La Herencia Maldita - Martín Kanenguiser
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MARTÍN KANENGUISER
LA MALDITA HERENCIA Una historia de la deuda y su
impacto en la economía argentina: 1976-2003
Segunda Edición.
Autoedición 2013
Colaboró en la reedición, correción y diseño de tapa
Miguel Jurado
"El contenido de esta obra se puede reproducir en forma
parcial o total citando la fuente"
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AGRADECIMIENTOS
La primera edición de este libro no podría haber nacido sin la gran tarea de archivo de
Lucrecia Bullrich, responsable de encontrar los datos más insólitos y de ayudarme en
los momentos más complicados. La ardua revisión de los capítulos en gestación les
correspondió a Roberto Guevara, Nicolás Gadano, Ernesto Nimcowicz y, desde
Montreal, a Ernesto Fernández Polcuch, en diversas etapas.
A ellos les agradezco, así como también a Editorial Sudamericana (que publicó la
primera edición en 2003), al diario La Nacion y muy especialmente en esta segunda
edición a mi familia, mis queridos Julián y Martina.
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ACLARACIÓN METODOLÓGICA
La Argentina está partida en dos en términos estadísticos y este libro
no puede eludir ese problema.
Hasta la década del 90, el consenso de los economistas indicaba que
el concepto de la "deuda externa" reflejaba con precisión los compromisos
contraídos por el país con los organismos multilaterales y los bancos en el
resto delmundo.
Pero la fuerte colocación de títulos públicos a partir de aquel entonces
en diversas monedas, entre inversores residentes y no residentes, modificó los
parámetros conceptuales previos y por lo tanto comenzó a utilizarse el término
de "deuda pública" en líneas generales para referirse al problema del
endeudamiento del Estado nacional. De este modo, la división entre pasivos
internos y externos se borró en forma parcial, salvo en relación con la
legislación que rige a los diferentes títulos públicos, que puede ser nacional o
extranjera.
Hasta el cierre de esta investigación, no existía ninguna serie
estadística oficial homogénea que permitiera cubrir y comparar todo el período
1976-2003.
Por otro lado, cuando en el libro se habla de deuda externa global, se
incluyen los compromisos del sector privado, que, si bien no son objeto de
análisis en este trabajo, también reflejan un acuciante problema que, en
algunos períodos, fue transferido al conjunto de la sociedad a través de
seguros de cambio u otras vías de estatización.
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Prólogo
En las últimas décadas los sucesivos gobiernos han intentado
desahogarse de su deuda, tal como si fuera una maldita herencia, sin apoyarse
en una estrategia político-económica coherente como telón de fondo.
El resultado obvio de esta larga serie de ensayo y error ha sido el
fracaso de todos los planes lanzados con el pomposo objetivo de lograr la
"salvación nacional".
Cada ministro de Economía que asumió se preocupó por borrar hasta
la menor huella de su predecesor, a contramano del sendero de continuidad
que guía la estrategia de los países más estables.
Desde 1976 se sucedieron la tablita cambiaria, la amplia reforma
financiera de 1977, el Austral, la Convertibilidad, la apertura con
privatizaciones, el piloto automático, los coqueteos con la dolarización, el
ingenuo enfoque del círculo virtuoso, el blindaje, la Convertibilidad ampliada y,
finalmente, la difícil tarea de admitir que todas las experiencias previas habían
fracasado a través de un intento de "reestructuración voluntaria" de la deuda
que unos meses más tarde se transformaría en un default compulsivo.
Entretanto, el país pasó de períodos de euforia a otros de hambruna en
el ingreso de capitales.
Hubo lugar para regímenes cambiarios con tipo de cambio flexible y
fijo, tiempo para recetas populistas y ortodoxas, espacio para un feroz proceso
militar y gobiernos civiles que incluyeron la alternancia en el poder de los
principales partidos políticos.
Los economistas preferidos del poder económico fueron ministros;
también, aquellos resistidos por el establishment y que dieron una prueba de fe
para desempeñarse con tranquilidad.
Todos dieron el mal paso. José Alfredo Martínez de Hoz, el hombre
más influyente de la década del 70, y Lorenzo Sigaut, el que dijo que perdía
quien apostara al dólar. Los más fieles amigos de Alfonsín —Juan Sourrouille,
Menem —Erman González— y Duhalde —Jorge Remes Lenicov—.
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El representante de un poderoso grupo empresarial, Néstor Rapanelli.
Domingo Cavallo, el creativo y obstiriado economista de los '90, más obstinado
y menos creativo en 2001. José Luis Machinea, el ministro con mayor
consenso político del arco político progresista del país; Roque Fernández, el
prolijo y tibio sucesor de Cavallo, y Ricardo López Murphy, el ortodoxo que
salió expulsado de su despacho apenas dio a conocer su provocativo programa
de ajuste.
¿No tuvieron éxito por falta de ideas, de consenso interno para
implementar sus programas económicos o por la "codicia" de los acreedores?
¿Fracasaron por cargar con la "pesada herencia" de sus predecesores,
o por la ausencia de las instituciones necesarias para que el país funcionara
con normalidad?
La historia de la deuda externa y pública argentina, que condicionó en
forma creciente el futuro del país, se escribió hasta ahora con enfoques
tajantemente críticos o absurdamente obsecuentes, sin dejar espacio para la
reflexión de una sociedad acorralada, devaluada, pesificada, "defaulteada" y
hastiada.
Este libro se construyó a partir de 130 entrevistas que realicé a los
personajes centrales en la conducción económica del país desde 1976,
incluidos ministros, presidentes del Banco Central y negociadores oficiales,
junto con banqueros, analistas de mercado, funcionarios de los Estados Unidos
y de los organismos multilaterales de crédito.
No fueron pocos los ex ministros que, varios años después de dejar el
gobierno, juran haber estado "muy cerca" del edén económico: Rapanelli de
lograr la convertibilidad, Machinea de la reactivación, y Remes Lenicov del
acuerdo con el Fondo.
"Si me hubieran dado un poco más de tiempo", fue un lamento repetido
una y otra vez por importantes entrevistados.
También abundan los economistas que fueron muy poderosos durante
su gestión, pero que ahora descargan la responsabilidad de su mal desempeño
en "la incomprensión" del poder político o militar para bajar el gasto público,
como Martínez de Hoz, Juan Alemann, Adolfo Diz y Domingo Cavallo, entre
otros.
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Durante un año y medio de investigación, los relatos combinaron
sinceridad con curiosas omisiones, recuerdos de situaciones límite y de
anécdotas risueñas; y, sobre todo, una generosa dosis de catarsis por parte de
cada uno de los protagonistas de carne y hueso de esta historia de cifras e
ingeniería financiera.
Sin prejuicios, las páginas que siguen a este prólogo resumen el aporte
más valioso que se puede realizar para entender el furioso crecimiento de la
deuda.
Se confesó un ministro que utilizó a su banquero amigo para quebrar la
hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, otro que cenó más de mil veces
con el presidente pero nunca logró convencerlo de la necesidad de ordenar las
cuentas fiscales; un negociador que pensó en emitir un bono a cien años, otro
que terminó de acordar un paquete de asistencia por US$ 20.000 millones en
un viaje de 45 minutos en avión; un viceministro que ordenó sacar las reservas
del Banco Central de Londres 24 horas antes del inicio de la guerra de
Malvinas, otro que discutió la dolarización durante dos años en secreto con el
Tesoro de los Estados Unidos; un banquero que en 1999 propuso en secreto al
gobierno y a la oposición reestructurar la deuda, otro que obligó a un
funcionario argentino a volver al país de urgencia desde Nueva York para que
el gobierno lo autorizara a efectuar un pago a los acreedores.
Ninguna de estas historias individuales podría comprenderse en forma
cabal si, al mismo tiempo, no se descifrara cómo cambió el país desde la
ruptura institucional de 1976 hasta la ruptura económica de 2002, o, en
términos más generales, cómo se modificaron las relaciones internacionales
desde aquel mundo bipolar de la Guerra Fría con abundantes flujos de capital
hasta este presente unipolar, globalizado y sin respuestas para las naciones
subdesarrolladas.
El libro abarca un largo pasaje por cuatro etapas de la Argentina:
—La convulsionada década del 70, que sólo registró tres años de un
gobierno constitucional, corroído por la violencia interna y encerrada entre dos
procesos militares (1966-1973 y 1976-1983). Durante la dictadura inaugurada
por el general Jorge Videla el país se endeudó en plena corriente de
petrodólares, sin la estrategia de desarrollo que guió a otros países de la
región. La deuda pública creció un 476%, frente a un alza acumulada del 9,4%
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en el PBI, hasta la caída del régimen de facto. La relación entre el PBI y la
deuda externa pasó del 18,9% en 1975 al 63,6% en 1983.
—La "década perdida" del 80, con una fuerte suba de las tasas
internacionales y una retracción del flujo de capitales hacia los mercados
emergentes. El presidente Raúl Alfonsín planteó su estrategia de repago de la
deuda sobre la base de la ilusión de poder recibir un tratamiento benigno de los
acreedores por encabezar un gobierno democrático que recibió una "pesada
herencia" de una dictadura militar. Su gobierno culminó con una caída acu-
mulada del 4,3% en el PBI y un aumento del 44,6% en los compromisos
externos. El nivel de inflación y el precio del dólar fueron las variables más
destacadas del período por sus incrementos astronómicos.
—Los '90, cuando el país, en pleno proceso de privatizaciones, no
aprovechó para combatir su problema fiscal a través de una política anticíclica.
Frente a un crecimiento económico acumulado del 27%, la deuda aumentó un
123%, el pago de intereses un 2353%, el gasto público total un 101% y la
relación entre el PBI y los pasivos soberanos saltó del 30,6% al 51,6%. Durante
el apogeo del consenso de Washington, la niña bonita de América latina llevó la
relación entre deuda y exportaciones al 450%, un nivel que supera al de
cualquier otro país en desarrollo. Las necesidades financieras del país
representaban un 25% del total de los fondos para los mercados emergentes
en 1998 y un 33% en 2001. Con el fuerte atraso cambiario que dejó al país
fuera de competencia, la dinámica de la deuda se hizo insostenible.
—El inicio de un nuevo siglo encontró al país con la mitad de la
población bajo la línea de pobreza y una deuda pública de US$ 137.320
millones en el año 2002, dividida en US$ 65.339 millones en títulos públicos y
US$ 30.359 millones en vencimientos con los organismos multilaterales, entre
otros elementos. A cinco presidentes en menos de dos semanas sucedió un
período de transición política de dieciséis meses y una elección con doble
vuelta que no pudo completarse por el abandono de uno de los dos candidatos,
en una clara demostración de la profunda crisis política que acompañó a la
debacle económica y al default.
Luego de casi dos años de espera, en septiembre de 2003 comenzó el
proceso de salida de la cesación de pagos más importante del mundo
occidental.
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A pesar de encontrarse lejos de los centros de decisión global, durante
todo este período el país sentó algunos precedentes en el campo de la deuda
externa más allá de sus fronteras: destapó la crisis regional en 1982 con una
moratoria encubierta, provocó un furioso enfrentamiento entre los organismos
multilaterales de crédito en 1988, anunció con aplausos el default soberano a
fines de 2001 y logró que el directorio del FMI aprobara un acuerdo en contra
de la recomendación explícita de su staff en enero de 2003.
En el pasado más lejano, la Argentina también* había dejado marcado
su sello cuando a fines del siglo XIX casi provocó la quiebra de la Baring
Brothers en Londres, repleta de bonos soberanos incobrables y primer agente
de crédito del país a partir de un empréstito de un millón de libras esterlinas
adquirido en 1824 por el ministro de Hacienda Bernardino Rivadavia, que luego
forzó al gobierno a vender dos barcos para cancelarlo.
Pero este relato comienza con un gobierno militar que tomó el poder en
1976 para "restablecer el orden" con el apoyo de una buena parte de la
sociedad y que generó un pasivo externo inexplicable de unos US$ 25.000
millones contraído con los organismos multilaterales y con un grupo de bancos
comerciales que, luego de las turbulencias de la década del 80, desaparecerían
de la escena como prestamistas de los países subdesarrollados para
deshacerse del riesgo crediticio.
Los nuevos receptores de la deuda fueron cientos de miles de
tenedores de bonos repartidos en todo el mundo que ganaron cuando la
Argentina resplandeció y perdieron con un default que, en muchos casos, los
atrapó desprevenidos por los erráticos pronósticos de los organismos
multilaterales de crédito y de los bancos de inversión más prestigiosos de Wall
Street.
El cierre temporal del libro se sitúa en el precario acuerdo alcanzado
con el FMI a principios de 2003 durante el gobierno de Eduardo Duhalde,
perdedor de los comicios de 1999 y designado presidente por una asamblea
legislativa en un contexto de vacío de poder y cierto riesgo institucional.
Durante su sinuoso mandato el ex presidente osciló entre la patria
piquetera —grupo clave para sus aspiraciones al darle el golpe de gracia al
vacilante Fernando de la Rúa— y los sectores que impulsaron la devaluación y
la pesificación, hasta que se re-signó a la necesidad de "reintegrarse" a un
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mundo que sólo reparó en la Argentina después de varios meses y de muy
mala gana.
En un epílogo agregado para esta segunda edición, se analiza el
desarrollo y la estrategia del kirchnerismo frente a la cuestión de la deuda, que
pareció comenzar en forma virtuosa con el canje para salir del default del 2005,
pero que, ocho años después, no solucionó ninguno de los problemas externos
abiertos con la crisis 1998-2001.
M. D. K.
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UNO Y en el principio fue la deuda
Mientras las luchas intestinas del peronismo desangraban a la
sociedad y al Estado, el país seguía buscando su rumbo económico bajo el
manto protector del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Vuelvo un poco cansado, pero fue realmente casi una semana muy
positiva." La frase podría atribuirse a cualquier funcionario del Palacio de
Hacienda de los últimos treinta años, pero pertenece al joven secretario de
Programación y Coordinación Económica, Guido Di Tella, principal peregrino
de la gestión del Ministerio de Economía de Antonio Cafiero, tras su primer
viaje a Washington en octubre de 1975 para buscar infructuosamente fondos
externos.
Como en un retrato anticipado de las tirantes discusiones que se
registrarían décadas más tarde entre los mismos protagonistas, el organismo
de crédito multilateral más importante surgido del acuerdo de Bretton Woods,
firmado en 1944 en New Hampshire, también se negó en aquel momento a
brindarle su apoyo a un gobierno débil de la Argentina.
Tras la traumática experiencia de Celestino Rodrigo en el gobierno de
Isabel Perón —que combinó sin anestesia una devaluación del 100%,
liberación de precios y aumento de las tarifas—, el índice de inflación saltó de
un 32% acumulado entre diciembre de 1974 y mayo de 1975 a un 63%
solamente entre junio y julio del mismo año. En un contexto hiperinflacionario,
Rodrigo fue sucedido por una serie de efímeros ministros: Ernesto Corvalán
Nanclares por cinco días, Pedro Bonani por diecinueve, Antonio
Cafiero durante seis meses y, un mes antes del golpe militar, el
banquero Emilio Mondelli. Cada uno de ellos buscó inútilmente asistencia
financiera internacional, que sólo comenzó a arribar luego de la caída del
gobierno constitucional, cuando las reservas disponibles del Banco Central
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para satisfacer pagos inmediatos rondaban los US$ 23 millones y la deuda
externa del sector público ascendía a unos US$ 4.941 millones.
El director ejecutivo del Fondo, Hendrikus Johannes Witteveen, se
había comprometido ante Di Tella a recomendar al board del Fondo el
otorgamiento de US$ 85 millones correspondientes a una línea de facilidades
petroleras y otros US$ 135 millones para compensar la caída en el precio de
los productos de exportación. Pero el 26 de febrero de 1976 el FMI anunció que
no daría un paso más hasta que no se aclarara "el panorama político
institucional", es decir, hasta que el gobierno de Isabel Martínez de Perón no
terminara de desintegrarse.
'Al lado de Di Tella negociaba Ricardo Arriazu, un joven economista
tucumano llegado al gobierno justicialista de la mano del ministro Alfredo
Gómez Morales en 1974, que ya había representado a la Argentina ante el FMI
en 1968 con sólo 26 años de edad y que luego pasaría a la historia como el
padre intelectual de la "tablita" cambiarla y de la cuenta de regulación
monetaria, dos pilares del esquema económico de la dictadura militar. A pesar
de su juventud, Arriazu estaba familiarizado con los códigos de Washington,
aunque no pudo ocultar su palidez cuando estaba negociando un nuevo
programa de ayuda en el edificio del FMI y le pasaron un papelito para avisarle
que otro ministro de Economía había renunciado en Buenos Aires. Ya
recompuesto, pidió a sus interlocutores que no suspendieran la negociación,
porque con uno u otro ministro, con uno u otro gobierno, el Fondo iba a tener
que negociar con el país.
En Buenos Aires, los tres hombres que se preparaban para conducir el
período más sangriento de la historia moderna argentina convocaban en aquel
entonces a un desgarbado pero influyente abogado para implementar un plan
económico funcional a su estrategia política. José Alfredo Martínez de Hoz
había demostrado brevemente sus cualidades como ministro catorce años
antes, durante casi cinco meses, en el gobierno de José María Guido y trabó
una muy buena relación con las Fuerzas Armadas a partir de una extraña
historia que resumía un pasado ligado al poder rural y un presente repleto de
contactos con el sistema financiero internacional.
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De todos modos, Martínez de Hoz sabía que no era el único candidato
para elaborar el plan económico del gobierno que estaba por instalarse a la
fuerza y, por lo tanto, debía aprovechar las tres horas que le habían concedido
el 19 de marzo de 1976 en aquel departamento de la avenida del Libertador, en
el barrio de Palermo, para persuadir a su anfitrión, Emilio Eduardo Massera, y a
los otros dos líderes de la conspiración, Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón
Agosti. Más allá de las diferencias ideológicas entre los protagonistas del
encuentro, los cuatro coincidían en el sueño golpista y, curiosamente, en su
edad: todos tenían 50 años.
Los comandantes militares le prestaron gran atención desde las 21,
sobre la medianoche, le pidieron que volcara todas sus ideas por escrito en un
plazo de 72 horas porque, tras el asalto al poder, sería el encargado de
ejecutarlas. El abogado les solicitó cinco años para promover las reformas que
imaginaba y otros cinco para permitir su consolidación. Videla sólo le concedió
el primer deseo.
Martínez de Hoz se sentía agotado; sólo dos días antes había
regresado de un nuevo viaje de caza en África junto con su hijo mayor, por una
de las tantas invitaciones del presidente de la empresa Acindar, Arturo
Acevedo.
A fines de enero se introdujo en la profundidad de Kenya para eludir los
rumores que lo señalaban como ministro y no dejó de disparar con su rifle
hasta que uno de los cazadores recibió una transmisión radial que lo urgía a
volver a la Argentina. Trastornado por el mensaje pensó que, tras una larga
enfermedad, su padre estaba muriendo, hasta que supo que los militares lo
llamaban para retornar. Su calma duró poco tiempo ya que su progenitor,
fundador de la Corporación Argentina de Carne, falleció el 26 de marzo, dos
días después del ilegal desalojo de Isabel Martínez de Perón de la Casa de
Gobierno.
Luego de dejar el departamento de Massera en Palermo, el futuro
ministro llamó a su fiel secretaria y se dedicó a dictarle sin pausa el plan que se
conocería el 2 de abril de 1976. "El objetivo primero de nuestro programa
económico es el bienestar humano... resulta indispensable restablecer la
actividad económica sobre bases que tiendan a estimular la actividad
productiva. Se trata de una economía de producción", señalaría el flamante
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ministro en su discurso de 150 minutos por radio y televisión, antes de
inaugurar una gestión que provocaría una caída cercana al 30% en el salario
real, el cierre de más de 10.000 establecimientos industriales y el legado de un
22% de los hogares argentinos con sus necesidades básicas insatisfechas.
Mientras daba sus primeros pasos en el gobierno, Martínez de Hoz
comenzó a conformar su equipo y eligió como hombre de máxima confianza a
Guillermo Walter Klein, que por su relativa juventud tuvo que esforzarse
bastante para ganar el respeto del resto del gabinete económico. En forma
paralela, le ofreció la presidencia del Banco Central a Luis Otero Monsegur, su
viejo compañero de ruta en la Asociación de Empresarios Libres. El dueño del
Banco Francés decidió no sumarse a la función pública pero le sugirió el
nombre de Adolfo Diz, a quien Martínez de Hoz había conocido en una
conferencia en 1970 organizada en la Sociedad Rural Argentina. Ex
representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la gestión de
Krieger Vasena, en 1974 Diz comenzó a dirigir en la capital azteca el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos, fundado en 1952 como la meca de
estudios de los banqueros centrales de la región.
El 26 de marzo de 1976 Diz estaba reunido en la sede del centro
académico con un grupo de colaboradores, entre ellos, el argentino Pedro Poa
y el uruguayo Arturo Porzecanski; sabía que en la Argentina se había
producido un cambio en el poder pero, con la ingenuidad política que lo
caracterizaba, al principio creyó que se trataba de una revuelta de sectores de
izquierda. Con cierto temor, su secretaria le acercó un papelito que explicaba
que un avión oficial lo esperaba para partir a la Argentina de inmediato.
Sin poder saludar siquiera a sus hijos, que no habían regresado del
colegio, Diz se embarcó en la aeronave para transformarse a partir del 2 de
abril en el segundo vértice del primer plan de endeudamiento más agresivo en
la historia moderna del país.
Precavido por si acaso su nueva gestión no duraba demasiado, el
economista no renunció a su cargo en el CEMLA, sino que apenas se pidió una
licencia. "Ministro, yo sé manejar un automóvil a 120 kilómetros por hora, no a
800", le advirtió Diz a Martínez de Hoz apenas llegó a la convulsionada Buenos
Aires, luego de 17 años de haber estado fuera del país.
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Fue justamente Adolfo Diz, mentor intelectual de Arriazu, el encargado
de destrabar después del golpe militar las negociaciones con sus viejos
colegas del Fondo Monetario. Aunque había dejado la institución multilateral en
1968, ocho años más tarde Diz todavía conservaba buenos amigos en el
edificio de las calles 19 y H. Entre ellos, se destacaban el director ejecutivo, Bill
Dale, con quien solía intercambiar costosos cigarros, y el conductor del área
encargada de auditar a la Argentina, el Departamento del Hemisferio
Occidental, Jorge del Canto. Vito Tanzi, encargado de asuntos fiscales del
organismo de crédito, también se transformó en un "hincha" del nuevo plan
económico.
A la pereza del FMI por acordar antes del derrocamiento, le sucedió
una desesperada actitud por congraciarse con el nuevo gobierno argentino:
luego del golpe se envió un tramo de US$ 127,6 millones que había sido
reclamado sin éxito durante un año por los técnicos justicialistas y, una semana
más tarde, Del Canto llamó a Diz para ofrecerle el envío de una misión
negociadora, pero el presidente del Banco Central y el ministro de Economía
decidieron que había que esperar tres meses para que la situación económica
se calmara antes de tomar un nuevo compromiso formal. Tal vez fue una de las
pocas decisiones que ambos tomaron en total consonancia durante los cinco
años de gestión conjunta; con estilos muy diferentes, Martínez de Hoz y Diz se
complementaron pero nunca llegaron a confiar demasiado entre sí. El ministro,
un abogado especialista en derecho agrario de origen democristiano que
estudió en Cambridge, venía de una familia terrateniente pero gozaba de
sólidos vínculos en el sector industrial por haber encabezado la empresa
siderúrgica Acindar y contaba con una extensa trayectoria como funcionario
que había comenzado en Salta en 1955 como titular de Economía, Finanzas y
Obras Públicas de la intervención de Alejandro Lastra durante el gobierno de
facto de Aramburu. Uno de sus más estrechos colaboradores lo definió como
"un gran maestro de la conciliación, en un juego de fulleros".
Doctorado en la ortodoxa Universidad de Chicago y con más
background académico que experiencia práctica, el amable presi-dente del
BCRA hubiera preferido un plan de ajuste fiscal menos gradualista, al estilo que
predicaba el contrincante más importante de Martínez de Hoz, Alvaro
Alsogaray.
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Aunque a Martínez de Hoz le disgustaba el poco entusiasmo que
colocaba Diz en público para defender el plan económico, en parte le reconocía
su labor como aceitado nexo con el Fondo Monetario. De este modo, con el
canciller César Guzzeti escondido por las críticas que había en el exterior a la
política represiva, al ministro de Economía le quedó el campo libre para
consolidar su rol como único enlace con el poder real de los Estados Unidos.
***
David Rockefeller y José Alfredo Martínez de Hoz construyeron una
gran amistad a partir de 1964, cuando integrantes del gobierno radical de
Arturo Illia que compartían el profundo sentimiento antiperonista le pidieron al
ex funcionario de la administración de Guido que se hiciera cargo de la sección
argentina del Consejo Interamericano de Comercio Internacional.
David fue el encargado de asegurar el legado de su abuelo John, un
hombre rico de mala fama que construyó la poderosa empresa petrolera
Standard Oíl y que compró el Chase Manhattan Bank en 1930. El joven se
convirtió en presidente del Chase en 1969 y a partir de entonces edificó su
propio imperio, que incluyó actividades tan diversas como la filantropía y la
Comisión Trilateral. En paralelo, al sur del río Bravo, Martínez de Hoz no sólo
encabezaba Acindar desde 1968 —desde la muerte de Arturo Acevedo
padre—, sino también el Consejo Empresario Argentino y daba origen, tras la
caída de Onganía, a un think tank de derecha que incluía a Adalbert Krieger
Vasena, Moyano Llerena y al ministro de Justicia de Lanusse, Jaime Perriaux.
El autodenominado "Grupo Perriaux" buscó —y logró en buena medida—
domesticar las ideas nacionalistas de los militares demostrándoles los defectos
de la experiencia peruana de Velasco Alvarado.
Rockefeller recibió con agrado el nombramiento de Martínez de Hoz y
tuvo un gesto que conmovió al flamante ministro, al organizar una cena con
importantes empresarios norteamericanos un viernes a la noche en Nueva
York, momento de la semana en el que la Gran Manzana suele quedar vacía.
"Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y
económico internacional, que las medidas de su programa han sido muy pero
muy exitosas para resucitar la economía de la Argentina. Es más, sus
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esfuerzos han sido altamente beneficiosos para restaurar un sentido de solidez
económica que hace mucho tiempo no se veía en el país", se entusiasmó
Rockefeller en declaraciones a la prensa argentina.
El gobierno republicano de Gerald Ford también recibió al nuevo
hombre fuerte de la Argentina con enorme calidez. William Simón, secretario
del Tesoro, elogió los planes de Martínez de Hoz sin medias tintas. Sin
embargo, su principal lobbista en Washington fue el controvertido secretario de
Estado, Henry Kissinger, un legado de la administración Nixon que en la
primera visita del ministro argentino a la capital de los Estados Unidos en junio
de 1976 se quedó encantado con los planes de la dictadura y con las
oportunidades de negocio que se abrían en el país para los inversores
extranjeros.
En aquella primera incursión por Washington como ministro, Martínez
de Hoz también recibió el apoyo clave del presidente del Banco Mundial,
Robert McNamara, y de Antonio Ortiz Mena, su viejo amigo que encabezaba el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que afirmaba sin temor a
equivocarse que los países en desarrollo no tenían por qué temer al
endeudarse en forma irrestricta.
Con la llegada del gobierno de Jimmy Cárter el 20 de enero de 1977,
Kissinger abandonó la función pública pero no perdió su poder y por esta razón
Videla lo recibió como un invitado de honor para el Mundial '78 organizado en
la Argentina. Cuando Kissinger, fanático del fútbol, confirmó su presencia en la
copa de la FIFA, Martínez de Hoz organizó un viaje en un avión para cuatro
personas hasta el sur de la provincia de Buenos Aires —al que para disgusto
del ministro se sumó el embajador de los Estados Unidos Raúl Castro— en el
que el ministro le mostró durante cuatro horas a su nuevo amigo "la Argentina
real", repleta de vacas y campos.
El desprecio de Martínez de Hoz hacia el embajador tenía su razón de
ser: Castro estaba preocupado porque Kissinger había elogiado ante un
influyente grupo de expertos en asuntos internacionales el "gran trabajo"
realizado por la Junta Militar para combatir al terrorismo y, en un cable
confidencial, advirtió al Departamento de Estado que "había cierto riesgo de
que las autoridades argentinas utilicen las declaraciones conciliadoras de
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Kissinger como una justificación para endurecer su batalla contra los derechos
humanos".
Si bien el equipo económico ya había logrado refinanciar durante la
gestión de Ford unos US$ 1.000 millones de la deuda entre los organismos
multilaterales, gobiernos y bancos comerciales, el ascenso de una
administración demócrata fuertemente preocupada por las violaciones a los
derechos humanos en América latina podía constituir un obstáculo para los
ambiciosos planes de endeudamiento externo del régimen militar. De hecho, la
primera medida del gobierno demócrata fue reducir de US$ 32 millones a US$
16 millones la asistencia financiara otorgada por Ford a la Argentina en 1976.
Martínez de Hoz sufrió en carne propia los cuestionamientos del nuevo
secretario del Tesoro, Michael Blumenthal, durante la reunión anual del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) a mediados de mayo de 1977. Aterrado por
sus inquisitorias preguntas sobre la represión, el ministro argentino intentaba
esquivar a Blumenthal en cada pasillo del lujoso hotel de Cancún que
albergaba a la convención del BID. Sin embargo, los tragos más amargos de la
administración Cárter hacia el gobierno de facto se originaron en el
Departamento de Estado que conducía Cyrus Vance y, en particular, en la
subsecretaría para Derechos Humanos, Patrice Derian, blanco de constantes
ataques por parte de la Junta Militar y de sus generosos agentes de
propaganda, que la señalaban como una de las líderes de la denominada
"campaña anti argentina" en el exterior por sus denuncias contra la tortura y la
desaparición de personas.
Antes de volver a Buenos Aires desde México, Martínez de Hoz decidió
que tenía que dialogar con Rockefeller para abrir un canal interno de diálogo
dentro del gobierno demócrata menos hostil a la junta argentina.
Mientras conversaba con su buen amigo desde su despacho, el
banquero tocó un timbre y pidió a su secretaria que lo comunicara con
Zbigniew Brzezinski, el poderoso consejero nacional de Seguridad que tenía
una visión más focalizada en los peligros de la Guerra Fría que en la violación
de los derechos humanos. Sin demora, el funcionario norteamericano recibió a
Martínez de Hoz, que le planteó sus reparos en relación con el Departamento
de Estado y logró atenuar las fuertes presiones de la administración Cárter.
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Tiempo más tarde, su nuevo contacto en Washington le pediría la
devolución de favores, sin mayor suerte, cuando la Unión Soviética invadió
Afganistán y Estados Unidos declaró un embargo cerealero. Presionado por las
empresas cerealeras, que tenían en la URSS a su principal cliente, Martínez de
Hoz dijo que no había que "mezclar ideología con economía" y le explicó al
presidente Videla que el gobierno no debía sumarse a la sanción norte-
americana.
En enero de 1980 el gobierno norteamericano redobló su presión a
través de una misión del jefe de la academia militar de West Point, Andrew
Goodpaster, que se entrevistó con Videla en la residencia presidencial de
Chapadmalal para ofrecerle "suavizar" un informe del Departamento de Estado
al Congreso sobre la violación a los derechos humanos si la Argentina adhería
al embargo cerealero. Para aplacar la insatisfacción de Washington, Martínez
de Hoz se comprometió a "no exportar mayor cantidad que la que tienen
comprometida bajo convenio con la URSS" en forma oficial al régimen
comunista, mientras dejaba que por lo bajo las cerealeras destinaran el 80% de
su exportación a ese mercado del este europeo, en forma directa o por vía de
la triangulación.
El jefe del Pentágono pareció conformarse, pero Brzezinski no. Por
medio del embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, Jorge Aja Espil,
el consejero de Seguridad convocó "de urgencia" a Washington al ministro de
Economía a fines de enero para exhibirle en su despacho un gigante mapa que
reflejaba la importancia geopolítica del avance soviético sobre Afganistán. Sin
inmutarse, Martínez de Hoz ratificó su postura original aunque aceptó
recomendarle a Videla una "sanción moral" contra la URSS, pedida por el
subsecretario de Estado, Warren Christopher, para boicotear los Juegos
Olímpicos de Moscú de 1980 con la ausencia de los atletas argentinos.
De todos modos, en aquel entonces el gobierno de Cárter ya había
perdido su poder por la fuerte inflación derivada de la segunda crisis petrolera
internacional y por el devastador efecto político de la toma de la embajada de
los EE.UU. en Irán con setenta rehenes, que demoró 444 días en resolverse y
fulminó su imagen ante la sociedad norteamericana.
20
Sin oposición, se encaminaba hacia la presidencia el candidato
republicano, gobernador de California y ex actor de filmes de cowboys, Ronald
Reagan, que había encandilado a Martínez de Hoz en una cena privada para
siete personas en Carmel, cerca de San Francisco, a mediados de 1979. Luego
de conversar dos horas sin pausa sobre economía y política, Reagan quedó
tan admirado con su invitado que decidió escribir un artículo periodístico con
duras críticas hacia Pat Derian, tan odiada por los políticos republicanos como
por los militares argentinos.
Francisco Soldati no era un director cualquiera del Banco Central.
Refinado y culto, oficiaba como nexo entre la entidad monetaria y el Ministerio
de Economía y entre la Argentina y sus acreedores privados. Educado en
Suiza junto al rey Juan Carlos de España, tenía la cualidad de aparecer en
cada cóctel de nivel, pero sin quedarse más allá de media hora, un tiempo
suficiente como para saludar a las figuras clave de la reunión y para que el
resto también pudiera percatarse de su presencia.
Soldati comenzó su temprana carrera en la función pública como un
humilde asistente del primer ministro de Economía de Illia, Eugenio Blanco.
Director del Banco Central desde mayo de 1976 —tres años antes de que el
movimiento Montoneros asesinara a su padre, Francisco, en uno de los
atentados por el cual Mario Firmenich fue condenado en 1988—, olía como
nadie las mejores plazas para obtener financiamiento internacional en forma
sencilla. El Lejano Oriente, por ejemplo, donde los bancos japoneses estaban
ávidos por colocar sus excedentes financieros, o Wall Street, donde los bancos
no compartían los reparos de la administración Cárter en relación con la
Argentina.
Sin embargo, Soldati logró el primer crédito para la dictadura militar en
su amado Viejo Continente, a través del Banco Europeo para América Latina.
Sin atender las protestas de algunos grupos civiles internacionales por las
violaciones a los derechos humanos en la Argentina, el gobierno belga avaló
esta operación de US$ 65 millones, sediento por vender sus sofisticadas armas
a los militares, con el mismo pragmatismo que guió por aquellos años a Francia
y a Alemania, entre otros países.
21
Luego del tembladeral del último gobierno justicialista, los inversores
apreciaban a un equipo económico que prometía estabilidad, apoyado en una
estrategia destinada a eliminar cualquier signo de oposición.
La dictadura militar se inició luego del primer shock petrolero que, a
partir de 1973, determinó que las grandes entidades financieras internacionales
contaran con un fuerte excedente de liquidez, suficiente como para inundar
todo el mundo en desarrollo con dólares; un gobierno autoritario y un equipo
económico de tinte liberal conformaban un excelente cliente para este torrente
de petrodólares. Un joven administrador de empresas que luego pasaría a
encabezar la filial de un importante banco recordó con orgullo que en los '70
trabajaba en "créditos al sector público", el sector más importante de las
entidades que operaban en el sistema financiero local.
En 1976 la deuda externa pública era de US$ 6.648 millones y los
pasivos privados US$ 3.091 millones; cinco años más tarde, cuando Martínez
de Hoz dejaba su poderoso cargo, el país debía US$ 35.671 millones, un 48%
del PBI y un 390,4% de las ventas al exterior, repartidos entre US$ 20.024
millones del Estado y US$ 15.647 millones de la esfera privada.
Una década después, los compromisos externos habían trepado a US$
61.334 millones.
Francisco Soldati, fallecido en 1991 en un accidente mientras jugaba
un partido de polo en su estancia, luego de comandar por algunos años la
empresa de la familia, conocía bien esta apetencia y no la desaprovechó,
asistido por el fiel gerente Guillermo Zócalli, que luego se eternizaría como
director argentino ante el Fondo Monetario Internacional.
Junto con Soldati, Ricardo Arriazu integraba el dúo de colaboradores
más estrechos de Adolfo Diz en el Banco Central. Según sus pares, "Pancho"
era amable, extrovertido y sabía trabajar en equipo; el economista tucumano,
en cambio, parecía estar demasiado enamorado de su propia inteligencia y del
tipo de cambio fijo. Desde su designación, el presidente del Central reunía a
ambos dos veces al día en el "comité de crisis" destinado a frenar la fuerte
inflación que azotaba al país: por la mañana, para decidir las medidas que se
tomarían para que la situación no terminara de explotar y por la noche para
evaluar cómo habían funcionado. En marzo de 1976 la inflación se ubicaba en
el 37,6% y luego bajó, pero en 1978 llegó al 175% anual y en 1980 al 100%.
22
El equipo económico arrancó con un mix de medidas destinadas a
congelar los salarios y restringir la circulación monetaria para contener la suba
de precios, que fracasó y obligó al ministro a ordenar, lejos de su ideario liberal,
una tregua de precios por 120 días. Con la reforma del sistema financiero de
1977, que liberó las tasas de interés y redujo al mínimo las exigencias para la
apertura de entidades bancarias, cambió el foco de la política económica y se
sembraron las causas de la crisis que estallaría tres años más tarde. "Nosotros
permitimos abrir muchas sucursales porque creíamos que no había que
justificar la necesidad de crear un banco; si había lugar para ganar dinero, era
suficiente", razonaba un alto directivo del BCRA.
Tras un fuerte ingreso de capitales registrado en 1979 por las altas
tasas internas que permitían una ganancia en dólares del 50% anual, comenzó
a encenderse una espiral de desconfianza en torno al esquema de la "tablita"
cambiaría, que había sido lanzada en pleno conflicto con Chile por el canal de
Beagle. La "tablita" se basaba en la fijación anticipada del tipo de cambio, con
un cronograma de devaluaciones decrecientes que debían converger con la
tasa inflacionaria en un período de ocho meses y que, al fracasar, disparó una
fuerte fuga de divisas a medida que el atraso cambiario se ampliaba. En el
medio, otros dos instrumentos del Central contribuyeron a encender la hoguera
del endeudamiento: la remuneración de encajes por medio de la cuenta de
regulación monetaria —un sistema del cual los técnicos del BCRA
sospechaban que era fraudulento por la escasa capacidad de control que tenía
la entidad monetaria sobre las colocaciones inmovilizadas en cada entidad y
que costó la suma equivalente a un déficit y medio anual del Estado— y la
garantía total de los depósitos, que absorbió US$ 5.900 millones de las
finanzas públicas. En 1980, cuando la deuda neta subió en US$ 4.500 millones
y ya totalizaba los 20.000 millones, los cuatro bancos más importantes del
sistema fueron liquidados, con el 12,7% de los depósitos totales en sus arcas,
dejando al desnudo millonarios autopréstamos generados por la temible
combinación de un esquema de irrestricta apertura financiera y la falta total de
supervisión por parte del Banco Central. Tiempo más tarde, Diz y sus
colaboradores se lamentarían "por los diez chorros que quebraron al sistema" y
por las presiones recibidas en la Junta Militar para no investigar al Banco de
Intercambio Regional (BIR) —que defraudó a 350.000 ahorristas por un total de
23
US$ 1.000 millones— y al Banco Oddone, generosos contribuyentes de los
proyectos económicos del poder militar.
Así, a fin de 1980, mientras se fugaba el 25% de los depósitos, el poder
de Martínez de Hoz naufragaba y Videla debía negociar su abandono de la
presidencia.
Cuando se produjo la suba de tasas internacionales debido a la
estrategia del presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, para frenar la
inflación en los Estados Unidos, el Estado nacional ya se había endeudado en
el exterior en forma irresponsable a través de las empresas del Estado para un
supuesto programa de "inversión pública", luego cuestionado por los
integrantes más fiscalistas del equipo económico. En realidad, según estos ex
funcionarios, el plan se utilizó para financiar sobreprecios siderales —un
Mundial '78 de US$ 700 millones, centrales atómicas e hidroeléctricas
monstruosas como Yacyretá y una "promoción industrial sin industrias", como
admitió un funcionario del equipo económico.
“Los militares gastaban a lo loco e inflaban las deudas; era un poder
político dividido, populista, irresponsable y gastador; Massera era el peor de
todos y Bussi (gobernador de Tucumán) negociaba con un arma en la mesa;
las Fuerzas Armadas tenían el doble de oficiales de lo que necesitaban y
encima se lo pasaban comprando aviones para combatir supuestamente la
guerrilla”.
Lorenzo Sigaut no inspiraba demasiado respeto intelectual ni
enMartínez de Hoz ni en Diz cuando lo recibieron como delegado económico
del sucesor de Videla a fines de 1980. Sin los pergaminos internacionales de
sus predecesores, Sigaut era un economista que estudió en la Universidad de
Buenos Aires y tuvo un fugaz paso como colaborador de Krieger Vasena por un
artículo publicado en Primera Plana sobre la reforma fiscal pendiente.
Refugiado en su consultora privada Sigaut comenzó a trabar relación como
docente de Política Económica de un grupo de militares que estudiaban en la
Universidad del Salvador vinculados con el segundo comandante en jefe del
Ejército de la dictadura. Como integrante de la Junta Militar, Viola recibía una
vez por semana a este economista contrario a la prédica liberal y el tipo de
cambio fijo, las ideas que Martínez de Hoz defendía con tanta ceguera.
24
Entre diciembre de 1980 y marzo de 1981 la conducción económica y
Sigaut mantuvieron una serie de reuniones para concertar la transición. Sigaut
pretendía que Martínez de Hoz diera el primer paso para desandar el atraso
cambiario —que rondaba el 50%—, con una devaluación del 15%, que el
ministro acortó al 10%. Desde la primera modificación cambiaria, efectuada el
10 de febrero, las expectativas del mercado empeoraron y las reservas cayeron
de US$ 11.000 millones a US$ 5.000 millones en dos meses. Los pasivos
monetarios del BCRA, que en diciembre de 1979 cubrían un 126,9% de los
pagos de la deuda de los siguientes 12 meses, en marzo de 1981 apenas
alcanzaban para enfrentar el 16,9% de los vencimientos del mismo período.
Tras devaluar, según Sigaut, Martínez de Hoz "se borró" y Diz le rogó
al entrante equipo económico que cuidara los restos de la moribunda tablita.
Angustiado, el saliente presidente del Banco Central sufría serias dificultades
para dormir, mientras el nuevo ministro viajó a Mar del Plata durante el fin de
semana de la transición presidencial para "pensar" el futuro de la política
cambiaria. Con una crisis fiscal y fuertes vencimientos de la deuda en el corto
plazo, Sigaut echó por la borda los consejos de sus antecesores y en abril
resolvió una devaluación del 30%, acompañada por una suba en las
retenciones a las exportaciones agropecuarias y una baja en los aranceles a
las importaciones.
Pero el nuevo ministro era muy débil por la desconfianza del propio
presidente Viola, que se reflejó en la división de la cartera económica en
cinco ministerios. Sigaut no conformaba a nadie, ni siquiera al nuevo
presidente del Banco Central, Julio Gómez, que abandonó su cargo el 2
de junio, cuando se decidió un aumento salarial y una nueva devaluación
del 30%. Junto con Gómez, también dejó el Central el joven Martín
Lagos, ex asesor de Martínez de Hoz y futuro vicepresidente de la
entidad monetaria en la gestión menemista de Pedro Pou.
El viernes 20 de junio, el ministro de Economía lanzó a poco de
despertarse una advertencia que se transformó en su calvario eterno, al afirmar
en el programa radial del periodista Bernardo Neustadt que "esta vez quienes
estén apostando a favor de la divisa extranjera realmente van a perder". La
respuesta del mercado fue inmediata y el lunes siguiente Sigaut tuvo que
devaluar otro 30 por ciento.
25
Tras instaurar el primer seguro de cambio para las deudas privadas,
con una inflación de 131%, pérdida de depósitos y un dólar libre que pasó de
2.000 a 10.000 pesos, el ministro quedó desconsolado y dejó el diálogo con los
acreedores externos en manos de cuatro de sus colaboradores técnicos: el
subsecretario de Financiamiento, Hugo Lamónica; el representante ante el FMI,
Dante Simone, y dos reconocidos técnicos del área de Hacienda, Mario Teijeiro
y —según el cariñoso apodo de Sigaut— el "ropero" Ricardo López Murphy.
De todos modos, la Argentina ya había perdido el crédito y los
funcionarios que negociaban con Washington y Nueva York se limitaban a
solicitar continuas refinanciaciones de la deuda, mientras el mundo observaba
azorado a este nuevo ministro que cambiaba todos los días de plan y que sólo
se animó a viajar a los Estados Unidos para participar en la reunión anual del
Fondo Monetario.
En las sombras, ya se divisaba la figura del inquieto colaborador del
ministro del Interior, Tomás Liendo, el cordobés Domingo Cavallo, que tuvo en
sus manos por primera vez el manejo de la economía durante quince días en
diciembre de 1981, mientras por una simulada "enfermedad" de Viola se
preparaba la transición para que asumiera el poder un general al que, según su
ministro de Economía, Roberto Alemann, le gustaba beber algo de alcohol sólo
para relajarse.
26
DOS El default menos pensado
El veterano banquero se siente orgulloso de su pasado. En las paredes
de su confortable oficina con ventanas que dan a la glamorosa Park Avenue en
el centro de Manhattan se destacan las importantes distinciones que recibió de
varios gobiernos y una serie de caricaturas que lo retratan junto a destacados
funcionarios argentinos de los últimos veinte años.
Con su vasta experiencia —y aunque la mayor parte de la literatura
económica afirme lo contrario—, el ejecutivo no duda en afirmar que la crisis de
deuda latinoamericana de 1982 no fue detonada por la moratoria mexicana
declarada en agosto de ese año, sino a partir de la decisión argentina de no
pagarles a los bancos británicos por la guerra de Malvinas.
Esta suspensión, agrega el hombre que lideró las delicadas
negociaciones entre la región y los bancos en aquel entonces, despertó la
desconfianza del sistema financiero internacional luego de casi una década de
abundante liquidez.
Paradójicamente, este prematuro estallido contó como protagonista
principal e involuntario al economista preferido del establishment financiero
local.
A fines de 1981, con una deuda externa pública de US$ 20.024
millones que apenas se podía pagar, el gobierno militar se hallaba en pleno
proceso de desgaste como producto de la crisis económica y por el lento pero
progresivo avance del diálogo político, luego de los años más duros de la
represión.
En un gesto desesperado por torcer la breve historia de fracaso político
del general Roberto Viola, el 12 de diciembre asumieron Leopoldo Fortunato
Galtieri como presidente y Roberto Teodoro Alemann, doctorado en Suiza y ex
embajador ante los Estados Unidos, como ministro de Economía.
Tras la fallida experiencia devaluacionista de Viola y Sigaut, volvía a
manejar las riendas de la economía un representante directo de la ortodoxia
fiscal, dispuesto a recuperar la confianza dentro del país y fuera de él.
27
Desde 1976, según Alemann, las empresas públicas se habían
endeudado para comprar bienes de capital "con un demencial financiamiento
del Tesoro Nacional", que había sido administrado casualmente por su
hermano menor, Juan.
Apenas se sentó en el mismo sillón que ya había ocupado durante
nueve meses en el gobierno de Arturo Frondizi, Alemann tuvo que apelar a su
prestigio personal en el mercado para pedir US$ 500 millones ante la escasez
de reservas en el Banco Central.
Con urgencia de fondos, el ministro partió hacia la reunión anual del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la bella Cartagena de Indias para
acordar la refinanciación de los compromisos de la deuda soberana de 1982.
El plan oficial consistía en contratar unos US$ 3.500 millones en
créditos sindicados a largo plazo y renovar otros US$ 7.200 millones.
Desde el 26 de marzo, ajeno a los planes bélicos del gobierno, el
funcionario comenzó a tejer en el Caribe colombiano la delicada operación para
sacar a la Argentina de la cornisa de la cesación de pagos.
A cambio, Alemann se comprometió a mantener la deuda pública y a
reducir el déficit fiscal en un 2% durante ese año. La realidad rompería con su
juramento, ya que a fines de 1982 los pasivos externos del Estado ascenderían
a US$ 28.626 millones.
Con menos reparos que Martínez de Hoz para aplicar un programa de
ajuste con el objetivo de reducir la inflación, el ministro diseñó un esquema de
"racionalización" del gasto público junto con su secretario de Hacienda, Manuel
Solanet, que había intentado la misma tarea sin éxito desde 1976 a las órdenes
de Juan Alemann. Así, Roberto Alemann dejó flotar el tipo de cambio, dispuso
un congelamiento de los salarios y el recorte de los subsidios a las empresas
estatales.
Tras lograr un rápido "compromiso verbal" para la refinanciación de la
deuda, el ministro decidió adelantar su regreso dos días con una escala en
Bogotá, para arribar el 30 de marzo a Buenos Aires. Sin embargo, las rutas
aéreas no favorecieron sus planes y debió penar durante 25 horas entre un
avión y otro para llegar al país a través del Brasil.
Finalmente, aterrizó la tarde del jueves en el aeropuerto de Ezeiza,
donde, ansioso, lo esperaba Solanet para explicarle que el enlace de la Fuerza
28
Aérea con el Ministerio de Economía le había anticipado la noche anterior que
el 2 de abril habría novedades importantes en relación con las islas del
Atlántico Sur.
Al tanto de la operación militar, Solanet le ordenó al presiden-te del
Banco Central, Egidio Ianella, que girara las reservas internacionales del Banco
Central que estaban depositadas en el Banco Central de Inglaterra y en los
bancos comerciales de los Estados Unidos. El nuevo destino sería el Banco
Internacional de Pagos de Basilea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
Reserva Federal de Nueva York, lejos del alcance de un eventual embargo
británico. Los principales bancos oficiales, el Nación y el Provincia de Buenos
Aires, realizaban un movimiento contable similar, para dejar registrados sus
fondos en la plaza off shore de Panamá.
Agotado por el extenso viaje desde Colombia, Alemann le dijo a
Solanet en el aeropuerto que nada pasaría en relación con Malvinas y que
necesitaba dormir una siesta en su casa para recuperar fuerzas. A las 19, su
colaborador lo despertó por teléfono para reafirmar sus temores, pero Alemann
volvió a pedirle calma, hasta que a la una de la mañana del viernes convocaron
al ministro a una reunión de urgencia del gabinete nacional a las 7 de la
mañana en la Casa de Gobierno para analizar una invasión que él desconocía.
Enojado y confundido, Alemann sintió que en un instante su castillo de naipes
se derrumbaba: la ansiada lucha contra el déficit y la inflación dejaban paso al
gasto militar como prioridad de la política económica.
Mientras el ministro tomaba conciencia del cambio de escenario,
Ianella se aseguraba de que la operación de rescate de las reservas resultara
"prácticamente" exitosa, ya que aún restaban 50 millones de libras esterlinas
que por cuestiones operativas sólo podrían ser liberadas el viernes 2 de abril.
El Ministerio de Economía aprovechó la lentitud del gobierno británico para
reaccionar —Thatcher presuntamente se había enterado de la operación militar
argentina a través de la inteligencia norteamericana la madrugada del viernes e
impuso el control de capitales recién el sábado— para salvar ese dinero
remanente.
Sin embargo, puertas adentro del sistema financiero inglés quedarían
congelados durante toda la guerra unos US$ 1.450 millones de residentes
argentinos, incluidos 70 millones pertenecientes a la comisión de compra de
29
armas de la Armada Argentina, que un integrante de esa fuerza aún menos
informado que Alemann se olvidó de retirar.
***
Luego de la reunión de emergencia del gabinete nacional, el ministro
pareció recuperar el control sobre sí mismo al convocar a una reunión al
mediodía para brindarles su crudo diagnóstico a los más importantes
banqueros y empresarios del país, mientras una manifestación aplaudía la
aventura de Galtieri en la Plaza de Mayo. En la economía de guerra, Alemann
limitaría la compra de divisa para evitar la fuga de capitales, el mercado
cambiario volvería a desdoblarse, el peso se devaluaría, crecerían las
retenciones a la exportación y se adoptarían otras medidas impositivas para
enfrentar el crecimiento de los recursos militares, que consumieron US$ 450
millones de gasto corriente, más los fondos destinados a la compra de aviones.
A pesar del apoyo retórico del sector privado a los planes del ministro,
la fuga de un 4% de los depósitos totales del sistema financiero local registrada
durante la primera semana de abril demostró los nervios del mercado ante la
guerra contra la principal potencia marítima del planeta.
Mientras los argentinos retiraban sus depósitos de los bancos en
Buenos Aires y obligaban al BCRA a bajar los encajes para combatir la
situación de iliquidez en el mercado, en pleno corazón del conflicto bélico la
administración militar lograba mantener cierta confianza en la población de las
islas. La gobernación militar prometió no incautar los bienes de los kelpers y de
mantener la estabilidad, a través de un régimen bimonetario con un tipo de
cambio fijo (a 20.000 pesos por cada libra malvinense) instaurado luego de un
viaje de Solanet a Puerto Argentino a mediados de abril, cuando la mediación
diplomática del gobierno norteamericano, conducida por Alexander Haig, ya
había fracasado.
Con el apoyo de sus aliados de la OTAN y de la Comunidad
Económica Europea, Gran Bretaña dispuso el congelamiento de los fondos
argentinos y el embargo de las importaciones de origen nacional. En la
Argentina el sector más duro de la Junta Militar pidió como represalia la
confiscación de los bienes británicos.
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Alemann no aceptó, pero sin dudarlo suspendió el pago de los
vencimientos de capital de la deuda externa para preservar el nivel de reservas
del Banco Central, generando una reacción de histeria entre los banqueros de
todo el mundo. Si bien el ministro aseguró que la medida se basaba en el
contexto bélico, sus colaboradores más estrechos sabían que la guerra
permitiría esconder un default que estaba latente, porque no había dinero más
que para pagar uno o dos meses de vencimientos. El ministro intentó calmar al
mundo financiero al explicar que mientras continuara la guerra abonaría los
intereses en forma puntual, salvo a las entidades financieras británicas, que no
recibirían pago alguno. La aclaración provocó mayor escozor aún, ya que el
Lloyds Bank del Reino Unido era el principal acreedor individual del país.
Además, la Argentina había tomado una buena parte de sus créditos a través
de préstamos sindicados, que todos los bancos cobraban a través de una sola
ventanilla. Si no cobraba uno, no cobraba nadie.
Alemann se percató entonces de la ineficacia de los mensajes a
distancia y viajó a una reunión del Fondo Monetario Internacional en Helsinki,
donde el 12 de mayo —mientras 3.000 mercenarios gurkas partían hacia las
Malvinas en apoyo de las fuerzas británicas— intentó sin demasiado éxito
obtener el respaldo del titular del organismo, el francés Jacques de Larosiére,
para lograr un programa de asistencia con la complicada promesa de continuar
con un ajuste. Alineado con el discurso oficial de la defensa de la soberanía
nacional en una guerra absurda, el ministro habló ante sus pares de todo el
mundo. A su turno, tuvo que soportar la hostilidad de los representantes de los
Estados Unidos y Gran Bretaña.
Desanimado, dejó Finlandia y comenzó sin pausa una gira por Zurich,
París y Nueva York para ofrecerles a los acreedores privados no británicos la
posibilidad de cumplir en forma efectiva con los vencimientos del pago de
intereses a través de una cuenta en la Unión de Bancos Suizos (UBS). En
forma paralela, se habilitaría una escrow account para asentar los
compromisos con los bancos ingleses sin pagarles, hasta que Londres
levantara las sanciones contra el país. Esta solución se le ocurrió al abogado
Richard Davis, socio del estudio neoyorquino Weil, Gothsam & Manges, ex
subsecretario de Finanzas del Tesoro durante la administración Cárter y
experto en sanciones económicas internacionales, contratado por el Ministerio
31
de Economía por el temor a que el gobierno de Reagan cediera a la presión de
Thatcher de embargar los bienes argentinos en territorio norteamericano.
En realidad, Davis sólo se limitó a recomendarle al gobierno argentino
una fórmula parecida a la que utilizaron los iraníes durante la toma de los
rehenes en la embajada de los EE.UU. en Teherán, para eludir el
congelamiento ordenado por el Tesoro en aquel entonces. Davis comenzó su
trabajo con una visita a Buenos Aires, antes de que las tropas inglesas llegaran
al Atlántico Sur, en la que sugirió reducir al mínimo los incentivos de los bancos
para declarar un default formal. Sin embargo, con la cuenta abierta en la UBS
la Argentina generó un frente de conflicto interno entre los acreedores del país,
ya que las entidades británicas reclamaron con energía a sus socios —con la
amenaza de iniciar juicios incluida— la acreditación inmediata de su cuota
correspondiente, por cierto sin mucho éxito.
Tras su gira, mientras el represor Alfredo Astiz se rendía sin presentar
combate en las Georgias del Sur, el ministro se tranquilizó cuando los bancos
no británicos se resignaron a aceptar la propuesta argentina, que hasta recibió
elogios del Tesoro de los Estados Unidos.
Sin embargo, puertas adentro del país, Alemann tuvo que soportar la
reacción antisemita de algunos integrantes de la Junta Militar, indignados por
los fuertes vínculos del estudio Weil, Gothsam & Manges con la comunidad
judía de Nueva York. Desde Mar del Plata se abrió otro insólito frente de
conflicto cuando el Colegio de Abogados local le pidió a la cartera económica,
con argumentos nacionalistas y poco racionales, hacerse cargo de la defensa
del país si surgía algún juicio en los tribunales de la principal superpotencia del
mundo.
***
El 14 de junio de 1982 los militares argentinos se rindieron ante sus
pares británicos en Puerto Argentino. La dictadura sellaba su suerte en forma
definitiva a costa de la muerte de 649 soldados argentinos en una guerra que
Galtieri buscó ganar con la ilusión de recibir la ayuda de los Estados Unidos por
su apoyo a la lucha anticomunista en América Central, sin considerar en su
genial "estrategia" el formidable peso geopolítico de la relación
anglonorteamericana.
32
Junto con la derrota en el campo de batalla, el país acumulaba al final
de la guerra unos US$ 2.000 millones de atrasos en el pago de la deuda que
debió empezar a renegociar al día siguiente de la rendición en el Atlántico Sur.
Uno de los compromisos más curiosos correspondió a una deuda de US$ 80
millones por dos helicópteros con capacidad para despegar desde glandes
barcos, que habían sido encargados a la fábrica británica Westland a fines de
la década del 70 con financiamiento del país europeo.
La firma Westland fue fundada en 1915 por Sir Ernest Petter pero
adquirió fama mundial en la Segunda Guerra Mundial, cuando permitió
transportar en el secreto de la noche a los espías de la resistencia francesa
contra el régimen nazi. Si bien la guerra congeló la operación de traslado de los
helicópteros —y la Armada argentina nunca formuló un reclamo—, en Gran
Bretaña el compromiso financiero quedó asentado y el gobierno de John Major
no estaba dispuesto a olvidarlo en 1990, cuando ambos países negociaban la
reanudación de las relaciones diplomáticas.
EÍ primer jefe de la negociación durante el gobierno menemista, Carlos
Carballo, sintió un gran alivio cuando un arbitraje del Banco Mundial le permitió
reducir la deuda a US$ 40 millones, aunque tiempo después volvería a sentirse
decepcionado al enterarse de que los dos helicópteros en cuestión habían sido
vendidos por segunda vez. Esta vez, el comprador fue el régimen iraquí de
Saddam Hussein, que los sumó a la flota utilizada para defenderse, durante la
primera guerra del Golfo en 1991, de la coalición liderada por los Estados
Unidos e integrada, entre otros países, por la Argentina.
***
El 10 de julio de 1982 el general derrotado en el Atlántico Sur dejó la
presidencia en manos de otro militar, Reynaldo Bignone, que prometió
elecciones en marzo de 1984 y designó como ministro de Economía a José
María Dagnino Pastore, sucesor de Adalbert Krieger Vasena en el gobierno de
facto de Juan Carlos Onganía. El 6 de julio, cuatro días después de asumir,
Dagnino Pastore devaluaba y desdoblaba el mercado cambiario para frenar las
presiones inflacionarias, que sin embargo no cedieron debido a la fuerte brecha
que existía entre el dólar paralelo y el oficial. Tras el espectacular salto del
33
257% que registró con Sigaut, el dólar subió un 39,6% con Alemann y un
47,1% con Dagnino Pastore.
Al frente del Banco Central, en reemplazo de Ianella, Domingo Cavallo
rompía con la promesa de Alemann de no instaurar más seguros de cambio. La
circular A137, una de las tantas que el funcionario cordobés dio a conocer
sobre el filo de la medianoche en sus 52 días de gestión, instauró un nuevo
seguro indexado por precios mayoristas que daría lugar a la estatización cíe los
pasivos empresariales a partir de una modificación introducida por su sucesor,
Julio González del Solar.
Rabioso, Alemann acusaría a Cavallo, además, de renacionalizar los
depósitos al colocar encajes del 100% y provocar una suba del 20% en la
deuda interna.
Cavallo contraatacaría una y otra vez señalando a los hermanos
Alemann y a Alvaro Alsogaray, otro de sus detractores, como los "defensores
del liberalismo de la city porteña".
El 17 de noviembre el Banco Central se hizo cargo de US$ 5.700
millones contraídos por el sector privado, a través de la circular A251 que, "ante
las dificultades existentes en el sector externo y ante las necesidades del
programa monetario", absorbía las deudas en dólares amparadas por los
seguros de cambio instaurados desde 1981. Para descargar culpas ajenas, Diz
declararía tiempo después ante la Justicia que "una circunstancia que agravó el
problema en el caso argentino es la estatización de la deuda externa privada, a
partir de 1981, en la que el Estado asumió la responsabilidad del
endeudamiento externo del sector privado, en condiciones súmamente
favorables para dicho sector, provocando redistribuciones del ingreso y la
riqueza". Estas maniobras redujeron el peso de la deuda privada sobre el total
de los pasivos externos del 47% al 30% tan sólo entre 1980 y 1982.
Tras el fracaso de Dagnino Pastore y Cavallo para contener la inflación,
Bignone designó en el Banco Central a Julio González del Solar y en el
Ministerio de Economía a Jorge Wehbe, un calvo economista que ya se había
desempeñado en el mismo puesto durante un total de 235 días con Frondizi,
Guido y el general Alejandro Lanusse. En los 473 días de su gestión con
Bignone, la deuda externa creció a un ritmo cercano a los US$ 100 millones
34
mensuales. Wehbe fue ministro cada 10 años: en 1962, en 1972 y, finalmente,
desde el 25 de agosto de 1982.
Con cariño, el economista Juan Carlos de Pablo recordaría que
"Wehbe, como los bomberos, estuvo cuando todos los demás huían".
Según uno de sus colaboradores íntimos, cuando el economista pidió
la bendición del ex presidente Arturo Frondizi para aceptar, el líder desarrollista
le aconsejó: "Acepte pero sea lo más cipayo que pueda".
Una semana después de asumir, el ministro partió a la reunión anual
del Fondo Monetario en Toronto para» renegociar el pago de unos US$ 12.000
millones que vencían antes de fin de año. El 7 de septiembre a las 8.40, Wehbe
se reunió con Jacques de Larosiére en el hotel Sheraton de Toronto para
solicitarle un acuerdo a tres años que, por recomendación del staff que lideraba
Walter Robichek, se redujo a un período de 15 meses ante la inestabilidad
económica y política del país.
A cambio, el organismo multilateral le pidió al ministro una reducción en
el nivel de actividad, devaluaciones superiores a la inflación esperada y un
acuerdo con los bancos comerciales, que el presidente de la Reserva Federal,
Paul Volcker, impulsó junto con el secretario adjunto del Tesoro, Tim McNamar,
ante el temor a la expansión regional de la crisis de la deuda. Al tanto de estos
nervios, la Argentina se limitó a esperar. "Hay que ver qué nos proponen ellos,
nosotros no digamos nada", le recomendó en secreto González del Solar a
Mario Teijeiro, funcionario del Ministerio de Economía y representante oficial
ante el Fondo entre 1982 y 1984, cuando la deuda externa del sector público
pasó de US$ 28.626 millones a US$ 35.527 millones. En la trinchera de
enfrente, un joven argentino que trabajaba en Nueva York y que llegó dos
décadas más tarde a presidir la filial porteña de un importante banco
norteamericano soportaba en forma pasiva la agresividad de los banqueros
reunidos en el comité de acreedores que presidía William Rhodes. Afable
neoyorquino que ingresó al Citibank en 1957 —cuando la deuda externa
argentina rondaba los US$ 3.000 millones— tras graduarse en la Brown
University, dos décadas más tarde Rhodes lideraba los negocios
latinoamericanos del banco, cultivando como nadie las relaciones públicas
entre los gobernantes del mundo subdesarrollado.
35
Halcones y palomas convivían en ese selecto ámbito de acreedores
financieros convocados semanalmente alrededor de una larga mesa de madera
ubicada en las oficinas de los abogados del Citibank, con tres pequeñas sillas
en el centro reservadas para los representantes de los países deudores.
El 16 de noviembre, el comité recibió la visita del diplomático número
uno del Fondo. Con sus buenos modales, De Larosiére aclaró que el
organismo multilateral no daría el visto bueno a un nuevo acuerdo con el país si
los 300 bancos que le reclamaban dinero al país no daban un paso en el
mismo sentido. Con el 68,5% de la deuda argentina en sus manos los bancos
tenían mucho más para perder en este juego que el Fondo, que sólo contaba
con el 2,7% del total. Los acreedores avanzaron hacia un entendimiento final
con el vicepresidente del Banco Central, Alberto Ayerza, y con el representante
financiero ante Washington, Alberto Solá, hasta comprometerse a firmar un
contrato para otorgarle al gobierno un préstamo puente por US$ 1.100 millones
destinado a cancelar una parte de los vencimientos atrasados.
Los representantes británicos accedieron con la condición de lograr
que la Argentina levantara las restricciones impuestas en Malvinas, a cambio
de dar el mismo paso desde Londres.
La ceremonia final estaba prevista en la mañana del 31 de diciembre
de 1982. Luego de que los británicos difundieron el télex con el fin de las
sanciones a los fondos de residentes argentinos, Voleker comenzó a
intranquilizarse porque el gobierno militar no daba a conocer su comunicación.
Al borde de la histeria, el presidente del Fed llamó a Rhodes y el
vicepresidente del Citibank se comunicó con Bignone para saber qué ocurría.
Con una simulada candidez, el presidente argentino le dijo que el comunicado
se había "perdido", pero le prometió que no se demoraría en recuperarlo. La
angustia de los acreedores duró un par de horas más, pero finalmente todos
pudieron festejar la llegada del nuevo año con el acuerdo firmado.
***
Arturo Porzecanski, el joven uruguayo que colaboraba con Adolfo Diz y
Pedro Pou en el CEMBLA de México, tiene los suficientes galardones como
36
para considerarse el decano de los analistas de los bancos de inversión
especializados en los mercados emergentes.
A principios de 1977 dejó la institución académica en suelo azteca para
buscar un poco más de acción en el banco Morgan en Nueva York. Su primera
misión fue aterrizar en Buenos Aires en 1977, ya que los bancos de Wall Street
estaban hechizados con las reformas económicas de Martínez de Hoz. Desde
entonces, Porzecanski no dejó de viajar a la Argentina, ni siquiera el 2 de abril
de 1982, cuando aterrizó en Ezeiza mientras las tropas argentinas
desembarcaban en las Malvinas. Casi como un espía, el montevideano de pelo
enrulado y anteojos vino a comprobar en persona la verdadera dimensión de la
crisis local. Luego de vomitar millones de dólares hacia la región, los bancos de
Nueva York tenían en 1982 una estrategia definida: evitar que la Argentina
empujara al Brasil a un default que, junto con la crisis mexicana que se
avecinaba, pudiera provocar la quiebra de una buena parte del sistema
financiero norteamericano. El mismo temor espantó a los bancos europeos en
el este del Viejo Continente, cuando en marzo de 1981 el gobierno polaco
declaró que no podía pagarles a sus acreedores.
Y si bien Wall Street pudo tolerar el impacto del default local, los
bancos que habían disfrutado de los buenos negocios en la década del 70
sufrieron con creces cuando vieron que México admitía en forma oficial su
imposibilidad de pagar y que Brasil marchaba en la misma dirección.
Sin duda, el mayor cataclismo regional se produjo el viernes 12 de
agosto, cuando el ministro de Finanzas mexicano, Jesús Silva Herzog, se
comunicó en forma telefónica con los principales bancos de Nueva York y con
De Larosiére, Volcker y Donald Regan (secretario del Tesoro norteamericano)
para informarles que el gobierno de López Portillo no podía cumplir el lunes
siguiente con el pago de un vencimiento de capital de la deuda externa.
