l a g a c e t adel patriota 37Suscribite a la gaceta enviando un mail a

i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a rDiseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo 25 .1 1 .1 4

bancosse reabre el debate para reformar la ley de entidades financierasEl presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, confirmó la intención del Gobierno Nacional de reabrir el debate sobre la reforma de la Ley de Entidades Financieras sancionada durante la última dictadura. Seis proyectos, uno del oficia-lismo y cinco de la oposición, proponen distintos tipos de reformas que van desde declarar a la actividad financiera como servicio público hasta cambios meramente superficiales.

Proyecto Comunidad

La actual Ley de Entidades Fi-nancieras fue promulgada por el entonces ministro de econo-mía de la dictadura, Martínez de Hoz, en 1977, para beneficiar al capital financiero internacional. Las consecuencias de su aplicación fueron la des-regulación, concentración y extranjerización del sistema financiero en pocas y grandes entidades. Por ejemplo, las cajas cooperativas de crédito, que financiaban a las pequeñas y medianas empresas desde la década del 60, pasaron de ser mil a ser solo dos, y un banco en la actualidad. Se destruyó además el régimen de bancos públicos que pasaron de treinta y cuatro a doce. En combinación con la sanción de otras leyes, como la que destruyó la de Contratos de Tra-

bajo, y con la derogación de otras, como la que regulaba el ingreso de capitales extranjeros, la dictadura destruyó la industria nacional y potenció la bicicleta financiera. Desde entonces, la actividad se concentró en las entidades comer-ciales o “universales” por sobre las de inversión o hipotecarias, por lo que el crédito dejó de direc-cionarse hacia actividades productivas o políticas de vivienda.

Fue recién en 2012, después de que corridas y fugas buscaran condicionar el segundo mandato de Cristina Kirchner, que el kirchnerismo avanzó hacia la reforma de esta ley, que hasta ahora ha sobrevivido todos los gobiernos democráticos. Sin embargo, en ese momento el gobierno privilegió la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que le quitó “autonomía” a la entidad -menos capacidad de lobby al poder financiero- y

ciudadel voto electrónico y las eleccio-nes de 2015Más de dos millones y medio de porteños utili-zarán pantallas táctiles en vez de urnas en las elecciones de 2015, según un decreto firmado por el jefe de gobierno que ordena la implementación del voto electrónico. A pesar del poco tiempo con el que cuenta la gestión macrista -5 meses- tan-to para licitar y contratar las máquinas, como para capacitar a ciudadanos y autoridades de mesa, la decisión apunta al desdoblamiento con las elecciones nacionales. De concretarse esta posibilidad, los porteños deberán votar hasta 6 veces en un año.

El calendario electoral empieza a definirse en la Ciudad de Buenos Aires, donde en 2015 se elegirán -además de los cargos naciona-les- jefe y vicejefe de gobierno, 30 diputados locales -la mitad de la legislatura- y 102 comune-ros. El voto electrónico y la implementación de la Boleta Única Electrónica parecen definir el des-doblamiento con las elecciones nacionales, que al mantener el sistema clásico no podrán efec-tuarse en paralelo. A pesar de ello, y contando con sólo cinco meses para implementar el nuevo mecanismo, el jefe de gobierno todavía no definió la fecha exacta de las primarias porteñas. De confirmarse el panorama, las primarias porteñas deberían realizarse en abril -con cuatro meses de anticipación de las nacionales, tomando en cuenta el tiempo necesario para una primera y segunda vuelta- y ser convocadas en enero. De esta forma, los porteños podrían llegar a votar

37corte supre-mala oposición acuerda violar la constitución nacionalLos bloques opositores en el Senado firmaron un acuerdo en el que se comprometen a impedir que se elija, como lo establecen las leyes al res-pecto, al quinto miembro de la Corte Suprema, hasta que no asuma el próximo gobierno en 2015. De esta forma, la Unión Cívica Radical, el PRO, el FAP, el Peronismo Disidente y el Frente Renovador, se oponen a cumplir la Constitución Nacional y las leyes que establecen el mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo y la mayoría del Senado eligen a los integrantes de una Corte que no puede tener menos de cinco miembros.

