derivados, carnes o aceites, que quedaron en la periferia de los grandes consorcios empresarios, algunos de ellos casi en la inactividad total. Esto es correcto, en tanto se incorpore también ese enorme espacio disperso pero sumamente potente que mencionamos al principio, y sobre todo cuidando sobremanera que algunos apoyos estatales de porte medio no reproduzcan –aunque en menor escala– el modelo expulsor de las grandes corporaciones.

219

El cultivo de soja, al avanzar de manera casi exponencial en 19 millones de hectáreas durante los últimos años, demuestra que muchos productores eligieron esa variante por los mayores ingresos que ofrece. Pero no fue ese el factor que puso en peligro la producción de productos primarios que la Argentina siempre garantizó, sino la concentración desmedida de esas redes de producción, logística y comercialización más complejas que la venta de oleaginosas a granel, como analizamos en otros párrafos de este libro. Pero es cierto que mermó la producción de alimentos para el consumo interno, por los importantes excedentes destinados a la exportación que hicieron obligatoria la intervención del Estado. Desde esa perspectiva, resultan correctas las políticas orientadas a sostener no sólo las producciones, sino específicamente a los medianos productores de las regiones del interior.

Pero las diferencias de aporte real o potencial al PBI definen la profundidad y los recursos aplicados. Por consiguiente, la producción familiar de alimentos todavía no es uno de los protagonistas, y mucho menos el eje, de un modelo que busca garantizar el desarrollo económico con inclusión en cada una de las provincias argentinas. En las políticas “por tandas” que se han venido aplicando para responder a cada coyuntura, el universo de los pequeños productores y de los trabajadores rurales es todavía percibido como un espacio demandante, y no aportante. Es por eso que, para que el pequeño productor pase a ser la bisagra principal de políticas basadas en la búsqueda del desarrollo con equidad, no sólo deberá lograr diferenciarse frente a producciones que buscan sólo la acumulación, sino además demostrar que son capaces de acumular más y mejor, con profundo sentido distributivo y nacional.

Hagamos un análisis más global, abarcando diversos sectores, para tener una idea más acabada de la relación entre inversiones productivas y políticas públicas. El país crece, pero no todas las actividades aceleran o se recuperan, algunas a tasas asombrosas. Paralelamente, existen otras que van más lento y hasta en algunos casos retroceden. En términos de un análisis general –cabe aclararlo antes que se nos echen encima los argumentos sesgados de siempre– la economía argentina crece a tasas chinas, y el Gobierno acompaña con políticas activas ese desempeño que no logró ser afectado por la crisis. Pero justamente cuando se logra

220

mantener este desempeño durante tanto tiempo, surgen y necesitan ser debatidas las situaciones que anteriormente esa misma urgencia postergaba.

En la economía nacional hay actividades que mostraron crecimientos superiores al 50%, mientras otras crecieron más moderadamente. Pero también se observan algunas que crecen a ritmo muy bajo o que, lejos de avanzar, se han estancado. Los indicadores utilizados para medir el crecimiento de la economía señalaban para el 2010 entre un 6,7% (Estudio Ferreres) y un 10% (Fundación FIEL) de crecimiento para el sector industrial. Las previsiones, en general, se acercaron a la realidad. Pero al desagregar la información en distintas ramas de actividad, se observan diferencias interesantes.

Los sectores relacionados al consumo y la obra pública van a muy buen ritmo, mientras que la inversión privada se ubica un andarivel más bajo. Pero son los sectores orientados a la exportación los que marcan récords, en contraposición con otros rubros dirigidos al mercado interno, que muestran un avance lento.

La industria automotriz pasó  a ser emblema del crecimiento argentino. Tanto es así que en 2010 se fabricaron más de 700.000 vehículos (según ADEFA) convirtiéndose así en la cifra más alta de la historia, y la meta para 2011 es superar el millón de unidades. Su tasa de incremento se ubica en la franja del 50% respecto a 2009 –en el podio de las más altas– si bien la crisis global la había golpeado con fuerza el año anterior.

Al medir el crecimiento de la industria argentina, el repunte del 10 por ciento cae a la mitad si se excluye el sector automotor. Pero hay que tomar en cuenta que esta dinámica incluye concesionarias, fabricantes de autopartes, proveedores de insumos y especialmente a la industria siderúrgica como gran motor de esta actividad, que también creció casi un 50 %. En el 2010 se comercializaron cerca de un millón y medio de vehículos usados. Los fabricantes de autopartes aumentaron sus ventas, pero los mayores beneficiarios siguen siendo las compañías brasileñas, porque la proporción de piezas nacionales en un vehículo es del 20% promedio, por lo cual la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes exige un incremento en el porcentaje de integración. Esto es parte del tira y afloje actual entre Argentina y Brasil, que hace pesar sus compras de

221

400.000 vehículos producidos en el mercado nacional, más de un 50% de la fabricación local.

Otras actividades empresariales crecieron entre un 20 y un 25 % promedio, como las dedicadas a fabricar y comercializar industria textil, calzado, línea blanca y electrodomésticos. El incentivo a la demanda –a través del crédito en cuotas sin interés ofrecido por tarjetas de crédito– así como el freno a la importación que se aplicó a varios productos, contribuyeron al desempeño de estas actividades, antaño casi paralizadas.

En productos de informática, el incremento fue de un 20%, con alta demanda para LCD, celulares y notebooks de fabricación nacional, especialmente en Tierra del Fuego. El crecimiento en la fabricación y oferta de televisores de pantalla plana, por sustitución de productos importados, se acercó al 100 %. Ahora se apunta a reemplazar con insumos nacionales para ensamble los provenientes de China, Corea y Taiwán.

La actividad bancaria también ha crecido mucho, aunque no en base a créditos hipotecarios o préstamos de largo plazo para inversiones productivas, sino más bien al consumo vía tarjetas de crédito, que creció un 30 % interanual, los créditos prendarios para la compra de 0 km o los préstamos personales para refaccionar o equipar el hogar.

En la actividad de la construcción siguen existiendo problemas estructurales que frenan un mayor despegue del sector. Creció la producción de cemento por impulso de la obra pública, pero también subieron los costos en el valor de los terrenos, de insumos y de mano de obra. Es esta actividad se observó una pequeña caída de rentabilidad en relación con otros años, porque los segmentos sociales de clase media no acceden fácilmente al crédito hipotecario con tasas de interés del 20 %, elevadas para un ingreso medio. La ley de reforma de entidades financieras y el accionar directo gubernamental apuntan a este y otros problemas, como ya lo abordamos en otro capítulo.

El sector energético, por sus dimensiones, debe ser tomado como un caso aparte. No es lo mismo un crecimiento del 25 % en la industria del calzado, por ejemplo, que un aparentemente magro incremento del 5 % en este rubro. En tal sentido, la incorporación de la represa de Yacyretá, completando su llenado, incrementó en casi un 50 % la disponibilidad de energía, que ahora deberá ser canalizada a través de la ampliación de las

222

redes de distribución, pero que claramente soluciona déficits a futuro. La iniciación de Garabí y Corpus en Misiones, emprendimientos conjuntos con Brasil y Paraguay respectivamente sujetos a plebiscito provincial, completarían esa disponibilidad como un amplio recurso para el desarrollo.

En el caso de los hidrocarburos, la actividad en gas subió apenas un 1,3%, en tanto que la producción petrolera registró una caída de 0,2%. Esto se hizo sentir, pero el descubrimiento de nuevos yacimientos hace pensar que nuestra economía, que crece a tasas chinas, podrá contar a futuro con esta rama de actividad tan relacionada a la reactivación de la industria y su mayor demanda energética. La cuestión tarifaria, que hoy ocupa el centro del debate porque las empresas aducen un virtual congelamiento de sus ingresos, seguramente se trasladará a la disputa por porciones del mercado cuando el incremento en nivel de inversiones en estos nuevos yacimientos acompañe la demanda creciente.

Lo que resulta cada vez más claro es que las tasas de rentabilidad y las perspectivas de crecimiento son mejores cuanto se cuenta con protección estatal para frenar la competencia importada, como es el caso de los textiles. Otras ramas de actividad, alejadas de los controles oficiales de precios, capitalizan con creces el actual momento del dólar barato, plazos fijos que pagan por debajo de la inflación y que muestran un elevado consumo.

Es el caso de algunos alimentos, donde el accionar estatal acelera o aplaca determinadas actividades. Algunos segmentos muestran un crecimiento más que interesante, mientras otros aparecen rezagados. Dentro de este último grupo se ubican las industrias de la carne y de los lácteos, que en conjunto registraron una caída del 3% frente al año anterior. En el caso de las carnes rojas, tomado individualmente, el retroceso fue del 11 %, asociado al problema de una disminución coyuntural de materia prima, que llevó al Ejecutivo nacional a lanzar planes de promoción para el 2011.

En lo que respecta al sector lechero, el problema es más complicado, porque se produjo el cierre de 4.000 pequeños tambos en los últimos 5 años como reflejo de las complicaciones que aquejan a esta actividad, que analizamos en otra parte de esta obra, pero que en resumen están ligadas a la concentración desmedida de las cadenas de industrialización y comercialización. Esto llevó a sufrir serios problemas financieros a La

223

Serenísima y Sancor, o la venta de capital accionario de Gándara y Milkault.

En síntesis, y desde una mirada estratégica, en este importante sector de la actividad económica nacional habrá que estar atentos a los avatares de la crisis internacional, a las políticas impulsadas desde el Estado y a la forma en que reaccionará cada uno de los actores involucrados en esta apasionante novela de suspenso.

El año electoral resulta propicio para lanzar propuestas que apunten al rol de Estado, especialmente en cuanto a cómo obtiene recursos mediante el sistema tributario, porque tanto “estatistas” como “neoliberales” –según la vulgata– saben que ese es el gran barómetro.

Quienes ven al Estado como un actor distorsivo de la libre empresa, proponen reducir o eliminar impuestos que consideran distorsivos, como los derechos de exportación conocidos como retenciones y el impuesto al cheque, sin preocuparse por analizar la función que cumplen esos gravámenes ni cómo se compensaría su merma, para evitar la contracción de la masa tributada y el consecuente proceso deficitario. Sostienen un ajuste fiscal, especialmente en “gastos sociales improductivos”, y no se ruborizan en reclamar un proceso de reformas destinado a achicar el Estado, repitiendo errores del pasado y todavía obsecuentes al debilitado mandato del Consenso de Washington.

Quienes plantean un accionar del Estado sin caer en intervencionismos distorsivos, muestran una mayor contracción al trabajo y al análisis, deteniéndose en los hiatos históricos de la base imponible del sistema vigente. Probablemente se apunte a ampliar la imposición a patrimonios y rentas financieras para reforzar la función de los tributos, como instrumento de política fiscal que incentive la acumulación productiva y modere las desigualdades sociales que nos heredó la política de mercado.

A esta altura resulta ocioso argumentar contra la primera de estas posturas, no sólo porque colisiona con un régimen económico en marcha que está demostrando ser más exitoso y sostenible, sino también porque el “éxito” y la “sustentabilidad” de ese modelo son exclusivos para grandes inversores, y si son foráneos y especulativos, mejor.

224

A partir de la evidencia cada vez más clara de cuáles son las conveniencias argentinas como Nación, probablemente este año electoral –que transcurre mientras se elabora este libro– marque la definitiva declinación de ese modelo neocolonialista financiero como opción política, reduciendo su expresión a lo que sucedía en el pasado, cuando jamás lograron estructurar una opción partidaria convocante, quedando reducidos a ser grupos de presión política. En lo que sí tuvieron éxito fue en establecer cabeceras de playa y luego cooptar y dominar en beneficio propio las grandes expresiones partidarias nacionales. Pero aún el derrotero sinuoso y la cuestionada inclusión de de Narváez en la alicaída UCR está demostrando que este tránsito resulta ya casi imposible en la actualidad, sin perder cientos de miles de votos por el camino.

El problema de ausencia de oposición creíble está directamente ligado a la lenta agonía de esa impronta, y augura un proceso donde nuevas formas deberán surgir si pretenden ocupar un lugar en el gran debate nacional. No importa si son de derecha o de izquierda, categorías en realidad vinculadas a una realidad política más bien foránea, europeizante. Lo que se les reclamará y se les reclama, aunque todavía no lo perciban muchos de quienes se dedican a la “política no oficialista”, es el grado de vinculación con nuestros problemas, y la respuesta política que se ofrece para superarlos.

Pero volvamos al tema que nos ocupa, que es referenciar de la manera más completa e integral posible la problemática de la soberanía alimentaria en la apasionante coyuntura que nos toca vivir. Terminar de adaptar el sistema tributario al actual modelo productivo con inclusión social, en el marco de la estrategia de desarrollo vigente, requerirá de transformaciones. La reforma tributaria ocupó hasta ahora un lugar relativo en la agenda de gobierno, a pesar de haber hecho eclosión puntual con el debate por las retenciones. La gran prensa se dedicó con ahínco a propalar propuestas que esquivaban los diversos abordajes posibles para esta cuestión, o agitaron falsas alarmas para demostrar que no estaban dadas las condiciones para avanzar en la reforma.

No fue casual. Hace tiempo que los sectores concentrados tienen bien estudiado para qué sirven las herramientas tributarias. Es más, buena parte de las que todavía aplicamos hoy en el país, las inventaron ellos. Determinar si es posible y conveniente llevar a cabo una reforma tributaria,

225

requiere establecer quiénes ganan y quiénes pierden con ella, así como las reacciones al cambio que se producirán. La intervención del Estado para resolver un problema implica siempre la aparición de otros nuevos dilemas, y el caso específico de un cambio impositivo no escapa a esa lógica.

El Estado hace uso de su poder de coerción para extraer parte de los ingresos a determinados actores económicos. La primera resistencia a esta medida ha surgido de los afectados directos, especialmente “el campo”. En otras palabras, se trata –nada más y nada menos– que de discutir si la reforma tributaria resuelve los problemas propios de la economía en esta etapa de desarrollo. Por lo tanto, un proyecto de reforma orientado a corregir la incidencia distributiva de los impuestos no sólo debe contemplar los cambios normativos necesarios, sino también considerar los distintos intereses a conjugar o a enfrentar.

La dirigencia patronal  del campo utilizó como método de presión, antes del diálogo con el Ejecutivo, el argumento  de que no se aplicaban políticas activas de apoyo, lo cual contrasta con la cantidad  de decretos, resoluciones y programas  a favor del sector que habían lanzado con anterioridad, pero muy especialmente durante la crisis. En total,  fueron 47 medidas que otorgaron beneficios  al campo, junto con  otros gastos de la administración nacional y  créditos subsidiados por 21.739 millones sólo en un año y medio. Esta cifra surge de un informe publicado que abarcó 15 meses, desde mediados del 2008 hasta el tercer trimestre del 2009. Uno de los puntos señalados es el subsidio al gasoil. De ese total de fondos aplicados por el Estado, 1.505 millones de pesos se utilizaron para el sector agropecuario y el transporte de cargas para el agro.

Por otro lado, los derechos de exportación de trigo se redujeron de 28 a 23 % y los del maíz de 25 a 20 %, con un costo estatal de 550 millones de pesos en un año. También se redujeron un 50 % las retenciones a frutas y hortalizas, una reasignación del fisco de 160 millones de pesos para la misma etapa. La eliminación de retenciones a la exportación de leche en polvo tuvo un costo fiscal de 300 millones de pesos.

Para atender la fuerte sequía del 2008, el Ejecutivo dispuso 285 millones de pesos de apoyo directo en las nueve provincias afectadas, para cubrir reimplantación de cultivos y pérdidas por mortandad de animales, y otros 12 millones por heladas, granizo y exceso de lluvias. En 2009 se declaró la

226

emergencia agropecuaria y se destinaron 1.700 millones de pesos en subsidios directos para ayudar a productores trigueros y de ganado, con diferimientos impositivos y refinanciación de pasivos.

En cuanto a leyes para aportes de fondos a economías regionales, se destinaron 505 millones de pesos para fondear la Ley Algodonera, que alcanzó a 23 mil productores; la Ley Forestal, con más de 2 mil productores beneficiados; la Ley Nacional del Tabaco, que llegó a 30 mil productores; la Ley Ovina y el Plan Frutihortícola Nacional.

El Fondo de Promoción de Economías Regionales es un plan acordado con los gobernadores provinciales, que premia con una rebaja en las retenciones a la exportación del 50 % a productores que aumenten su competitividad, con un aporte de 2.230 millones de pesos en ese lapso para las provincias de Misiones, Mendoza, San Juan, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero y Tucumán.

En compensaciones lácteas, dado que desde mediados de 2008 el precio internacional de los lácteos había caído más del 50 %, y ante los reclamos para que el Estado se hiciera cargo de la diferencia entre el precio de venta y sus costos, el fisco gastó 560 millones de pesos para salvar tambos, destinando 300 millones a productores de hasta 3.000 litros diarios y 60 millones más para pequeños productores. En marzo del 2009 se agregaron otros 200 millones de pesos para cría de terneros en tambo.

El Plan Ganadero Nacional elaborado por el INTA benefició a 10 mil productores de ganado que faenasen cabezas con más de 400 kilos, con 223 millones de pesos en 2008 y 135 millones al año siguiente, más otros 400 millones para la producción de novillos pesados.

El Banco Nación implementó desde el 2008 crédito a tasa subsidiada por el Ministerio de Agricultura, destinados a siembra, cosecha, prefinanciación de exportaciones y compra de maquinaria agrícola, con más de 7.200 millones entregados entre 2008 y 2009. En ese período el sector agropecuario acaparó el 60 % de los créditos pymes del banco oficial. En cuanto a créditos internacionales, el Estado logró 1.080 millones de pesos del Banco Mundial destinados íntegramente al sector agropecuario, en especial a través del Prosap destinado a infraestructura rural y servicios agropecuarios.

227

El Ejecutivo agregó 1280 millones al presupuesto del INTA y el Senasa destinados al sector agropecuario para reforzar servicios a los productores, especialmente en transferencia de tecnología, capacitación y otras áreas orientadas a aumentar la productividad del sector.

En el año 2008 el Tesoro emitió bonos por 977 millones de pesos que se distribuyeron entre las empresas fabricantes de máquinas para el agro. Los bonos entregados equivalen al 14 % de la facturación de cada empresa, y pueden ser utilizados para cancelar impuestos o para ser comercializados en una entidad bancaria.

Finalmente, y es aquí donde recién aparece el “tercer campo”, la Subsecretaría de Desarrollo  Rural y Agricultura Familiar, creada a mediados del 2008, aportó fondos para mejoramiento tecnológico  y de comercialización para explotaciones familiares por 402 millones, aplicados a través de diversos programas como  Proinder y Prodernoa.

Todas estas políticas de apoyo se hicieron con recursos logrados por cobro de tributaciones, y por los excelentes precios de nuestras exportaciones. Pero el grueso surge de lo que los argentinos solidariamente aportamos a través del IVA, que –como vimos– están orientados mayoritariamente hacia un sector que  se niega a distribuir parte de su riqueza con los demás, y en especial con los que menos tienen.  Pero existen otros aportes del conjunto a computar, ya que los obreros del campo envían sus hijos  a escuelas públicas, se atienden en  hospitales públicos y reciben asistencia  social del Estado, financiada por una renta  estatal a la que las patronales del campo no quieren aportar. Es más, por  sus declaraciones públicas, queda claro que la  intencionalidad de las entidades elitistas de la Mesa de Enlace es política, y lo económico le sirve sólo como justificativo para retroceder a situaciones de injusta distribución de las cargas, donde estos subsidios recibidos se multipliquen a costillas de todos los argentinos.        

El desempeño macroeconómico de la Argentina desde 2003 ha sido notable. Se redujo la deuda pública y externa, se multiplicaron las reservas internacionales del Banco Central, el PIB se incrementó a niveles nunca antes observados, el empleo y los salarios reales crecieron marcadamente, se diversificó parcialmente la estructura productiva y la economía superó con tranquilidad la crisis financiera internacional, con un crecimiento que recuperó su desempeño pocos meses después del impacto.

228

En el mediano plazo resulta evidente que el crecimiento es sostenible y que no se avizoran peligros en el horizonte cercano. Pero una vez superado el temporal financiero, ciertos aspectos macroeconómicos que caracterizaron el crecimiento acelerado han cambiado, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad en el largo plazo. Algunos analistas sostienen que si no se logra profundizar la intervención del Estado en la planificación del desarrollo económico, dicho crecimiento podría cambiar su perfil y perder algo del potencial que lo ha caracterizado. Son tres las amenazas señaladas: la inflación, la reducción del superávit en cuenta corriente y la reducción del superávit fiscal.

El superávit en cuenta corriente se estrechó en los últimos trimestres, pero se recuperó recientemente. El temor surgió al calcularse que –de seguir esa trayectoria anterior– podía tornarse deficitario en 2012. Aun en ese caso, esto no implicaría desencadenar una crisis porque la economía argentina tiene margen para mantener una cuenta corriente deficitaria al menos por cinco años, dado que el nivel de deuda externa es bajo y las tasas de interés internacional están cerca del mínimo, mientras que nuestras reservas internacionales muestran niveles elevados.

La reducción del superávit fiscal tampoco representa un problema en sí mismo, porque la deuda pública –si se quitan las obligaciones internas– es muy baja y demanda un menor superávit primario para ser afrontada, a lo que se suma haber superado el default, lo que permite refinanciar vencimientos de capital a tasas razonables.

Finalmente, la inflación por ahora no se ha acelerando después del repunte claramente artificioso y con intencionalidad política del 2009. Si bien es mayor que en los otros países latinoamericanos, no está afectando las decisiones de inversión, ni el crecimiento del empleo, de los salarios reales o el incremento del consumo. Pero la inflación tiene otras secuelas que es preciso abordar. Las consideraciones anteriores señalan que la continuidad del crecimiento no está en riesgo, pero existen elementos que –si no son enfrentados activamente– pueden llegar a cambiar progresivamente el perfil de crecimiento, e incrementar la vulnerabilidad externa en el mediano plazo.

El principal problema de la economía es la progresiva pérdida de competitividad que resulta de combinar un tipo de cambio casi fijo con una

229

inflación interna superior a la de nuestros socios comerciales. En este marco, resulta evidente que las políticas de estímulo directo al desarrollo deberán ser incrementadas. Esa relativa pérdida de competitividad tendría como efectos que el crecimiento se traslade hacia sectores con menor potencial para el desarrollo, como bienes y servicios no transables, desalentando a la vez la necesaria diversificación productiva que se lograría mediante el surgimiento de nuevos sectores. Pero también podría implicar menores ganancias de productividad y una generación de empleo menos calificado y peor remunerado, si impulsara el crecimiento de las importaciones y no promoviera nuevas exportaciones. Si este proceso se agudiza, podría llegar a afectar en forma negativa el saldo en cuenta corriente, hoy financiable en el corto o mediano plazo, pero que en el largo plazo podría inducir el aumento de endeudamiento externo privado o público.

Revertir la tendencia a perder competitividad demanda políticas públicas muy proactivas, como un rol estatal aún más protagónico que el actual para el financiamiento del desarrollo y de las exportaciones, e interviniendo aún más en los conflictos distributivos. Para preservar la competitividad cambiaria también será necesario fortalecer la infraestructura de apoyo al sector productivo, así como coordinar planes de inversión estratégicos a través de las empresas con participación estatal. La política de sustitución de importaciones se puede apoyar mediante la ampliación de las retenciones, orientándolas a incentivar el agregado de valor local. Todo esto enmarcado por una promoción de inversión extranjera directa que responda a los criterios estratégicos de desarrollo nacional, junto con la exploración de nuevos mercados.

En todo este andamiaje, podría ocupar un lugar de importancia insospechada la inclusión activa del “tercer campo”. Los recursos necesarios son realmente bajos si se los compara con la capacidad recaudatoria actual, pero también con los subsidios que se destinan a actividades exclusivamente agroexportadoras que –como vemos– terminan por impactar en el incremento de los precios internos. Esos bajos recursos que se podrían aplicar (una industria local de escala ronda los 400 mil pesos promedio por unidad) contrastan con la altísima necesidad de otro tipo de recursos necesarios a tal fin, como son el acompañamiento permanente en formalización empresaria o el establecimiento de redes de

230

logística y comercialización adecuadas. O sea –y sobre todo– un cambio de paradigma en cuanto la formulación actual de proyectos para el sector.

231

CONSUMO E INFLACIÓN

El ordenamiento e impulso al Tercer Campo está en directa relación con la recuperación de la capacidad soberana del país para producir alimentos a costos argentinos, asequibles al ingreso argentino para reponer fuerza laboral argentina. Este, que parece un juego de palabras, es en realidad el quid de la cuestión. Son  diversos y numerosos en América Latina los ejemplos de democracias que naufragaron en el pasado debido a procesos inflacionarios descontrolados, desabastecimiento y pujas desbocadas por apropiarse de la riqueza nacional, donde los que detentaban las armas y el poder económico corrían siempre con ventaja. Todavía hoy, aunque sólo en Honduras, se expresa la sinrazón de la violencia por sobre la elección de un pueblo. En cuanto a la otra variable, el poder de mover precios y mercaderías, todavía queda mucho por hacer para que deje de ser una herramienta en manos de unos pocos. Por eso, hoy más que nunca toma vigencia el debate keynesiano sobre el rol del Estado y la necesidad de transformar a la economía en una herramienta social, por sobre su característica de simple generadora lucro.

Hoy todos son keynesianos, aunque el 99,5 % nunca haya leído su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Pero así se forjan las famas hoy en día: alguien menciona un nombre, se pone de moda y todos comienzan a citarlo aunque no tengan la menor idea sobre lo que esa persona en realidad dijo. Lo que importa es que JMK aseguró que el Estado no puede estar ausente en los momentos en que la economía hace agua porque algunos gastaron a cuenta de otros y hay que arreglar el entuerto. Perla del conocimiento económico que nos permite adecuar herramientas, actualizar conceptos y encontrar soluciones. Leer a Keynes plantea ciertas ventanitas. Por ejemplo, el esquema de creación de cadenas productivas de alto impacto en la generación de empleo y de salario. Al analizar que la Argentina produce alimentos que se exportan –se venden en dólares– tal vez sería conveniente contar con alimentos a precio nacional para evitar que los precios internacionales impulsen los internos hacia arriba, en la famosa espiral inflacionaria.

Vamos a lo concreto. La creación de cadenas alternativas de producción de canasta básica de consumo sirve para reemplazar exportaciones y ayuda a romper la dependencia del consumo interno hacia los pooles definidores de precios. Esto significa comenzar a ganar el mercado interno, que ha sido

232

siempre la válvula de presión de los grupos concentrados de poder para evitar que los gobiernos populares redistribuyan con justicia. El ciclo es conocido: quieren exportar en dólares o euros, pero no quieren abrir nichos en el mercado interno porque es un colchón seguro ante modificaciones del panorama externo. Este esquema les permite manejar una alta capacidad de presión económica, que muchas veces se transforma en política cuando se intenta afectar sus “derechos adquiridos”. El desabastecimiento o el encarecimiento artificial y su consecuencia inflacionaria han sido las herramientas históricas para frenar la justicia distributiva.

Fortalecer la productividad y competitividad de cadenas alternativas mediante políticas de desarrollo endógeno, especialmente aquellas que inciden en el costo de la canasta básica de consumo, constituye un aspecto novedoso para superar el problema de que exportamos canasta básica, un aspecto que pocos estudios consideran en su justa dimensión. En otro capítulo nos ocuparemos más en profundidad de estas herramientas sobre encadenamientos productivos que tienden a subsanar la cartelización de la economía alimentaria con un claro efecto de freno sobre la inflación. Pero a los efectos del presente análisis y a manera introductoria de esos aspectos, resulta necesario extendernos en aspectos referidos al consumo y la inflación.

En los primeros siete meses del año 2009 la economía argentina creció un 9%, de acuerdo con datos oficiales, pero ciertos productos de consumo popular como la carne aumentaron hasta un 40% en el mismo período. Como servicios y combustibles sufren la presión a la baja por medidas emanadas del gobierno, donde más se sintió la inflación fue en la canasta básica de consumo, especialmente alimentos

La “inflación inflada”, con remarcaciones de precios no sustentadas en aumentos reales en los costos de producción y el mercadeo, impactó electoralmente en las legislativas del 2009. Más allá de ciertos corrimientos políticos por parte de los timoratos de siempre, que en el 2009 dudaban ya acerca de la fortaleza del gobierno para soportar incólume dos años más de gobierno después de la crisis por las retenciones, lo cierto es que no se trató solamente de un fenómeno de crecimiento de la oposición a partir de esa decantación oportunista. Estudios posteriores demostraron que el FpV había perdido también en algunos barrios populares, donde la inflación golpeó con fuerza. La trepada de los precios de la canasta básica incluyó

233

entre los artículos que más subieron para esas fechas, además del caso emblemático de la carne, al té en saquitos con el 18 %; el pollo un 16 %; zapallo 12 %; harina el 11,6 %; naranjas y tomates el 11,3 %.

El propio mercado –al que tanto entronizan los sectores que esta vez utilizaron esa “mano invisible” para remarcar– no demoró en poner cierto orden, por la baja en la demanda y porque el gobierno demostró muy rápido que no había perdido iniciativa. El desmadre casi simultáneo de la oposición, llevó a muchos conglomerados empresarios a repensar la continuidad de esta presión inflacionaria claramente artificial. Porque está muy bien jugar a la política cuando los intereses peligran, pero ningún capitalista está dispuesto a arriesgar pérdidas cuando la mano viene floja.

En realidad, el aumento de precios que se experimentó se basaba principalmente en la puja distributiva, donde pugnan los salarios por un lado, y la ganancia capitalista por el otro: a mayor salario de los trabajadores, menor ganancia de los empresarios. Pero a mayor capacidad adquisitiva, mayores expectativas inflacionarias para apropiarse de ese monto. Si ese proceso de descontrola, ya conocemos sus resultados.

Sin embargo, resulta necesario reflexionar sobre las particularidades de esta puja en ese momento, ya que durante los meses en que se produjo la intensificación de la inflación, no se discutieron paritarias. O sea que los salarios no aumentaron, excepto en escasos gremios que acordaron una suma fija por algunos meses. Lo que aumentó fue el poder de compra de gran parte de la población a través de la universalización de la asignación por hijo, los planes Argentina Trabaja y el aumento de las jubilaciones. Resulta claro que esto no impacta en los costos de los empresarios, porque no se trata de salarios. Sin embargo, forma parte de la puja distributiva, porque los empresarios intentan apropiarse –aumentando los precios– de un mayor lucro gracias a ese aumento en la capacidad adquisitiva de la sociedad. O sea que durante la crisis del 2009 el incremento de los precios se debió al aumento de la demanda, y no al de los costos de producción y mercadeo.

También se volvió a escuchar la consabida muletilla de “los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor”, pero este ascensor fue entonces capaz de ocultar que los precios viajaban junto con las ganancias empresariales. No se puede asociar mecánicamente el aumento de los

234

salarios con el aumento de los precios, algo que resulta no sólo incorrecto sino retorcido, ya que tiende a congelar o empeorar la distribución funcional del ingreso y no transparenta que lo que se persigue es mantener salarios bajos, continuar con precios altos y, por lo tanto, aumentar las ganancias.

Lo cierto es que, hasta el tercer trimestre de ese año, la disparada de precios parecía imparable y la inflación –según un sondeo de Consumidores Libres– se acercó a la resbaladiza barrera del 30 % anual. Para Bernardo Kosacoff, ex director de la Comisión Economía para América Latina (CEPAL), la inflación real se encontraba para esa fecha por encima del 25 %. Fue en ese marco cuando se comenzó a hablar sobre la necesidad de sellar un “pacto social” que, entrado ya el 2011, se transformó en las mesas de diálogo entre gobierno, empresarios y trabajadores, pero incluyendo otros temas como la participación de estos últimos en las ganancias.

El sociólogo Julio Godio –íntimamente vinculado al movimiento obrero argentino y latinoamericano– fue el primero en expresar, a mediados del 2008 y en pleno debate por las retenciones, la necesidad de que los diversos sectores de la política y la economía sellasen un pacto social, con el fin de llegar a buen término a las elecciones del siguiente, lo cual permitiría generar la confianza necesaria para la aplicación de inversiones orientadas a aumentar la producción destinada a satisfacer demanda y así poder evitar la presión inflacionaria que ya se avizoraba.

Mientras tanto, la incesante suba en los precios de los artículos de primera necesidad llevó a diversos especialistas a encender luces de alarma. El economista Fausto Spotorno, del Centro de Estudios Económicos (CEE), que coordina Orlando Ferreres, informó que teníamos para ese entonces “la segunda inflación anual verdadera más alta (20 %) de América Latina después de Venezuela (30 %)”, y agregó que para la Argentina era “una disyuntiva mantener el actual nivel de crecimiento pero con alta inflación”, advirtiendo que “se está sacrificando el futuro, porque se reduce la inversión”. Esto, que podría ser cierto si se aplican herramientas tradicionales de análisis económico, una vez más fue desmentido por la dinámica de crecimiento que viene mostrando el país, íntimamente relacionada a condiciones macro que difícilmente puedan ser afectadas por corridas o aprietes puntuales.

235

Pero más allá de estas maniobras, lo cierto es que una de las políticas de contención de la inflación, la que se aplicó por la vía del tipo de cambio, había generado un aumento de los costos en dólares que también impactaba en la inflación interna. Es un problema que afecta al conjunto de los circuitos exportadores regionales, pero en particular a los intensivos en mano de obra, la mayoría dedicados a producir alimentos.

Llamó verdaderamente la atención el regreso de las teorías monetaristas, por el demoledor impacto que habían causado en nuestra economía, así como por su responsabilidad directa en la paternidad de la actual crisis internacional. Muchos analistas pensaban que, por lo menos en la Argentina, estas creencias deberían estar perimidas, pero evidentemente algunos no han aprendido la lección y proponen aplicarlas nuevamente, a pesar de que quienes impulsaron su práctica –los países centrales– están sufriendo por fin sus consecuencias.

Los cultores de la convertibilidad retomaron sus históricas críticas al aumento de la emisión monetaria. Una vez más, resultaron erróneas para esta particular etapa de la economía nacional, puesto que la base monetaria –que es donde se genera el origen de la creación monetaria– fue contractiva, es decir que el Banco Central absorbió más pesos que los que emitió. En enero del 2010 la base monetaria descendió $ 1.032 millones de pesos y en febrero $ 4.858 millones, compensando así gran parte de la fuerte emisión del mes de diciembre anterior, que alcanzó los $ 11.425 millones, cuando todavía estaba Martín Redrado al frente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En realidad, diciembre genera un comportamiento estacional habitual, cuando el público requiere dinero para sus gastos de fin de año, se pagan aguinaldos y se sale de vacaciones, erogaciones que luego van remitiendo hasta que finaliza la compra de útiles escolares.

Los planteamientos no fueron sólo parciales, sino también malintencionados en algunos casos. Esa postura llevó a criticar que el Banco Central comprara fuertes cantidades de dólares, debido a la liquidación de exportaciones, acusándolo de comportamiento expansivo. Pero no hay mejor señal de normalidad cambiaria en nuestro país que la autoridad monetaria compre dólares, porque a la vez el Banco Central absorbe parte de esa emisión con la colocación de pases para el muy corto plazo y letras en el mediano y largo plazo en los bancos. En los meses en

236

que recrudecían las críticas, esas operaciones fueron también contractivas, puesto que la colocación fue bastante mayor a los vencimientos que se produjeron.

El enfoque monetarista siempre busca generar una exagerada incertidumbre frente al incremento de la masa monetaria. Pero en realidad, en las condiciones actuales tanto externas como internas, esa política permite incrementar el crédito productivo. En los últimos años se ha observado una alta liquidez en los bancos, lo que pudo canalizarse hacia al crédito y derivó, necesaria y reiteradamente, en una mayor cantidad de dinero y en mayores depósitos, círculo virtuoso en un país como el nuestro que todavía tiene un nivel de monetización muy bajo. Plantear que este comportamiento es inflacionario, es equivalente a pretender que se frene el desarrollo nacional.

También recuperó protagonismo la deslustrada teoría del derrame, cuya falacia pudimos comprobar dolorosamente en la Argentina. Este efecto económico, también llamado “de cascada”, afirma que –si el sistema permite a los poderosos saturar sus expectativas de riquezas– éstas se derramarán sobre los pobres. Lamentablemente, no establece la altura de esa expectativa de lucro. A pesar de ser una falacia demostrada, en medio del pico inflacionario menudearon artículos firmados por conocidos economistas neoliberales, que proponían “primero crecer para luego distribuir”. Además de que ni siquiera las migajas de la mesa monetarista se derramaron, cada vez resulta más claro que sólo resulta eficaz distribuir a medida que se crece. Una simultánea mejoría en la distribución del ingreso es condición necesaria para el crecimiento.

Resulta evidente que el diferencial cambiario de la inmediata post convertibilidad no podía mantenerse para siempre, y que los exportadores deberían alcanzar una mayor competitividad con la aplicación de mecanismos diferentes. Uno de ellos es el impositivo, camino sumamente acotado en el presente. Otro consiste en ajustar sobre la producción primaria, alternativa cortoplacista y de elevada conflictividad que pareció haber alcanzado un límite en el 2009, pero siempre disponible si se toman en cuenta las desequilibradas relaciones de poder en el mercado, aspecto que trataremos más adelante.

237

Siguiendo la vía impositiva, los exportadores del norte de la Patagonia –por ejemplo– comenzaron una escalada de reclamos y demandaron una baja de retenciones para equipararse con el circuito citrícola, que en 2008 era de 10 a 5 puntos, y una vez conseguida la primera descendió aún más, de 5,0 a 2,5 puntos. En la lista de reclamos se agregaron los pedidos de reducción para las cargas sociales, así como en Ingresos Brutos y que se ajustaran los balances por inflación.

Los empresarios partidarios de la segunda vía, la de ajustar sobre la producción primaria, comenzaron a hacer uso de su poder de mercado cortando la cadena de pagos a los chacareros. Para justificar este accionar, los exportadores describieron un panorama catastrófico por el incremento de costos causado por un supuesto deterioro cambiario. A pesar del decidido apoyo de algunos partidos de la oposición –encabezados por la Coalición Cívica de Lilita Carrió, siempre tan afecta a las situaciones apocalípticas– una vez más los números desmintieron a los agoreros. Es verdad que en la cosecha hubo, por ejemplo, menos fruta y esto impactó en menores ingresos totales al final del ciclo anual, pero de acuerdo a los datos del SENASA dados a conocer en el cuarto trimestre del 2009, durante los primeros ocho meses del año los precios FOB en dólares aumentaron 11 % en peras y 14 % en manzanas. Si bien se exportó en blanco un volumen de frutas un 12 % promedio inferior al del año anterior, los ingresos totales cayeron sólo el 3 %. La temporada 2009-2010 no se recordará entre las mejores, pero tampoco entre las peores.

Mientras esto sucedía, el Ministerio de Agricultura se reunió con “la mesa de la pera y la manzana” y anunció la creación de subsidios por 20 millones de pesos para el sector. No faltaron críticas de propios y extraños, aseverando que el accionar estatal en cualquier sector de la producción tiende a cristalizar los precios, en particular cuando esos subsidios se otorgan como compensación por los bajos precios recibidos y mediante transferencias directas sin contraprestaciones. La ortodoxia señala que estos mecanismos deberían reservarse sólo para asistencia social.

Hasta este punto, los acontecimientos parecían repetir el escenario de siempre, por un lado con quejas empresariales por los impuestos y el tipo de cambio y por otro de los productores reclamando por los precios y por más dinero del Estado en subsidios. Sin embargo, se advirtieron diferencias con respecto a situaciones similares del pasado, ya que esta vez el fondo

238

para subsidios resultó sensiblemente inferior al de años anteriores, y para su otorgamiento intervino la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, lo que suponía comenzar a revertir su carácter de ayuda estructural indiscriminada. Esos fondos debían ser administrados en forma de crédito rotativo por las federaciones de productores, y no como dádivas a fondo perdido como las que antes de canalizaban través de los estados provinciales o municipales.

Pero además, se entregaron bajo la exigencia de que en el mediano y largo plazo se llevaran adelante políticas de transformación productiva que generaran alternativas de comercialización, y así mejorar el precio que percibe el productor. Las partes involucradas consideraron que la solución estructural será la promulgación de una Ley de transparencia comercial y seguridad jurídica, tema que está siendo tratado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

En síntesis, el Estado Nacional reconocía por primera vez la necesidad de una legislación nacional de transparencia comercial y seguridad jurídica, como único camino para que los productores primarios reciban un precio no discrecional. El problema central deja de ser el nivel de precios primarios –en realidad un efecto– para apuntar a las causas, entre las que se cuentan las obsoletas condiciones de comercialización y la desprotección jurídica de los chacareros durante la primera venta. Desde el sector público se entendió que el rol fundamental de un Estado moderno no es fijar precios ni obligar su pago, como tampoco sostenerlos o compensarlos con subsidios, sino garantizar un marco jurídico institucional para alcanzar relaciones económicas equilibradas.

El Consejo Argentino de Productores (CAP) es una entidad que se conformó entre abril y mayo del 2010, y aglutina a doce cámaras empresariales, productoras frutihortícolas y agrícola-ganaderas, que trabajan coordinadamente con la Secretaría de Comercio de la Nación. Su eje principal es articular la oferta y la demanda de estos productos, y conectar la producción agrícola-ganadera y frutihortícola de pequeña, mediana y gran escala con sectores de distribución y comercialización de alimentos. El CAP surgió como idea en 2007, e hizo base en considerar que el productor estaba mal pago por cuestiones estructurales, y no simplemente por acciones u omisiones de los sucesivos gobiernos.

239

En el caso específico de los cereales, uno de los más conflictivos, los pequeños y medianos productores realizan sus cosechas a destiempo, cuando ya se acopiaron todos los granos, y además deben alquilar las máquinas y carecen de estructura propia. Padecen entonces el encarecimiento del transporte y los fertilizantes, lo cual –por ejemplo– torna inviables los predios menores a 20 hectáreas para la siembra de soja. En lugar de tener otros cultivos de canasta básica, se desaprovechan buenos suelos y se deja de lado un negocio rentable. Por lo tanto, el CAP impulsa alternativas tendientes a una mayor capacidad de ingreso para los pequeños productores, como forma de fortalecer la cadena productiva

Para lograrlo, se plantearon mecanismos de acercamiento entre productores y consumidores, generando una venta directa. Se puso como ejemplo que el productor recibía $3,50 por un cajón de tomates, que en el mercado mayorista se vende a 18 pesos. Existen proyectos en marcha en diversos puntos del país, que incluyen desde no cobrar tasas municipales hasta la creación de bancos coparticipados con microcréditos para emprendedores, destinados a apoyar la producción. La idea es que mediante este mecanismo los costos de empleo van a disminuir, se generará obra pública en forma directa y se mejorará además la calidad de vida, con beneficios sociales y económicos.

El CAP realizó además un análisis que desnuda la falta de inversión de cierta parte del empresariado argentino, que maximiza las ganancias, compra campos, edificios y se beneficia de los ciclos de bonanza hasta que declinan, y entonces suspende o despide a sus trabadores. Señalan en consecuencia que el sostenimiento a largo plazo no existe en nuestro país, ya que la mayoría de las empresas no constituye fondos fluctuantes que les permitan reinvertir en tiempos de crisis. Según el CAP, esto se puede cambiar a través de una ley de sociedades, ya que son las cámaras empresariales las que definen la demanda en la Argentina, por lo cual, hablar de una ley de la oferta y la demanda resulta ficticio. En casi todos los sectores –afirman– ocurre lo mismo, ya que se genera demanda por decisiones que toman cinco empresas que dominan los mercados.

Al hablar de inflación hay que tener en cuenta que en la Argentina, ésta ha sido históricamente un mecanismo de licuación de los salarios. Siempre ha sido más lenta la recomposición salarial que el incremento de los precios, proceso que llevó a perder gran parte del poder de compra de los

240

trabajadores, como también a generar enormes nichos de rentabilidad para las grandes empresas.

Generalmente los detractores de la expansión monetaria se montan también sobre otro argumento grandilocuente, aquel que ubica el origen de la inflación en el incremento desmesurado del gasto público. Esta tesis también fue refutada por el simple devenir de la realidad. Ya hacia finales de diciembre de 2008 y principios de 2009, tanto las expectativas de inflación como la inflación se frenaron, a pesar de que venía incrementándose el gasto público debido a las políticas anticíclicas aplicadas. Cuando la población retrajo su consumo por temor a la crisis, los empresarios redujeron su margen de ganancias y aplicaron grandes rebajas, pero al recomponerse el consumo, en gran parte debido a las medidas sociales del Gobierno, rápidamente comenzaron a aumentar algunos rubros, en especial los más sensibles.

Diagnosticar el origen de la inflación excede ampliamente el ámbito de lo económico, ya que la adopción de una u otra opción siempre se relaciona con las políticas aplicadas, y por tanto encierran una clara connotación ideológica. El argumento habitual de los gurúes de la economía que relaciona la inflación con la emisión monetaria, es un efecto que –como vimos– no se verifica en una economía como la nuestra, con bajo nivel de monetización y con superávit fiscal y comercial. En realidad, la monetización aplicada fue acompañando la necesidad de los mayores medios de pago que requería la economía en cada etapa. Si no se hubiera reformulado el programa monetario, la inflexibilidad habría derivado en una política de enfriamiento, otro de los negros augurios jamás cumplidos.

Si bien las frías cifras y la realidad las refutaban, tanto la tesis de la expansión monetaria como la del gasto público siguieron planteando que un enfriamiento de la economía resultaría saludable. Pero en esta dinámica se deja de observar un aspecto fundamental, que son las consecuencias sociales de los programas de enfriamiento de la economía –o de ajuste, como también suele llamárselos– sobre las clases populares, donde siempre han resultado más graves los efectos de esas políticas en la inflación por la quita en el poder de compra, cuando no del propio trabajo.

El origen de la inflación es siempre estructural, como fruto de una puja distributiva que en la Argentina está altamente distorsionada. La capacidad

241

de los formadores de precios para aumentar los valores de sus productos, está estrechamente vinculada con una estructura de comercialización concentrada y oligopólica, que además va en desmedro de los productores pequeños y medianos.

Por eso la suba de precios se produjo esencialmente en alimentos y bebidas. La universalización de la asignación por hijo y el aguinaldo extra percibido por los jubilados, entre otros aspectos, produjeron una distribución del ingreso hacia los sectores que dedican gran parte de su gasto a estos rubros. Como vemos, siempre el análisis de la inflación tiene un costado político. Acusar al gasto público como generador del aumento de precios pretende en realidad reducir el gasto en general, pero en especial el gasto social, al que siempre se consideró desde esos sectores como una herramienta populista de propaganda oficial de los gobiernos que no condijeron con sus premisas.

La realidad se ha encargado de demostrar que es falsa de falsedad absoluta la idea espuria de que si se aumenta el poder de compra de la población de menores ingresos, esto repercutirá en aumentos de precios en forma independiente de los costos reales de producción. Los costos permanecieron relativamente estables, ya que el gasto estatal se orientó a susidios y no aumentó el costo laboral. Una vez que se estabilizó la demanda, los propios empresarios debieron bajar sus precios porque estaban artificialmente desajustados con respecto a la capacidad de compra real de la población. De la misma forma, este argumento siempre intentó frenar los aumentos salariales que impulsan los gremios, argumentando que dichos incrementos se trasladarían automáticamente a los precios. La mayor productividad por puesto de empleo, la tecnificación y el aumento de escala parecen ser herramientas desconocidas para estos empresarios. Queda más que claro que se trata de una idea incorrecta si nos basamos en las experiencias exitosas de todo el mundo, que aquí intenta impedir el avance hacia una mejor distribución del ingreso y a la vez esconder que, en realidad, los aumentos se originan en la capacidad que tienen las grandes empresas de formar los precios, apropiándose de gran parte del poder de compra de la población.

En vez de producir más, mejor y más barato, en lugar de invertir en adelantos tecnológicos orientados a ese fin y no sólo apuntar a maximizar el lucro, las grandes empresas se remiten a incrementan los precios y sus

242

márgenes de rentabilidad. El centro del debate inflacionario se encuentra en el lucro y en los costos reales de las empresas, de los cuales el salario constituye una parte menor en términos macros.

Resultará muy difícil encarar una verdadera distribución del ingreso si no se interviene en este aspecto, para pone límites razonables a la generación de ganancias mediante el análisis en la conformación de precios a través de los costos reales de las empresas, o por la aplicación de sistemas impositivos altamente progresivos que desalienten la generación de márgenes de rentabilidad excepcionales. Gran parte de ese margen excepcional debería servir para reducir los precios y remunerar adecuadamente a los trabajadores, asegurando niveles de rentabilidad aceptables para las empresas.

