AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

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Miguel Ángel Cabezas de Herrera PérezSíndico

Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha

La fiscalización de las nuevascompetencias

INTRODUCCIÓNEn estas líneas se pretende reflexionar sobre asuntos de tanta enjundia como

el proceso descentralizador, el modelo de financiación y las dificultades añadi-das que ello conlleva para nuestra tarea fiscalizadora. No son temas baladíes,porque suponen la razón de ser de nuestra existencia como órganos regionales.

La reflexión consta de tres bloques: uno dedicado al proceso descentralizador,otro al modelo de financiación y un último apartado al control de las nuevascompetencias.

Permítaseme, con carácter previo, una acotación en cuanto a la oportunidadde manifestarse sobre estos asuntos. Hace poco tiempo, se criticaba duramentedesde un partido político a mi compañero el Síndico Mayor de Cataluña, JoanColom, por haberse pronunciado sobre el modelo de financiación propuesto porel Gobierno de la Generalitat. Se le acusaba de mantener una actitud “inapropia-da a sus funciones” y se le conminaba a tener un papel “mucho más discreto”.

Desafortunadamente, existe una opinión entre la clase política, de que nues-tra labor no debe extenderse más allá de una mera revisión de la contabilidad ydel cumplimiento de la legalidad en la ejecución presupuestaria, situándonoscomo meros jueces revisores o, lo que es peor, policías contables; que sólo tie-nen trascendencia en cuanto puedan destapar algún escándalo en las cuentas dela Administración.

Se desconoce con ello lo que entiendo que es nuestra más radical misión,que es ayudar a mejorar la gestión de las Administraciones Públicas, en bene-ficio de los ciudadanos. No sé si ello es consecuencia de nuestra cultura con-tinental, en la que la herencia napoleónica pesa todavía demasiado e imbuyetodas las estructuras administrativas. Algo hay de eso, pero también un cier-to inmovilismo de nuestras propias instituciones, reacias las más de las vecesa avanzar desde la fiscalización a la auditoría.

Mucho más gratificante resulta aventurar nuevas formas de control, másencaminadas como digo a la auditoría y a la medición de la eficiencia y eficaciadel gasto público con el fin último de ahorrar dinero al contribuyente y lograrun sistema más equitativo y más solidario. Me resulta particularmente grato,por ejemplo, el lema de la NAO (National Audit Office), británica, que reza

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“Helping the nation spend wisely” (Ayudar a la Nacióna gastar sabiamente.)

Sirva esta digresión para justificar una opiniónsobre el sistema de financiación, que al fin y al caboes premisa de nuestra propia existencia y de cómo seejecuta el gasto que hemos de controlar. Ello nosupone, ni mucho menos, extralimitarnos de nuestrafunción, como le reprochaban a mi colega catalán.

EL PROCESO DESCENTRALIZADOR

Es ya un tópico decir que el constituyente de1978 no pensó ni por asomo en un desarrollo auto-nómico como el que devino en los años subsiguien-tes y que aún hoy se encuentra inacabado. Hanpasado ya 25 años desde entonces y de la fachada deledificio autonómico cuelga todavía el cartel “enobras”.

Hay un hecho cierto e incontrovertido, y es queel sistema español no tiene parangón en el entornoeuropeo en lo que a descentralización se refiere,siendo frecuente la utilización de expresiones comoEstado menguante, Estado Federal o, incluso, entrelos más exagerados “Estado anoréxico”.

Existen datos suficientemente significativos. Porejemplo que, descontada la Seguridad Social, quesupone entre el 10% y el 12% del PIB español, a laHacienda General del Estado sólo le queda paragestionar el 19% de los recursos públicos. Otrodato es el vaciamiento intenso del aparato centraldel Estado, que desde 1999 ha perdido el 60% desus trabajadores, mientras que las AdministracionesAutonómicas han aumentado su personal el 68%,lo que ha supuesto el traslado de más de 700.000funcionarios. Es la mayor reconversión laboral pro-ducida en España y que yo me atrevería a calificarde revolución administrativa. De otra parte, y sinque ello tampoco estuviera previsto, todas y cadauna de las Autonomías han copiado miméticamen-te al Gobierno y a la Administración Central, demanera que prácticamente todas tienen el mismoentramado institucional, en el que se incluye laexistencia de su propio órgano externo de control,

del que gozan ya 12 autonomías, estando muy pró-xima su creación en el resto.

