Sistema de Justicia Penal en el Condado de Nueva York, ¿cómo funciona?

 

INTRODUCCIÓN

Los procedimientos de la justicia penal son complejos, y a menudo pueden resultar confusos para las personas no familiarizadas con la ley penal. Esta guía, que abarca desde el arresto hasta la sentencia y el glosario legal, está concebida para explicar y aclarar los procedimientos de la justicia penal en el Condado de Nueva York.

En primer lugar, en todo el país la investigación y el proceso de un delito son responsabilidad del poder ejecutivo. Los fiscales, investigadores y policías son miembros del poder ejecutivo y no del judicial como lo son los jueces.

Por lo tanto, el papel de los jueces en la investigación de los delitos es limitado. Sin embargo, ciertas acciones durante una investigación sólo pueden llevarse a cabo con la autorización de un juez. Solamente un juez puede dictar una orden de registro o la incautación de pruebas incriminatorias; solamente un juez puede ordenar la grabación de conversaciones telefónicas; solamente un juez puede tomar medidas para obligar a cumplir una orden de comparecencia (una orden de que un testigo rinda testimonio o presente documentos u otras pruebas que obren en su poder, bajo pena de privación de la libertad si se niega a hacerlo); y, excepto en circunstancias limitadas, solamente un juez puede dictar orden de arresto contra una persona acusada.

Siempre que un fiscal (o, en algunos casos, un policía) determina que se requiere este tipo de acción judicial en una investigación, presenta una solicitud formal ante el tribunal y presenta hechos o pruebas legalmente suficientes para apoyar la acción solicitada. Un juez dicta la orden solamente si determina que existen hechos fehacientes para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de una solicitud de orden de registro, el juez debe determinar que las pruebas presentadas son suficientes para establecer una causa probable de delito y que pueden encontrarse pruebas de dicho delito en el sitio especificado en la solicitud de la orden de registro.

En segundo lugar, la Constitución de los Estados Unidos exige ciertos requisitos de procedimiento en casos penales, que se aplican a procesos tanto estatales como federales. Por ejemplo, una persona acusada de un delito grave tiene derecho a un juicio por jurado y representación de un abogado. En el juicio, el abogado defensor tiene derecho a interrogar a las personas que rindan testimonio en contra de su defendido. Este derecho se denomina derecho de confrontación y es garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. Además, ninguna persona puede ser forzada a prestar testimonio en contra de sí misma, como garantiza la Quinta Enmienda de la Constitución. Cualquier persona puede hacer valer este derecho, sin la necesidad de que haya sido formalmente acusada de ningún delito. Asimismo, la Constitución requiere que no se dicte ninguna orden de registro o arresto, excepto si se ha determinado que existan pruebas suficientes que apoyen una “causa probable”.

LA POLICÍA Y EL ARRESTO

¿Cuál es la función de la policía?

Además de garantizar la seguridad de la ciudadanía y usar los medios a su disposición para prevenir la delincuencia, la policía investiga delitos y arresta a individuos sospechosos de cometerlos.

Las investigaciones policiales comienzan con la presentación de una denuncia criminal verbal o escrita (criminal complaint) o con una orden de arresto (arrest warrant), que es seguida por el envío de oficiales a la escena del crimen. Los oficiales entrevistan a testigos, reúnen pruebas físicas si las hubiera y resumen las pesquisas en sus notas de campo. Con todo esto, escriben un informe que se convierte en la narrativa oficial de la denuncia.

El informe escrito se envía al fiscal, quien debe decidir si se necesita más investigación o si existen suficientes evidencias para autorizar la detención del sospechoso basándose en la causa probable de que se ha cometido un delito y la persona citada en el informe lo cometió. 

¿Qué es un arresto legal?

La mayoría de las acciones penales comienzan cuando un sospechoso es detenido. Gracias a la Cuarta Enmienda, ningún ciudadano puede ser arrestado sin la causa probable de que el sospechoso haya cometido un delito, entonces es cuando se dice que un agente de policía lo puede arrestar conforme a la ley. Las detenciones se realizan cuando un juez emite una orden de arresto, si una persona es sorprendida cometiendo un delito o si un oficial de policía tiene una sospecha razonable de que cometió un delito. Un arresto simplemente significa detener a una persona por un período de tiempo para investigar un crimen. Si la detención se basó en una orden judicial, ésta le da a cualquier oficial de la ley el derecho a arrestar a la persona indicada y ponerla en custodia. Este caso se denomina “a remisión”. Un sospechoso remitido sobre una orden, va a prisión hasta que termine su caso. Esto no significa que sea culpable de un crimen, simplemente significa que las autoridades creen que hay una razón significativa por la que no debería dejársele libre.

Un arresto implica que el agente le comunique al sospechoso que está bajo arresto y el motivo por el que está siendo detenido, así como leerle sus derechos y si los entiende. Contrariamente a la creencia popular, la lectura de los derechos Miranda* (Miranda Rights) a un sospechoso, no es necesaria en el arresto pero si se requiere antes de ser interrogado. El oficial también está autorizado a usar la fuerza razonable, pero no excesiva, si un sospechoso se resiste a la detención.

*”Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarse un abogado, el tribunal le proporcionará uno de oficio.”

¿Cuándo es necesaria una orden de registro?

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a los americanos de registros ilegales por parte del gobierno. Eso significa que en ausencia de una situación de emergencia u otra excepción, un agente de policía debe obtener una orden de registro antes de llevar a cabo un registro de su persona o propiedad.

La Cuarta Enmienda requiere que el registro sea específico y razonable. Eso significa que un juez solamente aprobará un orden de registro si la solicitud de ésta es específica en cuanto a las cosas que se buscan y el lugar en donde se desea buscar. La ejecución de la ley debe probar también que existe una causa probable acerca de que una cosa concreta se encuentra localizada en un lugar específico.

Si la orden se expide o no, queda a la discreción del juez. Si un juez encuentra que el fiscal ha reunido la causa probable y ha incluido suficiente especificidad en la petición de la orden, entonces el juez expedirá la orden de registro. El sospechoso, como es natural, no estará presente durante este procedimiento por lo que no tiene la oportunidad de presentar sus argumentos contra la expedición de una orden. Sin embargo, en procedimientos posteriores, el sospechoso puede argumentar que la orden de registro fue concedida indebidamente.

¿Cuándo no es necesaria una orden de registro?

Existen unas pocas situaciones en las que la ejecución legal se encuentra exenta de la obtención de una orden de registro. Estas situaciones incluyen:

Consentimiento: El ejecutor de la ley puede solicitar la entrada a la casa de una persona o registrar las pertenencias de una persona. El dueño de la propiedad está presente y da permiso expreso al agente para el registro, entonces la orden de registro es innecesaria.

Por ejemplo, si un conductor es detenido por un agente al infringir una norma de tráfico, después de pedirle su licencia de conducir y el seguro, puede pedirle permiso para registrar el coche, a pesar de que no tiene causa probable que le haga creer que el conductor está en posesión de armas de fuego o estupefacientes. Si el conductor le da permiso para hacerlo, el agente no está infringiendo ninguna ley aunque no posea una orden de registro para el vehículo.

En este caso, si el detenido por una infracción de tráfico es detenido y el agente, por alguna razón, tiene que confiscar el vehículo, está en su derecho de registrarlo para evitar acusaciones de robo, haciendo un inventario de objetos que haya en el interior. Esto, en algunos estados, solo se permite en habitáculo de los pasajeros y en los compartimientos que no estén bloqueados.

Doctrina de “A plena vista”: La doctrina de simple vista establece que cuando un policía se encuentra en un establecimiento o vivienda con una orden judicial para su registro, o en caso del arresto de un sospechoso, puede incautar pruebas que estén a simple vista, incluso si no están especificadas por la orden de registro o bajo el control del sospechoso en el momento de su arresto. Algunos Estados no sólo se suscriben a esa doctrina, sino que también a la del olor y el tacto. Sin embargo, si las reglas establecidas para estos casos no se cumplen, la evidencia puede ser inadmisible.

Para ejecutar correctamente una incautación a simple vista de las pruebas, el agente debe estar dentro del establecimiento lícitamente. Por ejemplo, si un oficial de policía ve pruebas de contrabando a simple vista durante una detención de vehículos, puede apoderarse de las pruebas si está lícitamente dentro de la propiedad pública que es una carretera. Si el oficial de policía entrase en el automóvil, no podría incautar pruebas en virtud de la simple vista si no está presente legalmente dentro del vehículo, como por ejemplo, si el dueño de éste le diese permiso.

Los policías deben tener derecho legítimo a acceder al objeto de incautación como prueba. El oficial no puede mover otros objetos para ver mejor el elemento sospechoso, ni puede dar la vuelta al objeto para ver el número de serie para comprobar si es robado a no ser que el número de serie esté a la vista.

El carácter incriminatorio del objeto debe ser evidente, y el oficial debe tener motivos probables para creer que el objeto es prueba de un delito o de contrabando. Por ejemplo, la

policía entra legalmente dentro del apartamento de un hombre con una orden de registro o el permiso del dueño. Uno de los oficiales identifica un Renoir colgado en la pared, y asume que fue robado. No podrá incautarlo como prueba porque no tiene una causa probable para pensar que el Renoir es robado, ni tampoco está clara la evidencia de que sea una prueba incriminatoria de ningún delito.

Algunos Estados también siguen las doctrinas del olfato y la del tacto simple. Si un oficial detiene un automóvil por infligir alguna norma de tráfico y huele a marihuana, es suficiente para establecer una causa probable para un registro. La doctrina del olor simple y llano sostiene que cuando un oficial de policía está capacitado para reconocer el olor de la marihuana. La doctrina del tacto simple permite que un agente confisque cualquier objeto que descubra durante un cacheo legal buscando armas. El agente, sin embargo, se limita estrictamente a lo que es necesario para descubrir un arma y no puede buscar más allá.

Situación de emergencia: Si la policía se encuentra persiguiendo a un sospechoso y en la persecución entra dentro de una casa u otra propiedad privada, entonces no necesita una orden para obtener la evidencia que se encuentre a la vista.

Por ejemplo, un agente de policía puede ser testigo de un robo o un asalto y comenzar a perseguir al delincuente para arrestarlo. Si el delincuente se refugia en una residencia privada, entonces el policía puede seguirlo y no necesita contar con una orden para entrar en la casa ni para recoger evidencias que se encuentren a plena vista o dentro del alcance del supuesto delincuente.

La policía también puede entrar en una casa sin una orden si oye que una persona está gritando pidiendo ayuda o tiene motivo para creer que una persona o una propiedad está en peligro inminente y que dicho daño se ocasionaría durante el tiempo que se tardaría en obtener una orden de registro.

Búsqueda tras arresto: Los agentes de policía pueden buscar el cuerpo y los alrededores inmediatos de una persona cuando es arrestada. Los tribunales han permitido esta excepción a la regla de obtener una orden de registro a fin de proteger a los agentes de policía de los sujetos que pudieran portar armas ocultas.