Como vemos, resolver el problema que aqueja actualmente a la economía argentina, donde los formadores de precios se apropian del mayor poder de compra de la población, no es una tarea fácil ni unidireccional. Se requiere un Estado activo, recuperando algunos mecanismos que fueron desactivados desde 1976 y que todavía no fueron reconstruidos. Se debe utilizar la fortaleza alcanzada en los últimos años de bonanza para afianzar el poder de policía que el Estado y especialmente los consumidores necesariamente deben ejercer, para alcanzar un modelo de desarrollo centrado en una mejor distribución de los ingresos.

Para ello es necesario dar la batalla en el campo de la ideología, desmintiendo su tan anunciada muerte, y apuntar claramente a las causas de la inflación, que llevarán irreductiblemente a la construcción de un país más justo y solidario

Desde el plano político existen herramientas para mejorar al país. Las mesas de dirigentes empresariales que están comprendiendo y asumiendo los nuevos derroteros, permitirán compartir un proyecto orientado a generar recursos y a incrementar la obra pública con efectos positivos.

El plan de asignación universal por hijo es un reconocimiento implícito por parte del Gobierno de que los precios aumentaron y que se hacían necesarias nuevas herramientas para paliar la brecha social. El oficialismo había perdido cierta cuota de credibilidad al negar la inflación, pero con esta nueva dinámica logró avanzar en consensos mínimos sobre inclusión

243

social, como antes lo hizo sobre la democracia y sobre la estabilidad económica.

El debate sobre la inflación evidenció además el costado social de este flagelo. La población tuvo una clara percepción de que lo que se publicaba no era lo que vivía cotidianamente –efecto además fogoneado y aumentado surrealistamente desde la gran prensa– lo que llevó a afectar el contrato social implícito que había logrado credibilidad hacia la clase política. Esto se evidenció ya en las elecciones de 2007, cuando comenzó la intervención en el INDEC, y se profundizó en las legislativas del 2009. Todavía estaba muy cerca la etapa en que la ruptura entre la sociedad y la política estuvo absolutamente generalizada.

En América Latina, en la década del 90, la economía parecía el gran factor de debate en la política, cuando en realidad los ministros de Economía sólo proponían variables acerca de cómo ajustar para pagar deudas espurias. Hoy la clase política ha recuperado el protagonismo en la toma de decisiones, pero la sociedad todavía le requiere un vínculo más cotidiano con la realidad social.

Y esto pasa, inevitablemente, por un proyecto, una idea de mediano plazo sobre hacia dónde ir. Esta demanda política, parece paradójicamente contradictoria con el aparente corto plazo instalado en los sectores más pobres, obligados a resolver problemas cada mañana. Pero en realidad no es tal, la demanda de inclusión es cotidiana, pero un cambio profundo –el pueblo llano lo sabe por experiencia– no se logra de un día para el otro.

No existen las soluciones mágicas. Tampoco sirven para alcanzarlas aquellas políticas vinculadas al clientelismo. Los sectores carenciados han desarrollado la capacidad de decirles a ciertos dirigentes lo que quieren escuchar. Pero reciben, agradecen y luego votan en función de lo que les parece mejor. La población, en general, vota en función de sus expectativas y no en función de los beneficios coyunturales que recibe. Y las expectativas inflacionarias, es decir cuánto más van a tener que trabajar para comprar lo mismo, ocupan un lugar preponderante en esa grilla

Cuando la Argentina construyó sus primeros sistemas de protección social lo hizo en base al salario, porque la mayoría de la población trabajaba. Y esto incluyó las obras sociales, la jubilación y otros beneficios. Hoy existe un amplio espectro, sobre todo en el área rural –como fruto de la política

244

de desguace de nuestra economía– que está señalando en conjunto un 40 % o más que trabaja sin recibo de sueldo o hace changas.

Para la Argentina, con mucha claridad, el panorama post volatilización del modelo monetarista indicaba que las mejores políticas inclusivas eran las universales, porque era un país con un 30 % de pobreza que impedía impulsar políticas focalizadas, tornando imposible encarar cada problema a partir de sus particularidades. Las políticas focalizadas sirven cuando la pobreza es baja y acotada a grupos bien identificados.

Como señaló oportunamente Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, “si los pobres en la Argentina fueran nada más que las comunidades aborígenes y las madres adolescentes embarazadas, habría que tener políticas para cada uno; pero en la Argentina de la post convertibilidad el problema de la pobreza era de mayorías, no de minorías. Las políticas focalizadas pueden servir en el futuro, pero hoy se deben generar políticas masivas”.

En este marco, la Asignación Universal por Hijo es no sólo un nuevo derecho inalienable atendido, sino también una propuesta parea capitalizar a los sectores pobres. En realidad, la teoría es muy sencilla. Una economía para moverse debe ser dinámica, es decir que haya mucha gente comprando muchas cosas. Y eso sólo puede lograrse si el poder adquisitivo de esa sociedad tiende al equilibrio. Ya hemos tenido demostraciones claras de sociedades desequilibradas donde se privilegió el consumo suntuario –la nuestra fue una de ellas– y otras donde un sesgo contrario las llevó al fracaso, como en la Unión Soviética al privilegiar la industrias pesada y el armamentismo por sobre las necesidades básicas de la población.

En situaciones de crisis, cuando un enorme sector de la población se ha descapitalizado como fruto del boato, es necesario reconstruir rápidamente la capacidad de compra de los excluidos para tender al equilibro. Es lo que ha sucedido aquí. Capitalizar a la población es lo que permite salir de la pobreza. En este sentido, por la magnitud de estas políticas, mal pueden hablar de clientelismo quienes se han visto favorecidos por el incremento de las compras. Gran parte de ese subsidio ha ido a parar a sus bolsillos, pero como buenos fenicios, en lugar de solidarizarse con esta patriada, sólo piensan en apropiarse de un pedazo más del gran queso argentino, aumentando los precios sin un justificativo real, excepto el del lucro

245

desmedido. Los mercaderes de la especulación –salvo honrosas excepciones– tampoco reinvierten sus jugosas ganancias para aumentar una producción, una capacidad de transporte o de ventas que lleve a bajar costos y con ello precios. Si invierten, es para incrementar el lucro. ¿Quién desestabiliza?

Quienes exigen que el Gobierno otorgue transparencia a los indicadores de inflación, lo que en realidad ocultan es que esos índices son también el termómetro de la especulación. Si son artificialmente altos, los bonos y acciones de nuestra Nación pierden valor. Si son artificialmente bajos, terminan por afectar el equilibrio económico. Apuntar exclusivamente a los índices como causa de todos los males, es como atenderle la fiebre a un canceroso. Lo que interesa es el estado general de salud del paciente, en este caso en terapia intensiva, como nuestro país después de los cacerolazos y el corralito (otra vez menciones subliminales sobre el campo y la comida, a lo cual parecemos estar predestinados).

La pregunta que cabe hacerse es si ha servido para frenar la expectativa inflacionaria –siempre presente en nuestra volátil economía– aplicar cierto accionar político sobre las mediciones. Cuando se habla de índices de precios, hay dos parámetros: el real y el inducido. El primero es el que surge de los costos reales de producción incluyendo salarios, la logística, la comercialización, publicidad, cargas, impuestos y una ganancia razonable. El otro surge de manipulaciones taimadas sobre esos precios, que además generan expectativas a la negativa, por las cuales el resto de los sectores económicos comienza también a elevar sus precios, sólo por temor a quedar desfasados ante la corrida. Ya lo vivimos. No lo olvidemos. Para estos casos, nada mejor que aplicar el viejo adagio del Peludo Irigoyen: “Tranquilidad en la emergencia”.

Cuando se habla de herramientas, estamos hablando de vehículos para lograr un fin. Un martillo, por ejemplo, es un instrumento que sirve para construir casas y muebles, pero también para desparramarle los sesos a algún prójimo. En ninguno de los dos casos la responsabilidad es del instrumento, sino de quien lo manipula. Y la mayor manipulación del índice real de precios en la Argentina fue la monetización del país. Cada vez que salimos de ella, las tres veces que se aplicó (Martínez de Hoz con el peso ley 18.188, Sourruille con el Austral y Cavallo con el 1 a 1) descubrimos que en realidad habíamos estado comprando a precios

246

artificialmente reducidos, y que –mientras nos dedicábamos al dispendio del “deme dos”– en realidad la cuenta nacional se estaba acumulando, y que finalmente alguien (adivinen quién) debía pagarla.

Basta de retórica. Los indicadores están transparentados en lo cotidiano. Todos los que trabajan sobre políticas públicas, quienes verdaderamente recorren los barrios y toman como base de acción los niveles de pobreza reales más allá de las estadísticas, saben que existe una realidad social palpable. No importan los números finos, un 30 % de la población todavía es vulnerable, y una parte de ese porcentaje aún permanece en la extrema pobreza al no tener el mínimo necesario para salir de una situación de precarización. Incluirlos es la tarea.

Los sectores pobres en la Argentina utilizan el 75 % de sus ingresos en alimento y transporte. El sistema de transporte en general no ha mostrado aumentos, está subsidiado y esto es positivo. Pero los alimentos, como vimos, han tenido un aumento importante. Estos sectores consumen pocos alimentos básicos de primera marca, porque las de segundas y terceras marcas no sólo resultan más accesibles sino que además muestran una inflación de piso inferior a las observadas en comercios de barrios más pudientes. Pero además de este saludable comportamiento diferencial, hacen falta políticas para frenar la inflación sin parar el consumo, aumentando la productividad y generando controles sociales efectivos.

Esto es lo que tiene que encarar un país responsable y eso es lo que se está haciendo. Pero además, el debate se ha instalado y el Gobierno –en lugar de frenarlo– lo está impulsando. La participación de los trabajadores en las ganancias, el combate contra la especulación inflacionaria –aunque todavía sesgado por falta de instrumentos de escala, sobre los que hablaremos al final de este libro– así como las diversas políticas de aliento a la ampliación y modernización productiva, apuntan a ese objetivo. Pero además –lo cual resulta alentador después de tantos desencuentros artificiales entre connacionales– políticos, empresarios y gremialistas se están sentando a una misma mesa para debatir, mecánica que siempre constituirá la necesaria etapa de consenso previa antes de establecer un programa.

247

ECONOMÍA SOCIAL, ALGO MÁS QUE UN RÓTULO

A este marco de diálogo se están sumando nuevos actores, que tal vez requerirían la conformación de mesas regionales de debate similares a las que llevaron adelante Julio de Vido y Carlos Tomada a principios del 2003, cuando Néstor Kirchner era candidato a la presidencia. Muchos aspectos de estrategia territorial surgieron de esos encuentros, y la participación empresaria regional hoy –de manera similar a la que se lleva a cabo en Buenos Aires– podría enriquecer la propuesta. Por nuestra parte, y dado que ponemos el acento en las regiones del interior como palanca para un futuro despegue económico y social, realizaremos primero un panorama de la economía formal en esos espacios, para luego analizar las nuevas modalidades de economía social que están naciendo en el mundo como alternativa o espacio de fortalecimientos de las economías regionales.

Las primeras en mostrar señales de recuperación después de la crisis de 2001, según datos oficiales, fueron precisamente las economías regionales del país, que ahora llegaron incluso a vender en mercados internacionales al aprovechar las ventajas competitivas del tipo de cambio post devaluación.

Existe una estrategia de negocios que, desde el interior, mueve gran parte de la economía argentina. En el año 2005, 30.000 empresas del interior generaban un valor agregado bruto de $ 155.000 millones, cerca de un 30% del PBI, según datos del Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (IADER). Desde la producción hasta los servicios, abarcan todo el arco de la vida económica e incluyen a compañías provinciales o de proyección nacional. Estos datos son sólo una parte de los aspectos que permiten evaluar al “interior profundo” como un espacio sumamente atractivo para invertir, a partir de características climáticas y de suelo que favorecen proyectos productivos con gran potencial de expansión.

La agricultura, la pesca, la ganadería, la minería y la forestación son algunos ejemplos de procesos productivos a partir de los cuales se montaron grandes industrias que agregan valor a las materias primas. En las últimas décadas, diversas empresas han nacido o se han afianzado como emprendimientos de escala. Gradualmente fueron ocupando un rol

248

protagónico en la actividad regional, y algunas se convirtieron en iconos provinciales.

En el ámbito nacional e internacional, la Forestadora Tapebicuá ubicada en Corrientes es un referente en la industrialización de la madera. Su planta industrial se ubica en la localidad de Gobernador Virasoro, y es el segundo empleador privado de la provincia. Posee bosques implantados además de ser compradora de materias primas a otros productores. Muchas de sus tareas son tercerizadas y maneja dos líneas de negocios, fabricando paneles compensados producidos en la planta más grande en su tipo en Argentina, destinando un 50% al mercado interno y otro a la exportación. Por otra parte manufactura un mix de productos, como pisos, machimbres, decks y maderas para muebles y molduras, de lo que exporta el 30%. Tapebicuá tiene una facturación que ronda los U$S 20 millones anuales.

En Chubut, donde el clima permite la cría de ganado ovino, se da otro caso de aprovechamiento regional que produce lana para la industria textil. Una empresa con 80 años de antigüedad, la Textil Punilla, se transformó en líder en el segmento textil de la región patagónica, produciendo rollos bobinados de lana peinada, lana sucia y lana lavada. En la actualidad produce 1.200 toneladas de lana peinada y 6.000 de lana lavada, exportando a Europa y China.

En Cuyo y el noroeste argentino, la vitivinicultura es fundamental para generar un producto que busca imponerse como “marca país”, tal como ya lo hacen los vinos chilenos. Esta producción es la principal movilizadora de la economía en esa región del país. En el clima especial de Luján de Cuyo, por ejemplo y para tomar sólo un área, se encuentran ubicadas las bodegas Arizu, Nieto y Senetiner, Norton y Chandon Argentina, todas con una clara proyección nacional. En San Rafael, las bodegas Bianchi, Goyenechea, Balbi, Lavaque y Mumm Argentina. Pero nuevas empresas, aprovechando las ventajas cambiarias, han prosperado en Salta (Munier, Cafayate, Colomé), pero también en Neuquén (Fin del Mundo, Grittini, NQN) y hasta en el mismo Rio Negro (Canale, Estepa, Bencar), por no mencionar las de San Juan, La Rioja y Catamarca.

En un país históricamente ligado al campo, los emprendimientos agroindustriales no podían dejar de proliferar. Alimentos de Argentina S.A. (ALIMAR), una de las empresas exportadoras de legumbres con 17 años en

249

el sector, posee dos plantas de procesamiento en la Zona Franca de Salta y otra en la localidad de Perico, provincia de Jujuy, e incluye 17.000 hectáreas destinadas a la producción de poroto negro, exportando 16 mil toneladas anuales en promedio.

Otras empresas se han desarrollado aprovechando las condiciones del mercado provincial o regional, sin necesidad de proyectarse al ámbito nacional, y se orientan a cubrir determinadas demandas empleando personal local. En la costa atlántica, por ejemplo, los supermercados Toledo con origen en Mar del Plata, se han convertido en emblema de la región desarrollando numerosas sucursales. En la actualidad cuenta con más de 24 bocas y ha extendido su presencia a Balcarce, Necochea, Miramar, Olavarría, Azul y Tandil. Adecuándose a los tiempos, procura ofrecer precios bajos y servicio personalizado, a la vez que desarrolla en paralelo la elaboración de productos frescos en panificados, planta faenadora y procesadora de aves, criadero y frigorífico de cerdos, planta elaboradora de fiambres, chacinados y envasadora de fiambres al vacío.

En el mismo rubro, desde 1920 opera desde Bahía Blanca la Sociedad Cooperativa Obrera Limitada Molinera, Panadera y Anexos, que con el tiempo pasó a llamarse Cooperativa Obrera. Opera una cadena de supermercados en la zona de influencia de Bahía Blanca y en las provincias de Río Negro y La Pampa. Cuenta con 3 hipermercados, 12 supermercados integrales, 27 supermercados y 20 autoservicios. También fabrica sus propios productos en panificados, frigorífico y fraccionamiento de fiambres y quesos. Tiene más de 2.100 empleados, con una facturación anual que supera los $ 300 millones.

En el campo de las finanzas, más allá de la presencia del Banco de la Nación Argentina, los bancos provinciales han extendido sus negocios y ya no se dedican sólo a préstamos, sino que constituyen verdaderos operadores de servicios financieros. El Banco de Córdoba –que en el 2002 sufrió un intento fallido de privatización y perdió $ 565 millones, con una rentabilidad negativa de 48,7%– en 2004 logró el primer resultado positivo desde 1994. Con 140 sucursales, esta entidad se consolidó como referente del sistema financiero local, llegando a lugares donde resultan inviables los negocios bancarios privados. Más de 150 mil empleados públicos cobran sus salarios a través del Banco de Córdoba, lo que posibilita a la entidad ofrecer una amplia gama de productos. Otros bancos provinciales, que

250

tienen asignado el pago a la plantilla de empleados estatales además de asistir financieramente a productores y PyMEs locales, han logrado desempeños similares, como el banco de Formosa, el Industrial de Azul, el de San Juan, el Municipal de Rosario, el de Tierra del Fuego, el de La Pampa, el Nuevo Banco de Santa Fe, el del Chubut, el de Santiago del Estero, el Regional de Cuyo y el de Santa Cruz.

En cuanto a las empresas grandes y emblemáticas, puede mencionarse el Establecimiento Las Marías, que opera desde 1924 también en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Es el mayor productor de yerba mate del país, y la vende bajo las marcas Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita. Además exporta productos a Chile, EEUU, España, Hungría e Italia. En la Argentina existen 150 marcas de yerba mate, pero Las Marías es líder en un mercado donde sólo seis empresas producen unas 210 mil toneladas de yerba mate al año.

Otras empresas nacidas en el interior alcanzaron presencia a nivel nacional e internacional sin dejar de ser motores de las economías regionales. Arcor es uno de los casos más amplios. Se inauguró en 1951 en Arroyito, Córdoba, y se convirtió en el primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil y Chile, con 35 plantas de las cuales 27 están ubicadas en la Argentina y las ocho restantes en América latina.

Otros casos de grandes empresas convertidas en marcas regionales son los de Cementos Minetti (Córdoba), SanCor (Sunchales, Santa Fe), Amanda (Misiones) y Cerámica San Lorenzo (Santa Fe).

En otro rubro, la Argentina es un país en el que la industria del turismo posee condiciones naturales para alcanzar un gran movimiento económico. Esta actividad viene creciendo desde el 2003 a un ritmo superior al 8% anual promedio. La fuente de ingresos que es el turismo, ha hecho que en los últimos 15 años se profesionalicen los servicios para satisfacer necesidades del turista. Existen iniciativas en las provincias que han comprendido la importancia de la industria del turismo, y que buscan hoy transformar el nombre de la provincia en marca registrada, como la de Salta, que promueve el retorno constante del turista mediante el apoyo a emprendimientos y pequeñas empresas que, en conjunto, logran mayor estadía en la región y dan trabajo a numerosos lugareños.

251

En Misiones, 28 entidades han conformado la Federación de Cooperativas de Turismo de Misiones que ofrece diferentes circuitos en una provincia que ha demostrado el problema histórico de contar con un atractivo de orden internacional, como las Cataratas del Iguazú, pero que a pesar de su convocatoria y servicios ofrecidos no había logrado establecer el retorno constante del turista –como en Salta– por carencia de alternativas de mayor estadía. Sólo un 24 % de los turistas regresaban, y el lapso entre visitas era en promedio de siete años. Con estos circuitos, tomando a Misiones como destino integral y colocando a Cataratas como corolario final de la mayoría de ellos, las cooperativas federadas están comenzando a romper con esa impronta. Este espacio cuenta además con el apoyo de cooperativas y mutuales de todo el país, que están comenzando a enviar sus contingentes a esa provincia.

Los sabores regionales también están ocupando un lugar en este desempeño del interior del país. En todo el país existen empresas surgidas como pequeños emprendimientos, elaborando productos que identifican a las distintas regiones del país y brindan trabajo en zonas donde el turismo es clave. La empresa Alfajores del Tucumán, emprendimiento familiar, nació en 1970 en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y hoy otorga franquicias o vende en sucursales de Tucumán, Salta y otras provincias. Posee dos fábricas, una de en la capital de Tucumán y la otra en Río Hondo, y ha recibido 24 premios internacionales en gastronomía y hotelería en España, Francia y Suiza.

Ese 30% del PBI que mueven estas industrias regionales cobra aún mayor relevancia si se observa que son empresas que lograron sobrevivir al proceso de desnacionalización y remate, especialmente en el conflictivo rubro de producción de alimentos. Otras privadas como Terrabusi, Noel o Lincoln no lo consiguieron. En este sentido, las empresas del interior debieron competir mano a mano con multinacionales que salieron a ganar los grandes mercados en ciudades importantes del interior, donde hoy es común ver conviviendo a cadenas internacionales de supermercados con las locales, de larga trayectoria en el ramo.

Más allá de las grandes empresas –de obvia importancia para la economía argentina– consolidar la presencia de pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de todo el país es una tarea que debe encarar la administración central, para posibilitar una economía equilibrada y

252

altamente competitiva. Los créditos blandos y las políticas para PyMES están orientados en tal sentido. Pero, una vez más –y al analizar el espectro de empresas mencionadas– salvando aquellas orientadas a servicios como el turismo o la comercialización (y hasta en éstas cuando hablamos de alimentos), el problema de la producción y la propiedad de las tierras aptas traspasa y tiñe todo el amplio arco de actividades y servicios comprendidos.

En el modelo productivo argentino, el productor primario se encuentra aislado del resto de la cadena de agregado de valor, algo que no se verifica en países desarrollados donde los productores se integran verticalmente a la cadena agroindustrial. El equipo de Coordinación para el Proyecto Agroindustria en Origen y del PRECOP II (Proyecto de Eficiencia de Cosecha, Poscosecha de Granos y Agroindustria en Origen), de la red de estaciones experimentales del INTA, ha elaborado una propuesta que consiste en organizar –bajo una figura jurídica con alto espíritu cooperativo, reglas claras y distribución de renta pactada, controlada y transparente– la asociación de productores primarios de cereales y oleaginosas, de carne y leche, cerdos o pollos aún no integrados o que han sido expulsados de la cadena de agregado.

El objetivo no es solamente crear una gran empresa integrada por numerosos segmentos del sector de la producción primaria, sino que apunta además a generar capacidades y habilidades que otorguen valor agregado a la materia prima que se produce en origen, integrando activamente a otros actores de las comunidades en las que se opera, ya que este proceso incrementaría la demanda de mano de obra, impulsaría la inclusión social y el desarrollo de cada región objetivo.

La propuesta incluye recomendaciones puntuales, como impulsar el acceso al sistema de acopio de grano asociativo, una vez que los productores logren la máxima productividad por hectárea en la producción de granos y pasturas. Plantean que con segregación por calidad y destinos industriales, una parte puede ser además destinada al negocio de producción de semilla, para industrializar el resto en forma asociativa mediante empresas que procesen el grano (molienda, extrusado, etc.) y generen otros agregados de valor, como aceites refinados para consumo humano o destinados a la producción de biocombustibles y harinas base para alimentos balanceados. Estos últimos, están relacionados también a la cadena ya que se utilizan

253

para la transformación de vegetales en proteínas rojas o blancas (carne y leche bovina, pollo, huevo, carne, cerdo e incluso peces).

Para atender la complejidad que implica una concepción tan extendida en el territorio, el PRECOP propone la industrialización en forma conjunta y asociativa, o parcialmente asociativa en algunas etapas como la producción de lechones, incubadoras de pollitos BB o genética y reproducción bovina (inseminación o trasplante de embriones) en eslabones asociativos.

Producida la transformación eficiente de la proteína verde en proteína roja, mediante diferentes procesos intensivos, plantean acceder a la industrialización de segundo orden, que es la elaboración de productos alimenticios para góndolas a partir de frigoríficos que produzcan cortes especiales, fiambres, embutidos con etiqueta y trazabilidad y también lácteos, en lo posible todos ellos con incorporación de procesos innovadores que aporten características distintivas merecedoras de denominación de origen, y además bajo normas fijadas que garanticen la calidad diferenciada.  También proponen que en la etapa de industrialización asociativa de segundo orden, los productores accedan a procesos agroindustriales más complejos, como por ejemplo biofábricas y elaboración de nutracéuticos (compuestos químicos bioactivos que promueven la salud). 

La importancia de esta metodología, que rompe con los parámetros generalmente aplicados hasta hoy, es que con ella el productor pasará de percibir sólo un 20% de los beneficios en la cadena de valor (al ser el eslabón más débil en la producción primaria) al 60% que implica la producción primaria con industrialización, que además le otorga rentas y competitividad para reinvertir asociativamente en los restantes eslabones, que pueden también realizarse asociativamente con escala y organización competitiva, y que son generadores del 40% restante de los beneficios. Esos eslabones son el acondicionado, la logística, el transporte y la cadena de frío o envasado, hasta su venta a precio mayorista para la posterior comercialización en góndola. 

El esquema propuesto por el Proyecto “Agregado de valor en origen” sugiere una metodología de integración vertical del productor agropecuario partiendo de la siembra, cosecha y almacenaje, y continuando con industrialización primaria, transformación, industrialización de segundo

254

orden, transporte que incluya cadena de frío, logística de abastecimiento para góndolas y comercialización en el mercado interno e internacional. 

Esto requiere –en varias etapas estratégicas– la participación de empresas asociativas con escala competitiva. Existen en el país varios ejemplos de sistemas cooperativos que permiten al productor integrarse y compartir etapas de industrialización, agregando valor a la producción primaria y beneficiando a los socios de sistema cooperativo integrado, quienes perciben ingresos en forma equitativa de acuerdo a lo operado, a la participación en la integración o por la compra o comercialización de los insumos. 

Uno de los más conocidos es el grupo de productores que transforman el grano de soja en expeller y aceite, mediante pequeñas plantas aceiteras de baja capacidad de molienda (30 Ton/día), industrializando y minimizando costos y riesgos en forma asociativa. En estas experiencias se destacan los beneficios del sistema de distribución de ingresos generados por la cadena agroindustrial, lo cual contribuye positivamente a un desarrollo regional con inclusión.  Otro caso –aunque en menor escala pero sumamente interesante por tener resueltos muchos de los aspectos propuesto por el PRECOP– es el de la Federación de Cooperativas Productoras de Alimentos de Misiones y su asociada red de almacenes en Posadas, sobre el cual abundaremos más adelante.

Existe otro caso particular como el de AFA, Agricultores Federados Argentinos, que el Proyecto PRECOP propone como modelo de integración. Dicho proyecto pasó del acopio e industrialización de soja (molienda, harina, expeler y aceite crudo) al aceite refinado con marca propia. O sea que, partiendo de un valor promedio de $ 850 la tonelada de producto primario (soja), se pasó a productos elaborados que multiplican tres o cuatro veces el valor, dependiendo de cada etapa en el proceso de refinado, o avanzando en otro eslabón de la cadena como es el envasado con marca propia y llegada a las góndolas. 

El desarrollo de Pymes y cooperativas o federaciones bajo diferentes formas de asociaciones de productores, es quizás el más amplio y difícil desafío que enfrentan los pequeños productores argentinos. Lo que incluye comprender que pueden y deben asociarse entre varios productores para conformar empresas, pero además avanzar hacia formas de transparencia

255

operativa que brindarán la posibilidad de progresar en conjunto. Porque resulta claro que –como se señala en el propio plan del PRECOP– algunos de estos modelos de la Pampa Húmeda se asemejan todavía a una sociedad anónima, con el agregado novedoso de que incluye espíritu y reglas de asociativismo cooperativo. Por eso mismo plantean la necesidad de avanzar hacia modelos asociativos evolucionados, que permitan a los productores pequeños y medianos integrarse verticalmente a la cadena de valor, percibiendo beneficios concretos en todas sus etapas mediante alta tecnología, lograda a través de una escala competitiva, sin perder por el camino el espíritu solidario y equitativo del cooperativismo. Es en esos aspectos donde la experiencia misionera puede ofrecer respuestas concretas. 

La Filial Córdoba de la Federación Agraria Argentina (FAA), al igual que el PRECOP, está desarrollando estrategias orientadas a posibilitar que los productores agropecuarios incursionen en las cadenas productivas, incorporando el agregado de valor que se genera a partir de las producciones primarias. El desafío no resulta menor, si consideramos que los asociados a la FAA son mayoritariamente pequeños y medianos productores, en general muy aferrados al paradigma vinculado con la producción primaria, que siempre los colocó en una posición diferenciada respecto del mercado y la gestión de negocios.

En términos generales, las propuestas que existen para incursionar en nuevas etapas de la cadena, se limitan a facilitar el acceso a determinado estamento de la “cadena productiva”. La Filial Córdoba de la FAA plantea que esto no es suficiente y que –a pesar de la complejidad del camino en términos de conocimientos, convicciones y habilidades adquiridas que debe transitar el productor para transformarse en un industrializador– hoy resulta imprescindible romper con esa impronta y diseñar modelos aptos para el abordaje integral de las cadenas productivas.

Como un modo de facilitar ese abordaje, elaboraron un documento que plantea la necesidad de ofrecer al productor “negocios llave en mano”, que incluyan el acompañamiento inicial indispensable para minimizar los temores, la resistencia al cambio y el costo de aprendizaje. El planteo se basa en analizar numerosas experiencias fracasadas por falta de acompañamiento, y para ejemplificar se menciona el caso del cierre de una excelente planta para la producción de harina de soja “hi-pro” –de alto

256

contenido de proteína, balance de aminoácidos y valor energético y nutricional, que se obtienen por la extracción con solventes y con alta demanda en el mercado internacional– por una deficiente gestión comercial.

Para evitar estos casos –más numerosos de lo que aparentan si se suma a la contabilidad aquellas experiencias que superviven sin despegar– proponen que al momento de diseñar un formato, el mismo resulte adecuado para el productor tanto por sus aptitudes como por sus limitaciones, lo que permitiría abrir un amplio abanico de posibilidades en cuanto a esquemas y modalidades de abordaje de la etapa de industrialización. Y plantean dos aspectos de suma importancia: que la posición desde la cual el productor se inicie en el negocio sea lo menos traumática posible, y que el formato de negocios quede abierto a un futuro crecimiento en el proceso productivo.

En este sentido, señalan que resultaría válido partir tanto de un simple galpón de empaque como de una sofisticada planta de transformación biotecnológica. Todo depende de la capacidad de los productores para adaptarse a un nuevo rol, de la capacidad económica y de la sintonía del emprendimiento con las demandas del mercado. Lo importante, afirman, es dejar abierto el formato de negocios y el “lay-out” productivo para enfrentar con éxito posibles incrementos de la demanda. El lay-out es el proceso de transferencia del diseño o patrón de una pieza de trabajo, como el primer paso en el proceso de fabricación. En las industrias de repetición a escala se aplica para eliminar la necesidad de marcar cada pieza individual. En definitiva, es el esquema de distribución lógico y ordenado de un sistema utilizado como herramienta para optimizar procesos.

La metodología simple pero efectiva para una primera incursión en los procesos de industrialización que proponen, consiste en identificar demanda y contrapartes concretas en el mercado, y a partir de allí realizar una ingeniería de reversa para definir el proceso productivo y estructurar el andamiaje de negocios. Esa ingeniería “hacia atrás”, partiendo de la organización en red de las bocas de expendio adquirientes de productos a precios mayoristas, es la que está dando ya resultados en Misiones.

Minimizar el riesgo y el costo de aprendizaje son, según la FAA Córdoba, otros de los aspectos fundamentales que se buscan. Una cuestión crítica sobre la que alertan, implica asegurar determinados estándares

257

internacionales de calidad en la producción que no terminen por limitar la incursión en los distintos mercados. Con esta información, se debe definir el paquete tecnológico y comercial necesario para el diseño de un “negocio productivo llave en mano”, en el que se procure involucrar como inversoras a diversas contrapartes –de las cuales no se excluye al Estado– mediante el aporte de capital propio o tecnologías de procesos ya desarrolladas y probadas.

La propia experiencia de la FAA Córdoba, señalan, demuestra que existe buena disposición en el mercado externo para este esquema de negocios, lo que constituye un camino evidentemente más largo y complicado que producir y vender a granel en tranquera, o incluso elaborar y vender en redes locales, pero que resulta más sólido y duradero porque se apoya en la integración de cadenas con mucha mayor rentabilidad, que además aseguran calidad y abastecimientos crecientes.

La experiencia analizada en toda la región mediterránea productora de alimentos por la FAA Córdoba, demuestra que es más fácil que los últimos eslabones se corran hacia atrás en la cadena, como ocurre en el caso de las grandes bocas de comercialización que se corren en algunos casos hasta el propio eslabón primario. Estas cadenas de supermercados incursionaron en la actividad frigorífica, pero algunas después incluso llegaron –en sucesivas etapas– hasta organizar establecimientos de cría. Los casos mencionados de la Cooperativa Obrera y supermercados Toledo confirman esta postura.

Recorrer el camino de reversa evidentemente resulta complejo porque debe romper con un paradigma enraizado de “venta en tranquera”, menos redituable aunque más sencillo, pero parece posible cuando analizamos esta propuesta de un sector del agro federado que se emparenta con los proyectos lanzados desde el INTA, y que se relacionan –como veremos, ya que las casualidades no existen– en forma directa con el trabajo que viene desarrollando un amplio equipo multidisciplinario que constituye la última parte de este libro. En tal sentido, existen coincidencias también entre la propuesta del INTA y lo que se plantea al final del documento de la FAA cordobesa: “Sólo se trata de contar con productores con vocación emprendedora, y una batería de recursos que permitan recrear un escenario de negocios propicio y de alianzas entre los actores para su acceso a los mercados, el capital y las tecnologías”. Todo ello en el marco de una

258

renovada política de acción cooperativa, encuadrada en las nuevas tendencias mundiales de economía social de escala.

Reconciliar la economía y la sociedad es el principio que rige la economía social, y es un modelo que está adquiriendo auge inusitado en todo el mundo. En un contexto de visible fracaso del capitalismo bancarizado, así como de las políticas que proponen un individualismo de corto plazo, el espíritu cooperativo, mutual o asociativo empieza a ser observado y aplicado en todo el mundo.

Un pionero en estas lides ha sido Muhammad Yunus, banquero que en su país, Bangladesh, comenzó por primera vez a desarrollar a gran escala el concepto de microcrédito ideado por el pakistaní Akhter Khan, basado en pequeños préstamos concedidos a personas humildes que no pueden acceder al préstamo bancario tradicional. Yunnus fundó en 1976 el Banco Grameen (“de la aldea” en bengalí) y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 2006 “por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo”. Además de otorgar créditos, el banco también acepta depósitos y dirige compañías textiles, energéticas o telefónicas, pero su papel principal es proporcionar microcréditos a grupos de cinco personas casi sin requisitos, y sólo generando incentivos económicos para que el grupo actúe de forma corresponsable para la devolución. La gran mayoría de sus clientes son mujeres (96%), situación inversa a la de los grandes bancos comerciales, y el historial de pagos del Grameen es sorprendente, con un 98,85% de créditos honrados que supera largamente el desempeño de cualquier otro banco en el mundo. El total de dinero distribuido en créditos ya llega a los 4.560 millones de euros. Hoy el Grameen posee redes en todo el mundo. Otra de las características peculiares del banco es que ha pasado a ser propiedad de los receptores de préstamos, que poseen el 94% de la compañía, mientras el 6% restante es propiedad del gobierno de Bangladesh.

Otro banco social, el Shore Bank, quiere ayudar a cambiar el mundo abriendo créditos a las poblaciones desfavorecidas de los barrios de Chicago, Detroit y Cleveland. En Francia, la sociedad cooperativa Autocool propone un servicio de autos compartidos accesibles las veinticuatro horas del día, gracias a una red de estaciones urbanas de proximidad. Otra colectividad local puso en marcha una cooperativa para la creación de almacenes solidarios en tres comunas del área metropolitana de

259

La Périgourdine. También en ese país se inauguró una Escuela Empresarial de Economía Social en Marsella, primera en su género, que hoy comienza a tener espacios análogos en varias universidades argentinas.

Hay casos paradigmáticos, similares al Grameen. La red Mondragón de economía social originada en los países vascos es ya el quinto grupo económico más poderoso de España, y a la luz de la debacle del sector privado, probablemente suba ahora algunos puestos. Los casos se multiplican en el mundo entero Las empresas sociales y solidarias despiertan vocaciones, y los políticos –que por largo tiempo minimizaron su papel– hoy recurren a ellas, especialmente en el marco del desarrollo duradero. Aunque las cifras todavía son moderadas si se toman globalmente, la evolución del número de empresas de economía social es impresionante en la última década. Las cooperativas obreras de producción (SCOP), por ejemplo, señalan en Francia una tendencia que triplicó en ocho años ese modelo.

En otra escala, el plan de acción del presidente estadounidense Barack Obama prevé importantes inversiones para la creación de empresas de este tipo. Un síntoma evidente de que la crisis está requiriendo nuevas ideas de manera urgente, precisamente en un país donde la economía social jamás ocupó un lugar en la agenda política. Es sintomático que una de las carteras más abultadas de crédito del Grameen Bank se desarrolle hoy en los Estados Unidos. Del otro lado del Atlántico Norte, el Parlamento Europeo (PE) adoptó recientemente una resolución que pone en evidencia el importante papel de la economía social frente a la crisis, e impulsó el reconocimiento de los estatutos europeos para asociaciones, mutuales y fundaciones mediante un tratamiento igualitario dentro de las reglas del mercado interno.

¿Pero qué es exactamente la economía social? La Comisión Europea habla de “tercer sistema”. Algunos utilizan el término “sector sin fines de lucro”. Como sea, abarca una multiplicidad de actores como asociaciones, fundaciones, mutuales o cooperativas, todas ellas apartadas de la lógica capitalista por la cual el que financia es quien decide, percibe y reparte las ganancias. Los proyectos colectivos no apuntan a la acumulación del capital, ya que la ganancia no es el objetivo de esas entidades. La economía social siempre estuvo en el mercado, pero no en el monetario, y los que pretenden catalogarla como no mercantil no han comprendido su

260

naturaleza. Son empresas que mercadean, pero su objetivo no es el lucro en sí. Ya sea en las “charities” –instituciones inglesas de beneficencia–, en las organizaciones autogestionadas alemanas (Netz), en las “comunidades” de Brasil o en las Scop francesas, la economía social se inspira en principios democráticos que constituyen una línea de ruptura con el capitalismo. Esas reglas implican el florecimiento de la persona, la adhesión libre, la distribución justa de la riqueza generada, la independencia respecto a los Estados, los valores colectivos de solidaridad y la gestión equitativa. En ellas cada persona equivale a un voto, a diferencia de las sociedades donde en cambio cada acción equivale a un voto, y una misma persona o empresa puede acumular un paquete accionario mayoritario. En las SCOP francesas, los empleados son dueños de –como mínimo– el 51% del capital y representan un 65% de los derechos de voto, mutualizando así los riesgos y las grandes decisiones.

Se observan dos tendencias en la economía social, por un lado la europea que desarrolla una visión del empresariado colectivo, y por otro la estadounidense, más vinculada a los servicios y a una metodología individual. Las fundaciones, las organizaciones de caridad y los consorcios están en su mayoría localizados en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia –según un estudio de la Universidad de Trento–, mientras que las cooperativas, organizaciones y sociedades mutualistas tienen una tradición más fuerte en los países de Europa.

Hay muchas cooperativas de consumidores y de vivienda en Gran Bretaña y en Suecia, donde las estructuras familiares y de trabajadores cumplen un papel importante –que asciende a un 12% del total– en el sistema de guarderías infantiles. En Alemania, el tercer sector está representado por las mutuales de seguros, y lo mismo sucede en Francia, donde recientemente se produjo la unificación de tres aseguradoras (Macif, Maif y Matmut) de este tipo. Las cooperativas de tamaño reducido, en muchos casos territoriales y especializadas, están muy desarrolladas en España y en Italia. El mutualismo de la salud es particularmente dinámico en Bélgica, Irlanda y Holanda, así como en Francia, donde también el sector agrícola es sumamente cooperativo, ya que nueve de cada diez explotaciones son de economía social.

El 60% de los depósitos de los ciudadanos franceses se efectúan en establecimientos de este tipo –Banques Populaires, Caisse d’Epargne,

261

Crédit Agricole, Crédit Mutuel entre otros– que dan empleo a 500 mil personas. Allí también se detectan cooperativas en el sector agroalimentario (Yoplait), el de la gran distribución (Système-U, Centros Leclerc) e incluso en las ópticas (Krys y Óptica 2000), denominaciones muy conocidas localmente que propagandizan la certeza de que no existen diferencias para el cliente entre una marca cooperativa y una clásica. En el caso de Crédit Agricole, por ejemplo, ofrece las mismas ventajas que otras bancas nacionales privadas, pero al ser cooperativa posee mayor flexibilidad y cada adherente participa en la elección del consejo administrativo, lo cual le permite tener voto en campañas de promoción y en ventajas de accesibilidad para otras expresiones de economía social. Estas empresas, al pertenecer colectivamente a sus asociados, no son operables ni transferibles al sector privado, independencia que les permite participar como actores a largo plazo de un desarrollo sustentable, sin sufrir los remezones del mercado.

En otro plano, el debilitamiento programado del Estado benefactor europeo, después de la desaparición de la amenaza soviética, produjo un desplazamiento hacia la economía social de ciertas funciones estatales poco asumidas. En Francia y en los países mediterráneos, el tejido asociativo logró paliar en la emergencia el vacío de los servicios públicos, en particular frente al agravamiento de la crisis del desempleo. La incapacidad de la economía formal para crear suficiente cantidad de empleos abrió la puerta en Gran Bretaña a organizaciones dedicadas a la creación de empleos de inserción y contratos de corto plazo, que eran habitualmente financiados por el Estado antes de la era Thatcher.

Otro ejemplo es Noncello, la mayor cooperativa social de Italia con mil empleados, creada hace veinte años por el centro de salud mental de la provincia de Pordenone. Tras el cierre decidido por ley de este tipo de establecimientos, la institución comenzó a formar a sus propios pacientes (enfermos psiquiátricos, ex toxicómanos) junto a desocupados de larga data en diversos oficios ligados a la función del centro, y ha llegado a generar 400 mil empleos para 18.700 cooperativas, transformándose en el programa que más empleos crea en Italia.

En Europa, el movimiento cooperativo logró formalizar nuevos y más flexibles estatutos que permiten la asociación entre usuarios, voluntarios y empleados, así como entre colectividades y empresas. Cada caso es

262

examinado desde la propia realidad, sin hacerlo cautivo de normas previamente establecidas. Una dinámica que sería bueno analizar con vistas a renovar nuestros anquilosados estatutos y normativas para el sector, que hasta ahora han demostrado mucha dinámica en desalentar la conformación de empresas privadas disfrazadas de cooperativas, pero que todavía están en deuda en muchos otros aspectos.

El movimiento español de las empresas de trabajadores asociados (empresas laborales) pudo desarrollarse vigorosamente gracias a la creación de un sistema legislativo de este tipo, que mereció el apoyo de las fuerzas políticas y de los poderes públicos, permitiendo crear 17 mil sociedades y 100 mil empleos en pocos años. En esta modalidad de empresas sociales los trabajadores son accionista mayoritarios, y ningún otro accionista a excepción de los organismos públicos puede poseer más de un tercio del capital social.

En Francia, las Sociedades Cooperativas de Interés Colectivo (SCIC) permiten asociar en un mismo proyecto a múltiples actores –empleados, voluntarios, usuarios, colectividades públicas, empresas, asociaciones y particulares– bajo una normativa que se denomina multi-stakeholders que actualmente suma 134 emprendimientos en Francia, conformando empresas sociales importantes como Artisans du Monde o Enercoop. En general, responden a demandas insatisfechas pero rentables. Enercoop, por ejemplo, logró consorciar a productores de electricidad, consumidores y actores del sector de la energía renovable, y sus ganancias se reinvierten con el objetivo de ampliar esas fuentes. Cualquier persona puede hacerse socia, suscribiendo un mínimo aporte de capital que inmediatamente le otorga una reducción de impuestos del 25% del monto suscrito.

Las nuevas legislaciones estimulan la inclusión del sector cooperativista en un conjunto más amplio, aunque menos diferenciado, del modelo económico imperante de “empresas sociales”. La diferencia es que estas últimas tienen fines de lucro, aunque estén inspiradas en los mismos valores asociativos. Pero en algunos países ya gozan de ventajas similares a las de las cooperativas en tanto persigan objetivos de interés social, como es el caso de las Community Interest Companies (CIC) del Reino Unido diseñadas para las empresas sociales que quieren aplicar sus activos en emprendimientos de esas mismas características o en beneficio de la comunidad. En este caso específico el capital está bloqueado y los

263

dividendos tienen un techo, tendiendo a descentralizar poder, generar nuevas formas de trabajo y privilegiar el capital social antes que el capital financiero.

Una muestra de empresa social en nuestro continente americano es la estadounidense Better World Telecom (BWT), proveedora de acceso a internet que destina un millón de dólares al año al financiamiento de una fundación, a través de la cual el 3% de sus ganancias se vuelca bajo la forma de donaciones en ayuda a la infancia, educación y protección del medio ambiente. Sus servidores informáticos utilizan energía eólica, y la empresa ofrece a sus clientes tarifas mucho menores que las de los gigantes de las telecomunicaciones. También en Estados Unidos, las Community Development Financial Institutions (CDFI) juegan un papel importante en la refacción o construcción de barrios populares.

En la ciudad canadiense de Quebec se implementó, a partir del 2004, una política de promoción para grupos de mujeres, para asociaciones defensoras del medio ambiente y para cooperativas de la salud. En la India, la red Ashoka –asociación neo-filantrópica internacional surgida en 1980– selecciona y financia a innovadores cuya actividad tienda a mejorar la calidad de vida de la población en diversas áreas, y cuenta con dos mil empresarios de todo el mundo que intercambian ideas, experiencias y buenas prácticas.

Si bien estas empresas forman parte de la evolución de la economía social, para algunos analistas todavía deberán avanzar en cuanto a democratizar su funcionamiento, ya que en ellas el capital sigue siendo esencial. Aunque este sistema intermedio de capitalismo social permite que el capitalismo parezca más ético, la avidez por productos financieros “tóxicos” puede llegar a afectarlas. Un ejemplo de esas tentaciones es el comercio equitativo, cuyos postulados apuntan a estructurar una relación equilibrada entre consumidores y productores, basada en la remuneración justa del trabajo de campesinos en países poco desarrollados. Frédéric Karpyta, en un libro de reciente publicación, plantea la dificultad de que el comercio equitativo continúe siendo virtuoso cuando –para asegurar mercados a los pequeños productores de café, arroz o algodón– negocia con los concentrados de la distribución. Ante este señalamiento, los programas de ese tipo justificaron su estrategia con la democratización de los productos éticos, que implicaron un incremento en las ventas del comercio equitativo

264

de al menos un 20% anual desde el 2000, a la vez que este tipo de productos pueden encontrarse hoy en más de 50 mil supermercados y 2.800 tiendas especializadas. El riesgo es generar una dependencia de los pequeños productores hacia mercados más grandes, lo que invita a revisar esta noción.

En cuanto a los sistemas de ayuda mutua, varias organizaciones trabajan bajo ese esquema, entre ellas la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS) que coordina entre sí a estructuras nacionales como el Grupo Red de Economía Solidaria de Perú, el Grupo de Economía Solidaria de Quebec y el Grupo Senegalés de Economía Social y Solidaria.

En el campo de la innovación financiera, existe un enorme margen para la creatividad de la economía social no capitalista. En Canadá, el Fondo de Inversión Fiduciaria de Obras de Economía Social de Quebec ofrece préstamos de capital sin reembolso antes de los quince años. Un nuevo modelo de colocación en el cual los inversores no esperan un retorno financiero rápido y que ya florece en diversos puntos, ofreciendo finanzas solidarias, becas sociales, capital paciente, social banking, o la revolucionaria banca P2P en la web, que en lugar de tener un grupo de clientes que prestan su dinero a un banco y otro grupo de clientes que piden dinero a ese banco, hace que los clientes se presten dinero directamente unos a otros.

Gracias a Internet estas redes han multiplicado las posibilidades de intercambio, demostrando que ya quedan pocos espacios donde pueda seguir marginada la economía social, una herramienta que muestra vocación de llegar a ser el soporte de una economía duradera. Según las Organizaciones de Solidaridad Internacional para la Migración (OSIM), en los próximos años los flujos poblacionales incrementarán esta situación, favoreciendo el codesarrollo entre los países emergentes que, por su parte, tampoco se han sentado a esperar esta onda expansiva.