Cabe preguntarse, en este punto, sobre las bonda-des del sistema; sobre si se ha aprovechado la oca-sión para construir algo nuevo; unas administracio-nes más funcionales, más dinámicas, menos buro-cráticas. Yo creo que, aún con críticas, el inventofunciona. Es un mecanismo complejo y no exentode tensiones. Pero que obliga al Estado y a lasAutonomías a la coordinación y al consenso.

El espectacular crecimiento económico de nues-tro país en estos últimos 25 años se debe en buenamedida al proceso descentralizador. Así lo señala laFundación de las Cajas de Ahorros en su últimoestudio señalando, entre otros factores, la acepta-ción de las responsabilidades propias, la proximidadentre administradores y administrados y la autocon-fianza.

Un repaso a cualquiera de las 17 ComunidadesAutonómas demuestra la gigantesca transformaciónque han experimentado en estos años de descentra-lización y gobierno autónomo. Por ejemplo miregión, Castilla-La Mancha, tiene una tasa de creci-miento interanual superior al de la media nacionaly al de la zona euro. Hemos pasado de ser unaregión que se despoblaba masivamente a ser una delas principales regiones acogedoras de inmigración.El PIB se ha multiplicado por cinco entre 1983 y2002. Se ha triplicado el número de TitulacionesSuperiores, y así toda una serie de cifras quedemuestran que el proceso autonómico y, especial-mente, el proceso de descentralización del gastopúblico ha supuesto una mejora en la calidad devida de los ciudadanos.

EL MODELO DE FINANCIACIÓN

Afirmaba antes, sin embargo, que del edificio delas Autonomías sigue colgando el cartel “en obras”.En efecto, cuando se suponía que la conversión delSenado en Cámara de las Autonomías significaría lacertificación final de la obra, han vuelto a surgir ten-siones centrífugas que, en realidad, no han dejado de

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existir en todo el proceso. Tensiones provocadassiempre por el sistema de financiación, hasta el puntode hablarse ya de una nueva “transición autonómica”.

El asunto tiene a mi juicio un enorme calado,porque está en juego no tanto la unidad de España,como algunos dramáticamente quieren hacernosver, pero sí la solidaridad interterritorial que garan-tiza la Constitución.

Debo decir, a priori, que entiendo que es positi-vo que este debate se haya planteado, y nadie deberasgarse las vestiduras por ello. En este sentido, lapropuesta catalana ha tenido la virtualidad deremover las conciencias en un país como España endonde estamos poco acostumbrados a discutir sobrelos dineros públicos, que son asunto de todos. Esbueno pues, a mi juicio, que este debate se produz-ca. Vaya eso por delante.

Causa principal de las tensiones a las que merefiero es que en España el proceso de descentrali-zación del gasto público ha evolucionado más rápi-damente que el de los ingresos, lo cual no es ajenoa la experiencia de otros países de corte federal. Yello es así por cuanto el Gobierno Central se atri-buye las funciones de estabilización y redistribu-ción de rentas, así como los ingresos tributariosmas flexibles y con mayor poder recaudatorio(IRPF y Sociedades). Se produce por ello un des-equilibrio fiscal entre las necesidades de gasto y lacapacidad para obtener ingresos tributarios que seresuelve, o se intenta resolver, con transferenciasi n t e rgubernamentales. En España, concretamente,se hace referencia a la “Participación en losIngresos del Estado”, y al “Fondo de CompensaciónInterterritorial”, claramente insuficientes tantopara cubrir necesidades financieras de laAutonomía como para garantizar la solidaridadinterterritorial.

