La España actual (1975-2004)

HISTORIA DE ESPAÑA

2º BACHILLERATO

Prof. Antonio Parada Moreno

Ud. La España actual (1975-2004)

HISTORIA DE ESPAÑA Ud. La España actual (1959-1975)

2º BACHILLERATO Página 2

1. LOS INICIOS DEL REINADO DE JUAN CARLOS I Y LA TRANSICIÓN

DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA (1975-1982)

La transición española se inició en noviembre de 1975 con la

proclamación de Juan Carlos I como rey de España y concluyó con la

llegada del Partido Socialista Obrero Español al poder en octubre de 1982

(aunque en su dimensión institucional el proceso habría acabado con la

proclamación de la Constitución en 1978).

La España post-franquista. El gobierno de Arias Navarro.

La España de 1975

El cambio político que tuvo lugar en España a partir de 1975 se produjo en

una España que ofreció condiciones favorables para el desarrollo de una

democracia: una amplia clase media, un estimable nivel de renta, un

grado de modernización aceptable y el deseo de la mayoría de sus

habitantes de vivir en el seno de un régimen político democrático.

El contexto internacional también era propicio: el mundo estaba entrando

en un periodo de disensión generado por el comienzo de la “coexistencia

pacífica”.

Con todo, las dificultades para la implantación de la democracia eran

considerables.

Vías de actuación política ante el futuro

Las vías políticas que se abrían en España en 1975 tras la muerte de

Franco eran tres:

El continuismo político o lo que es lo mismo, el mantenimiento del

régimen franquista bajo la fórmula política de una monarquía

autoritaria.

El rupturismo. O ruptura con la dictadura y su legado y la

construcción de un nuevo sistema político liderado por fuerzas

democráticas.

La reforma o transición, es decir, el cambio progresivo de régimen

político sustituyendo la vieja legalidad franquista por una nueva,

de carácter democrático, a partir de las instituciones y legislación

ya existentes.



La continuidad de Arias Navarro al frente del gobierno

El 22 de noviembre de 1975, conforme a las previsiones sucesorias, Juan

Carlos de Borbón asumió la jefatura del Estado a título de rey con el

nombre de Juan Carlos I y su discurso de proclamación explicitó las

intenciones de la Corona de propiciar un futuro abierto al concurso de la

nación.

El 4 de diciembre de ese mismo año confirmó como presidente del

gobierno a Carlos Arias Navarro, último presidente de la dictadura. En

dicho gobierno se integraron algunos reformistas como Manuel Fraga,

José María Areilza o Antonio Garrigues.

Al principio, gobierno y oposición democrática defendieron proyectos

políticos antagónicos. Aunque el gobierno Arias concedió un indulto

parcial y redujo el grado de represión (lo dirigió especialmente hacia los

comunistas), en ningún caso consideró la posibilidad de transformar el

franquismo en un auténtico sistema democrático. Se movió en la lógica de

perfeccionar el régimen y a lo sumo, concebir una democracia limitada y

controlada. Los únicos cambios se canalizaron a través de la reforma de

varias Leyes Fundamentales y determinadas leyes ordinarias.

Ante la el ritmo de las reformas, sino su paralización, el rey forzó la

dimisión de Arias, que se produjo el 1 de julio de 1976.

La construcción de la democracia. El gobierno reformista de Adolfo

Suárez.

Las iniciativas reformistas. La Ley de Reforma Política.

El 3 de julio de 1976, el rey designó como presidente del gobierno a

Adolfo Suárez, que provenía del franquismo y había sido ministro en el

gobierno anterior. La elección fue posible tras una hábil maniobra política

en la que Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y antiguo

preceptor de don Juan Carlos jugó un papel esencial. La oposición recibió

su nombramiento con recelo y frustración.

A mediados de julio, el gobierno hizo pública una declaración

programática en la que se contemplaba el principio de que la soberanía

residía en el pueblo español y se fijaba la fecha del 30 de junio de 1977

como fecha límite para celebrar unas elecciones generales. Días después

concedía una amplia amnistía, lo que sorprendió muy gratamente a buena

parte de los españoles.

Y es que el gobierno se proponía el paso de la dictadura a la democracia

mediante un proceso de cambios políticos que se efectuarían de acuerdo

con la legalidad franquista y a través de los canales institucionales que la

misma establecía. O lo que en palabras de Torcuato Fernández Miranda

era «ir de la ley a la ley a través de la ley».