Un ejemplo sería, si un agente tras detener un vehículo, al comprobar sus datos comprueba que el conductor tiene una orden de arresto por robo a mano armada u otro delito violento, puede obligarlo a salir del vehículo y cachearlo para comprobar que no esté armado. Tras esposarlo, esto le da una causa probable y puede registrar el vehículo en busca de armas o drogas.

 

¿Qué diferencias existen entre una orden natural y una viciada?

Una orden natural es una orden de registro (Search Warrant) que aún no ha pasado a estar viciada. Según la Cuarta Enmienda, la orden para los registros o incautaciones deben de cumplir unos requisitos, y es que para emitirlas requieren una causa probable, una declaración específica acerca de lo que las autoridades están buscando y dónde, y ser emitidas por un juez imparcial.

Los oficiales de policía también deben ejecutar la orden correctamente. Entre otros requisitos, la correcta ejecución requiere que la policía no espere demasiado tiempo entre la

emisión de la orden y la fecha del registro o embargo. Si esperan demasiado, la orden se convierte en “viciada”. Como regla general, los tribunales encuentran que las órdenes son naturales durante diez días una vez emitidas, a menos que la policía pueda demostrar una buena razón para la demora.

Una orden natural, si es válida y está adecuadamente ejecutada, por lo general permite a las autoridades utilizar cualquier prueba incautada como resultado del registro o la incautación, pero si la orden está viciada, la mayoría de los tribunales no incluirán los arrestos o las evidencias incautadas como consecuencia del uso de la orden.

¿Qué es una prueba material?

Las evidencias se utilizan para probar o refutar una afirmación de hechos formulada por una de las partes durante un juicio en los casos civiles y penales. La evidencia que es relevante para un caso se llama prueba material y es admisible en el juicio. La evidencia irrelevante, por otra parte, no tiene ningún efecto sobre el resultado de un juicio y no es admisible. La evidencia puede ser en forma de declaraciones de testigos, pruebas documentales tales como registros médicos o de empresa, u objetos tangibles como un arma o artículo de la ropa ensangrentada.

La materialidad tiene que ver con la relación entre la evidencia y las cuestiones planteadas en el juicio. Si un asunto es importante para la determinación de los resultados de un caso, la prueba ofrecida para probar el delito se considera que es material. Las pruebas que tendrán que utilizarse para probar o refutar el caso en el juicio son consideradas como evidencias materiales. La evidencia irrelevante es inadmisible. Las pruebas materiales pueden ser directas o indirectas.

La evidencia directa es la prueba en la que se apoya el juez o el jurado para establecer el caso para el que se ofrece. La evidencia directa proviene de la observación personal de alguien o el conocimiento y puede demostrar el delito en cuestión sin ningún tipo de presunción o conclusión adicional. Un ejemplo de evidencia directa sería un video de vigilancia de una persona que roba un banco o una cinta grabada por un sospechoso.

Las pruebas circunstanciales requieren que un juez o un jurado deduzcan que la evidencia que se ofrece es la prueba de una afirmación de un hecho. Un ejemplo de evidencia circunstancial es un testigo que testifica que vio a una persona acusada de asesinato de pie sobre el cuerpo sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Esta evidencia requiere que un juez o jurado llegue a la conclusión que la persona que tiene el cuchillo ensangrentado ha cometido el asesinato.

La evidencia irrelevante es presentada en un juicio para probar una cuestión de hecho y, a menudo las partes en un caso tienen explicaciones contradictorias de lo que son los hechos. Si la evidencia propuesta no ofrece soporte o prueba de delito en el juicio, la prueba se considera irrelevante por eso es irrelevante.

¿Qué pasa cuando alguien es puesto bajo custodia?

El agente que detuvo al sospechoso, lo llevará a un centro de detención o prisión local. El tiempo pasado en la cárcel antes de la inculpación oficial depende del presunto delito y si un juez o magistrado extiende el tiempo de detención por falta de pruebas o por la gravedad del delito.

Una vez que el sospechoso está en custodia en la comisaría, puede ser identificado por la víctima o por testigos y puede hacer una declaración a la policía. Siempre será sometido a un registro personal y los oficiales tienen derecho a confiscar cualquier sustancia, efectos personales o prueba encontrados durante este registro. Las pruebas incluyen las ganancias del delito, cualquier herramienta usada para cometer el delito, ropa distintiva u otros artículos que ayuden a conectar al sospechoso con el delito, la víctima o la escena del delito. El agente del arresto entrega los bienes confiscados a la División de Custodia de Pertenencias (Property Clerk's Division) del departamento de policía que emitirá los correspondientes comprobantes.

Una vez acusado de un delito, el sospechoso será fotografiado y se le tomarán las huellas digitales para su ficha del registro policial. El oficial del arresto también prepara en ese momento el informe del arresto, el informe de la denuncia y otros formularios policiales.

En algunos delitos menos graves, el sospechoso de cometer el delito puede solicitar la libertad bajo fianza de inmediato, entonces el agente del arresto, una vez pagada la fianza establecida, le entrega un Documento Citatorio (DAT, Desk Appearance Ticket* ). Si el sospechoso no responde a los criterios para que se le otorgue el DAT, será llevado de la comisaría a la Central de Procesamiento (Central Booking) donde se le toman las huellas dactilares y las fotos para su ficha y así continuar con el proceso. Mientras tanto, un Ayudante del Fiscal habla sobre el caso con el oficial de policía encargado del arresto.

*Un DAT se emite por delitos menos graves. Se deja al sospechoso en libertad antes de la lectura de cargos y lo obliga a comparecer en el Tribunal de lo Criminal en un día especificado para la lectura de cargos. Si el sospechoso no comparece, puede ser emitida una orden de arresto. La orden autoriza a la detención del sospechoso para ser llevado ante el tribunal.

¿Qué es la interrogación penal?

Cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sospechan que una persona está involucrada o tiene conocimiento de un delito, pueden detener o citar a la persona en comisaría para interrogarlos en referencia al presunto delito. La persona puede negarse a contestar o pedir la presencia de su abogado, a pesar de que debe cooperar con los agentes del orden y no resistirse a la detención. El objetivo del interrogatorio penal es reunir pistas sobre un acto criminal, y ayudar en la captura del sospechoso para ponerlo a disposición judicial.

La policía tiene que tener una causa justa para interrogar a alguien. La causa justa es una sospecha razonable de que la persona en cuestión puede tener información crítica para el caso. Para determinar quién cometió un delito, contra quién y por qué razón, la policía debe entender los detalles que rodean el caso investigado. Los interrogadores suelen realizar las preguntas en una comisaría de policía en habitaciones designadas específicamente para el interrogatorio (Interview Room). Mientras que el interrogatorio puede tener lugar en cualquier momento después de producido el delito, la policía prefiere adquirir toda información útil inmediatamente, ya que pasadas las primeras 48 horas es más complicado que el caso se resuelva.

¿Qué tipos de cargos existen?

En Nueva York hay tres clases importantes de delitos por los cuales puede ser procesada una persona. Infracciones, delitos menores y delitos mayores. Algunos delitos están definidos en la Legislación Penal del Estado de Nueva York y otros pueden encontrarse en estatutos como la

Ley de Vehículos y Tránsito (Vehicle and Traffic Law) o en ordenanzas locales como el Código Administrativo de la Ciudad de Nueva York (New York City Administrative Code).

Una infracción es una violación de la ley que conlleva las sanciones más leves, y no está definida como delito. La duración máxima del encarcelamiento es de 15 días. Ejemplos de infracciones son, entre otras, la posesión ilegal de marihuana, beber alcohol en público, acoso y desorden público.

Un delito menor es el menos grave de los delitos al no considerarse la infracción como tal. Los delitos menores se dividen en dos clases: "A" y "B." La duración máxima del encarcelamiento es de un año en una prisión del condado para un delito menor clase “A” y tres meses de cárcel para un delito menor de clase "B". Ejemplos de delitos menores son los robos en tiendas, allanamiento de un edificio y saltarse un torniquete de entrada al metro.

Una felonía es el delito más grave. La felonía es el delito al que se le puede imponer más de un año de prisión. Los delitos mayores se dividen en cinco clases: que van de la “A” a la “E.” El delito mayor “A” es el más grave y el "E" el menos grave. Ejemplos de delitos mayores son el robo, robo con allanamiento, grandes hurtos, venta de narcóticos y el asesinato.

LA FISCALÍA

¿Cuál es la función del Fiscal?

La Oficina del Fiscal del Distrito (District Attorney's Office) representa al Pueblo del Estado de Nueva York en la presentación de cargos contra un sospechoso en un tribunal judicial. La Fiscalía del Condado de Nueva York tiene la responsabilidad y autoridad de investigar y procesar delitos en el distrito (Borough) de Manhattan. Cyrus R. Vance Jr., que fue electo por los residentes de Manhattan, es el Fiscal del Distrito. Los aproximadamente 550 abogados que trabajan en su oficina son llamados Ayudantes del Fiscal (ADAs, Assistant District Attorney).

¿Qué hace la Fiscalía cuando alguien es arrestado?

En la mayoría de los casos, un Ayudante del Fiscal de la Sala de Querellas (Complaint Room) o ECAB* revisa los hechos con el oficial encargado del arresto y a veces con el sospechoso y los testigos. El Ayudante del Fiscal determina si las pruebas son suficientes para respaldar los cargos presentados originalmente por la policía, determina los cargos finales y redacta la denuncia bajo la cual el sospechoso será procesado. La denuncia debe alegar los hechos que proporcionen una causa razonable para creer que la persona sospechosa cometió el delito. En algunas instancias, después de evaluar las pruebas, la Fiscalía declinará procesar al sospechoso. Un caso está listo para la lectura de cargos cuando la denuncia ha sido presentada, el sospechoso ha sido entrevistado por el abogado, y el informe de antecedentes penales de éste, está disponible.

*ECAB (Early Case Assessment Bureau, Oficina de Evaluación Temprana de Casos), es donde se evalúan los casos de felonía y delitos menores y las querellas son desarrolladas por los Ayudantes del Fiscal.

TRIBUNAL DE LO CRIMINAL

¿Cuál es la función de los tribunales?

Los tribunales (Courts) son los encargados de asegurar la justa aplicación de la ley. Los jueces presiden todos los procedimientos legales de los tribunales.

El primer paso del sospechoso en el sistema judicial son las Audiencias Preliminares, las cuales son muy parecidas a los procedimientos del Gran Jurado. En la Audiencia Preliminar, el juez determina si existen pruebas suficientes para que se juzgue al acusado. Los sospechosos pueden renunciar a la Audiencia Preliminar, lo que significa que no están obligados a estar presentes.

