l a g a c e t adel patriota 07Suscribite a la gaceta enviando un mail a

i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a r

foro de conver-gencia empre-sarial: recetas para defender los intere-ses del establishmentLa nueva organización gremial del establishment presentó un documento de 21 puntos titulado “Bases para la formulación de políticas de Estado”. A pesar de que el documento es mostrado como una

propuesta para un acuerdo a firmarse entre todos los partidos políticos, su contenido no hace más que demostrar los intereses de los sectores más podero-sos de la economía. Su principal ideólogo es Santiago Kovadloff, vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas que defiende a Vicente Massot, empresario imputado por crímenes de lesa humanidad.

Sabemos quiénes firman este documento, aunque quieran esconderse bajo distintos ropajes. Apenas iniciada la lectura del documento, los integrantes del Foro se presentan a sí mismos como parte del empre-sariado nacional: “Somos, antes que nada, ciudadanos de la Argentina, donde vivimos con nuestras familias”.

Parecen omitir que entre las 38 agrupaciones empresarias participantes se encuentra la Asociación Empresaria Argentina, principal impulsora del Foro, que defiende los intereses de podero-sas empresas trasnacionales a la par que los de las firmas naciona-les más influyentes.

Basta con observar su directorio para encontrarse con los representantes de FIAT, CENCOSUD, SOUTHERN CROSS GROUP, PEUGEOT, CITROEN, MERCEDES BENZ, al lado de CLARÍN, TECHINT, ACEITERA GENERAL DEHEZA, ARCOR, etc. También comparten el foro entidades como la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana que agrupa a 658 empresas estadounidenses. En pocas palabras, el Foro no es otra cosa que la “convergencia” entre los intereses de los capitales nacionales más concentrados y los del capital extranjero. La supues-ta “inédita unidad del empresariado” que reivindican, precisó de la falsificación de firmas de dos impor-tantes cámaras (Comercio y Construcción) al pié del documento para poder sostenerse.

Veamos ahora algunas de las propuestas esbozadas en este nuevo documento. En el “campo económico”, proponen quitar impuestos a las empresas -“reducir la presión tributaria”- y disolver las retenciones y los controles al comercio exterior- “factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones”. También plantean que debe haber una baja inflación en base a “medidas macroeconómicas” que llamativa-mente no especifican. Por otra parte, solicitan “ga-rantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas”

29.04.14

sedro-nar: una nueva política contra las adiccionesEn noviembre del año pasado, el cura Juan Carlos Moli-na asumió al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico -SEDRONAR- , anunciando una nueva política para enfrentar la problemática de las adic-ciones. El cambio de paradigma comenzó a explicitarse con la asunción de María Cecilia Rodríguez al frente del Ministerio de Seguridad, y la delegación de las facultades represivas de la SEDRONAR a esta cartera. Quedaban en manos de la institución solamente las tareas de prevención y contención, lo que rompía con el esquema clásico de persecución de narcotrafican-tes con el que se solía guiar sus políticas.

Con esos lineamientos generales, Molina comenzó una nueva gestión apuntada al abordaje integral de la problemática, desde el territorio y con un fuerte trabajo social de por medio.

En palabras del nuevo titular, la actual estrategia parte de la idea de entender a las adicciones “no como un pro-blema de salud mental, sino de salud social, que destruye familias y barrios”.

07¿Será distorsivo el programa Pre-cios Cuidados?, ¿tendrán proble-mas con el nuevo régimen infor-mativo que obliga a las grandes empresas a explicar sus costos?, ¿o se referirán simplemente a que el Estado no debe intervenir en la economía? En el mismo plano, son notables las coincidencias con el programa del último paro de la CGT de Moyano y Barrionuevo. Por ejemplo, cuando piden reducir impuestos hablan de “fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la eco-nomía”. En ese sector entra sin dudas el 1,7% de los trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Pero también coinciden en las demandas sociales del último paro opositor, como la lucha contra el narco-tráfico y la inseguridad. Por eso piden una “política criminal integral” que supone la creencia de que los delitos se terminan con mano dura, sin necesidad de políticas de inclusión.

