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Capítulo 8 La contrarreforma agraria neoliberal El agrarismo mexicano hasta 1991 PODEMOS afirmar en forma documentada, que hasta el año de 1991, en nuestro país las instituciones creadas por los gobiernos emanados del movimiento social en consonancia con la Constitución de 1917 y las garantías sociales tuteladas por el Estado permanecieron vigentes. Las reformas que se hicieron en el trans- curso de 74 años, en general fueron para consolidar beneficios para el pueblo mexicano, ampliar sus derechos y fortalecer instituciones. Hasta esa fecha estaban vigentes un conjunto de principios (decálogo) agra- rios que se respetaron y cumplieron con mayor o menor voluntad presidencial; pero en todo caso fueron respetados. A través de lo que hemos visto en los capítulos anteriores el agrarismo revolucionario fue progresivo al comenzar por el simple reparto de la tierra y culminar incorporando el factor económico de la producción, la comercialización, industrialización y la debida organización de los productores. Finalizamos el año de 1991, con un agrarismo constitucional puntual; con los ideales de los padres de nuestra patria; cumpliendo con sus afanes por darle a las nuevas generaciones de mexicanos un lugar, un territorio, una nación hu- manista, libre, independiente, justa y equitativa. Nuestra nación se desarrolló con una ideología revolucionaria, progresista, aun a pesar de esas crisis económicas sexenales provocadas desde afuera, es decir internacionales y desde dentro por los excesos del gasto público. Pero, debemos reconocerlo, propios y extraños, se mantuvo un crecimiento apropiado a las circunstancias económicas que vivimos. La voluntad comprobada por todos los gobiernos revolucionarios fue resolver las dificultades económicas sucesivas, producto del endeudamiento exterior e inte- rior, de los inconvenientes que produce la escasez de recursos frente a las cre- cientes necesidades económicas de la población en ascenso. Pero se hicieron los esfuerzos por superar estos escollos; se mantuvieron los principios en política exterior, los postulados agrarios y México continuó creciendo. Se mantuvo vigente el proyecto histórico constitucional. 843

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Capítulo 8

La contrarreforma agraria neoliberal

El agrarismo mexicano hasta 1991

PODEMOS afirmar en forma documentada, que hasta el año de 1991, en nuestropaís las instituciones creadas por los gobiernos emanados del movimiento socialen consonancia con la Constitución de 1917 y las garantías sociales tuteladaspor el Estado permanecieron vigentes. Las reformas que se hicieron en el trans­curso de 74 años, en general fueron para consolidar beneficios para el pueblomexicano, ampliar sus derechos y fortalecer instituciones.

Hasta esa fecha estaban vigentes un conjunto de principios (decálogo) agra­rios que se respetaron y cumplieron con mayor o menor voluntad presidencial;pero en todo caso fueron respetados. A través de lo que hemos visto en loscapítulos anteriores el agrarismo revolucionario fue progresivo al comenzar porel simple reparto de la tierra y culminar incorporando el factor económico de laproducción, la comercialización, industrialización y la debida organización delos productores.

Finalizamos el año de 1991, con un agrarismo constitucional puntual; conlos ideales de los padres de nuestra patria; cumpliendo con sus afanes por darlea las nuevas generaciones de mexicanos un lugar, un territorio, una nación hu­manista, libre, independiente, justa y equitativa. Nuestra nación se desarrolló conuna ideología revolucionaria, progresista, aun a pesar de esas crisis económicassexenales provocadas desde afuera, es decir internacionales y desde dentro porlos excesos del gasto público. Pero, debemos reconocerlo, propios y extraños, semantuvo un crecimiento apropiado a las circunstancias económicas que vivimos.La voluntad comprobada por todos los gobiernos revolucionarios fue resolver lasdificultades económicas sucesivas, producto del endeudamiento exterior e inte­rior, de los inconvenientes que produce la escasez de recursos frente a las cre­cientes necesidades económicas de la población en ascenso. Pero se hicieron losesfuerzos por superar estos escollos; se mantuvieron los principios en políticaexterior, los postulados agrarios y México continuó creciendo. Se mantuvovigente el proyecto histórico constitucional.

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Hasta el año de 1991 el agrarismo mexicano llegaba con un marco jurídico,fortalecido y mejorado al agregarse el contenido económico al reparto de la tierrae impulsando la organización de los productores, depurando las institucionescrediticias, los apoyos y servicios que se daban al desarrollo agropecuario y fo­restal.

A pesar de todas las vicisitudes por las que atravesó el reparto agrario y laevolución de nuestro derecho, en 66 años -de 1915 a 1991- se entregaron104'239,103 hectáreas a 2'600,000 ejidatarios, mayormente jefes de familia,por medio de 37,082 resoluciones presidenciales. Se constituyeron 26,000ejidos y se restituyeron o reconocieron tierras pertenecientes a 2,000 comuni­dades en su mayoría indígenas para beneficio de 400,000 comuneros; se entre­garon certificados de inafectabilidad a un millón de pequeños propietarios.

El 2 de mayo de 1982 fui convocado por el Instituto de Estudios Políticos,Económicos y Sociales (lEPES) del Partido Revolucionario Institucional, con mo­tivo de la reunión popular para la planeación que se llevó a cabo en la ciudad deCuautla, Morelos, en esa misma fecha, ante el licenciado Miguel de la MadridHurtado, candidato a la Presidencia de la República. Se me pidió que expusierabrevemente mi punto de vista sobre el cumplimiento de los postulados denuestra reforma agraria.

En esa ocasión precisé mi pensamiento y experiencia acumulada, expresando:

No debemos olvidar un hecho sobresaliente: al triunfo de la Revolución se ins­cribieron en el artículo 27 constitucional los fundamentos y los fines de nuestrareforma agraria, la respuesta acertada a los reclamos de justicia social. Al irseadecuando el amplio horizonte de sus preceptos jurídicos a la realidad so­cioeconómica del país, se produjo una exhuberante legislación, que culminócon la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971.Así se precisó que la estructura agraria del país se formaba con la propiedadsocial de ejidos y comunidades indígenas y la pequeña propiedad o sea, lapropiedad privada, limitada en su extensión por el interés público.En 67 años de aplicación, se logró avanzar en el reparto de la tierra y puede afir­marse que todos los gobiernos de la Revolución ~n mayor o menor medida- larepartieron: pero en el camino agrario de México, al correr de los años, se fue­ron complicando las cosas hasta crear el problema agrario, que es producto dela indefinición en la tenencia de la tierra, el burocratismo, los intereses perso­nales, el paternalismo, la demagogia agraria, la corrupción, la ineficacia y lasimbiosis de los intereses económicos y los intereses políticos.Así nacieron la trampa agraria, el regateo de documentos, el chantaje, el favori­tismo, el papeleo, el falso liderazgo y el contubernio, ocasionando que el sectoragropecuario, a pesar de que es factor determinante en el desarrollo económicodel país y elemento fundamental para evitar la dependencia exterior, llegaratarde a su cita y constituya el hermano pobre de la economía nacional.

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Estos factores que generaron el problema agrario tuvieron su consecuenciainmediata: incertidumbre en la tenencia de la tierra; falta de definición en losderechos; inseguridad jurídica y, por lo tanto, decepción y desilusión de lajusticia agraria.Para unos, la urgencia de producción agropecuaria se resuelve con la acumulaciónde recursos, instrumentos, medios, servicios y tecnología adecuada en las ronasproductivas; para otros, la producción se logra con la aplicación de correctosesquemas de organización.Los que conocemos el problema agrario de México afirmamos, categóricamen­te, que la producción y el desarrollo del sector agropecuario del país sólo selograrán si se resuelven, en primer lugar, con sentido de justicia agraria, losproblemas generados por la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra,que constituye el problema estructural de la producción.Ni ejidatario, ni comuneros, ni pequeños propietarios producirán al existirinseguridad en la tenencia de la tierra, incertidumbre en el respeto a sus derechosy dilación en la justicia agraria, que en algunos casos llega hasta la denegaciónde la justicia.Si hemos definido con precisión la estructura agraria del país, debemos procederya, con voluntad política determinante, a consolidarla constitucionalmente. Paraello propongo, respetuosamente, las siguientes medidas:1. Adicionar el primer párrafo del artículo 27 constitucional, para incluir, ademásde la propiedad privada, la propiedad social ejidal y comunal, con sus caracte­rísticas de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.2. Prohibir constitucionalmente los latifundios con el objeto de que ningunapersona fisica o moral pueda enajenar, adquirir, poseer a título de dominio o pres­cribir, predios rústicos que por su extensión y calidad de tierras rebasen los lí­mites señalados a la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación,considerando a estos excedentes como terrenos nacionales e incorporándolos ala reserva agraria nacional destinada, preferentemente, a satisfacer necesidadesagrarias.Si por su extensión no son suficientes para dotarlos a los núcleos de población,crear la dotación individual para campesinos sin tierras, constituyendo el patri­monio de familia rural.3. Para evitar el burocratismo e impartir la justicia agraria pronta y expedita,crear el Tribunal de Justicia Agraria de carácter colegiado organizado en SalasRegionales y una Sala Superior dotada de autonomía para dictar sus resolucio­nes y señalando, como ámbito de su competencia, los procedimientos básicosagranos.4. Definir en la Constitución quién es pequeño propietario, señalando quesólo serán quienes sean mayores de edad o siendo menores, la hayan adquiridopor herencia, y, en su caso, no tengan a nombre propio, de su cónyuge o deinterpósita persona, otros predios que sumados al suyo excedan la extensiónpermitida a la pequeña propiedad.

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Asimismo, señalar que no disfrutarán de los beneficios que se conceden a lapequeña propiedad quienes concentren el provecho derivado de la explotaciónde diversas fracciones de tierra excediendo los límites de ésta.5. Gran parte de la indefinición en la tenencia de la tierra se ha ocasionado porun peligroso titubeo para firmar resoluciones presidenciales negativas, dejandoen estado de indefinición los derechos sobre la tierra y ocasionando falta deinversión, trabajo y producción, por lo que debe procederse a firmar y publicardichas resoluciones en aquellos casos en que no existen superficies legalmenteafectables.6. Entregar sin regateos, cuando no existan trampas agrarias, los certificadosde inafectabilidad agrícola o ganadera a los pequeños propietarios; entregartítulos de derechos agrarios y usufructo parcelario a quienes tienen derecho arecibirlos, así como reconocer la posesión de los llamados nacionaleros, titulán­doles los terrenos nacionales.No se es ni más ni menos agrarista, en un Estado de Derecho, si se niega unasolicitud de tierras. Si sólo se archiva un expediente sin que recaiga ResoluciónPresidencial positiva o negativa a la solicitud estudiada, se viola la Constitución yse produce la inseguridad jurídica, dando pábulo al engaño y a la pérdida detiempo de los campesinos solicitantes.7. Como consecuencia de lo anterior, mantener el amparo agrario en sus térmi­nos constitucionales, exigiendo para promoverlo el certificado de inafectabilidadcorrespondiente.8. Modernizar la administración en materia agraria, señalando como competen­cia de la Secretaría de la Reforma Agraria la organización de los productoresagropecuarios, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, creandoauténticas cooperativas, empresas agroindustriales campesinas y unidades deproducción asociada.Todas estas medidas y todas aquellas que se propongan deberán tener como fac­tor determinante la firme decisión política del Presidente de la República, comosuprema autoridad agraria, de acabar, definitivamente, con la inseguridad enla tenencia de la tierra y exigir la pronta y expedita ejecución de la justicia agra­ria, para poder consolidar la alianza de los campesinos con el Estado.El campesino mexicano desea que las autoridades agrarias le digan directamen­te, con claridad y con autoridad moral, si tiene o no tiene razón en sus peticio­nes, pues sabe que esto le permitirá deshacerse de falsos redentores y buscardentro del amplio horÍ7Á>nte de la justicia social distributiva otras oportunidades.Ellos saben que su propiedad es social y no privada, y que su producción, resul­tado de su trabajo, a pesar de todo cae dentro de una economía de mercado, llenade intermediación y de competencia nacional e internacional.Aunque todavía no se implante un sistema completo de producción y comer­cialización en la propiedad social, sigue confiado en que el Gobierno tomará ladecisión política de afianzar la alianza con los campesinos; de terminar con elproblema agrario; de acabar con la inseguridad y la incertidumbre en la tenenciade la tierra para dar paso franco a la justicia agraria.

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Pero algo más, quizá tan importante como lo anterior: desterrar el contuberniode intereses económicos y políticos; finiquitar la improvisación, la ineficiencia yla demagogia agraria, y prevenir, corregir y castigar eficazmente la corrupción.309

Síntesis de nuestro proyectohistórico constitucional

En perspectiva histórica, el pueblo mexicano se definió con voluntad y firmezapor hacer una vida colectiva en el marco jurídico del humanismo, en el cual elEstado y su personificación, el gobierno, son instrumentos indispensables paraque el hombre, la mujer y su familia se realicen como seres con dignidad pro­pias y fines ulteriores. Se definió por vivir en un país de garantías individualesy garantías sociales, en una nación democrática, plena de justicia social, deequidad y sentido progresista. En suma se autodeterminó para convivir enarmonía dentro de una República representativa, democrática, federal y com­puesta por estados "libres y soberanos" en todo lo concerniente a su régimeninterior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de laConstitución. El pueblo mexicano se decidió a establecer el concepto de propie­dad en función social, en el cual el propietario lo es en tanto tome en cuenta ala sociedad. El pueblo mexicano se autodeterminó por una economía mixta en lacual los particulares pueden tener la propiedad de los medios de producción yel Estado conservar las industrias estratégicas y ser rector de la economía nacio­nal, imponiéndole al gobierno la obligación de tutelar las garantías sociales. Todoesto el pueblo lo logró y ha vivido y convivido en paz; con muchos problemas escierto, pero con instrumentos jurídicos para resolverlos.

En apretada síntesis de lo que es hoy el proyecto histórico de nación quetenemos, mutilado, deformado y sujeto a las variantes que se le puedan ocurriral Presidente de la República en turno y que acepten los legisladores sumisos del"constituyente permanente", aun en contra del artículo 39 constitucional, esdecir del beneficio para el pueblo, podemos defIDirlo de la siguiente forma:

1. La Constitución Política de 1917 representa la síntesis histórica de lostres grandes movimientos sociales de México: la Independencia, la Reforma yla Revolución. Sus postulados esenciales los encontraremos esbozados desde1810 hasta 1910 y finalmente concretados en 1917. Sus creadores, diputadosconstituyentes, diseñaron una nación que fuese libre, independiente, soberana,pacífica y con plena capacidad de autodeterminación y que tuviese la propiedadoriginaria de las tierras yaguas comprendidas dentro de los límites del territorio

3<'" Víctor Manzanilla Schaffer, Abogados Revolucionarios de México, A.c., Delegación Yucatán,"La Justicia Agraria", Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, nota de publicación: licenciado ÁlvaroLópez Soberanis, Mérida, Yucatán, Talleres de Impresiones Gales, mayo de 1982, pp. 6-11.

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nacional y que conservara el derecho de transmitir el dominio de ellas a los par­ticulares para constituir la propiedad privada. Ellos, los constituyentes, proyec­taron una nación en que la propiedad privada no fuese el supremo derechoindividual por encima de la sociedad y le asignaron una función sociallirnitándolao modulándola de acuerdo con la utilidad pública, el interés general, el bene­ficio social y la distribución equitativa de la riqueza pública. Proyectaron unanación que mantuviera el dominio directo de todos sus recursos naturales, desuperficie, subsuelo, marítimos y que vigilara su conservación.

11. Los constituyentes crearon un Estado organizado en República represen­tativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todolo concerniente a su régimen interior y unidos en una Federación, con sistemamunicipal, reconociendo que la soberanía nacional reside esencial yoriginariamen­te en el pueblo y que ésta la ejerce por medio del Estado. Señalaron que todopoder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de él, quien tiene entodo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobier­no. Al Estado le asignaron el poder soberano como representante de la soberaníapopular que conservó el pueblo y dividieron el supremo poder de la Federaciónpara su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, advirtiendo claramenteque no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación,ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraor­dinarias del Ejecutivo de la Unión en caso de invasión, perturbación grave de lapaz pública o de cualquier otra que ponga a la sociedad en gran peligro o con­flicto de acuerdo con el gabinete y el procurador general de la República y conaprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente.

111. Los constituyentes de 1916-1917 fundaron un Estado garante delbienestar de la nación, promotor de la solidaridad social, responsable de la se­guridad pública de personas y propiedades, protector de los intereses colectivose individuales, encargado de cumplir y tutelar las garantías sociales en materiade educación (art. 30.); reparto de la tierra, protección de la propiedad comunalindígena, justicia agraria, reparto de latifundios (art. 27 constitucional); inter­vención del Estado en materia económica para combatir monopolios y estancos(art. 28); derechos de los trabajadores y justicia laboral (art. 123); Y libertad reli­giosa y separación de la Iglesia y el Estado (art. 130).

IV: El proyecto de nación creado en 1917 obliga al Estado conforme aprincipios jurídicos a cumplir con el imperativo de la justicia social, de la igual­dad ante la ley, de la justicia distributiva, de la paridad en el aprovechamiento deoportunidades; a combatir las desigualdades sociales, económicas, políticas yculturales, a realizar el reparto equitativo de la riqueza y a reducir la pobreza.

v: El proyecto histórico se fraguó tomando en cuenta que el Estado es larepresentación jurídica de la nación y el gobierno es la encarnación o personali-

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zación del Estado. Por eso la nación, el Estado y el gobierno son correlacionadospor el estado de derecho principio medular de la vida social en común. Sólo en elestado de derecho, con división de poderes o separación de funciones puedehablarse de legalidad y legitimidad del Estado y del gobierno.

VI. Principio medular indiscutible de los constituyentes de 1916-1917 eshaber colocado al Estado y por consecuencia al gobierno, al servicio del hom­bre, la mujer y su familia y no a la inversa. Es decir construyeron un Estadohumanista o personalista y nunca transpersonalista o totalitario, en el que elderecho y el Estado son para el hombre. En este orden de ideas y manejandolos conceptos de justicia social, de distribución equitativa de la riqueza y dejusticia distributiva, negaron la tesis del determinismo económico al comprobarque no es primero la economía y después todo lo demás, pues no todo lo queel hombre hace, lo que fabrica y produce tiene un sentido económico o es con­secuencia de las relaciones de interdependencia económica. Por eso colocaron, almexicano y su familia en el centro de la actividad política, social y económicarodeándolo de una fuerza centrípeta que atrae al derecho, al Estado y al gobier­no para procurar el beneficio integral del ser humano a quien consideraronhombre o mujer con dignidad, con ética propia, con fines y valores individua­les y espíritu y conciencia privativos.

VII. Como consecuencia de lo anterior, la Constitución Política reafirmóun régimen de libertades para el mexicano constituyendo las garantías indivi­duales o sean los derechos humanos, asegurando su vigencia y su respeto conel juicio de amparo ventilado ante otro poder, el Judicial de la Federación cuyoejercicio se depositó en la Suprema Corte de Justicia y en tribunales de circuitoy de distrito. Se consagraron como garantías individuales la libertad personal,libertad de trabajo, libertad de expresión de las ideas, libertad de imprenta, liber­tad de reunión y asociación, libertad de tránsito, libertad religiosa, libertad decirculación, libertad de opinión, derecho a la información; todas estas consoli­dadas y ampliadas por el estado de derecho, la seguridad jurídica, y las garantíasde audiencia, de petición, de legalidad, de no aplicación de leyes retroactivas, deexacta aplicación de las leyes penales, etcétera.

La libertad de expresión de las ideas, la libertad de asociación y reunión; lalibertad de imprenta, libertad de pensamiento y opiniones, así como el derechoa la información veraz, son garantías constitucionales de las que goza el pueblomexicano y la base y sustento de un régimen democrático.

Seguimos sosteniendo que el fundamento esencial de un Estado democrá­tico es el régimen de opinión pública que le da fortaleza al mando, justificacióny sentido. De esta suerte, la opinión pública se convierte en un poder mentalconductor de los actos de gobierno, porque permite manifestar lo que cada quienle parece bueno o malo de las acciones que toma el que manda y de los resul-

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tados que se reflejan en el que obedece. Por eso se acepta que el Estado es elestado de opinión pública y que la vitalidad social de un pueblo se manifiestacuando la gente opina sobre las cuestiones públicas y; para hacerlo, cuenta conlas garantías de la libertad de expresión y la libertad de prensa, protegidas ambas,por el derecho. Esto sucede sólo en el Estado democrático, cuya esencia es elhumanismo.

Cuando la sociedad no se manifiesta públicamente con la palabra escrita uoral y cae en el desánimo y el silencio, algo grave está sucediendo. Por ello hayque hacer que la gente opine, que se manifieste y participe, para señalar lo quea su juicio es benéfico para la sociedad.

Aldous Huxley señala que "la pluma y la voz son, por lo menos, tan podero­sas como la espada, porque la espada está obligada a obedecer la palabra escritau oral". Nada es tan fundamental para el progreso de la humanidad como lalibertad de expresión que es complemento directo de la propia libertad de pensa­miento. Palabra cohibida y conciencia esclava, son conceptos equivalentes. Lostiranos del pensamiento son los que han causado gran parte de las desgracias delmundo, afirmaba Voltaire.

Cuando se reconocen los derechos humanos y las libertades del hombre, lalibertad de expresión y la libertad de prensa se constituyen en el cimiento sobreel cual se edifica una sociedad libre. Ambas libertades -expresión y prensa- seconvierten en instrumentos protectores de las demás libertades. De nada servi­ría consagrar los derechos humanos si no existen estas libertades o si su ejercicioes limitado o conculcado. La libertad de pensamiento y de expresión deben sertotales. Podremos estar de acuerdo o no; pero lo importante es que se diga yescriba con claridad, con sinceridad y con afán constructivo. La palabra oral o es­crita es lo que verdaderamente mueve a los hombres.

Existen en nuestro país una auténtica opinión pública, formada y estructura­da, que rechaza en forma contundente la política económica que ha puesto enpráctica el gobierno. No puede decirse que estas opiniones sean aisladas o espo­rádicas o que se originan en grupos contrarios al propio gobierno. Es, comotodos lo sabemos, una opinión generalizada, fundada, justificada y constante.No se trata -como afirmó el ex secretario de Gobernación Emilio ChuayffetChemor en su discurso sobre la libertad de prensa- de la existencia de dos gru­pos "militantes de un retorno a como dé lugar al viejo sistema y; de otra parte,el presidente Ernesto Zedilla encabezando a quienes creemos en la necesidadde un orden nuevo". Sería demasiado simplista dividir a la sociedad en dos y muypoco favorable a la justificación de los actos del gobierno. La absoluta mayoríade los mexicanos estamos en contra de ese "orden nuevo" que tanto perjuicio lecausa al pueblo, precisamente por la política económica que se ha puesto en prác­tica y el daño que ha producido en la economía familiar de los mexicanos con

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independencia de querer volver al pasado o no quererlo. No se deben maquillarlos hechos, ni pintar de colores a una opinión pública, clara y precisa.

Cuando la opinión pública se manifiesta sobre lo que está pasando ennuestro país siempre tiene razón, porque no hay incongruencia con la realidad,pues la estamos viviendo. Se está juzgando la realidad misma y analizando lospretendidos beneficios que con esa política recibe el pueblo. En "el debe y enel haber" de un gobierno, los rendimientos sociales y los beneficios que se reci­ben para el bienestar de un pueblo, inclinan la balanza.

Al consagrar las garantías individuales y las garantías sociales, al crear lapropiedad individual en función social, al conservar el Estado, la propiedadoriginaria de las tierras yaguas dentro de los límites de su territorio, al conser­var la nación (Estado) el dominio directo de sus recursos naturales, al establecerla propiedad ejidal, la pequeña propiedad agrícola, ganadera o forestal y reco­nocer la propiedad comunal indígena, los diputados constituyentes crearon laarmonía y la concordia sociales provocando la solidaridad entre el individuo yla sociedad.

IX. Al Estado y al gobierno se les fincaron la responsabilidad de producirutilidades sociales y beneficios económicos en las familias; de resolver caren­cias, limitaciones y pobreza. Por eso les dieron facultades y responsabilidadesen materia de educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad social y proteccióna las mayorías de mexicanos; pero el esquema neoliberal y quienes lo aplican nosaben de esto, no les interesa y mucho menos lo sienten como obligación.

x. Estos son, en apretada síntesis, los principios medulares que definen elproyecto histórico de nación que produjo el pacto social que mantuvo unido anuestro país. Fueron sólo 219 diputados constituyentes que fortalecieron a la na­ción mexicana mediante la consolidación y protección de sus elementos esencia­les: el ser humano y sus inalienables libertades; la sociedad en su conjunto; elterritorio nacional y sus recursos naturales y la soberanía, independencia y auto­determinación de nuestro país.

Al entrar en vigor, nuestra Constitución Política creó las bases firmes denuestra personalidad como nación, presentándonos frente a la comunidad inter­nacional como un país libre y soberano, amante de la paz y la cooperación, de lajusticia, de los derechos humanos y de la convivencia. A través del tiempo sefueron consolidando principios que constituyeron nuestra política internacio­nal. El pueblo y el gobierno de México fueron integrando un catálogo de prin­cipios rectores que el cuerpo diplomático puso en marcha en todos los forosmundiales y en nuestras relaciones bilaterales y multilaterales.

Su característica esencial es que este repertorio se fue integrando con las expe­riencias históricas que fueron recogiendo a lo largo del tiempo. Las guerras, lasinvasiones militares y la pérdida de más del 50 por ciento de nuestro territorio

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que hemos sufrido, nos hicieron defender los principios de política exterior quea continuación enunciamos:

1. Respeto a la independencia, soberanía e integridad territorial de todas lasnaCIOnes.2. No intervención en asuntos internos de otros países.3. Respeto a la autodeterminación de los pueblos.4. Solución pacífica de los conflictos internacionales y condena a la amenaza ouso de la fuerza para solucionarlos.5. Igualdad jurídica de los estados.6. Respecto a los derechos humanos y libertades fundamentales del hombre.7. Pleno apoyo a los organismos internacionales.8. Lucha contra el colonialismo, el imperialismo o hegemonismo de cualquiersigno.9. Lucha por un nuevo orden económico internacional.10. Lucha por el desarme universal y directo para lograr la paz orgánica y lacooperación entre las naciones.

Nos preguntamos: ¿por qué defendimos tan vigorosamente y con tantainsistencia esos principios que nos dieron reconocimiento, autoridad moral yprestigio en todos los foros del mundo? La respuesta es, porque ese catálogocontiene nuestra experiencia histórica como pueblo y está ligado estrechamentea la esencia misma de los intereses nacionales y a la defensa de nuestra patria.En este hecho fundamental se encuentra el vínculo que unía a la política interiorcon la política exterior, apareciendo como las dos caras de una sola moneda.Aquí radicó la fuerza moral del nacionalismo revolucionario que nos dio justi­ficación, entereza e integridad para luchar a favor de la paz, la armonía, lajusticia y la equidad en las relaciones multilaterales y en el diseño de un mundomás humano.

El discurso de aquellos años no fue retórico o diplomático, sino auténticoy veraz, porque estaba cimentado en la profundidad de nuestras conviccionesnacionalistas. Por ello, no fueron pocas las dificultades y presiones que nuestrosgobiernos recibieron por parte de los países que no tienen una política de prin­cipios, sino una política de defensa de intereses, inversiones y negocios. Enmultitud de ocasiones la diplomacia mexicana hizo cambiar esas actitudes yalcanzó acuerdos, concertaciones y arreglos que enriquecieron las relacionesinternacionales.

Hoy en día esos principios han desaparecido del discurso oficial y diplomá­tico como por arte de magia. Ni el secretario de Relaciones Exteriores y tal vez niel nuevo cuerpo diplomático se atreven a enunciarlos. ¿Será que han sido des­terrados para siempre como sucedió en el salinato con la Revolución, la sobera­nía y el nacionalismo? O bien, ¿viven todavía en la cancillería mexicana como

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fantasmas que deambulan en sus amplios pasillos y oficinas, portando un velopiadoso para ocultar la fealdad de su significado en estos tiempos de econometría,globalización y apertura de mercados? Estoy seguro de que la mano que corrióel velo piadoso para ocultarlos fue la de un economista avergonzado de nuestrahistoria legítima y de la cual el pueblo mexicano se encuentra orgulloso. Rindoun merecido homenaje a los presidentes de la República, a los cancilleres y alcuerpo diplomático de aquella época de la dignidad y del patriotismo, por todoel bien que le hicieron a México, a su pueblo y al mundo entero.

Neoliberalisrno y globalización

De las más antiguas actividades del hombre, y como consecuencia de la socie­dad, es el comercio, el intercambio de bienes y servicios, y la ganancia (véasesupra). Al desarrollarse interna y externamente entre los siglos XVI y finales delXVII la teoría mercantilista -que fue más económica que moral o religiosa-,fundada en la riqueza individual y de las naciones en el comercio, especialmentecon otros pueblos, le dieron al Estado amplitud de facultades para regular la eco­nomía y aumentar la riqueza de la nación, combinando -maliciosamente- laeconomía con la política. Por eso los metales de oro y plata fueron la grandezanacional. España descubrió América por el oro y las especias, es decir, por elmercantilismo económico. Después alegó frente al Papa el reconocimiento delo descubierto y conquistado por razones religiosas. Tiempo después, otros quellegaron a este continente huyendo de las persecuciones religiosas en Europa, alhacerse dueños de los territorios; prepotentes y expansionistas, le dijeron a lospueblos de toda América que de acuerdo con el destino manifiesto --económico­religioslr- ellos serían los maestros y tutores para enseñarnos a vivir, a gobernar­nos y ahora a tener riqueza material.

El mercantilismo se difundió y desarrolló hasta llegar a principios del sigloXVIII, después surgió el liberalismo económico apoyado en el derecho natural:Dejar que las cosas sigan su orden y acomodo natural para lograr la annonía; apar­tadas del Estado, pues de otra manera se dañan las actividades económicas. Elmejor orden se basa en libertad individual y la libre competencia para llegar ala máxima productividad con el mínimo de costo.

El neoliberalismo como doctrina económica pretende remontar al capita­lismo liberal del siglo XIX y surge casi al término de la Segunda Guerra Mundialcon las divisas "préstamos para la reconstrucción" a los países devastados y "nue­vo orden económico internacional". A través de 56 años fueron preparándoselas metas de la segunda etapa: libre comercio, apertura de las economías nacio­nales al exterior, laissez-faire ante las fuerzas del mercado; depreciación de lasfunciones del Estado y olvido de los conceptos de independencia y soberanía;nueva división del trabajo, nueva estructuración política, social, económica y

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cultural de todas las sociedades, como consecuencia de la economía del merca­do, para llegar a la integración y la globalización; pero sobre todo alcanzar elestado de perfección del hombre, el "mundo feliz" en que se acabe la pobreza,las carencias y las necesidades de todos los pueblos.

Lo anterior es compulsivamente propuesto y exigido por los países másricos del planeta, los más industrializados, los que manejan las finanzas interna­cionales y la tecnología de punta, los países militarmente más poderosos quehan constituido el club o grupo de las siete naciones (G-7), que como las sietecabrillas de las Pléyades (constelación del Toro) desean brillar sobre el firma­mento para ser los únicos conductores del destino de la humanidad y controlarel poder universal para entregárselo a las compañías multinacionales y que elcapitalismo feroz se prolongue en el tiempo, para consolidar el "nuevo mundofeliz". Y no están a 350 años luz de lograrlo. Las estrellas -Pléyades- lo estány desde la Tierra siete pueden ser observadas a simple vista. Estos países repre­sentan también a los siete pecados capitales que de acuerdo con el Papa Grega­rio el Grande son: soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, envidia y pereza. Lossiete países de que hablamos son: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia,Alemania, Italia y Japón.

El instrumento puesto o impuesto al gobierno mexicano es el llamadoneoliberalismo o capitalismo liberal, que es lo mismo; el pensamiento conver­tido en moneda y el alma materializada, que trae por consecuencia la negaciónde los valores morales, de los fines trascendentes del hombre y la destrucción delos principios fundamentales del humanismo. De hecho se vuelve a repetir laeterna historia de los apetitos por dominar al mundo; del transpersonalismodel pasado; de la tecnología y de la ciencia al servicio del mercado, olvidando alhombre, invirtiendo el orden de estos factores esenciales para la convivencianacional e internacional armónica.

Los campeones del capitalismo feroz desdeñan la historia. Piensan que conesta nueva forma de dominio mundial se comenzará a escribir la verdadera epo­peya de la humanidad y del mundo feliz en el cual el hombre, la mujer y sufamilia se volverán más ricos, satisfechos y hedonistas. El nuevo paraíso queanuncian ya está presente aun en sus propios países, en donde su gente es divi­dida en "ganadores o perdedores" y en la afirmación grotesca: "cuánto tienes;cuánto vales". Esta preparación psicológica ha penetrado como la quinta columnaa las capas sociales más vulnerables que se preguntan si "tener" es más impor­tante que "ser".

La historia ha conocido cuatro formas de sometimiento y explotación: laesclavista, la feudal, el expansionismo territorial o imperialismo y el colonialis­mo económico. El esquema neoliberal aplicado en México significa un doblesometimiento: al capitalismo liberal y a la hegemonía internacional de los paíseshiperindustrializados.

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El neoliberalismo viene a representar la primera avanzada; es el operadordel proyecto globalizador, pues prepara en cada país el terreno para que ésteesquema totalitario se realice sin problemas. Por esto, no es lo mismo neolibe­ralismo que globalizaci6n.

Primero se actúa en el ámbito nacional de los países en vías de desarrollodestruyendo las bases que dan asiento a nuestras sociedades y acomodando losfactores de la arm6nica convivencia de tal manera que todos ellos se ponganal servicio de la economía de mercado. Ya no serán el Estado, el derecho, laeconomía, la ciencia y la tecnología al servicio y garantía del bienestar del hom­bre, la mujer y la familia, sino todo al servicio de las fuerzas del mercado, asísurgirán las nuevas sociedades del siglo XXI; con un diferente derecho para servira la economía de mercado. Protector del libre comercio y de las élites empre­sariales; un Estado moderno, una economía pujante y la ciencia y la tecnologíaal servicio de las grandes empresas multinacionales que serán en el fumro loscentros de poder político y econ6mico.