Para conseguirlo, las actuaciones del gobierno fueron tres:

Intentar aislar a la extrema derecha para reducir los efectos de su

lucha contra las reformas.



Buscar el máximo respaldo de franquistas y los llamados poderes

fácticos (*). Pidió al ejército un compromiso, al menos pasivo, con

el proceso democrático, y es que las fuerzas armadas, columna

vertebral de la dictadura franquista, no estaban preparadas para

asumir una democracia. Muchos de sus miembros aceptaron la

reforma por lealtad al rey y por disciplina. También dio sus frutos

la labor del general Manuel Gutiérrez Mellado como

vicepresidente del Gobierno.

Recabar el apoyo de la oposición política y forzar el abandono de

su línea rupturista. El gobierno rebajó los niveles de represión,

facilitó mayor de libertad de movimiento a las organizaciones

democráticas y comenzó a contactar con algunos de sus líderes.

Pero el instrumento más eficaz y legal para lograr la transición a la

democracia fue la Ley para la Reforma Política aprobada en las Cortes

franquistas el 18 de noviembre de 1976 y sometida y aprobada en

referéndum el 15 de diciembre de ese mismo año. Socialistas, comunistas

y nacionalistas solicitaron la abstención. La extrema derecha y extrema

izquierda recomendaron el voto negativo. Pero fue aprobada por el 81%

de los votantes.

Algunos aspectos fundamentales de las Ley eran:

El reconocimiento de la soberanía nacional.

La afirmación de inviolabilidad de los derechos individuales.

La creación de unas Cortes democráticas bicamerales elegidas por

sufragio universal (excepto un 20% de senadores que el rey

quedaba facultado para nombrar directamente). Estas Cortes



podían modificar las Leyes Fundamentales o establecer una nueva

legalidad.

Las políticas del consenso

Los resultados del referéndum del 15 de diciembre de 1976 reforzaron al

gobierno. Pero la actitud cada vez más hostil de la ultraderecha y la

continua acción terrorista de ETA y, ocasionalmente, de algunos grupos

de ultraizquierda entorpecían la labor del gobierno, en tanto que los

acciones indiscriminados empezaron a sucederse (5 abogados laboralistas

de CCOO asesinados por ultraderechistas, 3 policías asesinados por el

GRAPO, secuestro del presidente del Consejo de Estado,…)

En este clima, el gobierno y la oposición intensificaron sus contactos y la

oposición política aceptó el camino de la reforma para implantar la

democracia.

El gobierno, antes de celebrarse las elecciones generales, se propuso

avanzar en la normalización política del país. Para ello:

Suprimió el Tribunal de Orden Público (dedicado a la represión

política), concedió una nueva amnistía y aprobó una normativa

electoral que establecía un sistema proporcional corregido.

Modificó la Ley sobre el derecho de asociación política (aprobado

en 1976 con Arias Navarro) para permitir legalizar todos los

partidos políticos, se decretó la extinción del Movimiento

Nacional y se reconoció el derecho a crear libremente sindicatos.

Se restablecieron relaciones diplomáticas con los países del Este y

Méjico.

Las elecciones de 15 de junio de 1977 configuraron unas Cortes en las que

ningún partido político alcanzó la mayoría absoluta.

La Unión de Centro Democrático (UCD), liderado por Adolfo

Suárez fue el partido más votado (rozando la mayoría absoluta).

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe

González fue el segundo partido más votado y se constituyó en la

principal fuerza de oposición.

A considerable distancia quedaron el Partido Comunista de

España (PCE) liderado por Santiago Carrillo, Alianza Popular (AP)

de Manuel Fraga y los partidos nacionalistas, el Partido

Nacionalista Vasco (PNV) de Xavier Arzallus y Convergencia

Democrática de Cataluña (CDC) de Jordi Pujol.

La elaboración de la constitución se convirtió en el eje de la vida política

nacional hasta su aprobación en diciembre de 1978. No obstante,

paralelamente se abordaron otros asuntos de gran importancia:



Se acometió la reforma territorial del Estado mediante las

preautonomías La catalana (con el regreso del exilio del president

Tarradellas) y la vasca fueron las primeras.

Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales

firmaron los Pactos de la Moncloa noviembre de 1977) con objeto

de sanear y reformar la economía española profundamente

afectada por la crisis desde 1974. Sus contenidos más relevantes

eran estos:

o Política monetaria restrictiva.

o Reducción del gasto público.

o Devaluación de la peseta.

o Crecimiento moderado de los salarios.

o Reforma del presupuesto y control de la Seguridad Social.

o Reforma fiscal.

o Modernización del sistema financiero.

o Nuevo marco de relaciones laborales.

Se aprobaron medidas de reforma fiscal

Las Cortes acordaron una nueva amnistía.

La debilidad del nuevo sistema político.

Las elecciones de 1979: el deterioro de la vida política.

La aprobación de la nueva constitución fue un hito muy importante en el

avance del proceso de democratización, pero era necesario desarrollarla y

aplicar una política que acabara con las instituciones y prácticas

autoritarias que aun pervivían. Por otro lado, UCD empezaba a mostrar

signos de agotamiento.

Adolfo Suárez convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 y

elecciones municipales para el 1 de abril. La oposición democrática

reclamaba su celebración porque los ayuntamientos y diputaciones

continuaban en manos de las autoridades franquistas.

Las elecciones generales dieron unos resultados similares a los de junio de

1977: ni reforzaron a la UCD ni dieron el triunfo al PSOE. En las elecciones

municipales, UCD obtuvo el mayor número de concejales, pero el PSOE

consiguió una gran presencia en los núcleos urbanos y un pacto entre este

partido y el PCE y los nacionalistas permitió a los socialistas gobernar en la

mayoría de las grandes y medianas ciudades.

Progresivamente, la acción política se guió más por la dinámica gobierno-

oposición y el gobierno Suárez, sin mayoría absoluta e importantes

disensiones en su seno comenzó a tener problemas para sacar adelante

sus propuestas de gobierno.

En mayo de 1980, los socialistas promovieron una moción de censura

contra Adolfo Suárez, que si bien no prosperó, le debilitó a nivel político

profundamente. Ante el fraccionamiento de la UCD y el cuestionamiento

de su liderazgo, Adolfo Suárez presentó su dimisión al rey el 28 de enero

de 1981.



El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981

La principal amenaza al sistema democrático provenía de sectores

hostiles al proceso de transición a la democracia que pervivían en el seno

del ejército. No aceptaban la legalización del Partido Comunista, el

proceso autonómico y la anunciada reforma del ejército. Para añadir

mayor malestar e inestabilidad se sumaban los sucesivos atentados

terroristas.

El 23 de febrero de 1981, cuando se desarrollaba en el congreso la

votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente

del Gobierno, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo

mientras el capitán general de la II región militar, sacaba los tanques a las

calles de Valencia.

El golpe era el resultado de una trama en la que estaban implicados tanto

mandos de la Guardia Civil como del Ejército (el general Armada), así

como políticos involucionistas. Los objetivos de los golpistas eran

confusos pero les unía su intención de paralizar el proceso de transición a

la democracia y otorgar al Ejército un papel relevante en el gobierno de la

nación.

La comparecencia del rey en televisión a altas horas de la madrugada (tras

la realización de numerosas gestiones para asegurarse de la fidelidad de

los mandos militares a la Constitución y a la Corona) en la que descalificó

a los sublevados y respaldó de forma inequívoca el régimen constitucional

fue decisiva para abortar el golpe.

La intentona militar puso de relieve la fragilidad del sistema democrático.

El monarca convocó al día siguiente a los líderes parlamentarios para

reafirmar la lealtad de todos para con las instituciones.

El gobierno de Calvo-Sotelo

El 25 de febrero era investido presidente del Gobierno Calvo Sotelo. Éste

inició una política de consenso, especialmente con el PSOE. En cuanto a

sus actuaciones más relevantes destacan:

La delimitación al máximo del número de responsables acusados

de participar en el golpe de Estado. No obstante, recurrió –con

éxito- ante el Tribunal Supremo las bajas sentencias dictadas

contra los golpistas por el tribunal militar que les juzgó.

Aprobó la Ley del Divorcio y la LOAPA (o Ley Orgánica de

Armonización del Proceso Autonómico) que pretendía limitar las

competencias de las comunidades autónomas y una transferencia



escalonada de las mismas. Los nacionalistas la recurrieron ante el

Tribunal Constitucional y, en parte, fue rectificada.

Autorizó la incorporación de España a la OTAN (Organización del

Tratado del Atlántico Norte) sin el apoyo de los socialistas.

Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 28 de

octubre de 1982. En éstas, el PSOE obtuvo un triunfo espectacular y

consiguió la mayoría absoluta. AP se sitúo en segundo lugar pero a gran

distancia. El PCE sufrió un espectacular descalabro y los nacionalistas

mantuvieron el apoyo de convocatorias anteriores.

2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

ESPAÑOL: PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y EL ESTADO

AUTONÓMICO. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA

MANCHA.

La Constitución de 1978: principios, instituciones y el Estado

autonómico.

El proceso constituyente. La ponencia constitucional y su aprobación

Una ponencia de siete miembros del Congreso de los Diputados comenzó

a redactar el texto de la Carta Magna. La integraban Gabriel Cisneros

(UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-

Llorca (UCD), Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Miguel

Roca (CiU) y Jordi Solé Tura (PCE). La elaboración del texto constitucional

respondió por primera vez en la historia de España, a una negociación

entre los más importantes partidos políticos y fue fruto de un gran pacto

nacional entre ellos.

La Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978.

Obtuvo un respaldo muy amplio. Sólo un muy reducido número de

parlamentarios de extrema derecha y extrema izquierda votaron en

contra. El PNV se abstuvo. El pueblo español la ratificó en referéndum el 6

de diciembre de ese mismo año. Participó en la consulta el 67,1% del

censo y obtuvo un respaldo del 87,8% de los votos. El rey la sancionó el

día27 de diciembre.

La Constitución de 1978. Caracterización

La constitución tiene un carácter progresista, ambigua en determinados

puntos, producto del consenso, lo que permitía que su desarrollo

legislativo fuese asumido tanto por la derecha como por la izquierda

democráticas.



La Constitución, que consta de un preámbulo, una parte dogmática y una

parte orgánica:

Propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sus

principios fundamentales son el Estado social y democrático de

derecho, la monarquía parlamentaria y el Estado autonómico.

Junto a los derechos políticos tradicionales, enumera un conjunto

de derechos sociales que suponen una apuesta por el Estado del

bienestar en el marco de una economía social de mercado.

El Rey es el jefe del Estado. Sus funciones, tasadas en el texto

constitucional, son las de ejercer la máxima representación del

Estado, arbitrar en el normal funcionamiento de las instituciones

y el mando supremo de las fuerzas armadas.

Consagra la división de poderes:

o Las Cortes, formadas por el Congreso de los Diputados y

el Senado, son el órgano supremo de la soberanía

nacional. Elaboran las leyes, controlan la acción del

gobierno y aprueban los presupuestos generales del

Estado.

o El gobierno ostenta el poder ejecutivo, dirige las

administraciones civil y militar y conduce la política

interior y exterior.

o El poder judicial se configura como garante del

cumplimiento de las leyes y administrador de la justicia.

Lo integran tribunales y jueces independientes y

profesionales.

Reconoce las particularidades regionales y permite la

descentralización de ciertos poderes del Estado al posibilitar la

creación de comunidades autónomas. Estos entes se podían llevar

a la realidad con la aprobación de los respectivos estatutos de

autonomía que contemplan las competencias e instituciones de

autogobierno de cada una de ellas. La Constitución previó dos vías

para acceder al autogobierno: una rápida orientada a las definidas

en la Constitución como “nacionalidades históricas” y otra lenta

para ser aplicada a las regiones que aspirasen al autogobierno.

Los primeros estatutos en ser aprobados fueron los de Cataluña y

el País Vasco en 1979.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo se

constituyeron en comunidad autónoma, con la denominación de Castilla-

La Mancha de acuerdo a lo establecido en la constitución de 1978; en

concreto al amparo de su artículo 143 (“comunidades de vía lenta”). Se

trata de territorios que históricamente pertenecieron al reino de Castilla.

Antonio Fernández Galiano (miembro de UCD) fue nombrado presidente

del ente preautonómico castellano-manchego en noviembre de 1978.

Su estatuto de autonomía, posteriormente reformado, se aprobó el 10 de

agosto de 1982 y accedió al autogobierno el 16 de ese mismo mes con su

publicación en el Boletín Oficial del Estado. La primera reunión de las



Cortes tuvo lugar el 31 de mayo de 1983, que desde entonces se ha

convertido en el Día de la Región.

De acuerdo al estatuto de autonomía:

Las instituciones de gobierno de la Comunidad Autónoma son

tres: las Cortes regionales, el Consejo de Gobierno y el Presidente

de la Junta.

