Jurisprudencias derechos reales

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Derechos Reales Acción reivindicatoria (*) (*) Esta jurisprudencia fue publicada en el Tomo N° 8 de Diálogo con la Jurisprudencia El propietario de un inmueble interpone acción reivindicatoria contra el poseedor directo del bien, sin embargo se declara la improcedencia pues el poseedor acredita su calidad de propietario con derecho inscrito anterior al del demandante, poniendo en evidencia la irregular existencia de dos partidas registrales referidas a un mismo inmueble. Expediente 497-96 LIMA Lima, trece de Mayo de mil novecientos noventisiete. VISTOS ; por los fundamentos de la recurrida; y CONSIDERANDO: que es improcedente la demanda de autos, ya que la acción de reivindicación sólo procede contra el poseedor no propietario, situación que no se da en favor de la demandada puesto que con el título de propiedad otorgado a nombre de la referida emplazada y que corre a fojas noventicinco y noventiséis de autos y con la copia literal de dominio de fojas ochenta, se acredita que ésta tiene la calidad de propietaria del inmueble sub-litis, habiendo inscrito su derecho con fecha treinta de enero de mil novecientos ochentiséis, es decir, con anterioridad al título del demandante, quien recién registró su derecho con fecha catorce de noviembre de mil novecientos ochentiocho, conforme aparece del asiento dos-C de la Ficha trescientos cuatro mil trescientos nueve del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, que corre a fojas treintiocho de autos, que si bien es cierto que resulta irregular la existencia de dos partidas registrales referidas a un mismo inmueble y que la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres haya transferido la propiedad del mismo inmueble a dos personas distintas, no corresponde que en la presente acción se

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  • 1. Derechos RealesAccin reivindicatoria (*)(*) Esta jurisprudencia fue publicada en el Tomo N 8 de Dilogo con la JurisprudenciaEl propietario de un inmueble interpone accin reivindicatoria contra el poseedordirecto del bien, sin embargo se declara la improcedencia pues el poseedor acredita sucalidad de propietario con derecho inscrito anterior al del demandante, poniendo enevidencia la irregular existencia de dos partidas registrales referidas a un mismoinmueble.Expediente 497-96LIMALima, trece de Mayo de mil novecientos noventisiete.VISTOS ; por los fundamentos de la recurrida; y CONSIDERANDO: que esimprocedente la demanda de autos, ya que la accin de reivindicacin slo procedecontra el poseedor no propietario, situacin que no se da en favor de la demandadapuesto que con el ttulo de propiedad otorgado a nombre de la referida emplazada y quecorre a fojas noventicinco y noventisis de autos y con la copia literal de dominio defojas ochenta, se acredita que sta tiene la calidad de propietaria del inmueble sub-litis,habiendo inscrito su derecho con fecha treinta de enero de mil novecientos ochentisis,es decir, con anterioridad al ttulo del demandante, quien recin registr su derecho confecha catorce de noviembre de mil novecientos ochentiocho, conforme aparece delasiento dos-C de la Ficha trescientos cuatro mil trescientos nueve del Registro dePropiedad Inmueble de Lima, que corre a fojas treintiocho de autos, que si bien es ciertoque resulta irregular la existencia de dos partidas registrales referidas a un mismoinmueble y que la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres haya transferido lapropiedad del mismo inmueble a dos personas distintas, no corresponde que en lapresente accin se emita pronunciamiento alguno sobre el particular, por no tratarse demateria controvertida: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista defojas ciento ochenticinco, su fecha doce de julio de mil novecientos noventisis, queconfirmando la de primera instancia de fojas ciento treinticuatro a ciento treintisis, sufecha doce de enero del mismo ao, declara IMPROCEDENTE la accin reivindicatoriaplanteada e INFUNDADA la demanda; con lo dems que contiene, dejando a salvo elderecho de las partes para accionar respecto de las irregularidades antes mencionadas yotras que pudieran existir respecto de los hechos a los que las partes hacen referencia enla presente accin, condenaron en las costas del recurso y multa de ley a la parte que lointerpuso en los seguidos por Hernn Nemesio Anchorena con Marina Zevallos deGalvn, sobre restitucin de bien inmueble; y los devolvieron.SS.IBERICORONCALLASEMINARIOTINEOALMEYDA

2. Accin reivindicatoria: concepto (A)Accin reivindicatoria es la que tiene el propietario no poseedor, contra el poseedor nopropietario.Expediente 1322-90-LIMALima, 17 de junio de 1992VISTOS; con los acompaados; y CONSIDERANDO: Que conforme a la mejordoctrina, accin reivindicatoria es la que tiene el propietario no poseedor, contra elposeedor no propietario; que en consecuencia, un extremo de la accin exige laprobanza plena del derecho de propiedad de la cosa reclamada y el otro, que quienposee lo hace sin ttulo alguno; que en el presente caso, la reivindicacin est dirigida allote de terreno nmero veinte de la manzana B dos en Villa Mara del Triunfo, cuyapropiedad adquiri el actor segn instrumento que en copia corre a fojas trescientoscuarenta, repetida a fojas cuatrocientos setentinueve, inscrito en el Registro de laPropiedad Inmueble segn copia certificada de fojas cuatrocientos ochenta; empero enla inspeccin ocular de fojas quinientos cincuentinueve se ha constatado que sobredicho lote de terreno hay una edificacin que el demandado y poseedor reclama haberlevantado y sobre la que el actor no tiene ttulo, lo que no permite hacer lugar a lareivindicacin, pues previamente se debe esclarecer esa situacin con la accincorrespondiente; que con la demanda acumulada de fojas cuatrocientos sesentisiete, donEvaristo Huari Barraza pretende se anule el ttulo que el Concejo Provincial de Limaotorg al actor, y que se declare su mejor derecho a poseer; que la anulabilidad de unacto jurdico slo puede ser deducida por quien ha sido parte en l y tampoco se haprobado vicio de nulidad que invalide dicho ttulo, que el propietario tiene derecho aposeer y este derecho, que es exclusivo y excluyente, constituye el sustento real de laaccin real reivindicatoria, por lo que tambin es infundado que se le reconozca mejorderecho a poseer, en conformidad con los artculos doscientos veintids, doscientosdiecinueve, ochocientos noventisis y novecientos veintitrs del Cdigo Civil(1) ;declararon HABER NULIDAD en la resolucin de vista de fojas seiscientosveintinueve, su fecha veintisis de setiembre de mil novecientos noventa, en cuantoconfirmando la apelada de fojas quinientos sesentiuno, su fecha trece de marzo delmismo ao, declara fundada la demanda acumulada; en consecuencia nulo el ttulo decompra-venta otorgado por el Gobierno, representado por el Sistema Nacional deApoyo a la Movilizacin Social a favor de don Raymundo Huari Barraza; con lo demsque contiene, reformando la primera y revocando la segunda, declararonIMPROCEDENTE la accin reivindicatoria interpuesta a fojas cinco; e infundada lasacciones de nulidad y mejor derecho de la demanda acumulada de fojas cuatrocientossesentisiete; declararon NO HABER NULlDAD en lo dems que contiene y es materiadel recurso; y los devolvieron; en los seguidos por don Raymundo Huari Barraza conEvaristo Huari Barraza y otra sobre reivindicacin.S.S. CASTILLO/ URRELLO/ BACA/ MENDOZA/ SANCHEZAccin reivindicatoria: Hechos a ser probados por el sujeto reivindicante 3. ... Aquel que ejercita la accin reivindicatoria debe probar su dominio y demostrar,adems que el demandado posee indebidamente el bien...EXPEDIENTE: 107 - 96.ORGANO JURISDICCIONAL:CUARTA SALA CIVIL (Corte Superior deJusticia).REFERENCIA LEGAL:- Cdigo Civil: Arts. 950 y 1969.Lima, diecinueve de Abril demil novecientos noventisis.-VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente la Doctora Hidalgo Morn; con losincidentes de tacha que se agregarn a los principales; por sus fundamentos; yCONSIDERANDO adems: Primero.- Que aquel que ejercita la accin reivindicatoriadebe probar su dominio y demostrar, adems que el demandado posee indebidamente elbien; Segundo.- Que en el caso de autos la propiedad respecto del bien inmueble quemediante la presente accin se pretende reivindicar, constituido por el lote de terrenonmero cinco, de la manzana uno, con frente a la calle Cosmos, hoy Hrcules cientosesentitrs de la Urbanizacin San Roque, corresponde indiscutiblemente al accionante,quien con los instrumentos probatorios aludidos en el tercer considerando de lasentencia recurrida ha probado a plenitud su dominio; Tercero.- Que, de otro lado, haquedado tambin establecido de actuados; que la posesin del demandado respecto delmismo inmueble es indebida, no pudiendo pretender convalidarse la misma con el pagode la deuda coactiva referida al terreno, o con cualquier construccin que de maneraindebida hubiera hecho el demandado en terreno ajeno; Cuarto.- Que la reconvencinplanteada en el escrito de contestacin de demanda, y que contiene la pretensin deusucapin, no slo no resulta atendible por la consideracin sealada por la A-quo; sinotambin, porque de autos no fluye probanza alguna que acredite que el demandadorena respecto del inmueble los requisitos que para ello exige de manera expresa elartculo novecientos cincuenta del Cdigo Civil; Quinto.- Que cabe analizar asimismo,el hecho que en esta instancia, el demandado presente copia simple de resolucinemitida con fecha dieciocho de Abril de mil novecientos noventicuatro, por la cual unJuzgado Civil de esta capital habra declarado fundada la solicitud de acumulacinsolicitada por l, en una accin intentada sobre prescripcin adquisitiva de dominio; queal respecto, se tiene que en principio, al tratarse de copia simple no puede ser tomada enconsideracin como resolucin en forma que someta a su contenido, que a mayorabundamiento, de comprobarse su autenticidad, dado el estadio actual de la accin, yano surtira los efectos que justamente una acumulacin procesal pretende, la cual essentenciar conjuntamente las pretensiones materia de tal acumulacin; y de otro lado,debe puntualizarse adems que atender a la pretensin del demandado, de tener a lavista tal expediente, importara dar cabida a actuaciones procesales evidentementemaliciosas y que por imperio de la ley, deben ser rechazadas de plano, puesto que siconsideraba el demandado que tal acumulacin resultaba neurlgica para la resolucinde la controversia debi proceder a su ejecucin inmediata, y no luego de dos aos, ycoincidentemente luego de la expedicin de un fallo que no le result favorable; Sexto.-En cuanto a la indemnizacin solicitada por el demandante, resulta obvio que con laconducta del demandado -materia de la demanda-, ha sido daado por ste y por endeexiste la obligacin del daante de resarcir econmicamente al daado, conforme a loprevisto en el artculo mil novecientos sesentinueve del Cdigo Civil; por tales razones: 4. CONFIRMARON la sentencia de fojas ciento sesentids, su fecha veinticuatro deOctubre del ao prximo pasado que declara Infundada la reconvencin de fojasdiecinueve, improcedentes las tachas y Fundada la demanda de fojas siete, enconsecuencia que corresponde a don Edilberto Farfn Gutirrez el lote nmero cinco,manzana uno de la calle Cosmos, de la Urbanizacin San Roque del distrito de Surco,debiendo restituirle el demandado don Hugo Enrique Gamboa Neyra dicho predio yfijando por todo concepto indemnizatorio la suma de mil nuevos soles, ms intereses ycostas; y los devolvieron.