Para que sus prop6sitos se realicen cuenta con una moderna arma: el finan­ciamiento y los préstamos que condicionan las reformas y ajustes en las econo­mías de los países solicitantes, bajo el más severo escrutinio de afuera; en elexterior tienen preparados instimciones y normas supranacionales, arbitrajesobligatorios, tribunales de justicia internacional para establecer el orden, la pazy el progreso global. Todo ello dirigido y controlado por el club o grupo de lossiete países hiperindustrializados, poseedores de la tecnología más sofisticada,de la ciencia más avanzada, del poder militar y de la riqueza. No sólo deseanser omnipotentes, sino también omnipresentes.

Comenzaremos por afirmar que no aceptamos la tesis de los representantesy agentes del supuesto "nuevo orden econ6mico internacional" que nos preten­den imponer a los países en vías de desarrollo, por los peligros y graves riesgosque entraña y además, porque al creer que esto es infalible y forzoso, caeríamos enun determinismo econ6mico o bien en el fatalismo materialista y aceptando elcapitalismo liberal; éste, que ha probado ser el destructor de los valores huma­nos y la personalidad de las naciones. Lanzarnos irresponsablemente a la granavenmra del siglo XXI que nos proponen los países de alto grado de desarrolloindustrial y tecno16gico, sería tanto como cancelar el fumro humanista de lasacmales y fumras generaciones de mexicanos, pues es falso que ese orden eco­nómico sea la salvación y el remedio eficiente contra la pobreza, la escasez y elatraso de los pueblos.

Está plenamente probado a lo largo de la historia que nada en forwso oinvariable en las relaciones sociales entre los hombres o entre los pueblos. Senecesita convencimiento y voluntad manifiesta para aceptar o rechazar lo que elgobierno se propone o tratan de imponernos, pues al final, la responsabilidades s610 nuestra, es decir, del pueblo y del gobierno mexicanos. Al mismo tiem-

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po, cualquier decisión está condicionada por el mandato del artículo 39 de laConstitución Política que ha permanecido vigente -a pesar de todo-- desde elaño de 1917. Se estableció como principio medular de la soberanía nacional queésta reside esencial y originalmente en el pueblo, señalando expresamente que elpoder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Además,le otorga al pueblo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de sugobierno. En el artículo 41 de la propia Constitución vigente se señala que elpueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, enlos casos de su competencia, y por los de los estados, en los que toca a sus regí­menes interiores.

Estos mandamientos constitucionales señalan claramente dos hechos: pri­mero, la soberanía popular es fundamento de nuestra organización jurídica­política y, segundo, que todo órgano estatal (poder público) dimana del puebloy sin duda se instituye en beneficio de éste. Claramente se establece la obliga­ción del Estado, y como consecuencia del gobierno, de dirigir su actividad,funciones y fines a favor del pueblo, ergo, todo lo que hagan los poderes de laUnión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en contra de los intereses del puebloviola un precepto claro y preciso, haciéndose acreedores a las sanciones porresponsabilidades de los servidores públicos señaladas en el capítulo IV de lapropia Constitución.

Por lo tanto, se deben analizar las diferentes etapas del proceso de globaliza­ción que ya está en marcha para precisar lo que es en beneficio del pueblo y loque no debe ser aceptado a pesar de lo que digan o exijan en el Banco Mundial,sus agencias yel Fondo Monetario Internacional. Ese proceso planeado por lospaíses industrializados comenzó a aplicarse en nuestro país esgrimiendo comopropósito la modernización de todas las actividades productivas, económicas yadministrativas (estatales), en lo cual hemos avanzado muy poco. Como efectosecundario se aprovechó esta etapa para modificar la Constitución en sus artículosfundamentales: 30.,27, 130 y otros de importancia. Se llevó a cabo una inten­sa privatización de los bienes del Estado para adelgazado, lo cual consideronecesario, hasta el límite de lo que es el patrimonio colectivo constituido por lasindustrias estratégicas, los puertos, las comunicaciones, la petroquímica, pro­piedades del pueblo y garantía para las generaciones por venir. Todo esto seacompañó con el lema "cambio y modernización".

El siguiente paso fue la apertura de nuestra economía hacia el exterior y lafirma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Cana­dá. Se hizo de manera apresurada y sin medir consecuencias que produciría. Sibien es cierto que las políticas económicas del pasado -proteccionismo indus­trial, sustitución de importaciones, financiamiento paternalista del Estado-- evi­taron el desarrollo competitivo de la planta industrial, también lo es que alaceptar cambiar drásticamente esas políticas por la economía de mercado sin

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estar preparados para ello, se produjeron resultados negativos. Al abrir nuestraeconomía al exterior con la rapidez e irresponsabilidad como se hiw, el impactofue demoledor para las micro, pequeñas y medianas industrias y comercios quegeneran más del 60 por ciento del empleo nacional y representan el 98 porciento de las empresas en México. Salinas de Gortari se comprometió a la aperturade nuestra economía se haría en forma programada, gradual, selectiva y con­certada lo cual no se hizo; pero sí lo aplicó a la política favoreciendo en lasgobernaturas a la oposición hasta llegar a la concertacesión electoral. Si a estoagregamos que la política de gasto público del gobierno se ha contraído portransferencias al exterior, para el pago de las deudas y los intereses que éstasgeneran, el panorama no puede ser más desolador. Estamos viviendo una rece­sión, pues la inversión, la ocupación, la producción y el gasto en bienes deconsumo están estancados y con clara tendencia a disminuir. Por otro lado tene­mos que la riqueza acumulada por unos cuantos mexicanos representa más del9 por ciento del producto interno bruto de nuestro país y en materia de expor­taciones se concentra -según dicen- en 750 empresas de las 27,000 clasificadascomo exportadoras.

Para qué insistir en el desempleo, la pobreza, la marginación, la quiebra deempresas micro, pequeñas y medianas o de la depresión en que se encuentrasumido el campo mexicano.

Dicho lo anterior, ahora pasaremos a revisar los métodos usados por elneoliberalismo para preparar la entrada de México a la aldea global, los cualespueden quedar comprendidos en el presente decálogo.

Primero. Erosionar al Estado mexicano para dejar manos libres al sectorprivado a fin de dedicarse plenamente a la economía de mercado y entrar en lacompetencia mundial de mentes, métodos y mercados sacándolo de sus funcio­nes como rector del desarrollo nacional y dejándolo al cuidado de los indicadoresmacroeconómicos, de la inflación y de las fluctuaciones cambiarias. Esto vulne­ra la garantía social consagrada en el artículo 25 constitucional que dispone queel Estado sea el rector del desarrollo y la economía nacionales.

Segundo. Obligar al Estado mexicano a privatizar todo el patrimonio delpueblo ya sean instituciones financieras, de seguros, bancos, la propiedad socialde la tierra, industrias estratégicas, puertos, aeropuertos, satélites de comunica­ciones, medios masivos, instituciones de seguridad social, de salud pública, ins­tituciones de educación superior, sistemas de riesgo, carreteras, ferrocarriles,etcétera, lo cual en 12 años casi se consuma a tal grado que el secretario generalde nuestro partido, doctor Sergio García Ramírez, llegó a manifestar pública­mente lo siguiente:

... salieron las empresas del Estado -que eran patrimonio del pueblo no de susadministradores- a la plaza de remate; ahí están todavía. Hubo subastas dili-

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gentes. Para ser más atractivas fueron previamente saneadas o se les puso unrótulo estimulante: la formal promesa de quitar escollos y permitir el incrementode precios y tarifas. Los garages se llenaron de compradores como un mercadopersa y mandó el mercado. En la galería de esa plaza, la nación -comensal reti­cente- miró impasible el agotamiento de su herencia.

De seguir la política neoliberal de privatizar todo, se cometerá el grave delito derobo del patrimonio nacional que le pertenece al pueblo mexicano.

Tercero. Obligar al Estado mexicano a favorecer con diversos incentivos,régimen fiscal privilegiado, parques industriales y rescates económicos a las éli­tes empresariales exportadoras para facilitar el entendimiento con las superélitesinternacionales y prepararlos para los procesos de globalización y nueva distri­bución del trabajo, asignándoles nichos del mercado y tareas menores como ma­quiladoras, servicios, turismo, etcétera, mientras a los siete grandes las tareasmayores como son el financiamiento, el control de las comunicaciones, el comer­cio internacional a gran escala, la seguridad internacional, la producción deaparatos con tecnología sofisticada, los transportes por aire, mar y tierra, laproducción de medicamentos y la organización de la comunidad internacional.Esto significa destruir al Estado social y cambiarlo por un Estado empresarial,abandonado a su suerte al pueblo mexicano.

Cuarto. Obligar al Estado a adelgazar su aparato burocrático y crear unameritocracia que entienda las necesidades de la sociedad moderna, reduciendoel gasto público a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus obliga­ciones: la seguridad interior, combate al narcotráfico y mantener al pueblo enorden, paz y trabajo. La mayor parte del presupuesto usarlo para pago de losfmanciamientos, la deuda interna y los apoyos, rescate y estímulos a las empresasexportadoras. Al pueblo sólo pan y mucho circo. Primero es generar riquezapara las élites, después, tiempo después, distribuir beneficios, lo cual significala hegemonía social de la burguesía nacional, dentro del más puro capitalismo libe­ral. De realizarse este atentado tendrán que ser despedidos el 80 por ciento delos burócratas para dar paso a los más preparados, que hablen, lean y escribandos idiomas: inglés y español. El desempleo está a la vista.

En lo que se refiere al campo se exige acabar con la propiedad social de ejidosy comunidades indígenas y dejar su producción agropecuaria al libre juego delas fuerzas del mercado sin apoyos, subsidios y estímulos. Esto fue el principio,a partir del año de 1992 se completó con la privatización de la tierra y su entra­da al mercado inmoviliario. La misma suerte corrieron los pequeños productoresagropecuarios. Los neoliberales están en contra de un Estado social; ellos exigenun Estado empresarial.

Ahora me explico por qué se abandonó a su suerte no sólo a los ejidatariosy comuneros del país, sino también al pequeño propietario agrícola o ganade-

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ro, al pequeño y mediano industrial, proveedor de mayores fuentes de trabajoy al pequeño empresario.

Quinto. Imponerle al Estado mexicano como obligación globalizadora lamenor inversión en el gasto social que tiene el doble efecto de apoyar con estímu­los la economía del mercado y, por otra parte, regular el crecimiento poblacio­nal, demográfico de los pobres, de los perdedores de la sociedad moderna, delos parias que no tienen nada que hacer en el nuevo mundo económico globala no ser que para sobrevivir se entreguen resignados a la explotación y sirvanpara el solaz y placer de las élites triunfadoras.

Sexto. Imponerle al Estado mexicano y a los trabajadores del país unanueva "cultura laboral", basada en menos compromisos hacia los obreros y eldesmantelamiento de sus derechos laborales, hasta llegar a la hora cero de traba­jo continuo -como existe en Inglaterra- para que el patrón llame por teléfonoal trabajador y vaya a trabajar una, dos semanas y se vaya con su sueldo a es­perar otra llamada. La filosofía del sector privado es desmantelar los derechoslaborales consagrados como garantía social en nuestra Constitución y dejar acriterio del patrón la justicia laboral.

Séptimo. Quitar escollos y cortapisas para que los extranjeros puedan adqui­rir el dominio directo sobre las tierras yaguas. La prohibición constitucionalvigente hasta ahora -año 200I - es que los extranjeros, por ningún motivo, pue­dan adquirir el dominio directo de las tierras yaguas en una faja de 100 kiló­metros a lo largo de las fronteras y SO kilómetros de las playas. Dándole la vueltaa la propia Constitución ahora, si se puede, mediante fideicomisos y reformas alas leyes mercantiles, de comercio y de inversiones extranjeras.

Octavo. Lograr cambios legislativos para desregular el acceso a la explotaciónde los recursos naturales de México que por mandato del artículo 27 constitu­cional pertenecen a la nación. Minería, bosques, recursos no renovables, gas,petróleo, etcétera. De realizarse esto, la nación entera pertenecerá al sector pri­vado, a las élites empresariales exportadoras.

Noveno. Conseguidas estas metas y propósitos del neoliberalismo, Méxicoestará preparado para integrarse a la aldea global que será regulada, ordenada pororganismos internacionales. Se borran soberanías, autodeterminaciones, inde­pendencias, por el orden jurídico supranacional que se está estableciendo, porlo que abandonaremos los principios que dieron contenido a nuestra políticaexterior y personalidad a la nación mexicana.

Décimo. Estandarizar los programas educativos medios y superiores parapreparar a las generaciones de jóvenes y adultos en la economía de mercado, enla competencia, en el consumismo y en la sociedad global. Además, proyectanpenetrar las culturas nacionales, las tradiciones, creencias, valores, usos y cos­tumbres que a los pueblos les dan identidad, para imponer un nuevo estilo de

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vida semejante a los que ellos practican. Semejante agresión extinguiría nuestraindividualidad personal y nuestra vida nacional.

Este es el decálogo de las tareas y propósitos del neoliberalismo y la globali­zación que debemos analizar con detenimiento y objetividad para aprovecharlo bueno y lo que al bienestar del pueblo convenga.

Frente a estas acometidas tenemos como defensa el proyecto histórico plas­mado en nuestra Constitución Política o lo que queda de él. Proyecto humanista,democrático, de garantías individuales y sociales, equitativo, participativo eigualitario que propugna por el bien colectivo y la prosperidad de la nación.Sin la vigencia de este proyecto histórico no tendremos nación ni sociedadhumanista, porque lo que ha alentado al pueblo mexicano desde la conquistaespañola, la Colonia, la Independencia y la Revolución es devolverle a la mujer,al hombre y a la familia la dignidad de personas con fines propios, con valoresmorales trascendentes e inalienables derechos a la libertad, a la justicia social, ala igualdad en el aprovechamiento de oportunidades y a realizarse en la vida conbienestar y progreso.

Estamos de acuerdo en que se globalicen las comunicaciones; pero de nin­guna manera a que se controlen o manipulen las informaciones para favorecera los mercados y mucho menos para destruir las esencias culturales de cadanación.

Estamos de acuerdo en que se globalicen los capitales financieros; pero deninguna manera que se vuelvan capitales especulativos que al retirarse súbita­mente ocasionen dramáticas repercusiones económicas, políticas y sociales en lospaíses receptores, pues es tanto como usarlos para apoyar o castigar a naciones envías de desarrollo.

No estamos de acuerdo en que el grupo de los siete países controlen losorganismos internacionales fmancieros e impongan a las naciones deudoras con­diciones draconianas para otorgar nuevos préstamos, pues es otra forma decolonialismo.

No estamos de acuerdo en que se reformen las garantías sociales contenidasen los artículos 30., 25, 26, 27, 28, 123 Y 130 constitucionales, pues son elsuelo mismo que soporta y da vida a nuestra nación y a nuestra convivencia encomún.

Todo lo que ha avanzado en el cumplimiento de su tarea el operador, o sea elneoliberalismo, y lo que se propone la globalización, de llevarse a cabo, produ­cirá devastadores efectos en los países en vías de desarrollo. Así se demuestraen la geografía del hambre, en la pobreza creciente, en las enfermedades, en lafalta de autosuficiencia alimentaria. Por esto, se están levantando protestasviolentas cada vez que se reúnen los siete grandes, el Fondo Monetario Inter­nacional o el Banco Mundial. Seattle, Washington y Praga son ejemplos deestas manifestaciones.

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Los ejércitos de necesitados, de pobres, seguirán creciendo y constituiránun mundo amenazante frente a los ricos del planeta; un mundo bipolar en quelos pobres exigirán con toda razón y a cualquier precio oportunidades de tra­bajo para sobrevivir y realizarse como seres humanos.

No estamos de acuerdo en que las grandes compañías comerciales acaparenlaboratorios que producen medicinas de patente y a su arbitrio suban precios ylo que llega a la irritación: que patenten la herbolaria usada durante siglos pornuestras poblaciones indígenas y al amparo del convenio o tratado de patentesy marcas les prohíban su uso. Este es un verdadero robo. Caso concreto: elbrebaje ''Aya huasca" que usaban los indígenas del Ecuador como medicina, fuepatentado por el laboratorio Plant Medicine Corporation con base en Califor­nia. Al amparo del Convenio de Propiedad Intelectual, suscrito entre ese paísy Estados Unidos los indígenas no pueden usarlo. La herbolaria está en peligroen todos los países.

Nosotros sólo alertamos las conciencias de los mexicanos bien nacidos,patriotas, progresistas, nacionalistas, que sentimos el orgullo de ser mexicanos, paramantenernos vigilantes de los efectos del neoliberalismo y de la globalización.En la globalización cada país debe tener su propio proyecto. En caso de entrar eneste esquema, debemos hacerlo aprovechando lo que sea en beneficio del pue­blo mexicano y desechando lo que vulnere nuestro proyecto histórico nacional,consagrado en nuestra Constitución.

En el epígrafe anterior, al hacer la síntesis del proyecto histórico constitu­cional, insistí en su contenido humanista, de justicia social, de libertades indi­viduales y garantías sociales, considerando una oportuna aclaración para evitarconfusiones.

Al usar el concepto "humanismo" lo hago alejado de sus concepcionesrenacentistas, filosóficas, religiosas, espiritualistas, con el objeto de consideraral hombre y a la mujer como seres individuales, con mente y espíritu propios,dignidad esencial, valores y fines privativos, autonomía peculiar, con igualdadde derechos inalienables, libertades fundamentales y con independencia de losfines que se le asignen al derecho y la estructura que se le dé al Estado, es decir,como ser humano integral. Al considerarlo así, la consecuencia para una socie­dad humanista, será convertirlo en fuerza centrípeta que debe atraer al derecho,al Estado, a la economía, a la ciencia y la tecnología para su servicio, para subienestar.

A través de los siglos el humanismo ha librado sangrientas guerras contra elesclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el materialismo, el autoritarismo, el impe­rialismo, la injusticia económica, el fascismo, el nacionalsocialismo, el comu­nismo, el dogmatismo religioso y político y la intolerancia que impusierontemporalmente su poder material o espiritual sobre los hombres. Hoy nos tocalibrar otra más de las batallas para hacer perdurar el humanismo sobre el capi-

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talismo feroz, que inútilmente se afana --con nuevos bríos- en destruir las esen­cias más prístinas de lo humano que otrora defendían.

El esquema económico neoliberal, paso previo a la globalización que Méxicoadoptó, ejecutó y superó; perdón no fue México como nación, sino los presi­dentes Salinas de Gortari y Ernesto Zedilla, fueron los que realizaron la exigen­cia del país imperialista; cumplieron los pronósticos -faltan otros- de RichardLansing, secretario de Estado de los Estados Unidos de América (1924), cuandoen una nota al Presidente de ese país, recomendó:

México es un país extraordinario, fácil de dominar porque basta con controlarun solo hombre: el Presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en lapresidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra.La solución necesita más tiempo: debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambi­ciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerw de educarlos enel modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo deEstados Unidos.Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes, finalmentese adueñarán de la presidencia; entonces, sin necesidad de que Estados Unidosgaste un centavo o dispare un tiro, hará lo que queremos. Y lo harán mejor ymás radicalmente que nosotros.

Noam Chomsky, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts(MIT), autor de 25 libros, quien fue calificado por el New York Time Book Rcview(1979) como "el más importante intelectual contemporáneo... en términos depoder, rango, novedad e influencia de pensamiento", al ser entrevistado enNueva York por los corresponsales de La Jornada, Jim Casan y David Broks,señaló -entre otras cosas- que el principal portavoz del Congreso de los nuevosconservadores en New Gingrich (1994), representante del rico condado de Cobb(Atlanta), Georgia, y están exigiendo que el gobierno no intervenga y "se quitede nuestras espaldas" y al mismo tiempo se aseguran de que ese gobierno con­tinúe poniendo dinero en sus bolsillos.

El condado de Cobb recibe más subsidios del gobierno federal que cualquierotro fuera del sector estatal. Mientras políticos como Gingrich o Bill Clintonpúblicamente abogan por un capitalismo de libre mercado, en verdad siguen yexpanden un sistema político y económico basado en un libre mercado paralos pobres y la intervención del Estado a favor de los ricos. Si a las fuerzas delmercado se les hubiera permitido operar, actualmente Estados Unidos no ten­dría una industria automotriz, una industria siderúrgica y posiblemente ni unaindustria de computación, nunca una de microchips.En particular, el gobierno de Reagan extendió este sistema proteccionista.Recuerda que durante una reunión privada con empresarios, el entonces secre­tario del Tesoro, James Baker, presumió que el gobierno había introducido más

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medidas proteccionistas que cualquier otra administración de la posguerra. Fuedemasiado modesto. De hecho, se introdujeron más medidas proteccionistasque todos los gobiernos combinados de la posguerra. Estas industrias fueronprotegidas y se les permitió recuperarse a través de estas medidas proteccionis­tas. En parte, esto fue logrado cuando Reagan forzó a sus más grandes com­petidores, como Japón, a aceptar los Acuerdos de Restricción de ExportaciónVoluntaria (VRS), bajo el cual el país extranjero acordaba reducir o limitar susexportaciones a Estados Unidos. Cuando el gran padrino de la mafia te diceque hagas algo, lo haces. Entonces, cuando a Japón se le dice que ya no exporteautos o acero a Estados Unidos, lo hace.31o

En otra parte de su entrevista, los corresponsales reportan las siguientesafirmaciones de Noam Chomsky: "México es un ejemplo notable, México es unode esos milagros económicos." Significa que las estadísticas macroeconómicas de­ben verse bien, aunque el pueblo esté sufriendo cada día más. La noción de lasalud económica es una noción técnica, que no tiene nada que ver con el pue­blo. Es decir, la gente se puede estar muriendo por todos lados y la economíaser declarada saludable. "Por ejemplo, Nicaragua en los setenta, bajo (Anasta­cio )Somoza, fue calificada un milagro económico porque la producción de resse había incrementado y con ello el PIE, capital, etcétera. Mientras tanto, lapoblación estaba hambrienta." "México -afirma Chomsky- es parecido, con unadiferencia. Hasta las estadísticas macroeconómicas no son buenas, yeso a pesardel hecho de que el Banco Mundial (BM) y otros están virtiendo fondos en esepaís, intentando que funcione el modelo, porque es el que quieren que losdemás sigan." En México, indica el intelectual estadunidense, "si no fuera porlos apoyos externos que está recibiendo, probablemente habría un colapso. Lariqueza mexicana está muy concentrada y va empeorando. La corrupción esenorme, la última elección es sólo otro ejemplo más". Y a México lo quierencomo ejemplo para el resto del continente, por eso las enormes inversiones delBanco Mundial y la implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC). "Si lopueden hacer ver como que está funcionando, sin importar si de hecho es así,se convierte en un punto para vender (el modelo) a otro. Algo que están inten­tando hacer a través de América Latina", sostiene. Chomsky compara estemodelo latinoamericano con el desarrollado en Asia oriental, señalando quehasta 1980 las medidas macroeconómicas eran bastante parecidas entre esasdos regiones, y que en ambas se ejecutaron políticas económicas similares, desustitución de importaciones y estados poderosos para controlar los movimientoslaborales. 311

310 LaJornada, 8 de noviembre de 1994.3ll Ibidem, 7 de noviembre de 1994.

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Con anterioridad Chomsky señaló:

El gobierno estadounidense y las organizaciones del capital internacional tienenun proyecto en común, diseñado con base en políticas muy conscientementedesarrolladas. De hecho a nivel global las políticas son muy similares a las inter­nas a Estados Unidos. En realidad no son políticas de libre mercado: se tratade mercados libres para los pobres, protección estatal para ricos. Los ricosnunca han aceptado y nunca aceptarán la disciplina de mercado. Quieren protec­ción y la consiguen. Quieren un mercado laboral des regulado, pero es sólopara que puedan robar y explotar mejor.

En la extensa entrevista con el periódico La Jornada, Chomsky señala quelos procesos políticos, en particular las elecciones en países como Brasil y Méxi­co, demuestran lo que ocurre:

Un enorme juego del poder que realizan el gran capital privado y los gobiernosde los países ricos, extensamente vinculados entre sí, y que simplemente elimi­na el proceso democrático. El resultado es que pueden decir al mundo: si nohaces lo que manda el Don de la mafia tendrás problemas ... y así ocurre enefecto.

A raíz de esto, explica el académico estadounidense, se ha instaurado unrégimen internacional donde "las políticas se aislan de la política". Es decir, yano importa a quién se elige, pues la forma en que el poder del capital ha logradoestructurarse en el ámbito internacional le permite aislar de la contienda polí­tica a las políticas económicas y sociales. "El Banco Mundial tiene un términopara describir este fenómeno: se llama aislamiento tecnográfico." Cuando sehabla de "democracia de libre mercado", se tiene que entender, "primero, queesta gente (las élites) odia la democracia, y segundo, que lo que intentan esaislar las políticas de la política". Chomsky añade:

Quieren que el poder esté en manos de instituciones que no tengan que rendircuentas a nadie. Son empresas transnacionales y un cuasigobierno mundial, quedesarrollan instituciones como el Banco Mundial y la Organización Mundial deComercio. Estas organizaciones no tienen que rendir cuentas a nadie, son tota­litarias. En su estructura son puramente totalitarias, más totalitarias que cual­quier institución en la historia de la humanidad, y trabajan casi en secreto. Nisiquiera en su formación hay manera de que el público pueda influir en ellas.A escala internacional, el poder se esta transfiriendo a sus manos, y esto socavaradicalmente a la democracia. 312

312 lbidem, 6 de noviembre de 1994.

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El premio Nobel de la paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó en una con­ferencia magistral en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) quecon los supuestos beneficios del futuro, el modelo económico neoliberal matael presente de millones de latinoamericanos. "Para qué sirven los gobiernosdemocráticos del continente, si cada vez hay más pobres marginados? Llegó elmomento de que los pueblos asuman un protagonismo y revisen las estructuraseconómicas y políticas de la región", expuso.3l3

José Antonio Aguilar Rivera, licenciado en relaciones internacionales porEl Colegio de México (Colmex) y maestro en ciencias políticas por la Univer­sidad de Chicago escribió:

Después de una década de "ajuste" económico el país se encuentra, una vezmás, obligado a emprender una dura política de estabilización. Tal vez éste seael momento propicio para formular algunas preguntas sobre el camino que elpaís ha seguido desde que la crisis de la deuda estallara en 1982. Estas interro­gantes son de dos órdenes: en primer lugar cabría preguntarse sobre lo adecua­do de la política macroeconómica que el anterior gobierno siguió; en segundolugar es necesario preguntarse si las políticas neoliberales son, por sí solas, sufi­cientes para generar el tan pregonado crecimiento económico que los mexicanoshan esperado por más de una década ... Sin embargo, el hecho de que el estadoactual de la teoría económica no apoye la conclusión de que los mercadoscompetitivos son, por sí mismos, suficientes para asignar recursos eficientemen­te o para generar crecimiento económico, es razón suficiente para evitar elapego casi religioso a una ortodoxia o escuela económica. Esta advertencia estodavía más pertinente en el caso de México, donde los economistas disfrutande un poder desmedido dentro del gobierno. Ahí donde un grupo minúsculomonopoliza el conocimiento técnico y donde no hay fuerzas que moderen supoder, el mercado puede hacer más mal que bien. Si el presidente Zedillo pro­mete, como lo hicieron sus antecesores, que México crecerá -en algún momen­to- deberá darnos mejores razones para creerle. Si lo que se quiere es que elpaís crezca, no se ve cómo es que las políticas seguidas hasta ahora llevarán aese fin. Privilegiar un puñado de capitanes de empresa no sacará a la nación delsubdesarrollo. Por el contrario, existe una importante correlación estadísticaentre una distribución más equitativa del ingreso y un rápido crecimiento. Elgobierno debería efectuar aquellas inversiones en infraestructura que no seanrentables para los agentes privados; también deberían formular una políticaindustrial selectiva. Es posible que, como antes, el actual plan de emergencialogre estabilizar la economía. Los mexicanos pagarán, otra vez, el costo de losexperimentos neoliberales. Y ya es hora de que el gobierno responda a la pre­gunta: todo este sufrimiento ¿para qué?314

313Ibidem, 8 de junio de 1995.314 Diario El Financiero, 6 de enero de 1995.

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866 VíCTOR MANZANILLA-SCHAFFER

En un documentado artículo publicado en El Universal, José Luis Calvaseñaló:

Frente al colapso financiero, el nuevo gobierno mexicano no ha respondido conuna revisión crítica y una modificación sustancial de la estrategia neoliberal des­pués de la macrodevaluación y ha puesto en marcha un programa recesivo deajuste y estabilización, con carácter de severo plan de choque, que hundirá aúnmás a la economía mexicana. En aras de un mítico paraíso milenario del librecambio, las ventajas comparativas y la libérrima asignación de los factores pro­ductivos, se sacrifica la economía real de los mexicanos (exceptuando a los 23y unos cuantos más), se vulnera la soberanía nacional y se infligen profundasheridas en el tejido social... Desde luego, ningún gobierno ha señalado que suobjetivo sea arruinar a la nación, empobrecer a las mayorías nacionales, desar­ticular la planta productiva, acentuar la vulnerabilidad financiera externa delpaís o socavar las bases del desarrollo futuro de México. Por el contrario, todoslos gobiernos han afirmado que sus metas e instrumentos de política públicason los mejores para nuestro país, atendidas las circunstancias de su tiempo. Si,como reza el proverbio bíblico, "por sus obras los conoceréis", no hay duda deque una evaluación objetiva de las políticas públicas de cada gobierno o modeloeconómico debe realizarse ponderando sus resultados reales y no por lo que desí mismo dicen los gobiernos. 3l5

Sería interminable publicar el acopio de citas, artículos, libros, ensayos,etcétera, escritos por diferentes autores de una gran variedad de países en contradel neoliberalismo y la globalización; sólo dejamos constancia de algunos para de­mostrar lo equivocados que estuvieron Salinas de Gortari y Zedilla al embarcaral pueblo mexicano -cumpliendo instrucciones de Washington, D.C.- a la aven­tura capitalista que tanto daño ha causado.316

El duplado tecnocrático neoliberal

Fueron 12 años, dos sexenios de obediente aceptación y cumplimiento de lasórdenes y escrutinios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacionaly del Tesoro de los Estados Unidos de América. El primero (1988-1994), en­cabezado por Carlos Salinas de Gortari que se adueñó de la Presidencia de laRepública después de cometer el más grande fraude electoral de la historia deMéxico y el segundo sexenio, que fue presidido por un desconocido personaje,cumplido burócrata y solitario misántropo: Ernesto Zedilla Ponce de León. Amboscon los mejores títulos y diplomas de universidades norteamericanas; muy aleja-

'15 El Universal, 22 de mayo de 1995.'10 Para mayor información consúltese: Víctor Manzanilla Schaffer, Neoliberalisnw vs. humanismo,

Grijalbo, México, 1998.

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dos del pueblo mexicano, sin conciencia histórica y frenéticamente empeci­nados en cambiar, a cualquier costo, el camino humanista de México.

Analizaremos primero el pensamiento y la ideología -si es que la tuvo- enmateria agraria de Salinas de Gorrari. El 16 de octubre de 1987, en el puerrode Veracruz, Ver. el entonces candidato se dirigió a la Asamblea Nacional delSector Agrario expresando, entre otras cosas, lo siguiente:

Son ustedes, los campesinos de México, los representantes de la fuerza históri­ca, de la vocación social y del impulso más vigoroso de la Revolución Mexicana.Si hoy México se puede felicitar de lo mucho que han logrado los regímenes dela Revolución es gracias a la aportación decisiva que los campesinos de Méxicohan hecho a todos los mexicanos. Reconozco en ustedes, compañeros campesi­nos, el amor ancestral por su tierra, el compromiso cotidiano para trabajarla,y sobre todo reconozco en ustedes la dignidad con que cotidianamente hacenque los frutos de la tierra beneficien a todos los mexicanos. Con ustedes, com­pañeros campesinos de México, quiero tomar el compromiso de enfrentar elreto social, porque la justicia -hay que insistirlo- constituye hoy el reto másagudo y más difícil a que nos enfrentamos los mexicanos. La justicia es una aspi­ración popular, con hondas raíces en nuestra historia. Tenemos que profundizarla reforma agraria; tenemos que hacer realidad los valores igualitarios de la Re­volución Mexicana. Las manifestaciones de pobreza y las desigualdades socialesque todavía existen en México, no son resultado de un inadecuado quehacerde los gobiernos de la Revolución, sino reflejo del tamaño de la enorme tareaque todos tenemos por delante. Setenta años de Revolución Mexicana no sonmuchos frente a centurias de rezagos y momentos de atropellos; a condicionesde oprobio heredadas desde nuestra estructura colonial y a las presiones histó­ricas del sistema económico mundial. La injusticia social existe en México nopor culpa de la Revolución Mexicana, sino a pesar de ella. Tenemos por delanteel reto social estrechamente vinculado con e! reto económico. Sin crecimientosostenido y precios estables no habrá producción eficaz ni empleos permanentes,y sin producción ni empleos no habrá avance social para todos los mexicanos.Pero me comprometo a que habrá con e! trabajo de todos ustedes, progresosocial con empleo y compromiso. No haré promesa sin sustento. Cumpliré cone! esfuerzo de todos ustedes, el compromiso aquí adquirido.El reto social, e! reto del campo, es parte fundamental de los desafíos de Méxi­co. Ese reto lo comparto plenamente con ustedes los campesinos, porque hagomíos sus problemas y son también mías sus ilusiones. Siempre he admirado pro­fundamente a Emiliano Zapata, figura campesina de talla mundial. Mi admi­ración, como lo he dicho reiteradamente, me llevó a hacerlo parte de mi vidafamiliar en el nombre de uno de mis hijos. Reconozco en Zapata e! impulsodel trabajador del campo para vigorizar la vida comunitaria, su arraigo a latradición y, a partir de ella, su ansia por un cambio respetuoso de tiempos yvalores. Reconozco en Zapata el proyecto cultural y político de la dignidad de!campesino mexicano. Veo en su lucha e! ánimo franco de producir y, sobre

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todo, el de vigilar el bienestar y la felicidad de la comunidad rural. Estos pro­pósitos de Zapata son legítimos y son vigentes, porque no hay una Naciónfuerte y moderna sin una agricultura próspera y una población rural digna ysatisfecha. Por ello quiero afirmar, ahora y aquí, la modernidad de EmilianoZapata.317

Al rendir su protesta como Presidente de la República sólo dedicó un brevepárrafo a los campesinos de México:

Con nuevas prácticas, podemos actualizar las relaciones entre el Estado y loscampesinos: desterrar el paternalismo, protegiendo a los más débiles, dándolesamparo y defensa; reconocer en los hechos la probada capacidad de los hom­bres del campo para organizarse y ser conductores de su propio destino; serépromotor del nuevo modo de vida campesino, donde su trabajo se traduzca eningresos justos y bienestar, a ellos los convoco a un esfuerzo adicional en elempeño de producir más y mejor y asumir de manera plena y responsable el con­trol de sus organizaciones.

