LA CRISIS FINANCIERA Y EL COMERCIO: HACIA … · Alegre Caracas 1060, Venezuela. Center of Concern,...

LA CRISIS FINANCIERA Y EL

COMERCIO:

HACIA UNA RESPUESTA INTEGRADA

EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE

SELECCIÓN DE PONENCIAS

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Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, Av Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 4, Urb. Campo Alegre Caracas 1060, Venezuela.

Center of Concern, 1225 Otis St., NE, Washington DC, 20017, USA.

© Center of Concern y Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2009

RECONOCIMIENTOS

Esta publicación y la reunión a la que la misma hace referencia fueron posibles gracias al generoso apoyo de la Fundación Ford y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia.

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LA CRISIS FINANCIERA Y EL COMERCIO: HACIA UNA RESPUESTA INTEGRADA EN

LATINOAMERICA Y EL CARIBE CONTENIDOS

INTRODUCCION .......................................................................................

MERCADOS FINANCIEROS Y ESPECIALIZACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: EL CASO DE LOS PRODUCTOS BASICOS, Jan Kregel ................................................................................

EL PAPEL DE LA AYUDA PARA EL COMERCIO EN ENFRENTAR LAS DESVENTAJAS COMERCIALES Wilfred P. Elrington ................................................................................... AYUDA PARA EL COMERCIO: PANORAMA EN LA REGION Laura Paez ................................................................................................... EL ROL DEL COMERCIO EN LA ACUMULACION DE CAPITAL Alfredo Calcagno........................................................................................ COMERCIO Y DIVERSIFICACION: TENDENCIAS Y ANALISIS EN AMERICA LATINA, Oscar Ugarteche y Aline Magaňa ...................... INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL COMERCIO Y ESPACIO FISCAL Rick Rowden............................................................................................... TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SU IMPACTO EN EL CREDITO BANCARIO: EL CASO DE MEXICO, Manuel Pérez Rocha ...............

INTRODUCCIÓN

El presente volumen recoge algunas de las ponencias que proveyeron sustento a la Reunión de Consulta sobre la Crisis Financiera y Comercio: Hacia una Respuesta Integrada en América Latina y el Caribe. Este evento tuvo lugar los días 1 y 2 de setiembre del 2009, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Fue conjuntamente organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Grupo Hemisférico sobre Nexos entre Finanzas y Comercio.

El objetivo del encuentro consistió en evaluar los efectos de la crisis económica global sobre la estructura comercial internacional en sus vínculos con el sector financiero mundial, así como las manifestaciones resultantes de esos efectos para América Latina y el Caribe. Igualmente, el evento buscó contar con elementos para un mejor diseño en cuanto a un enfoque integrado en la aplicación de las políticas comerciales, financieras y macroeconómicas en curso, tanto a nivel doméstico como internacional, cuyas recomendaciones contribuirían a estructurar respuestas adecuadas frente a dicha crisis mundial.

En el evento participaron ministros y altos funcionarios responsables de los sectores de las finanzas y el comercio de varios de los gobiernos de los Estados miembros del SELA, así como de expertos de organizaciones internacionales y regionales intergubernamentales, centros académicos e instituciones de la sociedad civil.

La sesión de inauguración del evento contó con intervenciones de Aldo Caliari, Director del Proyecto Repensando Bretton Woods y Representante del Grupo Hemisférico sobre Nexos entre Finanzas y Comercio, de Alfredo Calcagno, Representante del Secretario General de la UNCTAD y del Secretario Permanente del SELA, José Rivera Banuet.

La reunión abordó varios temas centrales vinculados a la crisis financiera económica global, organizados en seis sesiones con contenido programáticos puntuales, según la agenda del evento. Los temas centrales fueron: i) volatilidad financiera, cambiaria y comercio; ii)

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mercados financieros y especialización en el comercio internacional: el caso de los productos básicos; iii) el papel de la “Ayuda para el Comercio” para atender las desventajas del comercio; iv) el papel del comercio en la acumulación de capital para el desarrollo; v) espacio fiscal para infraestructura, endeudamiento y comercio, y vi) capacidad comercial y acceso al crédito.

MERCADOS FINANCIEROS Y ESPECIALIZACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: EL CASO DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS

Jan Kregel, Levy Economics Institute of Bard College

Introducción: El comercio y las finanzas son indivisibles en la teoría

y en la práctica

Los economistas se han inclinado a tratar el comercio y las finanzas como campos independientes. En realidad, muchos teóricos del comercio consideran que el análisis de los temas comerciales puede abordarse en términos reales bajo la premisa de que todo intercambio internacional es un intercambio de bienes materiales por bienes materiales. Sin embargo, existe una larga tradición en la teoría del desarrollo que reconoce la integración entre comercio y finanzas. Además, el período más reciente de la globalización es el resultado de la integración entre comercio y finanzas.

Por lo tanto, al abordar el tema de la interrelación entre los mercados financieros y la especialización del comercio es más útil recurrir a Adam Smith para obtener una orientación, en vez de echar mano de los desarrollos de la posguerra en la teoría pura del comercio internacional. La teoría convencional del comercio se fundamenta en una serie de premisas especiales acerca de la naturaleza de las economías abiertas al comercio, como por ejemplo un conjunto finito de bienes que pueden producirse de acuerdo con funciones de producción similares; que operan en sus curvas de posibilidad de producción y que sólo los bienes materiales se intercambian por bienes materiales. Por otro lado, la máxima de Smith de que la división del trabajo viene dada por la extensión del mercado se apoya sobre una base mucho más amplia. Este vasto conjunto de premisas proporciona un resultado muy diferente, en comparación con la recomendación política tradicional de que los países deberían abrir sus fronteras y especializarse en la producción y comercio de aquellos bienes en los cuales posean ventajas comparativas. La conclusión es que los países no necesitan ninguna política comercial ni industrial que no sea aquella que permita el funcionamiento de las fuerzas del libre mercado para determinar la producción en la cual

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poseen ventajas comparativas, utilizándolas como el medio de intercambio para todas las demás producciones.

Para Smith, la especialización es igualmente importante, pero sólo en el sentido de que conlleva a múltiples actividades específicas que forman parte de una técnica de producción. Esto eleva la productividad de cada paso en el proceso y crea cambio técnico y un cambio hacia arriba en la función de producción. Junto con la observación de Smith de que a mayor tamaño del mercado menores son los costos viene lo que en ocasiones se denomina ventaja comparativa "dinámica", o lo que Chandler llamó la ventaja del "precursor", y lo que Marshall admitió que crearía una ventaja monopólica. En consecuencia, el tamaño del mercado es un aspecto crucial de la posibilidad de ganar ventaja comparativa dinámica.

Es difícil discutir los determinantes del tamaño del mercado bajo la premisa de que la economía se encuentra en su frontera de las posibilidades de producción inamovible, ya que supone que la demanda está dada. Salvo el aumento de los ingresos nacionales, la única forma de incrementar el tamaño del mercado es mediante la demanda externa, es decir, mediante el comercio. Sin embargo, tal y como los mercantilistas entendieron muy bien, esto requiere un comercio desequilibrado. Por lo tanto, para expandir el tamaño del mercado mediante las ventas a los mercados foráneos se requiere una política comercial dinámica y un superávit de exportación. Igualmente, se requieren algunos medios para financiar las compras de las exportaciones nacionales en el extranjero. Los desequilibrios internacionales son sólo una redistribución de la demanda entre los socios comerciales.

Por otro lado, si la economía no se encuentra en el pleno empleo en la frontera de las posibilidades de producción, se requiere una administración dinámica de la demanda nacional para ampliar el mercado interno. Por lo general, esto amerita un aumento de la inversión, lo cual, al igual que un superávit externo, requiere financiamiento. En efecto, si la economía se encuentra en la frontera de las posibilidades de producción, las inversiones en técnicas nuevas, más indirectas, pueden elevar la productividad nacional y, por ende, los ingresos nacionales, para apuntalar una escala mayor de producción. Sin embargo, insisto en que esto sólo es posible si la inversión puede ser financiada.

Por lo tanto, tomar la máxima de Smith como punto de partida nos conduce a la conclusión de que la clase de especialización en actividades específicas del proceso de producción que se requiere para lograr ventajas comparativas dinámicas suprime la necesidad de especialización de las producciones en el comercio. Una economía puede alcanzar ventajas comparativas dinámicas en cualquier producto si tiene la capacidad de ampliar el tamaño del mercado suficientemente, mediante una administración dinámica de la demanda nacional o una política comercial dinámica que le permita alcanzar la reducción de los costos que va de la mano con las economías de escala y brinda la ventaja del emprendedor. Sin embargo, para esto se requieren las finanzas. Una vez que abandonamos el mundo de la teoría tradicional del comercio de las ventajas comparativas estáticas, donde el comercio ocurre solamente en términos materiales, las finanzas no pueden separarse de la determinación de los flujos del comercio. Por esta razón, los pioneros en materia de desarrollo, tales como Myrdal y Nurske, rechazaban vehementemente la teoría del comercio basado en las ventajas comparativas como la base para analizar la función del comercio en el desarrollo económico, ya que, como Joan Robinson solía destacar, la teoría podría ser reducida a la máxima de que los países en desarrollo se especializaban en la producción y comercio de bananas porque las bananas se cosechaban en esos países. Esta postura no reconocía que las bananas no son autóctonas en casi ninguno de los países donde se cosechan actualmente. Antes bien, son producto de decisiones que se adoptaron para financiar el desarrollo de plantaciones de bananas en esos países. Además, las ventajas climáticas, que existen, sin lugar a dudas, no son la verdadera razón que motiva tales decisiones, sino que generalmente las razones son el costo nulo de la tierra y la disponibilidad de mano de obra con salarios de subsistencia.

Desde este punto de vista, en vez de que los flujos de comercio requieran un financiamiento temporal para reducir el tiempo que se necesita para propiciar cambios en los precios relativos o las tasas de cambio a fin de equilibrar nuevamente los flujos, son los flujos de financiamiento externo a los proyectos de inversión los que determinan los flujos de producción y comercio. Por lo tanto, fue el financiamiento foráneo de las minas y las plantaciones de banana lo que determinó la exportación de materias primas, al tiempo que los préstamos foráneos financiaron las importaciones de los bienes de capital que eran necesarios para la infraestructura nacional, como por ejemplo vías

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férreas. En efecto, se han documentado casos de empresas británicas que emitieron deuda en libras esterlinas en el mercado británico para otorgar préstamos a gobiernos latinoamericanos para financiar sus compras de equipos pesados, tales como locomotoras, con el fin de evitar de que tales gobiernos tuvieran que realizar emisiones de deuda.

Esto constituyó la base de la globalización del Siglo XIX, cuando el financiamiento desde el centro creaba una periferia que producía los insumos de materia prima que requería su industria, al tiempo que eliminaba las manufacturas locales diversificadas y creaba un mercado para las exportaciones de manufacturas provenientes del centro. El resultado fue una estructura de producción global integrada que no es muy diferente de la que se observa en la actualidad, salvo que la especialización que Smith reconocía como necesaria para la división del trabajo ahora se encuentra diversificada geográficamente.

Por lo tanto, las proscripciones contra la producción de las manufacturas que podían producirse en las colonias y que proponía Adam Smith no sólo brindaban protección a los manufactureros ingleses y les proporcionaban demanda foránea, sino que además esta dinámica política comercial también derivó en que los países en desarrollo se especializaran en materias primas, especialización que Prebisch y otros teóricos señalan como la limitación fundamental que obstaculiza el desarrollo de dichos países.

En consecuencia, resulta de cierto modo paradójico que hayan sido los flujos financieros foráneos que financiaban las inversiones los que crearon la especialización en un producto único en los países en desarrollo y generaron las barreras que limitan el desarrollo, en forma de financiamiento del déficit externo. No tuvo prácticamente ninguna relación con la ventaja comparativa dinámica. Más bien sería más adecuado que se le denominara ventaja comparativa impuesta.

Hay diversas explicaciones ampliamente conocidas de por qué este tipo de especialización, una vez establecida, debería ser casi permanente y por qué actúa como un obstáculo que impide incrementar los ingresos per cápita en la periferia. Andre Gunder Frank habló del "desarrollo del subdesarrollo", Nurkse se refirió al "círculo de la pobreza", pero la hipótesis más conocida es la de Prebisch-Singer-Myrdal acerca del declive tendencial de los términos del comercio entre los países en desarrollo productores de materias primas y los países desarrollados manufactureros. Aunque a menudo se le presenta como una relación

estadística entre los movimientos de los precios relativos de los dos tipos de bienes, en realidad era un enunciado acerca de la forma en que las estructuras del mercado impactan la distribución de las ganancias derivadas del progreso técnico y, por ende, la capacidad de los países en desarrollo para seguir la máxima de Smith acerca de la expansión del mercado interno para captar el impacto del progreso técnico per cápita, bajo la forma de mayores ingresos nacionales y mayor demanda nacional que justificarían las economías de escala.

Sin embargo, ciñámonos al argumento sobre los precios relativos. La idea de que perjudicarían la agricultura era contraria a las expectativas lógicas de cualquier economista formado bajo la teoría ricardiana de la renta, según la cual al reducir la inversión de beneficios en la producción agrícola, se reducirían los beneficios. En comparación con el aumento de la inversión de beneficios en la manufactura, esto significaba que los términos del comercio favorecerían a los bienes agrícolas y, junto con el argumento malthusiano acerca de la diferencia entre la procreación geométrica y la expansión natural aritmética, condujo a que las rentas estrangularan las inversiones y conllevó posteriormente a la pobreza y hambre para el resto de la humanidad.

El argumento de Prebisch depende de ciertos supuestos acerca del progreso técnico (ocurre en ambos sectores, pero en medidas diferentes) y la estructura del mercado en los mercados de bienes (no competitivos en manufactura) y la estructura del mercado en los mercados de mano de obra (competitivos en la agricultura, pero no en la manufactura). En consecuencia, el aumentar las ganancias en la agricultura condujo a una expansión en la oferta y una disminución de los precios internacionales, mientras que en la manufactura el aumento de los beneficios no condujo a ningún cambio en los precios, con el aumento de los márgenes siendo absorbido por los crecientes salarios reales. Por lo tanto, el punto importante era que los ingresos reales aumentarían en los países desarrollados (creciente productividad transferida a salarios reales altos y los reducidos precios de las mercancías también elevarían los salarios reales), mientras que en los países en desarrollo el aumento de la productividad sería trasladado a los consumidores de los países desarrollados a través de la competencia internacional. Para los trabajadores en los países en desarrollo esto redundaría en el estancamiento de los ingresos reales y el poder de compra, en el mejor de los casos, y en la reducción de los salarios, si la competencia en el

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mercado laboral reducía los salarios (o si el poder excesivo de los sindicatos en los países desarrollados conllevaba la inflación y el consiguiente aumento de los precios de los bienes manufacturados). Por consiguiente, el aumento de la demanda interna necesario para obtener economías de escala era contrarrestado por la competencia. Simultáneamente, la capacidad para utilizar las exportaciones a fin de complementar la demanda nacional era obstaculizada por el hecho de que cualquier incremento de las exportaciones sería contrarrestado por una disminución de los precios, lo que significaría un impacto nulo sobre la demanda que se necesita para lograr economías de escala de la industrialización.

Financiar el desarrollo mediante el incremento de las exportaciones era por lo tanto una "tarea de Sísifo". La solución podía encontrarse solamente en la estabilización de los precios de las mercancías (de allí las propuestas de crear fondos de estabilización de mercancías, adentrándose en la producción de bienes con mayores tasas de progreso técnico) y la necesidad de recurrir a préstamos de fondos extranjeros para financiar la importación de bienes de capital a fin de desarrollar la manufactura. Si bien estas posiciones llegarían a conocerse posteriormente como estructuralistas o de apoyo a la sustitución de importaciones, en realidad se encontraban alejadas de cualquiera de estas dos posturas. En efecto, como indicó Alice Amsden recientemente, se asemejaban mucho a un anteproyecto del modelo de desarrollo asiático tal y como se puso en práctica en países como Corea.

El impacto de la globalización en la relación entre comercio y finanzas

Desde la década de 1950, cuando esta discusión acerca de la estructura del mercado tenía lugar, se han producido cambios sustanciales. Lo que es más importante, los mercados internacionales de mercancías han dejado de ser tan puramente competitivos como lo fueron alguna vez y ahora se encuentran dominados por un pequeño número de grandes oligopolistas monopsonistas. Esto ha tendido a incrementar los precios finales de las mercancías para los consumidores, pero ha tenido poco impacto para aumentar los precios para los productores. Más bien, el aumento de los ingresos reales que se transfirió del productor de los

países en desarrollo al consumidor de los países desarrollados mediante el mecanismo competitivo ahora ha sido capturado por los intermediarios, para detrimento de cualquiera de las partes. Esta tendencia fue reflejada en el Informe de la Comisión de Expertos de la ONU sobre Mercancías, presentado a la Asamblea General en 2003.

Otras medidas no competitivas también han tenido un impacto negativo sobre los precios pagados a los productores. Las medidas para apuntalar los precios que han puesto en práctica muchos países desarrollados para sus propios productores que venden en mercados nacionales protegidos han elevado la producción por encima de los niveles de absorción nacionales. Esto no sólo reduce la demanda global, sino que también incrementa la oferta, toda vez que el excedente se vende o más bien inunda los mercados mundiales, lo que a su vez reduce más los precios. El caso del algodón es emblemático. El precio mundial del algodón se ubica por debajo del costo de producción de los productores más baratos de los países en desarrollo, quienes son empujados a la pobreza mientras sus contrapartes en los países desarrollados reciben jugosos subsidios que les permiten aumentar las inversiones de capital y la productividad.

En consecuencia, si bien la estructura del mercado es evidentemente un problema, cambiarla no parece ser una solución.

Globalización y movimientos de precios de mercancías

El estallido de la crisis petrolera a principios de la década de 1970, junto con las advertencias del Club de Roma, propició la última reversión de la tendencia a la baja de los precios de las mercancías. Sentó las bases para las aspiraciones de un Nuevo Orden Económico donde los países en desarrollo desempeñarían un papel más importante en el comercio y las finanzas globales y, lo que es más importante, en la política global. Sin embargo, este sueño fue fugaz y se esfumó con el posterior colapso de los precios petroleros en la década de 1980. Esto fue el preludio de otra tendencia bajista sostenida de los precios de las mercancías.

El Nuevo Milenio ha sido testigo de una reversión similar de la tendencia bajista de los precios de las mercancías, aunque nunca alcanzaron los niveles de la década de 1970 en términos reales. Si bien la mayoría de la atención se concentró una vez en los precios del

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petróleo, también se extendió hacia los substitutos de la energía, los metales y los alimentos.

El siguiente gráfico incluye una selección de las mercancías cuyos precios se han ubicado entre los más elevados en términos de incrementos durante la década reciente. Cabe resaltar el incremento casi desapercibido del precio del aceite de palma.

Aceite de palma; malayo e indonesio;

CIF Europa noroccidental

Arroz; 5% granos partidos, cotización de precio nominal, FOB Bangkok

Soya; EEUU, CIF Rotterdam Soya; EEUU, CIF Rotterdam Trigo; HRW número 1 de EEUU, FOB Golfo de México

Maíz, amarillo número 2 de EEUU, FOB Golfo de México

Indice spot promedio del petróleo Brent

de RU, Dubai y West Texas

El comportamiento de los precios del aceite de palma es poco común y se ha beneficiado de numerosas tendencias distintas. Por preocupaciones de salud se ha tratado de eliminar las grasas parcialmente hidrogenadas (grasas trans) de las dietas mediante una serie de reglamentos cada vez más estrictos. Por ser un producto sustituto, la demanda del aceite de palma se ha extendido hacia Occidente, desde sus mercados tradicionales en Asia (Indica, China, Malasia y Pakistán representan aproximadamente 60 por ciento del consumo mundial total). China importó alrededor de 4 millones de toneladas de aceite de palma el año pasado, aunque se prevé que la cifra aumente este año, tras la eliminación de la cuota de importación en virtud de compromisos adquiridos en el marco de la Organización Mundial de Comercio. En todo el mundo, se producen aproximadamente 28 millones de toneladas

de aceite de palma al año, y casi 90 por ciento de dicha producción procede de Malasia e Indonesia. El aceite de palma ocupa la segunda posición entre los cultivos principales, después de la soya. El aceite de palma también tiene demanda como fuente de energía alternativa. En consecuencia, el aceite de palma se ve afectado en tanto que sustituto del petróleo y su precio responde a los precios en el mercado petrolero. También actúa como sustituto de la soya. Como se mencionó, el aceite de palma es excepcional porque normalmente no ha sido un componente del factor básico que impulsa los precios de las mercancías: el surgimiento en el nuevo milenio de los fondos de índices de mercancías. Como puede apreciarse en la tabla siguiente, la palma no es un componente principal en ninguno los índices de mercancías principales que se utilizan como patrón de referencia para estos fondos. Sin embargo, el comportamiento de los precios se deriva del comportamiento de los precios del petróleo, y del maíz, el azúcar y la soya como biocombustibles sustitutos, todos ellos componentes de los índices.

Fondos de índices de mercancías y precios de mercancías1

La discusión acerca del impacto que tienen las inversiones en los fondos de índices de mercancías sobre los precios de las mercancías ha sido intensa. Nadie se atrevería a negar que el tamaño de estos fondos ha crecido drásticamente, como se aprecia en el gráfico.

Ni tampoco nadie se atrevería a negar que este crecimiento ha ido de la mano del aumento de los precios y por un incremento asociado de la volatilidad, como se muestra abajo.

1 Algunos de los argumentos de esta sección fueron presentados al Tercer panel: Temas sistémicos, Consulta Regional Preparatoria de la Conferencia Internacional de Seguimiento Sobre la Financiación para el Desarrollo Encargada de Examinar la Aplicación del Consenso de Monterrey, Santo Domingo, República Dominicana, 12 de junio de 2008.

