La Lucha contra la corrupción Escenarios y Prospectivas (2009-2015)

Por un Pacto Social 1

La lucha contra la corrupciónEscenarios y Prospectivas2009-2015

Por un Pacto Social2

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) Correo electrónico: [email protected]ágina web: www.movimientoporladignidad.blogspot.com

Apoyo técnico:

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)Correo electrónico: [email protected]ágina web: www.fosdeh.net

Tegucigalpa, Honduras, mayo-2009


Índice

1.- Palabras previas, por un pacto social 5

2.- Caracterización general de la investigación 11

3.- Análisis del escenario actual de la corrupción (puesta al día) 17

4.- Identificación del “abuso de poder” y los actores institucionales y sociales claves 25

5.- El escenario actual 35

6.- Escenarios prospectivos para el 2015 49


11 Palabras previas,

Por un Pacto Social


El lector, hombre o mujer, tiene en sus manos una nueva publicación que tiene el propósito de respaldar la lucha de la ciudadanía hondureña para combatir la corrupción, en cuyo esfuerzo destaca la labor del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ), surgido al calor de la histórica “Huelga de los Fiscales”, de abril y mayo de 2008.

El conjunto de numerosas investigaciones y publicaciones sobre la realidad hondureña nos ha dejado en claro que el combate a la corrupción, en sus diversas manifestaciones, debe ser la preocupación y el desafío principal de intervención inaplazable de nuestra sociedad. Es urgente, ético y moral enfrentar la corrupción y los corruptos en todos los espacios en que se detecten. Da vergüenza que en nuestro país acosado de desigualdades extremas sigan muriendo miles de personas, de todas las edades, porque la corrupción les sustrae las medicinas y la asistencia médica adecuada para curar sus enfermedades o les impide acceder al cumplimiento de sus necesidades humanas más elementales.

El monitoreo permanente de las informaciones que aparecen publicadas en los medios sobre el tema de la corrupción, en conjunto con los procesos de auditoría social que se impulsan en diferentes regiones del país, confirma, por un lado, la extrema podredumbre y ausencia de escrúpulos de quienes se lucran con los recursos del Estado y, por otro, la creciente lucha de la ciudadanía en su contra.

Sin embargo, Honduras necesita resultados más contundentes y a corto plazo para evitar su colapso. Eso es lo que advirtió la huelga de hambre de los fiscales y que subraya esta investigación que visualiza escenarios probables de país para el 2015 si la corrupción en sus niveles actuales de cuantía e impunidad sigue intocable.

Las estimaciones encontradas asustan: si persiste el crecimiento interanual de 12% del Presupuesto General de Egresos e Ingresos y se mantiene la tasa promedio de 10% de corrupción calculada por diferentes sectores sobre los montos presupuestarios, Honduras perderá a manos de los corruptos entre el 2008 y el 2015 una suma no menor de 139 mil 086.9 millones de lempiras, (alrededor de 7 mil 300 millones de dólares). Para

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lo 1

Por un Pacto Social


dimensionar esta cifra, que es casi inimaginable, indicamos que la misma representa, por ejemplo:

• Más de 10 años de inversión pública ya que el gobierno destina alrededor de 12 mil millones cada año para este fin.

• 3 veces el monto total de la deuda externa, calculada a febrero de 2009 en 2 mil 308 millones de dólares.

• A casi de 3 años de la totalidad de los ingresos fiscales del país, calculados a diciembre de 2008 en 46 mil 591 millones de lempiras.

• La totalidad de los recursos del Presupuesto General de la República previsto para el año 2010.

• 198 veces los recursos que destina el gobierno en nombre de la ERP a los 298 municipalidades para que combata la pobreza.

Esa enorme suma, que podría parar en bolsillos particulares, contrasta con el hecho del incumplimiento previsible de la mayoría de las Metas del Milenio y obviamente de la ERP.

que representa más de 10 años de inversión pública (el gobierno destina alrededor de 12 mil millones cada año para inversión pública). Esa enorme suma, casi inimaginable, que podría parar en bolsillos particulares, contrasta con el hecho del incumplimiento previsible de la mayoría de las Metas del Milenio.

En ese sentido, el MADJ con el apoyo del FOSDEH para la realización de esta investigación advierte que Honduras se encamina a una “catástrofe humanitaria” si no se frena y reduce el robo de los recursos públicos del Estado. Esa “catástrofe” no llegará de pronto, de manera inesperada o abrupta, sino que se construye en el día a día, pero puede alcanzar un nivel y una magnitud hasta ahora inédita por la extrema vulnerabilidad del país a diversas amenazas.

Pero la corrupción es un fenómeno que no sólo tiene efectos nocivos sociales y económicos, sino que además de incrementar las inequidades y desigualdades convierte al Estado en un rehén de poderes efectivos, legales e ilegales, que permite anticipar un escenario complementario a la “catástrofe humanitaria”: una crisis de ingobernabilidad política y social aguda, que podría representar un retroceso brutal en la transición “democrática” iniciada en 1982. La irrupción del “crimen organizado”, como el narcotráfico, añade un tono más sombrío al panorama nacional.

El cambio tiene que darse por un impulso que venga desde abajo, de la ciudadanía victima, de la ciudadanía hasta ahora atemorizada y tolerante, de una ciudadanía consciente y crítica, capaz de proponer y luchar por un Pacto Social Anticorrupción que sume esfuerzos nacionales e internacionales bajo un solo propósito.


¿Se muestra dispuesta a cambiar su conducta la élite política y empresarial corrupta ante los escenarios por venir? Si es por voluntad propia, la respuesta es no; no está dispuesta a cambiar su conducta puesto que la corrupción es la base de la “gobernabilidad” que ella misma acordó con el retorno al orden constitucional. Por eso es tan difícil la lucha contra la corrupción pública, porque es estructural y está en el corazón de la política tradicional hondureña.

El cambio tiene que darse por un impulso que venga desde abajo, de la ciudadanía victima, de la ciudadanía hasta ahora atemorizada y tolerante, de una ciudadanía consciente y crítica, capaz de proponer y luchar por un Pacto Social Anticorrupción que sume esfuerzos nacionales e internacionales bajo un solo propósito.

A ese esfuerzo es que organizaciones como el MADJ y el FOSDEH aportan a esta investigación que debe ser enriquecida en su lectura y discusión individual y colectiva. Se trata de un documento que genera ideas, no que pretende agotarlas; de lectura sencilla, no complicada, qué sin ser un manual brinda la oportunidad de completar sus reflexiones.

Como lo afirmamos desde el MADJ: “Cada día que nace un niño o niña en una familia pobre en este hermoso país está destinado o destinada a sufrir las consecuencias y los efectos de la práctica destructiva de un sistema político, económico, social y cultural que se fermenta en la clase política, empresarial y corrupta que durante muchos años asesina de hambre a nuestro pueblo”.

Entonces, no hay tiempo que perder.

11Caracterización general de la investigación

22 Caracterización general

de la investigación

12 Caracterización general de la investigación


La utilización de la metodología de análisis prospectivo - estratégico, que en esta investigación se emplea, destaca el impacto en la Gobernabilidad de Honduras y en el futuro mediato de la transición democrática (al 2015) de la corrupción, visualizada como un fenómeno estructural, histórico, sistémico y de alto impacto. La corrupción no es simplemente un fenómeno económico o político, sino un fenómeno social, vigente en la sociedad hondureña, y que ha tenido tal continuidad histórica que forma parte de la cotidianidad.

Transparencia Internacional caracteriza a Honduras como una nación en la cual la “corrupción es percibida como desenfrenada”. De hecho, una buena parte de la historia política, económica y cultural se estructuró a partir de la corrupción, que requería cierto modelo organizado de Estado para su propia consolidación y crecimiento (destaca en ese aspecto la responsabilidad histórica de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, 1933-1949).

La corrupción como eje de Gobernabilidad fue retomada en 1980-1982 cuando el país asume un orden constitucional tutelado en una primera etapa (1980-1990) por el militarismo y en una segunda etapa (1990-hasta la fecha) por una clase político-empresarial. Como sistema estructural, la corrupción tiene su propia dinámica interna, de reproducción-secuencia, interactuando entre el Estado y los individuos. Por su carácter histórico y sistémico la corrupción imprimió un carácter conservador a la sociedad hondureña y sus instancias de representación (y gobierno), por lo cual las características que asume en la actualidad el combate a la corrupción tienden a ser una innovación social y, como toda innovación social es inicialmente resistida. De hecho, la lucha contra la corrupción es antisocial en la medida que la corrupción tiende a ser social.

Esa situación conduce a otra característica compleja de medir y es la enajenación cultural que produce, al grado que en el país se ha estimulado maliciosamente el criterio de que él que no roba, es tonto. Prever el futuro de un fenómeno de esta naturaleza debe tomar en cuenta la incertidumbre que le caracteriza a partir de su capacidad de mutar y la complejidad del sistema donde actúa. Nadie afirma en el país ser corrupto, aunque abunden los corruptos.

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Caracterización general de la investigación


En la consulta de diferentes fuentes para esta investigación destaca la ausencia de un fatalismo en sus análisis u opiniones, lo que contrasta con otra expresión popular: este país no tiene remedio. Nadie supone que enfrentar la corrupción es o será fácil, pero se advierte que sí hay instrumentos y coyunturas para hacerlo y que un país que no moviliza sus recursos y energías al máximo para combatirla, no podrá garantizar su propia sostenibilidad.