Pero eso sí, hizo profesión de fe revolucionaria, nacionalista y de una pro­funda conciencia histórica; veamos:

Gobernaré la República con apego indeclinable a los principios y al proyecto dela Revolución; me apoyaré en el gran acervo cultural y político que los mexica­nos juntos hemos construido, lo haré inspirado en nuestra grandeza histórica,seguro del vigor nacional, orgulloso de nuestra extraordinaria entereza, confiadoen nuestra tenacidad para superar escollos y desafíos, por difíciles y complejosque éstos sean; lo haré con la certeza de que México, por su historia, su dimen­sión y por la calidad de su pueblo, merece ocupar un sitio de mayor fortalezaentre las naciones del mundo. Tengo fe en que los vientos del cambio serán fa­vorables, porque nuestro esfuerw tiene rumbo, nuestro nacionalismo nos dafortaleza, tenemos un proyecto histórico que se ha configurado generación trasgeneración; cada una respondió a la necesidad de su tiempo; cada una enfrentósus propios retos; ha sido una tarea que nos ha dado rostro, estatura históricay una vocación de justicia y libertad. La Independencia, la Reforma y la Revo­lución expresan la determinación del pueblo para darse a sí mismo un destinooriginal e instituciones y organizaciones propias; nuestra capacidad de transfor­mación nos ha permitido sortear los más duros embates y adaptarnos constante­mente a nuevas realidades; sabemos que nuestros problemas no vienen por elfracaso de nuestro esfuerzo, sino por el tamaño de la adversidad. Nuestro cami­no para el cambio será la modernización nacionalista, democrática y popular,será una modernización nacionalista porque reafirma los valores fundamentales

317 Carlos Salinas de Ganari, Discursos de precampaña, PR!, Secretaría de Información y Propaganda,Veracruz, Veracruz, 16 de acrubre de 1987.

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que nos dan identidad como mexicanos, porque abre una nueva etapa al proyectode la Revolución, porque tiene el propósito explícito de asegurar nuestras sobe­ranías e independencia y la defensa de nuestros intereses nacionales; será demo­crática porque la llevaremos a cabo de manera concertada, mediante la partici­pación corresponsable de los ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos ysectores, porque está destinada a ampliar los espacios políticos y a crear las víasinstitucionales que requiere la mayor participación de la sociedad y será unamodernización popular, porque tendrá un claro sentido social elevar el bienes­tar de nuestros compatriotas. El propósito medular de la Revolución Mexicana,que es el de la justicia social, no ha sido alcanzado, recobremos la capacidad deindignación ante la pobreza y la desigualdad que todavía extienden su sombraen diversas partes del país; la pobreza casi siempre se retroalimenta, no sale desí misma, sino con un impulso de ruptura y de cambio. Para revertir la baja enlos niveles de vida, hay que actuar ya, y hacerlo debidamente (Diario de losDebates) Cámara de Diputados, lo. de diciembre de 1988).

Como puede apreciar el lector, las primeras declaraciones formales, prome­sas y compromisos que Salinas de Gortari hizo frente al Congreso de la Unión-interrumpido por airadas protestas- fueron falasias, mentiras, cuyo propósitoprimordial -aunque no lo logró- se dirigió a obtener la confianza y la quimerade su legitimación como Presidente.

Salinas de Gortari y los miembros de la familia imperial "encubrieron suspropósitos auténticos" que fueron el enriquecimiento ilegítimo, a través de laadulteración, el engaño y la traición a los principios y la falsa ideología revolu­cionaria que proclamaron. Esto no ha sido del todo privativo del duplado neo­liberal; en todo el mundo el camuflaje político y especialmente el económico, hasido usado como disimulo culpable para revestir las claudicaciones, la corrup­ción y la impunidad de que gozan los "amigos", los leales al sistema, los adeptosy cumplidores de las reglas políticas, porque saben por experiencia propia, queal "señor" jamás hay que contradecirlo y mucho menos rehusarse a acatar susmandatos. Todo esto le da vigor, libertad y señorío al primer mandatario y asu séquito de complacientes seguidores. Por esto, cualesquiera que sean las épo­cas pasadas o presentes, dos son las capas que se sobreponen: la mentira y laverdad; 10 aparente y 10 latente, lo oculto y 10 manifiesto; la máscara y 10 queella oculta. Lo real es 10 que no se ve; pero que se agazapa frente a la elocuentetrápala. Es, hasta cierto tiempo la máscara, unas veces histórica y otras momen­tánea. Mentira y realidad no confunden al pueblo. El viejo adagio popular hadicho, con vigencia hasta nuestros días: "En política, a pesar de las explicacio­nes, los libros que se publican, los artículos periodísticos, no hay nada aparente,con el tiempo se manifiestan las verdaderas intenciones y realidades; lo oculto, ylo perverso de 10 manifestado se delatan." El tiempo les quita las máscaras aquienes defraudan a México, al pueblo, a los eternos pobres, a los miserables. Es-

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tos son necesitados, carentes de todo; pero tienen alma y más que todo espe­ranza, porque en teoría sus derechos están consagrados en nuestro derechofundamental. Pero lo relevante es que en nuestra historia el pueblo ha sido eljuez supremo para calificar implacablemente a quienes lo engañan, lo explotan,lo sojuzgan, lo traicionan; muy a pesar que sean emperadores, altezas serenísi­mas, dictadores o economistas "colonizados" por el capitalismo feroz. Nadiese salva de este veredicto que en inexorable: que arrebata credibilidad a losfarsantes, impostores y pérfidos. Sabe él quién lo sirve con dedicación y esfuer­zo, y quién lo usa para servirse de él. Al final el pueblo tiene razón, pues losintereses bastardos se ahorcan los unos a los otros, a pesar de ser de la mismafamilia de corruptos.

Dicho lo anterior pasaremos a revisar lo expresado por el "presidente"Salinas de Gortari en sus seis informes de gobierno, sobre todo en lo que con­cierne a la reforma agraria mexicana, sin olvidar lo que el secretario de Estadode los Estados Unidos de América, Richard Lansing, recomendó al Presidente deese país apoyado en el Destino Manifiesto, que los anglosajones en el nuevocontinente cumplen como su segunda Biblia.

El primer informe ante el Congreso de la Unión (1989) Salinas habló de lareforma del Estado para justificar la venta del patrimonio nacional. En realidadcumplió con las condiciones que el presidente Bush le exigió para reconocerlocomo primer mandatario (espúreo) de México. A Obregón, para reconocer­lo como Presidente de la Nación, le impusieron condiciones, como hemos visto.Pero Salinas, con su inteligencia, sagacidad y astucia, por su origen electoralfraudulento aceptó resignado, requisitos y restricciones dictadas desde Washing­ton, D.C. Así comenzó la debacle de todos los principios, doctrina y filosofíade la Revolución de 1910, del camino humanista del México profundo. Comotodos los socios del antiMéxico siguió -impertubable- tratando de engañarnos.Dijo:

Tenemos el imperativo político y moral de volver al sentido original de la Revo­lución. Debemos recobrar, para una sociedad moderna, un Estado reformadobajo el espíritu de la soberanía popular de 1917. La gran visión del Constitu­yente de Querétaro, en el artículo 27, estableció ante los abusos en la propiedadde la tierra y en la sobreexplotación de los recursos del subsuelo, durante elporfiriato, que la propietaria original era la nación, quien, a su vez podía trans­ferir esta propiedad a los particulares con las modalidades que dicte el interéspúblico. En la iniciativa sobre el artículo 27 del proyecto de Constitución, que,junto con el artículo 123, convirtió en social un debate que sólo era político, seestablecieron dos premisas básicas que señalan el espíritu del texto final en laConstitución: primero, convertía al Estado en un instrumento de reforma eco­nómica, y segundo, determinaba que la nación retendría bajo su dominio lo quefuera como lo señalaron los constituyentes, necesario para el desarrollo social.

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Se creó así la economía mixta, respetando la propiedad privada, estableciendola rectoría del Estado y asegurando a los pueblos el derecho a conservar propie­dades en comunidad. Por eso, es irreversible la propiedad sobre los recursos na­turales que especifica la Constitución y el control de las empresas estratégicasque directamente los explotan. Por eso, es irreversible la propiedad y el controlsobre Petróleos Mexicanos, la petroquímica básica, la Comisión Federal de Elec­tricidad, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, ferrocarriles,correos, comunicación vía satélite e instituciones sociales fundamentales comola Compañía Nacional de Subsistencias Populares.

Su proclividad hacia el neoliberalismo y la globalización lo hizo declarar:

El reparto masivo de tierra ha concluido, quien afirme que todavía existen millo­nes de hectáreas por repartir está mintiendo a los casi 2 millones de solicitantesde tierra y a los más de 4 millones de jornaleros agrícolas, pero tenemos quedarles una respuesta, por eso, reforma agraria quiere decir ahora, fundamental­mente, apoyar la producción, respetar y promover las organizaciones campesinasy agropecuarias, responsabilizar a éstos del manejo del crédito y de los fertili­zantes, atender la comercialización y establecer industrias rurales que eficientesy viables transformen la producción, eleven el ingreso y generen opciones deempleo para los hijos de los campesinos en el propio campo.

Debemos aclarar que los solicitantes de tierras hubiesen tenido una superfi­cie de tierra dotada al aplicarse la Ley Federal de Reforma Agraria en contra dela simulación de la pequeña propiedad; la nulidad de estos latifundios simuladosy usando la reserva nacional agraria de los terrenos nacionales que constituíanmás de un millón de hectáreas -descontando las legítimas posesiones de los na­cionaleros auténticos-; pero prefirió la duplada neoliberal entregarlos al sectorprivado. Eso sí, contando con la complicidad de Víctor Cervera Pacheco nom­brado flamante secretario de la Secretaría de la Reforma Agraria. Este personajeyucateco que exige que lo llamen caudillo revolucionario es en realidad dueñode ranchos ganaderos en Yucatán y el hombre y la familia más rica de mi estado.El cacique que gracias a la duplada neoliberal -Salinas y Zedil1o- con flagranteviolación a los principios y doctrinas de la Revolución cumplirá 10 años degobernador.

En su tercer informe (lo. de noviembre de 1991), Salinas preparó el ambientepara las iniciativas de reformas al artículo 27 constitucional y su nueva leyagraria que representan la contrarreforma neoliberal que acabó de un plumazocon todo el agrarismo mexicano. Sus argumentos fueron los siguientes:

En la actualidad, las luchas por libertad y justícia en el campo siguen siendo deenorme importancia y, por su moral histórica y su verdad, siguen y seguirán

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mereciendo nuestro profundo respeto, así como un apoyo apasionado y eficaz.Hoy los campesinos nos muestran en su esfuerzo cotidiano y en sus prácticasdiarias que estas luchas se dan de manera diferente, con reclamos distintos, condominio directo y social, construyendo en los hechos una nueva reforma cam­pesina. Precisamente por eso, y como lo han hecho en otros tiempos los gobier­nos de la Revolución. Hoy, el gobierno, representante de la nación y alIado delos campesinos, tiene que tomar hoy en cuenta las condiciones de la Repúblicay del mundo para responder a las luchas agrarias de esta generación.Debemos partir del reconocimiento de nuevas realidades; nuestra poblaciónestá creciendo, pero nuestro territorio es el mismo. Sólo en el campo viven los25 millones de compatriotas, casi el doble de la población que había en todoel país en 1910, y su número va en aumento. Existen 25 millones de hectáreasde labor, de ellas cinco millones son de riego, mientras que la fuerza de trabajoen la agricultura ya es de seis millones de productores, ha crecido la producciónpero la productividad no es suficiente. El minifundio se extiende tanto entreejidatarios como entre pequeños propietarios y los campesinos tienen quetrabajar más para sacar menos. En nuestro campo todavía hay mucha miseria.El reparto agrario establecido desde hace más de 50 años estuvo bien justificadoen su época, y es reconocido hoy en día por su compromiso con los campesi­nos. En su momento llevó justicia al campo; pero pretender, en las circunstanciasactuales, continuar por el camino de antes ya ni significa prosperidad para lapatria ni justicia para los campesinos. No porque haya fallado la reforma agra­ria, sino por la propia dinámica social, demográfica y económica a la cual lareforma contribuyó. Hoy la mayoría de los ejidatarios o pequeños propietariosson minifundistas; dos terceras partes de los campesinos que siembran maíz enel país tienen menos de tres hectáreas de tierra de temporal por familia; muchossólo poseen surcos. Así no pueden satisfacer sus propias necesidades. El gobier­no está obligado por mandato constitucional a seguir repartiendo tierras, perodesde hace años los efectos del reparto son contrarios a su propósito revolucio­nario, y cumplirlo no responde al espíritu de justicia de la propia Constitución.Antes, el camino del reparto fue de justicia; hoyes improductivo y empo­brecedor. Seguir esa ruta sería traicionar la memoria de nuestros antepasadosrevolucionarios, defraudar a los campesinos ya beneficiados por el reparto yburlar a los que esperan nueva tierra, hombres y mujeres de carne y hueso, deideas y sueños. Con toda razón se indignarían ante repartos de pura estadística,en el papel. Nos exigen opciones productivas claras con su participación en eltrabajo y para el progreso nacional.Por eso llegó el tiempo de cambiar nuestra estrategia en el campo. Este es unmomento clave, Consecuente con los propósitos originales de libertad y justiciade la Revolución, por medio de nuestras mejores instituciones vamos a sumar­nos a las nuevas luchas de los campesinos. Promoveré un programa integral deapoyo al campo con re<"l.lrsos adicionales para capitalizarlo, abrir opciones de pro­yectos productivos y de asociación, y proteger la vida en comunidad. Esto re­quiere también reformar a la legislación agraria que mantengan claramente lo

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ya ganado y faciliten las luchas futuras del pueblo campesino por su dignidady bienestar. En ello la decisión habrá de corresponder a la soberanía de esteCongreso. No se trata de soluciones absolutas; tampoco de resolver el minifun­dio volviendo al latifundio. Pero sí sembrar una nueva semilla de libertad yautonomía en el campo para que los campesinos puedan defender sus interesesy obtener bienestar, por ellos mismos, con el apoyo y el respeto del Estado.Todo esto para que sus poblados, ejidos, comunidades, rancherías y otras formasde convivencia en el campo sean más democráticos, más sólidos, y para que elesfuerzo de su trabajo les dé más beneficios. Ratificaremos la vigencia de lastres formas de propiedad que establece la Constitución para el campo; ejidal,privada y comunal. El ejido permanece pero promoveremos su profunda trans­formación.En 1915, la Ley Agraria Zapatista tuvo por lema: "Reforma, Libertad, Justiciay Ley". En este espíritu y con el mismo fin, pero ante nuevas circunstancias yretos diferentes los de nuestros tiempos, proponemos reformas para garantizarde nuevo la libertad de los campesinos mexicanos en sus luchas por la justiciay por un bienestar que redunde en bien de nuestra nación.

El periodista y analista Francisco Gómez Maza publicó en El Financiero,Sección Agropecuaria, un interesante documento del Banco Mundial donde sepropone una sustancial reforma al sector agropecuario. El 22 de marzo de 1990escribió lo siguiente:

El Banco Mundial propuso al gobierno mexicano una sustancial desregulacióndel sector agropecuario, que incluye rectificaciones legales y liberalización decriterios crediticios, así como creación de unidades de producción entre ejidata­rios y empresarios privados, como condición para que el campo salga de la crisisy recupere la senda del crecimiento. La institución acreedora de México reco­mendó, entre otras cosas, abandonar la ley del tamaño de las parcelas y darlibertad a los ejidatarios para rentar o establecer acuerdos de aparcería con otrosejidatarios o pequeños propietarios, e incluso vender sus parcelas al ejido. Asi­mismo, el Banco Mundial sugirió extender el crédito directamente a los ejidata­rios individuales sobre la base de su capacidad de pago, quedando libres paracomprar los insumas o sembrar los granos que deseen. Las propuestas están con­tenidas en un documento de trabajo del Departamento de Agricultura y DesarrolloRural, y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Banco Mun­dial, que empezó a circular la semana pasada y del cual obtuvo una copia elreportero.Partiendo de la premisa de que es posible desregular sin abolir el ejido, el BancoMundial asegura que, más que buscar la modificación de la reforma agraria, lasiniciativas políticas deben enfocarse a hacer mejoras sustanciales a las estmctu­ras existentes, específicamente en los siguientes puntos:1. Garantizar los títulos a los ejidatarios no debe ser algo dependiente del tamañode su parcela.

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2. La actual tendencia a proporcionar títulos de usufructo a los ejidatarios debeser acelerada.3. Las restricciones acerca del tamaño y uso de la tierra para los propietariosprivados debe ser simplificada y aclarada.4. No debe haber restricciones en la renta o copropiedad de los ejidatarios.5. Los ejidatarios deben tener la capacidad de vender sus parcelas a otros miem­bros de su ejido, aunque no a extraños.6. El manejo de las tierras comunes debe ser mejorado.7. Debe extenderse el crédito directamente a los ejidatarios individuales, sobrela base de su capacidad de pago.8. El riesgo del crédito no debe ser compartido por todo el ejido.9. Los créditos deben proporcionarse totalmente en efectivo y los ejidatarios de­ben quedar en libertad para comprar los insumas y sembrar los granos quedeseen.

El documento firmado por John Richard Heath, experto que ostenta elcargo de consultor de la institución, especifica que la desregulación agropecuariase lograra haciendo mejoramientos graduales a las estructuras institucionales exis­tentes de la reforma agraria.

En este sentido el experto del organismo fmanciero multilateral enumera lassiguientes líneas de política:

La ley acerca del tamaño de las parcelas del ejido, que ha probado ser inelásti­ca, debe ser abandonada: garantizar los títulos a los ejidatarios no debe ser unhecho contingente al tamaño de la parcela.La actual tendencia a proporcionar a los ejidatarios los títulos de sus parcelasdebe ser acelerada, a fin de proporcionarles el máximo de seguridad en la tenen­cia de la tierra.Para las empresas privadas: los linderos sólo deben variar de acuerdo con la cali­dad de la tierra; no de acuerdo con el grano sembrado. Las restricciones acercadel tamaño máximo de las tierras ganaderas (de agostadero) deben ser aclaradas;la porción de estas extensiones que puede ser sembrada con granos debe seraclarada.El bando advierte que si las leyes de reforma agraria son alteradas en este aspec­to, habrá menos bases para una expropiación arbitraria, favoreciendo una mayorproducción e inversión agrícola del sector privado.Los ejidatarios deben ser libres para rentar o establecer acuerdos de aparceríacon otros ejidatarios o pequeños propietarios privados, sin enfrentar el riesgode perder o que se les confisquen sus parcelas.

Según el Banco Mundial, la renta y la aparecería también pueden crearempleos dentro del ejido, toda vez que las familias que no emigran son capacesde trabajar la tierra de aquellos que han emigrado, y aunque en muchos casos la

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renta y la aparcería incrementan la concentración de la riqueza, en algunas oca­siones tienen positivos efectos de distribución.

En todo caso, explica, ello asegura la explotación eficiente de la tierra delejido al colocarla en manos de aquellos que tienen los medios y la vocación paratrabajarla. "Se debe permitir a los ejidatarios la venta de sus parcelas al ejido:en la medida en que las ventas no implican a extraños, se preservará la integridaddel ejido. El precio de venta de la parcela debe compensar las mejoras que elejidatario ha hecho."

Según el banco, las dos últimas recomendaciones de las enlistadas condu­cen a la formación de unidades mayores y más eficientes de empresas dentro delsector ejidal, que compensan los efectos negativos de la fragmentación parece­laria.

Las restricciones sobre el uso y el manejo de las tierras comunes del ejido debenser modificadas para permitir préstamos, inversión privada y coinversiones.El gobierno -agrega el documento- necesitará encontrar una forma apropiadade obtener estándares, el corte de maderas, los ritmos de siembra, y capacidad depastoreo, a fin de evitar la degradación del ambiente.Se debe permitir a los ejidatarios hacer aplicaciones de crédito individual o gru­pal en forma voluntaria a Banrural. La evaluación de las aplicaciones del créditodebe basarse en los criterios de capacidad de pago.El riesgo de quiebra debe ser compartido sólo por los individuos o grupos res­ponsables de estas bancarrotas y no por todo el ejido.Todos los créditos de Banrural deben ser otorgados en efectivo, con la responsa­bilidad total por la compra de insumas y entrega para el agricultor. Los agri­cultores deben tener libertad de sembrar el cultivo que deseen con el créditoque hayan recibido.Según el documento del Banco Mundial, la vaguedad y las contradicciones en laley de reforma agraria crean un clima de incertidumbre, que puede desalentarla inversión agrícola tanto de ejidatarios como del sector privado.

En el caso del ganado, advierte el documento, la leyes inconsistente acercadel tamaño máximo permitido y hay un instrumento legal, el amparo, que haproducido una imposición selectiva de los límites de la posesión, lo que ha mi­nado la credibilidad de la ley. Más aún, sigue siendo confuso qué proporciónde la tierra ganadera se puede dedicar al cultivo de granos. Según el documento,la estipulación legal acerca del tamaño de las parcelas en los ejidos individualesno se puede hacer cumplir debido a las presiones demográficas. En algunoscasos, los ejidatarios no han recibido el título de su propiedad, debido a quelas parcelas son más pequeñas que el mínimo oficialmente prescrito. Además,agrega, si bien es cierto que el acceso a los créditos no parece depender de laposesión del título de la tierra, la carencia del título parcelario reduce la seguri-

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dad de la tenencia del ejidatario. También puede incrementar la probabilidad'deque sea arbitrariamente desalojado si entra en contradicción con las autoridadesejidales.

Legítima, la renta de parcelas ejidalesCon todo, el Banco Mundial advierte que quizás el área más importante deincertidumbre se refiere a la legitimidad de rentar las parcelas ejidales. Mientrasel artículo 76 de la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 puede ser interpre­tado en el sentido de que se permita la renta en ciertas circunstancias, hay unanotable carencia de acuerdo acerca de la legalidad de esta práctica.

Como puede apreciarse por el documento transcrito, Salinas de Gortarirecibió instrucciones del Banco Mundial que de inmediato comenzó a cumplir,ayudándole en la tarea otros jóvenes "economistas colonizados" como fueronLuis Téllez Kuenzler, Gustavo Gordillo de Anda, Enrique Enríquez y otros.Estos operadores del antiMéxico no sólo cumplieron con las instrucciones reci­bidas sino las superaron. En 1992, Salinas impuso como líder de los campesinosa otro economista de la misma ralea: Hugo Andrés Arauja, quien se desempe­ñó como flamante secretario general de la Confederación Nacional Campesinacon la misión de desactivar todas las protestas que surgieron en la República porvirtud de las reformas al artículo 27 constitucional y la nueva ley agraria. Ambasiniciativas presidenciales fueron aprobadas por el Honorable Congreso de laUnión.

Los informes rendidos por Salinas estuvieron plagados de reclamos, pro­testas, interrupciones y desórdenes en el recinto parlamentario.

Por su parte Ernesto Zedilla Ponce de León como candidato a la Presidenciade la República al reunirse con organizaciones campesinas expresó:

Es muy significativo este acto de apoyo y adhesión por todo lo que ustedesrepresentan. En las raíces mismas de nuestro Partido están las causas agrarias.Ustedes representan a la gente que ha formado verdaderamente las raíces deeste extraordinario Partido; ustedes representan los intereses de una de las basesfundamentales de la fuerza de nuestro Partido; ustedes representan, también,los intereses, las demandas y necesidades de una parte de la población que seencuentra en desventaja. Sé que habremos de celebrar muchas reuniones deanálisis en las que nos comprometeremos con soluciones concretas a los pro­blemas que ustedes plantean. Por ello, como candidato a la Presidencia de laRepública, haré mías las causas que ustedes enarbolan. Mi compromiso es muyconcreto: el bienestar de los campesinos mexicanos y la recuperación produc­tiva del campo mexicano. Sabemos que las expresiones más lactantes de desi­gualdad y pobreza se encuentran en el campo mexicano; que 18 de los 23millones de compatriotas que viven en las zonas rurales de México se encuen­tran en condiciones de pobreza. Eso debe ser un poderoso llamado de atención

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a nuestra conciencia, pero también a nuestra capacidad de proponer soluciones aesos problemas.

El 12 de abril se volvió a reunir con organizaciones campesinas y ahí apoyóa la contrareforma agraria iniciada por Salinas manifestando:

Por eso vamos a trabajar para profundizar el sentido originario de justicia ylibertad del Artículo 27 Constitucional. Vamos a aprovechar que ahora el ejidoy la propiedad comunal tienen rango constitucional. Vamos a aprovechar que laConstitución prohíbe expresamente el latifundio y vamos a luchar, con ustedes,para que en México no haya latifundios. Vamos a aprovechar que se ha forta­lecido la asamblea como órgano democrático de ejidatarios y comuneros parareafirmar el patrimonio de sus hijos y dar seguridad a las formas de propiedadque libremente ustedes escojan. Vamos a trabajar duro para que las reformas alArtículo 27 Constitucional cumplan su cometido de beneficiar, ante todo, a loscampesinos. Los campesinos no se dejan engañar por quienes ofrecen regresara un pasado que ya les significó pobreza y sujeción. Los campesinos mexicanosmiran hacia el mañana, no hacia el ayer; miran hacia un porvenir de libertad ybienestar para su familia. Vamos a trabajar por la gran reforma social que uste­des están demandando. U na reforma social que combata la pobreza ahí donde esmás lacerante y donde más nos indigna; en el campo mexicano. Por eso mepropongo, con ustedes, implantar una vigorosa política social que rompa loscírculos viciosos de la miseria y que, en su lugar, establezca condiciones dignasde empleo, vivienda, salud, educación, justicia y servicios para sus familias. Vamosa trabajar, con ustedes, para crear fuentes alternativas de empleo. Sabemos queel cultivo de la tierra no podrá generar todos los empleos que demandan loscampesinos mexicanos. Vamos a ir allá, al campo mexicano, a promover nuevasinversiones y fuentes de empleo para que sus hijos no tengan que emigrar aotros lugares en México o en el extranjero. Con su voto, encabezaré un gobier­no que habrá de cumplir con la responsabilidad histórica de erradicar la pobre­za que hoy parecen tener como destino único millones de compatriotas. Vamosa incorporar a esos compatriotas a una nueva etapa de desarrollo donde no hayamexicanos de primera y de segunda. Todos somos mexicanos. Debemos traba­jar para todos los mexicanos. 318

Los auditorios campesinos fueron fríos, pacientes respetuosos y temerosos.A diferencia de Salinas que perdió la elección, Zedilla la ganó. Su legitimidadelectoral no tuvo cuestionamiento.

318 Ernesto Zedilla Ponce de León, Democracia y justicia para el campo, Serie compromisos núm. 8,PRI, Secreraría de Información y Propaganda, México, 6 de abril de 1994.

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Hemos revisado los 12 informes presidenciales de la duplada neoliberal yglobalizadora en cuanto se refiere a su contenido agrario e! cual no aportó nadanuevo al desarrollo de la estructura productiva de! campo mexicano. Lejos deesto, e! resultado fue desastroso. La contrarreforma agraria tuvo como objetoprincipal desamortizar las tierras ejidales y comunales para lanzarlas al comercioinmobiliario y abrir los núcleos de población ejidales y comunales a la inversióndel sector privado nacional y extranjero, alentando la entrada de compañías mer­cantiles por acciones en las cuales los extranjeros pueden tener hasta un 49 porciento del capital. Fueron 12 años perdidos en un mar de inversiones por pro­grama, de alianzas, pactos, promesas y explicaciones. Entre otros, Salinas tuvo elPrograma Nacional de Solidaridad; pactos para la estabilidad y crecimientoeconómico; Procampo, Focir o sea e! Fondo de Inversión y Capitalización delSector Rural; e! FIRA, el Procede, programas de solidaridad para las mujeres,etcétera. Zedilla implementó el Programa Nacional de Educación, Salud y Ali­mentación (Progresa); la frustrada Alianza para el Campo, el Pronafile, el Finape,el Fopyme, etcétera.

El resultado de ambos sexenios tecnocráticos y neoliberales salta a la vista:el campo mexicano descapitalizado, deprimido, sin producción; el desempleocreciente y su consecuencia lógica, el éxodo masivo a las ciudades y el alarman­te crecimiento de los índices de pobreza y pobreza extrema en el país. Además, lamigración de los campesinos al país vecino. Ejidatarios vendiendo su tierra yel secretario de la Reforma Agraria, con entusiasmo mercantilista, anunciandocomo realizaciones agrarias, que se establecieron en Guanajuato, Hidalgo yMorelos (tierra de Emiliano Zapata) las primeras sociedades mercantiles inmo­biliarias para la compraventa -léase negocio-- de tierras ejidales y el desarrollourbano. Lo anterior significa urbanización de esas tierras o acaparamiento parapropósitos agropecuarios; paralelamente, la desaparición de la propiedad socialyel favorecimiento de la propiedad individual o empresarial, reduciendo laintervención del Estado en el apoyo a las comunidades rurales e indígenas; perolo que destaca en esta situación es el abandono de sus responsabilidades socialescomo tutor del cumplimiento de las garantías sociales que consagra nuestra Cons­titución. La competencia y el mercado de ahora en adelante serán los factoresque determinen producción y precio; suficiencia y dependencia alimentaria.

La apertura comercial del sector agropecuario que favorece el Tratado deLibre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, fortalecerá el nego­cio de importación de productos básicos para la alimentación del pueblo. Nosería raro que en aras de exportar sus excedentes, pronto comiéramos maíz,trigo, arroz, verduras, frijol, etcétera transgénicos. Ya aconteció con la fructuosaque quebró nuestra industria azucarera. A cambio sólo nos dan un nicho del mer­cado exportador de acuerdo con sus intereses económicos y en los demás sólose encuentran requisitos, embargos, pretextos múltiples para impedir la entrada

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de nuestros productos. Así pasa con el aguacate, el atún, el café, el camarón, etcé­tera. U nas veces ponen de pretexto los insecticidas y fertilizantes que se usan;otras veces las redes con que se pesca por ahogar delfmes, unas más por los empa­ques o bien alegatos para que los transportes mexicanos de mercancías no entrena su territorio a pesar que ellos sí transitan por nuestras carreteras.

No debemos olvidar que Salinas de Gortari se ufanó de su magna realización:el Tratado de Libre Comercio, advirtiendo con gesto serio, formal y palabrasprosopopéyicas que el gobierno negociaría que la apertura de nuestra economíaal exterior sería programada, selectiva, gradual y concertada. Nada de esto suce­dió; la marejada de productos chatarra que nos llegó hundió a la micro, pequeñay mediana empresas industriales y comerciales. Los negocios de Conasupocrecieron año con año por medio de la importación y venta de productos ali­mentarios; pero las ganancias, las cuantiosas utilidades fueron a parar en cuen­tas bancarias particulares, nacionales y extranjeras. Igual pasó con Fertimex yotras paraestatales.

En la duplada tecnocrática neoliberal florecieron como nunca antes los másestrepitosos e inauditos fraudes fmancieros, bancarios, comerciales y los más es­candalosos peculados y sobornos. La opinión pública conoce algunos de ellos:Fobaproa, Banca Unión, el contrabando de bienes y personas; el rescate decompañías constructoras de carreteras de cuota, compañías de aviación, tesobo­nos, privatizaciones de los bienes del Estado y pronto conocerá otros, sobre todoen la banca de desarrollo. En estos 12 años llegaron a su cúspide la impunidad,el encubrimiento, en contubernio, el narcotráfICo, los crímenes políticos, elespionaje telefónico, en suma: la corrupción en su máximo esplendor y suconsecuencia inmediata: la inseguridad, el temor, la preocupación, el rompimien­to del estado de derecho.

Los programas de apoyo al campo, a la productividad, a la comercializaciónde los productos en un 60 por ciento -creo que exagero- llegaron a los campe­sinos; lo demás enriqueció a la burocracia operadora.

Uno de los fines primordiales de un partido político hecho gobierno, es elperfeccionamiento de la vida colectiva, de la nación, de la democracia humanistay la búsqueda infatigable del bienestar general. Queda entendido que la con­quista del poder o su conservación es la condición necesaria para aplicar losprincipios y programas de acción con los que nos hemos comprometido.

Pero además, está obligado a influir en la realidad social y política paracambiar o remover todo aquello que sea un obstáculo para la salud social delpaís o un valladar para el justo desarrollo nacional. Tal es el imperativo de lucharcontra el cáncer de la corrupción política administrativa que amenaza con des­truir todo lo que el pueblo mexicano ha logrado en su incansable lucha poralcanzar la plena justicia social y su bienestar general. Se debe hacer combatien­do la corrupción y hacerlo realmente sin importar intereses de personas o

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grupos. Es decir, anteponiendo los intereses superiores de la nación a los bastar­dos e ilegítimos móviles económicos de los que se benefician con la corrupcióny que son protegidos, solapados y aceptados por mexicanos desnacionalizadosa los que poco o nada les importa México.

Ha llegado a tal grado la corrupción administrativa, burocrática y política,que si no se asume una actitud combativa por la sociedad civil encontrará -yalo está haciendo- los instrumentos adecuados para hacerlo y rebasar a todos lospartidos políticos, que han demostrado su ineficacia para enfrentar esta realidadincontrovertible.

Si hablamos de reforma social y política a fondo, la obligación ineludiblees comenzar con la reforma moral del comportamiento público y de nosotrosmismos como políticos. Para ello la sociedad debe ser el vigilante incorruptiblede la conducta de los funcionarios públicos en todos sus niveles y del compor­tamiento de todos sus miembros.

Si hablamos de ética de la conducta política, sería inmoral frente a la reali­dad que debemos corregir, que dicha reforma no comenzara en un combatefrontal contra la corrupción en todos sus aspectos y niveles. Sería decepcionantey ocasionaría una gran frustración entre la mayoría no corrupta del pueblo mexi­cano que el gobierno se cruzara de brazos frente a este obvio y retador problema;frente a este cáncer terminal de toda nación. Se le culparía de cómplice, de en­cubridor y de connivencia con el antiMéxico.