La deuda mexicana había crecido un 30% anual entre 1973 y 1981, de
US$ 4.000 millones a US$ 43.000 millones, mientras la economía mundial
asistía en forma sucesiva al abandono de la convertibilidad entre el dólar y el
oro, a dos shocks petroleros y a otras tantas recesiones internacionales,
apuntaladas por fuertes subas en la tasa de interés de los Estados Unidos.
Cuando Silva Herzog asumió en marzo de 1982, más de la mitad de la nueva
deuda externa mexicana estaba concentrada en vencimientos de corto plazo.
37
El prestigio del ministro no alcanzó para evitar que el Grupo Alfa, el
principal conglomerado industrial del país, "defaulteara" en abril, pero permitió
que el gobierno obtuviera US$ 9.600 millones para refinanciar sus
compromisos durante el primer semestre del año.
Los fondos para el eterno régimen del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se cortaron a partir de una letal combinación entre la baja del
precio internacional del petróleo, vital para las exportaciones mexicanas, y la
aceleración de la caída en el nivel de actividad en los Estados Unidos por el
denominado "efecto Volcker".
Al tanto de los problemas financieros del país, durante la primera
semana de agosto el staff del Fondo comenzó a planificar un programa de
asistencia de tres años para México, que no alcanzó para detener el explosivo
anuncio de deja vú.
De inmediato, se desencadenaron dos duras negociaciones
simultáneas con el FMI y con 500 bancos acreedores, que culminaron en
noviembre de 1982 y en marzo de 1983, respectivamente.
En forma paralela, el otro gigante latinoamericano sufría los mismos
síntomas, aunque con leves variantes. Con un fuerte endeudamiento que rozó
los US$ 81.000 millones en 1981, destinado a sostener el proceso de
sustitución de importaciones, Brasil presentaba un alto déficit, una inflación
anual del 90% y US$ 6^000 millones en reservas, por debajo de sus
necesidades de financiamiento de 1982. Una vez que los bancos le hubieron
bajado el pulgar a México a mediados de ese año, no demoraron en adoptar la
misma actitud hacia el gobierno militar brasileño, con nervios adicionales por la
inminencia de las primeras elecciones legislativas desde el golpe de Estado de
1964. Sin embargo, la administración Reagan volvió a involucrarse para forzar
un acuerdo que concluyó en abril de 1983 y que sufrió su primer traspié tan
sólo un mes más tarde por los desvíos del gobierno en relación con las metas
acordadas con el Fondo Monetario.
La tormenta ya se había extendido por toda la región; los pronósticos
optimistas fallaron y hasta Chile tuvo que sentarse a pedir más dinero a
mediados del '82, cuando la caída en el precio de las exportaciones y un atraso
cambiario por un esquema similar a la "tablita" argentina le impidieron seguir
afrontando el pago de una parte de su deuda de US$ 15.500 millones,
38
correspondiente en un 64,8% a compromisos del sector privado. Chile salió del
sofocón antes que sus vecinos, pero su tropezón demostró que nadie, ni
siquiera la niña mimada de los inversores por la apertura introducida durante la
dictadura de Augusto Pinochet, podía quedar al margen de las nacientes "crisis
sistémicas".
***
El 4 de octubre de 1983, 26 días antes de los comicios que marcaron el
retorno democrático y el ascenso de Raúl Alfonsín al gobierno, Julio González
del Solar fue detenido cuando regresaba de Washington acusado de "traición a
la patria", por disposición de Oscar Pinto Kramer, un pintoresco juez
nacionalista de Río Gallegos que se hizo eco del enojo de la Fuerza Aérea
porque el gobierno había tomado a Aerolíneas Argentinas como caso testigo
para la reestructuración de la deuda de las empresas públicas, de acuerdo con
el programa de asistencia firmado a principios de ese año con los bancos del
exterior. El 21 de septiembre los pilotos militares habían expresado su
"unánime desagrado por la forma en que se renegoció la deuda de Aerolíneas",
mientras González del Solar y Wehbe rogaban al comité de acreedores que
postergaran el ultimátum contra la Argentina, debido a que el gobierno no había
cumplido con sus pagos en todo el año. El juez basó la orden de detención del
titular del Central en dos cláusulas del acuerdo: una que otorgaba una garantía
oficial para la reestructuración y la otra que cedía la competencia para resolver
cualquier diferencia judicial a los tribunales extranjeros. Desesperados, los
abogados oficiales comenzaron a elaborar la apelación, mientras algunos
funcionarios de Economía dejaban trascender el lado os-curo de Pinto Kramer,
como su presunta iniciativa de vestir a los presos con uniformes de color
naranja para dispararles con mayor facilidad si intentaban escaparse. Con
cierto temor por la decisión judicial, el steering committee postergó su
intimación al gobierno. El 6 de octubre González del Solar fue liberado por
decisión de la Cámara Federal, que acusó a Pinto Kramer de colocar al país "al
borde de un default", que en realidad ya tenía más de un año de vigencia en
términos prácticos.
El 10 de diciembre de 1983, los uniformados volvían a los cuarteles y
los derechos constitucionales recobraban su vida. Tras siete años de régimen
39
de facto, la Argentina vio cómo sus compromisos externos totales pasaban de
US$ 9.739 millones a US$ 45.069 millones y la deuda del Estado de US$ 6.648
millones a US$ 31.709 millones. Cada uno de los habitantes del país, que
debía 320 dólares en 1976, llegó a cargar con una deuda de 1.500 dólares en
1983, mientras el 10% más rico de la sociedad pasaba a concentrar el 31,8%
de los ingresos totales, frente al 23,6% que acumulaba en 1974. Antes de la
represión, el 10% más pobre de los argentinos contaba con el 4,4% de los
recursos del país; después, ese mismo sector social apenas accedía al 2,3%
de la exigua "riqueza" que aún quedaba en pie.
40
TRES La ingenua primavera democrática
"Yo creo que cualquier gobierno constitucional que se instale en el
futuro partirá de, por lo menos, tres premisas básicas: una refinanciación de la
deuda compatible con nuestras exportaciones, ya que, de lo contrario, nos
atamos a compromisos que no podrán cumplirse; en segundo lugar, no
pagaremos usura, es decir, los intereses que se cobran ahora, y por último, no
vamos a aceptar ninguna condición que impida nuestro desarrollo económico."
Tres semanas antes de ganar las elecciones presidenciales, el
candidato Raúl Alfonsín reivindicaba su intención de mantenerse firme frente a
las duras negociaciones de la deuda externa que acompañarían al
renacimiento de la democracia.
La Unión Cívica Radical (UCR) había planteado en la campaña
electoral la necesidad de investigar el proceso de endeudamiento del gobierno
militar y de discriminar entre los compromisos legítimos e ilegítimos. El 29 de
diciembre de 1982, Alfonsín denunció la existencia de US$ 5.000 millones de la
deuda "cuya explicación es urgente y necesaria".
Con el paso de los meses, el enérgico abogado de Chascomús
moderaría el tono de su discurso. "Por imprudente que haya sido la política
aplicada, el gobierno y las empresas no pueden menos que hacer frente a la
deuda contraída", concedió el líder del Movimiento de Renovación y Cambio de
la UCR, a pesar de un estudio de los técnicos radicales que afirmaba que casi
el 50% de los compromisos externos asumidos por el sector privado
presuntamente eran ficticios debido a la existencia de autopréstamos y
endeudamiento por inversiones no realizadas, entre otras denuncias.
Alfonsín asumió el 10 de diciembre con una clara agenda política y
escasas precisiones en materia económica. El carismático político había
quedado fortalecido por su victoria del 30 de octubre con el 52% de los votos
frente a la fórmula justicialista encabezada por Ítalo Luder, pero estaba muy
preocupado por una herencia que combinaba reservas disponibles en el Banco
Central apenas por US$ 387 millones, inflación del 433%, un déficit público del
41
16%, una fuga de capitales por US$ 10.700 millones entre 1980 y 1981,
sumado a atrasos en los pagos externos por US$ 2.270 millones y una deuda
que superaba en cinco veces el valor anual de las exportaciones.
La estrategia financiera oficial consistía en protestar por las exigentes
condiciones internacionales de pago, pero sin patear el tablero de la
negociación, ya que al mismo tiempo el gobierno planeaba dar otras dos
desgastantes batallas en forma simultánea: el juicio a las juntas militares y la
Ley Mucci para democratizar el sindicalismo con la inclusión de minorías en la
conducción de los gremios, la limitación de la reelección de los dirigentes y la
fiscalización de los comicios internos por parte del Estado nacional.
Mientras que la condena a las tres primeras juntas de la dictadura —la
última fue absuelta— constituyó un ejemplo para toda la región, la ley de
reordenamiento de los gremios no sólo fue sepultada en el Senado en marzo
de 1984, sino que además logró reunificar a todo el sindicalismo peronista,
luego de la división registrada durante el régimen militar, en contra del nuevo
gobierno.
Junto con la autoamnistía dictada para evitar cualquier castigo penal
por las violaciones a los derechos humanos, el poder militar dejó como legado
a la sociedad una deuda externa global equivalente al 60% del PBI, que
durante 14 meses intentarían comenzar a renegociar dos radicales de raza con
estilos profundamente opuestos entre sí, Bernardo Grinspun y Enrique García
Vázquez, luego de la suspensión del acuerdo con los acreedores registrada a
fines de 1983.
Ambos funcionarios lograron su objetivo en forma parcial, con un
acuerdo débil, continuos incumplimientos de metas y continuidad de atrasos en
los pagos, tres rasgos que caracterizarían las negociaciones de la deuda
durante toda la década del 80.
Nacido en 1925 como fruto del matrimonio entre un rumano y una
polaca, el ministro de Economía había dado claras muestras de su espíritu
combativo cuando militaba en la Federación Universitaria de Buenos Aires
(FUBA).
Tras colaborar como asesor del régimen militar de 1955, Grinspun se
transformó en director del Banco Central durante el gobierno de Arturo Illia,
mientras disfrutaba de amado Independiente de Avellaneda. En aquel
42
entonces, Enrique García Vázquez, un tranquilo economista, ocupaba la
vicepresidencia de la entidad monetaria luego de haber pasado de ser un
simple inspector de la Dirección General Impositiva (DGI) a representante de la
Argentina ante el Fondo Monetario Internacional.
Uno a los gritos, el otro en voz baja, Grinspun y García Vázquez
defendían un modelo basado en una "economía mixta de base capitalista", a
mitad de camino entre la doctrina liberal y el ideario marxista.
Tras comenzar su gestión con una suba de salarios y tarifas, junto a la
reducción de las tasas de interés reguladas, el gobierno lanzó su primera
jugada fuerte en materia económica el 11 de enero de 1984, cuando García
Vázquez anunció la suspensión del diálogo con los acreedores por un período
de seis meses, hasta que se verificara la autenticidad de los compromisos
asumidos en el exterior. En forma paralela, se envió una carta a los acreedores
del sector privado exigiéndoles la documentación necesaria para comprobar la
veracidad de sus préstamos, con la advertencia de suspender su cancelación si
se consideraba que la deuda no se encontraba "suficientemente acreditada".
La pretensión fue moderada tiempo después, cuando se aclaró que el
requerimiento no buscaba "afectar negativamente políticas internas de los
bancos ni normas de privacidad de los bancos con sus clientes".
El presidente del BCRA denunció en el Congreso Nacional que el
gobierno militar se había apropiado de US$ 1.528 millones tres días antes de
dejar el poder, en concepto de "vales de caja", para cancelar el pago de
material bélico que había sido adquirido en los primeros años de la dictadura.
"Una vez conocido el monto real de la deuda, el país estará en
condiciones de iniciar la renegociación de su pago... Argentina no va a pagar
ninguna deuda que no esté debidamente legalizada", expresó el presidente del
BCRA ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la
Cámara de Diputados.
Además, el funcionario ordenó la creación de un cuerpo de
investigadores de las deudas financieras particulares contraídas hasta el 31 de
octubre de 1983, que determinó la existencia de autopréstamos, irregularidades
en el otorgamiento de seguros de cambio, endeudamiento por inversiones
inexistentes, aportes de capital disfrazados de préstamos financieros,
sobrefacturación y sobrevaluación de deudas. Las empresas multinacionales
43
tomaron un tercio de sus créditos con sus propias casas matrices y se
descubrieron acreedores supuestamente extranjeros que en realidad eran
argentinos.
Entre otras maniobras, los inspectores detectaron presuntas
irregularidades en las operaciones del principal deudor privado del país a fines
de 1983, Cogasco, con US$ 918 millones. El consorcio de origen holandés,
encargado de construir un gasoducto que uniría el centro y el oeste del país,
declaró "deudas con el exterior por importaciones definitivas que en realidad
fueron importaciones transitorias que no generaron envío de divisas al exterior;
deudas equivalentes en dólares, sin tener en cuenta las sucesivas
devaluaciones que se habían operado en el florín holandés y que, por lo tanto,
disminuían la deuda si se la pagaba en dólares (en 335 millones), y deudas por
gastos efectuados en el gasoducto, cuando en realidad esos fondos se
encontraban en poder de su casa matriz, la cual no los había gastado en el
marco del proyecto".
El informe de los inspectores sería archivado años más tarde para
evitar complicaciones con el poder económico, aunque parte de sus
conclusiones fueron utilizadas por el juez federal Jorge Ballestero en la causa
sobre la ilegalidad de la deuda externa contraída durante la dictadura, cuya
pomposa pero poco práctica sentencia consistió en no procesar a ningún ex
funcionario y recomendar "su consulta" al Congreso Nacional.
En una resolución de casi 300 páginas, Ballestero decidió archivar la
causa aclarando que su decisión no debía "resultar impedimento para que los
miembros del Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a
las que se han arribado en las actuaciones labradas en este Tribunal para
determinar la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a
cada uno de los actores en los sucesos que provocaron el fenomenal
endeudamiento externo argentino".
En 1984 y en 2000, el Parlamento buscó cumplir con esta misión sin
lograr ningún resultado por las disputas registradas entre el peronismo y el
radicalismo, para deshacerse de este candente problema.
Cuatro días después del anuncio de la postergación de las
negociaciones formulado por García Vázquez ante el Parlamento nacional,
44
Grinspun recibiría en Washington el primer bofetazo como ministro en el
exterior durante sus ásperas reuniones con el secretario del Tesoro, Donald
Regan; el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, y los titulares del
FMI y el Banco Mundial, Jacques de Larosiére y Alden Clausen,
respectivamente.
Luego de la aventura de Malvinas contra su aliado británico, la
administración republicana de Ronald Reagan elogió el retorno de la
democracia a la Argentina, pero no estaba dispuesta a con-cederle un
tratamiento más indulgente en las negociaciones en relación con otros
deudores, tal como pretendía Alfonsín. Aun con una retórica más amigable, los
regímenes socialdemócratas europeos mantuvieron una postura similar a la de
Washington.
A los gobiernos de las naciones desarrolladas no les hubiera
disgustado investigar el flujo de créditos externos otorgados a la dictadura, que
pudo haber alimentado el jugoso negocio del lavado de dinero, pero ninguno
estaba dispuesto a acceder al ingenuo pedido argentino de levantar el secreto
bancario en sus respectivas plazas financieras.
Sin percibir los cambios registrados en la economía internacional desde
el comienzo de la década del 70, Alfonsín y Grinspun se ofuscaron porque los
gobiernos centrales optaban por defender los intereses de sus propios bancos
en lugar de cooperar con el fortalecimiento de una naciente democracia.
Contrariado por la rigidez de los funcionarios norteamericanos,
Grinspun debió volar a Nueva York, donde el 19 de enero se reunió con los
acreedores privados del país para pedirles que mantuvieran la deuda en
categoría de performing, a pesar de los atrasos registrados en los pagos. El
país debía abonar US$ 350 millones trimestrales para no caer en una cesación
de pagos formal. Sin la compañía de su hijo Gustavo, que ese día se había
graduado en la American University, el ministro concurrió al encuentro junto
con Santiago del Puerto, jefe de los negociadores argentinos ante Wall Street,
que observaba atónito —como le ocurrió luego a su colega Ubaldo Aguirre en
Europa— la primera de una larga serie de agrias discusiones entre el impulsivo
ministro y los enojados banqueros.
45
Bill Rhodes colocó su mejor expresión cuando vio llegar al ministro
Grinspun al cóctel inaugural de la XXV Asamblea Anual del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) de fines de marzo de 1984, en el refinado
hotel-casino de San Rafael, en el balneario uruguayo de Punta del Este. Sin
duda, el directo^ del negocio corporativo del Citibank para América latina
hubiera preferido dialogar con el presidente del Banco Central, pero el ministro
pretendía liderar la negociación en forma exclusiva y por lo tanto ambos se
resignaron a compartir un vaso de vino, mientras Rhodes le advertía que las
amenazas de nacionalización de la banca que circulaban en esos días no eran
el mejor camino para llegar a un acuerdo que ambas partes necesitaban por
igual. A pesar de su sonrisa, el ejecutivo neoyorquino no podía esconder
demasiado sus nervios, ya que el 31 de marzo la Argentina debía realizar un
pago por US$ 500 millones a los bancos acreedores. Antes de ingresar al
salón, Grinspun se hizo el desentendido. "Los problemas contables de los
bancos no son de la incumbencia del gobierno argentino." El ministro sabía que
los acreedores se ocuparían de encontrar una solución y por lo tanto prefería
especular, al menos por algunos días, con la desesperación de sus
adversarios. Se trataba de su debut en una asamblea internacional y no dejaría
pasar la oportunidad de plantear en su discurso, considerado por algunos
negociadores como uno de los primeros antecedentes del plan Brady, los
condicionamientos para el pago de la deuda.
La recesión de 1981-1982 fue de una severidad sin precedentes: la
suma de la tasa real de interés, el deterioro de los términos de intercambio y el
bajo crecimiento del volumen de exportaciones han sido de una intensidad no
registrada desde la crisis del año treinta. Los costos que estamos pagando los
países en desarrollo son enormes... el peligro consiste en que la crisis de
liquidez se convierta por la acumulación sucesiva de altos intereses en una
crisis estructural, ya que el pago puntual de los servicios de la deuda solamente
podría mantenerse con una recesión económica de los países deudores.
En la palestra, Grinspun se quejó ante sus pares porque la tasa prime
había subido al 11,5% y el interés real que pagaba América latina superaba el
10% anual. La región destinaba el 38% de sus ingresos corrientes en divisas
para cumplir con los pagos externos, frente al 12,5% requerido en 1975.
46
"La República Argentina no puede continuar destinando dos tercios de
sus exportaciones y el 8% de su producto bruto al pago de esos intereses en
los términos en que está planteada; aun hacerlo en estas condiciones llevaría a
destruir todavía más el aparato productivo y afectar negativamente nuestra
futura capacidad de repago... atravesamos una coyuntura extremadamente
difícil y necesitamos la cooperación de nuestros socios financieros. Lo necesita
y lo pide la democracia argentina. No sé puede exigir ahora a un gobierno
democrático lo que no se solicitó en su momento a un gobierno
inconstitucional."
Antes de finalizar su disertación, Grinspun propuso ante los 2.500
asistentes a la asamblea que las naciones integrantes del banco multilateral
emitieran bonos respaldados por la entidad para mejorar su nivel de riesgo
crediticio, para que a su vez el BID colocara títulos negociables por el mismo
valor en la cartera de los acreedores privados con el objetivo de rescatar parte
de la pesada deuda regional. El secretario adjunto del Tesoro, Timoth
McNamar, rechazó la iniciativa al considerar que había que "resguardar al BID
contra la bienintencionada tentación de convertirlo en un organismo de
financiamiento del balance de pagos", mientras su perspicaz colega David
Mulford terminaba de tejer en secreto la operación de "rescate" a través de un
préstamo puente destinado a pagarles a los bancos hasta que el gobierno
arribara a un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito.
Ese mismo día, el mexicano Jesús Silva Herzog tocaba la puerta de la
habitación del ministro argentino para oficiar como un sigiloso cartero de la
iniciativa de Mulford, con el joven Grinspun como testigo privilegiado.
"Chucho" Herzog juraría que se trataba de un plan elaborado por su
propio gobierno, que buscaba evitar los efectos negativos de una posible
moratoria regional. México y Venezuela —le explicó— aportarían US$ 100
millones cada uno, Brasil y Colombia sumarían US$ 100 millones más entre
ambos, los bancos otro tanto y la Argentina garantizaría con sus reservas una
suma similar.
La primera reacción del ministro argentino fue negativa:
47
— ¿Préstamo puente a qué? Si recién empezamos a negociar el
acuerdo con el FMI y todavía no sabemos cuándo vamos a firmar —retrucó el
ministro.
—No importa, es un gesto de buena voluntad —se limitó a responder
Silva Herzog, seguro de la trascendencia de terminar cuanto antes con su
misión.
Cuando Grinspun finalmente otorgó su bendición, Mulford y el
subsecretario de Finanzas mexicano, Ángel Gurría, viajaron de urgencia a
Buenos Aires el miércoles 28 de marzo para diseñar el salvataje. Esa noche, el
embajador de los EE.UU. en la Argentina, Frank Ortiz, les comunicaba a
Alfonsín, Grinspun y García Vázquez la "preocupación" personal del presidente
Reagan por la indefinición de la Argentina frente a los bancos.
Veinticuatro horas más tarde, el veterano y respetado asesor
presidencial Raúl Prebisch intentaba sumar apoyos en una cena desarrollada
en la residencia del embajador argentino en Washington, Lucio García del
Solar, quien para asegurar el éxito de la gestión oficial colocó un billete debajo
del plato de "ñoquis del 29" que se ofreció a los 40 invitados, encabezados por
Jacques de Larosiére y Tim McNamar, entre otros. Al mismo tiempo, en Bue-
nos Aires, Gurría y Mulford trabajaron durante tres días sin descanso en el
edificio del Banco Central. Con la intención de evitar interrupciones, se
alternaban para descansar en un sofá ubicado junto al despacho de García
Vázquez.
Durante la primera semana de abril el préstamo puente fue sellado,
para satisfacción de los Estados Unidos. Sin cavilar, el secretario del Tesoro,
Donald Regan, admitió que si la negociación fracasaba, "la Argentina podría
haberse convertido en un ejemplo para otros países, no sólo en América latina,
sino en cualquier otra parte del mundo". En silencio, Grinspun también respiró
tranquilo, aunque no por demasiado tiempo, ya que entre abril y mayo debió
enfrentar tres interpelaciones en el Congreso en las que el justicialismo
cuestionó con dureza el acuerdo transitorio alcanzado por los bancos, que,
según el ministro, no le había generado nuevos condicionamientos al país. En
Washington, Prebisch había acordado con De Larosiére reducir el déficit del
18% registrado en el último trimestre de 1983 al 6% en el primer trimestre de
1984.
48
Uno de los oradores más críticos de la última sesión fue el diputado
Diego Guelar, quien con la más pura retórica peronista sostuvo que "primero
está la patria, luego la patria y por último la patria". Guelar se convertiría una
década después en uno de los más fieles ejecutores de la política de
"relaciones carnales" del gobierno menemista como embajador ante los
Estados Unidos.
Es difícil observar a Gustavo Grinspun y no recordar al impulsivo primer
ministro de Economía de Raúl Alfonsín.
La misma redondez de su rostro, su calvicie y sus definiciones tajantes
asoman durante un diálogo desarrollado en el departamento en el barrio de
Belgrano que su padre habitó hasta su fallecimiento en 1996. Las diferencias
se vislumbran en el tamaño de los anteojos —los de Gustavo son bastante más
delgados que los que utilizaba Bernardo— y en el tono amable que utiliza para
expresar las mismas ideas que el ministro solía vociferar a los gritos.
Pero Gustavo defiende como nadie la memoria de su padre.
"Era un buen negociador, no irracional, pero sí temperamental",
recuerda con algo de nostalgia, sólo a unos metros del escritorio que Bernardo
solía utilizar en su cálido hogar.
En la intimidad, el ministro Grinspun pensaba que la deuda era
impagable. Por esta razón fue uno de los más fervorosos impulsores del Grupo
de Cartagena, un mecanismo surgido por la iniciativa de varios países
latinoamericanos para acordar una posición común frente a la negociación de
la deuda, sin llegar al extremo de formar el "cártel de deudores" que tanto
temían las naciones más desarrolladas. Parecía una solución políticamente
correcta, tal como se expresó en enero de 1984 en la declaración de Quito de
los países de América latina y el Caribe, que advirtió la imposibilidad de seguir
pagando la deuda si no se adoptaban "criterios flexibles y realistas para la
renegociación, incluyendo plazos, períodos de gracias y tasas de interés
compatibles con la recuperación del crecimiento económico". Los dos años
previos la región había sufrido una sangría neta de fondos de US$ 55.000
millones y una caída real del 20% en los precios de los productos de
exportación.
49
Seis meses más tarde, Alfonsín redoblaba la apuesta al convocar a sus
pares de Brasil, Colombia, México, Ecuador, Perú y Venezuela para redactar
un documento conjunto que se elevaría a la reunión planeada por el Grupo de
los Siete, que concentra a los gobiernos de los países más desarrollados, en
Londres para ese mes.
El texto consideraba que los contactos bilaterales y la ayuda aislada de
los organismos de crédito no resolverían el grave problema del endeudamiento
externo de la región, que en aquel entonces ascendía a US$ 320.000 millones.
"No es posible pensar que los problemas puedan resolverse sólo a través del
contacto con los bancos o con la participación aislada de los organismos
financieros internacionales. Se requiere llevar adelante un diálogo constructivo
entre países acreedores y deudores para la identificación de medidas
concretas que alivien la carga del endeudamiento externo", señalaron los siete
presidentes latinoamericanos ante los gobiernos más ricos del mundo.
La respuesta desde la capital británica fue tajante: continuaría el
tratamiento bilateral, caso por caso, sobre la base de las políticas de austeridad
recomendadas por los organismos surgidos del acuerdo de Bretton Woods.
Sin dejarse caer, los cancilleres y ministros de Economía de la región
se reunieron nuevamente el 21 y el 22 de junio en Cartagena, Colombia, para
buscar una nueva alternativa común. Pero el sueño se esfumó en pocas horas.
Mientras la Argentina promovió la implementación de un mecanismo práctico
para el "tratamiento político" de la deuda, México y Brasil sólo apoyaron la
creación de un esquema de seguimiento regional denominado "consenso de
Cartagena" que se desinfló poco a poco luego de la reunión de Santo Domingo
en febrero de 1985.
Los negociadores argentinos reconocieron las hábiles e intensas
gestiones desarrolladas durante el primer semestre de 1984 por el gobierno de
los EE.UU. para persuadir a cada país de la inconveniencia de avanzar en una
solución conjunta. Nadie olvidó tampoco la presunta "ayuda" brindada al
Tesoro de los Estados Unidos por el presidente pro tempore de la CEPAL y
canciller uruguayo, Enrique Iglesias, para "desarmar el consenso de Cartagena
y convertirse luego en el presidente del BID", según la acusación de un
negociador argentino y de un ex ministro de Economía.
50
Iglesias nunca aceptará esta versión de la historia. Jurará que desde
un principio apoyó el consenso, porque constituía un "factor de racionalidad"
frente a la dureza promovida por el régimen cubano de Fidel Castro para
declarar una moratoria regional. Ningún ministro pretendía aparecer en una
actitud de abierta confrontación. Al mismo tiempo, Iglesias reconoce que el
camino individual elegido para negociar la deuda no impidió que los países
sucumbieran uno a uno en una profunda crisis a pesar del renacimiento
democrático que parecía iluminar el futuro de la región.
Bernardo Grinspun había sido un profundo admirador del
"estructuralismo" de Raúl Prebisch, que tanta influencia tuvo sobre el
pensamiento económico de América latina.
De hecho, cuando el economista radical se desempeñaba como
consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA), no dejaba de
visitar en Washington al hombre que había sido subsecretario de Hacienda y
Agricultura del gobierno de facto de Uriburu, directivo de la CEPAL y secretario
general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD). Juntos debatían las disputas entre el "centro industrial y
hegemónico" y la "periferia" agro exportadora, representada por los países en
desarrollo.
Aunque Prebisch tuvo una historia zigzagueante —una buena parte de
sus ideas quedó a un lado cuando actuó como asesor del gobierno militar de
Lonardi—, se transformó en un objeto de culto para una buena parte de los
técnicos radicales que trabajaron con Illia y que luego rodearon a Alfonsín en la
década del 80. Luego de traspasar la barrera de los 80 años y de dejar en
forma definitiva atrás su pensamiento heterodoxo, Prebisch se convirtió en
asesor del nuevo presidente radical en la negociación de la deuda externa.
A fines de 1983, planteó puertas adentro de la administración
alfonsinista los reclamos de ajuste que había recogido antes del 10 de
diciembre en su gira por Washington; desde entonces, Prebisch tuvo que
resignarse a colaborar con García Vázquez desde una oscura oficina del Banco
Central. Cada tarde, mientras el veterano asesor dormía la siesta, los
empleados jerárquicos de la entidad se desesperaban porque en esa
habitación estaba el único fax que había en el edificio. "No hay quien me quite
51
mi media hora de siesta ni mis siete horas de sueño a la noche", declaró
orgulloso el economista que 44 años antes había conocido al presidente
Franklin Delano Roosevelt en una visita de cortesía en la Casa Blanca.
Los mayores desacuerdos entre el ministro y el legendario economista
giraban en torno a la política de administración de los precios. Desde su tardía
ortodoxia, Prebisch cuestionaba las pautas de regulación instrumentadas
desde el Palacio de Hacienda.
La convivencia fue difícil hasta que se tornó imposible el 10 de abril de
1984, cuando el ministro estaba en Washington para avanzar en las
negociaciones con el Fondo Monetario y Prebisch brindó una conferencia de
prensa en Buenos Aires, acompañado por el presidente Alfonsín, en la que
dejó en claro su desacuerdo con la estrategia de reajustar los salarios por
encima de la inflación y de mantener las tasas de interés en niveles neutros o
negativos. "Francamente no", fue su tajante respuesta cuando le preguntaron si
creía que Washington aprobaba estas iniciativas de Grinspun. Prebisch sabía
de qué hablaba, porque en el memorando técnico de entendimiento que había
redactado junto al staff del FMI se descartaba esta estrategia de recomposición
salarial en un contexto de hiperinflación. "La política salarial es inaceptable; el
presidente tiene el compromiso de mejorar los salarios reales haciendo
descender la inflación, de modo que hay que buscar una combinación entre
una cosa y la otra", sentenció el asesor para disgusto del ministro.
La reacción de Grinspun no se hizo esperar: el 11 de junio elevó al
Fondo Monetario una carta de intención en forma unilateral. El documento
advertía que la exigencia de aplicar un descenso drástico del déficit fiscal,
limitar el crecimiento de los ingresos reales por debajo de los porcentuales
programados (entre el 6 y el 8% reales entre diciembre del 83 y diciembre del
84) y mantener el servicio de la deuda externa sin reducir tasas ni diferir plazos
disminuiría "las posibilidades de reactivación económica y el crecimiento de la
producción nacional". Además, se explicaba que la consolidación democrática
dependía en buena medida de la res-puesta que el gobierno pudiera brindar en
materia económica a "los reclamos de los distintos sectores".
"Es decisión del gobierno argentino limitar la magnitud de los pagos
externos a la disponibilidad de recursos que pueda obtener mediante
exportaciones, sin reducir sus importaciones, para mantener un nivel de
52
actividad compatible con las proyecciones de crecimiento del PBI", desafiaba el
documento.
Con profundo enojo, el director del Departamento del Hemisferio
Occidental del FMI, Eduardo Wiesner Durán, expresó que "un país puede
escribir en la carta de intención que quiere ir a Marte en avión y en el
memorándum de entendimiento tiene que explicar cómo va a hacer; los
técnicos revisan: 'A ver... los números no dan, no puede ir a Marte en avión'.
Entonces el país dirá: 'Bueno, a la luna'. Se verá que no y así sucesivamente
hasta que las posibilidades confluirán con las metas del gobierno y se verá
adonde puede ir".
Preocupado por la falta de avances en la negociación, Grinspun decidió
viajar a la capital de los Estados Unidos el 8 de agosto para reunirse con el
titular de la Reserva Federal, Paul Volcker, y su asistente Edward Truman, que
luego se transformaría en uno de los principales negociadores del blindaje
financiero acordado en el año 2000 desde el Tesoro que conducía Lawrence
Summers en la administración Clinton. El ministro pretendía que EE.UU.
convenciera a los bancos de la necesidad de prorrogar el vencimiento de un
crédito por US$ 125 millones que vencía una semana después. Pero Volcker
se sentía molesto:
—Ministro, ¿qué significa la idea de subir un 6% el salario real con una
inflación del 500%? —disparó Volcker.
—Quiere decir subir el salario un 506% —retrucó el titular de
Economía, mientras Truman y Gustavo Grinspun estallaban en carcajadas.
Tras ese desplante, Volcker aprovechó la presencia de Alfonsín en la
Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York para pedirle la renuncia
del ministro.
El presidente buscó calmar al titular de la Reserva Federal sin
concederle su deseo, pero desde entonces la relación entre el líder radical y su
ministro más explosivo quedó definitivamente agrietada.
Cuando Francia se dio cuenta de las dificultades de Grinspun para
desandar su rebeldía, apeló a su conciliador director del Tesoro, Michel
Camdessus, padre de una joven argentina, para convencer al gobierno
53
alfonsinista de la necesidad de "disciplinarse" ante el resto del mundo. Para
evitar sutilezas, Camdessus aterrizó en Buenos Aires a mediados de junio de
1984 y se reunió con el ministro y con el secretario de Planificación, Juan
Sourrouille, en el Palacio de Hacienda.
El funcionario francés se convirtió en el nexo más importante entre la
Argentina y sus acreedores, incluso para pedirles a los británicos que no
interfirieran en la negociación debido a la disputa diplomática por Malvinas y
para persuadir al rey Juan Carlos de España de la necesidad de amansar a los
bancos de la península ibérica.
El diálogo con el Fondo Monetario se aceleró hasta desembocar el 25
de septiembre, tras casi un año y medio sin programa, en el anuncio de un
stand by en el inicio de la asamblea anual del FMI —sin la retórica belicista de
la carta de intención de junio y con importantes concesiones en materia de
política fiscal y monetaria— y en un arreglo con los bancos en diciembre para
refinanciar deudas por US$ 10.400 millones, a cambio de recibir US$ 4.200
millones, cuatro meses después de que México alcanzara el mismo objetivo por
un pasivo de US$ 48.000 millones y Venezuela por US$ 21.000 millones.
Para tranquilidad de los acreedores, el cierre de las conversaciones
quedó a cargo de Enrique García Vázquez. Sin embargo, cuando el presidente
del BCRA redactó el entendimiento con el comité de bancos que lideraba
Rhodes, comenzó a desesperarse porque Grinspun no aparecía por ningún
lado, hasta que Alfonsín ordenó cerrar el acuerdo. Para entonces, los nervios
se habían apoderado definitivamente del veterano funcionario, que debió
someterse a una operación del corazón con un triple bypass a fines de 1984.
El giro posterior de la política económica, basado en una
desaceleración de la suba de salarios y fuertes incrementos en las tarifas de
los servicios públicos y en las tasas de interés, detuvo la tenue recuperación
económica pero no frenó la inflación ni el déficit. Tras dejar atrás el primer año
del renacimiento democrático con un aumento del 2,4% en el endeudamiento
externo y una hiperinflación del 688%, el presidente decidió efectuar un
"enroque" en febrero al relegar a Grinspun a la Secretaría de Planificación y
ungir a Sourrouille como ministro de Economía, con la intención de avanzar en
un sorpresivo ajuste heterodoxo para enfrentar la "economía de guerra".
54
Grinspun nunca confió en este técnico sin raíces radicales porque
sabía que, al igual que Prebisch, durante su gestión había mantenido abierto
un canal de diálogo paralelo con el FMI. Con su habitual ímpetu, hasta llegó a
amenazarlo verbalmente cuando se enteró del operativo de recambio, aunque
con el paso del tiempo entendió que la responsabilidad de su renuncia le cabía
exclusivamente a Alfonsín. En realidad, el jefe de Estado estaba cansa-do de
las peleas entre García Vázquez y Grinspun, mientras el rumbo de la economía
quedaba peligrosamente a la deriva.
55
CUATRO Un marine para la Argentina
El gigantesco presidente de la Reserva Federal tenía sus piernas
cruzadas sobre el escritorio de una sala de reuniones del edificio del Fondo
Monetario Internacional.
Paul Volcker fumaba sus cigarros Avanti de un dólar, los mismos que
deleitaban al director de cine Francis Ford Coppola, mientras el ministro Juan
Sourrouille escribía una serie de ideas y números con una tiza en un pizarrón.
A Sourrouille le agradaba la humildad de este funcionario de 2 metros y
5 centímetros de altura, nacido en 1927, que como subsecretario del Tesoro en
la administración Nixon participó en la liberación del dólar del patrón oro en
1973 y que, seis años más tarde, desde la Reserva Federal comenzó a subir
las tasas reales minoristas hasta llevarlas al 22% con la intención de reducir la
inflación durante el gobierno de James Cárter. El resultado del ajuste fue
fulminante: el índice de precios en los EE.UU. bajó del 13,5% en 1980 al 6,2%
en 1982, pero al costo de duplicar el nivel de desempleo en el mismo período.
Volcker viajaba en la clase turista de los aviones, habitaba un modesto
departamento en el centro de Manhattan y solía comer —en restaurantes poco
sofisticados— hamburguesas que siempre le dejaban alguna mancha en sus
camisas.
Era el 15 de abril de 1985, a las 17, y en la pequeña sala también
estaban el titular del FMI, Jacques de Larosiére; el secretario del Tesoro de
EE.UU., James Baker III, y su asistente David Mulford. La delegación argentina
se completaba con los principales negociadores del equipo económico, Mario
Brodersohn y José
Luis Machinea, doctorados en Harvard y Minnesota, respectivamente.
Mientras que a Brodersohn le causaba cierta gracia el esfuerzo que hacía
Sourrouille por hacerse entender con sus complicados gráficos en el pizarrón,
Machinea se sentía orgulloso por formar parte de una negociación tan
importante. "La pucha, Machinea, pensar que saliste de Puerto Madryn y ahora
56
estás acá", se regocijaba el ex gerente de Finanzas Públicas del Banco Central
en los '70 y futuro ministro de Economía en el gobierno de la Alianza.
Durante 90 minutos, el ministro habló sin sufrir interrupciones. El
gobierno, según sus palabras, aplicaría un plan para reducir fuertemente
la inflación sobre la base de un esquema de congelamiento de precios y
salarios, junto con el cambio del Peso por el Austral y el compromiso de
frenar la emisión monetaria.
Sourrouille se dio el lujo de anticipar hasta los detalles más precisos del
lanzamiento: el 17 de junio Alfonsín convocaría a combatir la emergencia,
luego de declarar la "economía de guerra".
Pero la estrategia de producir un "shock heterodoxo" no convencía
para nada a De Larosiére, debido a la incapacidad política del gobierno
argentino para acotar el rojo fiscal y, sobre todo, el déficit cuasi fiscal, que
reflejaba las pérdidas generadas por las operaciones del Banco Central.
Aunque en términos anualizados la inflación se ubicaba en el 2300%,
las autoridades económicas auguraban que el país podía alcanzar el resultado
inverso al denominado "efecto Olivera- Tanzi". El argentino Julio Olivera y el
italiano Vito Tanzi, mítico técnico del Fondo Monetario, postularon que, cuando
se produce un período de alta inflación, la recaudación tributaria resulta
afectada en términos reales por la pérdida de valor que se registra entre la
gestación y el cobro de un impuesto. De este modo, la caída en los ingresos
fiscales obliga al Estado a aumentar el nivel de emisión monetaria y, por lo
tanto, a convalidar una suba mayor en el nivel de precios. Si el plan Austral
lograba una rápida reducción de la inflación, la recaudación real se recuperaría
para sostener el crecimiento económico.
Después de describir el programa, se produjo el momento más tenso
del encuentro cuando Sourrouille planteó la necesidad de firmar un programa
"falso" con el FMI que incluyera un leve ajuste, ya que los bancos comerciales
no brindarían su apoyo si el organismo multilateral previamente no colocaba su
propia huella digital en el pacto.
Luego se daría a conocer el plan oficial y, con la seguridad de contar
con nuevos fondos externos, el gobierno estaría en condiciones de firmar un
acuerdo más exigente con Washington. De Larosiére saltó de su asiento y
57
advirtió que "era imposible" que el board que conducía aprobara un programa
apócrifo para cambiarlo por otro verdadero a los pocos días.
Sin inmutarse por los gritos del funcionario francés, Volcker observó
durante unos segundos a Sourrouille y dejó en claro que apoyaba la arriesgada
táctica argentina:
—Si estos muchachos creen que debemos hacerlo de esta manera,
hagámoslo.
El FMI nunca perdonó esta actitud de Volcker.
"¿Cuánto más dura puede ser la política monetaria?", preguntaba
Volcker a los integrantes del Fondo, con el estigma de haber provocado
algunos años antes la pérdida de cientos de miles de empleos en los Estados
Unidos a sangre fría.
***
Para Juan Sourrouille el 19 de febrero de 1985 fue una jornada
especial por partida doble. Además de jurar como el segundo ministro de
Economía del gobierno radical, ese día su padre cumplía años. A pesar de sus
gruesos anteojos, el funcionario podía percibir que, a los riesgos generados por
la alta inflación, la joven democracia debía sumarles los desafíos provocados
por el juicio a las juntas militares y por el conflicto latente con Chile por el canal
de Beagle.
La deuda externa pública se ubicaba en US$ 40.688 millones, varios
cuerpos por delante de los US$ 6.648 millones registrados en 1976 pero muy
por detrás de los US$ 50.600 millones de 1991, en el inicio del plan de
Convertibilidad.
En 1985, América latina tenía préstamos globales tomados por US$
272.850 millones; Brasil con US$ 104.000 y México con US$ 96.000 millones
eran los mayores deudores; luego se ubicaban la Argentina, Chile con US$
20.000 millones y el Perú de Alan García, dispuesto a poner nerviosos a los
acreedores con su plan para limitar el pago de intereses al crecimiento de las
exportaciones, con US$ 13.500 millones. Dos años después, los pasivos de la
región llegaban a US$ 338.506 millones y, antes de la erupción del "efecto
tequila", rondaban los US$ 564.399 millones a fines de 1994, con un
58
crecimiento económico del 5,2%, frente al 5,8% registrado en la Argentina.
Repleto de optimismo, el FMI pronosticó en 1994 que el crecimiento regional
promediaría un 5,5% por la "renovada confianza de los inversores
internacionales", que en el caso argentino le permitía "disfrutar de su tercer año
de crecimiento liderado por la inversión". Un año después, América latina
crecía sólo el 1,1% y la Argentina caía el 2,8%.
Sourrouille, un contador nacido en 1940 que había sido subsecretario
de Economía a los 30 años en la gestión de Aldo Ferrer y consultor de diversos
organismos internacionales, tuvo escaso trato con Alfonsín durante la campaña
electoral; apenas tres o cuatro encuentros para darle su punto de vista sobre
algunas cuestiones puntuales. Luego, quedó en un segundo plano como
secretario de Planificación, mientras Bernardo Grinspun luchaba y perdía sus
batallas contra casi todo el mundo, hasta jurar como ministro. Durante sus
cuatro años de gestión, en los que el dólar subió un 4500%, el desempleo pasó
del 5,7% al 7,7% y la deuda trepó a US$ 56.000 millones, Sourrouille trabó una
relación in-condicional con el presidente de la Nación.
En 1985 el país contaba con 109.376 industrias, frente a los 126.388
establecimientos que había en 1974 y a 93.025 que subsistirían en 1993.
Sourrouille fue ministro unos 1.500 días y cenó con Alfonsín cerca de
mil noches. El jefe de Estado había depositado en él una confianza ciega y casi
no le preguntaba los detalles de las medidas que iba a tomar.
Al mismo tiempo, el poder del ministro estaba claramente acotado ya
que formaba parte de un gobierno con vocación de dejar un sello histórico por
sus acciones políticas sin preocuparse demasiado por las reformas
económicas.
El líder radical recibió una "pesada herencia" de la dictadura, que en el
plano institucional quiso y pudo superar a través de una gradual consolidación
democrática, pero no supo cómo resolver los dilemas que planteaban un
Estado torpemente endeudado y un poder económico muy concentrado. La
denominada "década perdida" se sintió en toda su dimensión en la Argentina,
con fuertes caídas reales del PBI del 5,7% en 1981, del 6,6% en 1985 y del
6,2% en 1989. La honrosa excepción fue 1986, con un crecimiento del 7,3%,
en pleno amorío entre la sociedad y el proyecto alfonsinista. Fue, tal como lo
definió un integrante de aquel equipo económico, un período de "parches y
59
waivers, con compromisos que no se podían cumplir pero que había que
acordar con los organismos de crédito para darles un reaseguro formal".
Los técnicos del Fondo Monetario reconocían los esfuerzos del equipo
económico pero no toleraban a ese presidente que "no tenía una estrategia
coherente" y que hasta se animó a desafiar verbalmente a Ronald Reagan a
mediados de marzo de 1985. El mismo día, su nuevo ministro buscaba
convencer personalmente a Paul Volcker, James Baker y Jacques de Larosiére
de la necesidad de no dejar caer el acuerdo con el FMI a pesar del
incumplimiento registrado en las metas firmadas por el país a fines de 1984.
En los jardines de la Casa Blanca, el presidente republicano urgió a
"sanear" la economía argentina y defendió la política de intervención en
América Central, que provocaba urticaria en la Cancillería que lideraba Dante
Caputo.
En un gesto inusual para un mandatario extranjero, Alfonsín le
respondió sin temor. "Nosotros apoyamos la filosofía que usted ha señalado, la
filosofía de la democracia, la libertad y el estado de derecho. Esto nos iguala.
Pero el hombre para ser respetado cabalmente en su dignidad de hombre no
solamente tiene que tener la posibilidad de ejercer sus derechos sino que tiene
que tener la posibilidad de tener una vida decorosa y digna."
En aquel viaje a Washington, el ministro planteó por primera vez la
necesidad de atacar la indomable inflación —que presentó índices del 25,1%
en enero, 20,7% en febrero y 26,5% en marzo— sin provocar una aguda
recesión y, si bien no obtuvo un waiver para el programa stand by que había
sido firmado por Grinspun, logró ganar algo de tiempo ante los bancos con una
declaración de buena voluntad del titular del FMI. De inmediato, regresó a
Buenos Aires y diseñó con su equipo los lineamientos del nuevo plan
económico. Luego de tres días de debate sin pausa, Sourrouille habló con el
presidente y en menos de 10 minutos recibió su aprobación: "Bueno, no pierda
tiempo conmigo, vaya y hágalo", lo retó cariñosamente Alfonsín.
El 26 de marzo aterrizó en Buenos Aires el jefe del caso argentino en el
Fondo, Joaquín Ferrán, junto con su staff. El "irascible catalán", como lo
llamaban sus colegas en la intimidad de Washington, logró provocar un fuerte
odio tanto en Grinspun como en Sourrouille, por su resistencia a convalidar en
forma automática las órdenes de sus jefes políticos en Washington.
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Durante tres semanas, la misión del organismo multilateral discutió el
ajuste, con el ingenuo objetivo de incluir mecanismos de emergencia por si el
plan fallaba en contener la emisión monetaria y bajar la inflación. Los técnicos
podían percibir el clima hostil en su contra, aunque algunos se divertían con las
consignas pintadas en las calles. "'Fuera cerdócratas del FMI' era la frase que
más me gustaba", confesó uno de ellos casi 17 años después de su paso por
Buenos Aires.
El duro intercambio de ideas prosiguió en Washington durante la
asamblea de primavera del FMI y desde entonces Machinea no se movió de la
capital de los Estados Unidos durante 25 días hasta agotar las discusiones, con
un secreto absoluto que sólo se quebró la semana previa a la fecha prevista
para anunciar el plan Austral. "Lo milagroso fue lograr que a Alfonsín no se le
escapara nada antes", recordó con una amplia sonrisa uno de los arquitectos
de aquel ambicioso programa.
***
El presidente del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), Mario
Brodersohn, se puso pálido cuando llegó al microcentro. Las calles de la city
porteña estaban abarrotadas con gente que aguardaba con desesperación la
apertura de los bancos luego de cuatro días sin actividad financiera, por el
feriado de 48 horas y el fin de semana que precedieron al estreno del plan
Austral.
— ¡Qué cagada, se van a llevar toda la guita! —se lamentó Brodersohn
mientras se acercaba a la sede del banco oficial.
Tres días antes de la fecha prevista, por una filtración periodística, el
gobierno anunció el programa económico que le garantizaría un holgado triunfo
frente al peronismo en las elecciones legislativas del 3 de noviembre con la
inflación aparentemente domada.
Según el anuncio del 14 de junio de 1985, el peso argentino dejaba de
existir para dar paso al "austral"; precios, tarifas y salarios quedaron
congelados luego de un aumento cercano al 25% en promedio, mientras que el
Estado se comprometió a no emitir más sin respaldo y un sistema de desagio
permitió convertir a la nueva moneda los contratos expresados en pesos para
61
romper con la inflación inercial previa. Una semana antes, el FMI había
difundido el acuerdo "falso", que permitió acceder a un préstamo puente por
US$ 500 millones de los principales bancos internacionales. El 28 de junio se
conoció el segundo programa, con un ajuste más comprometedor, cuando un
dólar cotizaba a 0,80 Austral. La inflación cayó del 30,5% en junio al 3,1% en
agosto, 2% en septiembre y encontró su piso aquel año con un 1,9% en
octubre. Un respetado premio Nobel de Economía, Franco Modigliani, calificó al
nuevo plan como "un milagro".
Pero en aquella nerviosa jornada de reapertura de los bancos,
Brodersohn ni siquiera podía imaginar estos rápidos y efímeros logros. Cuando
comenzó a recorrer las largas filas de ahorristas para preguntarles si
renovarían o no sus depósitos, comprendió que la mayoría pensaba dejar el
dinero en sus cuentas.
Eufórico, ingresó a la carrera al BANADE y les ordenó a los mozos de
la entidad oficial que repartieran café entre los cansados depositantes.
Brodersohn sentía el austral como un hijo propio, tanto como Sourrouille y
Machinea. Junto con el secretario de Coordinación Económica, Adolfo Canitrot,
el cuarteto lideraba un equipo compacto, que no obviaba las discusiones
profundas ni los insultos, aunque la última palabra quedaba en manos del
ministro. El grupo de confianza se completaba con Juan Sommer desde el
Banco Central, Ricardo Carcioffi en Presupuesto, el asesor Roberto Frenkel
como "la pata peronista" y Ramón da Bouza a cargo de la delicada tarea de
registrar las deudas arrastradas desde la dictadura. Como en otros períodos de
la historia contemporánea, en aquel entonces el presidente del Banco Central
también se enfrentó con el ministro de Economía. Secretario de Industria de
Illia, fiel seguidor de Ricardo Balbín y socio de una financiera, Alfredo
Concepción pensaba como un radical histórico y por lo tanto odiaba a aquellos
"tecnócratas" del Palacio de Hacienda. Por su parte, la conducción económica
detestaba su excesiva flexibilidad para otorgar redescuentos, aunque sabía que
debía tolerarlo como forma de compensar la salida de Bernardo Grinspun. El
ministro recién pudo liberarse de Concepción 18 meses después de asumir,
cuando la inflación ascendía al 8,8% mensual. El año culminó con un índice de
precios minoristas del 81,9%, frente al 385,4% registrado en 1985.
62
Sin embargo, la falta de medidas de ajuste y los aumentos concedidos
a jubilados y a militares ya habían complicado el futuro del plan. "Aflojen
muchachos, que ya me avisaron que no durmiera en casa y tuve que redoblar
la custodia", les rogaba Alfonsín a sus colaboradores del Ministerio de
Economía para justificar el incremento en los sueldos de los uniformados.
Los muchachos aflojaron y, a cambio, el presidente les entregó la
cabeza de Concepción. Machinea pasó a encabezar el Banco Central en
agosto de 1986, cuando el austral ya estaba a US$ 1,086, para intentar
controlar las riendas de una política monetaria que estallaría en sus propias
manos el 6 de febrero de 1989.
Con el alejamiento de Concepción, Sourrouille logró el manejo
completo de la política económica del gobierno radical. Pero fuera de su
alcance crecía el poder de un sindicalismo "combativo" —hasta la llegada del
menemismo al poder— que realizó trece huelgas generales, un movimiento
militar carapintada que se sublevó cuatro veces contra la democracia hasta
obtener los indultos que buscaba y un justicialismo que colocó fuertes trabas a
la acción oficial desde el Parlamento nacional. El shock heterodoxo logró poner
bajo control a los elementos coyunturales de la inflación, pero no logró eliminar
sus componentes estructurales. El gobierno anunció en numerosas
oportunidades privatizaciones que nunca se concretaron, como el plan Houston
para el petróleo, concesiones de empresas petroquímicas y, durante la gestión
de Rodolfo Terragno en Obras Públicas, las asociaciones de Scandinavian Air
Lines con Aerolíneas Argentinas y de Telefónica de España con ENTel.
Más aún, según un encumbrado integrante de aquel equipo económico,
los gritos más fuertes contra la estrategia de Sourrouille surgieron de boca de
los propios "correligionarios" y no de la oposición.
***
— ¿Usted sabe lo que hacíamos en mi barrio cuando éramos
pequeños y alguien no pagaba?: lo matábamos a trompadas.
La frase del banquero enmudeció a José Luis Machinea, a Juan
Sourrouille y al anfitrión del encuentro, Gerald Corrigan. El titular de la Reserva
Federal de Nueva York había convocado al equipo argentino y a los bancos
63
acreedores para tratar de acercar posiciones entre las partes, ya que el país
había ingresado en un preocupante ritmo de demora en los pagos externos tan
sólo un semestre después del lanzamiento del plan Austral.
En los primeros meses de 1986 el equipo económico buscó sin éxito un
waiver del FMI al comprometerse a una reducción del déficit del 5% de 1985 a
un 3,5% en 1986, que no se cumpliría.
El 23 de junio, el directorio de la entidad le concedió el ansiado perdón.
Al igual que otros países, la Argentina sufría las consecuencias del enfoque de
la "correa corta" orquestado desde Washington: se firmaban acuerdos cortos
con desembolsos trimestrales que permitían cubrir los vencimientos con los
bancos comerciales, aunque se quebraban apenas aparecía un incumplimiento
de metas. "Cada 90 días parecía que nos caíamos al abismo", recordó un
negociador argentino.
Con un tono más moderado que Grinspun, el equipo económico de
Sourrouille también ansiaba un tratamiento comprensivo para el problema de la
deuda que pareció lograrse con la llegada de James Baker III al Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos.
El texano que ungió a George Bush como compañero de fórmula de
Reagan pretendía dejar alguna huella en la arena internacional antes de
convertirse en el jefe de la campaña presidencial de su amigo en 1988. El 8 de
octubre de 1985, Baker convocó ante la asamblea del FMI y del Banco Mundial
en Seúl a formular un "programa de desarrollo sostenido", basado en un mayor
esfuerzo de los acreedores para inyectar fondos frescos a un grupo de países
fuertemente endeudados, a cambio de promover políticas de libre mercado y
privatizaciones.
Quince países fueron elegidos para esta iniciativa —entre ellos
Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Costa de Marfil y Filipinas—, que
proyectaba el desembolso de US$ 27.000 millones por parte de las entidades
multilaterales de crédito y US$ 20.000 millones de los bancos privados entre
1986 y 1988. Aunque esta suma significaba sólo un incremento del 3% en la
exposición de las entidades financieras en este grupo de naciones, los bancos
no estaban dispuestos a apoyar este enfoque de negociación conjunta que no
contemplaba ninguna "garantía" por parte de los países desarrollados, a
diferencia del beneficio que luego alcanzaron con el plan Brady. Sin embargo,
64
los banqueros no se negaron a suscribir el plan Baker, porque vieron una
oportunidad para "cobrar rápido y salir", según la visión de un funcionario del
gobierno norteamericano. El FMI consideró que los resultados del sueño de
Baker III fueron poco alentadores, a pesar de que los quince países lograron un
crecimiento del 2,5% en promedio en los tres años del programa. Mientras las
entidades multilaterales aportaron en términos netos unos US$ 16.500
millones, casi la totalidad del monto comprometido, las instituciones privadas
sólo sumaron US$ 1.600 millones en 1987, mientras que retiraron US$ 1.300
millones en 1986 y US$ 15.000 millones en 1988.
Los negociadores de los países deudores debieron seguir peregrinando
de a uno a Nueva York para refinanciar sus compromisos, tal como lo hizo
Brodersohn a principios de 1987.
El 19 de febrero, cuando empacaba para la capital financiera de los
EE.UU., el entonces secretario de Hacienda recibió un oportuno llamado de su
par brasileño, Dilson Funaro. El arquitecto del plan Cruzado le avisó al
colaborador de Sourrouille que al día siguiente el presidente José Sarney
declararía una moratoria de los pagos de intereses a los bancos acreedores.
Con una deuda externa de US$ 104.000 millones, Brasil había lanzado
a principios de 1986 el Cruzado para cortar la inflación del 250% anual a partir
de una estrategia similar al Austral, aunque sin solicitar nuevos fondos
externos: cambio de moneda, control de salarios —luego de un aumento del
15%— y tipo de cambio fijo. Así, pudo lograr un roll over de los bancos de US$
16.000 millones hasta marzo de 1987. Sin avanzar en cambios importantes en
la política fiscal, el gigante sudamericano se encontró a los pocos meses en un
nuevo callejón sin salida y sus reservas internacionales se derrumbaron de
US$ 9.250 millones a fines de 1985 a US$ 4.000 millones —una suma similar a
los vencimientos que el país debía enfrentar durante todo 1987— el día que
Sarney declaró la cesación de pagos.
Sin dudarlo, Brodersohn le pidió una reunión urgente a Funaro en
Brasilia. Apenas se encontró con su colega, le explicó que la Argentina no
podía sumarse a la decisión brasileña, pero le pidió que extendieran la reunión
con la intención de simular una exhibición de fuerza conjunta entre los
principales socios del Socios comerciantes de América del Sur.
65
Funaro aceptó el juego con agrado y hasta le ofreció un almuerzo a su
invitado. En una reunión que se extendió por unas cuatro horas, no dejaron
tema sin debatir, incluido el fútbol, que tanto apasionaba a ambos funcionarios.
Por la noche, Brodersohn continuó su viaje a Nueva York sin formular
comentarios, a pesar de los nervios de los acreedores y de la gran atención
periodística que se había generado en torno a la reunión. A la mañana
siguiente, cuando se reunió con el comité de acreedores que presidía Rhodes,
el negociador recibió un cerrado aplauso tras anunciar la "firme" voluntad de la
Argentina de pagar, una decisión que en realidad nunca había sido puesta en
duda por parte del equipo económico.
Con el nuevo stand by por 15 meses firmado a principios de 1987 —y
revisado en julio por un nuevo incumplimiento oficial—, a Brodersohn no le fue
tan complicado discutir un acuerdo de refinanciación por US$ 30.000 millones
con los bancos que finalmente se alcanzó el 15 de abril, dos días antes del
levantamiento del coronel Aldo Rico en Campo de Mayo. Más aún, el secretario
de Hacienda se envalentonó al exigir la misma tasa que había recibido México
en 1986 por los fondos frescos, aunque los acreedores le pedían un punto más.
Seguro del éxito de su misión, Brodersohn le comentó sus aspiraciones
al ministro filipino de Hacienda, Jaime Ongpin, al encontrárselo de casualidad
en el hotel donde ambos se hospedaban.
Ongpin, un estrecho colaborador de la presidenta Corazón Aquino, no
se quedó atrás: "Si a usted le dan esa tasa, yo voy a exigir que me den lo
mismo", se quejó. Cuando Brodersohn llegó a Buenos Aires con su plan
cumplido a medias, ya que obtuvo un spread de 14/16 para los fondos frescos
y de 13/16 —como México— para refinanciar los créditos anteriores, recibió un
llamado de un funcionario del Tesoro de los Estados Unidos para anunciarle la
muerte de Ongpin. El funcionario "había fracasado" en su objetivo de reducir la
tasa y, una vez que pisó Manila, renunció y se encerró en un cuarto para
suicidarse de un tiro, por una cuestión de honor.
Un ex marine de escasos buenos modales quebró la unidad de las
instituciones fundadas con el acuerdo de Bretton Woods para ayudar a la
Argentina cuando el gobierno de Alfonsín comenzaba a desintegrarse.
66
Edwin Yeo III dejó las fuerzas armadas de su país para dedicarse a la
economía pero nunca abandonó su rictus militar. Como subsecretario del
Tesoro de la administración Ford, Yeo fue un actor protagónico de dos hitos de
la economía internacional: el acuerdo del Cháteau de Rambouillet de 1975, que
dio origen al Grupo de los Siete (G-7) —y marcó el triunfo del sistema de
flotación por sobre el tipo de cambio fijo—, y el rescate de la libra esterlina en
1976, cuando gestionó un salvataje de los Estados Unidos y del FMI a cambio
de un fuerte ajuste presupuestario, para evitarle a Occidente su mayor
pesadilla: una cesación de pagos por parte del gobierno británico de James
Callaghan.
Casi una década más tarde, Ronald Reagan se lo presentó a Alfonsín
en el Salón Oval de la Casa Blanca como "el nexo" entre ambos. Regordete y
casado en segundas nupcias con una funcionaría de la Reserva Federal de
Nueva York, Yeo se desempeñaba como asesor en temas internacionales de
Paul Volcker y de James Baker, sin ocupar una oficina en particular y siempre
actuando por detrás del escenario.
Cuando el plan Austral ya había sido enterrado y el radicalismo
pensaba en una transición anticipada por la contundente derrota sufrida a
manos del peronismo en las elecciones legislativas del 6 de septiembre de
1987, Sourrouille intentó renunciar pero no pudo por la terquedad de Alfonsín.
Para intentar extender la vida del gobierno radical, el ministro de Economía y
su desganado equipo de colaboradores lanzaron el plan Primavera,
curiosamente, a principios de agosto. "A esa altura todas las expectativas eran
horribles y era imposible que ese programa tuviera éxito", se sinceró un hombre
de confianza del titular del Palacio de Hacienda. Al congelamiento de salarios,
precios y tarifas se le agregó la ingenua intención de reducir "drásticamente" el
déficit fiscal, sin poder político interno ni credibilidad puertas afuera del país. La
Argentina se mantenía en un default de hecho con los bancos desde principios
de 1988, con atrasos cercanos a los US$ 1.300 millones, y el nuevo titular del
FMI, Michel Camdessus, no estaba dispuesto a repetir el indecoroso rol que
había desempeñado su antecesor Jacques de Larosiére en 1985 con su
forzado apoyo al plan Austral.
En febrero de 1988, Alfonsín y Sourrouille les plantearon a Camdessus
y a Yeo, en una reservada reunión en Madrid, la posibilidad de reducir el pago
67
de la deuda en un tercio del total. El titular del FMI se limitó a prometerles que
analizaría si la Argentina podía transformarse en un caso de estudio para
recibir un limitado perdón de sus acreedores a cambio de un mayor ajuste. El
esfuerzo del funcionario francés apenas alcanzó para que en marzo se
aprobara una nueva carta de intención con el FMI, frente a la resistencia de
una buena parte del board del organismo multilateral de volver a financiar al
país. Antes del inicio del otoño, el país ya había entrado en nuevos atrasos con
los bancos y estaba lejos de poder cumplir con el objetivo de reducir el déficit
del 5% al 2% anual. El nuevo acuerdo terminó de morir con el frío del invierno y
Sourrouille les advirtió a las autoridades en Washington que la transición
política no estaba garantizada sin un nuevo paquete de apoyo externo.
Ninguno de los funcionarios de la administración republicana quiso cargar con
la cruz de tirar por la borda a la frágil democracia argentina. Mientras varios
pensaban en la forma de convencer a Camdessus, Yeo le planteó a Alberto
Camarassa, el delegado oficial ante el Banco Mundial, que el gobierno debía
buscar una vía alternativa de financiamiento en el principal banco multilateral
de Washington.
El Banco Mundial había lanzado en abril una estrategia para lograr una
reducción de las tasas de interés que pagaban los países deudores, que sería
compensada con financiamiento adicional propio y de los bancos acreedores,
como una forma de reconocer ciertas pérdidas en el mundo subdesarrollado.
Barber Conable, flamante presidente del Banco Mundial y prestigioso político
republicano, adoptó dos medidas que favorecieron en forma directa los
desesperados planes de la Argentina. Por un lado, aceptó sin ningún
condicionamiento el pedido del Tesoro, canalizado a través de Yeo, para
otorgar por primera vez desde su creación un préstamo a un país sin un
programa previo del Fondo Monetario.
Por el otro, encumbró como vicepresidente general del banco a Moeen
Qureshi, un paquistaní que luego se desempeñó como presidente interino de
su país. Qureshi y su compatriota y vicepresidente del BM para América latina,
Shahid Husain, fueron los más activos promotores de la carta de desarrollo
firmada con la Argentina en septiembre de 1988 para brindarle un crédito por
US$ 1.250 millones con objeto de sostener el anémico plan Primavera.
68
Curiosamente, Yeo despreciaba en términos racistas a los paquistaníes
que rodeaban a Conable, amparados bajo la alianza geopolítica que mantenían
EE.UU. y esa conflictiva nación asiática contra la Unión Soviética. "Esta gente
sólo sirve para golpear alfombras", se quejaba el hosco funcionario que solía
usar un sombrero blanco. Sin embargo, su mayor odio estaba depositado sobre
Camdessus, quien puso el grito en el cielo cuando se enteró de las
negociaciones secretas entre el Banco Mundial y el gobierno de Alfonsín, que
desembocaron en el anuncio de un crédito durante la asamblea conjunta del
FMI y el banco en septiembre en Berlín.
—Si el director gerente llega a oponerse en público, yo lo pongo contra
una pared y lo fusilo —amenazó Yeo ante sus entusiasmados amigos
argentinos.
El único funcionario argentino que rechazaba la estrategia y las
bravuconadas de Yeo era José Luis Machinea, que consideraba muy riesgoso
meter una cuña entre los organismos financieros porque si la jugada salía mal,
la Argentina se quedaría sola en el desierto. Sourrouille compartía en forma
parcial este temor, pero no tenía otra opción más que aceptar los consejos de
Yeo, aunque sabía que el subsecretario del Tesoro, David Mulford, también
estaba en contra de este acuerdo. Por cierto, Yeo también desconfiaba de
Mulford debido a sus antecedentes como asesor del gobierno saudita.
En una victoria pírrica, Yeo logró su objetivo, ya que Conable y
Sourrouille anunciaron el préstamo para la Argentina el 25 de septiembre en la
aún dividida ciudad alemana, mientras Camdessus no escondía su enojo.
De hecho, en febrero de 1989 el plan Primavera se hizo trizas —
mientras el plan Verano en Brasil sufría el mismo destino—, y el Banco Mundial
suspendió un mes más tarde la línea crediticia tras haber realizado el primero
de los cuatro desembolsos previstos en el polémico acuerdo.
En Buenos Aires, el gobierno se aprestaba a ahogarse en la tormenta
de la hiperinflación, mientras que en Washington se gestaba un acuerdo escrito
que obligaría al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
desde aquel entonces a esperar la bendición del Fondo Monetario antes de
prestarles un solo dólar más a los países endeudados.
En pocos meses, Camdessus consumaba su venganza y la misteriosa
figura de Edwin Yeo III se encaminaba hacia su ocaso definitivo.
69
***
La política económica del gobierno quedó pulverizada el 6 de febrero,
cuando el Banco Central dejó de vender dólares luego de haber perdido US$
495 millones en reservas la semana previa. La nueva moneda, que había
nacido a 0,80 en el mercado libre en junio de 1985, pasó a 25,80 el 12 de
febrero de 1989 y a 520 a principios de julio del mismo año, con un crecimiento
del dólar de 3069% desde el inicio del plan Primavera. La inflación del segundo
mes del año se ubicó en 9,6% en relación con el mes previo, pero en mayo ya
estaba en 78,5% y en junio inauguraría una cifra de tres dígitos con un 114,5%,
que llegaría al 196,6% un mes después.
Los índices eran abrumadoramente más preocupantes si se los
calculaba en términos anualizados, con saltos del 1472% en junio y del
3609,1% el último mes de la gestión alfonsinista. En forma paralela, el
copamiento del cuartel de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la
Patria y el levantamiento del carapintada Mohamed Seineldín en Villa Martelli
terminaban de agotar, por izquierda y por derecha, respectivamente, el escaso
oxígeno político que le restaba al gobierno radical.
Después del feriado de Semana Santa, Sourrouille dejó de ser ministro
el 1° de abril, con el dólar a 48,50 australes. Los últimos tiros de gracia les
correspondieron al candidato oficialista y gobernador de Córdoba, Eduardo
Angeloz —"el equipo económico ha demostrado ser incapaz para controlar el
mercado cambiario", declaró—, y a los "consejos" del diputado Domingo
Cavallo en el exterior. Machinea acusó a Cavallo de recomendarles a los
bancos que no ingresaran más dinero al país "porque era una forma de
contribuir a la campaña del radicalismo" y de asegurarles que "si no exigían el
cobro ahora, no los cobrarían luego en caso de triunfar Menem".
