Latin American Studies Association XXIV Congreso Internacional

Dallas, Texas 27-29 de Marzo de 2003

SEC013: La sociedad civil en la transición sociopolítica en Venezuela

LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADADANOS EN VENEZUELA:

¿SER O NO SER ACTORES POLITICOS?

Rosa Amelia González de Pacheco

Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA

Caracas, Venezuela

e-mail: rgonzal@iesa.edu.ve

IESA Apartado Postal 1640

Caracas 1010-A Venezuela

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Marzo, 2003

INTRODUCCION Las Organizaciones de Ciudadanos (OC) −también llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil, entre muchas otras denominaciones− se han convertido en nuevos e influyentes actores políticos en el mundo en desarrollo; sin embargo, la contribución de la ciencia política al estudio de este fenómeno es todavía incompleta. En el contexto de América Latina este tema ha sido abordado principalmente desde la perspectiva del proceso de transición a la democracia de las dictaduras militares (Cohen y Arato, 1994); en estos casos el auge de la sociedad civil −que no necesariamente implica grandes movilizaciones de masas, ni formas de insurgencia política− constituye una reacción frente a la pérdida de libertad, puesto que estas organizaciones constituyen los únicos espacios para garantizar la independencia del pensamiento. El caso venezolano no puede ser analizado bajo esta óptica, puesto que en nuestro país la mayor parte de las OC han nacido y crecido en un contexto democrático; surgieron, no como una respuesta a la represión política, sino como formas de organización social opuestas a lo que se consideró una ilegítima invasión partidista de todos los espacios de la vida colectiva (sindicatos, gremios, comités de barrios, etc.). Los partidos políticos se constituyeron así en el único vehículo integrador de muchas comunidades y frecuentemente también en red de distribución de los beneficios generados por las políticas sociales del gobierno (Navarro y González, 1994). Las OC extrapolaron a la política su rechazo a los partidos. Desde mediados de los setenta hasta hoy han hecho importantes esfuerzos por diferenciarse en sus prácticas tanto del gobierno como de los partidos políticos, aunque a fin de cuentas comparten con aquellos la ambición de intervenir en los asuntos de interés público. Se podría decir que por muchos años las OC han sido presa de un falso dilema: ser o no ser actores políticos; Esta ambigüedad frente a la política ha condicionado sus actuaciones y afectado sus resultados. A diferencia de lo que sucede en los países desarrollados con democracias consolidadas, donde las organizaciones de la sociedad civil articulan intereses individuales y recurren a los partidos políticos para su intermediación con el Estado, en Venezuela poco a poco se fue construyendo un muro que terminó separando por completo la sociedad civil de la sociedad política. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, que coincide con el colapso total del sistema de partidos venezolano, supuso para las OC encontrarse de pronto en el centro de la arena política, sin estar preparadas ni −en algunos casos− dispuestas a ello. En ausencia de actores políticos legítimos, le correspondió a las OC canalizar y organizar una confundida oposición, cuyo único rasgo común era el rechazo a un gobierno que, aunque de origen democrático, comenzaba a mostrar rasgos de autoritarismo e intolerancia a la disidencia. El propósito del presente trabajo es explorar la dimensión política de la actuación de las OC en Venezuela. Para ello, el documento se divide en cuatro partes: en la primera, se examinan las distintas etapas del desarrollo de las OC desde 1936 hasta el presente y su vinculación con la evolución del sistema político y el Estado venezolanos; en la segunda, se analizan brevemente tres

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experiencias específicas de participación política de las OC que ilustran las particularidades de su actuación; la tercera, describe a grandes rasgos el caso −todavía en desarrollo− de la Coordinadora Democrática, iniciativa que intenta reunir y organizar la acción política de partidos y organizaciones de la sociedad civil que conforman la oposición al gobierno del Presidente Chávez. Finalmente, en la cuarta sección se presentan algunas conclusiones y reflexiones que se desprenden del análisis efectuado.

LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS EN CUATRO ETAPAS

En el desarrollo de las OC en Venezuela es posible identificar cuatro etapas1 claramente diferenciadas (Salamanca, 2000): Etapa I: El ciclo asociativo post-gomecista (1936-1958) La característica distintiva de las organizaciones sociales de la época post-gomecista fue la adscripción clasista y gremialista, inspirada en las ideologías socialistas de la época. Se produjo en este período la sindicalización masiva de los trabajadores. También surgieron las ligas campesinas y sindicatos agrícolas, con la finalidad de combatir el latifundismo y defender los intereses de los trabajadores del campo. Por otra parte, se consolidó la diferenciación de las organizaciones profesionales según su tipo: médicos, periodistas, trabajadores sociales, odontólogos, etc. (González y Parra, 1998).

Las organizaciones sindicales y obreras formaban parte del pueblo y debían movilizarse como masas para el cambio social. El concepto de ciudadanía se supeditó a los intereses populares. Las organizaciones sociales aceptaron el proyecto político de los partidos recién creados y colaboraron en la formación de éstos. Esta situación determinó una dinámica de colonización partidista de la organización social mediante la cual ésta terminó incorporándose a la sociedad política en diversos grados, siendo los sindicatos los de mayor integración y las organizaciones empresariales las de menor integración (Salamanca, 1993). Etapa II: Las organizaciones de ciudadanos y el modelo del Pacto de Punto Fijo (1958-1989)

El Pacto de Punto Fijo2 garantizó la plena vigencia del juego político electoral y las reglas políticas le asignaron un papel crucial a los partidos como principales −y casi únicos− canales de

1 El trabajo de Luis Salamanca (2000) identifica realmente tres etapas durante la era democrática (desde 1958

hasta el presente), pero habla también de una fase, que denomina el ciclo asociativo post-gomecista, que va de 1936 a 1958.

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agregación y articulación de los intereses de la sociedad (Kornblith, 1998). En la práctica, el modelo funcionaba con un pluralismo asociativo limitado, puesto que aunque ciertas formas asociativas afines a los partidos políticos monopolizaban los canales de participación de los intereses sociales ante el Estado, no se impedía y más bien se estimulaba la existencia de otras organizaciones de menor rango.

En la primera etapa de la democracia, el objetivo central era la estabilidad política. El papel de los partidos políticos no se cuestionaba; se esperaba que habiendo sido tan exitosos en conseguir la estabilidad, pudieran serlo también en lograr la eficiencia (Njaim, 1997). Sin embargo, con el paso del tiempo, las expectativas en cuanto a una combinación afortunada de estabilidad, eficiencia y participación a través del sistema de partidos, se fueron derrumbando. Fueron surgiendo así organizaciones, con carácter no sindical-gremial, formadas principalmente por activistas de clase media, recelosas de los partidos políticos, muy críticas de la gestión gubernamental y particularmente interesadas en actuar en los sectores sociales. Estos rasgos le dieron a las OC un tono antipolítico importante.

Una excepción a este patrón fue el caso del movimiento vecinal. Si bien es cierto que las asociaciones de vecinos de clase media tienen su razón de ser en objetivos estrictamente particulares, diversos conflictos derivados de problemas inmediatos las llevaron a enfrentarse a las autoridades locales y experimentar la frustración de no poder influir sobre ellas. De esa frustración surgieron dos respuestas paralelas: una, la creación de organizaciones autónomas, capaces de defender los derechos particulares de sus miembros y la otra, la formulación de propuestas de reforma política e institucional, que permitieran a las organizaciones vecinales influir políticamente sobre el poder local (Gómez Calcaño, 1997). Los dos ejes de la reforma propuesta por el movimiento vecinal fueron la promulgación de una Ley de Régimen Municipal y la reforma del sistema electoral; en ambos casos puede afirmarse que sus principales demandas fueron satisfechas. Estos logros terminaron convirtiendo a las asociaciones de vecinos en una referencia simbólica y ejemplos de organizaciones ajenas al clientelismo partidista; sin embargo, esa imagen se fue desdibujando, en buena medida como resultado de la penetración de las formas tradicionales de control de los partidos políticos. Esta nueva ola invasiva −que vino a sumarse a la experiencia de los sindicatos, gremios y organizaciones profesionales− hizo que el rechazo y deslinde frente a los partidos políticos se haya convertido en la característica distintiva de las OC en Venezuela.