Honduras, como se planteará más adelante, ya se encuentra en una zona de riesgo por la corrupción (sumada, por supuesto, a otros factores) y puede ser afectada a corto plazo por una catástrofe humanitaria derivada o agravada por la corrupción (el fenómeno provoca un debilitamiento progresivo del Estado y su capacidad de respuesta). De hecho, se puede anticipar con seguridad el incumplimiento para el 2015 de la mayoría de las metas sociales fijadas a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), esta última, prácticamente “muerta y sepultada”.

En síntesis, la reflexión prospectiva sobre la corrupción en Honduras se impone debido básicamente, a los efectos combinados de dos factores:

La amenaza que para la transición democrática implica el impacto económico, social, cultural y político negativo de la corrupción

La creciente movilización ciudadana para combatir la corrupción y el contexto internacional en que se desenvuelve.

Basado en lo anterior, los objetivos intermedios de esta investigación han sido:

Identificar las fuerzas y debilidades del país con respecto a los 1. retos estratégicos y a los objetivos asociados de la lucha contra la corrupción (escenario histórico y actual)

Evidenciar el coste económico y social de la corrupción2.

Examinar los escenarios más probables de evolución del fenómeno 3. y proponer las líneas de acción que puedan ser puestas en marcha para enfrentarlo.

En esencia se trata de responder a una pregunta básica: ¿Qué futuro tendrá Honduras si no hay resultados positivos reales en la lucha contra la corrupción?

Para esta investigación se seleccionó el llamado Método de Escenarios. La definición del término escenarios dispone, en la literatura,

Nadie supone que enfrentar la corrupción es o será fácil, pero se advierte que sí hay instrumentos y coyunturas para hacerlo y que un país que no moviliza sus recursos y energías al máximo para combatirla, no podrá garantizar su propia sostenibilidad.


de varias formas de conceptualizarlo, pero todas ellas coinciden en el hecho de que los escenarios son construcciones de hipótesis de eventos futuros que permiten construir una imagen de futuros alternativos, basado en la interpretación cualitativa de puntos críticos del contexto nacional.

Para algunos académicos la Prospectiva, denominada la “ciencia de la esperanza’’, dejó de intentar predecir lo que podría ocurrir y su orientación actual es concentrarse en anticipar escenarios alternativos, lo cual es correcto puesto que cualquier análisis sobre “futuros” está cargado de incertidumbres.

El futuro no es una fórmula matemática, sino una construcción social basada en la vida misma y en su compleja relación con los demás en un entorno específico. No es un estado de cosas inerte, una circunstancia o situación inmóvil, a la espera de ser descubierta o revelada o que resulta de un destino manifiesto. En ese sentido, este trabajo más que pretender anticipar ciertos hechos o circunstancias lo que propone es distinguir algunas tendencias o circunstancias históricas que marcan escenarios previsibles de país en caso de que se mantengan o cambien.

Bajo ese parámetro, los escenarios constituyen un enfoque indispensable para orientar las opciones estratégicas de incidencia política, económica, social y cultural. Así, el método de escenarios puede ayudar a elegir, situando al máximo de posibilidades a su lado, la mejor estrategia posible para actuar sobre un aspecto determinado.

¿Puede Usted anotar cinco situaciones en las cuales su familia es víctima constante de lacorrupción?

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En Honduras son pocos los antecedentes sociales de este tipo de reflexión; en cambio, sobre el tema de la corrupción se han publicado numerosos trabajos en el país, tanto de autores nacionales como extranjeros, sin que ello implique el agotamiento del diagnóstico, precisamente por el carácter cambiante de la corrupción. Esos insumos han sido útiles al momento de explorar los caminos que conducen a estos escenarios con miras al esclarecimiento de la acción ciudadana.

Las fases de la metodología planteada para esta investigación son las siguientes:

I. Análisis del escenario actual de la corrupción (su situación política, jurídica, económica y social)

II. Identificación de los actores institucionales y sociales claves

II. Elaboración de los escenarios prospectivos para Honduras.

En general, las dos primeras fases juegan un papel fundamental en la construcción del escenario, mientras que la tercera pretende anticipar los escenarios esperados o deseados por parte de la ciudadanía.

17Análisis del escenario de la corrupción (puesta al día)

33 Análisis del escenario actual

de la corrupción (puesta al día)

18 Análisis del escenario de la corrupción (puesta al día)


En este apartado se pretende una primera comprensión del fenómeno de la corrupción desde la perspectiva histórica inmediata (orden constitucional) y de la coyuntura actual, cuando el gobierno encabezado por el Presidente Manuel Zelaya Rosales entra a su cuarto y último año de administración.

En 1982 se abrió un abanico de transiciones que a partir del texto constitucional debía expandir las oportunidades y capacidades de las personas y de la sociedad en su conjunto para lograr un mayor bienestar colectivo. La primera transición era jurídica; pasar de un régimen de facto a uno de derecho; la segunda política; abrir los derechos civiles de la ciudadanía; la tercera económica; pasar de una economía cerrada y monopólica a otra abierta, interna e internacionalmente; y la cuarta social; que en lo esencial pasaba de una cultura autoritaria, represiva y representativa a otra democrática, tolerante y participativa.

La línea de partida de esas transiciones era compleja; en lo externo el conflicto centroamericano, con tres países vecinos en los cuales se disputaba el poder con propuestas antagónicas y en lo interno con una situación políticamente frágil e inestable, extrema debilidad institucional, economía carente de eficacia y competitividad, inequidades y desigualdades sociales profundas, crisis de identidad nacional y la fragmentación imponiéndose a la concertación.

El contexto requería de los sectores gobernantes una visión y un acuerdo nacional para intentar los tres desafíos básicos: la reforma institucional democrática, la modernización económica con sentido de equidad y la consolidación de prácticas democráticas que fueran más allá de lo electoral.

Por esa misma época, España había asumido retos parecidos a partir de la muerte de Franco y del franquismo, iniciando una transición que fundamentó su acuerdo nacional a partir del texto constitucional, pero que la complementó con un esfuerzo nacional de cambiar un Estado que

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Análisis del escenario de lacorrupción (puesta al día)

En este apartado se pretende una primera comprensión del fenómeno de la corrupción desde la perspectiva histórica inmediata (orden constitucional) y de la coyuntura actual, cuando el gobierno encabezado por el Presidente Manuel Zelaya Rosales entra a su cuarto y último año de administración.


era incapaz, de persistir en sus viejas estructuras, de asumir los cambios requeridos.

En Honduras la Constitución de 1982 no tuvo el acompañamiento debido, fue abandonada a su suerte y la gobernabilidad la afianzaron los sectores de poder no en la construcción de un Estado democrático sino de un Estado cleptocrático que heredó y dio continuidad al manoseo vigente bajo los regimenes castrenses.

¿Qué se entiende por un Estado “cleptocrático” La cleptocracia es el régimen político regido por ladrones. Es una palabra compuesta de dos términos griegos: ladrón y mando, mandato de los ladrones. Históricamente se le considera como la última fase de un gobierno antes de que colapsen definitivamente las instituciones del Estado. Surge cuando la ética desaparece y cuando no existen posibilidades de resolver los conflictos sociales mediante procedimientos formalmente normados. Este tipo de régimen político conduce a situaciones en las que prosperan todo género de fraudes y en las que la “mordida” se convierte en un elemento esencial de la mayoría de las transacciones.

En 1982 la corrupción fue el eje articulador, la bisagra, de un esquema deformado de gobernabilidad. Con ese sello, las prioridades nacionales dieron forma a una agenda que reflejaba intereses personales y de grupos y no del conjunto de la sociedad.

No hubo, para definirlo con los parámetros actuales, un enfoque de derechos en la gestión del Estado, lo que implicaba un contrasentido respecto a la orientación social de la Constitución. Un enfoque de derechos hubiese implicado, por ejemplo, la integración social como prioritaria, y con ello la reducción de las inequidades existentes. Al no plantearse la equidad como objetivo no hubo preocupación por desentrañar la historia de la inequidad en el país, gran parte de la cual se ha basado en un reparto de los privilegios entre pocos. Lo complejo de ese cuadro es que en una democracia fallida las inequidades terminan creando una sociedad que opera a partir de discriminaciones, más sutil y letal en tanto más encubiertas. La oferta constitucional era que todos los hondureños y hondureñas nacían iguales en derechos, sin embargo, lejos está de cumplirse ese precepto cuando se nace en condiciones económicas, sociales y culturales adversas. Un indígena de la etnia lenca, por ejemplo, tiene la mitad de la esperanza de vida que un habitante urbano con recursos económicos solventes.


Esas discriminaciones, consideradas usualmente como “exclusiones” en ciertos lenguajes sociológicos y políticos, adquieren tal dinámica e intensidad que se desplazan y movilizan, creando inequidades espaciales de progresiva ingobernabilidad. Tampoco se comparó Honduras con los logros y atrasos de los países vecinos, analizando sus brechas económicas y sociales. Lo que se levantó fue una vitrina democrática que no cambiaba, ni tenía intención, la tendencia histórica en que se había desenvuelto la nación.

¿Cuál ha sido esa tendencia histórica? En lo básico la falta de ampliación de oportunidades para todos y la concentración de las mismas para pocos. Un país carente de estrategias de desarrollo y de continuidad y mejoramiento de la calidad en sus políticas públicas, especialmente en educación. Un país saqueado donde no eran recursos financieros necesariamente los faltantes, sino ideas, compromisos y valores éticos; entre ellos la honradez. Con miles de millones invertidos en el “gasto social”, se mencionan 120 mil millones en los últimos ocho años, la pobreza se incrementó de 64,5% en 2001 a 65,3% en 2005, mientras que la pobreza extrema apenas disminuyó de 48,6 % a 47,1%, influida, sobre todo por el efecto de las remesas de casi un millón de personas que fueron desplazadas por el sistema.