Su reemplazante fue el veterano y leal Juan Carlos Pugliese, que
volvía al cargo que ya había desempeñado con Illia e intentó "hablarles con el
corazón" a los mercados para que no terminaran con el presidente antes de
tiempo, aunque los especuladores le "contestaron con el bolsillo", según sus
recordadas palabras. Apenas asumió en el Palacio de Hacienda, acompañado
por Enrique García Vázquez en el BCRA, recibió elogios del hombre que había
70
declinado ser el reemplazante de Sourrouille. "Su sola presencia es una
garantía de prudencia y confianza", dijo Roberto Alemann, tal vez para
compensar con palabras su rechazo al cargo más indeseable del país en aquel
entonces. Pero a fines de abril, la inflación llegaría al 45,7% y el dólar libre a
80,5 australes.
La suerte estaba echada y de nada serviría la política de administración
de precios una vez que el peronismo se adueñó de las elecciones
presidenciales. En Córdoba arrancaban los saqueos a los supermercados, en
Buenos Aires Pugliese dejaba su cargo y desde Washington el negociador
Daniel Marx le advertía a Alfonsín que los fondos públicos sólo alcanzaban
para que el gobierno llegara hasta el 8 de julio.
Once días después del triunfo de Carlos Menem frente a Eduardo
Angeloz en las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989, el dólar libre
se cotizaba en 175 australes. La derrotada militancia radical pretendía que,
después del tradicional Tedeum del 25 de mayo, Alfonsín transitara los 300
metros que separan a la Catedral Metropolitana de la Casa de Gobierno sin
escuchar ningún insulto, ni siquiera un reproche. Uno de los organizadores del
"escudo humano" era el joven diputado nacional Jesús Rodríguez, líder de una
de las corrientes internas más fuertes de la UCR porteña, economista y
fanático del Club Atlético San Lorenzo. Después de sentir que su misión había
sido cumplida, Rodríguez se detuvo para beber café con un par de
correligionarios y luego se marchó a su domicilio en el barrio de Caballito para
almorzar con su esposa y sus tres hijas, las "Jesusas". Cuando se disponía a
probar unas crocantes milanesas, un llamado de Alfonsín le cortó la digestión.
—Me tenés que ayudar a convencer a un amigo en común para que
sea ministro de Economía —le disparó con sutileza el débil presidente.
Quince minutos más tarde le aclaró que "ese amigo sos vos".
Rodríguez atinó a quejarse pero no pudo evitar convertirse el 26 de mayo de
1989 en el cuarto ministro del gobierno radical, dos días antes de cumplir 34
años.
Rodríguez sabía que su misión se limitaba a intentar lograr que el
barco de la transición llegara hasta diciembre, luego del fracaso de las
negociaciones para acortar el mandato debido a la exigencia de Menem de que
Alfonsín firmara los indultos a militares y guerrilleros antes de dejar el poder.
71
Pero era sólo una ilusión. Los ataques a los supermercados se multiplicaron en
el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, con un saldo de una
decena de muertos. Dos semanas después de la designación de Rodríguez, el
dólar libre se ubicaba en 370 australes y el presidente Alfonsín enviaba a
Rodolfo Terragno a La Rioja para comunicarle a Menem que "a partir del 30 de
junio" renunciaría a su cargo en forma indeclinable, aunque luego logró
acordarse que el traspaso presidencial se hiciera el 8 de julio, cuando la divisa
norteamericana ya estaba en 560 australes, con un aumento del 2843% desde
febrero.
Sólo en los libros de historia quedaría registrada la ambiciosa
propuesta de Alfonsín de reducir al 4% la tasa de interés de la deuda argentina
con los bancos comerciales durante tres años y establecer un período de 30
años para la devolución del capital formulada ante la Sociedad de las
Américas. Pero en ese entonces el mundo ya no creía en aquel líder que había
asumido el poder con la ilusión de recuperar la democracia para transformar al
país y terminó con una hiperinflación, una caída acumulada del 4,3% en el PBI,
un nivel récord de pobreza y US$ 65.300 millones de deuda externa total, un
44% más que en 1983.
72
CINCO De La Rioja al mundo
La Argentina que transitaba la mitad del año 1989 vivía una pesadilla. A
una inflación acumulada del 3909,1% en agosto, se sumaba un PBI per cápita
de US$ 2.605 —frente a US$ 7.418 de 1980 y a US$ 8.148 de 1994—, una
recesión anual del 6,2% y el nivel del salario real en su piso más bajo durante
la denominada "década perdida".
Mientras la caída del Muro de Berlín anticipaba el final de los
regímenes comunistas en Europa, el frente externo argentino presentaba su
propia tormenta, con atrasos en el pago de la deuda que superaban los US$
5.000 millones y sin ningún respaldo de los acreedores internacionales.
"Hay posibilidades de llegar a un acuerdo con nuestros acreedores
externos", prometió el candidato justicialista que había triunfado con el 47,3%
de los votos en las elecciones del 14 de mayo, luego de amagar en la campaña
electoral con anuncios populistas como el salariazo, la revolución productiva y
la nacionalización de la banca. Luego de los comicios, Menem se comprometió
con el grupo Bunge & Born a cambio de un supuesto apoyo económico de US$
2.000 millones que, según rumiaba Cavallo, nunca llegó.
El economista cordobés, que había soñado con lanzar el plan de
Convertibilidad en 1989, intentó explicarle al nuevo presidente que el
conglomerado empresarial no le aportaría fondos frescos sino que le ofrecía un
mero anticipo de liquidación de divisas destinadas a refinanciar la compra de
bienes de exportación, pero se resignó a que su jefe político optara por dar una
fuerte señal al establishment en lugar de elegirlo como su primer ministro de
Economía.
Líder del sector agroalimentario y dueño de una verdadera
multinacional, B&B había intentado ofrecerle primero su plan económico a
Sourrouille cuando este economista de origen vasco se perfilaba para suceder
a Grinspun, pero fracasó y luego terminó peleado ante la negativa de Alfonsín
de salvar del cierre a su fábrica textil Grafa.
73
La empresa, fundada en 1884, estaba comandada por Jorge Born,
secuestrado en septiembre de 1974 junto con su hermano Juan por el
movimiento Montoneros y liberado seis meses después tras pagar un rescate
de US$ 60 millones.
Con un carácter tan pragmático como para asociarse con uno de sus
ex secuestradores, Rodolfo Galimberti, Jorge Born no dudó en repetir el mismo
cortejo ante Carlos Menem, a través del vicepresidente a cargo de la filial local
de B&B, Néstor Rapanelli.
Rapanelli viajó en febrero de 1989 a La Rioja, en un encuentro
acordado por Juan Bautista Yofre, empleado del grupo y futuro titular de la
SIDE, para explicarle las medidas al relajado candidato. Tiempo después, el
ingeniero Rapanelli pasaría a sentir un profundo desprecio por Yofre, a quien
acusó de "espiarlo" con la intención de contarle sus planes a Born.
En esa primera cita, Menem, acompañado por su ministro de Economía
provincial, Antonio Erman González, descansaba en la cama de la residencia
oficial de la gobernación y le prestó muy poca atención al programa de 150
medidas preparadas por los técnicos de la empresa.
Luego de un largo monólogo, Rapanelli le advirtió que el plan
demandaría siete años de instrumentación, Menem pareció despertarse y atinó
a rogarle que colocaran la antipática reforma laboral que incluía el programa al
final del período mencionado.
Los economistas de B&B comenzaron a discutir con el resto de los
técnicos justicialistas el programa "ProMenem 89" en el banco Argentaría, que
pasó a denominarse "La Rosadita" en forma transitoria, y, pese a la apetencia
de los técnicos justicialistas, lograron ungir como ministro al retirado ejecutivo
Miguel Roig. Hábil para manejar gerentes y con prestigio en el medio
empresarial, Roig parecía un hombre tranquilo hasta que fue señalado para
dirigir la tempestuosa cartera económica. Cuando Guido Di Tella cometió el
furcio de pedir un dólar "recontraalto", Roig se recostó en Orlando Ferreres,
gerente general de la Compañía Química, como virtual viceministro.
La semana previa al 8 de julio, Roig estaba completamente alterado,
fumaba cuatro paquetes de cigarrillos diarios, hablaba solo y llamaba cada
madrugada a Ferreres para consultarle por los detalles del plan que se lanzaría
74
en un contexto de hiperinflación, casi sin reservas en el Banco Central y tres
días antes de un fuerte vencimiento con los bancos acreedores.
Una de esas noches, la esposa de Ferreres le imploró a su marido que
desconectara el teléfono, pero él la tranquilizó:
—Vos no te preocupes que Roig se va a enfermar y no vamos a poder
asumir.
La trágica premonición comenzó a cumplirse el 7 de julio. Apenas
ingresó junto a Daniel Marx, que permanecía como negociador de la deuda, a
la casa del designado ministro ubicada en San Isidro, la señora de Roig le pidió
a Ferreres que no alterara más los nervios de su marido. Pero la conversación
fue fatídica: 24 horas antes de asumir, el veterano ingeniero comprendió en
forma cabal que su gestión sólo le traería perjuicios debido a la crisis terminal
que vivía el país. Apenas terminó su crudo diagnóstico, Ferreres se fue a
caminar por el parque de la lujosa vivienda y decidió dejarlo solo para continuar
la conversación al día siguiente, después de la jura del presidente. Antes de
anunciar un congelamiento de los precios por 90 días, la flamante
administración menemista dispuso aumentos del 500% en el precio de la nafta
y de un 350% en los servicios públicos, tímidamente compensados por una
suba salarial del 130%.
A pesar de su aturdimiento, Roig atinó a convocar como asesor para
iniciar los contactos con el Fondo Monetario a uno de sus ex profesores del
Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), Roque
Fernández.
Siete días después de haber asumido, el ministro falleció en un
departamento del centro porteño ahogado por las presiones. De inmediato,
Jorge Born declinó el ofrecimiento de Menem para sucederlo y Rapanelli fue
obligado a abandonar la tranquilidad de su despacho en B&B con el objetivo de
sostener el matrimonio por conveniencia formado entre la empresa y el
gobierno, aunque sin inmiscuirse en las duras negociaciones externas que
acechaban al país.
El 30 de junio, el legendario Sterie Beza, director del Departamento del
Hemisferio Occidental del FMI, desembarcaba en Buenos Aires en secreto
junto con uno de sus colaboradores, Desmond Lackman.
75
Beza, discípulo de Walter Robichek y casi un miembro fundador del
Fondo, estaba dispuesto a exigir señales de peso al gobierno entrante, tales
como una ley de reforma del Estado para avanzar en las privatizaciones que se
habían marchitado junto con la primavera alfonsinista.
El dólar oficial ya cotizaba a 650 australes, pero Beza consideraba que
debía subir aún más para sincerar todas las variables de una economía
ensangrentada.
Luego de discutir durante varias jornadas el nivel del tipo de cambio,
sus anfitriones decidieron homenajearlo con un almuerzo para unas ochenta
personas en el restaurante London Grill del microcentro para ver si lograban
vencer su fuerte resistencia a elevar un informe positivo a Washington tras casi
dos años sin un acuerdo. Cuando la velada llegaba a su fin, Carlos Carballo y
Beza comenzaron a disputarse el pago de la adición, hasta que al negociador
argentino —economista y ex ejecutivo del Banco de Italia y de Sevel— se le
ocurrió convertir la cuenta a dólares para convencer a su invitado de la
necesidad de no provocar una mayor depreciación en la moneda local. "Son 47
dólares nada más, ¿y vos todavía querés devaluar?", le gritaron a coro Marx y
Carballo, entre risas nerviosas por las demandas del veterano funcionario.
Más allá de la discusión técnica sobre las medidas, el experimentado
funcionario del FMI quería chequear si el nuevo presidente sintonizaba con los
nuevos aires que soplaban desde los países centrales. El denominado
"consenso de Washington", que desde fines de los '80 impulsaba la apertura
económica de las naciones en desarrollo, a cambio del canto de sirena de
nuevas inversiones, tomaba impulso, y Carlos Menem, el folclórico líder
peronista de patillas y retórica populista, podía ser un buen caso para probar la
nueva medicina en la región.
Cuando Beza pidió ver a Menem en su última noche en Buenos Aires,
los colaboradores de Roig se desesperaron porque sabían que el primer
mandatario debía participar en una cena con su par electo en Bolivia, Jaime
Paz Zamora. Pero también conocían la flexibilidad horaria del caudillo riojano y
por lo tanto acordaron una cita para las 22 en el hotel Plaza de la zona de
Retiro. Luego de responder en forma vaga a las preguntas del delegado del
Fondo, Menem lo invitó a seguir la discusión en Casa Blanca, un tradicional
sitio de tango en San Telmo, al que su invitado no se podía negar a
76
acompañarlo. A las 3 de la mañana, Beza volvió a su hotel encantado con el
carisma, el pragmatismo, la fe y la calma del designado jefe de Estado, según
sus propias palabras.
La misión parecía concluir en forma exitosa, aunque todavía había que
verificar la consistencia fiscal del programa económico en ciernes. Nadie mejor
que el especialista tributario Vito Tanzi para comprobarlo. "Con la
generalización del IVA se pueden hacer progresos enormes", señaló el italiano
sin sutilezas, apoyado por su asistente argentino, Carlos Silvani, futuro titular
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Pero Jorge Born había encargado a un grupo de economistas un
informe que recomendaba crear un impuesto a las ventas, más favorable a los
intereses del grupo, en lugar de extender el IVA. Tras reemplazar al fallecido
Roig, Rapanelli se encontró en la encrucijada de tener que optar entre los
deseos del FMI y su lealtad al grupo que lo había cobijado durante varias
décadas.
Luego de discutir ambas alternativas durante tres semanas, el ministro
terminó de convencerse, ya que Orlando Ferreres le expresó que el estudio
encargado por Born era una "porquería" y el catalán Joaquín Ferrán le advirtió
en Washington al secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, que un impuesto a
las ventas no ayudaba a garantizar el cumplimiento de la meta de déficit fiscal
del 1,25% que el organismo pretendía para 1990. A costa de enemistarse con
el titular del holding, Rapanelli anunció el envío de un proyecto de ley con una
reforma tributaria que generalizaba el IVA. El FMI reconoció que la medida
constituía un avance pero pretendía más reaseguros antes de firmar otro
programa de asistencia financiera, hasta que una nueva intervención del
subsecretario del Tesoro, David Mulford, logró destrabar la negociación. "El
esfuerzo que realiza la Argentina merece el apoyo del FMI", escribió Mulford a
Camdessus.
El 10 de noviembre se anunció el decimotercer stand by del FMI con el
país, a cambio del compromiso de privatizar ENTel, Aerolíneas Argentinas, la
flota mercante, los ferrocarriles y algunos medios de comunicación, entre otras
empresas.
Rapanelli respiró aliviado. Sin embargo, íntimamente sabía que su
cargo tenía escaso futuro porque el dólar ya superaba largamente los 1.000
77
australes en el mercado libre, el FMI no estaba dispuesto a acompañarlo
demasiado tiempo más y Bunge & Born ya planeaba su divorcio del
justicialismo.
***
En el inicio del gobierno menemista Carballo logró postergar el pago de
US$ 2.650 millones que el país debía a diversos gobiernos agrupados en el
Club de París.
En 1956 los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Japón, Reino Unido y Suecia gestaron este espacio
de negociación para intentar cobrar en forma conjunta las deudas bilaterales a
los países subdesarrollados. Los problemas de liquidez que enfrentaba la
Argentina, a partir de la caída de los precios de sus productos de exportación a
mediados de los '50, constituyeron el primer caso debatido en este foro que se
institucionalizó a partir de 1966, cuando la deuda ex-terna del país ascendía a
US$ 3.276 millones.
Alemania ha sido el principal acreedor argentino en el club por sus
préstamos otorgados para la compra de armamento, telecomunicaciones y
energía nuclear, entre otros sectores, aunque las posiciones más duras
correspondieron a Holanda por el gasoducto a cargo de la sociedad Cogasco y
a España por un crédito de US$ 60 millones otorgado al BANADE para
financiar la compra de una planta de cemento en el Noroeste argentino a una
firma que quebró antes de finalizar su tarea.
El 22 de diciembre de 1989, tras vencer la dura resistencia del
delegado japonés, Carballo logró sellar la renegociación y volvió a Buenos
Aires con la intención de renunciar junto con Néstor Rapanelli, pero Erman
González, su sucesor, le pidió que se quedara para acompañarlo, primero
como subsecretario de Economía y luego en el Ministerio de Defensa como
subsecretario de Producción, un cargo que no le agradaba y que terminó
llevándolo a la cárcel desde septiembre de 2001 hasta diciembre de 2002 por
la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
La discusión con los bancos no resultó ser más placentera para
Carballo que sus rounds en París.
78
La Argentina había dejado de pagar desde abril de 1988 y entidades
tan importantes como Chase Manhattan y JP Morgan habían pasado a pérdida
parte de sus préstamos al país. Pero en Washington, el nuevo presidente
George Bush estaba dispuesto a asumir un rol más activo en América latina, tal
como lo demostraría con su propuesta de crear el Área de Libre Comercio para
las Américas (ALCA). A su lado, había personalidades diferentes para dirigir la
primera economía del mundo: el jefe de asesores económicos del presidente
Richard Nixon, Alan Greenspan, reemplazó a Paul Volcker en la Reserva
Federal, luego de una serie de enfrentamientos del gigante funcionario con la
administración republicana respecto del manejo de las tasas de interés,
mientras que Nicholas Brady asumió el rol de secretario del Tesoro con la in-
tención de comprometer a Wall Street en un agresivo esquema de
refinanciamiento de la deuda, tras el fracaso del plan Baker.
El titular del Banco Central, Javier González Fraga, pensaba que el
país estaba en condiciones de sumarse en forma inmediata a este nuevo
proyecto, pero otros funcionarios, como Daniel Marx, opinaban que aún
restaban varias pruebas de amor antes de ilusionarse. El titular del Citicorp,
John Reed, dejó en claro la opinión de sus pares al afirmar que "a la Argentina
no le conviene ingresar al plan Brady porque involucra mecanismos de
mercado para los cuales el país no está preparado".
Sin este paraguas, Carballo se dispuso a iniciar en Nueva York un tibio
acercamiento al comité de acreedores, que seguía comandado por Bill Rhodes,
para ofrecerles un menú de reformas económicas pero no dinero.
—Vine para comenzar a dialogar pero no puedo prometerles ningún
pago —arrancó Carballo a la defensiva en su primera reunión.
—No se haga ningún problema; hoy es viernes, vuelva a Buenos Aires
para conseguir una autorización para pagar y el lunes a la mañana, después de
descansar el fin de semana, lo esperamos reunidos en este mismo lugar —le
respondió Rhodes con su habitual tranquilidad.
Pero Carballo no volvió a Nueva York porque el gobierno no estaba en
condiciones de salir del default.
Cuando Erman González pasó del Ministerio de Acción Social a
Economía, Carballo le pidió a Javier González Fraga, graduado con un diploma
de honor en la Universidad Católica Argentina (UCA), que se hiciera cargo de
79
la negociación con el comité de acreedores. Ex asesor del Citibank, el Chase y
el Morgan, entre otras entidades, el presidente del Banco Central aceptó el reto
con profunda satisfacción. "Yo era un hombre de confianza para los bancos
extranjeros", se jactaba este economista.
El 20 mayo de 1990, el funcionario emprendió el mismo camino que
había transitado Carballo, pero realizó una escala previa en Washington, donde
Camdessus le advirtió que el programa con el organismo multilateral no podía
continuar si el equipo económico no ofrecía al menos un pago simbólico a sus
acreedores privados para reducir los atrasos por US$ 6.150 millones que se
habían acumulado en poco más de un año. Apresurados, González Fraga y
Marx viajaron a Nueva York para encontrarse en forma reservada con Rhodes.
—Yo reúno mañana mismo al comité de bancos si ustedes nos pagan
80 millones de dólares —ofreció el veterano ejecutivo del Citi.
—Voy a expresar el compromiso de pago en una carta si a cambio me
abren una puerta para volver a acordar con el Fondo —retrucó el titular del
BCRA.
—Para mí eso es suficiente; confío en vos porque te conozco desde
hace 20 años —concluyó Rhodes, conciliador, antes de levantar el teléfono
para comunicarle el acuerdo verbal a Camdessus.
Al día siguiente, las presiones periodísticas comenzaron: los bancos
exigían un primer pago de 100 millones y el Palacio de Hacienda
supuestamente sólo ofrecía US$ 20 millones. En el medio del puente, González
Fraga desautorizó una gestión del influyente titular del bloque justicialista de la
Cámara de Diputados, José Luis Manzano, ante el presidente del Citibank
Argentina, Richard Handley, para estirarse hasta 70 millones de dólares.
"Prefiero pagar 40 millones por mes en vez de 100 millones de una sola vez,
caer en la híper y no volver más", se defendió el economista a pesar de las
protestas de Rhodes y del presidente de la Reserva Federal de Nueva York,
Gerald Corrigan. En el 180° aniversario de la Revolución de Mayo, se conoció
la carta de González Fraga con el compromiso de reanudar el giro de divisas
pero sin especificar cifras. Por lo bajo, el subsecretario del Tesoro, David
Mulford, alentaba a los negociadores argentinos a no subir el piso de la cuota
mensual de pago hasta que no alcanzaran un acuerdo por el total de la deuda
externa pública, que ascendía a US$ 56.000 millones.
80
Una década más tarde, cuando Menem dejaba el poder, la deuda
pública llegaba hasta US$ 121.876 millones, mientras que la desocupación
saltaba del 8,1% al 13,8% en el mismo período, con un pico del 18,4% en 1995
durante el "efecto tequila".
El 26 de mayo de 1990 el directorio del Fondo Monetario aprobó una
nueva carta de intención, que permitía liberar una serie de desembolsos por
US$ 1.400 millones a cambio de redoblar el ajuste fiscal, restringir al máximo el
otorgamiento de redescuentos a los bancos locales y avanzar en una reforma
al sistema previsional que incluyera la participación del sector privado. En
agosto la Argentina ya había realizado su tercer pago consecutivo al sistema
financiero internacional y, lentamente, se encaminaba a cumplir con los
requisitos para empezar a negociar su ingreso al Brady.
***
Erman González asumió la titularidad del Ministerio de Economía con
US$ 400 millones de reservas en el Banco Central y la resaca del cuarto
levantamiento militar, que había provocado trece muertes. El coronel Mohamed
Alí Seineldín se había sublevado en reclamo de la jefatura del Ejército que le
había prometido su ex aliado Carlos Menem y de los indultos que se
conocerían antes de fin de año en beneficio de las ex juntas de comandantes
condenadas en 1985, de sus camaradas carapintadas y de los líderes
montoneros.
A pesar de la desconfianza que se profesaban mutuamente, Cavallo y
González habían coincidido en recomendarle a Néstor Rapanelli en septiembre
de 1989 que, ya que había decidido reprogramar un vencimiento de letras del
Tesoro por la desconfianza del mercado, subiera la apuesta y congelara todos
los plazos fijos. El dólar oficial cotizaba a 1.200 australes y rondaba los 1.500
en el mercado paralelo. Pero Rapanelli se limitó a postergar el pago de las
letras para no enfrentar una tormenta que de todos modos sería inevitable a
partir de una nueva hiperinflación que volvió a sacudir al país en forma
inmediata.
En las filas del equipo económico nadie podía explicar qué había
ocurrido. "Había tres condiciones para que hubiera una hiperinflación: un
81
gobierno débil, una gran base monetaria y pagos muy grandes en moneda
extranjera; ninguna de estas premisas se daba y sin embargo sufrimos la
híper", explicaría un integrante del equipo económico un tiempo después.
Al frente de la cartera económica desde el 18 de diciembre, González
tampoco se animaba a tomar la drástica decisión de alterar el plazo original de
devolución de los depósitos colocados en el sistema financiero y sólo anunció
la liberación de precios, el fin de las retenciones y la eliminación de las
restricciones a la compra de divisas. Nacía el Erman I, el primero de sus siete
planes en un año de gestión. "Procuramos vencer el tigre de la hiperinflación
que todavía está agazapado", se envalentonó este contador nacido en 1935.
Pero las medidas no convencieron a nadie y el último día del año, el
nuevo ministro de Economía se comunicó desesperado con Cavallo desde La
Rioja para buscar alguna solución de emergencia.
Dolorido por una reciente operación en la vesícula que le habían
realizado, el canciller se había trasladado a Córdoba para descansar con su
familia. Sin dudar, le recomendó a Erman que pusiera en práctica un proyecto
elaborado por Roque Fernández junto al economista Guillermo Calvo, que
proponía cambiarles a los ahorristas sus dólares por un bono de largo plazo
para eludir el estrangulamiento financiero que afectaba al sector público.
—Llamalo a Roque para que le explique el plan Bonex al presidente y
que Felipe Murolo y Carlos Sánchez armen el plan de convertibilidad —le dijo
el economista cordobés a su adversario interno.
Pero González no pudo rastrear a Fernández, que había partido a
América Central para realizar tareas de consultoría privada, y desechó la
posibilidad de convocar a Sánchez y Murolo, colaboradores de Cavallo, porque
prefería mantener un régimen de flotación sucia antes que repetir la mala
experiencia de anclaje cambiario que consumió a Rapanelli. Ante la
desorientación del ministro de Economía, Cavallo optó por dictarle a su hija
Sonia desde su lecho el discurso que al día siguiente González daría a conocer
en Buenos Aires. El Erman II incluyó el canje obligatorio de los plazos fijos
superiores a un millón de australes y de los títulos de la deuda interna por los
Bonex serie 1989, para presionar por una baja del dólar y de la inflación.
Luego, el ministro comenzó a disparar el resto de la batería de
anuncios: reducción del plazo de pago del IVA, corte del financiamiento del
82
Tesoro a las empresas públicas, ingresos por privatizaciones, aumento de las
retenciones al agro, reducción del 25% en el gasto público burocrático e
intervención del BANADE, entre otras medidas de ajuste que permitieron
avanzar hacia un nuevo programa con el Fondo y comenzar a destrabar los
desembolsos que habían sido suspendidos a fines de 1989 por el
incumplimiento de metas. La inflación se demoró en bajar: ascendió al 80% en
el primer bimestre y al 95% en marzo, pero luego pareció estabilizarse durante
algunos meses. Entonado, González se animó a avanzar un paso más al lanzar
las primeras privatizaciones de la década menemista, aunque al mismo tiempo
cuidaba sus espaldas de la sombra de Cavallo y del veterano Alvaro Alsogaray.
***
"Pagar 40 millones por mes no tiene sentido. La estrategia oficial sobre
la deuda sólo permite que ésta se incremente en 11 millones por día mientras
seguimos pagando moneditas a los bancos; la deuda externa se está
manejando mal y esto es grave." El disparo verbal de Alsogaray apuntó sin
eufemismos contra la estrategia de Erman y González Fraga, pero no dio
resultado.
Ambos funcionarios aceptaban a regañadientes los desplantes públicos
del veterano fundador de la Unión del Centro Democrático (Ucedé), quien, tras
prometer el apoyo de su partido a Menem en una eventual segunda vuelta
electoral en los comicios de 1989, se convirtió en asesor presidencial en
materia de renegociación de la deuda. Orgulloso, el ingeniero aeronáutico, que
había actuado como ministro de Economía de Arturo Frondizi y José María
Guido, aclaró que su tarea consistía en ocuparse "de la parte gruesa de la
deuda, que suma US$ 40.000 millones y que está en manos de los bancos
comerciales".
La coalición política entre el justicialismo y la Ucedé, que en la Capital
Federal frustró la designación de Fernando de la Rúa como senador nacional,
le permitió al nuevo presidente sumar otro sello de credibilidad ante el
establishment a cambio de aceptar en otros importantes cargos oficiales al
resto de la conducción del partido de centroderecha, incluyendo a dos temibles
enemigas internas, María Julia Alsogaray y Adelina Dalesio de Viola.
83
Alsogaray presidía un comité de supuestos "notables" que nunca fue
tomado en cuenta por los integrantes del equipo económico. González Fraga
se encargaba de visitarlo una vez por semana en su oficina en la calle
Riobamba del centro porteño para evitar que el veterano ex ministro redoblara
el tono de sus ataques públicos, pero su misión no resultó muy exitosa, ya que
cada vez que tuvo oportunidad el ingeniero cuestionó la tarea del titular del
Palacio de Hacienda. "La propuesta de Erman González sobre la deuda
externa es seguir funcionando dentro de los cauces establecidos y esa política
hasta ahora no nos ha dado resultados", declaró a mediados de 1990.
A pesar de sufrir el desprecio de una buena parte de los funcionarios
que rodeaban a Menem, el ex ministro de Frondizi y Guido no dejaba de
presentar ideas, como la cesantía de 200.000 empleados públicos y la
privatización de un grupo de cinco empresas estatales, cuyo valor
supuestamente rondaba los US$ 10.000 millones, para recibir como pago
títulos de la deuda externa con una quita que podía superar el 70 por ciento de
su valor nominal.
Erman no quería ni escucharlo, aunque tuvo que tolerar que su
heredera, María Julia Alsogaray, encabezara la privatización de ENTel y
SOMISA. La concesión de la empresa telefónica fue la primera en incluir el
mecanismo de capitalización que los acreedores reclamaban desde mediados
de los '80.
Los adjudicatarios aportaron US$ 214 millones de dólares al contado y
US$ 5.029 millones en títulos de la deuda a valor nominal, que, como cotizaban
a un 14 por ciento de su paridad en el mercado, sólo representaron un gasto
cercano a los US$ 700 millones.
Aunque siete grupos privados habían calificado para realizar su oferta,
sólo tres quedaron en pie luego de una serie de cambios registrados a último
momento en las condiciones legales: Telefónica de España, Bell South de
EE.UU. y STET-France Telecom. Si bien Telefónica ganó las dos zonas
licitadas —Norte y Sur—, Bell South pudo mejorar su propuesta porque el
pliego contemplaba dividir entre dos consorcios el manejo de ENTel. Sin
embargo, luego tuvo que ceder su lugar a STET-Telecom ante la imposibilidad
de obtener los títulos de la deuda requeridos para lograr la adjudicación a partir
84
de la disputa que mantuvo con su socio financiero, el banco Manufacturers
Hannover.
El 15 de enero de 1991, totalmente desplazado, Alvaro Alsogaray
padre daría un paso al costado, mientras su hija —luego de posar para una
revista de actualidad vestida sólo con un tapado de piel y una camisa—
avanzaba en el círculo íntimo del poder, hasta llegar a encabezar una polémica
gestión en la Secretaría de Medio Ambiente que se destacó por su incumplible
promesa de limpiar el contaminado Riachuelo en mil días.
Pero Alsogaray padre no sería el único funcionario en salir eyectado
del gobierno durante el primer mes del año en el que Irak invadió Kuwait, ya
que luego de las protestas del gobierno norteamericano por dejar a la empresa
Bell Atlantic fuera del manejo de ENTel, el embajador Terence Todman hizo
estallar el escándalo conocido como el Swiftgate, por un presunto pedido de
coimas del cuñado y asesor del presidente, Emir Yoma, a la subsidiaria de la
Campbell Soup, destinado a acelerar un trámite de reducción arancelaria para
la importación de equipos industriales para su nueva fábrica.
Junto con Yoma, abandonaron sus sillas en el gabinete el poderoso
ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, y sus pares de Defensa, Humberto
Romero, y de Trabajo, Alberto Triaca.
Erman resistió sólo un par de semanas más hasta que tuvo que dejar el
cargo en manos de su enemigo íntimo, Domingo Cavallo, quien había
prometido un dólar a 12.000 australes. Fue entonces cuando el economista
riojano recordó que su predecesor, Néstor Rapanelli, le había advertido que
"mientras Cavallo esté en el gabinete, ningún ministro de Economía va a tener
estabilidad".
En su balance, Erman González se sentía orgulloso por haber logrado
una reducción de la deuda de US$ 1.000 millones con una serie de
operaciones de canje y por el inicio de la ronda de privatizaciones, aunque al
mismo tiempo durante su gestión el valor de la divisa norteamericana creció un
495% por ciento.
Luego de haberlo evitado en los primeros dos años de su mandato,
Menem finalmente se resignó a convocar a Cavallo para dirigir la economía
nacional durante un quinquenio en el que la deuda pública creció unos US$
35.000 millones, mientras las "joyas de la abuela" se vendían una por una.
85
SEIS La era de la ilusión
Terrence Checki subía y bajaba sin pausa entre el segundo y el cuarto
piso del hotel Plaza Naco, en Santo Domingo, República Dominicana, con
mensajes cruzados entre la delegación argentina y los bancos acreedores.
A pesar de su estado de agotamiento, el funcionario de la Reserva
Federal de Nueva York estaba dispuesto a cumplir hasta el final con su rol de
mediador para que la Argentina se convirtiera en el quinto país latinoamericano
en ingresar al Brady, después de México, Costa Rica, Venezuela y Uruguay.
Checki había comenzado en 1983 a seguir los vaivenes de la tercera
economía latinoamericana, a partir de su incorporación al banco central más
importante de los Estados Unidos. Con una maestría en Negocios de la
Universidad de Columbia, ascendió todos los escalones del Fed en Nueva York
hasta que fue designado como vicepresidente ejecutivo del organismo oficial
para moni- torear la evolución de las economías emergentes.
Resulta difícil encontrar a algún ministro o negociador argentino de
primer nivel que no haya visitado durante las últimas dos décadas su amplio
despacho ubicado en el edificio de 33 Liberty Street en la zona de Wall Street.
Checki y el subsecretario del Tesoro, David Mulford, fueron los más
fieles ejecutores del proyecto de la administración Bush, que apuntaba a
refinanciar la deuda de las naciones subdesarrolladas por US$ 150.000
millones con los bancos, a un plazo de 17 a 30 años y con una quita en el
capital o en los intereses a cambio de una garantía similar a la suma
refinanciada.
El rostro más visible del programa era Nicholas Brady, ex presidente de
Dillon, Read & Co., senador nacional por Nueva Jersey y titular de la comisión
creada por Ronald Reagan para afrontar las consecuencias del crack financiero
de octubre de 1987 en Wall Street que, en un solo día, provocó pérdidas por un
billón de dólares, equivalente al 20% del valor total del mercado de acciones de
los Estados Unidos.
El 10 de marzo de 1989, Brady, uno de los economistas más
cuestionados como secretario del Tesoro de los EE.UU. por haber impulsado
86
medidas que provocaron una importante desaceleración en el nivel de
actividad, lanzó su plan en una conferencia auspiciada por el prestigioso think
tank Brooking Institution.
En pocas frases, Brady resumió sus ambiciosos objetivos,
escasamente cumplidos con el paso del tiempo.
"Asegurar que los beneficios estén a disposición de cualquier nación
deudora que demuestre su compromiso con normas acertadas de política
económica; minimizar los cambios imprevistos que pongan en riesgo a los
gobiernos prestatarios y a sus contribuyentes; ofrecer mayores oportunidades
para transacciones voluntarias basadas en el mercado en lugar de una
centralización obligatoria de la reprogramación de la deuda; aprovechar mejor
el potencial de fuentes alternas de capital privado; y renovar las esperanzas del
pueblo y de los dirigentes de las naciones deudoras para que sus sacrificios
den lugar a una mayor prosperidad en el presente y a la posibilidad de un
futuro libre de la carga de la deuda."
La iniciativa entusiasmó a Terry Checki, un amable funcionario de bajo
perfil acostumbrado a lanzar frases cortas y tajantes, que tampoco demoró en
comprar las virtudes del plan de Convertibilidad lanzado por Domingo Cavallo
en 1991, a pesar de la desconfianza que predominaba en buena parte de sus
colegas en Wall Street y en Washington respecto de la fijación del tipo de
cambio luego de la hiperinflación.
El sendero de apertura económica elegido por el gobierno menemista,
bendecido con un crédito de facilidades extendidas del FMI por US$ 2.945
millones, parecía ser una condición suficiente como para permitirle su ingreso
al plan Brady con el objetivo de reestructurar US$ 28.800 millones de la deuda
con los bancos del exterior. A cambio, el país ofreció un bono cupón cero de
los Estados Unidos —que los inversores compran con descuento y que cobran
en forma completa en su fecha de vencimiento— como garantía, que fue
financiada con US$ 1.253 millones del FMI, US$ 872 millones del Banco
Mundial, US$ 475 millones del BID y US$ 400 millones del Eximbank japonés,
gestionados con el aval de Checki. Aunque ningún banco puso en duda el
derecho de la Argentina de formar parte de este nuevo experimento de las
finanzas internacionales, las discusiones entre los acreedores y los
negociadores oficiales respecto de las condiciones técnicas de la operación
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fueron feroces y sólo concluyeron el 7 de abril de 1992, cuando, vestido con un
traje negro, Checki ingresó al cuarto que ocupaban Daniel Marx, Horacio
Liendo y Rafael Iniesta, para dar su veredicto.
—Frenen acá porque no van a poder conseguir nada más de ellos.
"Ellos" eran los banqueros liderados por Bill Rhodes.
Los funcionarios acataron y el acuerdo se anunció al día siguiente. El
gobierno lograba una quita importante y los bancos se liberaban del enorme
peso que habían asumido hasta entonces con sus deudores, al repartir el
riesgo crediticio entre los "tenedores de bonos", un heterogéneo grupo de
inversores desparramado por el mundo que estaba compuesto por
empresarios, profesionales, amas de casa, estudiantes y obreros dispuestos a
obtener jugosos retornos.
De hecho, en 1991 los préstamos de la banca comercial representaban
el 56% del total de la deuda y los bonos el 2,8%, mientras que en 1999 el 56%
del pasivo soberano correspondía a los bonistas y solamente el 17% a los
aliviados bancos.
***
El 29 de enero de 1991 Horacio Liendo volvía de unas agradables
vacaciones en Chile y Bariloche, donde visitó a la familia de su esposa. Antes
de emprender el tramo final de su viaje, se detuvo a descansar en el hotel
Calfucurá de Santa Rosa, La Pampa, que evoca al cacique araucano que en
1872 convocó a las grandes tribus de la región para avanzar en forma
sorpresiva hacia Buenos Aires luego de proclamar: "Mis ojos son pocos para
mirar a tantas partes". Al regresar a su automóvil, Liendo alcanzó a leer en la
tapa de un matutino que Cavallo había sido designado como ministro de
Economía. Durante los 600 kilómetros que aún lo separaban de la Capital
Federal, el hijo del ex ministro del Interior de la dictadura no dejó de imaginar la
posibilidad de ser convocado por su viejo amigo para reflotar el proyecto de
convertibilidad que habían comenzado a discutir en Córdoba en febrero de
1989.
Durante aquel verano de furia económica y política, Liendo pensó en
sustituir el austral por una nueva moneda y fijar el tipo de cambio. Su fuente de
88
inspiración fue Carlos Pellegrini, quien en un contexto de fuerte crisis
reemplazó como presidente a Miguel Juárez Celman, cuando el Banco
Nacional tuvo que suspender el pago de un préstamo a la banca Barings por 20
millones de libras, hasta que la Argentina recibió un crédito de 15 millones de
libras para salir del default, mientras se tomaban medidas para restringir la
emisión monetaria. Cuando se transformó en senador, Pellegrini defendió la
instrumentación del sistema de convertibilidad entre el oro y el peso en 1899,
para combatir la angustiante falta de ingreso de capitales.
Apenas estalló la hiperinflación de Alfonsín, Cavallo les adelantó a sus
colaboradores que Menem ganaría las elecciones presidenciales en mayo y
que el mandato de Alfonsín no pasaría del 8 de julio. Junto con Juan Llach,
Felipe Murolo, Ricardo Gutiérrez y, ocasionalmente, Ricardo López Murphy, se
debatió la iniciativa, aunque las conversaciones quedaron congeladas cuando
Menem eligió el plan de B&B para arrancar su gestión, hasta que el 28 de
enero de 1991 Cavallo accedió al cargo con el que tanto había soñado.
El domingo 15 de marzo Cavallo convocó a Liendo y a Llach para
reflotar el plan. Los tres discutieron durante una hora el nivel de la futura
paridad cambiaria. Llach quería que, antes de cambiar la moneda, el dólar
llegara a 11.000 australes mientras que Cavallo había pensado en mantener
una banda de flotación de 8.000 a 10.000. Después de una hora, Liendo intentó
cortar el debate con una curiosa anécdota:
—Alfonsín siempre tuvo un subconsciente hiperinflacionario porque
pensó que cada serie del austral debía imprimirse con el rostro de un
presidente diferente, empezando con Rivadavia; así que, cuando se llegara al
propio Alfonsín, ya hubiésemos volado por los aires. Como en ese camino
debía aparecer Carlos Pellegrini en el billete de 10.000, pensé que había que
dejarlo ahí, porque me inspiré en su figura para este plan.
Más preocupado en pensar cómo atraer inversiones para sostener el
tipo de cambio real que en el valor nominal de la moneda, Cavallo aceptó el
curioso argumento de Liendo y cinco días más tarde anunció "su" plan de
Convertibilidad. El Banco Central pasó a estar obligado a mantener la relación
entre las reservas y la base monetaria para sostener el precio de 10.000
australes por dólar, se suspendieron las cláusulas indexatorias de los contratos
89
y el Poder Ejecutivo quedó facultado para un cambio de moneda que se
concretaría el Io de enero de 1992.
El 23 de marzo, Bill Rhodes llegó a Buenos Aires para intentar
persuadir a Cavallo de la necesidad de elevar el pago mensual a los bancos
por los intereses atrasados, que ya acumulaban US$ 7.000 millones.
El ministro le prometió estudiar el reclamo y, a cambio, le pidió que lo
acompañara a una conferencia de prensa para hablar supuestamente sobre la
marcha de las negociaciones con los acreedores privados. Apenas se
encendieron las cámaras y los grabadores, Rhodes no tuvo otra alternativa
más que apoyar el flamante plan económico "porque va a llevar a la Argentina
a una situación de orden en las finanzas públicas". La convertibilidad ganaba el
primer apoyo externo de peso en su primer día de vida.
***
Así como Cavallo y Menem se disputaron durante muchos años la
"paternidad" del plan de Convertibilidad, Horacio Liendo y Daniel Marx han
desarrollado la misma batalla en el campo verbal respecto del liderazgo de la
negociación del plan Brady.
Liendo, nacido en 1952, egresado del Liceo Militar y abogado, fue
elegido como subsecretario de Financiamiento en 1991. Apenas asumió, el
ministro Cavallo le pidió que discutiera el Brady codo a codo con Marx, el
representante argentino ante Washington que en 1974 se recibió de
economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue tesorero del Banco
Tornquist y miembro ejecutivo del Banco Río, antes de pasar a la función
pública en la era alfonsinista, para continuar junto con el menemismo.
Ambos juran haber encabezado en forma excluyente el deba-te con los
bancos acreedores, aunque en realidad cada uno cumplió un rol distinto:
Liendo conducía la negociación política y Marx los aspectos técnicos.
Desconfiaban entre sí, tanto que solían comentarle por separado a Cavallo los
avances y retrocesos de la negociación. En el medio se ubicaba Rafael Iniesta,
un director del BCRA ligado al peronismo, que actuó como elemento de
equilibrio y, a la vez, mantuvo informado al inquieto bloque oficialista de
Diputados que conducía el polémico José Luis Manzano.
90
Luego del acuerdo, Liendo acusó a Marx de haber querido negociar
rápido sin discutir demasiado con los bancos y se jactó de haber obtenido
resultados que otros países no lograron.
Por su parte, Marx afirmó que sin sus contactos hubiera sido imposible
arribar a un final feliz y aclaró que la Argentina obtuvo algún beneficio adicional
en relación con México debido a la baja en las tasas internacionales registrada
entre el cierre de uno y otro acuerdo, más que por sus propios méritos.
A pesar de esta artillería cruzada, tanto uno como el otro enfrentaron
las resistencias de los bancos a realizar concesiones en el menú de bonos Par
y Discount que la Argentina ofreció para su Brady durante las discusiones que
se iniciaron en la sede del estudio jurídico Sherman & Sterling en Nueva York y
que culminaron en la capital de la República Dominicana.
En el caso del bono Par, que implicaba la reducción del servicio de la
deuda, los bancos pretendían fijar un interés del 6,75%, tal como ocurrió con
Uruguay, pero los negociadores lograron disminuirlo al 6%, porque la tasa en
cuestión cayó en los mercados internacionales.
En los Discount, basados en una quita del capital, se pidió un
descuento del 37,5%, pero se obtuvo un 35%, similar al porcentaje alcanzado
por México, superior al de Venezuela e inferior al de Uruguay.
Como contrapartida, el gobierno tuvo que acceder a aumentar de US$
40 millones a US$ 70 millones la cuota mensual del pago de intereses
atrasados a los bancos hasta la firma del acuerdo.
El 8 de abril a las cinco de la mañana se agotaron las diferencias,
cuando Checki ingresó al búnker de la misión argentina. Liendo regresó a su
hotel rápidamente ya que su mujer estaba preocupada por su larga ausencia,
mientras que Marx e Iniesta se quedaron despiertos una hora más para
redactar un comunicado de prensa que se daría a conocer a las nueve de ese
día.
Luego de escribir el punto final, Iniesta también partió a su habitación a
descansar hasta que un llamado telefónico lo sobre-saltó. Sin alcanzar a
despertarse por completo, el director del Central le confirmó a una radio
porteña que la negociación ya había concluido y, a los pocos minutos, todos
sabían que la Argentina había entrado al Brady.
91
Los contratos del plan se suscribieron el 6 de diciembre de 1992 y
cuatro meses más tarde se realizó el canje de la deuda bancaria por los nuevos
bonos. Un 35% de los bancos optó por los Discount y el 65% restante por el
Par, con una quita efectiva en el capital del pasivo externo de US$ 2.555
millones. "El programa argentino garantiza una alta probabilidad de cumplir
adecuadamente con el esquema de pagos comprometido", exageró Cavallo
apenas selló el acuerdo con Rhodes. Cuando el ministro firmó el acuerdo del
Brady, estimó que los pasivos soberanos llegarían a US$ 60.000 millones ocho
años más tarde, aunque cumplido este plazo el peso de la deuda era de US$
128.000 millones.
Pero en 1992 todos los protagonistas vivían un clima festivo. "Me saco
el sombrero ante la política económica de Menem y la visión y la capacidad de
Cavallo para llevar adelante esta exitosa negociación con los bancos", se
entusiasmó David Mulford, quien fue condecorado por el gobierno argentino
con la Orden del Libertador General José de San Martín en reconocimiento a
su aporte a la negociación del Brady en 1993, cuando la deuda externa
equivalía al 30,6% del PBI, frente al 51,6% alcanzado seis años después.
Cavallo también recompensó a su propia tropa. Liendo fue designado
como secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, mientras que
Marx fue ungido como subsecretario de Financiamiento. Su siguiente destino
profesional se concretaría a fines de 1994 en el sector privado, como director
ejecutivo del fondo de inversiones Darby Overseas, creado, justamente, por
Nicholas Brady. En defensa propia, Marx argumentó que Brady no era un
acreedor de la Argentina y que, por el contrario, el objetivo de Darby Overseas
era invertir en América latina. "No me pasé del otro lado del mostrador", se
justificó el hábil negociador ante quien quisiera escuchar sus particulares
razones.
***
Juan José Llach, el otro vértice del corazón cavallista, huele diferente
del resto de los economistas. Tal vez, porque antes de estudiar Ciencias
Económicas en la UBA se recibió de sociólogo en la Universidad Católica
Argentina (UCA). En 1978, Cavallo le ofreció ser investigador en el Instituto de
92
Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL)
que pertenecía a la Fundación Mediterránea, fundada en Córdoba por 34
empresas. Veinte años más tarde le presentó a Liendo y a Ricardo Gutiérrez
para conformar la delantera del equipo que disfrutaría y desaprovecharía los
años más abundantes de la convertibilidad.
Cuando era secretario general de la gobernación de Córdoba en el
régimen militar en 1969, Gutiérrez contrató como asesores a Domingo Cavallo,
recién casado con Sonia Abrazian, a Humberto Petrei y a Aldo Dadone, quien
un cuarto de siglo más tarde se transformaría en el talón de Aquiles del
poderoso ministro al avalar, como director del Banco Nación, un contrato
informático con la empresa IBM que contenía un fuerte sobreprecio.
A principios de 1991 los roles se invirtieron: Cavallo convocó a
Gutiérrez como su asesor para preparar la Ley de Administración Financiera,
hasta que en junio asumió como secretario de Hacienda cuando Saúl Bouer
renunció para ocuparse full time de la intendencia porteña en reemplazo del
prontuariado Carlos Grosso.
Liendo, Gutiérrez en Hacienda y Llach en Programación Económica se
transformaron en los hombres de mayor confianza del titular del Palacio de
Hacienda.
A diferencia de lo que ocurrió en su tortuoso paso por la cartera
económica en el año 2001, durante su primera gestión el ministro no retaceaba
la información calificada a sus más íntimos colaboradores y los dejaba que
trabajaran entre sí, aunque los contactos con el poder político debían
canalizarse a través de su inmensa figura.
El ministro tampoco permitía que sus subordinados se quejaran
demasiado por la suba del gasto público, que saltó de $ 66.067 millones a $
82.419 millones entre 1991 y 1995 en términos consolidados. Para la
posteridad, Cavallo explicó que el incremento se produjo por el reconocimiento
de deudas previas registradas con los jubilados y las provincias, pero en
privado sus colaboradores admitieron que, cuando la economía crecía sin
freno, no fueron capaces de impulsar una política anticíclica que permitiera
resguardar al menos una porción de los ingresos fiscales nacionales originados
por las privatizaciones.
93
Gutiérrez se lamentó porque sólo después del "efecto tequila" el equipo
económico comprendió la necesidad de preservar los recursos públicos para
las épocas de crisis, aunque "ya era demasiado tarde porque nos estábamos
yendo", mientras que Llach jura haber amagado varias veces con su renuncia
por la mala conducta fiscal del gobierno. Tal vez una de las discusiones más
vio-lentas que mantuvo el secretario de Programación Económica y
viceministro se desarrolló a principios de abril de 1994, en vísperas de la
elección de constituyentes convocada para la reforma constitucional, cuando el
fuerte idilio entre el peronismo y el radicalismo impedía divisar los nubarrones
que acechaban la economía.
Como Cavallo no podía contenerlo, le recomendó que discutiera el
asunto con Menem. De inmediato, el funcionario se dirigió con gran ímpetu a
advertirle al primer mandatario que si el Ejecutivo no comenzaba a controlar
sus cuentas "todo se iría al cuerno", ya que una crisis fiscal en la convertibilidad
forzaría a una devaluación muy traumática. Con la misma calma de siempre, el
presidente le prometió que "haría todo lo posible para bajar el gasto". Al poco
tiempo Llach comprendió que el jefe de Estado le había mentido, pero decidió
seguir en su cargo, por esa mezcla de cierta ingenuidad y omnipotencia que
lleva a algunos funcionarios a pensar que es mejor quedarse para dar batalla
antes que renunciar por sus principios.
Con el paso del tiempo, el economista con fuertes raíces cristianas
confesaría que el equipo de Cavallo tuvo tanta responsabilidad en el
incremento del déficit fiscal como los protagonistas de la era "ortodoxa" de
Roque Fernández. De hecho, entre 1993 y 1996 el gobierno pasó de un
superávit del 2% a un déficit del 4%.
Además, el equipo económico reconoció el impacto negativo generado
sobre las cuentas públicas por dos medicinas fabricadas en su propio
laboratorio: la reforma previsional y la baja en los aportes laborales, que, entre
1994 y 2001, le restaron al Estado una recaudación de $ 70.000 millones. Al no
desarrollarse una estrategia agresiva para reducir el déficit, este tremendo
agujero fiscal se cubrió con más deuda, tomada, en buena medida, entre las
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que fueron
creadas a partir de la modificación en el sistema de seguridad social.
94
Cavallo estaba dispuesto a cumplir con una parte de las recetas
formuladas desde el exterior, pero no era un convencido de la necesidad de
reforzar las medidas de austeridad, aun cuando la convertibilidad exige un
"chaleco" fiscal mucho más ajustado que un sistema con tipo de cambio
flexible, habilitado para financiar el déficit con emisión monetaria. No se lo
permitían ni sus convicciones, ni su tozudez, ni su proyecto para transformarse
en un líder político con el apoyo de los gobernadores peronistas.
El cuarto ministro de Economía del gobierno menemista, nacido en
1946 en la ciudad cordobesa de San Francisco y doctora-do en Harvard,
disfrutaba de su etapa más dulce apenas lanzó la convertibilidad.
El diario The Wall Street Journal afirmaba que "Cavallo, de 44 años, es
realmente ministro de Economía pero muchos le dicen primer ministro". En
1992 las revistas Latín Finance y Euromoney lo declararon "hombre del año" y
"ministro de Finanzas del año", respectivamente; la inflación minorista cayó de
1343,9% anual en 1990 al 0,1% en 1995; el PBI creció un 8,9% en 1991, 8,7%
en 1992, 6% en 1993 y 7,4% en 1994.
Pero, en paralelo, otros desagradables indicadores también exhibieron
un contundente ascenso: la tasa de desocupación del 7% al 17,2% y la brecha
de ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% más pobre se estiró
de 12 a 22 veces. A fines de 2002, la diferencia se alargó a 38 veces.
Desde el canje del Brady hasta la renuncia del ministro, el índice de
pobreza pasó del 18% al 26% y el nivel de indigencia del 3,6% al 7%.
Pero durante su luna de miel con el poder el "superministro" sólo
estaba focalizado en cumplir con sus objetivos, sin reparar en los daños
colaterales provocados por el programa económico.
Mientras se negociaba el Brady, Cavallo pretendía avanzar en forma
simultánea con las privatizaciones, aunque sus colaboradores le recomendaran
esperar a firmar el acuerdo con los bancos antes de continuar en el espinoso
camino de la venta de las empresas públicas.
"Cavallo pensaba que no había tiempo y en realidad tenía razón",
admitió un negociador argentino.
El titular del Palacio de Hacienda pretendía aprovechar al máximo el
crédito político que le habían otorgado por la convertibilidad y buscó concentrar
95
la suma del poder público al hacerse cargo de todas las privatizaciones
pendientes.
Además, la absurda ineficiencia y el alto costo fiscal generado por las
empresas estatales brindaban un contexto ideal para llevar adelante este
proceso casi sin oposición.
Luego de la venta de ENTel, la telefónica estatal, Aerolíneas
Argentinas fue la siguiente concesión importante al sector privado, a cambio de
US$ 130 millones en efectivo —que luego se pagaron con títulos— y US$
1.610 millones en bonos, a un valor efectivo de US$ 322 millones, que no
fueron desembolsados en su totalidad debido a los conflictos surgidos durante
este patético proceso de venta, en el que, según afirmó el legislador
demoprogresista Alberto Natale, ex presidente de la Comisión Bicameral de la
Reforma del Estado, "se terminó negociando con un solo oferente, cuya
composición como grupo societario cambiaba todos los días".
Para que el presidente no dudara de su vocación, Cavallo afirmó
públicamente que las transferencias de ENTel y Aerolíneas Argentinas, a cargo
de Erman, María Julia y Roberto Dromi, estaban "mal hechas". Luego, el resto
de las empresas se vendió de acuerdo con su voluntad.
Las privatizaciones generaron por US$ 23.849 millones durante toda la
década, US$ 19.422 millones para el Estado nacional y US$ 4.427 millones
para las provincias, aportados en un 77% en efectivo, un 3% en fideicomisos y
el 20% restante con títulos públicos, que a partir de 1992 comenzaron a perder
peso como forma de pago. Los años más dulces fueron 1992 y 1993, con
ingresos por US$ 5.496 millones y US$ 5.456 millones, respectivamente.
El 39% del total de la recaudación correspondió al rubro petrolero,
seguido por la energía eléctrica con 25%, comunicaciones con 13%, gas con
12% y transporte con 3%, entre otros. El 67% de los fondos que ingresaron por
las privatizaciones fue de origen extranjero, con un piso del 44% en 1991 y un
techo del 97% en 1999.
España fue el principal capitalista en el proceso privatizador con un
42%, seguido por EE.UU. con 26%, Chile con 10%, Francia con 7%, Italia con
6%, y el restante 9% se dividió entre otros países más cautos.
A mediados de 1993 se realizó la oferta pública por la petrolera YPF,
que reportó US$ 3.040 millones en efectivo y unos US$ 885 millones en títulos,
96
a cambio de hacerse cargo de pasivos previos a la privatización por unos US$
8.540 millones con organismos multilaterales y bancos comerciales. Además, el
gobierno absorbió US$ 1.760 millones de ENTel, US$ 4.446 millones de
SEGBA, US$ 1.713 millones de Gas del Estado y US$ 1.500 millones de
Hidronor.
En total, el Estado nacional se quedó con unos US$ 15.000 millones de
deudas antes de transferir sus empresas al sector privado, con la intención de
atraer más oferentes.
Al asumir estos compromisos, el Estado se resignaba a recibir menos
recursos en términos netos, a cambio de la gratificación de deshacerse de un
grupo de compañías que le habían generado cuantiosas pérdidas al fisco.
***
Orgulloso, Cavallo reivindicó el marco regulatorio y la transparencia
que supuestamente caracterizaron a estas concesiones, donde en general se
asociaron un operador extranjero experto en el sector, un grupo empresarial
nacional y un banco encargado de aportar los títulos para la deuda. Pero sus
adversarios en el gabinete lo acusaron de crear monopolios privados y de
asegurarles subsidios y rentas extraordinarias a los concesionarios, entre los
que participaban empresas locales que fueron beneficiadas por partida doble,
con la estatización de su pasivo externo a principios de los '80 y con la
capitalización de activos públicos a cambio de títulos baratos de la deuda
pública una década después.
La desidia y la discrecionalidad del sector público fueron su-plantadas
por la pretensión lógica de los concesionarios particulares de incrementar la
eficiencia de los servicios adquiridos para obtener mayores utilidades.
Empresas que antes succionaban fondos al Tesoro nacional
comenzaron a generar ingresos, que irresponsablemente fueron utilizados por
el gobierno para financiar el gasto corriente en lugar de preservarse para la
crisis.
A cambio, los nuevos operadores lograron la salida de interesantes
sumas de dinero a sus casas matrices. Entre 1992 y 1999, las compañías
97
privatizadas pasaron de girar al exterior utilidades y dividendos por US$ 1.400
millones a US$ 3.100 millones.
Para realizar inversiones que, en la mayoría de los casos, generaron
una mejora en la calidad de los servicios, las privatizadas se endeudaron
fuertemente en los mercados internacionales. De hecho, el 43% de la deuda
externa privada de la década pasada corresponde a préstamos tomados por
los nuevos concesionarios, que a su vez pagaron US$ 5.830 millones en
concepto de intereses a sus acreedores. Como contrapartida, su rentabilidad
anual pasó del 4% en 1992 al 12% en 1997.
El consenso de Washington encontraba en Cavallo a uno de sus
alumnos más aplicados. Nada ni nadie parecía poder detenerlo, hasta que
México estalló en pedazos.
***
La Navidad de 1994 recibió a Domingo Cavallo de vacaciones en la
atractiva isla caribeña de Barbados, famosa por sus 130 kilómetros de playa,
sus palmeras, sus 140 iglesias y 1.600 puestos para beber ron en forma
desenfrenada.
El ministro pretendía relajarse durante una semana junto con su
esposa en la ex colonia británica, luego de sufrir algunos serios
cuestionamientos por haber abandonado tres meses antes el acuerdo que
mantenía con el Fondo Monetario.
El 26 de septiembre, Cavallo había anunciado que el país ya no
debería "recurrir al FMI" para recibir nuevos desembolsos del programa de
facilidades extendidas.
Ese año, la Argentina pagó ese año US$ 5.000 millones en intereses
de la deuda al exterior, frente a US$ 7.000 millones en 1996 y a US$ 11.000
millones en 1999.
En una conferencia de prensa, acompañado por Llach y Gutiérrez, el
titular del Palacio de Hacienda se dio el gusto de recomendarle con un tono
paternal al organismo que conducía Michel Camdessus que utilizara el dinero
correspondiente a la Argentina para ayudar a "Rusia o a los países del sudeste
98
asiático", ya que el gobierno nacional podía desenvolverse sin problemas en el
mercado financiero.
"La Argentina ya no necesita el andador", guapeó el presiden-te
Menem, en plena carrera hacia su reelección.
Desde octubre de 1991, cuando se realizó la primera colocación de una
euroletra por US$ 100 millones con un sobrecosto de 587 puntos básicos sobre
el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU., hasta la ruptura con el FMI,
cuando la sobretasa cayó a 220 puntos, el país obtuvo unos US$ 4.000
millones en forma voluntaria, sobre la base de sus reformas económicas y de la
gran abundancia que los mercados emergentes volvieron a disfrutar luego de
una década de sequía.
Al igual que en los inicios de su gestión, cuando echó a los técnicos del
Fondo porque le habían sugerido que mantuviera las antipáticas retenciones a
la exportación, en plena etapa de crecimiento Cavallo tampoco estaba
dispuesto a ceder ante los planteos del organismo para aplicar un mayor
ajuste.
Con el fin de conservar las apariencias, el ministro explicó que los
desembolsos pendientes se congelaban, pero que el acuerdo "seguía en pie".
De inmediato, logró arrancarle una tibia aclaración a Camdessus, destinada a
evitar el pánico en los mercados. "La Argentina puede volar con sus propias
alas; el ejercicio fiscal de 1994 concluirá casi en equilibrio, después de un
desliz entre julio y octubre", señaló el ejecutivo de origen francés con su
habitual tono diplomático.
El Fondo continuaría con su vigilancia, de lejos.
Pero el 20 de diciembre todos los integrantes del equipo eco-nómico
quedaron paralizados cuando el flamante gobierno mexicano devaluó el peso
un 15% frente al dólar, ante la imposibilidad de sostener el sistema de bandas
cambiarías que se había mantenido en pie durante seis años con suaves
retoques a la moneda local.
Si bien el nuevo presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, integró la
cuestionada administración de Carlos Salinas de Gortari como secretario de
Programación y Presupuesto, al asumir la jefatura de Estado buscó demostrar
una imagen de ruptura con las peores prácticas del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que gobernaba el país desde principios del siglo XX.
99
Los intentos de este tecnócrata de escaso carisma estaban
condenados al fracaso, a pesar de contar con el respaldo del Tratado de Libre
Comercio que México había firmado un año antes con los Estados Unidos y
Canadá. Los inversores ya habían degustado durante demasiado tiempo el
sabroso rendimiento de los Tesobonos mexicanos, y la profunda crisis política
generada por el levantamiento zapatista en Chiapas y por los asesinatos del
dirigente oficialista José Antonio Ruiz Massieu y del candidato presidencial Luis
Colosio fue la excusa perfecta para emprender la retirada.
Con una deuda de US$ 139.818 millones de dólares, las reservas
internacionales se esfumaron en poco más de un mes y el gigante
hispanoamericano quedó, luego de cuatro devaluaciones consecutivas,
nuevamente al borde del default.
Tan sólo dos meses antes, la agencia Standard & Poor's inauguraba la
larga serie de pronósticos fallidos de las calificadoras de riesgo internacional, al
asignarles a dos emisiones mexicanas la nota AA, muy cerca de la perfección
(AAA), que permite obtener crédito a un costo reducido.
Cavallo intentó calmar a sus colaboradores antes de viajar hacia el
Caribe y logró que Llach partiera a su balneario favorito, Quequén, en la costa
atlántica bonaerense.
Pero el secretario de Programación Económica no pudo con sus
nervios y el 28 de diciembre volvió a Buenos Aires para reunirse con Gutiérrez
e interrumpirle el descanso al ministro. "Hay que volver al FMI", le rogó Llach a
su jefe, quien decidió trasladarse de urgencia a Nueva York para reunirse con
los bancos acreedores con un solo mensaje: "La Argentina no es México".
Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Economía
comprendieron que el mercado voluntario de capitales quedaría cerrado para
toda la región durante el "tequila", efecto agravado por las maniobras
especulativas del joven trader británico Nicholas Leeson, que dejaron al
principal banco de inversión para mercados emergentes, Barings, al borde de
la quiebra. La deuda externa de América latina se ubicaba en US$ 534.000
millones a fines de 1994, unos US$ 200.000 millones más que durante la crisis
de 1982.
Apenas arribó a Manhattan el 29 de diciembre, Cavallo comenzó una
serie de encuentros con los principales ejecutivos de Wall Street. Sus primeros
100
anfitriones fueron el presidente de la Reserva Federal, William McDonough, y el
titular del JP Morgan, Douglas Sandy Warner, quien estaba acompañado por
su joven asistente argentino, Alfonso Prat Gay, futuro presidente del Banco
Central de la República Argentina.
Los inversores internacionales sospechaban que, si México había
devaluado luego de sus elecciones, la Argentina era la próxima candidata a
abandonar su sistema de cambio fijo una vez que dejara atrás su propio
cambio de gobierno en mayo de 1995. A pesar de las diferencias, ambos
países compartían un peligroso déficit en la cuenta corriente.
El consejo desde la Reserva Federal de Nueva York fue contundente:
"Si quieren ayuda, háganse las víctimas".
Mientras el ministro intentaba seducir a los acreedores en EE.UU.,
Llach enfrentaba una misión igualmente difícil en Buenos Aires para explicarle
a Menem que había que aplicar un ajuste del 20% sobre el gasto público para
recuperar el apoyo del FMI.
En pocos días, el porcentaje se redujo a la mitad y el gobierno anunció
un recorte fiscal de US$ 1.000 millones que permitió volver a un acuerdo con
los organismos de crédito.
"No importa que estemos en una campaña electoral en este momento,
porque lo importante es defender los intereses de la Argentina", aclaró Menem.
Llach volvió a disgustarse con el presidente, sobre todo por-que dos
meses después el Palacio de Hacienda se vio obligado a impulsar la suba del
impuesto al valor agregado (IVA) del 18% al 21%, una medida que se aprobó
en el Congreso Nacional el mismo día de la muerte de Carlos Menem júnior,
para compensar con nuevos recursos tributarios la decisión política de dejar el
ajuste a mitad de camino.
***
En Washington el hombre que había triunfado en la primera guerra del
Golfo, George Bush, perdió las elecciones de 1992 luego de una desacertada
política económica que favoreció al candidato presidencial demócrata Bill
Clinton. "Es la economía, estúpido" fue la simbólica frase utilizada por el
101
gobernador de Arkansas para terminar con 12 años consecutivos de mandatos
republicanos.
Luego de contar en sus primeros dos años con el ex senador texano
Lloyd Bentsen como secretario del Tesoro, el joven y carismático jefe de la
Casa Blanca giró hacia una estrategia más contundente para reducir el déficit
fiscal y expandir el mercado de capitales.
El dúo indicado para este cambio combinaba la experiencia de Wall
Street y la sabiduría del claustro académico. Robert Rubin, de Goldman Sachs,
sería el nuevo secretario del Tesoro y Lawrence Summers, de la Universidad
de Harvard, su subsecretario. Pero el debut de los funcionarios no resultó
sencillo, ya que a los pocos meses comenzó el "efecto tequila".
El desconcierto inicial generado por la crisis mexicana se transformó en
temor en la capital de los EE.UU., cuando la Reserva Federal pronosticó que
una caída severa del país vecino podía provocar una recesión del 2% en los
EE.UU.
El presidente del organismo, Alan Greenspan, tuvo que dejar de lado
su resistencia inicial a brindar una ayuda directa al gobierno de Zedillo y se
sumó a la propuesta de Rubin y Summers de negociar el apoyo del Congreso
para obtener US$ 40.000 millones que evitaran el default. Los principales
líderes del Poder Legislativo les dejaron en claro a los funcionarios que en un
año electoral el proyecto no podía aprobarse, aunque brindaron su
consentimiento tácito para que el Tesoro utilizara recursos del Fondo de
Estabilización Cambiaria por US$ 20.000 millones, que luego se redujeron a
US$ 12.000 millones. Con el aporte del Banco Internacional de Pagos de
Basilea, del FMI y de los bancos multilaterales, se redondeó un paquete de
US$ 38.000 millones que permitió apagar el incendio.
Pero en la Argentina el fuego continuaba, incluso puertas adentro del
equipo económico, con peleas sobre el enfoque adecuado para enfrentar la
crisis entre el ministro Cavallo y el presidente del BCRA, Roque Fernández,
quien el 2 de enero de 1995 se atrevió a sentenciar que la tormenta ya había
pasado de largo.
Sin embargo, entre la primera devaluación mexicana y el 22 de marzo
de 1995, se produjo una caída de US$ 7.200 millones en los depósitos en
moneda extranjera.