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Desviación estándar 12 m 1980-2009

Maíz, amarillo número 2 de EEUU , FOB Golfo de México

Arroz; 5% granos partidos, cotización de precio nominal, FOB Bangkok

Soya; EEUU, CIF Rotterdam

Trigo; HRW número 1 de EEUU, FOB Golfo de México

Aceite de palma; malayo e indonesio; CIF Europa noroccidental

Cómo los fondos de mercancías afectan los precios de las mercancías a futuro y de entrega inmediata

Sin embargo, muchos aducen que este argumento se basa en un sentido de causalidad errado y sostienen que los fondos de mercancías no compran mercancías físicas y, por ende, no pueden tener ningún impacto directo sobre los precios de mercado. En el mejor de los casos, pueden tener influencia sobre los precios de futuros, porque lo que compran son contratos de futuros. Sin embargo, incluso esto es una inversión de la causalidad, ya que los precios de futuros deberían reflejar las expectativas de cambios en las ofertas y demandas físicas que dictan los precios de mercado. Algunos van incluso más allá y afirman que, puesto que el arbitraje del mercado hará que los precios de

futuros converjan con los precios de mercado para entrega inmediata que prevalezcan para el momento del vencimiento del contrato de futuros, es obvio que los precios para entrega inmediata determinan los precios de futuros y no al contrario.

No obstante, este argumento confunde el impacto del comercio de futuros por parte de instituciones de mercados financieros sobre las condiciones de los mercados físicos y se fundamenta en información errónea. En primer lugar, en muchos mercados regulados en los Estados Unidos se está haciendo cada vez más común que exista un margen entre el contrato de futuros que vence y el contrato físico de entrega inmediata, a pesar de que ambos contratos enuncian las mismas características, es decir, el derecho a comprar la mercancía para entrega corriente. El argumento a favor de la convergencia es que si hubiera una discrepancia, habría un arbitraje rentable. Por ejemplo, si el futuro que vence se comercializara a un precio que está por encima del precio de liquidación por entrega, sería rentable vender la opción a futuro, comprar la opción de entrega inmediata y utilizar la mercancía subyacente para cumplir el compromiso de entregar la mercancía al comprador del contrato de futuro. Esto reduciría el precio del futuro y aumentaría el precio de las mercancías de entrega inmediata, hasta que el potencial de ganancia quedara eliminado y los precios convergieran. Si esto no ocurre, significa que hay más demanda de contratos de futuros que mercancías de entrega inmediata en el mercado y, en realidad, este ha sido precisamente el caso, como resultado del incremento significativo de la demanda de contratos de futuro.

En segundo término, como lo sugiere el fracaso de la convergencia, el arbitraje que tiene lugar entre el contrato de entrega inmediata y el contrato de futuros no es impulsado por las condiciones físicas del mercado de entrega inmediata, sino que se debe al margen entre los dos contratos. No hay manera posible de determina el sentido de causalidad que subyace a este proceso de arbitraje. En realidad, si los mercados fueran perfectos, el margen entre los dos no podría existir. Además, la idea de que lo físico impulsa el precio de los futuros se basa en el supuesto de que los usuarios de los contratos de futuros tienen como objetivo principal protegerse contra cualquier exposición en el mercado de mercancías. Ya se trate de un comprador que necesita comprar en una fecha futura, un vendedor que desea vender en una fecha futura o un tenedor de acciones que ha decidido vender o esperar que el precio

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mejore, todas estas decisiones dependen de la expectativa de las condiciones futuras de oferta y demanda en el mercado de mercancías. ¿Aumentará la oferta y ello hará bajar los precios a los cuales deseo vender en el futuro? ¿Aumentará la demanda y ello hará que suba el precio al cual necesito comprar en el futuro? ¿Será mayor el precio en el futuro, de modo que pueda obtener ganancias si espero para vender, o será menor y, por lo tanto, es mejor que venda hoy? Los contratos de futuros brindan una solución para todos estos otros problemas, al ofrecer cierto precio futuro. Ese precio estará determinado por los costos en que haya incurrido el vendedor del contrato (normalmente, los costos de almacenamiento y los costos financieros para mantener la mercancía) ya que para los negociantes debería ser indiferente vender su mercancía con descuento al precio de entrega inmediata que cubra esos "costos de mantenimiento", toda vez que eso es lo que costaría mantener la mercancía y venderla en una fecha futura. Por lo tanto, la definición convencional que ofrecen los libros de texto del precio justo de los contratos de futuros es el precio de entrega inmediata menos los costos de mantenimiento. En efecto, el precio de futuro puede verse como el descuento al precio de contado que determina cómo la existencia se mantendrá en el tiempo, dadas las expectativas de cambio en la oferta y la demanda.

Sin embargo, a un fondo de índices de mercancías no le interesa tomar la entrega física de la mercancía y en realidad no le interesa en absoluto el comportamiento de las condiciones del mercado de mercancía que determinan el precio de las mercancías. Esto se debe a que una de las justificaciones básicas para la venta de las mercancías como una clase de activo es que no guardan relación con otras clases de activo que se utilizan como inversiones. La dirección absoluta del cambio de precio no es importante, siempre y cuando no cambie en la misma dirección que los valores, los bonos, los bienes raíces o las monedas extranjeras. En consecuencia, un fondo de índices de mercancías que invierte en futuros tiene una demanda permanente inagotable de futuros, independientemente del precio del contrato al contado o a futuro. Puesto que el futuro perpetuo no existe, esto significa que un fondo de mercancías debe comprar contratos con fecha de vencimiento. Puesto que están tratando de hacer un seguimiento del precio de la mercancía, esto generalmente significa el contrato más corto o cercano. También significa que debe vender el contrato antes del vencimiento, para evitar tomar la entrega de la mercancía física. Por lo tanto, antes del vencimiento, los fondos de mercancías venderán las existencias actuales

de futuros y comprarán otros nuevos. Si los fondos que serán invertidos están aumentando, los fondos siempre comprarán más contratos de los que venden. En general, esto ha significado que no sólo no ha habido convergencia del contrato de futuro con el contrato de contado, sino que la mayoría de los mercados de mercancías, desde comienzos del siglo, se han caracterizado por una condición denominada "contango", que significa que el precio de futuro está por encima del precio de contado. Esta es una condición del mercado que, según Keynes, representa las condiciones en las cuales los especuladores dominaban las firmas de cobertura de riesgo o, en el caso presente, las condiciones en las cuales los especuladores de los fondos de mercancías dominan a los comerciantes. Keynes consideraba que la condición opuesta, denominada "backwardation" (mercado invertido), era normal. Normal porque generalmente hay más productores tratando de proteger sus precios de venta que especuladores dispuestos a arriesgarse a una caída del precio, entonces, para tener que darle al especulador una remuneración por su riesgo, el precio de futuro debe ser menor al precio de contado, de manera que después de la convergencia del futuro que sube para alcanzar el precio de contado en la fecha del futuro el especulador tenga una ganancia igual a la diferencia por sus molestias. Como se indicó anteriormente, esta diferencia tiene un límite en los costos en que se habría incurrido para comprar y almacenar la mercancía hasta la fecha del futuro, ya que esta la única forma en que el especulador podría cubrir completamente su riesgo. En consecuencia, se vuelve a presentar el punto: el margen determina quién mantiene las existencias de las mercancías.

En este caso, lo importante es que en un mercado invertido el fondo de índice de mercancías venderá contratos a un precio mayor que el precio que paga por comprar contratos nuevos. Entretanto, en un mercado "contango", dicho fondo venderá a precios menores de los que paga para comprar contratos nuevos. Por lo tanto, en las actuales condiciones de "contango", causadas por el incremento de la presencia de los fondos como tales, éstos tendrán pérdidas cada vez que cambien el vencimiento de sus existencias de contratos de futuros. En efecto, algunos aducen que el buen comportamiento de los índices de mercancías que solía justificar sus ganancias altas y sin correlación se debe al hecho de que los estudios históricos cubrieron períodos de mercado invertido (backwardation). Las cifras sobre ganancias que se incluyen en la

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siguiente tabla muestran que estos fondos no parecen estar produciendo ganancias libres de riesgos por encima de los promedios del mercado:

Pero el asunto importante aquí es que el surgimiento de los fondos de mercancías habían convertido el mercado en un mercado contango prácticamente permanente, donde la convergencia se volvió incierta. Como se indicó anteriormente, la convergencia es necesaria para que haya el incentivo de utilizar el mercado de futuros. En un mercado contango, el productor vende a un precio que es superior al precio de contado actual y convergerá con el precio de contado futuro. Por lo tanto, para cancelar el contrato, el productor depende del precio de convergencia; es decir, para poder comprar el contrato nuevamente de contado, para obtener una ganancia. Si el precio de los futuros no converge, entonces el productor tiene que volver a comprar a un precio más alto que el precio de contado del mercado, lo cual reduce su cobertura contra riesgos. Además, conforme los precios aumentan durante el período del contrato, los vendedores de futuros enfrentarán

mayores márgenes que deben pagarse a la cámara de compensación o, de lo contrario, los contratos serán liquidados. Para los productores, esto incrementa los costos de uso de los futuros.

Finalmente, en muchos mercados, no sólo la convergencia ha fallado al momento del vencimiento, sino que el contango en el mercado ha excedido el precio justo del mercado de futuros, que es el precio de contado más los costos de mantenimiento. Como se indicó anteriormente, el costo de los futuro determina quién almacena existencias de la mercancía y por qué cantidad durante el período del contrato. Cuando el contango supera este precio justo (denominado costo total de mantenimiento), entonces es rentable para los productores mantener las mercancías en almacenes. Es decir, en vez de vender un futuro al principio del período y cubrirlo mediante la venta o entrega justo antes del vencimiento, es más rentable mantener la mercancía en almacenes y cambiar el vencimiento del contrato de futuros, en espera de un precio más alto.

Todos estos factores conducirán a los productores y otros tenedores de mercancías físicas a preferir una estrategia de espera que consiste en pagar los costos de mantenimiento. Esto inducirá el almacenamiento y reducirá la oferta y ejercerá un efecto alcista en los precios de contado. Por lo tanto, existe una razón muy clara por la cual el surgimiento de los fondos de mercancías ha conllevado a una crisis de eficiencia en los mercados de futuros y un alza sostenida de los precios, al mismo tiempo que se han observado existencias registradas (para no mencionar las no registradas). Lo que parece ilógico en un mercado físico normal (es decir, producción mayor que la demanda y precios en alza) se vuelve normal cuando el mercado pasa a ser dominado por los negociantes de futuros especuladores2.

2 Aunque la Commodities Futures Exchange Commission de Estados Unidos sostenía originalmente que no había ninguna evidencia de que las transacciones de los fondos de mercancías tuvieran un impacto en los precios de los mercados de futuros, ahora ha cambiado su posición y un informe reciente de la Mayoría y Minoría de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, llamado "Especulación Excesiva en el Mercado del Trigo", de fecha 24 de junio de 2009, encontró "evidencia sustancial y convincente de que la amplia presencia de comerciantes de índices de mercancías en el mercado de futuros de trigo de Chicago es una razón primordial de la ruptura de la relación entre el mercado de futuros de Chicago y los precios de contado del trigo" p. 113.

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Insisto, no queda claro si los productores en realidad se benefician de este impacto positivos que los fondos de índices de mercancías tienen sobre los precios de mercado. Los grandes mayoristas se han ido convirtiendo cada vez más en centros financieros integrales en los cuales participan en el almacenamiento de las mercancías físicas, de modo que una gran parte del incremento es percibida por estas grandes transnacionales, en vez de los productores. Obviamente, el beneficio para el consumidor final es escaso. En efecto, el mundo ha enfrentado la paradoja de un alza de los precios de los productos básicos que debería ser beneficiosa para los países en desarrollo y una emergencia alimentaria en los países en desarrollo, conforme los precios al menor reflejan los crecientes precios de los futuros.

El peligro de los precios de las mercancías "financieras" para los planes de desarrollo

Sin embargo, la reciente recuperación de los precios de las mercancías parece tener un impacto que es muy semejante a la lotería de las mercancías que dominó las exportaciones latinoamericanas en el Siglo XIX. La recuperación de los precios de una gama de mercancías básicas condujo a un incremento de los términos de comercio, el cual no obstante fue revertido rápidamente cuando la burbuja financiera en los mercados de los países desarrollados hizo implosión.

Términos de comercio: Bienes

Economías emergentes y en desarrollo

Africa

Africa Sub-Sahara

Asia en desarrollo

Hemisferio Occidental

Independientemente de las razones de estos cambios en los precios relativos, el impacto que han tenido en el comportamiento de las exportaciones es evidente. Además, para muchos países, la inversión de esta posición ha sido igualmente veloz y extrema.

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La recuperación del comercio y los balances de cuenta corriente ha ido acompañada del aumento de la entrada de capitales procedentes de inversionistas internacionales que intentan disfrutar de la mejoría de las condiciones. Sin embargo, también ha traído un regreso de las reversiones de capital vistas en la década de 1990.

Financiamiento externo para economías de

mercados emergentes

Flujos privados, neto

Bancos comerciales, neto

Mill

ar

dos

de

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S

El resultado es que la influencia de los fondos de índices de mercancías, los cuales se dedican primordialmente a las inversiones en petróleo, se ha propagado para apoyar los biocombustibles y una forma nueva de lotería que ha afectado los precios relativos internos prácticamente en todos los países productores de mercancías básicas en América Latina. La consecuencia ha sido una combinación de superávits de cuenta corriente y cuenta de capital que han redundado en reservas internacionales que crecen rápidamente y monedas que se revalúan. Estas condiciones son similares a las que caracterizaron el período de las crisis financieras en la década de 1990.

Se ha propagado y convertido en algo similar a un proceso "reflexivo"-- siguiendo la caracterización que ofreciera Soros-- lo cual se conoce más comúnmente como un proceso Ponzi. Por ende, las condiciones de los mercados financieros están produciendo cambios reales en la estructura de producción y exportación en la mayoría de los países latinoamericanos —cambios que no son sustentables y producen perturbaciones considerables cuando son revertidos. En particular, la burbuja de los precios de las mercancías se refleja en lo que debería considerarse una burbuja de las tasas de cambio reales en la región. Esta es precisamente la situación que la reforma de la arquitectura financiera internacional y de las instituciones financieras multilaterales debía prevenir.

Incluso si uno acepta que es adecuado sustentar las estrategias de desarrollo nacional en la ventaja comparativa, los precios actuales de las mercancías comercializadas en el mundo no necesariamente reflejan diferencias de productividad real entre una actividad y otra. Está claro que los cambios de los precios relativos han sido producidos por factores meramente financieros en vez de reales. Por lo tanto, tales cambios no pueden aceptarse como indicadores de ventaja competitiva. Sin embargo, están teniendo consecuencias reales en la estructura de las economías que poseen grandes sectores productores de mercancías básicas. Además, están teniendo impacto reales en el hambre y la pobreza mundiales.

La cuestión es si los factores que actualmente causan distorsiones de precios pueden ser dominados. Los entes reguladores en Estados Unidos se han mostrado indecisos sobre si deben intervenir en los mercados para evitar burbujas de precios insostenibles -con la consecuencia de

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que el colapso de los mercados produzca pérdidas sustanciales, así como una recesión nacional que puede propagarse a la economía global. Su argumento es que es más sencillo prevenir un colapso de los mercados que detener una burbuja especulativa. Esto pudiera ser cierto en el caso de Estados Unidos, donde la Reserva Federal puede actuar como prestamista de última instancia. No queda claro si lo mismo sea cierto en el caso de la estructura real de los países latinoamericanos. Tampoco está claro si la desregulación del sector financiero segregará el comercio de mercancías de otros instrumentos financieros.

La crisis financiera nos ha dejado la enseñanza de que los mercados no son autorregulados y de que los mercados no necesariamente producen precios eficientes. El mercado internacional todavía tiene que aprender esta lección para el caso de las mercancías. Sin embargo, toda la estrategia de mercado basada en el Consenso de Washington se sustenta en precios que reflejan valor de escasez y productividad relativa.

EL PAPEL DE LA AYUDA PARA EL COMERCIO EN ENFRENTAR LAS DESVENTAJAS COMERCIALES

Excelentísimo Wilfred P. Elrington, Fiscal General, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Belice

Ciertas propuestas formuladas recientemente ante organismos multilaterales han intensificado el debate acerca de la necesidad de la Ayuda para el Comercio. ¿Cuál es el alcance verdadero de la Ayuda para el Comercio y en qué entorno puede rendir los mejores frutos? ¿Qué cuota de la Ayuda para el Comercio debe destinarse a financiar las capacidades productivas y la infraestructura? ¿Cuáles son las consecuencias para los mecanismos de financiamiento, desembolso, medición y supervisión?

Según el Subsecretario General de la Commonwealth, Ransford Smith, la Ayuda para el Comercio por sí sola no es la respuesta, sino es un complemento necesario para medidas comerciales efectivas que ayuden a mejorar el acceso a los mercados y enfrentar otros asuntos comerciales de interés para los países en desarrollo.

Como lo señaló Joseph Stiglitz en el Informe sobre la Ayuda para el Comercio que presentó a la Secretaría de la Commonwealth, "no tiene sentido darles acceso a mercados sin aranceles a los países en desarrollo si estos no podrán usarlo". El acceso a mercados sin la capacidad para usarlo probablemente sea más grave en el caso de los países en desarrollo pequeños, que suelen enfrentar más desventajas estructurales que las economías en desarrollo y desarrolladas más grandes. A continuación, algunas de las desventajas y desafíos que encaran las economías pequeñas:

En su mayoría las unidades económicas son pequeñas y medianas empresas que tienen oportunidades limitadas para aprovechar los beneficios de las economías de escala;

Falta de conocimiento práctico-técnico y recursos para invertir en investigación y desarrollo;

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El mercado nacional es limitado, debido a que sus poblaciones son pequeñas;

Los costos de transporte elevados, el tamaño pequeño de los envíos de mercancías, la infraestructura deficiente, la falta de competencia y la debilidad de las instituciones multiplican los costos del comercio y crean desventajas económicas considerables.

Para nosotros en Belice, el tema del acceso al mercado no es un problema mayor, pero nuestro historial de comercio de mercancía dista mucho de ser impresionante. El país goza de acceso prácticamente ilimitado a algunos de los mayores mercados del mundo, incluyendo la Unión Europea, en virtud del Acuerdo de Asociación Económica (EPA), los Estados Unidos (EE.UU.), en virtud de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), y Canadá, en virtud del CARIBCAN. Adicionalmente, contamos con otras ventajas comerciales -al amparo de otros diversos acuerdos comerciales- con países tales como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Cuba y Venezuela. Sin embargo, nuestra deslucida experiencia es una prueba empírica que sustenta la confesión, más bien tardía, de que "el libre comercio, si bien es necesario para el desarrollo industrial sostenido, no es suficiente".

En el 2008, Belice, junto con sus contrapartes en la CARICOM y República Dominicana, emprendió su primer acuerdo importante de liberalización con la Unión Europea: el Acuerdo de Asociación Económica. En nuestros propios estudios preliminares entendimos que los recursos necesarios para reestructurar la economía y alinearla con nuestros compromisos y obligaciones, en virtud del EPA, eran mayores de lo que el gobierno puede aportar. Obviamente, para lograr el éxito en el EPA, se requieren recursos externos. También estamos plenamente conscientes que es importante garantizar el compromiso y la participación de todos los actores y, más importante aún, garantizar que nuestras políticas de desarrollo nacional estén articuladas de manera clara, para poder tener acceso a la ayuda y utilizarla de la manera más eficiente.

Hemos entendido que si no hay orden en nuestra propia casa y que si no existen los mecanismos y políticas necesarios para optimizar nuestras exportaciones, es más fácil para los donantes decidir dónde y cómo debe utilizarse la ayuda. Por otro lado, si establecemos políticas de desarrollo que orienten y brinden los mecanismos para garantizar un programa de

desarrollo sustentable, podemos asegurarnos de que la ayuda complementará y fortalecerá nuestros planes y estructuras, en vez de dictar las líneas rectoras de nuestros esfuerzos y en algunos casos incluso socavarlos. Si tenemos nuestros planes de desarrollo preparados, los donantes pueden coordinar sus iniciativas para garantizar la complementariedad, evitar la duplicación de esfuerzos y, en definitiva y lo más importante, evitar el desaprovechamiento de recursos. Admitimos que poner estos mecanismos en marcha es una empresa formidable, pero es imperativo que individualmente como países tracemos los objetivos y directrices que nos guíen hasta la meta que deseamos alcanzar, y está claro que nadie más debe decidir cuál es esa meta.

Es vital que un paquete de ayuda para el comercio que incorpore tanto costos de ajuste como capacidad de oferta pueda interrelacionarse con un programa de desarrollo más amplio, como por ejemplo, las estrategias de desarrollo nacional o las estrategias para la reducción de la pobreza. Esto permitiría identificar las prioridades locales de estímulo del desarrollo nacional, en vez de las prioridades de los donantes. En este sentido, Belice se encuentra trabajando actualmente para elaborar su estrategia de desarrollo de largo plazo, pero hay que reconocer que algunos sectores ya tienen estrategias establecidas que están dando resultados positivos y que tendrán que convertirse en parte integral de nuestra agenda de desarrollo nacional. Debemos aceptar que en muchos casos no es necesario "reinventar la rueda". Es necesario que establezcamos las prioridades y utilicemos aquello que nos ha funcionado.

Está claro que los donantes y receptores tienen un papel importante por desempeñar a fin de garantizar que la Ayuda para el Comercio sea una herramienta efectiva. El receptor debe formular estrategias de desarrollo nacional para garantizar que la Ayuda para el Comercio complemente la ejecución de los planes de desarrollo nacional. Sin embargo, el trabajo de preparación por parte del receptor no termina aquí. Los países receptores deben trabajar para construir estructuras nacionales sólidas que incorporen la Ayuda para el Comercio y garanticen que el desembolso de la ayuda sea un complemento de los esfuerzos nacionales. Los países receptores más importantes deben garantizar que la rendición de cuentas se lleve a cabo de manera oportuna y transparente. Es imperativo que rindamos cuenta por toda la ayuda que

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recibamos. Una combinación de cooperación efectiva de los donantes, estrategias amplias y coordinación en los países rendirá buenos resultados y asegurará la continua participación de los donantes.