En Brasil, buena parte de la reforma agraria pasa por la economía social, que alberga a 20 mil cooperativas sumamente activas. La actividad del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), apoyada decididamente por Lula y ahora por Dilma Roussef, permitió gestionar producción, transformarla y comercializarla en grandes volúmenes, a la vez

265

que difundía servicios básicos como salud y educación en el medio rural. Pero también permite la revalorización cultural de zonas rurales amenazadas por la “urbanización total”, por la agricultura extensiva biotecnológica y por el patentamiento de semillas y variedades locales. Esto se está traduciendo ahora en una mayor participación de los campesinos y pobladores rurales en la toma de decisiones políticas, mediante la elección de varios legisladores y con muchas intendencias municipales ganadas por dirigentes del MST.

En los países de Europa Oriental, el período de transición desde el comunismo soviético ha otorgado a este modelo el carácter de “sociedad civil”. La transformación del sector no ha sido simple, ya que las formas cooperativas fueron rechazadas de raíz durante la era comunista, pero están surgiendo mutuales de salud en Polonia y Eslovenia.

En cuanto a las naciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) –o “el club de los países ricos”, con 34 integrantes que son los que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial y representan el 80% del producto bruto global– el proceso de reequilibrio entre lo social y lo económico ya ha pasado a constituir una cuestión fundamental. El “ecodesarrollo”, teorizado por el economista Ignacy Sachs, ya es en esos países un aspecto indiscutible y gana credibilidad día a día, proyectándose hacia el futuro en su papel de alternativa integral. Se trata claramente de un proyecto político, y no de una propuesta empresarial, ya que plantea un modelo alternativo para estructurar la sociedad.

En la última cumbre de Mont-Blanc en 2007, este foro internacional permanente de los dirigentes de la economía social hizo referencia a un “new deal planetario”, y convocó al diálogo social entre las grandes instancias de regulación mundial. Ya existen decenas de proyectos horizontales y de hermanamiento intercontinental orientados a encontrar nuevas formas de energía, así como cooperación dinámica financiada por cooperativas sociales europeas. Evidentemente, la economía social hace cada vez más sombra bajo el sol. Algunos creen ya que constituye una alternativa cierta al capitalismo.

Al parecer Marx, en cuanto a sus grandes preceptos, estaba equivocado. Hoy hablar de “dictadura del proletariado” no sólo suena extemporáneo en cuanto a la forma política, ya que la democracia se ha constituido en un

266

bien inalienable –aunque ciertamente perfectible– para las grandes mayorías del mundo entero. Pero también se observa en esa teoría una contradicción profunda en cuanto a la apropiación de los medios de producción. Si se apropian de esos medios, lo trabajadores dejan de ser proletarios y pasan a ser dueños de las empresas. Allí quizás resida uno de los orígenes del gran fracaso soviético, no por responsabilidad directa de Marx, que en realidad logró conformar una herramienta de análisis sobre el capitalismo que mantiene vigencia en mucho de sus planos, sino por el hecho concreto de que los obreros en realidad no tomaron el poder.

Uno de los grandes problemas de la Rusia soviética fue la alimentación. El autosustento tuvo limitaciones, y desde el punto de vista político partió de un error monumental como fue la una gran masacre de los campesinos. La reforma agraria –manejada centralizadamente y administrada por burócratas del Partido Comunista– produjo un enorme déficit de producción de alimentos, pasando a constituir uno de los grandes agujeros negros en la política de la URSS y de los países socialistas en general. Que la Argentina haya sido aliada y socia de la URSS en la época de la dictadura militar, como proveedora de alimentos pese al bloqueo impuesto por EEUU, habla a las claras sobre esa falla fundamental del esquema marxista-leninista.

Hoy ya resulta imposible pensar en un proyecto integral de desarrollo sin participación social o sin democracia. Ya no son viables proyectos de sociedad donde una minoría se imponga al resto por el sólo imperio de la fuerza. En el mismo plano, eso sería una dictadura del proletariado contraria en todos sus términos a una democracia plena.

El análisis ortodoxo sobre el proletariado sigue siendo centro de falacias. Al privilegiar el centro del debate sobre los salarios y la participación en las ganancias, se pretende ocultar la creciente influencia de modelos de economía social en el mundo. A ello dedicamos este capítulo, para demostrar el pase de magia mediático a través del cual se birla una enorme porción de información sobre la manera de entender la economía que ha comenzado a regir con mayor fuerza en este mundo post crisis. Las sociedades se emancipan, y el pueblo pasa a ser propietario de los medios no sólo de producción y servicios, sino además de financiación. La visión que pretende que los obreros continúen siendo proletarios, está dispuesta a renunciar incluso a porciones crecientes en sus ganancias. Lo que no se

267

quiere mostrar es cómo el manejo de las ganancias está cambiando de manos en diversos países del mundo, y no solamente en los que tienen regímenes socialistas.

Un análisis fundamental en este sentido es el planteado por Alvin Toffler en su obra La Tercera Ola, que ya en 1984 mostraba con claridad la etapa subsiguiente a la de la globalización industrial y financiera. La fábrica como tal deja de tener sentido, la finalización de productos se abre hasta el infinito mediante la incorporación de actores no empresariales, los denominados “prosumidores”. Con esto se empieza a abrir un enorme espacio que Marx no pudo prever, donde los que operan no sólo son obreros sino técnico y profesionales, que antes vendían su fuerza de trabajo y ahora la aplican empresarialmente sin patrones. La apropiación estratégica de los medios de producción hacia el futuro ya no será a través de una dictadura proletaria, sino mediante el cooperativismo, el asociativismo activo y la democracia plena. Las empresas de economía social, y sobre todo las de gran escala, constituyen la forma empresarial del futuro por la forma en que están creciendo y expandiéndose en el mundo. El planteo de un “nuevo Marx del Siglo XXI”, tarea ímproba que supera nuestras fuerzas, deberá evidentemente basarse en esta nueva impronta.

Esto se confirma al se analiza lo que está sucediendo en diversas fábricas, donde la rapiña de las ganancias ha llevado a quiebras y donde los obreros, al retomar el mando empresarial de las recuperadas, alinean esos costos gigantescos y recuperan la salud productiva de la firma. Esos ingresos monstruosos están en la base del consumo suntuario actual. Explican por ejemplo los contratos que se cobran en el deporte y la industria de los entretenimientos, el lavado de dinero y otras penurias de este mundo consumista que fenece poco a poco.

Cuando los obreros retoman fábricas que no resultan rentables y la hacen producir –aún en países donde la clase obrera tiende a menguar, porque las empresas se trasladan a países con mano de obra mucho más barata– queda demostrado hasta qué punto el funcionamiento actual de la propiedad de los medios es una falacia. Esto está sucediendo con cooperativas argentinas, que a través de Internet descubrieron que pueden adquirir –en Brasil en China o Europa– maquinaria o tecnología también desarrolladas cooperativamente, que se adecúan a necesidades locales de industrialización a costos realmente muy bajos. Con gran facilidad, pueden

268

tener información y costos de refinadoras, molinos, cosechadoras y maquinaria agropecuaria y agroindustrial en general, incluso en nichos locales hasta ese momento de baja escala, que sirven de base para desarrollar una flexible y poderosa industria nacional con capacidad de asimilar estas experiencias.

El acceso a la información es la nueva y vigorosa herramienta de cambio. Parafraseando a Marx, los trabajadores pueden apropiarse de los medios de producción sin dejar de ser parte de la clase obrera, pero sí abandonando su papel de proletarios. Porque Marx, ciertamente, en este aspecto estaba equivocado. Sin necesidad de dictaduras, cada vez más la economía quedará en manos de quienes la operan, con lo cual dejarán de ser proletarios para pasar a ser trabajadores independientes asociados.

269

PLAN AGROALIMENTARIO NACIONAL

A partir del análisis de la economía social de escala como nuevo actor protagónico en un “new deal planetario”, podemos contar con herramientas más amplias sobre el papel que podrían llegar a jugar en el avance del Plan Agroalimentario Nacional (PEA). Un cambio de estrategia hacia el sector rural, junto a la creación del Ministerio de Agricultura y la conversión del conflicto con la Mesa de Enlace en un debate de políticas –que ha llevado a ese espacio a divisiones internas, además de permitir una nueva articulación con la Federación Agraria– han enmarcado la ampliación y aceleración de ese Plan lanzado recientemente, pero que se venía trabajando desde el 2009.

El enfrentamiento con las organizaciones rurales en 2008 pareció signar al gobierno de Cristina Fernández. Iniciado a sólo 90 días de haber asumido, se proyectó sobre las elecciones legislativas de 2009 y permitió ingresar a representantes del ruralismo en casi todos los bloques legislativos de oposición. Se comenzó a hablar del “fin del kirchnerismo”. Pero transcurrido un año y medio desde las legislativas del 2009, y cuando todavía faltaba mucho para las presidenciales de 2011, esa acumulación se diluyó.

Las entidades aliadas a la Federación Agraria veían con preocupación la exposición pública de Eduardo Buzzi, su presidente, que para algunos lo había llevado a ser quien legitimaba la defensa de los intereses de sectores oligárquicos y golpistas, y para otros en cambio la representación de genuinos sectores de la producción rural que por primera vez lograba hacerse visible. Esta dicotomía colocó a Buzzi en un lugar incómodo. Si en el 2011 el Gobierno era derrotado, quien capitalizaría el éxito serían los pools sojeros, y los productores rurales auténticos sufrirían las consecuencias por la continuidad en la apropiación de tierras con desplazamiento de chacareros, así como por la acumulación de ganancias en manos de los grandes capitales. La inevitable consecuencia sería la expansión de las explotaciones sojeras de los grupos financieros, porque las políticas de mercado jugarían a su favor. Pero si abandonaba la Mesa y esperaba a que el Estado asumiera la defensa de sus pequeños y medianos productores, esa conducción de la FAA perdería el apoyo de sus bases.

270

El diálogo propuesto por el Gobierno demostró que la FAA no estaba en condiciones de asumir compromisos por el conjunto de la Mesa de Enlace, renuente a cualquier tipo de tregua. Pero el acercamiento se produjo, y comenzaron a identificarse –como hubiera resultado más conveniente desde un principio– tanto los problemas a atender como las políticas a aplicar. Una de las cuestiones más urgentes para los productores pequeños y medianos era el trigo. Los molinos y los exportadores no estaban pagando el precio pleno de referencia, aplicando un injustificado descuento del 20 al 30 % en zonas como Entre Ríos y el sur de la provincia de Buenos Aires. En quince días, los reclamos fueron atendidos y la FAA tomó nota del cambio de actitud, pero no así el resto de la Mesa de Enlace.

Nuevas medidas se sumaron después para zonas caracterizadas por la presencia de pequeñas unidades de producción, y se creó un fondo rotatorio con participación en su administración y adjudicación por parte de las filiales locales de las organizaciones de productores. A esto se sumó la ley de emergencia agropecuaria de fines del 2009 votada por unanimidad en el Congreso, esta vez con el apoyo de toda la Mesa de Enlace. La medida permitió aplicar recursos y facilitar fondos para recuperar tierras y reponer equipos. Diversas asambleas de productores recibieron esa ayuda pero sin dejar de plantear reclamos. La Sociedad Rural tildó a esa ayuda de “dádiva”, y por primera vez se produjo un repudio público de los más chicos hacia declaraciones de los concentrados.

Quedaba claro que la Mesa de Enlace comenzaba a perder homogeneidad, y quizás hasta el sentido de su existencia. Como instrumento para unificar la lucha contra las retenciones, sólo podría recuperar protagonismo en la medida que surgieran escollos de similares características. Ninguno de los conflictos menores suscitados posteriormente, ni siquiera el debate sobre la ONCCA, tuvo esa envergadura. Y las aguas comenzaron a dividirse. La propia FAA admitió que muchas de las formulaciones del Ministerio de Agricultura –expresadas en su propuesta de Plan Estratégico Agroalimentario– se acercan más a las de la Federación que a las impulsadas por CRA y la Sociedad Rural.

Ese Ministerio informó después que la tercera parte de los recursos de asignación directa de esa cartera se realizaba con participación de la FAA, coordinando cada ayuda mediante la identificación de problemas puntuales para agilizar las respuestas. Federación Agraria y Coninagro son dos de las

271

numerosas entidades que participan en reuniones regionales del Plan Estratégico Agroalimentario, donde comenzaron a surgir coincidencias en temas que se alejan de los postulados de Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural. La FAA reconoció que “por primera vez se discute el modelo de producción, en contraposición al que se venía imponiendo con la sojización del campo”.

El PEA comenzaba a dar sus primeros frutos, e incluso cosechaba el respaldo de la región. En la reunión que mantuvieron los titulares de las carteras agropecuarias de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se consignó el respaldo al Plan argentino. Estos países integran el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), que se reunió recientemente en Buenos Aires para debatir sobre “Panorama y perspectivas del sector agroalimentario y agroindustrial de la región en la próxima década”. El ministro Domínguez informó allí sobre la presentación preliminar y los lineamientos del PEA, incluyendo todos los trabajos realizados en conjunto con las entidades productoras que participan, y que estará sujeto a monitoreo permanente con la idea central de planificar a futuro, investigar, desarrollar y transferir tecnología a los pequeños y medianos productores. La propuesta incluye generar empresas que inviertan en la Argentina, pero sin descuidar un recurso no renovable como la tierra. Sobre este punto, se informó sobre el trabajo referido a la Ley de Tierras, donde también participan otras áreas del Gabinete.

Las autoridades de Brasil y Argentina que participaron de la reunión del CAS firmaron convenios con 53 facultades integrantes del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología del PEA. Los convenios tienen como objetivo brindar asistencia técnica y financiamiento a las facultades. Desde la cartera agropecuaria, se informó que estos convenios tienen entre sus principales premisas analizar el valor de la tierra es cuanto a su productividad y su rendimiento, ya que sobre este aspecto se está operando un cambio de paradigma en el mundo entero. Nuestros países, anteriormente denominados “en vías de desarrollo”, se han transformado en regiones poseedoras de uno de los principales motores para el desarrollo a futuro, que es la tierra, para lo cual será necesario crear instrumentos modernos que garanticen su permanencia en manos argentinas. El trabajo conjunto entre el Ministerio y las Universidades, en el marco del PEA, apuntará además a fortalecer al sector agroalimentario y agroindustrial con

272

el objetivo de apuntalar el liderazgo alcanzado por la Argentina a nivel global. Esas entidades universitarias ya trabajan en diversos complejos productivos como el sector algodonero, así como el apícola, arrocero, avícola, azucarero, caprino, cárneo-bovino, foresto-industrial, frutal citrícola, maicero, ovino, tabacalero y vitivinícola.

Poco después se realizó una reunión federal –con empresarios del sector, ministros provinciales del agro y la producción, técnicos, representantes de facultades y funcionarios nacionales– para profundizar ese trabajo. Se realizó un relevamiento de escenarios, y se trabajó sobre 24 complejos productivos para lograr resultados dentro del Plan 2010-2016, así como para su segunda etapa 2016-2020. Durante el encuentro, el directo del PEA, Isidoro Felcman, señaló como característica esencial del Plan la de constituir “un ejercicio participativo y representativo del conjunto de actores en el proceso de validación”, y saludó la participación del Centro de Empresas Procesadores Avícolas (CEPA); la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid); ACSOJA; Maizar; Coninagro y Federación Agraria, entre otros.

El PEA se apoya además en seminarios zonales para presentar sus avances a nivel nacional y los resultados alcanzados a nivel provincial. El objetivo de estos encuentros es incentivar la soberanía en las decisiones del Estado, garantizar la seguridad alimentaria e impulsar la promoción del valor agregado en origen, bajo un Programa de Políticas Participativas y Representativas a largo plazo que involucra a todas las entidades representativas del quehacer productivo, agroalimentario y agroindustrial en todos los eslabones de la cadena de valor –proveedores, productores, comercialización, distribución y consumidores– así como asociaciones gremiales y demás actores del sector, con el objetivo de transformar al país en una potencia mundial productiva y exportadora de agroalimentos. El debate, el análisis y el consenso se presentan como las bases para legitimar la ejecución y garantizar el éxito del PEA, “a través de una mirada estratégica que promueva la asociación y cooperación entre los actores, de modo que el producto final sea asegurar la eficiencia productiva, la equidad territorial, la inclusión y la justicia social”.

En referencia al Nuevo Plan Agropecuario, el Ministerio remarcó que de 60 millones de granos –en promedio para los últimos 10 años– se han alcanzado los 100 millones, a la vez que se duplicaba la superficie

273

sembrada en el mismo lapso. Este crecimiento ha acompañado la apertura de mercados como nunca antes se había observado en el mundo. Para el PEA resulta fundamental que el dominio de la tierra esté mayoritariamente en manos nacionales, lo que permitiría la inversión local privada y estatal, y también planteará que el Parlamento asuma esto como política de Estado.

En la presentación del Plan 2010-2016 por parte de la jefa del Ejecutivo, se remarcaron los tres ejes sobre los cuales se desarrollará: la soberanía en las decisiones del Estado, la seguridad alimentaria y la promoción del valor agregado en origen, todos tendientes a posicionar nuestro país en el mundo como gran productor de alimentos industrializados localmente. La Argentina –según las premisas del PEA– por su inmensa capacidad generadora de alimentos y su altísimo saldo excedente, cuenta con fundamentos sólidos para lograr ese objetivo, y agrega que para ello se han convocado la participación, además de las 53 entidades universitarias mencionadas, a las 23 provincias argentinas y 150 cámaras empresarias de diferente índole, con el fin de articular conocimientos, ciencia y tecnología. En esa oportunidad, el ministro del área amplió los objetivos del PEA señalando que “se trata esencialmente de una respuesta al reclamo del sector, que pedía planificación a mediano y largo plazo para lograr previsibilidad”, y agregó que “la instrumentación del plan implica ocho pasos, con fecha de inicio y fecha de finalización para cada uno, mediante el cual las provincias ponen en marcha el procedimiento en sus respectivas jurisdicciones”. A tal fin se organizó además un Consejo Nacional coordinado por el economista Aldo Ferrer e integrado por académicos y científicos, para convalidar el accionar del consejo productivo, del consejo de facultades, y de los aportes de entidades productoras mediante un trabajo interactivo en el que además participan otros ministerios, como los de Industria y de Ciencia y Tecnología.

Cristina Fernández destacó las posibilidades de desarrollo agroindustrial “en un país que tiene sus variables macro aseguradas, y donde las políticas de desendeudamiento del Estado, de superávit y de incremento de la demanda agregada permiten no quedar sujetos únicamente a los vaivenes del sector internacional”. Respecto del sector agroindustrial, señaló que “tal vez sea el menos sometido a las volatilidades internacionales, porque tiene un alto grado de competitividad y por la existencia de una necesidad imperiosa de alimentos que hoy muestra el mundo, y que se incrementará

274

de manera muy marcada en el año 2030, con una demanda aproximada de 7.500 millones de toneladas anuales, lo cual coloca a nuestro país en una excelente posición si hacemos las cosas con un criterio de sumar, de innovar, de incorporar ciencia y tecnología con mucho valor agregado que genere empleo estable, en blanco, calificado y bien remunerado”.

Como señalamos, se han definido cuatro instancias de participación a nivel nacional. El Consejo Federal Agropecuario, integrado por los ministerios de Producción y Agricultura de cada una de las provincias del país. El Consejo de Sistema Productivo, conformado por las cámaras empresariales con representación nacional de los productores, así como entidades agropecuarias y cámaras por cadena productiva. El Consejo del Sistema Científico Tecnológico, convocando a universidades y organismos de ciencia y técnica a nivel nacional como el INTA, el INTI y otros. Finalmente, un Consejo del Sistema Económico Social que busca sumar a organizaciones profesionales, económicas y sociales. Estas áreas se trasladan a su vez a cada provincia, incluyendo a municipios y a diversos organismos dentro de sus jurisdicciones.

El plan agroalimentario, en definitiva, ha comenzado a rescatar algunas de las proposiciones surgidas desde entidades de neto corte nacional, que venían planteando la necesidad de políticas que apuntaran a reducir los impactos negativos generados por la ampliación de la producción sojera. Todo ese espacio, en un proceso de creciente interrelación, había señalado que el esquema productivo agrario se encaminaba hacia una lógica concentradora, debido a los requerimientos mínimos de capital y de extensión de las explotaciones que caracterizan el modelo sojero, lo cual estaba produciendo profundas transformaciones no sólo en la zona pampeana, sino también en otros territorios, por una ampliación de la frontera agraria que producía el desplazamiento de cientos de productores.

A pesar de este avance, los pequeños y medianos productores todavía representan el 70% del total del país y proveen casi el 50 % de los alimentos de consumo interno. Existía además un fuerte consenso académico acerca de que la presencia de esos actores promueve un desarrollo territorial y productivo más equilibrado, y que su incremento y solidez solamente resultaría posible mediante la implementación de políticas públicas que contrabalancearan las tendencias del mercado.

275

Uno de los planteos más certeros lo había realizado precisamente un organismo estatal como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina, cuya actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; ciencias biológicas y de la salud; ciencias exactas y naturales; ciencias sociales y humanidades. Los becarios del organismo Ariel García y Florencia Lampreabe, coordinados por el investigador principal Alejandro Rofman, publicaron la obra “Cómo revertir el legado neoliberal. Orientación Regional”, que plantea el desafío de revertir las condiciones de funcionamiento de los circuitos productivos más relevantes en cada una de las economías regionales del territorio nacional, de modo tal que se pueda cerrar la brecha de desigualdad entre los actores sociales que en ellos operan, y a la vez balancear el poder económico y la apropiación de excedente.

En este sentido, existieron algunos intentos recientes de regulación estatal en los procesos productivos de la vitivinicultura, del algodón y de la yerba mate. Los resultados de esas experiencias fueron variables. En algunos casos, la presencia estatal fortaleció las posiciones de los eslabones más débiles de la cadena productiva, pero en otros las experiencias no resultaron tan auspiciosas. El equipo del Conicet sostiene que “para implementar regulaciones que alivien o superen las desigualdades, hay que resolver los desbalances agudos de poder entre los ‘ganadores’ y los ‘perdedores’ de los procesos de transformación productiva en marcha, observando en detalle cuáles son los procesos que persisten en debilitar a los débiles y fortalecer a los fuertes, en el contexto del desarrollo de las fuerzas productivas y del desempeño desigual de los agentes económicos”.

Para lograrlo, estos investigadores proponen revisar la situación de propiedad, tenencia y tamaño de los predios productivos, preservando y fortaleciendo una estrategia de diversificación productiva que asegure la soberanía alimentaria, aliente la preservación ambiental y difunda conductas asociativas para fortalecer el poder negociador de los sectores más débiles de la cadena productiva, a los cuales se les debería proveer de los recursos públicos necesarios para no abandonen sus predios.

El PEA pareciera tomar en cuenta alguna de esas recomendaciones. Las estadísticas aportadas por el ministerio del área, así como los diagnósticos,

276

proyecciones, estrategias y sugerencias de políticas viables a implementar, parecen orientadas cada vez más a incluir las posturas de diferentes actores del sector productivo y de la sociedad en general en la construcción colectiva de ese Plan. Aldo Ferrer resaltó las cualidades del PEA, sin dejar de advertir que “es muy difícil construir políticas válidas para el sector agroalimentario si no tenemos simultáneamente mucha industria, con mucho campo y mucho desarrollo regional”. En este sentido apuntan precisamente las propuestas incluidas en los capítulos finales de este libro.

Mirando hacia el futuro, dos anuncios marcaron recientemente los términos en que el gobierno nacional se propone gestionar la economía a partir de diciembre del 2011, suponiendo un resultado favorable en las urnas. Uno ha sido el lanzamiento del Plan Estratégico Industrial 2010/2020, que complementa a su similar para el área agroalimentaria. El otro ha sido la sorpresiva –para muchos– decisión de sustituir la criticada Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) por un nuevo organismo ejecutor en el que tres ministerios se dividirán tareas y compatibilizarán criterios. Un profundo cambio instrumental llamado a rendir resultados en el mediano plazo, que claramente representa una transformación del rol del Estado al dotarlo de nuevas herramientas para cumplir con decisiones dentro de un plan económico. Por un lado, la definición de una política de desarrollo industrial predeterminando los sectores a apoyar, implica una planificación que no tuvo ejercicios similares en casi medio siglo, ya que la última data de1974. Esto implica recuperar un rol activo del Estado en la búsqueda de un determinado perfil de desarrollo que privilegie la incorporación de tecnología nacional, promueva la producción con utilización de mano de obra intensiva y aliente las economías regionales con encadenamientos productivos locales. Esta definición, por ahora incompleta, ha despertado ya el rechazo de quienes postulan un Estado ausente, proclaman el libre mercado como panacea y consideran la exclusión como un necesario espacio de mano de obra barata siempre disponible. No es casual que surgieran expresiones señalando que sería preferible una rebaja en los costos laborales para mejorar el empleo, antes que involucrar al Gobierno en el desarrollo de sectores intensivos en el uso de mano de obra.

Con estos grupos empresarios y con otros que se alinean detrás de los mismos intereses, las diferencias parecen insalvables, ya que

277

evidentemente implican la confrontación entre dos modelos opuestos. Después de la debacle del 2001, la Argentina inició un vigoroso proceso de crecimiento, acompañado por una política de explícito respaldo al consumo interno y de creciente protección del mercado nacional, lo que generó una sustancial mejoría en los índices de empleo. Pero la estructura económica sigue estando altamente concentrada por escasas firmas que dominan las principales ramas por actividad particularmente en insumos fundamentales para la matriz productiva, como en el caso de la construcción –cemento, vidrio, plástico, aluminio–, en rubros intermedios que suelen ser más importantes que el producto final –envases para alimentos y bebidas– y sobre todo en la comercialización, en un proceso de concentración cuyas características ya hemos analizado y que desnivela la capacidad de negociación en desmedro de los sectores menos pudientes.

Entre los varios efectos nocivos de esta situación, uno sobre el que ya hemos hablado y que no suele ser suficientemente percibido en cuanto a su impacto sobre los precios, es la lógica de elevar rentabilidad de muchas empresas monopólicas, aprovechando la demanda sostenida. Al torcer la distribución de utilidades en su favor, a costa de consumidores que pagan más alto el precio final, afectan también a otros eslabones de la cadena productiva y de comercialización, que deben resignar márgenes para no quedar fuera del mercado. El plan de desarrollo industrial lanzado quizá no sea suficiente para equilibrar esas inequidades, pero abre la posibilidad de incluir nuevos actores y de generar formas alternativas de producción y comercialización. Las cooperativas y otras formas de asociativismo, organizadas en torno a la creación de nuevos procesos de producción y comercialización, pueden transformarse en un mecanismo para fortalecer la participación de los eslabones más débiles o vulnerables de la cadena. No resulta extraño ni ilógico que los sectores productivos menos poderosos sean hoy precisamente los más interesados en el Plan Estratégico Industrial.

La otra definición importante con miras al mediano plazo fue la decisión de disolver la ONCCA y su reemplazo por la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo. La suerte de la ONCCA, al interior del Gobierno, era la crónica de una muerte anunciada ya que su transformación venía siendo considerada desde fines de 2009, cuando la Secretaría de Agricultura y Ganadería se convirtió en Ministerio. Ese organismo, creado en 1996 como oficina comercial sin potestades para

278

intervenir en los negocios agropecuarios, fue convertido a partir del 2003 en un actor dinámico en cuanto a control del comercio exterior y regulación de los precios internos de canasta básica. La crisis de los precios de los alimentos a nivel mundial amplió la necesidad de su intervención, para evitar el traslado de los aumentos mundiales a la mesa de los argentinos, tarea que resultó excesiva para la capacidad de gestión y decisión política de esta Oficina.

Según el Boletín Oficial, con la creación de esta nueva unidad coordinadora con participación de tres ministerios, cuatro secretarías y la AFIP, se busca jerarquizar las funciones anteriormente gestionadas por la ONCCA, pero dando un salto de calidad en el control comercial agropecuario mediante la integración de diversas áreas que atienden el tema. Se definió a esta tarea interdisciplinaria como una política puntual para fortalecer el control, pero el propio Ministerio del área planteó ya la necesidad de reformular todo el mecanismo de comercialización de granos en la Argentina. La transformación de la ONCCA no es considerada un paso en ese camino, pues se está pensando en la creación de otro organismo o consejo de intervención en los mercados granarios. La redefinición de la ONCCA sólo implica el reordenamiento de las funciones de control comercial, bajo una política más amplia que la simple fiscalización.

La cosecha record de granos esperada, superior a las 100 millones de toneladas para este año 2011, permitirá exportar 8 millones de toneladas de trigo. Estos resultados cada vez más crecientes, han llevado al Ejecutivo a considerar in nuevo sistema de comercialización agropecuario, al estilo de una Junta Nacional de Granos, además de una nueva ley de arrendamiento que permita aumentar la producción con más trabajadores rurales. La competitividad y productividad del sector conlleva el desafío de continuar aumentando la producción del sector, pero incorporando una mayor cantidad de productores. A partir del aumento exponencial de la producción a causa de la innovación tecnológica, se dio también un fuerte proceso de concentración en la inversión y en la organización del negocio. Ese proceso de mayor producción está acompañado por un incremento en la ocupación territorial. Promover la presencia activa de nuevos productores pymes en esos campos, significa nada menos que replantear el concepto de ruralidad. El Ministerio de Agricultura de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

279

(MAGPyA) buscará apoyarse en la participación de los colegios agrotécnicos, cuya matrícula actual es de 50.000 alumnos en todo el país, para mejorar la producción agropecuaria y formar nuevos actores.

En nuestro país, la concentración no se ha producido tanto en la tenencia de la tierra como en el negocio, ya que se alquilan tierras a los pooles de siembra con un sesgo positivo que permitió crecer desde los 30 millones de toneladas durante la última década a los 100 millones actuales. Pero paralelamente se ha generado la concentración del sistema de producción y comercialización. Este es un dato de la realidad, según el MAGPyA, y para resolver ese tema se deberán fortalecer las cooperativas, además de enfrentar el fuerte proceso de desregulación y ausencia total del Estado que impidió garantizar a los productores el precio pleno de sus materias primas.

La antigua Junta Nacional de Granos es un modelo a seguir, aunque se piensan en otros componentes, que incluiría el conocimiento de las bolsas de comercio y el accionar de las cooperativas en conjunto con el Estado, para poder avanzar en un proceso de defensa del precio que reciben los productores. Se calcula que todavía pueden incorporarse a la agricultura entre 8 y 10 millones de hectáreas, con lo cual en los próximos siete años se podrían alcanzar los 150 millones de toneladas. En este marco, se analizan las experiencias de modelos de regulación como los del Brasil, Australia y Estados Unidos, que además incluyen parámetros para la seguridad alimentaria nacional

El ministro Domínguez ha reconocido que la Argentina todavía tiene una deuda pendiente en cuanto a defender a sus productores, pero agregó que es un proceso complejo que debe realizarse de manera razonada y sin apresuramientos que lleven a errores. En tal sentido, se estudia una nueva ley de arrendamiento que permita defender los contratos de pequeños y medianos productores, a la vez que promueva su permanencia en el campo. En cuanto a la normativa para regular el uso del suelo, lo primero que considera es que la tierra no es una inversión sino un recurso estratégico no renovable, y por tanto surge la necesidad de ponerle límites a la inversión extranjera para garantizar la soberanía sobre el mismo.

Hace diez años, en la Pampa Húmeda un productor con 600 hectáreas estaba fundido, y la hectárea valía 1.000 dólares. Ahora, ese mismo campo vale más de 12.000 dólares la hectárea, ubicando a la inversión

280

agropecuaria en la Argentina como la más rentable del continente y quizás del mundo. Dentro de esta realidad, las exportadoras multinacionales puestas en evidencias por las denuncias por evasión de la AFIP, no están cumpliendo el acuerdo marco que firmaran con el Gobierno, causando el enojo de los productores e impulsando la necesidad de un nuevo organismo de control para la comercialización de granos.

Las exportadoras se muestran como afectadas, pero esto no es así. La Argentina fijó la seguridad alimentaria en 6 millones de toneladas de trigo y este año se alcanzarán los 13 millones o más. Se autorizaron 5 millones de toneladas para exportar y se calcula que quedarán, sumando la nueva cosecha con los remanentes de la anterior, aproximadamente 3 millones de excedente.

Pero el problema, más que en los granos de consumo interno que se deben garantizar en el marco de la seguridad alimentaria nacional, reside en la soja. Los argentinos casi no la consumimos, y el grueso de su producción se exporta. El cultivo de la soja en la Argentina sigue siendo el centro crucial del debate. Quienes propician su expansión alegan que es el principal motor de la dinámica exportadora y que permite obtener recursos económicos y financieros a las provincias que se favorecen con su cultivo, a la vez que se niegan a aceptar daños ambientales por el uso de los agroquímicos y omiten toda consideración sobre el perjuicio social. Los que critican su cultivo presentan datos sobre la expulsión de población rural, serias denuncias sobre perjuicios a la salud de los pobladores contiguos a las áreas de cultivo y deterioro del suelo. Pero la crítica principal es hacia los procesos de especulación rentística-financiera.

Raras veces se había mencionado antes que la forma más correcta de evaluar el cultivo de la soja debe realizarse sobre la base de la soberanía alimentaria, cuyo cometido principal es que la producción agrícola-ganadera nacional se ajuste prioritariamente a satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población, antes de comercializarla para satisfacer necesidades de otros países. Este principio aspira a salvaguardar la calidad de vida de nuestra población, frente a los beneficios de un reducido segmento de agentes económicos altamente concentrados. Pero ajustarse a ese principio implica además que la explotación de la tierra debe ser compatible con la salud de la población y la preservación del medio ambiente. Por ahora no se ha logrado en nuestro país observar la soberanía

281

alimentaria, ya que pervive entre un 3 y un 5 % de habitantes en condiciones de indigencia. Dicha condición social ascendía al 27% en el 2003, hoy reducida tras la aplicación de la Asignación Universal por Hijo. Pero todavía entre uno y dos millones de habitantes carecen de suficiente ingreso para alimentarse adecuadamente.

A la vez, la extensión de la frontera agrícola sojera ha reducido seriamente la cantidad de pequeñas explotaciones en manos de productores familiares, y ha destruido cientos de miles de hectáreas de bosques y montes en el norte del país. La avidez de espacios rurales para la producción sojera ha implicado –aunque con matices– una sustitución de procesos productivos agrarios, que dificultarán a futuro cumplir con el principio de la soberanía alimentaria sin afectar el nivel productivo total, el de las exportaciones y la macroeconomía en su conjunto.

Cada vez resulta más claro que es preciso avanzar en un programa de desarrollo integral del sector. En este sentido, los avances del Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario, ya en plena marcha, además de sancionar una nueva Ley de Arrendamientos que consagre plazos mínimos, promueva la rotación de cultivos y desplace al capital especulativo financiero como protagonista central en la actividad, deberá proteger e impulsar iniciativas como las del Chaco y Misiones, con implantación de experiencias colonizadoras asociativas, además de profundizar la difusión del microcréditos rurales y establecer enclaves de economía social, que hasta ahora sólo están siendo incluidos como aporte informal.

La soja, como monocultivo basado en la cultura de la especulación financiera y la agricultura de negocios, debe dar paso a una actividad de convivencia entre el ambiente social y el físico, que a la vez impulse la diversificación productiva. El mayor recurso que tenemos es la producción agropecuaria, o sea que contamos con materias primas suficientes para pensar en su industrialización. El modelo de las fábricas recuperadas, que tan ampliamente abarcó otras actividades, todavía resulta incipiente en la producción e industrialización de alimentos. Los éxitos alcanzados en algunas líneas de industria pesada y de bienes para el consumo doméstico, todavía no muestran un desempeño similar en el área mencionada. La amplia existencia de materias primas, la capacidad demostrada por los colectivos sociales de producción, junto con la alta demanda de productos

282

de menor precio e igual calidad que los de las empresas concentradas, así como la permanencia de un espacio de micro comercialización que se ha duplicado en los últimos ocho años, amerita pensar en la producción agropecuaria, la agroindustria, la logística y la comercialización de alimentos envasados como una poderosa herramienta para bajar la pobreza a un nivel mínimo.

Si tomamos en cuenta que Aldo Ferrer –integrante del grupo Fenix– coordina el Consejo del Sistema Científico Tecnológico que convoca a universidades y organismos de ciencia y técnica a nivel nacional –como el INTA, el INTI y otros– a participar del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), resulta aconsejable analizar cuáles han sido los objetivos propuestos por este equipo de investigadores. Una desocupación del 5% y el trabajo en negro reducido al 20% fueron algunos de ellos, junto a una simulación sobre cómo llegar a ésas y otras metas basándose en un escenario hipotético para la Argentina del 2016, donde la pobreza podría quedar prácticamente erradicada, la desocupación bajaría a un nivel mínimo y el empleo en negro caería al 20%, frente al 36% verificado al momento de elaborar dicha propuesta. Para llegar a esos objetivos, los investigadores pusieron énfasis en el rol del mercado de trabajo, que crecería a partir de una industria manufacturera con mayor valor agregado y potencialidad exportadora, y en el dinamismo del sector de servicios y del agro. El modelo no contempla “shocks” exógenos de ningún tipo, y entre las principales medidas propuestas está la creación de una “jubilación mínima digna” de carácter universal, elevar fuertemente el haber mínimo, incrementar el financiamiento del sistema previsional vía incremento de los aportes patronales y una reducción del empleo no registrado, que mejoraría la relación aportante/jubilado.

Desde el punto de vista de la vivienda, estos economistas aseguran que con un 0,5% del PIB se puede transformar las villas y asentamientos precarios en barrios con servicios públicos básicos, lo que beneficiaría a 500 mil personas. En cuanto a salud, priorizan un “seguro de salud universal” destinado a trabajadores informales y desocupados. En educación, consideran que “el 6% del PIB de inversión debe ser el piso y no el techo”. Y señalan que por la mejoría en el mercado de trabajo, la Asignación Universal por Hijo caería como porción del producto.

283

En el plano fiscal, los investigadores mantienen para 2016 la presión tributaria en un nivel similar al actual, aunque la carga sobre el consumo bajaría del 66 % de la recaudación al 50%, mientras que, por el contrario, la imposición sobre la renta y la riqueza crecería de 31 a casi el 50%, para lo cual proponen gravar la renta financiera y aumentar la tributación sobre las personas físicas, junto con una revaluación de los terrenos fiscales para aliviar las cuentas provinciales.

Para llegar a este escenario deseado en el año 2016, la tasa de crecimiento de la economía deberá mostrar un promedio anual del 7%. El componente más dinámico de la demanda sería la inversión, que deberá avanzar a un 12% anual para representar en 2016 el 28% del PIB, subiendo desde el 23% que muestra en la actualidad. El consumo total, en tanto, deberá subir a un ritmo del 6% anual. Como principal objetivo para el período se plantea cerrar la brecha social, resolviendo los graves problemas de pobreza y exclusión a través de una transformación productiva que permita incorporar más valor a los productos industriales, aumentar las exportaciones de estos bienes y las de servicios, en especial los vinculados al desarrollo de tecnología.

Para que el incremento del nivel de actividad no se vea restringido por la disponibilidad de divisas, este equipo de economistas plantea que el crecimiento de las exportaciones e importaciones converja en 2016 a una tasa del 13%, lo que permitiría sostener un superávit comercial promedio de 15 mil millones de dólares por año. Las manufacturas de origen industrial (MOI) pasarían del 35% actual al 41% en 2016, en detrimento de los productos primarios, que deberían bajar de 23 a 18%. Por su parte, plantean que el aumento en la producción y productividad del agro seguirá creciendo, puesto que no observan que la revolución productiva en ese sector haya terminado, lo cual permitirá sostener el dinamismo de las exportaciones de commodities agrícolas.

El plan 2010-2016 es la tercera experiencia de simulación que desarrolla el grupo Fénix. El primer antecedente se remonta a la etapa 2002-2006, en un escenario de post-crisis del modelo neoliberal, donde la principal necesidad residía en recuperar el crecimiento económico, mejorar los índices sociales de empleo, pobreza e indigencia y comenzar un proceso de estabilización macroeconómica. Esa experiencia de planificación se correspondió en buena medida con la sucesión posterior de los hechos. El segundo plan de

284

simulación fue el vinculado con el período 2006-2010. Sus previsiones no se cumplieron, indican los economistas del Fénix, porque en esa etapa se verificaron diversos shocks como el conflicto con las corporaciones agrarias, la crisis internacional y la sequía que afectó al agro.

La Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca del Parlamento Latinoamericano –Parlatino– reunida en Panamá en marzo del 2011, planteó interrogantes sobre cómo desarrollar estas políticas a partir del surgimiento de estos “shocks no previstos”. La ponencia uruguaya fue una de las más interesantes, al señalar que lograr la seguridad alimentaria dentro de un modelo de soberanía alimentaria, está siendo puesta en peligro cuando la crisis financiera mundial torna apetitosos para el capital mundial los ricos recursos naturales, los variados climas y el aumento importante de los precios de los productos agrícolas del continente.

Para avanzar en ese análisis, precisaron la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Un país desértico, donde no sea posible ningún tipo de producción de alimentos, no posee soberanía ni seguridad alimentaria. Pero si posee un subsuelo con yacimientos petrolíferos podrá lograr seguridad alimentaria, comprando los alimentos que necesite a partir de las divisas generadas por los hidrocarburos. Pero algo bien diferente es la soberanía alimentaria, ya que ese país será soberano en la posesión de divisas, pero dependiente de quienes quieran venderle alimentos.

Estamos asistiendo a un nuevo fenómeno mundial. Países que no pueden lograr seguridad alimentaria en sus territorios, están adquiriendo tierras en otros estados para asegurar su comida y así garantizar la seguridad alimentaria de su nación. Como vimos, son países económicamente poderosos, que se están quedando con grandes retazos de soberanía alimentaria en  países pobres y en aquellos que no perciben aún el riesgo de esta nueva modalidad. La tierra y los alimentos son además un nuevo objetivo especulativo, para el cual nada importa la seguridad o la soberanía alimentaria, espacio donde también comienzan a gravitar los agrocombustibles como posibilidad de reducir la dependencia petrolera, pero también la cantidad de alimentos destinados al consumo.

A mediados del siglo XX, la preocupación del hambre mundial desembocó en la “Revolución Verde” que aumentó los rindes agrícolas, cambiando

285

viejas prácticas de cultivo e impactando fuertemente en los volúmenes de producción. Pero objetivamente, esa propuesta fracasó desde el punto de vista de reducir el hambre. El hambre actual –hace falta recordarlo– no es un problema de volumen producido, sino que los alimentos se han transformado en moneda de especulación para unos pocos.

En la mayoría de los países latinoamericanos, la nueva modalidad de los agronegocios enmarcó el surgimiento de nuevas políticas agrarias, que tratan de imponer cómo, dónde y qué se produce. Aprovechando el relativo atraso en esas definiciones, las grandes empresas realizan inversiones directas sobre los territorios e incluso utilizan tierras estatales para producir los cultivos más rentables. Manejan además el paquete tecnológico y avanzan con los transgénicos sobre muchos de los recursos genéticos de nuestros países. De alguna manera, han logrado que la “Revolución Verde” jugara acentuadamente en beneficio de sus propios intereses.

Un dato incontestable es que el PBI de nuestros países aumenta, lo que habilita recursos económicos para restañar las heridas sociales que genera esta situación. Pero restaña, no cura. El neocolonialismo exportador de materias primas sin industrializar o con escaso procesamiento, exportando muchos de estos recursos a zonas francas, generalmente son embarcados hacia los países de mayor potencia industrial para agregarles valor. De esta manera, las grandes empresas han manejado de hecho las políticas agrícolas de nuestros países y por tanto nuestra soberanía alimentaria, e incluso han presionando para que buena parte de la inversión pública se oriente a solucionar los problemas de infraestructura que les son propios.

Todo plan de desarrollo económico, en coincidencia con lo planteado por el último Plan Fénix, debe entonces definir qué deja como recursos para nuestros pueblos la mayor renta nacional, que es la de los agronegocios, y qué modelo de país deberemos impulsar a partir de esos recursos para constituirnos en verdaderos dueños de nuestro destino como Nación.

Quienes plantean que con sólo aumentar los volúmenes de producción se soluciona el hambre, cometen un grave error. En las últimas décadas, el éxodo de población campesina o de pequeñas ciudades rurales hacia las grandes urbes ha generado un despoblamiento del espacio agroproductivo, constituyendo una verdadera crisis cultural, ya que se mudan a vivir precariamente alrededor de las ciudades personas con cultura de

286

producción cuyos conocimientos se tornan inservibles. A principios del siglo XX, la mayoría de la población mundial producía alimentos. Hoy en día la mayoría consume y un pequeño porcentaje produce, lo cual agudiza el riesgo de la dependencia y la inseguridad alimentaria. La dependencia tecnológica y de los agroquímicos, el monocultivo y los transgénicos, muestran un modelo que sólo puede ser solventado por grandes capitales, poco sustentable social, política y ambientalmente. Son simplemente nuevas formas extractivas de explotación, absorben la riqueza de nuestros suelos y cuando éstos se tornan infértiles toman sus ganancias y se trasladan a otros puntos. El proceso de exclusión no cambiará de raíz mientras nuestros países no prioricen el uso social de sus recursos naturales y se desarrollen reformas agrarias, por las cuales las personas  vuelvan a la tierra a producir  bajo un modelo sustentable que genere las bases para la seguridad y la soberanía alimentaria.

Para revertir este modelo que incrementó la brecha entre ricos y pobres y degrada los recursos naturales de nuestro continente, es necesario plantearse una nueva mirada sobre qué significa producir alimentos. No sólo hace falta avanzar con la intervención estatal, dando formas organizativas a los principales actores en cuanto a organizaciones sociales, productores, consumidores e investigadores. Además hay que centrar esas políticas prioritariamente en la producción de alimentos para los mercados locales, basada en explotaciones campesinas, familiares y de pequeñas o medianas cooperativas federadas. Puede discutirse si la eficiencia económica es mayor con un proceso concentrador de la tierra o con un modelo netamente volcado a la agricultura familiar o de pequeños y medianos productores asociados. Lo que ya está fuera de toda discusión es que la agricultura basada en la economía social, sobre todo de grande y mediana escala, es mucho más dinamizadora del desarrollo rural. Además de los aspectos de soberanía alimentaria y de justicia social, el desarrollo rural está íntimamente ligado a la tenencia de la tierra. No existe posibilidad de avanzar en políticas soberanas sobre el uso del suelo si no se cuenta con población no sólo dispuesta, sino además capacitada para lograr ese objetivo.

Esta es la gran incógnita a resolver, en la que se hace imprescindible la presencia del Estado para que la racionalización en la tenencia y ocupación productiva y social de la tierra sea cada vez mayor. Existen muchas

287

estrategias. Son posibles procesos con importantes superficies en manos del Estado para ser trabajadas por pequeños agricultores consorciados, a los que se les arriende o entregue esos predios bajo determinadas condiciones. El usufructo de la tierra debe estar ligado a una disposición manifiesta de hacerla producir, donde se premie la eficiencia productiva y el compromiso con el resto de los productores y se sancione a quienes no cumplan, así como a quienes no respeten los planes de producción implementados. En varios países del continente se están comenzando a aplicar con éxito políticas de este tipo.

En definitiva, la soberanía alimentaria significa la supremacía –por encima de los intereses del comercio y la especulación– del derecho de los pueblos y de las comunidades a un acceso digno a la alimentación y a la producción autónoma de alimentos, lo que conlleva el fomento y la promoción de los mercados locales por encima de la producción de alimentos para la exportación, pero sin que esto signifique perder dinámica en este rubro.

Todos estos aspectos están comenzando a tomar cuerpo en el debate de un Parlamento Latinoamericano que –de la misma manera que muchos congresos nacionales– está saliendo del inmovilismo causado por un modelo donde las decisiones no las tomaban los pueblos a través de sus representantes, sino oscuras juntas de directorio que las aplicaban a través de un verdadero ejército de lobistas y personeros. Promover la integración latinoamericana implica identificar a quienes pretenden esconderse en los pliegues de nuestras incipientes democracias para continuar actuando de esa manera, y así limpiar las trabas que impiden un comercio justo entre países vecinos para que mejoren las condiciones de nuestros pueblos. Pocas regiones en el mundo poseen las ventajas comparativas de América Latina. Debemos revalorizarlas y defenderlas en conjunto, como bloque, reduciendo el peso que tienen tanto la Organización Mundial del Comercio como los especuladores y los acaparadores en la toma de decisiones.

288

AGROALIMENTOS Y UNIDAD NACIONAL

El tema de la escala de producción es central en el debate en cuanto a recuperar soberanía alimentaria en la Argentina. Sin escala, la producción agraria alternativa no puede ocupar un lugar de relevancia en el mercado. Si se desarrollan productos de baja escala en el campo, dentro de una modalidad por la cual el mismo productor sea quien transporte a la ciudad y venda directamente al consumidor, este puede resultar un abordaje correcto si se lo analiza desde el punto de vista de la autosubsistencia y de eliminar costos. También tiene efectos positivos en cuanto a preservar la propiedad de la chacra, y –quizás lo más importante– el nacimiento de una conciencia acerca de que el Estado tiende una mano solidaria, y en lugar de excluir hacia el olvido a estos castigados sectores, les otorga un rol activo.