102
En público, Cavallo elogiaba sin medias tintas a Fernández. "El Banco
Central hizo una política excelente", afirmaba. Pero puertas adentro del Palacio
de Hacienda el "Mingo" creía que Fernández subestimaba la importancia de la
crisis y que no cumplía con una adecuada supervisión del sistema financiero
local. A su vez, el titular del Banco Central y su poderoso vicepresidente, Pedro
Pou, pensaban que el ministro no quería pagar el costo político de cerrar
bancos y que el origen del problema era fiscal.
La conducción del Central eligió una política de sintonía fina, que
comenzó con una red de seguridad financiada con un encaje adicional del 2%
para enfrentar los problemas de iliquidez de los bancos con US$ 800 millones
otorgados en redescuentos. Las medidas no detuvieron la fuga de capitales, y
el ministro decidió que el manejo de la crítica situación quedara a cargo de su
fiel Horacio Liendo.
A principios de marzo el abogado sacudió al mercado cuando impulsó
una reforma en la carta orgánica del Banco Central que autorizaba a la entidad
a solventar al sistema financiero. Con la cabeza puesta en la convertibilidad de
Hong Kong, Liendo consideraba que los bancos debían contar con un
capitalista "de último recurso". Su siguiente propuesta fue la creación de dos
fondos fiduciarios para financiar el ajuste, que desembocó en el cierre de
cuarenta bancos y la privatización de cinco entidades públicas provinciales en
menos de un año. Los 205 bancos que poblaban el sistema en 1995 se habían
reducido a 113 en el año 2000.
En forma paralela, Cavallo oficializaba el nuevo plan de ajuste, que
incluía la baja de salarios, la suba del IVA y nuevas privatizaciones en el sector
energético, a cambio de un paquete de asistencia de US$ 2.400 millones del
FMI, US$ 1.300 millones del Banco Mundial y US$ 1.000 millones del BID.
En el sector privado, Cavallo negociaría con el apoyo de Rhodes y
Checki el denominado "Bono Patriótico", que, junto con un préstamo con los
bancos, aportó otros US$ 2.000 millones.
A fines de junio de 1995, luego de una caída del 20% en los depósitos
desde el inicio del "tequila", se detuvo la fuga, aunque la economía se
encaminaba a sufrir una recesión del 2,8%, con un nivel de desempleo del
17,5% y una deuda de 98.547 millones de dólares.
103
"Dios nos libre y nos guarde si estas crisis nos hubieran encontrado
con Alfonsín, con José Bordón o con Horacio Massaccesi en el poder", se
ufanó Cavallo, al referirse a los oponentes electorales de "su" presidente.
El ministro había logrado evitar que la corrida contra el peso tuviera
éxito, pero su poder comenzaba a menguar, en forma irremediable.
***
Domingo Cavallo siempre pensó que el ex presidente Carlos Menem le
tenía terror a Alfredo Yabrán, el hombre que apareció muerto en extrañas
circunstancias en una finca entrerriana el 20 de mayo de 1998, luego de ser
acusado y perseguido como supuesto responsable intelectual del crimen del
fotógrafo José Luis Cabezas, de la revista Noticias. Para algunos Menem
sospechaba que el canoso empresario podría haber tenido alguna vinculación
con la "logística" local de los atentados terroristas cometidos contra la
embajada de Israel, la AMIA y con la muerte de su propio hijo.
Como Yabrán estaba ampliamente conectado con el entorno
menemista, el presidente eligió mantener su lealtad con él antes de darle la
razón a su ministro de Economía, quizá por temor a sufrir nuevas represalias.
Pero más allá de las especulaciones, los principales colaboradores de la
primera gestión de Cavallo reconocen que la presentación del ministro de
Economía ante el Congreso el 23 de agosto de 1995, para denunciar que
"Yabrán lidera grupos mafiosos", marcó el fin de la influencia del ministro. "Las
cosas nunca fueron iguales desde entonces; nos destrataban, nos pateaban los
proyectos en el Congreso y no se recompuso su relación con el poder político.
En conversaciones privadas discutimos si valía la pena jugar toda la suerte de
la política económica por un tema así", confesaría un estrecho colaborador del
ministro perteneciente al ala económica. Hasta aquel entonces, Cavallo era un
elemento de peso en la reforma estructural del gobierno. Pero cuando Alfonsín
reingresó en escena en los jardines de Olivos, el cavallismo quedó al margen
de los planes del poder, deslegitimado por el affaire IBM-Banco Nación, que
involucró a uno de los colaboradores del ministro, Aldo Dadone. Según la mano
derecha de Cavallo, con esta denuncia —que también se cobró la cabeza del
104
menemista Juan Carlos Cattaneo— el equipo económico perdió su aura de
honestidad y quedó moralmente diezmado para enfrentar nuevas batallas.
Asegurada la reelección, el presidente comprendió que la influencia del
ministro de Economía podía opacar su segundo mandato y decidió relevarlo.
El mundo financiero contuvo la respiración hasta que, tras recibir varias
negativas, Menem eligió a un insospechado sucesor que se jactaría durante
toda su gestión de hacer política económica "en piloto automático", mientras el
gasto público, la sobrevaluación del peso y la deuda externa no dejaban de
crecer.
105
SIETE Soñar en dólares
Carlos Menem se sentía un jugador muy importante en la arena política
internacional.
Durante su mandato la Argentina se había llevado una buena parte de
los aplausos de la comunidad financiera, aunque desde 1994 casi no había
avanzado en las reformas estructurales pendientes que tanto reclamaban
desde el exterior.
El mandatario se había sobrepuesto a la muerte de su hijo, a la crisis
del "efecto tequila", a la renuncia de Cavallo y a las innumerables denuncias de
corrupción en contra de su círculo más íntimo. Por todas estas razones, a
principios de 1999 mantenía vivo el sueño de postularse para una segunda
reelección, pese a la fuerte oposición de los partidos que integraban la Alianza,
el radicalismo y el Frepaso, y de su propio ex vicepresidente, enemigo íntimo y
aspirante a sucederlo, Eduardo Duhalde.
Aliado incondicional de EE.UU., Menem sabía que en Washington
podía hablar sin tapujos de sus anhelos más íntimos como la "re-reelección",
sobre todo en la Blair House, la residencia para los mandatarios extranjeros
invitados de la Casa Blanca, ubicada en la avenida Pennsylvania, donde
intentaron asesinar al presidente Harry Truman en 1953.
El 13 de enero de 1999, a las 7 de la mañana, el presidente compartía
un desayuno con su amigo, el titular del FMI, Michel Camdessus; su par del
BID, Enrique Iglesias; el secretario del Tesoro, Robert Rubin; el ministro Roque
Fernández, el delegado argentino ante el Fondo, Guillermo Zocalli, y el titular
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Silvani.
Acompañado por David Lipton, uno de sus subsecretarios, Rubin había
conversado por primera vez a fondo con Menem en una conferencia sobre
lavado de dinero desarrollada en Buenos Aires en 1995, en pleno "efecto
tequila".
En aquel entonces, aún no había culminado el escándalo provocado
por las denuncias de blanqueo de fondos del narcotráfico que llevaba adelante
106
la Justicia española contra su cuñada, Amira Yoma, debido a sus presuntas
conexiones con Monzer Al Kassar, el sirio acusado de tráfico de armas que
recibió un pasa-porte argentino en un trámite demasiado expeditivo.
El secretario del Tesoro no quedó muy convencido de las virtudes del
presidente argentino, aunque se conformó con su promesa de ser "un buen
amigo de los Estados Unidos" en las cuestiones referidas al lavado y a otras
asignaturas de la política internacional, tal como lo había demostrado al
desmantelar el proyecto del misil Cóndor que tanto molestaba a Washington.
Cuatro años más tarde, Menem y Rubin volverían a encontrarse en otro
contexto de crisis financiera regional, ya que desde octubre de 1998 Brasil sólo
pagaba sus deudas gracias al respirador artificial que le había facilitado el FMI
por expreso pedido del Tesoro de EE.UU., luego de haber perdido en 60 días
unos US$ 30.000 millones en reservas, a pesar de la negativa expresa de
Europa de otorgarle asistencia a menos que se produjera una fuerte
devaluación del real.
Rubin y el director ejecutivo del FMI, Stanley Fischer, pensaban que un
nuevo default brasileño gatillaría el temido "efecto contagio", tan citado en la
literatura económica, que —sin diferenciar entre los fundamentos económicos
de uno u otro país— derramaría la recesión primero entre las naciones
emergentes y luego en casi todo el resto del mundo.
Tras un breve intercambio de palabras amigables, Rubin rompió la
armonía del desayuno con una pregunta:
—Señor presidente, quisiera saber si usted muy sinceramente piensa
que Brasil puede llegar a devaluar el real.
Menem ni siquiera se esforzó en consultar con su mirada a Roque y le
respondió:
—Eso no puede ocurrir de ningún modo.
Golpeado por la sucesión de las crisis de México, Asia y Rusia, el
funcionario norteamericano se atrevió a retrucar a su invitado:
—Bueno, hechos inesperados pueden ocurrir de un momento a otro.
Dos horas más tarde, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso
anunciaba una devaluación cercana al 9%, luego de cinco años de estabilidad
cambiaria.
107
Paradójicamente, el encargado de darle el golpe de gracia a la suave
banda de corrección cambiaria fue el flamante gobernador de Minas Gerais y
ex presidente brasileño, Itamar Franco, quien en 1994 había gestado el plan
Real para combatir la inflación con un tipo de cambio fijo implementado por
Cardoso como ministro de Hacienda.
Cuando el 7 de enero el gobernador del estado mineiro anunció que no
podía pagar una parte de su deuda de US$ 15.000 millones, los inversores
internacionales se preguntaron si el gobierno no federal no marchaba hacia una
moratoria. Con el correr de los días, el Banco Central del Brasil amplió la banda
cambiaria en primer término y luego dejó flotar el dólar ante la fuerte corrida
contra el real, que en dos semanas se devaluaría en un 74 por ciento.
La decisión de la principal economía sudamericana asestaba un duro
golpe a la convertibilidad argentina, que, si bien sobrevivió otros tres años,
desde entonces nunca pudo abandonar su destino de agonía.
Menem no podía soportar este acto de supuesta traición de Cardoso y,
cuando jugaba al golf en un campo de Austin, Texas, con sus amigos los Bush,
el ex y el futuro presidente, tramó la revancha, mientras su ministro de
Economía se refugiaba en la casa de una de sus hijas en Nueva York.
En público, el líder peronista amagó con esconder su ira.
"Nosotros vamos a mantener este modelo que pusimos en marcha en
1989, no vamos a devaluar; hay reservas en el Banco Central más que
suficientes para resolver cualquier situación de emergencia. Lo de Brasil
técnicamente no es una devaluación, es una variación de la banda cambiaria
que trajo como consecuencia una devaluación de algo más del ocho por
ciento", disimuló. La poción mágica apareció en el viaje de regreso a Buenos
Aires, cuando su fiel secretario general, Alberto Kohan, le reveló que una parte
del equipo económico analizaba en secreto desde hacía un tiempo atrás la
alternativa de la dolarización.
Durante el vuelo, Menem descansó un buen rato y luego convocó a
Carlos Silvani para dialogar a solas. Después de conversar sobre algunas
cuestiones familiares poco relevantes, el presidente le preguntó su opinión
sobre la respuesta que debía dar la Argentina ante la devaluación brasileña.
Temerario, Silvani se animó a aconsejarle la misma receta:
108
—Yo creo que hay que dolarizar, aunque esto debería hablarlo con
Roque —se atajó el hombre encargado de recaudar impuestos, que había
trabajado durante muchos años en el Fondo Monetario.
Sin consultarlo con nadie, ni siquiera con su ministro de Economía,
apenas tocó suelo nacional Menem propuso, desafiante, que toda América
marchara "rápidamente hacia una moneda única".
***
El sueño de la dolarización apareció en la cabeza de Pablo Guidotti
mucho tiempo antes de la debacle brasileña.
Durante el "tequila", cuando Guidotti se desempeñaba como director y
Roque Fernández como presidente del Banco Central, ambos analizaron la
posibilidad de despojarse completamente de la moneda nacional, para evitar el
impacto negativo provocado por las corridas cambiarías sobre los flujos de
capitales.
Guidotti, doctorado en Economía en la Universidad de Chicago en
1985, sostenía que la tasa que pagaba el país por los bonos en dólares
reflejaba un riesgo implícito de devaluación que quedaría eliminado a través de
un tratado monetario con los Estados Unidos.
Con el 93% de la deuda denominada en dólar y la mayoría de los
ingresos en pesos, una depreciación de la moneda generaría un gran riesgo de
default por parte del gobierno nacional, según el economista. Pero si la
Argentina, que ya había resignado una buena parte de su autonomía monetaria
con la convertibilidad, se decidía a dolarizar su economía, lograría una
reducción de 100 o 200 puntos básicos en el Emerging Markets Basic Index-
Argentina (EMBI-Ar) elaborado por el banco de inversión JP Morgan sobre la
base del rendimiento de los títulos soberanos.
Los beneficios teóricos de la iniciativa parecían claros: caída en la
inflación, en las tasas de interés y en el costo de las transacciones financieras.
Temeroso de aparecer como el destructor del plan de Convertibilidad
del ministro Cavallo, el presidente del Central no le prestó demasiada atención
a su colaborador, a pesar de que en los EE.UU. algunos funcionarios
importantes también pensaron en el mismo remedio para la Argentina.
109
Dos años después, cuando la deuda pública ascendía a US$ 101.100
millones, Roque era ministro de Economía y Pablo era secretario de Hacienda,
viceministro y encargado de imaginar el programa económico poscavallista.
Con todas estas medallas, Guidotti discutió su idea en forma reservada
con Fischer y Lawrence Summers en los cónclaves del Grupo de los 22, que
reúne a un conjunto de países desarrollados y en desarrollo.
Fischer creía que la dolarización no era una solución para un país que
había perdido competitividad en sus exportaciones. Con el objetivo de controlar
la inflación, la convertibilidad había provocado un considerable atraso en el tipo
de cambio real, que mide el valor de la moneda local frente a otras divisas.
Si la posibilidad de flexibilizar la convertibilidad parecía peligrosa, la
alternativa de dolarizar resultaba peor para el director ejecutivo del Fondo
Monetario nacido en Zambia en 1943 y doctorado en el Massachusetts Institute
of Technology (MIT), quien representaba los intereses de la administración
demócrata en el organismo multilateral de crédito.
Summers, en cambio, tenía sensaciones contrapuestas cuan-do
dialogaba con Guidotti. Por un lado, recordaba sus papers a favor de la
dolarización cuando se desempeñó como economista en jefe del Banco
Mundial —el mismo cargo que Fischer ocupó antes de ingresar al FMI— y le
agradaba pensar que la Argentina fuera un caso testigo para que luego el resto
de América latina se plegara a la divisa más fuerte del mundo. Por el otro,
reconocía que la distancia entre ambas economías era abismal como para
lograr una exitosa integración efectiva en pocos años y sin riesgos. Un país tan
inestable como la Argentina podía sufrir una crisis de su deuda aun con
dolarización, razonaba el subsecretario del Tesoro.
Sin embargo, tanto Summers como algunos funcionarios de la Reserva
Federal, entre ellos la mujer que secundó a Alan Greenspan durante tres años,
Alice Rivlin, accedieron a debatir técnicamente tres aspectos pesados del
posible acuerdo con Guidotti y con el economista Andrew Powell del BCRA: la
supervisión de los bancos argentinos, el rol de prestamista de última instancia y
la pérdida del señoreaje, unos US$ 800 millones que el país recibía
anualmente por la emisión de billetes y que se esfumarían con la adopción del
dólar como moneda única. Los primeros dos temas quedaron rápidamente en
el olvido, ya que la Reserva Federal no se planteaba asumir semejante
110
responsabilidad. En cuanto al señoreaje, se estudió la forma de compensar a la
Argentina con alguna línea del Tesoro o de los bancos privados. Guidotti creía
que si el gobierno recibía estos US$ 800 millones, podía utilizarlos para buscar
financiamiento "triple A" en el mercado, sin ningún riesgo, y obtener unos US$
10.000 millones que respaldaran la base monetaria.
El parco funcionario norteamericano masticó la idea y volvió a debatirla
en París en 1998, durante la asamblea anual del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), con Guidotti; el ministro Roque Fernández; el nuevo titular del
Banco Central, Pedro Pou; el subsecretario de Financiamiento, Miguel Kiguel, y
el joven jefe de asesores de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Luego de la tormenta del sudeste asiático —y con las nubes colocadas
cerca de Rusia— los funcionarios argentinos le explicaron a Summers que un
acuerdo bilateral sería una traba para que el gobierno evitara caer en la
tentación del pecado de la devaluación que había seducido a otros países
emergentes.
El subsecretario del Tesoro respiró hondo y les explicó que la
negociación sólo podía tomar vuelo si el gobierno argentino solicitaba el
matrimonio monetario en forma oficial.
"Mientras tanto, entiendan que no podemos meternos y, más aún, si
nos preguntan algo debemos expresarnos en contra de la idea", remató.
De hecho, cuando el senador republicano Connie Mack, de Florida,
presentó un proyecto en la Cámara alta de su país para impulsar que los
países que dolarizaran recibieran una parte del señoreaje, el Tesoro le bajó el
pulgar, a pesar de toda la ilusión de Guidotti y sus muchachos.
***
Aunque el viceministro se concentró en los detalles técnicos de la
propuesta, no dejaba de pensar en la importancia de otorgarle un buen soporte
político, ya que el tratado sólo podía tener éxito si gozaba de la ratificación
parlamentaria de ambos países.
El funcionario no sólo tenía temor por los habituales cambios abruptos
en las reglas de juego de la política argentina, sino también por la posible
influencia de la política exterior norteamericana sobre el área monetaria.
111
Guidotti recordaba que Panamá, el primer país latinoamericano en
dolarizar su economía en forma unilateral, había sufrido el abrupto corte del
envío de los billetes norteamericanos cuando el gobierno de George Bush
decidió arrancar del poder por la fuerza en 1989 al presidente Manuel Noriega,
un ex aliado incondicional de la CIA que terminó preso en el estado de Florida
acusado de narcotráfico.
Apenas se separó de Colombia en 1904, Panamá adoptó el dólar como
su moneda y en 1970, luego del conflicto del canal y de un golpe de Estado, se
convirtió en un atractivo centro financiero off shore, con una inflación más leve
que sus vecinos, pero sin evitar el sabor amargo de un default.
Años más tarde, cuando Menem y Guidotti ya habían dejado el
gobierno, en un contexto inestable Ecuador fue el segundo país de la región en
dar un paso similar en marzo de 2000, para intentar reducir sus galopantes
precios. Si bien Jamil Mahuad, el presidente que impulsó la desaparición del
sucre luego de una devaluación del 197%, fue derrocado por un grupo de
coroneles e indígenas, su sucesor, Gustavo Noboa, continuó con la misma
política económica y logró reducir la inflación del 90% en 2000 al 40% un año
después.
En paralelo, el gobierno salvadoreño de Francisco Flores se sumaba al
pelotón dolarizador con la intención de transformarse en otra meca para las
inversiones extranjeras en condiciones macroeconómicas más favorables que
sus vecinos, luego de obtener una curiosa bendición de Larry Summers.
"Yo creía que El Salvador era una república bananera más como otras
naciones de Centroamérica; después me puse a estudiar los informes
económicos sobre el estado de la economía de su país y ahora puedo
advertirles que, si me lo piden, tienen todo mi apoyo para que se dolaricen",
afirmó sin ruborizarse el funcionario de la administración Clinton ante las
autoridades económicas del castigado país centroamericano.
Pero cuando Menem hizo pública su propuesta, Estados Unidos reiteró
su oposición a firmar un tratado de integración. Desesperado, el presidente
aceptó la idea de avanzar en un plan de dolarización unilateral que le había
soplado al oído Pedro Pou y que Fernández y Guidotti rechazaban en forma
rotunda por considerar que no generaría la baja del riesgo país deseada.
112
Con un gran sentido de la obediencia política, en una semana el titular
del Banco Central preparó un informe para exponer ante el gabinete nacional y
abandonó su habitual bajo perfil para comentarlo en una conferencia de
prensa.
"Ahora tenemos unos próceres en los billetes, pasaríamos a tener
otros", simplificó Pou. Con su habitual voz ronca y su escasa cintura política, el
funcionario sostuvo que la convertibilidad no había logrado una confianza ciega
y que el país debía resignarse a aceptar su pertenencia a la zona de influencia
del dólar, aunque el gobierno norteamericano se hiciera el distraído.
Junto con el embajador ante los Estados Unidos, Diego Guelar, el
funcionario peregrinó por los mismos despachos de Washington que había
frecuentado Guidotti previamente, aunque con menos suerte. Los técnicos
norteamericanos estaban espantados, sobre todo, por la presencia de aquel
poco riguroso embajador.
Por lo bajo, Fernández y Guidotti desautorizaron estas gestiones,
porque creían que, a tan pocos meses de las elecciones, un gobierno que
comenzaba a preparar su retirada no podía iniciar semejante cambio de política
monetaria, sobre todo ante el fuerte rechazo expresado por la mayoría de los
partidos políticos.
"Lo que se interpreta afuera del país es que el gobierno no tiene mucha
confianza en su propia moneda y en el esquema monetario que tiene
montado", afirmó el economista justicialista Roberto Lavagna, futuro ministro de
Economía de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
Pero tal vez el más dolido de todos fue el padre del plan
antiinflacionario lanzado en 1991. "El gobierno no debe tratar de imponer la
dolarización en forma compulsiva, porque la Ley de Convertibilidad prevé que
se haga en forma voluntaria", sentenció Domingo Cavallo.
Tres años después de su renuncia, el ex ministro de Economía creía
que Roque Fernández había desaprovechado en 1997 una valiosa oportunidad
para dejar flotar el tipo de cambio, aunque el FMI pensaba que el timing ideal
hubiera sido entre 1993 y 1994, en plena etapa de crecimiento y reformas.
A pesar de los múltiples cuestionamientos recibidos, Menem no se dio
por vencido y, en una reunión de gabinete, le pidió a su ministro que avanzara
con el proyecto de dolarización unilateral.
113
—Presidente, hay un factor difícil de anticipar, que es la reacción de la
gente a cobrar billetes con la cara de Washington en vez de la de San Martín
—le advirtió el tímido economista cordobés escudado en sus anteojos.
—Vos probá con pagarles a los empleados del Ministerio de Economía
en dólares para ver cómo reaccionan y después hablamos —le respondió
Menem, provocando risas en el resto de los ministros.
Roque se resignó a sufrir la broma y Menem a dejar el sillón de
Rivadavia sin haber podido consumar su venganza contra Brasil.
***
Roque Fernández nunca se sintió demasiado a gusto como titular del
Ministerio de Economía.
Cuando Menem tomó la decisión de deshacerse de Cavallo, luego de
obtener la reelección en mayo de 1995, comenzó una discreta ronda de
contactos, liderada por su estratega político y primer jefe de Gabinete, Eduardo
Bauzá, para sondear la reacción del poder económico nacional y extranjero
ante el eventual reemplazo del superministro de Economía.
Las señales que recibió el delegado del presidente fueron claras:
Cavallo ya no era una pieza vital para mantener la estabilidad, pero cualquier
cambio de piezas debía esperar hasta que se despejara la tormenta del
"tequila". Lentamente, el mercado fue tanteado hasta que reaccionó en forma
positiva a la posibilidad de un cambio en el Palacio de Hacienda.
"En realidad los inversores estaban cansados de Cavallo por-que en
sus giras por el exterior hacía promesas sobre el crecimiento y la baja del
déficit que ya no se cumplían", admitió uno de los banqueros consultados
durante aquellos meses de zozobra.
En julio de 1996, cuando el vínculo con el superministro ya estaba
totalmente quebrado, el jefe de Estado decidió que debía actuar para darle un
nuevo perfil a su segundo mandato.
Sin dudar, Bauzá sondeó al ex ministro Roberto Alemann, quien ya se
había negado a reemplazar a Javier González Fraga en el Banco Central cinco
años antes. "Le agradezco, pero la última vez que me hice cargo del Ministerio
de Economía me inventaron una guerra y no estoy dispuesto a repetir esa
114
desagradable experiencia", lo despachó el veterano economista liberal, todavía
sensibilizado por el recuerdo de su convulsionada gestión durante el conflicto
bélico por las Malvinas en la penúltima etapa de la dictadura militar.
Bauzá se dirigió entonces al ronco hincha fanático del Club Atlanta,
Miguel Ángel Broda, un consultor polémico de la city porteña. Como la mayoría
de sus colegas, Broda aspiraba a transformarse en algún momento en ministro,
pero sucederlo a Cavallo no parecía ser la mejor opción para concretar su
sueño. Para disfrazar su negativa con exigencias, Broda impuso como
condición que el Congreso bendijera su nombramiento y pidió quince días para
su designación.
El tercero en la lista era Fernández, otro economista cordobés nacido
en abril de 1947, que logró su doctorado en Chicago a los 28 años y que luego
fue docente, asesor de empresas y de los organismos internacionales hasta
que desembarcó en el Banco Central de la mano del segundo ministro de
Economía del régimen menemista, Néstor Rapanelli.
Fernández no quiso saber nada cuando le ofrecieron ocupar el sillón
que dejaba su coterráneo y propuso para el cargo a Pou, con quien compartía
la propiedad de algunos campos en el interior del país y, junto con Carlos
Rodríguez, la paternidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la
Argentina (CEMA), de raíces liberales y fundado en 1978.
Pou, ingeniero agrónomo y ministro de Economía de la gobernación
militar bonaerense encabezada por el empresario Jorge Aguado en 1981,
declinó "por razones personales" y a Roque no le quedó otra alternativa más
que aceptar.
El primer consejo se lo dio su amigo Carlos Rodríguez, al recomendarle
que formara un "consejo consultivo de lujo" integrado con otros economistas,
como Guillermo Calvo, recibido en la Universidad de Yale y famoso por prever
la crisis que derivó en el "efecto tequila".
La segunda recomendación fue la del titular de la filial de un banco
norteamericano radicado en el país: "Salgan a defender el prestigio que tienen
para que no se los lleven puestos", les advirtió. Además de designar a Guidotti
en Hacienda, a Rodríguez como jefe de asesores y a Kiguel en Financiamiento,
el tímido ministro ungió a Eugenio Pendás, superintendente de bancos durante
el "tequila", en Programación Económica; a su cuñado Julio Cáceres como
115
secretario de Coordinación, y al ambicioso joven Rogelio Frigerio, nieto del
hombre fuerte de Arturo Frondizi, en la Subsecretaría de Relación con las
Provincias para manejar el vínculo con los gobernadores peronistas.
"Mi equipo era excelente y yo no tuve que poner nada de materia gris;
sólo me dedicaba a buscar consenso político", se enorgullecería Fernández al
regresar a la tranquilidad del claustro docente del CEMA.
Aunque Guidotti, Pendás y Cáceres manejaban el Palacio de
Hacienda, el ministro estaba enamorado de la agenda temática de su asesora
preferida, Carola Pessino, otra egresada de Chicago, que se encargó de la
Secretaría de Equidad Fiscal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
A diferencia de Cavallo, Roque no ejercía un rol paternalista sobre los
miembros de su gabinete, quienes comenzaron a desertar, uno por uno. Calvo,
Rodríguez y Pendás —que pasó a Obras Públicas— se fueron con diferentes
excusas, mientras que Pessino quedó relegada tras pelearse con el ministro de
Trabajo, Armando Caro Figueroa, por la reforma laboral y con Frigerio (n.) por
la coparticipación federal.
La salida de Rodríguez fue la que más alivió al poder político, harto de
las provocativas y continuas declaraciones públicas de este liberal fanático
también egresado con un Ph. D. de Chicago.
A pesar de estos cambios de figuras, el equipo nunca abandonó la
estrategia de manejar la política económica con la menor cantidad de
sobresaltos y paquetazos posibles, para contrastar con la hiperquinética
gestión cavallista.
La exacerbada tranquilidad los llevó a definirse como integrantes de
una gestión en "piloto automático". El ministro se tomó tan en serio esta actitud
que hasta en las giras más complicadas para visitar inversores en el exterior,
mantuvo su curiosa costumbre de desaparecer durante uno o dos días para
atender su pasión por el campo, como cuando dejó la reunión del Foro
Económico Mundial que se desarrollaba en Nueva York para disfrutar de una
feria de granjeros en Wisconsin o cuando se trasladó a Iowa para asistir a un
curso sobre trasplantes embrionarios.
***
116
Mientras el viceministro discutía ideas, el subsecretario de
Financiamiento, Miguel Kiguel, se ocupaba de seducir inversores en todo el
mundo para lograr la mayor cantidad posible de fondos.
Kiguel dividía su tiempo en negociar con los bancos de inversión —
ávidos por lograr altos retornos en un mercado emergente que había eliminado
toda traba al movimiento de capitales— y en persuadir a las principales
calificadoras de riesgo, Standard & Poor's y Moody's, para que le otorgaran al
país la mejor nota posible.
Cuando el banco Morgan Stanley le propuso la emisión de un bono a
100 años, Kiguel la rechazó al considerar que la tasa era demasiado alta, ya
que soñaba graduar al país en un plazo de cinco años con la nota "triple A".
A diferencia de su sucesor, Daniel Marx, Kiguel buscó aprovechar las
"ventanas" que le abría el mercado internacional, sin establecer fechas fijas
para la colocación de títulos. Marx, en cambio, pensaba que si los inversores
conocían las reglas de juego financieras de antemano, el país podría lograr una
reducción en las tasas de interés, aunque a su turno el contexto político-
económico local no favoreció sus planes.
En todo caso, Kiguel parece haberse arrepentido de no haber
desarrollado más instrumentos de captación de fondos en pesos puertas
adentro del país, para evitar los sofocones registrados cada vez que se
cerraban las compuertas del mercado en el exterior.
Sin embargo, en 1997 parecía difícil pensar en un horizonte de crisis.
Luego de la recesión del 2,9% en 1995, la economía creció un 5,5% en 1996 y
un 8,1% un año después.
La mayoría de los economistas estaba más preocupada por el excesivo
"recalentamiento" en el nivel de actividad y su impacto sobre el déficit de la
cuenta corriente, que por la excesiva dependencia del plan de Convertibilidad
respecto del ingreso de capitales. El entusiasmo con la Argentina, según el
nostálgico recuerdo de un veterano banquero, era "fenomenal" en 1997,
cuando se colocaron títulos por US$ 9.272 millones con un costo adicional de
261 puntos básicos sobre el rendimiento que pagaban los bonos del Tesoro de
los Estados Unidos.
117
Los inversores norteamericanos aparecían muy receptivos para
comprar bonos largos y, más cautos, sus pares europeos optaban por
instrumentos de mediano plazo.
Tal vez esta euforia llevó al ministro Roque Fernández a pronosticar
que la crisis del sudeste asiático, iniciada a partir del derrumbe del bath
tailandés a principios de julio de 1997, sólo duraría "un par de semanas", sin
generar ningún efecto de contagio sobre América latina.
A pesar de sus diferencias, la mayoría de los países en desarrollo del
Extremo Oriente se derrumbó tras haber alimentado una espeluznante burbuja
especulativa en el sector privado a través del mercado internacional de
capitales, al que algunos de sus líderes, como el presidente malayo Mahatir
Mohamad, luego culparon por la crisis. Bancos locales poco sólidos, precios
absurda-mente altos en el sector inmobiliario y sistemas con tipo "de cambio
fijo, terminaron de conformar el cuadro del desastre que afectó a los pujantes
"tigres asiáticos". Tailandia, Malasia, Filipinas, Singapur e Indonesia fueron
obligadas a devaluar, sin piedad.
El Banco Central de Tailandia había mantenido una tasa fija de cambio
cercana a 25 bath por dólar durante más de una década en la que el reinado
con las playas más famosas de la región alcanzó tasas de crecimiento anual
del 9%, motorizado por las inversiones extranjeras y, en particular, de origen
japonés.
Luego de experimentar un aumento anual del 19% en las
exportaciones durante la primera parte de los '90, la competitividad tailandesa
comenzó a sufrir un fuerte freno a partir de 1995, cuando el dólar comenzó a
apreciarse frente al resto de las monedas fuertes del mundo.
Sin embargo, las tasas de interés locales permanecieron en un nivel
altamente sabroso como para lograr atraer más "dinero caliente" que
cualquiera de sus vecinos.
En mayo de 1997, ante un panorama de alto riesgo financiero, basado
en un importante nivel de déficit en la cuenta corriente, el Fondo Monetario
intentó persuadir al gobierno de efectuar una devaluación del 10% al 15% del
bath, pero no lo logró.
Cuando los fondos de cobertura y los inversores locales comenzaron a
huir en masa, obligaron al gobierno tailandés a ceder, a cambio de un paquete
118
de asistencia internacional por US$ 17.000 millones para recuperar reservas y
poder sostener la depreciada moneda local con más energía.
El resultado inicial del salvataje no resultó muy halagador y el bath
cayó hasta 56 por dólar a principios de 1998, cuando la rupia indonesia se
cotizaba a 15.000, tras sufrir una caída del 85% en un semestre. A pesar de
recibir una ayuda de US$ 33.000 millones en noviembre de 1997, la economía
de Indonesia sufriría una recesión del 14%, mientras el régimen de Suharto se
desintegraba luego de 26 años en el poder, hasta colapsar en mayo de 1998,
en un contexto de aguda violencia social.
En paralelo, Corea del Sur pedía auxilio al FMI, semanas después de
que el organismo multilateral asegurara que no había motivos para pensar que
la industrializada economía asiática pudiera sufrir del "efecto contagio".
Con 45 millones de habitantes, la Corea de Kim Young Sam registró
tasas de crecimiento del 8,4% en 1994, 9% en 1995 y 7,1% en 1996. Los
chaebols, tradicionales conglomerados industriales entrelazados con el poder
político que motorizaban la economía surcoreana, habían sido los destinatarios
predilectos de los préstamos del frágil sistema financiero, hasta que quebraron
en cadena. A su turno, el nuevo presidente elegido en los comicios del 18 de
diciembre de 1997, Kim Dae Jung, también recibiría su propio rescate de
Navidad por US$ 55.000 millones. Sin embargo, el anuncio de la ayuda
internacional fue insuficiente como para frenar el derrape del won y el
estratégico aliado de los Estados Unidos en el este asiático quedó al borde del
default, ya que los inversores comprendieron que los plazos previstos para
desembolsar el rescate no "calzaban" con los vencimientos de la deuda.
El "Comité para Salvar al Mundo", tal como la revista Times definió a
Rubin, Summers y Greenspan, emprendió una agresiva estrategia para que los
bancos que le habían prestado a Corea aplazaran vencimientos de corto plazo
por US$ 22.000 millones.
La administración demócrata se tomó un respiro luego de frenar esta
catarata de crisis financieras, que no llegaron a desestabilizar a la valiosa
convertibilidad de Hong Kong a pesar de una fuerte corrida sufrida a fines de
1997, cuando la ex colonia británica recién volvía a ser parte de China.
Pero la calma financiera sería efímera, ya que en paralelo la economía
de la Rusia poscomunista comenzaba a exhibir profundas grietas, a partir de
119
caóticos cambios políticos, un déficit fiscal anual del 8% desde 1996, una fuerte
caída en los términos de intercambio y en la confianza de los inversores. A
mediados de julio de 1998, el gobierno de Boris Yeltsin recibió un préstamo de
US$ 22.500 millones para frenar la fuga de capitales, pero su efecto fue nulo.
En los treinta días que siguieron al anuncio del crédito del organismo
que conducía Michel Camdessus, la bolsa de Moscú cayó un 48% y el 17 de
agosto, el gobierno anunció una fuerte devaluación del rublo y la
reestructuración de los pagos de su deuda pública. Aunque la situación
comenzó a estabilizarse a partir de septiembre, el FMI recibió duros
cuestionamientos cuando trascendió que una buena parte de sus desembolsos
habían caído en el gran agujero negro de la economía rusa, denominado el
"Chernobyl financiero", en referencia a la trágica explosión de la central nuclear
de Ucrania ubicada a 700 kilómetros de Moscú, que el 24 de abril de 1986
causó la muerte inmediata de 31 personas y la contaminación de miles de
seres humanos en toda la región.
Mientras tanto, en Occidente, otro "Chernobyl" estaba a punto de
estallar. El Long Term Capital Management, un hedge fund de Connecticut que
contaba con el asesoramiento de dos economistas ganadores del Premio
Nobel, había quedado mortalmente herido por el terremoto ocurrido en los
mercados emergentes, luego de haber gozado de un meteórico crecimiento
que le permitió obtener una ganancia de US$ 2.100 millones en 1996.
Con un capital que había rozado los US$ 7.000 millones, LTCM logró
mágicos rendimientos del 40% anual para sus inversores, que incluían desde
fondos de Wall Street hasta amas de casa y estudiantes norteamericanos.
Cuando Rusia blanqueó su default, se encendió la luz de alarma en el Tesoro y
en la Reserva Federal ya que, tras haber perdido unos US$ 6.000 millones de
su capital, el fondo de cobertura no estaba en condiciones de seguir
cumpliendo con sus compromisos.
Si el LTCM se desplomaba, el "efecto manada" observado en el mundo
emergente se trasladaría en pocos días al corazón financiero de los Estados
Unidos y obligaría a suspender por un tiempo las operaciones de
comercialización de los bonos norteamericanos, con consecuencias nefastas
sobre la estabilidad global.
120
Una vez más, el "Comité" unió sus poderes durante una agitada
semana para que las principales entidades de Nueva York reunieran
milagrosamente US$ 4.000 millones el 23 de septiembre de 1998. Sin
embargo, la resaca sucesiva de crisis y operaciones de rescate dejó al
descubierto la debilidad de los gobiernos y la ineficacia del FMI para combatir
los virulentos ataques especulativos del mercado de capitales.
***
Mientras Rubin y Greenspan quemaban todas sus energías para evitar
que se concretara la peor pesadilla financiera de Occidente, el equipo de
Roque Fernández actuó con gran celeridad para preservar la tranquilidad
fronteras adentro del país.
Rápido de reflejos, Kiguel viajó a Washington con el objetivo de cubrir
un importante bache de financiamiento que ya no podría pavimentarse en el
mercado voluntario.
Con la valiosa colaboración de la directora del Departamento de
Proyectos Financieros del Banco Mundial, Nina Shapiro, el subsecretario de
Financiamiento logró que la Argentina fuera la primera nación en recibir
asistencia internacional luego del default ruso. "Les ganamos de mano a todos
y dejamos casi sin plata a Colombia, que llegó después que nosotros", se jactó
el amable funcionario argentino que antes había trabajado en el banco
multilateral.
Aunque los inversores anticipaban que las próximas víctimas del
mundo emergente serían Brasil y la Argentina, Kiguel diseñó un original
esquema que combinaba una serie de préstamos con un bono Global por US$
1.500 millones, garantizado con US$ 250 millones del Banco Mundial, para que
el país pudiera cerrar su brecha al menos durante un semestre. Tan sólo en el
último trimestre de 1998, el gobierno requería unos US$ 2.000 millones para
cumplir con sus compromisos financieros.
A esa altura del año, la suerte del Brasil también dependía
exclusivamente de los préstamos "preventivos" de la comunidad internacional.
121
El presidente del banco, James Wolfensohn, pareció entender mejor
que otros funcionarios en Washington el peligro de una nueva ronda de
cesaciones de pago en la región.
"El mundo no puede soportar una crisis en América latina; si eso
sucede, tendrá efecto no sólo sobre los países emergentes, sino también sobre
los desarrollados", sostuvo el banquero nacido en Australia.
El 16 de septiembre de 1998, con la deuda externa ubicada en US$
140.884 millones y el pasivo público en US$ 109.376 millones, el viceministro
Pablo Guidotti se dio el gusto de anunciar que el país estaba en condiciones de
acceder a unos US$ 5.700 millones, divididos entre US$ 3.000 millones del
Banco Mundial, US$ 1.500 millones del BID y US$ 1.200 millones de las
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Del total de la deuda soberana, US$ 78.541 millones correspondían a
bonos, US$ 16.470 millones a los organismos multilaterales, US$ 7.201
millones a otros gobiernos y solamente US$ 3.494 millones a la banca
comercial.
"Esta asistencia le facilitará al país cerrar sus compromisos hasta el
primer trimestre de 1999 sin tocar los US$ 2.800 millones del programa con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), que quedará como una contingencia",
precisó Guidotti con la intención de contrarrestar las fuertes operaciones de
especulación en contra del peso.
A partir de abril se necesitarían otros US$ 10.400 millones para sellar
las necesidades financieras de 1999.
Las aguas parecieron calmarse hasta que en diciembre de 1998 el
auditor chileno Tomás Reichmann, del Departamento del Hemisferio Occidental
del FMI, advirtió que la Argentina se quedaría sin la cobertura del acuerdo de
facilidades extendidas vigente si el Congreso Nacional no aprobaba una ley
para modificar el sistema de distribución de recursos entre la Nación y las
provincias de la flamante reforma impositiva, con el objetivo de garantizar una
reducción de los aportes patronales.
Guidotti amplificó las palabras de Reichmann al advertir que, sin el
acuerdo del FMI, se perderían unos US$ 2.800 millones que integraban el vital
cinturón de financiamiento externo y, además, sería imposible reducir los
impuestos al trabajo para bajar el desempleo. Finalmente, Economía pudo
122
lograr que el Poder Legislativo sancionara la fijación de un "piso" y un "techo"
para las transferencias a las provincias, aunque el sueño de bajar los aportes
patronales quedó acotado por la maldita devaluación del real. Cuando los
efectos "vodka" y "caipirinha" se combinaron, por primera vez el equipo
económico se resignó a admitir que la Argentina debería soportar una extensa
travesía por el desierto antes de volver a disfrutar del oasis del crecimiento.
***
Con su pelo negro rizado, su español con toques de cocoliche y sus
vestidos color pastel, Teresa Ter Minassian se ganó fama de mujer dura
apenas ingresó al Fondo Monetario.
Graduada en la carrera de Derecho de la Universidad de Roma y en
Economía de Harvard, pasó del Banco Central de Italia a Washington sin
escalas para dirigir la división del sur europeo del FMI y sellar el último acuerdo
entre el organismo multilateral y un país del Viejo Continente, Portugal.
En 1986 la economista fue trasladada a su querido Departamento de
Asuntos Fiscales, que luego abandonó por un tiempo para encabezar, como
subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, las delicadas
negociaciones con Brasil y la Argentina.
Experta en federalismo fiscal y manejo presupuestario, Ter Minassian
comenzó a cuestionar el alto gasto provincial desde el primer día que pisó
Buenos Aires.
El FMI pretendía que la Argentina contabilizara su déficit en términos
consolidados, con las cuentas públicas de los 24 estados provinciales y no sólo
del gobierno central. A cambio, el organismo estaba dispuesto a firmar un
nuevo acuerdo preventivo con el país a pesar del incumplimiento de las metas
registrado en el primer semestre de 1996.
Guidotti accedió a negociar un nuevo programa por tres años, pero le
explicó a Ter Minassian que el gobierno nacional no podía exigirles un control
mayor a las provincias. "Éste es un país federal", le repetiría una y otra vez el
prolijo viceministro a la obstinada economista italiana.
Con escaso poder político, el equipo económico no parecía dispuesto a
colocar presión para que los gobernadores controlaran sus cuentas fiscales,
123
que en una década registraron un déficit de US$ 16.366 millones. Más aún, el
Ministerio de Economía nunca se opuso a autorizar las emisiones de
endeudamiento provincial, a tasas absurdamente elevadas, que debieron ser
reestructuradas cuando la noche caía sobre el plan de Convertibilidad.
El déficit consolidado del Estado pasó de US$ 10.094 millones en 1992
a US$ 15.002 millones en 1996 y a US$ 18.585 millones en 1999. Durante toda
la década dorada, totalizó US$ 108.634 millones.
El staff del Fondo aceptaba siempre a regañadientes las excusas de
Guidotti y Fernández, quienes durante 1997 y los primeros tres trimestres de
1998 se ampararon en el cumplimiento de las metas fiscales del gobierno
nacional para no recibir mayores retos desde Washington. "Nosotros nos
tomábamos las metas como una exigencia light porque no necesitábamos los
préstamos previstos en el acuerdo", admitió un integrante de aquel gabinete
económico.
De hecho, luego del default ruso, el Fondo accedió primero a ampliar la
pauta de déficit anual de 1998 de US$ 3.500 millones a US$ 3.850 millones y
luego convalidó que la proyección del resultado fiscal negativo de 1999 se
estirara de US$ 2.950 millones a US$ 5.100 millones.
Con la misma generosidad, el pronóstico del PBI para el año en el que
Menem dejaba el poder pasó de un crecimiento del 3,5% a una caída del 1,5%.
Como contrapartida, el staff exigió la sanción de cuatro leyes que
nunca dieron a luz: la convertibilidad fiscal para crear un fondo estabilizador, la
modificación de la carta orgánica del Banco Central para avanzar en la
reestructuración del sistema financiero, la eliminación de la prestación básica
universal en el sistema de jubilaciones y una nueva coparticipación federal.
Un experimentado integrante del Departamento del Hemisferio
Occidental se lamentaría luego de la debacle del año 2001 por no haber
apretado más las clavijas durante el segundo gobierno menemista.
"Deberíamos haber pedido más ajuste, porque hubiera actuado en forma
expansiva; pero ese equipo nunca quiso morder el polvo en términos políticos y
después de Rusia ya no se podía hacer nada porque la convertibilidad estaba
bajo ataque", confesó con cierta tristeza.
Por otra parte, Ter Minassian y su subordinado, Tomás Reichmann,
sabían que no podían avanzar demasiado en sus exigencias ya que, cada vez
124
que se enojaban, el ministro de Economía le pedía a Menem que hablara con
Camdessus y la situación volvía a fojas cero.
Con bronca, el staff del Fondo recuerda que, antes de que Camdessus
emprendiera uno de sus habituales viajes a la Argentina, le rogaron que no
aceptara la postura del gobierno de sancionar la polémica reforma laboral por
decreto, sin el aval del Congreso, porque le restaría legitimidad.
Apenas aterrizó en Buenos Aires, Menem convenció al director gerente
de lo contrario y la disputa quedó saldada.
Hasta el final de sus respectivos mandatos la relación entre ambos
funcionarios gozó de un encanto especial, que le permitió al presidente
argentino disertar ante la 53a asamblea anual del organismo en octubre de
1998 en Washington, luego de Bill Clinton, a pesar de no haber sido invitado y
a raíz de una gestión especial del canciller de las "relaciones carnales", Guido
Di Tella.
"El mejor presidente de los últimos 50 años es Carlos Menem", lo
endulzó Camdessus, luego de aclarar que el propio jefe de Estado argentino
había pedido participar del cónclave, al que no suelen asistir otros mandatarios
más que el del país anfitrión.
"He sido informado de la intención del presidente de asistir a la reunión
anual y doy la bienvenida a su decisión", explicó el ejecutivo francés. En la
intimidad, Camdessus estaba orgulloso de poder exhibir a Menem como un
supuesto "ejemplo exitoso" de las reformas impulsadas por el organismo
multilateral, frente a tantas críticas recibidas por los temblores ocurridos
durante la segunda mitad de los '90.
Dos años después, en una autocrítica tardía, el FMI elaboró un
documento que expresaba que en 1999 "el descontento social en la Argentina
fue alimentado por la percepción de falta de transparencia y el derroche del
gasto; hubo un exceso significativo en los gastos reflejando las presiones
electorales".
El aumento del desempleo, la pobreza, el déficit y la deuda externa se
mencionaba en el informe como la pesada herencia que dejaba un presidente
al que tanto el organismo de crédito como el mercado no habían dudado en
apoyar en forma incondicional durante los últimos años de su mandato.
125
En el Tesoro de EE.UU. nadie se hizo cargo tampoco. "Poca gente se
preocupó por la suba del déficit y además todos estábamos focalizados en la
crisis asiática", admitiría uno de los colaboradores de Summers y Rubin.
***
A fines de 1999 el imperio menemista ya se hallaba en su fase final. El
amague de la re reelección había quedado en el olvido y la Alianza
encabezada por el tibio Fernando de la Rúa se aprestaba a conducir un nuevo
período de gobierno, apoyado sobre una sociedad harta de la frivolidad y de los
gestos obscenos de corrupción.
El equipo económico de Roque Fernández también estaba cansado.
Durante los últimos cuatro meses de gobierno, el ministro hizo todo lo
posible para no asistir a las reuniones de gabinete a la espera del final del
mandato.
Pero sus gestos de ausencia no le evitaron fuertes roces con el
presidente y con sus colaboradores para evitar un mayor crecimiento del gasto
público. "Es verdad que Roque no bajó el gasto, pero era un buen arquero para
atajar la mayoría de los penales que le tiraban todos los días", lo defendería,
risueño, el presidente del Banco Central, Pedro Pou.
Sin duda, el viceministro Pablo Guidotti era el funcionario más odiado
de todos los integrantes del Palacio de Hacienda por haber expresado en voz
alta el pensamiento profundo de sus colegas. Desde Washington, el secretario
de Hacienda expresó que los mercados estaban tranquilos porque
descontaban el triunfo de la Alianza en las elecciones presidenciales de
octubre, frente al rebelde candidato peronista Eduardo Duhalde, quien proponía
re-estructurar la deuda y avanzar agresivamente en una reducción de
impuestos.
A 15 días de los comicios que ganaría De la Rúa con un 48,5% frente
al 38% de la fórmula justicialista, en pleno ocaso, el presidente pensó en
relevar a Roque Fernández cuando éste se opuso a firmar los avales para
financiar por anticipado el polémico proyecto del Canal Federal, un acueducto
faraónico de 154 kilómetros para transportar agua entre Catamarca y La Rioja,
teme-roso de ser llevado ante la Justicia.
126
La iniciativa, que comenzó a ser estudiada en 1988, provocó
numerosas denuncias judiciales, la protesta de entidades ambientalistas y,
finalmente, quedó en el olvido 12 años después.
"Por más que me sacrifiquen y firme, igual los avales no sir-ven",
expresó el ministro a su diario preferido, Ámbito Financiero.
El viernes 8 de octubre de 1999 Menem se reunió en la residencia de
Olivos con Carlos Silvani para pedirle que fuera su quinto ministro de
Economía. A las 5 de la tarde, mientras el equipo económico esperaba ansioso
el veredicto comiendo alfajores en el Palacio de Hacienda, Bauzá y el ministro
del Interior, Carlos Corach, lograron convencer al enojado presidente de la
inutilidad de relevar al titular del Ministerio de Economía ocho semanas antes
de culminar su mandato.
Con la bronca contenida, el presidente aceptó los argumentos de sus
operadores políticos de confianza y decidió que Fernández continuara en su
cargo, para terminar juntos una década de poder en la que el gasto
consolidado pasó del 21,7% al 29% del PBI y el desempleo del 6% al 14% de
la población activa, el déficit primario acumuló $ 30.534 millones y la deuda
creció el 123%. Cuatro años más tarde, Menem intentaría revalidar sus títulos
para encabezar su "tercera presidencia, la histórica", tal como rezaba el
eslogan de su campaña electoral en abril de 2003, pero la memoria colectiva
pareció estar demasiado fresca como para permitírselo.
127
OCHO Show me the money
Daniel Marx esperaba impaciente en la fila para subirse al pequeño
avión que lo llevaría de Montreal a Washington aquel 25 de octubre de 2000.
El secretario de Finanzas estaba extenuado por la intensa tarea de
lobby que había iniciado en la cumbre del Grupo de los 20 en la ciudad
francocanadiense y que debía continuar en la capital de los Estados Unidos,
para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgara a la Argentina una
nueva inyección financiera ante el creciente riesgo de entrar en default.
Luego de dos años de recesión y con la pesada carga de un pago
anual de intereses de 20.000 millones de dólares a cuestas, sólo un paquete
extraordinario podría frenar la autonomía de vuelo que había adquirido la
deuda externa respecto de la marcha de la economía.
Marx tenía un encuentro programado para la última noche de la cumbre
del G-20 —un preciado cónclave que reúne a diecinueve países, al FMI y al
Banco Mundial— con el nuevo titular del Fondo, Horst Kohler, pero pretendía
adelantarlo para asegurarse la atención absoluta del ex titular alemán del
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, nacido en Skierbieszow,
Polonia, el 22 de febrero de 1943.
En el cóctel de recepción el funcionario argentino apartó a un costado
al ministro de Finanzas germano, Caio KochWeser, le planteó un escenario
catastrófico sobre la capacidad de repago del gobierno y le rogó que Kohler lo
atendiera sin demoras.
A las 6:57 de la mañana del día siguiente Marx estaba parado frente a
la puerta de la habitación del director gerente del FMI. Durante los tres
interminables minutos de espera se dedicó a recordar la advertencia telefónica
que le había formulado 48 horas antes el segundo hombre en importancia del
FMI, Stanley Fischer: Kohler estaba convencido de que la Argentina tenía que
devaluar y declarar el default. A las 7 en punto el banquero alemán empezó la
reunión a los gritos porque el equipo económico argentino negociaba con
128
Fischer, que había adquirido un rol protagónico a partir del retiro del francés
Michel Camdessus, en lugar de hacerlo con él.
"Ahora acá mando yo", se quejó. En realidad, el planteo tenía un
sentido más profundo, porque la Argentina había apoyado a Fischer para
liderar el FMI cuando el gobierno de los Estados Unidos vetó el nombre de
Koch-Weser como candidato para suceder a Camdessus luego de trece años
de mandato del funcionario francés.
Con su habitual diplomacia, Marx sonrió, repitió el sombrío panorama
económico que le había trazado al ministro alemán unas horas antes y quedó
en llamarlo por teléfono a su casa todas las veces que fuera necesario. Luego
de posar para la tradicional fotografía que marca el cierre de la cumbre, Marx
corrió al aeropuerto de Montreal, donde alcanzó a detectar al titular de la
Reserva Federal, Alan Greenspan, dispuesto a subirse a la misma aeronave
que partía rumbo a Washington. La coincidencia gratificó al funcionario
argentino, convertido en un experto en cultivar las relaciones públicas entre los
funcionarios más importantes de los países desarrollados. Greenspan abordó
el avión y se sentó en una de las últimas filas de la clase ejecutiva. Marx sonrió
al veterano banquero y buscó su propia ubicación. Dos minutos más tarde,
precedido por dos imponentes custodios, ingresaba al avión el secretario del
Tesoro, Lawrence Summers, el economista sucesor del financista Robert Rubin
que debía dar el veredicto final respecto del "blindaje" en gestación. Summers
observó de reojo a Marx y le pidió a uno de sus guardaespaldas que le cediera
su asiento al funcionario argentino. Durante los siguientes 107 minutos del
vuelo el secretario de Finanzas rindió un examen sobre el estado del sistema
bancario, las cuentas fiscales y la cuestionada convertibilidad. Cuando
finalmente aterrizaron, Marx se sintió aliviado porque el exigente interrogatorio
había culminado, al parecer, con éxito. El tránsito de contar con un acuerdo de
apoyo preventivo a otro con desembolsos —Show me the money, según la
expresión de Marx— cobraba fuerza, luego de varios meses de recibir rotundas
negativas de Washington. La Argentina sería uno de los últimos países
beneficiados por la doctrina internacionalista de la administración Clinton, que
cambió radicalmente con la llegada de los republicanos y su enfoque basado
en que cada nación resolviera sus propios problemas.
129
Además, Marx se sabía doblemente afortunado, porque en realidad
quien debía ocupar ese asiento en ese avión era el ministro José Luis
Machinea, que se había preparado durante varias semanas para exponer
personalmente sus argumentos ante Summers. Pero tres días antes del viaje,
el presidente Fernando de la Rúa rompió todas sus ilusiones al pedirle que lo
acompañara en su gira por España, durante las mismas 48 horas en que el G-
20 se reuniría en Canadá. Machinea intentó eludir el convite pero en Madrid lo
esperaba su par, Rodrigo Rato, con un grupo de empresarios ansiosos por
saber qué ocurría con sus inversiones en la Argentina. El ministro tuvo que
conformarse con avisarle a Summers por teléfono que Daniel Marx lo
reemplazaría en el escenario canadiense. Machinea estaba disgustado con
Marx porque éste no dejaba de filtrarle información sobre la marcha de las
negociaciones internacionales a uno de los candidatos a sucederlo, el jefe de
Gabinete, Chrystian Colombo.
En menos de 24 horas, cuando el encuentro aéreo entre Marx y
Summers ya había trascendido, éste se vio obligado a relativizar su contenido.
Luego de reunirse en Washington con el subsecretario del Tesoro,
Edwin Truman, Marx apeló a una mentira piadosa al afirmar que "la Argentina
no está pidiendo ayuda a los Estados Unidos".
Al día siguiente en Buenos Aires el ministro José Luis Machinea
también debió utilizar una serie de respuestas creativas para intentar mantener
el carácter secreto de las negociaciones. Cuando le preguntaron si Marx había
obtenido US$ 7.000 millones del FMI en el trayecto Montreal-Washington, el
ministro dijo que "si es así, voy a intentar que Daniel viaje más seguido en
avión", una actividad que en realidad formaba parte de la rutina del hiperactivo
secretario de Finanzas. Acto seguido, Machinea afirmó que la Argentina
buscaba fondos contingentes, pero aclaró que no existía tal disponibilidad de
dólares para el país. "A mí también me gustaría salir con Claudia Schiffer, pero
lamentablemente no es posible", expresó Machinea. Más allá de cuáles fueran
sus aspiraciones personales, el ministro estaba mucho más cerca de lograr el
apoyo de la administración demócrata que de obtener una cita con la modelo
top alemana.
***
130
Un año antes, Marx explicaba a los empresarios y periodistas que
desfilaban por sus oficinas del banco de inversión MBA en Puerto Madero que
el entrante gobierno de la Alianza no debía apostar toda su suerte a un nuevo
acuerdo con el Fondo Monetario, sino confeccionar políticas acordes con un
país que tenía una deuda equivalente al 51% de su PBI. Pero José Luis
Machinea, designado por los referentes de la Alianza para ser el nuevo titular
del Palacio de Hacienda, no lo había convocado para opinar sobre temas
macroeconómicos, que por otra parte no dominaba, sino para aprovechar su
experiencia como nexo con los principales ministros de Finanzas del mundo,
acompañado por otro economista, Julio Dreizzen. Machinea cargaba con el
lastre de haber encabezado el Banco Central durante la hiperinflación de fines
de los '80 y necesitaba repuntar violentamente su imagen ante los mercados
para trabajar como ministro, más allá del fuerte apoyo político que cosechaba
en la coalición que había vencido en los comicios presidenciales de octubre de
1999 a Duhalde, quien lograría cierta revancha como presidente interino
elegido por el Congreso el Io de enero de 2002.
En sus oficinas de la Fundación Argentina para el Desarrollo con
Equidad (FADE) Machinea reunió poco a poco a un equipo de profesionales
que diseñó un programa fiscalista, lejos del sueño heterodoxo de Raúl Alfonsín
y del propio esquema mental neokeynesiano del futuro ministro. Machinea
reconoció tiempo después que su equipo era más ortodoxo que él y que debió
construirse una armadura para que los ejecutivos y analistas financieros no
dudaran de sus nuevos principios.
Por esa razón, cuando sus nuevos colaboradores le indicaron que la
Argentina podía crecer en torno de un "círculo virtuoso" —a través de medidas
que lograran la confianza del mercado para bajar el riesgo país, las tasas de
interés locales y resucitaran la economía—, el ex presidente del BCRA no dudó
en comprar la idea, aun cuando pensara que había caminos alternativos para
volver a crecer.
El déficit fiscal de 1999 superaba los US$ 10.000 millones y el gobierno
que llegaba no podía realizar maniobras desequilibrantes luego de más de
ocho años de estabilidad en los precios.
131
A pesar de esta restricción, la fórmula de la reactivación parecía
simple: en un contexto de mayor crecimiento mundial, la Argentina ganaría
competitividad con una buena conducta fiscal y una mejora en el tipo de
cambio real, ya que el dólar parecía haber llegado a un techo luego de varios
años de fuerte apreciación.
Pero ocurrió el fenómeno opuesto: empeoraron los términos de
intercambio para los productos argentinos, aumentó la aversión al riesgo de los
mercados emergentes y los inversores optaron por las jugosas ganancias de
las acciones de las empresas tecnológicas en los Estados Unidos.
Por diferentes motivos, los padrinos políticos del ministro, Carlos
Alvarez y Raúl Alfonsín, tampoco le exigieron en ese momento una dosis
mayor de audacia. El líder del Frepaso, porque creía que el nuevo gobierno
podía distinguirse de la gestión menemista con su supuesta cruzada ética sin
alterar los pilares de la política económica que tenían el consenso de la
sociedad, como el plan de Convertibilidad. Alvarez y su escolta, el diputado
Darío Alessandro, optaron por contrariar las bases programáticas del frente con
un programa "posible" liderado por Machinea y, por lo tanto, relegar a los
propios economistas del Frepaso de la línea de fuego del gobierno. Chacho
estaba encantado con el dúo integrado por Machinea y Pablo Gerchunoff, otro
ex integrante del gobierno de Alfonsín que se haría cargo de la jefatura de
asesores de la cartera económica. En la línea más dura se ubicaron Mario
Vicens en el rol de secretario de Hacienda y un joven defensor de la
sistemática baja del gasto, Nicolás Gadano, que sería el nuevo subsecretario
de Presupuesto. El equipo del ministro se completaba con Marx en Finanzas, el
financista Miguel Bein, amigo y socio de Machinea, como secretario de
Programación, y el abogado Roberto Eilbaum como secretario legal y
administrativo. Luego se sumaron el excéntrico Carlos "Tito" Winograd como
secretario de Defensa de la Competencia y la inquieta Débora Giorgi como
titular de Industria y Comercio, ambos transformados con el paso del tiempo en
amigos del círculo presidencial con la intención de sobrevivir a los diferentes
cambios registrados en el Palacio de Hacienda.
Por su parte, el ex presidente Raúl Alfonsín también prefería negociar
con Machinea antes que tolerar las propuestas ultramontanas de Ricardo
López Murphy, quien en la campaña electoral había mencionado públicamente
132
la necesidad de reducir los salarios públicos. De todos modos, en esa misma
etapa Machinea también planteó en secreto dentro de la Alianza una rebaja
salarial más sutil pero igualmente efectiva, por medio de la sustitución de las
contribuciones patronales por los aportes de los empleados, que no prosperó
por el veto de la dirigencia política de la coalición. Cinco meses después,
cuando el mercado ya no confiaba en su fortaleza, el ministro redoblaría la
presión sobre el ex presidente y obtendría su bendición para aplicar una
reducción del 12% en los salarios públicos superiores a 1.000 pesos. Pero en
diciembre de 1999, cuando en la Alianza nadie quería hacerse cargo de una
reducción del gasto que impidiera que el déficit anual alcanzara los US$ 14.000
millones proyectados para el año 2000, cuando la deuda alcanzaría los US$
128.000 millones, el nuevo equipo económico optó por lanzar una cuestionada
reforma impositiva que subió la presión sobre el impuesto a las ganancias en
los salarios medios y altos, entre otros ejes. Ya alejado de la función pública,
Marx opinó que esa reforma generó una pequeña fuga de capitales y frenó el
incipiente proceso de reactivación. En cambio, Vicens consideró que sin esos
recursos adicionales el FMI no le habría renovado su confianza al país en
febrero con un nuevo acuerdo por tres años que le daba derecho a un
préstamo preventivo por US$ 7.400 millones, a cambio de reducir su déficit a
US$ 4.500 millones para fin de 2000 y eliminarlo en 2003. En esas
negociaciones el Fondo planteó dos cuestiones que no pudo trasladar al
acuerdo de tipo stand by que se firmó: que el gobierno federal obligara a las
provincias a reducir su creciente déficit en forma compulsiva y que se planteara
alguna alternativa al tipo de cambio fijo. La primera cuestión se saldó en forma
coyuntural con un acuerdo que obligaba a una docena de provincias a reducir
su nivel de endeudamiento a cambio de recibir apoyo financiero del gobierno
nacional. Al igual que el FMI, el equipo económico sabía que la deuda
provincial era una bomba de tiempo de unos US$ 20.000 millones que podía
explotar en cualquier momento, pero carecía de la fortaleza política necesaria
para imponer metas fiscales consolidadas, como le ocurrió a Roque Fernández.
En cuanto a la cuestión cambiaría, si bien la auditora de la Argentina en
el Fondo, Teresa Ter Minassian, defendía en público la convertibilidad, en
privado les remarcaba a los nuevos funcionarios que las exportaciones no
podrían crecer por el atraso de la moneda nacional. La experiencia brasileña de
133
la devaluación controlada excitaba a una parte del staff del Fondo, más allá de
las diferencias que había entre ambos países.
Las discusiones sobre la convertibilidad volverían una y otra vez a la
mesa de las negociaciones, sobre todo a partir de la designación de Kohler
como titular del organismo multilateral en reemplazo del francés Michel
Camdessus. De hecho, apenas asumió, Kohler planteó con amabilidad en una
gira que incluyó a mediados de mayo de 2000 una escala en Buenos Aires por
qué la Argentina no cambiaba de sistema monetario. Ni siquiera Fischer se
había atrevido a hablar con Machinea en esos términos. Fischer le preguntó
dos veces al ministro si estaban dadas las condiciones para seguir con el
régimen instaurado en 1991 y en ambas ocasiones Machinea le respondió por
la afirmativa, al enfatizar los riesgos de adoptar otro camino.
El propio Larry Summers fue más sutil respecto de esta cuestión en
una imprevista reunión que mantuvo con Machinea en el hotel Monarch de
Washington, base de hospedaje del equipo negociador argentino. La fría
mañana del 10 de octubre de 2000 el secretario del Tesoro llamó a Machinea y
le avisó que iría a verlo al hotel cerca de las 9. Despeinado, vestido con un
saco sport y con cierto mal humor, Summers le pidió la corbata a uno de sus
asistentes en el ascensor porque temía que Machinea lo recibiera en traje en
su habitación. Machinea se esmeró por más de una hora en pedirle apoyo
adicional a través de la ampliación del préstamo stand by firmado en febrero o
de la línea de crédito contingente (credit contingency Une, CCL) destinada para
casos de contagio, que estaba sin estrenar. Summers anotó e hizo un tajante
comentario que al ministro argentino le llamó la atención: "Si van a hacer algo,
sólo les pido que me avisen antes", advirtió en obvia alusión a una posible
devaluación.
Pero el ministro creía que la salida de la convertibilidad deja-ría en la
calle en dos horas a él y en cuatro días a Fernando de la Rúa. "Yo no podía ser
un bonzo, sobre todo después de lo de la híper del '89", confesó el ministro.
Por esa razón ni siquiera escuchó los ejercicios sobre escenarios monetarios
alternativos que le plantearon algunos de sus colaboradores y en mayo de
2000, cuando el programa fiscal con el Fondo exhibía grietas importantes (el
déficit del segundo trimestre debía ser de $ 700 millones y sólo en abril había
llegado a $ 600 millones), redobló la apuesta con una receta que combinó la
134
concentración de anticipos en el impuesto a las ganancias, un canje de la
deuda y la baja de salarios para cumplir con la meta fiscal del segundo
trimestre del año. El punto culminante de la satisfacción oficial fue el mes de
junio, que exhibió una suba del 15,4% en la recaudación frente al mismo
período del año anterior, luego de un primer trimestre de caídas constantes
seguido por dos meses de suaves aumentos. Pero en julio la realidad volvió a
corregir las expectativas oficiales cuando los ingresos tributarios apenas
crecieron el 3,7% y el déficit superó los US$ 1.000 millones. A pesar del
esfuerzo oficial para bajar el gasto, el escuálido nivel de actividad encaminaba
el plan con el FMI a un nuevo fracaso ante la imposibilidad de lograr una
mejora sostenida en el nivel de la recaudación. Fue entonces cuando al equipo
económico se le ocurrió que había que buscar una asistencia internacional para
asegurarse fondos por un año sin tener que recurrir al cada vez más costoso
mercado voluntario de capitales, que llegó a demandarle tasas del 16% anual.
Para lograrlo, Vicens pensó que había que profundizar la política de ajuste y
Bein imaginó un shock de liquidez a través de la palabra más repetida por los
medios de comunicación durante el siguiente año: el blindaje financiero.
***
Cuando Fernando de la Rúa designó como ministros a cuatro
economistas en diciembre de 1999, el temor de la militancia aliancista era que
el nuevo gabinete tuviera un perfil demasiado fiscalista. Además de Machinea,
estaban Ricardo López Murphy en Defensa, Adalberto Rodríguez Giavarini en
Cancillería y Juan Llach en Educación. La designación del banquero ultraliberal
Fernando de Santibañes al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado
(SIDE) completaba esa supuesta estrategia destinada a complacer a Wall
Street y a los organismos de crédito multilateral en Washington. Sin embargo,
el correr del tiempo le demostró al ministro de Economía que estaba solo en la
angustiante tarea de recortar el gasto, más allá de los pergaminos que exhibían
sus pares del gabinete. Todos los miembros del equipo económico recuerdan
con un sabor amargo la escasa solidaridad de López Murphy y de Rodríguez
Giavarini a la hora de enfrentar las dudas del presidente para encarar la política
135
de ajuste. Más aún, Machinea no olvida que el primero que presuntamente
intentó zafar del recorte salarial fue el ministro de Defensa. López
Murphy se defendía ante el secretario de Hacienda explicando que los
militares ya no podían consumir menos alimentos y que debía dormir en las
instalaciones del Ejército en Campo de Mayo porque se sentía amenazado. Por
su parte, el ministro de Relaciones Exteriores estaba encantado con sus viajes
por el exterior, sin sintonizar con la estrategia económica del Palacio de
Hacienda.
