La Gaceta del Patriota N°26

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la gaceta del patriota 26 Suscribite a la gaceta enviando un mail a [email protected] Diseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo 09.09.14 ley de abaste- cimien- to el g-6 y la amenaza judicial con- tra la democracia La reforma de la ley de abastecimiento obtuvo media sanción en el senado a pesar del boicot del establis- hment representado en el G-6 donde se agrupan la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos de la Argentina y la Cámara de Comercio. Si bien la primera estrategia del poder real fue azuzar el fantas- ma de una nueva 125 -basados en la siempre conveniente ame- naza del Estado sobre la propie- dad privada-, en este caso las pequeñas y medianas empresas no se sumaron a la protesta. Al contrario, asociaciones como APYME, CEEN, CGE, CGERA y Fedecámaras realizaron un acto para celebrar el Día de la Industria donde sostuvieron: “La modificación de la Ley de Abastecimiento, la creación del fuero de consumidores y la construcción de un observatorio de precios son medidas coherentes, porque apuntan a proteger a los consumidores y a las pymes frente a la posición dominante de los grupos concentrados”. Como el G-6 no logró sumar a las pymes y a sabiendas de la mayoría oficialista en ambas cámaras, los formadores de precios de nuestra economía se agazapan sobre su última y más preciada trinchera: el Poder Judicial. Como ya lo hicieron con la Ley de Medios y con la Reforma de la Justicia, y como lo hubieran hecho de haberse aprobado la 125, la estrategia del esta- blishment busca anticiparse a la aprobación de la iniciativa con una presentación judicial que denuncie la inconstitucionalidad de la misma. Dicha presentación será realizada por el Estudio Casagne, el mismo que defiende a La Nación por la deuda de 280 millones que mantiene con la AFIP, y a la Sociedad Rural por el contrato fraudulento con el que obtuvo el predio ferial de Palermo.

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l a g a c e t adel patriota 26Suscribite a la gaceta enviando un mail a

i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a rDiseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo 09.09.14

ley de abaste-cimien-to el g-6 y la amenaza judicial con-tra la democraciaLa reforma de la ley de abastecimiento obtuvo media sanción en el senado a pesar del boicot del establis-

hment representado en el G-6 donde se agrupan la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos de la Argentina y la Cámara de Comercio.

Si bien la primera estrategia del poder real fue azuzar el fantas-ma de una nueva 125 -basados en la siempre conveniente ame-naza del Estado sobre la propie-dad privada-, en este caso las pequeñas y medianas empresas no se sumaron a la protesta. Al contrario, asociaciones como APYME, CEEN, CGE, CGERA y Fedecámaras realizaron un acto para celebrar el Día de la Industria donde sostuvieron: “La modificación de la Ley de Abastecimiento, la creación del fuero de consumidores y la construcción de un observatorio de precios son medidas coherentes, porque apuntan a proteger a los consumidores y a las pymes frente a

la posición dominante de los grupos concentrados”.

Como el G-6 no logró sumar a las pymes y a sabiendas de la mayoría oficialista en ambas cámaras, los formadores de precios de nuestra economía se agazapan sobre su última y más preciada trinchera: el Poder Judicial. Como ya lo hicieron con la Ley de Medios y con la Reforma de la Justicia, y como lo hubieran hecho de haberse aprobado la 125, la estrategia del esta-blishment busca anticiparse a la aprobación de la iniciativa con una presentación judicial que denuncie la inconstitucionalidad de la misma. Dicha presentación será realizada por el Estudio Casagne, el mismo que defiende a La Nación por la deuda de 280 millones que mantiene con la AFIP, y a la Sociedad Rural por el contrato fraudulento con el que obtuvo el predio ferial de Palermo.

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pago sobe-ranomedia sanción con modificacio-nes y la oposición con los buitresEl Frente Para la Victoria logró la media sanción de la Ley de Pago Soberano, con la introducción de dos mo-dificaciones: una jurisdicción alternativa en Francia y la creación de una comisión bicameral para investigar la gestión y los pagos de la deuda externa desde 1976.