Ahora bien, ¿cuál es para nosotros el fin de la utilización de la Ayuda para el Comercio? El objetivo de la Ayuda para el Comercio debería ser destinar recursos para incrementar el volumen y el valor agregado de las exportaciones, diversificar y buscar nuevos mercadas para éstas, así como atraer inversiones extranjeras que generen mayores empleos y mejores productos para el mercado de la exportación. La asistencia al desarrollo relacionada con el comercio debería emplearse para aumentar la capacidad de exportación de nuestros países. Puesto que ya se ha establecido que la Ayuda para el Comercio es necesaria e importante para complementar nuestras agendas de desarrollo nacional, es evidente que dicha ayuda debe concentrarse en aumentar la capacidad de oferta y la infraestructura vinculada al comercio, al igual que los costos de ajustes que se derivan de la liberalización del comercio.

La capacidad de oferta puede abarcar una serie de actividades prácticamente ilimitada, debido a la amplia gama de restricciones que enfrentan las empresas y los gobiernos. A continuación se mencionan algunas de estas restricciones:

tecnología y finanzas, servicios de soporte a las empresas, destrezas administrativas y técnicas, transporte, sitios de almacenamiento e información acerca del mercado.

La Ayuda para el Comercio puede desempeñar un papel fundamental en la diversificación de las estructuras de producción de los países, al ayudarlos a desarrollar sus capacidades en productos de alto valor, explorar áreas nuevas y dinámicas en los sectores de bienes y servicios y promover el desarrollar de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

A continuación, deseo referirme al tema de las barreras internas y la infraestructura:

Una infraestructura inadecuada también es causa importante de las limitaciones de la oferta. Las mejoras de la infraestructura deben ir de la mano de buenas políticas. El valor de los proyectos de infraestructura -si éstos son administrados de manera inadecuada- es socavado fácilmente por políticas económicas deficientes o servicios ineficientes y corruptos. Una vez que ha sido implementada adecuadamente, la infraestructura ligada al comercio puede incluir infraestructura física, como por ejemplo sistemas de transporte -carreteras, puertos, embalses y sistemas de riego-, así como sistemas de comunicación. Además, puede fortalecer la infraestructura institucional, como por ejemplo leyes y regulaciones para garantizar un ambiente de negocios favorable.

Todos reconocen que "el comercio no sólo produce ganancias, sino también tormentos". La liberación del comercio conlleva costos de ajuste conforme los recursos se trasladen de un sector a otro en medio del proceso de reforma. Una liberalización comercial significativa puede igualmente afectar la distribución del ingreso entre los factores de producción. Las pérdidas fiscales y la liberalización comercial reducen los ingresos por concepto de aranceles. También hay que considerar los costos de implantación. Los cambios en las regulaciones pueden significar una carga para los países en desarrollo que, en algunos casos, ha sido considerable en comparación con los beneficios resultantes de las oportunidades de acceso a mercados nuevos.

El cumplimiento de las regulaciones se hace más difícil para los países en desarrollo, cuyos sistemas administrativos generalmente ameritan una reforma más amplia para satisfacer las normas aceptadas internacionalmente.

Los costos de ajuste abarcan una gran variedad de aspectos, incluyendo los siguientes:

costos de erosión de las preferencias, costos de cumplimiento de los requisitos estándares de

productos, costos de cumplimiento de los compromisos y obligaciones que

se deriven de los acuerdos comerciales, costos en ingresos por concepto de aranceles, como resultados de

la reducción de los aranceles y costos relacionados con factores de producción tales como

capital y mano de obra.

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En pocas palabras, la Ayuda para el Comercio debería tener el paquete más amplio que sea posible y no destacar ninguna opción, toda vez que las necesidades de los países no son homogéneas y varían de acuerdo con las realidades y los efectos internos que se derivan de los asuntos relacionados con el comercio.

En el caso de las economías pequeñas vulnerables, tal y como se propuso en los Temas Comerciales de Actualidad presentados por la Secretaría de la Mancomunidad en mayo de 2009, los donantes deberían considerar la posibilidad de introducir programas de Ayuda para el Comercio destinados a enfrentar las limitaciones relacionadas con el comercio específicas que enfrenten las economías pequeñas, incluyendo lo siguiente:

Consolidar la infraestructura relacionada con el comercio, tanto de comunicaciones como de transporte, así como el desarrollo de destrezas profesionales adecuadas específicamente orientadas hacia el mercado de servicios;

Mejorar las reglas relativas a los desembolsos de Ayuda para el Comercio. Los desembolsos lentos tienden a perjudicar el valor de la asistencia que se brinda para apoyar procesos de ajustes que son apremiantes;

Programar las actividades relacionadas con el comercio para mayores períodos y con una participación más activa de los receptores. Esto aumentaría la capacidad de previsibilidad y propiedad de los flujos de la Ayuda para el Comercio;

Incrementar el nivel de ayuda para la facilitación del comercio, toda vez que esta parezca ser una inversión particularmente rentable;

Elevar las asignaciones para la infraestructura económica, toda vez que el impacto de la ayuda parece ser especialmente significativo en las exportaciones; y

Trabajar con los receptores para identificar los contextos en los que hay mayores necesidades de ayuda para los sectores productivos.

La Ayuda para el Comercio puede ser una herramienta efectiva para complementar nuestras agendas de desarrollo nacional. El comercio es visto como un motor del crecimiento y es necesario analizar y explorar

adecuadamente todo mecanismo que los países en desarrollo puedan utilizar para encarar sus desventajas.

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AYUDA PARA EL COMERCIO: PANORAMA EN LA REGION

Dra. Laura Páez, Jefa de Proyectos, SELA

1. “Ayuda para el Comercio” (ApC)- ¿Qué es?

La Ayuda para el Comercio (ApC) se basa en la noción del comercio como motor del desarrollo económico algo esencial para la reducción de la pobreza. Sin capacidades comerciales básicas definidas por un buen marco de políticas, instituciones e infraestructura, la apertura comercial no podrá garantizar los resultados que se esperan en términos de ganancias y beneficios del comercio.

Los principios que rigen la ApC recalcan la necesidad de una mayor coherencia política entre todas las partes involucradas, a fin de: i) mejorar la ayuda y asistencia técnica destinada al comercio y desarrollo de los países receptores; ii) no duplicar esfuerzos, en especial por parte de los donantes bilaterales y multilaterales, y iii) garantizar que dicha ayuda sea eficaz y efectiva. Estos principios están plasmados en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, que exhorta a mejorar la ApC.

En tiempos recientes, la ApC ha sido relanzada como área fundamental de acción, sobre todo a partir de la Iniciativa de la VI Conferencia Ministerial de Hong Kong en 2005, donde se encomendó a los miembros de la OMC incrementar y mejorar la ayuda para el comercio

El mandato de la ApC está contenido en la Declaración Ministerial de Hong Kong, párrafo 27, que establece una serie de obligaciones, actividades y recursos que han y están siendo ejecutados, monitoreados y evaluados continuamente.

Bajo la Iniciativa de Ayuda para el Comercio de la OMC, el objetivo primordial es ayudar a los países en desarrollo y a los países menos avanzados (PMA) a construir las necesarias capacidades e infraestructura para fomentar su comercio, poder beneficiarse de los acuerdos de la OMC y ser capaz de implementarlos adecuadamente.

La ApC se suele medir de dos formas: los flujos de AOD sectorial y las actividades puntuales financiadas con dichos fondos. La AOD sectorial

es desembolsada en un 95% por los países y organizaciones que conforman el CAD (Comité de Asistencia para el Desarrollo) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La ApC tiene que ver con la entrega de asistencia técnica y financiera en una gama actividades vinculadas al sector comercial. Dicha ayuda contempla 4 categorias básicas:

i) La asistencia técnica y capacitación para el comercio (también conocida como “políticas y reglamentos comerciales“). La asistencia técnica y capacitación para el comercio que tiene que ver con el diseño e implementación de políticas y reglamentos comerciales; el fortalecimiento institucional y la capacitación de funcionarios de organismos y agencias vinculadas al comercio; entre otras actividades vinculadas

ii) La infrastructura vinculada al comercio, que suele contemplar inversiones en puertos, aeropuertos, vialidad y almacenes para reducir las barreras físicas al comercio internacional.

ii) La inversión en las capacidades productivas, que se suele hacer en sectores e industrias de los países para diversificar sus exportaciones y aprovechar sus ventajas comparativas.

iv) La asistencia para el reajuste, la cual viene siendo una modalidad más reciente de la ApC, es puesta en marcha ante el deterioro de preferencias, costos asociados con la reducción arancelaria y términos de intercambio de países en desarrollo, y nace en 2007.

2. Montos, destinos y categorías de la ApC

Para el período 2002-2005, se comprometió un promedio de US$ 21 millardos anuales en ayuda para el comercio. Esta ayuda contempló US$11.200 millones para construir infraestructura, US$ 8.900 millones para promover las capacidades productivas, y US$ 6 millones para políticas y reglamentos comerciales.

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La ApC representó cerca del 34% del total de la AOD sectorial para 2002-2005, con un crecimiento real del 22% de los compromisos. Aun así, la porción de AOD destinada a la ApC muestra una tendencia hacia la baja, en un período donde la AOD creció un 27%, de US$ 51 a 67,5 millardos. Esta tendencia es particularmente cierta para ALC, donde se ha observado un práctico estancamiento del volumen de fondos de la AOD destinada al comercio, en una época que más bien se ha caracterizado por un aumento importante en los flujos de AOD. Ello es reflejo de la concentración de esfuerzos en un grupo de países menos desarrollados de África y Asia-Pacífico, como se aprecia a través de programas de asistencia como el Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica (JITAP) y Marco Integrado para la Asistencia Técnica Relacionada al Comercio hacia Países Menos Desarrollados (MI).

Gráfico 1: ApC de los Donantes CAD y Multilaterales (% de la AOD Sectorial)

Fuente: Sistema de notificación por parte de los países acreedores de la OCDE

En cuanto a los aportes, los donantes bilaterales destinan cerca del 31% de su AOD sectorial a la ApC, aunque hay un alto grado de variación de las contribuciones, como se aprecia en la figura. Los principales

Figura 1: Ayuda al Comercio de los Donantes DAC y Multilaterales

(% de AOD Sectorial)

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donantes son Japón e Italia, Dinamarca, España y Suiza. Los donantes multilaterales por su parte aportan cerca del 50% de sus recursos a programas sectoriales de ApC. Se destaca el apoyo del BID y la EU para la infraestructura y capacitación del sector productivo.

3. La ApC en América Latina y el Caribe

Si se desagregan estos montos según los destinos, observamos que ALC recibió considerablemente menos ayuda que otras regiones, como por ejemplo África y Asia. Para el período 2002-2005, Asia recibió el 51% del total de ApC, seguida de África con un 30%. América Latina y el Caribe recibieron apenas el 7% de dicha ayuda, Europa un 5% y Oceanía el 1%.

La Tabla 1 muestra que para 2007 la ApC destinada a ALC aumentó un 34% pasando de 1.600 a 2.200 millones en 2007. Debido a ello, la participación de ALC en el total de la ApC aumentó levemente a a 8,7%.

Tabla 1: Compromisos de Ayuda para el Comercio, por regiones

(en millones de dólares EE.UU. constantes de 2007)

Referencia 2002-2005

2007 Variación porcentual

África 6.985 10.214 46,2

América 1.624 2.178 34,1

Asia 11.017 11.225 1,9

Europa 1.428 1.331 -6,8

Oceanía 231 292 26,4


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4. Iniciativas regionales de ApC para superar las desventajas del comercio

En el contexto de la Iniciativa de la ApC de la OMC, se están llevando a cabo actividades de monitoreo y evaluación, han habido dos exámenes globales, así como una serie de exámenes regionales de la ApC. En el I Examen Global de la ApC celebrado en noviembre de 2007, figuró la necesidad de promover una mayor apropiación de la iniciativa por los países en desarrollo, reforzar la vigilancia y la evaluación y de un mayor énfasis en la fase de implementación de dicha ayuda. A su vez, en el II Examen Global de la ApC, julio 2009, se reconoció la importancia de continuar con los esfuerzos para superar la crisis.

También se llevaron a cabo tres exámenes regionales para África, Asia y América Latina y el Caribe. Para esta última región se celebró el Examen Regional de la ApC para la región de América Latina, en Lima el 13 y 14 de septiembre de 2007. Igualmente, se han organizado varios exámenes nacionales y subregionales de la ApC, en Perú, Honduras y Barbados.

Más recientemente se llevó a cabo la Reunión de Alto Nivel de América Latina y el Caribe sobre la Ayuda para el Comercio en Montego Bay, Jamaica, el 7 y 8 de mayo de 2009, donde se discutieron las prioridades de la ApC para la región, con la ayuda de auto-evaluaciones y también se identificaron varias de las prioridades para mejorar la ejecución y eficacia de la ApC.

El cuestionario de auto-evaluación pidió indicar las esferas prioritarias de ApC para mejorar la capacidad comercial de los países, a fin de beneficiarse de la expansión del comercio y la integración a la economía mundial. Las 12 opciones listadas en el cuestionario correspondían a una serie de categorías de ayuda para el comercio (i.e. políticas y reglamentos comerciales, infraestructura y creación de la capacidad productiva).

En los países andinos, la mayoría afirmó que los progresos logrados se debían a proyectos conjuntos en el marco de la CAN, la UNASUR y la ALADI, donde participaban en programas de ApC ejecutados a nivel regional. Una de las áreas prioritarias que comparte la región andina en materia de ApC tiene que ver con competitividad, que forma parte de la

categoría de creación de la capacidad productiva, como se aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2: Prioridades de la ApC para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Bolivia Análisis de políticas comerciales

Cadenas de valor Diversificación de las exportaciones

Colombia Competitividad Internacionaliza-ción de la economía

Transformación productive

Ecuador Integración regional Otros medios de transporte

Competitividad

Perú Análisis de políticas comerciales

Diversificación de las exportaciones

Competitividad


En las respuestas del Caribe se señaló que a nivel regional se estaban tratando las restricciones de la capacidad comercial, que incluían varias iniciativas de la CARICOM, el Mecanismo Regional de Negociación del Caribe (CARIFORUM) y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).

Entre las áreas prioritarias para esta región se destacan actividades como la competitividad y la diversificación de exportaciones, que encajan en la categoría de invertir en capacidades productivas.

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Tabla 3: Esferas prioritarias de la ApC para los Países del Caribe


Barbados Competitividad Análisis de las políticas comerciales

Integración regional

Belice Facilitación del comercio



Granada Diversificación de las exportaciones

Análisis de las políticas comerciales

Competitividad

Guyana Infraestructura de redes

Competitividad Diversificación de las exportaciones

Jamaica Infraestructura de redes


República Dominicana



Competitividad

Trinidad y Tobago


Competitividad Integración regional

Fuente: Sistema de notificación por parte de los países acreedores de la OCDE.

En las respuestas de los países de Centroamérica, se señaló que los proyectos de ApC para la facilitación del comercio y competitividad bajo el SICA, la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano y

Unión Aduanera Centroamericana habían sido eficaces para mejorar su capacidad comercial.

Para este grupo de países, la prioridad de ApC tiene que ver con el análisis de las políticas comerciales, según se aprecia en la Tabla 4. Esta actividad tiene por objeto mejorar las capacidades institucionales, el manejo y la aplicación de las políticas comerciales para aprovechar las ventajas del sistema multilateral de comercio.

Tabla 4: Esferas prioritarias de la ApC para los Países de Centroamérica


Costa Rica Análisis de las políticas comerciales

Competitividad Integración regional

Guatemala Análisis de las políticas comerciales



Honduras Análisis de las políticas comerciales


Competitividad

México Análisis de las políticas comerciales

Facilitación del comercio

Competitividad

Nicaragua Análisis de las políticas comerciales


Panamá Competitividad Diversificación de las exportaciones



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En el caso de los países del Mercosur y Chile, las auto-evaluaciones arrojaron que se comparten varios temas prioritatios vinculados a mejorar las capacidades productivas, como lo son la diversificación de las exportaciones y la competitividad, así como la infraestructura de redes e integración regional.

En particular, los países señalaron la eficacia de la ApC para mejorar la infraestructura transfronteriza y para el fomento de la capacidad, a través de programas o proyectos regionales de ApC, por ejemplo con la aplicación de los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR, que promueven la convergencia estructural, la competitividad y la cohesión social de las economías menores y las regiones menos desarrolladas.

Tabla 5: Esferas prioritarias de la ApC para los Países del Mercosur y Chile


Chile Diversificación de las exportaciones

Integración regional Competitividad

Paraguay Infraestructura de redes

Integración regional Competitividad

Uruguay Diversificación de las exportaciones y competitividad

Infraestructura de redes



También se pidió a los países asociados que identificaran esferas prioritarias en las que pudiera mejorarse la ejecución y la eficacia de la

ApC. Entre las recomendaciones de los países de ALC para mejorar la eficacia y ejecución de la ApC se destacan las siguientes esferas:

Mayor interés de los donantes en el fomento de la capacidad local: un mayor involucramiento por parte de los donantes para que su ApC penetre las instituciones locales, más allá de la entrega de recursos.

Mayor participación en la formulación de la ApC: por parte de

los sectores e instituciones locales, que permitan a los países legitimar las políticas y procesos que se desarrollen a partir de la ApC.

Mayor previsibilidad de la financiación de la ApC: para que se

garantize la continuidad de los recursos destinados a financiar actividades de la ApC.

Mayor frecuencia de iniciativas de aplicación conjunta que involucre a los donantes y los países asociados.

5. Iniciativas regionales para superar las desventajas

Vistas las cifras y tendencias recientes de la ApC, sabemos que la región sufre de un sesgo en materia comercial. Se hace además evidente que estos recursos son pocos, y ante la crisis global se hacen todavía más necesarios. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué se está haciendo a nivel regional para llenar este vacío? ¿Qué iniciativas existen para mejorar las condiciones del comercio internacional en ALC y cómo operan?

En la sección anterior se destacó que los países de la región en sus auto-evaluaciones mencionaban su participación en varias de las iniciativas regionales para superar las desventajas comerciales que enfrentaban. Entre dichas iniciativas, vale la pena mencionar las actividades que actualmente está desarrollando el SELA en materia de ApC.

Se destaca el “Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe”, que ha sido elaborado en un esfuerzo conjunto entre el

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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el SELA. Dicho programa será implementado por el SELA con el patrocinio y la asistencia técnica del PNUD y la UNCTAD durante 2010-2012, para ayudar a los 27 Estados miembros latinoamericanos y caribeños del SELA a superar sus desventajas comerciales.

El objetivo principal de dicho programa es mejorar las capacidades de los países de ALC para formular políticas apropiadas que les permitan promover sus prioridades comerciales y de desarrollo en las negociaciones multilaterales y regionales. Esto les permitirá tener un papel más activo en el diseño del sistema multilateral de comercio y agilizar su inserción y mayor participación en la economía global.

Entre las áreas programáticas del Programa están: políticas y negociaciones comerciales; facilitación del comercio; acuerdos de inversión y disputas inversor-Estado, y normativa de competencia y protección al consumidor. A su vez, las actividades programadas contemplan estudios e investigaciones regionales; reuniones, talleres de entrenamiento y seminarios regionales y nacionales; servicios de asesoría, y diseminación de la información por medio de la página web del SELA y varias publicaciones conjuntas entre las tres organizaciones.

6. Conclusiones y recomendaciones

Sin las capacidades básicas para el comercio la apertura comercial no garantizará los resultados que se pueden esperar en términos de crecimiento económico y mayor bienestar. La Ayuda para el Comercio puede jugar un papel importante en crear las capacidad básicas para el comercio internacional

Si bien la AOD sectorial destinada a la ApC ha crecido en tiempos recientes, ALC apenas recibe el 8% de dichos fondos. Otras regiones como Asia y África, han recibido mayor atención y parecen tener mayor prioridad en los programas de ApC multilaterales, como por ejemplo el Marco Integrado.

Los fondos de la ApC son variables y se concentran primeramente en infrastructura, luego en capacidades productivas y finalmente en

políticas y reglamentos comerciales. Esto se debe a que infrastructura alberga actividades de AcP que son más intensivas en capital que las otras categorías.

Si bien América Latina y el Caribe recibe considerablemente menos ayuda oficial para el desarrollo para el sector comercial que otras regiones, se reconoce la vital importancia de la ayuda para el comercio como herramienta para superar las desventajas del comercio. También se recomienda avanzar en la simplificación de los trámites para el comercio regional y de ser posible incluir vías electrónicas para estos trámites, a fin de reducir las restricciones no arancelarias que merman el comercio de la región.

En vista de los insuficientes recursos de ApC en el plano multilateral, las iniciativas regionales deben estar acompañadas de medidas complementarias para solventar las desventajas comerciales que contemplen La evaluación de necesidades de los países de ALC indica que invertir en sus capacidades productivas es un área prioritaria en todas las regiones

En ALC existen iniciativas de ApC que buscan solventar las carencias a través de un enfoque de integración y cooperación regional. En tal sentido, deben hacerse esfuerzos articulados a nivel regional para darle seguimiento a la evaluación de necesidades, a fin de captar más ApC para la región.

Un ejemplo de los esfuerzos regionales recientes en materia de ApC lo brinda el “Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe”, una iniciativa reciente del SELA con el patrocinio y asistencia técnica del PNUD y de la UNCTAD, con la finalidad de ofrecer ayuda para el comercio para los 27 Estados miembros del SELA.