Otra experiencia digna de mención la constituye el caso de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE). Durante el período 1985-1989, la COPRE sirvió como articuladora de las demandas de las OC y fungió como mediadora entre estas organizaciones y el Estado (Gómez Calcaño y López Maya, 1990). La COPRE logró que los actores sociales se aglutinaran alrededor de un objetivo común en el plano político: democratizar y descentralizar las instituciones

2 El 31 de octubre de 1958, Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Política y Elección

Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD) firmaron el Pacto de Punto Fijo. El Pacto excluyó al cuarto partido político existente para el momento: el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

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públicas y consiguió el consenso político necesario para llevar adelante varias reformas de gran trascendencia.3 Etapa III: La presencia creciente de las organizaciones de ciudadanos en la vida pública venezolana a partir de 1989

Para la mayor parte de los analistas políticos, en 1989 comenzó a develarse la profunda crisis de la democracia venezolana. El estallido social del 27 y 28 de febrero y los eventos que le sucedieron −entre ellos, los dos intentos de golpe de Estado de 1992− pusieron en evidencia la descomposición, ilegitimidad y falta de representatividad del sistema de partidos, el agotamiento del Estado rentista, la grave situación social del país y el fin del modelo de generación de consenso del Pacto de Punto Fijo.

Dado este escenario, las OC buscaron relacionarse directamente con el Estado sin la mediación de los partidos. Un factor que allanó el camino para el establecimiento de esta vinculación directa, fue la puesta en práctica de una estrategia social que trataba de compensar los efectos no deseados del ajuste económico de 1989, mediante programas destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la población (especialmente los grupos más vulnerables). La ejecución de estos programas correspondió en forma conjunta a la red institucional del Estado y −por delegación− a las OC. Fue así como, entre 1989 y 1998, el incremento de la participación de las iniciativas privadas fue promovido y posibilitado por el gobierno central, mediante la transferencia de recursos económicos a las organizaciones, tanto para la ejecución de programas sociales, como para su fortalecimiento institucional.4

Como era de esperar, en la medida en que las OC avanzaron en la asunción de su rol como proveedoras de servicios públicos a la población, surgió una demanda creciente por la participación en otras fases del ciclo de desarrollo de las políticas públicas, además de la ejecución. Las OC comenzaron a reclamar el derecho a intervenir en la fase de diseño de las políticas, aportando sus propias experiencias e innovaciones.5

En otro plano, tratando de dar continuidad a las reformas en el plano político iniciadas por

la COPRE en el período 1985-1989, organizaciones como “Queremos Elegir” y la “Escuela de

3 La reforma de la Ley Orgánica del Sufragio (que introdujo un sistema que combina la representación

proporcional y el sistema de elección uninominal en los cuerpos legislativos a todos los niveles), la elección directa de los gobernadores de los Estados, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (que creó la figura del alcalde electo por sufragio directo) y la Ley de Descentralización.

4 Un inventario del número de organizaciones de ciudadanos −realizado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CISOR)− mostraba que para el mes de noviembre de 1998 existían en el país 24.628 organizaciones.

5 Fueron varias las experiencias donde el Estado, tras detectar un problema social, solicitó a las OC propuestas para el diseño de políticas públicas: la creación de las Organizaciones Comunitarias e Intermediarias de Vivienda, el Programa de Multihogares, los programas de justicia de paz, la política de protección de los menores y adolescentes, entre otras.

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Vecinos de Venezuela” emprendieron una campaña en pro de una nueva reforma de la Ley del Sufragio que incluía la ampliación del voto uninominal, la automatización del proceso electoral, la rendición de cuentas y consulta a los electores por parte de sus representantes, la reforma de los organismos electorales y la revocatoria del mandato para todo cargo de elección. La reforma fue aprobada finalmente en diciembre de 1997 con resultados muy tímidos si se toma en cuenta el esfuerzo realizado por los numerosos participantes en el proceso (Gómez Calcaño, 2000).

Por otra parte, impulsadas por sucesos como la masacre de El Amparo6 y el Caracazo,

varias OC dedicadas a la protección de los derechos humanos7 comenzaron a tener una gran visibilidad frente a la opinión pública nacional, sirviendo como “monitores” de las actuaciones de los cuerpos policiales y militares, proporcionando información al público en general a través de publicaciones periódicas e informes anuales y asesorando a las víctimas de las violaciones. Algunas denuncias de estas organizaciones han sido procesadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro escenario en el cual se desenvolvieron las OC durante esta etapa, fue el proceso de

reforma constitucional que se inició en junio de 1989, con la designación de una Comisión Bicameral Especial para revisar la Constitución promulgada en 1961. Algunas OC trataron canalizar el descontento de la población −que cuestionaba la legitimidad de los partidos para llevar a cabo esta tarea− exigiendo una reforma puntual de la Constitución; el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), el Centro Gumilla y la Fundación de Derecho Público (CESAP, 1992, 30-31) elaboraron un Proyecto Alternativo de Reforma Constitucional cuyo único punto era la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (García-Guadilla y Roa, 1996). Aunque esta propuesta, además de gozar de un amplio respaldo entre la población, contaba el apoyo de algunos líderes partidistas, fue rápidamente rechazada y enfrentada por los partidos mayoritarios en el Congreso que parecieron temer ser desplazados del escenario político. Etapa IV: Las organizaciones de ciudadanos y su encuentro con la V República

El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 abrió un nuevo capítulo en la historia de las OC en Venezuela, que se caracteriza por la presencia de constantes confrontaciones con el gobierno nacional. Aunque muchas organizaciones recibieron al nuevo gobierno con una expectativa muy positiva, por su discurso a favor de la profundización de la democracia, la preocupación por los sectores más pobres de la población y la intención de renovar el sistema político venezolano, muy pronto comenzaron a surgir dudas respecto al compromiso real del gobierno con esos objetivos y los “medios” utilizados para alcanzarlos.

6 Sucesos en los cuales perdieron la vida catorce pescadores que navegaban en el Caño la Colorada (Estado

Apure) la mañana del 29 de octubre de 1988. 7 Entre ellas se incluyen organizaciones tales como el Programa Venezolano de Educación-Acción en

Derechos Humanos (PROVEA) y el Comité de Familiares de las Víctimas del 27 de febrero (COFAVIC), así como redes de organizaciones como el Foro por la Vida y Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

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La primera desavenencia entre las OC y el gobierno de Chávez se produjo como consecuencia de la decisión de este último de suspender la ejecución de los programas sociales de la Agenda Venezuela, en la cual participaban diversas OC. El gobierno inicialmente utilizó el argumento de las dificultades presupuestarias de 1999 para justificar su decisión, pero poco después dio paso a otra estrategia que contemplaba dos componentes: primero, crear un plan de asistencia social administrado por las Fuerzas Armadas Nacionales y ejecutado por civiles y militares (Plan Bolívar 2000) y segundo, unificar la tutela de todas las iniciativas de asistencia social del Ejecutivo en un solo ente (el Fondo Unico Social). La instrumentación de estas medidas condujo a las OC a cuestionar seriamente las intenciones reales de la política social del gobierno ¿atender a los pobres o manipularlos con prácticas populistas?