Hay que dejar también precisado en este punto ladoble acepción del concepto de solidaridad. Por unlado en cuanto corrección de las diferencias territo-riales de renta y riqueza; y, por otro, en cuantogarantía de un nivel mínimo de prestación de servi-

cios públicos esenciales. Dicha precisión es necesa-ria para saber de qué estamos hablando.

En esta nueva “transición autonómica”, a la queme vengo refiriendo, es muy frecuente el recurrir ala “balanza fiscal” para argumentar las pretensionesfinancieras de las Comunidades Autónomas. Sinembargo, como dice José Víctor Sevilla, “establecerla balanza fiscal de una comunidad es como preten-der calcular la felicidad”. En efecto, utilizar esterecurso en el debate sobre financiación es una abe-rración porque, entre otras cosas, nos induce alequívoco de creer que el pago de impuestos es ungesto de solidaridad de las comunidades ricas hacialas comunidades pobres. Lo que habrá que ver es sila política de impuestos es o no equitativa y si lapolítica de gasto es o no redistributiva. El propioConsejero de Economía de la Generalitat, AntoniCastells, ha afirmado que “el conocimiento de labalanza fiscal ayuda a conocer la realidad y a objeti-var el debate político, pero, en efecto, no podemosbasarnos en ella a la hora de abordar la reforma dela financiación autonómica o de fijar nuestra rela-ción con el Estado”.

Lo que está claro es que, culminado prácticamenteel proceso de transferencias, se evidencia la insuficien-cia financiera de las Comunidades Autónomas paraatender sus políticas de gasto en la gestión de esasnuevas transferencias asumidas, principalmente en loque se refiere a Sanidad y Educación, a las que luegome referiré en relación a los trabajos de fiscalización.

Esta insuficiencia financiera es la que ha provoca-do el actual debate que, como digo, no es nuevo. Loque sí es nueva es su generalización al conjunto delEstado, de modo que ya no son válidas negociacio-nes bilaterales en función de la necesidad de deter-minados apoyos parlamentarios en el Congreso delos Diputados. Antes al contrario, se hace necesariauna revisión multilateral del sistema de financia-ción, para sentar las bases de un modelo definitivoo, cuando menos, estable. No parece serio que el sis-tema de financiación autonómica permanezcaambiguamente abierto de forma indefinida.

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Y si las balanzas fiscales no son el instrumentomás adecuado, ¿cómo debe abordarse el problema?Ha llegado la hora de la descentralización financie-ra: ceder a las autonomías los tributos y darles unamayor capacidad normativa para adecuarlos a susnecesidades, aún a costa de asumir el desgaste polí-tico que ello pueda suponer. Todo ello sin perder devista la solidaridad interterritorial, que debe garan-tizar el Estado. En palabras llanas, que cada paloaguante su vela.

No es disparatado por tanto, a mi juicio, pensaren la creación de una Agencia Profesional deRecaudación al servicio de las ComunidadesAutónomas y de la Hacienda Central consorciados.Se crearían espacios fiscales propios en los que cadaautonomía no sólo sería responsable de sus gastossino también de sus ingresos. En lo que no estoy deacuerdo es en poner límite a la aportación de unadeterminada Autonomía, como pretende Cataluña,ya que ello supondría la desnaturalización de laConstitución y la quiebra absoluta de la solidari-dad. El Estado, a través de su Hacienda Central,debe garantizar que todas las Comunidades dispon-gan de idénticos o similares servicios básicos enmaterias como sanidad o educación. No puedenponerse topes a la solidaridad.

El sistema de nivelación que debe gestionar laHacienda Central es el gran debate pendiente.