La crisis ha tenido efectos profundos sobre los países de ALC, mermando los flujos comerciales y financieros, con impactos importantes en las economías locales, e incluso reavivando medidas proteccionistas. En este contexto, se destaca la necesidad de elaborar una estrategia regional para ser llevada a los diversos organismos internacionales y permitir mejor acceso de los países de la región a los recursos de la ayuda. Asimismo, se recomienda avanzar en la simplificación de los trámites para el comercio regional y de ser posible

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la inclusión de vías electrónicas para estos trámites. La necesidad de elaborar estudios de evaluación de impacto de los programas de ayuda para el comercio es imperiosa y podría facilitar la elaboración de las estrategias de los países para acceder a los recursos.

EL ROL DEL COMERCIO EN LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL PARA EL DESARROLLO

Alfredo Calcagno, UNCTAD

En principio uno podría anticipar una clara relación positiva entre comercio exterior y la acumulación del capital, ya que el comercio internacional incidiría tanto por el lado de la demanda, a través de las exportaciones (puesto que no hay inversión si no se prevé una mayor demanda), como por el lado de la oferta, mediante la importación de bienes de capital.

En buena medida la estrategia de desarrollo en América Latina, basada en la apertura comercial, postulaba que una expansión del comercio internacional llevaría al incremento de la inversión, a la reasignación de recursos de acuerdo con las ventajas comparativas y a una aceleración del crecimiento económico. A su vez, como los sectores llamados a crecer más rápidamente son precisamente los exportadores, el comercio internacional seguiría expandiéndose con rapidez, dando lugar a un círculo virtuoso, a un crecimiento liderado por las exportaciones.

La apertura comercial, con frecuencia unilateral, empezó en la segunda mitad de los años 1970 en el Cono Sur latinoamericano, y se generalizó en toda la región a partir de fines de 1980. Efectivamente, trajo consigo un aumento importante del coeficiente de apertura de la economía, medido como el porcentaje de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en el PIB. Sin embargo, esta mayor apertura no trajo por sí misma un aumento de la tasa de inversión, ni aceleró el crecimiento del producto, y tampoco permitió una reducción de la brecha de productividad con los países desarrollados (gráficos 1 y 2).

Los impulsores de las reformas no tuvieron en cuenta la importancia de las vinculaciones “hacia atrás” y “hacia adelante” que deben tener los sectores dinámicos para dar lugar a un proceso de desarrollo, y claramente imaginaron una reasignación de recursos más rápida y “virtuosa” de la que en realidad ocurrió. Así, los logros en términos de exportaciones se produjeron en muchos casos en sectores con escasa vinculación productiva con el resto de la economía, como son las

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industrias maquiladoras, o las explotaciones mineras que, al pagar pocos impuestos, terminan siendo enclaves económicos. A fuerza de alentar la radicación de actividades extravertidas con incentivos fiscales y liberándolas de todo requisito de uso de insumos internos y transferencia de tecnología, se ha minimizado el efecto positivo que tanto la inversión extranjera como las exportaciones pueden tener. Además, el proceso de apertura sustituyó productos e insumos locales por extranjeros, sobre todo en los países que apreciaron sus monedas, que fueron la mayoría durante los años noventa. De este modo, se destruyó o debilitó un tejido industrial anteriormente protegido, sin darle verdaderamente la posibilidad de modernizarse o reconvertirse.

Lejos de preocuparse por esa desindustrialización, los reformadores estimaban que era la manera cabal de reestructurar la economía, ya que así se “liberaban” recursos que emigrarían a otros sectores siguiendo las ventajas comparativas: era, decían algunos de ellos, el proceso de “destrucción creativa” de Schumpeter. Ahora bien, la política seguida está en las antípodas del proceso de cambio estructural schumpeteriano. En éste, el empresario que quiere introducir una innovación debe captar los recursos productivos pagándolos a un precio mayor al que están recibiendo (para lo que recurre al crédito). Si la innovación tiene éxito, el empresario obtiene ganancias extraordinarias que le permiten pagar los mejores salarios y devolver el crédito, hasta que su innovación es copiada por los competidores y se reemplaza el viejo procedimiento por el nuevo. Así, en un proceso schumpeteriano, el factor que inicia el cambio estructural es la innovación, que reasigna los factores productivos sin que esos recursos tengan que pasar por un período de desempleo. La creación prima lógicamente sobre la destrucción. En cambio, en la estrategia aperturista seguida, se empieza por destruir parte de los sectores anteriormente protegidos para que expulsen mano de obra y capital, suponiendo que por obra de los mecanismos del mercado, esos recursos irán a parar a los sectores más competitivos. La actual crisis financiera nos recuerda que los mercados financieros desregulados no son una brújula confiable para orientar los capitales hacia sus usos más productivos; pero además, en este esquema, la destrucción precede lógicamente a la creación. Tal destrucción no se absorbe fácilmente: los trabajadores desempleados pueden no adaptarse rápidamente a tareas que requieran otras calificaciones, y en el plano macroeconómico, la menor demanda reducirá los incentivos para crear empleo y para invertir (mientras que en el esquema schumpeteriano hay

una expansión de la demanda). Puede entonces producirse la conocida trampa del desempleo prolongado, durante el cual los trabajadores ven degradarse su calificación y su patrimonio, sus hijos abandonan la escuela, y en definitiva hay una pérdida de capital humano difícil de revertir. En cuanto al capital, tiende a olvidarse que cuando éste se materializa en una inversión física, no es en general adaptable para otros fines que los originalmente previstos. Puede aseverarse que no se trata de reorientar el stock de capital sino su flujo, el ahorro. Ahora bien, en las economías capitalistas el grueso del ahorro son las ganancias no distribuidas de las empresas; al deteriorarse su rentabilidad, ese ahorro desaparece. En otras palabras, cuando la destrucción precede a la creación, no se “libera” el capital para que pueda reasignarse, si no se le destruye.

En mi opinión, el desafío no consiste en lograr de cualquier manera un mayor volumen de comercio, sino en establecer una inserción comercial que sea funcional a la estrategia global de desarrollo. Esto no significa que aumentar el volumen de comercio no pueda ayudar al desarrollo, sino que debemos fijarnos sobre todo en los aspectos cualitativos de la inserción internacional. Diferentes tipos de expansión comercial tienen distintos efectos sobre la acumulación de capital y el desarrollo; en particular, importa que la actividad exportadora desarrolle vinculaciones productivas con otros agentes y con otras ramas productivas, que genere ingresos que se usen dentro del país, y que ayuden a desarrollar y difundir tecnología. Este mismo tema se planteó en América Latina en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, cuando la incorporación plena de estos países en el sistema del comercio mundial incidió de maneras muy diferentes según la naturaleza de la actividad exportadora y las políticas públicas que las enmarcaron. En ciertos casos, la expansión exportadora favoreció la infraestructura de transporte y ayudó a integrar el país, generó una demanda interna y contribuyó al fortalecimiento de los Estados a través de los ingresos que distribuía y los impuestos que pagaba. En otros casos, generó enclaves escasamente vinculados al resto de la economía, y con un mínimo efecto multiplicador.

Estos mismos problemas se han planteado más recientemente con la expansión de exportaciones de industrias maquiladoras y de productos primarios. En el primer caso, al ser pequeño el uso de insumos

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nacionales, gran parte del impacto positivo de las exportaciones se esteriliza, ya que más que un efecto multiplicador interno asistimos a una expansión de las importaciones. Este es sin duda una de las razones del desacople que se constata en varios países entre el dinamismo notable del comercio y el crecimiento mucho más modesto del producto y la inversión. Para que tal desacople no ocurra es importante tener una política industrial activa, que lleve a desarrollar una red de proveedores locales y una política macroeconómica que evite sobrevaluar el tipo de cambio y, además, dé a los empresarios nacionales acceso al crédito en condiciones razonables de plazo y tasa de interés.

En el segundo caso, el de las exportaciones primarias, resulta esencial determinar cómo se distribuye la renta primaria entre el Estado y los agentes privados nacionales y extranjeros, especialmente en estos tiempos de precios relativamente altos, y también cómo se utilizan esos recursos. En nuestra opinión, varios países de la región se han dejado arrastrar en los años noventa en una competencia por atraer capital extranjero en algunas producciones primarias (básicamente minería e hidrocarburos) que terminó favoreciendo esencialmente a las empresas transnacionales, que se encontraron con condiciones impositivas mucho más favorables que las que tienen en sus países de origen. Constatamos que en los últimos años varios gobiernos en todo el mundo han emprendido una revisión de las condiciones de explotación de sus recursos no renovables, buscando aumentar la parte que les toca de la renta minera, gasífera o petrolera. Los gobiernos deben repensar sus políticas impositivas, aprovechando que los precios más altos y la aparición de nuevos actores mundiales (a la vez como demandantes de materias primas y como dueños de empresas explotadoras) han mejorado la capacidad negociadora de los dueños de las reservas de materias primas. Esta política será mucho más eficaz si es regional: en vez de trabarse en una competencia destructiva entre sí, los países vecinos deberían acordar condiciones más homogéneas y razonables para defender su medio ambiente y captar una parte significativa de las rentas naturales.

Actualmente están sobre la mesa varias iniciativas internacionales, vinculadas con el comercio, que tienen o pueden tener serias consecuencias en la capacidad de los países para llevar a cabo políticas de desarrollo. Se trata de negociaciones en la OMC, pero también de los acuerdos de libre comercio entre países en desarrollo y desarrollados, en

las que estos últimos buscan limitar el espacio de política de los primeros, como condición para el acceso preferencial a sus mercados. Así, los acuerdos que negocian o que han firmado muchos países en desarrollo con la Unión Europea o con los EEUU, además de disponer una liberalización del comercio de bienes y servicios mucho más radical que la que se ha dispuesto hasta ahora en la OMC, incluyen numerosas normas sobre protección de la inversión extranjera y de la propiedad intelectual, sobre las compras gubernamentales y la política de competencia. De este modo, toda la agenda que los países desarrollados intentaron impulsar desde la reunión ministerial de la OMC en Singapur y que los países en desarrollo han resistido, tiende a concretizarse paulatinamente a través de estos acuerdos bilaterales. A estas condiciones se han agregado otras más novedosas, tales como prohibiciones a los controles de capital (lo que quita un instrumento importante en el manejo macroeconómico de los países del Sur), normas laborales y de medio ambiente que los países desarrollados ven como “dumping social o medioambiental”, y los países en desarrollo como barreras potenciales a su acceso a los mercados del norte. Pero quedan fuera de la discusión temas de interés para los países en desarrollo, tales como los subsidios agrícolas y la exportación de servicios en la forma de migración de mano de obra, salvo la más calificada.

Otro instrumento que los países en desarrollo deberían abandonar en gran medida, en el marco de estas negociaciones y también de la ronda de Doha de la OMC si se aprobaran las propuestas preparadas por su Secretaría, es el uso de tarifas para proteger las industrias manufactureras nacientes. Este es típicamente un instrumento adaptado a la situación de los países en desarrollo, que no tienen suficientes recursos fiscales para subsidiar sus producciones en áreas en las que todavía está permitido, o a la investigación tecnológica: de hecho la reducción de las tarifas a la importación significa un costo fiscal no desdeñable para muchos países en desarrollo. La UNCTAD ha abogado porque se mantenga la posibilidad de hacer un uso flexible de los límites tarifarios, comprometiéndose a los países a tener un nivel arancelario promedio máximo, pero pudiendo concentrar esa producción en determinadas ramas de actividad, que podrían ir cambiando de acuerdo al grado de desarrollo industrial que vaya alcanzando. Esto no sería posible con la propuesta actualmente sobre la mesa del NAMA, ya que se deberían reducir todas las tarifas sobre productos no agrícolas

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manufactureros de manera radical, siguiendo la llamada “fórmula suiza” por la cual las tarifas más altas deben disminuir proporcionalmente más que las más bajas. Tampoco se permitiría concentrar las excepciones en determinadas ramas de producción, ya que la llamada cláusula sectorial establece que los llamados productos sensibles que podrían mantener una protección más elevada representarían un porcentaje muy reducido de las importaciones totales, y deberían estar distribuidos entre distintas actividades impidiendo en la práctica cualquier política industrial sectorial.

Vemos entonces que tanto en las negociaciones bilaterales Norte-Sur como en las multilaterales de la OMC, los países en desarrollo corren el riesgo de restringir todavía más su espacio de política, luego de las limitaciones ya aceptadas como los acuerdos TRIPS o TRIMS de la OMC. Esto encierra el riesgo de no poder brindar el marco de política necesario para que un aumento del comercio realmente sirva para dinamizar la inversión y el crecimiento. Hay sin embargo un nivel intermedio, entre el bilateral y el multilateral, que es el de los acuerdos de integración regionales, el cual puede servir a los países que buscan una forma de integración internacional más acorde a los proyectos de desarrollo industrial. Y ello por dos razones: por una parte, las exportaciones intrarregionales son más intensivas en manufacturas, y en particular en manufacturas intensivas en tecnología, que las exportaciones a mercados extra-regionales, que están compuestas mayoritariamente de materias primas de y manufacturas intensivas en recursos naturales y en mano de obra no calificada (gráfico 3). Por otra parte, los acuerdos de integración regional no incluyen cláusulas que impidan a los países miembros adoptar políticas activas de desarrollo. Ahora bien, no porque estén permitidas esas políticas son llevadas a cabo en la práctica. Sin embargo, también las políticas de integración regional necesitan estar encuadradas por políticas activas que favorezcan el cambio estructural y distribuyan de manera equitativa los beneficios de la integración. Si se limitaran al libre cambio entre los países del acuerdo regional, lo más probable es que las asimetrías entre países más y menos avanzados se acentúen. Para ello, entendemos que la integración económica debe incluir políticas regionales de desarrollo industrial y de infraestructura. Otra área con grandes potencialidades es la integración financiera, que bien podría articularse con la integración comercial y de infraestructuras, a través de las facilidades de pago y crédito que permiten, y del financiamiento de bancos de desarrollo

regionales y subregionales. Dentro de esta institucionalidad financiera regional entrarían también los fondos de convergencia estructural, como el que ha empezado a funcionar en el MERCOSUR. Por último, las políticas de desarrollo productivo de los países tienen que integrar el nivel regional: los países con más instrumentos, recursos y experiencia de política industrial deben asociar a los demás en el diseño y aplicación de una política de desarrollo productivo pensada desde el inicio con una perspectiva regional. El reforzamiento de las entidades de integración regional no es una alternativa excluyente respecto a la construcción de un sistema de comercio internacional. Puede, por el contrario, dar mayor peso negociador a las regiones en desarrollo, y ayudar a moldear el sistema internacional de una manera más equilibrada y sin trabas, así cada país pueda avanzar con su propia estrategia de desarrollo. De este modo se podrá superar la frecuente dicotomía o desacople entre expansión del comercio internacional por una parte, y acumulación de capital y desarrollo productivo por la otra.

Gráfico 1: Inversión bruta fija y flujos comerciales en América Latina, 1960-2008

(en % del PIB, sobre la base de dólares constantes de 2000)

Fuente: CEPAL

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Gráfico 2: Apertura comercial y productividad relativa del trabajo en América Latina con respecto a EEUU, industria manufacturera,

1980-2001 (Porcentajes)

Fuente: CEPAL

Gráfico 3: Países latinoamericanos seleccionados, destino de sus exportaciones de bienes, 2005

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Arg

en

tin

a

Bra

sil

Ch

ile

Co

lom

bia

Ecu

ad

or

Uru

gu

ay

Arg

en

tin

a

Bra

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Ch

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Co

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Ecu

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Uru

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Exportaciones totales Productos de contenido

tecnológico medio y alto

Otras regiones

Japón

Europa

EEUU y Canadá

Otros LAC

MERCOSUR o ANCOM

Fuente: UNCTAD

COMERCIO Y DIVERSIFICACION: TENDENCIAS Y ANALISIS EN AMERICA LATINA

Dr. Oscar Ugarteche y Lic. Aline Magaña, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

La integración financiera regional es una etapa complementaria a la integración económica y comercial. En términos conceptuales la integración financiera acompaña a la integración comercial y económica, porque facilita el flujo de bienes y servicios en una moneda común para la región donde este se da. Sin embargo existen dos puntos, por una parte el relacionado a la producción, precios y comercio internacional (Mundell, 1961) y por otro, a flujos financieros, mercados de capitales y relaciones prestamista/prestatario.

Otro enfoque es el de la unión política para obtener mejores condiciones internacionales de negociación fuera del área, y para mantener la estabilidad del área ante la volatilidad del dólar.3 Cuando se observa el llamado a la unidad monetaria en América Latina, el énfasis está más en lo político y menos en los otros aspectos.4 Existe el deseo de despolarizar el comercio intrasudamericano y de tener presencia internacional con una moneda regional.

3 Hugo Chavez, “Chávez quiere moneda única para América Latina”, Diario DigitalRD.Com, 13 de enero, 2009,

http://www.diariodigital.com.do/?module=displaystory&story_id=12452&format=html

“García propone moneda única para América Latina”, 15 de enero del 2007, http://www.agenciaperu.com/economia/2007/ene/garcia_moneda.html

“Evo Morales propone el Pacha”, http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007042301, 2007-04-23

4 Declaración del senador argentino Luis León, “AL requiere crear su moneda de curso legal”, El Excelsior, México DF, Sábado 21 de julio, 1984, p 2.;

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Un área monetaria óptima es previa a una unión monetaria y no implica una sola moneda ni un solo banco central, sino una canasta de monedas que establezcan entre sí una relación cambiaria fija, lo que exige coordinaciones de política fiscal, monetaria y cambiaria. En América del Sur se discutió (1998-2003) la unión monetaria antes de haber pasado por la primera etapa de intentar reconocer y fortalecer una área monetaria, aunque fuera sub óptima, lográndose la coordinación de políticas fiscales y cambiarias en el avance integracionista.

Cuando Mundell planteó la idea de la zona monetaria óptima en 1961 estableció cuatro condiciones:

A) Movilidad laboral, lo que incluye capacidad de moverse de un país a otro sin restricciones, sin restricciones culturales como idiomas diferentes y con acuerdos institucionales que permitan, por ejemplo, la acumulación y transferencia de derechos trabajando en los diferentes países. En América del Sur estas condiciones se encuentran presentes y pendientes de afinarse el traslado de derechos de los trabajadores entre los países.

B) Movilidad de bienes, esto incluye comercio sin barreras arancelarias o uniones aduaneras. Lo que existe es una unión aduanera en el MERCOSUR y una diferencia marginal entre el MERCOSUR y la CAN en cuanto al arancel externo común, siendo inexistente en Colombia, Perú y Chile como efecto de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos.

C) Movilidad de capitales. No hay restricciones a los movimientos de capitales en América del Sur con la excepción de Venezuela.

D) Diversificación de mercados. Baldwin (2006)5 estima que la creación del euro fortaleció el comercio intrarregional europeo de 5 a 15% cuando se compara con el crecimiento del comercio con los que no son de la zona euro. Fasano e Iqbal (2003) hacen un estudio análogo para los países miembros del Consejo

5 Baldwin, Richard, 2006, In or Out: Does it Matter? An Evidence-Based Analysis of the Euro's Trade Effects, London.

http://hei.unige.ch/~baldwin/PapersBooks/Euro%20Book%20Manuscript%209May06.pdf

de Cooperación del Golfo que están ad portas de una unidad monetaria para el año 2010.6

Los mercados de América del Sur y México

Para determinar la diversificación de los mercados de América del Sur y México, por su importancia para América del Sur, se ha hecho un análisis pormenorizado. La primera evidencia muestra que hay más crecimiento en el comercio intrarregional que en el extra-regional entre 1985 y 2007.

ALADI7 indica que este comercio se desplomó en el segundo semestre del 2008 como resultado del cierre de las líneas de créditos en dólares para el comercio internacional. Esto indica la urgencia de establecer relaciones financieras directas entre las monedas de la región.

Diversificación de las exportaciones de Sudamérica y México: por

tipo de producto y por mercado

Para observar la estructura de las exportaciones de los países sudamericanos y México por tipo de producto, y los cambios que ha experimentado ésta en las últimas dos décadas, utilizaremos la clasificación de productos que presenta la UNCTAD y agruparemos el total de los bienes exportados en tres grupos de productos: 1) combustibles y Minerales8; 2) Alimentos y Materias Agrícolas9; y 3) Manufacturas10.

6 Ugo Fasano and Zubair Iqbal, GCC Countries: From Oil Dependence to Diversification, IMF, 2003. http://www.imf.org/external/pubs/ft/med/2003/eng/fasano/index.htm

7 ALADI.

8 Combustibles, minerales, metales, piedras preciosas y oro no monetario, son productos provenientes de recursos naturales y corresponde a la siguiente clasificación: (SITC 3 + 27 + 28 + 68 + 667 + 971).

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CUADRO No. 1

Tasas de crecimiento anual del comercio por regiones latinoamericanas,

por quinquenios 1980-2007

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004 2003-2007

Sudamérica

Comercio intrarregional -5.6 7.8 20.7 5.7 8.9 23.6

Comercio extra-regional -4.0 4.5 11.2 5.4 10.1 23.3

Comercio total -3.7 4.1 9.2 5.3 10.5 23.3

Centroamérica*

Comercio intrarregional -8.5 -0.3 15.5 11.8 8.4 13.9

Comercio extra-regional -0.8 3.2 10.2 18.5 4.7 17.0

Comercio total -2.4 2.5 11.0 17.3 5.1 16.5

México

Comercio intrarregional -0.8 15.5 10.8 10.5 1.6 6.4

Comercio extra-regional 2.4 9.6 9.1 8.6 9.7 17.6

Comercio total 0.4 13.4 10.4 10.1 3.5 9.4

Fuente DOTS FMI, elaboración propia con la asistencia de Leonel Carranco, IIEC-UNAM, proyecto Papiit No. IN309608-3, *desde 1981

9 Todos los alimentos y las materias primas agrícolas, son los productos primarios, excluidos combustibles y minerales y corresponde a la siguiente clasificación: (SITC 0 + 1 + 2 + 4 + 22 menos 27 y 28).

10 Bienes manufacturados, incluye maquinaria, equipos de transporte, productos químicos y otros bienes manufacturados y corresponde a la siguiente clasificación: (SITC 5 + 6 + 7 + 8 menos 667 y 68).