Más que falta de inversión social ha sido el mal uso –robo e ineficacia - de esa inversión social lo que ha imperado. En todo caso, cualquiera sea el monto, el gasto social en Honduras ha estado falto de esa abstracción que suele llamarse “voluntad política” a favor de la equidad y la transparencia.

En contraste con la expansión de la pobreza, la desigualdad o, mejor dicho, las desigualdades se acentuaron. Al evaluar la estructura distributiva en el período 1991-1999 se observa que 80% de los hogares de más bajos ingresos recibían 50.0% del ingreso; en consecuencia, el 50.0% correspondía al 20.0% más rico. A partir del 2001 esta desigualdad en la distribución del ingreso empeoró. En el 2005, la Encuesta Permanente de Hogares revela que 80% de los hogares percibía apenas 42% del ingreso total, mientras el 20% más rico captaba 58%.

Las manifestaciones de la desigualdad van más allá del ingreso per cápita, o sea el que se supone recibe cada persona, y son evidentes en la calidad y el acceso a los servicios, como salud, educación, agua potable, saneamiento, electricidad, transporte, justicia y democracia. Persisten, además, enormes disparidades en términos de participación, bienes y oportunidades. La disparidad es tal que, por ejemplo, los niños más pobres tienen 4 años promedio de educación, mientras que los más ricos tienen 10 años y más. De acuerdo con los especialistas en el tema, se requieren doce años o más de educación promedio para salir del círculo de la pobreza en nuestro país. En ese sentido, los organismos internacionales


de financiamiento reconocen que aunque la mayoría de los indicadores macroeconómicos puedan considerarse estables, las perspectivas de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población son lejanas e inciertas.

En particular, se necesitarán importantes esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad infantil y salvaguardar la sostenibilidad ambiental antes de 2015, período de evaluación final de las Metas del Milenio y de la ERP. La tarea es inmensa porque el problema crece en lugar de disminuir: de acuerdo a las mediciones por talla y por edad realizadas entre escolares de 6 a 9 años, el porcentaje de desnutrición aumentó de 34.9% en 1991 a 36.2% en 2001, y sigue creciendo. Las cifras de la desigualdad se vuelven más dramáticas en las zonas rurales que en las urbanas. El 42.1% de los niños campesinos son desnutridos, frente a 24.6% en las zonas urbanas. La desigualdad se acentúa en los grupos sociales más vulnerables: desde los indígenas hasta las madres solteras.

Entre los indígenas de la Montaña de la Flor o los tawahkas no existe un solo nativo que se haya graduado de educación superior. De hecho, la población indígena y garífuna del país, tiene una de las tasas de desnutrición más altas de América Latina en menores de 14 años. Bajo esas circunstancias, nadie duda que el tema de la desigualdad es profundo y complejo, al grado que muchos no lo ven simplemente como un problema, sino como una manifestación “natural y estructural” de una sociedad excluyente y propensa a la corrupción. Eso hace suponer que el factor clave para reducir la desigualdad demanda emprender más que una reforma institucional; implica cambios radicales; subrayando que las instituciones públicas deben ser totalmente abiertas, transparentes, democráticas, participativas y fuertes. Para lograrlo no hay fechas a futuro; en realidad, el futuro demanda ser ahora.

Proclama de la primera Asamblea Popular por la dignidad y la justicia

Pueblo hondureño, Pueblos del Mundo:

La aplicación de la justicia a los corruptos y corruptas ha sido un anhelo histórico de la inmensa mayoría del Pueblo hondureño, cansado de perder cantidades inmensas de recursos que pudieron haber servido a su desarrollo humano y cansado de ver a nuestra patria avergonzada por ocupar los primeros lugares de corrupción en el mundo. La huelga de hambre permitió que el pueblo en forma masiva nombrara y reconociera por su nombre al corrupto y a los funcionarios que los protegen; movilizó a los poderes del Estado a hacer cambios en la legislación y obligaron al Congreso Nacional a


tomar la responsabilidad en sus manos de decidir sobre la suspensión del Fiscal General y el Adjunto, en base a las denuncias presentadas, cuya resolución aún espera la sociedad hondureña. Después de la huelga de hambre, el pueblo no habla de las amenazas al Estado de Derecho, si no de la necesidad de un nuevo país para convertir a Honduras en un Estado de Derecho, en el cual las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, en donde la justicia se aplique a todos y todas por igual, en donde los derechos elementales de los seres humanos no sean teorizaciones románticas si no realidades concretas que evidencien condiciones de vida dignas para cada hondureño y hondureña.

1 junio 2008

En la actualidad, a 27 años de vigencia del orden constitucional, la corrupción se encuentra en tales niveles que vuelve insostenible el futuro de la nación. De hecho, es un cáncer que consume a sus propios gestores, como ya ocurrió con las Fuerzas Armadas de Honduras, que para los años 90 la mayoría de sus integrantes no pensaban en otro cosa que enriquecerse a como diera lugar. Hoy su papel lo detentan los políticos tradicionales, aliados con un sector empresarial inescrupuloso y ambicioso.

La simbiosis entre ellos es perfecta porque todos salen ganando. Los políticos consiguen fondos para sus cuentas personales y gastos de campaña y los empresarios logran contratos leoninos e impunidad del Estado. El caso de los contratos entre las empresas térmicas privadas de generación de energía y la ENEE es un buen ejemplo de esa situación. ¿Sufrirá esta clase política las mismas consecuencias que los anteriormente todopoderosos jefes militares?, ¿qué consecuencias traerá al país la corrupción si se mantiene tal como está o se incrementa?

25Identificación del “abuso de poder” y los actores institucionales y sociales claves

44 Identificación del

“abuso de poder” y los actores institucionales y sociales claves

26 Identificación del “abuso de poder” y los actores institucionales y sociales claves


En este apartado se hace una valoración del marco jurídico e institucional más relevante en el tema. Destaca que la figura delictiva de la “corrupción”, de forma explícita, no la contempla la Constitución, pero si el “abuso de poder”, del cual se derivan una serie de prácticas irregulares, la mayoría de las cuales tienen consecuencias que califican como “corrupción”. La Constitución de la República (1982) no contempla ningún capítulo especial que haga alusión al tema de la corrupción o el latrocinio, pero sí refiere “el delito de abuso de autoridad”, definido por los tratadistas como “general en su ámbito de aplicación”, pero que puede servir para tipificar una conducta corrupta. En el derecho administrativo y como concepto empleado comúnmente, el abuso de autoridad, o sus equivalentes, como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, es el ejercicio abusivo de una función pública.

El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier

manera les causa vejámenes, agravios morales o materiales. En sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. El sujeto pasivo de este

delito es la administración pública, y no es necesario que se le haya causado un daño material. Lo que debe probarse es la emisión o ejecución de un acto contrario a la Constitución o a las leyes para el propósito o beneficio personal de un funcionario (s).

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Identificación del “abuso de poder” y los actores institucionales y sociales claves

En el derecho administrativo y como concepto empleado comúnmente, el abuso de autoridad, o sus equivalentes, como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, es el ejercicio abusivo de una función pública.


Existen tres conductas típicas de abuso de autoridad: Dictar resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o las leyes; ejecutar las órdenes contrarias a dichas disposiciones, y no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumben al funcionario. No necesariamente esas conductas responden a un acto de corrupción en sí mismas, pero sus consecuencias si pueden constituir un acto de corrupción. Incluso la omisión (la decisión de no ejecutar la ley, es decir de no aplicarla o de retardar su aplicación), puede ser constitutiva de delito.

En la prevención y combate a la corrupción, la Constitución de la República es complementada por otras leyes, como la Ley General de la Administración Pública, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Contratación del Estado, las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Ley del Ministerio Público y la Ley de la Procuraduría General de la República, entre otras.

Catálogo mínimo del “abuso de poder”

La corrupción es un acto social y personal, a la vez o simultáneamente, que se desarrolla en la esfera pública y la privada, con estrecha relación entre ambas. El Código Penal no puede definir la corrupción como un delito específico porque no se trata de un acto determinado, puesto que dentro del término “corrupción”, quedan comprendidas todas las conductas ilícitas que tengan la característica de quebrantar el compromiso ético de cada autoridad de ejercer correctamente la porción del Poder Público que le confiere expresamente la ley”.

1. Dictar órdenes o resoluciones para las cuales no está facultado legalmente un funcionario. La orden es una conminación a que se actué o se deje actuar de una determinada manera.

¿Un ejemplo que recuerde?:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. No ejecutar las leyes. La decisión consciente de no aplicar la ley o de retardar la aplicación de la misma.



3. El abuso funcional. Cuando apelando a su autoridad y actuando como simple particular (no empleado público) demanda o ejecuta una acción impropia.


4. Omisión. Se consuma cuando debiendo ejecutarse la ley, no se observa la conducta esperada por parte del funcionario dentro del termino legalmente fijado, por ejemplo que omitiere o rehusare cumplir algún acto de su competencia. Generalmente la omisión es la antesala de una respuesta negativa a la demanda que se le exige.


5. El retardo en el cumplimiento de las funciones. Implica la realización del acto, pero fuera del plazo legalmente determinado o conveniente.


6. Denegación de auxilio o negligencia. Ocurre cuando la autoridad requerida ante una denuncia específica de un abuso de poder no atiende (rechaza) la demanda de auxilio ciudadana o se muestra negligente en el ejercicio de sus funciones.


7. Abandono del cargo (destino) para el que ha sido electo o nombrado. Ocurre cuando el funcionario pública abandona el cargo o destino para el que ha sido electo o nombrado, provocando con ello daño (inmediato o potencial) al servicio público. Comprende tanto la situación de quien deja el cargo después de presentar la renuncia y antes que le sea aceptada, como el que deja el cargo sin haber presentado la renuncia y sin haber cesado legalmente en sus funciones.