El órgano superior de justicia en la región es el Tribunal Superior

de Justicia de Castilla-La Mancha.

Los retos regionales son su escasa población (unos 22 hab/km2), el

excesivo peso del sector agrícola en la economía regional precisado de

una mayor diversificación y su excesiva dependencia de Madrid como

centro comercial y de servicios.

3. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS Y LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA

EN LA UNIÓN EUROPEA.

Los gobiernos del PSOE

La llegada del PSOE al gobierno (1982-1986)

El triunfo socialista en las elecciones de 1982 terminó con la inestabilidad

política del gobierno de Calvo Sotelo, cerró la transición e inauguró la

consolidación democrática.

Los socialistas habían evolucionado a lo largo de la transición. Su proyecto

político había dejado de contemplar objetivos revolucionarios. Liderado

por Felipe González y Alfonso Guerra, se presentó a las lecciones con un

programa de numerosas reformas pero sin cuestionar el modelo social y

económico de Europa occidental. Se presentó como un partido con

vocación de gobierno y se benefició de ser una fuerza política muy

cohesionada en torno a su dirección.

El PSOE consiguió una espectacular victoria con más de diez millones de

votos que pronto se vio reforzada con otra victoria más en las elecciones

municipales y autonómicas de 1983. Pese a sus reformas, los socialistas

no rompieron el entendimiento con los tradicionales poderes económicos

e institucionales. Sin embargo, recibió una fuerte contestación por parte

de los sindicatos, que rechazaron aspectos importantes de su política

económica y progresiva liberalización del mercado de trabajo.

El 3 de diciembre de 1982 Felipe González constituía el primer gobierno

enteramente socialista de la historia de España y empezó a afrontar con

gran pragmatismo y moderación los graves problemas que aquejaban a

España. Así:

Para sanear la economía, se apostó por una mayor liberalización

de ésta, se acometió una política de ajustes, se flexibilizó el

mercado de trabajo y se intensificó la reconversión industrial

Para mejorar el Estado del bienestar, se impulsó la legislación

sobre derechos y libertades (objeción de conciencia,

despenalización del aborto en determinados supuestos, asistencia

legal o hábeas corpus), se abordó la reforma del sistema



educativo (leyes de reforma universitaria y del derecho a la

educación) y se avanzó hacia la cobertura universal (ley general

de sanidad)

Para adecuar el Ejército a la nueva realidad española se acometió

la reforma de las fuerzas armadas, reduciendo su tamaño,

haciéndolo más operativo e impulsando la supremacía del poder

civil sobre el mismo.

En política exterior, el gobierno socialista abandonó postulados

anti-imperialistas y neutralistas y promovió una política

internacional posibilista, que establecía como objetivos

prioritarios la Comunidad Económica Europea (nuestra

incorporación tuvo lugar el 1 de enero de 1986) y la OTAN (a la

que continuamos perteneciendo tras un referéndum celebrado en

marzo de 1986), así como el acercamiento a Iberoamérica (se

impulsó el proyecto de Comunidad Iberoamericana de Naciones) y

el área mediterránea (para favorecer la estabilidad en el norte de

África). También se reconoció al Estado de Israel (1986).

El asentamiento del PSOE en el poder (1986-1993)

España, una vez saneada su economía, aprovechó la expansiva coyuntura

internacional de la segunda mitad de los ochenta. La prosperidad

económica (el PIB crecía a un ritmo casi del 4,5% anual) permitió ampliar

el Estado del bienestar, de tal manera que:

Se produjo la universalización de la cobertura sanitario-

farmacéutica, el seguro de desempleo se extendió al 60% de los

parados y se aprobaron las pensiones no contributivas.

Se intensificaron las inversiones educativas y se extendió la

enseñanza básica y obligatoria hasta los 16 años con la

aprobación de una nueva ley educativa (LOGSE).

Se aprobaron la Ley de Huelga y la Ley de Seguridad Ciudadana.

Para hacer frente al incremento del gasto público se llevó a cabo

una notable subida de impuestos (la presión fiscal pasó del 28,1%

del PIB en 1982 al 35% en 1990)



Esta política marcadamente social se compaginó con medidas

monetaristas para bajar la inflación y garantizar los beneficios

empresariales.

En política exterior, España presidió por primera vez la Comunidad

Europea, intervino en la guerra del Golfo (1991) y celebró en Madrid la

Conferencia de Paz sobre Oriente Medio (1991).

