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INFORME TEMATICO SOBRE DESARROLLO HUMANO 2008

“La Otra Frontera”

DOCUMENTO DE TRABAJO

Cinco siglos de acumulación de costos socio – ambientales:

La actividad minera en Bolivia

Tahia Devisscher

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Resumen Ejecutivo La minería en Bolivia tiene una historia de más de 500 años. Desde la época colonial, cuando se descubrió el “Cerro Rico de Potosí”, hasta hoy en día, la actividad minera ha sido una parte muy importante de la economía boliviana. La mayoría de las actividades mineras eran, y aún son, llevadas a cabo en la región andina occidental del país. Las minas más importantes se encuentran en los departamentos de Potosí y Oruro. En 1952, bajo la consigna de nacionalización de las minas del país, se creó la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL) que controló el 75% de la industria minera nacional y se constituyó en la principal fuente de ingresos del país. La COMIBOL fue durante casi 4 décadas la principal empresa minera del país, llegando a producir más del 70% de las exportaciones de Bolivia y a constituirse en la principal fuente de empleo. Años después, en la década de los 80s, la crisis minera estatal creó fuertes desequilibrios macroeconómicos en el país que culminaron en un rígido programa de ajuste estructural abriendo paso a una economía de mercado. En este contexto, se llevó a cabo en 1985 la reconversión del sector minero, con el despido de más de 23.000 trabajadores de la COMIBOL y el establecimiento de un proceso que el Estado llamó la “Nueva Minería”. Para promover este proceso, el Estado introdujo una reforma tributaria y propició el crecimiento de la minería privada fomentando la apertura de la economía a la inversión extranjera. El desarrollo de la minería en el país no sólo tuvo un importante impacto en la economía nacional, sino también en la calidad de vida de los bolivianos, en particular aquellos que viven en los departamentos de mayor actividad minera. Pese a que la participación de la minería en la economía nacional ha disminuido en comparación con los 70s y 80s, actualmente Bolivia percibe grandes beneficios por la explotación y exportación de minerales. En el 2004, la minería fue el tercer valor económico exportado después de los hidrocarburos y las oleaginosas, con el 21% del total de las exportaciones del país, generando un total de 50 000 empleos directos y participando con un 4.4% del PIB total. En años recientes, gracias al notable incremento de precios de los minerales en el mercado internacional, la minería y las actividades relacionadas a su procesamiento se están intensificando. El crecimiento de las ganancias por exportación ha creado incentivos en el sector para su reactivación, para lo cual no sólo se busca atraer capital extranjero, pero además negociar operaciones que busquen beneficiar al país a través de Contratos de Riesgo Compartido y Arrendamiento con la COMIBOL. En Bolivia se pueden distinguir distintos tipos de minería. Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, la actividad minera en el país se puede clasificar en: Minería estatal, minería mediana, minería chica o pequeña y cooperativas mineras. La minería estatal está representada por aquellas operaciones mineras cuya propiedad y administración pertenecen a la COMIBOL y operan a través de Contratos de Riesgo Compartido, Arrendamientos y Servicios. La minería mediana está representada por la Asociación de Mineros Medianos, que deben cumplir ciertos requisitos de volumen de producción – por lo general operaciones de más de 500 T por día –, inversión y organización empresarial. La minería chica o pequeña está representada por operaciones mineras que tratan menos de 500 T por día. En la categoría de minería pequeña se puede incluir las cooperativas mineras y la minería artesanal. Las cooperativas mineras están representadas por pequeños grupos de 50 a 80 trabajadores que se reúnen en cooperativas para trabajar en una concesión otorgada por el Estado. Las cooperativas han crecido en importancia a lo largo del tiempo, tanto en volumen

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de producción como en mano de obra. Actualmente, existen alrededor de 510 cooperativas mineras en Bolivia. En la mayoría de los casos, la minería cooperativizada puede considerarse minería artesanal. La minería artesanal es un término menos utilizado en el sector e incluye grupos de trabajadores que pueden ser cooperativas o pequeñas empresas, cuyas operaciones cuentan con escasa o ninguna mecanización y por lo tanto, niveles de producción bajos y de mayor informalidad que las cooperativas. El mayor aporte a la economía nacional de la pequeña minería, en particular la cooperativista, está en su contribución a la generación de empleo, pues es el sector que genera mayor nivel de empleo en relación al empleo total generado por el sector minero. La minería pequeña y en particular la minería cooperativista contribuyeron a la generación del 94% de empleo en el sector durante el período 1978-1984, creciendo al 96,7% entre 1985-2006. Por el contrario, la minería empresarial, que está más tecnificada, no contribuye significativamente a la generación de empleo en el país, ocupando apenas el 1,44% de la población económicamente activa. Pese a que las cooperativas mineras generan un alto nivel de empleo, presentan los niveles de productividad laboral más bajos del sector. Es así como, por ejemplo, durante la década de 1990 la minería mediana representó el 57% de la producción total de minerales en el país, mientras que la minería cooperativista tan sólo el 43%, pese a emplear en aquel año el 83% de la mano de obra del sector. La actividad minera significa también un aumento en los ingresos del productor local que comienza a trabajar en las operaciones mineras. Mientras que el trabajo en la minería pequeña no provee necesariamente buenos salarios, el trabajo en la minería mediana ofrece acceso a mayores ingresos y comodidad. Además de incrementar los ingresos para la población local que trabaja en las operaciones mineras, la actividad minera trae beneficios locales/regionales directos a través de la construcción de carreteras e infraestructura e indirectos a través del Impuesto Complementario Minero (ICM). El ICM que deben pagar las operaciones mineras está destinado a las Prefecturas de las regiones productoras. De esta forma, la actividad minera está de alguna forma directamente ligada con el desarrollo de infraestructura pública, salud y educación en el departamento donde se desarrolla. Sin embargo, no está ligada al sector productivo y por ende, no beneficia directamente al desarrollo económico de las comunidades locales. Pese a las ganancias que la actividad minera genera para el país y a los beneficios locales, la explotación minera ha representado a lo largo de los ya casi 500 años de su desarrollo una acumulación de altos costos ambientales y sociales. Poco se ha hecho para contrarrestar este proceso y hoy en día existen más problemas que soluciones. Desde la perspectiva ambiental, la actividad minera ocasiona impactos con distintos niveles de intensidad, entre ellos contaminación de agua y suelos, transformación de paisajes por la destrucción de cerros y construcción de diques y la acumulación de colas de minerales. Las externalidades ambientales que causa la minería mediana se deben generalmente a la generación de distintos contaminantes durante los procesos de extracción y concentración. En general, el sector minero mediano presenta problemas de gestión ambiental, pese a su nivel tecnológico. Sin embargo, no es la minería mediana, sino más bien la pequeña la que ocasiona los impactos ambientales más serios en el país. Esto se debe principalmente a dos factores: 1) la falta de financiamiento e inversión en este sector minero y el uso de tecnología obsoleta y 2) al gran número de fuentes de contaminación, muchas veces concentradas en regiones determinadas.

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Son tres las causas principales de impactos ambientales negativos originados por la actividad mineras: 1) la apertura de socavones, 2) la generación de desmontes en las proximidades de los socavones o en el interior de las minas que acumulan metal extraído de poco valor económico, y 3) la generación de colas, que son los residuos provenientes de los ingenios mineros que procesan el mineral extraído de la mina para obtener concentrados minerales para su comercialización y que muchas veces son descargados directamente a los ríos sin tratamiento. En los tres casos, la exposición de los restos minerales con la atmósfera y el agua de lluvia, quebradas y ríos, desencadena procesos físico-químicos que generan aguas ácidas favoreciendo la disolución de metales y contaminando los recursos hídricos. Otro gran problema ambiental asociado a la actividad minera son los pasivos ambientales relacionados a los cierres y abandono de las minas. Los socavones abandonados, desmontes y relaves con contenidos abundantes de sulfuros generan aguas ácidas con alto contenido de metales pesados que desembocan en los ríos cercanos a las minas, afectando la población local y sus actividades productivas. Finalmente, otra importante contaminación ambiental minera es la generada por la minería aurífera. En este tipo de minería grandes cantidades de mercurio se vierten en los ríos Beni, Madera y Madre de Dios. En Bolivia existen concesiones mineras auríferas y de extracción de áridos otorgadas legalmente dentro de áreas protegidas. De acuerdo a la normativa vigente, la explotación de las mismas está sujeta a un estudio de evaluación de impacto ambiental que demuestre que las actividades a realizar no afectarán los objetivos de protección del área. La mayoría de las operaciones en áreas protegidas, independientemente de si cuentan o no con licencia ambiental, no aplican medidas de prevención o mitigación ambiental. Como resultado, hoy en día 40% de los parques nacionales en el trópico están afectados por actividades o proyectos mineros. Como se puede ver, la generación de lixiviados produce los más altos impactos ambientales de la minería. El alto grado de toxicidad de los metales disueltos en el agua, se debe en parte a su baja capacidad de degradación y su capacidad de fijación en la cadena trófica afecta flora y fauna acuática y terrestre. La contaminación de recursos hídricos se debe también al uso de los mismos para las operaciones mineras., las cuales consumen alrededor de 32 millones de m3 de agua al año, de los cuales la mayor parte son devueltos sin tratamientos a los cauces naturales. El impacto ambiental de la minería repercute en las actividades socio-económicas locales en las zonas de producción. Los principales impactos socio-económicos de la minería están asociados a repercusiones negativas en la actividad productiva de las comunidades aledañas a operaciones mineras, a las malas condiciones de trabajo y a la pobre calidad de vida de las poblaciones mineras. Las actividades de las comunidades río abajo de las operaciones mineras se ven afectadas por estas últimas, ya que la contaminación de los ríos y los suelos 1) reducen los rendimientos de los cultivos agrícolas, 2) afectan la salud del ganado que toma de esta agua y 3) afectan la salud de los pobladores locales que consumen los cultivos de la región y utilizan el agua de los ríos para tomar o bañarse. Los suelos más contaminados en la región minera presentan concentraciones de Cd, Pb y Zn que exceden los límites recomendables para el uso agrícola. Otra actividad productiva local que se ha visto seriamente afectada por la contaminación minera es la pesca. Comunidades que viven en las riveras y dependen de

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la pesca, como los Wennhayek, han visto una de sus principales actividades económicas reducirse dramáticamente en los últimos años. Las repercusiones de la contaminación minera en el sector agropecuario y en el consumo humano han generado tensión entre los agricultores campesinos y los habitantes locales que trabajan en la minería. Sin embargo, cabe recalar que la relación y el conflicto entre la minería y el agro es un tema mucho más complejo, pues adopta un enfoque dualista que genera una dinámica rotativa en la que el productor agrícola se vuelve mano de obra estacional, aprovechando del sector minero para complementar sus ingresos sin dejar de lado la actividad agropecuaria. Este tipo de relación, que algunos autores denominan como “campesino-minero”, crea una dinámica complicada y compleja entre los pobladores y sectores productivos de las regiones mineras del país, pues por más que muchos campesinos agropecuarios ven su actividad afectada por la contaminación minera, su dependencia dualista no les permite tomar una posición opuesta o crítica con respecto al desarrollo de la minería. Otro tema importante a considerar en el impacto socio-económico generado por la actividad minera es la pobreza. Pese a que la actividad minera es una de las actividades productivas más importantes a nivel nacional, las regiones mineras del país son las que presentan mayor índice de pobreza. Está claro que, mientras persista el problema socio-económico en la región, la preservación del medio ambiente quedará en una encrucijada entre la pobreza y la explotación rudimentaria. Y mientras ahí se mantenga, el ciclo de pobreza y baja productividad irá intensificándose a lo largo del tiempo, acumulando costos socio-ambientales en regiones del país que solían estar entre las de mayor riqueza en el mundo. Para el sector de la minería pequeña en Bolivia, las externalidades sobre la salud y seguridad ocupacional de los mineros son tan o más importantes que las externalidades ambientales. La contaminación crónica de ríos y suelos causada por la actividad minera afecta la salud de las comunidades aledañas. Los efectos en la salud de la población local se presentan por la acumulación de metales en el organismo humano a través de la ingestión de agua contaminada, o bien cultivos y peces que han acumulado concentraciones altas de metales no esenciales que pueden ser dañinos para la salud. Pese a que existen estudios incipientes que han logrado establecer una correlación positiva entre el nivel de exposición y los síntomas en la salud humana, es necesario investigar más a detalle el nivel de daño en la salud humana causada por la contaminación minera. En la minería aurífera también se han presentado casos de daños relevantes a la salud. En el norte de La Paz, la utilización de mercurio para la explotación de oro ha comenzado a provocar daños genéticos irreversibles en terceras generaciones, no sólo en animales, sino también en seres humanos. Además de efectos en la salud humana de las comunidades aledañas a las operaciones mineras, la contaminación minera repercute en los mismos trabajadores mineros, que no cuentan con seguros y condiciones laborales apropiadas. Según el tipo de minería, el servicio de salud pública varía. En los centros de minería estatal en proceso de cierre se evidencia un deterioro de las condiciones de la salud pública, principalmente en lo que se refiere a la disponibilidad de infraestructura y recursos humanos especializados. Los centros mineros transferidos al sector privado muestran relativas mejoras en los servicios de salud pública, respecto a la situación prevaleciente bajo administración estatal. Las empresas mineras pequeñas y cooperativas mineras cuentan en el mejor de los casos sólo con centros de salud para atención de emergencias médicas que no revisten gravedad. Esta situación se ve agravada por un lado, por las condiciones de trabajo muy riesgosas en este tipo de