Quizás la parte más interesante del documento, don-de se demuestran más descaradamente los intereses que defiende, son las propuestas que esbozan para el “aspecto institucional”. Allí exigen el “respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas”. Ese “ámbito” es el lugar donde el Estado supuestamente no debería meterse, como lo hizo con la recuperación de YPF y Aerolíneas, vaciadas y destruidas por el capital privado. Pero quizás sea más ajustado decir que se refieren al hecho de que, tras la recuperación de las AFJP, el Estado comenzó a tener participación en los directorios de las más grandes compañías que integran el Foro.

La fruta del postre, es sin dudas el reclamo por “el establecimiento de mecanismos efectivos de participación ciudadana previos a la sanción de leyes y normas relevantes”. ¿Sufre el establishment un repentino ataque de democratización?

No, lo que están pidiendo es que no se apruebe el Nuevo Código Penal, que establece la novedad de juzgar a em-presas y no solo a personas Entre otros ilícitos, las em-presas podrían ser juzgadas por abuso de posición domi-nante, cohecho financiero activo, enriquecimiento ilícito, o utilización de testaferros. Con el nuevo Código, todos estos se penan con multas y años de prisión, y las personas jurídicas pueden ser acusadas hasta por delitos de lesa humanidad. El argumento para evitar ser juzgados coincide con el de Sergio Massa: impulsar una consulta, desde el vamos ilegal, para que la “gente” vote si quiere o no al nuevo código.

De cualquier forma, el establishment busca que el próximo gobierno -y los que le siguen- le garanticen su tasa de ganancia. Por ello exigen: “políticas de Estado que trasciendan los diferentes períodos cons-titucionales de gobierno”. Parafraseando una antigua moraleja, el pensamiento del Foro se resume en: “los gobiernos pasan, los grupos económicos quedan”.

Mientras que el proyecto ya fue presentado en el Congreso, dirigentes de la CGT opositora como el Momo Venegas -quien conduce el sindicato con mayor nivel de empleo en negro- advirtieron que “el trabajo en negro no tiene nada que ver con nuestros reclamos”.

Para ello afirmó necesario el trabajo con redes de madres y “con los jóvenes, porque son los que sacan a otros jóvenes de las adicciones”.

El problema más urgente que enfrenta SEDRONAR es recuperar la inmediatez del servicio de contención, para que las personas con problemas de adicción tengan casas de día donde acudir rápidamente, sin necesidad -por lo menos en una primera instancia- de llegar a hospitales y otros centros de atención no especializados.

En esa línea de trabajo, la Presidenta de la Nación anunció el Programa Recuperar Inclusión, a través del cual se instalarán 60 Casas Educativas Terapéuticas (CET) en todo el país y 150 Centros Preventivos Locales de las Adicciones (CEPLA). Las CET funcionarán en villas y barrios humildes de todo el país, con el objetivo de contener y brindar nuevas oportunidades en espacios educativos, deportivos y culturales para niños y adolescentes con problemas de adicción. Si bien con-tarán con dormitorios, no serán sitios de internación tradicionales sino centros educativos diurnos donde se desarrollarán terapias para la recuperación.

El eje fundamental de los CET es la inclusión más allá del problema de las adicciones:

“Tenemos que pensar más allá de sacar a los chicos de la droga momentáneamente, tenemos que incluirlos para que en el futuro tengan un proyecto de vida”. En ese sentido, se firmó un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para la incorporación al mercado laboral de las personas que asistan a este Programa.

Observando a nivel global esta problemática, la políti-ca de inclusión elegida choca con la que proponen los Estados Unidos. Este país -desde 1961-ha establecido una estrategia para todo el mundo, denominada “guerra contra las drogas” y basada solamente en el

aspecto represivo del Estado y en el endurecimiento de la legislación. La idea fundamental de esta política se basa en el supuesto de que reduciendo la oferta por vías punitivas, se elevarán los precios y caerá la demanda.