Tras la muerte de dos integrantes del máximo tribunal -Petracchi y Argibay- y la renuncia de Zaffaroni, la Corte quedó compuesta por cuatro miembros, uno menos de lo que establece la ley. Esto generó que su presidente, Ricardo Lorenzetti, contara con un tribunal con menor diversidad de enfoques y con menos votos que contar a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, su peso específico se acrecienta a la hora de forjar alianzas con por lo menos dos de los actuales integrantes -Maqueda y Fayt-, febriles opositores al gobierno nacional.

la facultó para que regulase las tasas de interés y direccionase el crédito hacia actividades pro-ductivas.

El último intento del establish-ment -el número 11 desde 2003 a la fecha- por generar una corrida cambiaria, y la efectiva respuesta del Estado para dar por tierra con la misma, volvie-ron a poner en la agenda pública la discusión sobre la reforma. Fue el propio Vanoli, ligado a economistas del Plan Fénix que plantean un sistema financiero al servicio del desarrollo industrial, quien afirmó: “Es un debate que puede darse. Las declaraciones de la Presidenta en la Bolsa de Comercio y toda esta actitud del sistema, que quedó en tela de juicio al surgir la actitud especulativa que asumieron algunos bancos en los últimos tiempos, amerita esa discusión. En el ínterin, iremos aplicando todas las herramientas que nos da la carta orgánica del Central para lograr una mejor atención de las necesidades de la economía y una mayor federali-zación de la cobertura”.Al reciente intento desestabilizador se suma que la rentabilidad del sistema bancario se mantiene por encima del promedio del resto de la economía. Rentabilidad en base a ganancias extraordinarias que se sostienen con créditos para el consumo -caros y de corto plazo- y no para la producción.

Entre 2003 y 2013, los créditos personales de la banca priva-da para consumo crecieron en un 545% mientras que los productivos o para inversio-nes aumentaron a un ritmo marcadamente menor, con un 221% acumulado en el período.

Comisiones y tasas abusivas me-diante, esto impactó de lleno en la formación de precios.

A ello se le suman las inversiones financieras espe-culativas, las fugas de capitales y las presiones cambiarias, que hacen del sistema bancario un peligroso y volátil actor para la economía nacio-nal. Basta con observar que durante los primeros siete meses de este año, sus ganancias -29 mil millones de pesos- se basaron en las “diferencias de cotización”, un eufemismo para evidenciar que la devaluación de enero les permitió acumular una rentabilidad 117% superior a la de 2013.

De los seis proyectos presen-tados para reformar la ley, se destacan las propuestas del presentado por Carlos Heller en 2010. Además de declarar al sistema financiero como servicio de interés público, el proyecto prevé que ninguna entidad pueda tener más del 10% del mercado financiero, y que los bancos deban orientar el 48% de su cartera a pymes y créditos hipotecarios. También permite regular las tasas de interés y restringe la actuación de bancos extranjeros en el país.

Al contrario, las propuestas de la oposición, como las de Pinedo (PRO) y Millman (UNEN), solo pro-ponen cambios superficiales que no modifican ni limitan el poder de las entidades financieras. Sólo la propuesta de Lozano (UP), coincide en definir al sistema financiero como servicio de interés público.

hasta en seis oportunidades, contando dos posi-bles ballotage.

Hasta el momento, el sistema de voto electrónico solo se utilizó masivamente en Salta, donde fue-ron necesarias dos elecciones de prueba hasta su utilización definitiva en 2013. Entre 2009 y 2013, no sólo se capacitaron los técnicos y autoridades de mesas necesarios para implementar el siste-ma, sino también se realizaron campañas masi-vas de difusión para explicar su funcionamiento. A pesar de ello, y como consecuencia del tiempo que lleva adaptarse al nuevo sistema, en 2013 solo el 33% del padrón votó de forma electrónica.

Con el antecedente de la pésima aplicación del sistema de ins-cripción online, a las apuradas y con gastos exorbitantes, el PRO acelera el proceso de des-doblamiento con las elecciones nacionales, buscando un rédito político. Es que el macrismo pretende utilizar la elección porteña como “estímulo” para las nacionales, creyendo que la primicia de una victoria en uno de los distritos más importantes -que represen-ta el 8,5% del padrón general- podría provocar un golpe de efecto que torciera el resultado de las generales. Esta decisión se da mientras las encuestas registran un aumento en la intención de voto de Macri a nivel nacional, que ya desplazó a Massa del segundo puesto. Si bien el líder del PRO podría entrar en un ballotage con alguno de los candi-datos del kirchnerismo, sufriría una derrota en la segunda vuelta. Ese es el escenario que busca torcer el macrismo con una elección porteña que prefigure, operaciones mediáticas mediante, su fortaleza.