Pero en 1992 la economía española empezó a mostrar signos claros de

recesión y España no cumplía los requisitos acordados en el tratado de

Maastricht (1992) (*) para poder participar en una futura integración

monetaria europea. El gobierno respondió con un duro Plan de

Convergencia con Europa que resultó ineficaz. El descontento social se

extendió a partir de 1986 y acabó erosionando notablemente la

credibilidad del gobierno. CCOO y UGT rompieron sus tradicionales

buenas relaciones con el PSOE y convocaron dos huelgas generales para el

14 de diciembre de 1988 (que paralizó totalmente el país) y el 28 de mayo

de 1992.

El declive del PSOE (1993-1996)

El desencanto con el gobierno y el PSOE fue aumentando desde que el

PSOE y ciertas instituciones del Estado se vieron involucrados en algunas

prácticas de corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal.

Felipe González se vio obligado a adelantar las elecciones. Se celebraron

el 6 de junio de 1993. De nuevo venció el PSOE pero sin mayoría absoluta

lo que le llevó a formar una alianza parlamentaria con la minoría

nacionalista catalana a cambio de un acuerdo de cesión a las

comunidades autónomas del 15% del IRPF (*). El gobierno dedicó sus

máximos esfuerzos a luchar contra la crisis económica y lograr la entrada

de España en el euro. Sus actuaciones más relevantes fueron una mayor

liberalización del mercado de trabajo (a lo que de nuevo los sindicatos

respondieron con una huelga general el 24 de enero de 1994) y la

aprobación, entre otras disposiciones, de la Ley del Jurado, un nuevo

Código Penal, la abolición de la pena de muerte en tiempos de guerra, la

Ley del Voluntariado.

Pero la vida política española estuvo salpicada de escándalos desde 1993

(cobro de comisiones por parte del director general de la Guardia Civil y

gobernador del Banco de España, ingreso en prisión de personajes de la

vida económica, “guerra sucia” (*) del GAL (*) contra ETA,…

La vida pública se tensó extraordinariamente. El Partido Popular (antes

A.P., Alianza Popular) e Izquierda Unida (coalición en la que se integró el

PCE) junto a varios periodistas y medios de comunicación articularon una

durísima campaña de oposición y desprestigio del gobierno.

El PP en el gobierno (1996-2004)

La llegada de los populares al gobierno (1996-2000)

En las elecciones de 3 de marzo de 1996, venció el Partido Popular,

liderado por José María Aznar, pero sin obtener la mayoría absoluta.

Precisado del apoyo de algún otro partido para poder gobernar, el Partido

Popular y José María Aznar buscaron el apoyo, de nuevo, de los



nacionalistas catalanes de CiU. Lo consiguieron a cambio de la cesión del

30% del IRPF a las comunidades autónomas.

La recuperación económica iniciada en 1985 se consolidó durante el

mandato de los populares. Una política anti-inflacionista y de rigor

presupuestario junto a la buena coyuntura económica internacional

propiciaron un crecimiento superior al 3%. Se consiguió también que el

paro cayese al 15%. La consecuencia más relevante fue que España pudo

incorporarse al grupo de países fundadores del euro.

Entre las actuaciones más relevantes de la legislatura destacan:

El impulso y aceleramiento de la privatización de grandes

empresas públicas (Repsol, Endesa, Telefónica, etc.), un proceso

emprendido de forma cautelosa por los gobiernos socialistas.

Se prosiguió con la liberalización de los mercados de gas,

electricidad y petróleo.

Se aprobó la Ley del Suelo (1998)

Se flexibilizó más el mercado laboral.

España se incorporó a la estructura militar de la OTAN y participó

en las operaciones de bombardeo de la Alianza Atlántica contra

territorio yugoslavo en la guerra de Kosovo.

Se culminó el proceso de profesionalización de las Fuerzas

Armadas. Estas quedaron reducidas a 150.000 efectivos y se

aprobó la supresión del servicio militar obligatorio a partir de

2003.

El Partido Popular pretendió reforzar su situación con el objetivo de

conseguir lograr un mayor apoyo social. Dirigió su estrategia a reducir el

apoyo social al PSOE, resaltando sus escándalos y errores de gobierno

para descalificar su labor como principal partido de oposición. Esta

estrategia generó un importante ambiente de crispación política y social.