El cuadro 2 evidencia los patrones exportadores de los diez países sudamericanos, así como el promedio ponderado de la subregión y de México (que tiene un comportamiento muy distinto y lo trataremos por separado), tomando el peso relativo por tipo de producto dentro de las exportaciones totales de bienes. Sin embargo, es importante advertir que en estas proporciones las variaciones en los precios de los diferentes tipos de producto no se han aislado y por lo tanto son un componente dentro de la estructura.

Como se ilustra en el cuadro, la tendencia general en la composición de las exportaciones de los países sudamericanos a partir de la segunda mitad de la década de 1980 (cuando empiezan a establecerse las políticas de ajuste estructural), fue una reducción constante en el peso de las exportaciones de alimentos; un aumento en la proporción de las exportaciones de combustibles y minerales; y un incremento muy ligero del peso relativo de los productos manufacturados dentro de las exportaciones totales. Así, para el 2003, los países sudamericanos muestran una composición de sus exportaciones dividida en tercios entre estos grupos de productos. Sin embargo, ya para el 2006 el promedio ponderado sudamericano muestra cambios importantes: por un lado se mantiene la tendencia a reducir el peso de los alimentos, pero también se registra una ligera disminución en las exportaciones manufactureras como proporción del total. Ambas reducciones fueron a costa de un aumento considerable en las exportaciones de combustibles y minerales. No obstante, es importante advertir que en el último periodo los precios de estos productos (combustibles y minerales) sufrieron incrementos importantes, por lo que los precios (más que los volúmenes) pueden ser los responsables del cambio en la composición de las exportaciones para el último año.

Por la gran concentración que la región ha tenido en la exportación de alimentos (históricamente carne, café, azúcar y plátanos principalmente, y más recientemente otros frutos y soja), la tendencia a disminuir el peso de este tipo de productos habla de una diversificación en la composición de los bienes exportables; sin embargo, los productos industriales han mantenido una proporción dentro del comercio sin variaciones significativas e incluso muestran una disminución para el último año disponible.

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Los datos agregados de la región ocultan diferencias importantes en cada uno de los países, cuyos comportamientos no han sido idénticos. Además, existe una marcada desigualdad en la participación en el comercio exterior por parte de las distintas economías, lo que hace que los países más grandes marquen la tendencia general y las variaciones significativas de los países pequeños no se reflejen en los datos agregados.

No obstante, así como existen diferencias importantes, también hay elementos comunes en la mayoría de los países sudamericanos. Destaca que en todos los países sudamericanos (con la excepción de Brasil) las exportaciones de bienes manufacturados representan menos de la mitad de los productos que tienen por destino el exterior. De hecho, la participación de las manufacturas en muchos de los países es apenas significativa y sólo en tres de ellos –Argentina, Colombia y Uruguay– esta participación es de alrededor de un tercio. Esto muestra que en los países de la región –nuevamente con la excepción de Brasil– la mayoría de las exportaciones las constituyen los bienes primarios: ya sean alimentos, materias primas agrícolas, combustibles o minerales.

A pesar de ello, la tendencia en cada uno de los países es distinta y en algunos de ellos el peso de las manufacturas –aun cuando sigue siendo minoritario– ha aumentado ligeramente si se compara con la composición de las exportaciones de hace dos décadas: Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela disminuyeron la proporción de exportaciones de manufacturas en el total de sus bienes exportados. Chile ha mantenido sin grandes variaciones la participación de las manufacturas en sus exportaciones.

Brasil es el único país sudamericano que mantiene una distribución en pares de sus exportaciones desde hace ya un par de décadas. Como vemos, Brasil es el país sudamericano que tiene la estructura de sus exportaciones por tipo de producto más diversificada, además tiene la ventaja de que sus exportaciones manufactureras se concentran en la base productiva interna y no en la maquila como ocurre en otros países. Por otro lado, el destino de sus exportaciones también está diversificado, por lo que no depende ni de unos cuantos productos ni de pocos mercados.

México, por su parte, tiene una estructura de exportaciones muy distinta y se ha modificado en los últimos 20 años. El peso de las manufacturas aumentó fuertemente, alcanzando 76% del total de las exportaciones; a

costa de la reducción relativa de los alimentos y del petróleo. Del 2003 al 2006 la participación de los combustibles y minerales en las exportaciones experimentó un aumento, pero éste se debió básicamente a la variación de los precios de ese tipo de productos. Lo preocupante es que la mayor parte de la producción manufacturera que se vende al exterior es de maquila o de outsourcing, que ocupa insumos importados y genera poco valor agregado.

Otro dato que es importante destacar es que del 2003 al 2006, la mayoría de los países sudamericanos disminuyeron la participación de las exportaciones manufactureras dentro del total. Estos países son: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Sólo tres países –Argentina, Colombia y Paraguay– aumentaron muy ligeramente dicha participación en el total. De hecho, Sudamérica en su conjunto también sufrió una disminución en la participación de los bienes industriales.

Lo ocurrido en los últimos tres años podría indicar que el comercio sudamericano tiene una tendencia a reprimarizarse, sin embargo hay tres elementos que impiden hacer una afirmación tan categórica. Primero, es un periodo muy corto para poder establecer esta tendencia. En segundo lugar, si bien se observa una disminución relativa en la participación de las manufacturas exportadas, dicha reducción para la región en su conjunto es pequeña. Y finalmente, la variación en los precios de los combustibles y minerales durante este periodo fue sustancialmente mayor que la observada por las manufacturas.

Históricamente el comercio de todos los países de la región ha estado estrechamente ligado al mercado norteamericano. Según datos de la CEPAL, durante el siglo XX, la mayoría de las exportaciones latinoamericanas se dirigían hacia Estados Unidos y el segundo destino más importante lo constituían los países europeos. Por ello, la demanda de los países altamente desarrollados determinaba casi en su totalidad las variaciones en el comercio de nuestros países.

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Cuadro No. 2

México y Sudamérica: Comercio Intrarregional:

Actualmente, la composición de las exportaciones según su destino ha cambiado. La participación de Estados Unidos en las exportaciones de la

región –aún cuando sigue siendo importante– ha disminuido significativamente, al pasar de 60 por ciento en el 2000 a 42 por ciento en el 2007. Europa disminuyó igualmente su participación en las exportaciones de la región y ya no es más su segundo socio comercial. Del otro lado, los países asiáticos (especialmente los países emergentes) han aumentado su participación proporcional como destino de las exportaciones latinoamericanas y el comercio intrarregional (entendiendo a América Latina como región) ha aumentado ligeramente, al pasar de 16 por ciento en el 2000 a 20 por ciento en el 200711.

Por su parte, los países sudamericanos no han sido la excepción. El comercio intersudamericano (en el que hemos incluido a México) si bien ha mantenido más o menos constante su participación en el total de su comercio –desde hace más de una década–, en los últimos cuatro años registra un ligero aumento, al pasar de 17 por ciento en el 2003 a 22 por ciento en el 200712. Las cifras muestran que, si bien el comercio sudamericano aún mantiene dependencia hacia los países desarrollados, en los últimos años ha ocurrido un cambio en los patrones de comercio: diversificando sus mercados y fortaleciendo el mercado regional.

No obstante, las cifras regionales agregadas ocultan diferencias importantes entre los países. Además, existe una marcada desigualdad en la participación en el comercio exterior por parte de las distintas economías, lo que hace que unos cuantos países marquen la tendencia general13. En las siguientes líneas nos referiremos a los cambios que ha sufrido en los últimos años (a partir de 1995) el comercio entre los países sudamericanos e incluiremos también la relación comercial con México.

En estos años, el comportamiento en el destino de las exportaciones para cada país ha mostrado diferentes tendencias. Como se muestra en el cuadro No. 3, de los 11 países considerados, cuatro han aumentado la 11 Cifras de CEPAL, 2008. Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe.

12 Fuente: CEPAL, 2008. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe.

13 En los lo que va del siglo la participación dentro de las exportaciones sudamericanas de cuatro de los países más grandes, México, Brasil, Argentina y Chile, ha sido de más de 80 por cinto del total. Fuente: ONU, UNCTAD, Handbook, 2008.

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participación de sus exportaciones hacia la subregión: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tres de ellos han mantenido más o menos constante la proporción de su comercio que se dirige a estos países: Brasil, México y Paraguay. Finalmente, cuatro países han disminuido su participación relativa en el destino de sus exportaciones hacia la región: Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. No obstante, la mayoría de los países mantiene un comercio importante con los países sudamericanos. Los dos países sudamericanos con menor comercio regional son Venezuela (con sólo 5% de sus exportaciones totales) y Chile (con una participación de 12%). México, por su parte, mantiene un comercio marginal con la región (menor a 3%); sin embargo, es importante advertir que si bien para México el comercio que sostiene con los países sudamericanos es poco significativo –por el volumen que éste tiene– para algunos países de la región México es ya un socio comercial con un peso relativamente importante.

Cuadro No. 3 EXPORTACIONES HACIA SUDAMÉRICA, 1995-2007

Porcentaje de las exportaciones totales

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Argentina 45 49 43 43 35 35 36

Bolivia 36 42 37 58 63 66 60

Brasil 20 24 20 18 14 18 20

Chile 18 18 17 17 12 12 12

Colombia 23 22 17 26 17 22 28

Ecuador 16 19 17 22 20 20 25

México 4 3 2 2 1 3 3

Paraguay 65 56 47 65 64 57 …

Perú 15 14 12 15 14 16 18

Uruguay 52 54 50 46 35 28 34

Venezuela 20 15 12 9 6 5 …

Total Sudamérica 25 27 22 22 17 18 22

Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2008. CEPAL

Ahora bien, la distribución de las exportaciones intrarregionales –es decir, tomando en cuenta sólo el comercio entre los países que hemos considerado –, es diferente para cada uno de lo países y ha sufrido modificaciones en los últimos años. La mayoría de los países ha diversificado el destino de sus exportaciones intrarregionales. Como se muestra en los siguientes cuadros 4, 5 y 6, para el trienio 1995-1998 Argentina, Paraguay y Uruguay concentraban más del 60% de sus exportaciones regionales en un solo país, Brasil. Actualmente, su comercio intrarregional se ha diversificado y Brasil representa un mercado importante pero menor a 50% en los tres casos.

Brasil concentraba cerca de 50% de sus exportaciones en Argentina, hoy en día Argentina concentra menos de 40% de las exportaciones brasileñas. Igualmente, Chile concentraba más de la mitad de sus exportaciones regionales en dos países: Brasil y Argentina, y hoy distribuye mejor el destino de sus exportaciones. México concentraba su comercio regional con tres países (Argentina, Brasil y Chile) y para el último trienio tiene ya una participación en el comercio con Colombia y Venezuela. En síntesis, en todos estos países se ha observado una diversificación de comercio que tiene como destino los países de la región.

Sólo tres países muestran una tendencia contraria, al registrar una mayor concentración de sus exportaciones en la actualidad que una década atrás. Ecuador, hoy en día concentra 43% de sus exportaciones con

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Perú, en tanto que antes distribuía de mucha mejor manera su comercio regional. Colombia desde hace más de una década tiene una estructura de sus exportaciones concentrada hacia Venezuela, y en los últimos años esta tendencia se ha acentuado. Finalmente, Bolivia ha experimentado un proceso de concentración de sus exportaciones y dirige el 60% de ellas a un solo país: Brasil. No obstante, es importante destacar que Bolivia es el país que destina la mayor proporción de sus exportaciones al comercio con la región, por lo que su comercio con estos países es cada vez más importante.

Las tres gráficas siguientes, muestran la concentración del comercio intrarregional por país. El coeficiente de variación de Pearson14 nos indica qué tan concentradas están las exportaciones de cada país que tienen como destino la propia región. En nuestro caso, si el coeficiente de variación es mayor que 1.6 significa que dicho país concentra cerca del 60 por ciento de sus exportaciones regionales en un único país. Si está entre 1.5 y 1.6, quiere decir que cerca de la mitad (por arriba o por abajo) de las exportaciones se destinan a un solo país y que los dos principales socios comerciales concentran más del 70 por ciento del total. Si el coeficiente de variación es menor a 1.5, indica que la distribución aún es exponencial pero que la mayor parte del comercio (más de la mitad) se concentra entre 2 ó 3 socios comerciales y el resto se distribuye de manera más equitativa. Si el coeficiente se encuentra debajo de 1, señala que la distribución se asemeja a una distribución normal. Solo en el caso de que el coeficiente fuera cercano a cero tenemos una distribución perfectamente equitativa entre los países.

14 El coeficiente de variación de Pearson es una medida de dispersión. Se usa para comparar dispersiones a escalas distintas, puesto que es una medida invariante ante cambios de escala. El coeficiente de variación en una distribución normal es típicamente menor que uno. Cuando el coeficiente es mayor que uno la distribución es exponencial y cuando el valor es mayor a 1.5 se considera una distribución hiperexponencial, por eso, en general, si el coeficiente de variación (de Pearson) toma un valor mayor a 1,5, hay que buscar posibles fuentes de heterogeneidad en los datos. Sin embargo, en algunos campos en los que se usa el coeficiente de variación (como es el caso del comercio internacional, que no sólo compara dimensiones distintas sino también la relación entre las variables) la distribución exponencial es a menudo más común que la distribución normal.

Destino Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela TotalSudamérica

Origen

Argentina – 3 60 15 2 1 2 5 2 7 3 100

Bolivia 30 – 6 8 17 5 2 1 28 3 1 100

Brasil 48 5 – 9 4 2 6 11 3 7 5 100

Chile 22 7 30 – 6 5 9 2 12 2 5 100

Colombia 3 1 5 7 – 20 4 0 21 0 39 100

Ecuador 9 1 4 23 34 – 6 0 15 2 6 100

México a/ 13 1 22 20 14 4 – 1 6 3 16 100

Paraguay 17 1 68 5 0.4 0.1 0.5 – 1 5 2 100

Perú 4 11 23 14 14 9 12 0.2 – 0.5 14 100

Uruguay 25 0.2 60 4 1 0.4 2 4 2 – 1 100

Venezuela 1 0.2 30 5 40 7 7 0.1 10 1 – 100

Total Sudamérica 19 3 28 11 8 3 4 5 6 5 7 100

a/ Incluye bienes transformados por el proceso de maquila.

Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2008, CEPAL.


Origen

Argentina – 3 53 23 1 1 4 4 3 6 2 100

Bolivia 8 – 30 4 24 3 2 0 10 6 12 100

Brasil 42 3 – 11 5 2 15 6 3 5 7 100

Chile 15 5 23 – 7 5 23 1 13 2 7 100

Colombia 1 1 6 6 – 20 9 0 12 0 44 100

Ecuador 7 1 2 15 30 – 5 0 30 0 11 100

México a/ 9 1 19 14 19 4 – 0 7 4 22 100

Paraguay 11 3 52 8 0.7 0.2 0.2 – 2 21 1 100

Perú 2 9 19 23 13 9 14 0.1 – 0.4 11 100

Uruguay 29 0.2 47 5 1 0.4 7 7 2 – 2 100

Venezuela 1 0.1 29 5 29 8 11 0.1 12 4 – 100





Origen

Argentina – 2 44 26 2 2 8 4 4 5 4 100

Bolivia 13 – 56 3 8 1 1 1 8 0 10 100

Brasil 38 2 – 13 6 2 16 4 4 3 10 100

Chile 9 3 31 – 6 6 25 1 11 1 6 100

Colombia 1 1 4 5 – 21 10 0.04 12 0.1 46 100

Ecuador 2 0.4 2 16 24 – 2 0.03 43 0.1 10 100

México a/ 12 1 15 12 25 5 – 0.3 6 2 21 100

Paraguay b/ 11 3 35 6 0.2 0.5 0 – 2 41 1 100

Perú 2 5 18 34 12 9 9 0 – 0 11 100

Uruguay 23 0.4 45 8 1 1 10 5 2 – 4 100

Venezuela b/ 6 0.2 11 4 35 10 19 0 16 0.1 – 100



b/ Para estos países los últimos datos disponibles son de 2006


MÉXICO Y SUDAMÉRICA: Estructura de las exportaciones regionales por país de destino, 2003-2007(Porcentajes)

Cuadro No. 4

Cuadro No. 5

Cuadro No. 6



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Así vemos que la mayoría de los países (sólo con las excepciones de Bolivia y Colombia) muestran una tendencia clara a la diversificación del destino de sus exportaciones. Para el último año disponible15 el índice de variación de Pearson se encontraba –en casi la totalidad de los casos– entre 1 y 1.5, lo que significa que el comercio se concentra entre 2 ó 3 principales socios, y el resto se distribuye entre los demás países. Lo cual muestra un avance importante, si se compara con lo registrado en 1995. Hoy el comercio intrarregional se distribuye más entre los distintos países.

México es el único país que tiene un coeficiente de variación menor que uno. Y si bien el comercio con Sudamérica es aún marginal, la distribución en la estructura de sus exportaciones, muestra que tiene un importante potencial para crecer hacia toda la región. Como ya advertimos, actualmente sólo Bolivia y Colombia tienen un índice mayor a 1.5, lo que indica que su comercio está fuertemente concentrado en un solo país.

15 El último año disponible para la mayoría de los países es 2007, pero para Paraguay y Venezuela es 2006.

El ritmo de crecimiento del comercio intrarregional ha sufrido grandes variaciones. De 1995 a 1999, el crecimiento promedio anual del conjunto de la región con el mundo fue moderado (7% anual), mientras

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que el comercio intrarregional fue negativo (-1%). Si bien cada país tiene especificidades, la tendencia en estos años para todos los países es parecida, es decir, en todos los casos (con la excepción de Chile) el comercio intrarregional creció a ritmos menores (incluso decreció en algunos casos) que el comercio con todo el mundo.

En términos generales la tendencia para el periodo 1999-2003 fue la misma. El crecimiento promedio anual del comercio intrarregional fue de 3%, mientras que esta misma tasa referida al mundo en su conjunto fue de 6%. Las excepciones para este periodo las constituyen Bolivia, Colombia y Ecuador, países para los cuales el comercio intrarregional creció a tasas más grandes que el comercio con el mundo.

A partir de 2003 todos los países experimentan importantes crecimientos en sus exportaciones y en sus importaciones. El aumento en el valor de sus exportaciones se debe tanto al aumento en el volumen de las mismas como, principalmente, al aumento en el precio de los productos exportables. Lo que es importante destacar aquí es que, en este periodo, para la región en su conjunto el crecimiento promedio anual de las exportaciones intrarregionales fue superior al crecimiento del comercio con todo el mundo. El comercio sudamericano (México incluido) creció entre el 2003 y el 2007, a una tasa promedio anual de 20%, mientras que el comercio con el mundo lo hizo en 17%.

Los países que mostraron una tendencia distinta fueron, Chile, Paraguay y Venezuela, para los cuales el crecimiento del comercio intrarregional fue menor al experimentado en el total de su comercio. Sin embargo, en los tres casos la diferencia no es mucha, y mantuvieron una tendencia a la alza en el comercio con sus vecinos.

Así, la tendencia en el aumento del comercio intrarregional es un buen síntoma en lo que se refiere a la integración regional y lo que esto puede fortalecer la estructura productiva interna de nuestros países.