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minería debido a la continua exposición a contaminantes y a la falta de cumplimiento de normas básicas de seguridad laboral y por otro lado, por la distancia extrema y malos caminos entre los campamentos mineros y los centros de salud más próximos. Ante los impactos causados por la actividad minera en el país, se han propuesto importantes cambios dentro de la legislación minera que introducen conceptos y procedimientos nuevos de desarrollo. Actualmente, la actividad minera cuenta con un marco normativo que considera la protección ambiental y obliga a los concesionarios y a quienes realicen esta actividad a ejecutar sus trabajos de forma más integral, considerando, mitigando y previniendo el daño ambiental. Pese a esto, las operaciones mineras no cumplen con las normas y evaden la implementación de medidas de prevención y mitigación ambiental: Los flujos contaminantes no son controlados, muchas operaciones no cuentan con una licencia ambiental, los lugares aledaños a las operaciones mineras se encuentran contaminados por los desechos minerales, etc. Son varios los factores que inciden en el incumplimiento de las normas por parte de los operadores mineros. Por un lado, existen contradicciones, debilidades y vacíos en el marco normativo que dificultan la aplicabilidad de las regulaciones y las sanciones a su incumplimiento. Por otro lado, la complejidad y dispersión de las normas del sistema, la falta de recursos financieros, la falta de recursos humanos, las falta de equipo adecuado, la falta de comunicación y transparencia y la falta de propuestas consensuadas inciden directa o indirectamente en el desempeño ambiental de la actividad minera. Para mejorar esta situación, varios programas e instituciones han decidido en las dos últimas décadas apostar por nuevas tendencias y enfoques respecto a la minería con el fin de promover un desarrollo más sostenible de esta actividad, reduciendo el impacto ambiental, promoviendo un uso más eficiente de los recursos naturales, introduciendo medidas y tecnologías más limpias y eficientes y logrando una aproximación de esta actividad con las expectativas de las comunidades locales cercana a las operaciones mineras. Dentro de estos enfoques se desarrollan los conceptos de responsabilidad ambiental y responsabilidad social en el sector minero. Las propuestas que se desarrollan a partir de estos enfoques tienen un costo que debe ser internalizado al proceso productivo o bien absorbido a través del apoyo interinstitucional, de manera que la actividad minera se desarrolle de una forma más integral, respectando el ambiente y el cumplimiento de normas ambientales e impactando positivamente en el desarrollo socio-económico de las comunidades locales. Algunos programas que integran estos nuevos enfoques ya se han puesto en marcha: La Fundación Medio Ambiente Minería e Industria (MEDMIN), el Centro de Investigación Minero Ambiental (CIMA), el Programa de Producción Más Limpia en la Minería del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), el Programa de Prevención, Control y Mitigación de la Contaminación del Sector Minero de la Dirección de Medio Ambiente de la COMIBOL, el Proyecto Trinacional Caminar entre Perú, Bolivia y Chile, y casos de minería que han adoptado el concepto de Responsabilidad Social como el Proyecto Minero San Bartolomé. Además de programas que se desarrollan actualmente, existen otras propuestas que buscan mejorar el desempeño ambiental de la minería en el país:

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Apoyar y Crear Incentivos Económicos para la Minería Pequeña: Dado que el sector minero que causa el mayor impacto ambiental es la pequeña minería, estrategias enfocadas a facilitar la gestión ambiental en este tipo de minería podrían tener un importante impacto en la mitigación y prevención del daño ambiental causado por el sector minero. Mejoras en el desempeño ambiental de este tipo de minería se podrían obtener a través de: 1) la simplificación del proceso para la obtención de la licencia ambiental, 2) asistencia técnica y capacitación a operadores de ingenios, 3) la introducción de una política de incentivos económicos por parte del gobierno nacional y de orden legal en el Código Minero relacionada a la protección del medio ambiente, 4) la identificación y formulación participativa de medidas de mejoramiento productivo y mitigación ambiental, y 5) la implementación de un programa de adecuación ambiental a través de proyectos piloto de diseño, construcción y operación de diques de colas integrados a circuitos de tratamiento de minerales adaptados a la realidad socio-económica de la pequeña minería. Impulsar Tecnologías Sostenibles: Complementado el proceso de adopción de tecnologías más eficientes y accesibles en la minería, el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles propone la introducción de procesos y tecnologías bajo el concepto de Producción más Limpia, que no sólo permite a las operaciones mineras mejorar su desempeño ambiental, sino también ganar ahorro en material, agua y energía, resultando en un doble beneficio. Reformular la Aplicación del ICM: Adicionalmente, existe una propuesta de gobierno que ya ha tomado forma de Anteproyecto de Ley para contribuir al desarrollo socio-económico de las comunidades locales en las regiones mineras del país. Se trata de garantizar el retorno del ICM y fiscalizar su aplicación (control social) para el desarrollo de las comunidades a partir de la mitigación de daños ambientales y la realización de inversiones productivas. Generar Conciencia Ambiental: Otro tema importante es generar conciencia ambiental y que este tema gane prioridad en la agenda política del país. Para esto es necesario: 1) dar a conocer los resultados de estudios de diagnóstico ambiental, 2) profundizar los estudios con evaluaciones más detalladas y específicas, 3) sensibilizar a la sociedad acerca de los problemas ambientales y la importancia de mantener la calidad ambiental que permita contar con los medios para un desarrollo sostenible, y 4) socializar la normativa ambiental. Adoptar un Enfoque Integral: Dada la complejidad del problema socio-ambiental de la minería en Bolivia, es necesario tratar de encontrar soluciones a partir de un enfoque más integral. En este sentido, es clave analizar y confrontar el problema bajo un marco de manejo integrado de cuencas, ya que uno de los problemas ambientales principales de la actividad minera es la contaminación de aguas. Bajo el Plan Nacional de Cuencas (2007), el Ministerio de Agua, a través del Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos, desarrolla el Programa de Manejo Integral de Cuencas Mineras, que consistirá en destinar acciones para mitigar los efectos de la contaminación de los recursos hídricos por esta actividad. Inicialmente el programa atenderá la problemática en las cuencas mineras de La Paz, Oruro y Potosí.

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En conclusión… A partir del 2002 el sector minero en el país comienza un proceso de recuperación por el incremento de los precios internacionales de minerales. La reactivación de la actividad minera puede ser la oportunidad para generar un cambio en el sector, con el propósito de que la minería contribuya no sólo a la dinámica económica nacional, sino también al desarrollo sostenible de las regiones mineras a través de la introducción de tecnologías más eficientes y accesibles, apoyo técnico, sensibilización en temas ambientales, adopción de conceptos de responsabilidad ambiental y social, etc. Con la actual visión de desarrollo del gobierno, las condiciones existen para impulsar una transversalización de la política ambiental en las políticas sectoriales del país. De esta forma, se logrará evitar discrepancias y vacíos jurídicos que lleven al incumplimiento de las normas ambientales y fortalecer las instancias públicas que trabajan en este tema a través de capacitación, transferencia de equipos, recursos humanos calificados y financiamiento para que éstas puedan llevar a cabo sus actividades de forma más eficiente y eficaz. Del mismo modo, es necesario transversalizar el tema ambiental en el sistema educativo nacional, pues existe actualmente una falta de educación en este tema que genera poca conciencia y sensibilidad con respecto a la problemática ambiental del país. Es también importante desarrollar estudios que moneticen los costos ambientales y las pérdidas socio-económicas causadas por impactos ambientales, pues éstos serían los más adecuados para generar dicho cambio de actitud ante el tema ambiental. Además de sensibilización en este tema, es necesario socializar la Ley Ambiental y sus Reglamentos, para crear conciencia social y presión para su cumplimiento. Por más que existe información sobre el impacto socio-ambiental de la actividad minera, ésta está dispersa y muchas organizaciones evitan compartir sus diagnósticos. En consecuencia, se pierden recursos y tiempo en generar el mismo tipo de información, en vez de sistematizarla y aunar esfuerzos para desarrollar propuestas consensuadas que busquen soluciones al problema. Dada la complejidad de la problemática socio-ambiental minera en el país, es necesario construir propuestas bajo un enfoque integral, que reúna varias opiniones e involucre a todos los actores implicados. El enfoque de manejo integrado de cuencas es una estrategia que permitiría este proceso, alcanzando objetivos comunes a través de medidas consensuadas y acciones que beneficien a todos los involucrados. Son casi 500 años que la actividad minera se desarrolla en el país y aún hoy en día el énfasis está puesto en la generación de diagnósticos que permitan conocer el nivel de impacto ambiental que causa esta actividad. Si bien esto es esencial, es también hora de avanzar en el proceso, desarrollando propuestas concretas y consensuadas al problema e implementando medidas y acciones que permitan un mejor desempeño ambiental y la adopción de responsabilidad social en el sector minero con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de las regiones mineras del país.

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Tabla de Contenido

1. El desarrollo y la importancia del sector minero en Bolivia .................................................... 3

1.1 La Situación Minera en el País ............................................................................................ 4

1.2 La estructura minera y la generación de empleo ................................................................. 5

1.3 Los beneficios locales de la minería..................................................................................... 8

1.4 Objetivos y estructura del documento .................................................................................. 8

2. Los costos socio- ambientales de la actividad minera en Bolivia ........................................... 10

2.1 Impacto a la sostenibilidad ambiental................................................................................ 10

2.2 Impacto Socio-económico: la Minería y el Agro................................................................ 19

2.3 Impacto Social: Poniendo en Juego la Salud y el Bienestar Humano ............................... 21

3. Los vacíos del sistema jurídico y los factores para su incumplimiento ................................. 25

3.1 Normativa Vigente que Regula Medidas de Mitigación o Prevención Ambiental en la Actividad Minera ............................................................................................................................. 25

3.2 Las Falencias e Incumplimientos de la Normativa ............................................................ 28

4. Enfrentando la Situación: Responsabilidad Ambiental y Responsabilidad Social en las Operaciones Mineras ......................................................................................................................... 32

4.1 Programas que Promueven Manejo y Protección Ambiental en el Sector Minero ............ 32

4.2 Propuestas para un Desarrollo más Integral de la Actividad Minera en Bolivia .............. 37 4.2.1 Facilitando la Gestión Ambiental ................................................................................... 37 4.2.2 Generando Conciencia Ambiental y Responsabilidad Social......................................... 39 4.2.3 Promoviendo un Enfoque Integral.................................................................................. 40

5. Conclusiones .............................................................................................................................. 41

Bibliografía ......................................................................................................................................... 43

Abreviaciones ..................................................................................................................................... 45

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LISTA DE FIGURAS Y TABLAS Figura 1-1 Efectos de producción y precio en la minería de Bolivia (1979-2006)…………………….. 4 Figura 1-2 Exportaciones mineras de Bolivia (1996-2006)…………………………………………..… 5 Figura 1-3 Distribución laboral en la minería boliviana (1995-2005)……..………………………….... 7 Figura 1-1 Niveles de concentración de As en las principales sub-cuencas del río Pilcomayo (2002)…. Figura 1-2 Niveles de concentración de Pb en las principales sub-cuencas del río Pilcomayo (2002)…. Figura 3-1 Concesiones mineras en áreas protegidas y Tierras Comunitarias de Origen ……………... 25 Tabla 1-1 Datos de dos comunidades de la cuenca del río Pilcomayo expuestas a diferentes

concentraciones de Arsénico y Plomo (2004) ………………………………………………. 20

Tabla 1-1 Concesiones mineras en las áreas protegidas del CCVA (2002) ………………………….... Tabla 2-2 Datos de dos Comunidades de la cuenca del río Pilcomayo Expuestas a Diferentes