- Seores: TINEO CABRERA / HIDALGO MORAN /CARBAJAL PORTOCARRERO.Accin reivindicatoria: preferenciaLa accin reivindicatoria es aquella que permite al propietario no poseedor hacerefectivo su derecho contra el poseedor no propietario, ya sea recuperando lo propioluego de un despojo o indebida posesin, o slo reconociendo su derecho y calidad dedueo.No obstante que los demandados tienen un ttulo respecto del bien, sin embargo, elderecho a favor de los accionantes resulta preferente por encontrarse inscrito en losRegistros Pblicos.Expediente 1003-97Sala N 4Lima, tres de julio de mil novecientos noventisiete.VISTOS; Interviniendo como Vocal Ponente la doctora Aranda Rodrguez; por susfundamentos; y CONSIDERANDO adems; Primero.- Que la accin reivindicatoria esaquella que permite al propietario, no poseedor hacer efectivo su derecho contra elposeedor no propietario, ya sea recuperando lo propio luego de un despojo o indebidaposesin o tenencia, o cuando corresponda slo reconociendo su derecho y calidad dedueo; Segundo.- Que en el caso de autos ha quedado demostrado que los demandantesFermn Pedro Capistrano Medina y doa Bernarda Herlinda Medina de Capistrano hanadquirido el inmueble sub-materia mediante contrato de Compra-Venta elevado aescritura Pblica con fecha seis de setiembre de mil novecientos noventicinco segn seaprecia del testimonio correspondiente de fojas tres a cinco, encontrndose inscrito elderecho de propiedad en el cdigo P02007023 del Registro Predial de Lima; Tercero.-Que no obstante que los demandados tambin tienen un ttulo respecto del bien, segnse aprecia del documento de fojas treintiuno, referente a la Compra-Venta celebrada conla anterior propietaria doa Rosala Auris Marca, sin embargo el derecho a favor de losdemandantes resulta preferente por encontrarse inscrito, segn la norma contenida en elartculo mil ciento treinticinco del Cdigo Civil; CONFIRMARON la sentencia apeladade fojas ciento cinco a ciento seis su fecha veinte de diciembre de mil novecientosnoventisis, que declara Fundada la demanda de fojas nueve a once y su subsanacin defojas quince entendindose que el dominio sobre el inmueble ubicado en el lote diez dela Manzana (UCV)77 del Asentamiento Humano "Huaycn" distrito de Ate-Vitarte,Lima, materia de la demanda corresponde a los demandantes, el mismo que debe serrestituido a stos; con lo dems que contiene; Hgase saber y devulvase al Juzgado deorigen. 5. S.S.ARANDA RODRIGUEZDIAZ VALLEJOSMARTEL CHANGAccin reivindicatoria y usufructoProcede la accin reivindicatoria interpuesta por persona jurdica distinta a la queconstituy el usufructo, contra quien ejerce el usufructo temporal de un bien. El pago defrutos no es procedente si el demandado posee en mrito a un contrato con el anteriorpropietario.Expediente 301-92LA LIBERTADLima, catorce de julio de mil novecientos noventitrs.-VISTOS; con el acompaado; por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO:que consta del documento privado de fojas dieciocho, que don Jos Octavio MincholaMantilla, a ttulo de propietario exclusivo de "Galeras Minchola", con fecha primero dediciembre de mil novecientos setentisis, cedi en venta real y enajenacin perpetua losmuebles y enseres de los puestos signados con los nmeros siete y ocho del citadoedificio, incluyendo la posesin, es decir, el usufructo del rea de seis metros cuadradoscon sesenta centmetros cuadrados, a favor del demandado Manuel Herrera Salvatierra;que el inmueble en referencia, desde el diecisiete de abril de mil novecientos ochenta,ha pasado a constituir el capital social de la sociedad denominada "Galeras Minchola"Sociedad Annima conformada por varios accionistas, es decir, persona jurdica distintaa la persona natural que constituy el usufructo; que en consecuencia, siendo elusufructo temporal, para gozar del derecho de prelacin frente a terceros como ocurreen el presente caso, necesariamente requiere de un ttulo que rena las exigencias delinstrumento pblico inscrito, para los efectos a que se contrae el artculo dos mildiecisis del acotado, en razn a que como todo acto jurdico se encuentra sometido alas eventualidades previstas por el numeral dos mil veintids del mismo cuerpo deleyes; que no encontrndose inscrito el usufructo, pues nuestro ordenamiento jurdico,no prescribe como forma de constitucin del convencional la escritura pblica, la accinreivindicatoria resulta procedente, ms no as, el pago de frutos, puesto que eldemandado ha venido poseyendo en mrito a un contrato con el anterior propietario:declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento sesenticinco,su fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventiuno, en cuantoconfirmando en un extremo la apelada de fojas ciento cincuentidos, su fecha diecinuevede agosto del mismo ao, declara INFUNDADA la demanda interpuesta a fojas nuevesobre pago de frutos; declararon HABER NULIDAD en la propia resolucin en cuantorevocando la apelada, declara infundada dicha demanda en el extremo sobrereinvindicacin; REFORMANDO la primera y CONFIRMANDO la segunda,declararon FUNDADO dicho punto y, en consecuencia, el demandado est obligado adesocupar y entregar a la demandante el rea de seis metros cuadrados con sesentacentmetros cuadrados que ocupa en las "Galeras Minchola" Sociedad Annima, standsnmeros siete y ocho, con salida al jirn Bolvar nmero seiscientos ochentiocho, 6. primer piso de la localidad de Trujillo; en los seguidos por "Galeras Minchola"Sociedad Annima con Manuel Herrera Salvatierra sobre reivindicacin y otroconcepto; y los devolvieron.-SS. URRELLO, MENDOZA, ALMENARA, LANDA, RONCALLAAccin Reivindicatoria : Concepto y objetoLa reivindicacin es la accin del propietario no poseedor contra el poseedor nopropietario, y quien niegue tal derecho o lo contradice debe probarlo. Para amparar laaccin reivin-dicatoria, es necesario que el actor justifique la propiedad del bienreclamado con documento indubitable de dominio, que demuestre la identidad del bieny que acredite que los mismos se hallan posedos o detentados por la parte demandada.Exp: 7842-98Sala de Procesos Abreviados y de ConocimientoLima, cuatro de mayo de mil novecientos noventinueve.VISTOS; con el acompaado que se tiene a la vista, por sus fundamentos de larecurrida; interviniendo como ponente la seora Barreda Mazuelos, yCONSIDERANDO: Primero.- Que, es materia de revisin la sentencia de fojassetentiuno, su fecha 23 de setiembre de 1998, que declara fundada la demanda de fojasdoce a quince; Segundo.- Que, la reivindicacin es la accin del propietario no poseedorcontra el poseedor no propietario, y quien niegue tal derecho o lo contradice debeprobarlo; as mismo son requisitos esenciales que amparan la accin reivindicatoria queel actor justifique la propiedad de bien reclamado con documento indubitable dedominio, que demuestre la identidad del bien y que acredite que los mismos se hallanposedos o detentados por la parte demandada; Tercero.- Que, del anlisis de autos, seadvierte que los demandantes para acreditar el primer presupuesto que se menciona hanpresentado a fojas dos, la ficha registral 1306099 que acredita haber adquirido losderechos y acciones del inmueble que es materia de litis, el nmero que es corroboradocon los documentos que corre a fojas noventisiete a noventiocho; Cuarto.- Que, si bienes cierto, la demandada ha formulado tacha contra la ficha registral de fojas dos; seadvierte que mediante resolucin nmero dos, se desestim la misma, habindosenotificado vlidamente a esta parte con la resolucin acotada, segn cargo de fojasveintiocho, y no habiendo apelado, dicha resolucin ha quedado consentida, por lo quemal pretende como derecho de defensa en va de apelacin, precisar dicho argumento;mxime si esta parte no niega que se encuentre en la posesin de bien; Quinto.- Que,adems la demandada dentro de sus argumentos de defensa sustenta que la accindirigida contra ella ha sido mal planteada, puesto que la accin reinvindicatoria seplantea slo cuando se ha desposedo del bien o existe indebida posesin; estaafirmacin no es del todo cierto, puesto que es una de las formas de interponer lapresente accin, la cual no excluye a los propietarios plantear su accin reivindicatoria,como lo han accionado; Sexto.- Que, de otro lado merituar el expediente acompaadoresulta innecesario; por cuanto aporta pruebas que no han sido contradichas por sta ensu oportunidad y no varan el sentido de la resolucin apelada; por tales razonesCONFIRMARON la sentencia apelada de fojas setentiuno a fojas setentitrs, su fechaveintitrs de setiembre de mil novecientos noventiocho, que declara fundada la demanda 7. de fojas doce a quince, y ordena que doa Mercedes Miller de Lima, restituya laposesin del bien inmueble materia, con lo dems que contiene, en los autos seguidospor don Rafael Orlando Florin Castro y otros con Mercedes Miller de Lima, sobrereivindicacin y los devolvieron.SS. AGUADO SOTOMAYOR / BARREDA MAZUELOS / LAMA MOREAcciones Posesorias : ObjetoLas acciones posesorias tienen por objeto esclarecer el mejor derecho a la posesinentre quienes lo pretenden, evaluando los ttulos de los que nace el derecho a laposesin.Si la demandada recibi la posesin del bien, por los directivos de la asociacin, enforma pacfica, pues, se encontraba el terreno en abandono debido a que no era ocupadopor la actora, es de inferirse que ste reverti a la asociacin. No obstante no obrardocumento que acredite que se le comunic a la demandante sobre la reversin delinmueble, ello no invalida el acuerdo de asamblea, desde que los estatutos de lainstitucin sealan que la asamblea general de socios es la autoridad mxima y que susacuerdos obligan a todos los presentes y ausentes.Exp: 4022-98Sala de Procesos Abreviados y de ConocimientoLima, veintinueve de enero de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente la seora Cabello Arce; y,CONSIDERANDO: Primero.- Que, las acciones posesorias tienen por objeto esclarecerel mejor derecho a la posesin entre quienes lo pretenden, evaluando los ttulos de losque nace el derecho a la posesin; Segundo.- Que, en el presente caso, resultaacreditado que la demandante y demandada son socias de la Asociacin de ViviendaLos Huertos de Manchay, hoy denominada Centro Poblado Rural Los Huertos deManchay, que el lote de terreno sublitis le fue adjudicado en el ao mil novecientosochenticuatro a la demandante por los directivos de la Asociacin, y que aos despus,dicho lote le fue entregado en posesin a la demandada tambin por los directivos de laAsociacin (ver documentos de fojas ciento veintiuno, ciento veintids y cientoveintitrs). Tambin est acreditado en autos que tanto la demandante como lademandada cuentan con un certificado de posesin del terreno materia de lacontroversia, otorgados ambos certificados en su oportunidad a cada una de ellas por laMunicipalidad Distrital de Pachacmac (ver fojas once y sesenticuatro,respectivamente); Tercero.- Que, fluye de la prueba corriente a fojas ciento veinticuatroy siguientes que la asamblea ordinaria de asociados de la Asociacin Los Huertos deManchay, celebrada con fecha nueve de agosto de mil novecientos noventids acordque si los lotes no eran ocupados en un plazo de ciento veinte das por susadjudicatarios, dichos lotes revertiran a la institucin; Cuarto.