Aprovechando esta situación, y sabiendo que el oficialismo pre-cisa de dos tercios del Senado, la oposición se decidió a que sea el próximo gobierno quien defina al quinto integrante. Claro que esta decisión ignora la ley que establece que el tribunal debe tener cinco miembros, e impide que la sociedad civil sea quien impugne o no la propuesta del Poder Ejecutivo. Es que el procedimiento de consulta pública establecido por Néstor Kirchner en 2003 estipula que durante tres meses se expongan pública-mente los antecedentes del nominado, no solo en los medios masivos sino también en la web del Ministerio de Justicia. En ese lapso, tanto indivi-duos como asociaciones civiles pueden presentar impugnaciones a su candidatura. Recién cuando pasen los tres meses, el ejecutivo esta habilitado para enviar el pliego al Senado.

Si la oposición no quiere negociar con el gobierno: ¿por qué no espera a que sean las propias or-ganizaciones de la sociedad civil -muchas bajo su tutela- las que impugnen cualquiera de los candi-datos que presente el ejecutivo? Evidentemente, el miedo reside en que el oficialismo pueda propo-ner un candidato que genere amplios consensos, con el que le sea difícil competir.

Con esta excusa, la oposición arrolla los mecanismos republi-canos y la calidad institucional que tantas veces afirma salva-guardar. Es por ello que el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat denunció a los senadores opositores ante la justicia federal, por el delito de sedición. Tal como lo establece el artículo 230 inciso 2 del Código Penal, serán reprimidos con

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bauenel frente para la victoria pre-sentó proyecto para expropiar el hotelDiputados del Frente Para la Victoria presenta-ron un proyecto de ley para expropiar el Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores en 2003, tras su vaciamiento y quiebra llevada adelante por la patronal. El proyecto establece que el hotel será administrado por una Sociedad del Estado que prestará servicios de turismo social y cobertura médica a las derivaciones de todo el país realizadas por el PAMI. A su vez, todos los trabajadores integrantes de la Cooperativa serán contratados como personal del nuevo emprendimiento.

El Hotel Bauen, construido para el Mundial de 1978 con fondos estatales “cedidos” por la dictadura a un empresario aliado, fue una de las 2.000 empresas que se declararon en quiebra durante la crisis del 2001. Ante la desidia empresarial, los trabajadores decidieron convertirlo en una coo-perativa de trabajo, recuperando los 130 puestos de trabajo que había destruido la patronal.

inmi-gra-ciónObama decreta reforma mi-gratoria que beneficiará a 5 millones de extranjerosTras la reciente derrota electoral frente a los republicanos, Obama retomó la iniciativa política con el dictado de un decreto que promueve la mayor reforma migratoria en la historia de los Estados Unidos, desde el gobierno de Reagan. Más

Tras una exitosa gestión coo-perativa que perduró durante once años, invirtiendo más de 16 millones de pesos para recupe-rar las instalaciones del hotel, la justicia ordenó restituir el hotel a los patrones que anterior-mente lo quebraron. Desde entonces, la amenaza de desalojo pesa sobre los trabajadores y sus familias, que con distintas jornadas de lucha y solidaridad mantie-nen la resistencia.

Ante esta situación, diputados del FPV presentaron un pro-yecto para expropiar el hotel y convertirlo en un prestador de turismo social y de cobertura para las derivaciones médicas nacionales que realiza el PAMI. El 70% de las plazas serían para cumplir el primer objetivo mientras que el restante 30% para el segundo. Otras instituciones de la salud pública también podrían solicitar cobertura en las plazas disponibles, en caso de aprobarse el proyecto.

