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Conferencia FLACSO ISA 2014, Buenos Aires

Título:

La dinámica sociolaboral en el MERCOSUR:

Análisis de la agenda sindical de las centrales argentinas

Por: Tania Julieta Rodriguez

rodrigueztaniaj@gmail.com

Resumen:

En el marco de los conflictos entre el capital y el trabajo, el análisis de la organización de

los movimientos sindicales en América del Sur, en particular en Argentina, permite entender,

cuáles son las condiciones en las que se inserta y/o enfrenta en la actualidad la clase

trabajadora frente a un mercado laboral que se transforma a partir de las condiciones de los

modelos productivos que impulsan los gobiernos de cada país. Desde la creación del

MERCOSUR a nuestros días, la dinámica del mercado de trabajo regional y de los mercados

nacionales ha atravesado transformaciones asociadas a la dinámica de la lógica comercial del

bloque regional, a las políticas públicas y a las disputas sindicales derivadas del conflicto capital-

trabajo. Considerando la dimensión sociolaboral en el plano regional y nacional, nos

proponemos analizar los comportamientos y modalidades de acción de las instituciones

sindicales argentinas durante la última década (2003-2012). De qué modo la agenda

sociolaboral del MERCOSUR se integra a las agendas nacionales de las centrales sindicales

argentinas, será el eje problemático a abordar en este escrito. A partir de ello intentaremos

develar cómo impacta el contexto regional en la definición de las estrategias y los

comportamientos sindicales locales.

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Introducción

Desde la creación del MERCOSUR a nuestros días, la dinámica del mercado de trabajo

regional y de los mercados nacionales ha atravesado transformaciones asociadas a la

funcionamiento de la lógica comercial del bloque regional, a las políticas públicas y a las

disputas sindicales derivadas del conflicto capital-trabajo. A partir de la creación del

MERCOSUR, se produce la expansión de las fronteras de la gestión económica e institucional y

esto, por un lado, modifica la dinámica del mercado de trabajo y, por el otro, transforma la

institucionalidad sociolaboral regional.

Asimismo, en el plano nacional, a lo largo de las últimas dos décadas se plantean

notables diferencias entre el modelo de acumulación de la convertibilidad y el modelo de

desarrollo con inclusión social impulsado en Argentina en los últimos años. Las

transformaciones impulsadas durante los años recientes sobre el mercado de trabajo a través

de la generación de empleo, la recuperación de la institución del “salario mínimo vital y móvil”,

la reapertura de las paritarias, entre otras medidas generan transformaciones en la acción

sindical en lo relativo a su vínculo con el Estado y el propio proceso de integración regional.

Considerando la dimensión sociolaboral en el plano regional y nacional, este escrito se

propone analizar los comportamientos y modalidades de acción de las instituciones sindicales

argentinas a partir de la regionalización del mercado comercial para tratar de definir,

centralmente, la especificidad de la acción sindical durante la última década (2003-2012).

De qué modo la agenda sociolaboral del MERCOSUR se integra a las agendas nacionales

de las centrales sindicales argentinas, será el eje problemático a abordar en este escrito. A

partir de ello intentaremos develar cómo impacta el contexto regional en la definición de las

estrategias y los comportamientos sindicales locales.

Se afirma sostiene una hipótesis de trabajo que afirma que los sindicatos son actores

sectoriales que inciden en la regulación del mercado de trabajo y que a partir de la creación del

MERCOSUR, el marco de acción sindical para incidir sobre el mercado de trabajo se transforma

por la reestructuración productiva que genera la consolidación del proceso de integración

regional.

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La estructura de presentación del trabajo se compone centralmente de dos apartados.

El primero, aborda las transformaciones acontecidas en el mercado de trabajo de los países de

la región, principalmente de Argentina a partir de la regionalización del mercado, es decir, de la

creación e institucionalización del MERCOSUR. El segundo, aborda la etapa del modelo de la

postconvertibilidad en Argentina y del cambio en la orientación del proceso de integración

regional hacia una etapa de “consolidación positiva”. A lo largo de este escrito se buscará

incorporar elementos que permitan conocer la dinámica asumida por el sindicalismo argentino

en su relación con los modelos de acumulación, con el Estado y con el MERCOSUR. Hacia el

final, se plantean algunas relfexiones de síntesis y posibles interrogantes para continuar con la

investigación de la temática.

1. La regionalización del mercado y el modelo de la convertibilidad en Argentina

Creado en 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de los presidentes de

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y, logrando la personería jurídica en 1994 con el

Protocolo de Ouro Preto, el Mercado Común del Sur –MERCOSUR- se constituye inicialmente

como una Unión Aduanera en vistas a convertirse en un Mercado Común. Esto implica

fundamentalmente que, además de buscar la coordinación de políticas macroeconómicas y

sectoriales entre los cuatro países, se realizarían esfuerzos comunes para lograr la libre

circulación de bienes, servicios y factores productivos a través de la eliminación de las barreras

de libre mercado para alcanzar mejores niveles de “desarrollo con justicia social” para sus

pueblos (Tratado de Asunción: 1991). Si bien se pautó entre los gobiernos, un período de

transición hacia la concreción de estos objetivos, la conformación del Mercado Común no pudo

realizarse aún. De todos modos, el MERCOSUR representa en la actualidad, la experiencia más

avanzada de integración económica en la región.

Las reformas estructurales de la década de los ochenta y principios de los noventa en los

países de la región latinoamericana implicaron la desregulación del mercado laboral, así como

la destrucción de puestos de trabajo, con el consiguiente aumento creciente de la

desocupación y de la precarización laboral. (Neffa: 2009). En su mayoría, los países de la región,

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vivieron un proceso de desintegración de las protecciones básicas propias del mundo del

trabajo que condenó a grandes porciones de estas poblaciones a la incerteza sobre sus

condiciones de existencia. Todo ello en un contexto de sensación vertiginosa y de

incertidumbre generalizada característica de la sociedad posmoderna. (Abdala: 2005)

En el marco de estas reformas, el proceso de integración regional generó desde sus

inicios, una reestructuración económico-productiva que desató y/o profundizó en los mercados

laborales de los países del bloque, algunas tendencias que ya venían consolidándose a partir de

las reformas neoliberales emprendidas desde fines de los ochenta.