- Que, la demandanteseala en su demanda que perdi la posesin del bien sublitis porque la demandadaaprovechando su ausencia, se introdujo en el terreno en forma violenta, aseveracin queno ha sido acreditada de modo alguno. Antes bien, como ya se seal, ha quedadoacreditado que la demandada recibi la posesin del bien por disposicin de losDirectivos, en forma totalmente pacfica, lo que prueba que el bien no vena siendoocupado por la demandante cuando le fue entregado en posesin a la demandada. 8. Quinto.- Que, tambin seala la demandante que el bien se encuentra desde hace aosen estado de abandono (sin precisar desde que fecha), lo que tampoco ha sido probado,por el contrario, con la inspeccin judicial llevado a cabo en autos se acredita que lademandada ha venido poseyendo el bien sublitis, y ha introducido mejoras como lainstalacin del servicio de luz elctrica y la construccin de un cerco perimetral dematerial noble; Sexto.- Que, de todo ello puede inferirse que el bien fue entregado enposesin a la demandada al haber revertido a la institucin, en aplicacin de lo acordadola asamblea de asociados antes sealada, tanto ms si de las pruebas presentadas por lapropia demandante aparece que slo cumpli con hacer la declaracin jurada deautovalo del lote de terreno sublitis hasta el ao mil novecientos ochentinueve;Stimo.- Que, si bien en autos no obra documento alguno que acredite que se lecomunic a la demandante sobre la reversin a la institucin del lote que le haba sidoadjudicado, ello no invalida el acuerdo adoptado en la asamblea precitada desde que susEstatutos sealan (ver artculo 23), que la asamblea general de socios es la autoridadmxima del centro poblado rural y que sus acuerdos obligan a todos los socios presentesy ausentes (ver fojas cuatrocientos noventisis), pudiendo en todo caso la demandantehacer valer frente a la Asociacin su derecho como asociada el que por cierto no se haprobado que hubiera perdido, pero no frente a la demandada; Octavo.- Que, siendo aslos hechos, la posesin que viene ejerciendo la demandada sobre el lote de terrenosubmateria aparece como legtima y de buena fe, porque la ha recibido de quien estabaen facultad de transmitirla, y por tanto no se ha acreditado en autos el mejor derecho deposesin que alega la demandante, por lo que en virtud a lo dispuesto por los artculos900 y 913 del Cdigo Civil, y artculos 188 y 200 del cdigo Procesal Civil;REVOCARON la sentencia apelada de fojas trescientos noventa y siete y siguientes sufecha once de setiembre del ao prximo pasado que declara fundada en parte lademanda en cuanto al mejor derecho a la posesin y restitucin del bien sublitis a favorde la demandante, REFORMANDOLA declararon INFUNDADA en dicho extremo lademanda, la confirmaron en lo dems que contiene, sin costas ni costos; en los seguidospor Carmen Mendoza Julin contra Uvelina David Snchez sobre mejor derecho a laposesin.SS. AGUADO SOTOMAYOR / ZALVIDEA QUEIROLO / CABELLO ARCEAnticresis... Permitiendo el Artculo mil sesentinueve del Cdigo Civil, en el caso de la prenda,que tambin es aplicable para la anticresis la venta del bien por incumplimiento de laobligacin, mediante el trmite de un proceso de ejecucin de garantas, existe unainterpretacin errnea de dicho dispositivo, al llegar a la conclusin la resolucin devista, que precisamente es improcedente la demanda de ejecucin de garantas, deacuerdo a lo dispuesto en l, por lo que la interpretacin correcta es que tanto en el casode la prenda como en el de la anticresis es permitida la venta del bien porincumplimiento de la obligacin.CASACIN Nro. : 3178-99/AREQUIPA.SALA CIVIL TRANSITORIA (Corte Suprema de Justicia).Lima, trece de abril del dos mil. 9. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LAREPBLICA, vista la Causa nmero tres mil ciento setentiocho-noventinueve, enaudiencia pblica de la fecha; y producida la votacin con arreglo a ley emite lasiguiente sentencia:MATERIA DEL RECURSO:Se trata del Recurso de Casacin interpuesto por doa Irma Anaya Meza, medianteescrito de fojas ciento trece, contra la resolucin emitida por la Primera Sala Civil de laCorte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas ciento tres, su fecha primero de octubredel ao prximo pasado, integrada a fojas ciento ocho, que revocando la apelada defojas setentiuno, su fecha veintids de julio del mismo ao, declara fundada lacontradiccin en cuanto a la inexigibilidad de la obligacin e improcedente la demanda.FUNDAMENTOS DEL RECURSO:Que, concedido el Recurso de Casacin a fojas ciento veintiuno, fue declaradoprocedente por resolucin de fecha seis de enero del presente ao, por la causalcontemplada en los incisos primero y tercero del Artculo trescientos ochentisis delCdigo Procesal Civil, sustentada en: a) La interpretacin errnea de los Artculos milsesentisis y mil sesentinueve del Cdigo Civil, porque la probable adjudicacinjudicial en pago de la deuda, luego de frustrados los remates judiciales destinados arealizar el patrimonio del deudor y satisfacer el pago de la acreencia no puede serentendida como apropiacin indirecta del bien, pues la probable adjudicacin que puedaproducirse es un derecho generado posteriormente a la celebracin del contrato,precisamente luego de frustrados los remates; que el objeto del proceso de ejecucin noes el de apropiarse del bien o adjudicrselo, sino lograr que el deudor pague y b) Lavulneracin de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porqueimpedir el ejercicio de las acciones mediante proceso de ejecucin de garantas suponela violacin del ejercicio de los derechos del acreedor a lograr el pago de la deuda yadems a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que se ha inobservado tambin elArtculo noveno del Ttulo Preliminar y Artculo setecientos veinte del Cdigo ProcesalCivil.CONSIDERANDO:Primero.- Que, primero hay que examinar la causal referida al inciso tercero delArtculo trescientos ochentisis del Cdigo Procesal Civil, porque de declararsefundada, ya no cabe el pronunciamiento sobre la otra causal.Segundo.- Que, el Artculo setecientos veinte del Cdigo Procesal Civil, establece laprocedencia y la competencia del proceso de ejecucin de garantas reales.Tercero.- Que, el Artculo setecientos veintids del Cdigo acotado permite lacontradiccin al proceso slo para los numerales que seala.Cuarto.- Que, el juzgador al resolver la controversia puede declarar fundada lacontradiccin y con ello no se afecta la tutela jurisdiccional efectiva ni los principios devinculacin y de formalidad referentes al logro de los fines del proceso, por lo que noexiste contravencin al debido proceso.Quinto.- Que, analizando la causal contemplada en el inciso primero del Artculotrescientos ochentisis del Cdigo Procesal Civil, tenemos que el Artculo milnoventisis del Cdigo Civil dispone que son aplicables a la anticresis las reglasestablecidas para la prenda que no se opongan a las consignadas en el ttulo de laanticresis.Sexto.- Que, el Artculo mil sesentinueve del Cdigo Sustantivo referido a la prendapermite la venta del bien por incumplimiento de la obligacin. 10. Stimo.- Que, no existe en el ttulo del Cdigo Civil referente a la anticresis ningndispositivo que impida la venta del bien por incumplimiento de la obligacin:Octavo.- Que, dicho dispositivo contiene adems una norma procesal que a falta depacto, la venta del bien se tramita como proceso de ejecucin de garantas.Noveno.- Que, si bien en el trmite del proceso de ejecucin de garantas, se procede alremate del bien, como consecuencia de la falta de pago por parte del deudor, no puedeimpedirse la ejecucin, por la posibilidad no concretada en autos de que el acreedor sepueda apropiar del bien como lo sostiene la de vista en clara referencia a un pactocomisorio que no se ha dado.Dcimo.- Que, si bien el Artculo mil sesentisis del Cdigo Civil, dispone en el caso dela prenda, que tambin es aplicable a la anticresis, que aunque no se pague la deuda elacreedor no puede apropiarse del bien prendado por la cantidad prestada y que es nulotodo pacto en contrario, el hecho de la adjudicacin que no se ha producido en autos yque es un mero supuesto, no implica la apropiacin del bien directa o indirecta, ni queexista convenio sobre el particular, porque es la sola consecuencia de un proceso deejecucin de garantas.Dcimo Primero.- Que, permitiendo el Artculo mil sesentinueve del Cdigo Civil, en elcaso de la prenda, que tambin es aplicable para la anticresis la venta del bien porincumplimiento de la obligacin, mediante el trmite de un proceso de ejecucin degarantas, existe una interpretacin errnea de dicho dispositivo, al llegar a laconclusin la resolucin de vista, que precisamente es improcedente la demanda deejecucin de garantas, de acuerdo a lo dispuesto en l, por lo que la interpretacincorrecta es que tanto en el caso de la prenda como en el de la anticresis es permitida laventa del bien por incumplimiento de la obligacin.Dcimo Segundo.- Que, existe interpretacin errnea del Artculo mil sesentisis delCdigo Civil, porque no puede sustentarse la resolucin que declara fundada lacontradiccin e improcedente la demanda, en el supuesto de una probable adjudicacindel bien, porque si existiera dicha posibilidad, no se habra establecido en el Artculomil sesentinueve de dicho Cdigo, la facultad de interponer el proceso de ejecucin degarantas.Dcimo Tercero.- Que, por las razones expuestas y presentndose la causal del incisoprimero del Artculo trescientos ochentisis del Cdigo Procesal Civil y de conformidadcon del inciso primero del Artculo trescientos noventisis del citado Cdigo,declararon: FUNDADO el Recurso de Casacin interpuesto por doa Irma Anaya Mezaa fojas ciento trece; en consecuencia, se declara NULA la resolucin de vista de fojasciento tres, su fecha primero de octubre del ao prximo pasado, integrada a fojasciento ocho; y actuando en sede instancia: CONFIRMARON la apelada de fojassetentiuno, su fecha veintids de julio de mil novecientos noventinueve, en cuantodeclara infundada la contradiccin de fojas cuarentinueve formulada por el ejecutadoPercy Eduardo Pablo Valdivia Pinazo y en consecuencia se ordena el remate del biendado en garanta; DISPUSIERON la publicacin de la presente resolucin en el DiarioOficial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por Irma Olga Anaya Meza yotro con Percy Eduardo Pablo Valdivia Pinazo y otra sobre ejecucin de garantaanticrtica; y los devolvieron.SS. URRELLO A.; SNCHEZ PALACIOS P.; ROMN S.; ECHEVARRA A.;DEZA P.Anticresis 11. ... Permitiendo el Artculo mil sesentinueve del Cdigo Civil, en el caso de la prenda,que tambin es aplicable para la anticresis la venta del bien por incumplimiento de laobligacin, mediante el trmite de un proceso de ejecucin de garantas, existe unainterpretacin errnea de dicho dispositivo, al llegar a la conclusin la resolucin devista, que precisamente es improcedente la demanda de ejecucin de garantas, deacuerdo a lo dispuesto en l, por lo que la interpretacin correcta es que tanto en el casode la prenda como en el de la anticresis es permitida la venta del bien porincumplimiento de la obligacin.CASACIN Nro. : 3178-99/AREQUIPA.SALA CIVIL TRANSITORIA (Corte Suprema de Justicia).Lima, trece de abril del dos mil.LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LAREPBLICA, vista la Causa nmero tres mil ciento setentiocho-noventinueve, enaudiencia pblica de la fecha; y producida la votacin con arreglo a ley emite lasiguiente sentencia:MATERIA DEL RECURSO:Se trata del Recurso de Casacin interpuesto por doa Irma Anaya Meza, medianteescrito de fojas ciento trece, contra la resolucin emitida por la Primera Sala Civil de laCorte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas ciento tres, su fecha primero de octubredel ao prximo pasado, integrada a fojas ciento ocho, que revocando la apelada defojas setentiuno, su fecha veintids de julio del mismo ao, declara fundada lacontradiccin en cuanto a la inexigibilidad de la obligacin e improcedente la demanda.FUNDAMENTOS DEL RECURSO:Que, concedido el Recurso de Casacin a fojas ciento veintiuno, fue declaradoprocedente por resolucin de fecha seis de enero del presente ao, por la causalcontemplada en los incisos primero y tercero del Artculo trescientos ochentisis delCdigo Procesal Civil, sustentada en: a) La interpretacin errnea de los Artculos milsesentisis y mil sesentinueve del Cdigo Civil, porque la probable adjudicacinjudicial en pago de la deuda, luego de frustrados los remates judiciales destinados arealizar el patrimonio del deudor y satisfacer el pago de la acreencia no puede serentendida como apropiacin indirecta del bien, pues la probable adjudicacin que puedaproducirse es un derecho generado posteriormente a la celebracin del contrato,precisamente luego de frustrados los remates; que el objeto del proceso de ejecucin noes el de apropiarse del bien o adjudicrselo, sino lograr que el deudor pague y b) Lavulneracin de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porqueimpedir el ejercicio de las acciones mediante proceso de ejecucin de garantas suponela violacin del ejercicio de los derechos del acreedor a lograr el pago de la deuda yadems a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que se ha inobservado tambin elArtculo noveno del Ttulo Preliminar y Artculo setecientos veinte del Cdigo ProcesalCivil.CONSIDERANDO:Primero.