Concentraciones de Arsénico y Plomo (2004) ………………………………………………

LISTA DE BOXES Box 1. Los “Personajes” de la pequeña minería………………………………………………………... 6 Box 2. Actividad minera amenaza áreas protegidas en el país……………….………………………… 10 Box 3. Contaminación del río Pilcomayo por actividad minera……………………….……………….. 11 Box 4. Contaminación minera en los municipios de Colquechaca y Pocoata………………..………… 12 Box 5. Minería en el Corredor de Conservación Vilcabamba – Amboró………………………….…... 15 Box 6. Las condiciones de trabajo en una cooperativa minera…………………………………………. 19 Box 7. Ausencia de seguridad laboral en las cooperativas mineras………………………………..…... 21 Box 8. Es en realidad un problema de presupuesto…………………………………………………….. 27 Box 9. Proyecto de mitigación ambiental ejecutado en Telamayu…………………………………….. 30 Box 10. Minería con responsabilidad social……………………………………………………….…… 31 Box 11. Una alianza estratégica y un proyecto integral………………………………………………... 32

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1. El desarrollo y la importancia del sector minero en Bolivia �

La minería en Bolivia tiene una historia de más de 500 años. Desde la época colonial, cuando se descubrió el “Cerro Rico de Potosí”, hasta hoy en día, la actividad minera ha sido una parte muy importante de la economía boliviana. La mayoría de las actividades mineras eran, y aún son, llevadas a cabo en la región Andina occidental del país. Las minas más importantes se encuentran en los departamentos de Potosí y Oruro, actualmente los más pobres de los nueve departamentos de Bolivia (CPTS 2007). Desde la época de la colonia hasta 1900, la explotación minera se concentraba en la extracción de plata a través de procesos de amalgamación (Urquidi 2002). Sin embargo, a partir de del siglo XX la minería de estaño ganó importancia y se mantuvo así hasta 1985. En 1952, bajo la consigna de nacionalización de las minas del país, se creó la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL) que controló el 75% de la industria minera nacional y se constituyó en la principal fuente de ingresos del país (FOBOMADE 1999). La COMIBOL fue durante casi 4 décadas la principal empresa minera del país, llegando a producir más del 70% de las exportaciones de Bolivia y a convertirse en la principal fuente de empleo. Sin embargo, las políticas de sustitución de importaciones no lograron fortalecer la COMIBOL, que tuvo que sobrevivir con equipos anticuados y yacimientos casi agotados, mientras sus recursos se utilizaban para desarrollar el oriente del país (FOBOMADE 1999). En 1962, una década después de la nacionalización de las minas, se reinició el proceso de apertura a la iniciativa privada con el objetivo de fortalecer la empresa nacional. Pese a que en esa época los precios de minerales, como el estaño, eran favorables en el mercado internacional, las limitaciones de la COMIBOL impidieron que la empresa aproveche la coyuntura internacional, la cual comenzó a cambiar a mediados de los ochenta con la caída del precio del estaño, ocasionando la crisis minera más grande del país. La crisis minera estatal fue uno de los principales factores para la generación de fuertes desequilibrios macroeconómicos para el país entre los años 1982 y 1985, que culminaron en un rígido programa de ajuste estructural mediante el Decreto Supremo 21060, abriendo paso a una economía de mercado. En este contexto, se llevó a cabo en 1985 la reconversión del sector minero, con el despido de más de 23.000 trabajadores de la COMIBOL y el establecimiento de un proceso que el Estado llamó la “Nueva Minería”. Para promover este proceso, el Estado introdujo una reforma tributaria que estableció libre explotación de los minerales, liberando esta actividad de todos los impuestos salvo de las regalías (FOBOMADE 1999). El proceso de crecimiento de la minería privada fue también propiciado con la apertura de la economía a la inversión extranjera. En el sector minero, esto se tradujo en concesiones a grandes empresas extranjeras que decidieron invertir en el sector minero del país (FOBOMADE 1999). En 1993, se licitaron todas las pertenencias de la COMIBOL, entregando concesiones a perpetuidad a privados. A partir de ese entonces, las políticas de fomento a la minería han impulsado leyes y normas para facilitar las actividades de exploración y explotación y facilitar las operaciones de las empresas mineras (FOBOMADE 2006). Este proceso de explotación de minerales no sólo tuvo un importante impacto en la economía del país, sino también en la calidad de vida de los bolivianos, en particular aquellos que viven en los departamentos de mayor actividad minera, así como en la sostenibilidad ambiental.

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1.1 La Situación Minera en el País

Pese a que la participación de la minería en la economía nacional ha disminuido en comparación con los 70s y 80s, actualmente Bolivia percibe grandes beneficios por la explotación y exportación de minerales (Morales 2006). En el 2004, la minería fue el tercer valor económico exportado después de los hidrocarburos y las oleaginosas, con el 21% del total de las exportaciones del país (Morales 2006), generando un total de 50 000 empleos directos y participando con un 4.4% del PIB total (Romero 2006). En años recientes, gracias al notable incremento de precios de los minerales en el mercado internacional, la minería y las actividades relacionadas a su procesamiento se están intensificando. La Figura 1-1 muestra que en el 2002 los precios en el mercado internacional comienzan a aumentar, revirtiendo la tendencia bajista de los precios internacionales que venía dándose desde 1980. En el periodo 2005-2006, algo más de dos años más tarde, finalmente se revierte la tendencia bajista del valor bruto de la producción minera (VBRPM)1. En este periodo, el VBRPM promedio anual sube a US$ 787.3 millones del 2000, 3.5 veces su valor de 1986 (Jordán 2007). A partir de la subida de precios en el mercado internacional, se observa primero un “efecto inercia tendencial en la caída de la producción” entre 2003 y 2004, seguido por una importante alza en los niveles de producción en el 2005, que desacelera en el 2006 y más en el 20072 (Jordán 2007) (Figura 1-1). Pese a esto y debido al alza de los precios internacionales, las ganancias por exportaciones de minerales en el país incrementan, generando beneficios económicos para el sector y el país (Figura 1-2).

Figura 1-1 Efectos de Producción y Precio en la Minería de Bolivia (1979-2006)

Fuente: Jordán 2007, con base en datos del Anuario Estadístico Minero 2006 del Ministerio de Minería y Metalurgia

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1 Expresado en dólares constantes del año 2000 de los Estados Unidos de Norte América. 2 Las inversiones en la minería del país están congeladas debido al ambiente de incertidumbre jurídica

y política reciente (2006/2007), a los continuos problemas sociales, a la falta de políticas mineras realistas, a la inestabilidad funcionaria de las autoridades mineras y al incierto potencial de yacimientos masivos (Morales 2006���

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Figura 1-2 Exportaciones Mineras de Bolivia (1996-2006)

Fuente: Banco Central de Bolivia 2007 El crecimiento de las ganancias por exportación ha creado incentivos en el sector para su reactivación, para lo cual no sólo se busca atraer capital extranjero, pero además negociar operaciones que busquen beneficiar al país a través de Contratos de Riesgo Compartido y Arrendamiento con la COMIBOL. Bajo el marco del programa de Gobierno 2006-2010 “Bolivia Digna, Soberana y Productiva para Vivir Bien”, se establece la refundación de la COMIBOL, entendiéndola como la devolución a la Corporación Minera de Bolivia de las funciones originales de su creación (Revollo 2006). Actualmente, la COMIBOL está consolidada como una estructura empresarial encargada de administrar sus minas a través de seis Contratos de Riesgo Compartido y varios Contratos de Arrendamiento firmados con empresas privadas y cooperativas. Adicionalmente, lleva a cabo un proceso de licitación para la administración de operaciones mineras y en otros casos, busca financiamiento para poder operar como empresa directamente (Revollo 2006).

1.2 La estructura minera y la generación de empleo En Bolivia se pueden distinguir distintos tipos de minería. Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, la actividad minera en el país se puede clasificar en: Minería estatal, minería mediana, minería chica o pequeña y cooperativas mineras. La minería estatal está representada por aquellas operaciones mineras cuya propiedad y administración pertenecen a la COMIBOL y operan a través de Contratos de Riesgo Compartido, Arrendamientos y Servicios (MMM 2007). La minería mediana está representada por la Asociación de Mineros Medianos, que deben cumplir ciertos requisitos de volumen de producción – por lo general operaciones de más de 500 T por día –, inversión y organización empresarial. La Asociación asume la representación colectiva de las empresas mineras medianas privadas ante el gobierno nacional y otras entidades nacionales e internacionales y está a cargo de estudiar y representar las necesidades de la

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minería mediana en el país (MMM 2007). Actualmente la minería mediana contribuye con el 69% de la producción minera de Bolivia y aproximadamente el 10% del empleo sectorial. Este sector se dedica principalmente a la explotación de yacimientos auríferos y polimetálicos de plata, zinc, plomo y estaño (Bocangel 2001). La minería chica o pequeña está representada por operaciones mineras que tratan menos de 500 T por día. Los mineros chicos están agrupados por elección voluntaria en las Cámaras Regionales y Departamentales de Minería, las que a su vez forman parte de la Cámara Nacional de Minería. Los minerales que produce actualmente la minería chica son: Zinc, estaño, oro, plata, antimonio, plomo, wolfram, cobre, bismuto, ulexita, cristales de ametrino, baritina, tantalita, cuarzo rosado, amatista, entre otros (MMM 2007). En la categoría de minería pequeña se puede incluir las cooperativas mineras y la minería artesanal (Bocangel 2001). Las cooperativas mineras están agrupadas en Federaciones Regionales y Departamentales, las que a su vez están afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) (MMM 2007). Pese a que las cooperativas mineras pueden pertenecer a la pequeña minería, se las separa para ciertos fines por sus características sociales propias asociadas al cooperativismo (Bocangel 2001). Las cooperativas mineras están representadas por pequeños grupos de 50 a 80 trabajadores que se reúnen en cooperativas para trabajar en una concesión otorgada por el Estado (Bocangel 2001). Las cooperativas han crecido en importancia a lo largo del tiempo, tanto en volumen de producción como en mano de obra. Actualmente, existen alrededor de 510 cooperativas mineras en Bolivia (MMM 2007). Según Bocangel (2001), en la mayoría de los casos, la minería cooperativizada puede considerarse minería artesanal. La minería artesanal es un término menos utilizado en el sector e incluye grupos de trabajadores que pueden ser cooperativas o pequeñas empresas, cuyas operaciones cuentan con escasa o ninguna mecanización y por lo tanto, niveles de producción bajos y de mayor informalidad que las cooperativas (Bocangel 2001).

Box 1. Los “Personajes” de la pequeña minería En la minería pequeña, se tiene a los denominados “jukus” que ingresan a las minas para sustraer mineral por las noches. Las “palliris” son mujeres que buscan piedras con contenidos de mineral valioso en los desmontes. Los “relaveros” trabajan en relaves antiguos de la COMIBOL o de empresas privadas. Los “pirquiñeros” trabajan en vetas primarias de minas abandonadas. En la minería aurífera existe un fuerte componente informal, representado por los “barranquilleros”, quienes trabajan tanto en yacimientos primarios y secundarios. Los bajo “barranquilleros” trabajan las minas auríferas de dos formas: Por un lado, pueden ser sumamente móviles, sobre todo en la minería aluvial; siguiendo a las cooperativas mecanizadas para trabajar en sus colas utilizando bateas o pequeños lavaderos y haciéndose presentes rápida y masivamente cuando una cooperativa encuentra una zona de bonanza, llegando a veces a dificultar el trabajo de la cooperativa. Por otro lado, pueden buscar sus propios lugares fuera de las concesiones de las cooperativas – por ejemplo, en la orillas de los ríos auríferos – permaneciendo más tiempo.

Bocangel 2001

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El mayor aporte de la pequeña minería, en particular la cooperativista, a la economía nacional está en su contribución al empleo, pues es el sector que genera mayor nivel de empleo en relación al empleo total generado por el sector minero. La minería pequeña y en particular la minería cooperativista contribuyeron a la generación del 94% de empleo en el sector durante el período 1978-1984, creciendo al 96.7% entre 1985-2006 (Jordán 2007) (ver Figura 1-3). Esto se debe a la naturaleza de la tecnología utilizada en este tipo de minería, que es altamente intensiva en uso de mano de obra. Según Aruquipa (2005), existen más de 60 000 trabajadores organizados en cooperativas que trabajan los minerales en Potosí, Oruro y La Paz. Esta cifra no incluye a los 3 500 mineros asalariados, ni a los 13 500 niños dedicados a la minería informal (Aruquipa 2005). Por el contrario, la minería empresarial, que está más tecnificada, no contribuye significativamente a la generación de empleo en el país, ocupando apenas el 1.44% de la población económicamente activa (FOBOMADE 2006).