Las ferias, mercados abiertos y otras formas de comercialización franca son un inmenso laboratorio social a cielo abierto para capacitar, asociar y sobre todo detectar experiencias que merecen cooperativizarse, dotarlas de marca y conectarse en escala con el comercio local a precios mayoristas. Es la única manera de superar la situación de informalidad por la cual el campesino que produce se ve obligado a transformarse, además de productor, en transportista y comerciante, siempre con escasa dimensión para ocupar nichos de importancia en un mercado concentrado, en tanto no logre salir de la categoría de feriante o de proveedor individual para ese mismo mercado.

Por otro lado, este esquema apunta mayoritariamente a frutas, hortalizas, verduras, carnes y lácteos frescos o levemente elaborados. Es decir, producción mayoritariamente perecedera, con todos los problemas que esta modalidad acarrea. Pero además, al no incluir el agregado de valor vía industrialización y envasado, sin marca propia, este modelo seguirá siendo exiguo en cuanto al movimiento de dinero, aún cuando se logre implementar un modelo de grandes volúmenes, como las ferias que funcionan todos los días. Y esto, enfrentando las críticas –razonables– de los comercios minoristas formalizados, ante la apertura –todos los días y ya no sólo uno a la semana– de una competencia no formal que ofrece muchos productos similares a los suyos.

Pero por encima de este detalle, lo que importa analizar en términos políticos, y sobre todo en cuanto a capacidad de transformar una realidad

289

dada, es qué porción de mercado son capaces de ocupar las expresiones surgidas de este tipo de propuestas. Es decir, qué capacidad tienen para impactar a la baja en la inflación en los precios de los alimentos a partir de su escala. Comparado con el movimiento global de lo que gasta una comunidad en alimentación en todas sus acepciones, incluyendo frescos y envasados, el aporte resulta casi insignificante. Por esa razón, no afecta ni amenaza el ámbito de producción concentrado, ni elimina ciertas mafias de la producción, distribución y comercialización de alimentos.

En Posadas, capital de la provincia de Misiones, se realizó en junio del 2011 el Primer Encuentro Nacional de Ferias Francas, que contó con la participación de cinco mil feriantes provenientes de 22 provincias. Los pequeños productores presentaron propuestas artesanales surgidas de la agricultura familiar. Con la propuesta de alimentos sanos, “estos campesinos apuestan a un modelo de agricultura que respeta la naturaleza y que es muchas veces desconocido y postergado por anteriores gobiernos”, tal como lo asumió el subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, Guillermo Martini, en una reunión dentro del Encuentro con el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), asociación civil sin fines de lucro de inspiración cristiana, que desde 1970 trabaja junto a comunidades rurales campesinas y aborígenes del Norte Argentino. Su labor, en un inicio focalizada en la alfabetización de adultos, hoy abarca diversas temáticas que afectan a sectores rurales de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Norte de Santa Fe.

En diálogo con el corresponsal de INCUPO para el Informativo FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) el subsecretario Martini señaló que “durante mucho tiempo nos quisieron hacer creer que el campo eran 50 o 60 mil productores de la agricultura concentrada de la pampa húmeda, cuando el campo es mucho más que eso, ya que sobre 330 mil productores registrados en la Argentina, 250 mil son agricultores familiares, que en mucho menos superficie produce mayor variedad, está integrado por mucha más gente y se emplea mucha más mano de obra. Creo que el desafío es aumentar la producción a partir de la responsabilidad que tenemos como Estado de brindar tecnología, apoyatura crediticia y soporte para la producción”.

Por su parte, uno de los representantes del Movimiento Agrario Misionero (MAM), Eugenio Casalaba, planteó “concretar un programa de reuniones

290

cada dos meses y empezar a solucionar la cuestión que más nos interesa: cómo intercambiamos nuestros productos, ya que la masividad del Encuentro da pie para pensar que, con la apertura de mercados, se está en la senda correcta para una Argentina productora de alimentos”.

El problema para este intercambio es la distancia a recorrer entre una experiencia y otra, ya de por sí complicada en el caso de las grandes ferias urbanas con respecto a las áreas de producción, que además imposibilitaría intercambiar perecederos de maduración rápida. Pero además, casi todos los emprendimientos están elaborando productos muy similares, con lo cual no se verifica la necesaria diversidad que requeriría un intercambio. En una recorrida conjunta de funcionarios de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de la Subsecretaría de Comercio de Misiones, se detectó la baja escala, la falta de inscripción en SENASA, en la AFIP y en el INPI (registro de marcas comerciales), así como la mencionada similitud de producciones verificadas en casi todos los stands, con escasas excepciones. A esto se suma que muy pocas delegaciones han realizado un estudio primario de la demanda local en sus propias provincias (productos requeridos en los almacenes y despensas), y tampoco se realizaron reuniones de coordinación con redes o cámaras de comercios minoristas del ramo.

Diferentes experiencias en diversos países, han demostrado que las herramientas más efectivas para modificar esta situación surgen de organizar redes de producción con capacidad para agregar valor, especialmente en productos no perecederos factibles de estoquear. Lo que se está haciendo actualmente es esos países es promover la elaboración de productos envasados y la venta posterior del excedente. En muchos programas de nuestro país, a la inversa de lo que proponen estos programas generalmente exitosos, se promueven los frescos y se impulsa la elaboración del excedente de manera artesanal, habitualmente para que no se pudra y pueda ser utilizado para autoconsumo o para ser parcialmente comercializado.

Como vemos, el debate sobre la soberanía alimentaria en la Argentina precisa un cambio de paradigma. La competencia por recibir fondos estatales, sean subsidios o créditos blandos, ha generado además una lucha sorda que en nada beneficia al desarrollo de alternativas. Los montos aplicados son menos que las necesidades existentes. Por eso muchas veces,

291

en el espacio de los feriantes, de los mercados populares o de los proveedores para mercados concentradores de productos, se ve como enemiga a la cooperativización. Sin embargo, comparando con ciertos casos en China o Brasil, donde se aplica el modelo de industrializar y envasar vendiendo como fresco sólo el excedente, y esto se efectiviza a partir de la organización de colectivos sociales, se observa un panorama distinto. Si se aplicara al ámbito rural la “incorporación y adaptación de las mejores experiencias”, deberíamos estar analizando esos procesos. Algo que recién comienza a estar en la mira de algunos programas a nivel nacional.

En lo instrumental, estos procesos comienzan a partir de la detección –que muy bien puede realizarse en el espacio de los feriantes– de la existencia de abundante materia prima, base esencial para llevar adelante este tipo de proyectos. Si no existe materia prima disponible o verificada como potencial, no tiene sentido impulsarlos.

El segundo elemento a tomar en cuenta es la presencia de buenas prácticas preexistentes. Si se verifica en determinados mercados la existencia de productores a baja escala con buenas prácticas de producción, esto constituye una base firme que se relaciona con la disponibilidad de materia prima actual o de fácil incremento como para encarar el agregado de valor en escala.

El tercer elemento es que exista un mercado detectado, una demanda verificable y pasible de ser organizada en red. Una respuesta sencilla es analizar qué tipos de productos comercializan almacenes y despensas de las grandes y medianas ciudades provinciales, y apuntar a cubrir esa demanda. Es decir. Hacer lo que se vende, y no a la inversa, tratar de vender lo que se hace.

Las propias ferias son un ejemplo, ya que generalmente concitan demanda por precio y calidad y los feriantes progresivamente van dejando de lado los productos de menor venta parea dedicarse a los más demandados. Pero funcionan pocos días a la semana y además, como dijimos, están basadas en las limitantes de un esquema “del productor al consumidor”. Ambos aspectos conspiran contra la posibilidad de generar escala, de aumentar la participación en el mercado, y también de apropiarse de una parte interesante de las ganancias. Si comparamos los volúmenes

292

comercializados a través de ferias y mercados con los que se mueven a través de estructuras concentradas, la relación es casi microscópica. Si incluimos en la ecuación alimentos no perecederos, la proporción se reduce aún más.

Una vez enumeradas estas tres reglas básicas para alcanzar un salto cuali-cuantitativo en la producción alternativa de alimentos, resulta interesante analizar algunos fenómenos parciales. El éxito puntual de las ferias y mercados populares obedece al aumento de la demanda. La gente va a comprar no sólo por el precio, sino además –como vimos– porque los pequeños productores comenzaron a hacer lo que se vende, a la vez que dejaron de intentar vender lo que hacían pero no tenía demanda. Esto constituye un interesante cambio de prácticas. Cuando comenzaron, las ferias ofrecían mermeladas, delicatesen y otros productos con los que generalmente debían regresar a la chacra sin poder venderlos. Cuando comenzaron a percibir qué tipo de productos demostraban mayor demanda, cambió el parámetro de vender sólo excedente fresco, se buscaron alternativas no perecederas de mayor precio y se ganó en capacidad de almacenado, evitando las típicas liquidaciones de stock al final de la jornada.

La propia evolución de la oferta en ferias y mercados está señalando el camino. Permite comprobar la existencia de un mercado potencial, justifica el aumento de la escala, posibilita el salto en agregado de valor desde frescos a envasados, y plantea desafíos acerca de la necesidad de superar el esquema que transforma al campesino en productor, transportista y comerciante. El productor debe producir con calidad y volumen creciente, el transportista trasladar esos volúmenes considerables bajo las normas requeridas para que no sean incautados, y los comerciantes comprar a precio mayorista competitivo gracias al aporte estatal para constituirse en una red creciente de bocas de expendio.

Esto de ninguna manera implica la desaparición de ese tipo de modalidades francas. Muy por el contrario, les otorga un nuevo y más amplio rol de campo experimental y de espacio de detección para potenciales experiencias asociativas, pasibles de avanzar en un modelo superador, asociativo y –en definitiva– con escala. Son además espacios para compartir tecnologías y procesos, formas asociativas y canales de acceso al soporte estatal. Existen experiencias puntuales que resulta

293

interesante analizar, porque se repiten en todas las provincias. En estas ferias se empiezan a copiar técnicas de producción, por ejemplo para queso fresco o queso pizza. Todas las prácticas se comienzan a socializar, y el producto más vendido y producido a menor costo es el que impone las mejores prácticas, a la vez que abre la posibilidad de pegar un salto en las ventas.

Con esto, fácilmente observable en numerosas ferias francas, llegamos a un punto de inflexión que generalmente se transforma en un obstáculo para el desarrollo de estos programas: el problema de cómo incrementar la comercialización.

Se han realizado intentos atractivos en lo que hace a demostrar a la población que los precios de góndola están inflados artificialmente. El Mercado Central de Buenos Aires y el programa Carne para Todos son muestras de la intención del gobierno nacional en cuanto a generar conciencia en la población para que defienda su bolsillo. Al no utilizarse controles de precios, una herramienta que ya demostró sus resultados desastrosos en el pasado, generando mercado negro, especulación y acaparamiento, estas campañas y su alta promoción mediática apuntan a la participación popular para frenar el incremento indebido de los precios.

Pero esa conciencia pública ya existe. Es la que ha permitido en estos últimos ocho años la recuperación de esa modalidad interesante que son los comercios barriales, almacenes, despensas, minimercados, verdulerías y carnicerías. Especialmente a partir de que se produjo la crisis del modelo de las tarjetas, del crédito fácil y del modelo de la bancarización de la microeconomía, se viene observando un resurgir de las antiguas formas de compra que caracterizaron a la economía familiar. Frente a la crisis, se potenció un mecanismo de crédito personalizado, la tan conocida libreta del almacenero. Con este sencillo dispositivo, ese tipo de negocios no sólo logró un crecimiento inusitado, sino que además se vieron obligados después a mantener la oferta de productos de calidad similar pero a menor precio que en supermercados. No fue una épica menor. Como señalamos en otro capítulo, lograron en ocho años incrementar en diez puntos la facturación global de los comercios minoristas en la Argentina, escatimándoles esa porción a supermercados e hipermercados.

294

Es un análisis que nos debemos la posibilidad de avanzar en la estructuración de un poderoso entramado de comercios minoristas como alternativa de menor precio, a través de una logística apropiada que les permita funcionar en red, y desde esa red articularlos con cooperativas y asociaciones productivas, sin intermediaciones espurias. Como segmento, los comercios de barrio dedicados a la canasta de consumo básico familiar han demostrado su viabilidad y fortaleza, aún frente a la peor crisis económica que haya sufrido el país. Por tanto, el problema no es la inexistencia de redes sólidas de comercialización, sino cómo llevar en forma masiva los productos de los micro y pequeños productores hasta las mismas.

Si observamos las prácticas de algunos almaceneros de provincia, vemos que concurren a las ferias a compran productos artesanales. Hoy existe una mayor eficacia en cuanto a registros de establecimientos productores, cooperativas o entidades productivas. Al observar la oferta de estos comercios, hay muchos almacenes que ya incluyen componentes interesantes en cuanto a productos de la zona, de alta demanda y con registros provinciales para baja escala.

Con toda esa evidencia, cae de maduro que en la Argentina existe –aunque dispersa– una red de producción nacional, con mano de obra nacional, a costos nacionales y con valor agregado nacional. Paralelamente, también se comprueba la existencia de una red de comercialización nacional, con un mecanismo de “crédito nacional y popular” personalizado (la libreta). Es principalmente en los barrios más populares donde se tiene que comenzar a ganar la batalla por recuperar la soberanía alimentaria.

Esta nueva óptica demandaría poner sobre el tapete, por ejemplo, el dato sobre la cantidad de almacenes, despensas y minimercados que hay en la Argentina. Qué mueven y qué no. Cuáles son los segmentos de productos de menor precio y alta demanda que comercializan. Dónde están concentrados, qué proporción de población atienden y cuál es su perfil económico. Las mismas herramientas que utilizan los hipermercados, pero puestas al servicio del consumo popular.

El problema, remarcamos, no es entonces la comercialización, sino la producción en escala debidamente fiscalizada y la logística necesaria para moverla adecuadamente, en tiempo y forma. Pero en este aspecto también

295

existe un espacio disperso no registrado. Tanto productores como comerciantes cuentan con unidades de flete. En muchos –demasiados– casos se trata de vehículos patentados en la década de los 80, algunos pocos son del 90 y muy escasos los de este Milenio. Hay además unidades afectadas a otros tipos de fletes, a trabajos sobre cultivos, a encargos temporales asociados con las cosechas o cuando estacionalmente sale al mercado algún producto. Esa utilización esporádica evidencia una capacidad ociosa muy interesante. Si a eso sumamos que buena parte de estos vehículos cuentan con registros urbanos e interurbanos para transportar sustancias alimenticias, habría que comenzar a pensar entonces en los necesarios nodos intermedios de depósito, manejo de estoqueo y otras actividades para esa “logística social” que hace falta.

De no hacerlo bajo esta forma de autonomía de las redes, se produciría una constante. Cuando la logística pasa a ser más voluminosa, en general las empresas concentradas se apropian de la misma, estructuran su propia empresa o tercerizan esa función. Hay mil formas de ley en la Argentina sobre transporte que todavía permiten el avasallamiento por parte de quien más tiene. Al concentrarse esta actividad, el pequeño transportista queda fuera, genera mayor capacidad ociosa y en muchos casos se vuelve informal.

Nunca se trabajó en forma estratégica y amplia sobre estos lineamientos. Por otra parte, aquellas experiencias que por empuje propio y condiciones favorables alcanzaron escala, tendieron a cubrir demanda extra provincial, con lo cual buena parte de los beneficios por la logística y la comercialización quedaron en manos de intermediarios. El precio de esos productos tiende, por tanto, a asimilarse a los del común de la oferta.

Casi todas las provincias tienen “déficit de balanza comercial local” en cuanto a canasta básica de consumo. El sentido común señala entonces que, para aquellos productos que tienen materia prima abundante asegurada en el ámbito provincial, para la cual se observa además capacidad básica de elaboración y demanda interna sostenida, resulta aconsejable apuntar antes al mercado local que a otros más lejanos. Incluyendo la exportación, que puede generar demanda a precios mucho más altos que a nivel local, pero está sujeta a variaciones bruscas a causa de la enorme competencia global existente y no aseguran rentabilidad sostenida, además de constituir una operación generalmente engorrosa y complicada.

296

Trabajar con los mercados locales, provinciales o regionales, abre un amplio panorama para que aquellos que producen lo hagan en escala y con valor agregado, para que quienes transportan se asocien y organicen una flota de flete barato, y para que quienes comercializan lo hagan en forma asociada y cada vez más accesible para la capacidad de compra popular.

La “inflación inflada” (o sea, incrementada artificialmente con fines políticos y especulativos) es y ha sido un problema muy serio para la estabilidad social y la continuidad democrática. Este aspecto no debería estar ausente en el núcleo de un modelo que se piense como transformador. Al no estar planteado bajo estos parámetros, evidentemente resulta limitativa la óptica sobre las pequeñas cooperativas, las pequeñas asociaciones de productores, los feriantes, los mercados populares, los fleteros y la red de comercios barriales dedicados a canasta básica. En este marco, cualquier ayuda estatal se entiende como subsidio o ayuda social a espacios periféricos e informales de la economía argentina. Jamás se los ha considerado hasta ahora como actores potenciales para la recuperación de un enorme segmento de nuestra soberanía alimentaria. Tal vez ha llegado la hora de hacerlo.

Las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Ferias Francas, los cientos de testimonios y solicitudes recogidos en sus talleres, así como las expresiones de los líderes territoriales de esta amplio aunque disperso espacio, si se analizan bajo la óptica propuesta en estas páginas, adquieren un nuevo sentido y una importancia sumamente pujante para la formulación de alternativas bajo un nuevo paradigma: materia prima abundante, capacidad de elaborarla y transportarla en escala, costos que permitan precios mayoristas competitivos (resistentes al dumping) y alta demanda en redes a conformar de pequeños comerciantes de barrios populares.

Resumiendo lo expresado hasta ahora, podemos decir que –cuando observamos la Pampa Húmeda– la propiedad de la tierra está más o menos cristalizada en estratos fácilmente identificables, y allí el problema es cómo revivir algunas áreas de lácteos o ganadería, además de aviarias, porcinas y pequeña molinería y aceiteras, entre otros, que por volumen de producción y por lejanía de los centros para agregado de valor han quedado radiadas. El INTA está realizando un muy buen trabajo en este sentido, mediante mecanismos muy similares a los que propondremos para otras geografías,

297

menos favorecidas. Esos instrumentos son también muy similares a los del plan agroalimentario brasileño: encadenamiento asociativo de pymes y cooperativas rurales en entramados productivos con marca propia, registros, logística y políticas previas de apertura de redes de comercialización también de características pyme.

En el tema tierras, los casos conflictivos se observan casi todos en las áreas de avance de las nuevas fronteras agropecuarias. Esta evolución se verifica también sobre grandes latifundios o medianas producciones que han comenzado a adoptar mecánicas de arriendo, mecanización y genética muy similares a las de las zonas tradicionales de producción de granos y de oleaginosas. En esos casos, no se observan mayores problemas, y estos propietarios estarían sujetos al mejoramiento de la ley de arriendos, las normativas para cuidado del suelo y del medio ambiente y la regularización laboral que se vienen impulsando. Muy adelante en el tiempo, surge la posibilidad de encarar una reforma agraria que democratice la extensión de los predios, colocando un techo al latifundio y generando así la posibilidad de repoblamiento de amplias zonas y el renacer desde su languidez actual para muchos pueblos, que nuevamente comenzarían a ofrecer servicios.

El problema surge cuando la dinámica agroexportadora extensiva y mecanizada, con baja utilización de mano de obra, intenta avanzar sobre los grandes espacios “abandonados” que restan, inscriptos bajo esta denominación con una mentalidad muy similar a la que se utilizó en el siglo XIX para la conquista de un “desierto” que al parecer estaba bastante poblado. Los únicos espacios con esas características son los semidesérticos o áridos, y aquellas áreas aledañas a predios ocupados por poblaciones dispersas o aborígenes.

Ya vimos cómo era roto el paradigma de que grandes extensiones áridas no pueden ser incorporadas al cultivo extensivo, con la modalidad del proyecto chino en Río Negro. Pero el involucramiento estatal en este tipo de propuestas puede lograr que buena parte de ese tipo de regadíos tiendan a incluir nuevos productores rurales pequeños y medianos, diversificados y asociados para alcanzar escala y marca propia.

Otro caso es el de los pequeños propietarios afectados por la concentración en el sistema de cosecha y acopio, donde se encuentran desde siempre los tabacaleros y los algodoneros, por nombrar algunos, y hoy haciéndose

298

extensivo como modelo a la yerba mate, las frutas, hortalizas y otros. En estos casos, la solución es la misma: consorcios para alcanzar volumen, acopio propio, agregado de valor y redes propias de comercialización con marca colectiva.

Como vemos, las herramientas se repiten. Más adelante avanzaremos sobre las formas en que se pueden optimizar esas metodologías, para transformarlas en una eficaz herramienta de transformación e inclusión socioeconómica. Nos ocuparemos ahora de la pregunta “hacia dónde avanzar”.

Según datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), a partir de la EPH de INDEC 2010, poco más del 20% de la población no logra acumular ingresos que superen la línea de pobreza en la Argentina. Esto equivale a un poco más de 8 millones de habitantes. El Norte Grande aparece como la zona más castigada, hay allí 6 millones de habitantes que se encuentran en situación de pobreza, es decir el 75% del total de pobres de Argentina. Un evidente caso que reclama reparaciones históricas ya largamente postergadas.

El Norte Grande muestra tasas superiores al 40% en el NEA y 35% en el NOA. Entre siete provincias, la pobreza por hogares en el área más rezagada del país (NEA) supera el 30%, seis veces por encima de los niveles de la Capital Federal, del orden del 5%.

El CE de la UIA enumeró algunas de las causas que profundizan las brechas de pobreza entre las regiones argentinas:

1.- En primer lugar, existen disparidades en las tasas de empleo. Mientras que en el NEA la tasa es del 35,1% y en el NOA es de 39,3%, en el Conurbano bonaerense es del 42,7%, y en la Ciudad de Buenos Aires llega a ser del 50,9%.

2.- Sumada a estas menores tasas de empleo, la participación de las ocupaciones de menor calificación en el Norte Grande es mayor que en el resto del país.

3.- Los ingresos de las familias del norte también se ven afectados por las mayores tasas de empleo no registrado, obteniendo menores remuneraciones por ocupar puestos informales.

299

4.- Asimismo, se manifiestan diferencias en los niveles de ingreso real medio (ingresos nominales y su poder de compra), oscilando los salarios nominales en una rango que va de $ 2.634 (Santiago del Estero) a $7.824 (Santa Cruz).

5.- En relación al punto anterior, y agravando la situación, los habitantes de las provincias del Norte Grande pagan un costo más elevado por los servicios de transporte y energía que los habitantes de las provincias de la región metropolitana, debido a que las políticas de subsidios están más concentradas en esa región.

La importancia de fortalecer la estructura productiva de esta región –como medida clave en la reducción de la pobreza– queda demostrada a través del análisis de la densidad empresarial de cada aglomerado respecto al porcentaje de la población con NBI –ambos cada mil habitantes– donde se observa una relación inversa a lo largo del país.

Una de las consecuencias de esta situación se refleja en los datos del último censo (2010), que revelan –pese a que las familias tienen más hijos que en otras regiones– un activo flujo inmigratorio desde el Norte Grande (NEA-NOA) mayoritariamente integrado por familias que prefieren las condiciones de vida del Gran Buenos Aires antes que las perspectivas que ofrece su región de origen.

Siguiendo las reflexiones de las filiales norteñas de la UIA, la favorable situación internacional no pudo ser todavía aprovechada para impulsar un proceso sustentable y geográficamente equilibrado de desarrollo económico y social. La Patagonia experimentó un crecimiento, dada su dotación de recursos minerales con alta inserción en el mercado mundial, obteniendo altos precios internacionales por sus exportaciones. La región Pampeana fue beneficiada por su propicia dotación de recursos para la producción agrícola de alta productividad. Por ello, el Censo muestra allí cierta estabilidad demográfica. En cambio la región del Norte Grande, que por su dotación relativa de recursos no pudo disfrutar de manera directa y con igual intensidad de la bonanza internacional, sigue siendo la más vulnerable y dependiente de los recursos públicos.

Para diversas filiales de la Unión Industrial del Norte Grande, resulta necesario revertir la problemática de desarrollo regional desigual por el cual coexisten provincias de alto crecimiento industrial con otras

300

prácticamente condenadas al subdesarrollo. Dejando a un lado los factores locales, propios de la naturaleza de esta región, los empresarios señalan la escasez de políticas nacionales orientadas a generar el desarrollo armónico del país como una de las razones fundamentales de esta variabilidad. Los gobiernos nacionales anteriores impulsaron el crecimiento de algunas provincias en desmedro de otras, a través de regímenes de promoción. Esta situación, mantenida en el tiempo, fue una de las causas del actual desarrollo regional desequilibrado.

Seguidamente, evalúan los resultados de las políticas de promoción industrial con atractivos beneficios para la radicación de nuevas empresas, observando que pocas de ellas se instalaron en el Norte Grande, ya que la mayoría prefirió instalarse cerca de los centros de abastecimiento y consumo, lugares que ya de por sí tenían autopromoción, lo cual hizo migrar la inversión.

Como dirigentes y referentes locales, proponen un enfoque orientado a afianzar y ampliar las empresas radicadas en la región, para lo cual consideran importante la prórroga de la Promoción Industrial, al mismo tiempo que se impulsan otras medidas paliativas acordes a la realidad del territorio. Por otro lado, reconocen que varias provincias no han sabido aprovechar los beneficios derramados por el sector minero.

Respecto a la calidad de la Educación en la región, plantean que existe una desconexión entre la oferta educativa y la demanda del sector productivo. Se necesita gente capacitada en oficios con rápida salida laboral, revirtiendo lo sucedido en la década de los 90, cuando las escuelas técnicas casi desaparecieron.

En cuanto a las acciones a llevar adelante a fin de atender al área menos favorecida del país, enumeran varias opciones pero destacan aquellas de necesidad inmediata, como lograr incentivos para la inversión privada, aumentando el presupuesto estatal a fin de diseñar líneas de financiamiento para el sector productivo norteño, además de promover el crecimiento de las Pymes desde el gobierno nacional y los provinciales. Y señalan como una política promocional exitosa implementada en la región, aquella por la cual los beneficios de aportes jubilatorios se disminuían según el desarrollo de cada región. Como consecuencia inmediata se incorporó personal a las industrias, mientras se descomprimía el sector público. Pero señalan la

301

ausencia de otras medidas federales exitosas, considerando que esto tiene su origen en el desconocimiento del interior del país por parte de numerosos economistas, que están más al tanto de la economía internacional o la pampeana que sobre la del resto de las regiones. Un déficit del modelo formativo en estas especializaciones, que repite paradigmas en todas las universidades, con escasa diferenciación según su lugar de radicación.

En otros capítulos hablamos de que el 70% de la economía rural así como el mayor porcentaje de mano de obra proviene de las pymes y cooperativas. No hemos podido desagregar ese dato, pero evidentemente el grueso de ese volumen surge de la Pampa Húmeda, con aportes significativos de Cuyo, zona Litoral sur y valles patagónicos. Inversamente, la mayoría de los pequeños predios semi improductivos o sujetos a crecientes políticas concentradoras son fácilmente ubicables en el Norte Grande. Y además allí existe la mayor diversidad de cultivos del país, aunque también la menor escala de producción por rubro y los más deficientes sistemas consorciados de agregado de valor, logística y comercialización. A esto se suma que todas la provincias norteñas, sin excepción, muestran lo que técnicamente podríamos denominar “desequilibrio de la balanza comercial agroproductiva”, ya que compran alimentos extra provinciales por montos en algunos casos superiores a sus ingresos por exportaciones o incluso acercándose a lo que perciben por venta global de su producción. Esta estadística puede parecer traída de los pelos para la ortodoxia economicista, pero ciertamente está hablando de un déficit que podría ser cubierto por agroindustrias locales, mediante consorciación de cooperativas y con un mercado que –a partir de medidas provinciales “proteccionistas”– podría transformarlos en semicautivos.

Permítaseme ahora una digresión militante. El esfuerzo de todos los argentinos genera muchos recursos, que todavía se concentran geográficamente y es necesario equilibrar. No hacerlo así, es alimentar el modelo de país fragmentado e injusto que nos legaron, con miles de motivos para que nos peleemos entre nosotros. Para comenzar a ser realmente solidarios, es decir regionalmente integrados, es necesario superar el esquema de premios y castigos establecido en etapas pretéritas de la historia de nuestro país, que vació enormes áreas y constituyó el eje de las asimetrías originales que se fueron profundizando a través de la

302

desindustrialización y el aislamiento por falta de infraestructura. No hay país federal mientras se continúe privilegiando a las áreas desarrolladas a partir de la premisa de que hay mayor cantidad de población residiendo en ellas. Si los recursos se destinan mayoritariamente a ese esquema, la brecha tiende a ahondarse.

Sin ingenuidad, ya que las urgencias electorales siempre indican gastar más adonde hay más votantes, debemos reconocer que la distribución territorial del ingreso en la Argentina es todavía muy negativa, a pesar de los avances verificados en los últimos años. Y en este sentido tiene impacto directo la inversión pública. Hay regiones más ricas y otras más pobres, pero además el esfuerzo por cambiar esta realidad no se mide sólo en dinero. Debe medirse en función de los pasos que se adopten para comenzar a revertir dicha situación. Las estadísticas y los promedios ocultan que entre un puneño de Jujuy –o un puestero correntino– y un clasemediero porteño, la diferencia no es solamente en cuanto a ingresos promedio (otra falacia, ya que en las áreas desarrolladas también existen bolsones de pobreza extrema) sino en cuanto a posibilidades de desarrollo individual y colectivo. En muchos casos, dentro de un mismo país, se verifican situaciones que van desde “troglodia” –o un servilismo de la edad media– hasta el siglo XXI.

Disolver ese esquema de manera efectiva es comenzar a construir un país federal en serio. Pero implica romper con muchas premisas inducidas y verdaderamente incorporadas como forma de pensamiento, a través de una colonización cultural que ocultó arteramente los verdaderos intereses del unitarismo político, así como sus efectos perniciosos. Fuimos tan ingenuos que no percibimos que, dejando a esos compatriotas periféricos en semejante estado de desprotección, se desequilibró al país y se generaron corrientes profundas de migración, por las cuales el nieto de ese puestero desarraigado, sin posibilidades de inserción social, puede terminar constituyendo un serio problema de presupuesto para la atención social de los carenciados que el sistema eyecta, o directamente un problema de seguridad urbana.

La pregunta es ¿como dejamos de ser unitarios? Esta es la cuestión, este es el debate. No se trata de autoflagelarnos, criticarnos masoquistamente o llorar sobre la leche derramada. Tampoco de acusarnos entre nosotros, vieja práctica predatoria muy bien motorizada por los grupos concentrados

303

para esconder el conflicto mayor. Esta discusión es la que intenta hoy ser instalada por ciertos medios corporativos, de la que pocos analistas dan cuenta, que pasa por el bendito superávit y por cómo se reparte. Este es el tironeo fundamental, donde abundan los empujones, las criticas, los operativos de prensa, los resurgidos salvadores de la patria que aparecen refulgentes en bronce, blandiendo banderas desplegadas al viento para criticar la coparticipación actual, cuando en realidad quieren volver a devorársela impunemente como en el pasado. Esta es la lucha de hoy, cuando estamos discutiendo cómo debe utilizarse el superávit estatal para lograr un país más justo, más integrado y equilibrado.

Con todos estos datos en la mano, resulta poco menos que imposible dejar de percibir que la gran oportunidad transformadora para el Plan Estratégico Agroalimentario, además de revertir los grandes agronegocios con sentido nacional, es generar un modelo también estratégico para todo el Norte Grande. Técnicamente, esa región constituye el último gran espacio cuasi virgen u ocupado por micro productores del país.

El pueblo tiene memoria. Sabe que quienes generaron deuda sin respaldo, quienes gastaron sin medida y quienes se olvidaron de sus hermanos más humildes, no pueden ser los que reconstruyan la Nación. Esta clara conciencia está marcando un tiempo de cambio. Incluso a nivel continental se percibe una sana corriente de gobiernos que se encolumnan a favor de los pueblos. Y el pueblo es el principal protagonista de los cambios que estamos viviendo, en paz y con solidaridad, tratando de no caer en las trampas del pasado que buscaron enfrentar a hermanos entre sí a causa de intereses ajenos. 

Esto de enfrentarse tiene cola, es un síntoma de la desorientación política que arrastramos, muchas veces fertilizada por nuestra propia estupidez. Ha sido fácil generar discordias en el pasado, porque los argentinos somos afectos a las fracciones, a las internas, a las discusiones y al caciquismo de cafetería. Defendiendo las partes, se dejaba el todo inerme. Después se le quiso echar la culpa a los piratas, pero ya sabemos lo que son los piratas. El problema no es que existan, sino que se los deje entrar. Y los dejamos entrar, a saco, a degüello. Peleándonos a veces por nimiedades y olvidando la causa común. Recitando el Martín Fierro, pero en realidad mandándolo de nuevo a las tolderías del olvido. Los hermanos no estuvimos unidos, y nos devoraron los de afuera. Pero cómo estar unidos, si se desconoció el

304

interés común. Un interés que es preciso defender como el mejor camino para conservar y desarrollar la democracia.

Tal vez faltó humildad. O capacidad. Pero lo cierto es que, desde 1983, una tras otra fracasaron las tentativas por dar sustento social a una nueva era en la Argentina, sobre la base de una política económica que asegurara el crecimiento sustentable con producción, empleo y equilibrio fiscal, priorizando la inversión que genera trabajo y explorando alternativas no tradicionales que nos permitieran una mayor integración al mundo a través de nuestra probada capacidad innovadora. Una nación que además sustentara este desarrollo en la concreción de un plan integral de infraestructura para el transporte, para la energía, la producción y la comunicación abarcando a todo el territorio, y para mejorar la calidad de vida con mejor educación y más salud, sobre todo en las regiones más atrasadas.

Este paso histórico que nuestro pueblo intentó dar una y otra vez mediante sus luchas, fue frustrado por quienes no querían abandonar el privilegio de despojar a la Argentina. Una prebenda que se potenció con el endeudamiento, sumergiéndonos en el default y la desesperación. Mientras se firmaban nuevos empréstitos –con la complicidad de los organismos internacionales– se seguían pateando las viejas deudas para adelante. Se llegó al despropósito financiero de definir la política económica del país como un endeudamiento constante, bajo la premisa de que “la Argentina da para todo”. No fue cierto esta vez.

Ese sopapo existencial del 2001 tuvo la virtud de abrir un amplio debate sobre endeudamiento, calidad de los servicios y rol activo y no pasivo del Estado, aclarando cada vez más el papel que juega cada sector. Los intereses económicos y grupales de sesgo nacional que –justificadamente–pretenden ser tomados en cuenta, parecen haber entendido hoy que esta demanda debe realizarse bajo la premisa de un diálogo que permita resolver los problemas, perfilando una nueva Argentina que deje atrás la rapiña a costa de los más humildes, ea egoísmo y a los antiguos dueños de la política. 

Obras son amores, dice el dicho popular. Y ése es el espíritu de esperanza que hizo que los argentinos volvieran a votar, Esperan obras. Sienten que es posible hacer obras con este superávit fiscal que ha resultado del

305

esfuerzo de todos para salir de la debacle. Y quieren que estas obras se hagan bajo el criterio de sumar competitividad a nuestra economía, generando trabajo y dando buenos servicios. Porque saben –aunque no lo expresen en palabras– que esa es la base de un despegue económico sin el cual todo anhelo fracasa. 

Mediante el establecimiento de reglas de juego claras y constantes, debatiendo un marco de acuerdos que impliquen la superación de un pasado de desencuentros, nuestro pueblo quiere sumar calidad institucional y control del Estado al ámbito de la actividad productiva. En materia económica, quiere que los resultados de las políticas aplicadas  conduzcan a la solidez fiscal, a la recuperación del ingreso y la mejora del consumo, la expansión de legítimas inversiones, el desarrollo económico en todos los sectores y la creación de empleo genuino, constituyendo una base resistente para consolidar el proceso y evitar los cimbronazos cíclicos de la inflación, la competencia externa, las crisis recurrentes del capitalismo global o el chantaje liso y llano de quienes se ven afectados por estas políticas.

Esa es la lógica de las mayorías. No se expresa en un discurso hilado y coherente, pero nuestro pueblo la hace sentir con contundencia cada vez que deposita su voto. Hay un derrotero inteligible que va de desde el 2003 hasta la actualidad.  A pesar de las presiones para que el famoso superávit pase a bolsillos ajenos, antes que servir para nuestro propio desarrollo, por primera vez se blanqueó y se hizo público ese superávit, permitiendo comprobar varias cuestiones a la vez. Primero, que es bueno y necesario que todos sepamos cuánto sobra en caja para poder decidir en qué lo usamos. Segundo, y no menos importante, que podamos decidir ciertamente usarlo a través de un debate abierto y amplio. No como en el pasado, cuando oscuras camarillas resolvían por el conjunto. Tercero, este blanqueo nos permite ver que realmente el queso en la Argentina siempre fue muy grande, y explica por qué hay y hubo en nuestra historia tantas ratas peleando por quedárselo.

Hace cuarenta años había menos nivel de conciencia colectiva. Sé que saltarán viejos compañeros a revolear banderas desplegadas y pancartas. Pero lamento informarles que es cierto. Que una generación esté más politizada, no quiere decir que esté más informada o consciente de la realidad, de su entorno y de sus circunstancias. Y convengamos que hace cuarenta años había mucho fervor, pero eran pocos los que tenían una

306

lectura cabal y una conciencia concreta de lo que estaba pasando en realidad. O sobre lo que podía pasarnos. Y así nos fue.

Hicieron falta décadas para comenzar la dura tarea de extraer el pasado de la maraña de confusión en que lo enterró el enfrentamiento entre argentinos. Y para eso hace falta comparar el valor y la extensión de la información. En aquellas épocas eran muy pequeños o muy débiles los medios de comunicación “alternativa”, “opositora al régimen” o cualquier nombre que se le pusiera al medio a través de cual se podía saber algo más que lo  publicitado por el propio régimen. La comunicación real y masiva estaba en pañales. Sin hacer una apología de la comunicación e información actual, plagada de trampas y de masturbaciones, es de simple raciocinio acordar que hoy accedemos, procesamos y reproducimos información a un nivel absolutamente desproporcionado en comparación con lo que se recibía en el pasado. ¿La población está menos politizada? Tal vez. Pero cierta e inobjetablemente, está más informada.

Esto por sí solo no salva a todo un pueblo de la ingenuidad, claro. A lo sumo transforma a muchos de sus sectores en boludos informados, si no se le agrega a este proceso una verdadera capacidad de discernimiento. Pero en la medida en que también se aclaran los intereses que manipulan esa información, convengamos en que la misma se ha transformado en una herramienta poderosa y –sobre todo– al alcance de la mano. Disponible. Libre. Nadie pude ya matar al prójimo por abrir un mail o entrar a un blog, como te mataban antes por llevar un panfleto en el bolsillo.

¿Cuánta de esa información libre ha tenido que ver en las circunstancias de apertura que transitamos? Con todas sus limitaciones, con muchos de los viejos vicios sosteniéndose a fuerza de viagra político para gerontocracias, hoy vivimos una nueva etapa. La Argentina real parece despertar, y hay que ayudar a ese despertar. Hay que decir con claridad que el esfuerzo de nuestra gente genera mucha plata, y que ese esfuerzo de mucha gente no se debe concentrar geográficamente. Otro de los versos que nos metieron para que nos peleemos entre nosotros. El esquema de premios y castigos establecido en nuestro país, que deja enormes áreas vacías, esconde que no hay salida privilegiando solamente las áreas desarrolladas, porque dentro de esa concentración hay otra concentración.  Y es la “concentración de la concentración” la que se termina llevando todo. Todos ponemos, pero un pequeño grupo se lleva todo. El esquema de distribución geográfica del

307

ingreso en la Argentina es apabullante, pero tenemos tanto por trabajar hacia adelante que todavía hoy, en pleno siglo XXI, surgen gurúes para decirnos que intentar sacar a nuestros compatriotas de semejante estado es desbalancear el país, porque no se puede financiar la ineficiencia fronteriza con dineros centrales. Hoy podemos ver en cifras cómo se perpetúa ese razonamiento a través de una mayor aplicación del gasto en determinadas regiones en desmedro de otras, o en el cobro de impuestos que favorecen el consumo en los grandes centros urbanos y no la producción en todo el territorio. Con estos criterios, generamos corrientes profundas de migración pero también de odio, ya que el nieto de ese puestero correntino va a terminar metiéndose en el country para hacer mierda al algún rico y llevarse todo. La pregunta es ¿cómo superamos este entrabe histórico? Esta es la cuestión, este es el debate. Parece complicado, pero en realidad es sencillo.

No se trata de acusarnos entre nosotros, vieja práctica que –como ya dijimos– fue muy bien motorizada para esconder el conflicto mayor, sino de establecer pautas a partir de una conciencia profunda de que hemos resurgido de una debacle donde todo el mundo, casi sin excepción, preveía nuestra disolución como Nación. Del default al raquitismo consuetudinario sin escalas, con la Argentina en peligro de caer a niveles similares a los de países pobres del África. Y sin embargo, acá  estamos. Comenzando a preocuparnos por la cuestión del bendito superávit. No sólo nos salvamos de caer en el abismo preanunciado: además generamos beneficios. Esta es la razón del tironeo, los empujones, las criticas y los operativos de prensa. Cuando no quedaba nada para robar, el poder perdió atractivos. Hoy que volvemos a constituir un Gran Queso apetitoso, estos usureros canonizados son los mayores reclamantes. Sabemos que esto es una cuestión de poder, pero dejemos esto para otro momento. Por ahora basta analizar que si el Gobierno argentino puede plantarse en su resistencia al avasallamiento financiero, aún sin discutir la legalidad y legitimidad de la deuda anterior, lo puede hacer porque  cuenta con respaldo popular. Comencemos por defender nuestro derecho al desarrollo por el simple mecanismo de reinvertir nuestros propios recursos financieros. Ese momento está cada vez más cerca ¿Cuál sería el resultado de nuestro desempeño económico cuando todo el superávit se aplique a planes de desarrollo?

308

Esa fue la política aplicada a inicios de la década de los 50, esa fue la modalidad que se desarrolló sobre un modelo incipientemente federal y de integración regional. Ese es el destino que debemos comenzar a diseñar los argentinos a partir de la enorme cantidad de información de la que disponemos. Tal vez el camino no esté borrado por el tiempo. Tal vez podamos desmalezar y reabrir esas sendas, para transformarlas en poderosas avenidas hacia el futuro.

309

EN BUSCA DEL ESPACIO PERDIDO

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, al lanzar en 2009 el Plan Agroalimentario, que la Argentina se tiene que "repotenciar como productor de alimentos de valor agregado en origen". Al repasar los objetivos del plan, agregó que de ese modo “se evitarán las migraciones masivas que se dan desde las zonas marginales del país, porque las han convertido en marginales precisamente por un desarrollo inequitativo".

Son diversos y numerosos en América Latina los ejemplos de democracias que naufragaron en el pasado, debido a procesos inflacionarios descontrolados, desabastecimiento y pujas desbocadas por apropiarse de la riqueza nacional, donde los que detentaban las armas y el poder económico corrían siempre con ventaja. En cuanto a la variable de poder mover precios y mercaderías, todavía queda mucho por hacer para que deje de ser una herramienta en manos de unos pocos. Porque si bien es cierto que la decisión del voto muchas veces obedece a cuestiones coyunturales, sujetas a este tipo de manejos, por otro lado existe un fenómeno de “fidelización del voto” que el peronismo conoce muy bien. Es aquel que se deposita en las urnas porque más allá de las campañas, entre los períodos entre elecciones, hubo una respuesta integral a las demandas populares más profundas. Por eso, hoy más que nunca toma vigencia el debate sobre el rol del Estado y la necesidad de transformar a la economía en una herramienta social por sobre su característica de lucro. Una propuesta de inclusión económico-social amplia constituye entonces un principio de solución para las crisis cíclicas de inflación, y fortalece como quizá ninguna otra la unidad popular.

Hace al impacto profundo de un programa nacional, el análisis de sustitución de importaciones por un lado y –lo más novedoso– de exportaciones por otro, atacando desde la base la posibilidad de escasez artificial y por tanto la existencia de procesos inflacionarios sin control. Este aspecto es de suma importancia a la hora de realizar un análisis a nivel nacional, ya que una modalidad de economía social de escala permitiría suplir carencias de mercado cuando los lobbies productores de alimentos prefieren exportar y cobrar en divisas fuertes antes que surtir la demanda interna. Las cadenas conformadas, con orientación cautiva de mercado –vía apoyo estatal condicionado a resultados– servirían así para suplementar oferta local, evitando que se reduzcan las exportaciones y permitiendo

310

mayores ingresos al gobierno nacional, además de frenar de manera sustentable la politización de los procesos inflacionarios, punto débil de todos los gobiernos populares que históricamente ha sido aprovechado por quienes quieren hacer de la economía nacional un coto de caza privado.

Así lo propuso alguna vez –como ya mencionamos– John Maynard Keynes ante la crisis gigantesca de los años 30, generada precisamente por el apetito desmedido y sobre todo descontrolado de los grupos de poder. Cualquier parecido con la crisis actual, por supuesto, no es pura coincidencia. Después de todo, la historia de la humanidad versa sobre los intentos de las mayorías por domeñar la locura derrochona y figurante de las minorías. El Estado no puede estar ausente en los momentos en que la economía hace agua porque algunos gastaron a cuenta de otros. Resulta necesario y urgente reparar el desastre, para lo cual la propuesta de crear cadenas productivas de alto impacto en la generación de empleo y de ingreso, además de impactar a la baja en a inflación de canasta básica puede resultar un instrumento de importancia capital.

Si la Argentina produce alimentos que se exportan –y se venden en dólares o euros– resulta innegable la conveniencia de contar con alimentos a precio nacional para evitar que los internacionales impulsen a estos otros hacia arriba, en la famosa espiral inflacionaria. Vamos a lo concreto. La creación de cadenas alternativas de producción a escala de canasta básica de consumo –mediante federaciones de cooperativas en áreas de menor explotación agraria aún no sojera, especialmente en el Norte Grande por condiciones climáticas y poblacionales– vía subsidios y apoyo técnico intensivo, sirve para reemplazar exportaciones y ayuda a romper la dependencia del consumo interno hacia los pooles definidores de precios.

Esto significa comenzar a ganar el mercado interno, que ha sido siempre una de las mayores válvulas de presión de los grupos concentrados de poder para evitar que los gobiernos populares redistribuyan con justicia. El ciclo es conocido: quieren exportar en dólares o euros, pero no quieren abrir –o perder, en realidad– porciones importantes del mercado interno, ya que lo utilizan como colchón seguro ante modificaciones del dinámico y cambiante panorama externo. Este esquema les permite manejar una alta capacidad de presión económica, que muchas veces se transforma en política cuando se intenta afectar lo que estos espacios consideran como derechos adquiridos. Tal lo sucedido claramente en las legislativas del

311

2009. El esquema tiende entonces a transformarse en un círculo cerrado, más allá de los avances técnicos o de la ampliación de las fronteras agropecuarias. Sea por concentración de la producción y la comercialización o por exclusión laboral, las políticas de inclusión social han tropezado con este esquema como la principal barrera para lograr avanzar. El desabastecimiento o el encarecimiento artificial y sus consecuencias inflacionarias han sido una de las herramientas históricas más eficaces para frenar la justicia distributiva y para debilitar los procesos populares en la Argentina. Tal lo sucedido y muy bien analizado por el desaparecido economista argentino Oscar Braun para los períodos 1953-55 y 1973-76.

Fortalecer la productividad y competitividad de cadenas alternativas mediante políticas de desarrollo endógeno –con equidad e inclusión social, sustentabilidad ambiental y aplicación de tecnología de escala– permite analizar nichos progresivos orientados a suplir importaciones, pero por sobre todo exportaciones –especialmente aquellas que inciden en el costo de la canasta básica de consumo– y constituye un aspecto novedoso para superar el problema de que exportamos canasta básica, algo que pocos estudios consideran en su justa dimensión.