La lectura de cargos de casi todos los casos de Manhattan—felonías, delitos menores e infracciones—se realizan en el Tribunal de lo Criminal (Criminal Court of the City of New York*). Las Salas de Comparecencia (Arraignment Parts) cuentan con personal del Tribunal de lo Criminal los siete días de la semana, los 365 del año, día y noche. Aparte de la lectura de cargos, el Tribunal de lo Criminal sólo se hace cargo de delitos menores e infracciones. El Tribunal Supremo del Estado de Nueva York (Supreme Court of the State of New York) lleva los casos de felonía después de la acusación formal en la Sala de Comparecencia del Tribunal de lo Criminal. (Nota: en el Estado de Nueva York, el más alto tribunal de apelación es el Tribunal de Apelaciones (Court of Appeals), y no, como se podría esperar por su nombre, el Tribunal Supremo).

*Criminal Court. Es el tribunal que lleva los delitos menores y las infracciones, así como los casos de felonía antes de ser presentados ante el Gran Jurado (Grand Jury) con una acusación formal.

¿Qué es la lectura de cargos?

En la Ciudad de Nueva York, los sospechosos habitualmente son llevados ante un juez del Tribunal de lo Criminal para la lectura de cargos dentro de las primeras 24 horas de producido el arresto. Una vez que el caso ha sido registrado por el Tribunal y la denuncia y el informe de antecedentes penales del demandado están listos, éste será presentado ante el Tribunal de lo Criminal.

En el procedimiento de lectura de cargos en la Sala de Comparecencia (Arraignment Parts) del Tribunal de lo Criminal, el juez se refiere al sospecho como demandado y se le informa de los cargos que se le imputan y se le pregunta si entiende los cargos y cómo se declara. A este trámite se le conoce como comparecencia. En ella, el sospechoso puede declararse no culpable, culpable de todos los cargos de la demanda, de parte de ellos, o de un cargo menor si llega a un acuerdo con el Ayudante del Fiscal.

Si se declara inocente, a petición del abogado defensor y tras escuchar al fiscal, el juez puede fijar una fianza, o rechazar la petición, para obtener la libertad provisional a la espera de juicio. Si no puede pagar la fianza establecida o el juez dicta prisión a espera de juicio, el demandado ingresa en prisión preventiva y permanecerá en ella hasta la finalización del proceso judicial que lo declare culpable o inocente.

¿Qué es la libertad condicional antes del juicio?

Si el sospechoso se declara culpable, el juez puede dejarlo en libertad condicional antes de juicio o PBJ (Probation Before Judgement).Una persona arrestada por un delito puede, como parte del proceso de negociación de los cargos, a veces evitar el juicio y la condena si accede a servir un período de libertad condicional. PBJ es un término común de lo que oficialmente se llama adjudicación diferida.

La elegibilidad para el PBJ generalmente se limita a aquellos que no se están beneficiando ya de una libertad condicional, y es sólo para delitos menores o infracciones del código. Las

restricciones exactas dependen de las leyes estatales. Los que están acusados o que han sido previamente condenados por delitos violentos u otros delitos graves por lo general no pueden entrar en un programa de adjudicación diferida. Debido a que la persona no es culpable de un delito, las guías de sentencia no se aplican, y por lo tanto, los términos de la libertad condicional son a discreción del juez, pero con sujeción a los límites legales.

La característica de la libertad condicional antes del juicio varía de acuerdo a la denuncia penal, el expediente del acusado, discreción del juez y las leyes del estado. En general, PBJ se asemeja a la libertad condicional para los condenados, con la corte manteniendo tu dirección actual, la realización de audiencias de cumplimiento y que requiere formas específicas de conducta, tales como servicio a la comunidad, o evitar ciertos lugares, personas u objetos. La libertad condicional antes del juicio también puede implicar el pago de las costas judiciales, daños punitivos e indemnización a las víctimas. No obstante, a menudo implica la supervisión de un oficial de libertad condicional.

También al demandado se le dan varias notificaciones, incluyendo: si el caso va a ser considerado por un Gran Jurado; si él hizo declaraciones a la policía, y si hubo una identificación por parte de los testigos. Si el demandado no puede costearse un abogado o conseguir uno a tiempo antes de la lectura de cargos, se le nombra uno.

El efecto directo del programa de libertad condicional antes del juicio es que al finalizar, el hecho de que la persona recibiese una sentencia diferida sigue siendo un asunto de interés público por lo que empresas, universidades, empresas de seguro, bancos, prestamistas u otras personas que realicen una verificación de antecedentes sobre una solicitud de empleo o préstamo, se darán cuenta de la detención y la situación de libertad condicional del sujeto. Para impedir esto, el sospechoso puede solicitar una orden de no divulgación para sellar el expediente.

La sentencia pues, queda aplazada, pero si durante la libertad condicional antes del juicio, esa persona es arrestada por un delito excepto infracciones de tráfico menores, el tribunal puede imponer la pena máxima por el delito original.

El demandado también puede declararse sin disputa o “nolo contendere”, es decir, no se opone a los cargos, pero esto no implica una admisión de culpabilidad. Este caso, a menudo se utiliza en los casos de acuerdo con el fiscal.

Al término de la comparecencia, si es el caso, el juez fija la fecha para procedimientos tales como la audiencia preliminar y mociones previas al juicio. Las mociones previas permiten que la defensa y la fiscalía discutan sobre qué evidencias y testimonios son admisibles.

¿Qué pasa en un caso de delito menor o de una infracción después de la lectura de cargos?

Si el demandado no se declara culpable, en los casos de delitos menores o infracción, se aplaza la comparecencia y se traslada el caso a la Sala Judicial del Tribunal Supremo (Supreme Court Calendar Part*). Si se fija una fianza y el acusado no puede pagarla, el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York (New York City Department of Correction) lo mantiene en la cárcel hasta que el tribunal fije nueva fecha. Los demandados liberados bajo palabra o que pagaron la fianza deben comparecer ante el tribunal en la fecha fijada. Si un demandado no comparece, el juez emitirá una orden de arresto.

Una vez formulados los cargos al demandado, su caso no va directamente a juicio. En primer lugar, deben considerarse varias cuestiones legales. En la Sala Judicial, son consideradas las mociones legales y otros temas previos al juicio.

Los demandados pueden elegir declararse culpables en la Sala Judicial.

*Es la sala en la que se producen varios procedimientos entre la lectura de cargos del Tribunal de lo Criminal y el juicio. Las mociones y peticiones se llevan en esta sala.

¿Qué pasa en un caso de felonía después de la lectura de cargos?

A los culpables de delitos graves se les puede imponer más de un año de prisión. En pocos casos de felonía, pueden lograrse acuerdos de culpabilidad en la lectura de cargos en el Tribunal de lo Criminal. En caso contrario, el juez que preside la lectura de cargos en el Tribunal de lo Criminal trasladará el caso a la Sala F (Part F Felony*), pendiente del Gran Jurado. El caso permanecerá en la Sala F durante el proceso previo a la acusación formal o, si fuese apropiado, para ser juzgado como delito menor.

*Part F Felony. Los casos permanecen bajo la jurisdicción del Tribunal de lo Criminal hasta que se obtenga una acusación del Gran Jurado. Después de la lectura de cargos en el Tribunal de lo Criminal, los casos de felonía en el condado de Nueva York se trasladan a la Sala F del Tribunal de lo Criminal. Después que el Gran Jurado dicte sentencia, el caso se traslada a la Sala de la Acusación del Tribunal Supremo (Supreme Court Arraignment Part).

¿Qué es la fianza y cómo se fija?

La fianza (bail) es una garantía de que el demandado, una vez puesto en libertad a la espera de juicio, vuelva al tribunal en una fecha próxima. Si es adecuado, el Ayudante del Fiscal en la Sala de Lectura de Cargos (Arraignment Court Part*) pedirá que se fije o no una fianza y en qué condiciones. Una vez que el abogado de la defensa responde, el tribunal fijará el importe de la fianza.

Aunque la libertad bajo fianza puede ser “garantizada”, hay diferentes matices. Hay dos tipos de fianza llamadas, “sin garantías”: una permite que el acusado salga en libertad bajo palabra (ROR), asegurando que volverá para enfrentar cargos en un momento determinado por el tribunal, y la otra es considerada como fianza de firma, en donde el demandado firma una fianza garantizando su comparecencia ante el tribunal. Entre los factores considerados por el juez antes de conceder la libertad bajo fianza sin garantía son la posición del acusado en la comunidad, la gravedad del delito, la probabilidad de reincidencia, la amenaza potencial de que el acusado pueda representar un riesgo para la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad, y cualquier antecedente penal. Hay varias opciones para obtener la libertad.

Pago de fianza o fianza de seguridad: En caso que el detenido no sea capaz de satisfacer el pago de la fianza requerida, puede pedir un préstamo (el tanto por ciento de beneficio suele rondar entre el 10 y el 15% del total) a un fiador judicial. El fiador por lo tanto asume la responsabilidad de que el acusado se presente en su juicio en las fechas que sea requerido por el tribunal. En estos casos el fiador no abona en efectivo la fianza, sino tan solo se compromete al pago de la fianza en caso que el demandado no comparezca.

Libertad bajo palabra o ROR: Un demandado también puede obtener la libertad bajo palabra (ROR, Released on Own Recognizance) si el tribunal entiende que la fianza es innecesaria. El acusado no tiene que pagar ningún dinero, aunque se establezca una cantidad, pero firma un

lazo que asegura que comparecerá. Si no comparece, será responsable de pagar el importe de la fianza. Esto activará una orden de detención. Este caso se reserva para casos de delitos menores o infracciones consideradas no violentas.

Libertad bajo fianza de propiedad: Si el acusado tiene bienes raíces con valor suficiente para cubrir la fianza, se colocará un gravamen contra la casa para cubrir el monto de la fianza. El derecho de retención se libera cuando los procedimientos judiciales terminan. Este procedimiento suele llevar semanas, tiempo que el demandado permanecerá en prisión. Si el acusado no logra completar el valor de la fianza o no comparece, el tribunal tiene el derecho de ejecutar la hipoteca de la propiedad para recuperar el proyecto de ley confiscada.

Libertad bajo fianza: Lo que la diferencia del “pago de fianza” es que en este caso el pago se hace en efectivo, con un cheque o mediante tarjeta de crédito ante el tribunal y requiere que el importe total se pague antes de la liberación. El dinero se guarda como un incentivo para la comparecencia del acusado durante todo el proceso. El origen de los fondos se verifica para asegurar que no provienen de recursos ilegales. Terminado el procedimiento judicial, el dinero de la fianza se le regresa al acusado o a quien pagó el rescate.

Libertad bajo fianza de reconocimiento personal o fianza de firma: Esta es una liberación ordenada por el tribunal del acusado sin una transacción en efectivo. Este tipo de fianzas se emiten cuando el acusado no tiene delitos anteriores y el delito cometido no es violento por naturaleza. La fianza de reconocimiento personal es básicamente una promesa del acusado de que va a comparecer ante el tribunal. Si no se presenta y se emite una orden de arresto, tendrá que pagar el monto de la fianza.