Sin embargo, los integrantes de aquel equipo económico creen que
hubo una diferencia sustancial entre ambos ministros: López Murphy no
conspiró en contra del plan, mientras que el canciller habría hecho todo lo
posible para acotar la confianza del presidente en Machinea.
El ex viceministro de Economía de Cavallo, Juan José Llach, tampoco
resultó del agrado de la conducción del Palacio de Hacienda. Machinea
recuerda que apenas asumió, Llach le pidió que creara el polémico Fondo de
Incentivo Docente, financiado con un nuevo impuesto, porque si no "no iba a
poder mover ni un dedo". A cambio, el ministro de Economía le exigió una
reforma educativa que nunca se encaró, probablemente porque Llach se sentía
acosado por la estructura de la Juventud Radical representada por el
viceministro del área, Andrés Delich.
El posterior ingreso de Chrystian Colombo al gabinete en octubre de
2000, en reemplazo del contestatario Rodolfo Terragno, sólo compensó en
forma parcial y tardía la sensación de soledad del debilitado ministro de
Economía.
En el centro de la escena, el presidente de la Nación observaba cómo
sus ministros se anulaban entre sí. De la Rúa nunca confió en Machinea y
hubiera preferido contar con Domingo Cavallo en el gabinete desde el primer
día de su gobierno. Fernando de Santibañes pensaba en forma similar a su
amigo De la Rúa. El economista egresado de la Universidad de Chicago y
Machinea se conocieron en los '70 y desde entonces mantenían una constante
relación de amor y odio. Los sentimientos de De Santibañes eran
contradictorios: por un lado les decía a los inversores en el exterior que
Machinea era el único economista de la Alianza que podía garantizar la
gobernabilidad, pero por el otro creía que la estrecha vinculación del ministro
136
con Chacho y Alfonsín le impedía conquistar el corazón del mundo financiero.
Machinea basaba su poder en el consenso, un concepto ajeno al vocabulario
del titular de la SIDE.
Cuando las cuentas fiscales se complicaron en mayo de 2000, De
Santibañes salió a presionar por un nuevo ajuste en un programa televisivo. "Lo
que falló es que el gobierno no bajó el gasto público, como había prometido",
dijo el jefe de los espías frente a las cámaras. Todos, menos él, interpretaron
esas palabras como un ataque contra Machinea. "Yo a Machinea le cuido las
espaldas", se jactaba el ex banquero. En agosto intentó reparar ese daño al
lograr que el robusto ex presidente de la Fed de Nueva York y Chairman de
Goldman Sachs, Gerald Corrigan, invitara al ministro a un reservado cónclave
con destacados analistas internacionales organizado por el Aspen Institute en
un lujoso resort ubicado en Big Sky, Montana, en las montañas Rocallosas y a
15.000 kilómetros de Buenos Aires.
Para Machinea la invitación tenía un sabor especial, casi de revancha,
ya que luego de las elecciones de octubre de 1999 Corrigan había sido uno de
los banqueros que le recomendaron a De la Rúa que no designara como
ministro de Economía al ex presidente del Banco Central durante la
hiperinflación de Alfonsín.
— ¿Vos le dijiste a De la Rúa que el problema de ustedes es de
liderazgo político? ¿Se lo dijiste?
El que gritaba desde Washington era Stanley Fischer y el que intentaba
calmarlo en Buenos Aires era José Luis Machinea, sentado en un sillón en la
Casa de Gobierno a escasos metros del presidente de la Nación, que esperaba
con ansiedad el resultado de la conversación telefónica.
Pero Machinea no le dijo a De la Rúa lo que Fischer quería transmitirle.
Apenas se limitó a comunicarle que, ante las pobres perspectivas que
presentaba la recaudación, había llegado a un acuerdo con su viejo amigo para
cambiar el enfoque del programa con el Fondo, con la esperanza de obtener
nuevos recursos: en lugar de apretar más el torniquete en el campo fiscal,
había que impulsar un aumento de la demanda y acordar una meta anual de
déficit que fuera más flexible.
137
El FMI quería que el gobierno bajara impuestos al consumo, pero el
equipo económico sólo se animó a tomar ciertas medidas de aliento a la
inversión y promovió un plan de obras de infraestructura. El 17 de agosto,
durante un almuerzo que Machinea y Vicens mantuvieron en la sede de ese
organismo, el auditor chileno Tomás Reichmann preguntó qué pasaría si
aplicaban una baja de 10 puntos en el IVA. Vicens se opuso casi sin dar
discusión y continuó con la negociación para reformular las pautas fiscales.
Después de cuatro horas, Machinea tomó un avión que, vía Chicago, lo dejaría
en Montana para reunirse con Stanley Fischer; Gerald Corrigan, de Goldman
Sachs; Jacob Frenkel, de Merrill Lynch; el ex subsecretario del Tesoro,
Nicholas Brady; Fernando de Santibáñes, y el presidente del Banco Central
chileno, Carlos Massad, entre otros expertos. La segunda noche, cuando el
resto de los economistas se fue a dormir, Fischer y Machinea compartieron una
larga sobremesa en el restaurante Peaks del hotel, acompañados sólo por un
mozo, donde acordaron que la proyección del déficit anual fuera de US$ 6.500
millones en lugar de los US$ 4.500 millones pautados a principios de año y que
el equilibrio fiscal se alcanzara en el año 2005 en lugar de 2003, tal como se
fijaba en la Ley de Solvencia Fiscal votada por el Congreso Nacional. El
ministro abandonó conforme el salón, aunque íntimamente pensó que podía
haberle arrancado a su amigo una pauta de desequilibrio aún más generosa.
Vicens tampoco podía quejarse por la renegociación de las metas, pero por
otro lado sentía una gran frustración porque el staff del FMI no tenía ninguna
predisposición para darle un cheque adicional a la Argentina. "Hasta que no
estemos al borde del abismo no nos dan un mango más", le dijo el viceministro
a Machinea apenas se reencontraron con toda crudeza en Buenos Aires.
A esa altura del año, Marx estaba desesperado porque no tenía forma
de colocar bonos en el mercado y el "colchón" financiero sólo alcanzaba para
algunos días más. Algunos vencimientos de esa época se pagaron con
recursos del Banco Nación porque la caja del Tesoro estaba vacía. Con esa
frustración a cuestas, el equipo económico partió a la asamblea anual del
Fondo en la bella Praga, que marcaba el debut oficial de Kohler como jefe del
organismo de crédito ante los ojos de todo el mundo. Mientras afuera del centro
de convenciones de la capital checa se preparaban las violentas protestas
contra la globalización, adentro los funcionarios argentinos volvían a sufrir los
138
embates del ejecutivo alemán. En una reunión en la que participaron Machinea,
Bein, Marx, Vicens, Fischer y el delegado argentino ante ese organismo,
Guillermo Zocalli, Kohler reiteró a los gritos sus diatribas contra el tipo de
cambio fijo: "Qué están esperando para devaluar", les reprochó. Luego de dos
horas de cruces verbales, el ambiente se distendió, pero la conducción del
Fondo dejó en claro que la Argentina no podía aspirar a obtener la línea de
crédito contingente porque, más que una víctima, el país aparecía como una
fuente potencial de contagio financiero. Rumbo al hotel Marriot que albergaba a
la delegación, Machinea le dijo a Bein: "¿Ahora te das cuenta de que no nos
quieren dar más plata, o seguís pensando que somos nosotros los que no
ponemos suficiente esfuerzo para pedir?". Resignado, Bein tuvo que aceptar el
reto del ministro e ir a descansar a su habitación.
El cumplimiento de las nuevas metas del tercer trimestre del año
avanzaba sin dificultades, pero en el horizonte no aparecía ninguna señal de
recuperación que permitiera aguardar con tranquilidad los resultados del último
cuarto del año.
Mientras el equipo continuaba concentrado en encontrar fórmulas para
seducir al FMI, el titular del Banco Central, Pedro Pou, buscaba su propio
respaldo en el exterior, a escondidas. Pou había planeado un viaje a Nueva
York para convencer a un grupo de bancos que había que emitir un bono
garantizado con una parte de las reservas con la intención de aislar al sistema
financiero de un eventual default del Tesoro. Enterado de la maniobra, el
delegado de Economía ante el Central, Nicolás Dujovne, le escribió un memo al
ministro en el que le recomendaba aprovechar ese mecanismo para cubrir las
necesidades del fisco. Aunque Machinea no le solía prestar mucha atención a
Dujovne, en ese caso lo llamó de inmediato para mantener una reunión con
Pou y Marx. El secretario de Finanzas, que mantenía una fuerte disputa con el
banquero por el manejo de la Superintendencia de Entidades Financieras, lo
hostigó por "cortarse solo". Machinea terminó la pelea con suma delicadeza al
pedirle al funcionario heredado de la gestión de Roque Fernández que dejara
las gestiones internacionales en manos del Palacio de Hacienda. Fue una de
las pocas veces en las que Pou le hizo caso al ministro. Machinea nunca quiso
forzar la salida del funcionario menemista porque sabía que los mercados no
se lo hubieran perdonado y por eso lo defendió en público hasta sus últimos
139
días de gestión, aun a costa de enfrentarse con Alfonsín y con Chacho, cuando
la diputada Elisa Carrió lo acusaba de encubrir maniobras de lavado de dinero.
En cambio, el ministro nunca logró que el Banco Central bajara los
requisitos mínimos de liquidez para otorgarle más oxígeno al mercado
financiero. Meses más tarde, luego de soportar los constantes aguijóneos de
Cavallo, Pou expresaría cierto arrepentimiento por no haberle concedido ese
modesto regalo al moderado ministro inicial de Economía de la Alianza.
***
El 6 de octubre de 2000 el índice de riesgo país, el EMBI plus, de la
Argentina culminó en 683 puntos básicos. El país carecía de vicepresidente
porque esa mañana Carlos Chacho Alvarez había renunciado en forma
indeclinable tras el escándalo de las supuestas coimas cobradas por los
senadores a raíz de la sanción de la Ley de Reforma Laboral, una de las
condiciones exigidas por el FMI para firmar el acuerdo que le permitiría a la
Argentina acceder a US$ 7.400 millones. Alvarez había meditado durante
mucho tiempo cómo dar un portazo ante la grave crisis económica y el affaire
del Senado representó el motivo perfecto para poder dar un paso al costado.
José Luis Machinea sabía que Chacho tomaría esa decisión pero igualmente
quedó shockeado, al igual que Pablo Gerchunoff, que intentó convencerlo en
vano de que se quedara. Ambos sabían que en esa fecha comenzaba la
cuenta regresiva para el equipo económico, por el alejamiento de su principal
respaldo dentro del gobierno. Más pragmático, Marx aprovechó la noticia con el
objetivo de acelerar las negociaciones para obtener el blindaje. Esa misma
tarde el secretario de Finanzas llamó a Larry Summers y, con tono de hondo
pesar, le dijo: "Se acabó todo, éste es el fin".
A cambio del pedido, Marx tenía preparada una sorpresa: la propuesta
para negociar un área de libre comercio bilateral, que el Tesoro ni siquiera se
puso a considerar seriamente. El subsecretario adjunto del Tesoro, Timothy
Geithner, uno de los habituales interlocutores del secretario de Finanzas de la
Argentina, consideraba que no estaban dadas las condiciones económicas
previas para la integración ni las chances políticas para sortear el riguroso filtro
del Congreso de los Estados Unidos.
140
Dos semanas después, con el riesgo país por encima de los 800
puntos, Marx se embarcaba en el viaje hacia Montreal para sellar la suerte del
nuevo plan de asistencia con desembolsos inmediatos. Días más tarde
Machinea les indicaba a Vicens y a Dreizzen que fueran a negociar las
características del blindaje al Fondo en el más estricto secreto. Los deseos del
ministro se frustraron apenas los dos funcionarios subieron al avión, ya que la
clase ejecutiva estaba colmada por un grupo de banqueros argentinos que
viajaba a una convención organizada por el Chase en Nueva York. Los
ejecutivos se sonrieron y, con delicadeza, les desearon suerte sin preguntarles
nada. Cuando llegaron a Washington la noticia ya se había esparcido en
Buenos Aires y todos los ojos se posaron sobre sus movimientos. Vicens no
estaba preparado para enfrentar tal expectativa ni tenía intenciones de
protagonizar una negociación demasiado extensa, al punto tal que al cuarto día
hizo el check out del hotel por la mañana antes de ir al edificio de 19 y H con la
idea de volar por la noche de regreso a Buenos Aires. Los seis días siguientes
repitió la misma ceremonia, ante el asombro del personal del hotel Monarch.
Sin grandes discusiones, Vicens y Dreizzen acordaron con el staff del
Fondo que el gobierno modificaría la ley de jubilaciones con la eliminación de la
prestación básica universal y que el sistema de las obras sociales permitiría la
libre elección de los afiliados, como señales de alivio fiscal en el mediano
plazo.
Pero la negociación se empantanó cuando los directores europeos ante
el Fondo insistieron en la necesidad de que el sector privado realizara un
aporte obligatorio al paquete de ayuda a la Argentina.
La doctrina del prívate sector involvement era uno de los pilares de la
nueva arquitectura financiera internacional promovida por el mundo
desarrollado, que pretendía ver a los grandes bancos tan comprometidos como
los gobiernos desarrollados en la asistencia de los países más endeudados. Si
cobran gracias a nuestra ayuda, también tienen que pagar, razonaba Stanley
Fischer.
Las posiciones se endurecieron porque Machinea íntimamente sabía
que no estaba en condiciones de exigirle al sistema financiero una contribución
forzosa, aunque en la mesa de negociaciones los funcionarios argentinos
141
argumentaron que por esta vía no podrían obtener una suma sustancial debido
a la gran dispersión que había entre los acreedores de la deuda soberana.
El Tesoro se había tomado varios meses para analizar si tenía sentido
o no asistir a un país con una tasa de cambio fijo en un contexto global de
flexibilización cambiaría generalizada. Cuando los colaboradores más
importantes de Summers comprendieron que la Argentina no estaba dispuesta
a abandonar su régimen de convertibilidad, optaron por apoyar el salvataje,
pero comenzaron a debatir su alcance en forma acalorada.
Algunos funcionarios norteamericanos creían que el rescate de los
organismos multilaterales debía alcanzar solamente los vencimientos
correspondientes al 50% de la deuda en peligro de default para que el resto lo
aportara el mercado, pero otros pensaban que la Argentina no estaba en
condiciones de obtener recursos fuera de Washington y que el programa
fallaría si la ayuda no cubría las necesidades totales de financiamiento, tal
como ocurrió cuatro meses después.
Finalmente, se apeló a una solución salomónica: los bancos y los
inversores institucionales se comprometieron a aportar US$ 20.000 millones,
una cifra similar a la que ofrecían los organismos multilaterales, por medio de
colocaciones y canjes de títulos. Las entidades creadoras de mercados
sumarían US$ 10.000 millones, los inversores institucionales US$ 3.000
millones y otros US$ 7.000 millones surgirían de una serie de swaps de la
deuda.
La porción multilateral más grande le correspondió al FMI con US$
13.700 millones, seguida por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) con US$ 2.500 millones cada uno. España fue el único
gobierno que respondió con US$ 1.000 millones a los ruegos de Machinea de
obtener contribuciones bilaterales, una posibilidad que Estados Unidos casi ni
llegó a analizar y que Italia prefirió "dejar para más adelante".
Todo parecía encajar, pero faltaba un detalle: Kohler no había recibido
a los funcionarios argentinos desde su arribo a la capital norteamericana una
semana atrás. El viceministro preguntó qué pasaba y le explicaron que el
director gerente quería aguardar quince días más antes de dar su aprobación al
blindaje.
142
El jueves 9 de noviembre, cuando en Buenos Aires arreciaban los
rumores sobre la renuncia de Machinea por el fracaso de las conversaciones,
Vicens le propuso por teléfono al ministro patear el tablero y anunciar el
paquete sin la bendición del número uno del Fondo.
En un gesto de audacia, Machinea aceptó y de inmediato su
colaborador más estrecho llamó a Fischer para anunciarle la de-cisión del
gobierno argentino. Dos horas más tarde, Vicens, Dreizzen, Fischer, Teresa
Ter Minassian y Kohler apresuraban el fin del debate en un opíparo almuerzo
desarrollado en la sede del FMI, en el que el jefe del Fondo no dejó pasar la
oportunidad de volver a plantear la posibilidad de una devaluación. Esa noche
el secretario de Hacienda pudo cumplir con su anhelo de abandonar el suelo
norteamericano. La pelota pasaba nuevamente al campo argentino.
***
El final feliz de las negociaciones en Washington sólo logró tranquilizar
al ministro por un par de horas, ya que aún le restaba vencer en dos batallas
simultáneas: frenar las operaciones para reemplazarlo y convencer al
presidente de anunciar sin dilataciones las reformas estructurales acordadas
con el Fondo. Pero Fernando de la Rúa no estaba dispuesto a cambiar bajo
presión su particular estilo de buscar el consenso hasta el infinito y le pidió a
Machinea que convenciera a los legisladores disidentes de la Alianza de la
necesidad de contar con una nueva ley de jubilaciones. El ministro hasta tuvo
que recibir a la diputada frepasista María América González, una tenaz
opositora de esta modificación, sabiendo de antemano que la discusión no
serviría para nada. Finalmente, con 873 puntos básicos de riesgo país sobre su
cabeza, el presidente se decidió a grabar un mensaje televisivo el viernes 10
de noviembre por la tarde en la residencia de Olivos y luego ambos partieron
para compartir la cena de clausura del Coloquio Anual de IDEA en Mar del
Plata. Sin probar el postre, volvieron junto al resto del gabinete a Buenos Aires,
donde el equipo económico le pidió a su conductor que diera un paso al
costado con la frente en alto. Machinea sabía que ya casi no contaba con
respaldo político, pero no estaba dispuesto a que fuera otro ministro el que
gozara de las mieles del blindaje. Por eso les pidió a sus colaboradores más
143
íntimos "una oportunidad más". Con cierto hartazgo Gerchunoff peleó para que
dieran a luz los decretos de reforma previsional y de desregulación de las obras
sociales, algo que ocurrió a fin de año —aunque luego se anularon casi en
forma inmediata—, mientras Vicens negociaba sin éxito un ajuste de $ 700
millones en el presupuesto. Al mismo tiempo, el secretario de Hacienda sufría
otro golpe, ya que las cuentas del nuevo año comenzaron en desequilibrio por
trasladar gastos de diciembre de 2000 a enero de 2001 y por aceptar que el
FMI le impusiera una meta de déficit incumplible de US$ 2.100 millones para el
primer trimestre del año, mientras el mundo emergente volvía a entrar en alerta
roja por la crisis financiera de Turquía, el principal aliado de los Estados Unidos
en el Cercano Oriente, que debió ser asistida con otro "blindaje" en febrero.
Cuando Gadano le planteó que el rojo del primer trimestre sería al
menos de US$ 2.400 millones, Ter Minassian cortó la discusión en seco con su
imperfecto español: "Nicolás, eso no se discute". La funcionaria italiana
argumentaba que, con el blindaje, la Argentina no podía tener entre enero y
marzo de 2001 un desequilibrio mayor a los US$ 2.150 millones registrados en
el mismo período del año anterior. Ya sin el traje de ministro, José Luis
Machinea se reprocharía no haber intervenido en ese momento en favor del
planteo argentino con una llamada a Stanley Fischer. Machinea jamás se quejó
ante Vicens por esa concesión al staff del Fondo ya que consideraba que su
trabajo como secretario de Hacienda había sido excelente, pero en su fuero
íntimo creía que con un margen de maniobra mayor en materia fiscal en el
arranque del año hubiera contado con el tiempo necesario para esperar la
reactivación en su despacho del quinto piso del Palacio de Hacienda. "Yo creía
que estábamos cerca de arrancar, muy cerca", confesaría Machinea al autor de
este libro exactamente un año después de su renuncia.
144
NUEVE En busca de un milagro
En la desquiciada política argentina un presidente o un vicepresidente
que renuncian a sus cargos suelen mantener una importante cuota de
influencia luego de dejar el poder sin que nadie los eche.
Así ocurrió con Raúl Alfonsín a partir de 1989 y con Carlos Chacho
Alvarez a fines de 2000.
Cuando el presidente Fernando de la Rúa percibió el vacío político
generado por el abandono de su compañero de fórmula, le rogó que lo ayudara
a revivir la gestión de gobierno.
En aquel contexto de desesperanza, Alvarez y De la Rúa coincidían en
la necesidad de llevar a cabo un cambio tajante en la conducción económica
para evitar un trágico final.
La intención del desconfiado dúo era incorporar al gobierno a Domingo
Cavallo como presidente del Banco Central y, luego de un corto período,
mudarlo al Ministerio de Economía en reemplazo de José Luis Machinea, para
realizar una transición sin demasiados sobresaltos.
Tras un contacto realizado a través de Daniel Marx, Machinea y
Cavallo se reunieron la última semana de febrero de 2001.
A pesar del apuro del saliente ministro, el padre de la convertibilidad le
colocó un freno a la estrategia oficial.
— ¿Cómo me ofrecés el cargo para presidir el Banco Central si todavía
está Pou?
—A Pou lo saca el Senado de un momento a otro.
—Entonces volvamos a hablar cuando el cargo esté vacante —
concluyó el economista.
En su mente aún estaba muy fresco el escándalo que había
protagonizado en las elecciones para la Jefatura de Gobierno porteño del 8 de
mayo de 2000, en las que resultó derrotado por el frepasista Aníbal Ibarra. La
noche del escrutinio, el candidato de Encuentro por la Ciudad llamó
145
"mentirosos" a los dirigentes de la Alianza, "impotente" a Ibarra, denunció
fraude y un complot para terminar con su carrera política.
"Si no me asustaron Yabrán y Menem juntos, con todos los jueces
presionando para meterme en la cárcel, ahora no me van a correr con la vaina.
No saben que nunca tiré la toalla. Voy a luchar para que estos mentirosos no
nos engañen más", se desequilibró, ante la mirada atónita de los periodistas
que cubrían su campaña.
Nueve meses después, Machinea buscaba aplacar sus dudas
garantizándole que trabajaría para convencer al Senado de su designación al
frente del Banco Central en reemplazo de Pou, que estaba muy cuestionado
por el escaso control ejercido frente a presuntas maniobras de lavado de
dinero.
Sin embargo, De la Rúa comenzó a dudar —como ocurrió en la mayor
parte de su gobierno— de la conveniencia de volver a otorgarle a Alvarez un
espacio importante de decisión. Finalmente, el presidente decidió mantener su
separación de hecho del líder del Frepaso y que Cavallo fuese el reemplazante
de Machinea en el Palacio de Hacienda.
Pero Alfonsín puso el grito en el cielo y le advirtió que la Unión Cívica
Radical prefería tolerar la ortodoxia de Ricardo López Murphy, antes que sumar
al gabinete nacional al hombre que había colaborado con la caída de su
gobierno doce años antes.
Con la intención de mantenerse alejado de este círculo de intrigas, el
entonces ministro de Defensa de la Alianza partió rumbo a Francia y a Turquía
para visitar a las autoridades militares de ambos países.
El viernes 2 de marzo, mientras cenaba en la embajada argentina en
París con el embajador Carlos Pérez Llana, los teléfonos comenzaron a estallar
desde Buenos Aires.
Ante la indecisión del presidente, Machinea optó por comunicarle a
López Murphy su propio alejamiento y le solicitó que volviera. Fernando de
Santibañes le repitió el mismo pedido, tras aclararle que las condiciones
políticas para asumir eran pésimas, ya que ningún integrante del gobierno
estaba convencido de la necesidad de realizar un ajuste.
Sobre el filo de la medianoche, luego de fracasar en el intento de
retener por un par de días más a Machinea después de pedirle su renuncia, De
146
la Rúa abandonó su estado de shock y, sin ofrecerle ningún cargo, le imploró al
titular de la cartera de Defensa que retornara en forma inmediata al país, "dada
la gravedad de la situación institucional".
El corpulento economista nacido el 10 de agosto de 1951, con una
maestría en la Universidad de Chicago y ex analista en jefe de la liberal
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), le
garantizó que regresaría, aunque esperó otras 24 horas en París para evitar
mayores presiones.
El sábado los técnicos "lopezmurphistas" se reunieron para preparar el
posible desembarco, conducidos por Daniel Artana, su joven compañero de
ruta que un año antes había sido tentado por Machinea para ser secretario de
Hacienda.
El domingo a la mañana, cuando el país ya llevaba casi dos días sin
ministro de Economía, López Murphy aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza y fue
trasladado en forma directa a la residencia de Olivos en helicóptero. Durante
nueve horas, el candidato preferido del establishment desgranó su crudo
diagnóstico y le informó al presidente que, sin un ajuste inmediato del gasto de
US$ 2.500 millones, el país caería en default en menos de una semana. De la
Rúa estaba físicamente en el encuentro, pero no lograba escuchar a su
presunto salvador. López Murphy no tardó en comprender la inviabilidad de sus
planteos y así se lo transmitió dos veces en forma telefónica a Artana, quien
esperaba ansioso una definición en la casa de sus suegros.
Cerca de las 6 de la tarde del 4 de marzo de 2001, el presidente se
presentó ante los periodistas para presentar al nuevo titular del Palacio de
Hacienda. Al día siguiente, Ámbito Financiero encabezó su portada con un
título premonitorio: "López Murphy ministro de Economía: la última chance
antes de Cavallo".
Pero el matutino se equivocó en su crónica. "López Murphy tiene
asegurados cinco meses sin euforias pero de calma", pronosticó. Quince días
después, quedaba extinguida la fugaz esperanza de aplicar un programa
ortodoxo.
***
147
Stanley Fischer se sentía completamente derrotado. A las presiones de
su nuevo jefe y natural competidor, HorstKohler, se sumó la desaparición de su
backup político en el gobierno de los
Estados Unidos por el cuestionado triunfo del candidato republicano
George W. Bush frente al inteligente y poco carismático demócrata Al Gore.
Además, el canoso economista del MIT reconocía que su oxígeno parecía
terminar de agotarse tras el fracaso del blindaje argentino al que le había
dedicado tanta energía.
Tras la caída de Machinea, Fischer se reunió con la directora de
EE.UU. ante el Fondo, Karin Lissakers, para analizar qué actitud debían tomar
por la desesperada situación de la tercera economía de América latina. Luego
de ocho años de ocupar una silla en el board del Fondo, Lissakers, nacida en
Suecia y con una maestría en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins,
compartía la misma sensación de desesperanza que Fischer, por haber
recibido una tajante negativa de los principales funcionarios del gobierno
argentino respecto de la posibilidad de abandonar el plan de Convertibilidad.
Ante esta respuesta, para Fischer la única salida viable consistía en convencer
a la clase política argentina de la necesidad de realizar un fuerte ajuste fiscal,
ya que la combinación del desgastado tipo de cambio fijo y un creciente déficit
sólo podía desembocar en una explosión.
Fischer y Kohler se comunicaron con el flamante ministro para
expresarle su rotundo apoyo y prometerle que el jefe del caso argentino,
Tomás Reichmann, viajaría a la Argentina con el objetivo de resucitar el
blindaje aprobado tres meses antes por el organismo multilateral de crédito.
Con la intención de allanarle el camino a López Murphy, el FMI aceptó
renegociar las metas fiscales, que habían sufrido un desvío de $ 1.000 millones
en el primer trimestre del año respecto de los $ 2.100 millones acordados por
Machinea. "Las reglas del FMI no son inflexibles", declaró desde Washington el
experimentado vocero del organismo para América latina, Francisco Baker,
para suavizar el mal ambiente.
Tan preocupado como el Fondo, el Banco Mundial también comenzó a
rezar por la suerte del nuevo titular del Palacio de Hacienda. "Es un excelente
ministro y espero que tenga el apoyo político necesario para recuperar la
confianza de los mercados", sostuvo el auditor del caso argentino, Paul Levy.
148
En Buenos Aires, los funcionarios que tenían la misma convicción
podían contarse con una sola mano: el nuevo ministro, su secretario de
Hacienda, Daniel Artana; el jefe de gabinete de ase-sores, Fernando Navajas, y
el secretario para la reforma del Estado, Manuel Solanet, ex secretario de
Hacienda de Galtieri.
El resto de los funcionarios del gobierno nacional y la mayoría de la
clase política pensaban que había llegado el momento de "defaultear" y
devaluar.
Artana comenzó a trabajar el lunes en el quinto piso del Palacio de
Hacienda sobre un plan de rebaja del gasto basado en las sagradas escrituras
de FIEL, acompañado por un reducido grupo de colaboradores. "Había
bastante gente dispuesta a sumarse al equipo, pero no queríamos convocarlos
porque no sabíamos cuánto íbamos a durar, porque estábamos solos en la
batalla y el presidente no estaba para nada convencido de nuestras ideas",
confesaría Artana, aún abatido, meses después de aquella frustrante
experiencia.
Antes de comenzar a redactar la letra chica del programa económico,
los noveles funcionarios acordaron que, ya que el gobierno nacional anunciaría
un fuerte recorte en las delicadas transferencias a las provincias, los partidos
de la coalición gobernante debían ofrecer un sacrificio de similar magnitud.
Con espíritu cruzado, los técnicos de FIEL apuntaron al corazón de la
militancia radical, al plantear la instauración de un arancel para los estudiantes
universitarios y la reducción del gasto educativo. "No podíamos llegar a un
ajuste integral pidiéndoles un esfuerzo a los gobernadores si al mismo tiempo
la Alianza no se pegaba un tiro en el pie", se justificó un integrante de aquella
breve gestión. Era el gesto que sus adversarios esperaban para terminar de
persuadir a De la Rúa de la necesidad de torcer el rumbo. La imagen de las
universidades tomadas y de los estudiantes en las calles de la Capital Federal
aterrorizó al titular del Poder Ejecutivo.
Aislado, el gabinete económico terminó de diseñar el conjunto de
medidas que representaban un ahorro presupuestario de $ 1.962 millones para
2001 y de $ 2.485 millones para 2002. Las universidades pasarían a recibir $
902 millones menos y las provincias perderían transferencias por cerca de $
1.000 millones. Además, se eliminarían becas y subsidios otorgados por el
149
Congreso Nacional en forma discrecional y el Ejecutivo implementaría una
reforma del Estado para reducir el 30% del empleo público.
Cuando López Murphy y Artana fueron a la residencia de Olivos para
explicar el programa, se multiplicaron las expresiones de espanto. "Parecía que
estaban todos groggy", comentó el efímero secretario de Hacienda. Algunos
funcionarios del círculo íntimo presidencial le propusieron al ministro que, en
lugar de plantear un ajuste tan agresivo, anunciara un recorte inmediato de sólo
$ 500 millones y dispusiera a su voluntad del manejo del PAMI y la ANSES, los
corrompidos organismos públicos encargados de los jubilados. Por otro lado, el
desesperado viceministro de Educación y ex presidente de la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Andrés Delich, le ofreció a Artana limitar
la reducción de fondos para el sector a cambio de unos plazos fijos que tenían
depositadas las universidades en el sistema financiero. Pero el ministro y su
vice no estaban dispuestos a reemplazar su mega ajuste con "soluciones
parciales". "En todo caso, si nos proponen una alternativa, la sumamos al
paquete original", retrucó López Murphy, convencido de la necesidad de jugar a
fondo.
En el medio del caos y de los rumores de renuncia, Reichmann
apareció en forma discreta en Buenos Aires el maldito martes 13 de marzo.
El chileno escuchó el detalle del plan con su habitual calma y se limitó
a formularle al ministro una tajante advertencia:
—Te estás echando a todos encima al mismo tiempo.
—No importa, porque el presidente me apoya.
—Entonces que tengas suerte.
El auditor se comunicó de inmediato con el jefe del Departamento del
Hemisferio Occidental, Claudio Loser, para explicarle que el ministro tenía un
enfoque correcto pero que carecía de sustento político para llevar a cabo sus
planes. "El ajuste que pretende no es tan fuerte; es un 1% por ciento del PBI y
se arregla la crisis a un costo muy barato", comentó Reichmann por lo bajo a
sus jefes.
Antes de dejar el país, el auditor chileno apeló al patriotismo argentino
para ayudar al solitario ministro. "Indudablemente se necesita el apoyo de toda
la Nación. Éste es un problema de todos los argentinos y todos tienen que
150
arrimar el hombro para sacar adelante la economía", sostuvo el jueves 15 de
marzo el técnico del FMI, alejado del protocolo.
La misma percepción tuvo el presidente del Banco Central, Pedro Pou,
cuando lo llamó el ministro el día previo a los anuncios. "Antes de detallarte las
medidas —le anticipó López Murphy—, quiero advertirte que van a tomar las
universidades y cortar las rutas." El funcionario mendocino no lo dejó continuar
con su relato:
—Entonces ni me cuentes el plan, porque no vale la pena saberlo.
El ministro le explicó que la situación de caja del Tesoro era
desesperante, pero Pou le aclaró que había fondos para resistir dos semanas
más. "Esperá a que el riesgo país supere los mil puntos y entonces anunciás lo
que quieras", le propuso el titular del Banco Central, cuando el índice del banco
JP Morgan se ubicaba en 796 puntos básicos.
Pero las cartas estaban echadas.
El viernes comenzó con el pie izquierdo para el Gobierno cuando el
desorientado vocero presidencial, Ricardo Ostuni, mencionó que "todo el
gabinete apoya las medidas; la casa está en orden", tal como lo hizo Alfonsín
luego de llegar a un cuestionado acuerdo con los carapintadas en la rebelión
militar de la Semana Santa de 1987.
A las 16, un grupo de periodistas fue convocado al Salón de Cuadros
del Palacio de Hacienda por Artana y Navajas para conocer las medidas cuatro
horas antes del anuncio previsto por la cadena nacional de radio y televisión. A
las 17, el ministro repitió el gesto ante algunos desorientados analistas del
sector privado, mientras De la Rúa grababa un escueto mensaje que
convocaba a la dirigencia a llegar a "un acuerdo social" y la CGT disidente de
Hugo Moyano anunciaba una huelga general por 36 horas en re-pudio al
ajuste.
A las 20:18, comenzaba el incendio. Mientras López Murphy leía ante
las cámaras de televisión el amargo contenido del plan económico,
renunciaban a sus cargos los ministros radicales Federico Storani, del Interior,
y Hugo Juri, de Educación, junto con todos los funcionarios pertenecientes al
Frepaso, incluido Marcos Makón, titular de la cartera de Desarrollo Social.
Azorado, el FMI percibió esa misma noche que la Argentina
protagonizaba un irreversible quiebre histórico. "Fue el momento exacto en el
151
que la clase política demostró que no tenía ninguna voluntad de realizar un
ajuste", según el relato de un importante funcionario del organismo multilateral.
A un costado de la escena principal, Chacho Alvarez afirmaba que el
alejamiento de sus hombres del gabinete no significaba "el fin de la coalición".
La última esperanza de la Alianza aguardaba agazapada del otro lado de la
cordillera de los Andes.
Alejado del caos, Cavallo disertaba con un tono relajado el sábado 17
ante un grupo de inversores invitados por el Deutsche Bank a la Casa de
Piedras, en el centro de Santiago de Chile, para la conferencia denominada
sugestivamente "2001: el año de la re-conversión argentina; ¿pasó lo peor?",
que se desarrollaba en forma paralela a la 42a Asamblea Anual del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Los ejecutivos estaban asombrados por la certeza con la que Cavallo
anunciaba medidas económicas, como si ya integrara el equipo de gobierno:
baja de algunos impuestos directos, suba en las retenciones al comercio
exterior y un ajuste que debía ser maquillado para evitar una "revuelta social",
como la que amenazaba con desatarse ante el paquete anunciado por Ricardo
López Murphy. Cavallo les hablaba como el virtual jefe de Gabinete de
Fernando de la Rúa, pero el radicalismo se negaba a entregarle ese cargo al ex
ministro.
Ajeno a estas discusiones, Ricardo López Murphy se trasladó a
Santiago, después de haber sido aplaudido en la Bolsa de Comercio porteña
por un auditorio colmado por hombres de negocios, mientras Cavallo realizaba
el mismo trayecto en sentido contrario luego de haber rechazado el cargo de
ministro del Interior.
En la capital chilena, el confundido equipo del Palacio de Hacienda
intentaba preparar el ambiente para que el ministro pre-sentara el programa
económico el domingo por la tarde ante inversores y analistas junto con De la
Rúa.
A la hora señalada, López Murphy se sentó solo frente a mil ansiosas
personas y comenzó a transpirar cuando se percató de la demora del
presidente en arribar al lugar. En una sala contigua, un grupo de funcionarios
intentaba persuadir a De la Rúa de la necesidad de dar la cara, más allá de la
152
decisión que se tomara fuera del escenario respecto del futuro del ministro de
Economía.
Finalmente, acompañado por el canciller Adalberto Rodríguez
Giavarini, el primer mandatario accedió a acompañar al nervioso funcionario,
pero en lugar de respaldar su programa de reformas, decidió actuar como
moderador del encuentro.
— ¿Alguien le quiere hacer una pregunta al ministro? —consultó De la
Rúa a la sorprendida multitud, casi como un locutor ajeno a los
acontecimientos.
Antes de partir, el huidizo jefe de Estado le dio su apoyo formal al titular
de la cartera económica que echaría por la noche.
Esa misma tarde, el titular del BID, Enrique Iglesias, buscaba transmitir
una imagen pública de calma. "El presidente De la Rúa ha traído una gran
tranquilidad y ha mostrado una posición muy firme, buscando una buena base
de apoyo político con un programa serio", declaraba Iglesias, mientras en
privado blasfemaba por la escasa coherencia del gobierno nacional. "Yo ya no
entiendo más a los argentinos", se lamentaba Iglesias en los pasillos de la
acalorada convención desarrollada en el Centro Cultural Estación Mapocho de
Santiago.
Sin pausa, la delegación partió rumbo al aeropuerto, salvo el
subsecretario de Financiamiento, Julio Dreizzen, quien se quedó a leer el
discurso oficial ante la asamblea regional "en nombre del ministro". Confundido,
Dreizzen intentó convencer a los delegados de las bondades de integrar a
Cavallo al gobierno para "complementar" como jefe de Gabinete a Ricardo
López Murphy, tal como parecía estar acordado a media tarde en Buenos
Aires.
El joven Guillermo Mondino se había entusiasmado más que ningún
otro técnico cavallista con la posible combinación de roles, con FIEL en
Economía y la Fundación Mediterránea que dirigía en la Jefatura de Gabinete.
Pero a las 22, cuando se aprestaba a descansar en su habitación,
Dreizzen recibió un llamado para avisarle que la convivencia había fallado
antes de nacer, ya que Ricardo López Murphy había dejado de ser ministro de
Economía y Cavallo se integraba al gobierno en un rol aún no definido.
También había fracasado el desesperado intento cavallista de reemplazar a
153
Chrystian Colombo con Chacho Alvarez y de sumar el peronismo al gobierno.
"Lo quiero conmigo hasta a Néstor Kirchner", expresó Cavallo en referencia al
rebelde gobernador santacruceño y futuro presidente.
Colombo nunca le perdonó aquella jugada a Cavallo y siempre se
preguntó en voz alta por qué aceptó volver al Ministerio de Economía en plena
etapa de idilio con el electorado. Las encuestas que manejaba el jefe de
Gabinete indicaban que el enérgico economista incluso había superado en
imagen al fenómeno de Elisa Carrió.
Vestido con un elegante esmoquin para asistir a la recepción de gala
de la asamblea del BID, Claudio Loser no ocultó aquella noche su disgusto en
el lobby del hotel donde se hospedaban las delegaciones oficiales. El
funcionario mendocino del FMI sentía una bronca contenida porque pensaba
que el gobierno había utilizado a López Murphy para justificar el regreso de
Cavallo al Ministerio de Economía con la intención de lograr una salvación que
no funcionaría.
"Ningún individuo en los últimos dos mil años ha sido la so-lución
milagrosa", advirtió Loser para que nadie cayera en la tentación de comparar a
Domingo Cavallo con Jesús de Nazaret.
Después de la renuncia de López Murphy, el último bastión de
confianza dentro del Poder Ejecutivo para los mercados financieros era el titular
del Banco Central, quien mantuvo un feroz enfrentamiento con Cavallo desde
el primer día de su gestión en 2001.
Dada la crítica situación de las finanzas públicas, Pedro Pou
consideraba que el gobierno debía inmovilizar los depósitos del sistema
financiero, sin afectar los medios de pago. Se trataba de una versión anticipada
del "corralito" que Cavallo implemento nueve meses después. Pou no ocultó su
planteo ante Liendo y Colombo:
—A las convocatorias se va con dinero.
Con una buena parte de los ahorros congelados, según el polémico
funcionario, la Argentina estaría en condiciones de plantear en términos
civilizados una reestructuración de su deuda antes de que el mercado la
obligara a llevarla a cabo en forma caótica. Liendo le dijo que la idea era "un
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delirio" porque el país tenía la mayor parte de su deuda en bonos y un 50%
estaba en manos de argentinos.
Pou le replicó que las altas tasas que pagaba el país hacían
insostenible el pago de los compromisos asumidos con el exterior.
Unos días antes Colombo y Marx le habían solicitado al Banco Central
un giro de US$ 2.000 millones al Tesoro para poder afrontar el pago de los
sueldos de la administración pública.
—Si no me das esa plata el lunes entramos en un default interno —lo
apuró Colombo, conocido como el "vikingo" por su altura, su peso y su tupida
barba.
—Yo te doy lo que quieras, pero si acá no hay un plan el default lo vas
a sufrir el martes —respondió Pou con su habitual tono ácido.
A esa altura de los acontecimientos casi nadie toleraba a Pou. Los
banqueros locales, porque los había hecho sufrir el proceso de ajuste del
sistema posterior al "tequila" como a nadie. La clase política, por sus lazos con
el menemismo, sus negocios poco claros y su insistencia en dolarizar la
economía. Y Cavallo, porque se resistía a acatar sus órdenes. El ministro
quería flexibilizar algunas de las rígidas normas adoptadas por el Central
porque creía que atentaban contra la reactivación del nivel de actividad, pero la
conducción de la entidad monetaria no estaba dispuesta a arriesgar su
prestigio internacional.
El 7 de abril, Liendo le presentó al funcionario un proyecto de decreto
para reformar la carta orgánica del Banco Central que reducía las exigencias
para constituir los requisitos de reserva o efectivos mínimos, dándoles a los
bancos la posibilidad de remunerarlos y de contabilizarlos en moneda local o
extranjera para reducir la masa de dinero inmovilizado. La medida buscaba
introducir más liquidez al sistema y reducir las tasas de interés locales.
Luego del encuentro, Pou creyó que Liendo le había otorgado un plazo
para estudiar el proyecto, mientras que el asesor del ministro se quedó
convencido de haber sellado la discusión técnica.
Desconfiado, el titular del Banco Central llamó esa noche a Colombo a
la residencia de Olivos, pero una mala interpretación del edecán lo comunicó
con De la Rúa, quien le dijo que se quedara tranquilo "porque ya aprobamos la
155
modificación que nos enviaste". Al otro día, la medida apareció publicada en el
Boletín Oficial.
Dos semanas después del altercado, el directorio del Banco Central
todavía se resistía a reglamentar el decreto. Con suavidad, Liendo justificó la
demora porque Pou "se enteró del decreto con su publicación, lo que causó un
cortocircuito en la comunicación".
Menos sutil, Cavallo llamó al teléfono del automóvil que trasladaba al
titular del Central a una clase de su amada carrera universitaria de Filosofía.
—O hacés la política que yo quiero o te vas —lo emplazó el ministro.
El diálogo se extendió lo suficiente como para que Pou perdiera la hora
de clase mientras discutía en la puerta de la UCA y se decidiera a volver a la
sede de la entidad monetaria oficial. La reforma quedó en stand by hasta su
conflictivo alejamiento del Central.
***
Pero antes del desenlace ambos librarían dos violentos rounds
adicionales. El primero se desarrolló durante el seminario organizado por el
BCRA por el décimo aniversario de la convertibilidad. En una mesa de debate
que compartió con José Luis Machinea y Roque Fernández en la primera
semana de abril, Cavallo disparó a mansalva contra sus dos predecesores y
contra el propio Pou, quien estaba sentado en la primera fila del salón Bosch.
"Estamos ante una depresión anímica y real", diagnosticó Cavallo, apuntando a
las reformas tributarias impulsadas por el último ministro de Menem y el
primero de De la Rúa, a la apreciación del dólar y a la política monetaria del
BCRA. "Se ha instalado la idea de que hay que tener la característica de ser
conservador para ser un buen banquero y que el mejor banquero es el que
capta todos los depósitos y los deja ahí para que los usen afuera; el sistema
financiero no puede servir para captar depósitos a altas tasas de interés locales
y prestar en el exterior", se ensañó Cavallo. A continuación, denunció que los
sectores ligados al menemismo "quieren imponer el dólar como moneda" y, en
tono profético, aventuró que "la convertibilidad es, sin duda, el mejor sistema
que tenemos y lo vamos a mantener porque nos lo exigen los argentinos; no va
a ser abandonada nunca, porque no nos va a dejar la gente". Sin pausa,
156
comenzó a arengar en contra de las operaciones financieras surgidas desde el
mercado de San Pablo. "Brasil hace meses que viene especulando contra la
convertibilidad y van a perder como locos; tienen que aprender a respetar la
convertibilidad. Van a perder y que pierdan mucho", comentó Cavallo a los
gritos. Para finalizar, defendió la compleja iniciativa de introducir al euro en la
convertibilidad junto al peso y al dólar para darle más competitividad a la
economía. Luego, terminó de crispar los nervios de los asistentes al explicar
que la moneda argentina "va a seguir siendo convertible incluso hasta que la
dejemos flotar". "Nuestra ley de convertibilidad no es de tipo de cambio fijo",
remató.
Cuando culminó su discurso, Claudio Loser, invitado de honor de Pou,
se levantó de inmediato de su silla y llamó a Kohler para advertirle los peligros
del mensaje de Cavallo. "Este hombre está loco", le susurró Pou al oído.
Con sus ojos sobresaltados, el ministro volvía a sentirse en el centro
del ring, como en los primeros años de la década del 90.
El viernes 20 de abril, terminó de noquear al presidente del Banco
Central en Londres, durante una disertación desarrollada en el aristocrático
Reform Club, fundado en 1830, que solía frecuentar el premier británico
Winston Churchill y donde el personaje más conocido de Julio Verne, Phileas
Fogg, realizó su apuesta de viajar alrededor del mundo en ochenta días.
Durante 45 minutos, casi sin alterarse, Cavallo se dedicó a denostar el
ideario ortodoxo y a reivindicar las reformas desarrolladlas durante su gestión
previa como ministro. Sus palabras generaron una sensación agradable en el
calificado auditorio de banqueros e inversores, que luego se transformó en
espanto. Cuando comenzó la ronda de preguntas, el ministro empezó a insultar
las recetas del Fondo, la "ignorancia" de las agencias calificadoras de riesgo
respecto del funcionamiento del sistema bimonetario argentino y, por supuesto,
a Pou, "por haber vendido bonos para que bajara la confianza en los activos
argentinos y subiera el riesgo país". "Es un estúpido, irresponsable y se tendrá
que ir si no hace los deberes", lo crucificó.
La mayoría de los asistentes dejó el refinado club londinense con una
sensación mixta. Por un lado, Cavallo parecía ser el hombre adecuado para
intentar una salida ordenada de la camisa de fuerza colocada al país por él
157
mismo diez años antes, pero a la vez volvía a demostrar su falta total de cintura
política.
El lunes siguiente los mercados respondieron con furia a los desafíos
verbales del ministro. El riesgo país superó los 1.300 puntos básicos y el
Ministerio de Economía tuvo que suspender una licitación de Letras del Tesoro
(Letes) y Bonos del Tesoro (Bontes) prevista, para no convalidar tasas
cercanas al 13%.
Cavallo adjudicó el comportamiento negativo de los mercados a "una
serie de rumores", como "la idea falsa de que el gobierno está violando la
autonomía del Banco Central", y a un "delirante" artículo publicado en The Wall
Street Journal, firmado por el economista Charles Calomiris, de la Universidad
de Columbia, que ponía en duda la capacidad de pago de la Argentina y
sugería que el ministro "inevitablemente" debería hacer una reestructuración
forzada de su deuda pública con una quita del 25%.
El especialista tocó la fibra sensible de Cavallo en su respuesta. "El
ministro no puede acusarme de no conocer a la Argentina porque trabajé allí
mucho tiempo para el sector financiero y conozco muy bien la situación del
país", explicó al diario La Nación desde Nueva York.
Cavallo se enfureció al descubrir que Calomiris había asesorado a Pou
y que redactó un paper, "El caso de la Argentina", con el economista en jefe del
Central, Andrew Powell.
El ministro recibió un llamado urgente del titular del Banco Central del
Brasil, Arminio Fraga, para advertirle que las palabras de Calomiris afectarían
la estabilidad de ambos países. De inmediato, Cavallo se comunicó para volver
a gritarle a Pou:
— ¿Cómo puede ser que Arminio reaccione y vos no hagas nada?
La decisión estaba tomada. Cavallo utilizaría las acusaciones del
Congreso contra Pou por presunto incumplimiento de sus deberes de
funcionario público en las maniobras que se investigaban por lavado de dinero
para sacarse de encima al presidente del BCRA y sustituirlo con su leal Roque
Maccarone. "En ese contexto, ante la arremetida de los senadores, dejé que
cayera", confesaría Cavallo un año después en el pequeño cuarto que ocupaba
en el cuartel de la Gendarmería en Campo de Mayo, detenido por su presunta
participación en la maniobra de tráfico ilegal de armas.
158
Un informe del Subcomité de Investigaciones del Senado de los
Estados Unidos, presidido por el demócrata Cari Levin, involucró al Citibank en
la utilización de "bancos corresponsales", el República y el Federal Bank del
menemista Raúl Moneta, para introducir dinero en negro en Wall Street. El
reporte indicaba que en la cuenta del Federal Bank depositada en el Citi "entre
noviembre de 1991 y mayo de 2000 se movieron más de US$ 4.500 millones"
difíciles de justificar. Los senadores norteamericanos no fueron menos
lapidarios con la financiera Mercado Abierto de Aldo Ducler, que "estaba al
tanto de las cuentas que se abrirían para transferir dinero de la droga desde
Estados Unidos hacia la Argentina", y con el Banco Central, por haber mirado a
un costado ante todas estas maniobras sospechosas.
En Buenos Aires, la comisión de senadores nacionales que investigaba
el lavado de dinero a paso lento durante más de un año recibió la orden de
dictaminar en forma inmediata la destitución de Pou.
Al tanto de la riesgosa jugada política, Daniel Marx aprovechó para
explicarles a De la Rúa y al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini en un viaje
desde Washington a Quebec, para participar de una cumbre preparatoria del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que la salida de Pou
"generaría mucho ruido", tal como se lo habían advertido el asesor económico
del nuevo presidente George W. Bush, Larry Lindsey, y el designado sub-
secretario del Tesoro, John Taylor, entre otros.
El 21 de abril el viceministro intentó calmar a los funcionarios
norteamericanos explicándoles que Cavallo le había garantizado en forma
telefónica que no avalaría la remoción del titular del Banco Central. Pero esa
misma tarde, el ministro lo llamó para contarle con cierto entusiasmo que la
salida de Pou ya estaba acordada con los banqueros del sistema financiero
local. Mientras que algunas entidades extranjeras estaban aterradas con su
caída, los bancos minoristas entendían que la renuncia del titular del BCRA
representaba un "mal menor" que permitiría sellar las agresivas discusiones
sobre el lavado de dinero.
Sobre la base de una recomendación legislativa, el 25 de abril el Poder
Ejecutivo dictó el decreto 460/01, que dejó a Pou en la calle por "cumplimiento
negligente de sus funciones", por favorecer al Banco República y por difundir
datos "altamente confidenciales" que perjudicaban la economía argentina.
159
"Remuévase del cargo de presidente del BCRA al doctor Pedro Pou por mediar
mala conducta", sentenció la resolución presidencial.
Los analistas del mercado se espantaron con la decisión. "Fue
dramático, no por su figura, sino por la forma en que se hizo; nadie podía creer
que se tratara con tanta liviandad el problema del lavado de dinero", explicó
una ejecutiva de una firma de Wall Street. En Washington había una mezcla de
sensaciones contrapuestas. Algunos funcionarios compartían el temor de los
inversores por el avasallamiento de la autonomía del Banco Central, mientras
que otros pensaban que la figura del funcionario mendocino estaba demasiado
desgastada como para continuar al frente de una entidad tan trascendente para
la economía Argentina.
En todo caso, el sector más dolido por su destitución fue el
denominado "sindicato de banqueros centrales", que se reunió en París en
junio a raíz de una invitación de la fundación liberal Adam Smith. El titular del
Banco Central de Inglaterra, Eddie George, resultó uno de los más enérgicos al
protestar por la decapitación de Pou. A su lado, observaba atónito el único
argentino que estaba presente en el exclusivo cónclave, Alfonso Prat Gay, jefe
del negocio de monedas del banco de inversión JP Morgan en Londres y
aspirante a encabezar el Banco Central cuando la Argentina dejara flotar su
tipo de cambio.
***
El megacanje de junio de 2001, cuando la deuda pública se ubicaba en
US$ 132.143 millones, fue uno de esos remedios que cuentan con demasiadas
contraindicaciones como para curar a un paciente muy enfermo. Pero existió
una medicina preventiva que el gobierno de la Alianza no se animó a aceptar.
A fines de 1999 se perdió la oportunidad de realizar una
reestructuración ordenada de la deuda soberana cuando una buena parte de
los economistas más respetados del mundo estaba persuadido del agotamiento
absoluto del plan de Convertibilidad, aunque ninguno se animara a repetirlo en
voz alta.
Si bien el país había sobrevivido a tres huracanes financieros en
menos de cinco años, el consenso internacional indicaba que no tenía sentido
160
seguir defendiendo un sistema cambiario que ya había cumplido su ciclo de
vida útil, sobre todo después de la devaluación del real brasileño. Desde
entonces se disparó una espasmódica serie de medidas, a veces
contradictorias entre sí, destinadas a torcer un inevitable proceso de agonía.
Los banqueros y funcionarios argentinos que escuchaban esta
prematura sentencia de muerte replicaban que la Argentina era un país
"diferente" de otros que habían fracasado en sostener el tipo de cambio fijo por
un período demasiado prolongado.
Pero en el exterior la respuesta era demoledora: antes de sus
respectivas devaluaciones en 1995 y en 1999, respectivamente, México y
Brasil también juraron ser "diferentes" y, sin embargo, debieron abandonar la
estabilidad cambiaria por los serios problemas de competitividad que
enfrentaban.
Más allá de las discusiones teóricas que se desarrollaban en voz baja,
esta rotunda desconfianza se reflejó desde 1998 en la caída del ingreso de
capitales, suplantados con recursos de los fondos de pensión y de los bancos
locales, obligados desde entonces a absorber una enorme cantidad de títulos
públicos que afectó la calidad de sus carteras.
Ante este creciente ahogo externo, la Reserva Federal de Nueva York
hizo llegar a los oídos del equipo económico del saliente gobierno de Menem la
ambiciosa propuesta de reestructurar unos US$ 30.000 millones de la deuda
soberana.
El esquema comenzó a debatirse con dos importantes bancos
norteamericanos, el Citibank y el JP Morgan, que competían entre sí sin
saberlo, con la intención de romper el agudo pesimismo del mercado. El Fed de
Nueva York obtuvo un apoyo informal del Tesoro, que lideraba Larry Summers,
y de las principales agencias de riesgo crediticio para apoyar este proyecto de
"megacanje".
Los banqueros pretendían replicar el modelo que prevalece en el
mercado de deuda corporativa de los Estados Unidos, en el que los inversores
descuentan que, si participan de un canje para estirar los plazos de pago de
una empresa, los nuevos títulos suben de valor en forma inmediata dada la
mejora en la capacidad de repago de la compañía involucrada.
161
El Citi con cierta timidez y el Morgan con mayor convicción les
presentaron sus respectivas propuestas a los cuatro candidatos a ocupar el
Ministerio de Economía en el nuevo gobierno: Jorge Remes Lenicov por el PJ y
José Luis Machinea, Adalberto Rodríguez Giavarini y Ricardo López Murphy
por la Alianza.
Los incentivos parecían claros, ya que el gobierno podría aplazar los
vencimientos de los siguientes cinco años a un costo relativamente bajo —el
riesgo país rondaba los 600 puntos básicos antes del cambio de gobierno— y
las calificadoras internacionales le otorgarían la soñada nota "triple A" si los
"ministeriables" les adelantaban por escrito las medidas económicas que el
mercado esperaba.
Cuando triunfó la Alianza, Machinea consultó con Marx la conveniencia
de avanzar con este "megacanje", quien sin dudar le bajó el pulgar al
considerar que el país "asustaría" a los inversores si anunciaba una operación
de semejante magnitud.
El futuro secretario de Finanzas tampoco confiaba demasiado en el
compromiso de las agencias de rating soberano de mejorarle la calificación al
país. "Marx quería grageas y pensaba que había riesgos si la nota no subía
tanto con el canje", confesó uno de los banqueros involucrados en la frustrada
operación.
Fiel a su particular estilo, Machinea también se sentía más a gusto con
un camino más "gradualista" y el primer intento de realizar el megacanje quedó
archivado.
"El gobierno de la Alianza no logró entender apenas asumió que el
ambiente estaba cambiando para mal y desaprovechó una oportunidad de oro",
se lamentó un funcionario norteamericano que se había ilusionado con la
posibilidad de conducir a la Argentina hacia una reestructuración que no dejara
tantos heridos en el campo de batalla.
A diferencia de la propuesta analizada a fines de 1999, la versión 2001
del megacanje no contaba con el apoyo del gobierno norteamericano ni con el
guiño de las calificadoras de riesgo. Tras haber mantenido un cierto romance
con el equipo de Roque Fernández y una actitud equidistante con José Luis
Machinea, Standard & Poor's y Moody's le advirtieron a Marx, eterno secretario
de Finanzas, que si la Argentina forzaba a los inversores a canjear sus bonos,
162
se verían obligadas a colocar la calificación del país apenas un peldaño por
encima del default.
Un mes después de asumir por segunda vez como ministro de
Economía, durante una reunión del Grupo de los 30, Domingo Cavallo volvió a
enlazar su destino con el ce David Mulford, tal como había ocurrido con el plan
Brady en 1992.
Mulford y su socio argentino, José Rohm, dueño del Banco General de
Negocios —acusado tiempo después por la Justicia junto con su hermano
Carlos por presunta fuga de capitales y el vaciamiento de la entidad—, le
pidieron a Cavallo un mandato para negociar la operación en nombre del
gobierno argentino.
Los analistas del JP Morgan que habían elaborado la propuesta
rechazada por Machinea se mudaron al CSFB que comandaba el ex
subsecretario del Tesoro en busca de negocios más jugosos y, en abril de
2001, lograron convencer al flamante ministro de las bondades del
"megacanje", cuando el riesgo país ya rondaba los mil puntos básicos sobre el
rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
El gobierno de la Alianza inauguró su gestión con un riesgo de 586
puntos básicos. Un año más tarde, a pesar del blindaje, la sobretasa llegó a
803 puntos básicos y, en marzo de 2001, cuando la Argentina cambiaba dos
veces de ministro de Economía en menos de un mes, se estiró hasta los 850
puntos básicos.
Con estas amenazantes nubes sobre su cabeza, Cavallo negoció con
Mulford la postergación de los vencimientos más importantes de la deuda por
un quinquenio, hasta que declinaran los pagos que el Estado debía realizar por
las jubilaciones como resultado de la reforma previsional.
El ministro reconocía que contaba con escaso tiempo para lanzar la
operación, ya que el mercado estaba jugado por completo a que la Argentina
entraría en cesación de pagos desde principios de 2001, cuando se frenó el
desembolso del blindaje por el incumplimiento de las metas fiscales del primer
trimestre.
Sin embargo, Marx le advirtió que, en un contexto de políticas poco
creíbles, el megacanje significaría la antesala del colapso, el default y la
devaluación, como ocurrió con Rusia y Ecuador. Cavallo tampoco hizo caso a
163
los reparos formulados por su asesor Horacio Liendo, quien pensaba que el
megacanje requería una "red de contención política" que sólo podía quedar
asegurada con el apoyo parlamentario del peronismo y del radicalismo.
Liendo y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, negociaron con los
gobernadores la aprobación de una "ley de crédito público" que garantizara el
pago de la deuda con los ingresos de la recaudación impositiva. La norma
colocaba a los acreedores externos en una situación de cobro privilegiado
respecto de los empleados públicos y de los jubilados.
Según los banqueros que apoyaban a Liendo, si la ley se aprobaba, el
riesgo país podía caer por debajo de los 750 puntos básicos para facilitar el
éxito del "megacanje".
El 17 de mayo, mientras el abogado que había negociado el plan Brady
se disponía a enviar el proyecto al Congreso, el gobernador José Manuel de la
Sota se comunicó en forma telefónica con Fernando de la Rúa para confirmar
su apoyo a la polémica iniciativa. Los gobernadores justicialistas habían
decidido sumarse al planteo oficial tras arrancarle a Cavallo el compromiso de
refinanciar sus propias deudas con el apoyo del Ministerio de Economía.
Pero el presidente lo descolocó con su habitual tono dubitativo. "Es un
proyecto de Economía que todavía hay que discutir", le respondió.
El mandatario cordobés les transmitió a sus pares el resultado de la
conversación y el tratamiento de la ley quedó congelado.
Colombo, un hábil negociador, experimentó una profunda angustia al
comprender que, luego de haber perdido a su vicepresidente, De la Rúa no
estaba dispuesto a forjar nuevas alianzas. En realidad, a 17 meses de haber
asumido el gobierno, el presidente ya no sabía qué rumbo debía tomar.
Pero el ministro de Economía volvió a taparse los oídos ante los malos
presagios y avanzó hacia el mayor canje "voluntario" de bonos conocido hasta
ese entonces en el mundo. "La operación elimina la incertidumbre que había
sobre la capacidad de pago de la Argentina", se entusiasmó Cavallo sin
demasiado fundamento.
***
164
Los organismos de control del Estado y algunos diputados de la
oposición comenzaron a observar con preocupación la sociedad monogámica
entre Domingo Cavallo y David Mulford.
El ex subsecretario del Tesoro pretendía conducir en forma exclusiva el
"megacanje" y cobrar una comisión del 1% por su rol como agente colocador
exclusivo, pero el equipo de Finanzas re-comendó "repartir" la torta entre varios
jugadores del mercado para alejar cualquier sospecha de favoritismo.
Luego de tres días de fuertes presiones cruzadas, Mulford aceptó que
la comisión se redujera al 0,55%, dividida en tres cuotas que dejaron de
abonarse a partir del default.
Además, el CSFB se resignó a que se sumaran a otros bancos como
líderes del canje: JP Morgan, Salomón Smith Barney, BSCH Santander Central
Hispano, Galicia, BBVA Banco Francés, HSBC. El Deutsche Bank y ABN Amro
quedaron eliminados de la competencia a último momento por haber difundido
presuntamente información privilegiada a sus clientes.
Sin embargo, el apuro de Cavallo impidió que Marx pudiera imponer su
criterio de seleccionar a las entidades financieras por medio de una licitación,
en lugar de elegirlas a través de una contratación directa.
La magnitud de la operación también provocó algunos cortocircuitos en
el Palacio de Hacienda, ya que algunos funcionarios, como el jefe de asesores
de Cavallo, Guillermo Mondino, pensaban que no era conveniente que el canje
sobrepasara los US$ 8.000 millones para poder acotar el costo de la
transacción. Pero el ministro prefería descargar todos sus cartuchos al mismo
tiempo y le colocó un piso de US$ 15.000 millones.
Ajenos a las discusiones internas, en Wall Street predominaba cierto
clima de euforia entre los bancos participantes. En particular, los ejecutivos del
JP Morgan no ocultaron su excitación. "La operación será histórica para la
Argentina y los bancos porque brindará las bases para que el país reanude su
crecimiento", indicó el director ejecutivo del banco, Bill Harrison.
Finalmente, tras recibir ofertas por unos US$ 33.000 millones —un 33%
del exterior—, el 4 de junio el gobierno realizó el canje de US$ 29.477 millones
y logró reducir el riesgo hasta 955 puntos básicos, después de haber superado
los mil puntos en mayo.
165
El intercambio de bonos habilitaba al país a postergar el pago de US$
7.820 millones hasta fines de 2002, mientras el crecimiento económico no daba
señales de vida.
Sin embargo, en forma inmediata, analistas y legisladores comenzaron
a cuestionar la alta tasa que pagaban los nuevos bonos, del 16% en promedio.
Con la guardia en alto, Cavallo se enojó. "No podemos pensar en esos
términos, porque estamos evitando un mal intolerable que era el default",
afirmó, seis meses antes de que se produjera la cesación de pagos.
El rescate de bonos permitía, según el ministro, derrotar a "los
pesimistas y a los que especulaban contra el país", aunque a un costo
demasiado alto y con un beneficio excesivamente efímero. De 2001 a 2005, la
Argentina logró diferir vencimientos por US$ 12.849 millones, aunque sumó
US$ 21.162 millones al calendario de pagos de 2006 a 2008.
Según la Oficina Nacional de Crédito Público, la "exitosa" operación
incrementó el capital de la deuda en US$ 2.248 millones y los intereses en US$
38.401 millones. Más pesimista, la Auditoría General de la Nación, encabezada
por el abogado mene- mista Rodolfo Barra, calculó estos aumentos en US$
17.415 millones y US$ 38.860 millones, respectivamente.
Todos los cañones del peronismo y del crítico partido Alternativa para
una República de Iguales (ARI), liderado por Elisa Carrió, apuntaron contra
Cavallo y Marx, debido al crecimiento de la deuda y al pago de comisiones a
los bancos que actuaron como agentes colocadores por unos US$ 150
millones.
Los fiscales a cargo de la investigación tramitada por el juez Jorge
Ballestero, Eduardo Freiler y Federico Delgado, consideraron que el canje sólo
buscó postergar vencimientos a "un costo multimillonario" que comprometió "el
futuro del país y de las generaciones que vendrán". Ante el magistrado, Cavallo
reconoció haber pagado "tasas altísimas" para salvar al país del default y, tal
como ocurrió con los fantasmas que lo persiguieron tras su salida del Palacio
de Hacienda en 1996, sostuvo que la denuncia representaba "un ejemplo
elocuente de la judicialización de la política en la Argentina".
La realidad ya no le daba respiro al gobierno. "Estábamos en un
período de angustia, con plazos perentorios y en tiempo de descuento", según
166
el tormentoso recuerdo de un estrecho colaborador del presidente Fernando de
la Rúa.
Después de tomarse un pequeño descanso en las semanas posteriores
al "megacanje", en agosto de 2001 el riesgo país se ubicó en 1.500 puntos
básicos, frente a 1.000 de Brasil y a 350 de México. El spread argentino
treparía a 1.843 el 15 de octubre y a 2.664 un mes después. A esta altura del
año, el seguimiento del índice de riesgo país ya había dejado de ser un objeto
de análisis exclusivo de los economistas, para transformarse en un termómetro
social tan trascendente como resultó el precio del dólar en los '80.
Para completar el cuadro de desastre, las calificadoras Moody's y
Standard & Poor's cumplieron con su amenaza al reducir la calificación de la
deuda argentina de B2 a B3 y de B a B-, respectivamente, cada vez más lejos
del grado de inversión soñado por De la Rúa.
El panorama no podía ser más desolador para el ministro de
Economía, ya que los mercados comenzaban a ganarle la pulseada en forma
irreversible luego de protestar por el descontrol fiscal, la renuncia de Pedro Pou
y por los intentos de ampliar la convertibilidad con la incorporación del euro.
"Ya habíamos raspado muchas ollas, muchas más que las deseadas",
confesaría uno de los tantos funcionarios del equipo económico desencantados
con el modelo 2001 de Domingo Cavallo.
167
DIEZ Los miopes
Disputas violentas con Pedro Pou, un megacanje poco efectivo,
cambios a medias en la convertibilidad, una cuestionable política impositiva y
una frustrada intervención en el mercado del dólar futuro. ¿Hacia dónde
marchaba Domingo Cavallo tras haber regresado a su despacho de ministro de
Economía?
¿Por qué el mismo hombre que en la década del 90 había deslumbrado
a los agentes financieros de todo el mundo, cinco años después sólo
provocaba desconfianza?
¿Se había transformado Cavallo o la Argentina?