Silenciosa pero eficazmente, el encadenamiento de pequeños productores asociados para obtener escala, tiende a subsanar la cartelización de la economía alimentaria mediante el surgimiento de diversidad de marcas y productos, con un claro efecto de freno sobre la inflación. Pero además genera ámbitos propicios para la fabricación local de maquinaria e insumos, para éste y otros ámbitos concatenados.

El corrimiento de las fronteras agrícolas, junto con la “especialización” de los grupos más poderosos en el cultivo de la soja, brinda una oportunidad más que ventajosa para redefinir el rol de las economías regionales como productoras de canasta básica, incluyendo a la población expulsada de las áreas sojizadas, y para revertir el tradicional flujo migratorio interno del país. Para ello, el círculo virtuoso de la industrialización in situ y el encadenamiento productivo a través de mecanismos de economía social de escala, debe incluir la eliminación de intermediaciones espurias que encarecen el producto final y distorsionan la justicia distributiva.

312

La Argentina cuenta además con una poderosa herramienta, que en otros países de América Latina se verifica sólo de manera parcial: la existencia de un extenso mapa de bocas de expendio de alimentos –pequeños comerciantes: despensas, almacenes, minimercados, verdulerías, carnicerías, etc.– que coexisten con el sistema supermercadista, especialmente en barrios de menores ingresos. Como vimos, en los últimos años estos pequeños comercios compitieron con éxito, pasando de un 9 % de facturación del global comercializado a un 21 %, según los últimos datos. La posibilidad de establecer cadenas de producción ligadas a cadenas de comercialización barrial, plantea un desafío más que interesante para ganarle espacios a las marcas cartelizadas, con productos de igual o mejor calidad y a menor precio, a través de un decidido accionar del Estado en la conformación de costos de los mismos. Un análisis primario de costos de producción con relación a precios mayoristas indica un margen sustancial de operación para que este tipo de propuesta resulte sustentable. Pero además, mediante el componente subsidiado que abarata los costos de instalación a niveles muy bajos, se lograría posponer en el tiempo la necesaria amortización e impulsar así la competitividad de estos emprendimientos.

Un último elemento ineludible es garantizar la seguridad de las cadenas conformadas, protegiéndolas del seguro accionar de diversas mafias que hoy controlan varios mercados de consumo básico. No otra explicación tiene la diferencia de precio del producto en su ingreso a los centros de acopio y distribución, con respecto al que alcanza en góndolas y mostradores.

La garantía de sustentabilidad de un Plan Nacional de Soberanía Alimentaria es el respaldo técnico-político y el apoyo comunitario que reciba cada uno de los programas incluidos en el mismo. Para desarrollarse y crecer por región, deberían ser coordinados –algo que ya se observa en el PEA para un marco más amplio– por un ente multidisciplinario que sume a la tarea diversas áreas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, junto con el sector académico técnico y universitario, el municipal y el privado, dentro de lineamientos operativos muy claros, con carpetas de proyectos que incluyan todo el amplio espectro de una definición empresarial de la propuesta. De otra manera, se corre el riesgo de dispersar recursos y esfuerzos.

313

Evidentemente, el Plan que se reseña en la mención de prensa que da inicio a esta propuesta, además del claro objetivo de generar valor localmente, surge de una creciente preocupación por el aumento de los precios de la canasta básica y sus secuelas inflacionarias, con todo el trasfondo político que encierra esa ecuación. Por eso es necesario plantear la necesidad de que el plan tome en cuenta variables de suma importancia para la toma de decisiones.

Hace falta repetirlo. La alimentación en el país está mayoritariamente cartelizada, grandes pooles concentrados manejan una porción enorme de la producción y el mercado, lo cual señala la necesidad de recuperar espacios de producción de alimentos a costos locales, orientados a una capacidad de compra (demanda) local, especialmente en lo que hace a los sectores sociales menos favorecidos. Pero ganar nichos en el mercado no se alcanza simplemente abaratando el crédito o atendiendo propuestas de micro emprendimientos dispersos. Difícilmente se logre el objetivo de abaratar significativamente la canasta, si no se aplican mecanismos encadenados que brinden escala a la propuesta, en una proporción necesaria como para competir en pie de igualdad por porciones del mercado con las redes privadas ya instaladas.

Para lograrlo, resulta indispensable que estos programas sean diseñados de acuerdo con el espacio social objetivo, tomando en cuenta sus características, limitaciones y potencialidades, porque la tendencia ha sido la de reproducir mecanismos similares de asociación y capacitación para poblaciones muy disímiles entre sí. Se deberían entonces desarrollar instrumentos dirigidos específicamente a la problemática de cada grupo o región de micro y medianos productores, agrupándolos para lograr escala pero también acompañando sus diferentes etapas de crecimiento. Sobre todo en sus inicios en cuanto a asociativismo con facilitación y aproximación de los requisitos y la capacitación, para luego continuar en tecnificación aplicada en todos los estamentos, industrialización, logística y comercialización a escala creciente (no hay que asustarse de este término, una cooperativa maicera que pasa de hacer molido grueso a envasar 5.000 paquetes de medio kilo de polenta por mes para colocarlos en 10 almacenes ya es escala).

Todos estos son elementos concurrentes e ineludibles a fin de que cada grupo encadenado logre desarrollarse bajo la forma de espacio empresarial

314

cooperativo. Si no se entiende que las cooperativas son empresas de economía social, se les continuarán aplicando paradigmas más ligados al asistencialismo o a parámetros pymes que aquellos orientados a asegurar la necesaria eficacia en su desempeño. De poco vale conformar nuevas empresas agroalimentarias sólo en el orden privado, porque su objetivo seguirá siendo exclusivamente el lucro en tanto se manejen con parámetros de la economía capitalista, complejizando el accionar político sobre la inflación.

Además de impulsar las pymes del sector, existe otro camino: generar costos nacionales para un valor agregado nacional, mediante un mecanismo por el cual la mayoría de los proyectos deberán definirse como agrupaciones de micro emprendimientos o de productores asociados en cooperativas, con fidelización al modelo vía subsidios y adoptando la forma de federaciones o asociaciones para facilitar la escala y transformar en permanente la distribución interna equitativa del ingreso, especialmente aquel que derivará del alto valor que logre agregar cada cadena. Esto es fundamental en dos sentidos. Primero, para evitar que se desvirtúen como emprendimientos de economía social, transformándose en empresas disfrazadas. Segundo y de mayor importancia aún, para que efectivamente sirvan como herramienta para impactar a la baja en los precios.

Existen experiencias y metodologías similares que se pueden aprovechar. Cuando algunos especialistas hablan de emular el modelo chino, adoptado ahora en parte por India y Brasil –probablemente también Rusia, a partir de la conformación del BRIC– hay que tomar en cuenta que muchos de ellos se sustentan en un modelo de reposición de fuerza de trabajo interna a costos internos. O sea, producir bienes y servicios con costo nacional, adecuados al ingreso y la capacidad de compra nacional. Para el modelo argentino, estos parámetros organizativos no pueden estar ausentes, ya que no existe otra explicación para el protagonismo mundial de la economía china: no por nada resulta imposible mencionar muchas transnacionales de esa nacionalidad, además en su totalidad estatales o mixtas, ya que se trata de sistemas encadenados flexibles para los cuales lo que importa no es una marca líder, sino el posicionamiento en el mercado a partir de la inclusión social interna junto a una enorme y escala, y la competitividad externa surgida de operar a costos diferenciales respecto de los patrones globales.

315

Si el objetivo es modificar en el corto plazo los índices de ocupación y pobreza, abaratar la canasta básica, producir alimentos a costos nacionales reemplazando la exportación de canasta básica a precio dólar, e incluso lograr reordenar poblacionalmente la Argentina generando nuevos polos productivos en áreas deprimidas, la más excelsa metodología conocida para hacerlo es  acercando apoyo financiero operativo y diseñando integralmente nuevas áreas de economía social de escala, a las que se agregue tecnología aplicada de punta en todos sus escalones: producción, logística y comercialización. Y que además no se utilice otro parámetro de evaluación que el de los resultados concretos alcanzados.

Agrupar y consolidar, con participación e inclusión social activa en la conformación de las cadenas de valor, evitando intermediaciones espurias sólo motivadas por el lucro, es el sistema idóneo para crecer y distribuir en el mediano y en el largo plazo. Un elemento indispensable es destrabar y unificar los procesos de institucionalización de esas redes, evitando que el fárrago burocrático o la exigencia de requisitos poco accesibles para estas realidades, en lugar de ayudar a la transformación se constituyan en un elemento más del atraso. La formalización de cooperativas, sus inscripciones fiscales y bromatológicas así como las habilitaciones de todo tipo y los modelos de capacitación y formación, deben ser analizados exhaustivamente y readecuados a estas realidades, también víctimas en este caso de los profundos desbalances existentes.

Los proyectos de encadenamiento en escala de la economía social se han constituido ya en una vigorosa herramienta para la sustentabilidad económica de las actividades productivas en países como India y Brasil. Se pone un fuerte énfasis en la utilización apropiada y sostenible de los recursos disponibles, de manera tal de poder insertarlos en circuitos productivos y comerciales para mejorar el ingreso de los beneficiarios. Es uno de los motivos que explica la popularidad del Gobierno Lula en Brasil, que generó más de 250 redes de este tipo especialmente orientadas a generar canasta básica de consumo a precio local.

En este marco, debería estar siempre presente el enfoque de la autosostenibilidad financiera y ambiental, a través de la importancia integral dedicada a todos los factores que componen la ecuación –evitando así el abordaje sesgado–, pero muy especialmente el aplicado en la

316

comercialización de los distintos productos y servicios, que constituye el tradicional “cuello de botella” para programas de este tipo.

Las poblaciones en las regiones de que se deberían incluir especialmente en la intervención inicial propuesta por el nuevo Plan Estratégico Agroalimentario –NeA y NoA en particular– demuestran una larga experiencia e historia de trabajo asociativo y participativo, por lo cual se debería buscar el fortalecimiento y recuperación de capacidades de gestión y de organización de grupos existentes, para que puedan apropiarse de distintas técnicas y estrategias productivas, a la vez que priorizan inversiones orientadas a mejorar su nivel de vida y a mantener la soberanía sobre sus propios recursos naturales y conocimientos acumulados.

El proyecto debe surgir, además, de las prioridades y reflexiones planteadas por las mismas comunidades beneficiarias, relevadas y sistematizadas vía gestión de gobierno y transformadas en programas concretos a través de un ente centralizado, que sume todos los fondos y capacidades afines disponibles. Por lo tanto, en cuanto a la apropiación de los efectos del proyecto por parte de la población, se puede decir que “las comunidades serán las generadoras de los resultados”, lo cual es el supuesto fundamental de su sostenibilidad.

Las organizaciones locales deberán ser las responsables de darle continuidad a cada programa, ya que constituyen el insumo estratégico de una política pública de desarrollo. Para lograr esto, es fundamental el fortalecimiento de las capacidades locales, apuntando a aumentar no sólo de capacidades técnicas y gestionales, sino también de los actores políticos para la toma de decisiones estratégicas.

El trabajo de concientización de autoridades –líderes y funcionarios locales– deberá apuntar a concretar políticas públicas municipales. Las acciones de sensibilización y formación deben contribuir a fortalecer este aspecto. El involucramiento de todos los municipios de la región y de diversas áreas de los gobiernos provinciales, debe generar foros zonales de apoyo y coordinación. Este espacio debería tener además como cometido, trabajar sobre planes de mejora de la infraestructura que debe acompañar a todo proceso de desarrollo, definiendo acciones en aquellas áreas donde se conectan las responsabilidades públicas y privadas, e invitando permanentemente a diversas áreas de la administración provincial

317

y nacional a que se hagan presentes de manera efectiva e interactiva en la tarea emprendida. A esto se debería sumar el encadenamiento vía cooperación de multimedios afines, generando una cobertura informativa que no sólo propagandice y difunda el plan, sino que sirva como herramienta educativa y de promoción.

Una forma ordenada de comenzar estas nuevas áreas del Plan, debería surgir de la definición de “programas madre” o programas testigo, en un marco de asociativismo para el desarrollo local, pero siempre dentro de un proyecto integral –desarrollo para la equidad– definiendo zonas de inicio para su posterior expansión gradual. Se pueden encontrar ejemplos de esta metodología en la provincia de Misiones, pionera en impulsar una “economía social de escala modular, integral y progresiva” a través de una agencia para el desarrollo creada a tal fin, e integrada por sectores públicos, académicos y privados.

Para la integralidad de la propuesta, se deben cumplir algunos requisitos orientados a que el sistema funcione con eficacia. Operativamente, se debería partir de conceptos de producción con valor agregado localmente y mercado potencial predeterminados, y –en todos los casos– con un mercado inicial garantizado. Las líneas de producción que se encaren a través de la conformación de núcleos de economía social de escala, con apoyo del Estado durante la primera etapa de desempeño para lograr después sustentabilidad y autonomía en cada programa, deberán incorporar la tecnología disponible y accesible de la mayor calidad posible. Esto se alcanza mediante la aplicación de ingeniería empresarial de excelencia, previamente a la convocatoria del espacio social objetivo. No se puede improvisar en este esquema: todo emprendimiento de economía social que pretenda ocupar nichos de mercado, a pesar de que su objetivo no sea el lucro sino la inclusión y el desarrollo social, debe utilizar herramientas empresariales de excelencia. No resulta aconsejable apoyar estatalmente ningún emprendimiento que un inversionista serio desecharía. El Estado debe aplicar las mismas variables de viabilidad técnica, financiera y comercial que utilizaría cualquier empresa privada exitosa.

En definitiva, no se debería trabajar individualmente con entidades como cooperativas, pymes, asociaciones y consorcios de producción o servicios, incluyendo el especialmente el comercio de pequeño porte, sino sobre grupos encadenados de este tipo de entidades, con el objeto de federarlas

318

para conformar amplias cuencas o cadenas de valor. Para ello, mediante ingeniería empresarial, se deben definir  previamente y para cada nicho seleccionado aquellos productos que demuestren alto techo productivo, disponibilidad de abundante materia prima actual o potencial, además de capacidad local demostrada para la elaboración –aunque en principio sea sólo artesanal–, alto valor de mercado y muy especialmente amplias posibilidades de comercialización por la demanda previamente detectada. En palabras sencillas, hacer los que los almaceneros solicitan, utilizándolos como orientadores en cuanto a nichos de consumo viables.

Una vez iniciado el proceso, se debe garantizar una primera etapa a través del Estado, tanto para la financiación o subsidio de programas como para la construcción de infraestructura adecuada y la necesaria capacitación. Paralelamente, se deberán establecen convenios para aplicar apoyo o recursos orientados a contactar los mercados abiertos, incluso definiendo si hiciera falta un patrón de compra inicial aunque no excluyente con apoyo por parte del Estado–bolsas de alimentos, programas escolares, etc.– en un proceso mediante el cual estos grupos federados puedan comenzar a comercializar productos o servicios de creciente excelencia, a la vez que adquieren prácticas de mercadeo y autonomía patrimonial, utilizando esa base de primera compra para lograr dar el salto posterior hacia el mercado. No resulta recomendable establecer consorcios o encadenamientos productivos exclusivamente orientados a compras estatales, por la dependencia nociva que generan. Éstas deben servir sólo como un aliciente o como un soporte en caso de crisis productivas o emergencias de cualquier tipo, pero jamás constituirse en la única demanda.

Este esquema de consorcios productivos aliados al sector técnico y académico, con desarrollo empresarial y comercial apoyado por el Estado, debe orientarse primordialmente el mercado mayorista, no minorista, porque es el que mayores volúmenes concentrados demanda. Esquema que además debería funcionar –como ya mencionamos en el caso de Misiones– dentro de una propuesta de trabajo modular, integral y progresiva que se podría denominar “economía social de escala con tecnología aplicada, marca colectiva propia y nichos de mercado asegurados”.

Modular, porque se definen áreas específicas de trabajo a partir de análisis georeferenciados, incorporando los problemas socioeconómicos de cada población objetivo y las condiciones naturales y adquiridas para alcanzar

319

competitividad en determinadas actividades, aplicando aspectos de planificación estratégica sobre los flujos migratorios poblacionales internos y un análisis sobre la capacidad del Estado para influir en ellos, además de condiciones de infraestructura y logística de apoyo existentes y potenciales. Este análisis permitirá determinar cada espacio geográfico inicial de trabajo, privilegiando siempre el tercio poblacional de menores recursos (no sujeto de crédito) y que habita mayoritariamente en las regiones periféricas, especialmente en provincias con significativo ámbito rural minifundista, y que en la etapa de crisis económica de la década de los 90 engrosaron por un lado los cordones de pobreza de las ciudades, y por otro extendieron la agricultura de subsistencia, afectando áreas protegidas.

Esta es la virtud insoslayable que debe tener una propuesta de economía social de escala para que –en el mediano y el largo plazo– logre modificar claramente los índices de ocupación y pobreza en esas áreas, además de los marcadores de desarrollo y diversificación, impactando en la reducción de la inflación. La necesidad de que la misma sea modular, implica seleccionar áreas a partir de las mejores herramientas con que se cuenta, tales como las disponibles en cuanto a ordenamiento territorial. Pero además debe tener otras dos virtudes.

Debe ser integral, porque su eficacia depende de que se convoque a todas las entidades locales (gobiernos municipales, ONGs, sectores académicos, productivos y empresariales), además de provinciales (ministerios y empresas autárquicas, ONGs, entidades de la actividad privada) y nacionales (universidades, institutos, ministerios, programas y fondos específicos), sumando en algunos casos  contactos con cooperación externa cuando así convenga. De esta forma, se lograría romper la tradicional estructura argentina de trabajo “por compartimientos estancos”, optimizando los recursos y evitando superposición de esfuerzos. Asimismo, se democratizaría la ejecución, se instrumentaría una administración y aplicación solidaria de los fondos obtenidos, y se lograría canalizarlos a través de aquellas entidades donde resulte más provechoso hacerlo, así como en las áreas que definan mayor potencialidad para revertir la situación socioeconómica de la población objetivo.

Pero además, el esquema debería ser progresivo, porque a partir de experiencias piloto modulares es posible definir núcleos madre capaces de reproducirse solidariamente a través del asociativismo federado y de la

320

flexibilidad de cada unidad productiva para agregarse en red, en todo o gran parte de cada territorio provincial primero, y con los mismos productos –o nuevas líneas– en otros distritos provinciales y regiones, logrando que comiencen a aplicar la misma metodología.

Este esquema puede servir como parámetro para todos los programas nacionales de desarrollo, definiendo una metodología de elección de destinos para la aplicación de recursos, mediante la selección de experiencias piloto sobre la base de sus capacidades para industrializar o brindar servicios, pero –además– de comercializar ventajosamente el producido final, incluyendo progresivamente cada vez más cooperativas dentro de los “módulos madre” constituidos por las diferentes federaciones, a la vez que se logra eliminar intermediaciones distorsivas.

El Plan Agroalimentario se ha propuesto combatir de lleno los déficits de desempeño en cuanto a desarrollo social. Para ello, deberá atender falencias históricas como la falta de concreción integral y sustentable de proyectos, que conlleva un alto porcentaje de falencias por año –programas a medio terminar o fallidos–, así como los cortes presupuestarios, la discontinuidad programática por cambio de planteles técnicos y políticos, el fárrago burocrático que limita la participación de los pequeños productores y la falta de inclusión social y crecimiento posterior de programas que no logran mover los índices sociales. Pero –por sobre todas las cuestiones– se debe orientar a romper un esquema mediante el cual se aplican dineros públicos a emprendimientos que no tienen definido de antemano y en forma exacta el nicho de mercado en el cual se ubicarán comercialmente, y que además no tienen resuelta su permanencia de manera sustentable y con distribución equitativa del ingreso en el plano social y en el territorial, con lo cual fracasan ante el menor atisbo de inflación o de dificultades operativas y financieras.

La viabilidad de las carpetas de programas, la certeza de a quién se le venderá el producto, la idea firme de lo que se pretende hacer en conjunto, la certeza de para qué va a servir cada módulo así como la definición de presupuestos bien estructurados, además de la certidumbre de que los emprendimientos resistirán los embates de cualquier pico inflacionario, ha tropezado históricamente con un inextricable y enredado horizonte de expedientes, formalismos y requerimientos que muchas veces tiende a transformar los programas en meros espacios burocráticos, en lugar de

321

gestores estratégicos del cambio. Casi siempre la impronta de esos fracasos puede detectarse en el momento en que la papelería pasa a ser más importante que la realidad. O –si logran concretarse– en el momento en que el costo de los insumos resulta más alto que los ingresos.

Otra de las serias dificultades que deben enfrentar los emprendimientos asociativos o cooperativos, es que una vez concluida la primera –y la mayoría de las veces, única– etapa de apoyo subsidiado, que incluye acompañamiento profesional en varias áreas (contable-administrativa, legal, técnica y productiva, comercial, etc.), estos emprendimientos quedan librados a su propia capacidad para solventar estas farragosas tareas, que en algunos casos se caracterizan en nuestro país por su complejidad (vg. registros de alimentos y establecimientos, inscripción de marca, presentación de planillas para préstamos, balances e inscripciones, etc.).

La labor encarada debería contemplar también la conformación de cooperativas de profesionales que –una vez finalizada la etapa de subsidio– continúen ligadas al apoyo permanente de las cooperativas de producción y de servicios, tal el modelo desarrollado en Brasil. Esto tiene varias ventajas, la primera de las cuales es que profesionales jóvenes con escasa salida laboral no sólo encuentran un amplio ámbito para desplegar su actividad, sino que además se capacitan en una modalidad académica poco desarrollada habitualmente, como es la especialización legal o contable en el manejo de cooperativas y espacios de economía social, con reglas muy diferentes a las de las S.A. o S.R.L.

La segunda ventaja es que con este modelo se democratizaría el manejo interno, donde se ha observado en numerosos casos que muchas entidades de este tipo caen en manos de profesionales inescrupulosos, que a partir de su conocimiento y la falta de capacidad de control interno por parte de los asociados a dichas cooperativas, terminan transformándose en una especie de propietarios disfrazados de las mismas. Y la tercer ventaja es que estas cooperativas de profesionales pueden brindar servicios centralizados permanentes de bajo costo –que es lo que permite la sustentabilidad– a un gran número de entidades, por ejemplo cooperativas de veterinarios para consorcios tamberos, técnicos en alimentos y en diseño industrial para envasado de alimentos, así como otras muchas actividades profesionales pasibles de conformar este tipo de dinámica.

322

Por otro lado, la marca colectiva consorciada entre redes de cooperativas impide su apropiación por parte de actores espurios. Asimismo, mantener la propiedad de los medios de producción entregados en manos de esa redes y no de los productores individualmente, permite la “fidelización” de esos colectivos e impide que las corporaciones se apropien de las cadenas conformadas, aprovechando en beneficio propio la inversión estatal anterior. Así lo hacen las empresas concentradas, mediante modelos de sujeción casi permanente y de los cuales resulta muy difícil salirse. Irónicamente podríamos decirse que el modelo que debemos alcanzar es el “Cargill de los pobres”.

Todos estos aspectos son los que definen si una propuesta es integral o no lo es. Y en ella juegan un rol preponderante el control social, la logística y la comercialización junto a una distribución efectiva y justa de ingresos.

En cuanto al esquema distributivo, es conocido el problema de traspasar a manos de uno de los organismos integrantes de un consorcio –una cooperativa, por caso– la propiedad de medios de producción estratégicos, más allá de algunos insumos o equipamientos básicos por unidad de producción que sí podrían quedar en manos de las entidades asociadas. Esta falla distorsiona el esquema de equidad, ya que otorga a uno de los actores un poder desequilibrante sobre el resto de los integrantes de la cadena. El Plan debería operar sobre la base de que esos medios estratégicos deben estar en manos de agencias o entes multidisciplinarios para el desarrollo, no del Estado ni de los particulares, utilizando su peso decisivo para impulsar la distribución equitativa del ingreso y el uso democrático de infraestructura, equipamientos, marcas y servicios.

Se debe aprovechar el análisis sobre experiencias anteriores, ya que se trata de generar entidades de control compuestas por organismos diversos, lo cual evita los operadores corruptos que podría implicar la intervención única y exclusiva del Estado (el llamado “síndrome de la URSS”), por un lado, o la conformación de grupos de élite que en numerosos casos transforman a las cooperativas en sociedades anónimas disfrazadas. El traspaso de bienes subsidiados se realizaría recién cuando esté constituida cada federación de pequeñas cooperativas, con reglas muy claras de uso y apertura hacia otros actores similares a futuro que implique un definido marco de continuidad para la inclusión de nuevas entidades, lo cual

323

favorecerá una creciente escala bajo una misma impronta de sustentabilidad.

Finalmente, todos los proyectos deberían estar diseñados de tal manera que la rentabilidad y la inclusión crecientes –tomadas como índice de desempeño– determinen también la progresiva independencia de cada propuesta respecto del apoyo financiero estatal, así como del soporte técnico y de gerenciamiento que se aporta inicialmente. La metodología aplicada debe tener un objetivo claro: tras determinado plazo, el andamiaje de apoyo debería desaparecer, y cada conglomerado de economía social de escala debería lograr desempeñarse de manera autónoma, con un parámetro muy claro de reconversión: haber logrado ser sujetos de crédito.

Las ganancias, los beneficios, el ingreso o como quiera llamarse lo que obtienen las empresas de economía social, deben ser alcanzados a través de una venta efectiva de los productos elaborados. Evidentemente, al hablar de comercialización debemos referirnos al escalón más difícil de acceder para los pequeños productores, incluso asociados. Generalmente es el “talón de Aquiles” de todo programa o proyecto de economía social.

Sin embargo, como ya señalamos, la Argentina cuenta con una herramienta formidable para abordar esta problemática. A diferencias de otros países de la América Latina, sus comercios barriales (almacenes, despensas, verdulerías, minimercados, carnicerías, maxiquioscos, etc.) no sólo tienen un alto grado de blanqueo (sólo un tercio sería informal) debido a las facilitaciones tributarias y de otra índole impulsadas, sino que además poseen una extensión territorial –especialmente en barrios humildes– y una capacidad de competencia no verificadas en otros países.

Como vimos, en la Argentina, los comercios minoristas de canasta básica de consumo han aumentado su participación en el volumen de ventas de los últimos años, en competencia directa con un sistema de supermercados caca vez más cartelizado, es decir con mayor capacidad de compra por volúmenes a precio rebajado y mayor capacidad de estoqueo y oferta. Ni siquiera la competencia mediante la aplicación de dumping por venta a precios menores al costo ha logrado desalojarlos de la oferta. Estos negocios se han consorciado para la compra directa de fábrica, compiten en la variedad de oferta e incluso en algunas provincias han logrado beneficios impositivos por la compra colectiva.

324

Es decir que el productor rural cooperativizado y federado cuenta con un aliado estratégico en las redes urbanas de comercios minoristas de alimentos y afines. Establecer una relación directa de oferta-demanda entre ellos es crucial para la marcha del Plan. No sólo se abarataría la canasta por eliminar intermediaciones, sino que además se lograrían definir líneas de producción con demanda verificada.

Las cooperativas no tienen que intentar vender lo que hacen, sino hacer lo que se vende. Nadie mejor que un almacenero para determinar aquellos productos con mayor demanda. Con esa base de información, cualquier grupo de productores que tenga suficiente materia prima y que sepa elaborar y envasar el producto demandado, conseguiría cubrir parte de esa demanda vía logística adecuada en tiempo y forma, pero siempre dependiendo del apoyo integral que se les otorgue para acceder a registros de establecimientos y productos, inscripción en el INAES y en la AFIP, disponibilidad de marca colectiva, equipamiento y logística adecuados y acompañamiento profesional permanente vía cooperativas de jóvenes profesionales instrumentadas a tal fin.

Mediante el antiguo adagio de que “un ejemplo vale por mil palabras”, trataremos de profundizar los nuevos alcances que podría lograr el Plan Estratégico Agroalimentario nacional a partir de una experiencia puntual, como es la provincia de Misiones. Allí se puede observar un espacio territorial que muestra características paradigmáticas en cuanto a minifundios, propiedad de la tierra, modalidades productivas y comerciales, que pueden verse reproducidas en el resto del Norte Grande en caso de que se constituyera –como esperamos por justicia histórica– en un espacio geográfico elegido como protagónico por el PEA.

La provincia de Misiones tiene un tercio de población rural, es decir poco más de 300 mil personas, además de mucha población urbana de pequeñas ciudades en directa o indirecta relación con el campo, que ganan menos de 1.500 pesos mensuales en promedio. Haciendo una comparación con los productos tradicionales –yerba mate, té, tabaco– que generan el magro ingreso promedio mencionado, una hectárea de cultivo por grupo familiar de productos no tradicionales permitiría ingresos que superarían el histórico, además de que pueden ser cultivo intercalar en yerbales y de proponerse como actividades consorciadas como miel, huerta, piscicultura, turismo rural, actividad silvopastoril, dulces regionales y alimentos en

325

general. También, como ya mencionamos extensamente, se está trabajando en la producción de edulcorante natural no calórico a partir de la stevia, alternativa que puede complementar fuertemente la economía de la familia agraria.

Estas miles de hectáreas potenciales, mediante el método aplicado actualmente por una agencia de desarrollo local, permiten un esquema eficiente de inclusión para los próximos años. A estas iniciativas se ha sumado constatar que existen miles de hectáreas forestadas en manos de colonos, llevando a analizar la elaboración de derivados de la madera inclusivos y rentables como la fabricación en serie de viviendas rurales, ya que los muebles son un producto que tendrá dificultades para competir con polos cercanos del Brasil.

Misiones, junto con Tucumán, algunas zonas del Chaco y de Formosa y el resto de las provincias del NeA y el NoA, todavía conservan nichos de población rural y semirural que demuestran inmejorables condiciones para transformarse en las primeras pruebas piloto para una economía social de escala orientada a producir agroalimentos. En ellas se verifica una inmensa diversidad de productos –desde vinos y aceite de oliva hasta quesos, leche, carnes y embutidos– generada en forma dispersa y a baja escala. Cuentan además con programas que se inscriben en la dinámica planteada por el nuevo Plan Estratégico Agroalimentario Nacional, por lo cual resulta altamente recomendable aprovechar esta impronta para intentar la modalidad propuesta en este apunte, independientemente de que el grueso de los fondos asignados se oriente aún a través de mecanismos tradicionales como ferias y mercados populares.

Ningún proyecto de desarrollo social puede pretender sostenibilidad si no logra superar cambios de tipo económico o político gracias a la conciencia proactiva de los elementos que lo componen. Es por eso que el asociativismo en escala resulta de tanta importancia, incluso para la problemática de decidir radicación de infraestructura vial, energética o de comunicaciones. Las áreas de influencia del Plan deben partir de la búsqueda de esas sinergias que hagan posible el desarrollo territorial equilibrado e inclusivo.

Todas las iniciativas en materia de asociativismo en marcha deberían articularse bajo objetivos estratégicos comunes y formas asociativas

326

permanentes. El andamiaje central de la propuesta es la alianza estratégica entre gobierno (nacional, provincial y local) con ONGs, universidades, microproductores y micro prestadores de servicios, mediante la formulación conjunta de proyectos. Pero resulta recomendable que además se incluya la difusión a nivel regional de las mejores experiencias, aprovechando el valor demostrativo de cada una de ellas de manera que resulten aplicables en otras zonas vecinas con características similares a las de origen.

Durante la profunda crisis de descreimiento que sufrieron las instituciones políticas y públicas, se consideró que toda solución debía provenir de la sociedad civil, ONGs mediante. Desde estas organizaciones se empezaron a canalizar fondos sociales para proyectos productivos o de capacitación. Con el tiempo, quedó demostrado que esta forma tampoco era efectiva, dado que los recursos que se destinaban a la atención de la problemática llegaban en forma dispersa y ninguna de ellas podía reemplazar al Estado con su accionar. Es más, muchos organismos de cooperación externa o interna demostraron después que no eran para nada inocentes. Hoy ya no es un secreto para nadie que, detrás de la ayuda humanitaria de algunas de estas entidades, se ocultan verdaderos centros de inteligencia, conformados para recolectar información estratégica, orientada a la toma de decisiones para nada asociadas al interés nacional y popular.

Sumado a esto, la distribución estatal de recursos para solucionar los problemas sociales y/o las herramientas de financiamiento productivo a micro y pequeñas empresas se otorgaban generalmente para proyectos individuales o grupales aislados, que no lograron mover los índices de desarrollo humano, de distribución del ingreso ni generaron el deseado efecto multiplicador dentro de las comunidades locales.

Esos programas, además, en la mayoría de los casos no están encadenados de tal forma que asegurasen el desarrollo local permanente y sostenido, y no se articularon con otras iniciativas ni se analizó su techo de expansión, corriendo el riesgo de promover acciones con resultados competitivos perjudiciales entre las partes (el llamado “efecto cancha de paddle”). Estas dos visiones –en la actualidad– deberían resumirse en espacios mixtos de nivel local o microregional, con una participación pública, de la sociedad civil y del ámbito académico mucho más localizada.

327

El mejor resultado que se puede mostrar en el corto plazo es lograr la interrelación de actores locales, provinciales y nacionales bajo un mismo objetivo, cooperativizando esfuerzos y recursos, bajo un protagonismo estatal que señale nuevos rumbos y sobre todo proponga evitar cortes por discontinuidades administrativas. O sea, una verdadera política de Estado. Los proyectos encarados deben ser incorporados y asimilados como propios por las comunidades objetivo, y se deberá recepcionar constantemente el interés de otras comunidades en cuanto a recibir asesoramiento y capacitación para encarar experiencias similares.

La creación de cadenas alternativas de producción de canasta básica de consumo implicará comenzar a ganar el mercado interno, rompiendo la actual cartelización y desactivando su capacidad de generar inflación ficticia, que ha sido siempre –recalcamos– una excelente válvula de presión de los grupos concentrados de poder para evitar que los gobiernos populares redistribuyan con justicia, o incluso que sobrevivan.

Para finalizar, de nada sirve un análisis si no conlleva una propuesta. Sabemos de nuestras limitaciones académicas como para pretender que estamos presentando una verdad revelada. Pero aún con estas limitaciones, esta reflexión surgida “desde el surco” pretende ser atendida, porque tiene como respaldo a cada vez más numerosas cooperativas asociadas. Lo hacemos además desde la humildad, escuchando aportes y crítica sin desmedro de que puedan agregarse o suprimirse elementos a lo que proponemos. Una vez hechas estas aclaraciones, tal vez un ordenador del Plan propuesto en cuando a su ejecución podría surgir del siguiente listado de actividades:

1. Definir áreas de tierra improductiva o de bajo desempeño. Utilizar mapeo satelital. Relevar población rural y semirural relacionada a esas áreas. Georeferenciar población objetivo con respecto a tierras improductivas.

2. Detectar disponibilidad actual y potencial de materia prima, insumos, servicios y equipamiento disponibles, así como producción a niveles básicos.

3. Definir capacidades adquiridas o a insertar que determinen la posibilidad de un salto cuali-cuantitativo de producción y envasado.

328

4. Georeferenciar población objetivo con respecto a mercados locales, especialmente los barriales de las grandes y medianas ciudades del entorno, disponibilidad de energía, vías de acceso, comunicación y cercanía a establecimientos técnicos, universitarios o de extensionismo estatal (MAGPyA, INTA, INTI, SENASA etc.)

5. Definir producción alimentaria cartelizada. Priorizar componentes de la canasta básica y otros productos afines (higiene, limpieza, etc). Georeferenciar los datos anteriores con respecto a cuencas potenciales de producción de canasta básica y afines detectadas, que puedan tender a ocupar nichos de mercado local para esos productos.

6. Definir áreas servidas con productos cartelizados extra provinciales, pero que produzcan en baja escala la misma oferta, para proceder a su potencial impulso para reemplazar aquellos con producción local que permita aprovechar–aunque en principio resulte marcadamente parcial– ventajas de cercanía logística y pertenencia geográfica de las marcas: compre nacional-compre provincial.

7. Organizar en pequeñas cooperativas locales y federadas a los micro productores, prestadores de servicios y población –especialmente con capacidades técnicas y profesionales– incentivándolos a ingresar en el proyecto por características de cercanía, capacidad o educación recibida.

8. Generar equipos multidisciplinarios con presupuesto único y descentralización operativa, por su alta capacidad de presencia en el territorio, incluyendo áreas provinciales y especialmente comunales.

9. Definir plan de industrialización y servicios en escala, modalidades y presupuestos por producto y por cuenca. Determinar equipamiento de mediana envergadura y analizar posibilidades de compra en empresas nacionales, o en extranjeras en caso de no existir aquí, así como generar convenios de traspaso tecnológico en aquellos casos en que resulte posible. Programar guías de subsidios estatales para alcanzar escala, priorizando aquellas producciones de mayor demanda y mejor posicionamiento inicial en cuanto a aptitudes originales y ubicación de las cuencas con respecto a mercados.

10. Definir plan de logística en relación a centros urbanos regionales, especialmente a los de mayor cantidad de consumidores. Estructurar

329

programas para dotar a esa logística de equipamiento e infraestructura subsidiadas.

11. Definir capacidad de compra y de venta de negocios minoristas en ciudades de 5.000 habitantes o más. Para ciudades de 350 mil habitantes o más, priorizar comercios en distritos compuestos por barrios populares.

12. Trabajar sobre análisis de costos para concientizar a los productores cooperativizados sobre márgenes de ganancia posibles y capacidad de conquistar nichos de mercado con suficiente resistencia futura al dumping utilizado por las empresas cartelizadas como herramienta para eliminar competencia.

13. Generar encuentros campo-ciudad con los comercios adheridos a la propuesta (despensas, almacenes, verdulerías, carnicerías, productos de granja y minimercados) con el objetivo de conformar redes solidarias mayoristas de “compre nacional” o “compre provincial”. Equiparlas con terminales baratas producidas en el país, generando un sistema de compra digitalizado y –en casos específicos– con unidades o reducidas flotillas de medios de transporte de pequeño porte.

14. Construir mercados de concentración destinados a recibir un 100 % de productos locales en espacios equidistantes y de fácil acceso con respecto a las redes de negocios adheridos, para la venta a precios mayoristas y minoristas. Equiparlos especialmente para alimentos envasados con valor agregado, dejando frescos para otro tipo de mercados. Prever áreas de manipulación y estoqueo con suficiente capacidad inicial para soportar crecimientos posteriores en el mediano plazo.

15. Cooperativizar a preventistas, pequeños transportistas, choferes, administrativos y técnicos o profesionales en todos los rubros de apoyo (ingenieros agrónomos, veterinarios, contadores, abogados, carreras terciarias que abarquen todos los rubros afines al Plan, etc.). Priorizar técnicos y profesionales jóvenes, generando materias en carreras afines con el objetivo de encaminarlos hacia esta salida laboral. Reformular los requisitos de inscripción e INAES. Formular una nueva Ley de Cooperativas y Federaciones que contemplen estos casos y eliminen las actuales restricciones.

330

16. Georeferenciar un plan de largo plazo de ordenamiento territorial, acotando la producción que afecte sustentabilidad de suelos y mercados, y promoviendo todas aquellas herramientas que coadyuven a la inclusión social y a la justa distribución del ingreso. Impulsar un Plan de Sostenibilidad ambiental que sirva de guía a los nuevos colectivos de economía social, transformándolos en actores directos para la preservación.

17. Establecer un equipo centralizado de monitoreo permanente sobre la continuidad de las tareas iniciales, tanto para nuevos procesos como para mejoramiento y ampliación de los ya aplicados. Aplicar un sistema de seguimiento por resultados concretos.

18. Generar seguimiento estadístico para determinar impacto socioeconómico, especialmente en lo que hace a desocupación y empleo, pobreza, costo de la canasta básica geroreferenciado e inflación.

19. Organizar por regiones reunión integral de análisis y propuestas, con la participación de todos los organismos y programas directa o indirectamente ligados a la producción de alimentos y sus instituciones subsidiarias, para definir y aplicar herramientas integrales e interdisciplinarias al desarrollo de cuencas alternativas de producción de alimentos.

En este momento, en Misiones se está trabajando con una propuesta de mínima que se basa en la coordinación sinérgica de diversos organismos nacionales y provinciales para realizar un trabajo mancomunado, matriz que puede servir de experiencia piloto para avanzar hacia la región y el país.

Sabemos de la complejidad de lo arriba propuesto. Pero una vez verificado en el terreno, el proceso es mucho más sencillo de lo que parece. Así están comenzando a descubrirlo numerosas cooperativas que antes vendían a precio vil sus productos a granel o semielaborados, y que hoy –a través de la incipiente aplicación de este tipo de metodología– están llegando en tiempo y forma, con marca y logística propias, a surtir almacenes y despensas de los barrios populares.

Un espacio donde reside mayoritariamente la base social urbana de los proyectos nacionales y populares. Y donde respuestas permanentes como

331

acceso al consumo y soluciones laborales asociadas a esta dinámica constituyen además un elemento de lealtad política primordial a un proyecto difícil de torcer. No otra explicación tiene el hecho de que Juan Domingo Perón pudiera regresar después de 17 años de exilio con su prestigio intacto.

332

MISIONES, EXPERIENCIA EN MARCHA

Silenciosa pero eficazmente, en todo el país el encadenamiento de pequeños productores asociados para obtener escala tiende a ampliarse, no sólo con el objetivo de subsanar la cartelización de la economía alimentaria –aspecto que aparece únicamente en algunas propuestas– sino y en especial porque esa misma concentración ha tendido progresivamente a la profunda distorsión de los precios, inflándolos tanto que han dejado grandes nichos para contraatacar. La desmesurada gula ha llevado a estas empresas a establecer unas muy alta disparidad entre los costos reales y sus precios de venta mayoristas y minoristas, confiadas en que la competencia de baja escala jamás podrá dar el salto necesario para amenazarlas seriamente, dado el alto costo por unidad producida. Mediante el surgimiento de diversidad de productos con marcas, en la provincia de Misiones las cooperativas que han alcanzado aunque sea una mínima escala, están descubriendo esta realidad. Aún con mayores costos en todo el proceso, cuando llegan hasta el almacenero con sus productos envasados o empaquetados, descubren con sorpresa y alegría que incluso con un alto margen de ganancia, pueden competir con cualquiera, e incluso en algunos casos con productos de primera contra productos de cuarta, al mismo precio.

Claro que al efecto de este análisis no descuidan a futuro la capacidad de dumping que tienen las grandes empresas, por lo cual también han comenzado a analizar cuáles son los costos reales con los que deben competir, para saber si estarán en capacidad de soportar la batalla, y sobre todo sobrevivir como batallón del ejército de hormigas que se propone invadir el mercado con un claro efecto de freno sobre la inflación, primera escaramuza para lograr alcanzar Soberanía Alimentaria.

No ha sido fácil el proceso para llegar a este grado de conciencia, dentro del cual hoy operan más de cien cooperativas en la provincia de Misiones, 60 de las cuales se dedican a producir algún tipo de alimento. Todo comenzó hace siete años, cuando un equipo técnico se reunió para analizar posibilidades de fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas alternativas en la provincia, mediante políticas de desarrollo endógeno -con equidad e inclusión social, sustentabilidad ambiental y aplicación de tecnología en escala- que permitieran analizar nichos progresivos

333

orientados a suplir “importaciones locales” que inciden en el costo de la canasta básica de consumo.

El objetivo era modificar en el mediano plazo los índices de ocupación y pobreza, abaratando la canasta básica, produciendo a costos locales elementos de consumo que reemplazaran la compra extra provincial de alimentos, generara nuevos servicios y ocupaciones, e incluso apuntara a reordenar poblacionalmente la provincia, generando nuevos polos productivos en áreas deprimidas con criterios de cuidado ambiental e impulsando el regreso al campo tanto de la población periférica de las ciudades como la rural que está invadiendo bosque a preservar. La única metodología efectiva para hacerlo era  acercar apoyo financiero operativo subsidiado, dados los escasísimos recursos de esa población (a la que allí se conoce como colonos), que en más de una vez hicieron exclamar a funcionarios nacionales que visitaban esas chacras: hay otra Argentina, pero no se ve.

Fue así que se comenzaron a diseñar integralmente nuevas áreas de economía de escala, a las que se agregó tecnología aplicada de punta y donde además no se utilizó otro parámetro de evaluación que el de los resultados concretos alcanzados. Después de todo, esa es la metodología del colono: cuánta mandioca, cuánto maíz o cuantas gallinas tiene. Esa base sencilla de agregado es la que sirvió para consorciar a quienes no estaban cooperativizados, pero también a quienes sí lo estaban pero trabajaban en forma dispersa en cuanto a producción y escala.

Agrupar y consolidar, con participación e inclusión social activa en la conformación de las cadenas de valor –sean del volumen que sean–, directamente eliminando intermediaciones o desequilibrios espurios sólo motivados por el lucro en todos los niveles (mayor superficie de tierra en manos de unos pocos, propiedad de un medio de movilidad, de galpones, de maquinaria, de marca, insumos, logística o capacidad de preventa) fue el sistema idóneo para crecer y distribuir en el mediano y en el largo plazo.

A partir de una experiencia puntual, como es la provincia de Misiones, se puede observar un espacio territorial que muestra características paradigmáticas en cuanto a minifundios, propiedad de la tierra, modalidades productivas y comerciales que pueden verse reproducidas en el resto del Norte Grande, espacio geográfico que –a nuestro entender y sin

334

exclusiones odiosas– debería ser elegido como protagónico por el Plan Agroalimentario Nacional. Pero no sólo por esta cuestión de características productivas, sino también como componente de un nuevo ordenamiento poblacional de la Argentina.

Como ya mencionamos, la provincia tiene un tercio de población rural, es decir poco más de 300 mil personas, además de mucha población urbana de las pequeñas ciudades en directa o indirecta relación con el campo. El magro ingreso promedio por hectárea de cultivo para cada grupo familiar ha estado expulsando población en muchas zonas. No así en aquellas donde ha surgido algún tipo de programa con las características arriba mencionadas, e incluso en aquellas donde se repite el viejo esquema de la cooperativa central sujeta al mercado. Lo interesante es que en la retaguardia de esos corrimientos poblacionales fue quedando un enorme espacio sin aprovechar. Estas miles de hectáreas potenciales, mediante el método aplicado actualmente por una agencia de desarrollo local, están comenzando a viabilizar en Misiones un esquema eficiente de inclusión para los próximos años. No ha sido fácil, ya que en general la metodología de economía social de escala se confunde con el antiguo modelo cooperativista, o se la visualiza como una variante de la economía franca.

Ninguno de esos dos modelos permite aseverar una ocupación efectiva del territorio disponible, y mucho menos frenar la creciente urbanización de la provincia, con todos los problemas que esto acarrea y que ya se está comenzando a notar, sobre todo en la ciudad Capital, Posadas. La cosecha del té está mecanizada, y existe un prototipo de cosechadora de yerba mate. Todos estos procesos indican una clara tendencia a la concentración de la producción, la cosecha y la elaboración en cada vez menos empresas y más poderosas. Pero a esta matriz se suma que, bajo las leyes del mercado, Misiones tiene un claro destino de espacio cuasi extractivo de maderas, pasta celulosa, tabaco, té, yerba mate y otros productos con escaso valor agregado. Todo eso lleva a despoblar progresivamente el espacio rural, y al riesgo de perder toda la potencialidad que éste encierra para el cambio. Algo que está comenzando a transformarse en conciencia nacional.

Los colonos que integran el colectivo de productos y servicios alternativos en Misiones componen así la última línea de resistencia a ese avance. De no prosperar, y a pesar de las excelentes leyes de ordenamiento territorial y las avanzadas políticas de preservación de la provincia, el poder del capital

335

irá transformando ese enorme espacio residual en cultivos extensivos de yerba, tabaco, té y reforestaciones, con manchones aislados de ganadería, corral, cítricos y lácteos, que estarán expuestos –de prosperar– al mismo destino de experiencias más antiguas y desarrolladas en la periferia de la Pampa Húmeda: su apropiación por grandes empresas, o su aislamiento y decadencia al quedar fuera de los parámetros de cercanía y escala exigidos por éstas, colocando esas áreas en situación crítica.

Pero crisis significa oportunidad. Y es precisamente en esas chacras que va quedando fuera del esquema concentrador donde la conciencia de pertenencia, muy fuerte en la población rural de Misiones, está comenzando a generar alternativas con mucha fuerza. Los colonos están comenzando a advertir que se puede producir una enorme variedad de alternativas en los interlineados de la yerba mate, bajo los pinos reforestados y en todas las parcelas “excedentes”. A estas iniciativas se ha sumado constatar que existen miles de hectáreas forestadas en manos de los colonos, lo cual los está llevando a analizar la posibilidad de elaborar derivados de la madera inclusivos y rentables, como la fabricación en serie de viviendas y ya no sólo de muebles de bajo costo, ya que éste es un producto que tendrá dificultades para competir con polos cercanos del Brasil.