Destino Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Total Total MundoSudamérica América

Origen Latina

Argentina – 6 1 6 -14 -6 18 -3 -6 5 -10 1 1 3

Bolivia -14 – 15 2 18 77 53 -19 -15 150 36 6 5 4

Brasil 7 -4 – -7 -3 -16 21 -13 -12 -5 3 1 1 1

Chile 6 -1 -10 – 2 -3 49 -11 -5 0.3 10 2 2 -0.4

Colombia -5 12 12 2 – -6 22 -3 -11 -2 -1 -2 0.2 3

Ecuador -4 15 -26 0 -3 – -1 -5 27 -8 18 2 5 1

México a/ -5 7 -16 -7 -5 -12 – -21 -0.1 -6 4 -7 1 14

Paraguay -11 36 -13 -7 -59 -20 21 – 4 -13 -42 -12 -12 -5

Perú -1 7 -4 3 -3 2 15 4 – 8 -13 0 1 2

Uruguay 8 5 -6 4 -19 74 31 34 -17 – 26 1 1 2

Venezuela 15 -36 -17 4 -14 -9 -1 -10 5 45 – -11 -7 2

Total Sudamérica 6 1 -4 0.1 -7 -6 22 -8 -5 2 -0.3 -1 0.3 7



Destino Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Total Total Mundo

Sudamérica América

Origen Latina

Argentina – -7 -5 17 16 19 29 -6 18 -10 -13 2 2 6

Bolivia -7 – 87 12 6 -34 29 20 5 -67 74 19 19 5

Brasil -4 -5 – 20 17 36 27 -1 16 -12 3 5 7 11

Chile -19 -8 5 – 9 28 10 -16 4 -9 -8 2 3 6

Colombia -22 -2 -14 5 – 24 15 -17 3 -14 -7 4 6 3

Ecuador -17 -4 6 -21 13 – -1 -26 37 -35 -3 11 11 9

México a/ -7 -7 1 -3 9 17 – -1 -2 24 -7 1 2 5

Paraguay 6 15 16 -14 63 55 14 – 47 89 27 23 23 14

Perú -10 -0.2 8 25 16 32 -11 -32 – 19 4 10 13 10

Uruguay -19 -2 -4 11 13 -35 20 -12 -16 – -33 -7 -7 -0.4

Venezuela -34 29 -25 -19 -5 8 22 56 -4 -64 – -8 -6 6

Total Sudamérica -6 -5 -3 14 8 21 20 -4 11 -6 -3 3 4 6



Destino Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Total Total MundoSudamérica América

Origen Latina

Argentina – 18 22 4 26 26 18 15 23 22 70 18 18 17

Bolivia 66 – 37 8 0 8 1 63 27 29 8 29 30 30

Brasil 33 24 – 23 33 17 13 23 35 33 67 30 28 22

Chile 30 22 41 – 21 12 26 31 25 26 58 31 30 35

Colombia 41 16 50 19 – 13 13 26 19 20 66 36 31 23

Ecuador 21 24 15 72 15 – 4 19 23 33 69 29 26 22

México a/ 49 10 29 29 42 31 – 34 34 -17 53 37 28 11

Paraguay b/ 36 11 -8 118 23 19 27 – 16 20 14 12 12 15

Perú 62 22 43 41 35 25 38 38 – 0 65 40 38 33

Uruguay 30 36 12 11 7 41 11 13 50 – 104 18 19 19

Venezuela b/ 224 25 30 23 21 12 22 -45 30 43 – 27 41 38

Total Sudamérica 35 21 26 17 27 17 17 21 26 22 61 27 26 18


MÉXICO Y SUDAMÉRICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 2003-2007Cuadro No. 9

MÉXICO Y SUDAMÉRICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1995-1999Cuadro No. 7

Cuadro No. 8MÉXICO Y SUDAMÉRICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1999-2003

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INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL COMERCIO Y ESPACIO FISCAL

Rick Rowden, UNCTAD Una estrategia de desarrollo basada en el comercio no puede alcanzar el éxito si no está acompañada de inversiones importantes en infraestructura. Sin embargo, las profundas reformas que se han puesto en práctica en América Latina para estimular la participación privada, y sus decepcionantes resultados, han demostrado las limitaciones de recurrir a la inversión privada y el carácter insustituible de la inversión pública. Además, para incrementar la inversión pública es necesario expandir el "espacio fiscal", lo que genera consecuencias para la deuda pública y los déficits fiscales. Por lo tanto, las ganancias previstas de las inversiones en infraestructura relacionadas con el comercio, necesitan ser estudiadas con mucha precaución considerando los costos en el corto plazo y los beneficios de largo plazo. Perspectivas rivales acerca del "espacio fiscal": FMI y Banco

Mundial vs. PNUD

El principal contraste entre las perspectivas de estas organizaciones radica en la constante concentración en la solvencia fiscal a corto plazo que realiza el FMI y el Banco Mundial, a diferencia del PNUD que se enfoca en los resultados en términos de desarrollo en el mediano y largo plazo. Ello conlleva a que sus recomendaciones sean muy diferentes. Los desacuerdos se presentan en cuatro áreas principales:

1) manejo de la inflación; 2) gasto en infraestructura; 3) los impactos de la liberalización del comercio; 4) asociaciones público-privadas en infraestructura (APPI)

Las metas sumamente estrictas de reducción del déficit que plantea el FMI en el marco de sus políticas macroeconómicas, resultaron efectivas para reducir la inflación y liberar recursos que se destinarían al servicio de la deuda externa. Sin embargo, tales políticas fiscales restrictivas

redundaron en un marcado descenso de la inversión pública, especialmente en infraestructura (PNUD 2006). La atención que se le confirió a los ajustes fiscales en las décadas de 1980 y 1990 condujo al deterioro generalizado de la infraestructura en América Latina y África. Según un estudio denominado Compresión de la infraestructura y solvencia del sector público, realizado por Calderón, Easterly y Servén, la reducción de las inversiones en infraestructura en América Latina representaron más de la mitad de los ajustes fiscales aplicados entre principios de la década de 1980 y finales de la década de 1990. En otras palabras, como respuesta a los ajustes estructurales, los países en desarrollo redujeron significativamente el gasto público en infraestructura (Calderón, et al. 2000). En el 2005, el Comité de Desarrollo, el ente de mayor rango en la junta de gobernadores del Banco Mundial y el FMI, le solicitó al BM que analizara "cómo la aplicación de políticas fiscales podría adaptarse para fortalecer su papel (el del BM) con respecto al crecimiento y el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM)". En un informe provisional llamado Políticas fiscales para el crecimiento y el desarrollo, publicado en las reuniones del primer trimestre de 2006, el Banco Mundial decidió concentrarse casi exclusivamente en el espacio fiscal para el crecimiento económico, sobre la base del supuesto que el marco de las políticas fiscales a favor del crecimiento es igual al marco que favorece a los pobres o el marco fiscal que favorece el cumplimiento de las MDM (World Bank 2006a). El Banco Mundial define el espacio fiscal como: la capacidad del gobierno para incrementar el gasto sin perjudicar su capacidad (de corto plazo) para cumplir con el servicio de la deuda (World Bank 2006a). El informe señala que los gobiernos pueden ampliar el espacio fiscal a) mejorando la eficiencia del gasto público, b) incrementando los ingresos, o c) atrayendo ayuda o préstamos. El informe excluye la opción de perdonar o cancelar las deudas. En contraste, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe Espacio fiscal para la inversión pública: hacia un enfoque de desarrollo humano, criticó el hecho de que el BM no hubiera abordado la segunda parte de la pregunta planteada por el Comité de Desarrollo, es decir, el logro de las MDM. En su definición del espacio fiscal, el PNUD destaca la calidad del gasto público, toda

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vez que los gastos productivos impulsarán el crecimiento económico y el desarrollo humano, una "torta presupuestaria" más grande y mayor espacio fiscal en el largo plazo. En consecuencia, cualquier definición de espacio fiscal debería establecer una distinción entre los impactos de corto y largo plazo del gasto público (PNUD 2006). Si bien el PNUD reconoce la importancia de la estabilidad macroeconómica, sopesa el valor de dicha estabilidad con el potencial de crecimiento que ofrecen las opciones de políticas fiscales más expansionistas. Uno de los debates entre las instituciones financieras internacionales (IFIs) y sus críticas acerca del espacio fiscal se han referido a la dinámica de la inversión pública y a la medida en la cual la misma "repele" o "atrae" la inversión privada. Durante mucho tiempo, el FMI y el Banco Mundial han afirmado que por cada parte de uso público del crédito para la inversión pública, una parte igual de crédito deja de estar disponible para que la utilice el sector privado. Puesto que hay una oferta limitada de crédito disponible en los países en desarrollo, se afirmó que en consecuencia el gasto público "repele" la inversión privada. Sin embargo, con el tiempo, una posición más matizada fue aceptada por algunos individuos en el FMI, el cual determinó que, según la naturaleza de las inversiones públicas, el gasto público en realidad puede tener un efecto de "atracción" que en la práctica crea nuevas oportunidades para la inversión privada (IMF 2006). Si bien se aprecia el cambio parcial del FMI con respecto a este asunto, Alexander (2007) observa que "el costo que su teoría, basada en principios erróneos, tiene para la inversión humana y de capital es incalculable". El Banco Mundial acepta que el sector privado no ha dado un paso

al frente

En términos generales, el porcentaje del PBI destinado a la inversión pública en los países en desarrollo ha decaído desde la década de 1980 (PNUD 2006). En la actualidad, hay una brecha promedio de financiamiento de 6.5% del PIB en cuanto al incremento necesario de las inversiones públicas. Además, durante muchos años ha existido la expectativa de que el sector privado intervendría para brindar el financiamiento, pero ha quedado demostrado que dicho financiamiento no está disponible. En la década de 1990, el Banco Mundial desarrolló un ambicioso programa nuevo que otorgue préstamos grandes para

infraestructura, teniendo como base la premisa que las considerables inversiones privadas complementarían las inversiones del sector público en una serie de asociaciones público-privadas en infraestructura (APPI). Sin embargo, en un informe de abril del 2006, el Banco Mundial reconoció que el nivel previsto de inversión privada para infraestructura "a menudo no está disponible" y también admitió que "para una gran cantidad de países, el financiamiento público sigue siendo el medio principal para proporcionar los bienes y servicios públicos que son necesarios para el crecimiento y la reducción de la pobreza" (World Bank 2006a). El informe de abril del 2006 del Banco Mundial también hizo concesiones a las exigencias, a menudo incompatibles, de la austeridad fiscal del FMI. Destacó: "El éxito de la política fiscal en lo que respecta a su meta de estabilización podría haberse logrado a expensas del crecimiento económico de largo plazo". Según el vicepresidente de la Red de Reducción de la Pobreza y Administración Económica del BM, Danny Leipziger, "la clave es que el ajuste fiscal parcializado contra la acumulación de infraestructura puede ser enormemente contraproducente", toda vez que el efecto de la reducción de gastos disminuye el crecimiento de la producción y la competitividad. En efecto, las tasas de crecimiento del mundo en desarrollo cayeron considerablemente en el período de 1980-2000, en comparación con el período 1960-1980 (CEPR 2005). Posteriormente, en noviembre del 2006, los investigadores del Banco Mundial también presentaron un informe que determinó que el gasto público en inversiones, mantenimiento de infraestructura y servicios puede elevar la productividad y el crecimiento de muchas maneras, incluyendo el hecho de que las carreteras facilitan el acceso de los niños a las escuelas, el agua limpia mejora la salud de las personas y un servicio eléctrico confiable mejora las actividades domésticas e industriales (World Bank 2006b). El informe presenta un panorama general de los distintos canales mediante los cuales la infraestructura pública puede afectar el crecimiento. Además de la productividad convencional, la complementariedad y los efectos de expulsión que se destacan tradicionalmente en la literatura, también se incluyen en el informe el impacto de la infraestructura sobre los costos de ajuste de inversiones, la durabilidad del capital privado y la producción de

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servicios de salud y educación. El informe indica que los efectos sobre la salud y la educación se encuentran bien documentados en numerosos estudios microeconómicos, pero señala que "sólo recientemente, macroeconomistas han comenzado a estudiar las implicaciones para el crecimiento". El documento reconoce las vinculaciones entre salud, infraestructura y crecimiento, y examina la cuestión de la asignación óptima del gasto público, llegando a la conclusión de que las inversiones públicas iniciales de corto plazo pueden tener efectos de largo plazo para el crecimiento (World Bank 2006b). ¿La inversión pública en infraestructura debe ser de la cuenta

corriente o de la cuenta de capital?

Otra área de conflicto de las perspectivas rivales sobre la inversión pública en infraestructura es la cuestión de la contabilidad adecuada. Los indicadores fiscales actuales tratan los gastos corrientes y los gastos de capital de la misma manera. Sin embargo, la mayoría de los países industrializados durante mucho tiempo han calificado la inversión pública como una inversión de capital de largo plazo, porque dichas inversiones en capital generan beneficios económicos y sociales de largo plazo, mucho más que un solo año fiscal (de inversión pública inicial). En consecuencia, algunas propuestas sugieren excluir de los techos del gasto público, establecidos por el FMI, ciertos gastos de capital en gastos de infraestructura, de modo que las restricciones fiscales no desestimulen el crecimiento de la masa de capital o no redunden en el deterioro de la infraestructura que se observó a finales del siglo XX. Por ejemplo, Brasil y Argentina firmaron el Acta de Copacabana en marzo de 2004, la cual contempla un nivel superior de cooperación para el financiamiento de infraestructura. El acta, cuyo nombre oficial es Declaración sobre la Cooperación para un Crecimiento Económico con Equidad, critica las prácticas contables actuales y señala que constituyen una "contradicción en el sistema financiero internacional actual entre desarrollo sustentable y su financiamiento" por falta de "mecanismos adecuados para resolver la crisis". Además, aboga por el establecimiento de un vínculo entre finanzas y comercio, el cual describe como "vital" para el crecimiento. A fin de cambiar el sistema de contabilidad actual, Brasil y Argentina acordaron "negociar con las instituciones de crédito multilaterales de una forma que no perjudique el crecimiento y garantice

la sustentabilidad de la deuda, permitiendo al mismo tiempo las inversiones en infraestructura" (Social Watch 2005). En contraste con las prácticas contables convencionales del FMI y el Banco Mundial, cuando una empresa privada invierte en infraestructura, dicha inversión se registra contablemente como creación de activos y sólo un pequeño porcentaje de la inversión total afecta el balance anual como depreciación. Sin embargo, las contabilidades nacionales sólo registran ingresos y pérdidas: todo el dinero gastado (incluso en infraestructura) se asienta como una pérdida. Además, el FMI impone un techo sobre el gasto gubernamental con el fin de garantizar que los países prestatarios generen un "superávit primario" para mantener la sustentabilidad de su deuda y los pagos a los acreedores. Sin embargo, Brasil y Argentina hicieron su propuesta, que posteriormente fue respaldada por todos los ministros de Finanzas de América del Sur, en la que, de la misma manera en que lo hacen las empresas, las inversiones en infraestructura deberían depreciarse en varios años y no como una pérdida al momento del gasto, y por lo tanto deberían contabilizarse en la cuenta de capital y no en la cuenta corriente. En otras palabras, propusieron que las IFIs les permitieran contabilizar la inversión en infraestructura durante la vida del activo, en vez de contabilizarla en el año en el que se realizó el gasto gubernamental. Este cambio podría crear espacio fiscal más inmediato para los gastos recurrentes (Social Watch 2005). Además, existe un debate acerca de que si el gasto corriente puede calificarse como inversión, particularmente en las áreas de salud y educación. El informe del PNUD planteó la interrogante de por qué los salarios de los maestros o enfermeras no debían tratarse como gastos de capital, toda vez que son inversiones que generan rendimiento en el futuro. De acuerdo con esta lógica, "el rasgo distintivo de una inversión pública no es el resultado de la inversión, sino su función en el proceso de acumulación de capital", ya sea capital físico o humano (UNDP 2006). En repetidas ocasiones, el FMI ha sostenido que el cambiar las reglas de contabilidad no genera espacio fiscal, pero si las restricciones fiscales y macroeconómicas impuestas externamente están limitando las inversiones, entonces redefinir el gasto dentro de tales restricciones puede permitir a los gobiernos emprender las inversiones que no habían podido hacer antes (Alexander 2007).

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Asociaciones público-privadas en infraestructura (APPI)

La principal característica de las iniciativas de APPI del Banco Mundial fue que estas crearon pasivos y riesgos sustanciales del sector público que aparecieron fuera del presupuesto. Esto ocurre a través de las garantías de rendimiento, acuerdos especiales sobre tasas de cambio preferenciales, etc. del sector público. Las implicaciones son que si los acuerdos no resultan rentables o si se produce una depreciación de la tasa de cambio, el sector público podría verse en la obligación de pagar tasas elevadas a los inversionistas privados. En consecuencia, si bien tales pasivos no aparecen como gastos iniciales, y esto crea la ilusión de que se han liberado, este proceso ha creado pasivos considerables y peligrosos para los gobiernos (en especial durante las sacudidas externas, las devaluaciones, etc.). Por lo tanto, este enfoque que utiliza el sector privado no ha rendido los frutos prometidos: no ha propagado el riesgo ni lo ha dispersado, sino que simplemente ha incrementado el riesgo que enfrentan los contribuyentes y el sector público, mientras resguarda las recompensas y rendimientos de los actores privados. En una mayor retrospectiva de los proyectos de préstamos para APPI del Banco Mundial, el investigador Antonio Estache determinó que, en términos globales, durante la última década la exposición fiscal de los gobiernos aumentó significativamente, a partir del ofrecimiento a inversionistas corporativos de este tipo de garantías costosas, fuera de presupuesto, y otros tipos de apoyo financiero para garantizar su rentabilidad. Esa fue una consecuencia de romper con el sistema tradicional de subsidios cruzados – los que permitían a los consumidores de menos recursos de las zonas rurales estar subsidiados por los de mayores recursos de las zonas urbanas. Aunque, esto permitía a los inversionistas privados en infraestructura “escoger con pinzas”, dedicándose sólo a las áreas de mayores recursos; los resultados generales de dichos procesos fueron la creación de beneficios distributivos desiguales, que impidieron que los sectores más pobres de la sociedad obtengan mayor acceso a proyectos de infraestructura. (Estache 2004).

Estache (2004) determinó que "la evidencia sugiere que las reformas le fallaron a muchas de las personas de menores recursos, al ignorarlas en el corto plazo o no basarse en instrumentos que pudieran ofrecer eficiencia y más igualdad en comparación con lo que prevalecía antes de las reformas. Esto no debe ser así necesariamente. Debería ser sencillo mejorar los beneficios de las APPI para la pobreza, pero es posible que tales mejoras impliquen un costo fiscal o requieran cierto grado de subsidios cruzados". Además, el documento indica:

"Es posible que el sector público siga siendo un actor principal en el sector como proveedor, como financista, pero también como instancia reguladora; los gobiernos y los políticos parecen estar bastante conscientes de la importancia de los primeros papeles, pero lucen mucho menos conscientes del papel normativo, o mucho menos interesados en el mismo. Sin embargo, es mediante las regulaciones como el incentivo para garantizar el suministro de servicios al menor costo se crea en las reformas y como los ahorros de costos de los incentivos se comparten con los usuarios. Independientemente de cuáles sean los nuevos acuerdos, la regulación deberá hacerse de manera más efectiva y justa que la realizada por los autores de las reformas en la década de 1990. La regulación efectiva amerita herramientas regulatorias efectivas y destrezas efectivas. La adopción de estas herramientas y destrezas depende tanto del compromiso de los políticos como del reconocimiento de su importancia por parte de la comunidad internacional que brinda la asistencia técnica para la puesta en marcha de las reformas" (Estache 2004).

Después de la amplia retrospectiva de Estache, más recientemente, en el 2009, Kay Bayliss presentó un estudio acerca de los diversos esfuerzos para lograr la participación del sector privado en la infraestructura africana. En el estudio, ella concluye igualmente que "el nivel de interés del inversionista en agua y electricidad en África Sub-sahariana (ASS) fue sobreestimado masivamente y la esperada inversión privada no logró materializarse" (Bayliss 2009).

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Bayliss destaca que debido a los elevados subsidios y garantías públicas, los resultados de tales proyectos de APPI en África no brindaron lo que sus artífices habían prometido. En lugar de reducir el riesgo para el sector público este se incrementó. En contraste, Bayliss señala, que "en los países ricos, el objetivo de la participación del sector privado es transferir el riesgo del sector público al sector privado" y, sin embargo, lo que ha ocurrido en los países pobres es que el objetivo de la participación del sector privado es transferir el riesgo al sector público. Como resultados, "lo que se ofrece al sector privado son los aspectos menos retadores y más lucrativos de la entrega, que están rigurosamente protegidos y obligados por garantías" y, en consecuencia, "los gobiernos, contribuyentes y usuarios finales africanos soportan altos niveles de riesgo para adaptarse a las prioridades de los inversionistas" (Bayliss 2009). Políticas recomendadas

Los impactos de las crisis económicas y financieras globales incluyen menos financiamiento disponible para la infraestructura pública y la relacionada con el comercio, así como mayores costos para el financiamiento que resta. Además, la crisis ha redundado en menores ganancias cambiarias por exportaciones, lo cual a su vez, ha conducido a menores ingresos fiscales y mayores niveles de deuda y, en consecuencia, menor espacio fiscal para la infraestructura (UNCTAD 2009). Las siguientes recomendaciones permitirán a los responsables de formular las políticas reconsiderar diversos aspectos de la inversión en infraestructura para el comercio y, posiblemente, elevar la calidad y cantidad de las inversiones públicas futuras. Análisis de sustentabilidad de deuda (ASD) alternativos

Jubilee Zambia (2005) propone utilizar un método diferente a los ASD desarrollados por el FMI y el Banco Mundial. En lugar de ello propone un "enfoque de desarrollo humano" al ASD que incluiría los siguientes factores: no conferirle tanto peso a las ayudas de asistencia oficial al desarrollo (AOD) en el cálculo del presupuesto oficial; calcular el costo del gasto en desarrollo humano con base en el supuesto simple de que los recursos disponibles para los gobiernos de los países pobres

altamente endeudados (HIPC) deben, en primer lugar, utilizarse para gastos esenciales que sean necesarios para erradicar la pobreza y alcanzar las MDM. Luego, sobre la base de dicho cálculo de costos, deducir este monto del ingreso neto disponible; el monto restante se utilizaría entonces para evaluar cuánto puede pagar un país de su deuda externa, y el monto restante se declararía como la parte de la deuda de un país que es insustentable (Jubilee Zambia 2005). De igual modo, Abdel-Khalek (2007) propone un enfoque de ASD basado en las MDM, que también sugiere que si bien algunas reglas fiscales son necesarias para controlar el crecimiento del déficit presupuestario y la escalada de la deuda interna, esto no es suficiente y que abordar la cuestión de la sustentabilidad de la deuda en coherencia con las MDM de manera adecuada en Egipto "requiere un cambio radical en el manejo de la microeconomía" y, específicamente, "se debe abandonar la movilidad del capital y los controles menos selectivos deberían ser introducidos. Esto añadirá un nivel valioso de libertad en la conducción de la política macroeconómica que debería facilitar el logro de la sustentabilidad de la deuda" (Abdel-Khalek 2007).

• Recomendación para los gobiernos nacionales: Es importante que el liderazgo político y el ejecutivo adopten y mejoren este enfoque alternativo de la sustentabilidad de la deuda, con el fin de instrumentar programas que promuevan el desarrollo social y económico;

• Recomendación para la instituciones financieras internacionales (IFIs): Es importante que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial incluyan los temas sugeridos en este enfoque alternativo, en vista de los fracasos y limitaciones de sus modelos de enfoque de ASD, en cuanto a lo que se necesita para el desarrollo;

• Recomendación para la comunidad internacional: Es crítico que la comunidad internacional respalde este enfoque alternativo, en especial por su vinculación seria con las MDM y énfasis en el desarrollo sustentable.

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Incorporar perspectivas de largo plazo en los gastos en

infraestructura

• Como señala el PNUD (2006), el FMI y el Banco Mundial y los donantes bilaterales deben ampliar el espacio fiscal disponible para infraestructura, al concentrarse más en las metas fiscales de mediano y largo plazo, y los beneficios del gasto inicial en infraestructura en el corto plazo. Deberían respaldar la propuesta del Acta de Copacabana acordada por Brasil y Argentina de adoptar métodos contables alternativos que les permitan a los países en desarrollo cambiar las inversiones en infraestructura de sus gastos recurrentes a su cuenta de capital de largo plazo.