Aún con esas modificaciones, que reflejaban algunas de las propuestas realizadas por otros partidos, y tomando en cuenta que el próximo pago de venci-miento de deuda del día 30 de septiembre -por 200 millones

Preocupado por los tiempos de la justicia, el responsable de la devaluación de enero -Juan José Aranguren, presidente de Shell Argentina- propuso la creación de: “un tribunal de inconstitu-cionalidad para que cada vez que se dicte una ley, expertos de-terminen la constitucionalidad de la misma”.Al paso, el presidente de la Unión Industrial Argentina aprovechó para atacar las mayorías consagradas por el voto popular con una comparación inédita: “El go-bierno, su mayoría absoluta en el Congreso y su tropa de lealtad incuestionable me recuerdan a la dictadura y la famosa obediencia debida”. Subido al caballo, también disparó contra los empresarios que apoyan la norma: “las grandes empresas siempre apoyan al poder, así creció Adolf Hitler. Los empresarios están con el poder siempre. No es mi caso”.

Con este accionar, el establishment pone en evidencia que lo que le preocupa no son los instrumentos legales para sancionar a los empresarios en los casos que la ley prevé, ni la posibilidad de que la propiedad privada esté en peligro.

El verdadero meollo del proble-ma es que la reforma pone en riesgo su mayor poder de fue-go: los resortes económicos por los cuales se dictaminan precios disparatados, se acaparan cose-chas en los silos, y se garantizan tasas de ganancias salvajes. Si lo que les preocupara fueran las penas, la reforma es más que benigna con ellos. Desde la abolición de las condenas en cárcel hasta la prohibición de clausuras

definitivas, la norma no hace más que morigerar su carácter punitorio. Al contrario, la nueva ley prevé compensaciones en caso de que las medidas adop-tadas afecten la economía de una empresa y hasta estipula que las multas deberán tener en cuenta el giro comercial de cada firma. También elimina la posibilidad de expropiar bienes o intervenir empresas ante una situación de desabastecimiento.

Estos empresarios deberían observar las legislaciones de otros países que admiran como los Estados Unidos, Suecia, Brasil y Chile donde las leyes prevén penas de hasta 10 años y multas de hasta 100 millones de dólares para los especuladores monopolistas.

En realidad, la iniciativa servirá para proteger a los consumi-dores en conjunto con el resto de las normativas presentadas -reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia-. En momentos donde ya no alcanza -solamente- con los aumentos paritarios para combatir el desenfreno del establishment, se pone en juego la famosa e histórica caja de pandora del capitalismo argentino: la esfera de la producción de las empresas con posición dominante en el mercado.

Veamos un ejemplo muy básico. Las nueve empresas líderes del sector alimentario -entre las que se encuentran Arcor, Mo-linos Río de la Plata, Quickfood y Ledesma- obtuvieron en solo seis meses -¡solo seis meses!- una rentabilidad superior al 22% comparada con toda la ganancia obtenida durante 2013.

Hacia allí apunta el artículo 2 de la norma que permitirá que la autoridad de aplicación fije precios máximos y márgenes de rentabilidad cuando las grandes empresas con posición dominante eleven artificialmente los precios sin correlación con el aumento de costos o cuando acaparen materias primas o productos, entre otros casos.

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de dólares- podría volver a ser “bloqueado” por Griesa, el conjunto de la oposición votó en contra o se abstuvo.Si bien el único partido que presentó un proyecto de ley alternativo fue el Frente Renovador, su propuesta fue en sintonía con los planteos de los buitres. Entre otros puntos, el proyecto mantiene la legislación neoyorquina como posibilidad para los bonistas, a pesar la nefasta experiencia reciente.

Por otra parte, permite que los bonistas compren bonos bajo ley argentina canjeables por otros bajo ley francesa, lo que es diametralmente opuesto al proyecto de pago soberano para canjear bonos en legislación extranjera por otros en legislación nacio-nal y de esa forma evitar los bloqueos imperialistas.