Otro episodio, que quizás representó la experiencia más decepcionante para las OC en

este período, fue la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Las organizaciones aspiraban participar de dos maneras: postulando candidatos propios para ocupar los cargos de diputados a la ANC y presentando propuestas para su incorporación al texto constitucional. En el primer caso, la combinación del sistema electoral adoptado y la estrategia de propaganda ideada por los partidarios del Presidente Chávez, condujeron a un dominio absoluto de la ANC por parte del oficialismo, que habiendo obtenido el 65 por ciento de los votos, consiguió el 95 por ciento de los puestos. En el segundo caso, aunque varias propuestas de las OC fueron incorporadas al texto constitucional,8 el proceso no llenó las expectativas por varias razones: la inequidad en el acceso a las distintas comisiones de la ANC, el plazo que se estableció para cumplir con todas las actividades −particularmente el “acelerador” que se impuso en la fase final−, la ausencia de una visión integral del texto constitucional y la imposición de ciertos planteamientos tales como: la duración del mandato presidencial, la posibilidad de reelección y la exacerbación del presidencialismo. Estos y otros elementos no sólo impulsaron a varias OC a emprender una activa campaña por el NO en el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, sino que generó en estas organizaciones la convicción de que la democracia participativa tan proclamada por Chávez no era más que simple retórica.

Una fuente adicional de conflictos fueron los sistemáticos esfuerzos del gobierno de

Chávez por dominar todos los poderes públicos. Las OC se percataron muy rápidamente de que de nada valían los principios y previsiones constitucionales orientadas a preservar la separación y equilibrio de los poderes, en un escenario en el cual el oficialismo estaba dispuesto a echar mano de cualquier estratagema con apariencia de legalidad para asegurar su control sobre todas las posiciones políticas claves. La primera manifestación de esta actitud fue la discusión de la Ley de Designaciones;9 las OC esperaban que se cumpliera lo señalado en los Art. 270 y 279 de la Constitución, en los cuales se establece la obligación de constituir un Comité de Postulaciones

8 En la siguiente sección de este documento, se describe brevemente un ejemplo: la participación de las

organizaciones de derechos humanos en la Constituyente. 9 Esta Ley vendría a regir el proceso de designación de las autoridades del Poder Judicial (Tribunal Supremo

de Justicia) y del Poder Ciudadano (Defensor del Pueblo, Fiscal General de la República y Contralor General).

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integrado por distintos sectores de la sociedad para la selección de los candidatos. Sin embargo, el Poder Legislativo propuso la designación de un Comité de Evaluación de Designaciones integrado por 15 diputados de la AN y 6 representantes de otros sectores de la sociedad. Pese a que varias OC y la misma Defensoría del Pueblo (con sus autoridades transitorias) se pronunciaron enérgicamente en contra de este procedimiento, la AN aprobó la Ley de Designaciones en noviembre de 2000.

Por otra parte, a juicio de las OC, el actual gobierno ha demostrado en repetidas

ocasiones su intención de sustituir la trama organizacional de la sociedad civil hasta ahora conocida, por una nueva estructura social “hecha a la medida” de sus intereses. El primer blanco fue el movimiento sindical; el gobierno convocó a la población electoral (y no sólo a los miembros de los sindicatos) a un referéndum consultivo general para legitimar su propuesta de unificar el movimiento en una central única de trabajadores. A pesar de que tanto las fuerzas políticas y sindicales de la oposición como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se pronunciaron rechazando la intervención del gobierno en el ámbito sindical −regulado por el derecho privado−, el referéndum se realizó; tal y como esperaba el gobierno los resultados fueron favorables al oficialismo, pero con una elevada abstención (76,75% de los electores) que puso en duda su legitimidad. Posteriormente, el gobierno insistió en la necesidad de renovar los cuadros directivos de las organizaciones sindicales y propuso que las elecciones fueran supervisadas por el CNE. Las organizaciones sindicales desconocieron al CNE y promulgaron los resultados de las elecciones de manera independiente, con un triunfo significativo de las fuerzas opositoras.

Paralelamente, el gobierno comenzó a cuestionar públicamente la legitimidad de las

organizaciones de la sociedad civil. Uno de sus más insignes voceros, Luis Miquilena, desató una gran controversia con unas declaraciones del 29 de mayo de 2000; al ser consultado sobre el papel de la sociedad en Venezuela, se limitó a preguntar burlonamente “¿Con qué se come eso? Adicionalmente, un par de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia10 intentaron poner condiciones a la participación de la sociedad civil. Es importante destacar que en contenido de las sentencias está implícita la noción de sociedad civil como un actor unitario y no como un espacio variado, heterogéneo y conflictivo; esto conduce a una concepción de una sociedad civil susceptible de ser “representada” por determinadas organizaciones o personas, contradiciendo su propia naturaleza que se define en la participación y no en la representación.

Las OC han tenido también una participación muy activa cuestionando y/o rechazando

ciertas políticas promovidas por el gobierno del Presidente Chávez. Los casos más notables han sido la protesta contra la política educativa,11 el rechazo a la aprobación de 49 leyes aprobadas por el Ejecutivo Nacional en el marco de la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional en 2001 y el conflicto originado por la nueva política de conducción de la industria petrolera nacional.

10 Sentencias 656 y 1395 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 11 Este caso se describe brevemente en la siguiente sección de este documento.

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A partir de las situaciones antes descritas, se puede concluir que desde 1998 hasta la fecha se observa una participación creciente de las OC en el plano político, estimulada por la amenaza que el gobierno del Presidente Chávez ha supuesto para la preservación de ciertos espacios conquistados por este sector durante años. Una muestra adicional de este fenómeno de “politización” la constituye la experiencia de la organización Primero Justicia, que pasó de ser una OC dedicada al tema de la administración de justicia a un partido político.12 Aunque no es la primera vez que una transformación de este tipo ocurre, hasta ahora los casos registrados eran estrictamente locales y difícilmente podían aspirar a tener la visibilidad que esta agrupación política ha logrado en el ámbito nacional.

TRES EXPERIENCIAS DE PARTICIPACION POLITICA Esta sección de trabajo persigue identificar ciertos rasgos distintivos de la actuación política de las OC en Venezuela. Para ello se han seleccionado tres experiencias que se inscriben en la etapa IV recientemente descrita: las organizaciones de derechos humanos en la Constituyente, la protesta cívica por la educación y la transformación de Primero Justicia en partido político. Las organizaciones de derechos humanos en la Constituyente

El 25 de agosto de 1999 se produjeron las elecciones de los miembros de la ANC y el 3 de agosto comenzaron sus actividades. Dado el estridente fracaso electoral de los candidatos propuestos por las organizaciones de la sociedad civil o por iniciativa propia, a las OC sólo les quedó la presentación de propuestas y el cabildeo de las mismas, como vía para participar en el proceso Constituyente. El caso que se presenta a continuación trata de la experiencia de un grupo de organizaciones de derechos humanos agrupadas en la red conocida como “Foro por la Vida” y su labor en la promoción y defensa de su propuesta para la carta de derechos humanos de la Constitución de 1999.