Después de décadas de aplicación, estas políticas no solo no tuvieron el efecto deseado, sino que derivaron en la extensión del negocio narco en todo el mundo. Sus consecuencias no han sido sino llenar las cárceles del mundo con consumidores y vendedores directos, mientras los dueños del negocio permanecen impunes. La cocaína fumable -conocida como Paco en Argenti-na- es el efecto de ese mercado negro en expansión que integra nuevos consumidores pobres con los sobrantes de la cocaína exportable.

A pesar de esta realidad histórica mundial, en nuestro país el Frente Renovador presenta proyectos para elevar las penas para el narcotráfico, prometiéndole a la sociedad -con mucha demagogia- que de esta forma se resolverá el problema. A la inversa, el gobierno nacional propuso en la UNASUR un Observa-torio Regional de Drogas con el objetivo de plantear políticas comunes en todo el continente, libres de la influencia del gobierno de Estados Unidos, el país que consume más drogas, que fabrica las armas que utilizan los narcos y que produce más dinero en negro por venta de estupefacientes.

07código penal: comenzó el debate que mas-sa quiso evitarA pesar del boicot antidemocrático de Massa y de la cobardía de una parta de la oposición, comenzó el debate del anteproyecto del Nuevo Código Penal. Durante tres meses, académicos, universidades de todo el país y organizaciones del Derecho, analizarán el anteproyecto y elevarán propuestas y observacio-nes antes de que llegue al Congreso.

La apertura del debate fue llevada a cabo por los cinco integrantes de la comisión multipartidaria que escribió el anteproyecto. Algunos de ellos criticaron al líder del Frente Renovador: “lo que no es admisible es la circunstancia de especular políticamente con el tema y montarse en el miedo de la gente para sacar un rédito político de manera demagógico” afirmó Gil Lavedra, legislador por la UCR. Respondiendo a la propuesta de Massa para realizar una consulta popular, Zaffaroni advirtió que si bien “debe ser obra de todos” no puede sancionarse un Código Penal en base a lo que puede discutirse: “en las esquinas o en los medios de comunicación”. Por su parte, la legisladora socialista Barbagelata afirmó que: “Hay inescrupulosidad de los que quieren llegar al fin de la seguridad. La actitud es fascista: miente, miente y algo quedará”.

En realidad, el apuro por ganar votos de Massa nada tiene que ver con los tiempos que lleva

brasil: huelgas policiales contra dilmaMás de 50 muertos y cientos de comercios saqueados es el saldo de una imprevista huelga de la policía militar en Salvador de Bahía. A menos de dos meses del Mundial de Fútbol, el gobierno se vio obligado a enviar miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y las policías de elite para controlar la situación en los pun-tos más álgidos del estado bahiense. A pesar de que el sindicato local llegó a un acuerdo con el gobierno local, el ejército continúa patrullando las calles para evitar nuevos robos y actos de vandalismo.

El trasfondo político de la huelga se hizo notable tras conocerse que su líder, Marco Prisco -encarcelado por delitos

contra la seguridad nacional-, además de ser presidente de la Asociación de Policías Militares y Bomberos de Bahía, es concejal y candidato a diputado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña. A su vez, quien asumió la jefatura tras el encarcela-miento de Prisco, Tadeu Fernandes, es diputado por el Partido Socialista, también opositor al gobierno del PT.

La demanda salarial ya se propagó por 25 de los 27 estados de Brasil, donde el Sindicato de la Policía Federal llevó a cabo huelgas para rechazar el aumento de 15,8% propuesto por el gobierno de Dilma Rous-seff. A su vez, amenazan con ir a la huelga durante el mundial de fútbol si sus reivindicaciones no son aceptadas. Este es el principal problema que enfrenta el gobierno, teniendo en cuenta que en dos meses arribarán tres millones de turistas a las ciudades donde se jugará la copa.

El proceso de politización de las policías provinciales viene desarrollándose desde las manifestaciones contra el aumento del transporte del año pasado, donde la despiadada represión no hizo más que enar-decer las protestas y reproducirlas por todo el país. Es que las policías provinciales y federales desconocen las órdenes y los protocolos del gobierno central que piden respetar el derecho a la protesta.