Por último, su artículo más polémico es el que ins-truye al Poder Ejecutivo a negociar con los buitres -a través de Griesa-, otorgando instrumentos para ofrecerles una mejor oferta. A pesar de que el proyecto se presenta como alternativa para evitar el disparo de la RUFO, el propio texto del massimo ofrece mejores condiciones de pago a los buitres, lo que en los hechos significa la violación de esa cláusula.

Por este motivo, de ese pro-yecto el FPV solo rescató la proposición de la jurisdicción francesa, ya que en ese país existe una normativa muy dura contra los buitres. A su vez, esta modificación permite sortear algunos impedimentos legales de grandes fondos de inversión impedidos por sus estatutos internos de tomar deuda -o sea, entrar al nuevo canje- bajo la legislación de países emergentes como Argentina.

La propuesta de una comisión bicameral para inves-tigar la gestión y los pagos de la deuda externa fue

expresada por todo el arco opositor y encabezada por Pino Solanas, quien a pesar de su introducción en el proyecto, se abstuvo en la votación. Sus argumentos fueron que su propuesta “difícilmente pueda resolver algo”.

A pesar de estas modificaciones, el eje del proyecto que votó el Senado sigue siendo el mismo que envió el ejecutivo semanas atrás: cambiar el agente de pago para evitar un nuevo blo-queo imperialista y declarar de interés público los canjes de 2005 y 2010. De esta forma, por más que algunos bonistas elijan la legislación francesa, el agente de pago continuará siendo Nación Fideicomisos, por fuera de las supuestas jurisdicciones del Juez Griesa.

Mientras tanto, evidenciando los intereses que toca este proyecto de ley, el abogado del fondo NML Elliot afirmó que los buitres realizarán “todo lo posible” para evitar que se cambie el domicilio de pago. Al mismo tiempo amenazó: “Cualquier entidad que quiera ayudar a la Argentina estará en violación de un fallo de la justicia norteamericana”.

En línea directa con los buitres, el economista radical González Fraga advirtió que si no se “resuelve” el caso con los buitres podría darse “una salida anticipada del gobierno nacional”. “En la Argentina los últimos tres episodios en los 50 años donde los gobiernos se han tenido que ir antes de tiempo tiene que ver con escasez de dólares”, apuntó González Fraga, sinteti-zando el más preciado deseo de los buitres: un cambio de gestión para que cualquiera de los partidos de la oposición les pague su estafa.

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ferro-carri-lesfabricaciones militares vuelve a producir el “vagón argentino”Después de 30 años de desguace y saqueo, el orga-nismo estatal Fabricaciones Militares (FM) vuelve a producir el llamado “Vagón Argentino”.

1050 vagones de carga serán diseñados y producidos en nuestro país por un convenio firmado entre FM y la empresa estatal de transporte Belgrano Cargas y Logística. Este convenio fue firmado el pasado 28 de julio, des-pués de que China confirmara el financiamiento por 2.100 millones de dólares para la renovación total del sistema carguero nacional que permitirá trasladar gran parte de la cosecha hasta los puertos, evitando la utilización de camiones de carga que generan mayores costos de transporte.

A su vez, se construirán 1.511 kilómetros de vías nuevas mejo-rando la capacidad de logística e infraestructura de nuestro país y generando un beneficio

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agroacaparamiento, pérdidas millo-narias y aprietes para devaluarLos dueños del complejo agroexportador continúan reteniendo la cosecha en los silos, a pesar de las pérdidas millonarias que eso les genera, con el objeti-vo de provocar una nueva devaluación.

La retención de un 40% de la cosecha de soja -24 millones de

directo para los productores que están más alejados de los centros de distribución. La empresa Trenes Argentinos Cargas y Logística fue creada en 2013 por decreto de la presidenta Cristina Kirchner, para hacerse cargo de la explotación de la red de carga de los ferrocarriles Belgrano, Urquiza, San Martín y Sarmiento. A partir de ese momento, el Estado se hizo cargo de la red ferroviaria más exten-sa de la Argentina, con 10.841 kilómetros de vías.