8. Nombramientos ilegales. Ocurre cuando un funcionario público propone o nombra para cargos públicos a personas que no reúnen los requisitos legales o que se nombran en la administración pública para sufragar –de manera encubierta- su desempeño en actividades al margen de la administración pública. Incluso es inadmisible la simple tentativa (recomendación) de ese tipo de nombramientos.


9. Aceptación ilegal e ilícita de cargos. Aplica a las personas que aceptan un cargo o nombramiento para el cual no reúnen las competencias o requisitos establecidos por la ley.


10. Cohecho. Es la figura penal en que se incurre cuando un funcionario publico por sí mismo o a través de otras personas recibiere dinero o cualquier otra dadiva (indica la existencia de algo que se puede dar y recibir en sentido material) o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones o para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario publico, a fin que este haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.


11. Cohecho judicial. Implica al Juez que aceptare promesa o dadiva para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asuntos sometidos a su competencia.



12. Cohecho activo. El delito se imputa a quien directa o indirectamente, diere u ofreciere dadivas a un funcionario publico, en procura de la conducta reprimida por la ley.


13. Malversación de caudales públicos Al funcionario publico que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción (percibir o conseguir bienes para la administración) o custodia (es la actividad de cuidado y vigilancia sobre los bienes) le haya sido confiada por razón de su cargo. Cuando un administrador público da a los caudales y los efectos que administrare una aplicación diferente de aquellas a que estuvieren destinados.


14. Malversación culposa. Incurre en ella el funcionario que por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos. No se castiga la sustracción, sino el dar lugar culposamente a que otro lo sustraiga dolosamente.


15. Peculado de trabajos o servicios. Ocurre cuando el funcionario emplea en provecho propio o de un tercero trabajos (todas aquellas tareas físicas o intelectuales que se emplean para la realización de una obra determinada) o servicios pagados por una administración publica.



16. Malversación de bienes administrados o bajo custodia. Están sujetos quienes administran o custodian bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezca a particulares.


17. Demora justificada del pago. El funcionario publico que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente. Lo que se demoran son los pagos ordinarios o los decretados: los primeros los que la administración efectúa periódicamente de acuerdo con su presupuesto u otra fijación propia, los segundos son los dispuestos por resolución especial de la autoridad en relaciones jurídicas específicas.


18. Negativa a entregar bienes. Ocurre cuando el funcionario público requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.


19. Exacciones ilegales. Está ligado al concepto de arbitrariedad, ocurre cuando el funcionario público abusando de su cargo exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por si o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dadita o cobrase mayores derechos que los que corresponde por la prestación de un servicio. Lleva implícito también el sentido de cobro excesivo.



20. Exacciones agravadas. Cuando se emplea la intimidación o se invoca una orden superior para el cobro o exigencia.


21. Utilización de informaciones y datos reservados. El funcionario publico que con fines de lucro utilizare para sí o para unas terceras personas informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo y de los cuales saque provecho.


22. Enriquecimiento ilícito. Cuando un funcionario o ex funcionario al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de personas interpuestas para disimularlo. No justificar alude a la falta de acreditación de la procedencia del enriquecimiento, ya provenga de una negativa expresa o implícita. El delito se consuma cuando, vencidos los plazos fijados para contestar al requerimiento o, en su defecto, transcurrido los plazos procésales pertinentes para ejercer el derecho de la defensa, el agente no justifica suficientemente la procedencia de su enriquecimiento.


23. Prevaricato del juez. El juez que dictare resoluciones falsas contrarías a la ley invocada. El hecho es falso cuando el juez sabe que no existió o que no existe, o existió pero no tal como él lo presenta en la fundamentación. El delito se agrava cuando la falsedad se pronuncia en una causa criminal y se apoya con ella una sentencia condenatoria.



24. Prevaricato de otros auxiliares de la justicia. Será aplicable a los fiscales asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades y que perjudican deliberadamente la causa confiada.


25. Denegación y retardo de la justicia. Constituyen un doloso desconocimiento de la ley, que paraliza o retarda el desarrollo de la función garantizadora de los derechos del individuo o de la sociedad frente a su desconocimiento por terceros. Aquí cabe una serie de actividades que no se reducen exclusivamente al dictado de resoluciones, se tratara de toda las actividades que constituyen el desarrollo de la actividad jurisdiccional del agente como las de recibir declaraciones, fijar audiencias, practicar inspecciones, etc., La justicia no se administra solo con resoluciones.


26. Incumplimiento de la obligación de reprimir la delincuencia. El funcionario publico que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.


27. El falso testimonio. El testigo, perito o interprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.


35El escenario actual

55 El escenario actual


Esta fase se propone caracterizar la actuación de la administración Zelaya Rosales, el coste socioeconómico de la corrupción y el papel de los actores institucionales y sociales, como escenario base para la prospección posterior.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (2008), Transparencia Internacional (TI) ubica a Honduras en la posición 126 de 180 países encuestados en el mundo, es decir, entre los más contaminados por el mal. En Latinoamérica, entre las 32 naciones analizadas, Honduras ocupa el número 26, únicamente superado por Guyana, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Haití. Ello significa que es percibido como el segundo país más corrupto del área centroamericana.

TI mantuvo para Honduras el promedio del 2007 de 2,5, como puntaje individual en una escala de 0 al 10, en la que la cercanía al primer dígito es sinónimo de mayor corrupción y la lejanía equivale a más transparencia. Dicho de otra manera, entre más cerca del cero; más corrupto, entre más cerca del 10; menos corrupto.

Para los analistas, el porcentaje asignado por TI caracteriza a Honduras como una nación en la cual la

“corrupción es percibida como desenfrenada”. Más allá de la voluntad o no que tengan los gobiernos o las autoridades para actuar, el sistema ya ofrece impunidad, como un inmenso y sombrío paraguas a la corrupción.

Proclama por la Dignidad y la justicia

Pueblo hondureño, Pueblos del Mundo: Esa clase política ha destruido nuestros valores, ha pisoteado nuestras leyes en nombre de la Constitución de la República, ha dicho el nombre de Dios cuando va a decidir en contra del pueblo

Capítu

lo 5 El escenario actual

En Latinoamérica, entre las 32 naciones analizadas, Honduras ocupa el número 26, únicamente superado por Guyana, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Haití. Ello significa que es percibido como el segundo país más corrupto del área centroamericana.


y se ha aprovechado de la paciencia y de la ignorancia de la gente humilde para apropiarse del Estado hondureño para sus propios intereses y caprichos. Esa clase política antipatriótica y sucia es la que ha construido la corrupción como un modo de hacer política y de chantajear y traficar con las necesidades de todo el pueblo hondureño.

14 mayo 2008 La falta de efectividad para castigar el delito de abuso de poder y malversación de los caudales públicos se encubre de mil maneras. En la actualidad es común, por ejemplo, que los inculpados de latrocinio se beneficien de medidas sustitutivas, que les permiten evadir los autos de prisión en los escasos casos en los cuales han sido remitidos.

¿Un par de nombres de “beneficiados” que usted recuerde?:

1_____________________________________________________________________________________________________________________2_____________________________________________________________________________________________________________________ Lo que en Honduras se pone de manifiesto es que las distintas formas en que operan y se protegen tanto los corruptos como los corruptores confirman la “captura del Estado” por grupos de poder, lícitos e ilícitos, que tienen la capacidad de influir en los procesos de decisión política o judicial a través de mecanismos de presión o de incentivos ilegítimos para satisfacer intereses políticos o económicos particulares, afectando el cumplimiento de responsabilidades públicas de interés colectivo y de la moral social. Entre esos grupos de poder destaca cada vez más el denominado “crimen organizado”, capaz, con sus inmensas fortunas mal habidas, de comprar desde jueces hasta diputados, pasando por ministros o policías. Cada vez hay más denuncias, por ejemplo, de narcotraficantes comprando influencia o atentando contra los funcionarios que se les oponen.

Ligada a esa aseveración hay que agregar la captura judicial del Estado, que implica manipular el Poder Judicial para inclinarlo a favor de ciertos fallos. Por su cuantía y por su frecuencia motiva una urgente reflexión sobre el papel de los organismos contralores o fiscalización del Estado.

Pese a los reclamos de transparencia y todos los argumentos expuestos a favor de la seguridad jurídica, no hay mucha esperanza de


que la Corte se despolitice a partir del nuevo período que se inició en enero del 2009. Los principales dirigentes políticos y empresariales del país pujan por colocar a sus “ahijados” en el máximo tribunal de justicia, en una competencia en la cual el papel del Congreso Nacional sigue siendo nefasto, como caja de resonancia de los grupos de poder. En la Cámara Legislativa se concreta la captura del Estado a través de las leyes. Honduras es un Estado de leyes, más de cuatro mil vigentes, pero no significa que sea un Estado de Derecho.

La captura del Estado, en sus múltiples dimensiones, es quizás hoy uno de los temas más graves que tiene Honduras en su lucha contra la corrupción y que genera el efecto perverso de generar desequilibrios económicos, sociales y políticos profundos.

La persistencia de altos niveles de corrupción y de pobreza que afectan a países como Honduras suele ser comparada a una catástrofe humanitaria, pero en éste caso en lugar de convocar la ayuda o el respaldo internacional, más bien lo repele y retira. En el 2008 se mencionó la posibilidad de que Honduras dejara de percibir recursos de la Cuenta del Milenio, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, por la persistencia de la corrupción. Finalmente, esa situación –que si ocurrió en la vecina Nicaragua- no se dio en Honduras. Sin embargo, hay otras fuentes de financiamiento bilateral que se han ido, se están yendo o han reducido notablemente sus aportes.