En base a esta situación, el gobierno de Dilma pre-sentó un programa de seguridad en el que efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Caminera y de la Policía Federal se sumarán a las fuerzas provinciales de los doce estados donde se llevará a cabo el mun-dial. De esta forma, 57 mil efectivos militares podrán sustituir a los agentes policiales en caso de que se declaren en huelga.

El experimento con las Fuerzas Armadas ya se está lle-vando a cabo en la ciudad de Río, donde la presidenta

debatir un nuevo Código Penal.Basta con observar que el primero de 1866 tardó 20 años, y el segundo de 1921, otros 30. Tampoco tienen relación entre sí la baja en la tasa de delitos con la modificación del código. En ese sentido, Arslanian eva-luó que “ninguna de las 900 reformas parciales sirvió para que la tasa de criminalidad bajara”, al mismo tiempo que criticó las llamadas “Leyes Blumberg”.

Al no poder obturar el debate ni participar de él con argumentos, Massa continúa con su estrategia mediática afirmando que la discusión entre académi-cos no sirve ya que se hace “de espaldas a la gente”. Por el contrario, sigue proponiendo una consulta a la ciudadanía que, como ya dijimos en otros números, no tiene viabilidad legal alguna.

La ley 148, votada en 1998 por la legislatura porteña, estableció la urbanización de todas las villas de la ciu-dad en un plazo de cinco años, pero nunca fue cumpli-da. Su base jurídica es el artículo 31 de la Constitución de la ciudad votada en 1996, donde se hace especial énfasis en el derecho a la vivienda y a la ciudad de los habitantes de las villas. A su vez, en su texto se dispone la creación de una Comisión Coordinadora Participativa, integrada por representantes de cada villa y funcionarios del gobierno porteño para avanzar con la urbanización, que nunca se llegó a constituir.

Recién en 2001 se creó el “Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas” (PRIT) que bajo la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad se encargó de obras transitorias -apertura de calles, asfaltado-, pero no de las necesarias para la urbani-zación definitiva. A partir de 2008, el IVC encomienda la urbanización a la Corporación del Sur, y el mante-nimiento y provisión de servicios públicos a la UGIS, aunque mantiene funcionando el PRIT. Como estos programas nunca avanzaron con la urbanización, se comenzaron a sancionar leyes, decretos y resolu-ciones que, apoyándose en la ley 148, daban lugar al reclamo particular de cada villa. Eso sucedió con la ley 3343 para la urbanización del Barrio Carlos Mugica (ex villas 31 y 31 bis), con la 403 para la villa 1-11-14, y con la 1770 para la villa 20.

A pesar de esto, durante toda la gestión macrista no existió un plan ni un proyecto de presupuesto para urbanizar definitivamente las villas de la ciudad, sino un desguace acelerado de las partidas presupuesta-rias para vivienda social.

villas:acampe por la urbanización Trescientos vecinos de dieciséis villas porteñas llevan a cabo un acampe y huelga de hambre en el obelisco para exigir que el Gobierno de la Ciudad declare la “emergencia habitacional” y cumpla con la urbaniza-ción con radicación en los barrios. Los manifestantes denuncian que el presupuesto para las villas bajó de un 5,5% a un 2,7% del total del presupuesto porteño, y reclaman la regulación de los alquileres dentro de la villa, y la declaración de la emergencia socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa.

envió 1500 efectivos al Conjunto de Favelas de la Maré con el objetivo de ganarle territorio al narcotráfico.

El lado oscuro de esta política son las denuncias que se extien-den sobre las distintas fuerzas de seguridad. Según las propias estadísticas del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro, en los últimos ocho años se produjeron más de 5677 muertes por intervenciones policiales. El reciente asesinato, por parte de la policía, de un joven bailarín habitante de una favela de Río, tras haberlo “confundido” con un narcotraficante, mues-tra crudamente las contradicciones de una política que privilegia la mano dura.