Figura 1-3 Distribución Laboral en la Minería Boliviana (1995-2005)

Fuente: Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles 2007

Pese a que las cooperativas mineras generan un alto nivel de empleo, presentan los niveles de productividad laboral más bajos del sector. Es así como por ejemplo, durante la década de 1990, la minería mediana representó el 57% de la producción total de minerales en el país, mientras que la minería cooperativista tan sólo el 43%, pese a emplear en aquel año el 83% de la mano de obra del sector (Escobari 2003, Anuario Estadístico VMM 1998). Esto se debe a que la minería pequeña en general, y la cooperativista en particular, está conformada por grupos heterogéneos que no poseen concesión, trabajan temporalmente, utilizan técnicas y equipos rústicos, carecen de capital y capacidad técnica, económica y empresarial y explotan todo tipo de yacimientos (Bocangel 2001, Jordán 2007).

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1.3 Los beneficios locales de la minería La minería, al generar empleo directo entre los habitantes locales, establece una suerte de compromiso entre la población ocupada y los intereses de la empresa minera (Jordán 2007). Al establecerse una operación minera, la condición del poblador local cambia de pequeño productor agrícola o artesanal, propietario de medios de producción, a una condición de asalariado y trabajador minero (Jordán 2007). La actividad minera significa también un aumento en los ingresos del productor que comienza a trabajar en las operaciones mineras. Mientras que el trabajo en la minería pequeña no provee necesariamente buenos salarios, el trabajo en la minería mediana ofrece acceso a mayores ingresos y comodidad (Jordán 2007). La razón se basa por un lado, en la diferencia en mano de obra calificada que cada sector necesita, y por otro, en el valor de la productividad media por hombre al día. Mientras en las cooperativas la productividad llega a US$ 2.4 por hombre al día, en una operación minera altamente tecnificada la productividad puede alcanzar hasta US$ 1.500/h/d (Bocangel 2001). Además de incrementar los ingresos para la población local que trabaja en las operaciones mineras, la actividad minera trae beneficios locales/regionales directos a través de la construcción de carreteras e infraestructura e indirectos a través del Impuesto Complementario Minero. El Código de Minería incorpora la actividad minera al régimen general (Ley 843) del impuesto sobre las utilidades y obliga a un pago mínimo denominado Impuesto Complementario Minero (ICM) que beneficia a las regiones productoras (Prefecturas) (Jordán 2007). Están sujetas al ICM todas las empresas que realizan actividades mineras con excepción de la manufactura de metales. La base de este impuesto es el valor bruto de venta de los minerales, por lo que se puede decir que el ICM es un impuesto a la producción que obliga a pagar por igual al concesionario que gane o pierda (Jordán 2007). El ICM que deben pagar las operaciones mineras está destinado a las Prefecturas de las regiones productoras. De esta forma, la actividad minera está de alguna forma directamente ligada con el desarrollo de infraestructura pública, salud y educación en el departamento donde se desarrolla (Noriega et al. 2007). Sin embargo, no está ligada al sector productivo y por ende, no beneficia directamente al desarrollo económico de las comunidades locales. Como las actividades mineras no tienen un impacto directo a través del ICM en el desarrollo productivo de los productores y comunitarios, éstos nos se sienten beneficiados (Noriega et al. 2007). Por el contrario, consideran la actividad minera una amenaza por el impacto ambiental que ésta causa y que a la vez perjudica su principal actividad productiva, la agricultura.

1.4 Objetivos y estructura del documento Pese a las ganancias que la actividad minera genera para el país y a los beneficios locales, la explotación minera ha representado a lo largo de los ya casi 500 años de su desarrollo, una acumulación de altos costos ambientales y sociales. Poco se ha hecho para contrarrestar este proceso y hoy en día existen más problemas que soluciones. Este documento pretende 1) describir los principales impactos ambientales, socio-económicos y sociales asociados a la actividad minera en el país, 2) analizar la normativa ambiental del sector minero para identificar los vacíos existentes y los factores que llevan a su incumplimiento y 3) rescatar

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propuestas para prevenir y mitigar los impactos negativos del sector minero en las regiones productivas del país. Para alcanzar estos objetivos, el documento está estructurado de la siguiente manera. La primera sección describe el desarrollo de la actividad minera en el país y los beneficios que este sector genera a nivel nacional y local. La segunda sección, describe los impactos socio-ambientales causados por la actividad minera en el país. La tercera analiza las normas vigentes que regulan las medidas de prevención y mitigación ambiental en la actividad minera e identifica los factores que erosionan el sistema. La cuarta sección expone diferentes propuestas para mitigar y prevenir los impactos de la actividad minera en el país y la última sección presenta las conclusiones.

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2. Los costos socio- ambientales de la actividad minera en Bolivia A lo largo de casi 5 siglos, la actividad minera en el país ha sido factor transformador de la calidad ambiental y ha tenido un efecto importante en el desarrollo socio-económico de las regiones mineras. Esta sección pretende describir cuáles han sido los impactos ambientales de la minería en el país y cómo esta actividad ha influido en el desarrollo económico y el bienestar humano de las regiones productoras.

2.1 Impacto a la sostenibilidad ambiental �

Desde la perspectiva ambiental, la actividad minera ocasiona impactos con distintos niveles de intensidad, entre ellos contaminación de agua y suelos, transformación de paisajes por la destrucción de cerros y construcción de diques y la acumulación de colas de minerales. También tiene un impacto en los bosques, ya que algunas operaciones utilizan madera para el apuntalamiento de los socavones y para alimentar las fundiciones (FOBOMADE 1999). Por otra parte, las emisiones de gases tóxicos y el vertimiento de residuos líquidos y sólidos amenazan las formas de vida que se desarrollan en el entorno de la actividad minera. Los problemas ambientales varían según el tipo de actividad minera. Las externalidades ambientales que causa la minería mediana se deben generalmente a la generación de distintos contaminantes durante los procesos de extracción y concentración (Escobari 2003). Las colas que se generan y su inadecuada acumulación y tratamiento son, sin duda, el problema ambiental más serio en este tipo de minería. De las 15 empresas mineras medianas que operaban en el país el 2003, sólo Inti Raymi y COMSUR utilizaban tecnología de punta, que sumadas a instrumentos de gestión ambiental propiamente implementados (ISO 14 000), permiten cumplir con normas ambientales inclusive más estrictas que las bolivianas (Escobari 2003). En general, el sector minero mediano presenta problemas de gestión ambiental, pese a su nivel tecnológico. Sin embargo, no es la minería mediana, sino más bien la pequeña la que ocasiona los impactos ambientales más serios en el país. Según Escobari (2003), la minería pequeña en Bolivia (en particular la cooperativista y la artesanal), ha sido definida como una minería sucia y apenas viable. Esto se debe principalmente a dos factores. Por un lado, la falta de financiamiento e inversión en este sector minero y el uso de tecnología obsoleta (Escobari 2003) y por otro lado, el al gran número de fuentes de contaminación, muchas veces concentradas en regiones determinadas (Bocangel 2001). Otro gran problema ambiental asociado a la actividad minera son los pasivos ambientales relacionados a los cierres y abandono de las minas. Por ejemplo, las viejas minas de Catavi, San José, Colquechaca y Bolsa Negra, entre otras, dejaron socavones como pasivos ambientales, desmontes y relaves con contenidos abundantes de sulfuros que generan aguas ácidas con alto contenido de metales pesados que desembocan en los ríos cercanos a las minas, afectando la población local y sus actividades productivas (Escobari 2003). Escobari (2003) indica que el problema de acumulación de colas es aún más delicado en las minas que fueron propiedad de COMIBOL, cuyas responsabilidades son difíciles de establecer.

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En general, Zapata3 afirma que son tres las causas principales de impactos ambientales negativos originados por la actividad mineras: 1) la apertura de socavones, 2) la generación de desmontes en las proximidades de los socavones o en el interior de las minas que acumulan metal extraído de poco valor económico, y 3) la generación de colas, que son los residuos provenientes de los ingenios mineros que procesan el mineral extraído de la mina para obtener concentrados minerales para su comercialización y que muchas veces son descargados directamente a los ríos sin tratamiento. En los tres casos, la exposición de los restos minerales con la atmósfera y el agua de lluvia, quebradas y ríos, desencadena procesos físico-químicos que generan aguas ácidas favoreciendo la disolución de metales y contaminando los recursos hídricos (Zapata 2007). La generación de lixiviados produce los más altos impactos ambientales de la minería. El alto grado de toxicidad de los metales disueltos en el agua, se debe en parte a su baja capacidad de degradación y su alta capacidad de fijación en la cadena trófica afecta flora y fauna acuática y terrestre (FOBOMADE 1999). La contaminación de recursos hídricos se debe también al uso de los mismos para las operaciones mineras. Según Montes de Oca (1997), la actividad minera en el país consume alrededor de 32 millones de m3 de agua al año, de los cuales la mayor parte son devueltos sin tratamientos a los cauces naturales. Las aguas contaminadas por actividad minera contienen ácidos, cianuros, álcalis, iones metálicos, sólidos en suspensión, sustancias orgánicas y radioactivas. Finalmente, otra importante contaminación minera es la generada por la minería aurífera (Montes de Oca 1997). La minería aurífera se realiza por lo general en tres tipos de yacimientos: Aluviales, aluviones terciarios y aluviones primarios, ubicados en las laderas orientales de la Cordillera Real y en zonas de los ríos amazónicos del noreste del país (Escobari 2003). Como consecuencia de la contaminación aurífera en Tipuani, Guanay en La Paz y Nueva Esperanza en Pando, grandes cantidades de mercurio se vierten en los ríos Beni, Madera y Madre de Dios. Más aún, un 60% del mercurio utilizado en el proceso de amalgamación, se evapora hacia la atmósfera precipitándose en otras áreas del país.

Box 2. Actividad minera amenaza áreas protegidas en el

país El 40 % de los parques nacionales en el trópico están amenazados por actividades o proyectos mineros. En esto, la pequeña y mediana minería y la minería a gran escala no se diferencian en cuanto al peligro que representan para las áreas protegidas.

Bocangel 2001 A continuación se presentan tres casos de contaminación ambiental causada por la actividad minera en Bolivia. El primer caso, describe la contaminación del río Pilcomayo, cuya calidad de agua se ha visto seriamente afectada por las operaciones mineras asentadas en su cuenca, particularmente por la concentración de centros mineros aledaños a la ciudad de Potosí. El segundo, trata sobre la contaminación ambiental provocada por la actividad minera en los Municipios de Pocoata y Colquechaca, departamento de Potosí. Por ultimo, el tercer caso presenta la contaminación minera en el Corredor de Conservación Vilcabamba – Amboró. ������������������������������������������������������

3 Zapata, J. (2007, diciembre 15). Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). Entrevista personal.

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Box 3. Contaminación del río Pilcomayo por actividad minera La Cuenca del río Pilcomayo es una de las tres sub-cuencas más grandes de la segunda cuenca más grande de Bolivia, la cuenca del río La Plata. El área de la cuenca del río Pilcomayo es de 272 000 Km2, de los cuales 98 000 Km2 pertenecen a Bolivia y el resto está compartido por Argentina y Paraguay (Smolders et al. 2003). El río Pilcomayo tiene su origen en los andes bolivianos (5 000 msnm), de donde atraviesa 700 Km hacia el sur hasta llegar a los planos del Chaco (400 msnm). De ahí, el río continúa hacia el sur atravesando los llanos semiáridos del Chaco hasta llegar al borde entre Argentina y Paraguay. La región minera de la ciudad de Potosí forma parte de la cuenca del río Pilcomayo. Las actividades mineras en esta región comenzaron en el siglo XVI durante la época de la colonia y siguen llevándose a cabo hasta hoy en día, acumulando impactos ambientales en la región y afectando la calidad de agua del río y la vida de las comunidades locales. En el 2003, existían más de 40 operaciones mineras ubicadas alrededor de la ciudad de Potosí (Smolders et al. 2003), constituidas mayormente por pequeña minería, minería artesanal y cooperativas mineras. Muchos de los ingenios en esta zona trabajan con el método de flotación y descargan sus colas directamente a las quebradas y ríos locales sin tratamiento (Medina Hoyos 1998; Miller et al. 2003). Según un estudio realizado por la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA) en 1999, alrededor de 20 ingenios mineros en esta zona descargan más de 1 200 T al día a ríos tributarios (Tarapaya y La Ribera) del río Pilcomayo. Como consecuencia, el río Pilcomayo presenta en su origen altas concentraciones de metales disueltos y su lecho en la región de Potosí está contaminado con altas concentraciones de Cu, Zn, Cd, y Pb (Smolders et al. 2003, Miller et al. 2003). El análisis llevado a cabo por JICA en 1999 midió concentraciones de metales en el río afluente Tarapaya 100 veces mayores a los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ejemplo, midió niveles de 99 mg de Pb por litro de agua cuando el nivel estándar permisible es 0.05 mg por litro. Así mismo, un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Alimento (ITA) en el 2002, demostró que los niveles de As (arsénico) y Pb (plomo) en los ríos Tarapaya y Pilcomayo están por encima de los límites permisibles establecidos por Ley (ver Figuras 2-1 y 2-2). La calidad de agua del río Pilcomayo también está afectada por sedimentos que provienen de la erosión en la cuenca alta del río (Smolders et al. 2003). Figura 2-1 Niveles de Concentración de As en las Principales Sub-Cuencas del río Pilcomayo (2002) �����

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Fuente: ITA 2002 Figura 2-2 Niveles de Concentración de Pb en las Principales Sub-Cuencas del río Pilcomayo (2002)

Fuente: ITA 2002 Niveles A, B, C: Límite estándar máximo/medio de calidad de agua (para agua potable o agua potable con tratamiento) Nivel D: Límite estándar mínimo de calidad de agua no potable La suma de estos factores ha causado serios problemas ambientales y sociales en la cuenca del río Pilcomayo y en particular el área colindante al río. Accidentes como el ocurrido en 1996 en las minas de Porco, cuando colapsó su dique vertiendo su contenido en las aguas

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del río Pilcomayo, han afectado no solamente la región minera del sur del país, pero también regiones en Argentina y Paraguay (JICA 1999, Smolders et al. 2003), elevando el problema ambiental de la minería en Bolivia a un nivel internacional.

Box 4. Contaminación minera en los municipios de Colquechaca y Pocoata

La Central Sindical Única de Trabajadores Originarios de la provincia Chayanta (CSUTOP Chayanta), preocupados por la contaminación ambiental que causa la actividad minera en los cultivos de Colquechaca y Pocoata, de la provincia de Chayanta en el departamento de Potosí, impulsaron y coordinaron con el apoyo de otras organizaciones, la Universidad Siglo XX y especialistas en el área ambiental, un estudio de evaluación ambiental de la región. El objetivo del estudio es por un lado, poder demostrar la degradación ambiental desde un análisis más técnico y por el otro, poder concretar soluciones consensuadas a su problema con el apoyo de las instituciones gubernamentales y las entidades mineras pertinentes. El estudio ambiental se complementará con un estudio socio-económico, para poder demostrar las repercusiones de la contaminación ambiental minera en la actividad productiva de las comunidades locales (producción agrícola y ganadera) y la salud de sus pobladores. Además de llevar a cabo un análisis de la normativa ambiental y minera y dar talleres de sensibilización ambiental y capacitación sobre la Ley Ambiental 1333, se realizaron estudios de campo para determinar la contaminación ambiental causada por los diferentes operadores mineros en la zona. Los estudios de campo se realizaron a través de 29 trabajos de tesis de la Universidad Siglo XX, 14 tesis de la Facultad de Agronomía – 7 realizaron estudios de suelos y 7 estudios de agua – y 15 tesis de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. El financiamiento de las tesis fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Internacional.

Los resultados de las tesis coinciden con la inspección ambiental realizada por la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura de Potosí a los ingenios mineros de la zona, los años 2000, 2004 y 2006. Adicionalmente, las tesis fueron complementadas con estudios y análisis de especialistas en el área ambiental. Las operaciones mineras en la zona En la región de Colquechaca, se han identificado tres operadores mineros: El Ingenio EMCA, el Ingenio COMINUR-Cooperativa Colquechaca y la Mina Colquechaca. En los

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ingenios, el tratamiento de los minerales se realiza principalmente empleando el método de flotación directa, así como el método de flotación diferencial. Muchos de los reactivos químicos utilizados en dichos tratamientos son tóxicos, no sólo para la fauna y flora, sino para el ser humano. El Ingenio EMCA o Santa Bárbara, se dedica a la concentración de plomo, plata y zinc. De acuerdo a las inspecciones técnicas realizadas por la Prefectura los años 2000, 2004 y 2006, el ingenio está contaminando las aguas del río porque el dique destinado a la captación de aguas residuales y colas, al haber sido construido sin asesoramiento técnico, no cumple con un manejo adecuado de las mismas. Por otro lado, está ubicado en el lecho del río, con constante peligro de desmoronamiento por las fluctuaciones del cauce. El agua residual de las colas del ingenio es alcalina, debido a la utilización de monóxido de calcio para aumentar el pH y favorecer la flotación, además presenta una carga elevada de sólidos en suspensión, metales pesados y parte de los aditivos utilizados en la flotación.

IMAGEN SATELITAL DEL Ingenio EMCA El Ingenio COMINUR-Cooperativa Colquechaca es de propiedad de la COMIBOL. En este ingenio se realiza la concentración de estaño. El agua que se utiliza para tal proceso proviene de la bocamina, por lo que es agua ácida. El problema principal en este Ingenio son las fisuras que presenta su dique de colas – construido sin asesoramiento técnico – a través de las cuales el agua sin tratar se filtra al cauce del río Colquechaca. La Mina Colquechaca presenta drenaje de aguas ácidas, cuyo caudal oscila entre 30 y 40 litros por segundo, convirtiéndose en un aporte importante de agua ácida y metales pesados disueltos para el río Colquechaca. Los resultados Los resultados de las tesis demostraron que existen metales pesados tanto en las aguas como en los suelos, en particular en aquellas comunidades próximas a las bocaminas e ingenios, pero también en las comunidades más alejadas debido a que en épocas de lluvia los diques de cola colapsan y vierten parte de su contenido en los ríos cercanos.

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Los tesistas encontraron altos contenidos de sodio y cloruro en las aguas y determinaron que el vertido de cal en las mismas (Ingenio Santa Bárbara) causa salinización del suelo afectando áreas de cultivo. Los resultados también demostraron que ambos, metales pesados como He, Pb, Hg y Cd, y elementos traza como As, Zn y Cu, se encuentran a niveles de límite tóxico (muy próximo a superar los límites permisibles) y extremadamente tóxico (que superan los límites permisibles).

Más aún, los tesistas encontraron elementos pesados en cultivos, especialmente en la chala de maíz y en los cultivos de haba, lo que implica que el suelo parental contiene concentraciones de elementos pesados. Cabe recalcar que la inspección realizada en el 2006 por la Prefectura de Potosí concluyó que existen terrenos que han sido abandonados debido a que los propietarios aseguran que éstos han perdido su fertilidad por contaminación y porque el agua de riego proviene del

Pese a que a partir de las inspecciones técnicas realizadas por la Prefectura el 2004 se desarrollaron Resoluciones Prefecturales que indican claramente recomendaciones e instructivas a los ingenios mineros – mencionando que en caso de no cumplirse se procederá a la aplicación de las sanciones previstas por Ley –, sólo la Cooperativa Colquechaca-COMINUR cumplió con parte de las recomendaciones y obtuvo una Licencia Ambiental, el Ingenio EMCA hasta el día de hoy no cuenta con una Licencia Ambiental. Esto demuestra que no sólo los ingenios mineros no cumplen con la normativa ambiental, sino que tampoco lo hacen las autoridades, al no dar seguimiento y no implementar las medidas de punición para velar por su cumplimiento.

Box 5. Minería en el corredor de conservación Vilcabamba – Amboró

El Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró (CCVA) abarca territorio boliviano y peruano y presenta regiones geológicas caracterizadas por importantes yacimientos de oro primario y oro aluvial. En esta región también se encuentran mineralizaciones de estaño, wólfram y polimetálicos. Actualmente, en la parte boliviana del CCVA, existen concesiones y actividades mineras tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Se explota principalmente oro y se extraen no metálicos como áridos y otros materiales de construcción. Existen también yacimientos de estaño y complejos polimetálicos que fueron explotados intensivamente y han dejado pasivos ambientales. La estructura minera en el

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CCVA está conformada principalmente por pequeña minería y por minería artesanal. La mayor parte de áridos extraídos se comercializa en el mismo lugar de la explotación, parte en la ciudad de Santa Cruz y en menor porcentaje se provee a empresas petroleras. En Bolivia existen concesiones mineras otorgadas legalmente dentro de las áreas protegidas del CCVA. De acuerdo a la normativa vigente, la explotación de las mismas está sujeta a un estudio de evaluación de impacto ambiental que demuestre que las actividades a realizar no afectarán los objetivos de protección del área. Tabla 2-1 Concesiones Mineras en las Áreas Protegidas del CCVA (2002)

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PN-ANMI Madidi 21 138.97 0.73 18957RB-TCO Pilón Lajas 2 6.49 0.16 4000ANMIN Apolobamba 129 582.14 12.04 4837PN-ANMI Cotapata 42 72.69 18.17 400PN Carrasco 10 62.23 1.00 6226TI-PN Isiboro Sécure 0 0 0.00 12363PN-ANMI Amboró 72 176.63 2.77 6376RC Machiguenga 0 0 0.00 2189RC Ashaninka 0 0 0.00 1845RN Tambopata 32 23.52 0.86 2747SH Machu Picchu 0 0 0.00 326PN Bahuaja-Sonene 0 0 0.00 10914ZR Alto Purus 0 0 0.00 27243RC Amarakaeri 2 4.2 0.10 4023PN Manu 0 0 0.00 17163PN Otishi 0 0 0.00 3060

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Fuente: Conservación Internacional 2002 PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; RC = Reserva Comunal; ZR = Zona Reservada ANMI = Área Natural de Manejo Integrado; TI = Territorio Indígena; SH = Santuario Histórico; RB = Reserva de la Biósfera; AP = Área Protegida El Estudio de Caso: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró Como se puede ver en la Tabla 2-1, dentro del ANMI Amboró existen 72 concesiones mineras. No todas estas concesiones son explotadas. Las actividades de extracción de áridos se realizan tanto en concesiones como fuera de éstas. Actualmente, los Municipios otorgan áreas de explotación de áridos, lo cual genera conflictos con los propietarios legales de las concesiones. Conservación Internacional llevó a cabo el 2002 un estudio ambiental en distintas zonas del CCVA para evaluar los impactos ocasionados por la actividad minera. Una de las zonas evaluadas comprende el PN-ANMI Amboró, y su zona de influencia que abarca 10 Km alrededor del límite del parque. En el 2002 se registraron en esta zona un total de 36 operaciones mineras activas de diferente magnitud, las cuales explotan depósitos aluviales

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de origen fluvial que se encuentran en lechos, playas, islas, bancos y terrazas de los ríos Choré, Yapacaní, Surutú, Tacuarembó, Elvira, Piraí, Bermejo, Coloradillo y San Isidro. Las operaciones de explotación de áridos, tanto mecanizadas como artesanales, se realizan de forma desordenada y sin consideraciones ambientales. Esto da lugar a una serie de impactos que afectan tanto a poblaciones locales como a la biodiversidad acuática y terrestre.

Los Resultados del Estudio

Impacto en los Recursos Hídricos � incremento de la turbidez y sólidos en suspensión por la remoción de

materiales y por descargas de agua turbia � desvío de los cursos naturales de los ríos � construcción de presas de piedras de hasta de 1 m de altura en los cauces

para disminuir la velocidad de la corriente del agua � construcción de terraplenes en los cauces de ríos para facilitar el paso de

volquetas

Contaminación del Aire � generación de de gases de combustión y ruido durante el funcionamiento de

maquinaria y vehículos utilizados � producción de polvos en los procesos de extracción de materiales por vía

seca

Degradación de Suelos � pérdida de suelos � compactación de suelos � derrame de combustibles y lubricantes en las instalaciones de las plantas de

procesamiento

Pérdida de Biodiversidad La existencia de concesiones y operaciones mineras, así como de pasivos ambientales, dentro y fuera de las áreas protegidas, se constituyen en una amenaza a la biodiversidad. Las actividades de extracción de áridos modifican y destruyen hábitats de especies de fauna acuática y terrestre. La destrucción de hábitats produce también fragmentación del ecosistema con pérdidas de conectividad. Los mayores impactos a la flora se producen en la explotación de las terrazas aluviales donde la cubierta vegetal es removida para la explotación de los áridos. También se elimina la cobertura vegetal para la habilitación de áreas donde se instalan las plantas de trituración y clasificación. Finalmente, también se deforesta para obtener madera con fines de construcción, soporte de maquinaria pesada y para ser utilizada como leña.