Libertad por medio de citación: Esta fórmula requiere una citación a la persona arrestada, informándole que debe presentarse en el tribunal en una fecha designada. Esto es más común en casos como infracciones de tráfico.

Si el caso es particularmente grave y por temor a que huya de la jurisdicción del tribunal, éste puede determinar no ofrecer la libertad bajo fianza al demandado, permaneciendo bajo custodia en prisión preventiva.

*Arraignment Court Part. La sala en la que son procesados los demandados. Los demandados son inicialmente procesados en el Tribunal de lo Criminal sobre la denuncia de felonía o delito menor. Los demandados por un delito mayor pasan al Gran Jurado y si éste acepta el caso, serán procesados de nuevo en el Tribunal Supremo.

¿Cuál es el trabajo de un fiador judicial?

Las leyes estatales proscriben cantidades de fianza a acusados por distintos delitos con la discreción del juez que argumenta o declara la negativa de la fianza debido a circunstancias especiales que hagan que un individuo corra peligro. Cuando el acusado comparece ante el tribunal, éste realiza un reembolso por el costo de la fianza menos el pago de algunas multas administrativas. Sin embargo, si no cuenta con la cantidad completa para realizar el pago, permanecerá en prisión hasta que el juicio se celebre. La única alternativa es contratar a un fiador judicial para pagar la cantidad en su lugar.

El fiador judicial trabaja conjuntamente con los tribunales. Por ejemplo, cuando el acusado paga una fianza a través de un fiador, el tribunal transfiere el derecho de que el fiador judicial o su agente lo arresten. Esto ayuda a proteger la inversión del fiador, ya que no tendría que realizar el pago de la fianza si el acusado apareciera en el tribunal. Otra forma de protección

para el fiador judicial es la garantía. El fiador generalmente impondrá al acusado una multa del 10 al 20 por ciento del pago total de la fianza por sus servicios. Si el acusado no puede hacer frente a ese adelanto debido a que no cuenta con el dinero, puede aceptar una garantía sobre la propiedad del imputado (coches, valores o incluso la escritura de la casa). La cantidad de la garantía debe ser suficiente para satisfacer al fiador que el riesgo de su pérdida se pague bajo el incentivo del acusado de aparecer ante el tribunal y evitar la pérdida de sus propiedades. Un fiador judicial se limita a la cantidad de bonos que puede cubrir por medio de su aseguradora y debe mantener un fondo de fianzas pérdidas para que se paguen en el momento en que su cliente pague la multa. La pérdida de demasiadas fianzas por parte del fiador generaran pérdidas a la aseguradora y significaría la quiebra.

Cuando una persona que queda en libertad bajo fianza y no comparece ante el tribunal se llama “omisión de fianza”. Esta situación representa el mayor riesgo de pérdida financiera en el negocio del bono de fianza. Después de haber faltado a la audiencia por 1 ó 2 años, dependiendo del Estado, el fiador judicial perderá permanentemente la cantidad de la fianza. Para evitar reclamar a su aseguradora la pérdida, el fiador judicial debe ubicar y recuperar la omisión de fianza antes de que se termine el plazo. Al principio, contará con el apoyo de los servicios policiales para localizar al fugitivo. La corte emite una orden de arresto en el momento en el que el acusado no acude a su audiencia y cualquier funcionario del país puede arrestarlo. Conforme se termine el plazo, el fiador judicial debe considerar contratar a un cazarrecompensas para encontrar al cliente evadido. Por obvias razones, el cazarrecompensas recibe un pago por sus servicios y, de esta manera, el fiador judicial que debe contratarlo no recibe beneficios sino que restringe sus pérdidas. Un cazarrecompensas hábil puede exigir un pago considerable pero también será capaz de dedicarse completamente a rastrear al fugitivo al contrario que la policía.

EL GRAN JURADO

¿Qué es un Gran Jurado o Jurado Indagatorio?

De acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York, salvo que el demandado consienta, todos los casos de felonía deben ser presentados ante el Gran Jurado (o Jurado Indagatorio). Cada Gran Jurado está facultado para conocer las pruebas presentadas por los fiscales acusadores y tomar varias medidas respecto a las pruebas y los cargos legales que debe considerar. El Gran Jurado puede también realizar investigaciones independientes. Los Grandes Jurados actúan durante un mes aproximadamente. Cada Gran Jurado consta de entre 16 y 23 miembros que toman conocimiento y examinan las pruebas relacionadas con las infracciones y toman medidas en base a tales pruebas.

Los miembros del gran jurado son seleccionados al azar de un grupo de ciudadanos estadounidenses inscritos en las listas de registro de votantes y licencias de conducir. Los posibles miembros del jurado reciben cuestionarios que determinan su idoneidad, y luego son seleccionados al azar para presentarse al servicio. El método aleatorio de selección está diseñado para asegurar que los jurados reflejan la diversidad de una comunidad sin discriminación de género, raza, nacionalidad de origen, edad o afiliación política.

Hay tres formas en que la evidencia se presenta ante el Gran Jurado: un abogado del gobierno, el tribunal constituyente y el conocimiento personal de un miembro del Gran Jurado. Independientemente de la forma en que se presenten las pruebas, los miembros deben escuchar todos los aspectos antes de tomar una decisión. Estas pruebas suelen consistir en declaraciones de testigos y documentos escritos. Los miembros del Gran Jurado podrán

interrogar a los testigos y pueden decidir cuántos testigos quieren oír. También pueden citar a más testigos desde cualquier lugar en los Estados Unidos. Los testigos en una audiencia del Gran Jurado no pueden tener un abogado presente, pero pueden encontrarse con él fuera de la sala del Gran Jurado.

Los miembros del Gran Jurado podrán solicitar una investigación formal de un caso si sienten que las pruebas presentadas justifican la investigación adicional. Por lo general, la decisión de iniciar una investigación formal se realiza en consulta con el fiscal ya que el jurado carece de personal de investigación. Un Gran Jurado, sin embargo, sólo tiene la autoridad para tomar medidas sobre los delitos federales cometidos en el distrito en el que está constituido y sólo puede llevar a cabo investigaciones sobre la base de violaciones posibles a las leyes penales federales.

Después de que la evidencia ha sido presentada, los miembros del Gran Jurado deben deliberar para determinar si pueden elaborar una acusación, también conocida como un “auto de procesamiento”, que es una acusación penal formal. Los miembros del Gran Jurado deben evaluar todos los aspectos de las pruebas y podrán solicitar aclaraciones sobre las transcripciones anteriores o solicitar que las pruebas escritas estén disponibles para su consulta.

El Gran Jurado puede votar una acusación formal (una declaración escrita en la que se acusa a un individuo de la comisión de un delito grave), instruir la presentación de información por parte del fiscal acusador (que contiene cargos de delitos no mayores), remitir* un caso al Tribunal de Familia (Family Court) o emitir un informe. Para las tres primeras acciones, el Gran Jurado debe determinar si las pruebas son legalmente suficientes y si proporcionan una causa razonable como para creer que el demandado ha cometido el delito. De lo contrario, el Gran Jurado desestima el caso. Si el Gran Jurado vota una acusación formal, el caso es derivado a la Sala de Lectura de Cargos del Tribunal Supremo (Supreme Court Arraignment Part) para continuar el proceso.

*“A remisión” se refiere a dos acciones legales diferentes. En una, un juez envía un caso a un tribunal diferente debido a que por ejemplo, el juez ha cometido un error que requiere un nuevo juicio o siente que otro tribunal podría manejar mejor el caso. En lo que tiene que ver con las órdenes de arresto, “a remisión” significa detener o poner a alguien en custodia.

¿Están abiertos al público los procedimientos del Gran Jurado?

No. Los procedimientos del Gran Jurado son secretos y sólo pueden estar presentes las personas autorizadas específicamente. Además del Ayudante del Fiscal y los miembros del Gran Jurado hay un taquígrafo y un Alguacil del Gran Jurado (Grand Jury Warden), quien supervisa aspectos administrativos de los procedimientos. El Ayudante del Fiscal es el asesor legal del Gran Jurado y examina a todos los testigos que testifican ante él, incluyendo a los testigos del acusado y de la defensa. Por lo menos 16 miembros del Gran Jurado deben estar presentes para que el Gran Jurado se constituya con el fin de conocer las pruebas y tomar medidas. Asimismo, por lo menos 12 de los miembros que han tomado conocimiento de las pruebas deben estar de acuerdo antes de tomar ninguna medida.

¿Qué se puede esperar como testigo del Gran Jurado?

Si alguien es llamado como testigo por un Gran Jurado, hay varias cosas a tener en cuenta mientras te preparas para tu comparecencia.

Proporcionar testimonio en una audiencia del Gran Jurado difiere de un juicio por jurado normal. En una audiencia del Gran Jurado, no hay ningún juez o abogado defensor presente. El único oficial de la corte que puede estar presente es el fiscal que hará las preguntas. Debido a estas circunstancias especiales, al testigo no se le permite acudir con un abogado. Puede consultar a su abogado antes de dar testimonio, y también puede detener el proceso después de cada pregunta para salir de la audiencia y hacerle consultas, pero en todo momento debe permanecer en una habitación aparte.

Como testigo en una audiencia del Gran Jurado, el testigo está obligado por ley a responder a todas las preguntas formuladas por el fiscal. Sin embargo, si cualquier pregunta violara su derecho contra la autoincriminación, puede acogerse a la Quinta Enmienda y negarse a responder a esa pregunta. Si miente tras responder alguna pregunta y esa mentira se descubre, puede ser procesado por perjurio. Cualquier respuesta puede ser utilizada en una fecha posterior en su contra. En muchos casos federales, los miembros del jurado pueden hacerle preguntas directamente.

Cuando el testigo comparece ante un Gran Jurado, tiene derecho a recibir una comisión de testigo y al pago de todos los gastos (viaje, gastos de estacionamiento, taxi, kilometraje, comida, et.).

Puede haber casos donde el fiscal en una audiencia del Gran Jurado pueda decidir ofrecerle inmunidad después de haber invocado su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Hay dos tipos comunes de inmunidad en estos casos: la inmunidad transaccional y la inmunidad de uso. Inmunidad transaccional, a veces se denomina inmunidad general, protege al testigo de ser procesado por el delito por el cual está testificando. La inmunidad de uso, sin embargo, sólo se opone a que su propio testimonio sea usado contra él, pero no lo protege contra el testimonio de otros testigos en cualquier proceso futuro.

¿Qué es una concesión de inmunidad?