En ese momento, el estado de la red era desastroso, pro-ducto de los años de gestión menemista donde se entregó el Belgrano Cargas a un consorcio encabezado por la esposa del ex secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. La recuperación del servicio tiene un rol fundamen-tal para nuestra economía ya que permite unir provincias del Noroeste y Noreste del país con los principales centros de consumo y puertos. El ahorro que ello genera a la economía nacional puede verse en un ejemplo muy concreto.

La empresa tucumana San Mi-guel firmó el primer despacho de cítricos con destino a expor-tación a través del Belgrano Cargas, después de quince años de inactividad a través de ese medio de transporte. Esto le generó un ahorro del 25% del costo de transporte, en com-paración con lo invertido para trasladar los cítricos a través de camiones.

A su vez, la baja en los costos de transporte se verá acompañada de un alivio en la cantidad de camiones que circulan por las rutas, uno de los principales causantes de accidentes viales en los últimos años.

Al mismo tiempo, la construc-ción de los vagones permitirá el desarrollo de modelos propios, que apuntan a utilizar compo-nentes nacionales integrando los proveedores locales con la producción ferroviaria. En paralelo, la fabricación permitirá recuperar conocimientos destruidos por los años de desguace y saqueo, generando y formando nuevos cuadros técnicos para la industria ferroviaria.

Entre los modelos a construir se encuentran el Tolva Granero, con una capacidad para transportar 45 toneladas de granos, el Plataforma, preparado para llevar otras cargas como durmientes, rieles y bobinas, y el Espina que también transportará contenedores.

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toneladas- ya generó pérdidas por 1.440 millones de dólares entre los productores, como efecto de la caída del precio internacional por las “super-cosechas” de Brasil y Estados Unidos. Esto impactó directamente en el poder recaudatorio del Estado, que en el último mes registró una caída de ingresos por retenciones del 3%, cuando en los primeros ocho meses del año se percibió un aumento del 50,5% en ese rubro. Esta falta de divisas genera una presión sobre el tipo de cambio similar a la que la oligarquía llevó adelante en enero, cuando se registró una caída record de reservas por 3.000 millones de dólares.

Por otra parte, el precio internacional de la soja sigue cayendo, por lo que los productores dejaron pasar precios de 330 dólares -con el descuento de las retenciones incluidas- al actual de 275, con el solo objetivo de generar una devaluación que podría mejorar todavía más sus márgenes de rentabilidad. Peor aún, las proyecciones hablan de que cuando empiece la cosecha en el resto de los países, el precio de la soja podría llegar a los 220 dólares.

Pero la oligarquía sabe que las ventas del complejo agroex-portador generan el 77% de la oferta bruta de moneda extranjera, por lo que eligen perder dinero pero generar la presión suficiente para una nueva devaluación. Los efectos colaterales de este accionar pueden verse en el aumento del dólar ilegal que pasó de $12,80 a $14,20 en agosto.

dóla-restope a los bancos contra los intentos de devaluaciónCon el objetivo de frenar la presión devaluacionista del establishment, el Banco Central determinó una reducción del 10% en la tenencia de activos en dólares de los bancos. Por este motivo, los bancos deberán llevar su posición neta en dólares del 30 al 20% del total de su patrimonio.

Por lo tanto, deberán des-prenderse de 1.780 millones de dólares, que si bien no se convertirán automáticamente en reservas, aliviarán el ritmo de su caída por las presiones devaluatorias. A su vez, la medi-da desvincula la ganancia de los bancos del precio del dólar, lo que genera que tengan menos incentivos para apostar a una devaluación. Desde el fallo de la Corte Suprema estadounidense hasta ahora, el dólar ilegal -llamado “blue”- trepó un 15% en su cotización como efecto de las presiones para generar una nueva devaluación similar a la de enero. Esta presión cambiaria se sumó a la falta de liquidación de divisas por parte del complejo expor-

tador agropecuario -producto de la retención de las cosechas por parte de la oligarquía y las multinacio-nales- generando una caída de reservas que puso en peligro la estabilidad cambiaria.