Para todo mexicano bien nacido es denigrante que en el extranjero las pá­ginas de los periódicos y los noticieros de radio y televisión se ocupen del paíssólo para hablar de la corrupción prevaleciente; de los asesinatos políticos; dela falta de seguridad y de justicia. Nosotros sabemos que el pueblo mexicano noes así y es el que padece las consecuencias de la corrupción. Tener lealtad al PRI esdemostrar una voluntad constante para que sea de otra manera; ser honestocon el PRI es desear su reforma y la mejoría del nivel moral del comportamien­to político de su membresía.

Sabemos que no bastan las leyes ni la decisión del gobierno de combatir ala corrupción, porque está tan ramificada y complicada con otras organizacio­nes delictivas, que leyes y voluntad no son suficientes. Se necesitan órganos einstrumentos por fuera de la administración pública para reforzar la acción delgobierno. Yo los encuentro en los partidos políticos y en las organizacionesciviles del país. Los partidos políticos existen porque ofrecen una interpretaciónde la vida social, económica, política y cultural de la nación y se comprometen amejorarla, cambiarla y perfeccionarla en bien del pueblo. Por ello, debe recono­cer la realidad manifiesta y comprometerse a corregir lo negativo. Eso esperael pueblo mexicano.

En lo que se publica en periódicos nacionales y de los estados; en lo que seescribe en revistas, libros y publicaciones, y lo que se ve y escucha en radio y

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televisión, la corrupción se menciona como acusación o señalamiento; comosospecha o presunción. Diríase que es un mal que daña a nuestro país, a susinstimciones jurídicas ya la convivencia colectiva. Recientemente se han agrega­do nuevas formas de fraudes financieros; de engaños y sobornos; de negociosilícitos y de enriquecimientos inexplicables.

Parece ser que el mal es muy antiguo, porque se remonta a la Colonia, enla cual españoles y criollos, con el apoyo de las autoridades, se dedicaron a des­pojar de sus bienes y posesiones a los pueblos sometidos. Así lo ordenaba elderecho de conquista vigente en el siglo XVI, al señalar que a los enemigos de lafe no se les daría tregua y sus bienes y tierras pasarían a ser propiedad del rey.Tal vez la culpa no fue de España, sino del tiempo. Pero lo que marcó el gradode corrupción al que se había llegado en la Nueva España, fue la connivencia deautoridades con los ricos y terratenientes españoles y criollos.

En efecto: cuando el rey enviaba desde la metrópoli una ordenanza realpara favorecer a los indígenas o que limitaba la voracidad de los privilegiados, laautoridad se ponía en la cabeza la orden y en ceremonia pública expresaba:"Obedézcase; pero no se cumpla."

De hecho, la ley existía en el papel; el deseo y la voluntad eran manifiestos;pero los intereses económicos impedían su cumplimiento. Por eso las formasde sojuzgamiento y explotación fueron tan rudas y destructivas, a tal grado quela inmoralidad, la corrupción, el despojo yel abuso, apoyados en la impunidad,eran conductas aprobadas y aceptadas como medio de dominación yenriqueci­miento. Así fuimos aprendiendo.

Se atribuyen a varios presidentes de la República las siguientes expresiones:"No hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos." "Si metemos atodos los ladrones a la cárcel, ¿quién va a cerrar la puerta?" "Cada mexicano tienela mano metida en la bolsa de otro mexicano; pobre de aquel que rompa lacadena." "La corrupción somos todos." "Parece que todo lo que toca el Estado,lo corrompe."

Por eso debemos permanecer atentos a lo que el pueblo piensa, siente ydice. Hay una absoluta mayoría de mexicanos que identifica la política con laopormnidad de enriquecimiento; que identifica al político con la demagogia yla corrupción. La sabiduría del pueblo no tiene duda: sabe quién lo sirve y quiénse sirve de él.

Siendo ésta la fama que los políticos tenemos, cada uno de nosotros, deacuerdo con su conciencia y su realidad, debe pedir la diferenciación, porqueno todos somos iguales. Conocemos nuestra realidad, por ello debemos colabo­rar a elevar los índices de moralidad pública en nuestro país; todos conocemos lagrave enfermedad que padece nuestra sociedad, que es el alto grado de corrup­ción en todos los sectores.

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Traicionaríamos a nuestra única patria si no combatimos este grave mal, y fal­taríamos también a nuestros deberes ciudadanos.

No debemos olvidar que la moralidad social, la ética social, es el lazo deunión más fuerte de una nación, que constituye el fundamento principal de suexistencia, de su progreso, de su desarrollo. La inmoralidad social, la corrupción,la demagogia, segmenta, parcela, separa, divide, enfrenta, pues coloca frente afrente a quienes se aprovechan de ella y a quienes la padecen y la soportan.

No es nuestra intención imponer principios morales a la realidad que vivi­mos, sino contribuir al cambio. Yo no soy un moralista; lo que digo y sostengo-producto de mis reflexiones- son exigencias a una verdadera conducta democrá­tica' a una ética política, congruente con la filosofía, congruente con la doctrinade la Revolución mexicana. Todos conocemos la realidad del país, pero tampo­co debemos olvidar los esfuerzos colectivos de generaciones históricas que lucha­ron por darnos una sociedad más limpia, más justa, más humana, más demo­crática. Por ello afirmo que un individuo -como también un pueblo- queda mejordefinido por sus ideales que por sus realidades. No debemos equivocarnos;toda responsabilidad administrativa es una responsabilidad moral. Todos sabe­mos que la ética social, la moral social, es una rama práctica, no teórica, de lafilosofía, cuyo objeto consiste, primordialmente, en saber si las institucionesvigentes facilitan que el ser individual, el hombre, cumpla sus fines ulteriores yque la sociedad los realice también.

A la luz de esta ética social, rama práctica de la filosofía, debemos señalartambién que nuestras instituciones constitucionales son humanistas y cumplenplenamente con la ética social. El problema es que al margen de ella, violentandosu esencia, su humanismo, su contenido social, algunos cometen injusticias,abusos, atropellos, y florece la corrupción y se falsifica la realidad. Es el hombre-y no las instituciones- lo que causa el deterioro y el empobrecimiento de lamoral social. El pueblo lo sabe y lo condena. Para los políticos y para los respon­sables del ejercicio del poder, el verdadero peligro consiste en perder la realidady la perspectiva, en olvidarse de los fmes superiores, en olvidarse de las metas yenredarse en las formas y en la praxis política. La política es obra del pensamien­to y de la voluntad, y en épocas de crisis, una generación se condena si no sabedecir con claridad qué es lo que el pueblo exige o qué es lo que el pueblo desea.Declarar lo que es, expresar en forma sencilla, clara, precisa, lo que se está fer­mentando en la intimidad del pueblo. Sabemos que el pueblo mexicano estácansado, irritado de soportar tanta corrupción, y que nuestra vida social, nuestraconvivencia colectiva, alcance índices de moral muy bajos.

La corrupción desnacionaliza, enajena, nos hace dependientes, nos ata ycompromete a intereses antisociales de adentro y de afuera. Cambia el lengua­je, la forma de pensar. Por ello tiende a extenderse, a ser imitada, a contaminartodo.

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Se forman grupos, mafias, y poco a poco se van eslabonando personas eintereses, tanto económicos como políticos. Su fuerza se combina en cargos,algunos de representación, en membretes y, sobre todo, en el poder económico.Actúan en contra de todo lo que se oponga a sus propósitos, contra lo que seoponga a sus intereses; intrigan, maniobran contra todos los que no son delequipo y llegan al asesinato. Nada que es moralmente malo puede ser política­mente bueno.

Para ellos un hombre honesto es un obstáculo que debe ser removido. Ellosconstituyen los grupos de presión más oscuros de la política nacional. La ley dela mafia -lo sabemos todos- es defender y proteger a sus miembros, porque sabenque la fuerza del lobo es la manada y la fuerza de la manada es el lobo.

Ahora bien, el presentimiento de que las cosas van a cambiar radicalmenteha precedido a las grandes mutaciones históricas, lo que prueba que estos cam­bios no son impuestos desde fuera o por el azar, sino que son producto de lasíntimas convicciones, de la voluntad que se va fermentando en el propio pue­blo. En fin, creo -y el tiempo lo dirá- que ha llegado el momento para que seinicie el verdadero cambio y modernización, comenzando por elevar la moralsocial en todos los aspectos y actividades de nuestra convivencia colectiva.

No será necesario que el Congreso de la Unión discuta y apruebe muchasleyes, pues tenemos legislación en vigor para realizar esos cambios. Lo que senecesita es la férrea voluntad de pueblo y gobierno para erradicar ese cáncersocial. Tengamos presente a Tácito: "Cuando más corrupto es el Estado, haymás leyes."

Algunos replicarán que el estado de derecho es suficiente para combatir losfenómenos negativos que alteran la convivencia social. Pero frente al fenómenode la corrupción esto es una utopía, porque ese mal se dirige precisamente alno cumplimiento de la ley en provecho de los intereses individuales de los gruposque la practican. Al no cumplirse la ley, al existir la impunidad, el encubrimientoy la connivencia, el estado de derecho desaparece o se debilita a tal grado queresultan inoperantes las leyes que lo sustentan. Si este cáncer social se ramificahasta llegar a los poderes Judicial y Legislativo, el envenenamiento será total,porque alcanzará a falsificar los preceptos de la Constitución y, sin su vigenciaefectiva, la anarquía, la inseguridad jurídica y la injusticia romperán los lazosde la sociabilidad, de la concordia social y de la armonía.

En la contienda electoral entre los partidos políticos, la victoria es un deseoy un impulso justificado; pero existen perversos grupos de interés económico-algunos ocultos y otros manifiestos- que a través de sus maquinaciones e inver­siones políticas tratan de aprovechar la lucha política para favorecer sus incon­fesables intereses particulares, provocando verdaderas peleas electorales quegeneralmente se desarrollan en el fango de las injurias, las calumnias y la corrupción.

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No pocos analistas políticos aceptan que la falta de moral democrática y lacorrupción ejercen influencia decisiva en la lucha de los partidos políticos. Se sos­tiene que la gente se ha llegado a familiarizar con la corrupción política a tal gradoque está convencida de que en el mundo de la política existe una moral distin­ta a la moral común. Según Hamilton: "Sólo así puede explicarse el hecho deque personas que en su esfera privada son escrupulosamente honestas y decha­do de hombres morales, empleen sin miramiento alguno en la lucha electoraltodas las armas de la corrupción política, desde la compra de votos, hasta lapresión (en su favor) del poder público."

Una última reflexión sobre este vital tema:Nadie que se haya dedicado a la actividad política en su país ignora que

existen grupos de presión en el partido donde milita y en el gobierno constitui­do. Estos grupos influyen en las decisiones del gobierno, de los partidos, de laopinión pública y aun en los propios militantes de las agrupaciones políticas,como clientes ávidos de obtener ventajas que los favorezcan. Sus formas deoperación no se limitan a plantear, proponer o sugerir soluciones, sino a algo máscontundente: exigir lo que ayude a la consolidación de sus muy particulares inte­reses económicos, políticos o sociales. Emplean técnicas modernas para influir;presionar para obtener, y recurren a cuanto esté a su alcance para lograrlo.

Diríase que los grupos de presión son connaturales a toda democracia.Constituyen de hecho un gobierno que no se ve, pero que es efectivo, muchomás del que tienen los partidos políticos y la opinión pública. Generalmente suinterés no se identifica con los partidos políticos y, lo más grave, ni con los dela nación o del gobierno.

Para algunos autores, el gobierno constituido está sujeto a la influencia deun gobierno más invisible y menos controlado que el de los partidos políticos.En México podríamos hablar de un gobierno paralelo o de la tercera cámaradel Congreso de la Unión. Es decir, estos grupos de presión luchan por todoslos medios a su alcance, directos o indirectos, por influir en la acción, progra­mas y decisiones de la administración pública, o bien, en la acción legislativa yen la decisión jurisdiccional del Poder Judicial. Si a todo ello agregamos comoingrediente real la corrupción, el éxito de ese gobierno invisible está garantiza­do. La conclusión es que a la luz de la ética del comportamiento político, unoscuantos, pero poderosos, manejan los cambios políticos, económicos y sociales,dando al traste con el régimen democrático y con el valor de la legitimidad delrégimen gubernamental constituido. Lo anterior es profundamente inmoral yjamás podrá justificarse en el marco de la conducta política.

Por lo regular estos grupos desprecian la razón y los intereses superioresdel país. Lo visible de ellos son sólo algunos miembros del partido; pero sóloson la punta de iceberg. Lo más importante y peligroso está en el fondo, en la

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profundidad de las intenciones de quienes los manejan para satisfacer su incan­sable apetito de riqueza, influencia y control político. Cuando el grupo de interéseconómico-político encuentra resistencias del partido o del gobierno constitui­do según sus propósitos, pasa a la segunda etapa de acción: cambia la presiónpara provocar la tensión social y política, llegando a cometer crímenes políti­cos, delitos del orden común, desestabilización y ruptura social.

Un objetivo importante de estos grupos de interés económico y político esinfluir en los medios de comunicación social para debilitar al gobierno legítima­mente constituido. Manejan los rumores, los chistes, las calumnias, las intrigas,la amenaza, la intimidación y las soluciones drásticas que atentan contra lademocracia y el estado de derecho. Para ellos no existe la moral política, ni elrespeto a la ley; mucho menos el interés superior de la nación.

Cuando llegan al poder tienen como fin primordial explotarlo para supropio beneficio. Su técnica es dividir, separar a los individuos o grupos queracionalizan el apoyo al gobierno legítimamente constituido. Combaten a todopartido político que trata de edificar una convivencia democrática, armónica y pa­cífica. Así sobreviene la guerra política, en la que unos luchan denodadamentepor mantenerse en el poder democrática y legalmente obtenido, frente a otrosque combaten por reemplazarlos en el ejercicio del mando.

A estos grupos de presión sin moral, sin patriotismo, les interesa un bledoel porvenir de México y su pueblo. Son verdaderamente peligrosos y no hay quesubestimarlos porque -según creo- están infiltrados en el propio gobierno. Fren­te a esto, los priístas verdaderos debemos actuar con vigor, porque entrañan unpeligro real para las instituciones nacionales. Debemos exigir al gobierno cons­tituido mayor decisión para enfrentarlos y nunca renunciar a su propia defensa.Debemos exigir al gobierno mayor claridad y verdades completas acerca dequiénes componen estos grupos sediciosos y sedientos de poder y riquezas, porpequeños que sean.

El pueblo estará atento a las decisiones y acciones que se tomen dentro delestado de derecho, sin debilidades, pero sin autoritarismo, por lo que debe­mos exigir del gobierno mayor comunicación con la ciudadanía. No olvidaremosque, aunque se oculten datos, existen hechos que tienen significación y conte­nido. No es posible confundir la inexistencia de datos con la tnexistencia dehechos. Sabemos que la autoridad fluye de arriba, pero la confianza sube de aba­jo, del propio pueblo gobernado.

La moral política exige combatir con decisión y firmeza a su enemiga natu­ral: la moral perversa que practican personas y grupos, o sea, la moral utilitaria,económica y material que se reviste de grandes hipocresías que constituyen lasmáscaras del comportamiento político. Se aparenta comprensión, entendimien­to y solidaridad hacia reclamos justificados, solicitud de apoyo para resolverdentro de la ley problemas o necesidades y se hacen promesas que el funciona-

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rio O político no podrá cumplir. Pero justifica la inmoralidad de su conducta conhaberse quitado de encima un problema. La falsedad y la mentira que entraña lapromesa o compromiso que se adquiere y no se puede cumplir, se defiende conhaber creado en el solicitante una esperanza de solución a su problema; unaconfianza transitoria que el funcionario intencionalmente busca para acallarla exigencia. Esta conducta es parte de la moral perversa, porque se piensa que lamentira es mejor que la negativa razonada.

Mayor grado de maldad se produce cuando el político o funcionario ofre­ce comprensión y apoyo, sabiendo que la solución del problema planteadoafectaría sus intereses económicos o los particulares intereses materiales delgrupo al que pertenece.

Todo lo anteriormente expresado tuvo escandaloza manifestación durantelos dos sexenios de la duplada neoliberal y tecnocrática. La perversidad y amo­ralidad encarnaron en Salinas y en Zedilla.

Reformas a la legislación agraria

Dejamos asentado el hecho de la acumulación de diversos problemas agrariosque se fueron gestando en 76 años de aplicación de las garantías sociales y elreparto de la tierra; pero la legislación que estuvo vigente hasta 1991 conteníaen sus preceptos la forma de resolverlos. En cuanto al desarrollo productivo dela estructura agraria del país se contaba con un conjunto de instituciones y me­canismos subsidiarios que por sus funciones, recapitalización y reestructuracióngarantizaban el verdadero apoyo a los ejidatarios, comuneros y pequeños pro­pietarios.

Pero Salinas de Gortari subía a la Presidencia para cumplir las condicionesimpuestas por Washington, D.C., al darle el reconocimiento a su ilegítimo gobier­no. Junto con él entró en funciones el nuevo Congreso de la Unión en el cual nocontaba con su voto calificado para poder cambiar el rumbo histórico de México,por esto tuvo que esperar tres años y otra elección de diputados federales, enla que movilizó a gobernadores, al PRI, a los funcionarios federales y sobretodo al presupuesto de egresos federal, al fondo de contingencia producto deprivatizaciones y no sé que otros recursos para garantizar el voto aprobatoriodel Congreso a sus iniciativas, en especial a la reforma de los artículos 30., 27,130, etcétera, que constituían garantías sociales. Porque el movimiento obrerono se lo permitió, su afán desnacionalizador se detuvo.

Con Cervera Pacheco -ganadero prominente en Yucatán y otros estados;beneficiado con terrenos nacionales y reserva territorial de Mérida, Yucatán- enla Secretaría de la Reforma Agraria y su mancuerna: el oscuro personaje deprofesión economista; tal vez diplomado en universidades extranjeras; pero esosí, reprobado en la universidad de la vida rural, como secretario de la Confede-

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ración N acional Campesina, fundada por el señor general Lázaro Cárdenas delRío, Salinas de Gortari emprendió la arremetida contra la reforma agraria mexi­cana, seguido por un pequeño tropel de búfalos marcados, para siempre, comoel antiMéxico. Repetiré sus nombres para que no se nos olviden: el laureado enEstados Unidos, el premiado en Estados Unidos y le falta poco para ser glorifi­cado, cuando privatice Petróleos Mexicanos: doctor Luis Téllez Kuenzler; ideó­logo y defensor a ultranza de las reformas tecnocráticas neoliberales, "maestroconductor" de las reformas neoliberales en materia agraria y decidido partida­rio para que México se convierta en un estado libre asociado de Estados Unidos.Por recomendación de Salinas, constituyó su grupo de operadores con el "eco­nomista" Gustavo Gordillo de Anda; con el economista (abogado) EnriqueEnríquez, nieto o bisnieto de don Andrés Malina Enríquez -según me dijo él- ycon otro personaje de la misma calaña de cuyo nombre no puedo acordarme;ahora sí: Hugo Andrés Arauja.

Así, el régimen neoliberal de Carlos Salinas de Gortari envió al Congresouna iniciativa para modificar el artículo constitucional, que cambió radicalmen­te la orientación de la reforma agraria. Al promulgarse estas reformas entró envigor la nueva Ley Agraria, que derogó la anterior Ley Federal de Reforma Agra­ria promulgada por el presidente Luis Echeverría Álvarez. En apretada síntesisexpresaremos los puntos más importantes de estas reformas.

Por lo que se refiere al artículo 27 constitucional, no cambiaron los párrafosprimero y segundo.

En el tercer párrafo se suprime el concepto de pequeña propiedad agrícolaen explotación, por pequeña propiedad rural. Además, se suprime la acción decreación de nuevos centros de población, como consecuencia natural de la dero­gación de las acciones agrarias básicas de dotación y ampliación de tierras, aguasy bosques, así como su procedimiento y autoridades competentes, reguladas porlas fracciones X, XI, XII, XIII YXIV del texto anterior. En este párrafo se agre­ga que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedadprivada modalidades "para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para elfomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás acti­vidades económicas en el medio rural".

La fracción IV prohibía que las sociedades comerciales por acciones pudiesenadquirir, poseer o administrar fmcas rústicas y la reforma de Salinas de Gortaricambió el concepto, al dar el derecho de propiedad a estas sociedades mercan­tiles por acciones. Es cierto que limitó la extensión de estas propiedades a 25veces los límites señalados en la fracción XV del propio artículo 27 constitucional.Pero si tomamos en cuenta las equivalencias que esta fracción señala, se cuentauna hectárea de riego o humedad de primera, por dos de temporal, cuatro deagostadero en buena calidad y ocho hectáreas de bosque, monte o agostaderoen terrenos áridos, se establece como límite de la pequeña propiedad individual

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100 hectáreas de riego o humedad de primera, 200 hectáreas de temporal, 400hectáreas de agostadero y 800 hectáreas de bosque, monte o agostadero. Sicalculamos 25 veces esa superficie, las sociedades mercantiles por acciones, pue­den ser propietarias de 2,500 hectáreas de riego, de 3,750 hectáreas de cultivosredituables (algodón, vid, olivo, etcétera) 5,000 de temporal, de 10,000 deagostadero y 20,000 de bosques.

Es importante destacar que la nueva Ley Agraria, reglamentaria del artículo27 constitucional, promulgada el 23 de febrero de 1992, modificó la Constitu­ción por virtud de que en su artículo 125 agrega a las sociedades civiles que, con­juntamente con las sociedades mercantiles, pueden ser propietarias de tierrasagrícolas ganaderas o forestales. Deseo dejar testimonio de mi preocupaciónpersonal por el futuro del agro mexicano. En primer lugar, porque el nuevoderecho agrario faculta a los ejidatarios y comuneros -previos los trámites lega­les- a vender las tierras que la Revolución les repartió. Es decir, se ha producidouna nueva desamortización de los bienes ejidales y comunales en provecho delque ofrezca más por ellas. En segundo lugar, porque se abren las comunidadesrurales a la inversión extranjera, ya que el artículo 130 de la nueva Ley Agrariadispone que los extranjeros no podrán tener una participación en sociedadesciviles o mercantiles por acciones, que exceda 49 por ciento de las acciones deesas sociedades.

Mayor preocupación siento por esta legislación porque en las comunidadesrurales de nuestro país viven y palpitan con fuerza las esencias culturales denuestra nación; perduran con fuerza social nuestras tradiciones, usos y costumbresque el extranjero -no hay duda de ello- tratará de cambiar, y al lograrlo, impon­drá su estilo de vida hasta hacernos cambiar el sentido de nacionalidad, de so­beranía, de igualdad y de justicia social; esas defmiciones que nuestro pueblo hainscrito en las páginas de la historia y en el texto de sus leyes fundamentales. Ensíntesis: el gobierno neoliberal de Salinas de Gortari se definió por la moderniza­ción económica, que es el principio de un proceso que nos llevará a la globalización,pasando por las etapas de apertura de nuestra economía hacia el exterior, laintegración total y acabar en los cariñosos, paternales y amorosos brazos delBig Brother, de los vecinos "cercanos", como socios maquiladores y exporta­dores de petróleo y de materias primas.

El esquema neoliberal impuesto por Salinas de Gortari como consecuenciade su entrega al capitalismo liberal y a las exigencias de nuestros vecinos del nor­te, llegó hasta los campesinos mexicanos al legalizar el latifundio y de una plu­mada acabar con la historia agraria de México. En efecto, la reforma al artículo27 constitucional permite -a partir de 1992-la gran propiedad rural cuando setrate de sociedades mercantiles o civiles, las cuales podrán tener en propiedado posesión enormes áreas de cultivo altamente redituables, superficies extensaspara ganadería o para explotación forestal.

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Esta reforma a la Constitución y a la legislación agraria permitió a unasociedad por acciones poseer hasta 25 veces la extensión de la pequeña propie­dad. O sea, en superficies destinadas al algodón que reciben riego, pueden tenerhasta 3,750 hectáreas, y en tierras que se dediquen al cultivo de plátano, cañade azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave,nopal o árboles frutales, podrán poseer 7,500 hectáreas. En cuanto a la explota­ción forestal, esas compañías o sociedades tienen derecho a poseer hasta 20,000hectáreas. En suma: se cambió el concepto de pequeña propiedad por el deplantación o latifundio.

Pero lo más grave se hace presente al legalizar todas las pequeñas propieda­des con independencia de que se hubiesen adquirido en la simulación o en formafraudulenta, pues se abrogaron las acciones agrarias o solicitudes de tierra por loque, de hecho, se declaró que todas las pequeñas propiedades son legales, conso­lidándose esta situación con la derogación de la Ley Federal de Reforma Agrariaque contenía procedimientos de nulidad de fraccionamientos simulados (art. 399),de propiedades afectables y de nulidad de actos y documentos que contraven­gan las leyes agrarias (art. 290). Y los terrenos nacionales en las costas, <desa­parecieron? Creo que sí para negocios transnacionales y beneficio patrimonialde quienes mandaban.

Si en México el latifundio es toda superficie que exceda los límites de lapequeña propiedad, sale sobrando el primer párrafo de la fracción XV del nuevoartículo 27 constitucional, que declara: En "Estados Unidos Mexicanos quedanprohibidos los latifundios". En primer lugar, porque al detectarse excedentesde una pequeña propiedad su dueño tiene el derecho de vender en el término deun año, y si no lo hace se vende en almoneda pública, lo cual implica un tácitoreconocimiento a la propiedad (latifundio) y, en segundo lugar, porque Salinasde Gortari legalizó el latifundio económicamente productivo, al permitir quesociedades mercantiles por acciones y sociedades civiles puedan tener enormessuperficies agrícolas en distritos de riego, en tierras de buen temporal, en bos­ques y enormes extensiones en tierras de agostadero que de acuerdo con loscoeficientes establecidos pueden llegar a 65,000 hectáreas o más.

Lo tremendo de esta realidad es que las sociedades pueden tener capital extran­jero de hasta 49 por ciento, lo cual implica, de hecho, que 49 por ciento de nuestrafrontera agrícola pueda estar en propiedad de extranjeros, y nuestros ejidatariosy comuneros pasaran a ser peones o trabajadores agrícolas. Pregunto: "¿Es estolo que necesita México para hacer producir la tierra?" Creo que no.

El autor de este proditorio atentado fue el operador de Salinas de Gortari,Luis Téllez Kuenzler, posteriormente flamante secretario de Energía quien conj\.m­tamente con el licenciado Enrique Enríquez y el licenciado Gustavo Gordilloentregaron a los campesinos mexicanos a los intereses extranjeros. Ese destaca­do personaje del antiMéxico, doctor en economía del Instituto Tecnológico de

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Massachusetts, tecnócrata y antinacionalista, es también operador de la venta de laindustria eléctrica mexicana, de la petroquímica y tal vez, de la industria petrole­ra. El pueblo mexicano está tomando nota de estos atentados. No se olvidará.

Esta reforma agraria neoliberal llega hasta las comunidades indígenas, esdecir, a los pueblos indígenas pues la "nueva Ley Agraria" regula la posesión ypropiedad de las tierras comunales.

Muy "oportuna y acertada" fue la declaración hecha por el presidente Ernes­to Zedilla, de que el proyecto de ley reglamentaria en materia indígena deberásometerse a una amplia consulta nacional en la que los representantes de lasdiversas etnias del país manifiesten sus opiniones y deseos. Como se sabe, faltanimportantes leyes reglamentarias relacionadas con las comunidades indígenas, sinlas cuales no será posible aplicar las normas constitucionales vigentes. Se pasósu sexenio sin pena ni gloria y sin consulta nacional.

El segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional ordenalo siguiente: "La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indíge­nas." A su vez, el artículo 40. establece: "La nación mexicana tiene una compo­sición pluricultural sustendada originalmente en sus pueblos indígenas. La leyprotegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres,recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integran­tes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientosagrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y cos­tumbres jurídicas en los terrenos que establezca la ley." Pasó la duplada neoli­beral y hasta enero del 2001, no hay ley reglamentaria, porque según afirmo,los pueblos indígenas no cuentan en la macroeconomía.

El artículo 106 de la Ley Agraria señala que las tierras que corresponden alos grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términosde la ley que reglamente el artículo 40. y segundo párrafo de la fracción VII delartículo 27 constitucional. Ofrecimiento de la duplada tecnocrática.

Todo lo anterior nos obliga a considerar que en una ley general en materiaindígenas deberá incluirse un capítulo sobre el régimen especial relacionado conla posesión o propiedad, según el caso, de las tierras y recursos de las comunida­des indígenas. Este régimen especial de hecho viene a ser un régimen de excep­ción por tratarse de tierras pertenecientes a comunidades indígenas, el cualdeberá evitar que éstas se conviertan en ejidos, como lo dispone el artículo 100 dela propia ley en vigor, en virtud de que si ese precepto se llegase a aplicar a dichascomunidades, podría ocurrir la desamortización de sus tierras, que pasarían alrégimen de propiedad privada y entrarían de Heno al mercado de bienes raíces.

Esto es así, porque la Ley Agraria da la posibilidad de cambiar el estadocomunal a la forma de propiedad ejidal, en cuyo caso existiría la opción -cum­pliendo los requisitos de ley- de convertirse en dominio pleno, o sea, propiedadprivada, lo que será esencialmente contradictorio al mandato constitucional,

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que señala un régimen de protección por parte de las autoridades a las tierras quecorresponden a los grupos indígenas, y contrario al otro mandato constitucionalque ordena la protección de la integridad de las tierras de estos grupos indígenas.

Esto es en buen romance, otra excepción o violación a la ConstituciónPolítica.

Por otra parte, la Ley General en Materia Indígena debe regular en formaprecisa y tutelar la constitución de sociedades civiles o mercantiles a que serefiere el artículo 100 de la Ley Agraria en vigor, especialmente lo relacionadocon la transmisión de dominio de tierras de uso común de los bienes comunales,a esas sociedades, pues al no hacerlo se contradice lo previsto en la fracción 111del artículo 99 de la propia ley; que establece que la protección especial a lastierras comunales las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, "salvoque se aporten a una sociedad". Como puede entenderse, esta sociedad rompecon la declaración del artículo 100 de la Ley Agraria actual, que claramenteordena que las tierras de las comunidades indígenas son inalienables, impres­criptibles e inembargables, porque al transmitirse a una sociedad civil o mer­cantil, de hecho significa todo lo contrario. Los autores de esta ley al verseacorralados optaron por señalar esta excepción sin importarles el mandamientoconstitucional del segundo párrafo de la fracción VII.

Si la sociedad civil o mercantil no tiene éxito y quiebra, responderá a loscréditos y obligaciones contraídas, con sus activos y su capital, en donde bienpodrían estar incluidas las tierras de uso común. Sabemos que las tierras de lacomunidad indígena forman un todo bien estructurado, así se trate de las poseí­das en forma individual, familiar, o de uso común que los comuneros disfrutan.Todas son patrimonio de la comunidad, porque su característica primordial esque ese núcleo de población indígena guarda un estado comunal. Esto es apli­cable para las 56 etnias que existen en el país.

La privatización de la propiedad comunal, aunque sólo sea de las tierras deuso común, traería como consecuencia su destrucción y la dispersión de lospueblos indígenas hasta que desaparecieran, que es meta neoliberal, amén deun proceso de pauperización constante, sin la esperanza de salvación. El concep­to de tierras comunales indígenas tiene una connotación muy especial, diferenteal concepto de tierras ejidales o de tierras comunales no indígenas. Sociológica­mente hablando, el indígena nace en una auténtica comunidad; todos se cono­cen y se aceptan. La antigüedad de algunas de esas propiedades se cuenta porsiglos; sus títulos, en muchos casos, datan de la época de la Colonia. Un ejido seforma por asociación de personas capacitadas para formar la lista de solicitantesde tierra.

En muchos casos no todos se conocen y tienen diferente procedencia, cultu­ra, tradiciones, usos y costumbres. La tierra para los comuneros indígenas tieneun valor social y cultural. Su valor económico no es prioritario, por eso la rela-

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ción del hombre con la tierra tiene un sentido diferente que bien podría calificarsede telurismo social, de tradición primigénea.

El etnocentrismo de las comunidades indígenas y el apego a sus tierras re­quieren de un tratamiento especial, tutelar y proteccionista. Por esto y comorégimen jurídico de excepción, debe prevalecer la Ley de Asuntos Indígenas sobrela Nueva Ley Agraria, pues ambas son de carácter federal. Lo óptimo sería queen ambas regulaciones jurídicas, siguiendo los textos constitucionales -por serreglamentarias-, no hubiese contradicciones.

El objetivo es que los pueblos indígenas actuales, es decir las 56 etniasmexicanas, que descienden de comunidades precolombinas, tengan, al fin, unalegislación justiciera y una acción de los tres niveles de gobierno comprometidapara el logro de su desarrollo social y económico. La obligación de todo gobier­no es la justicia, no la caridad.

La iniciativa de ley que se formule y se ponga a consideración del pueblomexicano deberá contener en su articulado un capítulo referente al estatuto par­ticular de cada etnia. Este documento fundamental contendría, en esencia, laobligación del gobierno federal, del Estado y de los municipios correspondien­tes, de reconocer la cultura, lengua, usos, costumbres, tradiciones, religiones yformas de organización social y política de cada pueblo indígena.

Asimismo, deberá establecer la obligación de los tres niveles de gobiernode promover su desarrollo social y económico a partir del reconocimiento de suspropiedades en tierras, bosques, aguas y recursos naturales. Diríase que es unpacto político entre los indígenas y los niveles de gobierno, a partir del cual seestablecerá una nueva relación, un reconocimiento y una concreta obligaciónpara respetarlos y apoyarlos en su desarrollo. Este documento, que debe serfirmado por el Presidente de la República, por el gobernador del estado dondese encuentre el núcleo principal indígena y por el o los presidentes municipalesrespectivos, de acuerdo con las ubicaciones de esas comunidades, deberá tenerla aprobación del Congreso de la Unión y del Congreso estatal correspondiente.Por supuesto, contendrá la aprobación de las propias comunidades indígenas yla firma de sus autoridades tradicionales.

Si hemos ddinido a México como una nación pluricultural, debemos teneren cuenta que cada cultura indígena, por lo que respecta a su lengua, tradiciones,usos y costumbres, es diferente de las demás, por lo que una ley general paratodas no puede ret1ejar las necesidades y problemas de cada comunidad indíge­na. Por esto, a través de un capítulo de la propia ley general, deberá establecerseel estatuto jurídico particular de cada comunidad. Este documento reflejaría elcompromiso y la obligación de reconocer formas de gobierno, usos sociales, cos­tumbres, lenguas, uso y manejo de las tierras en cada comunidad. Sus límites,serían el respeto a la Constitución Política, a la particular de los estados y a la leyen general.