07precios: comienza a aplicarse el regimen informativo para grandes em-presasLas grandes empresas productoras de insumos y bienes, distribuidoras y comercializadoras deberán informar la totalidad de los precios de sus produc-tos a la Secretaría de Comercio de la Nación. En la primera parte de la aplicación de la Resolución 29, denominada Régimen Informativo de Precios, estas empresas informarán cuáles fueron los precios -sin carga impositiva y bonificaciones- durante diciembre, enero, febrero y marzo.

Con esta información, el gobier-no pretende investigar la for-mación de precios a lo largo de las cadenas de valor, y a su vez tener elementos para actuar contra aumentos desmedidos.Para quienes no cumplan con los plazos -dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes- se prevén multas y sanciones.

Toda la información suministrada tendrá carácter de declaración jurada y será confidencial, por lo que servirá para “corregir conductas que desalienten la competitividad genuina de las cadenas de valor”. El ejemplo que brinda la Secretaría de Comercio es claro: “Si una empresa dice que vende a un promedio de 10 pesos y su cliente denuncia, con la factura en la mano, que le vende a 20 pesos, se puede advertir sobre una situación de discriminación comercial, sobre la cual sí hay legislación”.

Al interior de la Unión Industrial Argentina se levan-taron voces contra la medida, conducidas principal-mente por Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la

fábri-cas re-cupe-radas:la textil pigüé logró la expropia-ción definitiva La Cooperativa Textiles Pigüé se convirtió en la pri-mera fábrica recuperada de la Provincia de Buenos Aires en recibir el título de propiedad de sus instala-ciones. Para ello, el Estado provincial se asumió como acreedor en el proceso de quiebra de la ex Gatic, para

entidad y representante de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) donde se concentran un puñado de enormes empresas que ma-nejan las primeras y segundas marcas de alimentos en Argentina. Pero las diferencias quedaron zanjadas tras la modificación de una parte de la Resolución que exigía información detallada de las bonificaciones que se otorgaban a cada cliente: “Nos preocupaba el tipo de información solicitada que refleja la estrategia comercial de las empresas y lógicamente requiere confidencialidad en un mercado tan competitivo. Y la problemática era mayor para las empresas que cotizan en bolsa en el exterior”, afirmó Funes de Rioja.

comer-cio ex-terior: proyectos para una empresa estatal de granosTomando en cuenta los constantes movimientos especulativos de las empresas privadas dedicadas a la comercialización y exportación de granos, resurge en nuestro país la idea de conformar una empresa estatal de granos.

En 2013, el 93% de la venta de cereales al exterior fue realizado por una decena de empresas, la mayoría trasnacionales. La última devaluación demostró el terrible poder de fuego que tiene este sector: reteniendo la cosecha, evitando que ingresen dólares al país, y presionando para que el tipo de cambio se modifique a su favor.

Tres nuevos proyectos proponen la creación de una empresa estatal para la comercialización de granos, con una participación de entre el 20% y el 50% del total de las cosechas. Dos de las propuestas -la de la Corriente Agraria Nacional (CANPO) y la del presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez- coinciden en plantear una superación de la Junta Nacional de Granos, pro-poniendo ahora una Agencia que tenga participación

privada a través de cooperativas de productores, pero que recupere la flota mercante con bandera nacional. Si bien existen dos grandes asociaciones que nuclean a las cooperativas-ACA representada en CONINAGRO y AFA representada en la Federación Agraria-, solo exportan el 10% del total de las expor-taciones de granos. Al contrario, la Agencia Nacional de Comercialización de Granos se propone comprar y comercializar el 40% o 50% total de la cosecha, cifra que estiman cercana al total de la producción de pequeños y medianos productores.

Por su parte, la propuesta de la agrupación La Gran Makro repite el esquema de la Junta Nacional de Granos, integrando a las cooperativas de productores y a las provincias como instancias consultivas y no como socios. El esquema de comercialización llegaría al 20% o 25% del total de la cosecha, y se exportaría a través de puertos y flota mercante privada, sin necesidad de recrear el aparato estatal -actualmen-te inexistente- que facilitaba el funcionamiento de la Junta.

luego obtener la propiedad y –expropiación mediante- transferírsela a la cooperativa. Esta, a su vez, cedió seis parcelas del predio al Municipio de Saavedra para ampliar el Parque Industrial y desarrollar nuevas actividades productivas.