Ante esta situación, el Central busca recrear una medida tomada a comienzos de año para enfrentar otro ataque especulativo. En ese momento, y como consecuencia de la medida tomada los bancos debie-ron desprenderse de 4.000 millones dólares liquidando billetes, bonos, letras y contratos a futuro que permitieron estabilizar parcialmente el mercado. Sin embargo, la devaluación forzada por la especulación del establishment ya les había permitido ganar 10 mil millones de pesos solo por sus activos dolarizados.

En este caso, solo un día después

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saludlas prepagas y el intento de copagoLa Secretaría de Comercio instó a las empresas prepagas de salud a cancelar el cobro de copagos que pensaban aplicar desde esta semana, o atenerse a las multas y sanciones que prevé la ley. En el mismo sentido, asociaciones de consumi-dores advirtieron que la aplicación del copago es violatoria de la Ley de Prepagas y de Defensa del Consumidor.

Por su parte, si bien las empresas dieron marcha atrás con la medida, se desentienden de su

de aplicar la medida, el dólar ile-gal cayó 20 centavos, producto de la mayor oferta de títulos en moneda extranjera vendidos por los bancos y el impacto generado en la cotización del “contado con liqui”. El “contado con liqui” se obtiene al comprar un título público o acción en pesos para luego venderlo en dólares. El nuevo tope para los bancos reduce los volúmenes de ese mercado, por lo que las presiones para una nueva devaluación cederán, al menos parcial-mente, en ese terreno.

Sin embargo, la diferencia de efecto con la disposición actual, es que a comienzos de año algunos bancos mantenían posiciones en dólares de hasta el 200%, por lo que la liquidación de divisas fue mucho mayor a

la esperada actualmente.

responsabilidad sosteniendo que los copagos son producto de la presión de los prestadores (médicos, clínicas, etc.). Sin embargo, desde el gobierno nacional entienden que esta acción va en pos de conseguir un nuevo aumento en las cuotas, posibilidad que ya fue rechazada por la misma Secretaría de Comercio.

Máxime, cuando las empresas realizaron una campaña me-diática en la que advertían que si no se revisaba el porcentaje del último aumento otorgado -7,5% en septiembre, contra el 9% que pedían-, comenzarían a cobrar el copago desde el lunes siguiente. El máximo dirigente de las prepagas, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, advirtió: “los copagos fueron decididos por entender que hay diferencias entre los aumentos acordados y los autorizados por el gobierno”. A pesar de que el gobierno autorizó una suba de 5,5% en marzo, otra de 9% en julio y la reciente de 7,5% en sep-tiembre, las grandes empresas del sector pujan por mejorar todavía más su rentabilidad.

Solo en los años 2011 y el 2012 las tres principales empresas del rubro -Osde, Galeno y Swiss Medical- tuvieron ingresos por 46.749 millones de pesos con variaciones interanuales que llegaron al 132% de aumento en sus ganancias. A su vez, estas empresas forman parte de las 50 que más facturaron durante el año 2012 en todo el país, siendo que antes de ese año Galeno y Swiss Medical no formaban parte del ranking.

Para caer simpáticas, las prepagas afirmaban que reintegrarían el cobro de copagos a través de la presentación de las facturas correspon-dientes en sus oficinas comerciales. Mientras tanto, los usuarios sufrirían el perjuicio de tener que pagar 50 pesos por una radiografía o 100 por una resonancia magnética.

Desde las asociaciones de consumidores afirma-ron que “los afiliados pueden pedir multas de hasta 5 millones de pesos y realizar denuncias penales si no los atienden en una emergencia por no abonar el copago”.