Como rasgo característico de sus primeros años de existencia, el MERCOSUR demostró

un buen desempeño en la dimensión comercial, situación manifiesta en el crecimiento notable

del comercio entre los países miembros. Sin embargo, este desarrollo comercial no tuvo efectos

sociales positivos sino que generó desocupación sectorial y el riesgo del “dumping social” entre

los países del bloque a partir de la competencia por los mercados internos respecto de países

extrabloque. Así, a pesar del reconocimiento de la dimensión social en la estructura

institucional del MERCOSUR, los derechos sociales y de ciudadanía no se constituyeron como

prioridad en la agenda de este período.

En el plano institucional, el MERCOSUR se constituyó también como reflejo de las lógicas

nacionales caracterizándose por el intergubernamentalismo con predominio de los poderes

ejecutivos (Presidentes, Cancilleres y Ministros de Economía), lo que contribuyó en estos años a

profundizar el predominio de una agenda estrictamente comercial más allá de que – como se

señalara anteriormente- el andamiaje institucional establecido en el Protocolo de Ouro Preto

(1994) incorporaba la dimensión social como un eje necesario para la consolidación del proceso

de integración regional.

De este modo, el MERCOSUR reflejó en sus inicios, las características del modelo de

acumulación financiera predominante en la década de 1990 en los países que conforman el

bloque. Concebido como respuesta a las transformaciones globales para potenciar la inserción

internacional de las economías de la región, el MERCOSUR no generó efectos positivos en su

dimensión social sino que más bien consolidó a nivel regional la tendencia que ya se verificaba

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en los países que lo integran en relación a la estructura de los mercados laborales locales: re-

restructuración sectorial que implicó una fuerte expulsión de mano de obra.

A partir de esto, es pertinente introducir, como parte del eje de análisis de este escrito,

algunas de las principales características del mercado de trabajo en Argentina durante el

modelo de la Convertibilidad para entender qué características asumió el modelo de

integración del MERCOSUR y que a la vez, se reprodujeron y potenciaron hacia la esfera local.

1.1. Modelo de acumulación de la Convertibilidad

La economía argentina, durante la década de 1990, emprendió un proceso de reformas

estructurales que favorecieron al libre mercado, con el objetivo de mejorar la asignación de

recursos a través de la eliminación de las distorsiones presentes en el sistema de precios

(Salvia: 2000). Las reformas estructurales fueron encabezadas por una profunda liberalización

comercial y financiera, la privatización de empresas públicas y la desregulación de muchas

actividades (Rozenwurcel: 2008).

El gobierno de Menem y sus ideólogos decidieron impulsar un “shock” institucional

neoliberal compuesto por un conjunto de políticas que incluyó la privatización de casi la

totalidad de las empresas estatales, la apertura de la economía y la desregulación de los

mercados. El saldo de este conjunto de políticas de impacto directo sobre la estructura

económico-productiva argentina, fue una “doble transferencia” de ingresos en beneficio de los

grandes capitales: la primera transferencia tuvo que ver con la regresividad de las políticas

planteadas que generaron una fenomenal transferencia de ingresos del trabajo al capital, la

regresividad del modelo; la segunda transferencia tuvo que ver con la heterogeneidad del

modelo, que promueve la creciente centralización del capital. (Schorr: 2010)

La inserción de la Argentina en el mercado mundial a partir de este proceso de

reprimarización requirió de una drástica caída de los salarios - el componente regresivo supone

un avance bajo distintas formas del capital sobre el trabajo. La heterogeneidad de este proceso,

se vinculó con el proceso de centralización y concentración económica que se produce en estos

años. Bajo esta orientación de la política comercial y financiera, se “construyó” una economía

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argentina con mayor apertura al mundo y con mayores niveles de dependencia en términos

económicos, productivos y financieros. Se trató de un modelo económico que impulsó un

proceso de largo plazo de desindustrialización, de reestructuración regresiva de la actividad

productiva con eje en un proceso de reprimarización muy grande y desintegración del

entramado productivo.

A partir de las reformas estructurales, el mercado de trabajo y la estructura sociolaboral

de la Argentina se modificaron. Uno de los principales resultados de estas políticas públicas fue

que los trabajadores del sector industrial sufrieron el deterioro de sus condiciones laborales y

de reproducción por causa de la contracción de la ocupación, la precarización laboral, la

segmentación de la clase trabajadora, la licuación del poder adquisitivo de los salarios y una

acelerada transferencia de ingresos hacia las fracciones más concentradas del capital.1

Este escenario de aplicación de políticas de ajuste, se reprodujo en mayor o menor

medida en los cuatro países que iniciaron el MERCOSUR. En este contexto, como señala Portela

de Castro (2007), la hipótesis de que el MERCOSUR sirvió de cortina para la reducción tarifaria

unilateral tiene bastante asidero pues “ésta influyó decisivamente en los lineamientos que el

proceso asumió hacia el final de su primera etapa (1993/94), cuando las prioridades se reducían

a la aplicación inflexible de un cronograma de reducción arancelaria. La liberalización comercial

no fue interrumpida por las dificultades en la armonización de políticas macroeconómicas, a

pesar de su importancia para la constitución de un mercado común, dado que las decisiones

últimas se subordinaban a los planes nacionales de estabilización, especialmente al plan Cavallo

(Argentina) y el Real (Brasil)”.

Estos procesos de reforma y apertura, con las particularidades que asumieran en cada

uno de los países del MERCOSUR, determinaron el perfil netamente comercial del bloque

durante esta década a partir de la intensificación de los vínculos comerciales intra e

interregionales (Bouzas y Svarzman: 2000).

1 Entre 1991 y 1998, la producción industrial se incrementa un 35% y el desempleo aumenta un 16%. Lo que

se produce es una intensificación en los ritmos de trabajo de los obreros ocupados en el sector. La industria local

registra para esos años una elasticidad-empleo de -2,2%: por cada punto porcentual que creció la producción, el

empleo sectorial declinó más del 2% (Schorr: 2010).