El Foro por la Vida es una red integrada por diecisiete organizaciones de derechos

humanos. Se constituyó el 23 de enero de 1997, para dar cumplimiento a lo convenido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993.13 Inmediatamente, el Foro comenzó a trabajar en la “Agenda por la Vida”, un documento contentivo de un diagnóstico de la situación del momento en materia de derechos humanos en Venezuela y más de 130

12 Este caso se describe brevemente en la siguiente sección de este documento. 13 “Los grupos, instituciones, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como los

particulares, deben intensificar sus esfuerzos por cooperar entre sí y coordinar sus actividades” para poder colaborar con el Estado en “acrecentar el interés público en las cuestiones de derechos humanos, las actividades de enseñanza, capacitación e investigación en ese campo y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales”

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propuestas al Poder Público Nacional en torno a temas como la reforma judicial, los derechos civiles y políticos, el sistema penitenciario, los derechos económicos, sociales y culturales, la educación en derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado. Con la Agenda en mano, su intención era dialogar con el Ejecutivo y el resto de los poderes públicos para dar cumplimiento a uno de los acuerdos de la Conferencia de Viena, según el cual los Estados debían propiciar −como una manera de ejecutar las políticas públicas− la creación de Planes Nacionales de Derechos Humanos con la participación de los sectores sociales interesados.

Tras el triunfo de Chávez en las elecciones de 1998, las organizaciones decidieron hacerle

una revisión a la Agenda por la Vida y transformarla en una propuesta que pudiera ser presentada cuando se iniciara el proceso constituyente. Todo indicaba que el momento era oportuno para avanzar, ya que el sector político que se vinculó a Chávez era precisamente el que más cercanía había tenido el tema de los derechos humanos en los gobiernos anteriores, si no por convicción, al menos porque habían sido los más afectados como víctimas o denunciantes de las represiones. Por otro lado, las organizaciones del Foro por la Vida estaban seguras de que el oficialismo no contaba con una propuesta concreta en este campo.

Una vez que el Foro por la Vida tuvo lista su propuesta constituyente −conocida como “Agenda Constituyente de Derechos Humanos”−, las organizaciones se dedicaron a identificar dentro del equipo del nuevo gobierno a los personajes más proclives al tema de los derechos humanos para tratar de hacérsela llegar al Presidente y a otros sectores políticos. Así se dio una suerte de alianza con Tarek Williams Saab, quien fungió de transmisor de la propuesta. Antes de iniciarse el debate en la ANC, el Presidente Chávez decidió hacer su contribución al mismo presentando una propuesta propia de un texto constitucional. Para sorpresa de las organizaciones integrantes del Foro por la Vida, el texto del Presidente Chávez coincidía en gran medida con su propuesta constituyente.

El cronograma pautado para la redacción del nuevo texto constitucional fue de 180 días,

tal y como se indica en el siguiente cuadro:

Asamblea Nacional Constituyente - Cronograma de trabajo 03/08/99 Sesión de Instalación

05/08/99 Entrega a la ANC de la propuesta del Presidente de la República

11/08/99 Designación de las 20 Comisiones de Trabajo

1ª semana de septiembre Instalación efectiva de las Comisiones de trabajo

09/09/99 Debate sobre el Preámbulo de la Constitución

12/10/99 Presentación del Anteproyecto de Constitución

19/10/99 – 09/11/99 Primera discusión del Anteproyecto de Constitución

12/11/99 – 14/11/99 Segunda discusión del Anteproyecto de Constitución

15/11/99 – 17/11/99 Sesión Permanente para discutir los artículos aprobados del Anteproyecto de Constitución

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19/11/99 Firma del Proyecto de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte de los miembros de la ANC. Entrega del Proyecto al Presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral

Las organizaciones del Foro por la Vida aprovecharon su reputación y credibilidad en el

área, así como sus contactos previos con algunos constituyentes para incorporarse en carácter de expertos a las deliberaciones de la Comisión de Derechos Humanos; una vez allí, propusieron una metodología de trabajo que incluía utilizar la propuesta del Presidente Chávez como documento base para la discusión. Otro elemento importante en la estrategia fue la focalización en algunos puntos considerados “no negociables”, es decir, aspectos en los cuales era necesario concentrar toda la energía y todos los esfuerzos para tratar de conseguir su incorporación al texto constitucional en los términos deseados; este es el caso de: la jurisdicción civil para los delitos militares contra los derechos humanos, la reglamentación de los estados de excepción, el reconocimiento de los tratados internacionales dentro de la jurisdicción interna y la creación de algunas instancias como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Como mecanismo de presión, las organizaciones utilizaron la tradicional intervención a

través de los medios de comunicación con dos objetivos: primero, mantener informada a la ciudadanía sobre ciertos temas de interés −de modo que no quedaran restringidos a las discusiones en el seno de la ANC− y segundo, pronunciarse respecto a las propuestas debatidas en la Asamblea. Para apoyar sus argumentos recurrieron a su experticia y conocimiento del tema, así como a la experiencia y normativa internacional en esta materia, con el propósito de fijar un estándar contra el cual comparar el caso venezolano.

Aunque la labor en la Comisión de Derechos Humanos fue bastante efectiva, algunos de

los temas de interés del Foro por la Vida −especialmente los referidos a los derechos económicos, sociales y culturales− fueron discutidos en otras comisiones. La división del trabajo en un abanico tan amplio de comisiones (20 en total) prácticamente hizo imposible que las organizaciones de derechos humanos pudiesen hacer seguimiento de todas las propuestas de la Agenda por la Vida.

En balance, las organizaciones califican como positivo −más no exitoso− el resultado

obtenido en el proceso constituyente. Reconocen que difícilmente la ANC podía desconocer el tema de derechos humanos, sin que ello fuese interpretado como un desafío a los principios democráticos. Quizás la mejor medida de evaluación del resultado obtenido viene dada por la comparación entre el texto constitucional de 1961 y el nuevo texto de 1999; en tal sentido, las organizaciones estiman que efectivamente se produjo un avance, pero no necesariamente un cambio trascendental. Por otra parte, los avances en la carta de derechos no tienen una correspondencia en el diseño de los poderes públicos, lo cual pone en riesgo la plena vigencia de los derechos. Por encima de los resultados obtenidos, las organizaciones del Foro por la Vida consideran que la ANC fracasó porque no logró convertirse en el espacio para el gran debate nacional del nuevo contrato social venezolano. La premura impuesta por el Presidente de la República para que el referéndum aprobatorio se produjese antes de finalizar el año 99, desató

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una carrera contra el tiempo que impidió cualquier deliberación, incluso en el seno de la propia ANC. La protesta cívica por la educación: “Con mis hijos no se metan” Este caso surge de la confrontación de dos visiones del modelo educativo que debería adoptarse en Venezuela. Una, es la visión del gobierno del Presidente Chávez −expresada en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), elaborado por el Ministerio de Educación− y la otra, es la visión de un conjunto de organizaciones de ciudadanos liderizadas por la Asociación Civil Asamblea de Educación.

En noviembre de 1999, un pequeño grupo de especialistas y personas interesadas en el tema de la educación constituyeron la Asociación Civil Asamblea de Educación (AE). En enero de 2000, la AE hizo una denuncia relacionada con la Resolución 259 del Ministerio de Educación (ME), mediante la cual se cambiaban los contenidos de la materia Ciencias Sociales para la segunda etapa de educación básica (proponía la mención de sólo cuatro presidentes en la historia reciente de Venezuela, excluyendo a quienes gobernaron el país entre 1958 y 1998). El 9 de febrero de 2000, el ME decidió derogar la mencionada Resolución.