Misiones –junto con Tucumán, algunas zonas del Chaco y de Formosa y el resto de las provincias del NEA y el NOA– todavía conservan nichos de población rural y semirural que están demostrando inmejorables condiciones para transformarse en las primeras pruebas piloto de una economía social de escala orientada a producir agroalimentos y servicios. A esto se suma que comienzan a contar por primera vez con programas que se inscriben en la dinámica planteada por el nuevo Plan Estratégico Agroalimentario Nacional, dentro del cual planteamos como sumamente recomendable que se aproveche esta impronta para intentar una modalidad con mayor potencia, independientemente de que el grueso de los fondos asignados se oriente aún a través de los mecanismos tradicionales.

Ningún proyecto de desarrollo social puede pretender sostenibilidad si no logra superar cambios de tipo económico o político gracias a la conciencia proactiva de los elementos que lo componen. Por eso, el asociativismo en escala de Misiones comienza a adquirir importancia incluso para la problemática de decidir radicación de infraestructura vial, energética o de

336

comunicaciones. Las áreas de influencia del proyecto misionero se ha basado así de manera muy especial en la búsqueda de sinergias que hicieran posible un desarrollo territorial equilibrado e inclusivo.

Todas las iniciativas en materia de asociativismo en marcha se articularon bajo objetivos estratégicos comunes y formas asociativas permanentes. El andamiaje central de la propuesta fue la alianza estratégica –aunque todavía incipiente– entre áreas del gobierno nacional, el provincial y las intendencias locales, incluyendo a ONGs, universidades, institutos terciarios, micro productores y micro prestadores de servicios a través de la formulación conjunta de proyectos, difundiendo después a nivel zonal el valor demostrativo de cada uno de ellos, de manera que resultara aplicable en otras zonas vecinas con características similares a las de origen, mediante el compartir de prácticas y los caminos de acceso a la financiación y la capacitación.

Este último aspecto es de importancia central. La distribución estatal de recursos para solucionar los problemas sociales y las herramientas de financiamiento productivo a micro y pequeñas empresas se otorgan generalmente para proyectos individuales o grupales aislados, que por sí solos no logran mover significativamente los índices de desarrollo humano, de distribución del ingreso ni generan un efecto multiplicador dentro de las comunidades locales. Esos programas, además, en la mayoría de los casos no están encadenados de tal forma que aseguren un desarrollo local permanente y sostenido ni se articulan eficazmente con otras iniciativas. Este problema fue el detonante en la conformación de un espacio social que comenzó a crecer geométricamente a partir de su socialización, mediante talleres realizados en diversos puntos del interior misionero desde el año 2009. Casi todos los colectivos rurales comenzaron a referenciarse con las pequeñas experiencias exitosas que empezaban a surgir bajo la modalidad de “economía social de escala con marca y logística propias y con nichos de comercialización garantizados”, y a plantear que los fondos adjudicados por los programas nacionales y provinciales no permitían acceder al primer escalón de esa metodología.

Con argumentos muy sencillos, pero con un creciente conocimiento de causas, estos colonos demostraron que las propuestas más pequeñas y baratas –por ejemplo fabricar dulce de batata en barra envasado en plástico cristal– tenían un costo integral que rondaba los 90 mil pesos por

337

cooperativa equipada. Un segundo estamento lo constituían molinos o trilladoras, envasadoras automáticas y plantas para el procesado de alimentos, que rondan los 350 mil pesos por cooperativa. Y un tercer estamento, con mayor inclusión social y extensión territorial, como las cuencas tamberas o la fabricación de viviendas de madera de pino, rondaban los 5 millones de pesos para 10 o más cooperativas consorciadas.

Varias instancias de ministerios nacionales comenzaron a reaccionar frente a esta demanda, y hoy existen lineamientos de soporte que permitieron el surgimiento de dinámicas de escala en Misiones, sobre las cuales abundaremos más adelante. Lo que importa a los efectos del presente análisis es que todos estos colonos habían accedido o estaban tramitando alguna de las ayudas estatales disponibles, pero ante las nuevas alternativas generadas comenzaron a plantear que esas dos formas de apoyo deberían resumirse en espacios mixtos de nivel local o micro regional, con participación pública, de la sociedad civil y del ámbito académico como se estaba haciendo ya, pero con un claro efecto ordenador y potenciador de los recursos humanos y financieros disponibles. Ese es una de los objetivos de esta obra.

El mejor resultado que se puede mostrar en Misiones en este plazo ha sido lograr la interrelación de actores locales, provinciales y nacionales bajo los mismos objetivos, cooperativizando esfuerzos y recursos. A pesar de que no se ha logrado todavía un reconocimiento a los máximos niveles ministeriales de la Nación, es la única provincia que logró conformar una mesa interdisciplinaria a la que concurren áreas de los ministerios nacionales de Desarrollo Social, de Economía e Industria, de Trabajo, así como del INAES, INTA, INTI y Conicet. Este equipo se reúne una vez cada mes y medio en el instituto de cooperación externa de Italia ICEI y está coordinado por la Agencia ARCentral de Misiones, que además se encarga de organizar periódicas visitas al territorio de estos técnicos y funcionarios, además de recorridos por experiencias de economía social de escala en los estados fronterizos del Brasil, con las que se mantienen convenios de intercambio.

Esta metodología de trabajo, potenciada, es la que se plantea como mecanismo para el resto del Norte Grande, señalando un nuevo protagonismo de lo político en cuanto a definir rumbos, y sobre todo evitar cortes por discontinuidades administrativas. Los habituales baches entre

338

ejecuciones, ya que hubo que trabajar por etapas al no contarse con ninguna contraparte “integral” en cuanto a la cobertura total de los subsidios necesarios –la propuesta evidentemente se salía de todos los moldes–, fue uno de los principales inconvenientes a enfrentar. Hoy los programas con marcha plena en Misiones (alimentos, stevia/edulcorante natural y turismo) muestran entre sus antecedentes presupuestarios tal variedad de orígenes y volúmenes que se hace difícil resumirlos. Desde Manos a la Obra del MDS hasta aportes del comité de Zona Franca Iguazú, fondos del presupuesto general provincial junto a contratos de la hidroeléctrica Yacyretá, cooperación externa italiana y fondos de los ministerios de Trabajo y de Economía, en este caso para pequeñas empresas, del INTA y diversos fondos menores, incluyendo aportes municipales.

Todo sirvió para avanzar, mientras se aguardaba una política de Estado que comenzara a incluir “perros verdes” –tal la denominación cariñosa aplicada a la experiencia misionera, utilizada por todos sus aportantes– similares a esta propuesta de escala. La gran fortaleza para sortear esos baches, que fueron muchos y pronunciados, es que los proyectos encarados fueron incorporados y asimilados como propios por las comunidades donde se comenzó a trabajar, con algunas experiencias iniciales exitosas en quesos y yerba mate colocados en a fines del 2009 en almacenes de Posadas, que señalaron este el camino como el correcto. Esas 12 primeras cooperativas comenzaron a recibir y atender el constante interés de otras entidades en cuanto a recibir asesoramiento y capacitación para encarar experiencias similares, y en menos de un año los doce apóstoles ya eran 60 cooperativas ligadas de una u otra manera a este modelo. Hoy, sólo para alimentos, a Agencia tiene en carpeta más de cien pedidos de apoyo para el desarrollo de proyectos, aspecto que ha sido corroborado por diversas delegaciones de ministerios nacionales con visitas territoriales y contacto directo con dichas cooperativas.

La creación de cadenas alternativas de producción de canasta básica de consumo en Misiones comienza entonces a demostrar que es posible ganar nichos dentro del mercado interno, rompiendo poco a poco la actual cartelización y tal vez en un futuro cercano alcanzando suficiente volumen como para desactivar su capacidad de generar inflación ficticia, que –no hay que cansarse de repetirlo– ha sido siempre la válvula de presión de los

339

grupos concentrados de poder para evitar que los gobiernos populares redistribuyan con justicia.

Este análisis conlleva una propuesta, sin desmedro de que puedan agregarse o suprimirse elementos al tratarse de un modelo acotado a los límites provinciales, pero quizás este prototipo sirva como un ordenador básico para aquellos ítems del PEA en cuanto a su ejecución dentro de espacios rurales con ciertas semejanzas poblacionales o edafológicas, como los que se observan en el Norte Grande.

En Misiones se partió claramente desde una definición de áreas de tierra improductiva o de bajo desempeño, que además de ofrecer la posibilidad de producciones alternativas, guardaban una estrecha relación con la calidad de vida de sus ocupantes, generalmente la población rural más pobre de la provincia. Se buscó después relacionar esas zonas con otras de alto nivel de cooperativización, pero baja diversidad de producción. Ese entramado se trabajó mediante diversos mapeo satelitales, que permitió relevar e identificar población rural y semirural relacionada a esas áreas, en algunos casos cargando información que incluyera situación catastral de los predios.

Sobre esa base, y mediante visitas territoriales y reuniones por zonas permanentes, se comenzó a detectar la disponibilidad actual y potencial de materia prima de esos colectivos de producción, sus formas organizativas y deficiencias, así como insumos, servicios y equipamiento disponibles para el desempeño de una producción a niveles básicos. Sobre esa información se fueron definiendo capacidades adquiridas o a insertar que determinaban la posibilidad de un salto cuali-cuantitativo en lo que se producía. Esa pesquisa conformó la información de base necesaria como para elaborar las primeras carpetas de programas, bastante artesanales y ciertamente alejadas de los habituales parámetros que se manejan a nivel nacional. Pero con una cualidad innegable: surgían de la propia realidad, y no de un trabajo de gabinete.

El paso siguiente –utilizando herramientas de última generación disponibles en la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la provincia– fue georeferenciar las poblaciones objetivo con respecto a tierras improductivas o con recursos no explotados o potenciales. Uno de los principales subproductos logrados fue el mapeo de micro forestadores

340

de la provincia (hasta 10 hectáreas de pino), demostrando la existencia de 4.000 hectáreas de pino implantado con capacidad de otorgar soporte renovable a una fábrica de casas de madera con alta capacidad anual. Esos datos fueron corroborados después con las planillas de soporte de la Asociación de Técnicos Agropecuarios de Misiones (ATAM), cuando a inicios del 2011 esta entidad que agrupa a egresados de las escuelas agrotécnicas de la provincia se sumó al proyecto EME (Ecodesarrollo en Misiones por la Equidad, adjunto en anexo) que da sustento metodológico al actual esquema.

Georeferenciar población objetivo con respecto a mercados, disponibilidad de energía, vías de acceso, comunicación y cercanía a establecimientos técnicos, universitarios o de extensionismo estatal (MAGPyA, especialmente a través del INTA, INTI con apoyo para la representación local, etc.) fue la siguiente tarea. En ella jugaron un papel de importancia las intendencias municipales, que además comenzaron a participar activamente de otro programa de ARCentral de Asociativismo Municipal para el Desarrollo de Misiones (AMDeM) a través de reuniones puntuales y de varios contingentes de intendentes que visitaron experiencias organizativas en Brasil.

Seguidamente, a través de una investigación realizada en forma conjunta por la Dirección General de Rentas y la Subsecretaría de Comercio de la provincia, se definió el volumen y los montos de productos alimentarios adquiridos fuera del ámbito de Misiones. Se priorizaron 24 componentes de canasta básica y otros productos afines (higiene, limpieza, etc.) y se referenciaron esos datos con respecto a cuencas potenciales de producción de canasta básica detectadas en la provincia. A partir de la detección de productos extra provinciales que estaba siendo producidos localmente a baja escala, se procedió a elaborar propuestas para su reemplazo con oferta local aprovechando ventajas de logística y pertenencia geográfica de las marcas: compre nacional – compre provincial.

Esa base de materia prima abundante, capacidad de elaborarla y envasarla a baja escala y el relevamiento de la demanda de pequeños comercios barriales, permitió organizar tres Encuentros Campo-Ciudad mediante los cuales las pequeñas cooperativas y asociaciones de productores locales tomaron conciencia de la alta demanda potencial que existía en los almacenes, así como sobre los precios mayoristas que se pagaban.

341

Mediante esquemas sencillos de construcción de escenarios, se compararon los ingresos entre venta en ferias o “en tranquera” (más altos pero sumamente puntuales y especiados) y los que se lograrían aumentando la escala (más bajos inicialmente) pero que el mediano plazo generaban ingresos por demanda constante y con un aumento significativo en el mediano plazo al aumentar el volumen. En ese marco, se determinó la necesidad de federarse, mediante la cooperativización de microproductores, prestadores de servicios y población incentivada a ingresar en el proyecto por características de cercanía, capacidad o educación recibida (nuevos socios, cooperativas de apoyo técnico, de logística y preventa).

Un dato muy interesante es la alta equidad y participación de género que existe en estos emprendimientos. Al ser las mujeres las que generalmente se encargan de la parte gastronómica, pero además al participar activamente en la faz comercial, se han desarrollado practicas de producción y de asociativismo donde las mujeres tienen una altísima participación. Es más, casi un 20 % de las cooperativas muestran una amplísima mayoría femenina, y en las demás las tareas están democráticamente repartidas o son de operación conjunta, rasgo que surge de la convivencia permanente en el hogar y el trabajo, que no se da en otros ámbitos y que es necesario tomar en cuenta al encarar este tipo de propuestas.

El siguiente paso, a grandes rasgos, fue la organización de equipos multidisciplinarios con presupuesto único pero descentralización operativa, por su alta capacidad de presencia en el territorio, incluyendo áreas provinciales y especialmente comunales. Esos equipos comenzaron a definir planes de industrialización y servicios en escala, modalidades y presupuestos por producto y por cuenca, programando guías de subsidios existentes orientados a alcanzar escala (muy escasos para esa ápoca), priorizando aquellas carpetas para producciones de mayor demanda y mejor posicionamiento inicial en cuanto a aptitudes originales y ubicación de las cuencas con respecto al mercado.

Esto permitió comenzar a definir planes de logística en relación a los centros urbanos, especialmente a los de mayor cantidad de consumidores, estructurando programas para dotar a esa logística de equipamientos e infraestructuras subsidiadas. Este estamento, por sus costos y complejidad es uno de los más complejos en cuanto a su abordaje, pero la existencia de

342

parque automotor con capacidad ociosa en el propio territorio permitió ir subsanando inconvenientes para una primera etapa.

Como previamente se había logrado identificar capacidad de compra y tipo de demanda de los negocios minoristas, siempre priorizando comercios ubicados en distritos compuestos por barrios populares, se comenzó a trabajar con mayor justeza sobre un análisis de costos para concientizar a los productores cooperativizados sobre ganancias posibles y capacidad de captar nichos de mercado, incluyendo en esos precios márgenes con suficiente resistencia futura al dumping, cuya amenaza de ser utilizado por las empresas cartelizadas como herramienta para eliminar competencia está siempre presente.

El siguiente paso fue conformar una primera oferta de los productos más demandados, con elaboración de muestras repartidas gratuitamente para que fueran testeadas en cuanto a calidad y precios testigo. La alta receptividad verificada permitió generar con los comercios adheridos a la propuesta (despensas, almacenes, verdulerías, carnicerías, productos de granja y minimercados) redes solidarias de “compre provincial”. Además, esta prueba piloto desembocó en la participación de 60 grupos –cada uno con un producto diferente– en el Primer Encuentro Nacional de la Nutrición y la Soberanía Alimentaria, realizado durante el 2009.

En esa oportunidad fue la primera vez que todos los productos concurrieron bajo una misma marca, Orembaé (que significa “lo nuestro” en lengua guaraní). Esa denominación surgió de un debate con las cooperativas, basado en los orígenes del cooperativismo en la provincia de Misiones. Ya en la época de las Reducciones Jesuíticas (“reducir” significa “convencer” en lenguaje cervantino) los primeros colectivos de producción de vestimenta y alimentos de los guaraníes se habían conformado bajo esta impronta, a la que se denominaba “Tupá-mbaé” (“lo que es de Dios” en lengua mbyá guaraní) para diferenciarla del “abá-mbaé” (“lo que es del hombre”) que se utilizaba para definir la producción individual artística o de oficios individuales. Las protocooperativas de consumo básico los repartían equitativamente según las necesidades de la población, incluyendo a quienes no podían laborar, como ancianos y personas con capacidades diferentes. Esas formas permanecieron en las costumbres locales, transformándose en el “ayutorio” cuando se produjo la llegada de miles de inmigrantes. De esa continuidad cultural y de raíz lingüística del

343

“tupá-mbaé” surge entonces Orembaé, marca colectiva registrada a nivel nacional en el INPI, por ahora en manos de la Agencia para el desarrollo pero que pasará a ser propiedad de la Federación de Cooperativas Productoras de Alimentos, recientemente aprobada por el INAES, cuando se terminen los trámites de inscripción tributaria de la misma, así como insumos y equipamientos.

Una vez determinados estos pasos, la siguiente problemática a resolver fue el equipamiento industrial de todas las cooperativas con productos demandados por los almacenes, proceso que se encuentra en plena marcha con cinco establecimientos casi concluidos en momentos en que se escribe esta obra. Los fondos provienen especialmente de los ministerios nacionales de Desarrollo Social y de Economía e Industria, a los cuales se está sumando ahora el de Trabajo.

En este plano, cabe señalar la importancia de que parte del equipamiento centralizado así como algunos insumos estratégicos –a ser traspasados, como dijimos, desde la Agencia a la Federación– no formen parte del patrimonio de ninguna cooperativa en forma individual, de la misma manera que la marca. Con esta impronta se logra la fidelización de los productores, ya que en caso de sufrir –como ha sucedido– el intento de cooptación de unidades por parte de empresas privadas, no se corre el riesgo de perder la inversión pública realizada. Cualquier productor o cooperativa que se proponga abandonar este esquema ante la oferta de mejores precios de tranquera, deberá pensarlo dos veces antes de hacerlo a causa de la obligación de devolver a la Federación parte del equipamiento o de los insumos que utiliza, ya que –al igual que la marca– son de propiedad colectiva.

La creciente escala que se ha comenzado a lograr con el avance de las plantas en construcción, desde hace tres años llevó a prever un espacio de estoqueo y distribución centralizada, especialmente en la ciudad capital de la provincia, Posadas, con el 30 % de la población pero que concentra el 42% del consumo. Esta propuesta apuntaba a eliminar la intermediación mayorista, mediante un espacio adonde el parque fletero o los propios almaceneros pudieran concurrir a comprar en forma directa a las cooperativas y a precios mayoristas los productos elaborados a escala y con marca, registros de RNPA y RNE. A ese fin, se propuso al Gobierno provincial la construcción de un mercado de concentración 100 % local en

344

un espacio equidistante y de fácil acceso con respecto a las redes de negocios adheridos. Pero que además no impactara competitivamente por el residual a precios minoristas que se comercializaría a través del mismo, para lo cual debería estar ubicado en un lugar con poca presencia de comercios minoristas. Este mercado está en proceso de culminación, aunque inicialmente se utilizará para producción franca, especialmente de frescos. Esto llevó a que algunos de los productos elaborados a escala debieran encontrar alternativas de estoqueo alternativo, pero además permitió el desarrollo de prácticas de logística directa a través de la preventa, eliminando el doble manipuleo. Sin embargo, el incremento de la escala en el mediano plazo deberá contar con un centro de este tipo a futuro.

Esa modalidad de preventa y distribución directa se inscribe en la política llevada adelante de cooperativizar a técnicos y profesionales, ahora incluyendo a preventistas, pequeños transportistas, administrativos y técnicos o profesionales de apoyo en todos los rubros de logística y comercialización. En la faz productiva, ya está funcionando un esquema de este tipo que agrupa a ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios, veterinarios, contadores, abogados y diversas carreras terciarias que abarquen todos los rubros afines al proyecto. En todos los casos se ha priorizado a técnicos y profesionales jóvenes, y el próximo paso será proponer a las entidades educativas de la provincia que incorporen materias en carreras afines, con el objetivo de encaminar a los estudiantes hacia esta salida laboral.

Con toda la información recogida, en este momento se ha comenzado a georeferenciar un plan de largo plazo de ordenamiento territorial, acotando la producción que afecte sustentabilidad de suelos y mercados, y promoviendo todas aquellas herramientas que coadyuven a la inclusión social y a la justa distribución del ingreso. Ésta y todas las demás tareas se coordinan a través de un equipo centralizado de seguimiento permanente y de apoyo para la continuidad de las propuestas, tanto para nuevos procesos como para mejoramiento y ampliación de los ya iniciados. Tal definición surgió de la realidad detectada de cierta debilidad en aquellos programas donde a capacitación y el seguimiento son discontinuos. Dicho acompañamiento ha permitido la posibilidad de un monitoreo estadístico permanente, orientado a determinar impacto socioeconómico especialmente

345

en lo que hace a las mejores alternativas, su impacto en la desocupación, empleo y pobreza, así como para definir costo de la canasta básica en relación a la inflación, además de abrir la posibilidad de aplicar control por resultados alcanzados.

Al organizar por regiones reuniones integrales de análisis y propuestas, con la participación de todos los organismos y programas directa o indirectamente ligados a la producción de alimentos y sus instituciones, se comenzó a evidenciar el principal y más complejo problema que enfrenta este tipo de proyectos. Dicha dificultad surge de que, más allá de la buena disposición encontrada en todos los estamentos municipales, provinciales y nacionales, todavía no existe un ámbito institucional para definir y aplicar herramientas integrales e interdisciplinarias al desarrollo de cuencas alternativas de escala para la producción de alimentos y servicios. El paradigma vigente, sobre todo en cuanto a decisiones presupuestarias, todavía encara la problemática en forma parcializada, lo cual explica la extrema diversidad de fondos aplicada que detallamos más arriba. Es por eso que el mote de “perros verdes” –utilizado humorísticamente por algunos funcionarios nacionales para referirse a la experiencia de la ARCentral– se ha hecho extensivo al territorio y ha sido adoptado para autodefinirse por las más de cien cooperativas de Misiones que hoy integran sus programas en diversas áreas.

Es por eso que hasta este momento se está trabajando con una propuesta de mínima, que se apoya en la coordinación sinérgica de diversos organismos para realizar un trabajo mancomunado sobre la provincia de Misiones, con claros avances que podrían ser sistematizados no sólo para potenciar esta interesante experiencia, sino además como matriz que puede servir de experiencia piloto para avanzar hacia la región y el país.

En esta provincia, la garantía de sustentabilidad ha sido el respaldo técnico-político y el apoyo comunitario que recibe cada uno de los programas incluidos en el Proyecto EME (Ecodesarrollo en Misiones por la Equidad), coordinado por una agencia multidisciplinaria que suma a la tarea diversas áreas del gobierno provincial junto con el sector académico, el municipal y el privado, Agencia conformada como fundación sin fines de lucro imposibilitada orgánicamente para comerciar, intermediar onerosamente o apropiarse de marcas o productos.

346

Se trabaja dentro de seis lineamientos operativos, entre los cuales los más avanzados son el de Soberanía alimentaria mediante la creación de una Federación de cooperativas productoras de alimentos –incluyendo edulcorante natural no calórico a partir de la stevia– con 24 cooperativas asociadas en forma activa y 36 adheridas, así como el de desarrollo de dos cuencas amplias para lácteos y producción apícola en proceso inicial de elaboración. En cuanto al turismo rural y los servicios existentes en pequeñas localidades, se está operando mediante una Federación de Cooperativas de Turismo que nuclea a 28 entidades de este tipo, con agencia receptiva propia y que ya está vendiendo a mutuales y cooperativas de todo el país. También se trabaja en la producción de material audiovisual, mediante una Federación de cooperativas Multimedios de Misiones –en formación– que se inscribe en la nueva Ley de Medios e incluye a los pequeños prestadores de servicio por cable del interior de la provincia. El asociativismo de fuerzas locales se desarrolla a través del ya mencionado Programa AMDeM, con presencia en 28 municipios. Finalmente, se está elaborando una carpeta de programa para forestoindustria, apuntando a cooperativizar a microforestadores con hasta diez hectáreas de pino implantado. El objetivo a mediano plazo es lograr implementar una fábrica de viviendas rurales de madera que tienda a solucionar este déficit.

En todos los programas, se busca independizar el futuro desempeño económico de los grupos respecto de cambios en la administración pública o compras por parte del Estado. Agrupar y consolidar, con participación e inclusión social activa en la cadena de valor, evitando intermediarios o marcada dependencia a futuro del Estado, es el sistema elegido en Misiones para crecer y distribuir en el mediano y en el largo plazo.

El proyecto EME se ha constituido ya en una vigorosa herramienta para la sustentabilidad económica de diversas actividades productivas en la provincia. Está siempre presente el enfoque de la autosostenibilidad financiera y ambiental, a través de la importancia integral dedicada a todos los factores, pero especialmente al de comercialización local y manejable de los distintos productos y servicios, tradicional “cuello de botella” en programas similares. Las poblaciones en la región de intervención tienen una larga experiencia e historia de trabajo asociativo y participativo, por lo cual se busca fortalecer o recuperar capacidades de gestión y de

347

organización de grupos, para que puedan apropiarse de distintas técnicas y estrategias productivas, a la vez que priorizan inversiones orientadas a mejorar su nivel de vida y mantener la soberanía sobre sus propios recursos naturales y conocimientos acumulados. Por lo tanto, se puede decir que “las comunidades son los generadores de los resultados”, lo cual constituye el supuesto fundamental de la sostenibilidad.

El Proyecto EME se lleva a cabo a través de la Agencia para el Desarrollo de la Región Central de Misiones (ARCentral), fundación sin fines de lucro conformada en agosto de 2004 por el Estado Provincial, las cámaras regionales de industria y comercio de Alem y Oberá, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Artes y Diseño Industrial de la UNAM, el Instituto Universitario Gastón Dachary; la Fundación Zona Centro de Oberá; las intendencias municipales de Oberá y Alem, la Fundación Instituto Tecnológico (ITEC) de Alem, y asociando al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA de Cerro Azul, la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, al Parque Tecnológico de Misiones, así como a 28 municipios de la provincia.

Se definieron “programas madre” o programas testigo (edulcorante natural stevia, turismo, forestoindustria, alimentos, multimedios y un marco de asociativismo para el desarrollo local) dentro del proyecto integral EME (Ecodesarrollo en Misiones para la Equidad), definiendo zonas de inicio para su posterior expansión gradativa, inicialmente en la región central pero hoy ocupando todo el territorio de la provincia.

Operativamente, se parte del concepto de producir valor agregado localmente a partir de materia prima o servicios abundantes en la zona, capacidad demostrada de elaboración o prestación y mercado potencial verificado. Las líneas de producción se encaran a través de la conformación de núcleos de economía social de escala, con apoyo del Estado durante la primera etapa de desempeño para lograr después sustentabilidad y autonomía en cada programa, incorporando la tecnología disponible y accesible de la mayor calidad posible. Esto se alcanza mediante la aplicación de ingeniería empresarial previa a la convocatoria del espacio social objetivo, e incluye investigación sobre equipamiento industrial disponible a escala adecuada. No es una tarea menor, ya que la enorme mayoría de plantas de industrialización ofrecidas en el país está orientada a empresas privadas de gran porte. Hoy la Agencia cuenta con información

348

disponible de equipamiento disponible en el país o –en el caso de no ser producido aquí– de alternativas de compra, especialmente en la región mercosureña.

Este esquema de consorcios productivos aliados al sector técnico y académico, con desarrollo empresarial y comercial apoyado por el Estado en sus inicios, se ha denominado “economía social de escala con tecnología aplicada y nichos de comercialización garantizados”. Ya hemos mencionado estos aspectos en el capítulo anterior, pero vale la pena reforzarlos a la luz de la experiencia concreta desarrollada en Misiones, ya que con esta práctica, aunque incipiente, se ha intentado superar la etapa meramente enunciativa, para tratar de demostrar en los hechos que su aplicación resulta factible. Este esquema funciona –está comprobado– si se aplica dentro de una propuesta de trabajo a la cual se ha denominado M.I.P., que significa modular, integral y progresiva.

Modular, porque se definieron áreas específicas de trabajo, un sondeo que determinó espacios geográficos iniciales y definió que la Agencia se ocupe del tercio poblacional de menores recursos de la provincia (personas que no son sujeto de crédito) que habitan especialmente en su ámbito rural y que durante la etapa de crisis económica de la década del 90 engrosaron –por un lado– los cordones de pobreza de las ciudades, y –por otro– extendieron la agricultura de subsistencia afectando áreas boscosas protegidas. De lograr alta escala, no es menor el impacto que puede llegar a alcanzar en cuanto a redireccionar los flujos poblacionales bajo una impronta ordenadora del territorio.

Integral, porque se convocó a todas las entidades locales, provinciales y nacionales –sumando en algunos casos  cooperación externa– buscando modificar la tradicional estructura de trabajo por compartimientos estancos y así optimizar los recursos y evitar la superposición de esfuerzos. Asimismo, al democratizar la ejecución al administrar y aplicar los fondos obtenidos a través de aquellas entidades donde resultara más provechoso hacerlo, se logró celeridad y sobre todo una marcada transparencia.

Progresivo, finalmente, porque este esquema a partir de experiencias piloto modulares permite definir núcleos madre capaces de reproducirse solidariamente en todo o gran parte del territorio provincial, con la posibilidad de replicarlos después en otros distritos de la provincia o de la

349

región que se planteen aplicar la misma metodología. Pero además, esa progresividad permite el ingreso de alternativas a la cadena en un mismo rubro. Tal lo sucedido con la experiencia pionera realizada en alimentos con la yerbatera Caficla de Aristóbulo del Valle. Fue la primera experiencia piloto desarrollada por ARCentral, hoy con equipamiento completo y a punto de comercializar en gran escala yerba mate de primera calidad a precios más que competitivos. Ya está previsto que, cuando este espacio productivo llegue a su techo, se incluirá en el proceso a otra yerbatera de una localidad cercana, para producir y envasar yerba mate con otras características. La modalidad progresiva implica no incluir un producto similar hasta que cada “programa madre” no esté completo, y esto explica que los 60 productos en desarrollo sean todos diferentes entre sí.

Este esquema ha servido como parámetro para otros programas, definiendo una metodología de elección de destinos para aplicación de recursos, mediante la adopción de estas experiencias piloto sobre la base de su alto potencial para la inclusión modular de cada vez más cooperativas o asociados, eliminando intermediaciones o sistemas de administración distorsivos.

El proyecto EME se ha propuesto tratar de subsanar los inconvenientes en cuanto a desarrollo social que deberemos combatir para dar un salto significativo. Es un dato comprobable que la falta de concreción integral y sustentable de programas, con un alto porcentaje de falencias por año (programas a medio terminar o fracasados) que antes obedecía no sólo al tan mentado “modelos neoliberal”, y a pesar de los grandes avances verificados, siguen adoleciendo de problemas en cuanto a cortes presupuestarios cuando se trabaja solamente sobre una de las etapas del encadenamiento. Generalmente, esto se observa al concluir la faz productiva propiamente dicha, algo que se pudo observar en el reciente Encuentro Nacional de Ferias Francas. La mayoría de ese impresionante mosaico de producciones, como fenómeno novedoso en la Argentina, ha logrado acceder al primer escalón productivo gracias al decidido apoyo del Estado, pero las mismas reuniones demostraron una alta demanda de las asociaciones y cooperativas de productores acerca de la necesidad de perfeccionar las herramientas de abordaje.

En este marco, uno de los problemas históricos que ha sido la interrupción programática por cambio de planteles técnicos o políticos, seguramente

350

será subsanado por la más que probable continuidad política que se avizora en momentos en que se escribe esta obra. Una oportunidad excelente para avanzar en el ordenamiento del fárrago burocrático que todavía limita la participación de los pequeños productores en propuestas de escala, así como para romper las limitaciones de crecimiento en este tipo de programas que conduzcan a mover significativamente los índices sociales. Pero por sobre todo, y como ya dijimos, para transformar la impronta por la cual el esquema de aplicación de recursos públicos tienda a trabajar de forma sinérgica, objetivo al cual parece apuntar el Plan Estratégico Agroalimentario nacional. Mejorar este desempeño, privilegiando emprendimientos que tengan definidos de antemano y en forma exhaustiva sus nichos de mercado y cómo se repartirá el ingreso, seguramente –y a la luz de la experiencia en Misiones– generará óptimos resultados verificables en el corto plazo.

La viabilidad de las carpetas de programas, la certeza de a quién se le venderá el producto, la idea firme de lo que se pretende hacer en conjunto, la certeza de para qué va a servir cada módulo y la definición de presupuestos bien estructurados, además de la certidumbre de que los emprendimientos resistirán los embates de cualquier pico inflacionario, requiere que el papeleo nunca sea más importantes que la realidad.

El mejor resultado que se puede mostrar es lograr la interrelación de actores locales, provinciales y nacionales bajo un mismo objetivo, cooperativizando esfuerzos y recursos. De esta manera, los proyectos encarados serán incorporados y asimilados como propios por las comunidades objetivo, y permitirá encarar experiencias similares en diversas regiones.

Siguiendo el modelo incipiente de Misiones en cuanto a la creación de cadenas alternativas de producción de canasta básica de consumo mediante federaciones de cooperativas en áreas de menor explotación agraria (no-sojera) vía subsidios y apoyo técnico intensivo, servirá para reemplazar exportaciones y ayudará a romper la dependencia del consumo interno hacia los pools y monopolios definidores de precios. Esta experiencia se asimila además a las propuestas ya analizadas de la FAA cordobesa, del programa del INTA para pequeños y medianos productores de la Pampa Húmeda y sus aledaños, al esquema adoptado por la AFA y –haciendo un

351

parangón más extendido– a la larga tradición de producción cooperativa de canasta básica que posee la Argentina.

Llevar adelante esta propuesta, con sus ventajas de progresividad modular mediante apoyo integral, implica además la posibilidad concreta de comenzar a ganar el mercado interno, rompiendo la actual cartelización y desactivando su capacidad de generar inflación ficticia como herramienta de presión para evitar que los gobiernos populares redistribuyan con justicia. Sin dejar de recordar hasta qué punto de agresividad y chantaje llegaron en el pasado, como en 1955 y 1974-76 cuando sus privilegios históricos se vieron amenazados.

352

ANEXO

COMO COMENZÓ TODOEn el año 2004 un equipo interdisciplinario coordinado por Daniel Llano, Santiago Morazzo y Nelly Schmalko comenzó a trabajar en una propuesta integral de desarrollo para la Región Central de Misiones, a partir de que había sido la más castigada por el aperturismo económico de la década de los 90, espacio geográfico donde se advertía la desaparición de cooperativas, la situación de riesgo de numerosos micro productores y el avance de las fronteras de supervivencia que comenzaba a afectar con fuerza los espacios naturales preservados por la provincia, que incorporan casi un tercio de su territorio. De ese trabajo surgió el Proyecto EME (Ecodesarrollo en Misiones por la Equidad) como propuesta de desarrollo integral sostenible en el entorno de la selva misionera, para el fortalecimiento de la Agencia para el Desarrollo de la Región Central de Misiones (ARCentral) como organismo de aplicación.En este capítulo presentamos ese proyecto, que luego se iría extendiendo a todo el territorio provincial e incluyendo nuevos programas que reseñaremos en el capítulo siguiente, con la propuesta ya en marcha. El objetivo del presente capítulo es mostrar cómo se comenzó a trabajar con estos presupuestos (que son pre en tanto previos, y supuestos en tanto idea a concretar), finalizando esta obra con un muestreo gráfico de algunos de esos avances para el caso específico de alimentos.

353

Proyecto EME (Ecodesarrollo en Misiones por la Equidad)Proyecto de Desarrollo Integral Sostenible en el entorno de la Selva Misionera

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto ha sido diseñado para ser implementado en regiones de escaso desarrollo relativo de la provincia de Misiones, de tal manera que permita extenderlo, adaptarlo y replicarlo en ambientes de similares características geográficas y sociales en todo el país, como también en países limítrofes. Plantea, por un lado, la identificación y divulgación de estrategias para la conservación de la biodiversidad y recuperación de los recursos productivos locales y, por el otro, su utilización sostenible para el desarrollo socioeconómico de la población, a través de la identificación de alternativas productivas sustentables que promuevan el desarrollo de cadenas de valor, la identificación de mercados para la comercialización de los productos y el relevamiento y puesta en valor de los atractivos naturales y culturales para el desarrollo del ecoturismo. Asimismo, se incorporarán herramientas innovadoras tanto en lo tecnológico como en lo institucional, para lo cual se impulsarán las mejores prácticas de utilización de energías renovables aptas para la preservación de los ecosistemas, la aplicación de nuevas tecnologías de conectividad digital y relacional, las oportunidades derivadas de convenios o grandes programas internacionales1 y la promoción de la infraestructura apropiada para el desarrollo productivo. Se crearán espacios de investigación, formación, sensibilización y difusión a nivel nacional, regional e internacional sobre la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sustentable.

La privilegiada situación geográfica de la Provincia de Misiones facilitará el intercambio de estas experiencias con países limítrofes para consolidar el contexto regional del proyecto, dinámica que cuenta también con amplio desarrollo histórico en cuanto a la relación de Misiones con sus estados vecinos del Brasil y con el Paraguay.

1 Como por ejemplo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o el VI Programa Cuadro de la UE.

354

Antecedentes y Justificación

LocalizaciónEl proyecto se desarrolla en tres regiones de la Provincia de Misiones, Argentina. La primera, ubicada en la región central propiamente dicha perteneciente a la meseta misionera, con ondulaciones serranas bajas y amplias áreas de campo, muchas de ellas antiguamente explotadas y hoy en receso. La segunda, la región del faldeo sobre el río Paraná, con características similares a la anterior, a lo cual se agrega que la surcan numerosos cauces de arroyos subsidiarios. Completa el territorio del estudio un área relevante de la región biogeográfica de la Selva Paranaense (márgenes del Río Uruguay), zona subtropical de vegetación muy abundante (bosque nativo) alternando con sectores de capuera (terrenos que han sido desmalezados, a machete o con fuego, y donde se desarrolla una vegetación nueva compuesta árboles de escaso porte, gramíneas y pequeños arbustos), y campo. Las tres regiones conforman así una franja de alrededor de 130 kilómetros de ancho entre los dos grande ríos, el Uruguay y el Paraná.

Por otra parte, el Proyecto permitirá incluir otras áreas, que por sus características análogas a aquéllas ya seleccionadas, hagan posible la lucha contra la pobreza fundada en la mejora de las condiciones socio-económicas locales, la promoción del desarrollo productivo sustentable mediante experiencias modulares, integradoras y ampliamente participativas, fundamentadas especialmente en la vasta tarea ya desarrollada en la región por la ARCentral en forma mancomunada con los gobiernos municipales, las entidades educativas y académicas, así como las asociaciones campesinas, de productores y de servicios y comercio.

Consideraciones generalesLa provincia de Misiones, ubicada en el extremo nordeste de la República Argentina, cuenta con más de 900 kilómetros de fronteras internacionales, y se encuentra prácticamente rodeada por territorio brasileño y paraguayo.

355

Junto con Tucumán, son las únicas provincias con más de un tercio de población dedicada a la actividad agrícola, y su base productiva está ligada a unos pocos productos básicos como yerba mate, té, tabaco, madera nativa o implantada y sus derivados, y en menor medida esencias aromáticas, aceite de tung y cítricos.

El proceso de crisis profunda por el que ha atravesado la Argentina tuvo un importante impacto en la Provincia, fundamentalmente en dos aspectos: por un lado, las diferencias cambiarias desfavorables para Misiones, produjeron una importante disminución del circulante, vía compras en el extranjero o vía contrabando. Por otro lado, el proceso de concentración en pocas empresas de las actividades líderes de la provincia, produjo expulsión masiva de mano de obra y la curva de distribución del ingreso se revirtió en términos absolutos. Productos emblemáticos como la yerba mate, que en el pasado distribuían ingreso social territorialmente, dejaron de constituir una alternativa productiva para un importante número de productores minifundistas (colonos).

Ambos procesos, simultáneos y concomitantes, produjeron un fenómeno de migración interna directamente relacionado con la conformación de cordones suburbanos de concentración de la pobreza (villas miseria) hasta entonces casi inexistentes en la provincia. En torno a las ciudades más importantes, como Iguazú, Eldorado, Oberá, Leandro N. Alem, Apóstoles, pero muy especialmente en la capital, Posadas, el fenómeno alcanzó niveles dramáticos impactando los servicios sociales y otras áreas, ya saturadas históricamente.

Por otro lado, la exclusión y la expulsión del agro produjeron otro fenómeno migratorio. Los pequeños propietarios y los trabajadores rurales comenzaron a extender las fronteras agrícolas de supervivencia mediante intrusión de propiedades privadas y en áreas estatales preservadas, para proveerse de maderas para venta y leña, y realizar prácticas básicas de cultivo y cría en los sectores talados, muchas veces con quema previa del predio. Esta práctica ha sido alentada en numerosas ocasiones por empresas

356

madereras, que se beneficiaban por partida doble: por la compra a precio vil de rollos de madera nativa talados sin autorización, y porque en definitiva estas áreas iban quedando abandonadas y prácticamente inutilizables, excepto para forestar con pinos.

Este proceso migratorio interno ligado a la pobreza, se transformó así en la principal causa de depredación del manchón boscoso subtropical misionero, espacio que por ley ocupa un tercio de la superficie de la provincia, y que constituye una prioridad de la política de Estado (Misiones recibió el premio Wild World Fundation 2004 por su política estatal de preservación, incluyendo el tratamiento de la problemática migratoria intrusiva).

Dentro del mapa productivo de la provincia, las regiones seleccionadas han cumplido un importante papel en el aporte a la migración interna misionera ligada a la pobreza. Desde la región Central salieron los mayores contingentes de expulsados que hoy engrosan los cordones de pobreza de las ciudades, o intrusan áreas privadas y estatales dentro del denominado Corredor Verde de Misiones.

El gobierno de la provincia, en conjunto con los municipios, el sector privado en sus instancias representativas, las instituciones religiosas y del conocimiento, ha realizado importantes esfuerzos coordinados que se tradujeron en políticas públicas para revertir la problemática tanto de la emergencia social, como de la reconversión productiva y del ordenamiento territorial. Si bien se ha logrado, en los últimos años, frenar el proceso de migración interna y sus efectos sociales consecuentes, a través de la atención de los cordones urbanos de pobreza y de las áreas de extensión de las fronteras agropecuarias de supervivencia, estas acciones no han resultado suficientes para erradicar sus causas y, sobre todo, para incorporar a la mayoría de la población a un proceso de desarrollo sostenido.

357

Análisis FODAComo síntesis del diagnóstico inicial de las regiones seleccionadas, y base conceptual para un análisis FODA, pueden mencionarse:

Puntos de Fuerza:

Iniciativas de la población para mejor aprovechamiento agrícola de sus predios por forestación, cultivo de forrajeras, hortalizas y flores, elaboración artesanal de subproductos

Experiencia de industrialización de productos forestales Búsqueda por parte de los jóvenes de nuevas oportunidades

productivas y de aprendizaje laboral Prácticas culturales de autoconsumo y autoabastecimiento Prácticas de industrialización a escala artesanal Prácticas de industrialización a escala cooperativa Trabajo anterior con grupos de productores de la zona Nichos de mercado local detectados Áreas estatales de compra abiertas a la adquisición de producción

zonal

Oportunidades:

Conocimiento por parte de la población de plantas nativas para uso productivo y terapéutico

Disponibilidad de predios hasta 25 hectáreas para el desarrollo de actividades agropecuarias (muchos compartidos por varias familias emparentadas)

Disponibilidad de herramientas Conocimiento de técnicas y prácticas ancestrales adecuadas para

cultivos y cría de animales Apoyo gubernamental municipal y provincial Cercanía del INTA Cerro Azul (suroeste) y el INTA San Vicente

(noroeste) Cercanía de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM

Puntos de Debilidad:

358

Escasa valorización del territorio, sus recursos y su potencial de desarrollo

Pérdida de la cultura del autoabastecimiento Escaso desarrollo de cadenas de valor de la producción local Fragilidad en el sistema de actores territoriales Desvalorización de la cultura local y sus prácticas tradicionales Población en situación de pobreza estructural y aislamiento

geográfico Población con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas Falta de instrumentos de promoción económica integral

Amenazas:

Prácticas extractivas que comprometen la biodiversidad Prácticas productivas con baja eficiencia en manejo de cultivos y

alto impacto en los suelos Éxodo de la población rural Inequidad de género Alta competencia transfronteriza en productos tradicionales

Características de la provincia Según datos del Censo 2001, la provincia tenía 963.869 habitantes que representan el 2,7% de la población del país. Algo más de 144 mil hogares de la provincia (58,9%) y casi 700 mil personas (69,1% de su población) se ubicaban por debajo de la línea de la pobreza. En tanto, el 30,2% del total de hogares y el 38,6% de la población (374 mil personas) no alcanzaban a cubrir con sus ingresos el nivel mínimo de subsistencia, ubicándose en la indigencia.

La evolución de estos indicadores en la década de los 90 da cuenta de una agudización del problema de la pobreza y de la indigencia. Si bien la situación de la provincia es similar a la de la región NEA a la que pertenece, supera la que se observa para el conjunto urbano. En Misiones aumentó en cerca de un 62% la población pobre y creció sensiblemente el peso de la indigencia al interior del universo de pobres (los indigentes pasaron de representar el 34% en 1999 al 56% en 2002).

359

Con posterioridad a mayo de 2002, el incremento de los precios de los componentes de la canasta familiar ha generado un ulterior impacto sobre la pobreza y la indigencia. Se estima, asimismo, que el fuerte incremento de los precios de los productos alimentarios básicos habría contribuido a aumentar el déficit de ingresos de los hogares pobres.

La mortalidad infantil (TMI) de la provincia (19.6 por mil) se ubicaba por sobre el valor promedio nacional (16,3 por mil) en el año 2001. Misiones es una de las provincias con más alto porcentaje de maternidad adolescente del país, según estadísticas del año 2000. El 20,5% de los nacimientos de la provincia corresponden a madres de menores de 20 años.

Podemos concluir que, a pesar de los programas estatales lanzados y su marcado impacto benéfico en los índices durante los últimos años, en la provincia un gran número de hogares todavía no posee hoy poder de demanda efectiva para acceder a productos de la canasta básica de alimentos y como para satisfacer apropiadamente sus necesidades por vía del mercado. Esta situación afecta la nutrición de los miembros de la familias, principalmente los niños, por lo que resulta imprescindible encontrar alternativas para la provisión de una dieta adecuada, no sólo por distribución de los alimentos necesarios, sino valorizando el alimento, la salud y el bienestar de las personas.

Estructura Productiva

La estructura productiva de la provincia se caracteriza por la predominancia del sector terciario, al que le sigue el secundario. El sector primario, con un peso cercano al 9% del total, se centra en la agricultura y la silvicultura. La primera está orientada a cultivos tales como la yerba mate, el té y el tabaco. La actividad forestal se centra en la explotación de bosques implantados. La actividad manufacturera se vincula, principalmente, a la elaboración de materias primas de origen local y da lugar a actividades tales como los aserraderos, la industria de celulosa y

360

papel, yerba, tabaco y té, en la mayoría de los casos con escaso valor agregado y con la presencia de pocas empresas líderes.

El sistema productivo se ha desarrollado en base a especializaciones (monocultivo) de los productos mencionados y los productores rurales han ido perdiendo la cultura del autoabastecimiento, adquiriendo la mayor parte de los productos para su sustento y el de su familia en el mercado. La pérdida de rentabilidad por la caída de los precios, la competencia externa por la apertura económica y los requisitos tecnológicos de la revolución verde, han producidos enormes efectos negativos tanto desde el punto de vista social como ambiental: erosión y acidificación de suelos, desertificación, contaminación de aguas, alimentos y personas, extinción de plantas y animales, pobreza y tensiones sociales, entre otras. El resultado de las políticas agrícolas ha sido la costosa sustitución de tecnologías y productos autóctonos por otros exógenos, que inhibieron el aprovechamiento de la productividad natural.

Comunidades objetivo:

Zona Central:

En esta zona las comunidades seleccionadas son pequeños productores minifundistas, con no más de 25 hectáreas por familia, altamente cooperativizados y con cierta diversificación productiva (cultivan yerba mate, tabaco, té) y con creciente y aún aislada actividad silvo-pastoril. Esta región fue la que sufrió el mayor impacto cambiario y concentrador, sirviendo como parámetro revelador el cómputo de integrantes con que contaba hace quince años la mayor y más floreciente cooperativa de la zona, la CALO (Cooperativa Agrícola Limitada de Oberá), que de contar con 5.200 asociados, en menos de quince años ha pasado a tener sólo 138 y a encontrase al borde de la quiebra.