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En suma, las políticas de ajuste instrumentadas durante fines de la década de los

ochenta y principios de los noventa, se tradujeron en la lógica inicial del proceso de integración

regional, con efectos semejantes en los cuatro países: crecimiento del desempleo y la

informalidad, flexibilización de derechos, pérdidas salariales, etc. Sin embargo, tales planes

fueron aplicados sobre realidades y mercados distintos, lo que produjo significativas diferencias

y generó que se agudizaran las disputas sindicales por preservar y/o ganar puestos de trabajo.

(Portella de Castro: 2007).

Hacia fines de los años noventa, la región había logrado importantes avances en

términos de integración comercial pero la distribución de sus beneficios no era equitativa ni

entre los Estados ni al interior de los mismos. (Vazquez y Perrota: 2009). La estructura del

mercado de trabajo se transformó en esta etapa y, la puesta en marcha de un proceso de

integración regional con las características que asume el MERCOSUR en sus primeros años,

reforzó dichas transformaciones.

En este escenario, se desarrolló la acción de las centrales sindicales de la región, que

también se vio modificada por las tendencias de los mercados de trabajo, ya fuera por la escala

de la acción como por la nueva etapa que asumió el neoliberalismo en la región.

1.2. La acción sindical frente a las transformaciones del mercado de trabajo

Como se señaló en el apartado anterior, los cambios producidos a partir de las reformas

estructurales en América Latina desde mediados de la década de los ochenta y particularmente

a comienzos de los noventa, generaron un proceso de re-estructuración del mundo del trabajo.

Se observó a partir de esto, una creciente heterogeneidad de los actores productivos, con

predominio de las empresas por sobre los trabajadores y los sindicatos, nuevas modalidades de

relaciones laborales producto de las reformas laborales y la flexibilización laboral y el

despliegue de nuevas tecnologías que, paradójicamente, mermaron el empleo industrial y

produjeron la aparición del desempleo estructural.

En el caso del mercado de trabajo local, éste último fenómeno se tradujo en una

reconfiguración de “la clase trabajadora” que se manifestó en diversas categorías

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clasificatorias: hay una división entre trabajadores y desempleados, trabajadores estables y

trabajadores temporarios, trabajadores de grandes empresas y trabajadores de pymes,

trabajadores formales y trabajadores informales, entre otras.

En un contexto internacional de consolidación de la llamada “segunda gobalización

financiera”, ante la reducción del papel del estado, la apertura de los mercados, la

profundización de los cambios tecnológicos en los procesos productivos y de trabajo y la

flexibilización de los sistemas de relaciones laborales, el sindicalismo en la región y en Argentina

en particular, desarrolló acciones de resistencia ante el debilitamiento de las estructuras

sociolaborales y de su propio accionar sindical ante la profundización de un proceso de

atomización y empobrecimiento de las clases trabajadoras.

Puede decirse que, desde los inicios del MERCOSUR en 1991 y particularmente a partir

de 1994 con la firma del Protocolo de Ouro Preto que creó la estructura institucional del

bloque, las centrales sindicales de los países miembros se preocuparon por lo que podía ocurrir

en términos de empleo y derechos laborales (Jacobsen: 1998; Portella de Castro: 2007). La

acción sindical ha sido uno de los incentivos fundamentales al incipiente desarrollo de la

dimensión social del Mercosur.

Asimismo, estas acciones han sido indispensables para el reconocimiento pleno de esta

materia en el proceso de integración regional. Sin embargo, la eficacia de una acción sindical

encaminada a la construcción del espacio social del Mercosur requirió de un

redimensionamiento del sindicato y de su actividad. En efecto, la puesta en marcha del

Mercosur como zona de libre comercio y unión aduanera, así como su tendencia a constituirse

en una nueva entidad política más o menos unitaria, provocaron la internacionalización del

contexto geográfico, político y económico de las relaciones laborales. En otras palabras, se

internacionaliza el escenario de relaciones laborales, y ese nuevo escenario internacionalizado

requería actores sociales también internacionalizados. (Ermida Uriarte: 1997)

La acción sindical de las centrales de los países de la región y de Argentina en particular -

fundamentalmente de la fracción de la Confederación General del Trabajo (CGT) que se nuclea

en el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y la Central de los Trabajadores

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Argentinos (CTA)2-, buscó sostener la participación en los debates y agenda sociolaborales del

bloque impulsando la creación de espacios institucionales y sosteniendo las cumbres de las

centrales sindicales del Cono Sur que se iniciaran en 1986. La acción de las centrales sindicales

argentinas durante la década de los noventa se vio replegada fundamentalmente a la

resistencia al avance de las políticas neoliberales que se impulsaron en el país.

Los efectos del neoliberalismo sobre el mercado de trabajo argentino, permiten

vislumbrar los rasgos característicos del campo de acción sobre el que se erigieron las

estrategias sindicales durante la década de los noventa. Durante esta etapa, los sindicatos

constituyeron uno de los actores centrales en las disputas contra el Estado neoliberal y, bajo las

distintas estrategias - participación, supervivencia o resistencia-, formaron parte de las luchas

políticas y sociales con otros actores sectoriales en el marco del una fuerte re-estructuración

productiva, económica y financiera del modo de acumulación capitalista en nuestro país.

En líneas generales, el mapa de posicionamientos sindicales al inicio de la década de los

noventa (CGT-San Martín de tendencia participacionista, CGT-Azopardo de tendencia

negociadora y posteriormente el surgimiento de la CTA de tendencia confrontacionista) no sólo

está determinado por las tradiciones ideológico-políticas a las que los gremios adhirieron

históricamente sino que fundamentalmente responden a la posición frente a la política

económica y la política laboral del menemismo durante estos años. Asimismo, una variable que

incide en el posicionamiento sindical respecto al programa de gobierno de esos años, es el

otorgamiento de “incentivos selectivos” o al decir de Murillo (1997) de “beneficios

suplementarios”.3

Es importante señalar que el desmantelamiento de las capacidades productivas y de

regulación económica y financiera, aceleró los términos de la crisis de un Estado que padecía un

2 Más allá del caso del sindicalismo de tendencia participacionista, los sectores nucleados en el MTA y la

CTA protagonizaron la resistencia al neoliberalismo a lo largo de los años de gobiernos menemistas y la caída del modelo de la Convertibilidad.