Durante los meses siguientes, la AE hizo seguimiento a varios asuntos: el decreto de instrucción premilitar, un libro de texto cuestionado por sus contenidos xenófobos, el desempeño de las escuelas bolivarianas y la propuesta de utilizar supervisores militares en los planteles. A mediados de año, la AE se propuso preparar un Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE), para lo cual convocó la colaboración de otras seis organizaciones: la Cámara Venezolana de Educación Privada (CAVEP), la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (ANDIEP), la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), la Federación Venezolana de Maestros, el Colegio de Licenciados en Educación y SINERGIA (una red que reúne las OC más importantes del país).

Mientras se trabajaba en la elaboración del PLOE, el 31 de octubre de 2000, fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto 1.011. Este decreto agregó una cuarta jerarquía de supervisores educativos denominados “Supervisores Itinerantes Nacionales”. La creación de esta nueva figura fue rechazada inmediatamente por los gremios educativos que, el 17 de enero de 2001, introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contencioso administrativo de nulidad del Decreto 1.011. Las principales críticas de los gremios a esta norma eran las siguientes: la laxitud de las calificaciones demandadas a los candidatos, la ausencia total de lineamientos para la supervisión y el señalamiento de la intervención y posible suspensión/reemplazo del cuerpo directivo como única consecuencia o sanción aplicable a los planteles que no aprobasen la prueba de la supervisión integral. La protesta contra el Decreto 1.011 dio origen a la formación de un grupo de padres y representantes que, gracias a un emblema diseñado por uno de ellos (semejante a la señal de tránsito de no estacionar), posteriormente constituyeron formalmente la Asociación Civil Movimiento Nulidad 1.011.

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El 19 de enero de 2001, la AE y las otras seis organizaciones promotoras del PLOE entregaron el documento en cuestión a la Asamblea Nacional. El proyecto fue presentado como iniciativa popular con el respaldo de 91.674 firmas de ciudadanos.

Entre enero y julio de 2001, se realizaron en Caracas y varias ciudades del interior del país más de cien foros para discutir los temas de la agenda educativa: el PLOE, el Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Convenio Educativo con Cuba, el Decreto 1.011 y el proyecto de modificación del régimen de organización y funcionamiento de las comunidades educativas. También, se llevaron a cabo varias concentraciones y movilizaciones masivas, tal y como se indica a continuación:

Fecha: Evento: 19/01/2001 Concentración en los alrededores de la Asamblea Nacional para

entregar el PLOE elaborado por las organizaciones de la sociedad civil. Movilización hasta la sede del Ministerio de Educación para entregar una copia del proyecto.

05/02/2001 Concentración frente al TSJ en apoyo al recurso interpuesto por los gremios educativos contra el Decreto 1.011

31/03/2001 Concentración en Caracas y otras 32 ciudades del interior para respaldar el PLOE elaborado por la AE y otras organizaciones y rechazar la política del ME

08/11/2001 Movilización en la Av. Universidad de Caracas para apoyar la Ley Orgánica de Educación aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional

Se puede decir que el 19 de enero de 2001 la clase media formada en el período democrático debutó como actor político. Las personas participaron directamente, sin ser convocadas por los partidos políticos. Bajo el lema “con mis hijos no se metan” salieron a tomar la calle y los espacios públicos, para defender su derecho a escoger en libertad el tipo de educación que desean para sus hijos.

A juicio de los miembros de la AE, Movimiento Nulidad 1.011 y otras organizaciones que participaron en esta protesta, los foros y movilizaciones masivas fueron determinantes en los resultados obtenidos por esta acción de protesta, a saber: la derogatoria de la Resolución 259, el freno impuesto al proyecto de modificación al régimen de organización y funcionamiento de las comunidades educativas, la elaboración de un PLOE de consenso entre las organizaciones de la sociedad civil y la Asamblea Nacional y la decisión del TSJ respecto al Decreto 1.011. Aunque el TSJ no declaró la nulidad del Decreto, la decisión resolvió de hecho los aspectos más objetables.

Más allá de estas victorias parciales, todavía está por verse el desenlace final de la historia puesto que aún está pendiente la segunda discusión de la Ley Orgánica de Educación. No obstante, independientemente de lo que suceda en el futuro, no cabe duda que la protesta educativa logró algo que parecía imposible: movilizar a sectores de la población que se encontraban completamente al margen de “lo público”. Sería ingenuo pensar, sin embargo, que lo ocurrido en este caso haya sido sólo una reacción ante una política pública determinada; está

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claro que la percepción de muchos venezolanos fue que la política educativa del gobierno era el reflejo de su poco apego a los principios democráticos y un primer intento de poner en funcionamiento un modelo de adoctrinamiento político, en franca violación de la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento.

En principio, la escasa asistencia a las concentraciones y marchas convocadas por las organizaciones que condujeron la protesta educativa, sumada a la evidente preeminencia de personas de clase media −con poca o ninguna experiencia en este tipo de acciones− hizo que sus participantes se hicieran acreedores del calificativo “escuálidos”, término acuñado por el Presidente Chávez para minimizar la importancia de estas expresiones y sobre todo para destacar el contraste con las movilizaciones escenificadas por sus partidarios, caracterizadas por la participación masiva del “soberano” −vocablo utilizado para referirse a los sectores populares de la población.

La transformación de Primero Justicia en partido político El siguiente caso surge en el contexto de la crisis de los partidos tradicionales y las dificultades para la consolidación de nuevos “experimentos” partidistas. Un grupo de jóvenes que tenía varios años trabajando en una organización de ciudadanos dedicada a la promoción de la justicia de paz, decidió conformar un nuevo partido político llamado Primero Justicia.

A mediados de 1992, un grupo de estudiantes del último año de la carrera de derecho de la UCAB comenzó a trabajar el tema de la reforma del sistema judicial, con particular énfasis en la justicia de paz. Ese mismo año, decidieron crear una asociación civil llamada Primero Justicia. El objetivo de la asociación se definió en los siguientes términos: promover y ejecutar programas destinados a la transformación del sistema de justicia en Venezuela desde la perspectiva del desarrollo social. Esta particular visión enfatizaba la necesidad de plantear toda propuesta de reforma institucional desde el punto de vista del usuario, es decir, desde una concepción de ciudadanía articulada y con capacidad de controlar y cooperar con sus instituciones (Primero Justicia, 1996).

Tan pronto se conoció en triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, los miembros de Primero Justicia comenzaron a discutir su estrategia para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Como otras organizaciones de ciudadanos, Primero Justicia −respondiendo a la oferta realizada por Chávez durante la campaña electoral− decidió postular candidatos propios a la ANC; se escogieron tres candidatos: Julio Borges, Leopoldo López y Angel Alayón.

Las elecciones de la ANC se llevaron a cabo el 25 de julio de 1999. El último reporte parcial del Consejo Nacional Electoral de ese día −faltando por escrutar 13 por ciento de los votos del Estado Miranda− indicaba que Julio Borges habría obtenido el último de los 11 escaños en disputa en esa entidad, por una diferencia de tres mil votos sobre Luis Camargo, del Polo

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Patriótico (El Universal, 26/07/1999). Sin embargo, al completarse el conteo de los votos restantes, Luis Camargo se alzó con el triunfo por una mínima ventaja.