Según los datos del Censo 2010, el 15,7% de la población –más de 6 millones de personas- se atiende en prepagas entre afiliaciones voluntarias y tras-pasos de obras sociales. El crecimiento del 150% en la cantidad de afiliados -de 2,1 millones en 2004 a 5 millones en 2014- es efecto del mayor poder adquisitivo de los traba-jadores y del crecimiento del empleo.

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pro-creau-torelanzamiento y controles a las terminalesEl gobierno nacional anunció una prórroga del PROCREAUTO a partir del 24 de septiembre, con nuevos controles sobre las terminales automo-trices que no entregan los vehículos a sus com-

pradores. El programa acordado por terminales, concesionarias y el Estado, prevé el financia-miento, de hasta el 90% de cada vehículo por un monto de hasta 120.000 pesos, de alguno de los 37 modelos de producción nacional ofrecidos por las distintas marcas, a un plazo de 60 meses con tasa desde el 17%.

Unos días atrás, en la reunión del Consejo del Sa-lario Mínimo, la presidenta había solicitado a las empresas del sector que dejen de “encanutarse” los autos y que los entreguen a los beneficiarios del programa. Esta advertencia se dio después de que una buena parte de las terminales admi-tieran problemas en las entregas de los modelos afectados al programa, lo que fue leído por el gobierno como un boicot a una de las políticas

públicas que intenta reactivar el sector.

“Por un lado suspenden gente diciendo que se cae la produc-ción, y por el otro boicotean un

programa destinado a recupe-rar el dinamismo del sector”, afirmo Cristina Kirchner.Las empresas admiten que la demanda de algunos modelos superó las expectativas que tenían en el programa de créditos, lo que llevó a los faltantes actuales. A su vez, afirman que no tienen expec-tativas sobre el programa porque concentra la demanda en pocos modelos y se basa en precios que a su juicio: “ya están retrasados con respec-to al tipo de cambio real”.

De acuerdo con los números relevados por Industria, hasta agosto se habían otorgado 14.300 préstamos del Banco Na-ción y se entregaron solo 9.000 autos.

Algunas de las empresas con mayor demora de entrega son Fiat, Renault, y principalmente Ford con el modelo Focus. Honda y Peugeot también anunciaron “dificultades” con la disponibilidad del Honda City y el C4 respectivamente.

Para remediar esta situación, la Secretaría de Comercio se encargará de supervisar a con-cesionarias y terminales para verificar que las entregas se realicen en tiempo y forma. En paralelo, la presidenta convocó a las compañías para hacer un diagnóstico conjunto de los proble-mas coyunturales que atraviesa el sector y de las políticas públicas que se están llevando adelante para su reactivación.

En realidad, la preocupación mayor de las firmas automotrices pasa por su dificultad para girar dólares al exterior y pagar 2.500 millones en

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edu-caciónobligatoriedad desde salita de 4 El Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley que permitirá que la educación obligatoria comience en la sala de 4. El objetivo de la norma es que el Estado garantice las salitas de 4, a la vez que se redoble la asistencia escolar a la sala de 3 años como parte de los efectos de la norma.

En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner promulgó la Ley de Educación que establecía la obli-gatoriedad de cursar preesco-lar, lo que aumentó la asistencia a la salita de 4 que ahora dejará de ser optativa.

En los últimos diez años, la matrícula de salas de tres y cuatro años subió casi un 25%, aun cuando la población total de esa edad se mantuvo estable. La sala de cinco años, por su parte, pasó de un 90,8% de cobertura en 2001 a un 96,3% en 2010.

Las estadísticas internacionales afirman que Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor porcentaje de esco-larización inicial, con el 71%. En el mismo sentido, nuestro país presenta el menor porcentaje de chicos que no asistieron al nivel preescolar con un 6%.