3 El Gobierno brindó a los gremialistas participacionistas la posibilidad de participar del proceso de

privatizaciones de las empresas públicas como “sindicatos empresarios” a partir del manejo de un porcentaje cercano al 10% de las acciones de las empresas privatizadas. A lo largo del gobierno de Alfonsín se habían producido algunos agrupamientos entre la CGT y empresas vinculadas a la industria, al agro, el comercio y la construcción. Inicialmente estos acuerdos respondieron al rechazo de las políticas gubernamentales. Posteriormente, estos sindicatos accedieron al control de empresas generando nuevas convergencias con altos funcionarios del PJ. (Bravo y Espeche).

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proceso de desintegración desde 1976. La transición de este Estado hacia un “Estado mínimo”

transformó la dinámica de la estructura sociolaboral y esto tuvo, indefectiblemente, un fuerte

impacto en las instituciones sociolaborales, particularmente en los sindicatos. Las trayectorias

de la CGT y la CTA en esta etapa permiten sostener esta afirmación.

Por un lado, la CGT sufrió en esta década los impactos de la transformación de las

condiciones políticas y económicas en las que había desarrollado históricamente su accionar. El

proceso de grandes reformas estructurales implicó una amenaza a las formaciones corporativas

nacidas al calor de la vinculación entre sindicatos y Estado, a partir del primer gobierno de

Perón. Por su parte, la CTA realizó sus principales intervenciones contra los efectos del

neoliberalismo en el campo del sistema político ante un Estado que “se retira” de la regulación

económica, su estrategia se centra en tratar de incidir en el debate de la agenda pública.

Por su parte, considerando la dinámica sindical en el escenario regional, la experiencia

de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) que desde la década de los

ochenta y durante los noventa albergara los principales debates, posicionamientos y modos de

accionar de las centrales sindicales de la región, intentó desarrollar estrategias que permitieran

contribuir a los debates en torno a la consolidación del proceso de integración regional y al

desarrollo de un marco institucional sociolaboral que posibilitara el camino hacia la integración

y la equidad social en la región. Fue principalmente en el seno de la CCSCS que el sindicalismo

suramericano y en particular las centrales argentinas, sostuvieron acciones de resistencia a un

modelo de integración que reprodujera las desigualdades y la desindustrialización que se

producía en la región y mantuvo en agenda la necesidad de consolidar la institucionalidad

sociolaboral del bloque y de impulsar políticas de desarrollo con inclusión social.

Sin dudas, la “gran victoria” durante los primeros años de existencia del MERCOSUR, fue

la constitución de espacios de participación como el Foro Consultivo Económico y Social (FCES)

a partir del Protocolo de Ouro Preto (1994) que se constituyó en instancia regional con

secciones nacionales y reunió trabajadores, empresarios y otras organizaciones no

gubernamentales (Vigevani: 1996)

En esta misma senda, se destaca la participación de los trabajadores a través de su

representación sindical en los diversos subgrupos de trabajo temáticos, particularmente en el

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SGT 10 y en el Observatorio de Trabajo Mercosur inserto en este ámbito. La participación en

estos espacios permitió a los sindicatos una participación sectorial en las discusiones relativas a

los mercados comerciales y a los procesos productivos en la región.

Todas las demandas e iniciativas de esta etapa revelan por un lado, importantes señales

de resistencia y oposición al caracter excluyente de la globalización neoliberal y por el otro, la

capacidad de acción de los trabajadores y los sectores organizados de la sociedad en la disputa

por sostener el empleo y por recuperar condiciones de equidad social.

En síntesis, el sindicalismo en la región enfrentó en esta etapa, los avances estructurales

del neoliberalismo sobre las estructuras socioeconómicas y la desregulación de los mercados

laborales. El sindicalismo argentino, en lo relativo a la agenda regional, sostuvo la participación

en el marco de la institucionalidad sociolaboral del bloque constituyéndose, junto a las demás

centrales sindicales de los demás países, en actores claves del proceso de integración y de las

discusiones en torno a integración productiva, relaciones internacionales y negociación

institucional.

Podría definirse esta etapa del accionar sindical en relación con el MERCOSUR como una

etapa de participación consultiva, con diferencias respecto a la asumida hacia fines de 1980 en

la que la postura respecto a la conformación de un mercado común regional que fue más bien

una estrategia de acción limitada sin participación directa en las discusiones oficiales.

Es decir que, si bien el sindicalismo tuvo espacio para la acción en el marco de la

estructura institucional del bloque consolidándose en actor clave de la dimensión social del

proceso de integración, dicha participación tuvo lugar en el plano formal y de manera

consultiva sin poder lograr a través de ello, que sus posicionamientos y propuestas alcanzaran

carácter vinculante para definir los senderos del bloque en materia económica y laboral.

2. El cambio de época en la región y el modelo de la post-convertibilidad

El giro político que se produjo en los países del Cono Sur desde la Asunción de Lula Da

Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina –y posteriormente con la asunción de los

gobiernos populares en Uruguay y Paraguay- ha significado un cuestionamiento a la lógica

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neoliberal y ha contribuido a la profundización de la integración social y la unidad política del

bloque regional en una gesta que actualiza las aspiraciones que, hace dos siglos, inspiraran los

proyectos de San Martín y Bolívar.

Desde el año 2003, el MERCOSUR se encuentra en un período de “consolidación

positiva” inaugurado con la firma del Consenso de Buenos Aires ese año, que sentó las bases

para la re-construcción de un proceso de integración regional que fortaleciera una estructura

económico-productiva con desarrollo e inclusión social y con visibilización de las llamadas

“agendas no-comerciales” (derechos humanos, seguridad, educación, género, diversidad

cultural, entre otros temas).

La propia CCSCS destacó su optimismo en una carta que entregara a los presidentes de

la región en la Cumbre de Montevideo de 2003 en la que señalaba su entusiasmo y

compromiso “con las nuevas perspectivas que se abren con las declaraciones y

posicionamientos de los nuevos gobiernos a favor de retomar el proyecto de creación de un

mercado común para que sea un instrumento de construcción de un nuevo modelo de

desarrollo económico y social” (Portela de Castro: 2007).