Adoptar un enfoque más cauteloso con respecto a las APPI

En los países donde las APPI se mantengan, los gobiernos, las IFIs y los donantes deberían adoptar las siguientes medidas concretas para mejorar los resultados y aclarar todos los riesgos:

• Necesidad de un mejor marco de evaluación de riesgos, debates públicos más amplios: deben adoptarse reformas concretas de los procedimientos para, en primer lugar, garantizar un diálogo nacional mucho más transparente e incluyente con mucha más transparencia pública, incluyendo aprobación parlamentaria para las iniciativas de APPI futuras.

• Aclarar el grado de responsabilidad pública: El grado exacto de responsabilidades y garantías públicas debe aclararse completamente a los ciudadanos y actores públicos antes de que dichos acuerdos sean aprobados por los órganos legislativos nacionales.

• Garantizar una mejor capacidad normativa gubernamental: Antes de aprobar estos proyectos, todas las partes deben primero certificar que la capacidad regulatoria efectiva del gobierno ha sido mejorada y es apta para que el gobierno no soporte un nivel de riesgo inadecuado, los derechos de los pobres se protejan y se garanticen mejores beneficios distributivos para los pobres.

• Un análisis de riesgo más cuidadoso: Los gobiernos, las IFIs y los donantes deben desarrollar una metodología rigurosa para evaluar los riesgos y beneficios posibles de las inversiones en infraestructura relacionada con el comercio: tanto los riesgos y recompensas posibles deben someterse a prueba frente a turbulencias externas hipotéticas, y deben adoptarse las medidas adecuadas para determinar quien puede o no correr más fácilmente con los mayores niveles de riesgo. Finalmente, las IFIs deberían apoyar esta metodología, al actuar como las instancias que dictarán la tendencia.

• Las IFIs, donantes y otros defensores de las APPI deberían reconocer que, en algunos casos, las evaluaciones de riesgo mejoradas que se mencionan arriba pueden sugerir que la participación del sector privado pudiera no ser recomendable y/o que las garantías públicas deberían ser un último recurso.

Planes nacionales de infraestructura relacionada con el comercio

Según Estache (2004) y Bayliss (2009), se ha demostrado que gran parte de las inversiones de APPI hasta la fecha crean un beneficio distributivo desigual, al desarrollar sólo ciertas áreas enclave o zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE), lo cual resulta en un desarrollo de infraestructura desequilibrado a nivel nacional, así como disparidades regionales. A fin de evitar esto en el futuro, la infraestructura, incluyendo los proyectos de infraestructura relacionada con el comercio, debería ser parte de un plan nacional más amplio para mejorar la infraestructura nacional en general. Además, hasta el presente, los registros muestran un énfasis excesivo en la infraestructura de transporte, mientras que las inversiones en telecomunicaciones y electricidad han recibido menos financiamiento. El uso de planes nacionales de infraestructura más coherentes y amplios ayudará a prevenir el financiamiento de enclaves o las disparidades regionales. Opciones de políticas para incrementar el espacio fiscal

Como sugiere el PNUD (2006), para lograr la estabilización macroeconómica no es necesario sacrificar otras metas, tales como el

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incremento de las inversiones públicas en infraestructura. Epstein (2003) propone un enfoque de "metas reales" para la política monetaria que podría incrementar considerablemente el espacio fiscal disponible para los países en desarrollo. Como se mencionó anteriormente, muchos países en desarrollo han adoptado el enfoque de política monetaria del FMI que se concentra en mantener niveles bajos de inflación, excluyendo otros objetivos importantes tales como la creación de empleos, el incremento de las inversiones o la reducción de la pobreza, a pesar de que existe amplia evidencia de que los niveles de inflación moderados tienen pocos costos o ninguno. Algunos incluso han adoptado regímenes de "metas de inflación" en sus bancos centrales, un enfoque que compromete al banco central a lograr una meta de inflación bastante rígida, en ocasiones tan baja como el 2%. Sin embargo, este enfoque ha redundado en un crecimiento económico más lento y menor crecimiento del empleo, sin lograr reducir la inflación con un costo económico menor que los métodos tradicionales de lucha contra la inflación (Epstein 2003). Entonces, Epstein propone el enfoque de "metas reales" para la política monetaria, donde a los bancos centrales se les presenta una meta adecuada para los países, como por ejemplo, crecimiento del empleo, desempleo, PIB real o inversiones, la cual generalmente está sujeta a una restricción de la inflación. Dadas estas dos metas -la meta real y la limitación- el banco central encontrará herramientas múltiples para lograrlas, diseñando herramientas nuevas y redescubriendo herramientas viejas, tales como encaje legal basado en activos y otras técnicas de asignación de créditos. La meta del crecimiento del empleo es doblemente adecuada, toda vez que los sectores que hagan uso intensivo de la mano de obra sean particularmente efectivos para expandir el espacio fiscal. Sólo mediante las oportunidades de amplia base para obtener trabajos decentes pueden prosperar las familias, las economías y construir una base fiscal sólida. El PNUD sugiere que la tasa de creación de empleos debería constituir un "factor de sustentabilidad" en los esfuerzos por alcanzar las MDM. El Grupo de Evaluación Independiente del BM, en su Revisión Anual de la Efectividad del Desarrollo del 2006, criticó el hecho de que la institución no hubiera estimulado un crecimiento más enfocado en la generación de empleos, diciendo que el incremento de la desigualdad ha perjudicado el efecto del crecimiento en cuanto a la reducción de la pobreza, en particular "en los casos en los que el crecimiento se ha concentrado en sectores que generaban pocos empleos" (IEG 2006).

Recomendación para las IFIs y donantes: Ofrecer a los países en desarrollo un mayor "espacio para políticas" que permita a sus bancos centrales utilizar los siguientes tipos de políticas y herramientas:

• emplear múltiples herramientas (no sólo tasas de interés) • asignación de créditos • techos para las tasas de interés • técnicas de administración de capital • establecer tasas de inflación que no dependan del FMI; es decir,

dentro de un rango que favorezca las metas nacionales de crecimiento y empleo

• promover la acumulación de capital para aliviar a los países de una dependencia excesiva del financiamiento externo

• orientar inversiones en infraestructura a fin de promover la producción nacional, así como el comercio.

El enfoque de metas reales también puede complementarse con otras políticas, tales como técnicas de manejo de capital para enfrentar posibles fugas. Este enfoque tiene el potencial para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la utilidad social de las políticas de los bancos centrales, en comparación con la mayoría de las estructuras de los bancos centrales existentes. Creación de capacidad relacionada con el comercio

Los donantes deberían incrementar considerablemente el importante trabajo emprendido por las iniciativas de Ayuda para el Comercio, iniciativas en las cuales se brinde adiestramiento técnico y creación de capacidades a los ministerios de comercio de los países en desarrollo. Los programas de Ayuda para el Comercio deberían:

• Ampliarse para que incluyan mayor cantidad de financiamiento para los receptores.

• Elevar la asignación del financiamiento bajo la Ayuda para el Comercio a muchos más países.

• Garantizar que el comercio ampliado también brinde beneficios a los sectores productivos nacionales.

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Conclusión

Los impactos de las crisis económicas y financieras globales incluyen menos financiamiento disponible para la infraestructura pública y la relacionada con el comercio, así como mayores costos para el financiamiento que resta. Además, la crisis ha redundado en menores ganancias cambiarias por exportaciones, lo cual a su vez, ha conducido a menores ingresos fiscales y mayores niveles de deuda y, en consecuencia, un menor espacio fiscal para la infraestructura (UNCTAD 2009). Se espera que las políticas recomendadas sobre los Análisis de Sustentabilidad de Deuda (ASD) incorporen perspectivas de largo plazo en el financiamiento de la infraestructura. Al adoptar un enfoque más cauteloso de las APPI futuras, desarrollar planes de infraestructura nacional que también promuevan la economía nacional productiva, dejar que los países adopten herramientas y opciones de política monetaria más expansionistas, y al construir mayor capacidad relacionada con el comercio para los ministerios de comercio permitirán a los países desarrollar una mejor planificación de financiamiento para la infraestructura efectiva en el futuro. Referencias

Abdel-Khalek (2007). "MDG-based Debt Sustainability Analysis: Egypt," by Gouda Abdel-Khalek. A Country Discussion Paper prepared for a joint UNDP/UNDESA initiative on defining a more MDG-consistent debt sustainability framework, January. Alexander (2007). "The elusive quest for ‘fiscal space’ The World Bank, the IMF and the UNDP," by Nancy Alexander. Bretton Woods Project Update No. 55, 2 April. Calderón, et al (2002). "Infrastructure Compression and Public Sector Solvency in Latin America," by Cesar A. Calderon, William Easterly and Luis Servén. Working Papers Central Bank of Chile, No. 187. October.

CEPR (2005). "The scorecard on development: 25 years of diminished progress," by M. Weisbrot, D. Baker and D. Rosnick, Center for Economic and Policy Research, Washington DC, September. Epstein (2003). "Alternatives to Inflation Targeting Monetary Policy for Stable and Egalitarian Growth: A Brief Research Summary," by Gerald Epstein, University of Massachusetts at Amherst, PERI Working Paper No. 62, July. Estache, Antonio and Marianne Fay (2007). Current Debates on Infrastructure Policy. Policy Research Working Papers Series 4410.

Estache, Antonio (2004). PPI Partnerships vs. PPI Divorces in LDCs (or Are We Switching from PPPI to PPDI?). World Bank and Universite Libre de Bruxelles- European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES).

IEG (2006). "Annual Report on Development Effectiveness (ARDE)," by the Independent Evaluation Group (IEG), World Bank.

IMF (2006). "Macroeconomic challenges of scaling up aid to Africa: a checklist for practitioners," by S. Gupta, R. Powell and Y. Yang. International Monetary Fund. Washington, DC, August.

Jubilee Zambia (2005). "A Human Needs-based Debt Sustainability Analysis: A challenge for Zambia," by Jubilee Zambia, Lusaka, June.

Social Watch (2005). "Poverty and globalization: What are we talking about when we talk about poverty?" by Social Watch. Southern Africa Regional Poverty Network.

UNCTAD (2009). "Responding to the global crisis Climate change mitigation and development," Trade and Development Report 2009, by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

UNDP (2006). "Fiscal Space for Public Investment: Towards a Human Development Approach," by Rathin Roy, Antoine Heuty and Emmanuel Letouze. United Nations Development Program (UNDP). Paper prepared for the G24 Technical Meeting, Singapore.

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World Bank (2006a). “Fiscal Policy for Growth and Development: An Interim Report," for the Development Committee Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and the Fund On the Transfer of Real Resources to Developing Countries, World Bank, 6 April.

World Bank (2006b). “Infrastructure and Growth: New Channels and Policy Implications” by Pierre-Richard Agénor and Blanca Moreno-Dodson. Policy Research Working Paper 4064, World Bank. November 2006.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SU IMPACTO EN EL CRÉDITO BANCARIO: EL CASO DE MÉXICO

Manuel Pérez Rocha, Institute for Policy Studies

Introducción

Esta presentación tiene el propósito de contribuir al esfuerzo de vincular los análisis sobre temas de comercio internacional con los de finanzas. En este sentido el propósito será el establecer, a través del ejemplo de México, una relación entre los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), con la función y el desempeño de la banca comercial en el fomento económico; específicamente a través del crédito, haciendo un repaso de la importancia que tienen los controles de capitales y los requisitos de desempeño a las inversiones.

El ejemplo de México debe de ser ilustrativo para América Latina, que es una región del mundo que experimenta los efectos de la crisis financiera actual con particular agudeza, aunque de manera muy diferenciada entre unos países y otros. Tal y como se advierte en el documento La Crisis Financiera del 2008: Análisis y Propuestas del SELA, entre los grandes retos que enfrentan los países de America Latina y del Caribe está el de la volatilidad financiera y el de la fuerte salida de capitales, lo cual está teniendo devastadores efectos en el bienestar de la población y una regresión en los escasos -y también diferenciados- logros en el combate a la pobreza. De acuerdo con el documento del SELA:

“1. Los efectos inmediatos de la crisis financiera internacional están a la vista: la caída de Wall Street ha arrastrado a las bolsas latinoamericanas; aumentado la volatilidad de sus cotizaciones y provocado devaluaciones. Se ha dado también una fuerte salida de capitales desde la región.

2. La crisis tendrá tres grandes impactos sobre los países de América Latina y del Caribe:

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• La restricción crediticia presionará a gobiernos y empresas obligándolos a recortar gastos y aumentar ingresos;

• Se desatarán presiones recesivas y desestabilizadoras a nivel macroeconómico; y

• Aumentará la desigualdad entre países y entre empresas, fortaleciéndose los sectores globalizados más competitivos y por ende se acelerará el proceso de consolidación y concentración industrial, conforme las compañías que resulten más eficientes y financiadas absorberán a sus competidores débiles.

3. En el mediano y largo plazo, las correas de transmisión de la crisis serán la contracción de los flujos netos de capital y su encarecimiento por el aumento en las tasas de interés” (SELA, 2008).

Esta situación es particularmente preocupante para los países de Latinoamérica que han firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca a las Inversiones (APPRIs) con potencias comerciales como los Estados Unidos y la Unión Europea, ya que los acuerdos Norte-Sur de libre comercio reducen las opciones que tienen los países en desarrollo para la implementación de políticas de fomento económico -y de protección de su medio ambiente- basadas en el fortalecimiento del mercado interno y en las capacidades locales, así como en un desarrollo industrial propio.

Los Tratados de Libre Comercio, ¿motor para el desarrollo o

privilegios para el capital transnacional?

Sin ir demasiado atrás, apenas en la reciente reunión ministerial de San Salvador de la iniciativa “Caminos para la Prosperidad de las Américas”, del 31 de mayo del 2009, bajo el liderazgo de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, se reafirmó la continuidad del proyecto de expansionismo de libre mercado que hasta el momento ha fracasado con la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En la declaración de esta reunión se ratificó el propósito neoliberal de la iniciativa y el compromiso de los 13 países

firmantes del hemisferio de atenerse a la fórmula que establece al libre comercio como la panacea para superar la pobreza:

“Reafirmando que ante la actual crisis financiera mundial y sus efectos, un sistema de libre comercio no discriminatorio y políticas abiertas de comercio e inversión, son esenciales para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible; renovando nuestro compromiso de evitar medidas proteccionistas” (ver vínculo a declaración de San Salvador en sección de fuentes).

Esta perspectiva contrasta con la evaluación que se ha hecho desde muchos sectores de la sociedad sobre los impactos que han tenido las políticas de desregulación, particularmente en los campos de la inversión extranjera y las finanzas. Para comprender el funcionamiento de los capítulos de inversiones en los TLC y los APPRI es necesario conocer sus cláusulas principales, diseñadas para otorgar a las empresas transnacionales privilegios por encima del interés público, lo cual constituye expandir acuerdos comerciales multilaterales como los de la Organización Mundial del Comercio.

Estas cláusulas incluyen:

• Amplia definición de inversión

Por inversionista se entiende una empresa o una persona que tiene el propósito de realizar, que está realizando o que ha realizado una inversión en el territorio de uno de los países suscriptores de un TLC o APPRI. Con esta definición se otorgan privilegios para todas las empresas y personas extranjeras con inversiones, incluyendo aquellas que no han realizado una inversión pero que esperan invertir. En la definición de inversión, se incluye prácticamente todo: los activos propiedad de un inversionista o controlados por el mismo, que tengan características de inversión, tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la presunción de riesgo. Las modalidades de la inversión abarcan una extensa multiplicidad de formas, tales como: empresas, acciones, bonos,

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contratos, derechos de propiedad intelectual, licencias, autorizaciones, permisos y derechos de propiedad tangibles o intangibles.

• Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida

Mediante las reglas de trato nacional los gobiernos no podrán otorgar ninguna preferencia a inversionistas locales sobre extranjeros, y se obligarán a abrir todas las áreas de la actividad económica a la inversión extranjera. Tampoco podrán ofrecer ningún subsidio o asistencia especial a empresas locales, sociales o cooperativas sin que éstos se otorguen de igual manera a los inversionistas extranjeros. Asimismo, mediante el trato de nación más favorecida se prohibirá a los gobiernos nacionales instaurar políticas que a su vez establezcan tratos especiales con alguna nación en particular, sin que se dé el mismo trato al país con el que se tiene el TLC o APPRI.

• Prohibición de Requerimientos de Desempeño

Mediante la Prohibición de Requerimientos de Desempeño se obliga al país receptor a no inducir al inversionista extranjero a comportarse de alguna manera o cumplir ciertos requerimientos para asegurar que las inversiones sirvan a favor del desarrollo nacional o local, o a favor de la protección del medio ambiente. Estos requerimientos de desempeño son considerados bajo los regímenes de libre comercio como distorsiones del mercado.

• Mecanismos de resolución de disputas inversionista – Estado en tribunales de carácter supranacional

Mediante estos mecanismos los inversionistas extranjeros pueden demandar a gobiernos nacionales y locales ante cortes supranacionales, o ante cortes de sus propios países, a través de poderosos instrumentos de solución de controversias que les podrán imponer fuertes sanciones económicas, con lo cual, en la práctica se niega a los gobiernos firmantes de TLC la posibilidad de protegerse a sí mismos con su propio sistema legal. Estas demandas inversionista - Estado se realizan no solo

por expropiaciones directas e indirectas, sino por ganancias proyectadas que un inversionista deja de obtener por una acción estatal.

• Prohibición de controles a movimientos de capital

En prácticamente todos los TLC y APPRI se incluyen prohibiciones a los controles de los movimientos de capital que entran en conflicto con la urgente necesidad de contar con algunos mecanismos –incluso si tan solo temporales y no discriminatorios- para frenar salidas repentinas y abruptas capaces de causar graves desbalances financieros.

El TLCAN es el tratado modelo, o base, para demás tratados de libre comercio. Dado que, en esta presentación nos interesa explorar la relación entre inversiones y finanzas, en anexo incluimos dos cláusulas específicas del TLCAN que han tenido un impacto concreto en la capacidad del gobierno mexicano para hacer frente a los desbalances causados por la fuga de capitales, y en promover un sistema bancario comercial que contribuya al fomento del desarrollo económico endógeno (Ver en Anexo: Capítulo de Transferencias o Prohibición a los Controles de Capital y Prohibición de Requerimientos de Comportamiento en el TLCAN).

En contraste con estas cláusulas UNCTAD ha demostrado desde algunos años atrás que la implementación de requerimientos de desempeño “contribuye a alcanzar varios objetivos de desarrollo” (UNCTAD 2001); asimismo existen textos que demuestran como los APPRI y los TLC limitan la capacidad de los gobiernos de adoptar medidas para detener la fuga de capitales y proponen cambios en estos para asegurar que los países en desarrollo puedan ejercer controles particularmente en tiempos de crisis, y así aprovechar al máximo las inversiones extranjeras a lograr, por ejemplo, reinversión del capital en encadenamientos productivos.

El caso de México ante la crisis financiera

Un ejemplo de la gravedad de los impactos de los acuerdos de inversión de los TLC y de los APPRI lo encontramos en México, país que ha sido

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un “campeón” de la desregulación financiera. En la crisis financiera actual, el gobierno de México está imposibilitado de interceder con políticas para corregir muchos problemas en su balanza de pagos, ya que los TLC y APPRI expanden los tipos de transferencias de capital a los que se debe permitir un movimiento libre y sin retraso, además que a las instituciones bancarias de capital extranjero no se les pueden imponer requerimientos de desempeño.

Reportes recientes indican que en México -que ha sido el país más golpeado en América Latina por la crisis financiera actual, debido a su dependencia con los Estados Unidos- se ha registrado una salida histórica de recursos de residentes en el país hacia bancos en el exterior. Según el Banco de México en el periodo entre abril y junio del 2009 se enviaron al extranjero 7,841 millones de dólares, que representa el mayor flujo de recursos desde la existencia de registros disponibles, y que supera las entradas que se reportan en las principales fuentes de divisas del país. Esto contrasta con el 2008, cuando el saldo de los activos en el exterior –propiedad de residentes de México– presentó un aumento en todo el año de 8,360 millones de dólares, para llegar a una bolsa de 30,032 millones de dólares (El Financiero, 26 de agosto, 2009).

Para las autoridades mexicanas, que se mantienen apegadas al modelo económico que prevalece en el país desde hace tres décadas, a pesar del evidente marasmo financiero y económico, las salidas de capital son un efecto normal del funcionamiento de una economía integrada a la economía mundial. Sin embargo, los impactos sociales son graves (ha aumentado la pobreza y el desempleo, así como la inflación, particularmente en alimentos), y México ha tenido que recurrir a líneas de créditos sin precedente para poder detener la devaluación del peso que es uno de los resultado de la salida de capitales. Para detener la devaluación del peso el Banco de México ha gastado 13 mil 785 millones de dólares –tan solo en lo que va del 2009– de sus reservas internacionales, lo cual ha contribuido a la necesidad de abrir una línea de crédito de contingencia de 47 mil millones de dólares con el FMI, además de la reciente de 4 mil millones de dólares como parte del fondo global para la mitigación de los efectos de la crisis, para evitar un desplome y asegurar la confianza de inversionistas. (Entre agosto de 2008 y agosto de 2009 el peso mexicano se ha devaluado alrededor de un 25%.)

El papel de la banca comercial en el otorgamiento de crédito en

México

Un análisis cualitativo de las inversiones en el sector financiero mexicano nos da como resultado una banca prácticamente extranjerizada, altamente concentrada en pocas instituciones y que poco aporta al desarrollo económico del país, particularmente al amplio universo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

a) Concentración y extranjerización de la banca mexicana.

Uno de los resultados más importantes del TLCAN y el TLC entre México y la UE ha sido un aumento de la inversión extranjera para la adquisición –en la práctica- de casi el total del sector financiero privado mexicano, en su gran mayoría por capitales europeos, estadounidense y canadiense. La inversión en este sector no ha generado nuevos establecimientos ni nuevos empleos, sino que se ha basado en la compra de activos ya existentes. En la siguiente tabla se muestran los activos totales y las ganancias de los principales bancos que operan en México.