Asimismo, se establece que la suma a pagar por la expropiación será abonada con la deuda que el titular del inmueble registra con el ex Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y con la AFIP. Estos argumentos surgen de una demanda judicial iniciada por la empresa contra el Estado, por una supuesta demora en el desembolso de los présta-mos con los que se construyó el hotel. En 2007, la justicia estableció que el grupo empresario Lurko-vich le debía al Estado ocho millones de pesos, actualizados a 20 millones en 2012. Esa sentencia fue apelada y se encuentra actualmente en la Corte Suprema, tribunal que todavía demora una resolución.

Como era de esperarse, la

patronal rechazó el proyecto y volvió a atacar a la gestión cooperativa, afirmando -sin da-tos precisos- que el hotel se en-cuentra en pésimas condiciones.

A su vez, y a pesar de haber dejado a más de 130 familias en la calle, afirman que ahora no despedirán ningún empleado en caso de hacerse cargo de la empresa nuevamente y que invertirán millones para “recuperar” las mismas instalacio-nes que destruyeron en 2001.

Mientras tanto, la jueza Paula Hualde insiste con cumplir la sentencia a través del desalojo de los trabajadores, que continúan resistiendo y esperando que se apruebe el proyecto de expropiación.

de cinco millones de extranjeros sin papeles, en su mayoría latinoamericanos, se beneficiarán con una regularización temporal que les permitirá evitar la deportación.

La reforma migratoria fue la principal promesa de campaña que posibilitó la reelección de Obama en 2012, con una histórica movilización de la comunidad latina en apoyo de su candidatura. La creciente oposición republicana impidió que, durante dos años, el proyecto pudiera avanzar en ambas cámaras.

Frente a esta situación, Obama optó por avanzar al menos parcialmente en la aplicación de la reforma.

Para ello, se otorgarán per-misos de trabajo para todos aquellos inmigrantes -más de cinco millones- que sean padres de hijos nacidos en Estados Uni-

dos, y que tengan más de cinco años de permanencia. Una medi-da similar a la tomada en 2012, cuando el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia permitió que 600.000 jóvenes que cruzaron la fronte-ra antes de 2007 pudieran acce-der a permisos de trabajo. A su vez, los estudiantes extranjeros que cursen carreras tecnológicas y científicas podrán quedarse a trabajar una vez que terminen sus estudios.

Si bien ninguna de estas medi-das les otorga una ciudadanía definitiva, los inmigrantes festejaron la decisión de Obama porque los protege de las de-portaciones.

Sólo en la gestión Obama, desde 2009 a 2014, el país deportó más de 2 millones de inmigrantes sin papeles. El 90% de éstos, quedó impedido de volver al país legalmente. De ese total, solo el 20% fue deportado por delitos graves como tráfico de drogas, mientras que el resto solo cometió faltas menores como una infracción de tránsito.

En ese sentido, el decreto también establece que priorizará la deportación de inmigrantes que hayan cometido delitos graves y de quienes entraron recientemente al país.

Como era de esperarse, la oposición republicana denunció al presidente por “exceso de atribucio-nes” al saltear al Congreso en su determinación. Al contrario, organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes presentaron 260.000 peticiones para apoyar la sanción de la reforma definitiva.

prisión de uno a cuatro años “los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resolu-ciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.

En este caso, la oposición se opone a la propia Constitución Nacional que en su artículo 99 define que es el Ejecutivo quien propone los integrantes y que su aprobación depende del acuerdo con la mayoría del Senado.

37ateneo general san martín

vaca muertaestrategias para la independencia económica y el desarrollo nacionalEn una nueva actividad del Ateneo General San Martín, se llevó a cabo la charla “Vaca Muerta: estrategias para la independencia económica y el desarrollo nacional”. Con el Café de los Patriotas como sede, dos integrantes de Proyecto Comunidad – Sebastián Avila y Nicolás Pertierra – brindaron un marco para la discusión y participación de una nutrida cantidad de vecinos que se acercaron al debate.

Los expositores situaron el desafío que significa pensar Vaca Muerta no solo desde la óptica coyuntural del déficit energético que obliga a nuestro país a importar combustibles, sino también desde una mirada estratégica y a largo plazo que discuta la transformación de nuestra estructura productiva.

En el mismo sentido, se subrayó la importancia de entender que la explota-ción del yacimiento puede significar una inmensa oportunidad para el desa-rrollo nacional o un riesgo, como lo demuestra la historia de nuestro conti-nente, de saqueo sobre nuestros recursos naturales. Ante esta disyuntiva, se destacó la centralidad de una política soberana que defienda los recursos y conjugue su explotación con la industrialización del país.