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Cumplimiento de las Normas Ambientales En la zona de estudio, el 76% de las operaciones de extracción de áridos no cuenta con una licencia ambiental, mientras que el 24% sí la tiene o se encuentra en trámite. La mayoría de las operaciones, independientemente de si cuentan o no con licencia ambiental, no aplican medidas de prevención o mitigación ambiental.

2.2 Impacto Socio-económico: la Minería y el Agro

El sector minero en el país a puesto énfasis en el capital industrial y humano como base para su desarrollo, dejando en segundo plano el capital natural que es la base las actividades socio-económicas locales en las zonas de producción. Los principales impactos socio-económicos de la minería están asociados a 1) repercusiones negativas en la actividad productiva de las comunidades aledañas a operaciones mineras, 2) las malas condiciones de trabajo y 3) la pobre calidad de vida de las poblaciones mineras. Los centros mineros operan generalmente en las partes altas de las cuencas, mientras que las demás actividades productivas, como la agricultura, se realizan en las partes bajas. Este orden determina el flujo de contaminación que se va a originar en el foco de polución río arriba y va a impactar río abajo. Los drenajes provenientes de socavones y los residuos que vierten los ingenios muchas veces sin tratar, causan impactos negativos en la calidad de suelo y agua de los ríos en las regiones mineras (ver sección 2.1). Esta contaminación repercute en las actividades de las comunidades río abajo, ya que la contaminación de los ríos y los suelos 1) reducen los rendimientos de sus cultivos, 2) afectan la salud del ganado que toma de esta agua y 3) afectan la salud de los pobladores locales que consumen los cultivos de la región y utilizan el agua de los ríos para tomar o bañarse (Escobari 2003, Zapata 2007). Un estudio realizado en Potosí por Hudson-Edwards y otros en 2003, demuestra que los suelos más contaminados en la región minera de Potosí se encuentran en la parte alta del río Pilcomayo, donde las concentraciones de Cd, Pb y Zn exceden los límites recomendables para el uso agrícola. Según el estudio, la contaminación de suelos resulta de la deposición de partículas de suelo contaminadas durante eventos de inundación, o bien porque el agua que se utiliza para irrigación contiene metales pesados disueltos en elevada concentración. En una inspección ambiental que realizó la Prefectura de Potosí el 2004 en Colquechaca se advirtió que la contaminación del suelo y del agua por la actividad minera es causa del abandono de terrenos de cultivo y migración (Noriega et al. 2007). Otra actividad productiva local que se ha visto seriamente afectada por la contaminación minera es la pesca. Comunidades que viven en las riveras y dependen de la pesca, como los Wennhayek, han visto una de sus principales actividades económicas reducir dramáticamente en los últimos años (La Prensa 2005). El volumen de pesca, que solía ser muy alto años pasados – alrededor de 1 000 toneladas en el 2000 – ha reducido debido a las represas, desvíos y trabajos mineros aledaños a los ríos que han obstaculizado el paso de los peces. Aún falta desarrollar estudios que analicen con mayor profundidad el impacto de la contaminación de agua por minería en las especies de peces y en la actividad pesquera de diferentes comunidades ribereñas en el país. Sin embargo, se puede decir que la reducción

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de volumen de pesca repercute directamente en el desarrollo socio-económico de estas comunidades, que dependen de esta actividad no sólo para generar ingresos, pero también para su seguridad alimentaria. Las repercusiones de la contaminación minera en el sector agropecuario y en el consumo humano han generado tensión entre los agricultores campesinos y los habitantes locales que trabajan en la minería. Por otro lado, vale la pena recalar que la relación y el conflicto entre la minería y el agro es un tema mucho más complejo, pues el enfoque dualista que adopta – en donde el sector “moderno” es el minero y el sector agrícola es el tradicional – genera una dinámica rotativa en la que el productor agrícola se vuelve mano de obra estacional, aprovechando del sector “moderno” para complementar sus ingresos sin dejar de lado la actividad agropecuaria, actividad que en su ausencia queda generalmente a cuidado de la mujer (Morales y Evia 1995). Este tipo de relación, que algunos autores denominan como “campesino-minero”, crea una dinámica complicada y compleja entre los pobladores y sectores productivos de las regiones minera del país, pues por más que muchos campesinos agropecuarios ven su actividad afectada por la contaminación minera, su dependencia dualista no les permite tomar una posición opuesta o crítica con respecto al desarrollo de la minería (Noriega 2007). Otro tema importante a considerar en el impacto socio-económico generado por la actividad minera es la pobreza. Pese a que la actividad minera es una de las actividades productivas más importantes a nivel nacional, las regiones mineras del país son las que presentan mayor índice de pobreza (FOBOMADE 2006). Históricamente, se reconoce que el índice de pobreza en las zonas de producción minera se agudiza por el decaimiento de esta actividad a partir de 1986, cuando bajan los precios internacionales de los minerales y se lleva a cabo un proceso de capitalización y relocalización (Noriega et al. 2007, Morales 2006). En ese entonces, no sólo perdieron empleo miles de personas que trabajaban en el sector minero, sino también todos los productores agropecuarios que vieron desaparecer su mercado (Noriega et al. 2007). Ante este escenario, muchos habitantes de las regiones mineras migraron, pero muchos también se quedaron o regresaron para continuar trabajando la tierra y las minas, en su mayoría en condiciones laborales mínimas (Noriega et al. 2007). Es ahí donde el ciclo de la pobreza y la baja productividad comienza a intensificarse, pues uno lleva a lo otro, perpetuándose ante la falta de apoyo e iniciativas que introduzcan tecnologías de producción más eficientes, mejores condiciones laborales y mayor acceso a servicios de agua potable, energía moderna, salud, educación, crédito, entre otros (Noriega et al. 2007). Más aún, depender de un mercado internacional de minerales de precios fluctuantes ha acentuado la pobreza y vulnerabilidad en estas regiones mineras (FOBOMADE 2006). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Potosí y Oruro son los departamentos más pobres de Bolivia. En Oruro, 7 de cada 10 habitantes viven privados de agua, electricidad y servicios básicos de salud, mientras que en Potosí, un departamento minero casi en su totalidad, 8 de cada 10 viven en la pobreza extrema (Aruquipa 2005). En el caso de los Municipios de Pocoata y Colquechaca, por ejemplo, ambos ubicados en la región minera potosina del país, el 50% de la población vivía en indigencia en el 2001, sin medios suficientes para sobrevivir y dependiendo en gran parte de la agricultura de subsistencia y los ingresos de la minería pequeña (Noriega et al. 2007).

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Está claro que, mientras persista el problema socio-económico en la región, la preservación del medio ambiente quedará en una encrucijada entre la pobreza y la explotación rudimentaria. Y mientras ahí se mantenga, el ciclo de pobreza y baja productividad irá intensificándose a lo largo del tiempo, acumulando costos socio-ambientales en regiones del país que solían estar entre las de mayor riqueza en el mundo.

Box 6. Las condiciones de trabajo en una Cooperativa Minera Las cooperativas mineras trabajan colas y desmontes para entregar su producto a empresas comercializadoras o a las empresas mineras, pero bajo condiciones de trabajo muy diferentes a las de la minería estatal o privada. Las cooperativas operan sin un mínimo de seguridad en el trabajo. Los mineros en este tipo de minería están expuestos a situaciones de contaminación que las cooperativas están limitadas de mitigar por los bajos precios que reciben por el mineral. Los cooperativistas mineros no cuentan tampoco con ningún tipo de seguridad social. Más aún, están sometidos al precio que les pague su comprador, lo cual agudiza su vulnerabilidad. .

FOBOMADE 2006

2.3 Impacto Social: Poniendo en Juego la Salud y el Bienestar Humano �

Para el sector de la minería pequeña en Bolivia, las externalidades sobre la salud y seguridad ocupacional de los mineros son tan o más importantes que las externalidades ambientales (Escobari 2003). La contaminación crónica de ríos y suelos causada por la actividad minera afecta la salud de las comunidades aledañas. Los efectos en la salud de la población local se presentan por la acumulación de metales en el organismo humano a través de la ingestión de agua contaminada, o bien cultivos y peces que han acumulado concentraciones altas de metales no esenciales que pueden ser dañinos para la salud (Miller et al. 2003). Por ejemplo, exceso de consumo de metales no esenciales como Pb y Cd puede resultar en enfermedades neurológicas, óseas, cardiovasculares, disfunciones renales y varios tipos de cáncer, inclusive a bajos niveles. Un estudio realizado en Potosí por Hudson Edwards y otros en el 2003, establece que el plomo es el metal que presenta mayor riesgo para los consumidores de los cultivos irrigados con el agua proveniente del río Pilcomayo. En el estudio se estimó que 37.5% de los vegetales producidos en las comunidades ribereñas exceden los límites máximos permisibles para la ingestión humana de plomo (Pb), llegando en algunas comunidades a alcanzar hasta el 55%. Cabe recalcar que estos vegetales no son consumidos solamente por las comunidades locales, sino que se transportan y comercializan en los mercados urbanos. Adicionalmente, pese a que el uso del agua proveniente de ríos contaminados es limitado para usos domésticos – ya que se provee agua potable a través del servicio público –, Miller et al. (2003) afirman que el ganado bebe frecuentemente de los ríos y canales de irrigación que contienen elevadas concentraciones de metales disueltos. El consumo de productos cárnicos y lácteos de estos animales es, por lo tanto, otra vía de ingestión de metales no esenciales para los consumidores. Finalmente, otro caso importante de bio-magnificación

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con efectos en la salud humana, es el consumo de peces provenientes de ríos contaminados, que acumulan en su organismo concentraciones elevadas de metales. Pese a que existen algunos estudios, es necesario investigar más a detalle el nivel de daño en la salud humana causada por la contaminación minera. Estudios incipientes han logrado establecer una correlación entre el nivel de exposición y los efectos en la salud humana. Por ejemplo, una evaluación llevada a cabo por el proyecto Mining, Minerals and Sustainable Development (MMCED) en 1999, muestra que hay una correlación positiva entre las áreas que presentan alta contaminación por desechos mineros y la incidencia de dermatitis y gastroenteritis en la población local. En el 2004, Awni realizó un estudio que comparaba datos de una comunidad altamente expuesta a contaminación minera (Marapampa) versus una comunidad no expuesta (Poco Poco), ambas ubicadas en la cuenca del río Pilcomayo. El resultado final, presentado en la Tabla 2-2, confirma correlaciones directas entre el nivel de contaminación y los problemas de salud humana. Awni (2004) concluye su estudio afirmando que la población de Marapampa está expuesta a diario a altas concentraciones de arsénico y plomo. En su estudio, los habitantes de Marapampa reportaron alta incidencia de síntomas característicos inducidos por ambos metales: En el caso de arsénico, dolor de cabeza, pérdida de cabello, desorientación; en el caso de plomo, dolor de estómago y fatiga. Tabla 2-2 Datos de dos comunidades de la cuenca del río Pilcomayo expuestas a diferentes concentraciones de arsénico y plomo (2004)

Marapampa Poco Poco DiferenciaNivel de Arsénico (µg/L) - rio 716.25 4.89 146.5xNivel de Arsénico (µg/L) - pozo 11.19 2.3 4.9xNivel de Arsénico (µg/L) - botella 24.03 1.18 13.3xNivel de Plomo (µg/L) - rio 451.25 < 5.6 161.2xNivel de Plomo (µg/L) - pozo 8.2 < 5.6 2.9xNivel de Plomo (µg/L) - botella 11.6 < 5.6 4.1xPeces consumidos del Pilcomayo si (100%) no (100%)Reporte de síntomas inducidos por plomo 16 3 5.3xReporte de síntomas inducidos por arsénico 15 1 15xPresión arterial promedio (total) 75.3 74.1 IgualPresión arterial promedio (chicos) 74.17 64.17 1.2x