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Tabla 1. Activos Totales y ganancias de Bancos en México, 2009.

Institución País donde opera Matriz

Activos totales en millones de pesos

% Utilidad Neta Consolidada en millones de pesos (marzo 2009)

%

Banamex Accival (Citicorp)

EEUU 1,036,995 21.30 5,985 29.81

BBVA Bancomer

España 1,186,162 24.37 6,386 31.81

Santander Serfin

España 709,882 14.58 2,078 10.35

Scotia Bank Inverlat

Canadá 150,036 3.08 488 2.43

HSBC R. Unido 444,462 9.13 797 3.97

BANORTE México 577,801 11.87 1,706 8.49

INBURSA México 231,769 4.76 905 4.50

ING Países Bajos

108,658 2.23 496 2.47

Subtotal 4,445, 765 91.34 18,841 93.87

OTROS 421,475 8.65 1,230 6.12

Consolidado 4,867,240 100 20,071 100

Elaboración propia (base en datos de la Asociación Mexicana de Bancos).

b) Grandes ganancias para los grandes bancos extranjeros.

Los TLC y los APPRI han facilitado la extranjerización de la banca en México y los únicos beneficiados son los grandes bancos que han reportado ganancias récord en este país, que son en muchos casos más altas que en su país de origen. Estas ganancias se deben al desmedido diferencial entre lo que pagan al ahorrador y lo que cobran al que le prestan, es decir todos pierden, menos el banco. La segunda fuente de ganancias son las altas comisiones por servicios bancarios, lo que tampoco favorece al usuario. La estrategia de los bancos ha sido la de aprovechar la poca regulación gubernamental centrándose en las actividades con mayores márgenes de ganancia y reduciendo el financiamiento a la actividad productiva. Los amplios márgenes de utilidad se han basado en tres mecanismos principales: las transferencias gubernamentales derivadas del programa de rescate bancario (el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro); los grandes márgenes de intermediación financiera y el aumento desmedido de comisiones por diversos servicios (Arroyo, Aguirre, Pérez Rocha, 2009).

En el 2006 las utilidades de la banca ascendieron a 66,747 millones de pesos (aproximadamente 6,000 millones de dólares), un aumento de 33.65% con respecto al año anterior. Para el 2007, a pesar de las dificultades económicas ocasionadas por la desaceleración de la economía en EEUU, las utilidades netas de la banca en México aumentaron a 69,533 millones de pesos. En el 2008 la banca reportó una caída en su utilidad neta de 31.15% respecto a 2007 (El Economista, 5 de marzo, 2009), principalmente por problemas de cartera vencida, pero en el primer semestre del 2009, a pesar de la profunda contracción económica en México de cerca del 10% del PIB -la más grave de la que se tenga registro- los bancos se recuperaron para lograr ganancias de 32,388 millones de pesos (casi 3,000 millones de dólares), lo que equivale a 7.4% más que en el mismo semestre en 2008. Desde el 2006 hasta el 2009 más de tres cuartas partes de las ganancias son absorbidas por los 5 principales bancos extranjeros; BBVA Bancomer, Banamex (Citicorp), HSBC, Santander Serfin y Scotia Bank (ver tabla 1, como ejemplo las ganancias reportadas en el mes de marzo del 2009).

En el caso de BBVA Bancomer, principal banco en México de capital español, las ganancias han tenido un gran crecimiento en los últimos

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años. En el 2006 México se consolidó como el país con la mayor fuente de ganancias para este grupo financiero: “generó en ese año ganancias por 1,711 millones de euros (unos 24,800 millones de pesos), cantidad que representó un aumento anual de 29.5 por ciento, en comparación con los 1,321 millones de euros de ganancias de 2005. Las ganancias aportadas por las operaciones en México representaron 36.12 por ciento de la utilidad total del consorcio en 2006”, lo cual es mayor a las utilidades reportadas en España y Portugal conjuntamente (La Jornada, 1 de febrero, 2007).

c) Mínimo aporte de la banca privada al desarrollo de México.

Desde que se comenzaron a implementar políticas de ajuste estructural las instituciones de la banca de desarrollo han sido gradualmente desmanteladas. Supuestamente, la banca privada cumpliría el rol de fomento económico para las unidades productivas del país. En años recientes el desplazamiento de la banca de desarrollo ha continuado, como se demuestra en la siguiente tabla.

Sin embargo la banca comercial se ha dedicado a la intermediación financiera y al aumento al crédito al consumo y al sector de los servicios, mientras que el crédito a los sectores productivos se ha

mantenido estancado (industria) o en franco declive (agropecuario, silvicultura y pesca).

Según los resultados de una encuesta del Banco de México sobre el financiamiento concedido a las empresas del sector privado seis de cada 10 empresas se financian por medio de sus proveedores y la banca es la segunda fuente de crédito de las empresas. En efecto, un estudio - paradójicamente de la misma BBVA - (Morales, Servicio de Estudios Económicos, BBVA, 2009), arroja que en el segundo trimestre del 2009 el crédito bancario al sector privado fue de 1,708 mil millones de pesos (38.3%), mientras que el crédito no bancario al mismo sector fue de 2,747 mil millones de pesos (61.7%). El mismo estudio demuestra como el crédito se ha desacelerado con la presente crisis financiera; “en julio-09 la tasa de crecimiento del crédito vigente total otorgado por la banca comercial al sector privado fue negativa y de - 4.2% real anual”.

Es interesante notar que la caída del crédito como proporción del PIB se da justamente desde la entrada del TLCAN y coincide con el proceso de extranjerización de la banca comercial en México; en 1994, el crédito

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total representaba el 37.6% del PIB, en el 2001 llegó a su nivel más bajo del 6.5%, si bien en la actualidad (2 trimestre del 2009) se ha recuperado levemente a 13.4%. (Morales, Servicio de Estudios Económicos, 2009) aunque -como hemos indicado- no precisamente para actividades productivas.

Esto da como resultado un muy bajo crédito bancario en México como proporción del PIB en comparación con promedios globales. Un estudio de CEPAL del 2007 (Rivera, Rodríguez, CEPAL 2007) señalaba que mientras que el promedio mundial de crédito bancario respecto al PIB es de 25%; en los países desarrollados es de 84% y en América Latina de 28%, en México es de tan solo el 14%.

El comportamiento de la banca demuestra como aporta poco al país y debido a que gozan de la protección de los TLC y APPRI (con la UE, en el marco del TLCUEM) pueden tener un doble estándar: uno en su país de origen y otro en sus inversiones en México. En efecto, como concluye un estudio de la CEPAL “no puede decirse que el aporte de la banca extrarregional haya sido igualmente favorable para la competencia y para el consumidor. A diferencia de lo que se ha pensado, el ingreso de la banca extranjera no ha conllevado a una mejora en el desempeño de la banca, ni en el costo de servicio (comisiones, márgenes de intermediación), ni en cuanto a su calidad

(extensión de cobertura, proporción del crédito al sector privado) pero si en rentabilidad. El caso de México, el país de la región junto con Panamá donde la banca está mejor implantada, arroja indicadores de desempeño muy deficientes en varios campos, particularmente respecto del crédito disponible para el sector privado” (Rivera, Rodríguez, CEPAL 2007)

D) La voz de los microempresarios.

El mejor testimonio acerca de la carencia de crédito y del papel de la banca comercial en México lo tienen asociaciones de microempresarios como la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeño y Medianas Empresas. A continuación un listado de algunas de sus críticas al sector bancario (ALAMPYME, 2009):

• “Las tasas de financiamiento de los escasos recursos que nos destinan son de tipo expropiatorio, esto sumado a la abierta política para acabar con lo que queda de la banca nacional y de fomento para que reine la banca usurera y perversa que solo presta al que más tiene y drena permanentemente su rentabilidad obtenida al exterior…, es decir, que la banca internacional especula en los mercados nacionales”.

• “Para las aproximadamente cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas registradas ante la Secretaría de Economía acceder a un crédito bancario es impensable”

• "La banca comercial nos niega préstamos de 50 mil pesos o menos, no le conviene”

• “Las tasas que cobra la banca comercial en el país son bastante más altas que las que cobran sus matrices en sus países de origen”.

• “El papel de la banca de desarrollo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas ha sido desnaturalizado para convertir a estas instituciones en entidades de factoraje de grandes consorcios comerciales”.

• “De las cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas sólo el 27 por ciento tiene acceso a un crédito bancario, en tanto que el 60 por ciento que se acerca a la banca comercial en busca de financiamiento son rechazados por no ser

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sujetos de crédito, aparecer en el Buró de Crédito y hasta por carecer de bienes que respalden el crédito”.

En síntesis, un puñado de bancos europeos y norteamericanos se ha aprovechado de las cláusulas en el TLC y los APPRI que les garantizan seguridad en sus inversiones, libre movilidad de capitales y operaciones sin requerimientos de desempeño para obtener grandes ganancias, mas no cumplen con su papel de motor de la economía. El control oligopólico del sector financiero mexicano por unos cuantos bancos se ha constituido en un lastre para al crecimiento económico y una fuente de abusos para los consumidores.

Lo más grave aún es que, como el mismo Fondo Monetario Internacional ha advertido, México ha perdido el control sobre la propiedad de su sistema bancario a un ritmo superior que el de cualquier otro país, lo cual lo pone en riesgo de “contagio”; es decir, México está hoy en día gravemente expuesto a contagiarse de los problemas financieros que las matrices de los bancos pudieran llegar a tener, como ya está ocurriendo en la actualidad.

Reconocimiento creciente de que son necesarios los controles de

capitales y los requerimientos de desempeño a las inversiones

La experiencia de México sirve como un ejemplo de por qué es necesario y urgente evaluar y renegociar los capítulos de inversiones de los TLC y los APPRI, particularmente en cuanto al impacto que tienen en la capacidad del los gobiernos para promover políticas de fomento económico. Ya se ha dicho en el documento del SELA citado: “En el plano doméstico, los gobiernos de ALC deberían revisar ciertas políticas de liberalización de la cuenta de capital y la desregulación financiera que varios adoptaron en el pasado”; Incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han modificado su postura de oposición total a los controles de capital. Un reporte del FMI de marzo del 2009 indica que “la existencia de controles de capital en varios países ha ayudado a moderar los efectos directos e indirectos de la crisis financiera” y en años recientes el Banco Mundial ha aconsejado cuando menos a dos países a fortalecer algún tipo de control de capital así como

aconsejar en este sentido a Islandia después de la reciente caída de su sistema bancario (Anderson, 2009). Asimismo, en junio de 2009 los miembros de las Naciones Unidas, incluyendo la administración de Obama, firmaron un documento que incluye un llamado a que no se niegue a los países en desarrollo el resguardar su derecho a utilizar medidas de protección comercial legítimas de acuerdo con los acuerdos en la OMC, debido a la situación de aguda caída de sus reservas internacionales (Anderson, 2009).

En contraste con los casos de repentinas repatriaciones y fugas de capitales cobijadas bajo los capítulos de inversiones en TLC y APPRI, existen casos exitosos en donde se han aplicado controles en beneficio de salvaguardar balanzas de pagos en tiempos de crisis, así como para asegurar una reinversión de capitales en actividades productivas.

Dos ejemplos son el conocido Encaje en Chile y el caso de Malasia en el que la aplicación de controles de capital previeron a los funcionarios responsables de políticas públicas de un marco adecuado para ayudar al proceso de recuperación después de la crisis asiática, y ayudaron a la restructuración bancaria al facilitar la movilización de recursos domésticos y de un “colchón en contra de los posibles impactos adversos por sentimientos del mercado en contra de iniciativas nacionales” (Prema, Chandra Athukorala, 2007). En cuanto a los APPRI, el modelo canadiense y el modelo noruego ofrecen ejemplos de controles de capitales para asegurar la estabilidad financiera y en el caso del segundo prevenir y remediar daños ambientales (Anderson, 2009).

En cuanto a los Requerimientos de Desempeño (prohibidos por los TLC, ver anexo TLCAN) las autoridades a nivel nacional deben de recuperar y resguardar la capacidad y el “espacio para hacer e implementar políticas” que regulen los flujos de capital hacia y desde sus respectivos países y también para poder canalizar las inversiones extranjeras en actividades productivas, mediante, por ejemplo, encadenamientos productivos.

La UNCTAD publicó en el 2001 un valioso documento sobre requerimientos de desempeño. En este documento se asevera que “La Inversión Extranjera Directa puede jugar un papel significativo en el proceso de desarrollo de lo países. Además de proveer de flujos de capital, la IED puede ser un vehículo para la obtención de tecnología

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extranjera, conocimientos, capacidades administrativas y otros importantes insumos; para integrarse a los mercados internacionales, a las redes de distribución y de producción y para mejorar la competitividad internacional de las firmas y el desempeño económico de los países. Sin embargo, ni los flujos de la IED ni sus beneficios son automáticos. Mientras que cada vez más países dan la bienvenida a la IED, se está dando una mayor atención a las políticas que pueden aumentar el desarrollo de beneficios de tales inversiones” (UNCTAD, 2003). Según el mismo documento, dentro del amplio rango de políticas que pueden aplicar los países para asegurar un mayor beneficio público de las inversiones, se encuentran los requerimientos de desempeño, que sin embargo son prohibidos por los TLC (ver anexo TLCAN).

Recomendaciones Específicas.

Es necesario revisar los capítulos de inversión de cada uno de los TLC firmados por países de Latinoamérica con potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, así como cada uno de los APPRI, y modificarlos para asegurar que la inversión extranjera cumpla con el fomento económico a nivel nacional y a nivel de las localidades donde se asienta dicha inversión.

De manera específica, más no exhaustiva, en cuanto a la necesidad de eliminar la Prohibición de Controles de Flujos de Capitales se propone:

• Los países de Latinoamérica deben de garantizar su posibilidad y capacidad de utilizar instrumentos para el control de capitales – de manera no discriminatoria - con el objetivo de fomentar la estabilidad financiera, evitar crisis futuras y promover un desarrollo equitativo y sustentable.

• Eliminar todas las disposiciones con relación a aspectos de flujos de capitales, en cuanto a las disposiciones para resolución de disputas entre inversionista – Estado en los TLC y APPRI y prohibir demandas de inversionistas a Estados nacionales sobre casos relativos a transferencias de capital.

(Estas disposiciones para disputas inversionista – Estado también se deben de reformar en lo general para asegurar que el interés público –

social, económico, salud, ambiental- prevalezca por encima del interés privado).

• Incluir excepciones en los TLC y los APPRI para considerar medidas que cumplan con leyes cuyo objetivo sea prevenir la volatilidad financiera.

De manera específica (más no exhaustiva) en cuanto a la prohibición de Controles de Requerimientos de Desempeño es necesario:

• Eliminar las prohibiciones para requerimientos con respecto a la permanencia de capitales en un país determinado por un tiempo determinado.

• Eliminar las prohibiciones para requerimientos con respecto a la obligación de reinvertir ganancias en actividades productivas (y en el caso del sector bancario en otorgamiento de crédito para actividades productivas a entidades como PYMES, empresas de mujeres, empresas de comunidades, cooperativas, etc.)

• Establecer requisitos de desempeño para que los bancos comerciales extranjeros otorguen niveles de créditos como proporción del PIB que sean suficientes para el fomento necesario para las MPYMES de cada país. Por ejemplo se puede estudiar la factibilidad de que estos niveles sean equiparables a los niveles de crédito existentes en los países donde se basan sus matrices.

Aunque hay países en América Latina que han logrado romper con ataduras impuestas por los TLC y APPRI, la factibilidad para otros de realizar las modificaciones sustanciales aquí propuestas -y otras también necesarias- depende, en buena medida, de la voluntad política que muestren los gobiernos nacionales para impulsar de manera integrada una revisión seria de los compromisos adquiridos. Es necesario entender que lejos de promover el “desarrollo”, los TLC y APPRI impactan de manera negativa en el gozo y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población; lo cual a su vez

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conduce a serias violaciones de derechos civiles y políticos. En suma, los derechos humanos deben de prevalecer por encima de los derechos de las corporaciones que están consagrados en los TLC y APPRI. Es absolutamente necesario y urgente modificar el rumbo.

Referencias

ALAMPYME, “Situación Bancos”, Boletín de Prensa, 26 de marzo, 2009.

Aguirre Reveles Rodolfo, “Flujos financieros en América Latina, nuevos retos para viejos problemas”, RMALC, 2008.

Anderson Sarah, “Comment on the U.S. Model Bilateral Investment Treaty before the United States Department of State and the Office of the U.S. Trade Representative”. Institute for Policy Studies, July 17, 2009.

Anderson, Sarah. “Policy Handcuffs in Financial Crisis: How U.S. Trade and Investment Polices Limit Government Power to Control Capital Flows”, February, 2009, Institute for Policy Studies.

Arroyo Alberto, Aguirre Rodolfo, Pérez Rocha Manuel. “Efectos Económicos de Siete Años del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea”. Boletín Alternativas no. 50. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, 2009.

Declaración, II Reunión Ministerial, Caminos a la Prosperidad en las Américas (http://www.pathways-caminos.gov/docs/125263.htm)

El Economista, 5 de marzo, 2009, “Utilidades de la Banca caen 31.15% en 2008: CNBV”

El Financiero, 26 de agosto, 2009. “Salida Histórica de Capitales”.

Eugenio Rivera, Adolfo Rodríguez. “Competencia y Regulación en la Banca de Centroamérica y México, un estudio comparativo”. CEPAL 2007. La Jornada, 1 de febrero, 2007. “México, la mayor fuente de recursos para BBVA”.

La Jornada, 11 de abril del 2007, “México perdió el control de su sistema bancario; riesgo de crisis por contagio”.

La Jornada, 28 de agosto, 2009. “Recibirá el Banco de México 4 mil millones de dólares del FMI”.

Morales. E. Francisco, Observatorio Bancario México, BBVA, Servicio de Estudios Económicos, 2 de septiembre de 2009.

Prema – Chandra Athukorala, “The Malaysian Capital Controls: A Success Story?”,

https://www.researchgate.net/publication/5223991_The_Malaysian_Capital_Controls_A_Success_Story

SELA, 2008. La Crisis Financiera del 2008: Análisis y Propuestas del SELA

UNCTAD, 2001. Foreign Direct Investment and Performance Requirements: New Evidence from Selected Countries.

UNCTAD/ITE/IIA/2003/7. http://www.unctad.org/en/docs/iteiia20037_en.pdf

UNCTAD, base de datos “online” de los más de 1800 APPRI (BITS por sus siglas en inglés) en el mundo, Junio, 2004:http://www.bilaterals.org/rubrique.php3?id_rubrique=29

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Artículo 1106: Requisitos de desempeño

1. Ninguna de las Partes podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir ningún compromiso o iniciativa, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país no Parte en su territorio para:

(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios;

(b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

(c) adquirir o utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o adquirir bienes de productores o servicios de prestadores de servicios en su territorio;

(d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión;

(e) restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a ganancias que generen en divisas ;

(f) transferir a una persona en su territorio, tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado, salvo cuando el requisito se imponga o el compromiso o iniciativa se hagan cumplir por un tribunal judicial o administrativo o autoridad competente para reparar una supuesta violación a las leyes en materia de competencia o para actuar de una

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Artículo 1109: Transferencias

1. Cada una de las Partes permitirá que todas las transferencias relacionadas con la inversión de un inversionista de otra de las Partes en territorio de la Parte, se hagan libremente y sin demora. Dichas transferencias incluyen:

(a) ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos por administración, asistencia técnica y otros cargos, ganancias en especie y otros montos derivados de la inversión;

(b) productos derivados de la venta o liquidación, total o parcial, de la inversión;

(c) pagos realizados conforme a un contrato del que sea parte un inversionista o su inversión, incluidos pagos efectuados conforme a un convenio de préstamo;

(d) pagos efectuados de conformidad con el Artículo 1110; y

(e) pagos que provengan de la aplicación de la Sección B.

2. En lo referente a las transacciones al contado (spot) de la divisa que vaya a transferirse, cada una de las Partes permitirá que las transferencias se realicen en divisa de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia.

3. Ninguna de las Partes podrá exigir a sus inversionistas que efectúen transferencias de sus ingresos, ganancias, o utilidades u otros montos derivados de, o atribuibles a inversiones llevadas a cabo en territorio de otra Parte, ni los sancionará en caso de contravención.

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las Partes podrán impedir la realización de

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manera que no sea incompatible con otras disposiciones de este Tratado; o

(g) actuar como el proveedor exclusivo de los bienes que produce o servicios que presta para un mercado específico, regional o mundial.

2. La medida que exija que una inversión emplee una tecnología para cumplir en lo general con requisitos aplicables a salud, seguridad o medio ambiente, no se considerará incompatible con el párrafo 1(f). Para brindar mayor certeza, los Artículos 1102 y 1103 se aplican a la citada medida.

3. Ninguna de las Partes podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo la misma, en relación con una inversión en su territorio por parte de un inversionista de un país Parte o no Parte, al cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos:

(a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

(b) comprar, utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos en su territorio, o a comprar bienes de productores en su territorio;

(c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; o

(d) restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas.

transferencias, por medio de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes en los siguientes casos:

(a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

(b) emisión, comercio y operaciones de valores;

(c) infracciones penales;

(d) informes de transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios; o

(e) garantía del cumplimiento de fallos en procedimientos contenciosos.

5. El párrafo 3 no se interpretará como un impedimento para que una Parte, a través de la aplicación de sus leyes de manera equitativa, no discriminatoria y de buena fe, imponga cualquier medida relacionada con los incisos (a) a (e) del párrafo 4.

6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte podrá restringir las transferencias de ganancias en especie, en circunstancias en donde pudiera, de otra manera, restringir dichas transferencias conforme a lo dispuesto en este Tratado, incluyendo lo señalado en el párrafo 4.

LA CRISIS FINANCIERA Y EL COMERCIO: HACIA … · Alegre Caracas 1060, Venezuela. Center of Concern,...

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