Todos los personajes relevantes del mundo de la economía que juran
conocer muy bien al ministro más carismático y polémico que tuvo el país creen
que Domingo Felipe Cavallo no cambió ni un ápice entre aquella breve gestión
como presidente del Banco Central en 1982, su paso triunfal en el Ministerio de
Economía en los '90 y su segundo y fallido intento en el año 2001. No olvidó su
inteligencia ni sus contactos, pero tampoco su soberbia, afirman.
En tono jocoso, uno de los funcionarios más importantes del mundo
financiero oficial de los Estados Unidos consideró que "los tres Cavallo fueron
la misma persona, aunque el del Banco Central fue el más auténtico, un gran
desordenado que un día dictaba una circular para un lado y al otro día se
contradecía con una en el sentido contrario; él mismo, camuflado, un día se
convirtió en ministro". En la década pasada, la genialidad de Cavallo consistió
en tener a su lado al presidente Carlos Menem, quien "contuvo sus peores
instintos y le colocó una serie de límites que le trajeron muchos beneficios a la
Argentina; en su segunda etapa como ministro, perdió sufeeling sobre los
mercados, no confiaba en su equipo ni tenía freno político", según este
diagnóstico.
Con una mayor carga de agresividad, un ex subsecretario del Tesoro
de los Estados Unidos opinó que "Cavallo se creía la reencarnación de Raúl
Prebisch". "Entre 1996 y 2001 perdió su cabeza, pero tenía amigos en
168
Washington que no le dijeron nada", se descargó el funcionario de la
administración demócrata de Clinton cuando la Argentina ya había entrado en
el default.
En Nueva York también se le guarda cierto rencor porque, luego de
deleitarse con aquel mago que en los '90 les permitió ganar mucho dinero a los
inversores, apareció un simple mortal que eligió la medicina incorrecta. En
cambio, en el Fondo Monetario las sensaciones sobre el fenómeno Cavallo
parecen ser contrapuestas. Algunos creen que, desde su salida del Palacio de
Hacienda en 1996, el padre de la convertibilidad tomó demasiado contacto con
la política y muy poco con los cambios registrados en la economía. "Domingo,
siempre brillante y obcecado, estuvo en el exilio esperando cinco años a que la
patria lo llamara, mientras él viajaba y tomaba ideas: los planes de
competitividad en Tailandia y el euro de la Unión Europea, sin comprender los
cambios que se habían producido entre sus dos gestiones", comentó con una
mezcla de bronca y cariño uno de los funcionarios que negociaron a los gritos
con él durante 2001, cuando la deuda pública se ubicaba en US$ 128.000
millones.
Un importante ex funcionario del organismo eligió con mucha
delicadeza las palabras para definirlo. "Cavallo es inteligente y ambicioso a la
vez; uno puede ser consistente aunque combine estas dos características si
detrás cuenta con buenas políticas, pero él no las tenía y ya había demasiado
escepticismo sobre la Argentina", se lamentó el respetado economista.
De acuerdo con la visión predominante en el edificio ubicado en las
calles 19 y H en la capital de los Estados Unidos, a la falta de contención
política por parte de Fernando de la Rúa, se sumaban las disputas internas en
el equipo: Marx se peleaba con Cavallo y con Liendo a la espera de su soñado
lugar como ministro de Economía, mientras el ministro lo acosaba con la figura
del joven Alfonso Prat Gay como su posible reemplazo; el secretario de
Hacienda, Jorge Baldrich, un apacible mendocino, desconfiaba del negociador
de la deuda; el secretario legal y técnico, Alfredo Castañón, compañero de
lucha en la gesta contra Yabrán, tal vez hubiera preferido que Liendo ocupara
su lugar, porque se sentía demasiado político para acompañar a un grupo de
jóvenes tan teóricos como Federico Sturzenegger y Guillermo Mondino.
169
El ministro tampoco fomentaba la cordialidad entre sus colaboradores
con su particular sistema de toma de decisiones.
A diferencia de la primera gestión, en esta segunda etapa cada
funcionario gozaba de una pequeña cuota de poder e información que no era
intercambiable.
En tono de catarsis, uno de los economistas que formaron parte del
gabinete que acompañó a Cavallo desde marzo a diciembre de 2001 sostuvo
que el gabinete logró tener algo de participación en la primera mitad de la
gestión y escasa en la segunda parte. "De todos modos —aclaró—, aunque a
veces discutíamos las medidas, él luego solía plantearlas de un modo distinto."
El propio Liendo a veces se enteraba con pocos minutos de
anticipación de los deseos del ministro y no tenía demasiado margen para
cuestionarlos.
Según la definición de un economista que lo conoce y lo admira por
igual, la fórmula Cavallo 2001 contenía los peores ingredientes posibles. "Era
un ministro obsesivo y político, con economistas que no tenían nada de calle,
Daniel Marx pateando en contra y un Banco Central acéfalo."
Con el cruce de todas estas variables, el final de la película no podía
ser demasiado diferente de la tragedia registrada, a pesar del último intento de
rescate por parte de la comunidad internacional que se desarrolló en el verano
boreal de 2001.
***
Los varenikes representan uno de los platos más populares de la
comida judía de Europa oriental y se cocinan a base de harina, huevo, sal,
cebollas y papas.
Pero también es la denominación adoptada por un conjunto de
analistas argentinos de los bancos de inversión de Nueva York dedicados a
pronosticar el rumbo de los bonos de la deuda de los mercados emergentes.
Unidos por su nacionalidad y su origen religioso, Alberto Ades de
Goldman Sachs, Martín Anidjar de JP Morgan, Pablo Goldberg de Merrill Lynch
y Javier Timmerman de UBS formaron el "Grupo Varenike", luego de viajar a la
Argentina por invitación de Antonio de la Rúa, novio de la popular cantante
170
colombiana Shakira, para dialogar con su confundido padre a principios de
2001.
La idea de adoptar este nombre surgió en tono de broma como un
gesto de imitación del "Grupo Sushi", que el hijo mayor del presidente integraba
junto a otros edulcorados miembros del entorno presidencial acostumbrados a
disfrutar de los manjares modernos de la comida japonesa.
Estos jóvenes residentes en Nueva York se transformaron en un objeto
de odio extremo para Domingo Cavallo, cuando, al volver a asumir como
ministro, comprendió que debería librar una batalla cotidiana para poder
renovar el financiamiento soberano sin que el país terminara de ahogarse.
La mayoría de las entidades de inversión había colocado a los títulos
soberanos argentinos en la categoría de underweight, con un perfil negativo,
que reflejaba una recomendación de venta para sus clientes.
Tras obtener un breve respiro del mercado por haber logrado una ley
con "superpoderes" —que el Congreso delegaba en el Ejecutivo para dictar
leyes y modificar impuestos—, el 27 de marzo Cavallo lanzó la primera artillería
pesada contra los mercados al asegurar que no estaba dispuesto a convalidar
las "tasas ruinosas" del 13% anual que los inversores le demandaban en la
primera oferta de Letes en dólares a 91 días realizada desde el inicio de su
nueva gestión. "Si me cobran esa tasa, la licitación se suspende", les advirtió al
mediodía a los doce bancos "hacedores de mercado", encargados de colocar
los bonos locales entre sus inversores.
La Argentina, según el ministro, debía pagar entre el 6% y el 7%, cerca
de las tasas que pagaba México y no los intereses de dos dígitos sugeridos por
los bancos de inversión.
Luego de dos horas de incertidumbre, el ministro logró una costosa
victoria ya que los bancos aceptaron reducir la tasa al 10,96%.
De todos modos, el resultado superaba en cuatro puntos porcentuales
el precio pagado cinco semanas antes por el gobierno en una operación
similar. "Es la última vez que acepto estas tasas", volvió a enojarse Cavallo
durante una presentación realizada en el auditorio del Banco Nación a última
hora de la tarde.
Una semana después comenzaba su segunda disputa con el sector
financiero, a partir del lanzamiento del plan de Convertibilidad ampliada.
171
Cavallo había pensado desde 1992 en la implementación de una "canasta de
monedas" como una instancia superadora del tipo de cambio fijo. Su deseo
cobró mayor impulso cuando el dólar comenzó a revalorizarse respecto de las
demás monedas fuertes del mundo a partir de 1995 y dejó al peso en una
situación de desventaja competitiva en relación con los principales socios
comerciales de la Argentina.
Fernando de Santibañes sufrió la insistencia del enérgico economista
en un viaje que compartieron en forma casual desde Miami. "Estaba
obsesionado desde los '90 con un ataque especulativo en contra de la
convertibilidad", relató con cierto pesar el mejor amigo del presidente De la
Rúa.
Apenas asumió su cargo en el gobierno de la Alianza, Cavallo sostuvo
que la moneda argentina sufría una sobrevaluación del 20%, pero juró que el
gobierno jamás provocaría una devaluación.
El día que anunció el proyecto que incorporaba el euro al sistema
vigente desde 1991, intentó persuadir durante una con-versación telefónica de
55 minutos al director ejecutivo del FMI, Stanley Fischer, de la necesidad de
contar con un apoyo explícito del organismo multilateral.
Fischer le explicó que la ganancia de competitividad para el país sería
mínima ya que el euro estaba en alza y el dólar en baja. Pero Cavallo le retrucó
que la combinación de ambas monedas fuertes dentro de la convertibilidad era
la única vía para avanzar hacia la flotación "sucia" del peso sin crear pánico. Su
intención era que la divisa más devaluada actuara como piso y la más
apreciada como techo de la futura banda de fluctuación cambiaría.
Desesperado, Fischer convocó al auditor chileno Tomás Reichmann a
su despacho para que le brindara nuevos argumentos que pudieran frenar la
iniciativa y volvió a comunicarse con el ministro. Del otro lado del teléfono, el
veredicto ya había sido escrito. "Lo lamento, pero en media hora voy a anunciar
el plan por televisión", se limitó a responderle el titular del Palacio de Hacienda
al hombre que estaba cerca de dejar su cargo en manos de la nueva "dama de
hierro" de las finanzas internacionales, Anne Krueger.
La Reserva Federal de Nueva York también le advirtió en dos
oportunidades a Cavallo que no lanzara la convertibilidad ampliada. El ministro
172
tomó nota del pedido, pero tampoco le hizo caso a su amigo William
McDonough:
— ¿No comprendés que la situación está bien encaminada?
—expresó Cavallo, mientras los colaboradores de McDonough se
tomaban la cabeza por la ceguera del ministro argentino.
***
La reacción negativa del mercado ante la nueva versión de la
convertibilidad fue inmediata, con una baja simultánea en los precios de bonos
soberanos y de las acciones de las empresas argentinas.
Cavallo sostuvo que los operadores del mercado eran "miopes" que
debían utilizar anteojos "para que vean bien y no se equivoquen". "Los
mercados... ustedes saben qué son los mercados; son unos muchachos
jóvenes que están sentados mirando una computadora, hablando por varios
teléfonos y que no tienen tiempo de pensar", disparó.
Más allá de los insultos, su gabinete le advirtió que los inversores
creían que el anuncio oficial representaba el primer paso hacia una fuerte
devaluación.
El ministro les respondió que no volvería a hablar del tema. "Ni siquiera
voy a volver a pensarlo", les juró en vano una semana antes de enviar el
proyecto al Congreso Nacional.
La ley, sancionada el 21 de junio, incorporaba la flamante moneda de
la Unión Europea "a partir del día siguiente en el que un euro cotice a un dólar
para la venta".
Algunos colaboradores de Cavallo pensaban que la puesta en marcha
de la nueva convertibilidad ponía en riesgo las reglas de juego en forma
innecesaria. El viceministro Daniel Marx y el jefe de asesores, Guillermo
Mondino, eran los funcionarios más contrariados con la idea dentro del Palacio
de Hacienda. Federico Sturzenegger, el joven que había ingresado a la función
pública para integrar el equipo de López Murphy y que decidió seguir en el
equipo económico como secretario de Política Económica de Cavallo, también
estaba muy confundido. Tan inteligente como inocente, en aquel entonces
Sturzenegger tenía profundas convicciones liberales pero, al mismo tiempo,
173
según otro integrante de aquel team, "era el más enamorado del carisma de
Cavallo y afirmaba que, en realidad, el ministro era un fiscalista escondido".
Fuera del gabinete económico, Horacio Liendo advirtió que el cambio
en el sistema monetario era demasiado complejo como para lanzarlo en el
"rústico" contexto político del año 2001.
Pero el ministro creía que, además de combatir la asfixia financiera, el
gobierno debía brindarle una fuerte señal de apoyo a la economía real luego de
la caída del PBI del 3,4% en 1999, del 0,5% en 2000 y del 2% en el primer
trimestre de 2001.
Más acelerado que nunca, Cavallo consideró que ni siquiera podía
esperar a que el euro igualara al dólar y puso en práctica en forma inmediata el
"factor de empalme", un subsidio para los operadores del comercio exterior que
funcionaría hasta que las dos monedas elegidas como el respaldo de la
convertibilidad ampliada quedaran empatadas. Aunque el ministro intentó
presentar el factor como una simple medida fiscal, en la práctica el nuevo
mecanismo significó un desdoblamiento del mercado cambiario, a través de la
creación de un virtual "dólar comercial".
El experimentado analista uruguayo del ABN Amro, Arturo Porzecanski,
quien había comenzado a monitorear a la Argentina en los '70, advirtió que
"tras los anuncios salió el cuco; hay mucho miedo a que Domingo Cavallo vaya
a una devaluación".
De inmediato, Guillermo Mondino partió para reunirse con los
principales gurúes de Wall Street. "Éste es un paquete de medidas sobre
política comercial, un programa de incentivos a las exportaciones", intentó
convencerlos el joven y delgado funcionario en una reunión convocada al
mediodía en el sur de Manhattan, cuando el riesgo país escalaba hasta los 985
puntos básicos, para terminar la jornada del 19 de junio de 2001 clavado en
1.000 puntos.
El pánico se trasladó de inmediato a otros mercados: el real brasileño
tocó su mínimo histórico con 2,45 por dólar, la bolsa madrileña cayó con fuerza
por la baja de las acciones de las empresas con presencia en la Argentina y las
empresas nacionales que cotizaban en Wall Street perdieron hasta un 6,7 por
ciento. "Como en el exterior no nos entendieron tenemos esta reacción
negativa, pero esto se solucionará cuando los argentinos empiecen a actuar a
174
partir de los incentivos que da este nuevo paquete económico", arriesgó
Cavallo.
Entusiasmado, Sturzenegger consideró que las medidas eran "positivas
e ingeniosas", aunque admitió que a los inversores les costaría "un poquito"
entenderlas. "A los mercados les gustan las cosas sencillas", comentó el tímido
economista.
Más preocupado, Mondino se lamentó porque el ministro ni siquiera se
tomó la molestia de avisarle al FMI antes de lanzar este plan de estímulo a las
exportaciones, que se combinó con otras medidas como la creación del
impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente. El distorsivo tributo,
obligatorio para la mayoría de las transacciones bancarias, permitió moderar la
caída de la recaudación producida por la caída en el nivel de actividad y por el
efecto de otra particular receta cavallista, los planes de competitividad,
destinados a otorgarles ciertas rebajas impositivas al campo, los servicios y la
industria. Stan Fischer volvió a probar suerte al advertirle al ministro que los
planes eran intervencionistas y que estaban basados en un sistema demasiado
sofisticado como para que las empresas aprovecharan sus ventajas.
El único resultado posible, según el director ejecutivo del Fondo, era
una fuerte pérdida fiscal. De hecho, los ingresos tributarios cayeron el 9,1% en
abril, se tomaron un respiro en mayo con una suba del 8%, y volvieron a
desbarrancarse el 4,9% en junio, 8,7% en julio, 3,4% en agosto, 14% en
septiembre, 11,3% en octubre y 11,6% en noviembre, hasta que el ministro se
convenció de la necesidad de reducir los flamantes beneficios impositivos.
Si el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio
Loser, sentía cierto hartazgo por la convertibilidad ampliada y por los planes de
competitividad, sus nervios terminaron de estallar con el "factor de empalme".
Loser y Reichmann creían que la Argentina comenzaba a transitar
nuevamente la peligrosa senda del tipo de cambio múltiple que ya no podían
apoyar.
Con su habilidad retórica a cuestas, Liendo viajó en forma inmediata a
Washington para discutir la polémica iniciativa con los integrantes del
Departamento de Asuntos Legales del organismo. "Con su magia logró
convencer a nuestros abogados de que el factor de empalme no significaba
175
una medida cambiaria y así lo reflejaron ellos en su dictamen", se sorprendió
uno de los negociadores de la entidad multilateral.
Luego de algunos días de silencio, el organismo utilizó toda su
diplomacia para afirmar que "con este tipo de cambio, el gobierno argentino
pretende incentivar el comercio exterior, reactivar el mercado interno y mejorar
los ingresos fiscales".
Pero los mercados fueron menos generosos que el Fondo. A pocas
semanas del costoso "megacanje", los inversores extranjeros volvieron a
colocarles un cepo a los planes financieros del gobierno y Cavallo redobló la
presión sobre los bancos locales y las AFJP para seguir subsistiendo. A partir
de entonces, el índice promedio de riesgo país nunca bajó de los cuatro dígitos:
1.407 puntos básicos en julio, 1.502 en agosto, 1.828 en octubre, 2.768 en
noviembre y 4.434 en diciembre, frente a los 217 puntos básicos registrados
durante el último mes del año 2000.
Europa especulaba con la posibilidad de que la Argentina tuviera que
pasar el 50% de sus reservas a euros si se ponía en marcha la convertibilidad
ampliada, y Wall Street ya no les daba demasiado tiempo de vida a los pilares
de la estabilidad cambiarla e inflacionaria de la década del 90.
Como reflejo de esta desconfianza, el dólar a futuro comenzó a
cotizarse a $ 1,25 a un año en el mercado de Non Delivery Forwards (NDFs) de
Nueva York, luego de permanecer en torno de $ 1,03 durante los '90. Cuando
el temor a una devaluación crece, los inversores aceptan pagar un interés a
cambio de fijar un precio de dólar determinado, ante la percepción de que la
tasa de devaluación hasta la fecha pactada puede ser más alta que la prima de
riesgo que pagan. En el caso del dólar de la Argentina, esa tasa superaba el
50% en julio de 2001.
Mondino y Sturzenegger se desesperaron, ya que una brecha excesiva
entre el dólar spot y el futuro alimentaría el circuito especulativo en contra del
manoseado plan de convertibilidad.
A dúo, le plantearon al ministro la necesidad de intervenir para bajar el
precio del dólar futuro e intentaron sumar en su cruzada al secretario de
Finanzas, Daniel Marx, y a su subsecretario, Julio Dreizzen. Pero luego del
megacanje, el equipo de Finanzas ya estaba totalmente convencido de la
176
imposibilidad de torcer las expectativas de los inversores con maniobras
técnicas aisladas.
Con ciertas dudas, Cavallo tanteó al presidente del Banco Central,
Roque Maccarone, para saber si estaba dispuesto a utilizar una parte de las
menguantes reservas de la entidad en esta arriesgada jugada. "El banco puede
ganar mucha plata", buscó entusiasmarlo el titular del Palacio de Hacienda.
Cuando el veterano banquero supo que el país perdería US$ 2.000
millones con la operación, debido al temor que predominaba en los inversores
por las escasas posibilidades de repago de la deuda, tomó coraje y se animó a
decirle que no al ministro. "Hubiera sido una locura porque habríamos
comprado un seguro de cambio para los bancos mientras perdíamos reservas",
recordó, aliviado, un funcionario encargado de convencer al presidente del
BCRA. En noviembre, el dólar a un año ya se ubicaba en $ 1,43.
***
"Estamos trabajando para alcanzar una solución sustentable para la
Argentina; no una que continúe consumiendo el dinero de los plomeros y de los
carpinteros de los Estados Unidos, que ganan 50 mil dólares por año y se
preguntan qué demonios estamos haciendo con su dinero." Paul O'Neill pudo
haberse destacado como empresario, pero nunca por sus cualidades técnicas y
políticas como secretario del Tesoro de los Estados Unidos y mucho menos por
su capacidad diplomática.
A mediados de agosto de 2001 el secretario del Tesoro, ex titular de la
empresa Alcoa, expresó a viva voz su disgusto por tener que socorrer por
segunda vez consecutiva en menos de un año a un país que, entre enero y
agosto, había perdido US$ 8.000 millones en depósitos y US$ 10.000 millones
de sus reservas internacionales, luego de haber recibido un paquete de
asistencia multimillonario.
Desde entonces, O'Neill repitió una y otra vez que la Argentina requería
un "plan económico sustentable", una de las consignas preferidas de la
reemplazante de Fischer, Anne Krueger, doctorada en la Universidad de
Wisconsin y profesora en Minnesota de alumnos como José Luis Machinea.
177
La administración republicana pretendía respetar sin fisuras su doctrina
aislacionista, contraria a los salvatajes otorgados durante el gobierno
demócrata. La idea del engagement de los Estados Unidos con la comunidad
internacional que predominó en la era Clinton había quedado superada con el
cambio de gobierno en Washington, aunque la realidad luego obligó al equipo
del presidente George W. Bush a volver sobre sus pasos ante los temblores
que afectaron a Turquía y a la Argentina.
En abril el gobierno de la Alianza logró renegociar las metas
trimestrales del acuerdo con el FMI que dio origen al blindaje.
Para compensar el fuerte desvío fiscal registrado entre enero y marzo,
Cavallo anunció un paquete de ajuste basado en un aumento de ingresos por $
3.200 millones y un corte del gasto público de $ 900 millones con reducciones
en los ministerios del Poder Ejecutivo y en la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Aunque en el nuevo acuerdo la meta anual del déficit se mantuvo en
US$ 6.500 millones, el Fondo pretendía que el Palacio de Hacienda
reabsorbiera antes de julio el desvío del primer trimestre. Finalmente, la
Secretaría de Hacienda logró postergar la corrección hasta el último trimestre
del año, a la espera de una mejora en las condiciones económicas.
Para cubrir las necesidades financieras del segundo trimestre del año,
el Palacio de Hacienda apeló, como en 1995, a un "bono patriótico" que, entre
los bancos y las empresas, aportó US$ 3.500 millones. Luego del megacanje,
la Secretaría de Finanzas creía que sólo restaba realizar colocaciones
voluntarias en el mercado internacional por unos US$ 4.000 millones y
mantener en pie el blindaje, que supuestamente garantizaba el desembolso de
otros US$ 25.000 millones durante 2001.
"Vamos a llegar con una buena situación de caja a fin de año", declaró
el subsecretario de Financiamiento, Julio Dreizzen, quien renunciaría un par de
meses después en desacuerdo con la estrategia de reestructuración de la
deuda planteada por Cavallo.
Más escéptico, el director gerente del Fondo, HorstKohler, bendijo la
continuidad del acuerdo, pero advirtió que "la Argentina está en una situación
difícil; es una fuente de preocupaciones para el FMI y un elemento perturbador
en el panorama de la economía global".
178
Luego de haber utilizado la bala del megacanje que estaba en la
recámara de su revólver, a mitad de año Cavallo ya había consumido US$
4.939 millones de déficit sobre una meta anual de US$ 6.500 millones. La
pauta anual suponía el difícil objetivo de contener el rojo de las cuentas
públicas del tercer trimestre en US$ 1.310 y en US$ 251 millones durante el
último cuarto del año.
Pero el séptimo mes del año, que culminó con un rojo fiscal de mil
millones de pesos, dejó a la Argentina muy lejos de la posibilidad de recibir un
desembolso pendiente por US$ 1.240 millones.
En la primera quincena de julio el ministro percibió que las señales del
apocalipsis se multiplicaban cuando intentó en vano obtener recursos para
evitar el default de la provincia de Buenos Aires. La deuda del indisciplinado
estado bonaerense pasó de $ 3.000 millones en 1996 a $ 5.906 millones en
junio de 2001.
En su conjunto, el endeudamiento de las provincias saltó de $ 13.921
millones a $ 23.123 millones en el mismo período.
"Perdimos el crédito", admitió Cavallo ante su equipo, alejado de la
retórica antimercado que había mantenido en los primeros meses de su
gestión.
Sin dejar pasar más tiempo, el titular del Palacio de Hacienda comenzó
a negociar un nuevo plan de ajuste de US$ 1.500 millones que le permitiera
solicitarle al FMI unos US$ 9.000 millones adicionales a los recursos
comprometidos por el blindaje.
El gobierno bonaerense tenía otra visión: si bien existían enormes
dificultades financieras para cumplir con sus obligaciones, fue el gobierno
nacional el que exigió que las provincias no pagaran, con el objetivo de
fortalecer su posición negociadora ante los acreedores externos.
A cambio, se gestó el proyecto del "déficit cero", que obligaba al Estado
nacional y a las provincias a no gastar más de lo que recaudaban, recortaba los
salarios estatales y las jubilaciones en un 13%, subía los aportes patronales y
suspendía las medidas judiciales cautelares que afectaran los recursos del
Estado.
Tomás Reichmann voló de inmediato a Buenos Aires por pedido de
Jorge Baldrich, pero no quedó demasiado convencido con el contenido del
179
paquete. El secretario de Hacienda se esforzó al prometerle que el recorte de
los sueldos podía estirarse hasta el 20% si era necesario para cerrar las
cuentas.
—A mí me parece brutal, pero está bien si lo pueden hacer —dijo el
auditor chileno, ciertamente sorprendido por la agresividad del proyecto.
Al día siguiente, Reichmann se llevó una gran desilusión cuando el
ministro de Economía le comunicó que el ajuste no podía profundizarse en los
salarios de los empleados del Estado nacional. De todos modos, el equipo
económico le pidió su apoyo, a cambio de lograr que el "déficit cero" fuese
sancionado por una ley nacional que se extendiera a las provincias.
El parto legislativo no fue sencillo, a pesar de que los gobernadores
firmaron el Compromiso por la Independencia, que ratificaba su respaldo al
proyecto, ya que el Congreso parecía más dispuesto a subir impuestos que a
recortar el gasto en un año electoral.
Tras dos semanas de incertidumbre, con el riesgo país cerca de los
1.600 puntos básicos y luego de una carta del presidente De la Rúa que
reclamaba "actitudes patrióticas", el Senado convirtió en ley el "déficit cero" a
fines de julio y Cavallo prometió que la recuperación sería "muy rápida",
mientras el PBI maduraba una caída del 4,9% en el tercer trimestre.
Para sacarse un peso de encima, el ministro descargó
responsabilidades por el ajuste. "Los argentinos se van a dar cuenta de que
hoy, lamentablemente, los jubilados que cobran más de 500 pesos por mes
sufren un recorte del 13% debido al despilfarro de la clase política, a la
corrupción que existe en algunos órganos de gobierno y algunas jurisdicciones,
debido a la fuerte evasión impositiva y al contrabando, a los privilegios, en
particular las jubilaciones de privilegio, y al gasto excesivo del Estado en
general", disparó a mansalva.
Más tranquilo por la sanción de la ley, Reichmann se volvió a
Washington, donde Kohler lo aguardaba ansioso.
— ¿Qué posibilidades tiene esto de salir bien?
—Apenas un 20 por ciento —respondió, tajante, el frustrado integrante
del staff del Hemisferio Occidental.
De todos modos, Loser y Fischer consideraron que el plan de ajuste
era serio y, además, expresaron ante el board que cualquier alternativa podía
180
ser peor. "Hay que medir los costos si la Argentina se queda sola", advirtió el
director del Hemisferio Occidental. Varios directores del Fondo no estaban
convencidos del argumento, sobre todo cuando escuchaban voces como la del
economista en jefe del organismo, Michael Mussa, que recomendaba prestarle
a la Argentina recién después del default y de la devaluación. Como una buena
parte de los analistas del sector privado, Mussa pensaba que un apoyo en el
medio de la tormenta sólo convalidaría la fuga de capitales que se había
iniciado en enero, tal como había ocurrido con los paquetes de rescate de Asia
en 1997 y de Rusia en 1998.
Con mayores responsabilidades políticas, Fischer indicó que aún era
posible "ganar la batalla" y dio vía libre para que el Ministerio de Economía
enviara el 8 de agosto una misión integrada por Marx, Mondino, Baldrich,
Sturzenegger, Liendo y el nuevo vicepresidente del Banco Central, Mario
Blejer, ex subdirector del Departamento de Asia Pacífico del FMI.
Antes de partir, el secretario de Hacienda le puso un piso al salvataje
adicional al explicar que el gobierno viajaba en búsqueda de una suma que
variaba entre US$ 6.000 millones y US$ 9.000 millones.
Las declaraciones del funcionario provocaron una fuerte reacción de
histeria en el Fondo, que se sintió condicionado antes de comenzar a discutir
los términos del nuevo programa.
El ministro enfrentó las cámaras nuevamente y prometió que sus
colaboradores "no volverían con las manos vacías". En realidad, Cavallo sabía
que si la gestión en la capital de los Estados Unidos fracasaba, sus días en el
gobierno estaban contados, ya que —con el guiño de una buena parte del
radicalismo y del justicialismo— Colombo lo acechaba con la amenaza de
colocar a
Marx en su lugar. Cinco días después, sin un avance sustancial en la
negociación en Washington, el presidente De la Rúa pretendió calmar la
angustia generalizada al afirmar que "el anuncio no se retrasó porque no hay
tiempos, ni procedimientos, ni montos establecidos".
El 14 de agosto recién comenzaron a regresar los miembros de la
conducción del Fondo de sus vacaciones de verano, apurados por el caso
argentino. Con cierto disgusto por haber tenido que acortar su descanso,
Kohler abrió el juego en una teleconferencia con los viceministros de Finanzas
181
de los países del Grupo de los Siete. El director gerente luego se reunió con
Marx, mientras el resto de la delegación comenzaba a regresar a Buenos Aires
con cierta tranquilidad. El presidente George W. Bush y el canciller alemán
Gerhard Schroeder expresaron su respaldo público a la Argentina y el premier
británico Tony Blair viajó a Buenos Aires con el mismo objetivo. En paralelo, los
presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile y
Vicente Fox de México activaron un importante lobby ante Bush, con la
consigna de convencerlo de los efectos perjudiciales que provocaría un default
argentino sobre el resto de la región. "La situación de la Argentina es fácilmente
reversible y nosotros en la región tenemos condiciones para ayudar; esta
región es solidaria, y hay una señal de que el gobierno norteamericano y los
gobiernos del G-7 tienen conciencia de ello y ayudarán a la Argentina", expresó
Cardoso, tal vez el más temeroso entre todos los gobernantes de la región.
Brasil tenía una deuda externa de US$ 236.156 millones, México de US$
154.447 millones y Chile de US$ 38.520 millones.
Finalmente, el 21 de agosto, Kohler cedió ante la fuerte presión política
y anunció un aumento de US$ 8.000 millones para el país, divididos en US$
5.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central y US$ 3.000
millones para apoyar una reestructuración voluntaria de la deuda que Cavallo
había decidido encarar en dos fases consecutivas. Con la deuda pública en
US$ 141.252 millones, el acuerdo fue ratificado el 7 de septiembre por el
directorio del organismo con la consigna de desembolsar en forma inmediata
US$ 6.300 millones, compuestos por US$ 5.050 millones correspondientes al
nuevo crédito y US$ 1.240 millones a una cuota atrasada del blindaje.
En aquel momento, el Fondo se comprometió a enviar otros US$ 1.240
millones "más adelante, este año", que nunca llegarían a manos de Cavallo.
Kóhler aseguró que, una vez más, el gobierno argentino se esforzaría
en enviar un proyecto al Congreso para modificar el sistema de coparticipación
federal con la intención de condicionar los giros a las provincias a la evolución
de la recaudación impositiva, ya que la ley vigente constituía "una fuente
significativa de rigidez e ineficiencia para las finanzas públicas".
La meta de déficit anual se estiró a US$ 6.600 millones, y la proyección
del PBI pasó de un crecimiento del 2,5% a una caída del 1,4%, que finalmente
llegaría al 4,4%.
182
Para agrado de Marx, el FMI también explicó que el gobierno de los
EE.UU. invitaría al Mercosur a iniciar conversaciones para conformar un área
de libre comercio con los Estados Unidos. Unas semanas antes del acuerdo el
viceministro había viajado a Brasilia con Blejer y Sturzenegger para explorar la
posibilidad de acelerar el proceso de unificación monetaria e incluir a Chile en
el bloque regional. Pero los funcionarios argentinos se toparon con una rotunda
negativa por parte del titular del Banco Central, Arminio Fraga, quien no estaba
dispuesto a atar su suerte a la de un país condenado al abismo. Apenas se
enteró de las gestiones, Cavallo les prohibió continuarlas. "No podemos confiar
en Brasil porque siempre nos traicionó", sentenció.
Con el renovado apoyo del FMI, el ministro sintió que nuevamente
podía levantar vuelo sin ayuda de nadie, salvo de su viejo amigo Jacob
Frenkel.
***
Jacob Frenkel es inquieto, Arme y grita cada vez que lo cree necesario.
Con un doctorado en la Universidad de Chicago, el famoso ex presidente del
Banco Central de Israel y ex director de Investigaciones del FMI, en la década
del 90 dejó el ambiente académico para transformarse en el líder de la división
internacional del banco de inversión Merrill Lynch, una de las principales
entidades de Wall Street.
Nacido en 1943, se transformó en uno de los economistas más
respetados entre sus pares hasta que comenzó a involucrarse en la delicada
tarea de obtener negocios financieros para Wall Street.
En julio de 2001 aterrizó en Buenos Aires para convencer a Cavallo y a
Marx del valor de sus credenciales como lobbista ante el gobierno de los
Estados Unidos.
Según su estrategia, la Argentina estaba en condiciones de obtener al
menos US$ 15.000 millones como respaldo para una reestructuración
voluntaria de su deuda.
Luego de cuatro horas de reunión, Marx no quedó muy convencido de
aceptar la oferta. Algunos de los influyentes amigos del viceministro en
183
Washington le advirtieron que Paul O'Neill no escuchaba demasiado a este
enérgico israelí, que difícilmente no se queda con la última palabra en una
discusión.
En cambio, a Cavallo no le costó demasiado comprar el plan de
Frenkel, quien había sido uno de sus invitados de honor en una jornada
académica organizada en 1986 por la Fundación Mediterránea, junto a Anne
Krueger.
Frenkel nunca olvidó el esfuerzo que realizó el entonces candidato a
diputado nacional para trasladarlo a Córdoba en un jet privado debido al paro
de aviones que afectaba al país.
Cuando ya nadie quería siquiera volver a escuchar una palabra sobre
la Argentina, el economista regresó la primera semana de agosto de 2001 para
avanzar en su tarea de lobby. "La gente quiere mantener la convertibilidad y la
estabilidad; por eso, si tuviera que describir a Cavallo hoy, diría que es un
tesoro nacional, algo que uno quiere conservar, lustrar y darle brillo", exageró.
La Secretaría de Finanzas desconfiaba de este hombre y hasta dejó
trascender que había solicitado un contrato millonario por sus servicios. Frenkel
lo desmintió y dijo que sólo cobraría US$ 17.000 que serían donados a la
Fundación Favaloro.
Según Marx, celoso por la nueva figura, Frenkel le llenaba la cabeza a
Cavallo con pronósticos optimistas difíciles de cumplir.
Frenkel no se animó a cruzarlo en forma pública, pero le pidió
disciplina. "Marx es un gran profesional, al que respeto y conozco desde hace
muchos años, pero lo importante es la cohesión del grupo", declaró.
Mario Blejer, ex alumno de Frenkel, tampoco se sentía cómodo con su
presencia, ya que temía que pudiera presionarlo para obtener información del
Banco Central sobre la base de la amistad que mantenían.
Aunque Cavallo aseguraba que Bill McDonough había sido el
encargado de recomendárselo, en la Reserva Federal tampoco existían
demasiadas expresiones de satisfacción por su nombramiento. El banco central
de Nueva York creía que su posición en Merrill Lynch le impedía tener un trato
adecuado con el resto del mundo financiero y, además, pensaba que la
situación argentina se había deteriorado demasiado como para confiarle a un
solo hombre un rol tan decisivo.
184
Contra viento y marea, el ministro creía en las cualidades de su nuevo
asesor para allanarle las negociaciones con O'Neill, el subsecretario John
Taylor y el Fondo. "Somos los campeones del canje de deuda en la Argentina",
exclamaba el ministro, siempre seguro de sí mismo.
Por otro lado, su pelea con el viceministro ya había alcanzado límites
insostenibles y ninguno de los dos dudaba en descalificar al otro en reuniones
poco privadas. Cavallo estaba dispuesto a desplazar a Marx y a sumar como
asesores al vicepresidente del Citigroup, Bill Rhodes, y al titular del Deutsche
Bank, Josef Ackerman, para que, junto con Frenkel, obtuvieran el dinero
necesario que avalara la reestructuración con los acreedores externos.
Pero cuando los técnicos de Merrill Lynch comenzaron a ver los
números, comprendieron que las posibilidades de éxito de un canje ordenado
eran muy bajas si no había alguna garantía adicional, sobre todo por las
resistencias que habría entre los tenedores de bonos en Europa y Japón a
aceptar pérdidas importantes. Fue entonces cuando Horacio Liendo vio una
excelente oportunidad para insistir con su rechazado proyecto de la Ley de
Crédito Público, que garantizara el canje de la deuda con la recaudación
impositiva.
El ministro y su asesor pensaron en implementar dos "fases", la
primera con los inversores dentro del país y la segunda en el exterior, para
repagar los pasivos soberanos en un plazo mayor y a una tasa más baja.
Liendo se había transformado en el candidato a senador de la Capital
Federal por el partido Acción por la República (AR) para las elecciones de
octubre y estaba dispuesto a defender la gestión económica desde la
oposición, ya que consideraba que la UCR y el PJ agitaban los fantasmas del
default y la devaluación. Desde su sillón de funcionario, Cavallo atacó a
"algunos candidatos de los partidos que apoyaron al presidente De la Rúa para
que accediera al poder, por ser más opositores que el peronismo". "Si pierden
esos candidatos no va a estar perdiendo el Gobierno, porque varios de ellos
están en contra de las medidas que está implementando el presidente De la
Rúa y dicen que el 'déficit cero' es una mala política", bramó el ministro. Pero
en los comicios De la Rúa terminó de soltar las riendas del país, ya que el PJ
se impuso con el 31,3% de los votos frente al 21,2% de la Alianza, 7,6% del
ARI de Elisa Carrió y apenas el 1% para el partido cavallista.
185
Lejos de la política, Marx comenzó a preparar una gira para reunirse
con los ministros del G-7 avalado por el presidente Fernando de la Rúa y por el
jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, con el objetivo de obtener unos US$
20.000 millones que Frenkel no podía terminar de conseguir como garantías
para el canje.
Un día antes de la fecha de inicio del ambicioso road show, el 11 de
septiembre de 2001, dos aviones comerciales secuestrados por un grupo de
terroristas de la red Al Qaeda explotaron contra las Torres Gemelas en Nueva
York entre las 8:45 y las 9:03 de la mañana, mientras una tercera aeronave
destruía a las 9:45 una parte del Pentágono en Virginia y otra era derribada en
Filadelfia. Unas 3.000 personas murieron en el peor atentado terrorista
cometido contra el mundo occidental, que observaba con horror la imagen de
decenas de personas que saltaban desde los pisos más altos de los
rascacielos más famosos del sur de Manhattan.
Ciego de ira, el gobierno de los Estados Unidos comenzaba su
contraataque contra Afganistán mientras Marx deshacía con tristeza sus valijas,
que incluían una carpeta con una presentación escrita que proyectaba una
caída del PBI del 8,5% en 2002 si el país caía en default.
***
Mientras Cavallo y Liendo diseñaban a toda velocidad su operación de
canje de deuda, ajenos a las catástrofes domésticas y externas para salvar a
su hija pródiga, la convertibilidad, otros protagonistas de este final anunciado
pensaban en planes contingentes por si la estrategia oficial no funcionaba.
En una operación similar a la que se desarrolló en 1982 apenas estalló
el conflicto de Malvinas, en septiembre de 2001 Marx y el presidente del Banco
Central, Roque Maccarone, comenzaron a trasladar las reservas
internacionales que estaban depositadas en entidades comerciales al Banco
Internacional de Pagos de Basilea y a una cuenta oculta en el Fed de Nueva
York.
El discreto movimiento, que estuvo a cargo de una de las directoras del
Central, Amalia Martínez, buscaba evitar que la eventual cesación de pagos
provocara el embargo de las reservas, que en aquel entonces ascendían a US$
186
19.500 millones, frente a US$ 35.100 millones de enero, por pedido de los
acreedores.
Tras la asistencia adicional del Fondo anunciada en agosto, las
reservas crecieron hasta US$ 24.000 millones a mediados de septiembre, pero
luego comenzaron a retroceder y se ubicaron en torno de los US$ 19.000
millones hasta fin de año.
En forma paralela, algunos integrantes del equipo económico y
Colombo comenzaron a explorar la posibilidad de avanzar hacia un sistema
monetario dolarizado para evitar el infierno de la devaluación, que cada vez
tomaba más cuerpo. "Sería mucho menos costoso para los ciudadanos una
dolarización que una devaluación", arriesgó en público el jefe de Gabinete.
Con un perfil más bajo, el vicepresidente del BCRA, Mario Blejer,
recibió una clara señal política a principios de noviembre en el mismo sentido
por parte del titular de la Reserva Federal, Alan Greenspan, durante una
reunión del Banco Internacional de Pagos en Basilea. En una de las cenas de
la cumbre de banqueros centrales, Greenspan le aclaró que ya no estaba en
contra de la dolarización en la Argentina y le preguntó los argumentos que
utilizaban aquellos que se oponían a la medida dentro del país. Uno a uno, el
veterano banquero los rebatió, para sorpresa de Blejer. De todos modos, el
funcionario norteamericano no ordenó que la iniciativa se analizara en términos
técnicos dentro del organismo que encabezaba.
Entusiasmado, cuando regresó a la Argentina, Blejer conversó la idea
con Mondino y juntos se la plantearon a Cavallo, quien se negó en forma
rotunda. En todo caso, respondió, el cambio de moneda debía generarse en
forma espontánea.
De hecho, en una reunión del Grupo de los 20 —que reúne a los
ministros de Finanzas del G-7 y de mercados emergentes— el FMI y el Banco
Mundial, desarrollada en Ottawa a mediados del mismo mes, Greenspan y
John Taylor se acercaron al ministro para volver a plantearle el mismo camino,
pero su respuesta fue que dolarizar por ley era tan perjudicial como pesificar en
términos de ruptura de contratos.
Preocupados, los dos funcionarios norteamericanos insistieron y le
ofrecieron que la Reserva Federal girara billetes contra las reservas del BCRA,
187
aunque no lograron convencer al ministro de que la dolarización pudiera evitar
los riesgos de un default.
Las cartas parecían estar echadas. Cavallo avanzó en su estrategia de
canjear a los inversores locales los títulos públicos nacionales y provinciales
que rendían entre el 13% y el 23%, respectiva-mente, por préstamos
garantizados con una tasa del 7% anual.
Una vez más, surgió un enfrentamiento interno en el Palacio de
Hacienda ya que Marx propuso hacer un "canje acotado" con un tope de US$
15.000 millones para reducir el costo de la operación, pero el ministro quiso ir a
fondo con el objetivo de bajar las tasas y permitir que la economía volviera a
crecer.
Ante el temor del default y la presión del gobierno sobre los bancos y
los fondos de pensión, la "fase uno" logró un trueque de 69 bonos por US$
56.000 millones, dividido entre US$ 42.000 millones correspondientes a la
Nación y US$ 14.000 millones a las provincias.
Así, el gobierno generaba un ahorro cercano a los US$ 5.000 millones
en el pago de intereses del año 2002 y planificaba para el verano la complicada
"fase dos" con los acreedores externos, que incluiría a los bonos Brady Par y
Discount, y los Global Cupón cero con garantía del Banco Mundial, entre otros.
De todos modos, todavía restaba obtener una importante masa de
recursos para cerrar las necesidades financieras del último tramo de 2001.
Impaciente, el ministro expresó que el FMI debía adelantar un desembolso de
US$ 1.240 millones previsto para fin de año, ya que supuestamente las metas
del tercer trimestre se habían cumplido. Con esa suma y US$ 1.000 millones
más aportados por los bancos multilaterales, el gobierno podría hacer frente a
sus necesidades de caja hasta el año nuevo.
El Fondo se mantuvo imperturbable hasta que el ministro se comunicó
con Anne Krueger para pedirle que lo recibiera o que mandara una delegación
negociadora a Buenos Aires. "O vienen ustedes o voy yo", intentó amedrentarla
a la distancia.
La flamante funcionaría le advirtió que si viajaba a Washington nadie lo
recibiría, aunque luego de unos días aceptó enviar a Reichmann en una misión
"exploratoria".
188
El Día de la Lealtad peronista, el auditor chileno comenzó a escuchar la
estrategia de dolarización del sistema financiero sugerida en el Palacio de
Hacienda. Cavallo le rogó que persuadiera al board de la necesidad de
adelantar el giro previsto para la primera semana de diciembre, ya que en
noviembre el país enfrentaba vencimientos por US$ 2.000 millones que no
tenía cómo afrontar.
Además, el ministro le explicó que las provincias recibirían sus
transferencias en las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
(Lecop) que, junto con el resto de los bonos emitidos por las provincias,
inundarían la economía ante la falta de pesos en circulación.
Mientras los gobernadores estallaban de furia por la dad, Reichmann
elevó un informe a Krueger y regresó a Washington. Diez días más tarde,
arribó John Thornton, subjefe del caso argentino hasta la renuncia del auditor
chileno. El funcionario de origen británico, apodado como "el funebrero" en el
FMI por su forma gris de vestir y su escasa simpatía, viajó con un mensaje
claro: para acceder al último desembolso de 2001, el gobierno nacional debía
lograr que las provincias cumplieran con la regla del "déficit cero" y aceptaran
eliminar el piso de las transferencias de $ 1.364 millones mensuales
establecido en el acuerdo firmado en el año 2000.
La situación político-económica local empeoraba en forma diaria, al
ritmo de la baja de los depósitos y la recaudación y la suba de las tasas de
interés y del riesgo país.
Como contraste, tras viajar a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York, De la Rúa recibió algunos mimos en una reunión a
solas que mantuvo con el presidente George W. Bush. Luego del encuentro, el
secretario del Tesoro, Paul O'Neill, se animó a afirmar que, frente a la crisis, "la
situación en este momento es bastante alentadora porque el presidente De la
Rúa ha tomado la iniciativa", aunque se encogió de hombros cuando le
preguntaron si la administración republicana estaba dispuesta a aportar fondos
adicionales para que la Argentina concretara la "fase dos" de su
reestructuración en forma ordenada y sin quitas significativas. Enojado, el
secretario del Tesoro dijo que los tenedores de bonos debían asumir una
pérdida significativa luego de haber ganado tanto dinero en los '90. "En lo que a
mí concierne, la gente que va a ganar entre un 25, 30 o 40 por ciento de
189
intereses debería asumir los riesgos por su propia cuenta si le sale mal; los
costos no deberían ir a la cuenta de los Estados Unidos ni del FMI, sino de
quienes tomaron la decisión de correr el riesgo", sentenció O'Neill.
En forma paralela, el Fondo recibió algunos cuestionamiento por no
cumplir con el pedido del gobierno nacional de adelantar el giro de fondos, en
contraposición con la supuesta flexibilidad que demostraba hacia Turquía, un
aliado estratégico de Washington en la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) en Oriente. Al igual que la Argentina, el país que actúa como
unión entre Europa y Asia se hallaba inmerso en otro terremoto financiero a
pesar de haber recibido la bendición para dos paquetes de rescate por US$
19.000 millones de dólares casi en paralelo a la Argentina, aunque a cambio de
la exigencia de abandonar el tipo de cambio fijo.
Esta vez, la expresión de bronca fue deKohler. "Llevo 17 meses en el
FMI y ya estuve implicado en dos grandes discusiones de apoyo para la
Argentina; fue tan sólo en agosto que se decidió un nuevo paquete por US$
8.000 millones. No es justo ni correcto decir que beneficiamos más a Turquía",
expresó el funcionario alemán sin ocultar su sensación de molestia.
Cavallo escuchó estas palabras de cerca, durante la reunión anual del
Fondo desarrollada en Ottawa, pero regresó a Buenos Aires con las manos
vacías. Los rumores sobre su alejamiento se multiplicaban, mientras el entorno
presidencial alentaba a Marx a renunciar para volver al Ejecutivo como ministro
de Finanzas.
La última semana de noviembre, Reichmann volvió una vez más para
evaluar el estado del programa de asistencia y dejó en claro que, al menos
hasta fin de año, los codiciados US$ 1.240 millones no llegarían.
Resignado a una nueva ruptura de hecho con el Fondo, el ministro
volvió a encerrarse con Liendo para tramar su última apuesta.
***
—¡Vos querés que éste sea un país de mierda!
Daniel Marx no podía frenarse mientras caminaba de un lado para el
otro por delante del escritorio del ministro de Economía en el quinto piso del
Palacio de Hacienda.
190
Aunque parece una persona tranquila y suele hablar con un tono bajo,
cuando el alto y desgarbado economista explota ya no hay nada que logre
contenerlo.
El viceministro temblaba y tartamudeaba, mientras le pedía a los gritos
una explicación a Cavallo por haber permitido que se filtraran al matutino
Ámbito Financiero las medidas que establecían las bases del "corralito".
—Eso no te lo voy a permitir —expresó el ministro con la expresión en
su rostro más sobresaltada que nunca.
El 30 de noviembre de 2001 se conocían los lineamientos preliminares
del paquete que marcaría el golpe de gracia al gobierno de Fernando de la
Rúa.
Tras la salida de unos US$ 18.000 millones en los depósitos registrada
desde enero de 2001, Cavallo decidió que era el momento adecuado para
cerrar las compuertas del sistema financiero que evitara un quiebre masivo de
los bancos. Solamente entre el 28 y el 30 se habían fugado US$ 3.600
millones.
La noticia que provocó la ira de Marx indicaba que se dolarizarían los
activos y pasivos del sistema financiero, se obligaría a utilizar cheques o
transferencias electrónicas para cualquier movimiento bancario y a justificar la
salida de fondos al exterior. Si bien el viceministro conocía las intenciones del
ministro, no estaba al tanto ni del detalle ni del timing para llevarlas a cabo.
"No hay nada decidido, pero la gente tiene que estar tranquila porque
todo lo que hagamos será para preservar los ahorros y la convertibilidad, para
preservar el uno a uno", alcanzó a expresar Cavallo el viernes a la noche luego
de un día de furia, que marcó una nueva caída de US$ 700 millones en los
depósitos y llevó el riesgo país a 3.341 puntos básicos, la tasa interbancaria al
700%, y, por primera vez en 10 años, corrió el dólar "paralelo" hasta colocarlo
en $ 1,30 en la city porteña.
El sábado Io de diciembre, cuando la mayoría de los inversores
calificados ya había tenido la posibilidad de extraer su dinero, De la Rúa firmó
un decreto de necesidad y urgencia que, además de dolarizar los nuevos
préstamos y limitar a US$ 1.000 los giros al exterior, fijaba un tope de retiros de
250 pesos o dólares "por semana, por persona y por banco".
191
En una de sus tantas tempestuosas conferencias de prensa del año
2001, Cavallo sostuvo que las medidas regirían por 90 días para "poder
asegurar el buen funcionamiento de la economía y, sobre todo, para proteger
los ahorros de los argentinos".
"La Argentina ha estado sometida a ataques especulativos por parte de
aquellos que esperan obtener beneficios de una devaluación, que han
esperado que seamos incapaces de cumplir con nuestras obligaciones internas
y en el exterior", explicó el ministro pocas semanas antes de perder la última de
sus batallas.
Después de hablar en público, regresó a su despacho, aunque en el
camino se permitió bromear con el secretario de Finanzas, quien preparaba los
detalles de la puesta en marcha del "corralito" junto con el último subsecretario
de Financiamiento de la Alianza, Gustavo Staforini.
— ¿Ya se te fue el enojo de ayer? Vos tenés que tomarte las pastillas
que tomo yo y vas a estar mucho mejor.
Marx se asustó. Al igual que el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el
viceministro pensaba que Cavallo presuntamente sufría un "creciente problema
de salud mental" que sólo combatía con medicamentos ansiolíticos.
Un día después, el presidente De la Rúa aparecía en el pasillo central
de la Casa de Gobierno para formular una insólita declaración, con el puño
derecho en alto y la bandera argentina a sus espaldas: "Estamos ganando la
batalla". La batalla estaba perdida, no sólo por los desaciertos del presidente y
de su ministro, sino porque el funcionamiento de la convertibilidad exigía un
flujo permanente de ingreso de capitales que, cuando se agotó en 1999, se
tradujo en una recesión en forma inevitable.
"Vamos a sacarlos de a uno y en silencio para no hacer un escándalo."
Las palabras de Horst Kohler desde Washington impactaron en el ánimo de
Reichmann como ninguna otra orden recibida antes. El Fondo ya creía que no
había espacio para apoyar una reestructuración ordenada y prefería dejar que
los acontecimientos siguieran su curso para no volver a sufrir las despiadadas
críticas posteriores al dilapidado paquete de agosto.
Mientras Domingo Cavallo regresaba de un viaje a Washington
destinado a torcer la negativa del Fondo, el auditor chileno comenzó a preparar
192
su retirada a sabiendas de que sólo faltaban algunas semanas más para el
gran caos.
"El país está en una virtual convocatoria de acreedores", advirtió
Cavallo, antes de suspender la mayoría de los planes de competitividad y de
jurar que el Fondo no le exigió una salida de la convertibilidad. Las
declaraciones del nuevo economista en jefe del organismo multilateral, Kenneth
Rogoff, parecían indicar lo contrario. "Está claro que la mezcla de política fiscal,
deuda y régimen cambiarlo no es sostenible. Las autoridades reconocen eso y
es tema de las actuales negociaciones. El problema está en la Argentina y la
solución también, pero el FMI está listo para ayudar", sostuvo el analista.
Cuando Reichmann le comentó a Cavallo la decisión del di-rector
gerente, el ministro le pidió que lo acompañara a la residencia de Olivos para
dialogar con De la Rúa.
—Señor presidente, los números de 2002 no cierran —dijo el
funcionario del Fondo al alicaído mandatario antes de partir el 3 de diciembre
por la noche al aeropuerto de Ezeiza.
La Argentina enfrentaba vencimientos en el año 2002 de US$ 13.000
millones solamente con los organismos multilaterales de crédito.
Totalmente abandonado a su suerte, el 18 de diciembre Cavallo llamó
nuevamente a Kohler para ajustar el calendario de la demorada "fase dos" del
canje de la deuda y prometerle que el Congreso comenzaría a tratar el
presupuesto 2002 al día siguiente y la nueva ley de coparticipación antes de fin
de año, "con el acuerdo de los gobernadores". Baldrich y Castañón, dos de los
colaboradores que se mantenían a su lado en forma incondicional, sabían que
el Poder Legislativo no estaba dispuesto a tratar ninguna de las dos leyes ya
que el justicialismo había decidido "deponer" a De la Rúa ante su carencia total
de poder. Si bien el secretario de Hacienda dudó al principio sobre la veracidad
de esta jugada, terminó de convencerse la semana previa a la renuncia del
presidente cuando la mayoría de los gobernadores, incluso algunos del
radicalismo, se acercó a su despacho para pedirle fondos "antes de que se
vayan".
Con el guiño cómplice del peronismo, el 19 se intensificaron los
saqueos en comercios de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y
Entre Ríos y el gobierno decretó el estado de sitio. Mientras la Cámara de
193
Diputados se aprestaba a derogar en forma parcial los "superpoderes"
concedidos a De la Rúa para darle el toque de gracia, Colombo mantuvo una
reunión en la sede de Cáritas con diferentes sectores sociales que reclamaban
la renuncia del ministro de Economía y un fuerte cambio de rumbo
socioeconómico. Por la tarde, Alfonsín le pidió al primer mandatario el
alejamiento de todo el gabinete y por la noche las cacerolas de la clase media
afectada por el "corralito" se hicieron sentir en una buena parte de la ciudad de
Buenos Aires, incluso enfrente del departamento de Cavallo en Palermo Chico.
Encerrado, el ministro llamó primero a sus colaboradores para decirles
que aún había chances de acordar con el FMI y, poco después de la
medianoche, al presidente para ofrecerle su renuncia.
Colombo tuvo que esperar hasta las 8 de la mañana del 20 para ver a
De la Rúa porque el jefe de Estado dormía desde la una de la madrugada.
Luego de confirmar la salida de Cavallo, el jefe de Gabinete se reunió en su
despacho de la Casa de Gobierno con Marx, quien había renunciado 15 días
antes, y con Miguel Kiguel, su virtual sucesor, para analizar las alternativas que
le restaban al gobierno para subsistir.
Ambos economistas le plantearon que, antes que nada, había que salir
con urgencia del "corralito", primero con una liberación de los depósitos en
pesos y después en dólares, aunque algunos bancos públicos y privados de
origen nacional quebraran. "Hay que distinguir lo urgente de lo importante", le
explicaba Marx a Colombo, que tenía su mente en otro lado, ya que a esa
misma hora los gobernadores peronistas decidían si aceptaban o no reunirse
con el presidente para formar un gobierno de unidad nacional con un gabinete
integrado por la oposición y De la Rúa como figura decorativa.
Mientras Cavallo denunciaba "un complot contra De la Rúa para que la
deuda privada sea reestructurada junto con la deuda pública", en Plaza de
Mayo y sus alrededores las protestas en contra del gobierno provocaban la
increíble muerte de 32 personas.
La placa roja del canal de cable de noticias Crónica TV interrumpió el
absurdo encuentro técnico con una leyenda que indicaba que el mandatario
puntano Adolfo Rodríguez Saá anunciaba que el PJ no aceptaba la
convocatoria oficial.
194
Resignados, Marx y Kiguel decidieron abandonar la angustiada sede
presidencial por un túnel que desemboca en la avenida Leandro N. Alem para
evitar toparse con los enardecidos manifestantes.
Colombo comprendió que todo había terminado. Horas más tarde, el
presidente del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro, fue a pedirle al
presidente que renunciara. "Andate", le disparó.
De la Rúa redactó su renuncia, subió hasta la terraza de la Casa de
Gobierno y se marchó a las 19:52 en helicóptero.
El presidente abandonaba el poder humillado dos años después de
asumir su cargo, con la deuda pública en US$ 144.453 millones, pero con la
tranquilidad de no haber firmado con su puño y letra la devaluación y el default.
En las siguientes dos semanas, la realidad se encargaba de decretar
ambas medidas. La Argentina asumía su quiebra.
195
ONCE La autopsia
La salida de la convertibilidad se transformó en un profundo laberinto
no sólo para el gobierno sino también para sus acreedores.
Cuando Anne Krueger asumió como directora ejecutiva del FMI para
cumplir con la teología republicana, exigió al subjefe del Departamento
del Hemisferio Occidental, Tomás Reichmann, que le presentara por
escrito las alternativas para dejar atrás el sistema monetario
implementado en 1991.
El técnico chileno pidió un plazo para resumir los 42 papers de trabajo
que su equipo había elaborado desde 1999 con todas las salidas posibles:
devaluación, dolarización y ambas alternativas aplicadas en forma sucesiva.
Dos semanas más tarde, la recomendación del staff fue contundente:
no se podía tocar nada.
Krueger aceptó la conclusión con cierta impotencia, porque, al igual
que el titular del Fondo, HorstKohler, "nunca se enroló en el club del cambio
fijo", según el risueño comentario de uno de sus colaboradores.
Los técnicos del Fondo no querían ser señalados como los
responsables de darle la extremaunción a un sistema que ya había dejado de
funcionar.
Luego de la explosión, la académica promovió el desplazamiento de
Reichmann y de su jefe, el director del Departamento del Hemisferio
Occidental, Claudio Loser.
Sus reemplazantes serían el indio Anoop Singh y el británico John
Dodsworth, un team que había cumplido un cuestionado rol en el manejo de la
crisis asiática de 1997 y que no conocía la realidad de América latina.
Así, Krueger y Kohler se tomaban revancha puertas adentro del
organismo efectuando una "limpieza", luego del fracaso del salvataje de agosto
de 2001 y, al mismo tiempo, brindaban una señal sobre la actitud distante que
planeaban asumir en las futuras negociaciones con el país.
196
De este modo, a principios de 2002, nadie quería hacerse cargo de la
autopsia del modelo de la década del 90 en la Argentina.
Los funcionarios extranjeros —que se limitaron a quitarle el respirador
artificial y a huir— creen que, si hubo algún error, no consistió en ser "muy
duros", tal como se los suele cuestionar, sino, por el contrario, en haber
mantenido una actitud demasiado "indulgente" hacia un país que no avanzó en
los cambios necesarios para mantener su estabilidad.
En todo caso, el Fondo se arrepiente de haber exigido escasas
reformas estructurales en los "años dorados" (1992-1994) y de no haber
redoblado sus exigencias para que las autoridades aplicaran una política fiscal
más dura, dada la camisa de fuerza que imponía la convertibilidad.
Esta presión ya carecía de sentido cuando el plan de Convertibilidad
perdió su credibilidad en 1999, porque en aquel entonces el organismo se
encontró ante un dilema imposible de resolver: si flexibilizaba las metas
fiscales, la dinámica de la deuda iba a estallar; pero si las endurecía, la
recesión podía profundizarse y reduciría la capacidad de repago.
"Aunque el deterioro se veía con anticipación, nadie podía prever la
magnitud ni el alcance del quiebre; si existió alguna responsabilidad, fue antes
del final, porque no se hizo lo suficiente para evitarlo, pero la responsabilidad
primaria estaba adentro del país", remarcó uno de los policy makers más
importantes del gobierno norteamericano.
Por su parte, los protagonistas locales que dejaron venir el alud del
default y la devaluación, también miraron para un costado, como si hubieran
sido actores de reparto en el desastre que entre 1991 y 2001 llevó la deuda
pública de US$ 50.600 millones a US$ 144.453 millones, la tasa de desempleo
del 5,1% al 17,4% y el nivel de pobreza del 21,5% al 35,4%.
Del espejismo de la modernidad que predominó en la década del 90,
cuando simularon un acercamiento al Primer Mundo, saltaron en un instante a
la ilusión de poder "vivir con lo nuestro".
Con autosuficiencia, la dirigencia política pensó que no habría
condicionamientos ni castigos por la ruptura de todos los contratos legales y
económicos registrada en el inicio del verano más angustiante que vivió la
sociedad argentina desde el retorno de la democracia en 1983.
197
***
Cuando De la Rúa abandonó la Casa de Gobierno el peronismo
subsanó el vacío de poder en forma inmediata con Ramón Puerta, primero en
la línea de sucesión presidencial desde el 26 noviembre de 2001, cuando fue
elegido como titular provisional del Senado luego de la victoria justicialista en
las elecciones legislativas.
En sus 63 horas en el sillón presidencial, el ex gobernador de Misiones
tuvo tiempo de inaugurar el default con los organismos multilaterales de crédito.
El episodio, sin embargo, quedó registrado en la historia durante el
mandato de su sucesor, Adolfo Rodríguez Saá, elegido por decisión del resto
de los gobernadores justicialistas.
El de Finanzas y Hacienda del brevísimo período de Puerta, Oscar
Lamberto, envió una carta el 21 de diciembre de 2001 al Fondo Monetario
Internacional (FMI) para explicar que "el próximo gobierno" se haría cargo de
abonar un vencimiento que recaía ese día por US$ 40 millones.
Lejos del despacho de Lamberto, el gobernador de San Luis preparaba
su desembarco en el poder en un departamento de Barrio Norte con un grupo
de colaboradores.
Alentado por su hermano Alberto, "El Adolfo", tal como se conocía al
polémico hombre que había gobernado su provincia durante 18 años seguidos,
preparaba su pomposo discurso inaugural, que planeaba destacar el repudio al
pago de la deuda externa y recomendarle al Congreso Nacional la
investigación de su legitimidad antes de volver a negociar con los acreedores.
A su lado su principal asesor económico, Rodolfo Frigeri, no podía
ocultar sus nervios por el texto en gestación.
Diputado nacional, ex secretario de Hacienda y ex titular del Banco
Provincia de Buenos Aires en una cuestionada gestión, Frigeri le explicó que, a
pesar de lo que afirmaba la mayoría de la clase política, "el 50% de la deuda
está en manos de individuos y, a su vez, la mitad de esa suma pertenece a
ciudadanos argentinos". A regañadientes, Rodríguez Saá aceptó los
argumentos del economista. Ante la Asamblea Legislativa, el 24 de diciembre
el sonriente presidente interino, ungido con la condición de convocar a
elecciones en un plazo de tres meses, planteó la decisión de dejar de pagar la
198
deuda y de mantener el plan de Convertibilidad con el agregado de una nueva
moneda.
Entre otros asistentes, se destacaban tres de los candidatos a
sucederlo en las elecciones planeadas para marzo, los gobernadores José
Manuel de la Sota, Carlos Ruckauf y Néstor Kirchner.
"El gobierno argentino suspenderá el pago de la deuda externa
argentina. Esto no significa el repudio de la deuda. Esto no significa una actitud
fundamentalista; muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que
tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento
correcto. Los dineros que estén previstos en el presupuesto para pagar la
deuda, mientras los pagos estén suspendidos, serán utilizados en los planes de
creación de fuentes de trabajo. No podemos obviar con crudeza que algunos
dicen que la llamada deuda externa es, al menos parcialmente, el más grande
negociado económico que haya vivido la Argentina", sostuvo Rodríguez Saá
ante el rabioso aplauso de casi toda la dirigencia política y la resignación de los
inversores.
Cuando terminó su encendido mensaje, Rodríguez Saá se trasladó a la
Casa de Gobierno para recibir antes que a ningún otro invitado al embajador de
los Estados Unidos, James Walsh, que traía una carta del presidente George
W. Bush, con la intención de recordarle los límites precisos del poder.
Del otro lado de la avenida Rivadavia, la angustia se apoderaba del
"Rolo" Frigeri, designado secretario de Hacienda, en su primera comunicación
telefónica con el FMI desde la declaración del default.
—Antes que nada, Rodolfo, quiero recordarte que tienen que pagar un
vencimiento que cayó el 21 —le recordó Claudio Loser sin perder su tradicional
amabilidad.
Acompañado por el economista Norberto Sosa y por Daniel Marx,
dispuesto a "colaborar" una vez más con el nuevo gobierno, Frigeri le pidió
paciencia al director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y le
prometió suavizar las declaraciones públicas de Rodríguez Saá en relación con
el futuro repago de la deuda.
De inmediato, los tres redactaron un comunicado que dejaba
constancia de la "voluntad del país" de cumplir con sus compromisos y
comenzaron a negociar con los principales actores del sistema financiero local
199
la renovación parcial de una serie de Letras del Tesoro que vencía la última
semana del año.
Satisfecho, Frigeri fue a una reunión del gabinete con la in-tención de
destacar los "esfuerzos" que se desarrollaban desde su cartera para evitar
eventuales represalias legales de los acreedores. "Estamos buscando cumplir
con las Letes y les pagamos a los organismos", explicó el secretario de
Hacienda, hasta que el ministro de Justicia, Alberto Zuppi, lo interrumpió,
exaltado:
—¿Cómo puede ser que ustedes estén tratando de pagar; no
escucharon el mensaje del presidente?
Sin respuestas y con el riesgo país en 5.083 puntos básicos, Frigeri
regresó cabizbajo a su despacho para preparar las ideas que discutiría con la
misión del Fondo que Loser prometió enviar "en el corto plazo".
La intención del funcionario era pedirle permiso al organismo
multilateral para emitir una nueva moneda, con un valor de $ 1,40, que
inyectara liquidez, frente a la imposibilidad de levantar el "corralito".
Por lo bajo, el ex viceministro de Economía y ex ministro de Educación,
Juan José Llach, le propuso "inundar" la economía con Lecop para eludir una
devaluación que, según la mayoría de los economistas, ya era inevitable.
Más osado, David Expósito, un mediático analista que —por ser amigo
de Rodríguez Saá— fue designado como titular del Banco Nación, sostuvo que
había que emitir $ 15.000 millones de una nueva moneda denominada el
"argentino". "Tenemos que tener una economía como Cuba y China", declaró
Expósito antes de ser eyectado 48 horas después de haber asumido su cargo.
Mientras Frigeri y Sosa intentaban hacer planes económicos a ciegas,
los gobernadores peronistas le quitaban el apoyo a Rodríguez Saá debido a su
intención de extender su mandato hasta fines de 2003.
El presidente imaginaba que su promesa de crear un millón de
empleos, de subir los salarios y de recibir a todo aquel que caminara por
enfrente de la Casa de Gobierno le aseguraba un poder suficiente como para
desobedecer el mandato de sus ex pares.
Pero las protestas de la clase media con sus cacerolas volvieron a
tronar en las calles de la ciudad de Buenos Aires la noche del 28 de diciembre,
en repudio al "corralito" y al nombramiento en el Gabinete de personajes muy
200
cuestionados por actos de corrupción, como el ex intendente porteño Carlos
Grosso y los ex gobernadores santafecinos Víctor Reviglio y José María
Vernet.