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Todos sabemos que un estatuto jurídico escrito será aceptado, reconocidoy guardado con celo por las comunidades indígenas como documento básicode su relación con los tres niveles de gobierno. Aceptada esta consideración, elorganismo que se cree tendrá que estudiar, negociar y convenir con cada comu­nidad indígena el contenido de dicho estatuto, el cual regulará la relación entreellas y las autoridades.

En este documento básico se podrían establecer las formas de ejecución delos diferentes programas de apoyo para el desarrollo económico de dichas comu­nidades. La pluralidad étnica y cultural de nuestro país será reconocida a travésde este documento que significa un convenio que celebran los tres niveles degobierno con cada comunidad indígena.

Todos sabemos que no son iguales los usos, costumbres y tradiciones de lasdiferentes etnias de nuestro país, lo cual significa que una ley general no puedeespecificar ni regular todos los casos de una manera exhaustiva. Sólo a travésdel estatuto jurídico particular, apoyado en la Constitución y en la Ley generalen materia indígena, podrá hacerlo. No debemos perder de vista que cada comu­nidad indígena posee la gran fuerza del etnocentrismo que la impulsa a ser recono­cida en forma particular con su lengua, formas de gobierno, usos, costumbresy tradiciones, así como por sus particulares formas de posesión y propiedad dela tierra donde se encuentren asentados.

Pocas comunidades conocerán la ley general que finalmente se apruebe, perotodos en la comunidad conocerán el estatuto jurídico que se pacte con ellos.

Además, este documento básico servirá de instrumento para obligar a lasautoridades de los tres niveles de gobierno a cumplir sus obligaciones y compro­misos, cambiando la relación de pasiva y conformista, por una relación activade participación y exigencia. Las comunidades indígenas del país están cansadas,fastidiadas de promesas, programas, compromisos no cumplidos, explotación,sumisión, abusos, atropellos, injusticias, y flagrantes, continuas e intolerablesviolaciones a sus derechos humanos.

El estatuto jurídico particular de cada etnia representará un compromisopúblico de los niveles de gobierno y cambiará en forma definitiva la relación po­lítica entre estos pueblos y las autoridades. Cambiará las diferentes y contradic­torias políticas indigenistas del pasado hechas desde los escritorios, que afirmabanla incorporación de las comunidades indígenas al resto de la nación, o bien,segregarlas y reconocerlas.

Estas contradicciones dieron como resultado el crecimiento de una buro­cracia indigenista y agraria que por la demagogia, la corrupción y su uso parafines políticos personales, ha producido la explotación, la sumisión, el abandonoyel desperdicio de lo más rico, imperecedero y auténtico de nuestra nacionali­dad, de nuestra cultura y del destino de la nación.

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Dos brutales y agresivas afirmaciones se dieron tiempo atrás, que significa­ron dramáticamente la seria contradicción de nuestro mestizaje. Una afirmó: hayque darle la razón al indio, aunque no la tenga. La otra: no hay mejor indio queel indio muerto. Ahora a nosotros nos toca hacer justicia y reivindicar a esas po­blaciones, no con discursos, promesas, arrepentimientos fingidos y olvidados.El Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad histórica de pagar la deudaque todos tenemos con las comunidades indígenas del país. La más profunda raízde nuestra nacionalidad emerge aguerridamente para exigir justicia social, reco­nociendo públicamente el olvido y el continuo despojo a que por centurias seha sometido a las 56 etnias mexicanas.

Recuerdo que a principios del siglo XX se decía que si camináramos de nortea sur por el territorio nacional, no dejaríamos de pisar tierra comunal indígena.Hoy los han arrinconado en las montañas; los han confinado en la incompren­sión y en la incomunicación, les continúan arrebatando sus tierras y los usan paraque el turista nacional o extranjero se divierta. Eso no es, ni será, el Méxicoprofundo. El México eterno.

Tesis y antítesis sobre la contrarreforma

Gustavo Gordillo de Anda publicó un libro (1988), que contiene cuatro ensayos-dos de ellos publicados anteriormente y dos inéditos- sobre el movimientocampesino, de corte economicista, cuyo propósito primordial es el cambio estruc­tural de modos, medios de producción y representación campesina en la pro­ducción ejidal y en la propiedad minifundista.

Si bien la presencia de un número importante de organizaciones nacionalespor rama de producción reforzó su supeditación (sic) ahora sobre todo en re!a­ción con organismos económicos de! Estado -particularmente paraestatales-; ene! caso de sujetos de crédito de segundo y tercer nivel -uniones de ejidos y aso­ciaciones rurales de interés colectivo-, dado e! carácter multiforme de sus activi­dades productivas y su ámbito regional de acción, pudo avanzarse de maneralenta pero sostenida en su autonomía económica y política. 3]9

Según este autor algunas organizaciones campesinas proponen y luchanpor hacer realidad algunas propuestas alternativas en el funcionamiento de losservicios de apoyo al campo y en políticas de distribución del ingreso y de asig­nación de recursos en el medio rural.

El nuevo perfil de las organizaciones campesinas de acuerdo con lo ante­rior, puede quedar defmido en los siguientes enunciados que el autor propone:

319 Gustavo Gordillo de Anda, Estado, mercados y movimiento campesino, Plaza y Janés, y/o Plaza Valdés,México, 1998, pp. 122-128.

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1. La organización campesina es un proceso sustentado en la movilizaciónsocial. Entendiendo la movilización social como un estado permanente detensión y expresión de las potencialidades de la comunidad rural, sustenta e!proceso organizativo en un doble sentido. Por una parte, rompiendo inerciasexternas que se oponen a un proceso organizativo centrado en la autonomía delas organizaciones campesinas y que intenta desarticular los propósitos organi­zativos de los campesinos. Por otro lado, estableciendo un mecanismo internoautocorrector de posibles desviaciones tanto en e! manejo de recursos económi­cos como en los mecanismos democráticos para la toma de decisiones. En estaperspectiva es indispensable señalar que la movilización social en e! campo noes --como pretende una concepción usualmente difundida desde las posicionesconservadoras- un elemento exógeno al mundo rural, que introducen "desdefuera" agentes externos. Es, por e! contrario, un elemento constitutivo y siem­pre presente en las comunidades rurales. Frente a la aparente calma con la quese pretende pintar un mundo rural que invita a la somnolencia; lo que en ver­dad presenciamos en cualquier comunidad rural de cualquier parte de! país esuna intensa y compleja madeja de procesos sociales que hablan de la enormevitalidad de! movimiento campesino. Es esa vitalidad espontánea e inherente almundo rural la que puede y debe canalizarse en un sentido tal que apoye e!proceso organizativo de los campesinos.

2. El marco en e! cual se desenvuelve e! proceso de organización campesinaestá claramente volcado a la disputa por e! excedente generado en e! medio ru­ral. De acuerdo con este planteamiento se privilegia e! impulso y la consolidaciónde! proceso organizativo en el terreno de la producción rural, teniendo comoprincipal actor al campesino ejidatario, comunero y minifundista privado. Nose minimiza la importancia de la lucha reivindicativa de los jornaleros agrícolaspero en cambio sí se concibe la sindicación agrícola como una vía para la afecta­ción de! neolatifundismo y para la organización productiva de los jornaleros.Dicho de otra forma, no se acepta que sea inexorable ni deseable políticamentela descampesinización de la población rural. Este planteamiento tampoco dejade reconocer que la lucha por la tierra sigue siendo e! hilo conductor en lasmovilizaciones campesinas. Pero las experiencias recientes en e! movimientocampesino enfatizan fuertemente la necesidad de vincular la lucha por la tierra conla apropiación del proceso productivo y la necesidad de definir un eje orgánicoen torno al cual adquiera sentido y direccionalidad las diversas formas de lalucha campesina. Ese eje es, a mi entender, e! sistema ejidal y comunal. Lo ante­rior reconoce las enormes potencialidades que puede tener e! sistema ejidal paradisputar e! excedente generado en e! medio rural. Por ello se habla de! ejidotransformado para significar con esto un proceso de luchas políticas que lleva ala transformación de las prácticas económicas, políticas e ideológicas a su inte-

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rior; y por esa vía el replanteo de la inserción del sistema ejidal en la formaciónsocial mexicana.

3. El objetivo del proceso de organización campesina debe ser el controldel ciclo productivo en el medio rural. Se habla de ciclo productivo en el sen­tido amplio, abarcando eslabones hacia atrás como la producción de insumas yla experimentación agrícola; procesos de apoyo a la producción como el manejodel crédito, la asistencia técnica y la comercialización de productos agropecua­rios; y los eslabones hacia delante como la transformación agroindustrial. Paradisputar el excedente generado en el medio rural se requiere el control campe­sino del ciclo productivo; y ello a su vez exige autonomía técnica, autonomíacrediticia y autonomía comercial. No se pregona autarquía ni aislamiento delos mercados regionales; por el contrario se postula la necesidad de intervenirorganizadamente en el mercado. 320

El cuarto enunciado lo denomina "la constitución de organismos económi­cos alternativos son la base para constituir un poder campesino", cuyo propósitoes "que los productores rurales" accedan directamente "a la gestión de los proce­sos económicos y (sic) sociales que inciden en el medio rural". Para el autor losorganismos económicos alternativos a los organismos gubernamentales "son for­mas de ejercicio del poder popular y por lo tanto están impregnados por unfuerte contenido político". En suma: lo que se pretende es independizar -él lollama autonomía- a los productores rurales llámense ejidatarios, comuneros opropietarios minifundistas del Estado.

Previamente, Gordillo de Anda en su ensayo (capítulo 11) que denomina laalianza real del movimiento campesino con el Estado, desarrolla cuatro epígra­fes: a) la reforma institucional en la que propone modificaciones a la Secretaríade Agricultura, al Banrural y a Conasupo; b) la gestión social de la economíarural c) el perfil de las organizaciones campesinas que ya tratamos y d) un nuevomarco jurídico que revisaremos a continuación.

Para que se tenga una precisa idea del pensamiento de Gordillo de Andareproducimos sus argumentos de apoyo a sus proposiciones. Expresa el autor:

d) un nuevo marco jurídico. Cualquier transformación sustantiva del marcojurídico que regula las relaciones sociales en el medio rural tiene que enfrentarcomo problema esencial el enfrentarse al carácter tutelar de la legislación vigente.íntimamente vinculado con lo anterior está el conjunto de facultades discreciona­les con las que ha sido dotado el Poder Ejecutivo en materia agraria. El sentidofundamental de una reforma profunda a la legislación agraria congruente conel conjunto de propuestas anteriormente descritas trasladaría el carácter tutelarde la legislación agraria, del Poder Ejecutivo a organismos colegiados representa­tivos de las fuerzas sociales en el campo. Esencialmente porque se trata de

32°Ibidem, p. 127.

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operar un conjunto de transformaciones con el resto de la sociedad y por tantode enfrentar no sólo al conjunto de intereses que se desarrollaron al amparo deun modelo de desarrollo que supeditó y descapitalizó al sector rural, sino a unvasto dispositivo de prácticas institucionales que en su inercia social constituyenel más poderoso obstáculo a las transformaciones; por todo ello no puede de­saparecer -sino al contrario debe reforzarse- el carácter tutelar de la legislaciónagraria. Sin embargo, como ya se señaló, el carácter tutelar de la legislación agra­ria estuvo conceptualmente asociado a la idea de que el principio universal delderecho --capacidad jurídica igual- no sea aplicable al sector de pequeños produc­tores rurales -ejidatarios y comuneros, sobre todo- dado que se trataba de unestrato social con un estatuto jurídico similar al de los "menores de edad". Ensíntesis, el carácter tutelar del nuevo marco jurídico no estaría asociado a unapretendida incapacidad de los productores rurales para dirigirse, representarseo defenderse a sí mismos; sino ligado al propósito de empujar las transforma­ciones estructurales que se requieren en la sociedad rural a partir de garantizarla participación campesina en esa función estatal de carácter tutelar.

De acuerdo con esta visión y conforme a las reformas que se han propuesto,el nuevo marco jurídico estará definido por los siguientes elementos:

l. La existencia de dos órganos colegiados, con ramificaciones regionales, comomáximas autoridades en materia agraria y agropecuaria, que en este ensayo hedenominado Consejo Nacional de Planeación del Sector Agropecuario y CuerpoResolutivo Agrario;2. El encuadramiento jurídico de convenios de producción y productividad conlas organizaciones regionales de productores rurales que vinculen un paquetede apoyos y subsidios gubernamentales con determinadas metas de produccióny de productividad.3. La ampliación jurídica del concepto de ejido y comunidad, de una unidad parael usufructo de la tierra al de una unidad de producción compleja que articulaprocesos agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales, y comerciales, y con­secuentemente la modificación del estatuto jurídico del ejidatario o comuneroestableciéndolo no en función a la posesión de una parcela sino a la pertenen­cia a una unidad de producción, independientemente de la actividad productivaque desempeñe dicho ejidatario o comunero.4. Un marco de reglamentación jurídica apropiada para hacer operativa el aspec­to básico del desarrollo rural que se propone: la satisfacción de las necesidadesbásicas de la población rural.5. El establecimiento de mecanismos concretos para la reconstitución interna delejido y comunidad en tanto unidad de producción bajo el concepto de explota­ción combinada -que asocie áreas de producción colectiva con áreas de pro­ducción privada, sobre todo para el autoconsumo y áreas de propiedad personal,como por ejemplo el disfrute de algunos satisfactores básicos;

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6. La priorización y el énfasis del mecanismo de ampliación de ejido o comuni­dad para el reparto agrario subsecuente en la intención de evitar la pulverizaciónde la tierra ejidal y comunal;7. Un cuerpo único de figuras asociativas entre ejidos, comunidades y pequeñospropietarios minifundistas, con capacidad jurídica para intervenir en los diver­sos procesos productivos, en un esquema flexible para garantizar su adecuacióna las circunstancias regionales. 321

Desde luego encontramos una falta de conocimiento jurídico constitucio­nal sobre lo que significan las garantías sociales y la propiedad social enmarcadaen el sector social de la economía. Debemos recordarle que nuestra Constitu­ción desde sus orígenes, estableció las garantías sociales en sus artículos 30.,27, 123 Y 130, encargando de su tutela o sea de su estricto cumplimiento alEstado, por lo que es engañoso denominar a la legislación agraria yagropecua­ria como problema esencial por su carácter tutelar. Gordillo estaría aprobado eneconomía neoliberal y reprobado en historia constitucional de México. ¿Trasla­dar el carácter tutelar de la legislación agraria "del Poder Ejecutivo a organismoscolegiados representativos de las fuerzas sociales en el campo"? --como proponeel autor- es una complicidad manifiesta con el neoliberalismo y la globaliza­ción, pues las fuerzas sociales ayer y mucho más hoy, están representadas porlos propietarios medianos y neolatifundistas. Es mandar a los ejidatarios, comu­neros y propietarios minifundistas a que caigan, como moscas, en las telarañasdel capitalismo salvaje y de las fuerzas del mercado, prioritaria tesis de la nuevasociedad que proclaman los economistas "colonizados".

Dice Gordillo en un máximo esfuerzo por ocultar su verdadera ideología:

Esencialmente porque se trata de operar un conjunto de transformaciones estruc­turales al interior del sector -léase social- y en sus relaciones con el resto de lasociedad y por tanto de (sic) enfrentar no sólo al conjunto de intereses que sedesarrollaron al amparo de un modelo de desarrollo que supeditó y descapitali­zó al sector rural, sino a un vasto dispositivo de prácticas institucionales que ensu inercia social constituyen el más poderoso obstáculo a las transformaciones;(sic) por todo ello no puede desaparecer -sino al contrario debe reforzarse- elcarácter tutelar de la legislación agraria.

El lector puede apreciar un método de conocimiento, afirmación y contradic­ción que supera por la ocultación del verdadero pensamiento, de la verdadera ypersonal ideología, tal vez, para ser más preciso, del discurso vergonzante conpretensiones de ensayo, la verdadera intención del autor. Este es un atributo queFromm definió como el mercado de la personalidad: "El hombre se ha converti-

321Ibidem, pp. 128-129.

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do en una mercancía... Su propósito es llegar a ser un éxito, no como ser hu­mano, no desarrollando su razón, su cariño y sus capacidades artísticas, sinodesarrollando la clase de personalidad que esté en demanda en el mercado dela personalidad."

En junio de 1991, Gordillo de Anda, quien terminó sus estudios de econo­mía en el Centro Universitario (sic) Experimental de Vincennes, Sorbona de París,Francia -{)tro país capitalista de los "siete grandes"- publicó conjuntamente conJonathan Fax un libro en que señala: "Esta edición fue posible gracias a una dona­ción de la Fundación Interamericana." Yo pregunto: dinero de Estados Unidoso de Francia; pero sobre todo, ¿con qué propósitos? La edición es de junio de1991. Veamos que dice Gordillo, empalmado con Jonathan Fax:

¿Quién debe dominar la distribución de recursos: el Estado, o el mercado?Esta pregunta se ha hecho presente en mucho tiempo en las discusiones sobreel desarrollo de México. Desde 1968, un gran número de componentes socialeshan aumentado su capacidad para articular sus intereses con autonomía relativadel Estado, desafiando así su monopolio tradicional y las "reglas del juego" parala toma de decisiones políticas, sociales y económicas. Este estudio demuestracómo los campesinos mexicanos han intentado democratizar el proceso de de­sarrollo rural cambiando sus términos de comercialización tanto con el Estadocomo con el mercado, mediante la creación de iniciativas económicas más re­presentativas y autónomas.Interpretaciones convencionales de los movimientos sociales mexicanos presen­tan como dos categorías excluyentes entre sí a la "oficial", o controlada por el go­bierno, y a la "independiente", comúnmente vista como una oposición abierta algobierno. Los cambios en el movimiento campesino en los años ochenta hi­cieron obsoleto este enfoque antagónico. Las acostumbradas fuerzas de repre­sión y coacción del Estado continuaron dividiendo y conquistando los movi­mientos sociales, en particular al campesinado; no obstante, este estudiosugiere la pertinencia de analizar las organizaciones sociales mexicanas en unmarco de referencia en el cual los grados de autonomía son la fórmula crucial.La "autonomía" es un concepto relativo que se define aquí como la capacidad deun grupo para tomar decisiones internamente, sin intervención externa, respectoa medios y fines. Bajo este criterio, la independencia organizativa evidente re­presenta un extremo dentro de toda una continuidad, una opción política tomadapor agrupaciones rurales que tienen una autonomía elevada frente al Estado,aunque no necesariamente en relación con los partidos políticos de oposición.¿Cuáles son las principales características del movimiento campesino mexicanoa mediados de los años ochenta y cuáles son sus perspectivas de participar en elproceso de desarrollo? Mientras las decisiones para el desarrollo nacional sigandando prioridad a la restauración de la confianza al inversionista privado, vir­tualmente no habrá espacio político alguno para expander la redistribución de latierra a gran escala, aun cuando la población desposeída de tierra sea en la actua-

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lidad mayor que cuando estalló la Revolución de 1910. Los principales partidosde oposición actúan en su mayoría en zonas urbanas, y las organizaciones cam­pesinas más independientes son débiles y están divididas (con algunas excepcionesregionales). Es por ello que muchos observadores concluyen que, en esencia, noexisten en el horizonte del movimiento campesino mexicano perspectivas posi­tivas. Desde principios de los años setenta, sin embargo, las grandes moviliza­ciones campesinas, con fuerte apoyo de sus bases, han creado un importante es­pacio político para la consolidación potencial de un "sector democrático-social" deempresas rurales de autogestión. Muchas de estas empresas se limitan a proce­sar y vender sus cosechas, pero otras se benefician con los productos y serviciosa los campesinos sin tierra y extremadamente pobres de sus mismas comuni­dades. Dadas las restricciones impuestas por la crisis, creemos que las perspec­tivas futuras de las fuerzas políticas campesinas representativas de la consolida­ción de una base material relativamente autónoma que permita la articulacióny defensa de los intereses del campesinado tanto frente al Estado como frente almercado. Este estudio comienza con un esbozo general de la relación entre elsector sociorrural y la crisis económica nacional en las últimas décadas de interac­ción del movimiento Estado-campesinado. El análisis se ocupa de las estructu­ras de poder regional, el incremento de la movilización campesina a principiosde los años setenta y el variable terreno de conflicto en los años ochenta. 322

El lenguaje económico es realmente suigeneris, en especial el idioma habla­do o escrito cuando se maneja desde una ideología tecnocrática neoliberal, máscomúnmente llamada capitalismo liberal. Pero tarde o temprano se manifiestanclaramente de acuerdo a los propósitos de sus autores y su afanosa búsqueda porrealizarlos. En síntesis: de lo reproducido anteriormente, debemos saber lo queocultan las máscaras. Gordillo de Anda publicó un artículo en el diario LaJor­nada el 8 de noviembre de 1991, que por su claridad comprometida, bien valereproducirlo en sus términos:

La reforma al 27 constitucional que propone el presidente Salinas al H. Con­greso de la Unión, condensa en una iniciativa la reforma política, la reformaeconómica y la reforma social más profunda de las últimas décadas. En ella sereconoce que el verdadero dilema no es entre privatización o mayor estatiza­ción del ejido, sino entre el ejido como aparato de control y el ejido comoórgano de representación campesina. Entre los puntos concretos de la reformase incluyen los siguientes: fin del reparto de tierras; elevación a rango consti­tucional del ejido y la comunidad indígena; distinción de los tres componentesbásicos del universo ejidal -asentamiento humano, parcela y propiedad encomún-; libertad de elección del ejidatario y de los pueblos que integran al

321 Jonathan Fax y Gustavo Gordillo, "Los nuevos sujetos del desarrollo rural", Cuadernos Desarrollo deBase, núm. 2, México, junio de 1991. vv.AA., Entre el Estado y el mercado: perspectiva para un desarrolÚJrural autóno11W en el campo mexicano, ADN Editores, pp. 49 Yss.

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ejido; apertura a las formas de asociación y pleno reconocimiento de la autori­dad del núcleo ejidal para determinar, en los casos que proceda, conforme a lalegislación secundaria, el dominio del ejidatario sobre su parcela. De esta formase vincula libertad con justicia para inaugurar el discurso de la autonomía cam­pesina. Se concibe, con razón, que no puede haber libertad plena si no hayjusticia, cuando expresamente se señala en la exposición de motivos: "Sostene­mos el ejercicio de la libertad, pero éste jamás puede confundirse con la carenciade opciones... Se crearán las condiciones para que la oportunidad no se confundacon la adversidad." En una concepción congruente con el liberalismo socialmexicano, al establecer los tres componentes del todo ejidal, se proyecta la liber­tad en sus dos acepciones profundas: libertad individual sobre la parcela y libertaden colectividad sobre el conjunto de la propiedad social de la cual la parcelaforma parte.La modernización del país exige no sólo madurez en los debates, sino sobretodo transparencia. Siempre ha de preferirse la exposición pública de las ideas.Por mi parte esa ha sido mi norma. Cuando en estas mismas páginas expuse(6 de julio de 1988) las razones de mi voto por Salinas, expresé mi convenci­miento en el cambio concertado que se requería para transformar al país, sinabjurar de mi pasado y reivindicando mi trayectoria política (?). Con ese mis­mo espíritu animo estas líneas. El exponer mi tesis públicamente, y no en lossótanos ocultos del doblez y la intransigencia, me permiten afirmar hoy que elrégimen, a través de su iniciativa, reconoce la necesaria autonomía de los ejida­tarios por sobre la injerencia estatal en la vida interna del ejido, lo que sin dudaredundará en una efectiva apropiación campesina del proceso productivo yenla reconstrucción del ejido como órgano de representación campesina. Tesistodas ellas planteadas hace mucho y respecto a las cuales no tengo duda de suvigencia. Encuentro que la iniciativa de ley propuesta por el Presidente contie­ne dos temas torales en la transformación democrática del campo: la búsquedade la liberación del campesino y el imperio de la justicia en el medio rural. Porotro lado siempre he creído, como muchos otros compañeros, en la libertaddel ejidatario. Nunca hemos considerado a los campesinos menores de edad ociudadanos de segunda. Y hoy que se abre la puerta a la libertad plena delcampesino, estoy convencido que la aprovecharán al máximo para consolidarlo que han ganado. El eje de las movilizaciones campesinas ha sido la conquistade la libertad y la justicia. Hoy la defensa del ejido significa simultáneamentela conquista plena de su libertad y la preservación de la propiedad social. Esasson, a mi entender, las tareas actuales elel movimiento campesino.Concluir el reparto agrario no finaliza la reforma agraria. La superación delrezago agrario y la titulación de los derechos sobre la tierra, plenamente estable­cidos y documentados, es un acto de justicia que inicia una nueva etapa de lareforma agraria. La definición hecha por Soto y Gama del ejido como propiedaden común con disfrute privado, en la práctica significó propiedad jurídica delEstado, con posesión restringida de la comunidad y usufructo privado. Hoy lapropuesta de ley le reconoce rango constitucional a La propiedad ejidal y comu-

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nal, como propiedad colegiada -porque es una propiedad plena que ejerce ensu conjunto-, con disfrute privado -porque permite el control de su parcela al eji­datario- y apropiación social -porque crea las condiciones para que el núcleoejidal, incluyendo a los avecindados, pueda apropiarse de sus actividades produc­tivas y de los excedentes que genera. Al ejido y a la comunidad se les reconoceconstitucionalmente no por capricho, sino porque son propiedad social. Esdecir, una forma democrática de la propiedad. En 1988 publiqué un libro titu­lado Campesinos al asalto del cielo, al cual le puse por subtítulo De la exprf1Jiaciónestatal a la aprf1Jiaeión campesina. Narré en pocas páginas la enorme hazaña delos ejidos colectivos del sur de Sonora. Dije entonces: Reconstituir al ejido comoórgano de representación campesina, profundizar el control social de los campe­sinos sobre sus vidas y su ciclo productivo, trasladar áreas de actividad guber­namental a la autogestión de los productores, negociar recursos presupuestales ydefinir nítidamente el sacrificio que la crisis impone a los distintos agentes so­ciales, pactar una agenda de transición hacia una nueva organicidad del movi­miento campesino, liberar al medio rural de la camisa de fuerza corporativa paraliberar potencialidades humanas, reconocer la expresión electoral del campesi­no, este es para mí el contenido concreto de la democracia en medio rural. Hoy loreafirmo.

Reproducido lo anterior, comentaremos estas afirmaciones con el ánimode criticarlas y de reafirmar nuestra personal ideología agraria.

1. Dice el autor que la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional "con­densa" la reforma política, la económica y la reforma social, reconociendo eldilema entre el ejido como aparato de control y el ejido "como órgano de repre­sentación". Yo sólo comento que la iniciativa de Salinas de Gortari, con sumarcada ideología desnacionalizadora -sobre todo neoliberal y globalizadora­privatizó la propiedad social; destruyó una garantía social constitucional y abrióla propiedad ejidal y comunal a la inversión extranjera.2. Que el autor Gordillo de Anda afirme que "de esta forma se vincula libertadcon justicia para (sic) inaugurar el discurso de la autonomía campesina", es tantocomo afirmar que a partir de esta iniciativa se estrenó la perorata neoliberal yentreguista, la prédica convenenciera a favor del capitalismo feroz.3. En un afán infortunado, justifica la serie de falsedades que Salinas de Gor­tari siempre usó como alegato de sus acciones presidenciales; Gordillo deAnda defiende y confirma estas trápalas al decir que todo es congruente con el"liberalismo social mexicano al establecer los tres componentes del todo ejidal,se proyecta la libertad en sus dos acepciones profundas: libertad individual sobrela parcela y libertad en colectividad sobre el conjunto de la propiedad social de lacual la parcela forma parte". Es decir, justifica plenamente el mercado de la tierracomo consecuencia de la privatización.4. Expresa este autor: "Hoy la defensa del ejido significa simultáneamente laconquista plena de su libertad y la preservación del (sic) de la propiedad social",

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afirmación que implica sostener que privatizar el ejido y meter la tierra al co­mercio, es conservar libertad del ejidatario y también conservar la propiedadsocial, lo cual me parece un contrasentido.5. Gordillo de Anda hace consistir la nueva etapa de la reforma agraria en "lasuperación del rezago agrario y la titulación de los derechos sobre la tierra", locual fue tarea continua de programas específicos de los gobiernos revoluciona­rios como ya hemos visto. Es evidente que la dupla tecnocrática y neoliberal seinteresó en estos aspectos de la reforma agraria, pues al derogar los derechos yacciones básicas agrarias -dotaciones, ampliaciones, etcétera- les urgió consolidarla propiedad privada de la tierra ejidal con sus títulos, para hacerla entrar alcomercio inmobiliario y a formas de asociación mercantil con compañías ysociedades, que aceptan capital extranjero.

Otro personaje respetable, antropólogo social, el doctor Arturo WarmanGrij, ex secretario de la Reforma Agraria, neoliberal y por supuesto defensor aultranza de la contrarreforma tecnocrática, en un artículo publicado el 8 de mar­zo de 1994 en el diario LaJornada, sección "Perfil de la Jornada", visiblementeindignado por el levantamiento armado del comandante Marcos en Chiapas ypor las críticas justificadas que se publicaron en contra de las reformas al artícu­lo 27 constitucional, arremete contra los inconformes fustigándolos de estamanera:

En las últimas semanas y sobre todo a partir de los acontecimientos en Chiapasse han escuchado voces que piden en los medios de información, la derogaciónde las reformas al Artículo 27 constitucional de enero de 1992. Esas opinionesconcertadas no están afinadas: no coinciden en sus razonamientos yapreciacio­nes. Con frecuencia se pide el cambio a la legislación argumentando supuestosque no corresponden a lo que establece el Artículo 27; en casos extremos quie­nes piden la derogación -esto es la vuelta a la redacción previa del Artículo 27­justifican su posición oponiéndose precisamente a las partes en que el 27 no semodificó, como por ejemplo los límites a la pequeña propiedad; no es excepcionalque se ataque al nuevo ordenamiento porque se le atribuyen o suponen propó­sitos contrarios a los que en él se establecen de manera explicita e ineludible. Llamala atención que casi sin excepción esas posiciones carezcan de propuestas, deiniciativas para mejorar, para llevar más y mejor justicia al campo nacional.Todo lo contrario, como los cangrejos, para atrás: por la derogación, por volvera donde estábamos. No hay solidez ni consistencia en muchas de las opinionesque se escuchan, por lo que resulta sorprendente que todas consideren a laredacción previa del 27 como el ordenamiento perfecto: el paraíso perdido. Abun­da la falta de información, el desconocimiento sobre el nuevo marco jurídico, laopinión caprichosa cargada de nostalgia por un pasado imaginario. Puede serútil en estas circunstancias pasar revista al origen de la reforma, a su contenidopreciso y sus propósitos.

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Haremos algunos comentarios sobre este agresivo y convenenciero verba­lismo de Arturo Warman. En primer término es falso que no se modificó laextensión de la pequeña propiedad agropecuaria y forestal como afirma, puesahora las sociedades mercantiles por acciones y las sociedades civiles -que pue­den tener capital extranjero en 49 por ciento- son capaces legalmente de tener25 veces la superficie de la pequeña propiedad, es decir 2,500 hectáreas de riego;antes era de 100 hectáreas de esa misma calidad y así sucesivamente hasta llegara 20,000 hectáreas de bosques; antes el límite era de 800 hectáreas. Se podrá decirque la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal quedó dentro de sus lími­tes y que sólo la propiedad tipo plantación poseída por estas sociedades (mercanti­les y civiles) alteró la extensión. Quien lo haga justificará la contrarreforma agra­ria en sus varias expresiones rurales. No sólo modificó la estructura agraria delpaís, del México revolucionario e histórico al agregar a la tenencia de la tierra unanueva forma agrícola ganadera y forestal, propiedad de esas compañías mer­cantiles sino que ahora se suma la tenencia -propiedad- ejidal, comunal y de lapequeña propiedad, siendo cuatro las dichas propiedades. Antes, la fracción IVdel artículo 27 constitucional revolucionario prohibía que las sociedades comer­ciales por acciones pudiesen "adquirir, poseer o administrar fincas rústicas". DiceWarman que está sorprendido y le llama la atención que "casi sin excepción esasposiciones -se refiere a las críticas contra la reforma del artículo 27 constitucio­nal- carezcan de propuestas, de iniciativas para mejorar (sic) para llevar más ymejor justicia al campo nacional". ¡Qué barbaridad desnacionalizadora! Ademásy por si fuera poco, nos califica como "cangrejos, para atrás: por la derogación,por volver a donde estábamos" -según él- al "paraíso perdido". Para rebatir a tanilustre intelectual podría escoger otro animal, no necesariamente crustáceo, porque "cangrejo" tiene otra acepción o alcance en Yucatán. Que por las de ideasprogresistas hayamos perdido el "paraíso"; depende de cuál paraíso se refiereWarman Gryj, ¿el extranjero?, ¿el neoliberal? ambos defienden rabiosamente elantiMéxico. ¿Nostalgia por un pasado imaginario? Bueno, como comprenderáel lector, para nosotros, hombres mexicanos, de ideología revolucionaria -ahinitio-; pero sobre todo, críticos y actuantes en el Congreso de la Unión mexica­no, en nuestros artículos periodísticos, en nuestros libros; pero también en lacátedra universitaria ganada, no por designación, sino por oposición -hemos yseguiremos haciendo la defensa del camino propio; del proyecto histórico, actual,del pueblo mexicano- no extranjero -a pesar de las presiones de los países hiper­industrializados-; no de los inventos, las doctrinas, las justificaciones o testi­monios de los "convenencieros intelectuales", que han encontrado el "paraísoperdido", al ser designados por el duplado neoliberal y entreguista, secretariosde la desaparecida Secretaría de la Reforma mexicana revolucionaria, que actual­mente su función se reduce a la venta de terrenos ejidales; apoyando, por "costoseconómicos" y por compromisos extranjeros, la pérdida de estímulos, apoyos,

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subsidios y, lo que es peor, desmantelando, privatizando, instituciones de respal­do a la producción agropecuaria y forestal. Estos hechos evidentes, que docu­mentaremos más adelante comprueban, fehacientemente, la dependencia a lospaíses de agricultura industrial -que hemos visto antes- y relegan en aras delmercado a millones de pobres campesinos que para ellos no cuentan.