Obtener las pruebas necesarias para condenar a personas involucradas en grupos de delincuencia organizada es especialmente difícil. La naturaleza hermética de estos grupos y su poder de intimidación dificultan mucho a los fiscales obtener los testimonios necesarios contra sus líderes. A menudo los testigos externos al grupo temen rendir testimonio. Las personas internas al grupo generalmente no sólo no están dispuestas a testificar, sino que además pueden utilizar su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y negarse a testificar respeto a delitos en los cuales participaron. La atribución especial de los fiscales de obtener inmunidad para los testigos a menudo les permite obtener testimonios que son cruciales en estos casos.

En primer lugar, el fiscal puede determinar que la cooperación o el testimonio que prevé obtener de un acusado de poca monta será especialmente significativo y que su testimonio o cooperación guardan mayor peso que la necesidad de procesar a ese acusado por delitos menores. En estos casos, el fiscal puede acordar no llevar la acusación contra esa persona por los delitos respecto a los cuales se espera que testifique o coopere, por ejemplo, proporcionando información y pistas para investigación. Así, el fiscal puede obtener inmunidad contra la acusación por ciertos delitos.

En segundo lugar, el fiscal puede determinar que una inmunidad menos amplia es pertinente. Esta inmunidad menos amplia, llamada “inmunidad de uso”, está diseñada para evitar que un testigo utilice el privilegio contra la autoincriminación. En estos casos, el fiscal

solicita a la corte que obligue al testigo a rendir testimonio y se le asegura al testigo que este testimonio (y cualquier información derivada de él) no podrá ser usado en un proceso en su contra. Este tipo de inmunidad es regido por un estatuto aprobado por el Congreso específicamente para hacer frente a los problemas para obtener pruebas en casos de delincuencia organizada. Un fiscal puede llevar una acusación en contra de una persona a la que se le ha otorgado este segundo tipo de inmunidad, siempre que las pruebas en su contra no hagan uso o se deriven del testimonio que se le obligó a rendir.

TRIBUNAL SUPREMO DEL ESTADO DE NUEVA YORK

¿Qué pasa después de que el Gran Jurado vota una acusación formal?

Una vez que al demandado se le comunica un cargo formal de felonía y se presenta la acusación, se le leen los cargos de la acusación formal en el Tribunal Supremo. El Tribunal de lo Criminal deja de tener jurisdicción sobre el demandado cuando se presenta la acusación formal.

En la lectura de cargos en el Tribunal Supremo, el fiscal acusador le da al demandado una copia de la acusación formal y el Formulario de Divulgación Voluntaria (Voluntary Disclosure Form), que incluye información sobre el caso, como la fecha, la hora y el lugar del delito y del arresto. Al demandado también se le informa del contenido de sus declaraciones y de su identificación. El demandado presenta entonces una declaración de culpabilidad o no culpabilidad en respuesta a la acusación formal. La fianza puede ser revisada y pueden fijarse condiciones diferentes.

¿Puede un demandado declararse culpable de un cargo de felonía en el Tribunal Supremo?

Sí. La mayoría de los casos penales en los Estados Unidos concluyen antes de que se efectúe un juicio o incuso durante el juicio mismo cuando el acusado se declara culpable. A menudo estas declaraciones de culpabilidad son el resultado de negociaciones entre el fiscal y el abogado defensor en un proceso llamado plea bargaining, en el que se pacta un acuerdo de declaración de culpabilidad o plea bargain (juicio abreviado). En un plea bargain, el acusado, generalmente a través de su abogado, acepta declararse culpable de algunos o de todos los cargos en su contra a cambio de ciertas acciones del fiscal. El fiscal puede acordar retirar uno o más de los cargos o hacer una recomendación al juez respecto a la sentencia que se impondrá o no oponerse a una sentencia sugerida por la defensa. Un juez no tiene la obligación de seguir la recomendación del fiscal respecto a la sentencia, por lo que advierte al acusado de ello antes de que acepte declararse culpable, a fin de que no se den malos entendidos sobre la fuerza de la recomendación del fiscal (en contraste, la decisión del fiscal de retirar algunos cargos es vinculante para la corte). Un juez no tiene la obligación de seguir la recomendación del fiscal respecto a la sentencia, por lo que advierte al acusado de ello antes de que acepte declararse culpable, a fin de que no se den malos entendidos sobre la fuerza de la recomendación del fiscal (en contraste, la decisión del fiscal de retirar algunos cargos es vinculante para la corte). El acuerdo del fiscal es vinculante para los Estados Unidos. Como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad, el acusado puede también comprometerse a rendir testimonio verídico sobre delitos de los que tiene conocimiento. Por lo tanto, un fiscal puede utilizar el acuerdo de declaración de culpabilidad para obtener de un delincuente menor testimonios necesarios para condenar a uno más importante.

La declaración de culpabilidad tiene que hacerse frente a un juez. Un relator de la corte registra textualmente todo lo dicho en el proceso. Antes de que un juez acepte una

declaración de culpabilidad, interroga al acusado en el pleno de la corte para asegurarse de que el acusado comprenda su derecho de declararse inocente y exigir un juicio; de que el acusado se está declarando culpable voluntariamente; de que el acusado comprende los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad y las consecuencias de su declaración de culpabilidad; de que el acusado no se ha visto sujeto a coerción o promesas indebidas por parte del fiscal; y de que la declaración de culpabilidad está basada en los hechos. Si el juez no queda satisfecho con las respuestas del acusado a sus preguntas, rechaza su declaración de culpabilidad.

¿Qué pasa si el demandado se declara no culpable en la lectura de cargos en el Tribunal Supremo?

Después del voto de acusación formal por parte del Gran Jurado y de la lectura de cargos al demandado en el Tribunal Supremo, su caso no va directamente a juicio. En cambio, el caso es trasladado a la Sala Judicial del Tribunal Supremo. En la Sala Judicial, los abogados presentan mociones para tratar varios asuntos legales y los demandados pueden declararse culpables.

Numerosas mociones legales y audiencias pueden ocurrir antes del juicio tanto en el Tribunal Penal como en el Tribunal Supremo, algunas de las cuales se describen más abajo.

Descubrimiento u obtención de información y pruebas: Antes del juicio, el demandado presenta mociones al tribunal para obtener información y documentos y para examinar las pruebas materiales. El acusado tiene derecho a una copia de su declaración y, si corresponde, a aquellas de los coacusados que son juzgados en conjunto. Esto incluye todas las declaraciones presentadas ante el Gran Jurado. También pueden presentarse fotografías, planos, informes científicos o pruebas confiscadas al acusado.

Mociones de Desestimación: El demandado puede solicitar que se desestime la demanda o la acusación formal por considerarlas técnicamente defectuosas, por no estar respaldadas por pruebas suficientes, en interés de la justicia, o porque se le ha denegado un juicio rápido.

Mociones para Suprimir Pruebas: Antes del juicio, el demandado puede solicitar que se prohíba la presentación de pruebas en el juicio en base a que fueron obtenidas de forma ilegal o indebida. Las mociones de supresión buscan mayormente prohibir la presentación de identificaciones, pruebas confiscadas al demandado, y declaraciones previas hechas por él.

Admisibilidad de Pruebas de Identificación: Las pruebas de identificación, por ejemplo, las ruedas de identificación de sospechosos, se examinan durante una audiencia de Wade. Lo que se pone en duda con esto, es si la conducta de la policía durante el procedimiento de identificación fue la apropiada. Si el juez encuentra que la policía actuó incorrectamente, puede decidir si la identificación del testigo de "manera independiente" es lo suficientemente sólido como para mantener el caso aún con la incorrección policial. Si la identificación no se sustentase, al testigo no se le permitiría identificar al demandado en el juicio.

Admisibilidad de las Declaraciones del Demandado: Las declaraciones previas o la admisión de pruebas se litigan en una audiencia Huntley. Los temas incluidos son determinar si al demandado se le han leído sus derechos según la Ley Miranda, si esos derechos estaban completos y si su decisión de confesar ante la policía fue en plenas facultades físicas y psíquicas, consciente, racional y voluntariamente.

Admisibilidad de Pruebas Materiales Confiscadas al Demandado: La admisibilidad de las pruebas materiales confiscadas al demandado se litigan en la audiencia Mapp. La cuestión

principal es determinar si ciertas pruebas materiales confiscadas al demandado pueden presentarse en el juicio. Los temas incluyen el agente del arresto tenía causa probable para arrestar al demandado, la legalidad de su detención o del registro del demandado, y los detalles pertinentes en torno a la confiscación de la prueba.

Sandoval: La moción Sandoval se presenta justo antes de que comience el juicio. En tal moción, el demandado busca impedir que el Ayudante del Fiscal lo interrogue sobre cualquier condena o acto ilícito que pudiera haber cometido, en caso que el demandado decidiese testificar en el juicio.

¿Qué es un informe previo al juicio?

Un informe previo al juicio es un documento elaborado por un asesor legal para el demandante o el demandado, que resume los hechos del caso y los argumentos legales que presentará durante el juicio. En algunos casos, también se utiliza para solicitar la supresión de pruebas. Los informes previos al juicio suelen incluir la jurisprudencia aplicable, las normas de procedimiento y otra información pertinente al caso.

Un informe previo al juicio menciona el nombre del abogado y el de la persona a la que representa. La introducción toma varias formas. Algunos abogados escriben una introducción de una o dos oraciones que resume los puntos principales del caso. Otros escriben una larga introducción que incluye la jurisprudencia y los precedentes que puedan tener un impacto sobre el caso. Los abogados también pueden proporcionar una lista de fuentes y referencias utilizadas en el escrito –conocidas como una tabla de autoridades- para que el juez conozca la fuente de los argumentos del abogado.

La declaración de hechos sigue a la sección de introducción y detalla los hechos específicos del caso. Esta sección normalmente no contiene argumentos jurídicos y simplemente transmite la secuencia de los acontecimientos que condujeron al juicio. A menudo, la exposición de hechos se selecciona a partir de los informes policiales, declaraciones de testigos y entrevistas realizadas a un demandante o demandado. Un abogado presenta los hechos de tal modo que favorezcan a su cliente, pero no se pueden alterar, modificar o distorsionar los hechos.

Un abogado presenta el caso de su cliente en la sección de discusión de un informe previo al juicio, Usa la jurisprudencia y los precedentes legales para explicar la base sobre la que se va a discutir su caso. Cada declaración en la discusión debe estar respaldada por evidencia o jurisprudencia. El objetivo de un abogado en un argumento bien escrito es convencer al juez de que su cliente puede ganar el caso basado en el material que está presentando. Sin embargo, cuando se cita la jurisprudencia un abogado debe presentar una correlación objetiva entre ese caso y la situación de su cliente.

Un informe previo al juicio termina con una conclusión que resume el documento y señala por qué el abogado cree que va a ganar el caso. Los abogados defensores que presentan informe previo al juicio, a menudo concluyen expresando dudas de que el caso del demandante tenga mérito y proporciona ejemplos que apoyen su caso. La conclusión de un informe previo al juicio es similar al alegato final en el juicio. El objetivo es convencer al juez de que la suma total de la presentación de un abogado prueba o refuta el caso.