Asfixiado, el presidente ofreció la renuncia de todo, sus colaboradores,
mientras convocaba a Frigeri, al subsecretario de Financiamiento, Gustavo
Staforini, y al tesorero del Banco Central, Manuel Domper, para preguntarles
por qué no habían librado las órdenes para pagar los salarios de la
administración pública.
Después de esperar dos horas y media en la antesala del des-pacho
presidencial, los cansados funcionarios ingresaron para conversar con
Rodríguez Saá cerca de las 22:30.
Con cierto temor, Domper le planteó que no había recursos suficientes
para pagarles a los empleados públicos por la baja de la recaudación. La
incertidumbre política y la gran cantidad de feriados bancarios registrados
desde principios de diciembre provocaron una baja del 28,3% en los ingresos
fiscales del último mes de 2001.
Para defenderse, Frigeri aclaró que le había solicitado fondos al titular
del Banco Central, Roque Maccarone, que "se había negado" a girarlos.
—No hay problema, pídale la renuncia —le dijo Rodríguez
Saá.
—Es imposible, señor presidente; Maccarone tiene nombra-miento del
Senado.
— ¿Y el resto del directorio también se niega?
—Sí.
—Entonces pídales la renuncia a todos —le gritó, desaforado.
Cuando el diálogo comenzaba a tornarse más violento, Alberto
Rodríguez Saá ingresó para tranquilizar los ánimos.
"No se preocupen porque conseguí cheques por $ 600 millones para
pagar todo", expresó el misterioso senador sin brindar mayores detalles, ante el
desconcierto absoluto de los técnicos que acompañaban a Frigeri.
Cerca de la medianoche, Rodríguez Saá le preguntó a Staforini si
conocía San Luis. "Un poco", respondió el economista a modo de cortesía.
"Entonces sabrá que es una provincia bien administrada porque no hay ministro
de Economía; acá pasa lo mismo: el ministro soy yo y desde mañana quiero
201
firmar todas las órdenes de pago, una por una, aunque sean miles", les ordenó
a los tres funcionarios que se retiraron asustados y confundidos.
Al día siguiente la exótica fantasía de Rodríguez Saá llegaba a su fin,
cuando la mayoría de los gobernadores peronistas —incluidos Kirchner, De la
Sota y Carlos Reutemann— confirmaba que no asistiría a la cumbre convocada
en la residencia presidencial del balneario bonaerense de Chapadmalal para
diseñar el plan económico del gobierno.
Desde temprano, Frigeri comenzó a debatir las alternativas monetarias
con otros economistas del justicialismo en una pequeña sala del predio.
Frente a su idea de "lecopizar" la economía, el menemismo proponía
dolarizar, el duhaldismo devaluar y algunos sectores minoritarios creían que
era posible mantener la convertibilidad pero con una paridad diferente del 1 a 1.
Ajeno a las discusiones técnicas, Rodríguez Saá decidía renunciar y
huir hacia el aeropuerto de Miramar para trasladarse a su querida provincia, ya
que decenas de manifestantes exaltados del peronismo bonaerense
comenzaban a rodear la residencia oficial.
Cuando el secretario de Hacienda se percató de la peligrosa situación
que lo rodeaba, tuvo que implorarle a un parrillero que había sido contratado
para hacer un gran asado que lo sacara del lugar. Escondido en el baúl de una
camioneta, entre chorizos y mollejas, Frigeri terminaba su gestión de seis días
sin haber podido cumplir con la promesa de Rodríguez Saá de dejar de pagar
la deuda externa.
Con una sociedad exaltada y preocupada como telón de fondo, el
presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, se aprestaba a
conducir el Poder Ejecutivo por 48 horas, hasta que una nueva Asamblea
Legislativa designara a un nuevo mandatario, ya que Puerta nunca volvió de
Misiones. Sin competidores, el cargo para completar el mandato de Fernando
de la Rúa hasta diciembre de 2003 recaería en el senador Eduardo Duhalde.
***
En una sala contigua al plenario de la Cumbre Mundial sobre
Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el presidente interino
Eduardo Duhalde intentaba el 20 de marzo de 2002 obtener la comprensión y
202
hasta algo de compasión por parte del primer ministro español, José María
Aznar, ante la crisis que sacudía al país, con los ministros Jorge Remes
Lenicov y Rodrigo Rato como testigos.
—Es muy difícil salir de esta situación, ya tuvimos 27 muertos.
—Mira Eduardo, nosotros sufrimos un millón de muertos y 40 años de
guerra civil. Ésa fue una verdadera crisis. Tú ahora tienes que entrar de nuevo
al mundo y acordar con el FMI para que te podamos ayudar.
El mandatario peronista se quedó petrificado con la respuesta del
primer ministro español, que estaba mucho más preocupado que otros
mandatarios extranjeros por la suerte de sus empresas radicadas en el país.
Antes de despedirlo, le prometió el apoyo de su gobierno si la Argentina
negociaba con el FMI y lo invitó a volver a conversar en Madrid en la cumbre
entre la Unión Europea y América latina convocada para mayo, cuando
recibiría su segundo cachetazo de realismo.
Lejos de las sutilezas y de las frases vacías que suelen caracterizar a
los encuentros entre presidentes, Aznar apeló a la crudeza en su reunión con el
líder político argentino en Monterrey, México.
Mientras tanto, en la colonial ciudad mexicana, otros 56 jefes de Estado
debatían sobre la pobreza, los subsidios agrícolas y el comercio internacional,
entre otros trascendentes ejes del encuentro convocado por la organización
liderada por Kofi Annan.
Entre ellos estaba el norteamericano George W. Bush, quien antes de
aterrizar se refirió en forma elíptica a la Argentina al expresar que "no tiene
sentido darles dinero a países que son corruptos, porque ¿saben qué pasa
entonces?: el dinero no ayuda a la gente; ayuda a un grupo elite de líderes".
Duhalde había soñado ser el presidente de la producción y el trabajo,
pero debió conformarse con administrar las ruinas de un país que estalló en
pedazos.
A principios de 2001 Jorge Remes Lenicov, ex secretario de Hacienda
del gobierno bonaerense, ya avizoraba desde su banca de diputado nacional
que el inminente fin de los pilares de la estabilidad se consumiría a la primera y
a la segunda línea de la clase dirigente argentina.
Sin embargo, su lucidez política no le permitió anticipar que, como
ministro de Economía del gobierno de emergencia de
203
Eduardo Duhalde, sería el encargado de abrir la caja de Pandora de la
devaluación y, por lo tanto, que también quedaría alcanzado por la hoguera de
una crisis que conmocionó a una buena parte del mundo cuando cinco
presidentes desfilaron en un plazo de diez días.
En cierto modo, Remes Lenicov se sintió identificado con el reproche
de Aznar, ya que al presidente le costaba entender los costos del naufragio.
El 4 de enero de 2002 Remes Lenicov redactó el acta de de-función de
la estabilidad cambiarla al fijar un dólar oficial a 1,40 para el comercio exterior y
una divisa con valor libre para el resto de las operaciones económicas. La
decisión fue ratificada dos días después por el Congreso Nacional a través de
la Ley de Emergencia Pública. Remes había discutido durante varios meses las
alternativas para salir de la convertibilidad en la sede porteña del Banco
Provincia con Jorge Todesca, último secretario de Comercio de la era Alfonsín,
y Lisandro Barry, ex director de la entidad bonaerense, que se convertirían en
secretario de Política Económica y secretario de Finanzas, respectivamente.
A regañadientes, el santafecino Oscar Lamberto debió abandonar su
banca en el Senado por unos meses para sumarse como secretario de
Hacienda.
Los economistas habían concluido que era imposible avanzar hacia
una flotación cambiaría en forma inmediata, ya que el dólar se dispararía a
niveles peligrosos y encendería la mecha de la hiperinflación.
Tras festejar el fin de año en su Chile natal, el auditor Tomás
Reichmann viajó de incógnito a Buenos Aires y permaneció durante 48 horas
con el inglés John Thornton para formularle tres pedidos al nuevo gabinete
económico: un tipo de cambio único y flotante, una agresiva baja del déficit
provincial y, sobre todo, un cambio de estilo en las negociaciones respecto de
la era Cavallo.
"Ustedes no nos extorsionen, por favor", rogó el encargado del caso
argentino.
El FMI desconfiaba de un frágil escenario que combinaba dos dólares
en simultáneo, un peso devaluado y unos $ 5.000 millones emitidos a través de
una decena de bonos públicos provinciales, sumado a un Banco Central débil y
a un mercado obsesionado con un tipo de cambio más alto luego de 10 años
de mantenerse quieto a la fuerza.
204
Los flamantes funcionarios reiteraron que no estaban dispuestos a
asumir los costos de un overshooting —que suponía que el tipo de cambio
superara su valor de equilibrio o "siguiera de largo"—, pero se comprometieron
a eliminar el piso de las transferencias a las provincias y a negociar con muy
buenos modales.
Luego de plantear el esquema cambiarlo, el Palacio de Hacienda
avanzó hacia la definición más polémica de su gestión: la pesificación
asimétrica, que generó una fuerte licuación de los pasivos en dólares y un
descalce brutal en el balance de los bancos, ya que el gobierno pretendía
devolver los depósitos "en dólares" y mantener los créditos "en pesos", aunque
la fórmula fuera inviable en términos económicos. En su discurso inaugural del
Io de enero Duhalde ratificó el default y prometió que los ahorros atrapados se
devolverían en su moneda original.
Pero los bancos no estaban en condiciones de afrontar la devolución
de US$ 50.000 millones en depósitos, ni tampoco los 20.000 millones
colocados en moneda nacional.
Simplemente, el dinero no estaba, por los préstamos otorgados, el
dinero fugado y porque, como repetían a coro los ejecutivos del sector, ningún
sistema financiero es capaz de enfrentar un reclamo masivo y simultáneo de
todos sus depositantes.
Más aún, el 10 de enero al "corralito" se le sumó el "corralón", que
consistió en inmovilizar al menos por un año todos los depósitos en dólares
colocados en plazos fijos.
A cambio de aceptar la pesificación, los bancos le reclamaron a la
conducción del Palacio de Hacienda una serie de compensaciones económicas
por la pesificación, la indexación asimétrica y los amparos promovidos por los
ahorristas afectados por el "corralito", que se transformarían en una fuente de
alta tensión durante toda la gestión interina de Duhalde. Además, las entidades
financieras pidieron que el gobierno revisara los cambios introducidos a
principios de enero en la Ley de Quiebras —que sus-pendían las ejecuciones
por un plazo e impedían que un acreedor se hiciera cargo de una empresa
quebrada— y derogara la Ley de Subversión Económica, una norma poco
precisa y demasiado ambiciosa que fue utilizada por algunos jueces para
comenzar una cacería sobre algunos banqueros.
205
Anne Krueger se encargó de transmitir el malestar del FMI respecto de
estas dos leyes cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo y, a mediados de
mayo, cuando Remes ya no estaba más en su cargo, logró una victoria parcial
ya que el Congreso derogó la Ley de Subversión Económica en una ajustada
votación y volvió a modificar la Ley de Quiebras, aunque luego los legisladores
volverían a prorrogar una y otra vez la suspensión de los remates.
Durante los cuatro meses de su gestión, Remes y sus colaboradores
recibieron múltiples cuestionamientos del FMI por la falta de convicción del
gobierno para pulverizar estas dos normas legales. El subsecretario del Tesoro,
John Taylor, también se hizo eco del reclamo de los bancos en una reunión
que mantuvo con el equipo económico durante la asamblea anual del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) desarrollada a principios de marzo de 2002
en Fortaleza, Brasil. A pesar del cansancio que arrastraba por un viaje que lo
había llevado antes por Qatar y Arabia Saudí, Taylor detalló en la calurosa
ciudad brasileña los requisitos necesarios para arribar a un acuerdo con el
Fondo que cada vez se demoraba más, a pesar de las continuas expresiones
optimistas de los funcionarios argentinos.
Con la deuda pública en US$ 112.616 millones a fines del primer
trimestre del año —que exhibió una baja respecto de la cifra registrada a fines
de 2001, como consecuencia de la pesificación de los préstamos de la "fase
uno" del canje de títulos públicos—, Barry le planteó el esquema de
renegociación de la deuda que estaba en default, que consistía en pedir una
quita del 70% a los acreedores privados a cambio de asegurar un superávit del
5% anual.
El funcionario sonrió sin prestar demasiada atención a los detalles, se
dio media vuelta y los dejó sin respuestas.
***
"¿Cuál es el plan B si no hay acuerdo? Para mí, el plan B es irme a mi
casa."
Jorge Remes Lenicov rechazó desde el primer día de su gestión la
alternativa promovida por una buena parte de sus colegas del gobierno de
206
atrasar la firma de un nuevo programa con los organismos de crédito
multilaterales.
El ministro había escuchado en múltiples conversaciones telefónicas y
personales que mantuvo con sus pares del G-7 y del Mercosur la necesidad
imperiosa de volver a cobijarse bajo el paraguas del FMI como primer paso
para normalizar la economía.
En febrero, Remes les daba el gusto a los técnicos del organismo, al
firmar un acuerdo con los gobernadores para bajar el rojo fiscal en un 60% y
eliminar el dólar oficial. De inmediato, la divisa comenzó a escalar hasta
ubicarse en 3,80 a fines de marzo.
Luego de cumplir con estos pedidos, Remes pensó que podría viajar
tranquilo para exponer su estrategia en el Foro Económico Mundial organizado
en Nueva York, junto a Mario Blejer, designado como titular del Banco Central
en reemplazo de Maccarone. Pero la Corte Suprema de Justicia arruinó sus
planes el 2 de febrero al dictar el fallo en el denominado "caso Smith", que
ordenó a un banco devolverle el dinero del "corralito" a un depositante y sentó
el mismo precedente para el resto de las causas promovidas por el resto de los
enojados ahorristas, como respuesta a la decisión de Duhalde de promover el
juicio político contra los integrantes del Alto Tribunal.
Tan asustado como los bancos por el fallo Smith, el ministro Remes
Lenicov comenzó a planear un canje obligatorio para los depositantes
acorralados en el sistema financiero, ya que una de las críticas de la Corte
estaba focalizada en la ausencia de un límite temporal a las restricciones
financieras, a diferencia del plan Bonex aplicado en 1989, que les impuso a los
ahorristas un título público a 10 años. Con el guiño del FMI, el ministro diseñó
una ley "ómnibus" que contenía un plan "Bonus" (una reedición del Bonex, pero
a gran escala), la creación de un Banco Nacional que reuniera a todas las
entidades del sector público y la modificación de la Ley de Entidades
Financieras.
De inmediato, Duhalde le bajó el pulgar, ya que no estaba dispuesto a
negociar un proyecto que suponía un fuerte costo fiscal y político en el dividido
Congreso Nacional.
Con bronca, un integrante del equipo económico sostuvo que "Duhalde
hubiera sido más feliz siendo jefe de los piqueteros que como presidente" y
207
recordó que, luego de su primer contacto telefónico con HorstKohler, le planteó
"mandar a la mierda a estos tipos".
De nada servirían los elogios del auditor en jefe del caso argentino, el
indio Anoop Singh, que ya había reemplazado a Claudio Loser, sobre el
"esfuerzo" realizado por la conducción económica para contener el gasto. En
un gesto sin precedentes para un funcionario extranjero, el 10 de abril Singh
utilizó el Salón de Cuadros del Palacio de Hacienda para brindar una
conferencia de prensa en la que, antes de referirse a las discusiones con el
gobierno, intentó brindar una señal de sensibilidad al leer un mensaje que le
había enviado un grupo de alumnos de una escuela primaria para que visitara
"Salta, la linda". Para no parecer descortés, el auditor prometió pensar la
respuesta antes de partir a Washington sin escalas.
El 23 de abril, luego de regresar de un nuevo viaje a los Estados
Unidos sin ningún resultado, Remes renunció a su cargo.
"Estoy aliviado, pero con tristeza. El acuerdo con el Fondo y con
Estados Unidos no estaba lejos; la discusión ya se había focalizado en algunos
temas puntuales, pero veía que no había apoyo suficiente para hacer lo que
había que hacer. Se hablaba de la crisis, pero nunca se internalizó", comentó el
saliente funcionario. En Washington, sin embargo, nadie creía que el acuerdo
estuviera cerca.
El sueño de Remes Lenicov se desvaneció, con una caída en el primer
cuatrimestre del 15% en el nivel de actividad industrial, una inflación combinada
del 39,5% y una pérdida de US$ 9.000 millones en las reservas internacionales
del Banco Central y de 12.500 millones de pesos en los depósitos, a pesar de
los fuertes cerrojos aplicados para disminuir la salida de fondos al exterior.
Cinco nombres comenzaron a sonar para reemplazarlo: Guillermo
Calvo, Humberto Petrei, Javier González Fraga, Alieto Guadagni y Rodolfo
Frigeri. Sin embargo, desde el 10 de mayo la tarea de enfrentar los sombríos
pronósticos que atormentaban a la Argentina quedó a cargo del ministro menos
pensado.
Luego de estudiar en la Universidad de Bruselas y ser director de
precios de la gestión de José Ber Gelbard en el tercer gobierno peronista, en
1983 Lavagna fundó la consultora Ecolatina y dos años después se convirtió en
secretario de Industria y Comercio de Alfonsín, mientras Guillermo Nielsen
208
comenzaba un largo tránsito como representante agrícola ante la Comunidad
Económica Europea, ejecutivo de Swift-Armour y de SOCMA. En la gestión de
la Alianza, el técnico justicialista fue nombrado embajador ante la Unión
Europea y la Organización Mundial del Comercio (OMC), y su amigo vinculado
con el radicalismo ingresaba en la cuestionada Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) para pelearse con su titular, Melchor Posse, por la
continuidad de las jubilaciones de privilegio.
En ese lapso, existieron sondeos informales, que nunca se
concretaron, para que Lavagna sucediera a Adalberto Rodríguez Giavarini en
Cancillería. Tras los múltiples cambios presidenciales de fines de 2001,
Lavagna permaneció en Europa y Nielsen, a pedido de su amigo Jorge
Todesca, fue designado como representante del Palacio de Hacienda ante el
Banco Central.
Cuando el equipo de Remes Lenicov volcó, sus caminos volvieron a
cruzarse, ya que Lavagna aterrizó como ministro de Economía casi en soledad
y le costó bastante encontrar un equipo de colaboradores frente a un panorama
tan amenazante.
Alfonso Prat Gay rechazó ser su secretario de Finanzas y el cargo
quedó para Nielsen, sumado a Jorge Sarghini en la Secretaría de Hacienda —
cargo que había ejercido en la gobernación bonaerense de Carlos Ruckauf—,
el justicialista Oscar Tangelson en la Secretaría de Política Económica y
Federico Poli, de la Unión Industrial Argentina (UIA), como su jefe de asesores.
Lavagna y Nielsen no compartían los apocalípticos pronósticos de la
mayoría de sus colegas y creían que era posible demorar el acuerdo con el
Fondo mientras se reordenaba la economía puertas adentro del país. "La
relación con el FMI será más prolija", expresó el nuevo ministro en su
apresurado regreso desde Bruselas, que contaba con el aval de radicales,
peronistas y el Frepaso.
El ministro pensaba que el crudo diagnóstico hiperinflacionario alentado
por el FMI podía evitarse si el gobierno frenaba la estampida de redescuentos
otorgados por el Banco Central —préstamos cortos que, con el objetivo de
sostener el sistema, terminaban por financiar la compra de dólares y
disminuían las reservas— que habían ascendido a US$ 7.183 millones desde
fines de 2001. Las otras dos claves, según el ministro, consistían en
209
profundizar la política de contención fiscal y la intervención en el mercado
cambiarlo para bajar el dólar hasta $ 3.
Lavagna entendía que, con un 50% de sus integrantes sumergidos bajo
el nivel de la pobreza, la sociedad no estaba en condiciones de tolerar una
medicina ligera como la hiperinflación.
De todos modos, la devaluación promovida por Duhalde, entre otros
dirigentes políticos, ya había generado un fuerte impacto negativo adicional en
los ingresos de los sectores más castigados de la población.
Luego de ocupar las primeras 48 horas de su gestión en la ardua tarea
de "persuadir" a los bancos para que abrieran sus puertas, el nuevo funcionario
se dedicó a convencer a Duhalde de la conveniencia de lanzar un canje
voluntario, en lugar del bono obligatorio que impulsaba Remes.
El presidente dio su aprobación luego de consultar la idea con su
banquero amigo, José "Chicho" Pardo, titular del Banco Mariva, que funcionó
como un activo agente colocador de los títulos públicos bonaerenses cuando
Duhalde era gobernador.
A pesar del rechazo de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA),
representante de las entidades extranjeras, el último día de mayo se dio a
conocer el menú de tres títulos denominados Boden.
Por lo bajo, los técnicos del Banco Central consideraron que el dólar se
dispararía hasta los $ 5 si no había un canje compulsivo, y el auditor Anoop
Singh sostuvo ante el board del FMI que el nuevo plan acentuaría "la salida
continua de los depósitos" y "la presión sobre la cotización del dólar".
El director del Departamento de Mercado de Capitales del organismo
multilateral, David Hoelscher, fue más directo en su advertencia ante los
funcionarios del Palacio de Hacienda:
—Sin bono compulsivo, ustedes tienen un sistema financiero para 15
días más.
Con la divisa norteamericana a $ 3,70 a dos meses de su designación,
el ministro se cobró su primera víctima al pedirle a Duhalde el relevo del titular
del Banco Central, Mario Blejer, a quien acusó de alimentar los pronósticos
negros de Washington.
Blejer, un respetado economista en el área fiscal, tenía buenos
contactos en los Estados Unidos por su pasado como funcionario del Fondo,
210
pero su peso específico no era suficiente como para sellar un nuevo acuerdo.
"A mí tampoco me prestaban demasiada atención en Washington", confesó con
su habitual sinceridad, tras dejar el cargo en Buenos Aires y antes de ser
invitado a trabajar como directivo en el Banco Central de Londres.
De hecho, un ex directivo del Fondo que lo apreciaba opinó que Blejer
"fue valiente" al asumir como presidente del Central en enero, cuando todo
estallaba, aunque luego se exageró su rol.
Lavagna tanteó si era posible designar en el valioso puesto al veterano
titular de FIEL, Arnaldo Musich, pero Duhalde cumplió con la tradicional regla
de la política que indica que aquel que triunfa en una disputa interna no puede
elegir al sucesor del derrotado.
Así, el sucesor de Blejer resultó el vicepresidente de la entidad, Aldo
Pignanelli, dueño de una fábrica de bulones y militante del peronismo
bonaerense. El ministro y el secretario de Finanzas despreciaban a este
empresario y consideraban que la entidad estaba "cooptada" por un grupo de
funcionarios que respondían a Pedro Pou, un profeta de la dolarización.
Cinco meses y medio después, en un nuevo ejemplo de las fallas del
gobierno para respetar la autonomía del Banco Central, Pignanelli también caía
bajo la guillotina del Palacio de Hacienda y le dejaba su lugar, finalmente, a
Prat Gay, secundado por su socio y amigo, Pedro Lacoste.
***
Aunque el ministro pretendía cocinar el acuerdo con el Fondo a fuego
lento, el país enfrentaba vencimientos con los organismos multilaterales por
US$ 5.000 millones entre julio y septiembre de 2002. A fines del segundo
trimestre del año, que registró una caída del PBI del 13,5%, Lavagna contaba
en su haber con la derogación de la Ley de Subversión Económica, la
modificación de la norma sobre quiebras y el respaldo de la mayoría de los
gobernadores para avanzar en una fuerte reducción del déficit.
Pero los organismos internacionales desconfiaban de las posibilidades
de un país que había perdido depósitos por 4.600 millones de pesos por la vía
de los amparos contra el "corralito" en el primer semestre del año.
211
A pesar del drenaje continuo de fondos, el ministro apostaba a
mantener el camino de los canjes voluntarios, aunque sabía que la pelea entre
la Corte y el Ejecutivo constituía su flanco débil para fijar el "ancla monetaria"
que Washington reclamaba con tanto énfasis.
Casi en los mismos términos de una discusión futbolística, la tribuna de
los funcionarios "locales" aseguraba que las entidades financieras
internacionales eran "parte del problema" porque si no bendecían en forma
inmediata a la Argentina empeorarían sus padecimientos, mientras que el
sector "visitante" sostenía que el gobierno debía presentar un aspecto
saludable antes de extender la mano para pedir ayuda.
Para defender su continuidad, Lavagna fue a probar suerte a
Washington a principios de julio, mientras Duhalde decidía adelantar la
convocatoria a elecciones a marzo de 2003, convulsionado por la muerte de
dos militantes del movimiento de piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano
Kosteki, en un acto de represión policial. La decisión política tranquilizó a los
inversores, que querían asegurarse un rápido cambio en el sillón presidencial
para dejar atrás cuanto antes el período de transición.
A su regreso de la capital de los Estados Unidos, el ministro ya contaba
con cuatro árbitros para comenzar a resolver el choque de opiniones entre el
FMI y el Palacio de Hacienda.
Una comisión de "notables" aterrizó en Buenos Aires el 21 de julio para
dictar su veredicto sobre el plan monetario, un ancla para el dólar y la
reestructuración del golpeado sistema financiero.
El gerente general del Banco Internacional de Pagos de Basilea,
Andrew Crockett, y los ex presidentes de los bancos centrales de Alemania,
Hans Tietmeyer; Canadá, John Crow, y España, Luis Rojo, expresaron su
preocupación por la descontrolada emisión de las cuasi monedas provinciales,
y el ministro buscó convencerlos de que era imposible abrir el "corralito" sin un
acuerdo internacional, tal como pretendían el Banco Central y el Fondo. Ocho
días más tarde, se daba a conocer su informe que, para agrado de Lavagna,
rechazaba la dolarización y la "salida hiperinflacionaria" para la Argentina.
Como contrapartida, recomendaba dejar flotar el tipo de cambio sin controles y
custodiar el nivel de reservas del Central.
212
El ministro respiró con tranquilidad y se predispuso a recibir al
secretario del Tesoro, Paul O'Neill, quien antes de embarcarse declaró en
Washington que las naciones que se aprestaba a visitar, Brasil, Uruguay y la
Argentina, debían contar con políticas sólidas para evitar que la asistencia
internacional no se desviara "hacia una cuenta bancaria en Suiza".
La reacción de los principales socios del Mercosur fue opuesta:
Duhalde sostuvo que estaba de acuerdo con las palabras del secretario del
Tesoro y Fernando Henrique Cardoso presentó una protesta formal ante
George W. Bush. O'Neill aterrizó durante dos días en Buenos Aires, brindó
algunas palmadas de aliento en el hombro del gobierno argentino y le prometió
a Lavagna revisar un nuevo texto de la demorada carta de intención tendiente a
firmar un nuevo acuerdo con el Fondo.
Luego del viaje, Brasil obtuvo un paquete de ayuda de US$ 30.000
millones del FMI, Uruguay una felicitación de la Casa Blanca y la Argentina una
queja porque el gobierno había enviado a Washington una propuesta técnica
"insuficiente" para avanzar en un programa que permitiera recrear una
economía estable.
Nielsen estalló de furia porque creía que el acuerdo estaba frenado por
obra y gracia del lobby de Anne Krueger. El equipo económico siempre se
ocupó en distinguir la actitud dura de la directora ejecutiva del Fondo de la
estrategia presuntamente cordial del Tesoro y, en particular, del subsecretario
para Asuntos Internacionales, John Taylor.
Krueger fue designada con el aval de la administración Bush, pero su
fuerte personalidad y sus escasos modales diplomáticos la colocaron en la mira
del gobierno argentino.
En cambio, el titular del FMI, HorstKohler, permaneció virtualmente
ausente durante toda la negociación con la Argentina. Contrariado por los
paquetes de ayuda que tuvo que aprobar en el año 2001 y por su
enfrentamiento con las autoridades económicas norteamericanas, el ejecutivo
de origen alemán recién volvió a la escena a mediados de 2003 con una visita
protocolar a Buenos Aires. Estados Unidos cree que la gestión de Kohler no ha
resuelto el problema de liderazgo que enfrenta el Fondo Monetario en los
últimos años.
213
En aquel entonces, el secretario de Finanzas comenzó a temer por la
viabilidad de su plan para salir del default con los acreedores privados, que
consistía en lanzar un canje entre la elección del nuevo presidente y el cambio
de gobierno en mayo, para evitar que el sucesor de Duhalde pagara el costo
político de la delicada operación que involucraría unos US$ 70.000 millones
repartidos en 152 bonos.
Luego de obtener el 5 de septiembre de 2002 la postergación por un
año de un vencimiento por US$ 2.800 millones con el FMI, pero sin el acuerdo
de refinanciación a la vista, Lavagna decidió redoblar la apuesta y comenzó a
analizar seriamente la posibilidad de "defaultear" a los organismos
multilaterales de crédito.
***
—Anoop, queremos informarte que el gobierno decidió no pagarle al
Banco Mundial.
—Ah, felicitaciones, ésta es una muestra de la voluntad que tienen para
acordar.
El secretario de Finanzas miró extrañado a su jefe de asesores,
Sebastián Palla, por la respuesta del auditor indio y retomó la conversación con
la mayor delicadeza posible:
—No, me parece que no entendiste: nosotros no pagamos.
La expresión del nuevo titular del Departamento del Hemisferio
Occidental, que estaba acompañado por John Dodsworth y John Thornton, se
desfiguró por completo.
El miércoles 13 de noviembre por la noche el funcionario del FMI se
había comunicado con el titular del BID, Enrique Iglesias, para asegurarle que
al día siguiente la Argentina cumpliría con un vencimiento con el Banco Mundial
por US$ 809 millones.
La Argentina ya había informado que no abonaría US$ 250 millones
correspondientes a una cuota de un bono garantizado por la entidad
encabezada por James Wolfensohn, "para no discriminar entre sus acreedores
privados".
214
Tras haber girado US$ 3.500 millones desde enero a los organismos
multilaterales, el eventual default de los US$ 809 millones era la bala que le
restaba al Gobierno para persuadir al Fondo de la necesidad de acordar cuanto
antes.
Pero el organismo seguía sin querer rubricar un pacto si el gobierno no
subía las tarifas de los servicios privatizados un 30%, eliminaba las cuasi
monedas y los planes de competitividad que quedaban en pie. Una vez más, el
ministro viajó a Washington de apuro con una serie de gráficos que exhibían
una recuperación en el nivel de actividad, las reservas y una fuerte baja del
gasto primario, contra el pronóstico de la mayoría de los consultores privados y
del Fondo. Ninguno de estos avances los conmovió.
El 14, el ministro llamó a Duhalde desde la capital de los Estados
Unidos y le aconsejó no pagar. En Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Alfredo
Atanasof, soplaba al oído del presidente exactamente la recomendación
opuesta, en sintonía con el deseo de la mayoría de los funcionarios del entorno
duhaldista.
Una vez más, Duhalde decidió respaldar la estrategia del funcionario
en el que delegó más poder que en ningún otro ministro de su gabinete durante
su gestión, y la Argentina sólo giró US$ 79 millones en intereses como un pago
simbólico para no romper formalmente el diálogo con Washington. Los
funcionarios del Banco Mundial se enfurecieron y denunciaron una política de
"chantaje".
Si bien la decisión no tuvo un impacto económico importante en la
cartera de la entidad, se transformó en una señal de alerta para los accionistas
del banco y del Fondo.
De hecho, el semanario británico The Economist advirtió que, con el
default a los organismos, el país ingresaría al "club de muertos financieros, que
incluye a Zimbabwe, Irak, Liberia y las islas Seychelles".
Pero una semana más tarde, el ministro iniciaba una gira por París,
Berlín, Roma y Madrid que torcería en forma definitiva el curso de la
negociación. Lavagna explicó "en persona" la situación argentina a cada uno
de los ministros de Finanzas de los principales socios europeos del Fondo.
Su escala más complicada fue en la capital alemana, ya que la
administración socialdemócrata de Gerhard Schroeder se mantenía en una
215
postura intransigente, que algunos funcionarios de Economía relacionaban con
la decisión del gobierno argentino de rescindirle el contrato para confeccionar
los documentos de identidad a la firma Siemens de aquel país.
Durante esta ronda de consultas, el ministro percibió que Krueger les
retaceaba información a los representantes del board en la reunión semanal
que solían mantener.
Su regreso a Buenos Aires pareció más relajado; el gobierno debía
pagarle US$ 977 millones al FMI a mediados en enero y los ministros de
Finanzas ya sabían qué actitud podía tomar si la firma del programa seguía en
posición de espera.
Krueger se fastidió con la gira de Lavagna y lo llamó a Nielsen para
expresarle su disgusto. "Yo me opongo al acuerdo y por lo tanto no va a salir",
le advirtió la dura funcionarla, mientras el secretario de Finanzas realizaba
complicadas maniobras con su automóvil en el barrio de Belgrano, para eludir
una manifestación de protesta del movimiento piquetero y poder llegar a la
casa del ministro con la intención de festejar la Nochebuena, cuando la deuda
soberana se ubicaba en US$ 137.320 millones.
Luego de sufrir en el año 2002 una inflación del 40%, un aumento de la
pobreza del 35,4% al 54,3% y una recesión del 11% —que en términos
acumulados se estiraba al 20% desde 1998—la amenaza de Krueger se
cumplió a medias.
***
Un año entero después de renegar y patalear, el directorio del FMI
aceptó salir de sus cánones tradicionales y firmar un programa de ocho meses
con la Argentina para refinanciar US$ 6.870 millones a cambio de metas poco
ambiciosas.
En un caso que parece no registrar otros antecedentes en la historia
del organismo, la aprobación —que se logró con el voto de la mayoría de los
directores y la abstención de Holanda, Bélgica, Suecia y Australia, entre otros
países— se produjo aunque el staff formalmente le propuso al director gerente
que recomendara al board la decisión opuesta.
216
Más aún, el informe que Krueger preparó para el encuentro
sentenciaba que la bendición le permitiría a Duhalde obtener "ventajas" para
perpetuarse en el gobierno.
¿Por qué un club que se jactaba de ser tan estricto alteró sus principios
para rescatar a un país que supuestamente no cumplía con sus reglas?
Acaso la respuesta más clara haya surgido desde sus entrañas: el
acuerdo se firmó por el temor a lo desconocido.
Frente a un gobierno que aseguraba haber cumplido con todos los
requisitos para aspirar a una nueva refinanciación de su deuda y a un staff que,
con extrema rigidez, planteaba lo contrario, los miembros de la "comisión
directiva" de la entidad, los países del G-7, se preguntaron qué podía llegar a
ocurrir si la Argentina se desprendía por completo del lazo de los organismos
multilaterales de crédito. ¿Qué consecuencias provocaría para el país y para la
matriz de las instituciones surgidas de Bretton Woods?
Durante el año 2002, la Argentina pagó unos US$ 4.500 millones al
FMI, el Banco Mundial y al BID, aunque acumuló un nivel total de atrasos de
US$ 11.842 millones por el default parcial.
El principal organismo auditor de cuentas del mundo no estaba
dispuesto a que la tercera economía latinoamericana siguiera acumulando
facturas impagas y generara un fuerte incentivo en otros miembros para seguir
el mismo camino de rebeldía, sobre todo cuando aún no se podía prever qué
ocurriría con la gestión del nuevo presidente Lula da Silva en la frágil economía
brasileña.
Con una visión más amplia, sus "primos" del Banco Mundial tomaron
en cuenta otros riesgos. Un tanto cansado de la disciplina militar y de la escasa
capacidad de autocrítica que caracterizan al Fondo, el banco multilateral más
importante para el mundo subdesarrollado consideraba que los episodios de
violencia social y política registrados en 2002 ponían en peligro la continuidad
democrática en la Argentina.
Con el roll over acordado a mediados de enero, según esta hipótesis,
se aseguró una ordenada transición política.
Al parecer, la entidad encabezada por James Wolfensohn observó con
una gran anticipación respecto del Fondo la inviabilidad del tipo de cambio fijo
que terminó de derrumbarse a fines de 2001, pero no estaba en condiciones de
217
plantear "un plan B", debido a la regla que la obligaba a obedecer las pautas
fijadas por aquel organismo desde 1989, justamente, tras haber apoyado a la
Argentina en el ocaso de Alfonsín.
El Fondo, según el banco, no debería sentirse culpable por el
derrumbe, pero sí asumir parte de la responsabilidad.
El Banco Mundial, respondieron desde el edificio del FMI, no puede
obviar que durante la década del 90 hubo un fuerte empeoramiento en los
indicadores sociales del país, un área de su estricta competencia.
Al margen de este choque de perspectivas entre las diferentes
instituciones financieras, los negociadores argentinos creen que el temor de
Washington, en realidad, residía en la posibilidad de que el país despegara sin
haber sido cobijado por ninguna de ellas. ¿Cómo convencer a otras naciones
de la necesidad de cumplir con un programa de ajuste si la Argentina lograba
recuperarse sin el manto protector de los organismos multilaterales?
De acuerdo con este enfoque, no firmar resultaba una pérdida por
partida doble: si el país se terminaba de hundir, toda la comunidad
internacional hubiera señalado con su dedo acusador a las poderosas y
burocráticas entidades multilaterales; si, en cambio, la situación local mejoraba
sin un programa de auditoría por detrás, las protestas se hubieran
transformado en sonrisas despectivas. Probablemente el ministro de Economía
Roberto Lavagna y el titular del Banco Central, Alfonso Prat Gay, que firmaron
el acuerdo corto vigente entre enero y agosto de 2003, defiendan esta visión.
Cuando el staff del Fondo exhibía proyecciones que luego no se
cumplían, los ministros de Finanzas del G-7 comenzaron a preguntar si la
Argentina no se merecía al menos una ligera oportunidad.
De hecho, a mediados de 2002, los técnicos del organismo estaban tan
convencidos como los opositores internos a Duhalde de la imposibilidad de
eludir la hiperinflación, proyectaban un nivel de recesión anual cercana al 17%
y un dólar más cerca de $ 20 que de los $ 3,4 registrados a fines de diciembre.
Pero la película exhibió una trama sensiblemente más benigna.
Las razones para evitar el caos en 2002, según el equipo económico,
deben buscarse en una política responsable en materia fiscal y monetaria. En
cambio, para uno de los responsables de definir los programas con la Argentina
desde los EE.UU., las causas se deben a "un estado de extremada
218
complacencia, una gran sustitución de importaciones y sectores de negocios
que se adaptaron rápidamente a los nuevos precios relativos surgidos por la
devaluación".
A modo de balance, en el FMI y en el gobierno norteamericano
admitieron que si bien la debilidad macroeconómica era una pre-ocupación
legítima del staff, fue subestimada la capacidad política del gobierno para
soportar las consecuencias de una caída del 30% en el salario real de los
trabajadores casi sin protestas sociales.
Con sus idas y venidas, Duhalde confundió a los esquemáticos
técnicos del Fondo, que no pudieron encasillarlo como el "peligroso" Hugo
Chávez de Venezuela, ni como el "reformista" Lula brasileño.
Sin duda, para el FMI, Duhalde fue un líder populista, pero mantuvo
bajo control las cuentas públicas, entre otros elementos, con la valiosa ayuda
de las retenciones a las exportaciones y la falta de ajuste por inflación en el
impuesto a las ganancias.
De todos modos, una buena parte de la comunidad financiera oficial de
EE.UU. sigue convencida de que el acuerdo corto de enero constituyó un error
garrafal que se pagará en el futuro en términos de credibilidad, ya que con el
sello del Fondo se avaló la conducta de un gobernante que supuestamente no
realizó los deberes requeridos por sus acreedores.
Se lo premió con un año de gracia por haber logrado salir del fondo de
un pozo.
Según esta crítica visión, no hay que confundir la "foto" tomada durante
la transición de 2002 con la "película" que comenzó a rodarse a partir del fin de
la convertibilidad, un sistema que le dio a la Argentina un "pasaporte de
credibilidad" en el mundo que luego no fue reemplazado con otro certificado de
buena conducta. "Verse y sentirse mejor en un momento determinado no
siempre es algo sustentable", comentó con cierta preocupación un funcionario
acostumbrado a seguir los pasos del país. Sobre todo, aclaró, si la dirigencia
local cree que siempre será posible salir de la crisis sin morder el polvo.
En cambio, el Tesoro de los Estados Unidos cree que las condiciones
incluidas en el acuerdo de principios de año respondieron a la precaria realidad
política de un gobierno de transición y que ya no tenía sentido estirar más la
soga para ver qué ocurría si se quebraba. Para evitar que la recuperación
219
económica se ahogara —y con un ojo colocado sobre Brasil—, en septiembre
de 2003 el Tesoro volvió a presionar con toda la furia para que el gobierno de
Néstor Kirchner obtuviera, en el poderoso y desértico emirato árabe de Dubai,
un nuevo stand by por tres años, con algunas metas fiscales sin definir —ante
la mirada vergonzante del FMI, que estaba atontado por sus errores de
diagnóstico y la presión del G-7.
El Fondo, recuerdan en el Tesoro, fue creado para financiar problemas
de balanza de pagos con programas de corto plazo y tal vez debería volver a
cumplir con ese rol, sin tantas ambiciones.
220
Epílogo
Del 2001 al 2003, la Argentina se ha transformado en un objeto de
estudio para académicos, funcionarios y analistas del mercado que pretenden
saber por qué ocurrió el terremoto de fines de 2001 y qué responsabilidades le
caben a cada uno de los actores que intervinieron en el caótico final.
Los motivos para este examen masivo sobran.
Desde el regreso de la democracia, el país refinanció compromisos con
el sector privado por 12 años en 1984, por 19 años en 1987, por 30 años en
1992 y por 3 años en junio de 2001, hasta caer en default en diciembre de ese
mismo año.
En el mismo período, se firmaron ocho acuerdos con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) que involucraron desembolsos comprometidos
por unos US$ 35.000 millones. Del total, el gobierno recibió US$ 22.000
millones. A fines de 2002, los compromisos pendientes con el FMI ascendían a
US$ 14.253.345 millones.
Entre 1975 y 2000 la relación entre la deuda externa total del país y sus
exportaciones pasó del 266,8% al 553,6%.
En el mismo período, en toda América latina este porcentaje se redujo
del 215% al 185,7%.
Además, el peso del pago de intereses de los pasivos soberanos sobre
las ventas al exterior se incrementó del 26,5% al 39,2% entre 1994 y 2001.
Pero tal vez la variación cuantitativa más impactante se haya registrado
en la relación entre la deuda pública y el PBI, que saltó del 32% en 1991 al
140% en 2002.
Según cálculos elaborados por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), si el país creciera a una tasa anual del 3% al 4,5% en
promedio, en 10 años lograría reducir la relación deuda-PBI a niveles del 65%
al 55%, respectivamente.
De todos modos, estos porcentajes se ubicarían por encima del 52%
registrado antes del default.
221
En cambio, si la economía volviese a caer en una larga noche recesiva,
como entre 1998 y 2002, cualquier estimación resultaría inútil.
Aunque el debate internacional generado por la crisis Argentina
probablemente esté lejos de concluir, ya han surgido algunas conclusiones
interesantes.
No hay que enamorarse de las "soluciones de esquina" (córner
solutions), como el prolongado régimen con tipo de cambio fijo que mantuvo el
país en los '90 —o, en el otro extremo, la flotación limpia—, si no hay políticas
fiscales consistentes por detrás.
En el caso argentino, tanto la "tablita" de Martínez de Hoz como el plan
de Convertibilidad provocaron niveles significativos de atraso cambiarlo, con la
consecuente pérdida de competitividad para los productores locales.
Deben relativizarse algunas "vacas sagradas", para no sufrir más
desencantos, tales como el saludable sistema financiero de la década previa
que luego terminó al borde de la quiebra, o la seductora privatización de la
seguridad social, que tal como estuvo diseñada contribuyó a explicar una
buena parte del aumento insostenible de la deuda.
No es recomendable prolongar el estado de agonía de una deuda
soberana que debe ser reestructurada, como ocurrió en la Argentina a fines de
1999, cuando existía el consenso académico pero no la decisión política para
desarrollar este doloroso proceso. El mercado siempre se encargará de forzar
un final que el gobierno no se atreve a desarrollar en forma ordenada.
Es necesario que el país sepa respetar las reglas de juego que rigen
para el resto de la comunidad internacional; reducir los niveles de corrupción
pública y privada representaría un avance fundamental en tal sentido.
Mediciones de Transparencia Internacional utilizadas por los organismos
multilaterales de crédito dan cuenta del incremento de los actos de corrupción
en la segunda parte de la década del 90, aun cuando se pensaba que la
privatización de las empresas del sector público contribuiría a lograr el efecto
contrario.
Puertas afuera del país pocas personas entienden cómo es posible que
el nivel de la deuda apenas supere el dinero en negro colocado por los
argentinos en el exterior: a fines de 2001, la deuda llegaba a US$ 144.453
222
millones y la fuga de capitales a US$ 137.805 millones en términos
acumulados.
Tampoco es fácil entender en el exterior que el ingenio de la sociedad
esté colocado al servicio de encontrar la manera más eficaz de evadir
impuestos. La recaudación de impuestos de la Argentina alcanza al 21% del
PBI, frente al 52% de Suecia, 45,2% de Francia, 37% de Canadá y 34% de
Brasil.
Al mismo tiempo, el mundo tiene que saber cómo detectar a tiempo las
señales que preceden a una crisis con "alarmas" más eficaces.
En particular, las entidades multilaterales deberían colocar un mayor
énfasis en mejorar la eficacia de las medicinas que brindan a los países que
asisten, en lugar de guiarse por la errática percepción de los mercados. Un
buen paso en este sentido sería alentar medidas anti cíclicas para no
desperdiciar las épocas de abundancia, como ocurrió en la primera mitad de la
década del 90, en pleno auge de crecimiento e ingresos por privatizaciones.
Por otra parte, los países desarrollados y emergentes deben trabajar
sobre la creación de mecanismos globales de prevención de las crisis
financieras, tan perjudiciales para la población más vulnerable, con el mismo
esfuerzo dedicado a combatir otras graves epidemias. Los paquetes de
"salvataje", aplicados siempre cerca del abismo, sólo convalidaron corrientes
masivas de fuga de capital.
Las condiciones de desarrollo humano no pueden ser consideradas
cuestiones anexas sino más bien ejes centrales de un programa económico
que recibe asistencia internacional, ya que la "sustentabilidad" del mismo
depende en buena medida del grado de bienestar de la sociedad.
Con el aporte de sus intelectuales, políticos y economistas, la Argentina
no está en condiciones de rehuir a este valioso duelo de ideas, a diferencia de
lo que ocurrió en el pasado, cuando era "imposible" hablar de un cambio en las
condiciones para pagar la deuda o de las privatizaciones en los '80 o del fin de
la convertibilidad en los '90.
Es que en cada período histórico aparece un coro hegemónico de
voces con una verdad casi absoluta que relega al resto de los participantes del
escenario nacional.
223
A partir de la violencia utilizada en los '70 para saldar la diferencia de
ideas la discusión interna parece estar vedada, aunque la responsabilidad
primaria de diagnosticar y solucionar los problemas corresponda a los
habitantes de este país, más allá de los continuos berrinches contra los
acreedores.
Si este libro al menos permite ejercitar la memoria histórica para no
volver a cometer tantas equivocaciones como en el pasado, habrá cumplido
con su modesto objetivo.
224
Conclusiones a la segunda edición
(2003-2013)
Un libro que se editó hace 10 años puede tener vigencia por méritos
propios o defectos ajenos.
En este caso, sin falsa modestia, La Maldita Herencia resulta
interesante una década después de su publicación impresa básicamente por
las tremendas dificultades del Gobierno para dar vuelta la página en el costoso
capítulo del default declarado a fines del 2001. La deuda con los acreedores
privados que no se pagó acumulaba a fines del 2012 unos US$ 11.000
millones; con los países nucleados en el Club de París, otros US$ 9000
millones según las últimas estimaciones conocidas.
Y las empresas que demandaron al país por cuestiones referidas a la
crisis ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial, el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le reclamaban
indemnizaciones por otros 65.000 millones de dólares, según el abogado
Eduardo Barcesat, consultor de la Procuración del Tesoro y uno de los
abogados que han defendido al país en ese foro (en cambio, en 2012 el diario
Página 12 aseguraba que el país había logrado reducir a US$ 16.000 millones
las demandas en contra del país, por juicios ganados y retiro de los
demandantes).
Los tres asuntos no tienen la misma trascendencia, pero complican el
ingreso de crédito de largo plazo al país para obras de infraestructura y
energía, más allá de impedirle acceder a la refinanciación de su deuda
corriente a las tasas internacionales bajas que benefician a otros países de la
región.
El caso del CIADI, donde el país obtuvo algunas sentencias favorables
y varios fallos en contra firmes, provocó que Estados Unidos retirara los
beneficios arancelarios a las exportaciones de la Argentina, por una deuda de
apenas US$ 300 millones que ganaron en un juicio arbitral los fondos
BlueBridge y Azurix. En estos últimos tiempos, el Gobierno amagó con repudiar
los tratados de protección bilateral a las inversiones que dan derecho a las
225
controversias en el CIADI. Pero aún si tomara esa decisión, no podría anular
las sentencias previas adoptadas por estos tribunales, donde participan
también árbitros que defienden al país.
Del mismo modo, pese a los funcionarios y analistas que se quejan
porque el default con los bonistas no se ha podido sellar aunque se logró una
alta aceptación, del 93%, entre los dos canjes realizados, en 2005 y 2010, cabe
recordar que, cuando los bonos fueron emitidos, no había cláusulas que
contemplaran mecanismos para bloquear a los “holdouts”, por más que
representaran una ínfima minoría. Por lo tanto, el 7% restante hasta principios
del 2013 tiene el derecho a litigar, aunque en su mayoría se traten de
cuestionables fondos buitre que compraron deuda a un bajo valor y reclaman el
100% nominal. Y también, si realizaron la repudiable maniobra de comprar
seguros contra el default (CDS) de la Argentina para apostar en contra del país.
En su momento, algunos de estos fondos especulativos, como
Gramercy, favorecieron la estrategia financiera del Gobierno con la compra de
títulos argentinos antes del segundo canje. Y no fueron los privados los únicos
“buitres”, ya que la Argentina tuvo que pagarle una usuraria tasa del 15% a su
gobierno “amigo” de la Venezuela de Hugo Chávez en agosto del 2008 cuando
los mercados estaban cerrados para el país, por la imbécil estrategia de
manipular las cifras del Indec. “Tenemos una gran confianza en los argentinos",
dijo Chávez en Buenos Aires, sin ironía, al comprometerse a comprar US$
1000 millones a una tasa del 15% tras reunirse con su par Cristina Kirchner.
En cuanto a la deuda con el Club de París, la estrategia no fue menos
esquizofrénica: se demoró la solución primero con la excusa de tener que
arreglar la cuestión de los bonistas.
El ministro Roberto Lavagna aseguró que, cuando renunció en
noviembre del 2005, el pago de este pasivo estaba en vías de negociación, por
unos 6000 millones de dólares. Y admitió su sorpresa porque, seis años más
tarde, el Gobierno hablaba de US$ 9000 millones, en un contexto de bajas
tasas internacionales que no justificaban tamaño incremento.
Luego de saldar la deuda con el FMI a principios del 2006 al contado
por US$ 9500 millones, casi como un berrinche (ya que se podría haber
cancelado esta suma a medida que vencían las cuotas de los préstamos
otorgados durante la crisis, sin tolerar la intromisión del polémico organismo en
226
las políticas del país y, a la vez, permitiendo que la caída en las reservas no
fuera tan abrupta), la presidenta Cristina Kirchner amagó con imitar esta
estrategia con el Club, a través de un decreto de septiembre de 2008, que
disponía pagarle US$ 6706 millones con las reservas del BCRA. Un moderado
plan de refinanciación, en cuotas, también hubiera sido aceptado por los
acreedores oficiales, a cambio de que el país recuperara las líneas de crédito
comerciales para la importación de bienes de capital. Igualmente, ni siquiera
hubo lugar para la polémica sobre este supuesto pago al contado, porque, a las
pocas semanas de esa decisión administrativa, el estallido de la crisis
financiera internacional, a través de la caída del banco Lehman Brothers,
evaporó el efecto de la medida antes de que se concretara. Cinco años más
tarde, el tema ni siquiera se discutía formalmente con los acreedores, más allá
de algunos globos de ensayo que el gobierno lanzó cada tanto, como el
supuesto pago a través de un cupón ligado al crecimiento, similar al que fue
ofrecido a los bonistas en 2005 (en la gestión del ministro de Economía Amado
Boudou, entre 2009 y 2011) y la cancelación de la deuda vis-a-vis con el aporte
de inversiones extranjeras al país: por cada dólar pagado, un dólar ingresado,
en 2013 (en la opaca era de Hernán Lorenzino, reemplazante de Boudou). El
Club, sin embargo, no dejó de mencionarlo en sus reuniones mensuales en la
capital francesa y hasta envió un par de misivas escritas al Ministerio de
Economía a la espera de, al menos, alguna propuesta formal para negociar; en
la primera de ellas, en 2010, el secretario general del Club, Ramón Fernandes,
admitió que estaban dispuestos a dialogar sin la participación del FMI –una
opción que se abrió por ayuda de EE.UU.- pese a que en casi todas las
refinanciaciones pactadas entre deudores y acreedores, el organismo
multilateral actuó como agente de monitoreo de los pagos, con excepción de
Nigeria y Angola, dos países acosados en su momento por sendas crisis
económicas y políticas poco equivalentes a las de la Argentina.
Como ministro de Economía, Boudou respondió el 9 de noviembre de
2010 que el mensaje de Fernandes, “marca un paso decisivo en pos de
encaminarnos a resolver definitivamente los términos de un plan de pagos”, por
lo que le propuso “coordinar una reunión en breve plazo –a más tardar la
primera semana de diciembre– con el propósito de presentarle nuestros
objetivos y restricciones, así como también para discutir la hoja de ruta, la
227
agenda propuesta y los pasos críticos a ser dados a fin de iniciar la discusión
de los términos del acuerdo para el citado plan de pagos”. Nada de ello ocurrió
y, dos años después, el Club envió una segunda carta que ni siquiera fue
respondida por el ministro Hernán Lorenzino, mientras que los intereses
impagos se seguían acumulando y se notaba cada vez más la ausencia de
líneas de crédito para la importación de maquinarias y financiación de obras.
Los ejemplos previos sirven para reflejar la falta de inteligencia del
Gobierno para superar los problemas del pasado. En 2010, en una reunión con
periodistas de toda la región, importantes funcionarios de Estados Unidos
manifestaron en Washington su “cansancio” por tener que repetir en forma
interminable la misma agenda de negociación con la Argentina sin poder
avanzar, ni un solo paso, durante casi una década.
Lo mismo ocurrió también con los otros países desarrollados y
emergentes, derivando en un clima negativo que se reflejó tanto en los
numerosos paneles por conflictos comerciales que el país tuvo que afrontar
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), como en los exhaustivos
controles del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por lavado de
dinero (sobre todo por los blanqueos de capitales desarrollados en 2009 y
2013) y en las trabas del Banco Mundial para aprobar créditos al Gobierno,
hasta la aprobación a principios de 2013 en el directorio del FMI de una moción
de censura por la desconfianza generada por las estadísticas de inflación y
crecimiento económico.
Pese a estos avatares, el Gobierno, pudo exhibir un avance interesante
en los indicadores de deuda en relación con el PBI que no existían en 2001,
con algunas salvedades. Desde 2002, la relación deuda-PBI se redujo del
166% al 64% en 2006 (luego del canje) y al 41% en 2012; la relación del pago
de intereses frente a las exportaciones se redujo 26 puntos y la proporción de
deuda en moneda extranjera se redujo del 97% en 2001 al 62% en 2012 (50%
en dólares, 10% en euros, 2% en otras monedas).
Aunque la presidenta Cristina Kirchner destacó este proceso de
pesificación como un mérito propio, un informe del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) demostró que se trató de una tendencia regional, ya que la
deuda pública en moneda extranjera de las 7 economías más grandes de la
región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela) en 1998
228
era en promedio el 65% del total, mientras que 10 años después ese
porcentaje había caído al 37 por ciento.
En el mismo sentido, cabe contextualizar la fortaleza argentina de
aumento de las reservas internacionales del BCRA, que llegaron a tocar un
techo de US$ 52.497 millones en enero del 2011 para caer hasta US$ 37.000
millones a principios de septiembre de 2013, por la curiosa estrategia del
“desendeudamiento” (ya que se utilizaron las reservas para pagarle a los
acreedores privados y a los organismos multilaterales, al tiempo que se
incrementó la deuda del Tesoro dentro del sector público, lo que a su vez
generó una mayor emisión monetaria, dinamitó el superávit fiscal y, aumentó
las presiones inflacionarias).
En la página de internet de la Presidencia podía leerse que “la
acumulación de reservas es la estrategia principal para lograr un sostenimiento
del peso acorde a las necesidades productivas del país. De esta forma,
generamos un verdadero seguro anticrisis que permite reducir la vulnerabilidad
externa, dar certidumbre a la inversión pública y privada, y desarrollar un
mercado de capitales. Con una moneda fuerte se potencia el rol productivo del
país, sumado al sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas. El flujo
de las exportaciones (y la limitación de las importaciones sobre algunos
productos) potencia a su vez la acumulación de divisas en el Banco Central”.
Pero a la vez, al destacar la relevancia del “desendeudamiento”, se afirmó que
“la prioridad de nuestra política fue alinear los compromisos financieros con la
verdadera capacidad de pago del país, teniendo presente que la masa de
recursos es la que existe y no puede incrementarse ni milagrosa ni
explosivamente”. Solo Venezuela acompañó a la Argentina en esta caída al
reducir sus reservas desde 2007 a principios 2013 de US$ 34.286 millones
hasta US$ 27.213 millones. Del otro lado, Uruguay lideró el incremento en el
mismo período: de US$ 4.121 millones a US$ 13.037 millones; Perú pasó de
US$ 27.720,2 millones a US$ 67.095 millones (un alza de 142%), seguido por
Brasil con una duplicación, de USS$ 180.334 millones a US$ 376.051 millones;
y Chile de US$ 17.706 millones a US$ 42.096 millones.
También presentaron incrementos Paraguay y Colombia.
El desendeudamiento generó efectos contrapuestos: por un lado, los
indicadores de deuda PBI se volvieron envidiables para otros países
229
emergentes y para la propia historia argentina; por el otro, al mencionado
aumento de la presión sobre los fondos públicos –y su consecuente efecto
inflacionario- cabe sumar la pérdida de oportunidad de refinanciar la deuda
soberana a tasas extraordinariamente bajas, sin que eso obligara a retornar al
sobreendeudamiento para tapar el problema fiscal.
El propio Plan Fénix lo expresó en un artículo de Francisco Eggers,
director de Crédito Público de la gestión de Hernán Lorenzino (que en sus
discursos públicos, renegando de su gestión como secretario de Finanzas,
juraba aborrecer la vía del endeudamiento):
“En este momento existe una gran liquidez internacional, con lo cual los
financiamientos a inversores considerados “libres de riesgo” se efectúan a
tasas inferiores al 4% anual. Si la Argentina pudiera obtener fondos a esas
tasas, y aplicarlos eficientemente a proyectos con alta rentabilidad social,
necesarios para apuntalar el crecimiento del país –por ejemplo, en los sectores
de generación y distribución de energía y en transporte–, sin volver a
situaciones en las cuales los fuertes vencimientos de los servicios de la deuda
fueron factores de desequilibrio, la toma de deuda podría tener consecuencias
positivas tanto a corto como a largo plazo…dadas las necesidades de
desarrollo, parece conveniente intentar explotar más las posibilidades de
financiamiento, por ejemplo en el caso del que otorgan algunos países a sus
exportaciones. Para ello, además de profundizar las relaciones con países
“emergentes” que tienen políticas en este sentido, como Brasil y China, sería
necesario arribar a una solución al default más importante para el cual aún no
hay acuerdo: el de la deuda con los países integrantes del denominado Club de
París. Parte de esta deuda fue contraída por la dictadura militar que gobernó al
país entre 1976 y 1983, teniendo por lo tanto un origen espurio; pero fue
reestructurada –y por lo tanto, reconocida– por gobiernos democráticos, a partir
de lo cual toda la deuda se corresponde con contratos firmados por las
autoridades del país legítimamente constituidas. Su regularización permitirá
continuar avanzando en el saneamiento de la situación de deuda del país, y es
condición necesaria para la obtención de líneas de crédito oficiales de los
países acreedores, a costos internacionales”.
230
La Argentina, sin duda, pudo presentar la mayor quita en la
renegociación de su deuda, pero este resultado, aplaudido en general por toda
la clase política local, no le trajo únicamente beneficios, por dos motivos: no
supo cómo cerrar los capítulos pendientes del default y, sobre todo, no
aprovechó el ahorro generado por la reestructuración para producir
transformaciones sustentables en la economía en general (ocho años después
las exportaciones siguen teniendo un signo claramente primario y la industria
nacional debe seguir siendo protegida por medidas espasmódicas por su falta
de competitividad) y en la situación del empleo en particular. Como explicó el
experto Juan Luis Bour de FIEL, “el crecimiento del empleo -más que una
mayor intensidad del mismo, o una mejora en su composición- fue un factor
central para explicar el crecimiento entre 2003 y 2007. Pero las cosas
cambiaron: en ese período el empleo agregado (formal e informal, público y
privado) creció a una tasa media del 5,2% anual. En los 5 años posteriores
(2008/12) el crecimiento promedio fue del 1,2% anual, para llegar en 2013 a
estimar un crecimiento menor al 0,7% anual. Pero eso no es todo: la
composición del empleo sesga en contra de la "calidad", ya que cae el empleo
asalariado formal privado (el de mayor productividad) y crece el empleo
informal y autónomo, y el empleo público”. A las mismas conclusiones llegó un
informe sobre el mercado laboral del CIFRA, de la CTA oficialista, liderada por
el economista heterodoxo Eduardo Basualdo, al indicar que “la adopción de un
nuevo patrón de crecimiento tras el colapso del régimen de convertibilidad
posibilitó, como es sabido, una significativa expansión de la economía
argentina; a la vez, se produjo un crecimiento inédito de los niveles de empleo,
proceso que posibilitó una abrupta contracción de la tasa de desocupación. Sin
embargo, desde el año 2007 se asistió a un amesetamiento en la tasa de
empleo; si bien la población ocupada no se redujo, dejó de presentar una
trayectoria claramente expansiva como la que había exhibido a lo largo del
período comprendido entre los años 2002 y 2007. A la vez, el aumento en el
ritmo de variación de los precios condujo a una estabilización de los salarios
reales, quebrando de esta forma la tendencia expansiva que habían verificado
los mismos desde el piso histórico al que habían sido reducidos en el año
2002”. La frase “aumento en el ritmo de variación de los precios” escondía, de
manera elegante, el término inflación, que el oficialismo hasta teme mencionar.
231
La economía del 2013, el año en el que la presidenta Cristina Kirchner
juega sus chances de re-relección, no se vio beneficiada por el amplio colchón
generado por tantos años de no pagar el total de la deuda, sino que, por el
contrario, se vio afectada por un “cepo cambiario”, generado por la falta de
combate a la constante suba de los precios y por la desconfianza reflejada en
la constante fuga de capitales. Esta prohibición, además de impedirle a los
ciudadanos con normas dudosamente constitucionales el atesoramiento de
divisas en dólares y provocar un desdoblamiento de hecho (con una brecha
cambiaria que se acercó al 90% a principios del 2013), planchó el nivel de
actividad en sectores clave como la construcción y el inmobiliario, al tiempo que
las trabas a las importaciones también provocaron un perjuicio adicional para
que el nivel de actividad tuviera apenas un leve repunte. Por su parte, la
inversión bajó de un techo del 23% del PBI alcanzado en 2008 a un 20% en
2010, según cifras de la CEPAL, que no mejoraron en los años posteriores.
Buena parte de los errores cometidos surgieron de la falta de visión
estratégica y de la inconsistencia del Gobierno entre su discurso y la realidad.
Tal vez el ejemplo más flagrante haya sido que, pese a que los Kirchner
aseguraban no darle importancia al cargo de ministro de Econonomía, hayan
consagrado de facto en ese rol desde 2006 al secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, pese a las numerosas y marcadas equivocaciones de este
oscuro funcionario.
Pero en 2005, la historia lucía muy diferente: inflación baja, alto
superávit fiscal, tipo de cambio competitivo y una deuda que se reestructuraría
en forma novedosa para la historia moderna.
El canje del 2005, antecedentes y lecciones
El ministro Domingo Cavallo, en su fallida gestión del 2001, intentó
realizar una quita de la deuda, pero sin devaluar ni defaultear. Completó una
primera fase con los “acreedores internos”, pero luego el estallido final de la
convertibilidad dejó trunca la “fase II” para los acreedores externos. A principios
de 2002 el primer equipo económico de Duhalde liderado por Jorge Remes
Lenicov consideraba que el pago de la deuda solo podía ser afrontado con una
quita del 70%, que dejara espacio para la recuperación económica. Con esta
232
consigna en mente, el equipo económico de Roberto Lavagna presentó en la
asamblea del FMI en Dubai en septiembre de 2003 una propuesta de
reestructuración que presentaba una quita nominal del 75% (90% en valor
presente neto), ampliamente rechazada por los diferentes comités de
acreedores, nacionales y extranjeros. En junio de 2004, se modificó para lograr
una mayor aceptación en la “Propuesta de Buenos Aires”, que básicamente
mejoraba para los bonistas por la suba en la tasa de interés internacional y el
reconocimiento de los intereses que dejaron de pagarse desde el default de
fines del 2001 (lo que redujo la quita real a un 60%).
El menú incluía un bono Par sin quita de capital, un Discount con una
reducción sustancial y un “Cuasi par”, a mitad de camino, diseñado para las
AFJP y demás inversores institucionales. Los bonos estaban denominados en
dólares, euros y pesos (en este último caso, ajustados por el Coeficiente de
Estabilización de Referencia, el CER, creado en 2002 como unidad de
indexación para las deudas posteriores al default).
La alternativa de ofrecer un “condimento” en efectivo por adelantado
(upfront payment) como en otras reestructuraciones soberanas, se descartó por
motivos económicos (se precisaban unos US$ 2000 millones) y políticos (en
todo momento el Gobierno intentó mantener una actitud de intransigencia, aun
cuando las razones técnicas aconsejaban lo contrario), por lo que se optó por
una idea innovadora: el cupón ligado al PBI, que pretendía asociar a los
acreedores al futuro crecimiento del país. Sin embargo la idea, creativa a priori,
no generó ningún incentivo adicional para que ingresaran al canje más
inversores privados, que, como suele suceder, prefieren los instrumentos
convencionales a las curiosidades. Ex post, a medida que pasaban los años y
el valor de este bono aumentaba (vis a vis la fuerte recuperación económica y
por la decisión política de inflar los números oficiales del crecimiento), comenzó
a apreciarse su utilidad (sobre todo para en el segundo canje, desarrollado en
2010), aunque a la vez se cuestionó el creciente pago que significaron para el
Tesoro, por unos 20.000 millones de dólares.
El canje, que estuvo a punto de naufragar cuando el Bank of New York
decidió abandonar su rol de agente organizador por “falta de garantías legales”,
finalmente se desarrolló del 12 de enero al 25 de febrero del 2005 y logró una
aceptación del 76,15%, por lo que la deuda elegible se redujo de US$ 81.000
233
millones a US$ 35.000 millones emitidos; del total el 44% de la nueva deuda
estaba denominada en pesos, ajustados por el CER (pese a que, más
adelante, para justificar la intervención del Indec, el gobierno afirmaría que
éstos fueron bonos generados por gobiernos anteriores para beneficiar a los
especuladores). Para Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas, la clave de la
aceptación fue “la suba de la tasa de interés, porque eso convalidó el valor de
la propuesta, en un contexto de creciente liquidez internacional”. Con excesivo
entusiasmo, luego de la operación, Nielsen declaró que “si hubiésemos
obtenido un 50 o un 60 por ciento de adhesión el tema no estaría resuelto. Pero
con el 76 por ciento, repito: ¡como tema, está resuelto! Esa es la opinión de los
mercados. Puede no ser la opinión de gente del Fondo Monetario Internacional.
Pero vuelvo a repetir: esta batalla está saldada”. Pero en privado, mientras el
equipo económico quería mantener una puerta abierta para negociar con los
holdouts y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (en
septiembre de 2004 se habían suspendido las negociaciones para que el
organismo no se entrometiera en las negociaciones con los acreedores
privados), el presidente Kirchner se negaba a una segunda oportunidad para
los bonistas y quería saldar la deuda con el Fondo en forma completa.
En 2005, la Argentina ya no parecía un caso perdido como
equivocadamente habían pronosticado tanto el FMI como los sectores más
duros del gobierno republicano de los EE.UU. Pero, a la vez, los inversores y
analistas no podían dejar de comparar el canje argentino con el arreglo que
ofreció Uruguay en 2003, que logró una aceptación del 98 por ciento, en base a
negociaciones con los grupos de acreedores, una idea que el kirchnerismo se
negó a aceptar. Así, mientras el caso uruguayo era exhibido como un ejemplo
de “negociaciones de buena fe” (no se llegó a un default y la quita fue apenas
del 13%), el de nuestro país fue planteado por el lobby financiero internacional,
representado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF de Charles
Dallara, que nuclea a todos los bancos del mundo) como una “oferta unilateral”.