A lo largo de esta última década, el MERCOSUR ha generado transformaciones sobre la

estructura económica y social de nuestra sociedad que pueden clasificarse en efectos

comerciales y económicos, institucionales y sociales. La recuperación económica sostenida en la

región - incluso considerando la crisis de 2008-2009 -, la ampliación del bloque con la

incorporación de países que eran asociados y solicitaron el ingreso pleno y la potencialidad

energética que esto supone con la incorporación de Venezuela y los procesos de incorporación

de Bolivia y Ecuador, dan cuenta de esta nueva etapa en la región, reflejo de los proyectos

políticos que encabezan a los países del Cono Sur desde hace alrededor de diez años.

En los gráficos 1, 2 y 3 que se presentan a continuación, pueden observarse las

tendencias de crecimiento de la tasa de actividad y del empleo en la región y la caída de la tasa

de desocupación. Los datos abarcan el período 1999-2011 y fueron obtenidos del sitio del

Observatorio de Mercado de Trabajo del MERCOSUR:

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Gráfico 1: Tasa de actividad de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (1999-2011)

FUENTE: Argentina, INDEC, Encuesta Permanente de Hogares; Brasil, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios; Paraguay, DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares; y, Uruguay, INE, Encuesta Continua de Hogares.

Gráfico 2: Tasa de empleo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (1999-2011)

FUENTE: Argentina, INDEC, Encuesta Permanente de Hogares; Brasil, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios; Paraguay, DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares; y,Uruguay, INE, Encuesta Continua de Hogares.

Gráfico 3: Tasa de desocupación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (1999-2011)

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FUENTE: Argentina, INDEC, Encuesta Permanente de Hogares; Brasil, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios; Paraguay, DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares; y,Uruguay, INE, Encuesta Continua de Hogares.

Los mercados de trabajo nacionales que integran la región MERCOSUR, muestran en el

periodo de la última década, progresos significativos en la situación laboral. Se observa que los

países comparten un sendero de crecimiento económico con generación de empleo para su

población. Sin embargo, cabe considerar, que en cada país estas mejoras han adquirido

alcances diferenciados, según las características de su estructura laboral y de las relaciones

laborales imperantes en los ámbitos nacionales.

En el caso de la participación laboral -la tasa de actividad- de Argentina, se advierte una

leve baja en los años más recientes, mientras que en Brasil el aumento fue escaso, pero en

ambos países se mantuvo o se elevó la tasa de empleo. En Paraguay y Uruguay las tasas de

empleo crecieron fuertemente y bastante más que las tasas de participación que también

presentaron una tendencia ascendente. Estos datos manifiestan una situación con tendencias

que revierten la situación laboral de principios de la década de los 2000, en la que la

desocupación golpeaba fuertemente a los mercados de trabajo de la región. A partir de un

proceso de generación de puestos de trabajo en los países de la región, la desocupación se

contrajo alcanzando una tasa de desempleo promedio de la región de entre un 7 y 8 %.

(OMTM: 2011).

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Entre los efectos institucionales que ha generado el MERCOSUR en esta etapa, deben

destacarse la creación del Parlamento del MERCOSUR, del Instituto de Políticas Pública de

Derechos Humanos, el Instituto Social y una institucionalización de los espacios para la

participación ciudadana. Asimismo, durante esta etapa, se desarrollaron los lazos sociales entre

actores sindicales y sociales en el marco de las Cumbres Sindicales y Cumbres Sociales que

permitieron recuperar la visibilidad de los reclamos y propuestos de este conjunto de actores.

Puede afirmarse, que el sindicalismo recuperó en esta etapa, la capacidad de construir una

agenda propositiva basada en la generación del empleo, la distribución de la renta, los

derechos humanos y sociales, los cambios en la estructura institucional del MERCOSUR y una

mayor participación en los ámbitos sociolaborales del MERCOSUR. En el caso de la dinámica

adquirida por las centrales sindicales argentinas que participan de estos espacios -tema que se

desarrolla en el siguiente acápite-, se trata de un proceso asociado, fundamentalmente, a la

dinámica sociolaboral local.

2.1. Los efectos de la postconvertibilidad sobre la estructura sociolaboral argentina

La recuperación económica a partir de la salida de la convertibilidad en nuestro país,

implicó entre otras cosas, la recuperación de niveles de actividad económica y el aumento de

los niveles de empleo a través del impulso de políticas activas de empleo y de la recuperación

de instituciones laborales como el salario mínimo vital y móvil, las paritarias, los convenios

colectivos de trabajo, entre otras.

Según algunos autores (Basualdo, Schorr, Wainer), en el modelo de la

postconvertibilidad (2002-actualidad) existen modificaciones en la estrategia de desarrollo que

se expresan en cambios sustanciales en los modos de intervención del Estado que, a pesar de

las continuidades que se manifiestan en algunas de las variables económicas respecto de la

década anterior, consisten en políticas de Estado tendientes a revertir las consecuencias

negativas de la apertura y la desregulación excesivas.

El modelo de acumulación de post-convertibilidad en Argentina puede definirse no sólo

por la variable de temporalidad que lo sitúa tras la crisis que determinó la salida del modelo de

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la convertibilidad, sino a partir de dimensiones estructurales y superestructurales que definen

un modo particular de organización de la estructura socioeconómico-productiva de la sociedad.

En líneas generales, las dimensiones estructurales que definen al modelo actual de

acumulación son por un lado, el sendero para la acumulación definido consiste en la

industrialización por sustitución de importaciones basado en una política de “dólar alto” y por

el otro, el perfil para la inserción en el mercado mundial que en este caso se define como

proveedor de materias primas y bienes intermedios. La estructura económica y social puede

definirse esquemáticamente en función de cuáles son los sectores que se benefician a partir de

la definición del sendero de acumulación y cuáles son los sectores que se ven menos

beneficiados. En este sentido, el modelo actual incluye entre sus “ganadores” al capital

extranjero, la burguesía nacional y la clase trabajadora, definiendo entre los sectores menos

beneficiados a los grandes terratenientes.