Los medios informativos de Honduras a diario describen, relatan, citan o mencionan la difícil situación económica y social que vive la mayoría de la población. Se reclama constantemente del Estado que tome medidas efectivas para generar más recursos y emplearlos mejor, aunque en la mayoría de los sueltos periodísticos no se ligan las consecuencias sociales a sus causas, entre las cuales destaca el latrocinio.

Lo anterior contribuye a explicar por qué cada año el Presupuesto de Egresos del país aumenta un promedio entre 10% y 12%, sin que el progreso de esa estadística se refleje en una satisfacción mayor de las demandas de la ciudadanía. Lo mismo ocurre con el porcentaje del denominado “gasto social” que aumenta nominalmente, pero sin que se traduzca en una mejor calidad y cobertura de los servicios públicos. Una cita médica en el Hospital Escuela puede demorarse cinco o seis meses, dependiendo de la especialidad y la consulta pendiente (de hecho, no es noticia). Cuando eso ocurre las víctimas no preguntan por qué, simplemente se da por natural y casi inevitable, salvo que haya un contacto o un trámite personal que le favorezca.

De hecho, el combate a la corrupción ha emergido como uno de los asuntos principales en la agenda política internacional, pero no en la


agenda política nacional, pese la irrupción cada vez más fuerte y visible del crimen organizado. Como ya se mencionó, el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de activos y otros delitos asociados tienen un alto nivel de penetración en todas las instancias públicas, desde el manejo de los aeropuertos hasta la policía.

La situación hoy en día, se ha diversificado tanto en las fuentes de la corrupción como entre sus protagonistas, y en su combate son pocos o inexistentes los avances logrados en la actual administración liberal que encabeza el Presidente Manuel Zelaya Rosales. Respecto a la percepción sobre la corrupción a nivel público en la actual administración, los índices se incrementaron a partir de 2008 en la misma medida que se desató el fenómeno electoral. Muchos políticos llegan a las instancias públicas (cualquiera que sean sus áreas de trabajo) con la simple pretensión de lucrarse. Ello tiende a erosionar la legitimidad del sistema institucional y político del país y afecta directamente su capacidad de atender las demandas sociales.

El poco o nulo compromiso de los gobiernos para combatir la corrupción contrasta con el hecho de que el Estado hondureño es signatario de importantes tratados y convenios internacionales que le obligan a actuar en la materia. Para hacerlo, si se propusiera, no tiene las manos vacías. En lo interno el Código Penal ofrece los mecanismos para que el Estado y la sociedad puedan efectivamente combatir la corrupción. Por ello tipifica delitos y penas para aquellos comportamientos que constituyen actos de corrupción. Intocados se encuentran los artículos 349, 350, 350-A, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 358-A, 359, 360,361, 362, 363, 364, 365, 366, 366-A, 368, 369, 369-A, 369-B, 369-C, 369-D, 370. 371, 372, 373, 373-A, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 392-A, 392-B, 392-C, 392-D, 392-E, 392-F, 394-A hasta el Q del Código Penal. Algo similar ocurre con otras legislaciones, como la Ley contra el Delito de Lavado de Activos o la propia Constitución de la República.

Lamentablemente, en su cuarto y último año de mandato (2008), la administración Zelaya no articuló o creó una verdadera política de Estado para combatir la corrupción, no mostró energía para urgir la aplicación de la ley a los funcionarios acusados de corrupción, no fortaleció un sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas confiable y no potenció los movimientos ciudadanos de auditoría social y transparencia, todo lo contrario, su política ha sido dividir, debilitar, intimidar o comprar. Hubo retórica, pero los hechos quedaron muy rezagados.

Existe, para el caso, poca confianza y credibilidad respecto a los procesos de contratación, ya sea con licitación o de forma directa. Las


denuncias son múltiples – como la existencia de empresas constructoras de “maletín” que reciben encargos de obras públicas- y se le identifica como una de las principales fuentes de corrupción en la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Aún no existe transparencia sobre el valor de las ofertas, la calidad de los oferentes, las condiciones para determinar técnica y financieramente las propuestas, cómo se evaluarán imparcialmente las ofertas, los informes de compras y auditorías.

Tampoco se logró avanzar en el país en la promulgación de normas y otras medidas que establezcan sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad. El ciudadano (a) después de una denuncia todavía se siente solo ante las amenazas o represalias que le acarrea su acción. Eso confirma la distancia entre el marco jurídico y la realidad puesto que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (párrafo primero, artículo 72) establece la obligación de los servidores públicos de denunciar actos de corrupción y, a su vez, asegura que gozarán de la más amplia protección del Estado.

Lo trágico, porque el saldo es humano, no simples palabras o dígitos de cuentas bancarias, es que desde hace varios años, muchos especialistas destacan el impacto desfavorable de la corrupción en el crecimiento y la distribución del ingreso porque transfiere recursos públicos a manos privadas, generalmente dando lugar a servicios públicos y privados deficientes y de baja calidad. En Honduras se cita que la corrupción representa unos 12 mil millones de lempiras del presupuesto nacional por año, a lo que debe sumarse la evasión fiscal, que supera los doce mil millones de lempiras por año (según la DEI). Ello repercute en que la corrupción tenga un efecto negativo en la democracia, erosionando la confianza de los ciudadanos en la legitimidad del sector público.

Un aspecto alentador entre las malas noticias es que existe una creciente apreciación de los efectos corrosivos de la corrupción en el desarrollo económico-social y de cómo la corrupción impide la consolidación de una verdadera gobernabilidad democrática. Hay una ciudadanía que poco a poco pierde su temor de enfrentarla y busca forma de asociación para hacerlo. La mejor indicación de cuánto daño puede causar la corrupción al sistema político hondureño la puso en evidencia la huelga de hambre de los fiscales y otros ciudadanos que cuestionó el papel del Ministerio Público y sus principales autoridades por proteger a elites políticas y económicas del procesamiento de casos de corrupción.

Lo que se perfiló con la huelga de los fiscales (abril-mayo) fue un problema sumamente complejo dado que la huelga terminó revelando un conflicto de intereses, derechos, libertades y obligaciones, más allá del


escenario reducido del Ministerio Público. Es por ello que en el desarrollo de la huelga resaltaron dos demandas: una explícita y otra menos explícita. La primera fue exigir cambios a fondo en la institucionalidad jurídica encargada de fiscalizar el buen uso de los bienes públicos; se exigió la despolitización del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Cuentas y de la Corte Suprema de Justicia, con la petición concreta de revisar aquellos expedientes por corrupción engavetados durante años.

La segunda tiene que ver con los medios de comunicación y su responsabilidad para contribuir al mejoramiento de la calidad informativa dentro del sistema democrático. En el transcurso de la huelga se ratificó que los medios, en manos privadas, afrontan el riesgo de convertirse en instrumentos de hegemonía, impunidad y poder, apañando la corrupción y formando parte de ella, perdiendo su naturaleza social y ética.

Es importante destacar que la Huelga de los Fiscales no sólo ha sido el movimiento social más censurado y atacado desde la gran prensa, sino que también marcó precedentes relevantes, entre ellos el uso en gran escala de las nuevas tecnologías de comunicación social, precisamente para contrarrestar la desinformación. Los correos electrónicos, la telefonía móvil (mensajitos) y formas variadas de expresión cultural (música, teatro, danza, pinturas) y de resistencia mediática (Prensa sin Censura), se pusieron en práctica en los días de la huelga.

Los huelguistas coincidieron con la mayoría de la población que perciben que la corrupción es generalizada y que ha hecho perder legitimidad a las instituciones públicas y políticas. Honduras reporta ya un nivel muy bajo de valores y actitudes democráticas cuando se compara con otros países en el hemisferio. Por lo tanto, los resultados de este análisis destacan la posibilidad de que, si la corrupción crece, ésta pueda convertirse en un factor importante que ponga en peligro la consolidación de la democracia en Honduras y su proyección internacional.

Quizá la conclusión más relevante sigue siendo la misma de otros años, pero con más argumentos: el combate frontal a la corrupción es el reto de gobernabilidad más importante del país. A menos corrupción, más democracia.

El coste socioeconómico de la corrupción

Los expertos en economía de todo el mundo convienen actualmente que la corrupción —desde el soborno y la extorsión hasta el nepotismo— tiene efectos socioeconómicos devastadores, en particular para las naciones en situación difícil, pese a lo cual el país carece de un costeo para estos efectos.. Ello no implica que no existan herramientas metodológicas


para medir las percepciones de corrupción (como las aplica Transparencia Internacional o el Latinobarómetro) o de eficacia (Banco Mundial), sino que las mismas han sido poco aplicadas o no aplicadas en el país.

El FOSDEH en base a su monitoreo anual de las denuncias publicadas en los medios de información y del análisis del Presupuesto Nacional la estima en 10% del presupuesto anual. La magnitud de esa cifra, que ronda los 12 mil millones de lempiras, resalta, por ejemplo, si se le compara con el presupuesto oficial del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) para el 2008, que fue apenas de 143 millones de lempiras. Incluso supera con amplitud el presupuesto anual de la Secretaría de Salud (Lps. 7,390.922 millones) y es diez veces más que el presupuesto anual del Estado para incentivar la agricultura y la ganadería en el país.

El Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 punto porcentual por año. Según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción. De acuerdo con la agencia de calificación de valores Standard and Poor’s, hay una probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversores pierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco años en países con diversos grados de corrupción. Esto hace que la inversión a largo plazo —la que más beneficia a un país— sea peligrosa e improbable.