El impacto de estos datos es explicado por especialistas que afirman que los primeros seis años de vida son fundamentales para el desarrollo neuronal, que solo puede darse con un ambien-te educativo que permita inte-ractuar con sujetos y objetos para de esa forma ampliar el marco de experiencias. Hasta los seis años, los niños tienen una capacidad de aprendizaje superior a otras etapas por lo que una buena formación durante ese período puede ser central para su trayectoria escolar.

Como un ejemplo concreto de esta realidad, un informe del BID destaca que: “en todos los países de la región y en la gran mayoría de los países participantes en PISA 2012, a los estudiantes les va mejor en matemática si tuvieron uno o más años de educación preescolar”.

La nueva iniciativa plantea reformar algunos artículos de esta ley, para extender el período de

obligatoriedad escolar pero también para que el Estado garantice esa posibilidad.

En este último caso, se reformará el artículo 19 que ahora dirá: “el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los/as niños/as de tres (3) años de edad, priorizando la atención educativa de los sectores menos favorecidos de la población”.

En este sentido, gobiernos como el de la Ciudad se verán obliga-dos a garantizar las vacantes necesarias para cubrir esta nueva demanda, aun cuando todavía no logran disponer las vacantes para los niveles que ya son obligatorios. Esta es la situación cotidiana que viven miles de niños de las comunas del sur, donde en muchos casos se escolarizan recién a partir de los cinco años, como consecuencia de la falta de vacantes o de la inexistencia de instituciones estatales.

En el mismo sentido, se modificarán los artículos 18 y 19 al fijar que: “la Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los 45 días de vida hasta los 5 años, siendo obligatorios los dos últimos”.

préstamos tomados de las propias casas matri-

ces.

Producto de la caída de las exportaciones -principalmente a Brasil- las empresas cuentan con cada vez menos dólares para potenciar el giro multimi-llonario de divisas que les permi-tía fugar dólares.

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dd.hh.admiten prisión domiciliaria para condenados por lesa humanidadLa Corte Suprema ratificó la detención domiciliaria del represor Roque Pappalardo, en una decisión que constituye un cambio en el criterio que el tribunal sostuvo durante los últimos años. Desde el reinicio de las causas en 2007, todas las querellas solicitaron el cumplimiento de la pena en cárceles comunes para los genocidas.

Al contrario, la decisión de la Corte sienta un precedente favorable a los genocidas, desconociendo los informes penitenciarios que aseguran que en la cárcel tienen todo lo necesario para ser atendidos en casos donde existan problemas de salud. Roque Pappalardo fue condenado a prisión perpe-tua por el asesinato del abogado de los trabaja-dores de la famosa cementera Loma Negra, pro-piedad de Amalita Fortabat. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que lo condenó, rechazó en varias oportunidades el pedido de prisión domiciliaria basado en las afecciones cardíacas del represor. Las autoridades judiciales basaban su rechazo en informes del jefe de Sanidad del Servicio Peniten-ciario Federal que señalaban que la cárcel contaba con médicos 24 horas y todos los aparatos necesa-rios para atender su afección.

El cuerpo legal de Pappalardo realizó una acción que están llevando adelante otras defen-sas de genocidas: presentar un habeas corpus ante un juez de otra jurisdicción. En este caso, el expediente terminó en la sala 4 de Casación que le otorgó la domiciliaria.

Ante esta situación, el fiscal Pleé elevó un recurso a la Corte para que revise esa decisión judicial.

El pedido fue rechazado, a pe-sar de que existen 74 prófugos en causas de lesa humanidad que se escaparon violando la domiciliaria.

Esta decisión despertó alar-ma entre los organismos de Derechos Humanos, ya que se da en un contexto donde las organizaciones que defienden a los represores toman cada vez más espacio público, y donde la justicia comienza a mostrar ciertas complicidades. A la reunión de los equipos legales de los genoci-das en Buenos Aires se sumó una manifestación de organizaciones pidiendo la libertad de todos los represores en la puerta del Palacio de Justicia. A su vez, recientemente el represor Jorge Olivera Róvere consiguió la revisión total de la causa donde fue condenado, a través de la presentación de un habeas corpus.

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