La ex Gatic fue fundada hace más de 50 años y llegó a ser la textil más importante de Argentina junto con Alpargatas. A mediados de 2001, y por los efectos de una mala administración y de las políticas neoliberales que destruyeron la industria nacional, la fábrica entró en convocatoria de acreedores con una deuda de 840 millones de pesos. En 2003 la patronal decidió parar la producción y abandonar la empresa. Fue entonces cuando los trabajadores decidieron quedarse en la fábrica y armar una cooperativa para mantener los puestos de trabajo. Los litigios legales de la patronal no tardaron en presentarse, logrando que la justicia dictaminara un desalojo en 2004. A partir de la sanción de la Ley de Expropiación en 2005, los trabajadores lograron retomar la producción que nunca más fue abandonada.

Actualmente, la cooperativa cuenta con 123 trabajadores organizados -además de ge-nerar empleo indirecto para otras 50 familias- y fabrica 40 variedades de telas para zapatillas, 70 tipos de telas para indumentaria deportiva, medias, cordones, etc. Los trabajadores destacan que actualmente tienen una demanda que no llegan a satisfacer con la estructura productiva instalada. Es por eso que, tras recibir el título de propiedad, la cooperativa se plantea avanzar en la gestión de préstamos para comprar maquinarías que permitan duplicar la pro-ducción y los puestos de trabajo.

07La Gaceta del Patriota se complace en presentarles una nueva sección donde abordaremos el desarrollo, nunca estático, de las luchas populares. En su primera presentación, divida en tres partes a publicarse consecutivamente, trataremos la lucha por la tierra y la vivienda.

la tierra y la viviendaORÍGENES: Avanzada la segunda mitad del siglo XIX, uno de nuestros más preclaros hijos de inmigrantes -tucumano él- planteaba la necesidad de abrir las puertas de Argentina a la inmigración europea. Nada mejor para sintetizar aquella mentada necesidad de la época que la conocida frase que recorrió la histo-ria hasta nuestros días: “Gobernar es poblar”, debida precisamente a Juan Bautista Alberdi. No vamos a revisar la historia en esta ocasión, solo decir que años después, y entendiendo a su modo la consigna alber-diana, Julio Argentino Roca sumaba cincuenta millones de hectáreas al territorio nacional con su campaña de exterminio, eufemísticamente denominada “Cam-paña del Desierto”.

Desérticas quedaron, sí, después de la matanza, las tierras conquistadas a sangre y fuego por los Remington. El reparto de éstas, y las ya distribuidas en propiedad privada desde la independencia, conso-lidaron a la clase social que aún hoy ejerce una más que evidente influencia, en la economía y la política de nuestro país. Esta es, qué duda cabe, la llamada oligarquía terrateniente. Es decir, los dueños de la tierra.

Desde entonces, dadas las características naturales de nuestro país y teniendo presente el desarrollo acelerado de la Revolución Industrial en toda Europa, Argentina, a cuyas puertas golpeaba el capitalismo en ascenso, quedó atrapada en la división internacional del trabajo - por la decisión de los terratenientes y la burguesía comercial porteña. Seríamos pues, desde entonces, un país agroexportador; proveedor de materias primas y alimentos para aquellos países europeos en que se explotaba de forma inmisericorde a millones de hombres, mujeres y niños haciéndolos trabajar, con salarios de hambre, entre diez y cator-ce horas por día.

Los descendientes de aquellos beneficiados, por el despojo y la matanza de indios, siguen siendo dueños de centenares de miles de hectáreas de tierras situadas en una de las mejores llanuras del mundo: tan feraces que permitieron y permiten, a partir de su tenencia en propiedad privada, el goce de una suculenta renta diferencial.

Ayer con las vaquitas y el trigo; hoy con la soja y los cereales destinados, cada vez en mayor proporción a convertirse en fuente de energía sustitutiva del petróleo; garantizando la hambruna para millones de seres de éstas y las próximas generaciones.