La caracterización social de esta población es de alto componente migratorio centroeuropeo, con buen desempeño de capacidades laborales mediante traspaso cultural por parte de sus ancestros y un marcado espíritu

361

de asociatividad, ya que es la región donde existe mayor cantidad de cooperativas, a pesar del grado de debilidad en que se encuentran en la actualidad. Conforma el más amplio grupo de familias-objetivo del programa, con un total de aproximadamente 30 mil núcleos potencialmente destinatarios de la propuesta. La infraestructura vial desarrollada en el pasado, que resultó sumamente onerosa en términos de endeudamiento para Misiones, resulta hoy un beneficio a explotar, así como el tendido de redes de electrificación rural, que muestran en la Región central la mayor cantidad de líneas per cápita de la provincia, aún con un muy bajo uso de su capacidad. En términos generales, se puede decir que el área es la más importante en términos de impacto humano.

Región del Faldeo del Río Paraná:

En esta área se encuentran comunidades de pequeños productores minifundistas en mayor estado de abandono, ya que se trata de los primeros espacios colonizados en Misiones y por tanto los más afectados en términos ambientales. Al igual que en la Zona Central, el promedio es de no más de 25 hectáreas por familia, cooperativizadas relativamente y con baja diversificación productiva (cultivan sobre todo yerba mate y productos para el autoconsumo). Esta región ha ido perdiendo peso relativo, luego de ser la más pujante a principios del siglo XX, y cuenta con muchos atractivos turísticos inexplotados o con bajo aprovechamiento (reducciones jesuíticas, farallones del Paraná, parques, arroyos y –al igual que la Central– cascadas menores).

La caracterización social de esta población es de alto componente migratorio paraguayo, mezclado con corrientes centroeuropeas, en promedio con bajo desempeño de capacidades laborales y bajo espíritu de cooperativización. Conforma el segundo grupo de familias objetivo del programa, con un total de aproximadamente 10 mil núcleos potencialmente destinatarios de la propuesta. La infraestructura vial que la recorre es la más importante de la provincia, aunque funciona como vía de paso entre polos productivos más desarrollados en norte y sur, como así también de tránsito hacia las Cataratas del Iguazú. Existe tendido de redes de

362

electrificación rural, que muestran en la Región del valle del Paraná la segunda mayor cantidad de líneas per cápita de la provincia, aún con un muy bajo uso de su capacidad al igual que en la Zona Central. En términos generales, se puede decir que el área es la más importante en términos de desarrollo turístico.

Región Suroeste:

En la región suroeste, la población beneficiaria está integrada por pequeños productores agropecuarios. Su actividad es de larga data, porque en general son hijos o nietos de los primeros pequeños productores rurales. Las explotaciones son familiares. Pese a su situación de pobreza, la población ha desarrollado una estrategia de auto subsistencia basada en la producción de cultivos anuales y cría de aves y cerdos para consumo familiar. Se cultiva principalmente caña de azúcar, tabaco, mandioca, soja, maíz, porotos, que se realiza en equipos mixtos (participan las mujeres y los hijos), complementado con cría de animales, principalmente aves y cerdos. Del monte se extraen frutas nativas, hierbas medicinales y leña. En algunas localidades hay una incipiente actividad forestal, apícola y cultivo de especies frutales.

Características:

Las comunidades seleccionadas están localizadas en una franja de serranías y su faldeos, ubicada entre los ríos Paraná y Uruguay, de vegetación todavía abundante correspondiente a la selva subtropical (a la que los pobladores denominan monte) alternando con sectores de capuera y campo. El clima es subtropical sin estación seca. Las precipitaciones oscilan alrededor de 1500 mm al año. Los suelos son lateríticos, ácidos, fértiles y con relieves pronunciados en algunas áreas al borde de la Meseta Central.

Si bien algunas localidades poseen organizaciones constituidas como cooperativas y asociaciones de productores, los vínculos de parentesco, de

363

compadrazgo y vecinales proporcionan la matriz social sobre la que se organiza este sistema de reciprocidad. La mayoría de las viviendas son de paredes de madera, con piso de cemento y techo de chapa. En cuanto a la movilidad, la mayoría se traslada a caballo, a pie o en carro tirado por bueyes. Con relación a los servicios básicos, en general no poseen agua corriente, gas ni cloacas, pero sí electricidad. La atención de la salud se realiza en postas sanitarias y los establecimientos educativos son de 1º y 2º ciclo de EGB.

Objetivos

GeneralEl objetivo general al que se busca contribuir con el presente proyecto es promover el desarrollo socioeconómico de regiones seleccionadas de la provincia, a través de la utilización sostenible de los recursos locales y su incorporación al circuito productivo como estrategia para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población.

EspecíficoEl proyecto tendrá como objetivo específico realizar programas que permitan concretar una propuesta de desarrollo integral sostenible de las comunidades de las regiones pertinentes, para la conservación, el manejo sustentable y la puesta en valor de los recursos locales.

Para realizar este Proyecto, se partió de un enfoque del desarrollo orientado a compatibilizar las prácticas culturales, organizativas y de protección del medioambiente con las exigencias del desarrollo. El proyecto propone estrategias que consideran la conexión e interacción entre naturaleza, formas de producción y el ser humano, y no exclusivamente los recursos productivos existentes y los sistemas de utilización posibles.

En síntesis, se propone contribuir a:

364

la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida y evitar el éxodo de la población rural;

la creación de una cultura del trabajo y la producción social y ambientalmente sustentable;

el impulso de redes productivas que promuevan el desarrollo sustentable con eje en el poblador rural.

o Identificando y evaluando: nuevas alternativas de producción; tecnologías apropiadas para solucionar problemas existentes

en las regiones pertinentes; tecnologías complementarias a los sistemas de producción

vigentes; cadenas de valor para la integración de la producción local; necesidades de mejora de infraestructura y equipamiento para

el fortalecimiento de la producción primaria y secundaria; oportunidades de vinculación comercial a escala local y

regional.

o Diseñando una propuesta de curso de acción que permita: promover el desarrollo socioeconómico local a través de la

articulación y puesta en valor de los recursos naturales y culturales;

incorporar innovación tecnológica e institucional; fortalecer la capacidad de integración y organización de la

comunidad; integrar al sector en redes regionales, nacionales e

internacionales; desarrollar programas de capacitación, intercambio y

concientización de productores, instituciones especializadas, el Estado y la sociedad;

planear y poner en práctica el marketing estratégico y operativo de productos y servicios.

Resultados (outputs) e indicadores.Se esperan cinco resultados que permitan lograr el objetivo específico, en un período inicial de implementación de 18 meses:

365

1. Se diseñará una estrategia de preservación de la biodiversidad y gestión sustentable de los recursos locales en las regiones consideradas, promoviendo políticas de reconversión productiva y social y de aprovechamiento apropiado de los recursos naturales, que permitan su resguardo para las generaciones futuras.

2. Se diseñará una estrategia de recuperación de la soberanía alimentaria de la provincia, promoviendo el acceso a una nutrición adecuada de las familias en las regiones seleccionadas y la puesta en disponibilidad de un sistema de distribución de alimentos en condiciones bromatológicas y nutricionales adecuadas.

3. Se diseñará una estrategia de desarrollo de oportunidades económicas para las poblaciones de las regiones seleccionadas, basada en la utilización sostenible de los recursos naturales, la identificación de tecnologías productivas, equipamiento e infraestructura adecuados, el desarrollo de cadenas de valor para la producción local, la articulación en redes de comercialización con criterios participativos, asociativos y justos y la puesta en valor de recursos turísticos no convencionales (ecoturismo, turismo rural).

4. Se diseñará una estrategia de introducción de innovación tecnológica e institucional, en particular para la utilización de energías de fuentes renovables de uso doméstico y productivo (solar térmico, biomasa, mini-hidráulica); amplia aplicación de tecnologías de conectividad digital y relacional; consolidación de nuevas instancias (reales y virtuales) de colaboración público-privada; creación de un observatorio de investigación, formación, sensibilización y difusión a nivel nacional y regional sobre el desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad; como así también la inserción de esta red provincial en programas internacionales relevantes.

5. Se diseñará una propuesta de intercambio y vinculación con instituciones locales, nacionales y regionales (MERCOSUR) para mejorar las capacidades sobre preservación de la biodiversidad y uso sustentable de los recursos productivos.

Avances de la propuesta (año 2005):

366

Resultado 1

Se ha diseñado una estrategia de preservación de la biodiversidad y gestión sustentable de los recursos locales en las regiones consideradas, promoviendo políticas de reconversión productiva y social y de aprovechamiento apropiado de los recursos naturales, que permitan su resguardo para las generaciones futuras.

Indicadores IOV:

Informes de diagnóstico productivo, comercial, de infraestructura, socio económico de los productores e institucional en las regiones de interés.

Informe de diagnóstico de los principales problemas ambientales derivados de la actividad productiva y políticas de protección ambiental vigentes en la provincia.

Base de datos. Sistematización de los diagnósticos. Construcción de escenarios de reconversión productiva y

reconversión social orientados a la conservación de la biodiversidad en las regiones de interés.

Datos de niveles de degradación, cartografía y prácticas de manejo de suelos.

Programa de manejo y recuperación de suelos Programas de capacitación de técnicos y productores en conservación

de suelos, manejo de recursos naturales y agricultura agro ecológica, producción y conservación de semillas.

Cuatro parcelas demostrativas de viveros de semillas instalados. Registro de productores que incorporan semillas en las regiones

consideradas. Informes de ensayos comparativos en variedades locales relevantes

en agro ecología. Diseño de material didáctico y de difusión (cartillas, trípticos, videos,

etc.). Prototipo de chacra ecológica adecuada en ambas regiones. Prototipo de viveros de leñosas nativas y exóticas y sus usos. Propuesta de campañas de aprovechamiento de micro reforestación. Propuesta de material didáctico. Propuesta de una estrategia de comunicación y visibilidad.

367

Resultado 2

Se ha diseñado una estrategia de recuperación de la soberanía alimentaria de la provincia, promoviendo el acceso a una nutrición adecuada de las familias en las regiones seleccionadas y la puesta en disponibilidad de un sistema de distribución de alimentos en condiciones bromatológicas y nutricionales adecuados.

Indicadores IOV:

Informe analítico calórico-nutricional de las dietas alimentarias en las poblaciones seleccionadas

Mapa de carencias calóricos-nutricionales de cada unidad de análisis Informe conteniendo la disponibilidad local de insumos y alimentos Perfiles de hábitos nutricionales Esquema metodológico para modificación de la dieta Talleres participativos para el relevamiento de información y

concientización sobre prácticas nutricionales dictados por localidad Desarrollo de los talleres por localidad Material didáctico y de difusión de dietas alimentarias Informe con relevamiento de tecnologías pertinentes. Modelo de autoabastecimiento alimentario incluyendo módulos

productivos, riego y producción de semillas Informe del relevamiento de políticas públicas alimentarias Diseño de sistema de distribución (mercados locales) incluyendo

logística Desarrollo de tres encuentros campo-ciudad entre productores y

pequeños comerciantes urbanos Documento síntesis del encuentro

Resultado 3

Se ha diseñado una estrategia de desarrollo de oportunidades económicas para las poblaciones de las regiones seleccionadas, basada en la utilización sostenible de los recursos naturales, la identificación de tecnologías productivas, equipamiento e infraestructura adecuados, el desarrollo de cadenas de valor para la producción local, la articulación en redes de comercialización con criterios participativos, asociativos y justos y la puesta en valor de recursos turísticos no convencionales (ecoturismo, turismo rural).

368

Indicadores IOV:

Para el componente productivo:

Banco de datos conteniendo clasificación botánica de plantas nativas medicinales, aromáticas, especies frutales y flora local para las regiones de interés

Formulación de proyecto de un sistema de producción y conservación de semillas

Estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para la elaboración de subproductos a partir de recursos locales (caña de azúcar, stevia rebaudiana, frutos nativos, plantas medicinales, viviendas de madera), incluyendo diseño y prueba de equipamiento adecuado

Informe conteniendo equipamiento e infraestructura productiva utilizados en países vecinos (Brasil y Paraguay)

Estudio de mercado para los diferentes productos Diseño de estrategia de comercialización para los diferentes

productos Listado de Instituciones locales de apoyo. Formación de redes.

Contactos realizados Diseño de una estrategia de transferencia y difusión de tecnologías

apropiadas para las diferentes producciones Relevamiento de fuentes de financiamiento para inversión.

Para el componente turismo:

Diseño de circuitos turísticos para ecoturismo y turismo rural en las regiones seleccionadas

Informe de relevamiento de infraestructura turística existente en las regiones de interés

Proyecto de infraestructura turística complementaria según circuitos diseñados, incluyendo logística

Programa de capacitación en atención turística Estudio del mercado turístico Listado de instituciones locales de apoyo. Propuesta de articulación

en red. Contactos realizados Propuesta de material de difusión turística (folletos, videos, CDs, etc)

369

Para el componente social:

Informe conteniendo la matriz social de los principales actores destinatarios del proyecto en las regiones seleccionadas

Resultado 4

Se ha diseñado una estrategia de introducción de innovación tecnológica e institucional, en particular de:

utilización de energías de fuentes renovables de uso doméstico y productivo (solar térmico, biomasa, mini-hidráulica);

aplicación de tecnologías de conectividad digital y relacional; consolidación de nuevas instancias (reales y virtuales) de

colaboración público-privada hacia un ordenamiento superador de las obras y servicios públicos municipales, provinciales y nacionales concomitantes con las nuevas estrategias productivas;

creación de un observatorio de investigación, formación, sensibilización y difusión a nivel provincial sobre el desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad;

inserción de esta red provincial en programas regionales relevantes.

Indicadores IOV:

Informe de evaluación del equipamiento de uso doméstico y productivo instalado

Propuesta conteniendo prototipos de invernáculos, secaderos, fogones y cocinas de bajo consumo complementarios y/o alternativos para uso doméstico y productivo

Estudio de factibilidad de aprovechamiento hídrico, incluyendo propuesta de obras

Propuesta de unidades demostrativas de sistemas de riego, captación de agua de lluvia, estanques naturales, entre otras

Informe conteniendo equipamiento e infraestructura productiva utilizados en países vecinos (Brasil y Paraguay)

Informe de los acuerdos establecidos para mejor la colaboración público-privada

370

Resultado 5:

Se ha diseñado una propuesta de intercambio y vinculación con instituciones locales, nacionales y regionales (MERCOSUR) para mejorar las capacidades sobre conservación de la diversidad biológica y uso sustentable de los recursos productivos y la elaboración de programas de educación y sensibilización.

Indicadores IOV:

Convenios y actas de acuerdo con instituciones locales, nacionales y regionales vinculadas a la conservación de la diversidad biológica

Encuentros regionales de intercambio de experiencias en el desarrollo de sistemas productivos basados en el uso sostenible de la biodiversidad

Visitas educativas de intercambio de experiencias con Brasil y Paraguay

Talleres para líderes y funcionarios en gestión estratégica de recursos de la biodiversidad

Diseño de Programa educativo-formativo Proyecto de promoción de los sistemas productivos basados en el uso

sustentable de los recursos naturales

Descripción de las Actividades.

Coordinación del Estudio: Se refiere a todas aquéllas funciones esenciales para el regular desenvolvimiento del conjunto de actores y actividades previstas. En particular:

o La selección y contratación de los expertos localeso El monitoreo global permanente del plan de actividades y la

realimentación de las pertinentes acciones correctivas para asegurar el regular desarrollo del Proyecto;

o La evaluación final de los resultados obtenidos por cada una de las líneas de acción

o La relación funcional con los responsables de la implementación de otros programas municipales, provinciales, nacionales e

371

internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que resulten de interés para el buen funcionamiento del Proyecto.

o La redacción de documentos oficiales y la realización de tareas de difusión sobre la naturaleza, alcances, logros y características del Proyecto.

o La búsqueda de fuentes de financiamiento para la etapa de ejecución y el establecimiento de la normativa y mecanismos de utilización de los fondos de inversión, incluyendo créditos para los beneficiarios así como líneas futuras de inversión subsidiada según prioridades resultantes de los estudios realizados.

o Aprobación de programas y seminarios de capacitación e intercambio y gestión de las condiciones necesarias para su implementación.

Tendientes a obtener el Resultado 1: (Diseño de una estrategia de conservación de la biodiversidad y recuperación de los recursos agropecuarios en la región considerada, promoviendo políticas de reconversión productiva y social y de aprovechamiento apropiado de la flora y fauna locales, que permitan la preservación de las mismas y de su hábitat natural).

Realización de un diagnóstico de recursos disponibles en las regiones seleccionadas y construcción de escenarios productivos para su uso sustentable.

La necesidad de formular modelos productivos acordes a la complejidad de los sistemas ambientales (la sociedad humana y su entorno natural y construido) cobra particular importancia en la provincia de Misiones, donde la ecuación pobreza-destrucción de los recursos naturales se potencia por las características del ecosistema.

Los problemas ambientales son también emergentes de fenómenos de carácter social, especialmente de las condiciones y nivel de desarrollo de las poblaciones. Las prácticas productivas y el saber de las poblaciones deben ser tomados en cuenta para diseñar una propuesta de desarrollo sostenible que se asienta en tres pilares básicos: la racionalidad en el

372

manejo de los ecosistemas, la ecuanimidad económico-social y la pluralidad cultural. Como punto de partida para el desarrollo de los estudios se realizó:

- Relevamiento de la estructura productiva de cada zona- Relevamiento socio económico de los productores de cada zona- Relevamiento de prácticas productivas desarrolladas - Relevamiento de estrategias de comercialización utilizadas - Relevamiento de la infraestructura local e impacto en la producción

local - Relevamiento de los principales problemas ambientales derivados de

la actividad productiva- Relevamiento de las políticas ambientales (legislación, marcos

institucionales y mecanismos operativos) vigentes en la provincia - Relevamiento de las instituciones locales y nivel de inserción en las

comunidades seleccionadas.- Relevamiento de prácticas asociativas y/o comunitarias en las que

participan los productores.- Diseño de base de datos.- Sistematización y análisis de la información.- Construcción de escenarios.

Realización de un diagnóstico de las características del suelo y las prácticas de manejo utilizadas que permitan elaborar estrategias de protección y recuperación de suelos para mantener y/o elevar la productividad (Plan de Manejo y Recuperación de Suelo).

En Misiones, uno de los principales recursos deteriorados por prácticas no adecuadas es el suelo por perdida de la cobertura vegetal, agravada por su exposición al sol y las precipitaciones, ambos de gran intensidad, a lo que se suman las pendientes presentes en toda la extensión del área del proyecto.

Fue necesario realizar una estrategia programada de conservación y recuperación de suelos a fin de mantener su productividad y elevarla en aquellos casos de deterioro severo.

373

Se realizaron estudios en terreno para determinar los niveles de degradación por áreas (micro cuencas), y dentro de cada unidad productiva (parcela catastral). Se replanteó sobre cartografía satelital dónde se determinarán las áreas boscosas y de bajo cultivo. Con base en la información técnica relevada se diseñó una base de datos.

Con base para el diagnóstico realizado, se elaboró un programa de manejo y recuperación de suelos, basado en capacitaciones e intercambios de experiencias entre agricultores, en jornadas de campo visitando experiencias de producción que utilizan las técnicas propuestas guiadas por los técnicos de terreno, sintetizadas en una guía de prácticas de conservación de suelos y en la instalación de unidades demostrativas de manejo de cultivos con incorporación de estas técnicas.

Se aplicó un enfoque que permita concebir el sistema productivo integrado al ambiente natural, preservando espacios de bosque nativo conformando corredores a modo de cortinas, que servirán para protección de la fauna y para enriquecerlos con especies frutales autóctonas. Estos corredores tendrán continuidad entre parcelas integrando áreas mayores, uniéndose a los macizos de bosque nativo que están bajo un manejo de recuperación o enriquecimiento y aquellos bajo conservación.

Diseño de programas de promoción de prácticas de cultivo compatibles con la conservación de suelos en las parcelas de cultivos semilleros.

La producción local de semillas y otros órganos de propagación de los cultivos tradicionales como el maíz, la mandioca, la caña de azúcar, el tabaco, etc., la mayoría de ellos con una larga historia de cultivo, es una de las prioridades del proyecto. Se identificaron las variedades utilizadas en las comunidades, por sus características productivas y por sus usos, especialmente culinarios.

Se elaboró un programa de capacitación a productores y técnicos de terreno en la producción y conservación de semillas locales, que contempla el

374

intercambio de germoplasma entre comunidades de acuerdo a sus intereses y necesidades. De esta manera se tendrá independencia sobre un recurso estratégico como es la semilla, que además tendrá una alta adaptación al ambiente local.

Durante la duración de la segunda etapa del proyecto se trabajó en talleres con productores en cada localidad, a partir de los cuales se relevaron las variedades utilizadas, que podrán ser multiplicadas s por todos los demás productores. Se trabajó con grupo de productores nucleados en alguna organización con capacidad de difundir los resultados en su territorio.

Las parcelas de cultivos para semilleros servirán como parcelas demostrativas de prácticas agro ecológicas. Cada parcela de una misma especie podrá instalarse con una práctica diferente en cada localidad, de manera de mostrar varias alternativas de manejo agro ecológico, pudiendo ser utilizadas en las jornadas de capacitación, tanto de producción de semillas como de manejo de suelos y de cultivos.

Se prevé para esta actividad:

Realizar encuestas a 1000 agricultores para promover el uso de semillas de calidad adaptada a cada zona agro ecológica, y se elaborará un registro de productores que incorporan semillas. Realizar ensayos comparativos entre las variedades locales seleccionadas, para lo cual se interesará a la Estación Experimental local de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) situada en Cerro Azul, en el centro del área del proyecto y al Ministerio provincial del Agro y la Producción, para su difusión posterior. Los ensayos no serán para evaluar producción en volumen por unidad de área solamente, algo poco relevante en agro ecología, sino aspectos integrales del cultivo que lo destaquen cualitativamente, sobre todo en su adaptación a prácticas frecuentes en agricultura ecológica, como adaptación a consorciaciones, respuesta a coberturas y abonos verdes, alternativas de uso en alimentación humana y animal, etc.

375

Instalar parcelas demostrativas de viveros de semillas, para promover practicas de cultivo compatibles con la conservación de suelos La importancia del manejo de las semillas por parte de las comunidades agrícolas, su apropiación, las prácticas de producción y conservación, la valorización de su difusión e intercambio, serán promovidos mediante materiales didácticos diversos que se difundirán en los cursos y jornadas de capacitación sobre el tema, en los medios de difusión, en las oficinas de diversos organismos en la zona, etc. (cartillas, trípticos, boletines, videos, cortos radiales)

Realización de estudios de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para la conversión de chacras2 con agricultura convencional hacia modelos agro-ecológicos sustentables.

Se prevé el diseño de prototipos de Chacra Ecológica (sin quema y sin laboreo de suelo), y su aplicación en las áreas de interés, a partir de chacras existentes en proceso de reconversión desde la producción convencional a modelos agroecológicos sustentables, con información individual de su proceso y una sistematización de su estructura productiva, información socioeconómica, perfiles, transectas, mapeos, etc.

Realización de estudios para el diseño de un programa de preservación del bosque nativo y recuperación de áreas cubiertas con bosques degradados, incorporando a los mismos especies nativas energéticas y maderables, frutícolas y melíferas nativas y/o exóticas para uso energético, constructivo y recuperación de áreas bajo presión extractiva por parte de la población.

La presión sobre el recurso bosque nativo para habilitar tierras de cultivo, así como para obtener madera para construcción, energía, etc. ha sido una de las causas del deterioro del bosque y de los suelos. Existe una gran superficie sin cubierta arbórea, hoy improductiva y degradada, que puede incorporarse a un proceso de recuperación a largo plazo, que por un lado ofrezca la posibilidad de producir maderas para los usos arriba mencionados en el corto plazo, y disminuir o anular la presión sobre el bosque nativo, a la vez que servirá para estabilizar los suelos. 2 Se llama chacra una parcela de cultivo en zona rural. En Misiones se considera una unidad económica una chacra de 25 has.

376

Se prevén las siguientes acciones:

a Diseño e instalación de prototipos de viveros de leñosas nativas y exóticas para uso energético, constructivo y de recuperación, que servirán como unidades demostrativas para la provisión de plantines para la reforestación (punto b), así como centros de difusión para una campaña de concienciación sobre la importancia del bosque en estos agro ecosistemas.

b Diseño de campañas de reforestación de las superficies cubiertas con bosques degradados o preservados: se promoverá el enriquecimiento de la masa con especies autóctonas con destino maderable, productoras de frutas y de floración apropiada para la producción de miel. Como resultado se estabilizan áreas donde se intervendrá en el largo plazo para una extracción selectiva de árboles maduros de gran valor para la industria del aserrío o de láminas.

c Inventario de las superficies enriquecidas y de las parcelas de bosques preservados o implantados.

d Diseño de material didáctico masivo. Elaboración de estrategia de comunicación en medios de comunicación radial.

e Elaboración de un proyecto de aprovechamiento maderable de los microforestadores para la construcción de viviendas.

Tendientes a obtener el Resultado 2: (Diseño de una estrategia de recuperación de la soberanía alimentaria de la provincia, promoviendo el acceso a una nutrición adecuada de las familias en las regiones seleccionadas y la puesta en disponibilidad de un sistema de distribución de alimentos en condiciones bromatológicas y nutricionales adecuados).

Misiones se caracterizó históricamente por la importancia de los pequeños productores agropecuarios en la generación de alimentos para la población. Las políticas implementadas en la década del 90, que se tradujeron en un claro proceso de concentración y expoliación, destruyeron el tejido productivo estructurado en torno al autoabastecimiento de la familia rural.

377

La propuesta está orientada a recuperar la cultura nutricional, considerando que alimentarse y nutrirse son derechos humanos fundamentales y avanzar hacia la recuperación de la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos.

Realización de un diagnóstico calórico-nutricional y modelos de producción de alimentos de acuerdo a requerimientos nutricionales.

Este componente se centra como prioridad en una estrategia para involucrar la población beneficiaria en un rol de sujeto activo, en la conformación de una cultura de la producción y comercialización de alimentos considerados como derecho más que mercancía. Se tomará como punto de partida, la dieta de la población buscando mejorarla a niveles nutricionales adecuados. Se identificarán canales de acceso a capacitación técnica y buenas prácticas, la apropiación de tecnologías y su incidencia en el medio ambiente, las diferentes formas de consumo y los efectos en las condiciones de vida de las poblaciones.

Relevamiento de tecnologías sencillas para producción e industrialización sencilla de alimentos.

Se realizará una evaluación de las tecnologías disponibles y un relevamiento de eco-tecnologías para la producción de hidratos de carbono, huevos, lácteos, verduras y hortalizas, carnes, a fin de recuperar prácticas y saberes locales y poner en disponibilidad de la población equipamiento rural adecuado para la producción y conservación de los alimentos.

Diseño de un sistema de distribución de alimentos incluyendo logística.

Se buscará fortalecer los canales de comercialización, tomando los antecedentes de la experiencia de las ferias francas; el precio y costos de los eslabones en la cadena de comercialización, el acceso de la población y los sistemas públicos de distribución y abastecimiento. Se trabajará en la construcción de una visión estratégica compartida encuentro campo-

378

ciudad), basada en la articulación entre productores, feriantes, comerciantes, transportistas, que permita acuerdos duraderos para la distribución de los alimentos; involucrando distintos actores gubernamentales y sociales en una red que garantice el derecho a la alimentación y los canales para el acceso.

Elaboración de programas educativos y formativos sobre la importancia de la alimentación y nutrición en la salud de las familias.

Se trabajará con las familias en Talleres de Nutrición a fin de promover la concientización de los consumidores sobre la dieta adecuada, la importancia del autoabastecimiento alimentario de las familias y el rol de las redes sociales de apoyo.

Finalmente se diseñará material didáctico, educativo y de difusión en apoyo a las acciones.

Tendientes a obtener el Resultado 3: (Diseño de una estrategia de desarrollo de oportunidades económicas para las poblaciones de las regiones seleccionadas, basada en la utilización sostenible de los recursos naturales, la identificación de tecnologías productivas, equipamiento e infraestructura adecuados, el desarrollo de cadenas de valor para la producción local, la articulación en redes de comercialización con criterios participativos, asociativos y justos y la puesta en valor de recursos turísticos no convencionales (ecoturismo, turismo rural).

Están previstos los siguientes estudios:

Realización de un inventario de plantas de base medicinal, especies frutales y flora local existentes en el monte nativo.

En las comunidades rurales y urbanas es frecuente el uso de plantas medicinales para el tratamiento y prevención de muchas afecciones, para

379

elaborar productos de higiene, infusiones, etc. Para la sistematización de la flora nativa y los diferentes usos que se le dan se realizará un registro o inventario, conformándose una base de datos única con los aportes de las diferentes comunidades. Esta información será compartida a todas las comunidades. La identificación botánica de las especies será realizada por un experto que se contratará al efecto. El producto de esta actividad será compilado en un manual ilustrado para su difusión en las comunidades.

En el bosque nativo existe además una gran variedad de especies frutales con valor nutricional importante y no suficientemente valorizado. Las comunidades locales aprovechan estos recursos de manera disímil. Algunas hasta elaboran artesanalmente productos como dulces y jugos, y otras los consideran con cierto desprecio frente a otros frutales de origen exótico (cítricos, palta, etc.). El aprovechamiento de estos recursos, su valorización como fuente de vitaminas, azúcares, etc. y la importancia en la alimentación de animales, silvestres y de granja, hace necesario realizar un relevamiento a fin de inventariar las especies frutales, sus usos y cualidades nutricionales, las posibilidades de elaboración de derivados como dulces, mermeladas, conservas y jugos entre otros.

Promover y realizar estudios sobre la posible aplicación de metabolitos secundarios y especies químicas relacionadas, aislados a partir de especies vegetales regionales, como principios activos en la elaboración de medicinas, como aditivos en alimentos, antioxidantes, colorantes, suplementos dietarios, aromas y sabores, cosméticos, antimicrobianos antifúngicos, insecticidas, etc.

Efectuar un diagnóstico foresto-industrial estratégico de la zona centro-sur de la Provincia de Misiones:

Este diagnóstico de escala estratégica responde a la finalidad de conformar una cuenca económica asentada en la zona centro sur de Misiones. El estudio identificará la disponibilidad de materia prima proveniente de bosques plantados, principalmente pinos y eucaliptos, aptos para la obtención de productos aserrados y la capacidad industrial instalada en la zona y el potencial de remanufactura.

380

El estudio consiste en dos componentes integrados mediante sistema de información geográfica: el inventario forestal y el inventario de las industrias de la madera.

I - Inventario Forestal, está destinado a obtener la volumetría por clase de utilización que se encuentra disponible en la zona de estudio, estableciendo la distribución de edades de las plantaciones forestales para obtener una cartografía con la ubicación espacial de los conglomerados forestales.

Se producirá en primer lugar cartografía digital para ser manejada en sistema de Información geográfica. Con base en la cartografía se diseñará el inventario (el plan de muestreo a campo objetivando 5% de error y 95% de confianza estadística). Se tomarán fotos aéreas de las áreas a muestrear con el objeto de obtener variables de difícil obtención a campo, tal como medición de superficies y grado de homogeneidad. A campo se relevarán las variables que permitan determinar volúmenes por tipo de comercialización y establecer el estado de manejo de la plantación. Estas variables posteriormente se correlacionaran con lo observado en las fotos aéreas. Mediante fuentes informativas oficiales (municipios) se establecerá el tipo de propietario con el propósito de establecer el grado de disponibilidad de la materia prima.

La metodología incluye etapas intermedias tales como confección de manuales de campo, funciones de volumen, relaciones hipsométricas, entre otras.

Los productos finales del Inventario son:

a) Cartografía digital escala 1:50.000 con los polígonos forestales, rutas y caminos principales, ciudades y asentamientos poblacionales.

381

b) Cuadros por cuenca económica o conglomerados de plantaciones con volumetría clasificada por tipo de comercialización y por género (pino y eucalipto)

c) Cuadros y gráficos con clases de edades, disponibilidad de la materia prima y estado general de manejo.

d) Sistema de información Geográfica apto para continuar cualquier otro tipo de análisis.

II - Inventario de Industrias de la Madera orientado a lograr un censo industrial ubicando las industrias con relevamiento de variables que permitan establecer la capacidad instalada, mercados abastecedores de materia prima, mercados de venta de productos, equipamiento y capacidad de remanufactura, entre otras. Con la colocación de la base de datos así obtenida se podrán construir mapas para todos los aspectos de interés.

El esfuerzo estará dirigido principalmente a obtener información sobre situación geográfica de las industrias, su capacidad de procesamiento, calidad de la producción, fuentes de abastecimiento y mercados de colocación de productos, como así también capacidad y flexibilidad para la conversión a remanufactura de productos. Podrá ser incluida en el cuestionario cualquier otra información que la solicitante considere de interés. Para la obtención de la información se efectuarán cuestionarios y se visitarán las industrias. Con el auxilio de GPS se los ubicará geográficamente. El producto de esta etapa es una base de datos conteniendo la información de interés asociada a un Sistema de Información Geográfica. Esta información poseerá la flexibilidad para el análisis y cruzamiento con la información de la etapa de inventario forestal, pudiéndose realizar estudios a diversas escalas.

Estudio de las posibilidades de incorporación de la región en los circuitos provinciales de turismo alternativo (rural, aventura, etc.)

La provincia presenta hoy, en el sector turístico, una oferta de alternativas relacionadas al área rural y natural: turismo aventura, ecológico, rural, etc. Se estudiarán las posibilidades de incorporar ambas regiones al menú de

382

ofertas de la propaganda oficial. Para ello relevarán y diseñarán posibles circuitos turísticos.

Se estudiará la viabilidad de introducir el turismo ecológico como un recurso de la población en la región suroeste. Se diseñará una propuesta de construcción de una infraestructura cabecera de servicios turísticos y logística, de explotación comunitaria, como un servicio del territorio y de la red; que podría cumplir funciones de difusión y concientización de la población para el desarrollo futuro de la actividad turística.

Se diseñará un plan de turismo rural para la región central, en conjunto con la Unión de Escuelas de la Familia Agraria, que integran 1500 familias de colonos y 18 sedes con capacidad de recibir turistas y extender los servicios incorporando las familias en su radio de influencia.

Se realizarán estudios de factibilidad de prestación de servicios turísticos en pequeñas cooperativas, de transporte, servicios gastronómicos, tours organizados, entre otras.

Se promoverá la organización de cooperativas de trabajo y servicios orientada a atender la amplia gama de actividades relacionadas directa e indirectamente con el turismo (transporte, hotelería, gastronomía, esparcimiento, espectáculos, etc.), como forma de estructurar una red empresarial de soporte para los programas puntuales que realice tanto el estado como las ONGs del sector.

Formulación de un proyecto orientado a la organización de un sistema formal de producción y conservación de semillas y otros órganos de propagación (ramas/guías/rizomas) de las variedades locales, especialmente de autoconsumo (maíz, batata, poroto, maní, mandioca, caña de azúcar).

Se conforma de las siguientes acciones:

383

a) Realización de un Banco Experimental de Germoplasma Local (in situ).

b) Equipamiento de un laboratorio para análisis de semillas. Dicho laboratorio funcionará en el INTA Cerro Azul.

c) Registro de semilleristas

A partir de este proyecto, los productores de semillas de variedades locales seleccionadas podrán organizarse para su comercialización.

Se tendrá un registro de los semilleristas y de las variedades que multiplican. Los semilleros llevarán un registro de los productores que accedieron a sus semillas, detallando variedades, cantidades, fechas, etc.

Así se conformará una base de datos de productores y usuarios de semilla local, pudiendo realizarse un seguimiento del comportamiento de las variedades por regiones, tipos de suelos, factores climáticos, etc.

Diseño de prototipos de prueba y de una unidad demostrativa por zona de salas comunitarias de elaboración de productos a partir de materia prima local transformada en las mismas comunidades rurales.

Se diseñaran prototipos de secaderos experimentales, para plantas nativas, secadero para frutas.

Estos prototipos se experimentarán en la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales de la UNAM. Se organizarán visitas de los productores a los laboratorios de la universidad y se asesorará en la transferencia de los prototipos, al menos uno por localidad.

Se realizará un estudio de mercado que permita diseñar una marca comercial identificatoria para todos los productos, similar a un certificado

384

de origen que asocie el producto con la región y con el modelo de producción sustentable.

Formulación del Programa Prototipo de Producción Sustentable de Edulcorantes a partir de la Stevia, integrando la producción agrícola con el procesamiento industrial para la obtención de cristales de alta pureza y aumentar el valor agregado mediante la elaboración de productos finales endulzados con este edulcorante.

Este programa de producción, a fin de alcanzar un éxito económico actual y futuro, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Los edulcorantes de Stevia producidos deberán tener una alta proporción de rebaudiósido A.

Se deberá ejecutar en forma conjunta y sincronizada, un programa de desarrollo de cultivos de Stevia Rebaudiana en consonancia a los últimos avances en mejoramiento de variedades de Stevia y un programa de instalación de una planta de procesamiento de Stevia para la producción de edulcorantes de máxima calidad y pureza.

El programa de desarrollo de cultivos se deberá iniciar a partir de la mejor genética disponible en lo que respecta a alto contenido de edulcorantes, alta proporción de rebaudiósido A y alto rendimiento de hojas por hectárea.

Con el fin de mantener la competitividad, se deberá establecer un programa continuo de mejoramiento de manera que los nuevos cultivos desarrollados se lleve a cabo con plantas de mayor calidad y rendimiento.

Para el programa de instalación industrial se recurrirá al proceso de producción desarrollado en la UNaM con el fin de evitar la compra de tecnología “llave en mano” de dudosa eficiencia y de alto costo inicial, así como una permanente erogación por “royalties”.

Este proceso deberá ser desarrollado evitando etapas sofisticadas que impliquen dependencia de insumos importados (por ejemplo, resinas de intercambio iónico) y utilización de mano de obra muy especializada.

Deberá documentarse adecuadamente la evaluación socio-ambiental del programa, como plataforma esencial para la formulación del Plan de Gestión Ambiental que asegure la sustentabilidad del emprendimiento.

El equipamiento necesario deberá ser fabricado en la Provincia o provisto por la industrial nacional. Recurrir a la tecnología local

385

permitirá desarrollar un programa gradual, empezando por la implementación de una planta a escala piloto que permita realizar la optimización del proceso hasta ahora probado a escala laboratorio, y comenzar con la producción del edulcorante para la provisión de muestras para ensayos de formulación de alimentos, así como para introducir modificaciones de ajuste de la calidad de acuerdo a los requerimientos del mercado.

Posteriormente, realizar la implementación de la Planta Industrial en forma modular, de tal manera de poder ir ampliando la capacidad de producción en función de la ampliación de los mercados y la producción agrícola de hojas de Stevia.

Estos prototipos se experimentarán en la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), en el Parque Tecnológico de Misiones y en la Incubadora de Empresas, todos ellos consorciados en un mismo predio. Se organizarán visitas de los productores a los laboratorios de la UNAM, y se asesorará en la transferencia de los prototipos.

Diseño de programas de capacitación para producción y comercialización de productos artesanales y de industrialización sencilla

El diseño de estos programas contempla la articulación social entre productores y entre éstos y los técnicos, que una vez implementada no sólo permitirá sistematizar la gestión productiva y comercial de la localidades que integran la región, sino también conformar una asociación jurídica para el diálogo con el Estado y otras instituciones, como estrategia de integración de los pequeños productores rurales en redes institucionales que permitan la sostenibilidad del proyecto y su difusión.

Diseño de una propuesta para la creación de una red de comercialización de productos locales, con un protocolo de producción y certificación de origen, que integre la cadena de valor local

Este diseño estará orientado a indagar acerca de los posibles canales de comercialización de productos aptos para el desarrollo de cadenas de valor (subproductos de caña de azúcar, industrialización sencilla de plantas de base medicinal y uso cosmético, frutos exóticos, madera y derivados y

386

difusión de la oferta entre la población beneficiaria a través de las instituciones representativas, servicios gubernamentales entre otras.

Se realizará un estudio de mercado que permita diseñar una marca comercial identificatoria para todos los productos, similar a un certificado de origen que asocie el producto con la región y con el modelo de producción sustentable.

Creación de una instancia organizativa para el apoyo técnico, organizativo y promocional del Programa.

Esta instancia organizativa funcionará como nodo central de la red operativa provincial a construir con las finalidades descriptas en la presente propuesta.

Sus funciones relevantes serán:

Evaluar cuali y cuantitativamente la demanda de interés; Asistir a los productores en la gestación de emprendimientos para la

satisfacción de necesidades locales y/o la comercialización de productos y servicios, impulsando la formación de grupos asociativos;

Realizar investigaciones tendientes a la extracción, purificación, caracterización y modificación química de metabolitos secundarios y compuestos químicos relacionados, a partir de especies vegetales regionales nativas o implantadas, en vista a su explotación económica;

Desarrollar métodos y procesos industriales de extracción y purificación de metabolitos secundarios y compuestos químicos relacionados, con comprobada aplicación como principios activos y con reales posibilidades comerciales;

Promover la selección de especies vegetales de alto rendimiento en metabolitos secundarios de interés, así como su mejoramiento genético, su propagación y cultivo, mediante la aplicación de técnicas genéticas y biotecnológicas;

Promover la instalación de emprendimientos productivos para el procesamiento de especies vegetales para la obtención de los bioproductos de alto valor comercial.

Implementar un sistema, con enfoque de formación continua, de capacitación de productores, agentes de instituciones intermedias,

387

instructores, funcionarios y otros actores relevantes, en estrecha colaboración con estructuras universitarias locales.

Tendientes a obtener el Resultado 4: Diseño de una estrategia de introducción de innovación tecnológica e institucional, en particular de:

utilización de energías de fuentes renovables de uso doméstico y productivo (solar térmico, biomasa, mini-hidráulica);

amplia aplicación de tecnologías de conectividad digital y relacional; consolidación de nuevas instancias (reales y virtuales) de

colaboración público-privada hacia un ordenamiento superador de las obras y servicios públicos municipales, provinciales y nacionales concomitantes con las nuevas estrategias productivas;

creación de un observatorio de investigación, formación, sensibilización y difusión a nivel nacional, regional e internacional sobre el desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad;

inserción de esta red provincial en programas internacionales relevantes.)

Identificación de tecnologías apropiadas para la utilización eficiente de los recursos energéticos: captación, almacenamiento y uso eficiente del agua. Diseño y construcción de prototipos.

La región cuenta con un régimen de lluvias abundante, con una buena distribución a lo largo del año. Los cultivos tradicionales se realizan sin riego, y no hay sistemas de captación de agua para almacenarla para períodos de seca, que últimamente ocurren con frecuencia. Los rendimientos de los cultivos se ven afectados, comprometiendo el sostenimiento de la unidad productiva, pues la base alimentaria de la familia está constituida por los mismos productos que sostienen a los animales de la chacra (maíz, mandioca, soja, caña de azúcar, etc.). La escasez de agua en el perfil de suelo aumenta con su degradación, por deteriorarse la estructura del mismo, disminuyendo la infiltración y aumentando el escurrimiento (erosión).

388

La promoción del uso de sistemas simples de captación y almacenamiento de agua para su uso diferido en el tiempo de sequía es de gran importancia, especialmente si se incorporan cultivos hortícolas, viveros y parcelas para producir semillas. Se plantean dos tipos de estudios y sistemas demostrativos de su aplicación. Uno, para captación de agua por pendiente y el otro, de captación por techos. Para su difusión se plantea la instalación de tres sistemas demostrativos de captación por pendientes, que se realizarán en los viveros de leñosas. En cuanto a los sistemas de captación por techo, se realizarán en las construcciones de las salas de elaboración de productos artesanales por un total de 4 sistemas. Además se instalarán sistemas de riego adaptables a esa forma de captar y almacenar agua, basados en la gravedad, para fines didácticos y de difusión.

Identificación de tecnologías apropiadas para la utilización eficiente de los recursos energéticos: tipología de equipamiento de uso doméstico y productivo (fogones, ahumadores, hornos ecológicos, calderas, gasificadores). Diseño y construcción de prototipos.

Se prevé el estudio de equipamiento rural de uso doméstico y productivo que permita utilizar en forma más eficiente el recurso energético, para disminuir las necesidades de material leñoso. La aplicación de los resultados de este estudio tendrá un impacto muy alto en el largo plazo, contribuyendo a trasladar y concentrar la presión extractiva en los bosques energéticos implantados. Para la difusión de estas tecnologías se necesita que estén disponibles en cantidad y a un costo razonable que incentive su adquisición. Se plantea instalar en 10 localidades una serie de equipamientos con fines demostrativos.

Identificación de redes de energía y transporte existentes en la región, directamente relacionadas con los programas a desarrollar, en consulta directa y en lo posible plenaria con los poderes locales.

Este estudio está destinado por un lado a no superponer esfuerzos, y por otro, a determinar la mejor solución tomando en cuenta la disponibilidad energética y comunicacional existente y/o proyectada.

389

Impulso de una serie de nuevas instancias organizativas de gestión de la información, conectividad, servicios y articulación virtual, tanto entre los participantes en el Proyecto como con otros actores relevantes del territorio.

Diseño e implementación de:

una red de información, asistencia comercial y de servicios en las sedes físicas y virtuales del Proyecto EME; una Ventanilla de Asistencia a las Empresas; un sistema de Servicios Innovativos a Municipios; una Plataforma Integrada de Gestión Informativa; una experiencia piloto de Empresa Virtual, con especial énfasis en el marketing y la comercialización.

Estímulo de la asociatividad y la creación de clusters productivos.

Realización de estudios y creación de instrumentos concernientes a:

la evaluación de la demanda de productos y servicios pertinentes al Proyecto; la organización de grupos asociativos; la gestación de microemprendimientos para la satisfacción de necesidades propias y la comercialización; apoyo a la gestación de los microemprendimientos.

Creación de un observatorio de investigación, formación, sensibilización y difusión a nivel nacional, regional e internacional sobre el desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad

Elaboración de material de diseminación.

Organización y realización de :

cursos y seminarios anuales actividades de training on the job talleres de diseminación, en el ámbito provincial, regional y nacional eventos promocionales (talleres, ferias,etc.).

390

Tendientes a obtener el Resultado 5: Diseño de una propuesta de intercambio y vinculación con instituciones locales, nacionales y regionales (MERCOSUR) para mejorar las capacidades sobre conservación de la diversidad biológica y uso sustentable de los recursos productivos y la elaboración de programas de educación y sensibilización.

Diseño de una propuesta para la formulación de políticas de promoción de los sistemas productivos basados en el uso sustentable de recursos naturales, para ser presentados en los organismos provinciales pertinentes

Los sistemas de producción agro-ecológica no tienen hoy estímulos desde el Estado, ni son promocionados aun cuando existen experiencias validadas importantes desde hace muchos años. El abandono de muchas chacras porque la pérdida de productividad impide sostener a sus propietarios, hace necesario promocionar modelos de producción sustentables que impidan la aparición de las causas de ese éxodo, básicamente, la pérdida de productividad de los suelos.

Este abandono implica, por un lado, que la tierra se vuelve ociosa, improductiva, y por otro que el Estado provincial deja de percibir tributo (Impuesto Inmobiliario Básico) y el Municipio la Tasa municipal.

Una legislación que establezca una reducción porcentual de la alícuota de estos tributos para aquellas parcelas que realicen actividades productivas sustentables, sería estimulante para la adopción de las mismas, y garantizaría la actividad productiva y la tributación en el largo plazo, evitando además las consecuencias urbanas del éxodo rural, que siempre implican un gasto para el estado.

391

Vinculación con el Foro de la Triple Frontera para la Conservación de la Selva Paranaense y la Federación Económica Argentina, Brasil, Paraguay (FEBAP) para establecer canales de intercambio de información, difusión de la experiencia, intercambio y visitas educativas de los productores participantes del proyecto y elaboración de material de difusión en conjunto.

La Provincia de Misiones se encuentra ubicada en una región de triple frontera, de intenso intercambio de población y diversas formas de integración (económica, cultural, social, etc) formales e informales, que desdibujan las fronteras jurisdiccionales. Para mencionar un ejemplo, Misiones se encuentra más cerca por idiosincrasia de localidades vecinas de Brasil que de Buenos Aires. Por tanto, resulta de importancia integrar acciones con organizaciones de primer y segundo grado de los países vecinos, Paraguay y Brasil, a fin de unificar criterios y realizar campañas en común, intercambios de informaciones, experiencias, etc. que contribuyan a potenciar las acciones de conservación en sus propios territorios.

Se prevé en particular la organización y realización de:

a) 2 seminarios regionales con 50 asistentes por seminariob) 2 visitas educativas, una a Brasil y una a Paraguayc) 2 pasantías para 10 jóvenes a Brasil

Elaboración de un programa de capacitación y fortalecimiento de las estructuras locales, incluyendo las organizaciones gubernamentales, en el conocimiento de su rol y responsabilidad en la preservación de los recursos biológicos locales.