- Que, primero hay que examinar la causal referida al inciso tercero delArtculo trescientos ochentisis del Cdigo Procesal Civil, porque de declararsefundada, ya no cabe el pronunciamiento sobre la otra causal.Segundo.- Que, el Artculo setecientos veinte del Cdigo Procesal Civil, establece laprocedencia y la competencia del proceso de ejecucin de garantas reales. 12. Tercero.- Que, el Artculo setecientos veintids del Cdigo acotado permite lacontradiccin al proceso slo para los numerales que seala.Cuarto.- Que, el juzgador al resolver la controversia puede declarar fundada lacontradiccin y con ello no se afecta la tutela jurisdiccional efectiva ni los principios devinculacin y de formalidad referentes al logro de los fines del proceso, por lo que noexiste contravencin al debido proceso.Quinto.- Que, analizando la causal contemplada en el inciso primero del Artculotrescientos ochentisis del Cdigo Procesal Civil, tenemos que el Artculo milnoventisis del Cdigo Civil dispone que son aplicables a la anticresis las reglasestablecidas para la prenda que no se opongan a las consignadas en el ttulo de laanticresis.Sexto.- Que, el Artculo mil sesentinueve del Cdigo Sustantivo referido a la prendapermite la venta del bien por incumplimiento de la obligacin.Stimo.- Que, no existe en el ttulo del Cdigo Civil referente a la anticresis ningndispositivo que impida la venta del bien por incumplimiento de la obligacin:Octavo.- Que, dicho dispositivo contiene adems una norma procesal que a falta depacto, la venta del bien se tramita como proceso de ejecucin de garantas.Noveno.- Que, si bien en el trmite del proceso de ejecucin de garantas, se procede alremate del bien, como consecuencia de la falta de pago por parte del deudor, no puedeimpedirse la ejecucin, por la posibilidad no concretada en autos de que el acreedor sepueda apropiar del bien como lo sostiene la de vista en clara referencia a un pactocomisorio que no se ha dado.Dcimo.- Que, si bien el Artculo mil sesentisis del Cdigo Civil, dispone en el caso dela prenda, que tambin es aplicable a la anticresis, que aunque no se pague la deuda elacreedor no puede apropiarse del bien prendado por la cantidad prestada y que es nulotodo pacto en contrario, el hecho de la adjudicacin que no se ha producido en autos yque es un mero supuesto, no implica la apropiacin del bien directa o indirecta, ni queexista convenio sobre el particular, porque es la sola consecuencia de un proceso deejecucin de garantas.Dcimo Primero.- Que, permitiendo el Artculo mil sesentinueve del Cdigo Civil, en elcaso de la prenda, que tambin es aplicable para la anticresis la venta del bien porincumplimiento de la obligacin, mediante el trmite de un proceso de ejecucin degarantas, existe una interpretacin errnea de dicho dispositivo, al llegar a laconclusin la resolucin de vista, que precisamente es improcedente la demanda deejecucin de garantas, de acuerdo a lo dispuesto en l, por lo que la interpretacincorrecta es que tanto en el caso de la prenda como en el de la anticresis es permitida laventa del bien por incumplimiento de la obligacin.Dcimo Segundo.- Que, existe interpretacin errnea del Artculo mil sesentisis delCdigo Civil, porque no puede sustentarse la resolucin que declara fundada lacontradiccin e improcedente la demanda, en el supuesto de una probable adjudicacindel bien, porque si existiera dicha posibilidad, no se habra establecido en el Artculomil sesentinueve de dicho Cdigo, la facultad de interponer el proceso de ejecucin degarantas.Dcimo Tercero.- Que, por las razones expuestas y presentndose la causal del incisoprimero del Artculo trescientos ochentisis del Cdigo Procesal Civil y de conformidadcon del inciso primero del Artculo trescientos noventisis del citado Cdigo,declararon: FUNDADO el Recurso de Casacin interpuesto por doa Irma Anaya Mezaa fojas ciento trece; en consecuencia, se declara NULA la resolucin de vista de fojasciento tres, su fecha primero de octubre del ao prximo pasado, integrada a fojasciento ocho; y actuando en sede instancia: CONFIRMARON la apelada de fojas 13. setentiuno, su fecha veintids de julio de mil novecientos noventinueve, en cuantodeclara infundada la contradiccin de fojas cuarentinueve formulada por el ejecutadoPercy Eduardo Pablo Valdivia Pinazo y en consecuencia se ordena el remate del biendado en garanta; DISPUSIERON la publicacin de la presente resolucin en el DiarioOficial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por Irma Olga Anaya Meza yotro con Percy Eduardo Pablo Valdivia Pinazo y otra sobre ejecucin de garantaanticrtica; y los devolvieron.SS. URRELLO A.; SNCHEZ PALACIOS P.; ROMN S.; ECHEVARRA A.;DEZA P.Anticresis: formalidad ad solemnitatem (A)El contrato de anticresis debe constar en escritura pblica bajo sancin de nulidad,conforme a lo establecido en el artculo 1092 del Cdigo Civil.Expediente 1413-90LA LIBERTAD.EJECUTORIA SUPREMALima, once de noviembre de mil novecientos noventiuno.VISTOS; con el acompaado; y CONSIDERANDO: Que el contrato de anticresis tieneque constar en escritura pblica, bajo sancin de nulidad, como lo establece el artculomil noventids del Cdigo Civil; que esta regla imperativa no ha sido observada en elcaso de autos, en que el referido contrato slo aparece de la minuta de fojascincuentinueve de veintids de agosto de mil novecientos ochentinueve, con firmaslegalizadas de los contratantes, la que no fue elevada a escritura pblica como ordena laley; que el acto afectado de nulidad absoluta se reputa inexistente, por lo que laresolucin del contrato anticrtico demandado resulta improcedente, porque sta dejasin efecto un contrato vlido como lo prescribe el artculo mil trescientos setentiuno(1)del acotado y no un acto jurdico nulo ipso jure, por no reunir la forma prescrita por laley y tratarse de un acto jurdico ad solemnitatem; que, como lgica consecuencia lasacciones de daos y perjuicios y entrega de bien, derivadas de la accin anteriortampoco pueden prosperar y la impugnacin a la consignacin efectuada carece deobjeto ante las consideraciones expuestas: declararon HABER NULIDAD en laresolucin de fojas setenticinco, su fecha quince de octubre de mil novecientos noventa;que confirmando la apelada de fojas sesentitres, fechada el treintiuno de agosto delmismo ao, declarada fundada la demanda de fojas siete; reformando la primera yrevocando la segunda: declararon IMPROCEDENTE dicha demanda en todas suspartes, dejando a salvo el derecho del demandante para que lo ejercite con arreglo a laley; en los seguidos por don Francisco Vsquez Zanini y otra con don Alejandro MiguelRosas Fernndez y otra, sobre resolucin de contrato. -Interviniendo el doctor Roncallade conformidad con el artculo ciento veintitrs de la Ley Orgnica del Poder Judicial; ylos devolvieron. - S.S. - NUGENT- BELTRAN - PORTUGAL- CASTILLO -RONCALLA - Se public conforme a ley.BERNARDO DEL AGUILA PAZ Secretario General de la Corte Suprema 14. Actos perturbatorios de la posesin... Estos actos perturbatorios (de la posesin) deben ser comprobados de maneraobjetiva siendo para este caso la inspeccin judicial realizada, por el Juzgador que lepermite formarse conviccin real de los hechos (en el interdicto de retener)...CASACIN Nro. : 1698-97/ICA.SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL (Corte Suprema de Justicia).Lima, veinticuatro de mayo de mil novecientos noventinueve.LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTESUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPBLICA:VISTOS; con los acompaados; en Audiencia Pblica llevada a cabo en la fecha,integrada por los seores, Buenda Gutirrez, Presidente, Beltrn Quiroga, AlmeidaPea, Seminario Valle y Zegarra Zevallos verificada la votacin con arreglo a ley emitela siguiente sentencia:RECURSO DE CASACIN:Interpuesto por don Concepcin Arcenio Murga Mosqueira, mediante escrito de fojasciento noventicinco, contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenticinco, su fechaseis de junio de mil novecientos noventisiete, expedida por la Sala Civil de la CorteSuperior de Justicia de Ica, que Confirmando la apelada de fojas ciento cuarenticinco,fechada el dieciocho de abril de mil novecientos noventisiete, declara Infundada lademanda acumulativa sobre cobro de Daos y Perjuicios; y Fundada la demanda defojas siete sobre Interdicto de Retener, con lo dems que contiene; en los seguidoscontra doa Teresa Murga Mosqueira y otros sobre Interdicto de Retener y otro.FUNDAMENTOS DEL RECURSO:El Recurso de Casacin ha sido declarado procedente mediante resolucin de esta SalaSuprema de fecha dos de febrero de mil novecientos noventiocho por la causal previstaen el inciso primero del Artculo trescientos ochentisis del Cdigo Procesal Civil,denunciando la interpretacin errnea del Artculo ochocientos noventinueve delCdigo Civil, sosteniendo que la recurrida ha separado de todo el contexto el citadodispositivo, porque el mismo se encuentra ntimamente ligado a los Artculosnovecientos setenticuatro y novecientos setenticinco del citado Cdigo Sustantivo.CONSIDERANDO:Primero.- Que, la accionante interpone demanda de Interdicto de Retener por los actosperturbatorios que es objeto por parte de las demandadas.Segundo.- Que, el actor denuncia interpretacin errnea del Artculo ochocientosnoventinueve del Cdigo Civil, sustentado que existe coposesin cuando dos o mspersonas posean el bien conjuntamente.Tercero.- Que, tratndose del interdicto de retener, ste se interpone cuando el poseedores perturbado en su posesin, ejecutados por el demandado o por encargo de l, conindicacin de la fecha en que se practicaron.Cuarto.- Que, estos actos perturbatorios deben ser comprobados de manera objetivasiendo para este caso la inspeccin judicial realizada, por el Juzgador que le permiteformarse conviccin real de los hechos; en dicha diligencia que obra a fojas 15. ochenticuatro se aprecia que los demandados y demandantes son copropietarios del biensublitis, donde se constata que, los demandados vienen poseyendo parte del bien porespacio de tres aos.Quinto.