¿Qué sucede cuando se concede una moción para suprimir?

Una moción para suprimir es una moción previa al juicio pidiendo a la corte suprimir las pruebas obtenidas cometiendo una violación de los derechos constitucionales del demandado.

La evidencia obtenida de un registro ilegal probablemente se suprimirá. Una búsqueda sería ilegal si el agente no tenía causa probable o hubiera realizado el registro sin orden judicial a menos que el acusado accediera al registro. Las órdenes deben tener ciertos requisitos antes de que puedan ser ejecutadas. Si una orden no es suficiente, es posible que el tribunal suprima la evidencia sobre esta base también.

Antes de hacer la confesión de un delito, una persona tiene derecho a ciertas garantías constitucionales. El acusado tiene el derecho a guardar silencio y el derecho a tener un abogado presente. También debe ser consciente de esos derechos y entenderlos antes de incriminarse. La confesión debe ser libre y voluntaria, sin coacción policial. Si la defensa puede demostrar que se han violado esos derechos, es muy posible que la confesión no pueda ser utilizada en su contra.

Una vez presentada la moción de supresión, el tribunal celebrará una audiencia sobre el asunto. El demandado tiene que probar que su confesión no fue voluntaria o la evidencia fue incautada violando sus derechos. Ambas partes tendrán la oportunidad de presentar pruebas y testigos. Sólo los hechos en torno a la confesión o la incautación de pruebas se pueden introducir en este momento.

Si el tribunal toma la determinación de que se realizó un registro violando los derechos de una persona, cualquier evidencia encontrada como resultado del registro no se puede presentar en el juicio. Es como si nunca hubiera existido. En el caso que la confesión por involuntaria o forzada, no puede ser utilizada en contra del acusado y no puede haber ninguna mención de ella en el juicio. En caso de que se introduzca la prueba suprimida en el juicio por error, se podría provocar la anulación del juicio.

EL JUICIO

¿Qué es un juicio?

Un juicio penal es la presentación formal de pruebas ante un tribunal judicial o ante un jurado para determinar si el demandado es culpable, más allá de toda duda razonable, de los cargos penales presentados en su contra. Los juicios pueden llevarse a cabo por felonías, delitos menores o infracciones. Sin embargo, son relativamente pocos los casos de delitos menores o infracciones que llegan a juicio.

¿Qué es un jurado de juicio?

Un jurado de juicio es un ciudadano que ha sido seleccionado para formar parte de un jurado en una acción legal o judicial. Un miembro del jurado de juicio es responsable de deliberar cuestiones de hecho y determinar la validez de las acusaciones contra la persona acusada en base a las pruebas. Los miembros del jurado de juicio sirven en casos civiles y penales y su decisión debe ser unánime en los juicios federales.

Bajo ninguna circunstancia, un jurado debe discutir el caso con nadie, incluso con ninguno de los otros miembros del jurado, hasta que el jurado esté deliberando sobre el veredicto. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a una opinión sesgada en las deliberaciones. El veredicto debe darse basado únicamente en la evidencia presentada durante el juicio, y no en la opinión personal de una persona determinada.

En algunos casos, puede ser necesario que el jurado visite la escena del crimen. Si es necesario, habrá una orden formal hecha por el juez permitiendo que todo el jurado viaje a la escena del crimen. El juez y los dos abogados deben estar presentes durante la visita. Se les prohíbe visitar la escena del crimen en su tiempo libre, y tal acto puede solicitar la anulación del juicio sobre la base de esa acción.

A parte de la prohibición de hablar a los demás, el jurado debe evitar todo tipo de medios de comunicación (ver la televisión, leer los periódicos o revistas, blogs de internet o simplemente usar el teléfono) con el fin de mantener su imparcialidad. En el peor de los casos, si un medio de comunicación discute el caso, puede verlo y formarse una nueva opinión que no se base en los hechos, sino en las emociones.

Los miembros del jurado de juicio se diferencian de los del Gran Jurado, en que un miembro del jurado de juicio determina un caso que ya ha sido llevado a juicio, con cargos ya impuestos en contra de un individuo. Un Gran Jurado revisa evidencias que aún son presentadas por un fiscal para determinar si una persona debe ser acusada por un delito.

Después de realizados los alegatos finales, los miembros del jurado de juicio deben deliberar en privado y llegar a una decisión de declarar inocencia o culpabilidad. En los casos penales, el juez determina la condena de un veredicto de culpabilidad, mientras que en los casos civiles, los juristas suelen adjudicar el monto de los daños a la parte lesionada.

¿Cómo se selecciona un jurado?

A la selección del jurado se la denomina Voir Dire. En el Tribunal Penal se eligen 6 jurados y 1 ó 2 suplentes. En el Tribunal Supremo, 12 jurados y de 2 a 4 suplentes. Cuando los candidatos a miembros del jurado son llevados a la sala del tribunal, el juez explicará ciertos principios legales e interrogará a los probables miembros del jurado. Luego el Ayudante del Fiscal (ADA) interroga a los probables miembros del jurado. Cuando el Ayudante del Fiscal termina, le corresponde al abogado defensor hacer más preguntas. Luego, y en ausencia de los candidatos a jurado y siguiendo reglas establecidas, los abogados eximirán a los miembros que ellos consideran que no deben participar en el caso. Los restantes miembros del jurado prestan juramento. El proceso continúa hasta que se termina de elegir a todos los miembros del jurado y a los suplentes. Entonces el jurado elige a un supervisor, que se convierte en el miembro que preside el jurado y su portavoz.

Una de las funciones del supervisor del jurado es conducir las discusiones entre los miembros del jurado. Los supervisores hacen esto, inicialmente preguntando al resto de los miembros sus puntos de vista iniciales sobre el asunto en cuestión. Si algún miembro del jurado no entiende un elemento de prueba o tiene una pregunta, el supervisor deberá comunicárselo al tribunal y pedir la dirección del juez.

Las deliberaciones del jurado deben centrarse en los hechos del caso, en lugar de las opiniones individuales de los miembros del jurado. A tal fin, el supervisor debe dirigir los debates solamente hacia los hechos del caso. Debe garantizar que todos los miembros del jurado tengan la oportunidad de plantear cuestiones y hacer preguntas, para que no surjan desacuerdos que podrían llevar al caos, a la fricción o a la falta de orden.

Después de que el jurado haya examinado el caso y considerado todas las pruebas, el supervisor llama a votación al jurado. Si la votación no es unánime, el supervisor continúa el debate hasta que el jurado llegue a una decisión unánime.

Cuando el jurado ha alcanzado un veredicto, el supervisor tiene la función de informarle al tribunal la decisión del jurado. Puede hacerlo verbalmente o pasando una nota con el veredicto por escrito al agente judicial, quien a su vez se lo entrega al juez. Este último es quien lee el veredicto final.

¿Qué es el “material Rosario”?

El “material Rosario” incluye cualquier declaración previa grabada de un testigo que testificará en el juicio. Los informes de la policía que resumen la declaración de los testigos, las declaraciones firmadas por los testigos, y la documentación preparada por los agentes de policía que presten testimonio, son ejemplos de “material Rosario”. El “material Rosario” debe ser entregado a la defensa antes de la apertura de declaraciones.

Después de la selección del jurado, ¿cómo procede el juicio?

Declaración Inicial: Al comienzo del juicio, el Ayudante del Fiscal hace una declaración inicial. El abogado defensor también puede hacer una declaración inicial, pero no es obligatorio que la haga. En la apertura, tanto el fiscal como el abogado explicaran si las evidencias que se mostrarán en el juicio son suficientes para acusar al demandado o para exculparlo.

Caso Directo: El caso directo presentado por la Oficina del Fiscal del Distrito implica la convocatoria de testigos y la presentación de objetos o registros materiales como parte de las pruebas. El Ayudante del Fiscal le hace preguntas a cada uno de los testigos. El abogado defensor luego hace preguntas en contrainterrogatorio. El Ayudante del Fiscal puede hacer preguntas aclaratorias en un segundo interrogatorio directo. Este proceso continúa hasta que hayan testificado todos los testigos de la acusación en el caso directo. Al finalizar el caso directo el acusado puede solicitar que se desestimen ciertos cargos basándose en la teoría de que las pruebas del juicio son insuficientes para establecer el(los) delito(s) imputado(s).

Caso de la Defensa: El caso de la defensa puede requerir muchos testigos, incluido el acusado, o puede que no haya ningún testigo. Al acusado no se le exige que presente pruebas o que testifique en el juicio. Si la defensa convoca testigos, el Ayudante del Fiscal puede contrainterrogar a cada uno de estos testigos.

Refutación: La Fiscalía puede tener un caso de refutación, y si es así, el asesor legal de la defensa puede contrainterrogar a los testigos de refutación.

Conclusiones: La defensa es la primera en presentar sus conclusiones, o argumentos de cierre. En sus conclusiones, la defensa habitualmente cuestiona las pruebas presentadas por el Ayudante del Fiscal y generalmente trata de establecer que el caso no ha sido probado más allá de toda duda razonable. Las conclusiones del fiscal explican las pruebas presentadas, rebate los argumentos de la defensa poniéndolos en perspectiva y sostiene afirmativamente las razones de encontrar culpable al demandado más allá de toda duda razonable.

Instrucciones al Jurado: El Tribunal instruye luego al jurado sobre la ley y explica conceptos legales como la presunción de inocencia, el peso de las pruebas y los elementos de cada delito imputado. Después de las instrucciones del juez, al Ayudante del Fiscal y al abogado de la defensa se les da la oportunidad de pedir instrucciones adicionales o de objetar las instrucciones legales ya dadas.

Deliberación: La deliberación del jurado comienza después de las instrucciones legales del juez y no tiene tiempo límite. Durante la deliberación el jurado puede pedir la revisión de las

pruebas presentadas en el juicio o que se le vuelvan a leer las instrucciones o los testimonios. El jurado puede encontrar al demandado culpable, inocente o puede no llegar a un acuerdo. Un jurado que no puede llegar a un veredicto unánime se llama jurado en desacuerdo. Cuando hay un jurado en desacuerdo, el caso puede someterse a un segundo juicio. Un veredicto de inocencia significa que el jurado llegó a la conclusión de que el caso no fue probado más allá de toda duda razonable; esto no siempre significa que el acusado sea inocente.

¿Qué significa PSI en el tribunal?

Una investigación previa a la sentencia (Pre-Sentence Investigation), es un informe escrito por un oficial del Departamento de Libertad Condicional (Probation Department) en un proceso penal antes de la sentencia del acusado.

El PSI puede incluir una descripción del delito y detalles como antecedentes penales del acusado, fondo, educación, historia laboral, consumo de drogas y alcohol, trastornos psiquiátricos y su historial médico. También pueden contener información acerca del daño ocasionado a las víctimas, las declaraciones de impacto de la víctima, la declaración del acusado y las directrices de la sentencia.