Warman Gryj, a quien Gordillo de Anda señala como su padre intelectualy junto con Cassio Luiselli, sus "ángeles de la guarda", continúa el artículo quecomentamos expresando que no se debe olvidar la génesis de las reformas delartículo 27 constitucional-reformas neoliberales- que se llevaron a cabo median­te tres procesos: "un diagnóstico de la situación en el campo mexicano, un diá­logo con los grupos y organizaciones involucradas y un debate público en losmedios de información (?), así como en los procedimientos legislativos requeri­dos para una reforma constitucional.

Por lo que se refiere al diagnóstico, que se construyó de manera pública y plu­ral en un largo proceso de reflexión y debate, destaco los siguientes puntos: en elcampo vive y trabaja la cuarta parte de los mexicanos, pero el valor de lo que ellosproducen es apenas la treceava parte del producto nacional. La combinación seresuelve como pobreza, estancamiento y deterioro. El campo está pobre entérminos absolutos y también cuando se le compara con otros sectores de laactividad económica. Casi las tres cuartas partes de los mexicanos en pobrezaextrema -que se define por la satisfacción inadecuada de los requerimientos nu­tricionales y nada más- viven y trabajan en el campo. Esta situación no esnueva. El crecimiento de la producción agropecuaria a partir de 1970 ha sidoinferior al incremento demográfico nacional y también al incremento de lapoblación rural. Desde entonces el sector rural se empobrece gradual y conti­nuamente, se separa de otros sectores y actividades, se debilita. El campo estádiferenciado internamente con mayor agudeza que otros sectores y que el con­junto de la sociedad. El efecto de la prolongada crisis se acumula sobre loscampesinos pobres, la gran mayoría del sector rural. Muchos de ellos son indí­genas, los pobres entre los pobres. El combate a la pobreza y deterioro ruralson la principal motivación del cambio a la legislación, que es apenas uno delos componentes de la transformación integral que el campo exige.

Este mismo diagnóstico (más dramático) se puede hacer de la situación queestá viviendo el campo después de 12 años de aplicación de la contrarreformatecnocrática neoliberal, lo que demuestra su inutilidad. Que el diagnóstico se"construyó" de manera pública y plural "en un largo proceso de reflexión ydebate", esto sólo pueden afirmarlo quienes lo hicieron. Lo que callan por noconvenir a sus intereses es que Salinas de Gortari había recibido instruccionesde sus jefes del Banco Mundial -véase supra- sobre las reformas que se tenían quehacer en el agro mexicano. La pretendida consulta fue el pretexto para justificar

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lo que se hizo, o como dijo un ranchero: para darle sabor democrático al caldo.Todo estaba cocinado previamente; y continúa Warman Gryj:

La organización de los campesinos ejidatarios, sometida por la ley a autorida­des administrativas, perdió iniciativa, fuerza y autonomía. La relación entre loscampesinos y el Estado se volvió clientelar y populista. Sus intermediarios lucra­ron y se apoderaron de la representatividad y poder político en su beneficioparticular. La participación política del campo descendía en proporción y calidadhasta quedar como un apéndice de otros intereses y sectores. La exclusión, si­lencio e indiferencia cercaban al campo, lo relegaban en la agenda nacional. Elpropósito eminente de la política agropecuaria, la autosuficiencia, se perdiódesde 1970 (falso). Los sistemas públicos de apoyo al campo favorecieron la con­centración económica y geográfica. Las burocracias crecieron pero no la atenciónni los servicios (falso). Los precios de garantía, el apoyo más cuantioso, querecibían muy pocos productores, acabó por elevar el precio de los alimentos paralos residentes y trabajadores rurales más pobres que no tenían acceso a los sub­sidios urbanos (qué talante). El crédito y el seguro altamente concentrados (enquién) no promovían la producción, la simulaban. El campo fue más un pre­texto que un propósito (clásico neoliberal). Todos participaron en ese encubri­miento. Así era el paraíso perdido al que nos proponen regresar. Todo esosucedió bajo la ley que sirve de pretexto a la nostalgia y añoranza. Esa ley, ensí misma, fue buena en su momento, pero se había vuelto extemporánea, so­brevivió a su tiempo y circunstancia. Debió haber cambiado antes (qué buenoque no cambió). No sucedió por muchas y complejas razones, con frecuenciaajenas a la demanda y a la aspiración campesina (aquí el autor se considera elconsejero predestinado). El diagnóstico, ampliamente compartido, concluíaque los parches y remiendos ya no alcanzaban para cubrir las desgarraduras (queocasionó la contrareforma neoliberal). Era indispensable un cambio profundoy radical. Ese es el origen de la reforma al Artículo 27.

Estos y otros más, son los argumentos justificativos del ex secretario de laReforma Agraria que proclaman a los cuatro vientos el nuevo paraíso neoliberalagrario y dentro de él la verdadera justicia y libertad de los productores agrope­cuarios. En nueve años de aplicación y vigencia de este edén redentor, creció ycontinuarán creciendo los índices de pobreza y de pobreza extrema en nuestropaís; se ha perdido la independencia alimentaria -autosuficiencia- y acrecenta­do, por virtud de TLC, la importación de granos básicos, carne y otros produc­tos en provecho de los productores vecinos anglosajones. El campo mexicanoestá lleno de desaliento y frustración; pero entiéndase bien, no sólo ejidatarios,comuneros y propietarios minifundistas, sino también agricultores medianos ygrandes, por todo lo que el duplado tecnocrático neoliberal--entiéndase Salinasy Zedillo- han hecho al quitar apoyos, estímulos, subsidios y otros medios deestímulo para este sector.

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Otro personaje, doctor en economía agrícola, que fuese coordinador ejecu­tivo del Sistema Alimentario Mexicano 1979-1982, calificado por Gordillo deAnda -junto con Arturo Warman- como "sus ángeles de la guarda", Cassio Lui­selli publica un ensayo interesante y propositivo sobre lo que significa el nuevomarco normativo agrario; sin actitudes soberbias, con sencillez, al decir:

Hasta cierto punto vamos a tierra incógnita, pero partimos de una situaciónconcreta y harto conocida: Nuestra dispar estructura agraria. Tomemos tres desus rasgos centrales para definirla y considerarla como punto de partida. Estostres rasgos dominantes están orgánicamente vinculados y son: la persistenciade una estructura agraria marcadamente polarizada o bimodal, en medio de unagran pobreza campesina; la prevalencia del minifundio como la forma de orga­nización productiva generalizada del campo mexicano, y el hecho de que el mayorcontingente de campesinos del país está conformado por jornaleros sin dere­chos establecidos sobre la propiedad de la tierra. Es solamente a partir de estasituación estructural real que debemos intentar visualizar nuestras opciones ysoluciones futuras. 323

Al analizar la bimodalidad expresa que nuestra estructura agraria se com­pone de dos:

subsectores claramente diferenciados: por un lado un sector relativamente pe­queño pero creciente de agricultura comercial, conformado por productoresmedianos y grandes, relativamente bien integrados en sus cadenas productivas yque han aprovechado bien las oportunidades del mercado interno y externo.Por otro lado, un polo que podemos llamar el núcleo campesino, que conformael mayor conglomerado de productores del campo, generalmente asentados enzonas de minifundio y de menor capacidad agrícola, con escaso acceso al crédi­to e insumas modernos. Son productores sobre todo de maíz, frijol y alimentosde consumo popular.

Señala este autor que el núcleo campesino se compone de 18 millones depersonas yen ellos se registra el segmento más pobre de nuestra sociedad; don­de viven son zonas de gran pobreza. Por lo que respecta al minifundio que Lui­selli define como superficies menores a cinco hectáreas, existen más de dosmillones de unidades de producción. Asimismo existen más de tres millones dejornaleros agrícolas "que no cuenta con derechos de propiedad ni laborales per­manentes". Este diagnóstico del cual parte su autor para encontrar una estructuraagraria unimodal en que las diferencias entre grandes productores y pequeños no

323 Cassio Luiselli Fernández, "Los desafíos del nuevo marco normativo agrario", Estudios Agrarios,Revista de la Procuraduría Agraria, núm. 2, enero-marzo de 1996, pp. 40 Yss.

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sean tan marcadas y sean más parejas lo conduce a proponer tres elementos cen­trales de estrategia hacia la unimodalidad: "Primer frente estratégico: estimulara las pequeñas unidades de producción"; segundo frente estratégico: un progra­ma masivo de combate al minifundio y tercer frente estratégico: alentar el sur­gimiento de un nuevo ejido.

Me parecen interesantes sus proposiciones, aunque no estoy del todo deacuerdo con él. En primer lugar porque en su primera estrategia deja de lado,en los estímulos que propone para las pequeñas unidades de producción o seansuperficies mayores a cinco hectáreas, al minifundio; en segundo lugar porquepropone un programa masivo de combate al minifundio, que es la forma de explo­tación agrícola en el campo mexicano más común, sin apreciar aunque sea enforma transitoria, que ese minifundio que no produce en forma redituable sirvepara el autoconsumo, para la sobrevivencia de cientos de miles de campesinos.Esto por ningún motivo significa que yo esté de acuerdo con esta forma detenencia de la tierra que se ha producido por la presión demográfica sobre nues­tros recursos y la lentitud en los procedimientos agrarios redistributivos, sinoporque se condena implacablemente a estas unidades familiares a una muertelenta. Al desaparecer, engrosarán los ejércitos de la pobreza extrema al no tenercabida en otros sectores de la economía.

Segundo. Estaría de acuerdo con Luiselli en las medidas que propone paraevitar que sigan creciendo los minifundistas; que se titulen las tierras a todos lospequeños propietarios y se entreguen títulos parcelarios a los ejidatarios; peroque también se haga con los propietarios minifundistas a quienes no se puededejar abandonados a su suerte; sería una injusticia social cometida en aras deuna agricultura redituable. Estoy de acuerdo en que se declare de interés públi­co la preservación de la pequeña propiedad y exista prohibición de subdividir­la en extensiones menores a cinco hectáreas y otras medidas dictadas con elmismo fin.

En tercer lugar porque considero que el minifundio con apoyos, estímulosy sobre todo con técnica apropiada puede producir más y llegar a tener exceden­tes. En Japón el promedio de la agricultura intensiva es de 4 a 10 hectáreas porfamilia y su producción selectiva, con todos los aportes de la tecnología modernay organizados los productores en cooperativas agrícolas, tienen una producciónredituable que mantiene a una familia. Que no se diga que las tierras donde estánasentados los minifundistas son improductivas, sin vocación agrícola, porquesería una mentira, pues ahora el factor tierra ha pasado a segundo lugar; hoy sepuede producir en recipientes o camas de cemento con suelo de virutas de fierroo piedras (hidroponia); lo importante son los nutrientes, los fertilizantes, losinsumas y el agua.

Yo no diría en forma concluyente que el minifundio es la "peste negra" dela economía agrícola moderna, también llamada agricultura comercial. Quienes

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así piensan y usan el método comparativo entre ambas formas de producción, sequedan tan sólo en uno de los factores que es la extensión del predio que ocupaal 70 por ciento de los productores de la agricultura de subsistencia o agriculturatradicional de México. Sería otro más de los errores del neoliberalismo y la eco­nomía de mercado olvidar a los propietarios minifundistas de los programas deestímulo y apoyo a este tipo de producción. Si ellos representan el 70 por cien­to de la forma de explotación agrícola caracterizada por el autoconsumo, elarraigo a la tierra y algo de excedentes para el mercado local, es obligación pro­tegerlos. Se quiera o no, debemos aceptar que también representa a la forma deproducción social en el campo cuyas motivaciones están alejadas de la produccióncapitalista cuyo objeto principal es el lucro individual o empresariaL ..

En cuarto lugar, difiero del autor cuando sugiere en el tercer frente estra­tégico: ''Alentar el surgimiento de un nuevo ejido" como lo más importante desu propósito unimodal, crear un nuevo ejido mediante la desaparición del órga­no -él lo llama superestructura- del Comisariado Ejidal que representa al ejidoy en el desempeño de sus funciones es supervisado por el Consejo de Vigilan­cia. El salto que propone Luiselli Fernández es pasar del antiguo comisariadoa las pequeñas empresas o unidades de producción (a partir de las parcelas deproducción unifamiliares) que en su seno se formen. Esto es una utopía o undespropósito frente a la realidad social y económica de nuestro país, y lo es máscuando la contrareforma tecnocrática neoliberal destruyó una de las garantías so­ciales de la Constitución, aniquiló la propiedad social de la tierra y convirtió alejido y a sus parcelas en propiedad privada individual dentro del comercio faci­litando además la desaparición de las tierras de uso común. Anteriormente la LeyFederal de Reforma Agraria, vigente hasta febrero de 1992, contenía varioscapítulos sobre la organización económica del ejido; sobre producción, crédi­tos, comercialización, fomento de industrias rurales, etcétera. Sin embargo, se tuvoque orientar constantemente a los ejidatarios para lograr la constitución de em­presas ejidales para la explotación de sus recursos. Un buen número tuvieronéxito y otras fracasaron. El obstáculo principal que se encontró fue la descon­fianza y el egoísmo en sus múltiples formas, además de variadas dependenciasque intervenían en su funcionamiento. Las empresas ejidales de éxito, esto es, quedemostraron producir un excedente económico acumulable, lo vieron dismi­nuido al quedar en manos de intermediarios y de otros agentes económicos conlos que tenían intercambios.

Al convertirse en propietarios privados de sus tierras o de sus parcelas, quesegún los neoliberales los ha hecho libres e independientes, los ejidatarios que ensu mayor número no tienen información, conocimiento y prácticas empresa­riales se encuentran desconcertados. Al cambiar del Comisariado Ejidal, contodos los defectos que hayan tenido, al Consejo de Administración Empresarialo bien a unidades de producción que al interior del ejido se formen -como pro-

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pone Luiselli- será tanto como ejecutar, sin el debido conocimiento y prepara­ción, un triple salto mortal.

Definitivamente minifundio no es la peste negra de la economía agrícolacomercial, pues emplear el método comparativo es quedarnos sólo en el tamañoo extensión del predio en la agricultura de subsistencia o agricultura tradicio­nal, sin detenernos a analizar otros factores que podrían ser más importantes.

Finalmente, Cassio Luiselli Fernández, publica el 4 de julio de 1999, en eldiario El Universal, un artículo que entre otras afirmaciones, siete años despuésde vigencia de la contrarreforma agraria tecnocrática neoliberal de la duplada;nos dice:

Seamos claros: La ley de 1992 dejo sin resolver muchos problemas, pero encarócorrectamente una de las más perniciosas mentiras implícitas en la legislaciónagraria anterior. El mito, dañinamente perpetuado por décadas, de que el repar­to agrario, legalmente instituido en un proceso abierto y permanente, podríaextenderse ad inftnitum. Simplemente, al haberse agotado (quizá desde finesde los años cincuenta) la tierra repartible, apta ecológica y económicamente, elproceso agrario de dotación-restitución debió concluir. Pero al continuar, el re­parto en la inmensa mayoría de los casos, se convirtió en demagogia: se dota­ron eriales, selvas y zonas urbanizadas o simplemente se repartieron promesasque nunca se cumplirían: "derecho a salvo", como se les llamaba piamente. Esotrajo consecuencias muy negativas: El proceso agrario se convirtió en una colo­sal simulación y en una verdadera fábrica de minifundios, con su devastadorasecuela de pobreza, erosión y deforestación. De tanto esperar, los ejidatariostitulares de derechos se hicieron, literalmente, viejos e improductivos. Por esoes correcto que el reparto como proceso abierto se haya terminado y que lasaspiraciones agrarias de justicia y reparto, que las sigue habiendo y muchas, setramiten ahora por la vía de tribunales. También es muy pertinente el procesode certificación de derechos a nivel parcelario, el Procede, que debiera concluirpronto y venturosamente. Pero quedan muchos problemas por resolver, tantoen la estructura del México rural ampliamente considerado, como al interior delos cerca de 30 mil ejidos que ocupan, nada menos que 105 millones de hec­táreas: más de la mitad de la superficie de México. Por eso, si no enfrentamosdecididamente su problemática, estaremos de nuevo simulando y eludiendolos temas de fondo; las realidades más determinantes de nuestro campo. Vea­mos brevemente ambos casos. En nuestra polarizada estructura agraria loprevalente es lo que pudiéramos llamar un "núcleo campesino pobre" queconstituye el mayor conglomerado de familias del campo, generalmente asenta­das en minifundios improductivos, sean estos ejidales o de pequeña propiedad,con nulo acceso al crédito e insumas moderno. Es un núcleo de casi 20 millonesde personas que se encuentran sobre todo en el centro y el sur del país. Crecien­temente, dichas familias complementan sus escasos ingresos con actividadesextra-agrícolas: como vendedores de pequeños servicios, remisiones de sus miem­bros emigrados, comercio informal o como jornaleros agrícolas en otros esta-

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dos, sin derechos laborales o de propiedad sobre el suelo que trabajan. Es sobreeste "núcleo campesino" donde hay que actuar y lograr vastas transformacionesproductivas y de organización. Alentando la consolidación de una estructuraagraria de pequeñas y medianas unidades de producción viables, que cuentencon acceso a crédito, insumos y tecnología moderna, que ahora están disponi­bles solo una minoría de grandes explotaciones agrícolas. A riesgo de esque­matizar, propondría estimular acciones en esa dirección: privilegiar y fomentara las pequeñas y medianas unidades de producción, tanto ejidales como depequeña propiedad; inducir y apoyar fiscalmente prácticas agrícolas sustentablesy la capitalización de los predios; desarrollar un programa masivo de combateal minifundio, que por ocupar dos terceras partes de la superficie agrícola, siguesiendo el principal obstáculo a la productividad y al manejo sustentable de los re­cursos naturales; y, muy importante también, alentar la modernización de losejidos, que por su número tan elevado, de su suerte depende el rumbo delcampo mexicano. Tras siete años de vigencia de la Ley Agraria, que permite lacompra-venta de parcelas y el arrendamiento de las mismas, se puede observar queel ejido, a pesar de todo, prevalece y continuará siendo una muy mexicanainstitución para la acción campesina y la organización agraria. Pero tiene seve­ros problemas; dentro de los mismos prevalece el minifundio improductivo.Aparte de las parcelas tituladas, la mayor parte de sus tierras son "comunes" ycon graves indefiniciones de tenencia, reglas de explotación y conservaciónecológica. Permanece la ya obsoleta superestructura del Comisariado Ejidal y,como en muchas partes del mundo, los ejidatarios titulares son cada vez másancianos. Cabe preguntarse cuáles serían, entonces, las reformas básicas al ejidoen este momento: Primero que nada, privilegiar como su núcleo vital ya no ala vetusta y politizada superestructura del Comisariado Ejidal, sino a las propiasunidades de producción al interior del mismo. Aquí se toman las decisiones pro­ductivas básicas, se tramita y recibe el crédito: las responsabilidades productivasy se asumen los riesgos. Es pues en estas unidades productivas básicas dondehay que enfocar las acciones de fomento, capitalización, cambio tecnológico yconservación. Segundo, la asamblea de ejidatarios y su comisario podrán seguirtomando importantes decisiones y operar como una suerte de Cooperativa deServicios para el acopio, las maquilas y la comercialización. Puede tambiénasumir otros servicios y tareas estratégicas como desarrollar programas de capa­citación campesina, restauración de suelos, reforestación, manejo hidráulico ysobre todo, ser el custodio de los bienes comunes, que ahora deberían incluirtambién la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

Lo maravilloso de los economistas neoliberales es poder hacer (en sus libros,ensayos y artículos) sobre cualquier tema un diagnóstico de la enfermedad quepadece el desarrollo económico de un país determinado; sus conclusiones sonde una racionalidad impresionante; pero cuando recetan al paciente una medi­cina de patente o la fórmula farmacéutica para resolver el problema, se quedan

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preocupados por un lapso, para ver cómo reacciona el enfermo y si empeora,tienen mucho más explicaciones para justificar sus errores, su miopía intelectualo su proclividad manifiesta para servir intereses personales o extranjeros. Expli­caciones sobran -sobre todo de los economistas "colonizados"- culpando alpasado, a lo histórico, sin saber que mientras ellos se esfuerzan por borrar el pre­térito, éste se manifiesta repudiándolos. En cada etapa histórica -sobre todo denuestro pueblo- surgen los curanderos, los chamanes modernizadores, los sa­bios, los facultativos, los alópatas de la economía que desean cambiar el caminoque el pueblo con su sangre ha construido desde el pasado histórico. Por esoel pueblo mexicano ha vencido a realistas, conservadores, imperialistas, centralis­tas, al clero político, a los latifundistas, a los reaccionarios y pronto lo hará conlos neoliberales y globalizadores. El pueblo tiene su forma y su tiempo paraaceptar o rechazar todo lo que altere o modifique su propio camino, su forma dedigerir las novedades.

Reflexiones serias son las que realiza Herbert C. Grammont al comentar lapolítica agraria implementada en el sexenio de Salinas de Gortari al moditlcarel artículo 27 constitucional y promulgar la nueva Ley Agraria dentro del mode­lo de desarrollo neoliberal. El doctor Grammont, sociólogo y coordinador de laRed de Estudios Rurales, A.C., señala que la política salinista buscó estableceruna estructura agraria de acuerdo con las condiciones planteadas por la integra­ción comercial previstas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EstadosUnidos y Canadá. Dice el autor:

En primer lugar, la política salinista buscó establecer las condiciones paracrear una estructura agraria acorde con las condiciones planteadas por la inte­gración comercial previstas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EstadosUnidos y Canadá. Para sus promotores, el campo se escindirá inevitablementeen dos, y para cada sector habrá una política diferenciada: un campo empresa­rial, moderno y competitivo en el mercado internacional, y otro campesino,atrasado y de subsistencia, apoyado por limitados programas de combate a lapobreza (Pronasol u otros). Frente a este panorama esencialmente bimodal po­demos agregar una tercera dimensión al futuro campo mexicano: el abandono detierras agrícolas por ser improductivas o inútiles en el esquema de mercadoabierto. El modelo económico neoliberal nos lleva entonces hacia una estruc­tura agraria dividida en tres: las tierras comerciales para la producción agrope­cuaria-forestal, las tierras de autosuficiencia y las tierras improductivas. Paralograr esa estructura agraria trimodal el Estado renuncia a su papel de regula­dor y gestor de la propiedad de la tierra en el combate permanente a la con­centración de la riqueza. Por eso, más que por las obvias limitaciones existentespara satisfacer todas las solicitudes de tierra, renuncia a su derecho de expropiarya toda posibilidad de mantener ciertas formas de reparto agrario que permi-

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tirían contrarrestar la pobreza. Por el contrario, anula el concepto de latifundiodisfrazado o neolatifundio y otorga todas las facilidades para la concentraciónde la tierra. También renuncia a otra de las ideas fundamentales del agrarismo:la función social de la propiedad que debe producir y ser útil a la nación. Es ennombre de ese principio que el Estado tenía derecho de expropiar, sin indemni­zación, las tierras que rebasaban el límite de la pequeña propiedad o las tierras,tanto privadas como ejidales, que no se cultivaban por más de dos años. Pero, enla perspectiva de tener tierras inútiles, el principio de la función social de latierra para abastecer de alimento a la población nacional pierde sentido. Por otraparte, esta política busca crear un nuevo actor productivo capaz de sustituir laacción gubernamental para invertir en el campo. El agricultor, el hombre empren­dedor del campo, el productor familiar que fue agente preferencial del desarrolloagrícola de las últimas décadas, no es la pieza clave en los cálculos del neolibe­ralismo. Desde el punto de vista gubernamental, la cartera vencida, que afectaesencialmente a productores medianos y grandes y tiende a crecer a pesar delos programas de reestructuración, aparece como un mal necesario para lograr lamodernización del campo. Por eso, los agricultores que no logran ser compe­titivos en el actual marco económico, y que cayeron en cartera vencida, nopueden esperar solucionar su endeudamiento y tarde o temprano tendrán quedesaparecer. En su lugar, se espera ver la aparición de grandes empresas directa­mente vinculadas con la inversión agroindustrial. El neoliberalismo agroexpor­tador intenta sustituir al agricultor, que fue el agente de cambio con la revoluciónverde, por la sociedad mercantil, que debe serlo en tiempos de apertura comer­cial. Eso explica por qué la nueva ley limita el concepto de patrimonio familiarejidal (imprescriptible, inembargable e inalienable) al espacio ocupado por elasentamiento humano (bienes personales), pensado antiguamente como unmecanismo para proteger al productor familiar del despojo de sus bienes per­sonales y productivos, y abre las posibilidades de privatizar las tierras parceladaso de uso común (bienes productivos).

Explica también por qué la ley no aporta nada nuevo en cuanto a las posibi­lidades de asociación entre pequeños productores, sean privados, ejidatarios ocomuneros. Simplemente reitera, en su título cuarto, la existencia de tres for­mas asociativas: unión de ejidos, asociación rural de interés colectivo (ARlC) ysociedad de producción rural. En contrate, dedica un título completo, el sexto,a la creación de las sociedades mercantiles propietarias de tierras agrícolas,ganaderas o forestales, pensadas para atraer el capital financiero, en particularel extranjero. La principal organización nacional del sector empresarial agroin­dustrial, el Consejo Nacional Agropecuario, apoyó incondicionalmente laproposición gubernamental. Sin embargo, es importante destacar que en lossiguientes meses a la aprobación de la nueva Ley Agraria, numerosas organiza-

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ciones regionales o sectoriales de agricultores hicieron fuertes críticas a algunasde sus propuestas, en especial en tomo a la creación de sociedades mercantiles.324

En palabras concretas y sabias Grammont resume la propuesta salinista delnuevo marco jurídico, que lejos de serlo fue más bien una camisa de fuerza pre­parada para cumplir requerimientos de los organismos financieros internaciona­les; del Tratado de Libre Comercio y sus compromisos personales adquiridos porsu evidente ilegitimidad electoral.

Este autor también analiza la propuesta del Consejo Agrario Permanente(CAP) expresando:

Después de fuertes tensiones internas, el Consejo Agrario Permanente (CAP)

aceptó la modificación del Artículo 27 constitucional propuesta por el gobier­no y por tanto reconoció la necesidad de terminar el reparto agrario con elfiniquito del rezago agrario. Pero al poco tiempo, la propuesta gubernamentalde nueva Ley Agraria le obligó a dar una respuesta capaz de defender la econo­mía campesina. La inconformidad de las organizaciones campesinas se centróen los capítulos de la Ley referidos a la tenencia de la tierra, al fomento a laproducción agropecuaria, a la estructura organizativa del ejido y a las socieda­des mercantiles. El conjunto de propuestas hechas por el CAP a la nueva Leymantienen como referente impücito la autosuficiencia alimentaria (o la seguridadalimentaria), un mercado protegido (o menos abierto que en la actualidad), unEstado benefactor eficiente, el respeto a la vida autónoma de las organizacio­nes, la concertación entre organizaciones campesinas y gobierno para la planifi­cación de la producción agropecuaria, una agricultura subsidiada y el pequeñoproductor como protagonista del desarrollo agropecuario-forestal. Sobre estasbases se destacan cinco proposiciones clave: 1. Se mantiene la función del Esta­do, en cuanto a su papel en la planificación y fomento productivo, a través dela formulación de programas nacionales de desarrollo rural de largo alcance(del tipo de la Farm Bill en Estados Unidos y de la Politique Agricole Commu­ne en Europa). No obstante, la nueva Ley sólo propone programas de medianoplazo anuales (artículo 80.).2. Se conserva el concepto de patrimonio comuni­tario del ejido y, por lo tanto, la indivisibilidad de las tierras de uso común, asícomo los derechos familiares de sucesión de la parcela para proteger al peque­ño y mediano productor, cuando la Ley aprobada promueve la privatizaciónde las tierras. 3. Se fortalece la vida democrática ejidal y comunal, precisandoel papel de sus órganos de decisión, mientras que la propuesta oficial tiende adebilitar la función de éstos. 4. Aun aceptando la idea del agotamiento del re­parto de las tierras nacionales, se mantiene la de un reparto agrario selectivo. Paraeso se plantean tres posibles fuentes de acceso a la tierra: a) el neolatifundio,b) Las tierras que se benefician de obras públicas que modifiquen o intensifiquen

324 Hubert C. de Grarnmont, "Política agraria y estructura territorial", Estudios Agrarios, Revista dela Procuraduría Agraria, núm. 2, enero-marzo de 1996, pp. 26-37.

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el uso del suelo (suelo, esencialmente), tal como lo preveía la Ley anterior; e) lastierras decomisadas al narcotráfico (posibilidad prevista en la nueva ley). 5. Sebusca que las sociedades mercantiles propietarias de tierras sean un instrumen­to legal al servicio de los legítimos productores agropecuarios y forestales(pequeño propietario, ejidatario o comunero) y no del capital financiero nacio­nal o extranjero.A pesar del esfuerzo del CAP para proponer una ley alternativa que tome alpequeño productor familiar como un actor fundamental del desarrollo del campo,sus propuestas más importantes no fueron tomadas en cuenta por el Congresode la Unión. Ni siquiera se oponían dos concepciones antagónicas de la sociedad(digamos el socialismo en contra del capitalismo). Se trataba sólo de dos visionesdiferentes en torno a la conducción de la apertura comercial y la privatizaciónde la economía. Se impulsó el modelo de la gran empresa vinculada al capitalfinanciero.

El doctor Grammont juiciosamente concluye en esta primera parte de suensayo "repensar el problema de la tierra" por los conflictos que han provocadotanto la modificación al articulo 27 constitucional y la aparición de la nueva LeyAgraria. "En contra de la idea de hacer de la gran empresa la panacea de la mo­dernización, se debe dar su lugar a todas las formas de producción, en particulara la familiar. Eso, no por prurito populista sino porque la actual situación na­cional e internacional demuestra que la gran empresa es incapaz de asegurar undesarrollo equilibrado, sustentable y con justicia social." Y siguiendo esta línea depensamiento expresa:

Algunos de los principales elementos que deben guiar esa reflexión son lossiguientes: 1. La apertura comercial, aun si se lograra revisar para asegurar laautosuficiencia alimentaria, provocará profundos cambios en la estructuraciónproductiva nacional. Las consecuencias inmediatas de esa política son: a) la ban­carrota de una parte de la agricultura nacional; b) el incremento de los procesosde migración del campo a la ciudad (o hacia Estados U nidos), y e) el abando­no de ciertas tierras que se volverán improductivas, mientras se sobreexplotanlas más aptas para las necesidades del mercado. 2. El ejido ha dejado de ser launidad básica unívoca de todas las acciones en el campo. Ya no es una unidadeconómica eficaz, no sólo por la falta de apoyo gubernamental sino porque losprocesos de diferenciación social en su interior han creado múltiples interesesque tienden a fraccionarlo en grupos de interés claramente diferenciados. Uno delos efectos de esa diferenciación social es que las empresas campesinas no integranindistintamente a todos los ejidatarios sino a grupos específicos, normalmentede un mismo nivel económico. Desde la década de los ochenta tampoco pare­ce ser un aparato político corporativo eficiente. Tal vez se está fortaleciendocomo aparato administrativo por la política gubernamental que lo utiliza comoinstancia de intervención del Pronasol. Por otro lado, es contradictorio mante-

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ner un solo marco jurídico rígido que determina el funcionamiento del ejido alo largo y ancho del país cuando existen múltiples formas concretas de organiza­ción ejidal. Parece que un esquema flexible de organización respondería mejora las necesidades cambiantes de las regiones campesinas.

Hemos dejado asentado que la falta de recursos financieros destinados alreparto de la tierra para constituir la estructura agraria de ejidos y comunidadesprodujo lentitud en su distribución y como consecuencia la absorción de los exce­dentes demográficos en la tierra ya recibida, llegando a producir el minifundiopor efecto de aceptar campesinos con derecho a salvo. Pero no sólo fue escasezde recursos, sino principalmente, el insuficiente desarrollo de la industrializacióndel país que hubiere atraído a dichos excedentes de población del campo. Nohubo sincronía en el crecimiento de ambos sectores de la economía nacional.

El economista mexicano Labra Manjarrez, en una publicación analiza minu­ciosamente lo acontecido. Veamos:

Durante los lustros de vigencia de la política económica neoliberal, el sectoragropecuario registra graves retrocesos. Bajo la idea de modernizar la economíamexicana e imprimir a todos los sectores de la economía la racionalidad del mer­cado libre, se instrumentó una estrategia cuyas vertientes de ajuste económicoy cambio estructural implicaron la ejecución de políticas de austeridad fiscal ymonetaria, mengua de la intervención estatal de la economía, desregulación,privatización, y liberalización financiera y comercial, que desmantelaron y supri­mieron las instituciones y mecanismos que antaño apoyaban la producciónagrícola. El gasto público destinado al desarrollo rural se ha reducido tanto enforma absoluta como relativa. En términos reales, el gasto aplicado en 1998equivale a dos quintas partes del ejercido en 1982, en ese lapso, como porcen­taje del PIE, el gasto destinado al sector agropecuario se redujo de 2.5 a 0.8 porciento, y dentro del gasto programable decreció de 9.4 a 5.1 por ciento. Por suparte, el estancamiento del sector agropecuario, aunado a las políticas de racio­nalidad fiscal y restricción monetaria, así como a los cambios en las políticasde otorgamiento de crédito de los bancos, propician el descenso sostenido delcrédito otorgado por el sistema bancario a las actividades agropecuarias. Entre1982 y 1997 el crédito otorgado al sector se redujo a razón de 1.5 por cientocada año, en promedio, a valor real, de manera que su participación en la carte­ra de crédito del sistema bancario lo hizo de 14.5 por ciento a 8.4 por ciento.Tal descenso se explica en gran medida por el retiro del apoyo de la banca dedesarrollo al sector agropecuario, pues su contribución al financiamiento seredujo de 59 por ciento en 1982 a sólo 28 por ciento en 1997. Según la lógicaneoliberal, tales políticas permiten al libre mercado propiciar la asignación másracional de los recursos, aumentar las inversiones privadas, el desarrollo tecnoló­gico, el empleo y la productividad. Sin embargo, los resultados son totalmentecontrarios. Entre 1982 y 1998 la economía nacional creció, en promedio, a una

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tasa de 2.7 por ciento anual. El PIE agrícola lo hiw en apenas 0.4 por ciento.La participación del PIE agrícola en la economía nacional se redujo de 7.4 a 5.1por ciento y su aporte a la generación de empleos decreció de 9.4 a sólo 3.4 porciento. Tales indicadores reflejan un grave estancamiento de los niveles de pro­ducción y productividad en las actividades agropecuarias, de manera que con22 por ciento de la población económicamente activa genera sólo 6 por cientodel producto interno bruto. La decreciente creación de la riqueza en el campo ysu elevada concentración, propician el empobrecimiento en el medio rural y flu­jos migratorios hacia las áreas urbanas y la frontera norte del país. La EncuestaNacional Ingreso-Gasto de los Hogares 1996, revela que más de 4.9 millonesde hogares ubicados en el medio rural (24 por ciento del total del país), subsis­ten con un ingreso anual promedio de cinco mil 753 pesos, es decir 479 pesosal mes, cuando la media nacional es de 11 mil pesos al año (921.5 pesos almes); es decir, la media de ingreso familiar en áreas rurales en casi la mitad queel promedio nacional. En algo más de tres lustros, el PIE agropecuario aumen­tó 7 por ciento mientras la población lo hiw en 35 por ciento, es decir, casi 25millones de mexicanos más. Como resultado, hoy el producto agropecuario percápita es 21 por ciento menor al registrado en 1982. Con relación a ese año, en1998 la producción de productos básicos por habitante registra graves retro­cesos: en granos básicos -1.5 por ciento, en carne -5 por ciento, yen leche -14por ciento. Frente al estancamiento y, en casos, la reducción de la oferta debásicos del campo, las principales variables de ajuste son la reducción del consu­mo de los grupos mayoritarios de la población y el aumento de las importacionesde alimentos, con severas consecuencias nutricionales para los mexicanos máspobres, y para la viabilidad económica y financiera del país. 325

Labra Manjarrez analiza los efectos negativos producidos por nuestro ingre­so al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI) que reali­zamos en 1986-1987, fecha en que nuestro gobierno impulsó la apertura comercialunilateral, acelerada después por la firma del TLC con Estados Unidos y Canadácuyos ruinosos efectos cayeron sobre el campo, sobre el sector agropecuario.La firma de ambos acuerdos para liberalizar los intercambios, no sólo conllevaefectos negativos por la competencia proveniente del libre acceso de productosprovenientes del exterior, sino particularmente por el conjunto de compromisosestablecidos por el gobierno mexicano para eliminar cualquier instrumentoproteccionista, que inhiba el libre juego de las fuerzas del mercado. Nuestrossocios pueden en cambio protegerse y, de hecho lo hacen como es lógico.