- Que, en el punto cuarto de dicha diligencia, el Juez deja constancia que laaccionante no demuestra en qu consisten los actos perturbatorios, manifestandosolamente que vienen poseyendo el bien de manera conjunta.Sexto.- Que, en la recurrida se ha interpretado incorrectamente el Artculo ochocientosnoventinueve del Cdigo Civil, no se ha tomado en consideracin que la posesin esconjunta como se ha advertido en la Inspeccin Judicial no prosperando la presenteaccin.Stimo.- Que, las otras normas denunciadas en su recurso no son pertinentes al procesosubmateria al referirse la accin interdictal a actos posesorios.RESOLUCIN:Declararon, FUNDADO el Recurso de Casacin interpuesto a fojas ciento noventicinco,por don Concepcin Arcenio Murga Mosqueira, en consecuencia NULA la sentencia devista de fojas ciento sesenticinco, su fecha seis de junio de mil novecientos noventisiete,y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fojas cientocuarenticinco, fechada el dieciocho de abril de mil novecientos noventisiete que declaraInfundada la demanda acumulativa sobre Cobro de Daos y Perjuicios y Fundada lademanda sobre Interdicto de Retener; Reformndola declararon INFUNDADA lademanda de fojas siete en todos sus extremos; en los seguidos por doa Felisa FidenciaMurga Mosqueira contra doa Teresa Murga Mosqueira y otros sobre Interdicto deRetener y otro; ORDENARON se publique la presente resolucin en el Diario OficialEl Peruano; y los devolvieron.SS. BUENDA G.; BELTRN Q.; ALMEIDA P.; SEMINARIO V.; ZEGARRA Z.Bienes Muebles: TransferenciaDebe ampararse la pretensin del actor de formalizar la transferencia de los bienesmuebles que fueron entregados en consignacin para su venta al accionante, pues se hacancelado el precio pactado a satisfaccin del propietario emplazado, quien no haformulado observacin alguna.Exp: 13184-98Sala de Procesos SumarsimosLima, veintiuno de junio de mil novecientos noventinueve.VISTOS: interviniendo como Vocal ponente la seora Snchez Castillo; yCONSIDERANDO: Primero.- Que, es pretensin del actor formalizar la transferenciade los bienes muebles consistentes en dos vehculos combi minibus que fueronentregados en consignacin para su venta al accionante, y habindose cancelado elprecio pactado a satisfaccin del propietario emplazado, quien no ha formuladoobservacin alguna, por lo que cabe ampararse tal peticin. Segundo.- Que, latransferencia debe ser perfeccionada en ambos casos dado que con la instrumental defojas diecisiete se evidencia que el emplazado entreg el vehculo para que sea vendidoconforme a las condiciones que aparecen pactadas en dicho instrumental, teniendopresente que la transferencia del bien mueble se perfecciona con la tradicin. Tercero.- 16. Que, con las instrumentales de fojas dieciocho a veintitrs se acredita que se hacancelado el bien a satisfaccin del emplazado; por lo que siendo as, REVOCARON lasentencia apelada de fojas ochenticuatro a ochentisiete, su fecha veintisis de febrero demil novecientos noventinueve, en el extremo que declara infundada la demanda encuanto se solicita se otorgue la tarjeta de propiedad del vehculo de Placa de RodajeUO-siete mil trece, Marca Asia, Modelo Combi, con nmero de motor Z-Un millnciento dieciocho mil doscientos cinco, ao mil novecientos ochentisiete, con serienmero KN Dos-DAM Dos G Uno HK cero cero tres mil setecientos veintisis, colorblanco celeste; y REFORMNDOLA declararon FUNDADA la demanda enconsecuencia ORDENARON que don Gilberto Caruajulca Roncal efecte latransferencia del vehculo de Placa de Rodaje UO-siete mil trece, Marca Asia, ModeloCombi, con nmero de motor Z-Un milln ciento dieciocho mil doscientos cinco, aomil novecientos ochentisiete, con serie nmero KN Dos-DAM Dos G Uno HK cerocero tres mil setecientos veintisis color blanco celeste y posteriormente la autoridadcorrespondiente expida la Tarjeta de Propiedad del referido vehculo; con lo dems quecontiene y es materia de grado; y los devolvieron; en los seguidos por D.A. ImportExport SRL con Gilberto Caruajulca Roncal, sobre otorgamiento de tarjetas depropiedad de vehculos.SS. SNCHEZ CASTILLOBienes particulares y patrimonio cultural de la nacin (C) (*)(*) Esta Jurisprudencia se public en el Tomo N 2 de Dilogo con la JurisprudenciaPALOMINO MANCHEGO, JOSE F.Con especial referencia a la doctrina ms moderna, el autor de estos comentarios afirmaque los bienes que son patrimonio cultural de la nacin, tienen un tratamiento especialdistinto a aqullos que son regulados por el libro de Derechos Reales del Cdigo Civil.Critica en este sentido las fundamentaciones jurdicas del Tribunal de GarantasConstitucionales porque el fallo se apoya en conceptos que son propios del DerechoPrivado, sin tomar en consideracin la naturaleza especial del patrimonio cultural.Expediente 864-87/AA-La LibertadDICTAMEN 445-87-MP-FS-CASeor Presidente:Viene a este Despacho en recurso de nulidad, la accin de amparo interpuesta a fojas 27por don Dragui Nestorovic Markovic contra el Ministerio de Educacin, concretando suaccin a que se deje sin efecto el mandato administrativo expedido por R.M. N 114-85-ED, su fecha 4 de febrero de 1985, por los fundamentos que invoca; demanda que afojas 112 y en primera instancia es declarada improcedente, y confirmada a fojas 140por la Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad. 17. La doctrina en Derecho Constitucional contempla como uno de los principios de laaccin de amparo la necesidad del agota-miento de la va previa para su procedencia, requisito indispensable para satisfacer lafinalidad del amparo, esto es, ser el ltimo remedio jurdico contra la arbitrariedad,principio que se encuentra plasmado en el artculo 27 de la Ley N 23506.Consecuentemente, agotar la va previa (administrativa) significa que la AdministracinPblica haya terminado un asunto con respecto a un particular, expidiendo la resolucinrespectiva, o que el particular cumpla con la reclamacin administrativa y sta sepronuncia al respecto ya sea en forma expresa o tcita; dejando expedito el camino pararecurrir a la va judicial mediante los recursos que la ley le franquea.Lo expuesto, en opinin de esta Fiscala, fundamenta la improcedencia de la Accinincoada a fojas 27 por lo siguiente:Por escrito que en copia certificada corre a fojas 9, don Dragui Nestorovic Markovicsolicita se deje sin efecto la notificacin que se le curs (fojas 1), con lo cual di poriniciado un proceso administrativo con arreglo a lo que dispone el Reglamento deProcedimientos Administrativos, desprendindose de esta manera que an no se habaagotado la va previa a la que hace mencin el artculo 27 de la Ley N 23506 almomento de interponerse la presente accin, supuesto que se confirma a fojas 170 en laque corre la Resolucin Ministerial N 276-86-ED que resuelve la peticin formulada.El recurrente sostiene que al haber transcurrido ms de un ao sin que se resuelva supedido, procede el silencio administrativo y por lo tanto denegada su peticin. Pero talafirmacin es inexacta dado que el artculo 90 del D.S. N 006-SC (Reglamento deProcedimientos Administrativos) establece el procedimiento a seguir para que unapeticin se considere denegada y funcione de esta manera el silencio administrativo,pero en autos no ha demostrado que hubiese dado cumplimiento a lo acotado.Asimismo, el actor no ha acreditado fehacientemente y de manera indubitable estarincurso en alguna de las excepciones previstas por el artculo 28 de la Ley N 23506.Por lo expuesto, esta fiscala opina porque se declare NO HABER NULIDAD en larecurrida de fojas 140, su fecha 3 de febrero de 1987, que confirmando la apelada defojas 112, declara IMPROCEDENTE la accin de amparo incoada a fojas 27, en losseguidos por don Dragui Nestorovic Markovic.Se remite copia del presente dictamen para que sea entregado al Sr. Procurador Pblicoencargado de los asuntos del Ministerio de Educacin.Lima, 18 de agosto de 1987.MANUEL S. CATACORA GONZALES, Fiscal Supremo en lo ContenciosoAdministrativo.A.A. EXP. 864-87 - LA LIBERTADLima, veintiuno de julio de mil novecientos ochentinueve.- 18. VISTOS; de conformidad con el dictamen del Seor Fiscal; declararon NO HABERNULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta, su fecha tres de febrero demil novecientos ochentisiete que, confirmando la apelada de fojas ciento doce, fechadael catorce de octubre de mil novecientos ochentisis, declara IMPROCEDENTE laaccin de amparo interpuesta a fojas veintisiete por don Dragui Nestorovic Markoviccontra el Ministerio de Educacin; MANDARON que consentida o ejecutoriada que seala presente resolucin se publique en el Diario Oficial El Peruano por el trmino queestablece el artculo cuarentids de la Ley nmero veintitrs mil quinientos seis.-NOTIFICANDOSE.-S.S. UGARTE DEL P. MANRIQUE D. PANTOJA R. HERNANDEZ DE R.ESQUERRA C.Se public conforme a LeySYLVIA ASTETE BENAVIDES, Sub-Secretaria General de la Corte Suprema.TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALESExpediente 046-91-AA/TGCCASO: DRAGUI NESTOROVIC MARKOVICSENTENCIAEn Arequipa a los seis das del mes de Junio de mil novecientos noventiuno, reunido elTribunal de Garantas Constitucionales en sesin de Pleno Jurisdiccional, con asistenciade los seores Magistrados:Centurin Vallejo, Presidente;Espinal Cruzado, Vicepresidente;Len Seminario;Valenzuela Astete;Daz Valdivia;Samanamud Rubin;Mixn Mss; yNez del Prado Cruz;actuando como Secretaria la doctora Gabriela Guilln Fernndez, pronuncia la siguientesentencia en la causa vista en audiencia pblica, odo el informe oral del seor defensordel demandante y despus de haber deliberado en privado. Con los fundamentos de votodel magistrado doctor Espinal Cruzado.ASUNTO.Recurso Extraordinario de Casacin interpuesto por Dragui Nestrovic Marcovic contrala sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha veintiunode Julio de mil novecientos ochentinueve que ha declarado NO HABER LUGAR ANULIDAD en la sentencia de vista que declar improcedente la accin de amparointerpuesta. 