Fuente: Awni 2004 En la minería aurífera también se han presentado casos de daños relevantes a la salud. Durante los procesos de concentración del oro, proveniente de los yacimientos aluviales, se emiten grandes cantidades de: Lodos y colas a los ríos por el uso de dragas y balsas; mercurio gaseoso a la atmósfera; y mercurio metálico a las aguas (Escobari 2003). En el norte de La Paz, la utilización de mercurio para la explotación de oro ha comenzado a provocar daños genéticos irreversibles en terceras generaciones, no sólo en animales, sino también en seres humanos (Aruquipa 2005). Las malformaciones congénitas también se han presentado en otros tipos de minería. Por ejemplo, en la ciudad de Oruro se determinó que entre 1980 y 1985, el 9.5 de cada 1 000 nacidos presentaban malformaciones congénitas relacionadas a la contaminación minera (FOBOMADE 1999). En Oruro, 14 de los 34 municipios de este departamento tienen concesiones mineras en su territorio. Si se considera que la población total de estos municipios suma 332 769 personas en el censo del 2001 (PNUD, INE 2005), equivalente al 85% de la población total del departamento, se puede asumir que el problema de la contaminación minera afecta o influencia a gran parte de la

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población de Oruro. El caso en Potosí es aún más alarmante, por ser éste un departamento minero casi en su totalidad. Además de efectos en la salud humana, la contaminación minera repercute en los mismos trabajadores mineros, que no cuentan con seguros y condiciones laborales apropiadas. Pese a que no existe un registro de las enfermedades que presentan los mineros, las enfermedades más comunes de este sector laboral están identificadas en los “manifiestos ambientales” bajo la versión de los mismos cooperativistas y en algunos estudios que se hicieron en el campo de la salud ocupacional (Bocangel 2001). Las enfermedades identificadas son las siguientes:

� Polvos de sílice y roca que producen fibrosis � Polvos inertes que producen problemas respiratorios por carbono y esmeril � Problemas de asfixias y hasta muertes por asfixiantes que se mezclan con la

hemoglobina e impiden el transporte de oxígeno, entre éstos monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno y principalmente hidrógeno sulfurado que produce parálisis respiratoria

� Debido a los más de 5 500 msnm de altitud de algunas minas, algunos mineros

presentan frecuentes dolores de cabeza, hinchazones, poliglobulia, y problemas de presión

� Problemas nutricionales debido a que en muchos casos las minas están tan alejadas

de los campamentos que se hace difícil el transporte de alimentos por caminos de herradura

� Gripes, resfríos, irritación de los ojos y reumatismo debido a que la mayor parte de

las cooperativas explotan yacimientos en las zonas frías cordilleranas � Diarreas por la falta de higiene en manipular los alimentos y por focos de infección

generados en los campamentos Actualmente, el servicio de salud ha sido transferido a los gobiernos municipales, los cuales no cuentan con la suficiente experiencia ni asignación presupuestaria para el cumplimiento efectivo de este servicio, situación que se ve agravada por los riesgos propios de la actividad minera, la distancia extrema y malos caminos entre los campamentos mineros y los centros de salud más próximos. Las empresas mineras pequeñas y cooperativas mineras cuentan en el mejor de los casos sólo con centros de salud para atención de emergencias médicas que no revisten gravedad (Bocangel 2001).

Box 7. Ausencia de seguridad laboral en las cooperativas mineras Muchas de las operaciones de las cooperativas mineras se realizan en el Altiplano e involucran la explotación de desmontes abandonados bajo condiciones de trabajo muy riesgosas debido a la continua exposición a contaminantes (drenajes ácidos) y a la falta de cumplimiento de normas básicas de seguridad laboral.

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Escobari 2003 En las cooperativas mineras, la mayoría de los mineros continúan trabajando con barrenos y martillos de acero y sin máscaras de gas u otro equipo de seguridad. La selección de minerales en muchos de los centros se sigue haciendo a mano. El alimento esencial sigue siendo un bocado de coca que ayuda a mitigar el hambre y cansancio de las ocho horas mínimas de faena en los socavones.

Arequipa 2005 Según el tipo de minería, el servicio de salud pública varía. En los centros de minería estatal en proceso de cierre se evidencia un deterioro de las condiciones de la salud pública, principalmente en lo que se refiere a la disponibilidad de infraestructura y recursos humanos especializados. Los centros mineros transferidos al sector privado muestran relativas mejoras en los servicios de salud pública, respecto a la situación prevaleciente bajo administración estatal. En particular, se pueden ver mejoras en la infraestructura (Bernal 1999). Por otra parte, en la minería mediana se puede advertir una disminución del número de hospitalizaciones y un incremento del número de consultas externas. Según Bernal (1999), esto podría significar que: “ya sea se ha producido una racionalización de servicios, o se ha privilegiado la aplicación de políticas de salud preventivas en sustitución de políticas remediables, o bien ambas cosas, lo cual constituiría un cambio significativo en el campo de la salud pública en este tipo de minería”. En las operaciones mineras modernas ha habido un impacto positivo en la salud pública de las comunidades locales en las que estas operan (Bernal 1999). Bernal (1999) afirma que esto se debe principalmente a la provisión de servicios de salud extensivos a la comunidad, aunque el mayor impacto se puede ver en materia de salud ocupacional, en higiene y seguridad industrial, donde se ha logrado resultados importantes en comparación con los registrados en operaciones mineras bajo administración estatal.

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3. Los vacíos del sistema jurídico y los factores para su incumplimiento En los últimos cinco años se han dado importantes avances dentro de la legislación minera que introducen conceptos y procedimientos nuevos de desarrollo (Bocangel 2001). Actualmente, la actividad minera cuenta con un marco normativo que considera la protección ambiental y obliga a los concesionarios y a quienes realicen esta actividad a ejecutar sus trabajos de forma más integral, considerando, mitigando y previniendo el daño ambiental. Pese a esto, existen huecos y debilidades en el sistema que llevan al incumplimiento de estas normas. Como consecuencia, las actividades mineras se llevan a cabo a costa de la sostenibilidad ambiental, afectando el desarrollo socio-económico de las regiones mineras del país. Ante esta situación, varias instituciones han decidido en años recientes concentrar sus esfuerzos para desarrollar programas que buscan minimizar y prevenir los impactos de la actividad minera y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales en las regiones mineras del país.

3.1 Normativa Vigente que Regula Medidas de Mitigación o Prevención Ambiental en la Actividad Minera

La Ley del Medio Ambiente No. 1333 del 27 de abril de 1992, constituye el marco de protección legal al medio ambiente y tiene por objeto proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre en relación con la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población y garantizar el derecho que tiene toda persona a disfrutar de un ambiente agradable y sano (Noriega et al. 2007). Esta Ley es de carácter integral, globalizadora de la visión humana y las necesidades de supervivencia, cuidado y protección de la vida en relación al medio ambiente (Noriega et al. 2007). El artículo 20 de esta Ley hace mención a las actividades que degradan el ambiente y cada uno de los incisos tiene relación, directa o indirecta, con los daños que ocasiona la actividad minera. Los artículos 70, 71 y 72 de la Ley hacen referencia a los recursos minerales, estableciendo que su explotación debe desarrollarse considerando el aprovechamiento integral de la materia prima, el tratamiento y disposición segura de los desechos, el uso eficiente de energía y el aprovechamiento racional de los yacimientos. Por último, la Ley Ambiental en su capítulo V tipifica distintas conductas como delito ambiental relacionadas a la contaminación de agua (art.105) y el vertido de agua residuales no tratadas o arrojo de desechos, líquidos químicos o bioquímicos, en los cauces de agua o cuerpos de agua, capaces de degradar el agua y exceder los límites establecidos por reglamentación (art.107). En marzo de 1997 se promulga el Código de Minería conforme a la Ley No. 1777. Este Código establece en su artículo 1 que todas las sustancias minerales en su estado natural pertenecen al dominio originario del Estado y que por tanto, su concesión está sujeta a las normas de este código. Por otro lado, el código también establece que las actividades mineras son proyectos de interés nacional, en otras palabras son de importancia para el bien colectivo de todos los ciudadanos que componen la nación. Esto por un lado, significa que los operadores deben operar de forma integral, protegiendo el medio ambiente que es propiedad de todos (Noriega et al. 2007), pero por otro lado, crea una serie de incertidumbres en cuanto a la propiedad y otros derechos preconstituidos, ya que permite que las actividades mineras se realicen tanto al interior de propiedades/tierras agrícolas

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como forestales, así como de Territorios Comunitarios de Origen (TCOs) (FOBOMADE 1999)4. El Código Minero contiene consideraciones ambientales que las concesiones y proyectos mineros deben acatar. Por ejemplo, el artículo 45 del Código de Minería obliga a los concesionarios y a quienes realicen actividades mineras a ejecutar sus trabajos utilizando métodos y técnicas compatibles con la protección del medio ambiente, evitando daños al propietario del suelo y a los concesionarios colindantes y vecinos. Más aún, el artículo 85 del capítulo referente al medio ambiente en el Código Minero, establece que los concesionarios u operadores están obligados a controlar todos los flujos contaminantes que se originan dentro del perímetro de sus concesiones, así como en sus actividades mineras. El artículo 86 los obliga a mitigar los daños ambientales que se originan en sus concesiones y no así los daños (pasivos ambientales) producidos con anterioridad a la vigencia de la ley del Medio Ambiente o a la fecha de la obtención de la concesión minera si ésta fuese posterior, siempre y cuando realicen una auditoria ambiental (art. 87º). En caso de haber hecho una auditoria ambiental, el Estado es el encargado de remediar y mitigar los daños por pasivos ambientales. El concesionario u operador que no realiza la auditoria ambiental, asume la responsabilidad de mitigar todos los daños ambientales producidos en sus concesiones y actividades mineras, incluyendo los pasivos ambientales. La necesidad de una eficaz aplicación del Código de Minería y la Ley Ambiental, llevó a que en junio de 1997 se promulgue bajo Decreto Supremo 24782 el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), en el cual se integran normas técnicas y reglamentarias para la gestión ambiental minera. Según el artículo 4 del RAAM, cada una de las operaciones y concesiones mineras debe contar con una Licencia Ambiental (FA, DIA, EEIA, DAA) para la realización de sus actividades. El Reglamento también obliga a los concesionarios a llevar a cabo una Auditoria de Línea de Base para controlar los flujos contaminantes que se originan en sus concesiones y los hace sujetos a otros reglamentos en materia de contaminación ambiental. Sin embargo, no establece las sanciones que se debe imponer a los concesionarios por las acciones u omisiones en las que incurren, debiendo remitirse al Reglamento de Gestión Ambiental para su aplicación. Para la evaluación de impacto ambiental (EIA) de proyectos, obras o actividades mineras, se requiere una ficha ambiental (FA). Este es un documento técnico que permite identificar la categoría del estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA) a ser realizado. Para las categorías 1 y 2 se procede una declaratoria de impacto ambiental, mientras que para las categorías 4 y 3 una dispensación ambiental. El EEIA es un estudio destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, mantenimiento, cierre, rehabilitación y post-cierre de una actividad minera. La Licencia Ambiental que se otorga, se denomina declaratoria de impacto ambiental (DIA). La autoridad nacional competente de hacer cumplir y/o modificar estas normas es la institución del poder ejecutivo (Ministerio o Viceministerio). La autoridad competente a nivel departamental es la Prefectura, que es responsable de la gestión ambiental y de aplicar la política ambiental en el departamento de su jurisdicción. En este sentido, la Prefectura ������������������������������������������������������

4 Tomando en cuenta sólo 8 TCOs del oriente boliviano, las concesiones mineras superpuestas a sus territorios abarcan un total de 575 153 ha (De Vries 1998, citado en FOBOMADE 1999).