Todavía bajo el impacto de los resultados de la contienda electoral, los miembros de Primero Justicia se incorporaron −como muchas otras organizaciones de ciudadanos− al proceso de discusión de la nueva Constitución. A través de la Comisión de Participación Ciudadana, hicieron llegar a la ANC tanto el proyecto elaborado por Primero Justicia, como las propuestas suscritas conjuntamente con la Alianza Social por la Justicia;14 también intervinieron activamente en el ciclo de video conferencias promovidas por la Comisión de Participación e hicieron “cabildeo” directo con varios asambleístas. En términos generales se puede afirmar que la Alianza Social por la Justicia −conjuntamente con el Foro por la Vida− fue de las organizaciones más exitosas en promover sus planteamientos ante la ANC y lograr plasmarlos en la nueva Constitución; sin embargo, el hecho de que algunas propuestas que consideraban importantes no pasaran indujo a los integrantes de Primero Justicia a hacer campaña activa por el NO en el referéndum del 15 de diciembre de 1999.

Una vez aprobada la nueva Constitución, el oficialismo insistió en la necesidad de relegitimar todos los poderes públicos, convocando a elecciones de todos los cargos: desde el Presidente de la República hasta los miembros de las Juntas Parroquiales. De acuerdo con el nuevo texto constitucional, las agrupaciones de ciudadanos y grupos de electores también pueden participar en la contienda electoral postulando candidatos a los cargos de elección popular. Inicialmente −acogiéndose a esta posibilidad− Primero Justicia se planteó hacer sus postulaciones como asociación civil, tal y como había hecho para las elecciones de la ANC; sin embargo, conforme a lo establecido en el Estatuto Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía pautado dar un tratamiento diferencial a los partidos políticos respecto al resto de las organizaciones. Eso los convenció de la necesidad de conformarse como movimiento político, para poder competir en condiciones más equitativas:

A juzgar por los resultados de las elecciones del 30 de julio de 2000, al menos desde el punto de vista político, los miembros de Primero Justicia tomaron la decisión correcta al crear un movimiento político. Consiguieron el triunfo en tres importantes alcaldías: Leopoldo López en Chacao, Henrique Capriles Radonski en Baruta y Juan Fernández en Los Salias y lograron cinco escaños de la Asamblea Nacional: Julio Borges y Carlos Ocariz, electos uninominalmente en el Municipio Sucre; Gerardo Blyde, electo uninominalmente en el Municipio Baruta −con la votación uninominal más alta para un diputado en todo el país− y Ramón José Medina y Leopoldo Martínez, electos por lista.

Los miembros iniciales de la A.C. Primero Justicia permanecieron juntos hasta la

campaña por el NO. Después de eso, un grupo decidió participar activamente en el ámbito 14 Un red de organizaciones de ciudadanos que trabajan en el tema de la administración de justicia.

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político −optando por ocupar cargos de elección popular− y otro grupo decidió permanecer en el trabajo social que venía desarrollando la organización hasta ese momento. Para rescatar el trabajo de la asociación civil, ésta tomó el nombre de Consorcio Justicia, A.C. Esta organización desarrolla en la actualidad buena parte de las actividades que solía realizar la A.C. Primero Justicia y algunas otras.

Aunque existen varios precedentes de miembros de organizaciones ciudadanas que se han

trasladado al ámbito político, algunos voceros del sector15 afirman que ello todavía no se asimila como un fenómeno natural, ni siquiera por parte de sus propios protagonistas. No faltan quienes desean incursionar en la política, pero de alguna manera quieren hacerlo todavía bajo la aureola del liderazgo civil y sin asumir la carga que −a su juicio− suponen los partidos políticos.

Al menos para algunos miembros de las organizaciones de ciudadanos, el caso de

Primero Justicia constituye un precedente no del todo satisfactorio; sin embargo, el juicio definitivo todavía está pendiente y depende mucho de los próximos pasos de esta agrupación política. Por ahora, se les reconoce su habilidad para identificar una oportunidad y tomar partido de ella para acceder al poder, pero está por verse si podrán diferenciarse del comportamiento político tradicional.

Finalmente, quizás la mayor preocupación que suscita este caso en el seno de las organizaciones ciudadanas es la interpretación que de él pueden hacer los actores externos al sector ¿estará la gente pensando que es sólo cuestión de tiempo para que otras organizaciones se conviertan en partidos políticos? ¿estarán los patrocinantes dispuestos a financiar las actividades de unas organizaciones que eventualmente pueden transformarse en partidos? ¿estarán las comunidades dispuestas a actuar con la misma apertura frente a quienes con la excusa de prestar servicios vienen realmente en busca de votos? Características distintivas de la actuación de las organizaciones de ciudadanos en Venezuela

Los casos analizados en este trabajo muestran que uno de los objetivos de las OC −con excepción de las organizaciones de carácter asistencialista− es participar o influir políticamente. Para lograr ese propósito, las OC venezolanas utilizan diversas estrategias y realizan una variedad de tareas: promoción y defensa de políticas (policy advocacy), presión y negociación política (cabildeo, lobby), información y formación de opinión, seguimiento y control, movilización y protesta. No obstante, aunque en términos generales las tareas que realizan las OC venezolanas para influir políticamente son las mismas que se ejecutan en cualquier parte, la forma en que ellas se llevan a cabo muestra algunas peculiaridades, tal y como se desprende del análisis de las experiencias de la participación de las OC de derechos humanos en la Asamblea Nacional

15 Las opiniones que se transcriben en esta sección provienen de las entrevistas de grupo referidas en el

Capítulo II (Metodología).

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Constituyente y la intervención de las OC en la definición de la política educativa del actual gobierno. En el primer caso, las OC de derechos humanos se propusieron influir políticamente utilizando principalmente la vía de la persuasión a través del diálogo y el cabildeo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre regularmente en el mundo desarrollado donde la actividad de promoción/defensa (advocacy) de las OC se desenvuelve en un marco institucional profundamente arraigado y articulado, estas organizaciones tuvieron que enfrentarse a un ambiente con características diametralmente opuestas: la Asamblea Nacional Constituyente. Una institución recién creada, integrada en buena medida por personas sin ninguna experiencia política y mucho menos parlamentaria, que tuvo muchas dificultades para concentrarse en su misión y no desviar su atención hacia otros asuntos y visiblemente presionada por el Presidente de la República para producir resultados en un plazo perentorio. En circunstancias como esas, la posibilidad de conseguir el propósito deseado termina dependiendo de una azarosa conjunción de factores que ninguno de los actores involucrados en el proceso está en capacidad de anticipar y controlar. La experiencia de las organizaciones de derechos humanos en la ANC indica que dos elementos claves de su éxito relativo fueron los contactos personales con algunos miembros de la Comisión de Derechos Humanos y el hecho de haber participado con carácter de expertos en las discusiones de la mencionada Comisión; entre tanto, otras OC en diferentes áreas temáticas, que no contaban con ningún respaldo en las comisiones respectivas, tuvieron que contentarse con entregar sus propuestas a través de la Comisión de Participación Ciudadana sin ninguna garantía de su consideración por parte de la ANC. Esta situación refleja de entrada un acceso inequitativo a las instancias de toma de decisiones, derivado de un exceso de personalismo y poca formalización de los canales de participación ciudadana. Otros elementos identificados como claves en los resultados obtenidos fueron la calidad y solidez de la propuesta presentada, la reputación y credibilidad de las OC de derechos humanos participantes y la campaña de información y presión desplegada través de los medios de comunicación. El hecho de que estos factores hayan sido determinantes para que las propuestas presentadas fueran tomadas en cuenta por la ANC constituye una muestra de uno de los riesgos que confronta la participación política de las OC, que Taylor (1999) denomina el “peligro del darwinismo” −sólo las organizaciones más importantes, visibles y reconocidas tienen capacidad de influencia en la toma de decisiones en materia de políticas (policy making)− y que tiende a limitar, en lugar de promover, el pluralismo democrático. Por su parte, la experiencia de la intervención de las OC en la definición de la política educativa del actual gobierno ilustra la trayectoria que puede tomar la participación política de las OC cuando no es posible influir por vía de la persuasión debido a que los canales de participación están sencillamente bloqueados. En este caso no había posibilidad alguna de comunicación con el Poder Ejecutivo −Ministerio de Educación, Cultura y Deportes− e inicialmente tampoco con la Asamblea Nacional −totalmente controlada por el Polo Patriótico y supeditada a la voluntad del