En el plano de corto y mediano plazo, la explotación de esta gigante reserva podría beneficiar al complejo industrial y contribuir a su ampliación y diversificación. Contando con energía abundante y barata, tendría lugar una importante baja de costos que permitiría ganar competitividad a una importante variedad de ramas industriales. De esta forma se abriría la puerta para pensar los recursos no renovables ya no como simples commo-ditys para exportación, sino como un patrimonio que apuntale el proceso de

industrialización.

Por otra parte, se subrayó la necesidad de potenciar un desarrollo tecnológi-co que permita desacoplar la explotación de hidrocarburos de la dependencia de los capitales trasnacionales que monopolizan maquinarías, técnicas y cono-cimientos. En ese sentido se destacó la creación de YPF TECNOLOGIA S.A., donde confluyen cuadros técnicos de la empresa petrolera junto a investigadores del CONICET, cuyo objetivo radica en convertir a nuestro país en un referente internacional de tecnologías aplicadas a la producción de gas y petróleo.

El conjunto de medidas orientadas a la defensa soberana de nuestros recur-sos y el desarrollo estratégico de nuestro país contrasta con una historia en la que se hizo justamente lo contrario. Durante la última dictadura militar, YPF sufrió un endeudamiento feroz, que la dejó financieramente destruida y a merced de una patria contratista que se dedicó al saqueo sistemático de nuestros recursos. Empresas como Bridas-de los hermanos Bulgheroni-, Perez Companc y Techint hicieron sus fortunas con los recursos estatales de YPF, en alianza con la dictadura que destruyó la estructura productiva del país.

En ese período se despidieron 13.000 empleados y se obligó a destilar el petróleo extraído por YPF en empresas extranjeras como Shell y Esso. Este proceso de desregulación avanzó definitivamente en los 90, con la privati-zación de YPF y las políticas neoliberales. El gobierno de Menem permitió a las empresas extranjeras la libre disponibilidad del 100% del petróleo y las divisas que generaba su exportación, lo que terminó por convalidar el saqueo de nuestras reservas. Con una industria quebrada por el neoliberalismo, en 1997 se llegó a exportar el 50% de la producción sin que ello obstaculizara el “autoabastecimiento”. En toda esta nefasta política fue destacable el rol de empresas como REPSOL, que saquearon no sólo los recursos sino también las divisas que generaban, sin reinvertir en el mantenimiento de la estructura heredada de YPF.

En los últimos años, el crecimiento del consumo de energía, a partir de la recuperación industrial y del congelamiento de tarifas, ha derivado en un incremento sostenido de la demanda energética, sobre todo de la eléctrica. Como esta se produce casi en un 70% en base a gas y fueloil, la necesidad de hidrocarburos aumentó considerablemente.

El saqueo de nuestras reservas de petróleo y gas llevaron a que tengamos que importar combustibles del exterior, lo que hoy representa un serio problema para las reservas en divisas del Banco Central. Sólo en 2013, se invirtieron 81405 millones de pesos en subsidios para importar energía y se perdieron 6163 millones de dólares en el déficit de la balanza comercial energética.

Al mismo tiempo, si bien la reestatización de YPF consiguió revertir las ten-dencias declinantes en la producción de hidrocarburos, su rendimiento no logra “arrastrar” al resto del sector, donde la producción continua cayendo.

Estas circunstancias, sumadas a la imposibilidad de acceder al financiamiento internacional en condiciones mínimamente aceptables, ubican a la Argentina en una gran tensión a la hora de avanzar en la explotación de esta reserva.

Los altos costos de extracción de estos recursos suponen que la inversión necesaria para poner en marcha plenamente a Vaca Muerta rondaría los 250.000 millones de dólares, diez veces más que las reservas que nuestro país posee actualmente.

En este punto, tuvo lugar un rico debate sobre el acuerdo firmado entre YPF y Chevron y las contradicciones que esto puede generar desde una pers-pectiva de soberanía. Por un lado, fueron criticadas las clausulas secretas que hoy impiden conocer la totalidad del contrato. Por otro lado, varias intervenciones remarcaron que no puede leerse esta negociación por fuera de la necesidad de divisas que aqueja a nuestro país y de la importancia de comenzar a explotar Vaca Muerta en el corto plazo para por lo menos cubrir la sangría de dólares que provoca la importación de combustibles.