Naturalmente, no puedo apuntar ahora una solu-ción a ese debate, entre otras cosas porque no meconsidero con autoridad para ello, pero sí digo queno podemos en ningún momento perder de vista elartículo 138.2 de la Constitución, que prohíbe pri-vilegios económicos como resultado de las posiblesdiferencias entre los Estatutos. Alcanzarán a com-prender que me estoy refiriendo al Concierto yConvenio vasco y navarro. No quiero decir quehayan de desaparecer, pues son perfectamente cons-titucionales, pero también perfectamente mejora-bles, incluyendo en el denominado “cupo”, la tota-lidad de los gastos del Estado; también los destina-dos a políticas de equidad interterritorial.

Por lo tanto y para cerrar este apartado, me con-f i e s o optimista en el debate que está abierto.Tenemos una Constitución con la suficiente fortale-za y recorrido como para evitar que las tensionescentrífugas que se producen puedan derivar en undesmembramiento del Estado. Hay todavía espaciospara el acuerdo que no ponen en peligro la solidari-dad entre las distintas autonomías.

EL CONTROL DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS

Como decía antes, el sistema autonómico españolha devenido en un modelo que nada o poco tieneque ver con lo que previó el constituyente de 1978.Desde luego, no estaba previsto que todas las

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Comunidades Autónomas recibieran las mismascompetencias transferidas del Estado. Nos encon-tramos por ello en una primera fase en que losÓrganos de control externo –hablo fundamental-mente de mi experiencia en Castilla-La Mancha–limitábamos nuestra tarea de control a laAdministración General de la ComunidadAutónoma, gestionando pocas competencias, sinninguna administración instrumental o periférica ysin empresas ni sociedades públicas. La fiscalizaciónse centraba en tres grandes bloques: examen de lacontabilidad, contratación y subvenciones, desdeuna perspectiva de puro control de legalidad y,desde luego, sólo desde el lado del gasto.

La asunción paulatina de nuevas competenciastiene como consecuencia unos presupuestos cadavez más expansivos para atender las nuevas políticasde gasto del Gobierno autónomo. Una primera difi-cultad añadida al proceso fiscalizador es la relativa alas innumerables modificaciones de crédito queempiezan a realizarse, hasta el punto de dejar irre-conocibles las previsiones iniciales. Es cierto quebuen número de estas modificaciones son genera-ciones de crédito como consecuencia de las transfe-rencias que se van recibiendo, pero también se rea-lizan transferencias y ampliaciones no suficiente-mente justificadas o que revelan una imprevisiónpresupuestaria. Ello nos permitió, en el caso deCastilla-La Mancha, una tarea más auditora que fis-calizadora, con recomendaciones al GobiernoRegional para una política presupuestaria más ajus-tada a las necesidades reales, que desembocó en lapromulgación de la Ley de Hacienda Regional que,entre otras cuestiones, vino a poner coto a las modi-ficaciones presupuestarias, que hoy se han reducidosustancialmente.

Otro aspecto que debe destacarse consecuencia delas nuevas competencias es el aumento progresivodel personal al servicio de las ComunidadesAutónomas, que como les decía antes ha supuestouna auténtica revolución administrativa. En nues-tros primeros informes, el personal ocupaba apenas

unas pocas páginas casi meramente estadísticas.Hoy, las políticas de función pública son merecedo-ras de informes específicos donde se analizan no sóloel cumplimiento de la legalidad en los procesosselectivos, sino incluso la idoneidad de la políticaretributiva, la conveniencia de las ofertas públicasde empleo, el grado de rotación, la movilidad, laspolíticas de productividad, la formación, etc, etc.

Especialmente significativa es también, comoconsecuencia de las nuevas transferencias, la apari-ción de una pléyade de nuevas instituciones quebajo distintas fórmulas jurídicas –patronatos, fun-daciones, consorcios, empresas públicas, socieda-des– han venido a complicar la tarea de control.Esta llamada “Administración Instrumental” nacecasi siempre con el pretexto de mejorar y facilitar lagestión “huyendo –se dice– del corsé administrati-vo”, pero esconde algunas veces un deseo de escaparal control. Particularmente difícil se hace en estoscasos la determinación de la deuda o la cuantifica-ción del déficit, por la dificultad de consolidaciónde los estados contables.