“el devenir

de las luchas

popula-res”Por Octavo

agen

da 10/5 sábado3/5 sábado

“campo de batalla. cuerpo de mujer”Proyección + Charla-Debate 18.30 hsEntrada libre y gratuita

Durante el terrorismo de Estado, en la Argentina, las mujeres presas y detenidas desaparecidas fueron sometidas a situaciones de violencia atravesadas por una relación jerárquica de género. Dieciocho sobrevi-vientes de distintos lugares del territorio argentino reflexionan sobre sus experiencias.

El relato se desliza desde las dificultades para ser escuchadas, para contar, para declarar, a las posibi-lidades de denunciar públicamente a los represores como violadores.

“la primera piedra”

Presentación del libro18.30 hsEntrada libre y gratuita

Adrian Argento presenta su novela “La Primera Piedra”.

Participaran del panel Vicente Battista (Escritor, guio-nista y columnista de Telam) y la periodista y autora de “La guardería montonera” Analía Argento.

“La primera piedra” es una novela original y vertigino-sa, movilizadora y atrapante, alarmante y actual.

¿Qué lleva a alguien a pensar en hacer justicia por mano propia? ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que en su solitaria desesperación se enfrenta a la impunidad? ¿Cómo maneja una víctima de la corrup-ción en la Justicia el laberinto íntimo de sentimientos encontrados, de ambivalencias y contradicciones, cuya salida nunca aparece?

07En el marco del Ateneo “General San Martín” se realizó la charla-debate “Radiografía de la clase dominante en la Argentina”. Se dieron a conocer datos precisos de los sectores estratégicos de la economía y de los empresa-rios más poderosos del país.Uno de los objetivos centrales del encuentro era visibilizar los sectores de poder, que poseen una gran capacidad de presión e incidencia directa en variables económicas de vital importancia para el país, tales como el tipo de cambio, el ingreso de divisas, la fuga de capitales, la definición de precios. Como no había sucedido en los últimos 10 años, todos estos sectores se juntaron en un espacio común que dieron en llamar Foro de Convergencia Empresarial, y presentaron sus ideas en la reciente edición de Expo-Agro. Hace apenas unos días, realizaron un acto para dar a conocer un documento con sus demandas y propuestas en mate-ria de política económica.

La charla comenzó con una exposición de los dos procesos que desde la década del 90 tienen lugar en nuestro país: la concentración y extranjerización de la economía. También se resaltó el avance del Estado en sectores estratégicos a partir del 2003, que tuvieron un acompañamiento relativo del pueblo en relación a la importancia de las medidas tomadas: el conflicto por la resolución 125 para aumentar las retenciones al agro y la recuperación de YPF son algunos ejemplos de esto.

Tomando como referencia a las 200 empresas más importantes del país, los expositores dieron cuenta del avance del capital extranjero, del peso que las principales 50 tienen para el conjunto de la economía y de su marcado crecimiento volcado hacia el merca-do externo. Dentro de este panorama, se tomaron

dos sectores para profundizar el análisis: agro-exportador y bancos.

Respecto del agro, y en particular la comercialización y exportación de granos y oleaginosas y subproduc-tos, se explicaron las transformaciones en la forma de producción sobre todo a partir de que el capital financiero – a través de los pools de siembra – asume el sector de las commodities como una espacio de especulación de alto rendimiento.

Las 10 empresas que controlan el sector sostienen su poderío en base a una INTEGRACION VERTICAL: venden las semillas y los productos químicos, concentran el acopio de granos en silos privados, monopolizan el transporte de la cosecha de todo el país, tienen puertos propios o los manejan a través de concesio-nes, y comercializan el 82% del total de los embar-ques. La producción en sí misma se da a través de siembra propia, siembra compartida o convenios de producción, es decir, que la tenencia de la tierra es un factor de importancia secundaria para las enormes empresas que controlan el sector. De estas 10 empre-sas, 7 son extranjeras (Cargill, ADM, Dreyfuss, Bunge, Nidera, Toepfer, C.H.S.) y 3 poseen capitales nacionales (Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza y Asociación de Cooperativas Argentinas).