En cuanto a las dimensiones superestructurales, el actual modelo de acumulación en

Argentina se caracteriza por una tendencia heterodoxa en la toma de decisiones

macroeconómicas que se conjuga con la disputa con las grandes corporaciones y grupos

económicos. Asimismo, las alianzas sociales establecidas a lo largo de la última década pueden

definirse como un bloque de poder heterogéneo que ha incorporado a distintos sectores

sociales –entre ellos a los sindicatos- a la estructura de poder validándose en sucesivos

procesos electorales. En lo relativo a las políticas públicas que caracterizan a este modelo,

pueden señalarse políticas macroeconómicas de intervención, fomento del consumo interno,

inversión estatal, políticas sociales y políticas de empleo activas.

En el plano laboral, la salida de la convertibilidad en Argentina representó

efectivamente, un punto de quiebre histórico que dio inicio a una nueva etapa en nuestro país.

La recuperación económica de los últimos diez años, conjugada con un cambio en la orientación

de la política económica y de la política y la legislación laboral de estos años fue acompañada

por la recuperación de instituciones laborales como el salario mínimo vital y móvil, las

paritarias, los convenios colectivos de trabajo. En este contexto, el papel del movimiento

sindical en la disputa por la distribución de la renta, se redimensiona a partir de los efectos que

genera una situación de crecimiento económico y aumento de los niveles de empleo le otorgan

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a los sindicatos, mayores recursos a partir del aumento de la tasa de afiliación y mayor

capacidad de presión sobre el Estado a través de las instituciones de negociación salarial que se

recomponen en esta etapa.

Hay quienes señalan que a partir del modelo de desarrollo con inclusión social

impulsado en Argentina desde 2003 a la actualidad y de las transformaciones sobre el mercado

de trabajo, se produjo un proceso de revitalización sindical en Argentina. Esto es, un

resurgimiento de la acción sindical que se refleja en tres indicadores de “poder sindical”:

aumento de la conflictividad laboral, expansión de la afiliación sindical y revalorización de la

negociación colectiva (Senén González: 2013, Palomino: 2011, Marshall y Perelman: 2012)

En esta etapa, el movimiento sindical recobró niveles de protagonismo que había

perdido durante la década anterior como consecuencia de las reformas neoliberales. Según

Senén González (2013), el resurgimiento sindical – revitalización sindical- se explica por un

conjunto de cambios económicos, políticos y jurídico-laborales iniciados en la etapa que se

inicia en 2003, etapa de reactivación económica y de intervención estatal en el modelo

económico. En líneas generales, pueden destacarse las primeras medidas que marcaron este

camino: en el plano económico, la dinamización del consumo interno para sostener la

recuperación de la producción requirió un incremento en la capacidad de compra de los

asalariados. En el plano político, la recuperación de la capacidad regulatoria del Estado sobre la

economía se planteó sobre una renovada “coalición” de gobierno en el que los sindicatos -

fundamentalmente la CGT pero también la CTA- fueron convocados a partir de la recuperación

de las instituciones laborales (Senén y Haidar: 2009). Finalmente, en el plano jurídico-laboral,

cabe destacar la sanción de la Ley de Ordenamiento Laboral (Ley 25.877) en el año 2004 que

apuntó a consolidar en el mundo laboral, la transición social y económica que se iniciara con

posterioridad al 2001. Asimismo, se destacan reformas en las normas laborales como el

aumento de las jubilaciones mínimas, aumento de las asignaciones familiares, la suspensión de

los despidos sin causa justa, la modificación de la ley de quiebras (ley 26086), la limitación de

las facultades del empleador (ley 26088) y la reforma previsional (ley 26222). (Senén: 2011)

Los avances en materia laboral a partir de la normativa citada, constituyen

modificaciones sobre la estructura de oportunidades políticas y económicas de los trabajadores

18

y generan nuevas condiciones para las relaciones Estado-sindicatos y para su posicionamiento

en el campo empresarial.

2.2. Sindicalismo y kircherismo

Con posterioridad a la crisis económica, institucional y social de 2001 en Argentina, el

Estado adquirió un nuevo rol reforzando su capacidad de arbitraje en la economía frente a los

distintos sectores sociales e impulsó alianzas con los actores de la producción,

fundamentalmente con los sindicatos. En esta etapa, se genera un proceso de fortalecimiento

de los sindicatos vinculado íntimamente con la recobrada capacidad estatal que prevalece hoy

en nuestro país y en la región.

Los nuevos dilemas que el sistema capitalista presenta al Estado y las instituciones

político-partidarias, desde fines de la década de los noventa hasta nuestros días, son relativos al

rol del aparato estatal como punto ordenador de las sociedades. En este contexto, la

articulación entre el movimiento sindical, los movimientos sociales de trabajadores y el Estado,

resulta de fundamental importancia a la hora de interpretar los escenarios políticos próximos

en esos países y en la región. (Fernández y Rodriguez: 2010).

Etchemendy (2011) afirma que “desde hace varios años el conflicto sindical reemplazó al

conflicto social como expresión clave de las clases trabajadoras” para destacar que la coalición

de gobierno inaugurada en 2003 tuvo como base -al menos hasta 2011- la alianza entre el

gobierno y la CGT.

El caso argentino es bastante singular en este aspecto en relación a los demás procesos

de gobiernos progresistas en la región, considerando que tanto en el caso de Brasil como en el

de Uruguay en los que los gobiernos con oficialismos integrados por el sindicalismo, el

protagonismo sindical ha sido escaso.

Desde sus inicios, la política laboral de los gobiernos kirchneristas fue estructurada

según tres ejes: 1) la política de salarios y protección del trabajador, instrumentalizada

mediante decretos presidenciales y acuerdos corporativos; 2) la reestructuración del marco

regulatorio de las relaciones laborales llevada a cabo en la arena legislativa; 3) y los planes

19

elaborados por el Ministerio de Trabajo en relación al empleo no registrado y el desempleo.