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Ejecutivo; sólo el proceso de movilización ciudadana promovido a través de los múltiples foros realizados y las marchas y concentraciones organizadas por las OC involucradas en este proceso, consiguió la apertura necesaria para que un sector de la ANC mostrara su disposición a trabajar en un proyecto conjunto de Ley Orgánica de Educación entre una de las comisiones del Poder Legislativo y las OC. Este caso apunta en la dirección de la propuesta de Cohen y Arato (1994) sobre un modelo de sociedad civil donde los movimientos sociales constituyen la pieza clave. Ante cualquier desviación de las democracias constitucionales respecto a los principios de participación y justicia que deben regirlas, se recurre a formas más radicales de expresión para restablecer los vínculos entre la sociedad civil y la sociedad política. De nuevo en este caso se pone en evidencia la falta de canales formales de intermediación entre las organizaciones de ciudadanos y el Estado. La ausencia de partidos políticos competitivos y representativos sumada a la desconfianza y resistencia que ellos generan entre las OC, hace que las organizaciones recurran a vinculaciones personales que, por su propia naturaleza, son más erráticas y menos efectivas. Esto significa que en contextos como el venezolano, las imperfecciones del sistema de partidos limitan la efectividad de las OC lejos de potenciarla (como algunos miembros del propio sector piensan). En tal sentido, en Venezuela es preciso desmontar la idea de que las organizaciones de ciudadanos constituyen una alternativa a los partidos políticos. Estos dos casos muestran las exigencias en términos de capacidad de respuesta que confrontaron las organizaciones involucradas. Se requirió que ellas tuvieran la competencia necesaria para elaborar propuestas, hacer seguimiento de los acontecimientos, negociar con otros actores, llamar la atención de los medios de comunicación y utilizar apropiadamente las oportunidades que estos ofrecían, etc. Para poder llevar a cabo todas estas actividades las OC requieren recursos humanos y materiales que en las circunstancias actuales del país cada vez son más difíciles de conseguir y conservar. Las fuentes de financiamiento nacionales y en particular las gubernamentales se han restringido de manera significativa, mientras en el plano internacional las OC venezolanas tienen grandes dificultades para competir con sus pares de Africa, Asia, Europa Oriental y países más pobres de América Latina; por otro lado, el costo de oportunidad del tiempo para el trabajo voluntario aumenta conforme empeora la situación económica del país. En estas circunstancias, no sólo el “peligro del darwinismo” es cada vez mayor, sino que las organizaciones relativamente más fuertes empiezan a tener problemas para garantizar su sostenimiento; este es un riesgo que la democracia venezolana no puede darse el lujo de correr en momentos en los cuales se ha puesto en duda hasta su continuidad. Un aspecto adicional que se desprende de estos estudios de caso es la necesidad creciente pero también la apreciable dificultad que experimentan las OC para conformar redes y actuar concertadamente. Cuando las OC enfrentan un fuerte adversario común (como el caso del Ministerio de Educación cuando de inició la disputa por la política educativa con el actual

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gobierno) o cuando se trata de materias que constituyen juicios básicos16 (caso de los derechos humanos), la articulación de las organizaciones se facilita; por el contrario, cuando el adversario cede o se debilita y/o es preciso construir consensos sobre asuntos que involucran juicios no básicos, el acoplamiento de intereses y la acción concertada se dificultan significativamente. En ese sentido, es preciso que las OC venezolanas se planteen la necesidad de desarrollar mecanismos de negociación con sus pares, así como en su momento se vieron en la obligación de hacerlo con otros actores externos al sector.

El caso de la transformación de Primero Justicia en partido político podría interpretarse quizás como una cuarta generación del modelo propuesto por Korten (1987);17 ésta estaría formada por organizaciones que tienen la convicción de que la persuasión y los mecanismos de presión tienen un límite; en consecuencia, para producir un cambio estructural hay incorporarse a la sociedad política y actuar desde ella. Siguiendo esta línea argumental, en Venezuela sólo ahora habrían emergido organizaciones de cuarta generación −partidos políticos gestados en el sector de organizaciones ciudadanas− debido a que anteriormente era imposible penetrar el cerco del sistema de partidos y romper su monopolio de intermediación con el Estado.

La experiencia de Primero Justicia, si bien no puede tomarse como representativa de las

OC venezolanas, sugiere que −al menos por un período de nuestra historia reciente− las organizaciones de ciudadanos atrajeron a personas con un evidente interés y compromiso por los temas públicos. Por otra parte, un estudio de los perfiles de los miembros de las organizaciones ciudadanas y políticas en Venezuela (González, 2002) sugiere las OC tienen ventajas sobre los partidos para captar adeptos con mayor nivel de instrucción y estatus socioeconómico; eso significaría no sólo que candidatos potenciales para el mundo político habrían optado por “militar” en el sector de las organizaciones ciudadanas, sino que éstas se habrían quedado con los recursos más valiosos en términos de capital humano.

Aunque empíricamente no hay evidencia que sustente la mutua exclusión entre civiles y políticos, la transformación de Primero Justicia ilustra la poca permeabilidad que ha existido en Venezuela entre ambos grupos, particularmente por la actitud de las OC hacia los partidos políticos. Definitivamente no se percibe como un hecho natural que miembros de las OC 16 Tipo de juicio que los individuos suelen adherir independientemente del supuesto al cual se les enfrente

(por ejemplo, la opinión respecto a la pena de muerte es independiente de los crímenes cometidos por el agresor). Los juicios básicos suelen ser menos controversiales que los juicios no básicos, ya que en los últimos la posición que toman los individuos puede variar considerablemente dependiendo del supuesto de partida.

17 La primera generación está constituida por organizaciones no políticas dedicadas a la asistencia y beneficencia. La segunda, está conformada por organizaciones cuya intención es generar beneficios que puedan sostenerse en el tiempo, una vez que cesa el período de apoyo directo, pero que no pretenden abordar las causas estructurales de los problemas que enfrentan las comunidades. La tercera, está integrada por organizaciones que han llegado al convencimiento de que las iniciativas de desarrollo local sólo podrán sostenerse en la medida en que se corrijan ciertas disfunciones en las políticas públicas y el marco institucional y que deciden, en virtud de ello, influir políticamente para transformar políticas e instituciones.

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incursionen en la arena política y mucho menos que una organización ciudadana se convierta en una política. El enorme desprestigio y desconfianza generada entre los venezolanos por los partidos políticos, incentivó a varios grupos y personalidades provenientes del sector de organizaciones ciudadanas −con interés en la política− a tratar de irrumpir en esa esfera conservando de alguna manera la aureola de la sociedad civil. El caso de Primero Justicia tiene algunos rasgos que apuntan en esa dirección; de hecho, es probable que si en la contienda electoral del 2000 el CNE hubiese garantizado a las organizaciones civiles el mismo trato que a los partidos políticos, Primero Justicia habría terminado postulando sus candidatos como asociación civil y quizás hasta mantendría ese carácter hoy en día. En todo caso, la transformación se produjo y Primero Justicia enfrenta no sólo el reto de construir un partido político en circunstancias particularmente complejas, sino el desafío de probar si su paso por el sector de organizaciones ciudadanas les ha proporcionado −como ellos mismos sostienen− una visión distinta de las relaciones entre las organizaciones civiles y las organizaciones políticas. Por lo pronto, algunas propuestas como la creación de un brazo social dentro del partido y el crecimiento a través de la anexión de asociaciones civiles que provean algún tipo de servicio, suscitan algunas dudas por el riesgo de emergencia de un modelo seudo corporativista que pueda mediatizar, en lugar de propiciar, la participación de las paersonas.