El PSI le ofrece al tribunal un cuadro completo de la parte demandada. Un juez revisa el informe antes de determinar una sentencia. Los oficiales penitenciarios también utilizan el informe para determinar la ubicación y el tipo de programas que pueden beneficiar al acusado, como por ejemplo un programa de abuso de sustancias.

SENTENCIA

¿Qué significa “Juicio de fondo”?

Un “juicio de fondo” significa que el tribunal ha dictado sentencia después que se presentaran todos los hechos y pruebas en el tribunal. En otras palabras, cada parte ha tenido la oportunidad de presentar argumentos de apertura y cierre, los asuntos legales en controversia, los testigos y las pruebas de acuerdo con las normas del tribunal.

Una vez que se ha llevado a cabo un “juicio sobre el fondo” y se ha dictado una sentencia, puede apelarse el caso. En general, las partes en un juicio no pueden apelar los fallos de un juez en el curso de un juicio hasta que el juez emite su dictamen final.

Una “moción de juicio sumario” se opone a un juicio sobre el fondo. Cuando un juez otorga una moción de juicio sumario, el cual puede ser presentado por cualquiera de las parte, está indicado que la evidencia es tan fuerte a favor de una de las partes que no hay forma de que un jurado razonable podría fallar a favor de la otra parte.

Los casos que son desechados por errores en el procedimiento no pueden apelarse de inmediato. Por ejemplo, si el fiscal no sigue las reglas de procedimiento al presentar su denuncia inicial, el juez desestimará la demanda “sin perjuicio”, lo cual permite al fiscal volver a presentar el caso. En vista que el juez no revisó ni emitió un pronunciamiento sobre el fondo, y mucho menor llevó a cabo el juicio, el caso no puede apelarse.

Tipos de sentencia que puede aplicar un juez

Tras el juicio, el proceso acaba con la sentencia impuesta por el juez a una persona condenada por un delito. Con el fin de salvaguardar los derechos del acusado contra los castigos discriminatorios, hay reglas desarrolladas por el estado, códigos y directrices sobre

cómo un juez puede decidir una sentencia apropiada. Estas reglas y directrices son conocidas como ley de sentencia.

Sentencia discrecional: Para una amplia gama de delitos, la ley le da a un juez una cantidad razonable de discrecionalidad en la determinación de la duración e intensidad de la sentencia. En estas circunstancias, el juez considera el delito cometido, el expediente del criminal, la guía de sentencia legal y factores atenuantes pertinentes antes de decidir sobre la sentencia. Una sentencia hecha dentro de estos parámetros, independientemente de cuán pesada o ligera, será considerada justa dentro de la discreción del juez y, en general inapelable.

Sentencia obligatoria: Este tipo de sentencia están pensadas para ciertos delitos, sobre todo los relacionados con drogas y armas. En esta sentencia, el condenado debe servir un número mínimo de años en prisión antes de tener la posibilidad de la libertad condicional. Un ejemplo de una sentencia obligatoria es la “regla de los tres strikes”. Bajo esta regla, una tercera condena penal conduce a una reclusión de por vida. Por ejemplo, si el acusado ha cometido tres delitos, si se le declara culpable de los tres delitos mayores, como robo, asesinato o violación, automáticamente será sentenciado a cadena perpetua.

Esta sentencia es muy eficaz para disuadir a algunos delincuentes al saber que les espera si vuelven a reincidir. En este caso, la ley niega a los acusados recursos legales como el de la petición de negociación, el derecho a un juicio con jurado y el uso de la discrecionalidad judicial. La discrecionalidad judicial por lo general toma en cuenta factores atenuantes como la salud, la pobreza y otros factores que motivan al sentenciar a los delincuentes. Las sentencias obligatorias les quitan a los jueces este criterio, por lo que es necesario evaluar el tipo de sentencia que puede ser apropiada basada en los hechos del caso.

Sentencia concurrente: Permite a un acusado servir el tiempo de varias sentencias independientes al mismo tiempo. Esto quiere decir que si el acusado es declarado culpable de más de un delito en el mismo procedimiento, las sentencias se ejecutan automáticamente al mismo tiempo, a menos que el juez dicte expresamente que las sentencias deben ser cumplidas consecutivamente. Sin embargo, a veces un acusado es condenado poco después de otro delito en un juicio independiente. Según el Código Penal, si las sentencias de ambos casos se ejecutan simultáneamente o consecutivamente lo decide el juez del segundo caso. La única excepción a esta regla es si la sentencia en el primer caso se ha suspendido. En esta situación, el juez del segundo caso no puede decidir que las dos sentencias se ejecuten simultáneamente.

Sentencia consecutiva: Este tipo de sentencia requiere que el acusado cumpla su sentencia en su totalidad por un crimen antes de comenzar la sentencia por otro delito relacionado.

¿Qué es una sentencia diferida?

Es cuando el tribunal se reserva el derecho de imponer la sentencia. Esto suele ocurrir cuando el delincuente no es reincidente, es decir, que es el primer delito del acusado. En este caso, el acusado es puesto en libertad antes de la sentencia bajo libertad condicional. Si el demandado completa el período de prueba sin ningún tipo de comisión de nuevos delitos, el tribunal tiene la opción de eliminar todos los cargos, y borrar el delito del registro público del acusado. Sin embargo, si el demandado viola la libertad condicional, el tribunal acelera la sentencia y la condena diferida inmediatamente entra en vigor.

Para “acelerar una sentencia diferida”, la acusación debe probar solamente a través de la preponderancia de la evidencia de que el acusado violó la libertad condicional. “La preponderancia de la evidencia” quiere decir que el fiscal no tiene que demostrar fehacientemente la violación de la condicional sino tan solo la probabilidad de la evidencia. La “preponderancia de la evidencia” es un argumento de nivel más bajo que la “evidencia clara y convincente” o que la “prueba más allá de toda duda razonable”, los otros dos casos para proporcionar evidencia de delito. La acusación original contra el acusado no será considerada, y la fiscalía sólo tiene que probar que el acusado probablemente violó la libertad condicional para acelerar con éxito la sentencia diferida.

Otro caso similar es el de la “aceleración de sentencia suspendida” solo que en este caso, aunque cumpla todos las exigencias de la condicional, el delito permanecerá en su expediente.

En el caso de “aceleración para el encarcelamiento” no hay período de condicional, y el acusado debe ingresar en prisión sin la opción de aplazar o suspender. El veredicto de culpable permanecerá en el registro público del acusado permanentemente.

¿Qué es una sentencia en rebeldía?

La solicitud de rebeldía se presenta para solicitar al tribunal que dicte una sentencia en contra de una de las partes del litigio. Se dice que una parte está en rebeldía cuando no realiza un acto procesal dentro del plazo establecido por lo tanto, la otra parte solicita que se dicte sentencia a su favor. Esto suele requerir la presentación ante el juez en una audiencia. La parte que presenta la petición debe ofrecer pruebas que demuestren que la otra parte fue debidamente notificada y que le asiste el derecho a solicitar que se dicte sentencia a su favor.

Si se otorga la sentencia en rebeldía, el fiscal o demandante asiste a una audiencia y se registra una sentencia final, otorgándole las demandas razonables presentadas en la denuncia. Le permite embargar la propiedad del acusado si el juicio es por dinero u otorgar un divorcio con la solicitud del demandante o solicitando activos, pasivos y custodia si no se presentara el demandado. La sentencia en rebeldía concluye el caso a favor del demandante por incomparecencia del demandado.

¿Qué es la solicitud de reducción en el sistema penal?

Un acuerdo en un caso judicial es un convenio entre el fiscal y el acusado en el que la parte demandada negocia una reducción de cargos. El acuerdo es “una negociación de un convenio entre el fiscal y el abogado defensor por el que se permite al acusado declararse culpable de un cargo menor”.

Hay tres actores principales en un acuerdo con el fiscal: el fiscal, el acusado y el juez. El fiscal es la persona que lleva adelante el caso en los tribunales y decide si va a hacer un acuerdo con el acusado. El juez es la persona que acepta o rechaza el acuerdo con el fiscal y luego, en última instancia, acuerda la sentencia. Hay casos en que un juez no cree que el acuerdo con el fiscal sea apropiado, justificado o aceptable y podría rechazar el acuerdo, aunque el fiscal y el acusado estén de acuerdo.

Un tipo común de acuerdo judicial permite que el acusado se declare culpable o no de un solo cargo. A cambio, el fiscal le reducirá un segundo cargo. Por ejemplo, un demandado es acusado de violencia doméstica y entrada ilegal. El fiscal pondrá proponer que si el acusado se declara culpable de violencia doméstica, se reducirá la carga de la entrada ilegal.

Otro tipo de acuerdo judicial es cuando el fiscal le ofrece enmendar una acusación de un delito menor. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones, la violencia doméstica es un delito menor de primer grado punible hasta con 1.000 $ y 180 días de cárcel. El fiscal puede ofrecer modificar el cargo de violencia doméstica a un delito menor, reduciendo la posible multa y pena de prisión.

El fiscal también puede permitir que el acusado quiera acordar los cargos originales, pero le recomendará una sentencia menor al juez. Esto ocurre con mayor frecuencia en los casos más graves, como el asesinato. Por ejemplo, el fiscal puede quitar la pena de muerte como pena a cambio de que la parte demandada se declare culpable de la acusación original de asesinato.

¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional supervisada y la no supervisada?

La libertad condicional (Probation) es un tipo de condena donde los imputados pueden evitar ir a prisión, permitiéndoles seguir trabajando y viviendo en sociedad, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones impuestas por el juez que instruyó la sentencia. Cada caso es diferente y los términos de libertad condicional de cada imputado suelen adaptarse a la situación pero generalmente, sólo se les concede a los infractores con delitos menores. Por esta razón, las diferencias entre la libertad condicional supervisada (preventiva) y la no supervisada (probatoria) variarán en función de éste.

Libertad condicional sin supervisión: En general, implica menos reglas que la supervisada. La condicional sin supervisión es ofrecida en algunos estados de acuerdo al US Legal, una fuente de definiciones legales. Esta consiste en un plazo sin la gestión ni supervisión de un oficial de libertad condicional. Puede entrevistarse con el agente de la condicional, pero el infractor tiene más libertad.

Libertad condicional supervisada: A diferencia de la libertad condicional sin supervisión, la libertad condicional supervisada (Supervised Release) o preventiva, está subdividida en varios tipos. La terminología o circunstancia exacta puede variar según el estado, pero la supervisión preventiva implica generalmente un programa alternativo previo al juicio o el programa de supervisión de fianza. Las supervisiones previas al juicio tienden a restringir el consumo de determinadas sustancias y pueden requerir a los imputados someterse a análisis de orina contra el abuso de sustancias si el condenado tiene antecedentes de abuso de drogas o alcohol o se sospeche de su uso ilegal. Faltar a una de estas sesiones obligatorias o un resultado positivo, puede resultar en la revocación de la condicional.