Ante el nuevo contexto de apertura comercial y desmantelamiento de losinstrumentos de protección y apoyo a la producción nacional, se agudiza la desca­pitalización de las actividades agropecuarias, alimentando el círculo vicioso de

325 Armando Labra Manjarrez, "La crisis agrícola y las insuficiencias de la política agropecuaria enMéxico", Tierra Finne, Confederación Nacional Campesina, nÚffis. 3-4, s.f., pp. 5 Y ss.

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baja rentabilidad, reducida inversión, limitada productividad y escasa ofertainterna, que tiende a ser desplazada por importaciones crecientes de alimentos,las cuales en 1997 alcanzaron la cifra de 7,733 millones de dólares, equivalentesa 37 por ciento del valor del PIB agropecuario. Todo ello contribuye a la bajarentabilidad, desinversiones y desempleo en el campo mexicano.

La política neoliberal en el sector agropecuario refuerza la diferenciaciónde los segmentos productivos. Por una parte, las unidades de producción agríco­la más modernas y las vinculadas a la producción agroindustrial orientadas asatisfacer la demanda de los países industrializados y de los estratos sociales demayor ingreso del país. En contraparte, se ubican la gran mayoría de unidadesproductivas en transición y los productores del sector campesino, dedicados alcultivo de granos básicos en condiciones de baja productividad, creciente desca­pitalización y pauperización.

Como resultado de la crisis estructural del campo mexicano y de la aplicaciónde políticas neoliberales, en las últimas décadas se polarizaron las desigualdadesentre los productores agropecuarios, en términos de sus niveles de aplicación detecnología y productividad, desarrollo de capacidades comerciales, acceso a lainfraestructura y al financiamiento.

Estos contundentes argumentos documentados, no dejan lugar a dudas, apesar de 10 que se esfuercen neoliberales, defensores del TLC, siervos del merca­do, tecnócratas "colonizados" y uno que otro encubierto humanista. Vanamentese esforzaron en explicar la majestad y esplendor de la contrarreforma agraria.A lo largo del camino de la duplada tecnocrática neoliberal, los hechos económi­cos' políticos, sociales y culturales del pueblo mexicano, evidenciaron su derrotaque fue anunciada a bombo y platillo, la "consulta nacional" (¿?) sobre las reformasal artículo 27 constitucional, Veamos lo que en una nota informativa el periodistaGerardo Albarrán de Alba (Proceso, 786, 25 de noviembre de 1991) publicó:

Ciudad Obregón, Son. Un campesino alzó su voz desde la parte alta del audito­rio: "no tengas miedo Juan a decir que no". Varios más le hicieron coro. Gritos,protestas, rechazo absoluto de los campesinos sonorenses a la iniciativa presiden­cial de reformas al artículo 27 constitucional. Juan Leyva Mendívil, presidentede la Alianza Campesina del Noreste, pidió calma a sus compañeros y, nervio­so, leyó las conclusiones del foro en defensa del ejido, realizado el lunes 18 yel martes 19, en conmemoración del quinto aniversario del reparto agrario enSonora.Víctor Cervera Pacheco, secretario de la Reforma Agraria; Gustavo Gordillo,subsecretario de la SARH, y Manlio Fabio Beltrones, gobernador del Estado,escuchaban la exposición del líder campesino. Los gritos, por momentos, arre­ciaban. De las consignas contra la iniciativa presidencial pasaron a problemasmás concretos, más inmediatos: "queremos saber qué va a pasar con la soya ...Cuándo la vamos a vender. .. Tenemos hambre."

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Leyva Mendívil, en nombre de la ALCANU, de la Coalición de Ejidos Colec­tivos del Valle del Yaqui y Mayo, de la CNC y de otras organizaciones campesi­nas, demandó que el ejido y la comunidad permanezcan con las característicasque actualmente fija la ley: que sean inalienables, inembargables e imprescripti­bles; que continúe el reparto, porque aún hay muchos latifundios simulados ytierras confiscadas a narcotraficantes; rechazo absoluto a que las sociedades mer­cantiles se constituyan sobre terrenos ejidales como propietarios; que se reduzcade 100 a 20 hectáreas de riego la pequeña propiedad. Bernabé Arana (líderagrario, honesto, congruente) viejo dirigente cardenista, beneficiado con elreparto en 1937, ex diputado federal priísta, decía a quien quería escucharlo:"El gobierno de Salinas no es de derecha, es de ultraderecha." "Traidor", gritóun ejidatario a Gustavo Gordillo, asesor de la Coalición de Ejidos Colectivoscuando pertenecía al PSUM, al cual se atribuye gran parte del éxito que logró esaorganización a finales de los setenta y hasta mediados de los noventa.

Esa coalición fue considerada una vez por Gordillo: '~ observar la vitalidadde un esfuerw campesino inédito en México, que se ha abierto paso a pesar detantos y tan variados enemigos, pienso que estos campesinos que se han lanza­do, como en el siglo pasado los obreros parisinos, al asalto del cielo, descubriránque éste no existe sino para esos extraños seres que son capaces de combinarcongruencia política, tozudez en las convicciones y esperanza en la transformaciónsocial" (Campesinos al asalto del cielo; de la expropiación estatal a la apropiacióncampesina, Gustavo Gordillo, Siglo XXI, México, 1988).

Gordillo fue pieza fundamental en la formación, desarrollo y consolidaciónde "una de las organizaciones independientes más poderosas, innovadoras einfluyentes en el complejo panorama actual de la lucha agraria", según escribióArturo Warman en el prólogo del libro de Gordillo. Pero esos eran otros tiempos.

Bernabé Arana es un verdadero líder campesino. En 1992 me visitó en midomicilio y en nuestra conversación me expresó que el gobierno de Salinas deGortari lo había presionado a tal grado, que su vida peligraba si seguía oponién­dose a la iniciativa de ley enviada al Congreso de la Unión. Por lo que se refierea Gordillo de Anda y los gritos de ¡traidor! que relata Albarrán de Alba, sóloes consecuencia de su fecundo nomadismo ideológico, del PSUM al PRl.

Asimismo, en una inserción pagada, el Partido de los Trabajadores analizócon toda anticipación la iniciativa salinista expresando, como conclusión, losiguiente (Proceso, 786, 25 de noviembre de 1991):

Por todas estas razones, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores(PRT) llama a luchar a todos los campesinos mexicanos y a todos los trabajado­res del campo y la ciudad contra el proyecto salinista, levantando al mismotiempo un proyecto alternativo de reforma agraria que tenga como base tresgrandes líneas de acción: defensa del ejido y la comunidad, por la autoorgani­zación de los productores agrícolas y contra la explotación -por criterios de

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rentabilidad y ganancia- del campesinado. Es necesario sacar del parlamento ladiscusión de esta reforma y llevarla hacia los ejidos, hacia las comunidades ytambién hacia las calles de las ciudades donde viven millones de campesinos queante el fracaso de las diversas reformas agrarias y ante el fracaso de la industriali­zación del país (es decir ante el fracaso del PRI) viven en condiciones de miseriay hambre. Es necesario promover la conformación de un gran frente de orga­nizaciones campesinas y populares contra este proyecto de ley y por una nuevaley de reforma agraria diseñada y hecha por los campesinos y a favor de ellosmismos. Al mismo tiempo, llamamos a los campesinos mexicanos a que avan­cen en la conformación de una organización unitaria e independiente del poderestatal y de su partido.

Otras opiniones de organizaciones campesinas que fueron finalmente repri­midas por los operadores del "salinato" son las siguientes:

Jesús Caudillo Guerrero, del Ejido Fresno del Norte, en Francisco I. Madero:

Dicen que el campo tronó por culpa de nosotros, pero eso es una vil mentira.Los señores del Banrural fueron los que descapitalizaron al campo, lo tomaroncomo botín. Nosotros hicimos rendir al campo, producimos riqueza. En laépoca de las haciendas la ciudad de Torreón no pudo crecer, porque los dinerossalían al extranjero. Y del reparto del 36 para acá Torreón ha crecido muchísi­mo, en parte gracias al dinero gastado por los campesinos. Hoy estamos amo·lados, pero no por la culpa nuestra sino por la culpa del mismo gobierno quesolapa tanto abuso de la gente de Banrural, de la SARH, de la Reforma Agraria,de las aseguradoras, en una palabra, de toda la plaga de burócratas."Pensamos que a nuestro ejido no lo perjudica ninguno de los cambios quepropone Salinas", asegura Rogelio Vázquez González, comisariado del EjidoBatopilas, mejor conocido como "el ejido consentido de Salinas". Afirma: '1\quíestamos trabajando muy unidos, no creo que lleguen a vender parcelas. Encuanto a convenios con particulares, ya tenemos experiencia; nuestras compañe­ras hicieron un trato con la Granja Avícola Simón Bolivar, de Arturo Gilio, yno les ha ido mal." Revela, sin embargo, que antes trataron con un empresarioregiomontano y se fue sin pagarles, motivo por el cual adeudan a Banrural125millones.Otros ejidatarios de Batopilas son menos optimistas, como Mario Elizalde delos Santos; "con las reformas que propone Salinas se corre el riesgo de volvera caer con los caciques, son los que pueden comprar las tierras. El problemade fondo es que todo está muy caro, por ejemplo el bombeo cuesta muchísimo,por lo menos 12 millones al mes. ¿Consentidos? Que va, estamos igual dejodidos que el resto de los ejidatarios. No hay aquí nada especial: tenemos uncentro de salud y un kinder, igual que todos".A los 85 años, Juan Ayala Juárez, del Ejido Lázaro Cárdenas en San Pedro,conserva fresca la memoria y el temple. Sentado en un viejo camastro, entreparedes de las que penden fotos familiares y del general Cárdenas, atiende al

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reportero: 'l\.quí éramos 131 ejidatarios del 36, pero ya nomás quedamos once.Al principio don Lázaro nos dio la tierra y nos dio el agua, hizo dos decretosapúntele bien, y enseguida nos puso en Banco Ejidal, con 120 millones de los deentonces. Trabajamos con bastante ahínco y hombría; nos fue muy bien, tenía­mos utilidades, alcanzaba para todo. Llegamos a entregar algodón a 36 centavosel kilo y nos rendía. No nos faltaban forrajes, combustibles, créditos.Pero de Ruiz Cortines "para acá el ejido empezó a languidecer y no creo quepor culpa de los campesinos. El propio gobierno lo echó a perder, consintien­do a funcionarios y líderes corruptos. Ahora dicen que las cosas van a cambiar.Deben empezar por hablar con la verdad. El señor Salinas no tiene derecho adecir que ya no hay tierra que repartir, no es de él: es de la nación, es de losque todavía ni siquiera han nacido".Del también Ejido Sampetrino 20 de noviembre hablan Ignacio Ortiz Muñozy Manuel Hernández Martínez: "El Programa Nueva Laguna es puro cuento.El Banrural nos tiene muertos de hambre. El gobierno no está cumpliendo connosotros, nos tiene olvidados. Ya no tenemos fe, ya no creemos en nadie. Ahori­ta nos encontró aquí porque volvimos a la fiesta de aniversario del reparto, peroen unos días más nos vamos al otro lado. Aquí van a estar del caraja los próxi­mos meses. ¿Usted cree que nos vamos a poner a trabajar con los pequeñospropietarios por 11,800 pesos la jornada diaria de siete horas?De las 21 uniones de ejidos que existen en la Comarca Lagunera, de Coahuilay Durango, sólo cinco no tienen adeudos con el Banco de Crédito Rural delCentro-Norte, de acuerdo con un informe de esta dependencia y de la delegaciónregional de la Secretaría de la Reforma Agraria al que tuvo acceso el reportero.El monto de la deuda de 16 uniones de ejidos asciende a 30,552 millones, al 31de octubre pasado. El rango de esta deuda es el siguiente: dos uniones deben "de5,000 a 10,000 millones"; cinco adeuda "de 2,000 a 5,000 millones"; dosdeben "2,000 millones"; uno adeuda "de 500 millones a 1,000 millones" y seisestán abajo de los 500 millones.El informe no incluye la deuda de la Asociación Rural del Interés Colectivo(ARlc), considerada la empresa campesina más importante de la región hastaantes de su quiebra el año pasado. Se sabe, sin embargo, que le debe a Banruralpor lo menos 30,000 millones, resultantes de operaciones fraudulentas hasta elmomento no denunciadas por el banco. Por otro lado, el gerente de Banrural Víc­tor Manuel Tapia Castañeda informó al reportero que esta institución -conjurisdicción en Coahuila, Durango y Zacatecas- se encuentra en "quiebra técni­ca", con cartera de un billón de pesos, de los que corresponden a cartera vencida"arriba de los 500,000 millones". El presupuesto de Banrural para este año fuede 350,000 millones (Proceso, 786, 25 de noviembre de 1991).

Siete organizaciones agrarias, progresistas, que creían en el compromiso re­volucionario de justicia social, se pronunciaron en contra de la reforma agraria del"salinato", a saber: Alianza Campesina del Noroeste, Sección Sinaloa (Alcano);

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la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); la Coordi­nadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI); la Unión Campesina Democrática(UCD); la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas(CODUC); la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEr) y laCoordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Todas estas voces de protesta nofueron escuchadas. Ni los neoliberales las consideraron, pues eran voces delparaíso perdido, según Warman Gryj:

Ramón Danzas, de la CIOAC, pidió a los legisladores que no manipulen laconsulta, la cual debe recoger el sentir de los ejidatarios. Y agregó:

No puede Salinas decirnos que el reparto agrario se terminó sin antes realizaruna investigación de todos los grandes latifundios que hay en el país. Ejempli­ficó con las grandes extensiones de tierra de los ex gobernadores de Sinaloa yTamaulipas: Antonio Toledo Corro y Emilio Martínez Manatou. Mientras,alrededor de 2,000 campesinos realizaban un acto de protesta afuera del recintolegislativo, exigiendo que se les tomara en cuenta en la consulta. Hank González-ante los diputados de los seis partidos que integran la LV Legislatura- afirmó:El tiempo de11atifundio es cosa del pasado. No habrá más propiedades indivi­duales de enormes extensiones improductivas. No volverán los privilegios a lagran propiedad, que dieron origen a nuestra Revolución.

Agregó:

Posponer las reformas o proponer cambios tímidos sólo perpetuaría injusta­mente las condiciones precarias en que viven muchos mexicanos. La reformaagraria, hoy, es necesario transformarla para preservar su idea de justicia, liber­tad y generación de bienestar para los campesinos ... El México del presente ydel futuro no puede vivir en estructuras que respondieron a una realidad delpasado, aunque éstas hayan sido en su mejor momento nuestro punto de refe­rencia cardinal.

Cervera Pacheco, por su lado, advirtió que se sancionaría a quienes pretendancomprar las parcelas de los campesinos antes de que se aprueben las reformas.Adelantó que el próximo 14 de diciembre se dará a conocer un programa paraabatir el rezago agrario -32,730 expedientes- y anunció la creación de una pro­curaduría agraria que defenderá los intereses de los ejidatarios.

Aunque aclaró: ''No creo que los ejidatarios se entreguen así nada más por­que sí; los compañeros del campo saben muy bien defenderse" (Proceso, 786).

Antonio Járquez publica una serie de entrevistas con ejidatarios de la Co­marca Lagunera (Proceso) 786,25 de noviembre de 1991) donde manifiestan suinconformidad por el proyecto de reformas al artículo 27 constitucional.

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Comarca Lagunera. Lo que quiere Salinas es desaparecer el ejido y convertir­nos otra vez en peones, como antes del 36; quiere darle para atrás a lo quehizo Lázaro Cárdenas por nosotros. "Dicen que con las reformas al 27 vamosa ser más libres, pero cómo vamos a ser libres si estamos bien endrogados, sino tenemos esperanza, si nadie nos apoya. No le creemos nada al gobierno.""El atraso del ejido es culpa de los funcionarios y de los líderes corruptos, noes culpa de la Constitución, ni de nosotros." "Si en verdad quieren sacar adelan­te al ejido deben darnos créditos suficientes y oportunos, y, sobre todo, poner­le buenos precios a nuestros productos." "Según vemos, de lo que se trata esde quitarnos la tierra y dársela otra vez a los capitalistas, para qué le dan tantasvueltas." "Lo que decida el gobierno en contra de los campesinos ya no loresentimos: nomás nos falta el tiro de gracia."Es la voz de los ejidatarios laguneros, de Coahuila y Durango, sobre la inicia­tiva del presidente Carlos Salinas de reformas al artículo 27 constitucional. Lapropuesta presidencial los ha tocado en lo más profundo. Reclaman informa­ción precisa "pues nadie nos ha explicado en detalle de qué se trata". Con suspropias palabras, dicen al reportero:"En mi ejido somos 242", dice José Isabel Hernández Ortiz, del Ejido Venecia,municipio de Gómez Palacio, Durango. "La mayoría estamos bien endrogadoscon el Banrural, hay compañeros que deben hasta 36 millones. Pero esta car­tera vencida no la generamos nosotros, es culpa de los comisariados y de losfuncionarios de Banrural. Para salir adelante necesitamos créditos, maquinaria,agua, elementos para trabajar. Le hemos demostrado al gobierno que cuandose nos apoya, logramos hacer producir la tierra. Y hasta hemos podido formara nuestros hijos, algunos hasta ingenieros logramos. Lo que hace falta son re­cursos económicos, no cambios a la Constitución. El artículo 27 no se obtuvoa base de política, se ganó con sangre. Yeso hay que respetarlo.""Quisiera preguntarle, señor periodista, añade Hernández Ortiz, cómo se atre­ve este gobierno a festejar el aniversario de la Revolución, si todo lo que estáhaciendo es en contra de ella. Ahí tiene usted a un hipócrita, como SilerioEsparza, vendiendo postulados de la Revolución y dando una puñalada por laespalda a los campesinos; él lo único que quiere es la gubernatura. Dicen ahoraque tenemos que ser competitivos por el mentado Tratado de Libre Comerciopero <cómo vamos a serlo? El gobierno americano subsidia a la agricultura, elnuestro nos cobra impuestos, por eso estamos descapitalizados. El gobiernonomás está buscando la manera de volver a los tiempos del porfirismo. Lo quedecidan ahora en contra nuestra ya no lo resentimos: los campesinos siemprehemos estado mal: En el campo hay miseria, no pobreza. Y del gobierno sóloesperamos el tiro de gracia, así póngale. Salimos adelante porque Dios es grande.

Modesto Martínez Torres, comisariado ejidal de San José de Viñedo, mu­nicipio de Gómez Palacio, comenta: "Tenemos muchas dudas acerca de lasreformas. Por ejemplo, dicen que ya no hay tierra que repartir yeso no es cierto."

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Del año de 1991 al 2000 se han publicado multitud de ensayos, artículos,libros y entrevistas con productores agropecuarios que demuestran los desastrososefectos de la contrarreforma agraria impulsada por la duplada tecnocrática neo­liberal. José Luis Calva, economista, analiza los resultados económicos señalando:"La tecnocracia neoliberal suponía que este programa liberalizador, que dejabaa los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado la libre asignaciónde los factores productivos, conduciría al incremento de las inversiones de capi­tal en la agricultura, a la elevación de la eficiencia y al desarrollo de la producciónde alimentos y materias primas agropecuarias. Los resultados, sin embargo,han sido exactamente inversos a los proyectados" (El Universal, 8 de mayo de1995).

Antonio García de León, a cinco años de publicadas las reformas neolibe-rales, expresa lo siguiente:

Este 6 de enero se han cumplido cinco años de la contrarreforma neoliberal alartículo 27 constitucional; una modificación impuesta desde el exterior quepretende cancelar para siempre las demandas campesinas que se expresaron enla revolución de 1910-1920, las que fundamentaron el gigantesto proceso dereforma agraria emprendido por el general Lázaro Cárdenas (1934-1940), yque subyacen en un enorme sector de la población del campo mientras el pro­blema agrario no esté resuelto en su aspecto social (o mientras no sea vistosolamente como "rezago agrario", es decir, como un asunto de traslado deexpedientes de una oficina a otra, algo que, por lo demás está ya "a puntode finiquitarse ...").

y es que de hecho, el 27 reformado en 1992 por el actual "gabinete agrope­cuario transexenal" constituye el marco legal básico que naturalmente excluye ala propiedad ejidal y comunal (y, con más razón, a la autonomía y los territoriosindios), a más de que en su forma actual (a favor de un sistema de grandesexplotaciones agrícolas privadas que operen en un régimen de economía abiertaen el contexto del fallido Tratado de Libre Comercio), propicia, como la pri­mera reforma liberal, el despojo de tierras ejidales y comunales en razón de lanueva "utilidad pública": la de la iniciativa privada y la de los latifundios poracciones. Es pues una legislación hecha a la medida para compatibilizar la es­tructura agraria mexicana a las necesidades del TLC, que en la práctica, y bajo elimperio de esa ley, deja a las comunidades agrarias sin protección contra loseventuales despojos. Es una ley que por decreto ha convertido a la tierra en unamercancía y nada más, y para la cual, como en el porfiriato, las comunidadesrurales no cuentan, más allá de ser eventuales proveedoras de mano de obrabarata (nuestra principal y más atractiva mercancía en el TLC). Y esa ley, quefunciona hoy como candado de cualquier acuerdo, forma parte imprescindible

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de la política económica fundamentalista, antipopular y anticampesina aplicadaen México desde 1982, que ha conducido al campo mexicano (y al país) a laruina económica y a la conversión de los productores en deudores.

Como es bien sabido, la contrarreforma se justificó por la necesidad de ace­lerar la inversión en la agricultura, que, según el imaginario salinista, se hallabadesalentada por la "inseguridad generada por las invasiones", por el resurgimien­to del movimiento campesino o por el mismo proceso anterior de repartos, asícomo por la prohibición para que las empresas poseyeran o adquirieran tierrasejidales y comunales. Es también sabido que estas reformas, en el caso de Chia­pas (una entidad en donde la anterior legislación no había logrado modificarla situación de la tenencia favorable históricamente a los finqueros), ocurrió enel momento en que se colapsaba el precio mundial del café (principal productoregional) -con el deterioro económico consecuente-, y que vino acompañadapor una intensificación de la represión política (Código Penal, Código Forestal,desalojos sangrientos y otras arbitrariedades de uno más de los gobernadoresfinqueros de esa entidad gobernada desde el centro, Patrocinio González Garri­do... ), elementos todos que, como bien se sabe, precipitaron la desesperación delos productores rurales y alimentaron la rebelión estallada en enero de 1994.

En este quinto aniversario de "la Ley Agraria que promueve el desarrolloy la modernización" (aunque las inversiones privadas tampoco aterrizaran en elcampo), el gobierno ha perdido ya el control en el medio rural-la legitimidadla ha sustituido allí con soldados, retenes y tanques de guerra- y su política haproducido una generalización nunca antes vista de la violencia, dando lugar a quemúltiples organizaciones rurales, acosadas por el desenfreno caciquil y la mise­ria, se conviertan en grupos guerrilleros, presentes en por lo menos 10 estadosdel país. En este escenario, estamos ya en las vísperas --después de un año deretardo- de que por fin se turne al Legislativo la iniciativa procesada por laCocopa, que recoge los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indíge­nas; acuerdos firmados el 16 de febrero del año pasado y en donde el EZLN dejóinscrita su inconformidad por la persistencia de este candado legal, que de he­cho invalida cualquier reforma que tenga que ver con el medio rural.

y es que mientras la iniciativa de "reforma indígena" sea simplemente teó­rica y "cultural" (y no aterrice en el problema fundamental que para los pueblosindios y para las comunidades campesinas sigue siendo la tierra, y una concep­ción integral y participativa del desarrollo económico) -y que además no se con­ciba como parte de una necesaria transición a un estado de derecho y a una de­mocracia realmente representativa-, los acuerdos serán una incongruencia; unnuevo proyecto de ley más, que se contrapone a la Ley Agraria vigente y a lapolítica económica actual; ambas defendidas hasta sus últimas consecuenciaspor la actual administración. Sin duda ha sido loable la actuación de la Cocopapara destrabar el conflicto con esta primera iniciativa de ley, pero hay que decir

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también que a lo largo de las negociaciones de este primer tema en San Andrés,los legisladores de todos los partidos consideraban ya inamovible la ley del 6 deenero de 1992, e impronunciable cualquier referencia a su eventual reforma...

Ante ese panorama y ante esta "correlación de fuerzas" (frase muy socorridaen San Andrés por la extinta delegación gubernamental), resulta francamentedifícil imaginar una salida rápida y feliz a la problemática iniciada en Chiapashace tres años. (La Jornada) 7 de enero de 1997)

La poca inversión relativa que los gobiernos neoliberales hacían en el campomotivó al director general de la Organización para la Agricultura y la Alimen­tación (FAO), Jacques Diouf, a declarar que se ensanchará la brecha entre ricosy pobres en la 29 conferencia de esa organización en Roma. El 8 de noviembrede 1997, ante delegados de 175 países, Diouf señaló que se ha desacelerado elcrecimiento de la producción agropecuaria en América Latina y el Caribe. Enel mundo hay millones de personas "que padecen hambre y desnutrición, recalcó(La Jornada, 9 de noviembre de 1997).

En 1998, Álvaro López, dirigente de la Unión de Trabajadores Agrícolas,en entrevista realizada por Carlos Velasco y Juan Danell (El Universal) 22 demarzo de 1998) expresó lo siguiente:

• ¿Qué avances han visto en la privatización del ejido después de la reformadel artículo 27 de la Constitución?• Esa medida y la creación de la nueva Ley Agraria, su esencia pretende iniciarun proceso de destrucción de la propiedad social, ejidal y comunal.

A partir de esta intención privatizadora se crea el Procede, que es un progra­ma que se anunció como un canto de sirenas para dar seguridad en la tenenciade la tierra, cuando en realidad es la antesala de la privatización.

El nuevo marco jurídico que se da con la reforma del 27 cancela el repartoagrario en el país, a pesar de que aún hay tierras, sobre todo ganaderas, afectablespara satisfacer las demandas de dotación de los últimos expedientes que fueroningresados en tiempo y forma a la Secretaría de la Reforma Agraria.

• ¿Por qué la prisa por reformar el 27 constitucional?• Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio incluyeron las reformas del27, para que hubiera plena libertad de circulación de la tierra en el mercadoinmobiliario y abrir, con ello, las posibilidades de inversión transnacional en elpaís.

La otra exigencia fue que los ganaderos en México se convirtieron en unsector muy poderoso que al amparo de los funcionarios de gobierno se hicieronde grandes superficies.

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• ¿Se ha activado la inversión en el campo?• No. No lo hemos visto, cada día hay más miseria yeso se debe a que elgobierno de Carlos Salinas le apostaba a que desregulando la propiedad de latierra en el sector social podría atraer el interés de la inversión extranjera, porese sólo hecho.

Sin embargo, se dejó de lado la experiencia mundial en el sentido de queel sector rural es poco rentable y de alto riesgo, por lo cual tiene que ser sujetode políticas proteccionistas, con altos subsidios, como sucede en Europa yEstados Unidos y Canadá.

• ¿Eso se da en México?• No. Es muy diferente. Los tecnócratas dejaron de lado esa circunstancia y; alcontrario, empezaron a retirar los pocos subsidios que regían para la produccióndel campo en gobiernos anteriores. Se desaparecieron instituciones de apoyo alcampo como Tabamex, Fertimex, Albamex, en fin.• ¿Cuál ha sido el costo social de esas medidas?• Es el incremento de la pobreza en una forma descomunal. SO por ciento de lospobres que viven en el campo son producto de esa política privatizadora.

El daño que han hecho no sólo afecta a las presentes generaciones, sino alas futuras, porque los indicadores de desnutrición son alarmantes, porque 60 porciento de la población presenta ese problema, yeso en el futuro significa quelos mexicanos tendrán graves problemas de discapacidad, laboral.

El producto de esas políticas es que después del año 2000 México tendrágeneraciones de minusválidos laboralmente hablando, por la disminución desus capacidades físicas a causa de la desnutrición.

• ¿Hacia dónde apunta esto?• En las zonas indígenas, que son las que más resienten esto, esas condicionesde pobreza y marginación tienden a provocar estallidos sociales como el deChiapas, ese es un claro ejemplo del futuro.

Habría que recordar que los movimientos armados de México se han dadopor hambre y miseria.

• Con la reforma del artículo 27 se pueden formar sociedades mercantiles, me­diante las cuales se pueden concentrar grandes superficies de tierra, ¿cómointerpretan esto en la UNTA?• Mediante ese recurso se pueden concentrar hasta 60,000 hectáreas en unascuantas manos, lo cual bien se pueden comparar con las haciendas porfirianas, sóloque ahora con una figura y nombre modernos, como son las sociedades mer­cantiles.

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El objeto de esto es que el modelo tecnócrata pretende reducir la poblacióndel medio rural, bajo el argumento de que el minifundio es improductivo y esnecesario desaparecerlo, pero no haya dónde enviar a esa gente, ese es el proble­ma que el gobierno está generando, porque no hay quién ocupe esa mano deobra.

El gobierno debe entender que el minifundio en este país no es un problemasino una válvula de escape para resolver el problema del crecimiento demográficoen el campo. Por ello debería de impulsar políticas para hacerlo más productivo.

• ¿Qué tan avanzada va la privatización del ejido?• Aunque la Secretaría de Reforma Agraria afirma que es de 50 por ciento delos 32,000 ejidos y comunidades que existen en el país, en realidad son 240,que son nada en comparación de lo que se debería tener, según las autoridades.

Por otra parte, Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Tra­bajadores Agrícolas, expuso que al momento debe trabajarse para restablecerel diálogo entre los dirigentes agrarios, toda vez que los líderes que se aglutinanen el Consejo Agrario Permanente, enfrentan un agudo divisionismo.

En este consejo se agrupan 12 centrales campesinas con representaciónnacional por lo que recalcó que sólo la unidad permitirá coadyuvar en la solu­ción del conflicto en Chiapas.

Carlos Velasco, investigador y periodista especializado en cuestiones queatañen al campo mexicano, publica dos artículos o si se quiere reportajes muyimportantes que reproducimos para apreciar lo que viven nuestros campesinosa pesar de lo que se ufanen los neoliberales por demostrar lo contrario:

A seis años de las reformas al artículo 27 constitucional, la privatización de laindustria proveedora de insumas agropecuarios, la reducción de programas decrédito y la nula implantación de medidas de política económica han propicia­do distorsiones en los resultados del sector agropecuario, señaló José LuisGonzález Aguilera, secretario general de la Unión General de Obreros y Cam­pesinos de México (UGOCM).

Al hacer un balance de la actividad agrícola en México, el dirigente campesinoconsideró que "el campo requiere de una cirugía mayor", para revertir la bajarentabilidad, la decapitalización, los bajos ingresos de productores y la pobrezaextrema.Ante la problemática que enfrenta el sector, González Aguilera planteó diseñar unprograma para solucionar las carteras vencidas, más acorde a la capacidad realde los deudores, participando en un tratamiento integral en el que representenopciones factibles de cumplir y que requiere sustentarse en el otorgamiento denuevos financiamientos, con una cartera reestructurada, para que los proyectosde la Alianza para el Campo sean factibles.