Para dar una idea del peso que este sector tiene en la balanza comercial, se señaló que sólo el complejo oleaginoso y sus productos derivados representan el 25% de las exportaciones del país, y que el 41% de las divisas que ingresan al país lo hacen a través del sector.

En relación al sector Bancos, los expositores remar-caron el crecimiento de la banca pública respecto de las entidades privadas que tiene su punto de inflexión en la crisis de 2001 y la desconfianza que se instaló desde entonces a partir de la estafa y confiscación de los ahorros por las que los bancos privados nunca respondieron.

Por otra parte, se presentaron las cifras de las exorbitantes ganancias del sector privado, sostenidas en la financiación de préstamos personales para el consumo, mientras que la banca pública se hizo cargo de todo el peso de la inversión en producción.

Las distintas intervenciones en el debate señalaron el gran desconocimiento que existe sobre los poderes fácticos en la Argentina, la enorme dificultad que implican los intentos de regulación de estos sectores desde el Estado, y el rol de los medios masivos de comunicación como voceros de la ideología de la clase dominante.

La charla se prolongó en las mesas del Café de los Patriotas y prometió un nuevo encuentro para seguir profundizando en los temas tratados.

radiografia de la clase dominante

En casi todos los países del mundo el primero de mayo es el día en el que se festeja el Día del Trabajador. En esta fecha, se recuerda a los Mártires de Chicago, obreros condenados a muerte por pedir una jornada de trabajo de 8 horas.

La historia nos dice que a mediados del siglo XIX los obreros- junto a sus mujeres e hijos- trabajaban en-tre 12 y 14 horas diarias durante seis días a la sema-na. En Estados Unidos, los trabajadores organizados en la American Federation of Labor decidieron que a partir del 1º de mayo de 1886, día en que se renovaban los convenios colectivos, se obligaría a los patrones a cumplir con la jornada de ocho horas. Fábrica que no cumplía, fábrica que se paraba. La consigna era clara: “a partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de ocho horas por día, ¡ocho horas de trabajo!, ¡ocho horas de reposo!, ¡ocho horas de recreación!”.

Finalmente, la lucha obrera obtuvo sus resultados: 125.000 trabajadores conquistaron la jornada de ocho horas ese día. Para fin de año, 1.000.000 de obreros conseguían la misma reivindicación.

A pesar de este notable éxito, en Chicago las cosas transcurrieron de otra forma. La explotación de los trabajadores era mucho peor allí que en cualquier otro punto del país. A la jornada de 14 horas se suma-ban las miserables condiciones en las que habitaban y la represión policial que no tardaba en aparecer para disolver protestas.

Más de 40 obreros muertos y cientos de heridos fue el resultado de la represión a la lucha por las ocho horas. La policía acusó entonces a un grupo de ocho trabajadores de ser quienes arrojaron una bomba que se había cobrado la vida de seis agentes y que había sido el preludio-y la justificación- de la brutal represión. Sin poder probar los cargos, y en un juicio plagado de irregularidades, las patronales presio-naron para aplicar una sanción ejemplar a quienes

agitaban las ocho horas. Fue así que cinco de ellos fueron condenados a la horca, y el resto a cadena perpetua.

Seis años después, el proceso se revisaría y los con-denados que no habían sufrido la horca recuperarían su libertad. La justicia estableció entonces que los ahorcados no habían cometido ningún crimen y que habían sido “víctimas de un error judicial”. A pesar de que nunca pudo establecerse judicialmente, todos los indicios apuntan a que fueron las propias fuerzas policiales quienes arrojaron la bomba, para luego justificar la represión y el asesinato de obreros.

El proceso conmovió al mundo, y no tardaron en salir a la calle miles de obreros para protestar contra el injusto fallo. De allí en adelante, en los distintos países del mundo-salvo en Estados Unidos y Canada- se ins-tituyó la fecha del 1º de mayo para recordar la lucha con la que se conquistó la jornada de ocho horas, pero también el sacrificio de los Mártires de Chicago.

1º de mayo:

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