Libertad condicional por condena de delito grave: Este tipo de libertad condicional se utiliza cuando el imputado posiblemente sea culpable, pero el caso ha sido puesto en espera. Es una liberación de prisión condicional y supervisada por la cual, el preso está obligado a entrevistarse con un oficial de la condicional. Las condiciones de esta libertad condicional varían dependiendo de cada preso en particular. Sin embargo, la libertad condicional casi siempre incluye renunciar al derecho a la protección frente a registros o confiscaciones injustificadas, la prohibición de tenencia de armas y drogas, y restricciones respecto a las personas con las que el convicto puede ponerse en contacto (las víctimas, los testigos u otros delincuentes) o en ciertos casos considerados especiales, no acercarse a ningún menor de edad en el caso que el condenado sea un violador de menores. Además, la libertad condicional restringe a qué lugares puede viajar (si fuera necesario sometiendo al condenado a vigilancia electrónica) y los tipos de actividades que debe realizar (programas de rehabilitación de drogas y alcohol o consultas con un psicólogo).

¿Cuáles son los fundamentos de una orden de restricción o protección?

Una orden de restricción se otorga con el objetivo de proteger a una víctima de su violador, agresor o acosador. El proceso para obtener una orden de restricción varía según el estado, pero en general las órdenes de restricción prohíben al acusado acercarse al hogar o lugar de trabajo de la víctima, tener comunicación verbal o escrita con la víctima y agredir o acosar a la víctima. Un juez decide si la orden será otorgada de manera permanente o determinará por cuanto tiempo tendrá efecto. Aquel que viole los términos de esta orden puede ser multado o sentenciado a pena de cárcel.

La víctima que solicita la orden de restricción debe mencionar el abuso que ha sufrido declarando los hechos para fundamentar su caso. Se realiza una audiencia con el fin de darle al acusado la posibilidad de contar su versión de la historia. Si la corte considera que la víctima exageró la verdad, puede desestimar el caso, multar a la víctima y considerarla en desacato ante el tribunal.

Orden de restricción temporal: Una orden temporal generalmente es otorgada por el juez del tribunal sin la presencia del acusado. La orden de restricción temporal detalla qué actos puede o no realizar con respecto a la víctima, pero no tendrá efecto en tanto no le sea comunicada al acusado.

Orden de restricción permanente: Esta se aplica después que un juez considere necesaria una orden de este tipo ya que se ha demostrado que los incidentes mencionados por la víctima (generalmente abuso verbal, emocional y físico) son verdaderos y que la seguridad de la víctima está en peligro. Esta orden especifica que el individuo al cual se le aplica, no puede presentarse en los lugares donde estará la víctima (hogar, escuela, lugar de trabajo, o cualquier otro lugar mencionado en la orden).

Orden de restricción por acecho: Este tipo de orden se basa en que el acosador persiga a la víctima a pie o en coche, vigila a la víctima en su lugar de trabajo o en el hogar, envía correspondencia no deseada a la víctima, o la hostiga con llamada telefónicas. Para que la orden sea emitida, el acosador debe haber realizado, con conocimiento y de manera repetitiva, estos actos sin el consentimiento de la víctima.

Orden de restricción por violencia doméstica: A diferencia de otras órdenes de restricción, existen requisitos específicos que deben cumplirse para solicitar una orden de restricción por violencia doméstica. La víctima y el acusado deben estar relacionados en alguna de las siguientes formas: ser esposo o esposa, ser pareja, ser el padre o la madre de un niño, tener una relación de sangre, vivir actualmente juntos o haber vivido juntos en el pasado, ser padres de hijos adultos, ser familiares políticos o hijastros incluidos. La orden otorga a la víctima la custodia temporal de cualquier hijo de la pareja y exige que el acusado se mude del hogar inmediatamente pero que siga pagando cualquier obligación financiera. El juez llama a una audiencia para decidir si la orden debe mantenerse y por cuanto tiempo.

Orden de restricción mutua: Las órdenes de restricción mutua son una cuestión de cierta controversia ya que a menudo, pueden llevar a la confusión jurídica y emocional. Si una de las partes viola una orden de restricción mutua, se hace difícil determinar quién es el agresor y quién el agredido. Esto puede llevar a ambas partes a sufrir acciones legales sin importar quién tenga la culpa.

Una orden de restricción mutua se puede emitir de dos maneras distintas. Un juez puede emitir una orden de restricción en contra de ambas partes en el mismo juicio, o tribunales independientes pueden emitir dos restricciones independientes en diferentes momentos.

Las órdenes de restricción a menudo se emiten durante el proceso de divorcio, y puede abarcar desde la prohibición de la venta de bienes a las órdenes de alejamiento en materia de malos tratos. En este caso, un inmigrante casado con un ciudadano puede perder la posibilidad de la obtención de la tarjeta verde.

¿Qué es una orden de fugitivo?

Un fugitivo es alguien que de manera consciente huye de la ley. Una orden es una autorización judicial para buscar la propiedad privada, confiscar posibles pruebas o poner a alguien bajo arresto. En definitiva, una orden fugitiva se define como una orden de detención emitida en una jurisdicción para atrapar a alguien que es un fugitivo de otra jurisdicción.

La función esencial de la orden fugitiva es la cooperación entre organismos policiales en un estado, con sus homólogos en otro. Gracias a esto, los organismos policiales aprehenden a más delincuentes porque la geografía ya no es un límite a la detención.

¿Qué es un embargo suplementario (Supplemental garnishment)?

Es un procedimiento de cobro posterior al juicio mediante el cual, un acreedor busca embargar una porción del salario de su deudor para cumplir con una sentencia por daños y perjuicios. Este procedimiento comienza presentando una nueva acción, conocida como proceso suplementario, ante el mismo tribunal que llevó el caso original.

Un demandante obtiene una sentencia mediante la presentación de una demanda ante el órgano judicial y notificando apropiadamente a la parte demandada. Después de presentar la demanda, el demandante puede conseguir una sentencia de tres formas distintas. Si el demandado no contesta la demanda en el plazo previsto por la ley, el demandante tendrá derecho a obtener una sentencia de rebeldía del demandado. Si no hay cuestión de hecho genuina y el demandante tiene derecho al juicio como cuestión de derecho, el órgano judicial podrá emitir una sentencia sumaria a favor del demandante.

Después de que el demandante recibe una sentencia a favor, debe pedir a la justicia que emita una ejecución de la sentencia. La ejecución es el documento oficial del órgano judicial que afirma que al demandante, como acreedor judicial, se le debe la cantidad de dinero especificada en la ejecución y que puede acogerse a cualquiera de los procedimientos de cobro posteriores al juicio que estén autorizados por la ley. Estos procedimientos incluyen el embargo de una cuenta bancaria, de bienes raíces o de salarios del deudor.

Una vez que el acreedor es satisfecho por el órgano judicial con una orden de embargo, debe luego notificarle la orden al empleador del deudor. El empleador entonces, deducirá la suma específica del embargo y remitirá el monto al órgano judicial, que luego le desembolsará el dinero al acreedor judicial, que usualmente, conforme a la ley, no puede ser superior al 25 por ciento de sus ingresos disponibles. Además, ciertos tipos de ingresos están exentos de ser embargados como, los beneficios de la seguridad social (incluyendo la discapacidad), los beneficios de los veteranos, los subsidios por desempleo y la asistencia social.

 

 

 

 

¿Qué tipos de sentencia pueden imponerse si se determina que una persona es culpable?

Después de que el jurado pronuncie un veredicto de culpabilidad o después de que el demandado se declare culpable, éste será sentenciado. Un juez puede sentenciar a un acusado a una pena de cárcel con o sin posibilidad de libertad condicional transcurrido un tiempo de la condena en prisión, a probatoria (probation), a libertad condicional (conditional discharge), a libertad incondicional (unconditional discharge) o imponer una multa. La sentencia se rige por ley escrita que indica los delitos de encarcelamiento obligatorio y los máximos y mínimos permisibles para cada clase de delito. Para determinar la sentencia dentro de los límites permitidos por la ley, el juez examina el delito, la participación del acusado y sus antecedentes penales.

 

Una violación de la libertad condicional o un nuevo arresto, generalmente producirá la revocación de la condicional y el reingreso en prisión del condenado. Los criminales que desaparecen, faltan a los encuentros programados, mienten sobre sus horarios laborales o académicos o viajan a otros estados sin autorización no tendrán la libertad condicional por mucho tiempo. Los agentes de libertad condicional pueden recomendar, en estos casos, a los jueces que se revoque la condicional del condenado el cual pasará el resto de la condena en prisión. En este caso, el condenado podrá optar a audiencias anuales para la evaluación de la posibilidad de una nueva libertad condicional.

Cuando un acusado viola su libertad condicional se dicta una orden de arresto penal y ésta no caduca a no ser que sea revocada por un agente de la condicional, el juez u otro funcionario de la corte. Si la violación se descubre después de expirado el período de libertad condicional, el condenado no puede ser arrestado por una infracción de los términos de la condicional cometido durante el período de prueba. Si hubiera sido un delito, sin embargo, el condenado si puede ser detenido.

La libertad condicional es revocada cuando un condenado es detenido por violar una de las condiciones o por cometer otro delito durante ese período, lo que hace que ingrese en prisión nuevamente hasta finalizar la totalidad de la condena. Antes de que se anule la libertad condicional del preso por incumplimiento, el delincuente tiene derecho a un procedimiento de revocación de libertad condicional, por el cual una Junta Estatal de Libertad Condicional examinará las circunstancias de la violación de la condicional y permitirá que el preso se defienda antes de tomar una decisión. Si el condenado es declarado inocente de los cargos cometidos durante la condicional o los cargos son desechados, el tribunal puede revocar la orden de anulación de libertad condicional.

Un preso es liberado cuando su período de libertad condicional ha concluido sin ninguna violación de sus obligaciones, aun sin haber cumplido la totalidad de los años de prisión impuestos en su condena.

 

Más tipos de libertad condicional supervisada incluyen la convicción por faltas, para los implicados con delitos menores, faltas de adjudicación diferida. En los últimos, los imputados

potenciales de delitos menores acatan las normas de libertad condicional hasta el juicio. Sea o no un imputado, si está cumpliendo una condena por libertad condicional supervisada o no supervisada, violar su libertad condicional se traducirá en ir a la cárcel del estado o del condado, en un caso de delito grave o delito menor, respectivamente.

 

 

 

 

La probatoria puede concederse cuando el encarcelamiento no se considera necesario para la protección de la sociedad. El tribunal puede decidir que la probatoria, bajo supervisión del Departamento de Probatoria (Department of Probation) durante un tiempo determinado, puede proporcionar al acusado la capacitación, orientación o asistencia necesarias y puede agregar condiciones a la sentencia para reflejar esas necesidades.

 

 

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