(Fernández y Rodriguez: 2010)

Para impulsar estas propuestas, Kirchner intentó consolidar una coalición de gobierno

con los sectores productivos y los movimientos sociales que se habían opuesto al

neoliberalismo de la década anterior. La idea de la “transversalidad” que ordenó las tácticas

políticas de Kirchner, acercó a la coalición de gobierno a algunos sectores del peronismo,

partidos no-peronistas, movimientos de trabajadores y desocupados, sindicatos y también

sectores industriales. La consolidación del liderazgo de Néstor Kirchner abonó a que el espacio

sindical peronista se realineara y se produjera la reunificación de la CGT en 2004. A su vez, en el

marco de crecimiento de la economía, los conflictos sindicales volverían a la orden del día a

partir de la recuperación sostenida de la economía, las políticas de redistribución de ingresos, la

propia complejización del actor sindical y el fortalecimineto de la posición institucional de los

sindicatos a través de la participación en la coalición política del gobierno actual (Senén: 2011)

Puede afirmarse que, en el marco de una alianza con el gobierno kirchnerista y con

nuevos sectores como vanguardia, el sindicalismo peronista recobró protagonismo y logró

consolidarse como actor central hacia el conjunto de políticas económicas y laborales que

impulsaron los gobiernoes de Néstor y Cristina Kirchner, fundamentalmente, promoviendo el

empleo y la reindustrialización en determinados sectores. Lo novedoso de estos años en el

mundo del trabajo es que el modelo sindical “vuelve a operar como un canal de inclusión y

mejoras sociales por primera vez desde la recuperación democrática en gran medida gracias al

contexto económico más favorable, y a la alianza que el sindicalismo dominante de la CGT y la

CTA selló con el gobierno a partir de 2003”. (Etchemendy: 2011)

Desde el 2003, el kirchnerismo mantuvo una estrecha relación con el moyanismo, que le

significó a Moyano llegar a conducir la CGT. Pero su proyecto de saltar del sindicalismo a la

política por fuera del esquema político que liderar Néstor Kirchner generó, tras la muerte del ex

Presidente, el rechazo posterior de Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, la CGT

interpretó que los roces y tensiones derivaron del acotado lugar que le otorgó el gobierno

nacional al sindicalismo en las listas de candidatos en 2011 así como también en la falta de

comunicación de parte de la Casa Rosada hacia la central obrera. A partir de 2011 entonces, la

20

relación entre el líder de la CGT y el gobierno de Cristina Kirchner entró en un camino de

tensiones que derivó en un paulatino alejamiento y una ruptura de la alianza que durante ocho

años de kirchnerismo había funcionado como alianza estratégica.

En lo que refiere a la relación del gobierno con la CTA, puede decirse que durante los

primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, la central conducida por Hugo Yasky integró la

coalición de gobierno impulsada por la cercanía de la CTERA al ministro de educación Daniel

Filmus, la estrecha relación con el Presidente de algunos referentes sindicales como Edgardo

Depetri y la posibilidad de encarar una discusión abierta sobre el histórico reclamo de libertad

sindical con la consecuente “reforma de la estructura sindical vigente en la Ley de Asociaciones

Sindicales para modificar la unicidad sindical de la personería gremial por rama de actividad”

(Lucca: 2011) Sin embargo, esta situación cambió en 2005 cuando Moyano asumió la

conducción de la CGT y la hegemonía de la representación sindical argentina.

La CTA se caracterizó a lo largo del período de gobierno de Néstor Kirchner por plantear

una agenda progresista, vinculada a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones

sociales y a las organizaciones de trabajadores desocupados. Históricamente, se había

posicionado como una central autónoma y apartidaria, pero a lo largo de estos años fueron

delimitándose dos corrientes internas identificadas en mayor o menos medida con proyectos

político-partidarios diferenciados: de un lado el sector liderado por Victor De Gennaro (ATE)

declarado como opositor al gobierno nacional y del otro, el sector liderado por Hugo Yasky

(CTERA) cercano al gobierno de los Kirchner.

Estas tensiones se fueron profundizando con el devenir de los años, fundamentalmente,

tras la negativa del gobierno nacional de otorgarle la personería jurídica a la CTA. En 2010, la

central convocó a elecciones internas y tras un proceso electoral con denuncias de fraude de

parte de ambos sectores, la CTA se dividió en dos: el sector liderado por Pablo Michelli de ATE –

sucesor de De Gennaro- y el sector liderado por Hugo Yasky. Desde ese entonces, los sindicatos

nucleados en CTA vieron debilitada su capacidad de acción en el marco de una central sindical

sin personería jurídica y deslegitimada por no poder superar un proceso democrático interno.

Más allá de que Moyano representa a un sector que creció al compás del auge del

sector servicios y de que la CTA se caracteriza por nuclear sindicatos de trabajadores estatales y

21

ha tenido dificultades para penetrar en el mercado de trabajo privado, las dificultades

electorales de la CTA permitieron que Moyano consolidara aún más en su liderazgo sindical, por

lo menos hasta 2011.

Lo interesante de esta etapa es que, por un lado la alianza del gobierno nacional con

Moyano permitió integrar a los trabajadores formales sindicalizados en el proceso político

kirchnerista y por otro, la relación del gobierno con la CTA – con sus altibajos- posibilitó

consolidar una agenda de reinvindicaciones sociolaborales que la central de origen clasista supo

instalar y sostener independientemente de su reconocimiento como central alternativa. Dicha

agenda incluyó, el debate por la libertad y la democracia sindical, el trabajo decente y la

situación de los trabajadores tercerizados, la propuesta de asignación universal por hijo, la

profundización de un modelo de integración regional con inclusión social, entre otros temas.

Para resumir algunos de los principales aspectos planteados en relación al sindicalismo

argentino durante los gobiernos kirchneristas, puede decirse que por un lado, se produjeron

mejoras notorias en las condiciones sociolaborales de amplios sectores de la población

trabajadora y esto derivó en mayor capacidad de acción sindical de las centrales sindicales para

presionar sobre la distribución de la renta y constituirse en actores claves de esta etapa. Por

otra parte, es necesario señalar que la capacidad de proyección política del sindicalismo

argentino se vio limitada durante estos años y fue en este plano en el que se manifestaron las

principales contradicciones de la alianza estratégica entre el kirchnerismo y el sindicalismo.

En relación a la acción sindical de las centrales argentinas en esta etapa, cabe destacar

que el propio proceso de revitalización sindical que tuvo lugar a nivel local a partir de la ya

descripta situación de recuperación económica y de recuperación de la institucionalidad

laboral, tuvo su correlato a nivel regional.