Pero es la asunción de las competencias de sani-dad y educación la que ha venido a complicar enmayor medida los trabajos de fiscalización. Parahacernos una idea: en Castilla-La Mancha, el gastodel SESCAM (Servicio de Salud), representa el 27%del presupuesto total de la Junta de Comunidadespara 2005, en tanto que Educación supone el 20%,con un crecimiento interanual en torno al 10%. Entérminos de personal, la plantilla del SESCAMsupera las 15.000 personas y la de Educación pasalas 23.000. Entre ambos, más del 80% del total depersonal de la Junta.

La Educación se empieza a gestionar en Castilla-La Mancha a partir de enero de 2000. Además delaumento del volumen de gasto y de personal cita-dos, el ámbito educativo ofrece unas particularida-des en su gestión económica que vienen a complicaraún más su control. En efecto, el artículo 7 de laLOPEG establece la autonomía en la gestión de losrecursos económicos en los centros públicos, con la

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posibilidad incluso de obtención por estos de recur-sos complementarios al margen de los aportados porla Administración autónoma. Se trata pues de unanueva descentralización del gasto para la cual sehicieron necesarias normas promulgadas por lasComunidades Autónomas, en desarrollo de dichaautonomía de gestión. Me permito reproducir unpárrafo del preámbulo de la dictada en Castilla-LaMancha, similar, por otra parte, al de otras auto-n o m í a s :“Esta norma persigue el desarrollo de todos losprincipios básicos que definen la autonomía enla gestión económica de los centros docentespúblicos no universitarios, flexibiliza aspectosimportantes de la gestión económica de los mis-mos, tales como el régimen de modificacionespresupuestarias, la distribución del remanentede cada ejercicio y la rendición de la gestión enuna única cuenta anual, todo ello en aras de pres-tar el servicio público de la Educación a los ciu-dadanos de nuestra Comunidad con el máximode eficacia, modernización y desconcentración desu gestión.”No dudo de la bondad de la autonomía de ges-

tión ni mucho menos voy a poner en cuestión laLOPEG, pero convendrán conmigo en que, desde elpunto de vista del control, una multiplicidad decentros de gasto, con cierta autonomía financieraque llega incluso –quiero subrayarlo– a la posibili-dad de obtención de recursos, nos exige un mayoresfuerzo de evaluación.

Es cierto que se elabora una cuenta consolidadaregional y que se atribuyen a las IntervencionesRegionales las necesarias facultades de control delos distintos centros autónomamente gestionados,pero no lo es menos que no nos podíamos conformarcon un examen de dichas cuentas consolidadas, den-tro de la Cuenta General de la Administración. Ennuestra filosofía de “ayudar a gastar sabiamente”,no podemos eludir la realización de informes espe-cíficos de auditoría de estos nuevos centros de gasto,llegando a medir incluso, ¿por qué no?, la calidad

de la enseñanza y, por supuesto, aspectos tan básicoscomo el coste por alumno.

Empiezan a realizarse pues informes, como el dela Cámara de Cuentas de Andalucía del año 2000,sobre “Fiscalización de los centros concertados con laConsejería de Educación y Ciencia - 1998/1999”, enel que leemos recomendaciones tan interesantes y detanto calado como la que me permito reproducir: “Sería conveniente para una adecuada planifica-ción de las necesidades de escolarización entodos los niveles educativos y reducir las desvia-ciones en los objetivos previstos, valorar sufi-cientemente el planeamiento urbanístico de lasciudades, la llegada de inmigrantes y los movi-mientos poblacionales.”O el que se realiza en el 2000 por la Sindicatura