Con cada nuevo gobierno la corrupción hace emerger nuevos “operadores” de la misma. Lo paradójico es que a mayor dificultad, mayor es el costo de la misma y también la demanda de ofertantes.

Es evidente que los empresarios que caen en esa dinámica obtienen ventajas comparativas respecto a los que no acceden. Rompiendo las “reglas del juego” pueden beneficiarse de contratos, concesiones, privilegios arancelarios, fiscales, de pagos de servicios e impuestos.

El asunto es que cada vez que la corrupción pública se consuma, el Estado pierde una cantidad sustancial de sus ingresos y repercute de manera directa en la calidad y cantidad de los servicios sociales que ofrece. Las estimaciones muestran que pasar del actual nivel del Índice de Corrupción Percibida (IPCO) (alrededor de 2.5 puntos en una escala de 10) a otro aceptable (al menos 5 puntos) se reducirían a la mitad el número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) promedio de cada hogar (de 07 a 0.35) y el nivel de ingreso de los hogares aumentaría en 11%.

De lo anterior se deduce que a mayor corrupción aumenta la probabilidad de mayores NBI. Sin duda, la corrupción opera como un impuesto regresivo contra los sectores económicos y sociales más


débiles y vulnerables, desvía los beneficios de los programas sociales de sus destinatarios y favorece la desigualdad económica y la creciente concentración del ingreso.

Otra variable importante tiene que ver con corrupción y desencanto con la democracia. Una impresión creciente es que la política tradicional ha sido la promotora principal de la corrupción y trascendió la forma de hacer carrera dentro del poder público para convertir esa práctica en el camino más corto para el enriquecimiento personal o de otros sectores, incluyendo empresarios, periodistas, sindicalistas y ciudadanos.

Desde el retorno al orden constitucional en 1982, se fue gestando una dañina politización de la administración pública en nuestro país, marcada por una progresiva fusión entre las elites políticas, la alta burocracia y los empresarios; que favoreció el desarrollo de una corrupción institucionalizada, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada con fines privados, el clientelismo, el abuso de autoridad, y el nepotismo, por citar algunos ejemplos.

En Honduras no existe un conflicto de intereses entre el interés público y el privado, en virtud de que se puede ser funcionario público o diputado y al mismo tiempo ser empresario o defensor –muchas veces legal- de grupos corporativos. Es usual, por ejemplo, que comisiones dictaminadoras del Congreso Nacional las encabecen o integren diputados vinculados a empresas o intereses de los temas que le toca discutir.

¿Un ejemplo que recuerde?:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Es imposible fragmentar el costo que ha supuesto al Estado hondureño la discrecionalidad y secretividad en el ejercicio de gobierno; la impunidad; la burocratización y falta de profesionalización de los funcionarios de la administración pública, la sobreregulación, el “padrinazgo”, el abuso de poder, el nepotismo, el clientelismo y, más recientemente, las “mafias”.

El daño se observa en el conjunto de sus repercusiones, no de manera aislada. Similar a otras naciones, la corrupción pública aumenta los costos de transacción y la incertidumbre de la economía, desalienta las inversiones productivas y favorece las inversiones especulativas, provoca incentivos negativos para qué los negocios busquen favorecerse más del amparo del


poder que de las mejoras de su productividad y competitividad, prohíba los mercados monopólicos u oligopólicos y desprotege a los consumidores y mina la legalidad, el Estado de Derecho y favorece la impunidad.

Ello ayuda a entender que tampoco las legislaciones parciales –como la aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- o mecanismos institucionales recientes – como el Programa de Eficiencia y Transparencia en la Compra y Contrataciones del Estado o el Sistema de Administración Financiera Integrada - pueden considerarse soluciones para enfrentar con éxito la corrupción. La corrupción debe interpretarse como una falla en la estructura institucional de la sociedad. Si la estructura institucional fuese efectiva, los actos de corrupción serían detectados y sancionados como regla general y, a la vez, las normas rápidamente serían adaptadas para inhibir los actos de corrupción.

Volviendo al vínculo corrupción política-desencanto ciudadano su impacto respecto a las preferencias por la democracia no está del todo claro en el país- Un indicador que se alude es el creciente abstencionismo electoral, pero al mismo tiempo los pocos que si ejercen su derecho al sufragio prefieren de manera abrumadora la continuidad de los políticos y partidos tradicionales (que suelen asociarse a malos gobiernos y corrupción) que a nuevas alternativas. El desencanto aumenta, pero no transforma.

Más repercusiones inmediatas tiene la corrupción respecto a la cooperación internacional que a partir de la Declaración de París muestra más rigor en la eficacia de la ayuda. La transparencia es una condicionalidad nueva en ese tipo de relaciones bilaterales o multilaterales. El rezago de Honduras al respecto es enorme. La estructura del Estado se diseñó precisamente para la falta de transparencia, como lo prueba la existencia de más de 50 dependencias públicas ejecutoras de proyectos, la mayoría de las cuales actúan de forma paralela entre sí. De hecho, un estudio del Banco Mundial (2006) reveló que sólo 72% de los desembolsos internacionales se registran de manera correcta en el sistema contable del país; del resto no se conoce su paradero real.

El desempeño de los organismos públicos anti corrupción

En el Capítulo III (De los Tratados) de la Constitución de la República, en el Artículo 16 se establece que “Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno” y en el Artículo 18 se subraya que “En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero”.


Lo anterior implica que pese a la falta de una normativa interna adecuada, todos los tratados, protocolos y convenciones suscritas por Honduras en materia anticorrupción forman parte del derecho interno y prevalecen sobre las leyes.

Honduras es signataria, entre otros, de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA), de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y más reciente de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Todas tienen el fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como las situaciones de impunidades asociadas a esa práctica. No hay excusa.

En el país, por diversas circunstancias, tiende a concentrarse la crítica de la ineficacia en el combate a la corrupción en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sin embargo, tal como se apuntó anteriormente y sin que la exima de responsabilidades, es el conjunto de la institucionalidad hondureña la que está obligada a prevenir y/o reprimir la corrupción. Incluye, por ejemplo, la Dirección General de Servicio Civil, la Procuraduría General de la República, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y otras.

La Huelga de la Dignidad mostró en toda su magnitud las fallas del Ministerio Público y de los poderes Judicial, Legislativo y también el Ejecutivo. Procesos de investigación inconclusos, adulterados, abandonados, sentencias no apegadas a ley, legislaciones amañadas….fueron algunas de las circunstancias que se denunciaron en la protesta.

Cada uno de los casos denunciados mostró, además, la responsabilidad del conjunto de la institucionalidad pública, concentrada y desconcentrada, al permitir, tolerar y auspiciar actos lesivos a los intereses del Estado y la sociedad, consumados por abuso de poder. El listado de los casos archivados que los fiscales en huelga pedían investigar involucraba a instituciones como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Empresa Nacional Portuaria, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, las cuales, por mandato constitucional y por sus propias leyes orgánicas tienen la responsabilidad de combatir la corrupción en sus áreas correspondientes.

Es tal la magnitud de la corrupción que tampoco exime de responsabilidad al ciudadano (a), tanto cuando asume el papel de servidor público como de usuario de los servicios públicos. Ambos tienen deberes y derechos en el propósito de lograr la eficiencia en la función pública, velar porque se respete lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y que se ejerciten los mecanismos de control para garantizar la probidad.


El elemento nuevo y sobre el cual hay crecientes expectativas es precisamente el papel de la ciudadanía, reivindicando la participación ciudadana como un instrumento eficaz en el ejercicio y reclamo de sus derechos. Los fiscales en huelga le recordaron a la ciudadanía que la Ley del Ministerio Público reconoce el derecho de acceso directo e informal de toda persona a ese Ministerio no sólo para requerir sus oficios sino para indagar el curso de sus actuaciones.

La manifestación más visible del involucramiento ciudadano es la Auditoría Social , como una práctica reciente en Honduras. El término de auditoría social fue introducido en la discusión pública y política por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en 1998, dirigida por en ese entonces por el Dr. Leo Valladares Lanza, cuando se investigó el destino de donaciones internacionales que arribaron al país después de la catástrofe del huracán Mitch. Desde entonces se amplio la variedad de experiencias y figuras organizativas, sobre todo en los municipios.

La auditoría social cobró impulso ligada a la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, con lo cual vincula los esfuerzos a favor del fortalecimiento de la institucionalidad y cultura democrática y la lucha contra la pobreza.

Como formas de participación en la gestión pública, las auditorías sociales afrontan crecientes obstáculos, precisamente por su aporte a la lucha contra la corrupción. Una de las críticas o ataques que recibe sostiene que su ejercicio no tiene fundamentos jurídicos. Sin embargo, la auditoría social tiene un asidero legal en la Constitución de la República, los convenios internacionales y la legislación secundaria, como la Ley de Municipalidades. Es a partir de ellas que puede cumplir sus dos funciones básicas: mejorar la gestión pública y combatir la corrupción. Empeñado en esos propósitos hay un importante nivel de voluntariado ciudadano que trabaja a nivel comunitario y que busca organizarse.

En un enfoque más amplio, la auditoría social es una herramienta para la construcción de una ciudadanía integral por lo que requiere de una visión político que fortalezca la democracia de abajo hacia arriba, ligada al desarrollo local y nacional. Ahí es donde el MADJ ofrece una plataforma ciudadana beligerante.