LA COORDINADORA DEMOCRATICA ¿REENCUENTRO ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SOCIEDAD POLITICA?18

En diciembre de 2001, por iniciativa de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Fedecámaras (organización cúpula del empresariado privado), comenzaron a reunirse equipos técnicos de ambas organizaciones con expertos académicos19 para trabajar en las bases de un “Acuerdo Democrático”. Los principios básicos de ese Acuerdo fueron presentados al país a comienzos del mes de marzo de 2002 en un acto de gran resonancia pública.

Paralelamente, desde el mes de febrero de 2002, surgió un espacio de análisis y definición de estrategias comunes por parte de varios partidos políticos: Proyecto Venezuela, Movimiento al Socialismo, AD, Copei, Primero Justicia y Unión, con la coordinación de Henrique Salas Römer. Fueron invitadas a integrarse a ese escenario varias organizaciones de la sociedad civil (ocho en total), naciendo así lo que más tarde se conocería como la Coordinadora Democrática, un espacio de concertación por consenso de iniciativas políticas conjuntas.

18 Esta breve reseña de la experiencia de la Coordinadora Democrática está basada en el libro de Leonardo

Carvajal, titulado El laberinto de Chávez (Carvajal, 2002). 19 Principalmente asociados a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

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En el marco de este novísimo intento de articulación, el eje conformado por la CTV y Fedecámaras decidieron convocar un paro nacional el día 9 de abril. Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil acompañaron tal decisión, probablemente la mayoría con un alto nivel de adhesión; sin embargo, en una reunión entre los partidos políticos y la sociedad civil celebrada el 8 de abril afloraron muchas inquietudes por la cantidad de cabos sueltos frente al conflicto que se abría. Lo cierto es que no había una estrategia y de hecho, como reza el refrán popular, “como fue viniendo, fueron viendo”. Casi de una manera espontánea, el creciente descontento popular con el gobierno del Presidente Chávez llevó a una multitud de ciudadanos −sin precedentes en la historia política del país− a marchar hacia el Palacio de Miraflores el día 11 abril. En las cercanías del Palacio se produjo un enfrentamiento que concluyó con la muerte de diecinueve personas. A partir de ese momento, el alto mando militar perdió la escasa autoridad que tenía, dando paso a los acontecimientos que culminarían con la salida del Presidente Chávez del poder por unas cuantas horas. Los sucesos de abril produjeron una tremenda conmoción en la incipientemente organizada oposición. Sin embargo, dos cosas estaban claras; primero, la disposición de la sociedad civil de seguir luchando. La mejor muestra de ello fue que a la marcha de la CTV del 1 de mayo, se incorporaron miles de personas que no eran integrantes de sindicato alguno; el 11 de mayo la población se volcó de nuevo a las calles para rechazar lo sucedido un mes antes en el centro de la ciudad. Segundo, cierta revalorización de los actores políticos; una de las enseñanzas que dejó el 11 de abril fue que era necesario contar con la experiencia de políticos “profesionales” para conducir con más tino a la oposición. La Coordinadora Democrática se robusteció con la incorporación de nuevos integrantes y empezó a adquirir un perfil mucho más definido ante la opinión pública, como un espacio donde partidos políticos y sociedad civil intentarían marcar orientaciones para la acción. Sin embargo, esta tarea ha sido extremadamente compleja y no podía ser de otra manera si se toma en cuenta que en ese escenario se reúnen partidos sexagenarios como Acción Democrática con agrupaciones nacientes como Primero Justicia, los socialistas de Bandera Roja y los liberales de Alianza por la Libertad, una docena de partidos políticos y unas treinta organizaciones de la sociedad civil. Cuando se conjuga esa diversidad de intereses, doctrinas y visiones ¿cómo sorprenderse ante el surgimiento de contradicciones? Esas contradicciones han dificultado la posibilidad de diseñar una estructura organizativa y unos procesos que permitan agilidad y coherencia a la toma de decisiones en el seno de la Coordinadora. En consecuencia sus acciones han estado dominadas por una combinación de emotividad, inmediatismo y dispersión. Muchas personas han exigido en los últimos meses a los líderes de la oposición que encuentren el camino para salir de este gobierno; aunque en algunos momentos ha habido mucha sintonía entre las expectativas de la gente y las posiciones del liderazgo colectivo que se ha venido formando, en estos momentos han mucho malestar, incertidumbre o desaliento con relación a ese liderazgo por dos razones: primero, el continuo cambio de planes y yuxtaposición de propuestas en que ha incurrido la Coordinadora y segundo,

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la continua figuración en medios y actos de ciertos rostros representativos de la vieja práctica partidista. Tras el paro general de diciembre y enero y sus consecuencias, a la Coodinadora Democrática no le quedó otro remedio que someterse a un profundo examen. Recientemente, se anunció un plan de depuración y reestructuración interna que persigue darle mayor coherencia a sus decisiones y más funcionalidad a sus actuaciones. Habrá que esperar para evaluar sus resultados.

CONCLUSIONES: LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Aunque no es el propósito, ni está dentro de las posibilidades de este trabajo sacar conclusiones definitivas sobre el impacto de la actuación de las organizaciones de ciudadanos en el funcionamiento de la democracia en Venezuela, si son procedentes algunos comentarios. En primer lugar, es evidente que en los últimos años se ha producido una creciente politización de las organizaciones ciudadanas como una respuesta inicialmente, a la amenaza que el gobierno del Presidente Chávez ha supuesto para la preservación de ciertas conquistas del sector −en particular el derecho a participar activamente en la discusión y definición de las políticas públicas− y posteriormente, como reacción a las continuas amenazas al ejercicio de la democracia. Este proceso no sólo ha contribuido ha posicionar a las OC como actores del sistema político venezolano, sino que las organizaciones ciudadanas han sido, a su vez, un elemento clave para la politización (o repolitización) de la población; sin embargo, las OC deben estar conscientes de que el cumplimiento de los principios normativos de la teoría democrática y la satisfacción de los presupuestos estructurales de la modernidad, pasa por la “articulación con” y no la “sustitución de” un sistema de partidos políticos capaz de intermediar efectivamente con el Estado. En Venezuela es imperativo hacer más permeables las fronteras entre el sector de organizaciones ciudadanas y el sector político. Algunos acontecimientos recientes en Venezuela muestran en el gobierno del Presidente Chávez una tendencia a la radicalización en posiciones calificadas por diversos analistas como lesivas de los derechos de los ciudadanos y restrictivas de las libertades individual y asociativa. Este riesgo, que afecta por igual a las organizaciones ciudadanas y políticas, ha servido como mecanismo aglutinante de grupos e intereses muy diversos; por primera vez en mucho tiempo las OC y los partidos políticos parecen dispuestos a unir esfuerzos y trabajar conjuntamente en favor de la defensa de la democracia. El reto está en hacer de esa colaboración, resultante de un fenómeno coyuntural, un comportamiento sostenible en el tiempo.

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