Tanto la CGT como la CTA tuvieron - y aún sostienen ese camino-, a lo largo de esta

década de “consolidación positiva” del MERCOSUR, una participación destacada a partir de lo

que se puede denominarse una estrategia de integración institucional. Esto es, como parte de

la coalición de gobierno, las centrales sindicales argentinas se consolidaron no sólo como

portavoces del conjunto de sectores asalariados de nuestra sociedad en el plano nacional sino

22

fundamentalmente, en protagonistas de la definición de políticas públicas sociolaborales con

perspectiva regional.

Como parte de la agenda regional de las centrales sindicales argentinas entre los años

2003 y 2012, pueden mencionarse los siguientes ejes de trabajo: el desempleo juvenil, la

brecha de género y la precariedad laboral, a fin de que los organismos sociolaborales evalúen

directrices o programas comunes o convergentes para atender estas problemáticas desde una

perspectiva regional. (Actas del SGT10)

Si bien la dinámica de la participación sindical en los espacios de la institucionalidad

sociolaboral del bloque regional se sostuvo prácticamente al mismo nivel que en la década

anterior, la diferencia radica en que las condiciones de mejoramiento en la vida de los

asalariados en nuestra sociedad, potenció la proyección sindical de las centrales argentinas en

el plano local. Este proceso puede haber repercutido en una merma de la dinámica de la acción

sindical en el plano regional, pero definitivamente re-configuró el rol del sindicalismo a nivel

nacional otorgándole un protagonismo clave en la disputa por la redistribución del ingreso.

Los cambios en el escenario local y regional, modificaron y modifican el papel del

sindicalismo en el modelo de acumulación de manera significativa, porque lo que cambian son

las relaciones laborales, las reglas que orientaban el juego en el modelo anterior y en

consecuencia, cambian las prácticas sindicales que pasan a tener otro papel como grupo de

presión/articulación sobre el Estado.

Reflexiones finales

En un mundo signado por la globalización y el auge de procesos de integración regional,

los movimientos de trabajadores y sindicales se han visto compelidos a modificar la escala de la

acción: “la escala de la acción crea el fenómeno” (Sousa Santos, 2000:188).

Si bien los sindicatos se han organizado históricamente a nivel nacional, desde sus

inicios, el movimiento ha tenido una veta “internacionalista”, una solidaridad que excede el

ámbito de actuación del Estado nación. La pregunta que inaugura esta nueva era de la

23

globalización es: ¿qué ha sucedido en los últimos tiempos que se ha modificado la estrategia de

la acción sindical?

La modificación de la escala de la acción sindical puede observarse en las estrategias

asumidas por las centrales sindicales de los países del MERCOSUR ante la creación del bloque

regional y durante las distintas etapas de consolidación del proceso de integración regional. Se

internacionaliza el escenario de las relaciones laborales, y ese nuevo escenario requiere actores

sociales también internacionalizados. (Ermida Uriarte: 1997). Pues la lógica mercantil y

financiera desconoce de fronteras nacionales y se institucionaliza en mercados globales y

regionales, en este caso.

En el plano local, puede afirmarse que durante la última década denominada “modelo

de la postconvertibilidad”, etapa económica acompañada por la revalorización de la

intervención del Estado en el ámbito de la economía y las relaciones laborales, el sindicalismo

recompuso su relación con el Estado a través de la recuperación de la negociación de salarios y

la vuelta del conflicto social al epicentro de la disputa por la redistribución de la renta. En lo

relativo a la relación entre el sindicalismo y el partido de gobierno, se señaló anteriormente que

se consolidó una “coalición” de gobierno entre el gobierno de los Kirchner y la CGT

principalmente, aunque también se estrecharon lazos con la CTA y que esto implicó también la

dinamización y revitalización de la prácticas sindicales, de organización y de representación de

los trabajadores fortaleciendo la capacidad de los sindicatos que consiguieron aumentos en

segmentos de trabajadores del sector formal. En lo referido a la proyección política del

sindicalismo argentino, la etapa actual ha puesto de manifiesto los límites del sindicalismo en el

plano político.

A partir de la caracterización de los escenarios en la región y en el país, puede afirmarse

que las transformaciones económicas, políticas y sociales de esta etapa resignifican el papel de

los sindicatos y el contenido de sus agendas tanto a nivel nacional como regional.

Puede afirmarse que la articulación entre las agendas sindicales y el proceso de

integración regional del MERCOSUR se define a partir de la dinámica en ambas esferas:

- A nivel nacional, se modifica la relación entre el sindicalismo, el modelo de

acumulación y el modelo de integración regional en el marco de las modificaciones de las

24

relaciones laborales. Cambian las prácticas sindicales que pasan a tener otro papel como grupo

de presión/articulación sobre el Estado y los mecanismos de distribución del ingreso;

- A nivel regional, se observa en estos años, una convergencia en el plano económico-

laboral y en las políticas públicas que han permitido llegar a un escenario de menor asimetría

que en otras etapas de la integración sudamericana. Así, entre los temas consolidados en una

agenda sindical común desde 2003 a 2012 pueden mencionarse la libre circulación de

trabajadores, la problemática migratoria en las zonas fronterizas, la formación y certificación

profesional, la seguridad social, la inspección del trabajo, la erradicación del trabajo infantil, la

igualdad de género en los ámbitos sociolaborales, entre otros.

La consolidación de la institucionalidad sociolaboral del MERCOSUR a lo largo de estas

dos décadas de funcionamiento del bloque, se constituye como plataforma para las demandas,

reclamos y propuestas de las centrales sindicales argentinas durante la post-convertibilidad. La

experiencia de la CCSCS constituye la expresión regional de la transnacionalización de la acción

sindical y como integrantes de ésta, la acción sindical de la CGT y la CTA encuentra también

resonancia a nivel regional.

En la dinámica que asume la creación/recuperación de institucionalidad sociolaboral y

funcionamiento de los espacios e instrumentos de regulación del mercado de trabajo, pueden

identificarse los debates en torno a la construcción de una agenda sociolaboral local y regional

que responde a los desafíos que genera la liberalización de fronteras comerciales y la

consolidación de un proceso de integración que desde hace algunos años intenta propender al

desarrollo autónomo de las economías de la región. -

25

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