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En ese sentido, propuso diseñar mecanismos como por ejemplo la colocaciónde deudas donde se busquen tasas de interés que permitan a los productorespagar en mejores condiciones. Para ello se requiere conocer planes de renego­ciación tanto en la banca nacional como internacional, dijo.Entrevistado en sus oficinas de la Unión General de Obreros y campesinos deMéxico "Jacinto López", el dirigente campesino hizo un recuento de los últi­mos seis años, luego de las grandes reformas al artículo 27 constitucional, conlas que se buscaba mejorar las condiciones del agro.También se refirió a los programas para eficientar la producción de alimentos.Para ello dijo, se requiere implementar un programa regionalizado de análisis desuelo por parte de la Secretaría de Agricultura, y así saber la vocación de latierra, el tipo de cultivo recomendable de acuerdo con la región, clima y condi­ciones geográficas.Hizo ver que no existe una composición objetiva, que permitan una mejorfluidez de todos los elementos que participen en un desarrollo equilibrado,sistemático e integral; para ello se requiere primeramente que las característicasconvergentes vayan de lo general a lo particular y que represente un valiosopunto de apoyo para las dependencias e instituciones tanto públicas como pri­vadas, que su responsabilidad incida a promover el desarrollo rural.Con respecto al sistema hidráulico agropecuario, González Aguilera dijo quees urgente rehabilitar y equipar al sistema, con la coordinación entre usuariosy autoridades de Conagua, para poder valorar las verdadera causas y efectos deineficiencia de esta importante infraestructura, donde se elabore un dictamenconsensuado en el que se exponga el problema y las alternativas de solución.U n tema en el que hizo énfasis fue el deterioro y falta de mantenimiento de lamaquinaria y equipo agrícola, aunado a la descapitalización, lo que ha influidoen el gran atraso de la mecanización en el campo mexicano.Requerimos, apuntó, flexibilizar las disposiciones de las normas de Alianzapara el Campo para poder acceder al beneficio en este importante rubro de laagricultura, ya que el productor social casi nunca tiene acceso a tractores.En cuanto al desempleo rural señaló que se ha agudizado significativamente."Tenemos una generación que ha venido perdiendo su identidad, ya que unaparte ha emigrado a las mnas urbanas y otra al extranjero, por lo que demandódel gobierno poner más atención a las demandas que presentan los hombres delcampo" (El Universal, 27 de septiembre de 1998)

En su entrevista con el secretario de Agricultura, Ganadería y DesarrolloRural (Sagar), ingeniero Romárico Arroyo, obtuvo importantes declaracionessobre el empleo rural en el agro mexicano, veamos:

El sector agropecuario es insuficiente para dar empleo a todos los campesinos delpaís, dijo en entrevista con El Universal el secretario de Agricultura, RomáricoArroyo, quien ofreció una política para 1999 de avanzada y con mayores re­cursos para los programas productivos en el campo nacional. Aseveró que el

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reconocer esta incapacidad para dar empleo a todos los campesinos refleja loscontrastes que se viven en la sociedad rural, pero aceptar que hay rezagos, des­tacó, no quiere decir que la producción agropecuara "se esté deshaciendo".Admitió que la insuficiente inversión en infraestructura en el medio rural tambiénimposibilita al sector agropecuario absorber la mano de obra campesina. Poresto, dijo, el año próximo los programas de Alianza para el Campo recibiránun "fuerte impulso", y se ampara el Campo recibirán un "fuerte impulso", y seampliarán otros de carácter productivos, mientras que el Procampo tendrá uncrecimiento acorde con el índice inflacionario. En la entrevista, el funcionarioaceptó que el sector agropecuario, por sí solo, no se puede hacer cargo de todoel empleo productivo que se necesita en este campo.Es por eso que todos necesitamos hacer el esfuerzo por mantener el crecimien­to general del sector, y de esta manera diversificar el empleo en las regionesrurales.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural(Sagar) adelantó que la política agropecuaria para 1999 será de avanzada, conuna continua tecnificación y ampliación en el uso de semilla mejorada, así comoel mejoramiento genético de la ganadería. En la conversación comentó que sereducirán los plaws de entrega de los recursos de Procampo, lo que permitiráincrementar su uso como financiamiento mediante la cesión de derechos. "Nosproponemos también el año próximo buscar, junto con los gobiernos de los esta­dos, un mayor acceso de los productores con menores recursos a los programasde la Alianza." En una conversación abierta, el secretario de Agricultura serefirió a la política que se aplicará para el próximo año, a la problemática queenfrenta la sociedad rural, y externó su confianza en el futuro de esta actividad.Cuestionado sobre los principales retos que enfrenta el sector agrícola y gana­dero, Romárico Arroyo despejó algunas dudas al respecto.

• ¿Cuál es la perspectiva para el sector agropecuario en 1999?• Lo que sucede es que en los términos actuales probablemente el término deplaneación no es tan clave. La organización implica que se tomen compromisosde volúmenes por cada una de las partes, esquemas que estamos trabajando,realmente se dan en un marco de señales para que los agricultores tengan de­terminación.

Al reformar el artículo 27 constitucional se decretó que la Secretaría de laReforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las Comisiones Agrarias Mix­tas y (sic) las demás autoridades competentes "continuarán desahongando losasuntos que se encuentren actualmente (1992) en trámite en materia de amplia­ción o dotación de tierras, bosques o aguas; creación de nuevos centros depoblación, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de con-

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formidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y queestén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto" (primerpárrafo del artículo 30. transitorio de la reforma). Muy pronto se encontraronlos neoliberales con problemas reales, pues este artículo transitorio en su se­gundo párrafo ordenaba que al entrar "en funciones los tribunales agrarios, sepondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su leyorgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legalesa que se refiere el párrafo anterior. "Imagínese el lector lo que sucedió cuandolos Tribunales Agrarios ya constituidos resolvían a favor de los campesinos soli­citantes de tierras, no habiendo -por haber sido derogadas- las acciones agra­rias básicas de dotación, ampliación de tierras o creación de nuevos centros depoblación ejidales. Pues nada, para cumplir las sentencias de esos tribunalesadministrativos, la Secretaría de la Reforma Agraria neoliberal, se vio obligada acomprar tierras para cumplir esos fallos. ¡Que ridículo neoliberal; había cientosde miles de hectáreas de tierra agrícola disfrazada de "pequeñas propiedades" anombre de terceras personas o a hijos y parientes simulándolas; terrenos nacio­nales que por arte de magia desaparecieron de la reserva agraria nacional creadadesde el presidente López Mateas. Ahora tenían que comprarlos.

Volvemos al flamante secretario de la Reforma Agraria neoliberal, ArturoWarman Gryj, cuando molesto expectó: "Es insostenible para el gobierno fede­ral seguir destinando cuantiosos recursos presupuestales y subsidios para accionesagrarias, por eso ya no habrá pagos discrecionales y se suspenderá, por ser unacarga onerosa, la compra de tierras para entregarlas a campesinos, sobre todo siéstos no las trabajan, las rentan o las venden", dijo Arturo Warman Gryj, titularde la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), a dirigentes del Congreso AgrarioPermanente (CAP).

Afirmó el funcionario que el problema del campo va más allá del repartoagrario. En los últimos años se ha pagado mucho en acciones agrarias; tansólo en 1996 el presupuesto para pagos es igual al que se destinó para la Alianzapara el Campo, que asciende a 13,800 millones de pesos.

Por esto, insistió Warman Gryj, "es insostenible que se siga destinando parapagos de acciones agrarias montos iguales al presupuesto para el desarrollo deagro mexicano".

Incluso el gasto de la SRA lo están dando las resoluciones del Poder Judicialy el Tribunal Superior Agrario, es decir, explicó, únicamente se harán comprascuando estas instancias así lo dictaminen. Los fondos para el desarrollo agrariodeben tener mucha precisión, con objetivos identificados, a fin de que la Secre­taría de Hacienda y Crédito Público pueda autorizar el presupuesto. De acuerdocon información obtenida por El Universal, el titular de la SRA se reunió con los12 dirigentes de centrales campesinas que integran el CAP, para analizar lo rela-

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cionado con el rezago agrario y las soluciones que se le darán para terminar en1997.

Entrevistado al respecto, el diputado federal José Luis González Aguilera,secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México(UGOCM), manifestó que las organizaciones no han sido capaces de evitar quehaya tráfico de tierras, con lo cual se distorsiona el fin para el cual se entregaronlas áreas de cultivo. A su juicio, no se le da a la tierra el fin social a veces por faltade capacitación de los dirigentes y campesinos, y por problemas ideológicos sedistorsiona el uso de las tierras.

Hasta la fecha se han entregado 103 millones de hectáreas en beneficio de3.5 millones de jefes de familia, con lo cual se han constituido cerca de 30,000ejidos. Mencionó que en ocasiones el enfoque de la SRA de la aplicación fría dela ley olvida aspectos sociales, con lo cual queda rebasada la ley y se margina acampesinos.

Dijo también que la obligación del Estado es apoyar a los campesinos, puesaún existe una deuda con los hombres del campo que no se ha saldado. Se re­quiere retomar los orígenes de la Revolución, pues en ellos se plasman los finesde la entrega de la tierra.

A su vez, Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Inde­pendiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (croAc), expuso que el rezagoagrario es un problema social y político en el país, por lo que se tiene que aten­der así para llegar al fondo de la problemática agraria. En este sentido, aseguróque las autoridades agrarias y el Presidente de la República no han medido las di­mensiones que constituyen el fin del rezago agrario. Según el dirigente de lacrOAC, al comparar los recursos que se destinan para la solución del rezago yla Alianza para el Campo, "no se vale" que se diga que es un monto importantecuando para el desarrollo del agro es insuficiente el presupuesto.

Advirtió Ovalle Vaquera que con la definición dada por el titular de la SRA

respecto del rezago agrario, se puede prever que se le dará una salida adminis­trativa a los miles de expedientes, sin que ello signifique la terminación de losconflictos por la posesión de la tierra (Carlos Velasco, El Universal, 5 de juliode 1996).

Hemos dejado debidamente documentados las protestas, críticas yoposicio­nes que surgieron antes y después de la contrarreforma tecnocrática neoliberala la reforma agraria mexicana. Sería interminable citar a tantos autores, analis­tas, escritores y periodistas que han publicado, en casi nueve años de vigenciadel "nuevo agrarismo". Cerraremos el presente epígrafe con dos análisis deJosé Luis Calva y una proposición de Eduardo Robledo Rincón, tercer secreta­rio de la Reforma Agraria de esta duplada tecnocrática.

En su primera publicación intitulada: "Neoliberalismo agrícola: un balan­ce" (El Universal, 19 de mayo de 2000), José Luis Calva analiza los resultados

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del experimento neoliberal en el campo, el impacto del TLC, el repliegue delEstado en acciones de fomento rural y la disminución alarmante del créditoagrícola. Señala el autor:

Los programas neoliberales de cambio estructural en México -apegado a lasprescripciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sinteti­zada en el Consenso de Washington- comprendieron un inopinado y abruptoproceso de liberalización del sector agropecuario, cuyas vertientes principalesson: 1. la severa reducción de la participación del Estado en la promoción deldesarrollo económico sectorial; 2. la apertura comercial unilateral y abrupta,que -realiza a marchas forzadas a partir de 1984- remató en la inclusión com­pleta del sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América delNorte; 3. la reforma de la legislación agraria que suprimió el carácter inaliena­ble, inembargable e imprescriptible de la propiedad campesina ejidal comunal,instituido por la Revolución mexicana, abriendo múltiples vías para el comerciode tierras y la concentración agraria en grandes unidades de producción.Los promotores y ejecutores de la reforma suponían que este programa liberali­zador -que dejaba a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del merca­do la libre asignación de los factores productivos- conduciría al incremento de lasinversiones de capital en la agricultura, a la elevación de la eficiencia y al desarrollode la producción de alimentos y materias primas agropecuarias.Los resultados del experimento neoliberal, sin embargo, han sido muy diferen­tes de los proyectados. En valor per cápita, el PIE agropecuario y forestal de1999, resultó 17.6 por ciento inferior al de 1981. En kilogramos per cápita, laproducción de los ocho principales granos en 1999 resultó 27 por ciento me­nor que la de 1981; la producción per cápita de carnes rojas disminuyó 34.6 porciento en este lapso; la de leche se redujo 15.5 por ciento y la producción fo­restal maderable per cápita fue 37.4 por ciento inferior a la registrada en 1981.Como contraparte -no obstante la reducción del consumo alimentario de losmexicanos que cayeron en la pobreza y en la pobreza extrema- las importacio­nes de alimentos se dispararon 1,790 millones de dólares en 1982, a 7,274.4millones de dólares en 1994 y a 8,601.2 millones de dólares en 1999, cifraequivalente a 135.1 por ciento del valor de las exportaciones de petróleo crudo,que ascendieron a 6,367.9 millones de dólares en 1999. Los principios e instru­mentos esenciales de la reforma neoliberal de la política agrícola debían nece­sariamente desembocar en ese resultado.

Las causas del desastre agrícola, en vez de ser combatidas, fueron trastoca­das, inculpándose al ejido como el causante del desastre. En consecuencia, fuedecretada la reforma neoliberal de la legislación agraria, sin que la imposición deesta reforma -contra la opinión expresa de las más importantes organizacionescampesinas de México- haya conducido a la superación de la crisis agrícola.Hoy día, la gran cuestión consiste en definir si el campo mexicano debe seguir

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siendo utilizado como un enorme laboratorio de experimentación neoliberal; osi --dejando a Washington en su consenso- hemos de reformular nuestra propiaestrategia de desarrollo económico, definiendo las funciones que el campopuede y debe desempeñar como parte de la solución de los grandes problemasnacionales y diseñando los instrumentos de política económica conducentes alcrecimiento agropecuario sostenido con equidad.

En una segunda publicación (El Universal, 27 de octubre de 2000) JoséLuis Calva señala:

Entre las organizaciones de productores rurales -campesinas y empresariales­ha emergido un extraordinario consenso acerca de la crítica situación del sectoragropecuario mexicano. Es natural; los estragos del modelo económico neoli­beral terminaron alcanzando, como destino, a pequeños y grandes productoresde granos, carnes, lácteos, maderas, fibras textiles, caña de azúcar y, en suma,a la agricultura masiva de donde dependen 4 millones de familias rurales, comose documentó en el Seminario Nacional "Las estrategias para el cambio en elcampo mexicano", organizado por el CIESTAAM de la Universidad AutónomaChapingo y realizado en el campus de la UACH durante esta semana.Hoy día, la gran cuestión consiste en definir si el campo mexicano debe seguirsiendo utilizado como un enorme laboratorio de experimentación neoliberal,o si hemos de reformular nuestra estrategia de desarrollo. De hecho, ningúnprograma nacional de crecimiento económico sostenido con equidad es viablesi no se sustenta en un campo bonancible. Por eso, en un certero proyecto denación, el sector agropecuario debe ser considerado como parte de la soluciónde los grandes problemas nacionales, en vez de ser considerado simplementecomo un problema.

El autor señala que el sector agropecuario del país puede contribuir decisiva­mente al financiamiento del desarrollo mediante: a) la oferta interna de alimen­tos y materias primas agrícolas "a fin de apoyar el equilibrio sostenible de lascuentas externas"; b) la producción de excedentes exportables de aquellos cul­tivos que por décadas se han colocado en el mercado mundial; e) "la transfe­rencia a actividades no agrícolas de los capitales excedentarios acumulados enel campo como producto de rentas diferenciales apropiadas por los productoresagrícolas más tecnificados o con mejores tierras, después de que éstos, al presen­tarse un escenario de bonanza agrícola, recapitalicen sus granjas". Asimismo, elautor expresa que el sector agropecuario contribuye a la estabilidad de precios"sobre bases sostenibles en el largo plazo, fincadas en la producción de satisfac­tares. Además debe preservar el mayor volumen posible de empleos", "sindemérito del necesario cambio tecnológico", aligerando las presiones sobre elmercado de trabajo urbano y creando empleos adicionales por sustitución de

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importaciones. Recuerda el autor que por cada dólar de alimentos que Méxi­co importa, exporta divisas, empleos e ingresos rurales. "Un vigoroso sectoragropecuario es, por tanto, importante motor de la dinámica económica gene­ral", concluye el autor.

Finalmente, leíamos detenidamente la entrevista que sostuvo Eduardo Ro­bledo Rincón, secretario de la Reforma Agraria (revistaEpoca, 8 de mayo de 2000)con la periodista Sandra Sandoval, después de "gira" por Europa donde asistióal Congreso Mundial de Derecho Agrario, en A1mería, España, Lo que a conti­nuación transcribimos me dejó, pasmado y estupefacto:

¿Cuáles son los problemas básicos del ejido?• El ejido tiene tres problemas: el envejecimiento, el minifundio y la presiónsobre la tierra. Sobre el primero, en México muchos ejidatarios tienen 80 años,difícilmente van a pensar en la globalización, en la compactación de tierras, másbien están pensando en el final de su vida. Tenemos un millón y medio de titu­lares de tierra en la tercera edad.Necesitamos un relevo generacional, que el ejidatario deje la tierra a su hijoque en promedio tiene 30 años, y si dejamos que este fenómeno ocurra enforma natural, este joven la recibirá cuando tenga 45 años, prácticamente desalida. El reto es lograr que el ejidatario se retire dignamente y el hijo asuma latitularidad, porque a los 30 años es más factible entender los cambios tecnológi­cos, la globalización y con él es más fácil ir a la compactación de la tierra.En cuanto al minifundio, los terrenos son pequeños y dispersos. Sesenta porciento tiene superficies de menos de cinco hectáreas, y así es difícil encontrarformas de resolver las necesidades básicas de la familia.En lo relativo a la presión social, se entregó a un promedio de 76 personas unaunidad económica, y hoy hay 280 campesinos que pretenden vivir de la tierra yno tienen acceso a ella. Por cada persona a la que le fue dotada la tierra hay cua­tro mexicanos que subsisten de lo que producen. Por ello, se necesita reconver­tir esa mano de obra, vía industria o servicios para que no sigan dependiendodel producto de la tierra.Esa tierra ya no va a dar más. Tendría que producir 500 por ciento para quehubiera excedentes y satisfacer las necesidades de los otros cuatro. El ejido ten­dría que producir 500 por ciento más para tener excedentes y así no se va aresolver el problema. Y no es que no haya una política, lo que sucede es que elsobrepoblamiento requiere ser canalizado en una conversión de mano de obrahacia la industria y los servicios.Aquí hay un fenómeno interesante. Hace 30 años, de cada 100 ejidatarios unoera mujer, hoy son 20. Esto significa que la mujer en el ejido tiene una presen­cia y espacio que no tenía antes, incluso limitado por las mismas disposicionesjurídicas. La reforma constitucional, entre otras cosas, democratizó al ejidopolíticamente, jurídicamente. La mujer también se benefició de ello, al obtenerla titularidad de la tierra vía la sucesión del padre o el marido.

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Lo que necesitamos es que alIado del ejido hubiera una planta o una maquila­dora que diera empleo a los que no tienen tierra, entonces ya no tendrían ne­cesidad de trabajar en el ejido. Necesitamos reconvertir esta mano de obra queha crecido junto a la que se le entregó la tierra. Ese es e! gran problema.¿Por qué esta forma de propiedad no avanza?-En igualdad de circunstancias es igual de productivo que la propiedad priva­da. Sin embargo e! proceso de avance no terminará mañana. El reparto agrarioduró 80 años, e! ordenamiento de! mismo lleva ocho años con resultados queno tiene ningún país. La fórmula para que avance es una mezcla de políticasde rejuvenecimiento de los propietarios y compactación de las parcelas. Esto noslleva a los tres nudos mencionados: el envejecimiento, el minifundio y la presiónsocial. Si avanzáramos en el rejuvenecimiento y en la concentración parcelariahabría un gran avance.Sin embargo, las bases ya están sentadas para su pleno desarrollo.

Síntesis

Hasta el mes de enero de 1992, la reforma agraria revolucionaria definió, regulóy apoyó con diferentes instituciones de carácter social y económico a la estructu­ra agraria del país, abarcando a comunidades, ejidos, propietarios minifundistasy pequeñas propiedades rurales dentro de los límites de superficie constitucio­nales. La justicia social, motor del derecho agrario, fue la esencia reivindicadorade las acciones agrarias en provecho de los campesinos. Hasta esa fecha estuvo vi­gente la máxima expresión jurídica en la evolución histórica del derecho socialagrario: la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. Este ordenamiento legalprotegió los derechos de ejidatarios, comuneros y propietarios minifundistas,así como a la auténtica pequeña propiedad entregandole certificados de inafec­tabilidad agrícola, ganadera, agropecuaria y forestal.

En esta forma mantuvieron su vigencia el principio de justicia social, lagarantía social del artículo 27 constitucional, el derecho social agrario, la propie­dad social y las instituciones de apoyo complementario para la producción social.De esta suerte, el sector social de nuestra economía nacional, integrado porobreros, campesinos y clases medias populares, tuvo reconocimiento pleno enel texto del artículo 25 constitucional que establece la rectoría del Estado en eldesarrollo nacional. En su párrafo tercero se señala: '~ desarrollo económiconacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sectorsocial yel sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económi­ca que contribuyan al desarrollo de la nación." En este mismo artículo (párrafoVI) se ordena: "Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará eimpulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetán­dolas a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en benetIcio general,de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente."

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La aplicación de la legislación agraria se encomendó al Presidente de laRepública, a los gobernadores de los estados y al jefe del Departamento delDistrito Federal; a la Secretaría de la Reforma Agraria; a la de Agricultura y Re­cursos Hidráulicos; al Cuerpo Consultivo Agrario y a las Comisiones AgrariasMixtas (art. 20.). El artículo 30. de esta Ley Federal de Reforma Agraria acla­raba que: "La Secretaría de la Reforma Agraria es la dependencia del EjecutivoFederal encargada de aplicar ésta y las demás leyes agrarias, en cuanto las mis­mas no atribuyan expresamente competencia a otras autoridades su titular seránombrado y removido libremente por el Presidente de la República." Lo ante­rior demuestra la trascendencia social, económica y política que tuvo el repartode la tierra, la organización de los campesinos productores, la propiedad socialy sobre todo, la tutela y cumplimiento de la garantía social expresada en elartículo 27 constitucional.

Del año 1915 al 1992 o sea 77 años, todos los gobiernos de la Revolucióncumplieron sus obligaciones con los campesinos y agricultores de México, conmayor o menor entusiasmo agrario. El crecimiento económico de nuestro país locomprueba Cuauhtémoc Anda Gutiérrez apoyado en Estadísticas históricas deMéxico expresando lo siguiente:

Viene después la Revolución y de 1910 a 1932 la economía no sólo no creció,sino que decayó 2.6 promedio anual. Recuerdo que el abuelo del PRI nace en1929, precisamente el año en el que estalla la llamada "Gran Depresión" en Es­tados Unidos, donde, de acuerdo a sus políticas ortodoxas liberales dejaronquebrar a los bancos y el coletazo nos pegó de tal suerte que en 1929 caímos4 por ciento en 1930; 6 por ciento en 1931; recuperación de 3 por ciento paradar pie al peor retroceso del 15 por ciento en 1932. Sin embargo, un noblesufrido y esforzado pueblo básicamente rural y con solo 1 año de promedioescolar, dirigido por gobiernos priístas dio muestras los siguientes 50 años delo que mundialmente se estudió, analizó y calificó como el milagro mexicano.Veamos: En 1933, después de nuestra peor caída el año anterior se recuperóun 11 por ciento para dar paso al excelente sexenio del Gral Lázaro Cárdenasquien logró un 4.5 por ciento anual, independientemente de que crea Pemex,Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, el Instituto PolitécnicoNacional, distribuye tierras, apoya a la República Española, se opone a losfascistas que invaden Abisinia, a Franco, Mussolini, Hitler, etcétera. Si ademásde insertarnos como país en el concierto de las naciones, consigue finalmentehacer crecer el PIE. El general Ávila Camacho toma la estafeta y consigue unimpensable (para la época 1940-1946) crecimiento del 6.2 por ciento prome­dio anual, aquí hay que destacar al gran Ministro de Hacienda Don EduardoSuárez, quien en 1942 renegocia la deuda externa (estábamos sobreendeudadosdesde la Revolución) y logra quitas del 90 por ciento. Si leyó usted bien, porcada dólar que debíamos sólo pagamos 10 ctvos; claro, la 2da. Guerra Mundialera la coyuntura. A continuación llegó la administración del presidente civil

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licenciado Miguel Alemán Valdés quien alienta el desarrollo industrial y condu­ce al país durante los primeros difíciles años de la postguerra. El crecimientoeconómico anual es bueno en su sexenio de 5.8 por ciento. Empero en tratán­dose de crecimiento aún vinieron sexenios mejores. Con Adolfo Ruiz Cortines(1952-1958) se logra un 6.4 por ciento promedio anual, con Adolfo LópezMateas (1958-1964) un 6.7 por ciento; con Gustavo Díaz Ordaz (1954-1970)un increíble 6.8 por ciento. En el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) elcrecimiento fue 6.2 por ciento y el de José López Portillo de 6.1 por ciento.Note usted. El impresionante crecimiento económico logrado por nuestropueblo en los gobiernos priístas de 1933 a 1982, el mejor medio siglo en nues­tra historia económica y en la de muchos otros países, con la maravillosa cir­cunstancia que se hiw en plena paz social. Insisto ni mi padre, ni yo, ni mishijos fuimos a la guerra y deseo que a mis nietos tampoco les toque. No muchagente de mi generación de otros países puede decir esto. El año de 1983 decre­cimos 5.3 por ciento, luego nos recuperamos un poco, vino el temblor de 1985,la caída de los precios del petróleo a menos de 10 dólares en enero de 1986, luegoel colapso de la caída de la bolsa en octubre de 1987, en fm, el sexenio de Mi­guel de la Madrid no crecimos. En la administración de Carlos Salinas (1988­1994) crecimos 3.1 por ciento; en la del doctor Ernesto Zedilla (1994-2000)empezamos cayendo 7 por ciento en 1995, se recuperó 7 por ciento en 1996 ylos 3 años siguientes crecimos 5 por ciento cada año y el primer trimestre del2000 casi 7 por ciento, por tanto es muy factible que el sexenio del doctor Ernes­to Zedilla logre alrededor del 4 por ciento en promedio. En resumen guste ono guste, la historia económica muestra que aun con nuestras deficiencias yrezagos México nunca había estado mejor que con administraciones priístas.326

La contrarreforma agraria tecnocrática y neoliberal se inicia el lo. de di­ciembre de 1988 y se consuma el 6 de enero de 1992, al publicarse la reformadel artículo 27 constitucional en la que Salinas de Gotari da marcha atrás alproceso revolucionario agrario. En febrero del mismo año entra en vigor lanueva Ley Agraria. Así comenzó el desmantelamiento de la propiedad social,del derecho social agrario, de la producción social de ejidos, comunidades ypropietarios minifundistas.

Se derogaron: la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley de Crédito Rural, laLey de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, la Ley del Seguro Agropecua­rio y de Vida Campesina, la Ley de Fomento Agropecuario, así como todas lasdisposiciones que se opongan a la nueva Ley Agraria neoliberal.

Con la privatización de la tierra ejidal se perdió la característica principalde la propiedad social como fue la de ser inalienable, imprescriptible e inembar-

326Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, artículo publicado en El Sol de Taluca, 19 de Mayo de 2000. Cita a lasEstadísticas históricas de México, t. 1, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),

pp. 311-312.

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gable, es decir fuera del comercio. La contrarreforma agraria ha hecho posibleque el ejidatario pueda vender, dar en arrendamiento, prescribir y entregar sustierras a otro ejidatario, a un propietario y a una sociedad mercantil o civil comohemos visto anteriormente, las sociedades mercantiles por acciones, puedentener inversionistas extranjeros hasta por el 49 por ciento del capital social. Así,la parcela y las tierras de uso común pueden aportarse a esas sociedades. Es ver­daderamente jocoso observar las contradicciones de la nueva Ley Agraria y sufalta de técnica jurídica. Por ejemplo el artículo 74 declara ampulosamente quelas tierras de uso común -las no reservadas para el asentamiento del núcleo depoblación y las parceladas- son inalienables, imprescriptibles e inembargables,salvo los casos previstos en el artículo 75 el cual dispone: "En los casos demanifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir eldominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las queparticipen el ejido o los ejidatarios" para lo cual se establece un procedimiento.En el mismo caso están las tierras del asentamiento humano que fueron igual­mente declaradas fuera del comercio (inalienable, etcétera) con una excepción: elnúcleo de población podrá aportarlas al municipio o "entidad correspondien­te", para servicios públicos.

Lo mismo acontece con la propiedad comunal indígena. La fracción III delartículo 99 declara ampulosamente al referirse a los efectos "jurídicos" del reco­nocimiento de la comunidad que la protección especial (?) a las tierras comuna­les que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables tiene la excepciónsiguiente: salvo que se aportan a una sociedad -mercantil por acciones o civil- deacuerdo con el artículo 100 de la ley.

La contrarreforma agraria tecnocrática y neoliberal tiene como propósitoslos siguientes:

1. Cumplir con las órdenes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Interna­cional y con los compromisos adquiridos en Washington, D.C.2. Privatizar la propiedad social de ejidos y comunidades para incorporarlas alcomercio de la tierra, efectuando la desamortización de 104'239,103 hectáreasde tierras ejidales con todos sus recursos naturales. Asimismo, las extensiones detierras comunales indígenas corren la misma suerte en las 2,000 comunidadesa quienes les fueron reconocidas o restituidas esas tierras y que beneficiaron amás de 400,000 comuneros.3. Condenar a más de dos millones de unidades de producción minifundista a suprogresiva desaparición, sean ejidales, comunales o de propiedad privada, quese trabajan para el autoconsumo de sus productos. Estos campesinos mexica­nos, conjuntamente con los ejidatarios con derechos a salvo y tres millones dejornaleros agrícolas, constituyen una población de 20 millones en pobrezaextrema.

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4. Reconstruir el latifundio para la agricultura comercial y de exportacióncreando una nueva forma de tenencia o propiedad de la tierra, al reformar elartículo 27 constitucional y permitir que sociedades mercantiles o sociedadesciviles (nueva Ley Agraria) tengan derecho a tener 25 veces el límite de laauténtica pequeña propiedad advirtiendo que antes de la contrareforma agrariadel salinato, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal tenía una super­ficie nacional, unifome, federalizada, de acuerdo con la calidad de la tierra, alriego, al régimen pluviométrico, a su capacidad forrajera o índices de agosta­dero o a su vocación forestal. A partir del salinato -léase porfiriato-- esta pro­piedad individual sirvió de base para elevar los índices de concentración de latierra en sociedades mercantiles y sociedades civiles, aumentando su superficiehasta 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual. Todo lo cual dael siguiente cuadro o la verdadera estructura agraria del país:a) Tierras dedicadas a la producción agrícolal. Tierras de riegoPropiedad individual 100 haPropiedad empresarial 2,500 ha2. Tierras con riego dedicadas al cultivo de algodónPropiedad individual 150 haPropiedad empresarial 3,750 ha3. Tierra de temporalPropiedad individual 200 haPropiedad empresarial 5,000 ha4. Tierras dedicadas al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule,palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutalesPropiedad individual 300 haPropiedad empresarial 7,500 ha5. Tierras de agostadero de buena calidadPropiedad individual 400 haPropiedad empresarial 10,000 ha6. Tierras de bosques, monte o agostadero en zonas áridasPropiedad individual 800 haPropiedad empresarial 20,000 hab) Tierras dedicadas a la ganadería de acuerdo con los índices de agostaderofijados por la Comisión Técnico Consultiva sobre Coeficientes de Agosta­dero (Cotecoca) para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equi­valente en ganado menor (al dos por uno) :l. Si el índice de agostadero o capacidad forrajera del terreno es de 4 ha porcabeza de ganadoPropiedad individual 2,000 haPropiedad empresarial 50,000 ha2. Si el índice de agostadero es de 8 haPropiedad individual 4,000 haPropiedad empresarial 100,000 ha

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3. Si el índice es de 10 haPropiedad individualPropiedad empresarial4. Si el índice es de 20 haPropiedad individualPropiedad empresarial5. Si el índice es de 30 haPropiedad individualPropiedad empresarial

5,000 ha125,000 ha

10,000 ha250,000 ha

15,000 ha375,000 ha

Estos datos demuestran fehacientemente la vuelta al latifundismo porfiristay constituyen una verdadera contrareforma agraria, agravada por la derogaciónde los procedimientos de dotación y ampliación de tierras y creación de nuevoscentros de población como consecuencia de las reformas al artículo 27 consti­tucional implementadas por el salinato y solapadas por el zedillazo.

Otro de los propósitos de la contrarreforma tecnocrática neoliberal es lega­lizar todas las simulaciones de pequeñas propiedades que concentran tierra oprovechos económicos que están a nombre de familiares o prestanombres, puesal derogarse la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, desapareció el procedi­miento legal para combatirlas.

Al derogarse la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías se perdie­ron, ocultaron o legalizaron estos terrenos que eran de la nación brindando laoportunidad de ocuparlos sin requisito alguno. Los terrenos nacionales costerosde gran valor para el turismo y los fraccionamientos quedaron en manos deautoridades y funcionarios de ese perverso gobierno.

La supresión de las autoridades agrarias encabezadas por el Presidente de laRepública fue otro demoledor golpe a la garantía social del reparto de la tierra.La justicia agraria quedó en manos de los tribunales agrarios "dotados de auto­nomía y plena jurisdicción".

Paralelamente a partir de 1989 el régimen del salinato fue reduciendo loscréditos que se otorgaron al campo; los apoyos, subsidios y servicios que se da­ban, hasta hacerlos desaparecer abandonando a su suerte a los campesinos mexi­canos. Todo lo que hicieron los gobiernos de estos sexenios de "economistas" fuecontinuar con la entrega de documentos agrarios, de certificados de derechosagrarios, de títulos parcelarios, de solar urbano, etcétera. Todo se hizo con eldeliberado propósito de facilitar la venta de las tierras y favorecer al capitalextranjero.

Al suprimir al Presidente de la República como suprema autoridad agrariay perderse el concepto de propiedad social, de producción social, se perdieronlas responsabilidades del Estado en materia social. Por eso las inversiones ypresupuestos sociales quedaron al capricho de estos dos presidentes neolibera-

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les y tecnocráticos. Se abandonaron a su suerte a los milperos y a los propietariosminifundistas que suman millones de campesinos. El foco de atención de los pre­sidentes Salinas y Zedilla se trasladó del pueblo, de la familia mexicana, de losobreros, campesinos y clases populares, a las élites económicas, a las élites em­presariales, favoreciendo el propósito neoliberal y globalizador de hacer másricos a los ricos, pues afirman que primero es crear riqueza para que ellos la re­partan. Por eso el campesino, el obrero y el pueblo no cuentan y en muchoscasos como los economistas "colonizados" dicen: ¡son prescindibles!, es deciraprovechables, utilizables, explotables en otra actividad.

La moral perversa que se practicó en estos dos sexenios neoliberales alcanzóa dañar a los agricultores que trabajan pequeñas y medianas superficies agríco­las, al incrementar las tarifas eléctricas; el precio de los combustibles y suspen­der estímulos, apoyos y subsidios a la agricultura, además de abatir el créditoagrícola.

Salinas de Gortari y Zedilla Ponce de León cumplieron su tarea al acabarcon la reforma agraria mexicana. Seguramente recibirán reconocimientos en losorganismos financieros internacionales y en Washington, D.C., ante el repudioy condena del pueblo mexicano.