En ese sentido se destacó que la nueva Ley de Hidrocarburos que se votó recientemente viene a consolidar un marco jurídico que impida el saqueo de nuestros recursos. Entre algunos de los puntos salientes de la ley, se esta-blece la libre disponibilidad de sólo un 20% de los hidrocarburos y las divisas

generadas a partir del tercer año de explotación y del cumplimiento de los planes de inversión acordados. Al mismo tiempo, la ley unifica los pliegos de todas las provincias, lo que otorga un mayor poder de negociación frente a multinacionales de peso en el mercado internacional.

Por otra parte, otras intervenciones apuntaron a destacar que en el me-diano plazo, y tras lograr recuperar el autoabastecimiento y la soberanía energética, nuestro país podría convertirse en una potencia exportadora de hidrocarburos que generase las divisas necesarias para modificar la estructura productiva altamente dependiente del complejo agroexportador. En lugar de depender de una organización productiva retrograda y reprima-rizadora como la de la producción y exportación de soja, nuestro país podría invertir éstas divisas en la industrialización del agro y en la producción de valor agregado en origen. De esta forma, no venderíamos el poroto sino el aceite o las harinas, no solo mucho mejor cotizadas en el mercado interna-cional, sino creadoras de puestos de trabajo en las provincias.

Otras intervenciones apuntaron a que no se trata sólo de tener energía, sino de seguir teniéndola estratégicamente y a largo plazo, en el marco de un proyecto nacional y sustentable. En estas coordenadas se ubican los debates más importantes de este tiempo y de las generaciones futuras. La concien-cia del pueblo para defender y explotar estratégicamente estos recursos será clave para no volver a repetir – una vez más – la historia de entrega y dependencia que nos ha precedido.

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37una his-toria empe-trola-daUbicado a 94 km. de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, la ciudad de Cutral Có se yergue en medio del viento y la aridez. Sin agua a la vista y ubicada en el medio de la estepa patagónica, uno podría preguntarse qué hace esa ciudad ahí, la segunda de la provincia en cantidad de habitantes. La respuesta está en lo que los primeros pobladores describieron como un “llora-dero de alquitrán en que sabía empapar pedazos de arpillera para encender fuego”.

Cutral Có y su hermana Plaza Huincul, surgieron alrededor del petróleo. En 1918 la Dirección Ge-neral de Minas, Geología e Hidrología de la Nación

descubrió la presencia de crudo en la zona. Se emprendió entonces la perforación del Pozo N° 1 y la construcción del Campamento Uno, el origen de Plaza Huincul, que en 1921 tenía ya 600 pobladores. Un año después se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que toma bajo su cargo esta explotación y emprende la construcción de galpones, talleres e incluso de una pequeña destilería para satisfa-cer las necesidades regionales.

En Plaza Huincul, donde se radican los trabajado-res petroleros de cierta jerarquía, YPF emprende el tendido de la red telefónica y de gas, al tiempo que construye viviendas y un moderno hospital.Pero para que se fundara Cutral Có (o aguas de fuego) faltaban unos años. Fue en 1933, cuando el médico a cargo del hospital de Plaza Huincul propuso urbanizar lo que en aquel momento era conocido como el “Barrio Peligroso” en el que un número considerable de pobladores habitaban de forma muy precaria. Y así como en Huincul, gran parte de las instituciones y los espacios de socia-bilidad fueron construidos por la YPF. El trazado y construcción de los barrios, las escuelas, las provedurías, los talleres, el cine, el teatro, el club y la pileta, el tendido de los servicios, fueron impulsados por la empresa. Toda una sociedad organizada alrededor de la empresa estatal, que era mucho más que el lugar de trabajo de la mayoría de su población. Se podía tener una vida digna y socialmente muy organizada, en el medio de un territorio que no era todavía provincia y al que muchas veces el Estado apenas había llegado.