49Escenarios prospectivos para el 2015

66 Escenarios prospectivos para el 2015


¿Por qué el 2015? En septiembre del año 2000 se firmó la Declaración del Milenio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En dicha declaración se manifestaron inquietudes y compromisos a favor de la paz, la seguridad y el desarrollo. Sobre esa base se elaboró un instrumento -los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio (ODM)- que plantea metas comunes para el desarrollo humano de todas las naciones, en busca de un mundo más justo, equitativo y menos pobre para el año 2015.

Honduras es uno de los 189 Estados signatarios de esta Declaración cuyos objetivos están estrechamente relacionados con los indicadores y metas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) de Honduras. La ERP es una propuesta de política social que realmente sólo tuvo importancia para los gobiernos en tanto representaba un requisito para acceder a beneficios de alivio de la deuda externa y fondos de cooperación no reembolsables.

Sin embargo, la ERP –todavía oficialmente vigente - es la herramienta que contiene algunos lineamientos de política, estrategia y planificación para el cumplimiento de las Metas del Milenio, pese a que hay algunas diferencias entre las metas presentadas en los dos documentos, por ejemplo las relacionadas con la mortalidad materna y la mortalidad infantil.

Desde la perspectiva de la sociedad civil, ambos instrumentos proveen una aproximación al enfoque social de desarrollo de largo plazo que es una visión del país, no solamente de una administración específica.

Bajo, esa consideración debiera comprometer a todos los actores de desarrollo en Honduras a tomar nuevas medidas y a unir esfuerzos en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y materna, las enfermedades y la degradación del medio ambiente, pero no ocurre así.

En la perspectiva del 2015, algunas de las metas sobre las cuales pueden alcanzarse mejores resultados incluyen: asegurar la educación primaria para todos los niños y niñas; equidad de género en el acceso a la

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Escenarios prospectivos para el 2015

La ERP es una propuesta de política social que realmente sólo tuvo importancia para los gobiernos en tanto representaba un requisito para acceder a beneficios de alivio de la deuda externa y fondos de cooperación no reembolsables.


educación; reducción de la mortalidad materna; disminución de la incidencia de las enfermedades graves como malaria y cólera; mayor acceso al agua potable; y, mejoramiento de las condiciones de vivienda.

Según el comportamiento observado de ciertos indicadores entre 1990 y 2001, y en base a las proyecciones realizadas por organismos internacionales, las metas que muestran menos probabilidad de ser cumplidas son: reducir la pobreza extrema y el hambre a la mitad; disminuir la mortalidad de la niñez dos terceras partes; detener significativamente la incidencia del VIH/SIDA; y, revertir la pérdida de los recursos del medio ambiente. Ahora bien, en la medida en que el país se demore en superar estas carencias, que mal invierta sus recursos financieros y que no logre éxitos en el combate a la corrupción, se aleja la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los hondureños y hondureñas.

Para el 2005 distintas fuentes coincidieron en señalar el virtual estancamiento de los indicadores de pobreza. El porcentaje de hogares debajo de la línea de pobreza se mantuvo alrededor de 65% y el de hogares en extrema pobreza en cerca de 48% durante los años 2001-2005. En el área rural los porcentajes se elevan a un poco más de 70% en el caso de la pobreza general y 60% en el caso de la pobreza extrema. Por otra parte, los indicadores de desigualdad también muestran empeoramiento en el período.

En el 2006, el gobierno Zelaya propuso una revisión de la ERP para conseguir una mejor focalización y calidad de los proyectos, pero la versión definitiva nunca llegó, pese a lo cual en el balance de ese año el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó una disminución de 6 puntos en el porcentaje de hogares bajo la línea de la pobreza, para volver a repuntar en el 2007 y 2008.

Al tomar en consideración la variable demográfica los expertos estiman que para el 2015 la población de Honduras sumará 8.8 millones de habitantes, de los cuales 4.1 millones vivirá en la zona rural y 4.7 millones en la urbana. El compromiso de la ERP es lograr para el 2015 que la tasa de pobreza sea de 42% y la de pobreza extrema 25%. Para crear el espacio fiscal que haga posible alcanzar las metas ERP se requiere lograr un crecimiento real de entre 4.5% y 6% anual, ingresos tributarios y corrientes de al menos 17% y 18% del PIB, respectivamente, así como aumentos del gasto social no menores del 9% del PIB. Sólo para alcanzar la meta de lograr una cobertura de agua de 95% de la población para el 2015 el país requiere invertir unos 358.5 millones de dólares.

Sin embargo, la tendencia del crecimiento dista de consolidarse al existir situaciones estructurales y amenazas coyunturales, tales como una excesiva dependencia de las remesas, clientelismo político, dependencia


energética, degradación ambiental, alta vulnerabilidad de los desastres naturales y corrupción.

Escenarios previsibles para el 2015Escenario ACatástrofe Humanitaria A) La corrupción sigue consumiendo un promedio de 10% del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República, sin que haya medidas efectivas para cambiar esa situación.

Consecuencias A partir del porcentaje calculado de un posible 10% y de una variación promedio interanual de 12.3% de incremento en el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos de la República (equivalente a 12,165.1 millones de lempiras más en 2008 respecto a 2007) el costo global de la corrupción (crecimiento vegetativo) en el período 2009-2015 sería de 139 mil 086.9 millones de lempiras, con lo cual se perdería el equivalente a un año presupuesto para el país.

El incremento promedio interanual presupuestario de 12.3% varía significativamente a partir de su desglose, puesto que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2008 (Gasto del Sector Público) contempló un crecimiento de 22.0% respecto a lo aprobado para el 2007 y para las instituciones descentralizadas de 13.4% en el mismo período.

Presupuesto base 2008

111,850.1 11,185.0

Presupuesto Proyectado 2009

125,607.7 12,560.8


141,057.4 14,105.7


158,407.5 15,840.7


177,891.6 17,789.2


199,772.2 19,977.2


224,344.2 22,434.4


251,938.6 25,193.9

Total 1,390,869.3 139,086.9

Año de Presupuesto

Monto (Millones de lps)

Tasa 10% de laCorrupción


Si se toma en cuenta que el financiamiento del Presupuesto General se completa con deuda interna (un promedio de 56%) y por recursos externos (préstamos, donaciones) en un 44% y que en ambos la tendencia del Estado es a mayor dificultad o a enfrentar la curva decreciente, es previsible la utilización de la mayor parte de los recursos para gastos corrientes (sueldos y salarios) y menos para inversión pública (social y de infraestructura).

El monto de corrupción estimado para los cuatro años (2008, 2009, 2010 y 2011) equivaldría a 64.7% de lo previsto en el renglón de sueldos y salarios.

Mientras tanto, en el caso de la meta de gastos para la Estrategia de Reducción de la Pobreza, la programación estimada por fuentes oficiales versus costo promedio de la corrupción es la siguiente:

En este caso el monto de corrupción estimado para los tres años (2009, 2010 y 2011) equivaldría a 58.9% de lo previsto en la meta global de gastos ERP.

Para lograr cumplir las metas públicas en materia de sueldos y salarios y “gastos” ERP/Metas del Milenio es fundamental que se diseñen políticas, programas y proyectos que reduzcan el costo de la corrupción y/o ineficacia.

Renglón 2008 2009 2010 2011 Total (millones delempiras)

Sueldos y salarios

24,633.5 28,514.8 31,665.0 34,265.1 91,078.4

Costo corrupción

11,185.0 12,560.8 14,105.7 15,840.7 53,692.2

Porcentaje del PIB de sueldos y salarios

9.7% 9.60% PIB

9.89% PIB 9.53%

Gobierno Central: sueldos y salarios comparado con el costo anual estimado de la corrupción (millones de lempiras)

Año 2009 2010 2011 Total20,083.8 21,880.5 23,717 65,681.3

Como porcentaje del PIB 9.0% 9.1% 9.2%Costo corrupción estimado 12,560.8 14,105.7 15,840.7 42,507.2

Meta global de gastos ERP comparado con el costo anual estimado de la corrupción (millones de lempiras)

Presupuesto plural proyectadopor la Secretaría de Finanzas


Diferentes estudios advierten la peligrosidad del creciente endeudamiento interno y la reducción de los recursos externos (deuda más cara y menor flujo de donaciones). Las cifras disponibles muestran una reducción de los desembolsos no reembolsables y montos decrecientes de alivio de la deuda externa, con lo cual, en el escenario A: la fuga de recursos vía corrupción pública aumentará, en tanto los ingresos para afrontar los gastos básicos de funcionamiento del Estado y atender las demandas sociales disminuirá.

Enfrentado el Estado a crecientes déficit presupuestarios (que endurecen las medidas “disciplinarias” de los organismos internacionales de financiamiento que exigen congelamiento de sueldos y salarios, reducción de gasto en salud y educación y políticas monetarias que trasladan los costos a las mayorías) y a crecientes demandas sociales y económicas de la población, la persistencia de los actuales niveles de corrupción conduciría de manera inevitable a un escenario que en los términos utilizados por Transparencia Internacional se denomina “Catástrofe Humanitaria”.

“En los países más pobres, los niveles de corrupción pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, si lo que está en juego es el dinero destinado a hospitales o al agua potable”, señaló Huguette Labelle, Presidenta de TI. “Los altos niveles de corrupción y pobreza constantes que asolan a muchas de las sociedades del mundo representan un desastre humanitario continuo que no puede ser tolerado”.


Reconociendo que expresiones como crisis, desastre o catástrofe humanitaria tienen una carga semántica muy fuerte, con argumentos a favor y en contra, se utiliza en esta investigación como la situación o situaciones en las cuales las personas o grupos de personas social y económicamente vulnerables sufren daños temporales o fatales en sus vidas e interrelaciones presentes y futuras sin que el Estado pueda atender sus demandas, reclamos o derechos y que en muchos casos tiene dimensiones y repercusiones suficientes como para ameritar una intervención asistencial humanitaria de emergencia, nacional y/o internacional.