La conservación de los recursos de la biodiversidad de una región requiere que las organizaciones que integran la sociedad tengan un conocimiento de sus roles y responsabilidades en ese sentido, para lo cual se hace necesario realizar programas de capacitación a líderes de organizaciones y funcionarios en la gestión estratégica de los recursos biológicos. Estos

392

programas deben tener niveles de acuerdo a los destinatarios, pero abarcar contenidos similares.

Se prevé la organización de talleres en cada localidad de una duración de 24 hs/cátedra.

Elaboración de programas educativos y formativos sobre la importancia de la conservación de la diversidad biológica, acerca de los derechos de las comunidades sobre los recursos, etc.

Los programas de formación/educación son fundamentales para consolidar los cambios culturales que requiere un proyecto de estas característica para su sustentabilidad futura, tanto en lo referente a formación y educación de la población para la conservación de sus recursos naturales, como en la reflexión acerca de los derechos de los pueblos sobre sus recursos biológicos, ante la apropiación de los mismos por corporaciones, patentamientos, etc. Estos materiales didácticos, deben alcanzar una difusión en escuelas, organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil.

Se prevé diseñar un programa formativo a ser implementado en al menos 10 escuelas, de acuerdo a objetivos de: Educación Ambiental, Conocimiento de Flora y Fauna Locales, Valorización de la Cultura e Identidad Locales.

Se harán las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Educación Provincial y Nacional para que den reconocimiento oficial a los curricula de capacitación y los incluyan en los programas educativos escolares que pueda ser difundido en las escuelas del país como estrategia de integración de las culturas locales.

En este ámbito se prevé además la elaboración de publicaciones (manuales, afiches y sistematización de la experiencia piloto) de carácter educativo

393

para ser difundidas ampliamente a nivel local, provincial, nacional y regional, con el fin de multiplicar el impacto de la experiencia en la región.

Metodología

Matriz general de pertinencia de las actividades.Las actividades descriptas en el punto precedente encuentran una colocación específica en la matriz de pertinencia, que indica el ámbito territorial de aplicación de cada una de ellas, según el siguiente esquema:

Actividades

Ámbito de Aplicación

Componentes

0 1 2 3 4 5

Coordinación

Conservación Biodiversidad y Puesta en Valor de Recursos Naturales

Recuperación Soberanía Alimentaria

Desarrollo de Oportunidades Productivas

Innovación Tecnológica e Institucional

Intercambio, Extensión y Vinculación

Comunes a las tres regiones

General 4.2.1, 4.2.24.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4

4.4.2, 4.4.9, 4.4.10

4.5.4, 4.5.5, 4.5.6

4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4

Región Misionera Central

Regional 4.4.3, 4.4.7

Región Faldeo del Río Paraná

Regional

Región Selva Paranaense

Regional4.2.3, 4.2.4, 4.2.5

4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8

4.5.1, 4.5.2 4.5.3

394

Metodología propuesta.En cuanto a la modalidad de trabajo, el Proyecto se sustenta en los siguientes criterios básicos y principios metodológicos:

Criterios Participativos de Selección: Los estudios priorizados han sido seleccionados en forma concertada con los beneficiarios y el Gobierno de la Provincia. El proyecto tendrá a su cargo el diseño de planes y programas, la formulación de proyectos y la realización de unidades demostrativas como casos “testigo” para su posterior difusión, a fin de transferir tecnologías, generar normativas consensuadas para su aplicación, la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de los actores locales incluyendo la población beneficiaria.

La Integración como Eje de Acción: El proyecto ofertará instancias concretas para lograr la participación de las comunidades organizadas tanto en las instancias de diagnóstico de los problemas que las afectan como en la discusión de los estudios en sus instancias de aplicación (unidades demostrativas) productivas, de educación y capacitación, servicios, etc. Las instancias organizativas resultan de vital importancia para lograr el protagonismo y autonomía de las comunidades, facilitar el proceso de toma de decisiones, mejorar la competitividad y calidad de la producción y promover una utilización racional de los recursos naturales.

El Fortalecimiento de las Instituciones Locales: A fin de integrar a las comunidades en un programa de desarrollo, la metodología contempla la articulación de instituciones y disciplinas en actividades de promoción, asistencia técnica, comercialización, organización y concientización, desde criterios de compromiso y responsabilidad compartida, para un aprovechamiento eficiente de los recursos existentes y la superación de los múltiples y complejos problemas que inciden en la calidad de vida de la población.

395

La Integración Regional: La consolidación de las actividades productivas y su proyección a un mercado potencial, requiere de la creación de redes productivas y organizativas locales y regionales, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta en las distintas comunidades, tanto desde el punto de vista de la producción, productividad y calidad, como del acceso a mejores oportunidades de intercambio regional, global y de recursos; humanos, organizativos, técnicos y financieros, que posibiliten actividades sectoriales a escala.

Participación Local: La variabilidad y complejidad de los problemas y limitantes sociales, económicos, geográficos y ambientales que afectan a los pobladores de las regiones seleccionadas, requiere articular y coordinar distintas instancias institucionales, interdisciplinares y participativas, para implementar con éxito un modelo integrado de desarrollo como el propuesto a través de las líneas de acción del Proyecto.

El enfoque relacionado con el desarrollo rural participativo y sistemas de producción diversificados en ambientes limitantes, requiere para su consolidación, del protagonismo activo del estado, las instituciones especializadas y la población. Por estas razones se plantea convocar a participar a las siguientes instituciones: INTA, Universidades, Municipios, Programas Gubernamentales Provinciales y Nacionales del área social, ambiental, educación, salud, vivienda, infraestructura, cultura, Organismos no Gubernamentales Nacionales, Regionales e Internacionales y otros que se consideren convenientes.

Unidad Ejecutora: Para la puesta en marcha de los contenidos sustantivos y modalidades de gestión establecidas para el proyecto, se requiere una estructura ágil, flexible y desburocratizada que ofrezca los incentivos necesarios para que los distintos actores intervinientes se sientan motivados a participar en la consolidación de sus líneas de acción. La unidad ejecutora del Proyecto deberá contemplar:

1. Una Coordinación Integrada: Constituye el punto central de referencia para la dirección global del proyecto, incluyendo entre sus principales

396

responsabilidades las funciones descriptas bajo el título Coordinación, en el punto correspondiente.

2. Equipos de Coordinación por Programa: Las actividades previstas en el marco de cada uno de los estudios y actividades componentes del proyecto serán organizadas y conducidas por coordinadores técnicos en cada una de las tres regiones, que contarán con el apoyo de equipos interdisciplinarios. Las funciones principales de esta coordinación regional serán:o La elaboración de los cronogramas de implementación del

proyecto y su elevación a la Coordinación Integradao La organización interna de cada línea de accióno La dirección técnica y responsabilidad de los estudios sectoriales.o La identificación y selección de distintas instituciones interesadas

en participar de los distintos componentes a desarrollaro La elaboración de documentos técnicos y la coordinación de los

estudios demostrativos pertinenteso La elaboración de instructivos, modelos, folletos explicativos y de

difusión requeridos por el proyecto.o La realización de tareas de capacitación de agentes estatales y

grupos comunitarios, según surjan de las actividades llevadas a cabo en el marco de los estudios iniciados.

o La evaluación periódica del funcionamiento de los estudios sectoriales, los modelos experimentales aplicados y los recursos humanos comprometidos

3. Equipos de Sectorialistas: Estarán integrados por profesionales, técnicos y/o agentes sectorialistas que actuarán como consultores, atendiendo a requerimientos específicos de cada uno de los componentes del proyecto. Se conformarán en función de los requerimientos de la implementación: turismo, agroecología, marketing, educación y formación, etc.. Entre sus funciones pueden mencionarse:o La realización de estudios especializados o El relevamiento de demandas en su área de competencia y su

posterior elevación al equipo técnico centralo El relevamiento de demandas de capacitación y asistencia técnica

en su área de competencia y la organización de los módulos de capacitación a pequeños productores

o El relevamiento de información requerida para los diagnósticos y las evaluaciones que se realicen en el Proyecto en su área de competencia

397

o La identificación de productores interesados en participar en seminarios, talleres, trabajo de campo e intercambios internacionales

Segunda Etapa

Entidad Operativa

A los efectos de la iniciación del Proyecto EME, en agosto del 2004 se creó la FUNDACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL DE MISIONES (ARCentral) conformada como socios fundadores por el Estado Provincial; la Municipalidad de Leandro N. Alem; la Municipalidad de Oberá; la Cámara Regional de Industria y Comercio de Alem (CRICA); la Cámara Regional de la Industria, la Producción y el Comercio de Oberá (CRIPCO); la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) con sede en Oberá; la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) con sede en Oberá; el Instituto Universitario Gastón Dachary; la Fundación Zona Centro de Oberá; y la Fundación Instituto Tecnológico (ITEC) de Leandro N. Alem

Constituye una entidad civil sin fines de lucro, bajo la forma jurídica de FUNDACIÓN para operar en los departamentos de Oberá, Leandro N. Alem, 25 de Mayo, San Ignacio, San Javier, Candelaria, Cainguás y Libertador San Martín, de la provincia de Misiones. El objeto principal de esta entidad es establecer un espacio institucional de concertación pública y privada que impulse el crecimiento de la región central de la Provincia, a partir de fortalecer la productividad y competitividad de las empresas agrarias, industriales, turísticas, comerciales, de servicios, etc.; mediante la prestación de servicios y la gestión de políticas de desarrollo endógeno con equidad social y sustentabilidad ambiental.

Esta Agencia tiene como propósitos específicos:

398

Consensuar objetivos entre el sector público provincial y municipal, privado y el mundo académico y tecnológico, a los fines de promover la competitividad y el desarrollo sustentable de las empresas de los diferentes sectores productivos misioneros y de sus municipios, mejorando el nivel de vida de sus habitantes de la región central de misiones

Facilitar la coordinación y articulación de las acciones programadas y propuestas entre los mencionados sectores.

Fomentar la asociatividad entre las empresas (integración vertical y horizontal) y la asociactividad científica-tecnológica con el mundo empresario, promoviendo la generación de un marco apropiado dentro del cual las mismas puedan desenvolverse y crecer

Impulsar políticas activas que generen empleo Promover y articular servicios de apoyo a las empresas que tiendan a

incrementar el nivel de productividad y competitividad y fomenten la especialización y diversificación del sistema productivo regional

Coordinar la oferta de servicios existentes para las pequeñas y medianas empresas y organizar nuevos servicios a partir de las demandas concretas

Gestionar recursos que provengan de la cooperación internacional y de otras fuentes, para destinarlos a proyectos productivos que tiendan a fortalecer el perfil de la micro región;

Contribuir a la formación de un entorno innovador que favorezca el desarrollo local y micro regional; particularmente vinculado al Parque Tecnológico Misiones.

Promover las iniciativas locales, apoyando la formulación, financiamiento y ejecución de planes, programas y proyectos cuyos logros contribuyan a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, con la preservación del medio ambiente

Promover la recuperación de nuestro suelo con aprovechamiento estratégico de nuestra ubicación geográfica e infraestructuras existentes como rutas asfaltadas y comunicaciones;

Impulsar nuevos sectores de producción creando condiciones de inversión a través de la estructuración de apoyos logísticos de infraestructura básica como puertos, puentes, viales, comunicaciones, etc;

Fomentar la investigación y el aprovechamiento sustentable del Acuífero Guaraní.

Generar vínculos de colaboración que posibiliten la articulación de las acciones con la Fundación Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones,

399

Acción propuesta como prolongación de una acción existente.Parte de los profesionales que integran los equipos técnicos y la contrapartida provincial han trabajado en la zona en proyectos de diversificación de productores rurales de monocultivo e industrialización sencilla de alimentos, en conjunto con el INTA Misiones, la Universidad Nacional de Misiones y el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial. Estas actividades constituyeron valiosos precedentes para el proyecto, ya que en su formulación están incorporadas las demandas de la población participante.

Por su parte, la Agencia para el Desarrollo de la Región Central de Misiones, que integra programas en municipios de ocho departamentos (Oberá y Alem, San Ignacio, Candelaria, Cainguás, 25 de Mayo, San Javier y Libertador San Martín) tiene como entidades fundadoras que conforman la Agencia son el Gobierno de la provincia, las intendencias de Oberá y Alem, las facultades de Artes y de Ingeniería de la UNAM, las cámaras de comercio e industria de Oberá y Alem (CRIPCO y CRICA), las fundaciones ITEC y Zona Centro y el Instituto Dachary. Cuenta además con un numeroso grupo de adherentes, incluyendo la Fundación del INTA, una gran cantidad de intendencias de la región, cooperativas, asociaciones civiles y diversas cámaras sectoriales, como las zonales de turismo.

Desde el año 2004 la ARCentral brindará marco institucional de aplicación para cinco programas líderes de desarrollo, previamente definidos a través de encuentros entre intendentes, empresarios, organismos provinciales y nacionales, entidades educativas y ONGs. Dichos planes abarcan varios programas, algunos de ellos ya comenzados, en las áreas de autonomía alimentaria, comercialización del turismo, agronegocios, desarrollo local sustentable y derivados de la madera.

Cabe mencionar que la experiencia iniciada por la Agencia Región Central posee una particularidad propia, ya que la dinámica de los programas mencionados implica un alto grado de interdisciplinariedad entre gobiernos y actores municipales, organismos provinciales y programas federales de

400

fomento y crédito, trabajando juntos bajo un plan estratégico para la región, que –en coincidencia por el planteado en esta propuesta- busca revertir la migración interna de la provincia hacia los cordones de pobreza de las ciudades o hacia las áreas protegidas, afectándolas, mediante la creación de un polo de desarrollo en la región.

Procedimientos de evaluación interna.La base de las evaluaciones internas del proceso serán los informes de avance de los estudios y actividades propuestos, además se realizarán reuniones trimestrales de evaluación para verificación de avances y metas alcanzadas. Se elaborarán propuestas para mejorar los resultados logrados. Se tendrán reuniones de trabajo entre todas las entidades involucradas activamente en el Proyecto, en la región de ejecución así como a nivel central. Todo el personal del proyecto realizará una reunión anual de evaluación de proceso.

Servicios aplicados.OBS: en un alto porcentaje, estos servicios son brindados de manera gratuita y solidaria tanto por profesionales del Estado (nacional y provincial) como de instituciones afines (INTA, INTI, INAES, etc.), y en algunos casos por profesionales del sector privado, que desinteresadamente ofrecen sus conocimientos para apoyar estos programas de alto impacto social en los segmentos más carenciados.

Coordinador General.Realiza la selección, contratación y vinculación institucional con los expertos sectorialistas, la formulación y el monitoreo global del plan de actividades y las acciones correctivas, la evaluación de los resultados obtenidos en cada una de las líneas de acción.

Lleva la relación funcional con los responsables de la implementación de otros programas municipales, provinciales, nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que resulten de interés para el buen funcionamiento del Proyecto.

401

Realiza la redacción de documentos oficiales y las tareas de difusión de la naturaleza, alcances, logros y características del Proyecto.

Aprueba y supervisará los programas y seminarios de capacitación, como así también las condiciones necesarias para su implementación.

Coordinadores de Programas.Son los encargados de formular y coordinar los estudios sectoriales pertinentes, diseñar estrategias de utilización, protección y/o restauración de recursos naturales (fuentes de energía, suelo, bosques, etc.), garantizando su uso productivo sustentable.

Supervisan el trabajo de los sectorialistas en la región bajo su responsabilidad.

Establecen el necesario enlace con Municipios, estado provincial, ONGs, etc.

Sectorialistas.Los expertos sectorialistas trabajan en las diferentes regiones, de acuerdo a los planes de trabajo elaborados por los coordinadores de cada programa. Cada especialidad puede ser desempeñada por uno o más profesionales y en diferentes lapsos de tiempo de acuerdo a los requerimientos.

Promotores Sociales.

Son encargados de coordinar los relevamientos poblacionales, convocatorias a la población, talleres participativos y los trabajos con unidades demostrativas.

Realizan el relevamiento de organizaciones de productores e instituciones locales de apoyo.

Coordinan la articulación de las redes institucionales y sociales. Cuentan con experiencia en relevamientos cualitativos y

cuantitativos y manejo de encuestadores.

402

Ing. Agrónomo- Forestales.

Son encargados de diseñar estrategias de producción agro-ecológicas (prácticas de manejo de suelo, producción de semillas, etc.).

Participan en el diseño de estrategias de producción sustentable (procesos y productos) y el desarrollo de cadenas de valor según las demandas de mercado identificadas.

Realizan la identificación de variedades forestales adecuadas para su aprovechamiento energético e industrial, el diseño de campañas de forestación, el desarrollo de sistemas foresto/ganaderos, etc. Cuentan con experiencia en sistema agrosilvopastoriles

Supervisan el desarrollo de las actividades que puedan inducir degradación y/o conservación de suelos.

Participan en el diseño de circuitos de ecoturismo incluyendo la identificación de infraestructura y servicios requeridos.

Expertos Nutricionistas y Gastronómicos.

Son encargados de evaluar la dieta de la población, realizando propuestas de mejoramiento, difusión y concientización. Adecuan el recetario local a usos en programas para el desarrollo (turismo, alimentos envasados, manipuleo, normas de sanidad, etc.)

Ing. Industriales con conocimientos de Infraestructura Rural.

Participan en el diseño de estrategias de producción sustentable (procesos y productos) y el desarrollo de cadenas de valor según las demandas de mercado identificadas.

Realizan la formulación de proyectos para aprovechamiento hídrico (riego, almacenamiento de agua, microturbinas, etc.)

Evalúan y formulan las necesidades de equipamiento rural de uso doméstico y productivo.

Participan en la formulación de proyectos de inversión, incluyendo equipamiento y maquinaria.

403

Supervisará(n) la integración de las actividades productivas sectoriales factibles de industrialización y la formulación de proyectos a escala regional.

Economistas con conocimientos de Promoción Comercial.

Coordinan las investigaciones de mercado, los planes de marketing para los productos desarrollados y el plan de auto sostenibilidad de las actividades productivas.

Participan en la formulación de proyectos de inversión. Participan en el diseño de circuitos de ecoturismo incluyendo la

identificación de infraestructura y servicios requeridos.

Comunicadores Institucionales.

Están encargados de diseñar las estrategias de difusión, promoción y concientización de las distintas actividades del proyecto, como así también en la formación de las redes de actores locales y regionales.

Están encargados de diseñar las estrategias de formación y capacitación, como así también de transferencia y difusión de conocimientos y tecnología.

Expertos en Administración y Aspectos Legales.

Son responsables de la administración del proyecto. Se constituyen en referente de las actividades relacionadas con el

marco legal de las actividades, la presentación de propuestas de legislación, los Planes de Manejo, etc.

La situación de los grupos destinatariosEl proyecto busca mejorar la vida laboral, familiar y cotidiana de la población beneficiaria generando las condiciones para promover su desarrollo integral con equidad. Indirectamente se busca impactar en el conjunto de los productores organizados y no organizados, generando procesos de empoderamiento, logrando transformar las actitudes de la comunidad hacia ellos y promoviendo políticas que respondan a las necesidades reales de esta población.

404

Las acciones del proyecto están orientadas a proporcionar programas adecuados para implementar con éxito modelos de intervención y respuesta a la situación de las poblaciones locales de la región central de Misiones que, después de transformar la realidad de un número significativo de ellos, sean replicables a mayor escala.

Otro efecto que se busca generar está relacionado con la creación de nuevas fuentes de ingresos, en sectores económicamente deprimidos. El proyecto busca identificar los procesos productivos como actividades económicas ambientalmente sustentables, para su integración en cadenas de valor a partir de recursos locales que posibiliten la integración económica y social de la población más desfavorecida de la provincia.

La capacitación técnica y administrativa de los grupos destinatarios.Los programas y subprogramas aplicados permiten mejorar la eficacia en las técnicas productivas y de manejo sustentable de los recursos naturales, incluso forestales, incorporando en las comunidades, los sectores gubernamentales a cargo de la gestión y en las instituciones sociales y del conocimiento la importancia de valorar la conservación de la biodiversidad y al mismo tiempo aumentar la productividad, incluyendo la forestal.

Se diseñaron estrategias que promueven la adquisición de capacidades empresariales de gestión, administración y comercialización de los productos locales, que ya comienzan a redundar en la generación de emprendimientos comunitarios para hacer de estas actividades una fuente de ingresos mucho más allá de aquella destinada al autoconsumo, sino como generación de excedentes para la venta con cada vez mayor valor agregado y mejor distribución interna de la renta.

Las organizaciones sociales y productivas fortalecen así sus capacidades estratégicas para incidir en las decisiones políticas que se refieren al mejoramiento de su condición.

405

Las personas involucradas en las evaluaciones participativas del proyecto, adquieren además, habilidad para hacer seguimiento a futuros proyectos comunitarios o personales.

Publicaciones y otros resultadosLas publicaciones e impresiones resultantes de este proyecto, en las cuales la visibilidad de la fuente de financiamiento del Proyecto será plenamente considerada, son las siguientes:

Material didáctico:

Son aquellos materiales utilizados en las capacitaciones en forma de manual, trípticos, cartillas o boletines y que se entregan a los participantes y a instituciones locales que promuevan su difusión. Son preparados por el equipo técnico del proyecto en coordinación con otras instancias relacionadas al tema, para luego ser impresos, considerando los elementos de aprendizaje por medio de imágenes en educación para adultos. Se preparan, imprimen y distribuyen los siguientes manuales:

- manuales sobre conservación de suelos- trípticos sobre manejo de semillas- cartillas sobre manejo de semillas- boletines sobre manejo de semillas- manuales sobre huertas y especies frutales- manuales sobre equipamiento rural- manuales para programas educativos en hosterías-escuelas

Material educativo audio-visual con las siguientes temáticas:

- videos sobre manejo de semillas- cortos radiales sobre manejo de semillas- cortos radiales para concientización sobre reforestación- volantes de concientización sobre reforestación

406

- filmaciones del Foro de la Triple Frontera

Documentos Informativos y Promocionales:

- estudios y recomendaciones- banco de datos con resultado de relevamientos - uso de equipamiento productivo- fuentes alternativas de energía- normativa y recomendaciones para reforestación y aserrío- prototipos de viviendas de madera- redes institucionales y sociales- programas gubernamentales - otros productos del proyecto- cartillas de promoción de turismo rural y ecoturismo

Efectos multiplicadoresEl Proyecto, tal como ha sido mencionado en un apartado anterior, contempla en su diseño la posibilidad de reproducir la experiencia en regiones de similares características biogeográficas en otras provincias del País y de la región (Brasil y Paraguay), y de hecho ya lo está haciendo en el área de turismo, a través de la Asociación Binacional de Turismo (ABITUR) que incluye los tres estados del Sur del Brasil y el nordeste correntino en la generación de circuitos conjuntos transfronterizos.

Su escala permite constituir la “masa crítica” necesaria para incorporar el tema de la sostenibilidad de la actividad de la población en ecosistemas frágiles y, a la vez, genera las bases de una nueva cultura del desarrollo rural.

La metodología participativa de trabajo con la población genera los soportes para su auto sustento una vez finalizados los plazos de cada programa, siendo referencia para otras comunidades de similares características.

407

Otro soporte para extender los resultados y la reproducción constituye la propuesta de elaboración de planes de manejo (de los que existen contadas experiencias en el país), los marcos jurídicos que permiten instalar el tema de la conservación de los recursos naturales, así como las metodologías para su aprovechamiento sustentables.

Finalmente, la estrategia de intervención puede ser tomada en cuenta en el diseño de programas provinciales y nacionales.

Impacto a corto y largo plazoEl proyecto constituye una herramienta imprescindible para la sostenibilidad económica de las actividades productivas en la provincia. Un fuerte énfasis de hecho se pone en la utilización apropiada y sostenible de los recursos naturales, de manera tal de poder insertarlos en circuitos productivos para mejorar el ingreso de los beneficiarios. Desde la producción de elementos naturales (alimentos y edulcorante), la promoción del turismo ecológico, hasta la realización de factorías o servicios-escuela en las más diversas áreas, para mencionar solo algunos de los ejes de acción, está siempre presente el enfoque de la autosostenibilidad financiera a través de la importancia dedicada al factor comercialización y venta de los distintos productos y servicios.

Las poblaciones de la zona de intervención tienen una larga experiencia e historia en trabajo asociativo y participativo, por lo cual solo se tratará de fortalecer las capacidades de gestión y de organización de los grupos, para que puedan terminar de apropiarse de las distintas técnicas y estrategias productivas y así priorizar inversiones que permitan la doble ventaja de mejorar su nivel de vida y de mantener la soberanía sobre sus propios recursos naturales.

Además, como ya se ha mencionado anteriormente, el presente proyecto nace desde las prioridades y reflexiones de las mismas comunidades

408

beneficiarias y de la gestión del Gobierno Provincial. Por lo tanto, en cuanto a la apropiación de los resultados del proyecto por parte de la población, se puede decir que “las comunidades son los generadores de los resultados”, lo cual es el supuesto fundamental de su sostenibilidad.

Las organizaciones locales son entonces las responsables de dar continuidad a los programas iniciados, ya que constituyen insumos de la política pública de desarrollo que viene implementando el Gobierno en conjunto con las instituciones locales. Para lograr esto, es fundamental el fortalecimiento de las capacidades locales previsto en la intervención, el cual apunta a aumentar no solo las capacidades técnicas y gestionales sino también en las tomas de decisiones estratégicas para el desarrollo sustentable de la población (Programa AMDEM).

El trabajo integrado como un componente del proyecto, como ser la difusión y sensibilización masiva sobre los temas de su pertinencia, actúa como canal directo e indirecto hacia la sociedad organizada y sus estructuras, con el fin de impulsar códigos de conducta más concientes, respetuosos y pro-activos hacia el medioambiente característico de los sistemas considerados, en cuanto patrimonio único e insustituible de sus habitantes.

7. Economía social de escala con tecnología aplicada y circuito inicial garantizado: una propuesta de inclusión social amplia y de solución parcial para las crisis cíclicas de inflación

Lineamientos estratégicosEl objetivo principal ha sido establecer un espacio institucional de concertación pública y privada que impulse el desarrollo, a partir de fortalecer la productividad y competitividad de las empresas agrarias, industriales, turísticas, comerciales, de servicios, etc.; mediante la prestación de servicios y la gestión de políticas de desarrollo endógeno con equidad e inclusión social, sustentabilidad ambiental y aplicación de tecnología en escala, analizando nichos para suplir importaciones y

409

exportaciones. En este último caso, especialmente aquellas que inciden en el costo de la canasta básica de consumo.

Propósitos específicos: Consensuar objetivos entre el sector público, el privado y el sector

académico y tecnológico a fin de promover la competitividad y el desarrollo sustentable de diferentes sectores productivos, mejorando el nivel de vida de la población

Impulsar políticas activas que generen empleo Coordinar la oferta de servicios existentes y organizar nuevos

servicios a partir de las demandas concretas Destinar recursos a proyectos productivos bajo un esquema de

gestión estratégica Impulsar nuevos sectores de producción, creando condiciones de

inversión a través de la estructuración de apoyos logísticos y de infraestructura básica

Conformar cadenas en áreas críticas, con marcada orientación hacia el mercado interno

Metodología

Se partió de conceptos de producción con valor agregado localmente y mercado potencial determinado, a través de la conformación de núcleos de economía social de escala, con apoyo del Estado durante la primera etapa de desempeño para lograr la sustentabilidad y autonomía del proyecto, y con incorporación de tecnología disponible y accesible de la mayor calidad posible. Esto se alcanzó mediante la aplicación de ingeniería empresarial de excelencia previamente a la convocatoria del espacio social objetivo, y con la convocatoria al espacio académico universitario para poner en valor líneas de investigación de comprobada eficacia. Además, y lo más importante, con la detección previa de nichos de mercado ciertos y confirmados, con alto techo en cuanto a capacidad de demanda.

No se propuso trabajar individualmente con entidades como cooperativas, pymes, asociaciones o consorcios de producción o servicios, sino sobre grupos de este tipo de entidades, con la intención de federarlos para

410

conformar cuencas o cadenas de valor. Para ello, mediante ingeniería empresarial, se definieron  previamente productos de alto techo productivo, alto valor y amplias posibilidades de comercialización que puedan ser ejecutados en el área geográfica objetivo, por capacidad humana, materia prima y capacidad técnica existente.

Se trabaja con federaciones de cooperativas pequeñas, porque este formato asociativo permite más capacidad de comercialización por un lado, y por otro frena la posibilidad de que una cooperativa de grandes dimensiones se transforme en una entidad con muchos socios pobres y un directorio rico, como se observa en numerosos casos de nuestro país. El esquema federado permite un mayor control social de la gestión, y además facilita trabajar por sistema de integrados, uniendo producción con logística y comercialización por un lado, y brindando multiplicidad de bocas de ingreso de productos por otro (por ejemplo en las federaciones de productores primarios, en las cuales los campesinos se especializan en determinado producto, pero pueden colocar en el sistema otros de menor escala que tiene capacidad de atender en su unidad).

Una vez iniciado el proceso, se garantiza la primera etapa a través del Estado, tanto para la financiación o subsidio de programas como para la construcción de infraestructura adecuada y la capacitación. Paralelamente, se identificaron y concretaron ya mercados, definiendo un padrón de compra inicial por parte del Estado en un proceso mediante el cual se logra que estos grupos federados puedan posteriormente comercializar productos o servicios de creciente excelencia y alta demanda en el mercado libre, especialmente el externo.

Este esquema de consorcios productivos aliados al sector técnico y académico, con inicial desarrollo empresarial y comercial apoyado por el Estado, se denomina "economía social de escala con tecnología aplicada y circuito inicial garantizado".

411

El último aspecto es el que permite que la cadena no naufrague en corto plazo, como ocurre en muchos casos de micro y pequeñas empresas subsidiadas o impulsadas por el Estado. Tener la compra garantizada, aunque sea durante un pequeño lapso, permite suprimir vicios y alcanzar capacidades mediante un proceso que admite correcciones. Alcanzar capacidad de escala, además, permite soportar con éxito cualquier tipo de embate inflacionario, causa principal del fracaso de muchas cadenas debido al estrecho margen entre ingresos y capacidad de compra de las mismas.

Este esquema funciona además bajo una modalidad de trabajo a la cual se ha denominado M.I.P., que significa modular, integral y progresiva.

Modular, porque se definen áreas específicas de trabajo a partir de análisis georeferenciados, incorporando problemas socioeconómicos de la población, así como condiciones naturales y adquiridas para alcanzar competitividad en determinadas actividades, además de aspectos de planificación estratégica sobre áreas de mercado con análisis sobre la capacidad del Estado para influir en ellas, y analizando las condiciones de infraestructura y logística de apoyo existentes y potenciales. Tiene un peso importante en este tipo de decisiones el análisis de los flujos migratorios internos, sobre todo por razones de búsqueda de salida laboral o económica, y la superposición de este mapa de flujos sobre la capacidad regional de producir y agregar valor.

Integral, porque para cada programa se convocó a todas las entidades gubernamentales locales, nacionales y provinciales, ONGs, sectores académicos, productivos y empresariales, sumando en algunos casos  cooperación externa, que deberían estar involucrados directa o indirectamente con el objetivo primordial de cada cadena a desarrollar, como forma de romper la tradicional estructura de trabajo por compartimientos estancos y para optimizar los recursos evitando la superposición de esfuerzos, especialmente de programas nacionales con alta capacidad financiera pero enorme dispersión territorial. En este caso, se recomendó un equipo interdisciplinario de trabajo que integrara a todos

412

los programas con impacto en la economía social (Manos a la Obra, Prosap, INTA, INAES, CECyT, INTI, etc.) con un área de coordinación bien definida, con capacidad de desembarco de todo un equipo en zona para atender las cadenas in situ, y no como red virtual de enlace entre despachos oficiales. Este pedido se sustenta en que uno de los mayores problemas que enfrentan los programas de economía social de escala es la ausencia de una visión integral sobre los mismos por parte de los organismos de apoyo, lo cual lleva en muchos caso a observar iniciativas deformes, con áreas ultra desarrolladas, áreas de desarrollo tal cual lo programado en el cronograma, pero también áreas vacías que son las que terminan derrumbando o anquilosando el programa.

Bajo este espíritu, se instrumentó una administración y ejecución solidaria de los fondos obtenidos, aplicándolos en aquellas entidades asociadas a cada proyecto donde resultara más provechoso y conveniente hacerlo (Ej: laboratorio en la UNAM, biofábrica en el INTA, etc.). De esta manera se rompe la conformación de nichos administrativos cerrados de difícil supervisión. Las agencias regionales de desarrollo, al incluir organismos con capacidad individual de administrar fondos diversos para un objetivo común, son la herramienta por excelencia para este cometido. Este esquema sirve además como parámetro para definir metodologías de elección del destino en cuanto a la aplicación de recursos, evitando el malgasto o la aplicación improductiva de los mismos.

Finalmente, el esquema es progresivo porque -a partir de experiencias piloto modulares- se definen núcleos madre capaces de reproducirse solidariamente en las regiones, e incluso en todo o gran parte del territorio provincial e incluso nacional (vr gratia: posibles cadenas de producción de ganado vacuno u otras de amplio espectro que remplacen exportaciones y ayuden a bajar la inflación). Esta progresividad reconoce dos esquemas operativos: el de espiral (inclusión progresiva del tipo pirámide invertida, a partir de una experiencia piloto que va enlazando unidades productivas asociadas), y del tipo de red (que incluye a partir de generar logística y servicios en un área extendida, integrando después unidades productivas incluidas dentro del territorio cubierto). Asimismo, la progresividad

413

permite un claro objetivo de solidaridad social, ya que la reproducción de las mejores prácticas permite la amplia participación de los sectores protagonistas en las primeras etapas, de manera que trasladen solidariamente sus conocimientos y experiencias a los segmentos que se van incorporando. Esto tiene efectos benéficos sobre todo el proceso, al perfeccionar además las herramientas de extensionismo transformándolas en participativas, y al incluir la experiencia práctica concreta como componente de capacitación constante.

OperatividadSe trata de definir “programas madre” o programas testigo, identificando zonas de inicio para, desde allí, proceder a su posterior expansión. Esta forma de trabajar implica condiciones que la favorezcan, tanto en el plano subjetivo como objetivo. 

En lo subjetivo, porque los programas deben despertar entusiasmo en las poblaciones destinatarias, lo cual resulta aconsejable si se toma en cuenta el descrédito que arrastraron en los últimos años las propuestas de desarrollo social lanzadas directa o indirectamente desde el Estado. Este apoyo no debe ser de naturaleza casual o fruto de la providencia, sino que debe surgir claramente de la definición en cuanto a la ingeniería previa de los proyectos, con lo que se busca atacar los déficits por los cuales han fracasado programas anteriores, sobre todo por fallas en logística y comercialización. Tales diferencias son hoy claramente percibidas por los destinatarios. Mediante una metodología con organización previa de la propuesta y esquema participativo de construcción, se logra credibilidad.

En cuanto a lo objetivo, se propone combatir de lleno una de las lacras históricas del desempeño nacional, que es la falta de concreción integral y sustentable de los proyectos. Se trata de evitar el corte presupuestario, la discontinuidad programática por cambio de planteles técnicos y políticos, el fárrago burocrático que excluye a los pequeños, y sobre todo la falta de inclusión social y crecimiento posterior de los programas, rompiendo con esta mala tradición y marcando una impronta diferente.

414

Las carpetas de programas, la idea firme de lo que se pretende hacer en conjunto, la certeza de para qué va a servir cada módulo y la definición de presupuestos bien estructurados, ha tropezado históricamente con un inextricable y enredado horizonte de  expedientes, formalismos y requerimientos que muchas veces tiende a transformar los programas en meros espacios burocráticos, en lugar de gestores estratégicos del cambio. Casi siempre la impronta de esos fracasos puede detectarse en el justo momento en que la papelería pasa a ser más importante que la realidad. El Proyecto EME intenta revertir esta práctica mediante un constante relacionamiento entre la necesaria institucionalidad por un lado, y las soluciones concretas para demandas concretas por otro.

Hace también al impacto profundo de esta propuesta, como ya se mencionara, el análisis de sustitución de importaciones por un lado y de exportaciones por otro. En este último caso, atacando desde la base la posibilidad de escasez y por tanto el impacto de los procesos inflacionarios. Este aspecto es de suma importancia a la hora de realizar un análisis a nivel nacional, ya que la modalidad permitiría suplir carencias de mercado cuando las empresas concentradas productoras de alimentos, por ejemplo, prefieran exportar y cobrar en divisas fuertes antes que surtir al mercado interno. Las cadenas conformadas, con orientación cautiva orientada al mercado interno -vía apoyo estatal condicionado a ese fin- servirían así para suplementar oferta local, evitar que se reduzcan las exportaciones, permitir menores retenciones a la exportaciones por parte del gobierno nacional y frenar procesos inflacionarios de manera sustentable, a la vez que serviría de esquema de inclusión de regiones poco desarrolladas o deficientemente explotadas. Un ejemplo claro sería una cadena de producción de carne vacuna que ocupara una amplísima región del país con condiciones para hacerlo, con alta inclusión de pequeños productores, pero con frigoríficos y logística habilitados sólo para operar en el mercado interno. La misma impronta se podría aplicar para otros productos componentes de la canasta básica de consumo, con alto impacto en los procesos inflacionarios cuando se produce escasez, acaparamiento o mercadeo en negro.

415

Finalmente, en el plano objetivo, todos los programas del Proyecto EME están diseñados de tal manera que la rentabilidad y la inclusión creciente determinen también la progresiva independencia de cada emprendimiento encadenado respecto del apoyo financiero estatal y del soporte técnico y de gerenciamiento que se aporte inicialmente. La metodología aplicada tiene un objetivo claro: tras determinado plazo, el andamiaje de apoyo debe desaparecer y cada conglomerado de economía social de escala debe desempeñarse de manera autónoma.

La única forma de alcanzar este objetivo es la excelencia empresarial que se aplique desde el inicio a todo el proceso, logrando que la organización supere inconvenientes funcionales, vicios sectoriales, la natural tendencia al egoísmo en toda actividad que genera ingreso y cualquier tipo de problemas que pueda afectar la marcha positiva e inclusiva de cada programa.

Modalidad de trabajo

La propuesta se sustenta en los siguientes criterios básicos y principios metodológicos:

Criterios participativos de selección: Los programas priorizados fueron seleccionados en forma concertada con los beneficiarios, el sector académico y el Gobierno una vez expresados como ingeniería de proceso.

Con este diseño de planes y programas, la formulación de emprendimientos y la realización de unidades demostrativas comenzaron a transformarse en casos testigo para su posterior difusión, a fin de transferir tecnologías, ampliar la base productiva vía inclusión, generar normativas consensuadas, aplicar nuevos fondos operativos y fortalecer a los actores. Este conocimiento aplicado está disponible para ser multiplicado en otras provincias.

416

La integración como eje de acción: se ofrecieron espacios concretos para lograr la participación de las comunidades organizadas en las instancias de aplicación (unidades demostrativas) productivas, de educación, capacitación y servicios. Las dinámicas organizativas resultan de vital importancia para lograr el protagonismo y autonomía de las cadenas, facilitando el proceso de toma de decisiones, mejorando la competitividad y calidad de la producción y promoviendo una utilización racional de los recursos naturales. Este mecanismo, además, garantiza el paulatino alejamiento del Estado y de la propia Agencia como componentes protagónicos, para transformarse en espacios de apoyo y en promotores de experiencias similares en nuevas zonas, o impulsando procesos de inclusión en las ya operativas.

El fortalecimiento de las instituciones locales: A fin de integrar las cadenas en un programa de desarrollo, la metodología contempla la articulación de instituciones y disciplinas en las actividades de promoción, asistencia técnica, comercialización, organización y concientización, bajo criterios de compromiso y responsabilidad compartida para el aprovechamiento eficiente de los recursos existentes y la superación de los múltiples y complejos problemas que inciden en la calidad de vida de la población.

La integración regional: La consolidación de las actividades productivas y su proyección a un mercado potencial, requiere de la creación de redes productivas y organizativas locales y regionales a fin de fortalecer la capacidad de respuesta, tanto desde el punto de vista de la producción, productividad y calidad, como del acceso a mejores oportunidades de intercambio regional, global y de recursos humanos, organizativos, técnicos y financieros que posibiliten actividades sectoriales a escala.

Participación local: La variabilidad y complejidad de los problemas y limitantes sociales, económicos, geográficos y ambientales que afectan a los pobladores de las zonas a seleccionar, requiere articular y coordinar distintas

417

instancias institucionales, interdisciplinarias y participativas, para implementar con éxito un modelo integrado de desarrollo como el propuesto.

Efectos multiplicadores

La propuesta contempla en su diseño la posibilidad de reproducir la experiencia en regiones de similares características biogeográficas. Su escala permite constituir una “masa crítica” necesaria para incorporar la sostenibilidad de las actividades en ecosistemas frágiles. Y a la vez, busca generar las bases de una nueva cultura del desarrollo (reconversión productiva o nuevos productos a partir de materias primas o líneas tradicionales), junto con un esquema solidario que -a partir del alto techo de comercialización de los productos elegidos- impulse la inclusión de nuevos actores para la atención de una demanda concreta creciente, o apunte a nichos abandonados por impacto de las exportaciones.

La metodología participativa de trabajo con la población debe generar los soportes para su auto sustento, una vez finalizados los plazos de apoyo inicial para cada programa, para que de esta manera se construyan como referencia para la conformación de otras cadenas de similares características. Esto se denomina núcleo expansivo por reproducción de las mejores experiencias. Otro soporte para extender los resultados y la reproducción lo constituye la propuesta de elaboración de planes de manejo (de los que existen contadas experiencias en el país), junto con la participación para definir los marcos jurídicos que permitan instalar el tema de la conservación de los recursos naturales, así como las metodologías para su aprovechamiento sustentable.

Finalmente, se deberá tomar expresa consideración respecto de la estrategia de intervención, para que pueda ser aplicada en el diseño de otros programas similares, regionales o nacionales, en la certeza de que el esquema de “economía social de escala de tipo inclusivo” constituye un modelo interesante a adoptar para alcanzar desarrollo social con equidad y

418

justicia. Es decir que no repite desde su origen un asentado esquema por el cual la gran mayoría de las iniciativas apoyadas desde el Estado que logran éxito y permanencia, terminan favoreciendo a segmentos concentrados de la industria, el transporte y el comercio.

Trabajar por los que menos tienenEn el plano nacional la cooperación interministerial resulta insustituible, y debería ser realizada a través de convenios entre áreas de gobierno ejecutoras de programas relacionados con cada estrategia. El esquema a adoptar parte además de que las necesidades de aplicación de recursos no se plantee desde la idoneidad o respaldo individual o grupal del espacio social destinatario (garantías para préstamos o subsidios), sino desde el respaldo otorgado por planes de desarrollo estratégico locales, provinciales, regionales o nacionales, avalados por una profunda tarea de campo de amplio signo, que implica:

1.Definición estratégica del área objetivo, a partir de georeferenciación y ordenamiento territorial.

2. Participación integral de todos los sectores locales (provincias, municipios, ONGs, sector académico, cámaras de comercio o producción, ONGs, entidades gremiales, etc.) en conjunto con programas públicos provinciales (interdisciplinariedad ministerial a nivel provincial), además de programas nacionales existentes o a crear, también operando de manera interdisciplinaria.

3. Definición de programas de desarrollo con alto techo de comercialización, amplia área de expansión, marcada distribución del ingreso en lo social y lo territorial, además de alto impacto en mano de obra y valor agregado.

Estos elementos resultarán concomitantes a la hora de definir en manos de qué segmento queda la plusvalía generada en cada estrategia de desarrollo. Pero por sobre todas las cuestiones, definirá la permanencia de un esquema de alta distribución social y territorial del ingreso, invulnerable a las tensiones sectoriales a partir de la manera en que se ha estructurado desde su inicio.

419

420

Acerca del autor

Daniel Llano es un correntino de cincuenta y pico que vive hace 21 años en Misiones. Es padre de Alejandra, Ana, Maia y Lautaro. En su juventud participó del movimiento estudiantil peronista, primero en la UES durante el “Correntinazo” de 1969, cuando tenía 15 años, y después cuando estudió en las facultades de Arquitectura hasta diciembre del 75, y de Letras hasta el 79 en Resistencia. En 1978 codirigió la revista contestataria El Ángel Subterráneo, impulsora del “boom cultural chaqueño” que se generó ese año pese a la dictadura, del cual participaron numerosos representantes del arte y la música del todo el país, entre ellos Juan Carlo Baglietto, Fito Páez y toda “La Cooperativa” de Rosario.

Esa revista fue cerrada en 1979. Después de un intento fallido por organizar cooperativas agropecuarias en Misiones, desmontado a punta de pistola por la represión, en 1980 se fue a alfabetizar en Nicaragua como coordinador de área, y después se enroló en un programa de desarrollo del Frente Sandinista para comunidades indígenas mískitas en la frontera con Honduras, del cual fue coordinador territorial. Desde allí debió replegarse junto con la población debido a la “Guerra Contra”, en medio de combates. En Managua colaboró como editor con el destacado economista jesuita Xabier Gorostiaga, uno de los padres del planeamiento estratégico latinoamericano, dentro de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales –CRIES– para Centroamérica y el Caribe.

Regresó de incógnito a la Argentina en febrero de 1983, para publicar la por entonces clandestina revista Jotapé, órgano en el que fueron editados por primera vez “Los papeles de Rodolfo Walsh” y que continuó dirigiendo hasta 1990. En ella participaron compañeros como Enrique Breccia y el “Gato” Alberto Carbone, y fueron columnistas –entre otros– Saúl Ubaldini, y Norberto Galasso. Entre 1983 y 1987 participó del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos como coordinador de la revista InforMEDH, uno de los siete organismos fundacionales de la lucha por los derechos humanos durante la dictadura, por el cual participó –junto con Juan Gattinoni– en la CONADEP y en el equipo de apoyo para la redacción del Nunca Más.

Desde su regreso y durante ocho años compartió una azarosa y voluble militancia con Rodolfo Galimberti, acorde con el personaje. Bajo el irónico

421

lema “El uniforme de Perón no era de cartero”, en la etapa post Malvinas integró el grupo de militantes peronistas que viabilizó la fractura del frente interno de los “carapintada”, uno de los factores que a futuro contribuirían a la inviabilidad golpista. También participó activamente del acuerdo entre el PJ y el empresariado nacional que diera origen al primer gabinete del presidente Carlos Menem, propuesta de acuerdo nacional que fue obligada a naufragar a partir de la irrupción de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía de la Nación.

Por disidencias con ese gobierno se radicó en Misiones a fines de 1990, donde trabajó como director general de Integración al Mercosur y representante oficial de la provincia de Misiones en el Sur del Brasil hasta 1998, año en que fue despedido por el cada vez más menemista gobernador Ramón Puerta, a causa de serias disidencias en cuanto al manejo de proyectos de integración regional. En el 2000 reingresó a la administración provincial como director de Gestión Estratégica, convocado por Carlos Rovira. En ese mismo año diseñó junto con Oscar Thomas –actual director ejecutivo de la hidroeléctrica Yacyretá– el Plan Estratégico Provincial “Misiones frente al Siglo XXI”, además de actuaciones estratégicas para la producción de alimentos y para el desarrollo energético. En el 2001 fue contraparte provincial para el Plan Estratégico de Turismo, e integrante del equipo interdisciplinario del Plan Estratégico Forestal.

En el 2003 asumió como subsecretario de Comercio, Relaciones Internacionales e Integración de Misiones, siendo el primer funcionario de recambio nombrado luego de la creación del Frente para la Concordia, originada por la ruptura interna del PJ local para apoyar la candidatura presidencial de Néstor Kirchner, enfrentando el mandato del partido que impulsaba a Menem. Fue representante del gobernador Carlos Rovira ante el Comité de Dirección de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, y presidente del Comité de Zona Franca Puerto Iguazú desde el 2003 hasta el 2007.

Desde el 2004 preside –electo por cuarto bienio consecutivo– la Agencia para el Desarrollo ARCentral de Misiones, integrada por facultades de la Universidad Nacional de Misiones, institutos académicos, intendencias, el área de Comercio del gobierno provincial y cámaras empresariales municipales. Esta ONG lleva adelante programas de largo plazo para la industrialización de edulcorante no calórico a partir de la stevia, un

422

proyecto de soberanía alimentaria provincial y la cooperativización de pequeños emprendedores turísticos, así como una red de cooperativas de medios audiovisuales, con el apoyo de diversos ministerios e institutos nacionales.

Su tarea periodística y literaria abarca numerosas publicaciones y ensayos, además de la novela recientemente editada “Conversaciones en la frontera”. Edita desde el 2008 el diario digital Ciudadanía Abierta, que actualmente llega a más de 23.000 misioneros y acaba de inaugurar su enlace facebook.

423