Y es que las dificultades que parecía encontrar el PP para ensanchar su

base electoral tenían más que ver con la imagen (que arrastraba del

pasado) de partido situado muy a la derecha que con la mediocre

oposición que el PSOE realizaba al gobierno popular. En consecuencia,

desde 1998, el PP cambió su orientación política e inició un “viraje al

centro político” y confió en que la buena coyuntura política ampliara sus

apoyos.

El asentamiento del PP en el poder (2000-2004)

En las elecciones de 12 de marzo de 2000, el Partido Popular consiguió la

mayoría absoluta. El segundo mandato de José María Aznar se caracterizó

por la buena situación económica, pero el ejecutivo gobernó de manera

distinta a la anterior legislatura. Entre sus actuaciones más destacadas

sobresalen:

La aprobación de la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica de

Universidades, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza y la Ley

de Partidos.

La aprobación del Plan Hidrológico Nacional que preveía el

trasvase grandes trasvases de agua de unas cuencas a otras y que



generó importantes tensiones con las comunidades autónomas

afectadas.

La aprobación de la reforma del subsidio de paro. Ésta llevó a las

organizaciones sindicales a la convocatoria de una huelga general

para el 20 de junio de 2002.

El gobierno popular protagonizó un importante giro en política

internacional: se alineó férreamente a la política exterior de Estados

Unidos. De este modo, dio su apoyo a la invasión de Irak (2003; invasión

que no contaba con el apoyo de la ONU) como respuesta a los atentados

de Nueva York de 2001 (*).

El retorno de los socialistas al poder (2004-2008)

El impacto del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 que tuvo lugar

el Madrid y fue protagonizado por terroristas islamistas vinculados a Al-

Qaeda (*), protagonizó las elecciones generales del 14 de marzo. Las

previsiones auguraban una nueva victoria del Partido Popular, pero se

alzó con la victoria el PSOE, liderado a hora por José Luis Rodríguez

Zapatero. Las primeras decisiones adoptadas por el nuevo ejecutivo

fueron:

La retirada de las tropas españolas desplazadas a Irak con ocasión

de la invasión que había tenido lugar en 2003.

La derogación del Plan Hidrológico Nacional y la reforma de las

leyes educativas aprobadas por los populares.

La aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de

Mujeres y Hombres y la Ley de Dependencia.

Se renovaron algunos estatutos de autonomía con el objetivo de

incrementar el autogobierno de las comunidades autónomas

(Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía).

En las elecciones de marzo de 2008, el PSOE revalidó su triunfo y

consiguió una segunda legislatura para José Luis Rodríguez Zapatero.



VOCABULARIO

AL QAEDA. Organización terrorista que se constituye como un

movimiento de resistencia islámico que opera en todo el mundo. Su

fundador, líder inicial y mayor colaborador fue Osama bin Laden, un

multimillonario de origen saudí. Investigaciones recientes afirman que

Bin Laden fue financiado por la CIA en la lucha contra las tropas de la

Unión Soviética en Afganistán en plena guerra fría. El apoyo iba desde la

instrucción en combate hasta la entrega de armamento

Atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de atentados

terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por

miembros de la red yihadista Al Qaeda mediante el secuestro de aviones

de línea para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la

muerte a cerca de 3.000 personas y heridas a otras 6.000, así como la

destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva y graves daños

en el Pentágono, en el Estado de Virginia,

GAL. Grupos Antiterroristas de Liberación. Fueron agrupaciones

parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de

Estado o “guerra sucia” contra la organización criminal ETA y su entorno

Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los

Gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial contra esta

organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del

ministerio del Interior..

IRPF. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es una figura

impositiva del sistema tributario español. Es un impuesto personal,

progresivo y directo que grava la renta obtenida en un año natural por las

personas físicas residentes en España.

Poder fáctico. Es el que se ejerce al margen de los cauces formales (es

decir, que no coincide necesariamente con el aparato del Estado) y se

sirve de su autoridad informal o su capacidad de presión para influir

políticamente.

Tratado de Maastricht. Tratado firmado en 1992 (entró en vigor a partir

de 1993) por el que la Comunidad Económica Europea pasaba a

denominarse Unión Europea y establecía 3 pilares: la unión económica y

monetaria; avances en políticas social, exterior y de seguridad común, y

cooperación internacional en justicia y asuntos de interior.

La España actual (1975-2004)

Education

Transcript of La España actual (1975-2004)