de Cuentas de Cataluña sobre Gastos de funciona-miento en los centros docentes públicos de laGeneralidad de Cataluña. Ejercicio 1999, en el quese recomienda:“El Decreto 235/1989, de 12 de septiembre, queregula el procedimiento para llevar a cabo laautonomía de gestión de los centros docentespúblicos no universitarios, establece el modelo dejustificación del presupuesto, que deberá recogerla totalidad de los ingresos y de los gastos delcentro. Sería necesario que en este modelo tam-bién constasen las aportaciones que los padres oalumnos realicen para determinadas actividades.”Permítaseme una última referencia a un informe

del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre undeterminado municipio: “Los gastos financiados por el Ay u n t a m i e n t ohacen referencia a conceptos incluidos en los gas-tos subvencionables por el régimen de conciertoseducativos por parte de la Administración de laComunidad Autónoma del País Vasco. EsteTribunal ha verificado, para los ejercicios 1996,1997 y 1998, que la Ikastola registra gastos defuncionamiento adicionales y suficientes parajustificar la subvención recibida del GobiernoVasco por este concepto. Por lo tanto, la financia-

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ción municipal es complementaria a la delGobierno Vasco.Consideramos que si en ejercicios futuros elAyuntamiento decidiera seguir financiando a laIkastola, sólo debería hacerlo por el déficit degastos de funcionamiento no cubierto por el régi-men de conciertos educativos, exigiendo la justi-ficación por parte de la Ikastola de los ingresosrecibidos y de los gastos incurridos.”Sirvan estas referencias como botón de muestra

de lo que el traspaso de la educación ha supuestopara nuestra tarea de control. Por supuesto que nohay una necesidad inminente de llegar a todos loscentros de gasto, pero hay determinadas materias, alas que ya me he referido, que deben estar someti-das a nuestra atenta mirada.

Por último, y para cerrar esta reflexión, qué decirde la sanidad, principal factor desestabilizador delas finanzas públicas regionales. No es casualidadque el traspaso de la sanidad fuese uno de los máscontrovertidos y polémicos de todo el proceso detrasferencias, especialmente en su fase final a lasdiez comunidades que todavía no lo tenían, allá pordiciembre de 2001. Naturalmente, el punto de con-troversia era la dotación económica a traspasar porel Gobierno central, ya que de ella dependía enbuena medida la generación de futuros déficits, enalgunos casos inasumibles por las ComunidadesAutónomas. El asunto se complicó, además, porcuanto el Gobierno de entonces ligó la aceptaciónde las transferencias a la participación en el nuevosistema de financiación. El acuerdo final supuso unmayor coste para el Gobierno central de 300.000millones de las antiguas pesetas sobre sus previsio-nes iniciales.

Efectuadas las transferencias, lo habitual ha sidola creación de un servicio regional de salud, que seconstituye como sección presupuestaria, única cuyopresupuesto nace directamente descentralizado envirtud de un denominado “contrato de gestión” ycon sus propias normas de ejecución y particulari-dades que complican la fiscalización.

Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el SES-CAM es, además, la única sección presupuestariade la Junta de Comunidades en la que coexisten enel tiempo dos ejercicios presupuestarios, de acuer-do con lo establecido en la Disposición AdicionalSegunda de la Ley 10/2002, de 21 de junio de2002, de Estadística de Castilla-La Mancha. Seimputan con cargo al ejercicio 2002 de las obliga-ciones reconocidas hasta el fin del mes de enerosiguiente, siempre que correspondan a adquisicio-nes, obras, servicios, prestaciones o gastos en gene-ral realizados dentro del ejercicio presupuestario ycon cargo a los respectivos créditos. Dicha circuns-tancia se ha cumplido también en el ejercicio2003, según se recogía en la DisposiciónAdicional Décima de la Ley 25/2002, de 19 dediciembre de 2002, de Presupuestos Generales dela Junta de Comunidades de Castilla-La Manchapara el ejercicio 2003.