19. ANTECEDENTES.Don Dragui Nestorovic Markovic con su escrito de fojas veintisiete a treintisiete vueltainterpuso con fecha cinco de Junio de mil novecientos ochentisis, Accin de Amparocontra el Ministerio de Educacin a causa de la notificacin escrita que le hizo elProcurador Pblico, el veintiocho de Mayo de mil novecientos ochenticinco invocandola Resolucin Ministerial nmero ciento catorce del cuatro de febrero de milnovecientos ochenticinco, para que en el plazo de diez das hbiles cumpla condemoler y clausurar las construcciones e instalaciones clandestinas y similares de laGranja San Nicol, efectuadas en la Zona Arqueolgica de CHAN CHAN, reaintangible reconocida por Resolucin Suprema nmero cero quinientos dieciocho delcatorce de Junio de mil novecientos sesentisite. La citada notificacin contena, adems,la advertencia de que en caso de incumplimiento proceder a la ejecucin por mediodel Juzgado Coactivo.El Juzgado admiti la demanda y corri traslado.El accionante en su demanda y durante el procedimiento ha sostenido:Que la notificacin precitada constituye una amenaza contra su derecho de propiedad;que no tiene la calidad de invasor; que el terreno lo adquiri lcitamente a ttulooneroso el treinta de Abril de mil novecientos sesentids mediante escritura pblica y dela Empresa EL DEAN SOCIEDAD ANONIMA; que la construccin e instalacin enla mencionada Granja son de su exclusiva propiedad; que no son clandestinas dichasedificaciones; que su propiedad queda fuera de la Zona Intangible de CHAN CHAN;que en mil novecientos sesentisiete se ampli la zona reservada e intangible, ampliacinque incluye su granja; invoca el artculo ciento veinticinco de la Constitucin y elartculo novecientos treinta del Cdigo Civil vigente; en definitiva, sugiere que elEstado debe sustituir el procedimiento de demolicin por el de expropiacin; proponeejemplos de expropiaciones habidas de monumento histrico que fueron de propiedadprivada, como Machu Picchu, del Templo de Coricancha, cita la Ley que facultaexpropiar el Templo de Chavn.De la documentacin presentada por el demandante resulta que: la edificacin objeto dela declaracin de fbrica termin en Agosto de mil novecientos setenticinco; el auto-avalo lo ha presentado el veintitrs de Mayo de mil novecientos ochentisis y elImpuesto al Patrimonio Predial no Empresarial lo pag tambin en esa misma fecha; losCertificados de Actividades fueron otorgados en Mayo y Setiembre de mil novecientosochenticinco y mil novecientos setenticinco, respectivamente; el Certificado de RegistroComercial ha sido expedido el nueve de Noviembre de mil novecientos setentiocho; elCertificado de Saneamiento Ambiental ha sido expedido el veintitrs de Diciembre demil novecientos ochenticinco; el Certificado en el Registro Agro Industrial es deldiecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenticinco; la Declaracin Jurada deImpuesto de Funcionamiento es del veintitrs de Mayo de mil novecientos ochentisis;y la historia de la propiedad que alega sobre el predio se retrotrae slamente a la dcadadel cuarenta del presente siglo como aparece inequvocamente a fojas tres. O sea, lamayora de sus documentos son posteriores a mil novecientos sesentisiete. 20. El Procurador Pblico, defensor del demandado, haciendo previo resumen del contenidode la demanda, sostuvo que: la accin interpuesta es extempornea porque -segn l-entre el cuatro de Febrero de mil novecientos ochenticinco que es la fecha de laResolucin Ministerial ciento catorce y el cinco de Junio de mil novecientos ochentisisque es la fecha de la demanda ha transcurrido con exceso el plazo para interponer laaccin de amparo; que dicha accin de garanta constitucional es improcedente contra elmandato del Juzgado Coactivo; agrega que el demandante tuvo conocimiento plenodesde mil novecientos sesentisiete que el inmueble que conduce no es de su propiedad;seguidamente; acot consideraciones de carcter histrico y una profusa cita dedisposiciones legales. Pidi se declare improcedente.La sentencia de Primera Instancia, esgrimiendo como fundamentos la caducidad delderecho para ejercitar la accin y el no agotamiento de la va previa, declarimprocedente la Accin de Amparo interpuesta. El demandante interpuso recurso deapelacin. La sentencia de vista confirm la apelada. Interpuso el recurso de nulidad yelevado el expediente a la Sala Civil Suprema, sta orden vista Fiscal. El Fiscal en loContencioso Administrativo opin por la improcedencia de la accin incoada porconsiderar que el demandante no ha agotado la va previa ni est probado que estincurso en la excepcin prevista en el artculo veintiocho de la Ley veintitrs milquinientos seis. La Resolucin Suprema de fecha veintiuno de Julio de mil novecientosochentinueve, de conformidad con el dictamen fiscal declar No Haber Nulidad en lasentencia de vista.El accionante, dentro del plazo legal, ha interpuesto Recurso Extraordinario de Casacincontra la Resolucin Suprema. Agotada la jurisdiccin comn (la va judicial), elTribunal de Garantas Constitucionales se avoca a resolver el Recurso de Casacininterpuesto.CONSIDERACIONES DELTRIBUNAL.1.- La advertencia hecha al demandante por el Procurador Pblico de que, vencido elplazo concedido, recurrir al Juzgado Coactivo para la demolicin y clausura ordenadasen observancia de la Resolucin Ministerial ciento catorce del cuatro de Febrero de milnovecientos ochenticinco, considerado por el accionante como amenaza a su derechode propiedad (sic) est vigente an: pero no ejercit la accin dentro del plazo previstopor el artculo treintisiete de la Ley veintitrs mil quinientos seis;2.- Una Resolucin Ministerial, sea expedida de oficio o como culminacin de unprocedimiento administrativo, es una resolucin de mxima instancia del Sector; siendo,entonces, inaplicable para el caso el artculo veintisiete de la Ley veintitrs milquinientos seis. En efecto, la Resolucin Ministerial nmero ciento catorce-ochenticinco-ED ha sido expedida en el Expediente nmero cinco-mil trescientosochenticinco-ochentids.3.- La notificacin hecha al accionante por el Procurador Pblico, en cumplimiento dela Resolucin Ministerial precitada para la desocupacin del predio comprendido en laResolucin Suprema cero quinientos dieciocho del catorce de Junio de mil novecientossesentisiete, es un acto administrativo lcito y necesario por cuanto el demandante sabeque carecce en lo absoluto de legitimidadsu pretendido derecho de propiedad sobre elbien que detenta por ser ste inalienable e imprescriptible por cuanto es parte integrante 21. de los yacimientos arqueolgicos de CHAN CHAN que est declarado legalmentecomo Monumento Nacional.3.1 Si bien es cierto que la legislacin que tutela los Monumentos Histricos y RestosArqueolgicos reconoce la posibilidad de la propiedad privada sobre alguno de ellos yprev la expropiacin o el derecho de tanteo y de preferencia o el retracto, aplicablessegn el caso, para revertirlos al dominio del Estado; tambin es cierto que esereconocimiento es posible cuando la data (el origen) de la propiedad sea anterior a laLey seis mil seiscientos treinticuatro; que no es el caso del recurrente;3.2. La Ley seis mil seiscientos treinticuatro, vigente desde el trece de Junio de milnovecientos veintinueve, prescribe: artculo primero.- Son propiedad del Estado losmonumentos existentes en el territorio nacional anteriores a la poca del Virreynato.Es inalienable e imprescriptible el derecho de la Nacin sobre dichos monumentos.Y, la Zona Arqueolgica de CHAN CHAN es uno de los Monumentos anteriores a lapoca del Virreynato. Por esto, el Estado en el artculo veintids de la citada Leydeclar Monumento Nacional a las Ruinas de CHAN CHAN.El Estado ha ratificado la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los Monumentos de lapoca Pre-Incaica mediante el Decreto Ley Nmero diecinueve mil treintitrs deNoviembre de mil novecientos setentiuno.3.3. El ttulo de propiedad que invoca el accionante carece de legitimidad. Pues, lahistoria de la ocupacin del bien analizada retrospectivamente para identificar la seriede tractos sucesivos, permite constatar que su origen data del nueve de Julio de milnovecientos cuarentiocho, o sea, diecinueve aos despus de la vigencia de la Ley seismil seiscientos treinticuatro precitada. Lo cual significa que la entonces NegociacinAzucarera Laredo procedi ilcitamente al vender a DEAN, S.A. un predio queforma parte del Monumento Histrico que es de propiedad del Estado, e inclusodeclarado inalienable e imprescriptible;3.4. Ms an, el Estado cumpliendo con su deber de preservar la Zona Arqueolgica deCHAN CHAN, expidi la Resolucin Ministerial nmero mil doscientos sesentitrs delcuatro de Febrero de mil novecientos cincuentisis comisionando a un funcionario de ladireccin de Cultura, Arqueologa, e Historia para que preste el apoyo a las autoridadesdel Departamento de La Libertad en la investigacin de denuncias sobre la invasin deagricultores en la Zona Arqueolgica de CHAN CHAN. Lo que significa que para lacomunidad trujillana, en mil novecientos cincuentisis, eran hechos notorios tanto losconfines hasta donde se extenda la Zona Arqueolgica como tambin las usurpacionesque perpetraban algunos; ese conocimiento tuvo que incluir tambin al demandante; noobstante el treinta de Abril de mil novecientos sesentids procedi a contratar conDEAN, S.A., sobre un bien cuya enajenacin ya desde ms de treintids aosanteriores estaba fuera de la capacidad de disposicin de los particulares. Ese contratono tuvo causa justa ni objeto lcito. Pero an, las edificaciones que realiz fueronterminadas ocho aos despus de que los Planos de la Zona Arqueolgica de CHANCHAN furon aprobados mediante Resolucin Ministerial nmero cero quinientosdieciocho del catorce de Junio de mil novecientos sesentisiete. 22. 3.5. La Resolucin Suprema nmero veinticinco del seis de Febrero de mil novecientoscincuentids, fue expedida aprobando el Plano Arqueolgico de la Ciudadela de CHANCHAN (del ncleo) de la Zona Arqueolgica y por eso es independiente de la Zona queaprob los Planos de la Zona Arqueolgica; o sea sta no ampli a la primera.3.6 Tanto la Resolucin Ministerial ciento catorce-ochenticinco-ED como lanotificacin del veintiocho de Mayo de mil novecientos ochenticinco han sidoexpedidas de conformidad con el artculo treintisis de la Constitucin. No existeincompatibilidad entre dicha Resolucin y la notificacin con el artculo cientoveinticinco de la Constitucin porque la historia del dominio que alega el demandantees posterior a la ley seis mil seiscientos treinticuatro; de modo que, resulta evidente quel carece de justo ttulo, actu de mala f.3.7. Que la resolucin suprema venida en casacin en cuanto declara improcedente laaccin ha sido expedida con arreglo a Ley y de acuerdo a la naturaleza jurdica del caso.FALLO.- Por las consideraciones precedentes y estando a que la sentencia supremaimpugnada en cuanto resuelve declarando improcedente la Accin de Amparo ha sidoexpedida con arreglo a Ley; el Tribunal de Garantas Constitucionales de conformidadcon el artculo cuarentisiete de la Ley veintitrs mil trescientos ochenticinco; FALLA:declarando INFUNDADO el Recurso de Casacin interpuesto por Dragui NestorovicMarkovic contra la resolucin suprema de fecha veintiuno de Julio de mil novecientosochentinueve, en consecuencia, NO HA LUGAR A CASACION de dicha sentencia.Regstrese, Publquese, Devulvase y Archvese,ESPINAL CRUZADO, CENTURION VALLEJO, LEON SEMINARIO,VALENZUELA ASTETE, SAMANAMUD RUBIN, MIXAN MASS, DIAZVALDIVIA, NUEZ DEL PRADO CRUZ.FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINAL CRUZADO.En la accin de amparo interpuesta por Dragui Nestorovic Markovic, contra laResolucin Ministerial N 114-85-ED 04 de Febrero de 1985, mediante la cual elMinisterio de Educacin autoriz al Procurador Pblico encargado de los asuntos dedicho Ministerio, para que utilizando la va coactiva consiga la ejecucin forzosa dedemolicin de las construcciones o similares efectuadas en el rea de la ZonaArqueolgica de Chan Chan, mi VOTO es por la no casacin de la resolucin de laSegunda Sala Civil de la Corte Suprema de la Repblica, expedida de conformidad conel dictamen del seor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, el 21 de Juliode 1989, por las siguientes consideraciones;En efecto, de un lado, de acuerdo con el artculo 296 de la Carta Fundamental, elTribunal de Garantas Constitucionales es el rgano de control de la Constitucin; y deotro, a tenor del segundo pargrafo del artculo 295 concordado con el Punto 2 delartculo 298 Constitucional, la accin de amparo cautela los derechos reconocidos porla Constitucin que sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionarioo persona; y como ente con jurisdiccin nacional, es competente, para conocer encasacin las resoluciones denegatorias de la accin de hbeas corpus y la accin deamparo, agotada la va judicial. 