Una correcta caracterización del término “crisis, desastre o catástrofe humanitaria” implica que la misma es continua entre la población, pero que hay momentos o circunstancias en que se potencia. No se refiere en este caso a una tragedia natural (como por ejemplo el impacto de un huracán) sino al conjunto de condiciones que volviendo más vulnerable a la población intensifican el daño de la tragedia natural. En este tipo de casos la respuesta temporal a la crisis, desastre o catástrofe puede ser asistencial, pero su solución no puede ser filantrópica, sino política.

Sin duda, en el escenario A, importantes sectores de la población hondureña se encuentran bajo riesgo “humanitario” y esa circunstancia se agravará en el mediano plazo si no se logran para el 2015 los resultados metas de los ODM y la ERP, y, en contraste, la corrupción se mantiene inalterable o, en el peor de los casos, se incrementa.

Escenario BCrisis de Ingobernabilidad política y social La corrupción se mantiene y fortalece como un factor que resta legitimidad al Estado y al ejercicio del poder público, agravada por la presencia e influencia de grupos de poder, legales e ilícitos.

Consecuencias Diversas encuestas o sondeos de opinión en Honduras advierten un bajo rango de confiabilidad de la población con respecto a las instituciones públicas y a los políticos y partidos políticos, así como su preocupación por la influencia creciente de grupos de poder, legales e ilícitos, lo que conduce a una ingobernabilidad política y social creciente, con alta promedio de conflictividad interna.

TI sostiene que independientemente de si se trata de países con altos o bajos ingresos el desafío de controlar la corrupción exige instituciones sociales y de gobierno que funcionen adecuadamente.


De acuerdo con el último Índica de TI, la ubicación de Honduras es la siguiente:

El Índice de Percepción de la Corrupción de TI (IPC) clasifica los países respecto al grado en que se percibe la corrupción que existe entre los funcionarios públicos y los políticos. De acuerdo con la clasificación, en la medida que la puntuación de un país se aproxima a 10 es mayor transparencia y menos corrupción y cuando se aproxima a 0 es menor transparencia y mayor corrupción. Entre los 180 países analizados, Honduras ocupa el lugar 126

Calificación y posición de los países latinoamericanos e iberoamericanos

23. Chile 6.9 puntos sobre 10, 23. Uruguay 6.9, 33. Dominica 6.0, 36. Puerto Rico 5.8, 47. Costa Rica 5.1, 65. Cuba 4.3, 67. El Salvador 3.9, 70. Colombia 3.8, 72. Perú 3.6, 72. México 3.6, 72. Surinam 3.6, 72. Trinidad y Tobago 3.6, 80. Brasil 3.5, 85. Panamá 3.4, 96. Jamaica 3.1, 96. Guatemala 3.1, 102. República Dominicana 3.0, 102. Bolivia 3.0, 109. Belice 2.9, 109. Argentina 2.9, 126. Honduras 2.6, 134. Nicaragua 2.5, 138. Paraguay 2.4, 151. Ecuador 2.0, 158. Venezuela 1.9 y 177. Haití 1.4

Las pruebas indican que una mejora en el IPC de un punto [en una escala de 10 puntos] incrementa el ingreso de capitales en un 0,5% del producto bruto interno de un país y los ingresos promedio hasta un 4%, sin embargo, la mejora de un punto puede implicar tres o más años de esfuerzo sostenido.

Rangodelpaís

País/TerritorioPuntuación

del IPC2007

Rango deconfiabilidad*

Encuestasutilizadas**

131 Yemen 2.5 2.1 - 3.0 5131 Filipinas 2.5 2.3 - 2.7 9131 Burundi 2.5 2.0- 3.0 7131 Libia 2.5 2.1 - 2.6 4131 Irán 2.5 2.0 - 3.0 4131 Honduras 2.5 2.3 - 2.6 6138 Pakistán 2.4 2.0 - 2.8 7138 Etiopía 2.4 2.1 - 2.7 8138 Paraguay 2.4 2.1 - 2.6 5138 Camerún 2.4 2.1 - 2.7 8138 Syria 2.4 1.7 - 2.9 4143 Gambia 2.3 2.0- 2.6 6143 Indonesia 2.3 2.1 - 2.4 11143 Togo 2.3 1.9 - 2.8 5


El puntaje califica la corrupción en el sector público, y define la corrupción como el abuso de cargos públicos para beneficio privado. Las encuestas utilizadas para calcular el IPC contienen preguntas relacionadas con el mal uso del poder público para beneficio propio, por ejemplo, sobornos aceptados por funcionarios públicos en contrataciones públicas.

Mientras tanto, la calificación de Honduras (2.3 - 2.6) en el rango de confiabilidad mide el nivel de incertidumbre de un país y hace referencia, entre otros aspectos, al riesgo que se corre para invertir en función de la seguridad jurídica existente. En el caso de un país de bajo rango de confiabilidad significa que la corrupción institucionalizada constituye una “distorsión” grave cuyo costo en eficiencia es mayor que cualquiera de las distorsiones convencionales.

Escenario CMayor gobernabilidad política y social a partir del combate efectivo a la corrupción La corrupción y la percepción sobre corrupción disminuyen a partir de un combate efectivo y combinado a la misma, tanto de las instituciones nacionales y sector empresarial privado como de la ciudadanía organizada y no organizada, con el respaldo de la comunidad cooperante internacional.

Consecuencias El combate efectivo a la corrupción libera recursos públicos que pueden fortalecer la inversión social y la institucionalidad pública, al tiempo que genera mayor adhesión ciudadana a la democracia y menor espacio al autoritarismo.

Quienes trabajan las prospectivas advierten que el futuro nunca esta totalmente determinado. Sea cual fuere el peso de las tendencias provenientes del pasado, se encuentra abierto a varios futuros posibles. Los actores de un determinado sistema disponen de múltiples grados de acción, que podrán ejercitar a través de sus acciones estratégicas para alcanzar los fines propuestos a fin de lograr un objetivo determinado. Los hay quienes se proponen dar seguimiento a la corrupción, pero también los hay que la enfrentan.

Hacer posible el Escenario “C” demanda responsabilidades específicas y objetivos que requieren agrupar las siguientes categorías de incidencia:


Categoría 1: Sociedad civil, información pública, y medios de comunicación

1) Una sociedad civil con capacidad para organizarse y comprometerse libremente y con seguridad en la lucha pública anticorrupción, 2) la existencia y efectividad de una red de auditoría social para fiscalizar los fondos centrales y municipales; 3) fortalecer el derecho legal (Ley de Transparencia) de acceder a la información pública, incluyendo acceso de los ciudadanos a declaraciones financieras de los funcionarios públicos 4) respeto por parte de los medios de información a la libertad de expresión, el pluralismo y el derecho a la información; 5) fortalecer la capacidad ciudadanía de poseer medios sociales de comunicación.

Categoría 2: Procesos electorales y políticos

1) Reformar el sistema político electoral de tal manera que garantice similares condiciones de acceso al poder y organización por parte de la ciudadanía, 2) Facilitar y garantizar la formación de partidos políticos territoriales (regionales) y/o lanzamiento de candidaturas independientes locales y departamentales; 3) Fortalecimiento de las regulaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

Categoría 3: Institucionalidad pública

1) En el Poder Ejecutivo fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, sujetas a regulaciones de conflicto de interés y acceso de los ciudadanos a la declaración financiera del Presidente de la República y los ministros, 2) En el Poder Legislativo fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, sujetos a regulaciones de conflicto de interés, como también el control legislativo sobre procesos presupuestarios nacionales, 3) Promulgar el reglamento de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 4) En el Poder Judicial fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, su independencia, así como también la seguridad de los jueces y testigos en casos relacionados a la corrupción,. 5) Poner en práctica y respetar la Ley de la Carrera Judicial.

Categoría 4: Mecanismos de Supervisión, regulación, control y fiscalización del Estado

1) Fortalecer la existencia y efectividad de los órganos contralores del Estado, con énfasis particular en el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, 2) el fortalecimiento de la Dirección General de Servicio


Civil y la profesionalización de la administración pública, 3) protección legal para empleados públicos y privados que reportan la corrupción, como también la existencia de mecanismos efectivos a través de los cuales los servidores civiles puedan reportar la corrupción, 4) Fortalecer la transparencia de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, 5) Integración y funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética en la administración pública.

Categoría 6: Mecanismos Anticorrupción y Estado de Derecho

1) Fortalecimiento del marco legal contra la corrupción, y la efectividad de su ejecución, 2) la existencia y efectividad de organismos anticorrupción dentro del sistema de justicia para combatir la corrupción, 3) fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y efectividad de los órganos contralores del Estado.

Una tarea nacional

Siendo la corrupción un fenómeno estructural, la posibilidad real de disminuirla dependerá de que un conjunto de acciones se sucedan unas a otras, de manera permanente y sistemática. El panorama hondureño es complejo en la medida que la situación política y económica del país agudiza las incertidumbres, pobreza y la corrución. Lo que está claro es que la corrución impide el desarrollo del país, también hace que los inversionistas no confíen para invertir en el país; produce recursos humanos no calificados, inestabilidad política y económica, inseguridad jurídica, ausencia de planificación en el uso de los recursos nacionales, la carencia de un criterio rector para el mejor y más racional aprovechamiento de los mismos, unidos a una ambición sin límites para ejercer el dominio sobre el aparato público y el Presupuesto Nacional.

La Lucha contra la corrupción Escenarios y Prospectivas (2009-2015)

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