Todo lo dicho respecto a la educación en cuantola multiplicidad de centros de gasto, autonomía enla gestión, volumen de personal, etc., multiplí-quenlo por tres. La gestión de un hospital, porejemplo, es merecedora de varios informes de fisca-lización. Aquí sí que se abre, más que en ningúnotro campo, un horizonte de control basado en lamedición de la eficacia, economía y eficiencia. Nosencontramos, por ejemplo, con afirmaciones comolas que hace la Cámara de Cuentas de Andalucía alexaminar una determinada área hospitalaria enHuelva en el año 2000:“En relación con la economía y la eficiencia, elhospital se sitúa en una posición intermedia res-pecto a los de su misma categoría en gasto porhabitante, gasto por ingreso hospitalario y gastopor estancia; las tasas de absentismo son superio-res a la media; el hospital ofrece la estancia mediamás alta de los hospitales de especialidades; suactividad se encuentra muy condicionada por laatención de urgencias, lo que reduce el margende la actividad programada y, en relación a otroshospitales, destaca el alto número de reingresos y

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de cesáreas y la alta demora en consultas y proce-dimientos.”Especial atención merece el gasto farmacéutico,

que en Castilla-La Mancha representa casi el 30%del gasto total del Servicio de Salud, y con un incre-mento entre 2002 y 2003 del 15,11% (la medianacional está en 12%). Nuevamente he de citar a laCámara de Cuentas de Andalucía y a su reciente fis-calización del gasto farmacéutico de 2002, en la quese afirman cosas tan interesantes como éstas:• En general, en el cumplimiento de los objetivosde Contrato Programa relativos a prestación far-macéutica no se ha logrado la eficacia prevista.

• La prescripción de determinados medicamentosanalizados –que se consideran por las autoridadessanitarias eficaces, eficientes y seguros– seencuentra todavía alejado de las previsiones delo rg a n i s m o .

• Se recomienda que se estudie la conveniencia deproceder a la adquisición centralizada de algunosproductos farmacéuticos de alto coste.No quiero extenderme más; son botones de

muestra que nos indican hacia dónde avanza nues-tro trabajo de control desde la asunción de las nue-

vas competencias. Pero no quisiera terminar lorelativo a la sanidad sin hacer referencia a un recien-tísimo estudio –de mayo de 2005– realizado por laFederación de Asociaciones para la Defensa de laSanidad Pública. Según se dice en el mismo, es laprimera vez que se realiza una aproximación objeti-va a la comparación de los distintos ServiciosRegionales de Salud desde la finalización de lascompetencias sanitarias, y supone la constatación devarios hechos relevantes:

Uno de ellos, al que me quiero referir es que seha producido un amplio distanciamiento entre losdistintos SRS, tanto en dotación como en funcio-namiento. La mayoría alcanzan un aprobado res-pecto de los parámetros analizados, pero se conclu-ye –cito textualmente– que “se precisa desarrollarinstrumentos que garanticen una mejor y másactualizada información sobre las actividades delos SRS y una mayor cohesión del SistemaNacional de Salud.”

Enlazo con ello, con las reflexiones que hacía alcomienzo en torno a la garantía de la solidaridadinterterritorial. A modo de CONCLUSIONES:• La culminación del proceso de transferencias hacenecesario un nuevo sistema de financiación quegarantice la suficiencia financiera de las comuni-dades autónomas y al mismo tiempo la solidaridadentre las mismas.

• Las nuevas competencias asumidas han hecho máscomplejo el trabajo de fiscalización, pero, almismo tiempo, han abierto nuevos horizontes almismo en el campo de la auditoría operativa.

• Los Órganos de Control Externo regionales, ymuy especialmente el Tribunal de Cuentas delEstado como Órgano transversal, estamos llama-dos a desempeñar un importante papel en lagarantía de que todos los ciudadanos reciban unosservicios públicos económicos, eficientes y efica-ces. Ahí esta la clave, a mi juicio, de la tan necesa-ria cooperación, coordinación o colaboración; llá-mese como se quiera, entre unos y otro: la garan-tía de la solidaridad interterritorial.