23. Pero, adems, para considerar debidamente el parmetro jurdico-constitucional y legaldentro del cual debe examinarse a la resolucin cuestionada, tambin, es precisoconsiderar: en primer lugar, que el objeto de las acciones de garanta es el de reponerlas cosas al estado anterior a la violacin o amenaza de violacin de un derechoconstitucional; en segundo lugar, que la accin de garanta caduca si no se la ejercitaa los sesenta das hbiles de producida la afectacin -artculo 1 y 37 de la Ley23506-; en tercer lugar, que la casacin de la resolucin, materia de la controversia,procede, cuando se ha violado o aplicado falsa o errneamente la ley o no se hancumplido con las formas prescritas para tramitar el procedimiento o para expedir el fallo-artculo 43 de la Ley 23385.Adems, igualmente, creemos necesario precisar, que en el caso sub-materia, el bienjurdico que busca proteger el accionante es la granja denominada San Nicola y lasAreas sobre las que ella se extiende; es decir, con la accin de garanta se defiende elderecho de propiedad que aparece amparado en la primera parte del artculo 125Constitucional concordado con el Punto 12 del artculo 20 de la Ley 23506. Claro queesta normatividad est referida a la propiedad privada, a la propiedad particular. Sinembargo, para una conceptualizacin global y cabal del derecho de propiedad delacccionante hay que tener en cuenta interpretativamente la regla del artculo 128 de laConstitucin que establece que los bienes pblicos, cuyo uso es de todos, no sonobjeto de derechos privados, as como tambin el artculo 36 del mismo TextoConstitucional.Ahora bien, como se trata, en realidad, de decidir o declarar el derecho de la Nacinsobre bienes que constituyen su Patrimonio Cultural, para una estimacin legal yjurdica de la resolucin, objeto de la casacin, es conveniente hacer: primero, unadilucidacin terica y doctrinaria sobre bienes inmuebles; y segundo, un examenhistrico-jurdico-constitucional de nuestro sistema legal para decidir sobre laprocedencia e improcedencia del recurso de casacin del demandante.Tericamente, el Derecho Civil atribuye a la propiedad del Estado dos clases dedominio: Uno pblico y otro privado. Entre los primeros se considera a los bienes queson de uso pblico y que como tales pertenecen a toda la Nacin, por cuya razn sonimprescriptibles o inenajenables; y entre los segundos, es decir entre los bienes dedominio privado se considera a los bienes que sirven a los fines del Estado como entejurdico que representa a la Nacin. Sobre estos ltimos bienes el Estado tienefacultades de uso y disposicin.La Nacin como contenido humano del Estado es anterior a l. Nace por decisin de lasociedad, para organizar la atencin y la satisfaccin de sus necesidades. De suerte quesi la Nacin es la titular del dereccho sobre todos los bienes con los cuales acta elEstado, ste, es decir, el Estado no es ms que un represntante de la Nacin, es unadministrador de sus bienes y como tal, sin facultades de propietario; subordinando eluso de los bienes nicamente a las potestades que nacen de la voluntad del mandanteque es el pueblo -Derechos Reales: Carlos Ferdinand Cuadros Villena, pg. 118-.Y, en lo que se refiere a las caractersticas del dominio pblico, sto, tiene en razn desu naturaleza y destino,caracteres jurdicos diferentes, de entre los cuales son esencialesla inalienabilidad y la imprescriptibilidad, por la inalienabilidad, se impide que sobre 24. las cosas publicas haya posesin ni tenencia de particulares o personas privadas quedispondran de ellas segn sus exclusivos intereses; y de otro lado, por laimprescriptibilidad de las cosas del dominio pblico, resulta necesariamente de lainalienabilidad de stas; en todo caso, la imprescriptibilidad es, en substancia, unprivilegio que se ha fundado en la necesidad de impedir que el fisco se vea privado desus cosas, por la negligencia o deslealtad de sus empleados -Derecho Administrativo:Rafael Bielsa, Tom. III, pginas 475 y 481.-Ahora bien, establecidos estos presupuestos tericos sobre la inalienabilidad eimprescriptibilidad de los bienes de dominio pblico, en nuestro ordenamiento jurdico,constitucional y legal, encontramos como antecedentes legislativos; en primer lugar, enla Constitucin de 1856, tenemos como garanta nacional la norma que establece quelos bienes de propiedad nacional slo podrn enajenarse para los objetos y en los casosy forma que expresa la ley (artculo 7); as como tambin la significativa declaracinde que es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se oponga a la Constitucin (art.10). Los mismos preceptos del artculo 7 de la Constitucin de 1856 estn reiteradosen los artculos 7 y 6 de las Constituciones de 1860-1867; y en los artculos 38 y 33de las Constituciones de 1820 y 1933, prcticamente, utilizando los mismos trminos seconsigna que no pueden ser materia de propiedad privada las cosas pblicas cuyo usoes de todos; agregndose, en esta ltima en el artculo 82 que los tesorosarqueolgicos, artsticos e histricos, estn bajo la salvaguarda del Estado. Mientrasque en la Constitucin de 1979 en los artculos 36, 118 y 128 se prescribe: en elprimero, que los yacimientos y restos arqueolgicos, construcciones, monumentos,objetos artsticos y testimonios de valor histrico, declarados patrimonio cultural de laNacin, estn bajo el amparo del Estado; en el segundo, que los recursos naturales,renovables y no renovables, son patrimonio de la Nacin, y en el tercero que losbienes pblicos, cuyo uso es de todos, no son objeto de derechos privados.Y, en segundo lugar, como normas administrativas o legislativas de inferior jerarqua laprimera referencia a los bienes de propiedad nacional lo encontramos en el primerconsiderando de la Resolucin Suprema de 12 de Julio de 1872 en el que se expresa quetodos los terrenos existentes son de propiedad nacional. Sin embargo, conanterioridad, mediante el artculo 63 de la Ley de Enero de 1857, de OrganizacinInterior de la Repblica, se encarg a los Prefectos el cuidado y la conservacin de losmonumentos pblicos y de las antigedades del Pas, hacindolos responsables a los quelos deterioren o destruyan.Siguiendo la lnea protectiva y tutelar del Estado, se expide la Resolucin Suprema deJunio de 1921, a travs de la cual se prohibe la extraccin, destruccin y explotacin delos monumentos arqueolgicos acatando la recomendacin del Segundo CongresoPanamericano reunido en Washington en Diciembre de 1915, que recomend a lasrepblicas americanas la expedicin de leyes y resoluciones que protejen de maneraeficaz los restos arqueolgicos que an quedan, contra su destruccin injustificable,por eso es que en la parte considerativa de dicha medida administrativa expresamente seconsigna que los monumentos, fortalezas, templos, cementerios, tejidos, objetos deuso, instrumentos, huacos, momias y en general, todos los restos que perduran de losantiguos pobladores del Per, de las pocas prehistricas e incaicas, SON DEPROPIEDAD DE LA NACION y al Estado incumbe protegerlos y conservarlos; quepor diversas resoluciones supremas, desde el 02 de Abril de 1822 se ha prohibido laextraccin, destruccin y expotacin de las antigedades peruanas sin que dichas 25. resoluciones hayan tenido verdadera eficacia; que dichos monumentos y objetos, son lafuente ms preciosa para el estudio de la prehistoria nacional, decreto que, desde esafecha quedaba prohibido en lo absoluto, la extracccin, destruccin y exportacin delos monumentos arqueolgicos que se lleva hecho referencia (artculo 1).Dentro de este lineamiento jurdico por ley 6634 de 13 de Junio de 1929 se crea elPatronato Nacional de Arqueologa (art. 13), en donde expresamente se establece queson de propiedad del Estado los monumentos histricos existentes en el territorionacional anteriores a la poca del virreinato. Es inalienable e imprescriptible el derechode la Nacin sobre dichos monumentos, reputndose como monumentos histricoslos inmuebles comprendidos en la denominacin de templos, palacios, fortalezas,edificaciones, ruinas y paredones, monolitos, piedras y rocas labradas, intihuantanas,cementerios, chulpas, sepulcro, nichos construidos en peas o greda, en cuevas, grutas osubterrneos, dlmenes, huacas, caminos, puentes, acueductos, canales, baos, ruinas depueblos y ciudades en general cuantas construcciones, restos o resduos de laborhumana anteriores a la poca mencionada, sirvan de estudio para el conocimiento de lascivilizaciones y la historia de los antiguos pobladores del Per (artculos 1 y 2).Mas tarde en la misma perspectiva normativa por ley 8853 de 09 de Marzo de 1939, secrea el Consejo Nacional de Conservacin y Restauracin de Monumentos Histricos,consignndose: primero, en su parte considerativa: que es deber del Estado velar porla conservacin del patrimonio histrico y artstico del Per; segundo, se declarainalienable, salvo a favor del Estado, todo lugar, inmueble u objeto que tenga valorhistrico o artstico a juicio del Consejo (Art. 8), y tercero, en el Reglamento del 13 deoctubre de 1942, del Consejo Nacional citado, se establece que: no se podr hacer delos monumentos un uso indecoroso e indigno de su importancia histrica, ni podrn seraprovechados para fines o en forma que perjudiquen o menoscaben sus mritos (art.8).De otro lado, a diferencia del Cdigo Civil vigente, en el Cdigo derogado de 1936, enel inciso 5 del artculo 822, se consideraba como bienes del Estado los monumentoshistricos y los objetos arqueolgicos que estn regidos por su ley especial y en elartculo 823 del mismo cuerpo legal se estableca que los bienes de uso pblico soninalienables e imprescriptibles. En relacin con este mismo principio es necesarioconsiderar la jurisprudencia que establece que los bienes de uso pblico no slo nopueden ser objeto de propiedad privada, sino tambin de posesin, por lo que losinterdictos que se interpongan para defender la posesin por los particulares, debendeclararse infundados -Sentencia: 13 de julio de 1961, R. de J.P. 1961, 1261-.Apartndose de tales normas el Cdigo Civil de 1984, desde una posicin neo-liberal noslo las deroga sino simplemente consigna: que las restricciones legales de lapropiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad pblica o de inters social nopueden modificarse ni suprimirse por acto jurdico (art. 925); que no est permitidobuscar tesoro en terreno ajeno cercado y que el tesoro descubierto en terreno ajenocercado slo le son aplicables los artculos 834 y 835 del Cdigo Civil, cuando nosean opuestos a las normas que regulan el patrimonio cultural de la Nacin (art. 936).Pues bien, dentro de este delimitado por una concepcin terico-doctrinaria sobrebienes inmuebles de dominio pblico y por una normatividad histrico-jurdico-constitucional que ha informado y consagrado una lnea jurdica contnua y permanente 26. de defensa y proteccin de nuestro patrimonio cultural, la resolucin de la Segunda SalaCivil de la Corte Suprema de la Repblica, sustantivamente, ha declarado el derechointransfrible e imprescriptible de la nacin peruana a su patrimonio cultural. Porque, sicomo sostiene el Profesor Ferdinand Cuadros la cultura es resultado del proceso detransformacin de la naturaleza y la Sociedad al servicio de las necesidades materiales yespirituales del hombre; y que, de este proceso, de la accin del hombre sobre lanaturaleza primero y sobre la sociedad despus, que dan muestras, restos materiales quetienen un doble valor en el decurso de la historia: primero satisfacen directamentenecesidades materiales y espirituales de sus creadores y despus con el tiempo, seuniversalizan, se transforman en bienes de valor histrico, artstico, cientfico o cvico,al