Ambas partes coincidían en que fue “compulsiva” aunque mientras el
Gobierno le otorgó a este concepto una connotación positiva, para los
acreedores era otra prueba de que “el mundo” debía castigar a la Argentina.
Sebastián Palla, subsecretario de Financiamiento, dijo que la definición de la
oferta fue pragmática, porque “no respondía a otro motivo más que a que la
234
crisis del 2001 combinaba condiciones únicas: “problemas de flujo y stock de la
deuda; todos los indicadores de la economía eran malos”. En los años
subsiguientes, el “relato” oficial ponderaría la quita alcanzada como un ejemplo
del poder con el que el presidente Néstor Kirchner le habría torcido el brazo al
poder financiero internacional y a la supuesta “tibieza” de su equipo económico.
En ese sentido, abundaban las anécdotas que relataban que el
presidente “hasta había definido qué tasa de interés” se le pagaría a los
bonistas, como si ese dato reflejara la solidez de una decisión política y no la
intromisión de un Jefe de Estado en detalles que estaban determinados por el
valor de los bonos argentinos en esa coyuntura. La CTA hizo una dura
evaluación de la estrategia oficial en un paper firmado entre otros economistas,
por Mercedes Marcó del Pont, convertida luego en presidenta del Banco
Central de Cristina Kirchner en 2010:
“Más allá del discurso presidencial, la opción tomada por el gobierno
nacional articuló un conjunto de concesiones a los factores de poder tradicional
involucrados en el endeudamiento (a saber: cúpula empresarial y bancaria local
y organismos multilaterales de crédito) con el objeto de descargar el peso de la
quita sobre los acreedores más débiles. Por esta razón, del mismo modo que
hay que despejar el discurso esgrimido para poder evaluar adecuadamente los
pasos que se han seguido, no corresponde examinar el problema desde
aquella decisión que, sin lugar a dudas, es la de mayor agresividad sobre los
acreedores. En este sentido, por lo tanto, el debate no es si la quita es mayor o
menor. El tema es que, al inscribirse en una lógica más global, el resultado es
que la quita produce situaciones de flagrante injusticia sobre los acreedores
(ejemplo: pierden más los trabajadores que depositaron en las AFJP y no
pierden los organismos internacionales de crédito como el FMI), no logra
minimizar los pagos por deuda que debe realizar el país y restringe al extremo
la libertad en materia de política económica, poniendo serios límites a la
posibilidad de replantear el régimen económico dominante heredado del
neoliberalismo. Si bien la oferta oficial debió desandar las definiciones
planteadas en Dubai, queremos resaltar que el problema central radica en la
estrategia general que ha seguido la negociación. Es más, la quita a los
bonistas aparece como el único punto donde anclar un discurso presidencial
235
que, sostenido en una imagen de dureza y reivindicación de la autonomía
nacional, ha terminado en la práctica convalidando estrategias ciertamente
conservadoras”
En el mismo sentido, los economistas liderados por Claudio Lozano
cuestionaron “el impresionante aumento del flujo total respecto a la propuesta
de Dubai en la Oferta de Buenos Aires; la diferencia alcanza U$S 12.1576
millones. Los pagos del Plan Buenos Aires casi triplican a los de aquél Plan. El
flujo futuro de dólares del nuevo plan alcanza los U$S 195.574 millones”.
El ex presidente del Banco Central Alfonso Prat Gay, que había sido
desplazado de su cargo por plantear profundos desacuerdos con el manejo de
la política económica por parte de Lavagna, también cuestionó los resultados
del canje y, en particular, la inclusión del cupón ligado al PBI:
“La oferta realizada por Argentina en 2005 implicó una reducción de
15,6%, muy lejos de la presunta y popularmente aceptada quita del 75%, y un
esfuerzo mínimo para los bonistas, teniendo en cuenta la profundidad de la
crisis financiera, política, social y económica por la que atravesaba el país. La
Argentina no realizó una quita masiva de la deuda cuando estaba en una crisis
económica grave. Más bien, hizo una oferta extremadamente generosa, aun
cuando entonces ni los bonistas ni los ciudadanos vieron con claridad cuán
beneficiosa era”.
Más allá de estas críticas, existieron razones internas y externas que
condujeron al éxito de aquella operación. En el primer grupo, se destacó que, a
diferencia de operaciones financieras previas que se realizaron en el país, en el
canje del 2005 existió una fuerte consistencia en el discurso y las acciones
entre el equipo económico de turno y el vértice máximo del poder político.
Además, como deudor soberano quebrado, el país negoció desde una posición
de fuerza: los acreedores debían aceptar los términos planteados
unilateralmente si querían cobrar. Al respecto, en el contexto de fuga de divisas
y de empresas privadas que tampoco podían cumplir con sus obligaciones, se
admitió la imposibilidad de regresar al mercado de capitales en el corto plazo
durante la crisis, lo que reducía –a diferencia de otros países– la necesidad de
236
desarrollar una operación “amistosa” con los acreedores, tal como
demandaban los organismos multilaterales de crédito y el sistema financiero
internacional.
En el plano externo, el país se benefició por la ausencia de un
mecanismo internacional de quiebras soberanas, como el que en 2002 planteó
la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger,
que fracasó como ocurrió previamente con otras ideas debatidas en el gobierno
republicano de George W. Bush (el propio subsecretario del Tesoro, John
Taylor, la rechazó) y en algunos organismos de las Naciones Unidas como
CEPAL y UNCTAD.
A diferencia de la administración Clinton, el gobierno de Bush dejó de
lado la idea de los “salvatajes” aplicados en la década previa, por razones
presupuestarias y por considerar que los inversores financieros debían afrontar
cierto riesgo de incumplimiento (moral hazard) luego de haber recibido
importantes ganancias durante varios años, tal como se desprendía del
discurso del secretario del Tesoro de EE.UU., Paul O`Neill. Este nuevo
paradigma justificaba la intención del Gobierno de trasladar fuertes pérdidas a
los bonistas, que fue apoyado con matices dentro de EE.UU. más que en otros
países del Grupo de los Siete. También la Argentina se fortaleció por la falta de
una contraparte homogénea, ya que hasta el principal grupo de bonistas
representado por el Comité Global de Acreedores (GCAB, según su sigla en
inglés) estaba integrado por grupos con intereses contrapuestos. En las
reestructuraciones previas, la Argentina tuvo que lidiar con un grupo de
acreedores organizados y concentrados en el comité de bancos (steering
comitee) que podía guiar la negociación casi sin ninguna oposición. Por último,
la reestructuración, según los economistas Mario Damill y Roberto Frenkel del
CEDES, “tuvo lugar en un contexto en el que el rol del FMI en el sistema
financiero internacional estaba cambiando; la característica más inusual en
este proceso es que el FMI no participó ni en el diseño ni el management de la
reestructuración”.
Hasta entonces, el aval del FMI había sido decisivo para sellar las
renegociaciones soberanas que llevó adelante el país con sus acreedores
privados en los 80 y los 90.
237
El gobierno pretendió festejar el buen resultado del canje, que logró
una quita en valor presente neto cercana al 60%, como una epopeya, aunque
el ministro Roberto Lavagna advirtió que apenas se trataba de una salida
parcial de una dura convocatoria de acreedores. Para Kirchner, la euforia se
estiró en las elecciones legislativas del 24 de octubre del 2005, cuando superó
ampliamente a la UCR por 40% de los votos contra 15%, sacándose de encima
el estigma de la debilidad con la que había asumido en base a un magro 22%
en 2003, a partir del retiro de Carlos Menem de la segunda vuelta. En cambio,
el resultado selló el destino del ministro Lavagna, a quien el Presidente veía
como un posible competidor, por lo que forzó su renuncia en noviembre.
A partir de entonces, Kirchner puso en práctica la idea que traía de
Santa Cruz (“el presidente debe ser también el ministro de Economía”) y todos
los nombres que pasaron por el cargo no tuvieron ni la audacia ni la inteligencia
para evitar que, primero el Presidente y luego la presidenta Cristina Kirchner,
dilapidaran los logros que los habían acompañado en sus primeros años. Como
este libro tiene algunas ambiciones, pero no excesivas, alcanza con mencionar
tres ejemplos de las equivocaciones cometidas desde entonces: la
manipulación de los datos del Indec, el canje de deuda del 2010 y el manejo de
las causas con los holdouts en los tribunales de Nueva York.
Mucho se ha escrito sobre los motivos que llevaron al Gobierno a
comenzar a alterar las estadísticas públicas. El argumento favorito del
oficialismo es que un grupo de técnicos del Indec sobrestimaban la inflación
para favorecer a los bonistas que tenían títulos ajustados por el índice de
precios, por lo que era necesario cambiarlo en forma abrupta de modo de
favorecer al conjunto de la sociedad. Casi siete años después de esa
acusación vaga, la Jusiticia no recibió una sola prueba concreta de este
supuesto delito. En cambio, existe una causa penal en contra del Indec y del
secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que no ha avanzado por la
costumbre de la justicia federal, en este caso del magistrado Rodolfo Canicoba
Corral, de avanzar en las causas más sensibles solo una vez que los gobiernos
están en retirada.
El presunto “ahorro” generado en los primeros cuatro años de la
manipulación del índice de precios al consumidor, según la consultora ACM,
ascendió a unos US$ 4000 millones; entre los perjudicados por esta
238
subestimación se encuentran todos los jubilados, ya que el 40% de los bonos
con CER están en manos de la Anses.
Pero, a la vez, estos analistas revelaron que el Estado pagó cerca de
US$ 1000 millones de más por haber sobrestimado el crecimiento económico,
lo que derivó en mayores pagos del cupón ligado al PBI.
Dejando de lado las discusiones éticas sobre la manipulación de las
estadísticas públicas –que fueron rigurosamente analizadas por asociaciones
internacionales de expertos en estadísticas hasta por las Naciones Unidas,
dado que es el primer caso de una democracia que cambia sus cifras- el
resultado contraproducente fue inmediato, por dos vías: por un lado, las
expectativas inflacionarias que se pretendían reducir, se multiplicaron ante la
falta de un indicador confiable (al punto tal que la CGT, cercana al Gobierno,
siempre pidió aumentos salariales “en base a la inflación real y no a la del
Indec”, como lo señalaron sus jefes, primero Hugo Moyano y luego Antonio
Caló). Por el otro, todo el supuesto ahorro que se pudo lograr para un grupo de
bonos, se evaporó porque la Argentina perdió el acceso a los mercados
voluntarios de crédito; la última colocación voluntaria fue en marzo del 2006,
por US$ 500 millones, a una tasa del 8,3 por ciento anual. En enero del 2007,
cuando comenzó el falseamiento de las estadísticas, la Argentina y Brasil
tenían un nivel de riesgo país –que mide la sobretasa que pagan los países por
encima de los bonos del Tesoro de los EE.UU.- similar. Desde entonces, se
produjo una brecha que nunca se acortó, hasta ubicarse, el 21 de mayo de
2013, en 175 puntos básicos para Brasil y 1148 para la Argentina, el mayor de
la región, bastante por encima de los 815 puntos otorgados a Venezuela.
La consultora Econométrica explicó que “si en el 2007 las nuevas
emisiones de deuda pública por 6.100 millones de dólares se hubiesen
realizado al mismo riesgo que paga Brasil, la Argentina podría haberse
ahorrado intereses por más de 200 millones de dólares anuales”.
Este liderazgo negativo desestima cualquiera de los argumentos del
Gobierno, que señalan que los mercados han castigado al país por desarrollar
políticas diferentes, ya que probablemente la visión de los inversores acerca de
la política económica venezolana ha resultado bastante más negativa que la
que existe sobre la Argentina. Por lo tanto, el precio pagado por la destrucción
de las estadísticas de precios, ha sido confinar al Estado a la refinanciación de
239
los créditos soberanos a tasas usurarias, como el pago a Venezuela en 2008 al
15%, o de forma discrecional, a través de la Anses, a tasas mayores que las
pagadas en el mercado, por medio de bancos cercanos al Gobierno que no
compitieron en ninguna selección.
El otro efecto financiero de este falseamiento ha sido la destrucción del
mercado de deuda en pesos, a contramano del resto de la región, que ha
fortalecido en la última década las colocaciones en moneda local, lo que
implica menos riesgo para su futuro repago.
Los responsables de esta maniobra han sido, además de Moreno, el
presidente Néstor Kirchner y el jefe de gabinete, Alberto Fernández, pese a
que, desde que renunció, se dedicó a criticar esta estrategia. También los
sucesivos ministros de Economía que avalaron en forma implícita o explícita la
manipulación de los datos: Micelli –con quien comenzó la maniobra y que
permitió que Moreno avanzara sobre el Indec, que hasta entonces estaba bajo
la órbita de Economía-; Miguel Peirano –que renunció apenas vio que no podría
normalizar las variables de la economía, luego de declarar que el IPC del Indec
era confiable-, Martín Lousteau –quien dijo que el tema del Indec era un
problema de elites: “Es un tema de Wall Street y no de Pavon Street”, afirmaba
en tono de sorna-, Carlos Fernández, Amado Boudou –quien designó, por un
decreto de la presidenta Cristina Kirchner, a un comité de expertos
universitarios que redactaron un categórico informe sobre el Indec, que luego
se guardó en un cajón sin implementarse- y Hernán Lorenzino, en cuya gestión
el FMI por primera vez sancionó a un país por no tener estadísticas acordes a
los estándares internacionales de transparencia. Luego del pago de la deuda al
organismo, los Kirchner se negaron a permitir el ingreso de los técnicos
extranjeros en el contexto de la revisión de las economías de todos los países
socios que realizan anualmente (por el Artículo IV de su estatuto), con la
excusa de que no querían se “entrometieran” en las decisiones soberanas del
país, aunque en realidad no aceptaban que criticaran públicamente los cambios
en las estadísticas, algo que el FMI igualmente llevó a cabo.
En paralelo, el Gobierno multó a las consultoras privadas, que solo
lograron tener un negocio en este nicho gracias a la desconfianza en torno del
IPC del Indec, en base a la absurda acusación de que pretendían “engañar al
público”, violando la ley de lealtad comercial, que fue revertida en una
240
sentencia de segunda instancia por la justicia en lo penal económico en mayo
del 2013. Estas firmas daban cuenta de una inflación cercana al 25% anual,
similar a todas las provincias que tenían mediciones independientes y que
fueron presionadas política y económicamente para dejar de publicarlas por
parte del Indec. Un ejemplo de este desvanecimiento de la información lo
provocó el propio viceministro Axel Kicillof, quien hasta fines del 2011 daba
cuenta en la página web de su think tank, CENDA, de un IPC 7 provincias, con
la siguiente justificación:
“La inocultable falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor
(IPC) calculado por el INDEC ha privado a la sociedad de una herramienta
fundamental para conocer la verdadera situación económica del país. También
ha dado pie a la proliferación de distintas mediciones por parte de consultoras
privadas que recurrieron a un simétrico oscurantismo informativo para lucrar
política y económicamente con la imperiosa necesidad de información. En
estas circunstancias, los principales perjudicados son, una vez más, los
trabajadores que carecen de elementos para conocer con precisión las
variaciones del poder adquisitivo de sus salarios”.
Al asumir como viceministro, Kicillof hizo desaparecer esa información
de la página de internet del CENDA, mientras sumaba a todos sus
colaboradores al staff del Estado (“Axel financió la estructura del Cenda con
recursos del ministerio”, lo acusó un funcionario cercano al ministro Hernán
Lorenzino), a diferencia de otras organizaciones cercanas al Gobierno, como el
CIFRA de la CTA oficialista, que calculaba una tasa de inflación superior al 20
por ciento a principios del 2013.
Otro efecto nocivo de esta decisión fue la fuga de capitales reiniciada
en 2007, luego de algunos años de pausa, que se consumió unos US$ 80.000
millones hasta 2012 y neutralizó todas las políticas específicas para mejorar la
competitividad de la economía, forzando al Gobierno a instaurar controles de
tal magnitud que ahogaron la suba de la inversión.
Si la subestimación del IPC resultó altamente cuestionable, la misma
maniobra registrada en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue
repudiada, ya que derivó en la eliminación virtual de las cifras de pobreza e
241
indigencia, que a mediados del 2013 se ubicaban en 5,4% y 1,5%,
respectivamente, frente al 26% y el 5% medidos por el Observatorio de Política
Social de la UCA. Como escribió José Hidalgo Pallares en La Nacion, “las
cifras del Indec colocan a la Argentina en una situación mejor que la de países
conocidos por sus altos estándares de vida. La pobreza en Suecia, Finlandia,
Noruega y Dinamarca superó en 2011 (último dato disponible) el 10%”. Los
técnicos del Indec desplazados por la conducción de Ana Edwin y Norberto
Itzcovich estimaron a fines del 2012 que la pobreza ascendía al 37% de la
población, en base a la evolución de la inflación de las provincias.
La razón última por la que se desarrolló esta estrategia –y sobre todo
por la cual nunca se corrigió- es que el Gobierno pretendió ocultar la existencia
de la inflación o combatirla con métodos poco significativos, como los acuerdos
de precios, sin enfrentar en ningún momento la concentración económica que
denunció como raíz de la suba de precios.
En este contexto el Gobierno no pudo encontrar nunca más fuentes
genuinas de recursos para financiar sus crecientes problemas fiscales y optó,
una vez más, por disfrazar con mística militante una serie de medidas
desesperadas, como la re-estatización de los fondos previsionales (menos de
un año después de haber fracasado en una consulta a la población que marcó
un profundo rechazo a la jubilación pública) y la utilización continua de las
reservas del BCRA, que deterioraron la capacidad de la entidad monetaria de
operar en el mercado cambiario en forma agresiva, para colaborar, al menos
parcialmente, en la lucha contra el atraso cambiario.
El principal impulsor de ambas medidas fue el ministro Amado Boudou,
quien, curiosamente, había asumido con una agenda “promercado”,
consistente en normalizar la relación del país con sus acreedores, la situación
de las estadísticas públicas y el vínculo con el FMI.
De todos estos objetivos, solo pudo concretar un segundo canje con los
bonistas, en una operación bastante cuestionada por parte de la oposición por
haber sido diseñada no por el equipo económico, sino por los bancos y
estudios de abogados que tenían los bonos para canjear. La oferta había sido
diseñada por los bancos Deutsche, Citi y Barclays, con el asesoramiento de la
consultora Arcadia, dirigida por el abogado argentino Marcelo Etchebarne,
quienes comenzaron a negociarla en la gestión de Sergio Massa como jefe de
242
gabinete en 2008. La propia Presidenta en septiembre de ese año anunció la
posibilidad de reabrir el canje, que luego se demoró hasta el momento en que
asumió Boudou.
Para lograrlo se suspendió la “ley cerrojo”, que había sido sancionada
en el canje anterior para lograr el ingreso masivo de los bonistas, pero que
luego fue un elemento muy perjudicial en los juicios en Nueva York. En ese
segundo canje, los títulos elegibles ascendían a US$ 18.300 millones, de los
cuales ingresaron US$ 12.400 millones, equivalentes al 68%.
Según el economista Orlando Ferreres, “en este segundo canje
quedaron afuera US$ 1000 millones de inversores minoristas italianos, US$
4400 millones de litigantes (fondos buitre) y otros tenedores con 500 millones
de dólares”. Entre ambas operaciones, se reestructuró el 93% del total.
Ese mismo año, Boudou intentó convencer a la presidenta Cristina
Kirchner de retornar a los mercados internacionales y permitirle al FMI cumplir
con la revisión anual que realizan todos los socios de este organismo, sin éxito.
Ante el rechazo de la mandataria, se optó por el plan de multiplicar los
controles a la salida de capitales (“Vamos por todo” fue la consigna) y en el
manejo de las empresas con participación estatal.
Boudou comprendió enseguida cuál era el pensamiento de la
mandataria, cambió de discurso y logró ser nombrado como vicepresidente del
segundo mandato de Cristina Kirchner, pese a las numerosas denuncias de
corrupción que lo salpicaban, por enriquecimiento ilícito y negociaciones
incompatibles con su rol (en la causa de la empresa Ciccone) y por “tráfico de
influencias” en el canje del 2010. La fantasía de la Presidenta de ungirlo como
su heredero se truncó rápidamente y en mayo de 2013 la imagen negativa del
vicepresidente ascendía al 50% de la opinión pública, según los sondeos de la
consultora Poliarquía.
Finalmente, 10 años después del default, cobraron relevancia las
numerosas sentencias desfavorables que el país había acumulado en los
tribunales de Nueva York, por demandas de bonistas minoristas y grandes
fondos. Pese a que en el “relato” oficial el juez federal del distrito sur de
Manhattan Thomas Griesa habría favorecido en todos sus fallos a los bonistas
en default, en realidad el magistrado tuvo una actitud equilibrada mientras el
243
Gobierno mantuvo una gestión proactiva en el tema, desde el canje 2005 hasta
el realizado en 2010.
Una vez que se volvió a aplicar la “ley cerrojo”, la mayoría de las
decisiones pasaron a ser desfavorables, salvo las referidas a las reservas del
Banco Central (inembargables por no ser de carácter comercial) y los intentos
más osados de los “fondos buitre” de ejecutar bienes diplomáticos argentinos
en Francia.
Sin duda, los litigantes más agresivos fueron los fondos buitre NML-
Elliot y Dart, que lograron una relevante victoria a principios del 2012, cuando
Griesa les concedió el criterio de “pari passu”, por el cual les otorgó el mismo
derecho a cobrar que a los acreedores que habían entrado a los mencionados
canjes, en una sentencia muy cuestionable, debido a que estos últimos
afrontaron una serie de quitas al aceptar los duros términos de la oferta
argentina. Cuando Lorenzino fue notificado de esta decisión, pensó, al igual
que los abogados del país, de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton –y otros
expertos legales- que podría reverla fácilmente en segunda instancia. “Me
confié demasiado”, admitiría meses más tarde ante sus colaboradores.
Entretanto, NML, del polémico multimillonario Paul Singer, logró un
éxito publicitario importante al embargar preventivamente la fragata Libertad en
la costa de Ghana, por el descuido del Gobierno respecto de los riesgos de un
embargo de esta embarcación militar. La fragata finalmente fue liberada en
diciembre del 2012 sin que el país necesitara pagar una fianza como
reclamaban los demandantes, pero en ese momento el Poder Ejecutivo no tuvo
tiempo de festejar porque la cámara de apelaciones de Nueva York había
dictado un fallo más duro que el de Griesa, condenando al país en octubre del
2012 a pagarle a los fondos NML, Aurelius y Blue Angel y a 13 inversores
minoristas argentinos (jubilados), la suma de US$ 1333 millones. De inmediato,
la cámara le pidió a Griesa que determinara la forma de pago y el veterano
magistrado, con ganas de terminar el caso, decidió que fuera al contado y por
100 por ciento, una decisión que luego la cámara puso en suspenso, ante la
fuerte presión de los bonistas que sí entraron a los canjes y de cierto apoyo del
gobierno de EE.UU. Si la Argentina aceptara este criterio, posiblemente los
bonistas que entraron a las reestructuraciones previas pedirían un
resarcimiento por la quita sufrida.
244
Este dilema para la justicia norteamericana, entre satisfacer el derecho
de los demandantes y el peligro para las reestructuraciones soberanas de
cumplir con esas peticiones en general, fue reflejado en un trabajo de
investigación del FMI de mayo del 2013:
“Las decisiones judiciales sobre la Argentina pueden exacerbar los
problemas de acciones colectivas y llevan el riesgo de debilitar los procesos de
reestructuraciones soberanas. Hasta ahora, el poder legal de los holdouts ha
sido limitado. Aunque es relativamente fácil para estos acreedores obtener un
fallo en contra de un soberano después de un default, ha sido mucho más difícil
encontrar activos que puedan utilizarse para satisfacer sus demandas. Sin
embargo, el caso argentino le daría a los acreedores en default mayor poder
para complicar los procesos de reestructuración; al permitirles interrumpir el
flujo de pagos a los bonistas que participaron en la reestructuración, los fallos
desalentarían a los acreedores a participar de una reestructuración soberana”
En el mismo sentido se expresó el ministro Hernán Lorenzino,
admitiendo implícitamente que si el fallo favorecía a la Argentina no se basaría
tanto en los argumentos de la estrategia nacional, sino en evitar un problema
mayor al sistema financiero global:
“Un fallo de esas características no pone fin a ningún tema, sino que
abriría muchos problemas. No soluciona nada, perjudicaría a todos y
comenzaría una nueva saga de juicios. Los buitres que no entraron al canje
2005 y 2010 pero no están representados en esta demanda vendrían a pedir lo
mismo. Quienes participaron de los canjes reclamarían igual tratamiento que
los buitres, con demandas por una suma cercana a los 43 mil millones de
dólares. El Bank of New York y todo el sistema de intermediarios también se
verían afectados por la medida por ambos frentes: los bonistas que entraron al
canje los demandarían por no darles su dinero y serían demandantes por los
daños y perjuicios que recibirían. El criterio de tratamiento igualitario es
pagarles a todos de igual forma y poner fin al tema. La visión del país es la
245
única que busca terminar con las disputas, cualquier otra abre puertas para
todos lados”.
Más allá de las expresiones de lamento, entre el fallo de primera
instancia (febrero del 2012) y el de cámara (octubre del mismo año) el
Gobierno tuvo tiempo de neutralizar este golpe judicial, pero no lo aprovechó
por subestimar el hastío de los tribunales norteamericanos en torno de este
caso. La fórmula apropiada hubiera sido ofrecer, como tuvo que hacerlo a
principios del 2013, un nuevo canje como muestra de buena voluntad. Pero la
Presidenta, como en otros casos, interpretó a priori el fallo como un ataque
político a su gestión y declaró públicamente que no le pagaría “ni un centavo a
los fondos buitre”, una frase que los astutos abogados de estos inversores se
encargaron de utilizar para convencer a los camaristas de la razonabilidad de
sus argumentos y del desapego argentino a las leyes norteamericanas. En
privado, las autoridades de Economía admitieron que si hubieran planteado
esta alternativa, por más que ningún inversor la aceptara, la justicia tal vez
habría tenido un enfoque más condescendiente hacia el país. De hecho,
Lorenzino lo admitió meses más tarde al diario Página 12: “No estamos
convenciendo a los buitres para que participen, estamos convenciendo a los
jueces”, explicó.
Pero la intransigencia discursiva oficial se mantuvo hasta que, a punto
de entrar en default, la Presidenta cambió de discurso y ordenó reabrir el canje
para ver si podía torcer el destino de una causa que seguramente marcará un
importante precedente para el resto de los juicios que se tramitan en esa
jurisdicción, por unos 6500 millones de dólares. Diego Ferro, uno de los socios
del fondo Greylock Capital Management, que rechazó el canje del 2005 pero se
sumó al del 2010, expresó:
“Al haber conseguido fallos en primera y segunda instancia, es muy
difícil que estos fondos no terminen cobrando en algún momento en la medida
que el país quiera reintegrarse plenamente a los mercados de capitales
internacionales”
246
Más allá del fallo final de segunda instancia –que podría ser o no
considerado para su análisis por parte de la corte suprema de los EE.UU.- el
Gobierno enfrenta, a casi 12 años del default, las consecuencias de su falta de
planificación estratégica para resolver, al igual que ocurre en las cuestiones
clave de la política económica doméstica, los dilemas de un país que, lejos de
aprovechar la solidaridad generada en buena parte del mundo a raíz de la crisis
casi terminal del 2001, casi no supo ganarse amigos desde entonces.
247
ANEXO TESTIMONIAL
La versión de los principales ministros del período 1976-2003
Tres preguntas fueron formuladas a los funcionarios que se
desempeñaron al frente del Ministerio de Economía en este período.
1. ¿CUÁL ERA LA SITUACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA AL
ASUMIR?
2. ¿CÓMO FUE LA GESTIÓN DEL PROBLEMA?
3. ¿CUÁL FUE EL RESULTADO FINAL?
Éstas fueron sus respuestas:
JOSÉ A. MARTÍNEZ DE HOZ (1976-1981)
1. Según cifras del Banco Central, la deuda externa por capital
ascendía al 31 de diciembre de 1975 a US$ 4.021,3 millones para el
sector público y a US$ 3.853,8 millones para el sector privado, lo que
hace un total de US$ 7.875,1 millones.
2. En el período 1976-1980 pudieron aprovecharse las condiciones
del crédito internacional para impulsar el crecimiento del país a través de la
realización de obras públicas, reequipamiento de empresas estatales y la fuerte
ampliación de la oferta de explotación y exploración de petróleo y gas natural.
De acuerdo con cifras oficiales, la inversión pública realizada en el período
1976-1980 alcanzó el históricamente elevado nivel de US$ 50.000 millones.
Gran parte de estas inversiones llevaban un componente físico de bienes
importados. Precisamente, el aumento de la deuda pública argentina en el
quinquenio 1976-1980 de alrededor de US$ 10.000 millones es equivalente a la
quinta parte de la inversión pública realizada en el período. Quizás el criterio
más aceptable para medir la deuda sea el de tomar el volumen de las
exportaciones anuales en comparación con el monto total de la deuda externa.
La otra comparación que se toma es la del PBI. Mientras al 31 de diciembre de
1975 la deuda externa neta equivalía a dos veces y media el volumen de las
exportaciones de ese año, al 31 de diciembre de 1980 la relación existente era
casi la misma. En cuanto a la relación con el PBI, la comparación sería del
248
7,6% en 1970 y del 7,2% en 1980. Por otro lado, como resultado de las dos
crisis del petróleo, en 1973 y 1979 hubo una enorme afluencia de dinero a los
países exportadores de petróleo. El peso de esta gran liquidez amenazaba con
crear graves problemas y la solución que encontró mayor aceptación fue la de
confiar estos excedentes de fondos a los grandes bancos comerciales, que
debían recolocarlos en aquellos mercados donde encontraran tomadores
capaces de absorberlos, como los países de desarrollo intermedio. Pero en
1980 variaron las condiciones por la fuerte recesión e inflación en los países
industrializados, la baja de los precios de exportación de las naciones en
desarrollo y la fuerte suba de tasas de la Reserva Federal con la finalidad de
reducir la inflación en EE.UU. Lo antedicho no implica desconocer que,
además, existieron circunstancias o políticas internas que han aliviado o
agravado los factores internacionales.
3. Al 31 de diciembre de 1980 la deuda correspondiente al sector
público se había incrementado a US$ 14.459 millones y la del sector privado a
US$ 12.703 millones, o sea un total de US$ 27.162 millones. Según estas
cifras el aumento fue de US$ 10.437,7 millones para el sector público y US$
8.849,2 millones para el sector privado, o sea, un total de US$ 19.286,9
millones.
LORENZO SIGAUT (1981)
1. La situación del endeudamiento externo era lamentable desde
todo punto de vista. La deuda por capital era de US$ 29.587 millones y venía
en crecimiento exponencial. En
1980 había aumentado un 43% y en el primer trimestre de 1981 un
10%. Vencía el 43% de la deuda en los últimos 9 meses de
1981 (58% anualizado) con intereses récord en el mercado
internacional: de 17% anual en abril de 1981, cuando a fines de 1976 eran de
5%. Las reservas internacionales caían dramáticamente, de US$ 10.480
millones a fin de 1979 a US$ 7.684 millones a fin de 1980 y a US$ 4.698
millones a fin de marzo de 1981. Había un déficit comercial notable, de US$
2.471 millones en 1980, cuando en 1979 había superávit de US$ 2.565
millones. El déficit en cuenta corriente crecía en espiral, al alcanzar US$ 4.700
millones en 1980 y US$ 1.950 millones en el primer trimestre de 1981. Además,
249
había una creciente sobrevaluación del peso, un enorme déficit fiscal,
destrucción del aparato productivo. En 1980 las autoridades recomendaban al
sector privado el endeudamiento en dólares y en febrero de 1981, el BCRA
ajustó en 10% el tipo de cambio y prolongó la tablita cambiarla hasta agosto de
ese año. Mi predecesor desapareció de la escena pública.
2. Existían, en 1981, dos alternativas: patear el tablero no pagando
la deuda, que no tenía sentido ya que no solucionaba las causas que llevaron a
su desbordante crecimiento y provocaría reacciones impredecibles, o asumir
los costos de una devaluación, con un gran endeudamiento externo. En abril
hubo una devaluación inicial fuerte; otra de magnitud similar en junio de 1981
(tras previa huida de fondos muy significativos); casi enseguida se desdobló el
mercado en comercial y financiero, manteniendo el primero y procurando que el
segundo encontrara su nivel sin afectar al primero. A determinadas deudas el
BCRA les reconocía el costo de la segunda devaluación si eran renovadas por
un año. También se facilitó la renovación de otras por 540 días. Con seguro de
cambio. A tasa fija por 180 días y el resto ajustable por inflación. El
overshooting de los ajustes cambiarlos y las renovaciones de deuda (dada su
enorme concentración y la crisis internacional de asistencia a los países en
desarrollo) comenzaban a mostrar resultados equilibrantés hacia fines de 1981.
3. La deuda externa en meses creció a una tasa anualizada el 27% y la
concentración de vencimientos se redujo: vencía en 982 el 41,1% de la deuda
total. Las reservas internacionales se mantuvieron, el comercio exterior pasó a
ser superavitario, bajó déficit en cuenta corriente y el país enfrentó por sí
impagables vencimientos en el corto plazo. La unificación cambiaria buscada
era un hecho concreto. Mi sucesor le dio formalidad.
ROBERTO ALEMANN (1981-1982)
1. A fines de 1981 prácticamente no había deuda pública interna en
pesos de relevancia. La deuda externa de U$S 20.000 millones se
correspondía con la deuda pública, interna y externa, había una deuda pública
externa de muy corto plazo, asumida por Martínez de Hoz hacia el final de su
mandato para mantener las reservas monetarias. Cancelamos esa deuda a
partir de febrero) de 1982.
250
2. Más allá del monto de la deuda externa, que me pareció excesivo,
padecíamos entonces las consecuencias del saneamiento monetario
practicado por el presidente de la Reserva Federal e los Estados Unidos. Para
nosotros, las tasas de LIBOR rondaban el 16% o 17%, manifiestamente
impagables. En esas circunstancias comuniqué públicamente la política de no
aumentar la deuda, lo cual implica, en los términos posteriormente definidos
ara la Unión Europea por el Tratado de Maastricht, que no registraríamos déficit
de las cuentas públicas. Que yo sepa, nadie antes ni después definió la política
fiscal en esos términos. Por lo demás, nos ocupamos de renegociar los
vencimientos de la deuda m nuevos compromisos, sin aumentar su monto. A
ese efecto, negociamos durante la reunión de gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo en Cartagena de Indias, Colombia, hacia n de
marzo de 1982, los nuevos créditos con los banqueros para abrir los
vencimientos del año calendario y encontramos buena disposición para esas
operaciones que luego resultaron truncadas por el conflicto subsecuente por
las islas Malvinas.
3. Mi gestión apenas superó seis meses, de los cuales los últimos tres
modificaron mis prioridades con motivo del mencionado conflicto. Se cerró todo
crédito externo para el país, de modo que nos vimos obligados a postergar los
vencimientos por 90 días, pagando los intereses, sin aumentar la deuda.
Manteníamos equilibradas las cuentas fiscales con recaudaciones tributarias
que nos permitieron atender los gastos no previstos para el conflicto, gracias a
varios nuevos impuestos. Tras nuestra renuncia a principios de julio de 1982, el
Banco Central durante la presidencia de Domingo Cavallo generó nuevo
endeudamiento interno mediante una extraordinaria emisión monetaria que
modificó el cuadro económico general. Asimismo, el gobierno asumió buena
parte de la deuda externa privada que rondaba los US$ 17.000 millones.
JUAN SOURROUILLE (1985-1989)
1. La deuda externa es un tema recurrente en la historia económica
argentina. Hay como mínimo dos razones para esta larga serie de
desencuentros. Sin duda, una —la positiva— se apoya en el potencial
económico de la Nación, lamentablemente la otra —la negativa— surge de las
dificultades de los argentinos para poder controlar procesos que desarrollen de
251
manera sostenible ese potencial. Cuando el doctor Alfonsín asumió el gobierno
a fines de 1983 la situación general de la deuda de los que habían comenzado
a llamarse "países emergentes" era particularmente grave. No sólo la Argentina
estaba en incumplimiento generalizado de sus obligaciones, sino que la crisis
de México en la práctica había paralizado el funcionamiento de los mercados
financieros. Luego de muchas dificultades y no pocos desencuentros, en 1987
se logró un acuerdo general de reescalonamiento con los acreedores bancarios
no gubernamentales, sumado a programas de crédito acordados con los
organismos financieros internacionales y el Club de París. Pero los respectivos
puntos de vista sobre los que se construyeron estos acuerdos no resultaron lo
suficientemente sólidos como para evitar que hacia fines del período de
gobierno volvieran a surgir problemas de incumplimientos.
2. Más allá de episodios puntuales, sin duda la gestión de los temas
de la deuda me deja recuerdos entre los que predomina el sabor amargo de no
lograr afirmar un camino más venturoso para el bienestar de los argentinos.
3. Como he dicho, nuestros desencuentros con los acreedores no
fueron pocos y tal vez sea útil recordar los motivos centrales una vez más.
Entiendo que el problema mayor fue la incomprensión de lo que entonces
(ahora también) veo como bases para una discusión constructiva: la aceptación
del principio de corresponsabilidad tanto frente a la generación del problema
como en su encausamiento posterior; la conveniencia de abandonar la noción
de crisis temporarias de liquidez y su reemplazo por la idea de búsqueda de un
sendero de bienestar compartido y, por último, una revisión integral del papel
que cumplen los organismos internacionales de financiamiento en la dispar
relación que inevitablemente existe entre las economías de los países de
ingresos medios y las instituciones financieras de los países centrales.
ANTONIO ERMAN GONZÁLEZ (1989-1991)
1. Antes de asumir el Ministerio de Economía el 18 de diciembre de
1989, en julio del mismo año me desempeñé por tres meses como
vicepresidente del Banco Central. La deuda externa estaba en verdadero
default, ya que se adeudaban en concepto de intereses atrasados unos US$
8.000 millones desde febrero de 1989. Tampoco se cumplía con los pagos de
252
capital, tanto a los organismos internacionales como a los bancos y al Club de
París.
2. La negociación y renegociación de la deuda se tornaba difícil por
la falta de reservas líquidas en el Banco Central; el gran déficit que arrojaban
las cuentas fiscales, superior al 12% del PBI; la hiperinflación que deterioraba
todo el sistema monetario, bancario y las transacciones económicas públicas y
privadas, y la pérdida de confianza y credibilidad en el país, luego de sucesivos
incumplimientos anteriores, no sólo de los acuerdos con organismos y
acreedores privados, sino ante el fracaso de planes de estabilización y
desarrollo previos. Esto obligaba a profundizar los diagnósticos en cada una de
las áreas del Estado, detectando las causas profundas de esa debacle y
elaborar programas serios y factibles, para recobrar confianza. La clave
fundamental para aquellas negociaciones fueron los programas de
saneamiento de las cuentas fiscales, un programa de privatizaciones
monitoreado por los propios organismos internacionales y los controles legales
propios a los que se incorporaron comisiones bicamerales que daban
participación permanente al Congreso. De todo ello surge, en primer término, el
decreto 435, que establece la racionalización administrativa más profunda que
se haya llevado a cabo hasta ese momento, lo que despierta el apoyo de
sectores internos y externos. Además comienza el proceso de privatizaciones
para el saneamiento de un Estado sobredimensionado.
A partir de agosto de 1989, se decidió girar en concepto de pago a
cuenta de los atrasos mencionados —y como una muestra cabal de la decisión
de honrar los compromisos— la suma de US$ 40 millones, que en octubre se
elevaron a US$ 70 millones mensuales. Las negociaciones se llevaron a cabo
frente a dos interlocutores principales: uno fue el Club de París y otro el
Citibank, como representante designado por los otros bancos para esta
negociación. Desde luego que los acuerdos con los organismos internacionales
se llevaron a cabo en forma directa.
3. El resultado podemos calificarlo de satisfactorio, ya que permitió al
país, durante el año 1990, reducir la deuda externa, mediante el rescate de
algunos títulos de la deuda argentina que se recibían según el caso como parte
de pago de las concesiones y/o privatizaciones y luego llegar a nuevos
253
acuerdos indispensables para lograr la transformación de la estructura
económica.
DOMINGO CAVALLO (1991-1996)
1. Cuando asumí como ministro de Economía la primera vez, la
situación del endeudamiento público era caótica. El país no había estado
pagando capital ni intereses de la deuda externa desde mediados del '87 y se
habían acumulado fuertes atrasos.
Además, la deuda interna estaba siendo reclamada por los acreedores
en los tribunales, particularmente la que se adeudaba a los jubilados y a las
provincias.
También estaba en situación conflictiva la deuda con proveedores y
contratistas del Estado.
2. Luego de lanzada la convertibilidad logramos que se aprobara en
el Congreso Nacional la Ley de Consolidación de Pasivos, que permitió
reconocer y refinanciar toda la deuda interna, particularmente la adeudada a
jubilados, proveedores y provincias. El plan Brady permitió la refinanciación de
la deuda externa. Durante el año 1995, como consecuencia de la crisis del
"tequila", incurrimos en déficit fiscal significativo por primera vez en ese
período.
Este déficit se financió con endeudamiento con organismos
multilaterales, porque los mercados financieros, que se habían abierto para la
Argentina en 1993, volvieron a cerrarse.
3. Cuando dejé el Ministerio de Economía en julio de 1996, la deuda
pública total era todavía inferior a la que existía al momento de asumir, porque
en términos netos los déficit fiscales acumulados durante los seis años habían
sido prácticamente cero. Téngase en cuenta que durante algunos años las
privatizaciones generaron superávit fiscal y que el plan Brady había conseguido
una quita.
ROQUE FERNÁNDEZ (1996-1999)
1. Cuando asumí el cargo de ministro la deuda argentina estaba en
situación normal. Como presidente del BCRA participé en el acuerdo con
acreedores de la deuda en default que venía de la década del 80. De esta
254
negociación surgieron los bonos Brady, que continuaron en situación normal
durante toda la década.
2. En mi gestión no hubo refinanciación de deuda. Se cumplieron
todas las metas con el FMI y la Argentina mantuvo acceso al mercado de
bonos. Se colocaban nuevos bonos cuando vencían los bonos vigentes.
3. Al final de mi gestión, la Argentina mantenía pleno acceso al
mercado de capitales con el riesgo país cayendo después de la abrupta suba
de principios de 1999 como consecuencia de la devaluación de Brasil.
JOSÉ LUIS MACHINEA (1999-2001)
1. A fines de 1999 la deuda pública era equivalente al 47% del PBI.
A pesar de las relativamente altas tasas de crecimiento en los '90, y como
consecuencia de elevados déficit fiscales, la deuda había crecido 16% del PBI
entre 1993 y 1997. O sea, cuando hubo posibilidad de ahorrar, se utilizó el
gasto público para financiar una primera reelección de Menem y el intento de
una segunda. El rápido aumento de la deuda había generado incertidumbre
sobre la capacidad de pago del país, que llevó a que, cuando asumió el
gobierno de la Alianza, hubiera en caja recursos para financiar algo menos de
dos meses de las necesidades del sector público.
2. Había que restablecer la credibilidad, para lo que se requería
reducir el déficit fiscal e introducir reformas que, dentro de los estrechos límites
impuestos por la convertibilidad, mejoraran la competitividad. En lo que
respecta al déficit fiscal, pusimos en marcha una combinación de aumento de
impuestos y disminución del gasto. Los impuestos, que no alcanzaban a las
empresas para evitar agravar el problema de competitividad y que estuvieron
dirigidos a las familias de ingresos relativamente más altos, aumentaron el
equivalente de US$ 1.800 millones, mientras que el gasto público, tras subir
más de un 100% durante la década del 90, se redujo en US$ 3.000 millones.
Se tomaron varias medidas para mejorar la competitividad, como una
disminución de los peajes y de ciertas tarifas telefónicas y una suspensión por
dos años en los ajustes del gas natural, se introdujo mayor competencia en
varios sectores de servicios y, en el último trimestre de 2000, se comenzó a
reducir el impuesto a los intereses. La mayor credibilidad inicial permitió
acceder a los mercados financieros a tasas inferiores a las que se pagaron
255
durante el año previo. El aumento de las tasas de interés internacionales en el
segundo trimestre de 2000, la falta de crecimiento y, sobre todo, la crisis
política del gobierno que culminó con la renuncia del vicepresidente Alvarez,
volvieron a generar incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda.
Para reducir la incertidumbre negociamos y obtuvimos el mayor crédito
internacional de la historia de la Argentina, de US$ 20.000 millones, de los
organismos internacionales de crédito y del gobierno de España (US$ 1.000
millones) y un compromiso del sector privado de aportar recursos a tasas de
mercado por otros US$ 20.000 millones. En ese momento la deuda era
equivalente al 49% del PBI.
3. Al momento de mi renuncia la situación era delicada, pero aún
manejable. Desafortunadamente lo que siguió no fueron tiempos normales:
errores en el manejo de la política económica y la desintegración de la alianza
de gobierno llevaron a un aumento de la incertidumbre, lo que determinó una
brusca caída de las reservas, la crisis financiera y la moratoria de la deuda. En
síntesis, si bien la situación de la deuda heredada por el gobierno del
presidente De la Rúa era muy delicada por el mal manejo previo y por factores
externos muy adversos, había una posibilidad de salida de la crisis menos
traumática que la que finalmente tuvieron que vivir los argentinos. Para ello se
necesitaba liderazgo, apoyo político y políticas consistentes, factores que no
caracterizaron al gobierno de la Alianza. Sin duda, por haber sido un actor
importante de ese proceso, nos cabe la responsabilidad del caso.
DOMINGO CAVALLO (2001)
1. Cuando asumí el ministerio por segunda vez, la deuda no sólo había
aumentado mucho entre 1996 y 2001, sino que los intereses se habían
duplicado y, en algunos casos, como el de la deuda provincial, más que
triplicado. Durante el año 2001 la factura de intereses de la Nación y las
provincias ascendió a US$ 14.000 millones, contra no más de US$ 6.000
millones en 1996.
2. Como los mercados voluntarios de crédito se fueron cerrando a lo
largo de 2001, debimos plantear un esquema de reestructuración de deuda que
comenzó con el megacanje en mayo, por casi US$ 30.000 millones de capital,
siguió con la reestructuración de US$ 55.000 millones de deuda nacional y
256
provincial en diciembre de 2001 y debió haberse completado con la
reestructuración de los US$ 45.000 millones restantes, en manos de
acreedores no oficiales del exterior, que iba a realizarse en enero de 2002. La
reestructuración que pudo completarse permitió bajar la factura de intereses de
US$ 14.000 a US$ 10.000 millones. Si se hubiera completado la
reestructuración externa, la reducción hubiera llevado la factura total de
intereses a US$ 7.000 millones.
3. Lamentablemente, el golpe institucional del 19-20 de diciembre de
2001 y la posterior declaración del default impidieron alcanzar este objetivo.
Los mecanismos utilizados para lograr la baja de intereses y el alargamiento de
los plazos de la deuda están explicados en mi trabajo "La lucha por evitar el
default y la devaluación".
JORGE REMES LENICOV (2002)
1. La situación que encontramos era la peor imaginable. El pago por
servicios superaba el monto de las exportaciones. La fase 1 del canje aumentó
la insustentabilidad macroeconómica, la propia deuda y su costo financiero. El
nivel del riesgo país (el más alto del mundo) y el de la competitividad (de los
más bajos del mundo) son una muestra de ese esquema. La presentación de la
fase 2 no se había realizado y tampoco se había resuelto el canje provincial. En
diciembre de 2001 se declara el default de la deuda pública, que por su forma y
contenido se diferenció de las realizadas por otros países en iguales
circunstancias, provocando serias y mayores dificultades para encarar una
renegociación. El contexto general era de extrema fragilidad: renuncia de dos
presidentes, recesión desde 1998, alta desocupación y conflictividad social,
caída de la convertibilidad, caída de depósitos y fuga de capitales, sistema
financiero colapsado, alto y creciente déficit fiscal.
2. Se puso orden legal con el asesoramiento del estudio de
abogados de nuestro país en Nueva York, se envió una carta pública a los
acreedores que definía la situación como un diferimiento de los pagos y no de
moratoria o de suspensión unilateral. Por un decreto se estableció un orden de
prioridades de los pagos del sector público, del cual se desprendía el
diferimiento de cualquier otro pago no contemplado en él. Se comenzó a
trabajar en la selección de una entidad financiera internacional para que
257
asesorara en la estrategia de abordaje a diferentes tipos de acreedores.
Además, se había estipulado el procedimiento y se comenzaba a tener un
acercamiento con los acreedores. Por otro lado, se logró posponer el pago del
FMI de fines de enero y se iniciaron las negociaciones para llegar a un
acuerdo. En cuanto a la deuda provincial, la Nación asumió su deuda con el
sistema financiero (unos US$ 12.000 millones) y se convirtió en acreedora de
cada una mediante la cesión de una porción de la coparticipación. En términos
internos, se pesificaron a la relación 1:1,40 más CER los préstamos
garantizados (fase 1) en poder de los bancos, AFJP y fondos comunes (US$
39.500 millones) y otros bonos y pagarés (US$ 2.500 millones). Ello permitió
que el compromiso de la fase 1 sea cumplible; de haberse mantenido en
dólares, hubiera entrado dentro de las generales del default y llevado a la
quiebra de todo el sistema financiero y previsional privado. Además significó
una ganancia de US$ 16.000 millones para el Estado nacional que
sobrecompensa el costo de la pesificación asimétrica (US$ 7.800 millones).
3. Se ordenó jurídicamente la situación, estableciéndose la figura del
diferimiento; se efectuaron las primeras relaciones para iniciar las
renegociaciones: se estableció que luego del acuerdo con el FMI se
concretarían las propuestas; se ordenó la relación con las provincias en materia
de endeudamiento y se redujo la deuda pública en dólares toda vez que el
costo de la pesificación asimétrica fue más que compensado por la ganancia
en dólares de la pesificación de la deuda pública con acreedores locales. La
actitud de la Justicia con los amparos y del Parlamento, al modificar el CER por
el CVS, aumentó la deuda y redujo esa ganancia.
ROBERTO LAVAGNA (2002-2003)
1. La deuda externa privada estaba —al momento de asumir— en
default de jure (había sido declarada formalmente ante el Congreso durante el
breve interinato de Rodríguez Saá) y la deuda externa con los organismos
financieros internacionales estaba en default de facto dado que no se contaba
con reservas suficientes para hacer los pagos. Por otro lado, se vivía en un
marco de pérdida cotidiana de reservas en el mercado libre. En ese contexto la
situación financiera internacional de la Argentina era de absoluta desconexión
con los mercados internacionales.
258
2. Como es lógico, la negociación debía tener una secuencia lógica
que comenzara por levantar el default de facto con los organismos
multilaterales. La negociación, que duró desde inicios de mayo al acuerdo de
mediados de enero, tuvo una etapa "provisoria" que fue el roll over de ciertos
vencimientos (mayo-diciembre) en los casos en que ello era legalmente posible
(sobre todo casos del FMI) y la obtención de nuevos créditos equivalentes a
vencimientos en los casos en que no era legalmente posible (BID, BM). La
estrategia desarrollada incluyó el compromiso de no usar las reservas
internacionales del país para hacer pagos si no había un acuerdo o
perspectivas ciertas de llegar a él. En función de ese compromiso debió
suspenderse un pago al BM que recién fue hecho una vez definido el nuevo
acuerdo.
3. En enero se perfeccionó ese esquema con un acuerdo definitivo
por ocho meses (hasta el 31 de agosto de 2003) con la idea de flujo neto cero.
La forma en que se encaró la negociación, evitando pedir "plata fresca", resultó
un caso inédito dentro del FMI, donde los acuerdos estuvieron siempre ligados
a fondos multilaterales públicos. El haber pasado a la estrategia de flujo neto
cero frente a la seguida con anterioridad a nuestra asunción (pedir fondos
frescos por US$ 20.000 o US$ 25.000 millones) significó recuperar para la
Argentina márgenes de maniobra y decisión para el fijado de su propia política
económica.
Al mismo tiempo, ya en vista de la aprobación de ese acuerdo, se eligió
por vez primera y por licitación internacional al asesor financiero (legalmente
existía el derecho a designación directa pero para diferenciar de las situaciones
del '90 se decidió no usar esos poderes) y se inició la etapa I de la
renegociación privada para pasar a su etapa II, de ofertas.
Lavagna 2003-2005 (gobierno de Kirchner)
1º Siguiendo lo que había sido anunciado en el gobierno de Duhalde y,
acorde con los resultados del modelo de sustentabilidad, se hizo una oferta con
una quita del 75 %. Sobre capital más intereses impagos. El modelo de
sustentabilidad que se hizo en 2002 arrojó un primer resultado de una quita
“necesaria” del orden de entre 60 y 80 % y así lo anuncié. Luego, refinado el
259
modelo, se llegó al 75 % como cifra concreta. Asumido Kirchner se ratificaron
dos cosas: que el criterio de “aceptabilidad” de los mercados que había sido
usado durante el “blindaje” (1999-2000) y el megacanje (2001) fue sustituido
por el de “sustentabilidad”, para cortar la serie infinita de refinanciaciones, y el
75 % de quita (valor presente neto). Se hizo una oferta con los “lineamientos”
en Dubai ( 2004) y, luego, la “oferta definitiva” con cambios menores a inicios
de 2005.Las innovaciones consistieron en que se introdujo el criterio de
“primero llegado-primero servido” para los bonos Par y cuasi par; participaron
bancos locales incluido un banco público (Nación); hubo cierres parciales
durante las cinco semanas del canje; cupón del crecimiento; plazos de más de
30 años; aumento de la parte de deuda emitida en moneda local; y reducción
del número de jurisdicciones y de monedas emitidas. El canje cerró con una
aceptación del 76,5 %. Fue el canje más grande hasta el momento, con la
mayor quita, el mayor número de jurisdicciones legales y de monedas en que la
deuda vieja de la convertibilidad había sido emitida.
2º A partir del año 2006 se abandona el programa que incluía la recompra
del cupón del crecimiento necesario para obtener el reconocimiento de “buena
fe” en la negociación -estaba previsto recompra amplia por parte del gobierno
no más allá de 2008-; además, se hace notar que de cada 100 dólares o pesos
adicionales de PBI (por encima del límite fijado) 90 dólares o pesos quedaban
para el crecimiento y distribución argentino, 5 iban al cupón de crecimiento y 5
para la recompra anticipada de deuda. En 2010 se hace un minicanje
impulsado por la consultora ARCADIA que es objeto de denuncias judiciales y
que fue íntegramente “diseñado” en el exterior y no por funcionarios
argentinos. Fue un minicanje “costoso”. La acumulación de decisiones políticas
erradas lleva a que el juez Griessa que había sido cooperativo, comience a
encerrar legalmente al país. Punto en el que hoy estamos.
260
261
FUENTES
ENTREVISTAS
Para este libro fueron entrevistados los ministros de Economía del
período 1976-2003, presidentes del Banco Central, los principales
negociadores de la deuda externa, ex secretarios de Estado, directores y
funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA. Además, se entrevistó a
banqueros en la Argentina y los EE.UU., funcionarios y ex funcionarios del FMI,
BID, Banco Mundial, del Tesoro de los EE.UU. y otros organismos del gobierno
norteamericano. El agradecimiento para todos ellos, que prestaron su
testimonio en forma anónima para este trabajo.
LIBROS
Inflación y estabilización: La experiencia de Israel, Argentina, Brasil,
Bolivia y México. Guido Di Tella, Rudi Dornbusch, Stanley Fischer (comp.),
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1988.
Changing Fortunes: The world's money and the threat to American
leadership. Paul Volcker y Tokyo Gyohten, New York Times Books, Nueva
York, 1992.
Quince años después. José A. Martínez de Hoz, Emecé, Buenos Aires,
1991.
Breve historia contemporánea de la Argentina. Luis A. Romero, Fondo
de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001.
Crisis financiera y endeudamiento externo en Argentina. Juan Sommer,
Ernesto Feldman, Centro Editor de América Latina, Centro de Economía
Transnacional, Buenos Aires, 1986.
The Chastening. Paul Blustein, Public Affairs, Nueva York, 2001.
La dama. Martín Kanenguiser, Nordan, Montevideo, 1995.
EZ peso de la verdad. Domingo Cavallo, Planeta, Buenos Aires, 1997.
Privatizaciones en privado. Alberto Natale, Planeta, Buenos Ai-res,
1993.
262
Silent Revolution. The IMF 1979-1989. James Boughton, IMF,
Washington, 2001.
Historia económica, política y social de la Argentina. Mario Ra- poport,
Macchi, Buenos Aires, 2000.
Historia política de la Argentina contemporánea 1880-1983. Carlos
Floria, César García Belsunce, Alianza Universidad, Buenos Aires, 1989.
59 semanas y media que conmovieron a la Argentina. Jorge Garfunkel,
Emecé, Buenos Aires, 1990.
Claves de la economía argentina 1810-1983. Pablo Kandel, Su-
damericana, Buenos Aires, 1983.
Argentina y el FMI, del triunfo a la tragedia. Michael Mussa, Pla-neta,
Buenos Aires, 2002.
Maestro. Bob Woodward, Simón & Schuster, Nueva York, 2000.
Argentina. Una década de convertibilidad; análisis del creci¬miento, el
empleo y la distribución del ingreso. Mario Damill, Roberto Frenkel, Roxana
Maurizio, Organización In¬ternacional del Trabajo, Santiago de Chile, 2000.
Respuesta a Martínez de Hoz. Osvaldo Barsky, Arnaldo Bocco, (ed.),
Imago Mundi, Buenos Aires, 1991.
Decíamos ayer, la prensa argentina bajo el Proceso. Eduardo
Blaustein, Martín Zubieta, Colihue, Buenos Aires, 1998.
Estados Unidos y la transición argentina. Roberto Bouzas (comp.),
Legasa, Buenos Aires, 1989.
Las privatizaciones en la Argentina. Pablo Gerchunoff (ed.), Ins-tituto
Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1992.
Economía en tiempos de crisis. Domingo Cavallo, Sudamericana,
Buenos Aires, 1989.
"El fin de la Ilusión". Martín Kanenguiser. Edhasa. 2011
PAPERS E INFORMES
"La deuda pública argentina entre 1988 y 1996". Carlos Melconián y
Rodolfo Santángelo, Buenos Aires, 1997. "The dollarization debate in Argentina
and Latin America". Guidotti y Powell, Buenos Aires, 2001.
"La política económica de principios de 2002". Jorge Remes Le¬nicov,
Jorge Todesca y Eduardo Ratti, Buenos Aires, 2003.
263
"Evolución y perspectivas del financiamiento del FMI a la Argentina".
Luis Lucioni, Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE), Buenos
Aires, 2002.
Informe para el Desarrollo Mundial. Banco Mundial. Varios.
Wa¬shington.
"Una vez más, la política fiscal". Mario Teijeiro, Centro de Estudios
Públicos, Buenos Aires.
"Argentina Crying Over 'Hired Guns'". Martin Andersen, Washington,
2002.
"La sustentabilidad macroeconómica a mediano plazo". Daniel
Heymann y Adrián Ramos, CEPAL, Buenos Aires, 2003.
"México y las crisis financieras", del ex presidente Carlos Salinas de
Gortari, México.
"Del sueño guajiro a la apertura comercial", por Jorge Castañeda.
Especial para El Nacional de Venezuela.
Discurso del presidente Raúl Alfonsín ante la Sociedad de las
Américas, Nueva York, 1988.
Discurso del ministro Bernardo Grinspun en la XXV Reunión Anual del
BID, Punta del Este, Uruguay, 1984.
Informe sobre lavado de dinero. Cámara de Diputados de la Nación,
Buenos Aires, 2001.
Seminario sobre aspectos históricos de la deuda externa argentina.
Alejandro Olmos, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2001.
Sentencia sobre la ilegalidad de la deuda externa. Juzgado Nacio¬nal
en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, Jorge
Ballestero, Buenos Aires, 2000.
"Las privatizaciones de la década del 90". Juan Carlos Kusznir, Buenos
Aires, 2001.
Documentos del Consenso de Cartagena. Varios: 1984-1985.
Declaración de Quito, comunicados de Buenos Aires, Mar del Plata y Santo
Domingo.
DIARIOS Y REVISTAS
La Nación, Clarín, Página 12
264
El Cronista La Opinión La Prensa Mercado Tres Puntos Humor La
Semana
Novedades Económicas. Fundación Mediterránea
Ciudadanos
Desarrollo Económico
Noticias
Le Monde Diplomatique New York Times Wall Street Journal Financial
Times Time Magazine Euromoney América Economía Contexto
PUBLICACIONES
Tendencias Económicas y Financieras Carta Económica
Informes de la Fundación Mediterránea Informes económicos del
Ministerio de Economía Informes del INDEC Boletín Informativo Techint
Anuarios del Consejo Técnico de Inversiones S.A. Censo Nacional
1991 Censos industriales Tercer Mundo Económico
Actualidad Económica. Crisis externas y financieras de la década del
noventa
Tesis propia para la Maestría de Relaciones Internacionales. Flacso.
PÁGINAS DE INTERNET
Fondo Monetario Internacional Banco Mundial
BID
Tesoro de los Estados Unidos
Banco Central de la República Argentina
INDEC
Ministerio de Economía www.argentina-rree.comBanco Central del
Brasil Initiative for Policy Dialogue Westland Helicopters BBC de Londres en
español
Un agradecimiento especial para la biblioteca del Ministerio de
Economía.
265
ÍNDICE
Agradecimientos / Pag. 3
Aclaración metodológica / Pag. 4
Prólogo / Pag. 5
UNO. Y en el principio fue la deuda / Pag. 11
1976-1981. Los últimos y vanos intentos del peronismo para obtener
recursos externos. La génesis del primer crecimiento fuerte de la deuda.
Martínez de Hoz, el cazador; Diz, el académico. Contactos en EE.UU.:
Rockefeller, Kissinger y Brzezinski. Francisco Soldati, el negociador con
alcurnia. El endeudamiento ficticio y los fraudes en el sistema financiero.
Sigaut, el que apostó y perdió.
DOS. El default menos pensado / Pag. 26
1982-1983. Alemann y las promesas incumplidas. Un largo viaje desde
Colombia a un país en guerra. Las reservas fuera del embargo británico. La
cesación de pagos encubierta. Cita en Helsinki. El abogado de judíos y
militares. Los helicópteros que se pagaron y nunca llegaron. La primera gran
huella de Cavallo. El eterno Wehbe. El comité de Rhodes. Cárcel para un
banquero central. El terremoto regional. El legado de la dictadura.
TRES. La ingenua primavera democrática / Pag. 40
1984. La deuda "ilegítima". El impulsivo ministro Grinspun. Las
ilusiones de Alfonsín. El discurso en la reunión del BID en Punta del Este. El
préstamo puente y el viaje de Mulford. El consenso de Cartagena y los
frustrados intentos de negociación en bloque. Las peleas con Prebisch.
Camdessus, el disciplinador. El cambio de rumbo.
CUATRO. Un marine para la Argentina / Pag. 55
1985-1989. Volcker, el gigante bueno. El acuerdo falso con el FMI. Las
mil cenas de Sourrouille. Ferrán, el catalán irascible. Apogeo y caída del
Austral. El fallido plan Baker. La moratoria brasileña de 1987. Un suicidio en
266
Manila. Yeo, el misterioso. La ruptura del Banco Mundial con el FMI. El plan
primavera y el fin de la política económica radical.
CINCO. De La Rioja al mundo / Pag. 72
1989-1990. La pesadilla económica de 1989. El matrimonio entre
Menem y Bunge & Born. El plan de siete años. Roig: el diagnóstico mortal. El
enfrentamiento por el IVA. Cita en París. González Fraga, la garantía de los
bancos extranjeros. La híper y el Bonex. Alsogaray, el opositor. El fin de Erman
y la llegada de Cavallo.
SEIS. La era de la ilusión / Pag. 85
1991-1996. El largo camino al Brady: acuerdo en Santo Domingo.
Checki, el anfitrión obligado en Nueva York. Liendo, Pellegrini, la
Convertibilidad. La pelea Marx-Liendo. El hombre del año. El ingreso de
capitales y la oportunidad desaprovechada de las privatizaciones. Un "tequila"
en Barbados. México, de la nota "triple A" a la moratoria. Yabrán y el final de
una era.
SIETE. Soñar en dólares / Pag. 105
1996-1999. Menem aprende a equivocarse con Rubin. Roque
Fernández, ministro por descarte. Guidotti, el pensador. Los diálogos secretos
con el Tesoro y el Fed por la dolarización. Los terremotos de Asia, Rusia y
Brasil. Summers y una negativa con elegancia. Las experiencias de Panamá,
El Salvador y Ecuador. Kiguel, el amable colocador de bonos. La actitud
indulgente del FMI y el premio de Camdessus.
OCHO. Show me the money / Pag. 127
1999-2001. Marx y el viaje crucial para obtener financiamiento
millonario.Kohler, empeñado en devaluar. La fallida teoría del círculo virtuoso.
El gabinete "fiscalista" y el presidente confundido. Una cita cerca de las
montañas Rocallosas: camino al blindaje. La renuncia de Alvarez y el comienzo
del fin. El debate por el compromiso del sector privado. La renuncia de
Machinea y el final de la Alianza original.
NUEVE. En busca de un milagro / Pag. 144
2001. El lento regreso de Cavallo. López Murphy y la "última
oportunidad" para un ajuste civilizado. FIEL contra el "corazón" de la Alianza. El
papelón internacional en Chile. Cavallo, el nuevo ministro. La embestida contra
Pou: el lavado de dinero, la carta orgánica y las normas del sistema financiero.
267
El megacanje frustrado en el año 2000 y el no querido en 2001. Mulford, un
socio con ambiciones.
DIEZ. Los miopes / Pag. 167
2001. Los tres Cavallo: ¿una o varias personas? Las peleas con Wall
Street. La convertibilidad ampliada y el factor de empalme: luz amarilla en el
mercado. Un equipo lleno de desconfianza. La pérdida del crédito en julio. De
la retórica antimercado al "déficit cero". Cavallo vs. Marx. Cavallo vs. Colombo.
Jacob Frenkel, el "salvador". Kohler y una ayuda bajo protesta. El canje uno y
la frustrada fase dos. El silencioso retiro del FMI. Los meses finales de un
presidente aislado.
ONCE. La autopsia / Pag. 195
2002-2003. La revancha de Washington. Del espejismo del Primer
Mundo a la ilusión de vivir con lo nuestro. El triste espectáculo de cinco
presidentes en 10 días. El Adolfo y el aplauso al default. Un presidente feliz por
no tener ministro de Economía. Remes, devaluación, pesificación y final.
Duhalde, entre los piquetes y el mundo. Lavagna, el ministro menos pensado.
El cambio de estrategia. El default al Banco Mundial. La presión del G-7. Enero
de 2003: el acuerdo corto no recomendado por el staff.
EPÍLOGO / Pag. 220
Conclusiones. / Pag. 224
Anexo testimonial. / Pag. 247
La versión de los principales ministros del período 1976-2013.
Los principales ministros de Economía del período 1976-2013
responden cómo recibieron, manejaron y dejaron el legado de la deuda.
Fuentes / Pag. 261
268
LA MALDITA HERENCIA
Desde hace casi dos décadas, la
deuda se ha convertido en un
problema de Estado, en una
obsesión para ministros y
mandatarios y en una carga cada
día más pesada para todos los
ciudadanos. Aunque su existencia
es anterior al golpe de 1976, es ese
momento, con el general Jorge
Rafael Videla y con José Alfredo
Martínez de Hoz, cuando comienza
su espiral explosiva. Que no mermó
durante la presidencia de Raúl
Alfonsín y que tuvo un incremento
abrumador en los dos períodos de
Carlos Menem. Hacia fines de 2001,
el modelo colapso, y pocos días
después de la renuncia de
Fernando de la Rúa, la Argentina
declaró el default.
Para develar la magnitud del
problema que la deuda ha
generado, y que generará de un
modo u otro en el futuro, Martín
Kanenguiser reconstruye de manera
magistral su tortuoso itinerario,
investigando la forma en que la
Argentina se endeudó y a los
responsables, nacionales y
extranjeros, de esas políticas.
La maldita herencia narra la historia
pública y privada de la deuda, la
trama desconocida de una extensa
serie de decisiones que terminaron
comprometiendo, cuando decían
salvarlos, el patrimonio nacional y la
solvencia del país. Un país, la
Argentina, que gobierno tras
gobierno, década tras década,
desde 1976 hasta hoy, ha
devengado recursos varias veces
millonarios para pagar una deuda
que mientras tanto seguía
creciendo. Éste es un libro
indispensable para entender cómo
sobrevino la quiebra del Estado, la
postración de la economía y la
indigencia de millones de argentinos