Es de suponer entonces, que los vaivenes de la historia nacional repercutieron mucho en Cutral Có. Así como en los 30´ todo estuvo bastante estancada, en los 40´ hubo un reflorecimiento de YPF y por lo tanto en la ciudad, que en 1953 pasó a llamarse Eva Perón. Cuentan los baqueanos que durante el primer peronismo otras dimensiones del Estado empezaron a tener presencia en estos territorios nacionales. Que ir a la estación a esperar los envíos de la Fundación Eva Perón, que

disponer de una máquina de coser para hacer la ropa para toda la familia, fueron signos concre-tos de esa llegada del Estado.

Todo este tejido social que imagino complejo, incluso a veces agobiante por la normalización laboral de toda la sociedad, se empezó a deshila-char con la llegada de las políticas neoliberales. El punto clave estuvo, como es de esperar, en la privatización de YPF. Bajo el gobierno de Menem y el Consenso de Washington, se llevó adelante una redefinición de las funciones del Estado y como parte de la misma, en 1992, Yacimientos Petrolí-feros Fiscales dejó de ser una Sociedad del Estado, para convertirse en una Sociedad Anónima, con cada vez más influencia de empresas privadas.

YPF pasó de 4000 a 400 trabajadores, jubilaciones antipadas y despidos, indemnizaciones y microem-prendimientos, desmantelamiento de una empre-sa, desmantelamiento social. Cuentan las histo-rias (y también la Historia) que muchos de los ex trabajadores ypefeanos se fueron a sus casas con una indemnización y decidieron poner kioscos, comercios, como para armarse otro laburo del que vivir lo que quedaba. La pregunta es ¿quién iba a comprar, si la rueda económica de Cutral Có y Huincul se había frenado? No obstante, los signos de esta desestructuración tardaron en hacerse sentir: entre las indemnizaciones y el 1 a 1, estos poblados vivieron unos años de consumo-espuma. Parecido al remate de las joyas de la abuela o a pedir 15 tarjetas de crédito y comprar a cuenta sin parar, este consumo cortoplacista y despojado (o despojador) de futuro, este consumo que marca nuestros recuerdos de la convertibilidad, tuvo una forma particularmente intensa en estas ciudades del sur.

Cuando la espuma bajó, apareció de manera abrupta un 20% de desocupación. ¿Todos despedi-dos de YPF? No solamente, el efecto multiplicador que tenía esa actividad en Huincul y Cutral Có cuando funcionaba, fue el mismo que tuvo cuando

dejó de funcionar. Comercios, personal domésti-co, changarines y servicios, todas las actividades subsidiarias de YPF, y sus trabajadores, se vieron frenados al compás de las cesantías. Las empre-sas privadas que habían tomado las riendas de la actividad petrolífera no habían hecho lo mismo respecto del rol social que había tenido la em-presa estatal. El abandono se empezaba a notar en las instalaciones del club, el cine y el teatro.

Así nos encontramos, en 1996, con una sociedad quebrada. Los suicidios de muchos ex trabajado-res de YPF así lo manifiestan. En esta desolación social que se sumaba ahora al ya desolador paisaje, nace a mediados de 1996 el “piquete”,

signo de una época de ausencias. No había a quien reclamar, no había lugar de trabajo ni jefe para hacer huelga. Pero atravesando al pueblo, la ruta aparecía como el único lazo que todavía funcionaba. Hacia allí van todos, desocupados y laburantes. El disparador del corte de ruta fue una disminución del subsidio para los desocupa-dos que sólo recibían 900 de los 4000 pobladores que estaban en esa situación. Era una protesta contra el neoliberalismo. Una protesta que seguiría creciendo, de la que saldrían futuros intendentes y nuevas formas de organización popular.

Los pueblos petroleros durante la década del

90´ presentaron un paisaje devastado. Desigual-dades inéditas (la provincia de Neuquén fue la de mayor desigualdad en el país), casinos, prostíbulos y narcotráfico como las actividades económicas -y sociales- más florecientes, marginalidad bru-tal. Y aunque en la última década se han creado muchos puestos de trabajo, el desmembramiento social de Cuatral Có y Plaza Huincul es profundo. La recuperación de YPF es un paso esperanzador en este contexto. Son muchos los desafíos, econó-micos, sociales y políticos, que se plantean.

Clara Chevallier, historiadora y militante de Pro-yecto Comunidad

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