servicio de las necesidades espirituales de generaciones o culturas posteriores. Por loque se puede definir a los bienes del Patrimonio Cultural como el conjunto de bienescreado por el hombre para la satisfaccin de sus necesidades materiales y espirituales encada una de las etapas de su historia Ob. cit. pginas 139-140-.Entonces aun cuando la resolucin cuestionada, literalmente, no ha considerado a losartculos 36, 118, 128 y al Punto 4 del artculo 233 de la Constitucin, en realidad, esuna resolucin que ha hecho justicia a la Nacin, al amparar la integridad de suPatrimonio Cultural.Por otra parte, consideramos, que no es aplicable al caso sub litis y en general a losbienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nacin los dispositivos pertinentescontenidos en la mal llamada Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de laNacin N 24047 de 03 de Enero de 1985 y de su modificatoria Ley N 24193 de 06 deJunio del mismo ao 1985; primero, porque el Patrimonio Cultural de la Nacin no esde propiedad del Estado; segundo, porque el Estado no es sino un Administrador de losbienes que constituyen el Patrimonio Cultural; tercero, porque los bienes muebles einmuebles que integran el Patrimonio Cultural de la Nacin son inalienables eimprescriptibles; cuarto, porque el Estado, como representante de la Nacin,jurdicamente no tiene capacidad legal para transferir o enajenar vlidamente bienes queno estn en el mbito de su patrimonio. De suerte que, cuando en una o en otra dedichas leyes se consigna la posibilidad de expropiar los bienes culturales de propiedadprivada, o cuando se dice que son de propiedad del Estado los inmuebles culturalesprehispnicos de carcter arqueolgico, descubiertos o por descubrir. Sonimprescriptibles e inalienables -art. 1 de la Ley 24193-, a la luz de la doctrina y de lalnea constitucional ilegal de nuestro ordenamiento jurdico, en la parte que se consideracomo posible propiedad privada y por tanto susceptible de expropiacin los dispositivosde las leyes mencionadas devienen ilegales e inconstitucionales.O sea que, como ha quedado establecido desde los primeros das de nuestra vidaindependiente se expidieron disposiciones legales y administrativas amparando yprotegiendo los elementos, objetos y bienes culturales de nuestra Nacin. Este principiotutelar continu a partir de 1822 y posteriormente a partir de la Constitucin de 1856 enlos Textos Constitucionales, en unos se habla de patrimonio, recursos o bienes depropiedad de la Nacin; o de bienes pblicos que no son objeto de derechosprivados; o que los restos arqueolgicos, construcciones, monumentos ... declaradosPatrimonio Cultural de la Nacin, estn bajo el amparo del Estado -art. 36 de laConstitucin de 1979-. Los primeros se refieren a bienes fsicos brindados por lanaturaleza o a bienes destinados al servicio de la Comunidad por el Estado. Pero, encuanto a los segundos la naturaleza o caracterstica de Patrimonio Cultural de la Nacin 27. no nace de un acto administrativo o legislativo del Estado. Nace y sigue naciendo de laaccin y el espritu del hombre peruano de la poca pre-inca, incaica, virreinato y de laera republicana. Por esta caracterstica el Patrimonio Cultural que nace de la accin delhombre sobre la naturaleza y sobre la sociedad es un bien inapropiable, inenajenable eimprescriptible. Pertenece a las generaciones pasadas, presentes y futuras del Per.Definitivamente por ser un bien o Patrimonio Cultural pertenece a la Humanidad.Por lo dems, si es verdad, que el bien o bienes que han originado la accin de amparohan sido objeto de transferencias, convenios o contratos, por tratarse de bienesinalienables e imprescriptibles, ellos son nulos ipso-jure no slo por lo que estableca elinciso segundo del artculo 123 del Cdigo Civil de 1936 derogado sino tambin por loprescrito por el artculo 5 del Ttulo Preliminar e inciso 4 del artculo 219 del CdigoCivil vigente, y desde luego tambin por las normas constitucionales de los artculos 87,101, 236 de la Carta Fundamental del Estado.En consecuencia, en aplicacin y cumplimiento de la Convencin celebrada con laUnesco en 1972 ratificada por Decreto Ley 22680 de 18 de Setiembre de 1979, sobremedidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportacin y la transferenciade propiedad ilcita de bienes culturales, y de la Convencin de San Salvador de 1976,aprobada por Decreto Ley 22682 de 18 de Setiembre de 1979, la resolucin de laSegunda Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, de acuerdo con elartculo 47 de la Ley 23385, no ha violado ni ha aplicado falsa o errneamente la ley;en todo caso, en virtud de lo que reza el prembulo constitucional se ha ceido amantener y consolidar la personalidad histrica de la Patria y a defender suPatrimonio Cultural, MI VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso decasacin; y en consecuencia, no hay lugar a la casacin.EFRAIN ESPINAL CRUZADOMagistrado del Tribunal de Garantas ConstitucionalesCOMENTARIOSI. CONSIDERACIONES PREVIASHoy en da se viene hablando de Constitucin cultural o Estado cultural, en lainteligencia que: Se da as entrada a una nueva dimensin de las garantasconstitucionales cuyo ncleo esencial se halla en la proteccin de la libertad personal yde los dems derechos fundamentales vinculados de diversa manera a la misma y que semanifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales tendentes a crear una situacinambiental que facilite lo ms posible el ejercicio de las libertades individuales(1).La jurisprudencia sub-examinepronunciada por el Tribunal de GarantasConstitucionales (El Peruano, 16.VIII.1991) est enmarcada en tal contexto. De ah queantes de realizar el anlisis correspondiente debe ser tomado en cuenta los criterios quenos ofrece el Derecho Comparado. Curiosamente, poco o casi nada se ha escrito conrelacin al tema en nuestro medio, es decir sobre la naturaleza jurdica del PatrimonioCultural y su derivado bienes culturales. Seguimos con criterios e ideas carentes deamparo legal, a veces contradictorias (la lectura de la sentencia lo dice todo) no obstanteque en Europa el tema se trabaja e investiga con esmero y preocupacin. 28. Segn la Convencin de Pars de 16 de noviembre de 1972, el patrimonio mundial sedesdobla en a) Patrimonio Cultural, y b) Patrimonio Natural. Centrmonos por ahora enel Patrimonio Cultural. Ha sido la doctrina italiana, a travs de la ComisinFRANCESCHINI de 1964, la que ha dado nacimiento a una nueva poltica legislativa ydoctrinal sobre los bienes culturales ambientales, sosteniendo al respecto que Il beneche constituisca testimonio materiale aunte valore di civilit. En conexin con elloestn los aportes de MASSIMO S. GIANNINI quien distingue dos titularidades sobredos elementos del bien cultural: la propiedad privada sobre el soporte fsico, o cosa; y latitularidad estatal sobre la utilidad de esa cosa, o bien, abierto a la fruicin colectiva.(1bis)Ahora bien, conforme apunta ESTELLA IZQUIERDO, van siendo frecuentes loslitigios que suscitan en relacin con la defensa y conservacin de nuestro Patrimonio-Histrico-Artstico. Litigios que surgen como consecuencia de las limitaciones que lospropietarios de un bien monumental sufren en sus facultades dominicales al subordinarla propiedad privadaa los superiores intereses de la comunidad.(2)No quepa duda que la conservacin de los bienes culturales recae en los poderespblicos. Sin embargo, hay bienes culturales de naturaleza privada que deben serreconocidos como tales, y con mayor razn, respetados. De ah que diversasConstituciones se ocupan del tema con sumo detenimiento. De igual forma, haysoluciones para respetar la propiedad privada, tales como la expropiacin forzosa comopotestad conferida a los poderes pblicos y como garanta de los particulares, de talforma que no se haga tabula rasa con los derechos constitucionales correspondientes.(3)Viendo as las cosas, GARCIA DE ENTERRIA, autoridad en la materia, ensea que:Desde una perspectiva del patrimonio cultural y artstico, es evidente que no se puedeeliminar la propiedad, no por ninguna de las razones que el siglo XIX haba puesto enpie, sino sencillamente porque esto sera una poltica que no slo no fomentara esepatrimonio, sino que positivamente le perjudicara a plazo muy corto. Es cierto queacabar con la propiedad privada de bienes artsticos podra permitir para la colectividaduna serie de bienes actualmente existentes y singularizados, pero es tambin claro queesa poltica cconcluir perjudicando gravsivamente toda la poltica de proteccin (unsimple ejemplo: dnde estn en Rusia los Museos que continen la sensibilidad por elarte moderno de que dieron muestra en su tiempo los coleccionistas que reunieron lostesoros de Lermitage y anlogos?)(4).II. ANTECEDENTESLa presente jurisprudencia constitucional trata de una Accin de Amparo que interponeDRAGUI NESTOROVIC MARKOVIC, contra el Ministerio de Educacin, con fecha 5de junio de 1986, por ante el 2do. Juzgado Civil de Trujillo. El motivo era que elProcurador Pblico haba notificado al accionante para que cumpla en el plazo de 10das hbiles con demoler y clausurar las construcciones e instalaciones clandestinassimilares de la Granja San Nicola, efectuadas en la Zona Arqueolgica de ChanChan que constituye rea intangible. Agrega la notificacin que en caso deincumplimiento proceder a la ejecucin por medio del Juzgado Coactivo.El justiciable NESTOROVIC MARKOVIC fundamenta su demanda a travs de laAccin de amparo(5) para proteger el uso y el disfrute de su derecho de propiedad 29. plasmado en ttulos de propiedad firmes y saneados, cuyo tracto sucesivo en formaininterrumpida tiene ms de treinta aos. Agrega que desde el ao de 1905 existenttulos insertos que nadie ha discutido. Por lo tanto, de ninguna manera puede sertildado de invasor de la ciudadela histrica de Chan Chan. Recuerda el accionante(entre otros casos ms) que Chan Chan fue reconocido monumento histrico en 1929mediante Ley N 6634 que la declar bien del Estado. Hasta esa poca algunosmonumentos arqueolgicos eran de propiedad del Estado y otros de particulares. Ponecomo ejemplo contundente (que obviaron en el Poder Judicial y en el Tribunal deGarantas Constitucionales) la Resolucin Suprema N 085-87-VC (El Peruano,12.XI.87) que declara (art. 1) de necesidad y utilidad pblicas la expropiacin de lasreas que comprenden el monumento arqueolgico del Qoricancha, ubicado en laciudad del Cusco ..., (art. 2) ... previa remensura reajuste de rea y valorizacin quepracticar, (la Corporacin Departamental de Desarrollo del Cusco) a apersonarse,promover y culminar el procedimiento judicial de expropiacin respectivo, debiendosolventar los gastos del procedimiento judicial, el pago de la indemnizacinjustipreciada y las acciones de conservacin, proteccin y preservacin de la zonaarqueolgica respectiva. Con lo cual se aprecia meridianamente la existenciayreconocimiento de la propiedad privada, para lo cual hay que tener presente que desdeel inicio de la era republicana se reconoci la propiedad de los particulares sobre losbienes arqueolgicos, conforme lo estableca el Decreto Supremo N 089 de 2 de abrilde 1822.La granja que se pretende demoler no se encuentra ubicada en monumento histrico,sino en los alrededores. Es ms, recin en 1952, mediante Resolucin Ministerial de 6de febrero se fijaron los lmites de la ciudad de Chan Chan, y a partir de esa fecha lospropietarios de los bienes colindantes hicieron lotizaciones, como por ejemplo, laNegociacin Agrcola Laredo. Y es a una de estas inmobiliarias que el actor compr unbie