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revisa la ficha ambiental (FA), define la categoría del estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA) y otorga el certificado de dispensación cuando corresponda (Jordán 2007). También puede expedir, negar o suspender la declaratoria de impacto ambiental (DIA), la declaratoria de adecuación ambiental (DAA) y, en una función superpuesta con las alcaldías, velar por el cumplimiento de los límites permisibles de contaminación ambiental (Jordán 2007). A nivel local, la autoridad competente es el Gobierno Municipal, cuya función principal es controlar y monitorear las actividades que afectan o tengan el potencial de afectar al medio ambiente y los recursos naturales (Jordán). Finalmente, el organismo sectorial competente (OSC) es el encargado de realizar o proponer normas técnicas sobre límites permisibles, políticas y planes sectoriales o multi-sectoriales ambientales, de otorgar la FA y de evaluar el proceso de los EEIA y manifiestos ambientales (Jordán 2007). Además de las normas descritas arriba, existen otras normas que influyen en las actividades mineras del país:

� Artículo 171 de la Constitución Política del Estado � Disposiciones pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo ratificado

por Ley 1257 de 11 de julio de 1991

� Reglamentos a la Ley de Medio Ambiente aprobados por Decreto Supremo Nº 24176 en diciembre de 1995

� Reglamento General de Gestión Ambiental � Reglamento de Prevención y Control Ambiental � Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica � Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica � Reglamento para Actividades con Substancias Peligrosas � Decretos Reglamentarios de la Ley 1606 � Decreto Supremo 24049 Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 29 de junio de 1995 � Decreto Supremo 24050 Régimen complementario a Impuesto al Valor Agregado

(RCIVA) de 29 de junio de 1995 � Decreto Supremo 24051 Impuesto sobre las utilidades de las empresas de 29 de

junio de 1995 � Decreto Supremo 24780 de 31 de julio de 1997, del cumplimiento de pago de

patentes mineras y obligaciones tributarias � Decreto Supremo 24785, de la puesta en vigencia la Política Nacional de

Cofinanciamiento

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� Decreto Supremo 25419 de 11 junio de 1999, primer plazo de presentación de Manifiestos Ambientales para el sector minero

� Decreto Supremo 25877 del 24 de agosto de 2000, último plazo de presentación de

Manifiestos Ambientales para el sector minero Pese a existir un abanico de normas que regulan la actividad minera y su desempeño ambiental, la contaminación ambiental generada por esta actividad sigue creciendo y acumulándose al pasar de los años, con efectos negativos en la sostenibilidad ambiental y en la salud humana. Las principales causas para el incumplimiento de normas se describen en la siguiente sección.

3.2 Las Falencias e Incumplimientos de la Normativa A pesar de que existe un sistema jurídico ambiental que regula la actividad minera, muchas empresas mineras hacen caso omiso a sus disposiciones: Los flujos contaminantes no son controlados, muchas no cuentan con una licencia ambiental, los lugares aledaños a las operaciones mineras se encuentran contaminados por los desechos minerales y la calidad ambiental, cada vez más degradada, repercute en las condiciones de vida y factores productivos de las comunidades locales. Son varios los factores que inciden en el incumplimiento de las normas por parte de los operadores mineros. Por un lado, existen contradicciones, debilidades y vacíos en el marco normativo que dificultan la aplicabilidad de las regulaciones y las sanciones a su incumplimiento. Por otro lado, la falta de recursos financieros, la complejidad y dispersión de las normas del sistema, la falta de recursos humanos, las falta de equipo adecuado, la falta de comunicación y transparencia y la falta de propuestas consensuadas inciden directa o indirectamente en el desempeño ambiental de la actividad minera. En el marco legislativo del sector minero existe una dispersión de normas que induce a una inadecuada aplicación de las leyes, resultando en sanciones poco efectivas para penar la conducta antijurídica (Noriega et al. 2007). Por ejemplo, tanto el Código Minero como el RAAM, hacen referencia a los Reglamentos Ambientales y a la Ley Ambiental para el desarrollo y cumplimiento legal de las actividades mineras, pero no establecen directamente sanciones por incumplimiento, ni límites permisibles de contaminación por actividades mineras por estar éstos contenidos en estos otros documentos legales. Esta dispersión de las normas que regulan la actividad minera y se traducen en una serie de reglamentos y leyes que determinan sus operaciones y desempeño ambiental, dificulta su aplicabilidad y la implementación de sanciones. Esta situación se agrava cuando las leyes y reglamentos que regulan la actividad minera se contradicen. Por ejemplo, el Código Minero permite que las actividades mineras se realicen en áreas protegidas cuando un EIA establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de los objetivos de protección del área. Esto se contrapone al cuerpo normativo de áreas protegidas que en la mayoría de los casos prohíbe expresamente este tipo de actividades por representar una amenaza para la biodiversidad y la estabilidad del ecosistema (FOBOMADE 2006). El Código de Minería también establece que las acciones por daños al medio ambiente originados por actividades mineras prescriben en el plazo de tres años, lo cual se contrapone a la ley Ambiental 1333. Más aún, el Código de Minería define a la actividad minera como proyecto de interés nacional, lo que implica que tiene

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derecho sobre otros derechos, como por ejemplo la propiedad y uso de tierra, agua, leña, etc. Según el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (2006), la utilización de los recursos minerales debería someterse a la legislación perspectiva y ser consensuada con los receptores de los impactos por su utilización bajo el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de la misma forma que los derechos mineros deberían someterse a la expropiación y servidumbres. Figura 3-1 Concesiones Mineras en Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias de Origen

Elaboración propia. En pocas palabras, se podría decir que el Código Minero, como una Ley Sectorial, se sobrepone y/o contradice a las normas ambientales en el país y por ende genera fallas en el sistema que entorpecen su cumplimiento. En la actualidad, concesiones mineras en el país se sobreponen a Áreas Protegidas como el Madidi, San Matías, Apolobamba y Pilón Lajas y TCOs como Tacana, Chimán Multiétnico, Guarayos, Monteverde, Lomería, Baure, Uro Murato, Santa Teresita, Lecos Apolo, Lecos Larecaja y Zapoco (ver Figura 3-1). Otra debilidad que presenta el marco normativo para el sector minero en Bolivia, es la poca o nula aplicabilidad de la normativa ambiental vigente para la minería pequeña. En el marco jurídico del Código de Minería y el RAAM no se toman en cuenta las diferencias de tipo de minería que existen dentro de la pequeña minería. Ambas normas jurídicas hacen referencia tan sólo a concesionarios y operadores mineros y no consideran aspectos técnicos para clasificar por magnitud a la minería del país (Bocangel 2001). Según Bocangel (2001) y Romero (2006), la norma vigente no aplica a la pequeña minería debido a factores como 1) la ausencia de una política de incentivos económicos por parte del Gobierno Nacional y de orden legal en el Código Minero relacionada a la protección del medio ambiente, 2) la distancia de las operaciones de la pequeña minería a los centros urbanos que dificultan las visitas y las acciones de fiscalización del escaso personal administrativo con que cuentan las Unidades Sectoriales de Medio Ambiente, 3) la falta de capital/financiamiento para que las operaciones de pequeña minería puedan absorber los costos asociados al proceso de obtención de una Licencia Ambiental, y 4) la informalidad de la minería pequeña que

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involucra cierres temporales de operaciones sin fechas definidas, cambio de dirigentes, una administración poco transparente y falta de organización. Además de las debilidades de la normativa ambiental minera, existe una serie de factores que repercuten en el cumplimiento de la misma: 1) la falta de inventarios y equipos limitan la habilidad de las autoridades pertinentes a hacer cumplir las normas. Según Jordán (2007), el Estado no cuenta con un inventario de recursos y su estado de conservación/degradación ambiental, ni con los medios técnicos y equipos para realizar el monitoreo ambiental, “limitándose a exigir el cumplimiento formal de los instrumentos de gestión sin comprobar empíricamente ni siquiera el contenido de las declaraciones juradas que sirven para obtener las licencias ambientales”; 2) las autoridades competentes no cuentan con los recursos humanos suficientes para poder hacer cumplir las normas, lo que impide realizar inspecciones, controles, seguimiento y dar el apoyo técnico necesario para poder hacer cumplir las normas ambientales; 3) las limitaciones presupuestarias, tanto de las autoridades competentes, como de las operaciones mineras, representan un obstáculo ante la necesidad de contar con apoyo técnico, capital y tecnología para implementar medidas de protección ambiental y control de pasivos ambientales. Por lo general, las inversiones de las empresas mineras no consideran el costo del impacto ambiental y las medidas necesarias para su mitigación, 4) la pobreza en las regiones mineras es un factor determinante para la explotación irracional y rudimentaria que causa un alto impacto ambiental. Ante la necesidad de generar los ingresos para su subsistencia, los trabajadores mineros de la pequeña minería explotan bajo una visión económica de corto plazo, que busca retornos inmediatos. En este sentido, proteger el medio ambiente implica no sólo un costo de alto impacto en sus ingresos y por ende en su calidad de vida, pero además una visión (de largo plazo) que no cabe en su racional de subsistencia cotidiana; 5) la falta de conciencia sobre el daño ambiental de las actividades mineras, tanto por parte de las empresas mineras como por parte de las comunidades locales y las autoridades. La falta de conciencia e información sobre el daño ambiental resultan en una ausencia de voluntad y presión por implementar medidas para detener el proceso de contaminación; 6) la falta de estudios más detallados que midan en términos económicos los daños ambientales y económicos y los efectos en salud ocasionados por la actividad minera, no permiten conocer la verdadera magnitud del impacto ambiental minero y generar acciones más agresivas para su mitigación y 7) la falta de información y capacitación sobre la normativa ambiental, repercute en la omisión y violación de sus disposiciones por parte de las operaciones mineras y en la baja participación de la sociedad civil local para defender sus derechos a un medio ambiente saludable que beneficie sus actividades productivas (Bocangel 2001, Jordán 2007, Zapata 2007).

Box 8. Es en realidad un problema de presupuesto En el 2004, las exportaciones por minerales en Bolivia crecieron en 32% con respecto al año anterior, por un total de US$ 264 millones, sin embargo, el porcentaje de inversión para mitigar el daño ambiental por minería no se acerca ni al 10% de esa ganancia. La reparación ambiental para los niveles actuales de explotación necesita un presupuesto de por lo menos $10 billones, un presupuesto actualmente imposible de absorber para la economía Boliviana. ”

Arequipa 2005

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Pese a estas dificultades, el gobierno, actores de la academia y la sociedad civil, cada vez reconocen más la estrecha relación entre degradación ambiental y problemas de pobreza e inequidad, por lo que han empezado a priorizar la problemática ambiental en sus agendas políticas, entendiendo que una buena gobernabilidad incluye una economía estable como un instrumento para alcanzar desarrollo sostenible y no como una meta en sí (UNO 2007). En este contexto, se han comenzado a desarrollar en años recientes una serie de programas e iniciativas para promover un desarrollo más sostenible del sector minero reduciendo su impacto socio-ambiental. La siguiente sección describe algunos de estos programas y da a conocer las principales propuestas para enfrentar la situación actual de contaminación ambiental que genera el sector minero en el país.

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4. Enfrentando la Situación: Responsabilidad Ambiental y Responsabilidad Social en las Operaciones Mineras En las dos últimas décadas han empezado a surgir nuevas tendencias y enfoques respecto a la minería con el fin de promover un desarrollo más sostenible de esta actividad, reduciendo el impacto ambiental, promoviendo un uso más eficiente de los recursos naturales, introduciendo medidas y tecnologías más limpias y eficientes y logrando una aproximación de esta actividad con las expectativas de las comunidades locales cercana a las operaciones mineras. Dentro de estos enfoques se desarrollan los conceptos de responsabilidad ambiental y responsabilidad social en el sector minero. Esta sección presenta algunos programas que promueven la aplicación de estos conceptos y expone varias propuestas que buscan mejorar el desempeño ambiental del sector minero.

4.1 Programas que Promueven Manejo y Protección Ambiental en el Sector Minero

Los programas que se describen a continuación se han desarrollado en años recientes y a pesar de tener distintos enfoques, todos tienen como objetivo mejorar el desempeño ambiental en el sector minero. Al final de esta sección también se presentan algunos ejemplos de responsabilidad social en el sector minero, un concepto que ha empezado a tomar importancia en la última década. Fundación MEDMIN: Medio Ambiente Minería e Industria La Fundación MEDMIN fue creada por la Cooperación Suiza (COSUDE) y opera en Bolivia desde 1994. El enfoque de la organización es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible mediante el fomento de servicios ambientales dentro de los sectores productivos con énfasis en la pequeña minería y minería artesanal. La Fundación trabaja a través de consultarías participativas, capacitación y asistencia técnica mediante la implementación de tecnologías y medidas ambientales para mejorar el rendimiento y el desempeño ambiental en los sectores productivos. MEDMIN ha concentrado esfuerzos en la pequeña minería del oro debido al uso indiscriminado del mercurio, un metal pesado altamente contaminante en este sector. El mercurio es utilizado en las diferentes fases de la recuperación del oro y su manipulación no considera ningún tipo de cuidado. Generalmente, la separación de oro de la amalgama se la realiza mediante la quema directa de la misma, práctica que no solamente contamina al medio ambiento sino que afecta la salud humana. Para esto MEDMIN ha diseñado y ejecutado una serie de medidas ambientales para evitar el uso de mercurio en flujo abierto y para eliminar la quema de amalgama al aire libre. Entre éstas, se ha introducido y difundido la retorta con la cual se recupera el mercurio para su reutilización. Este mecanismo, además de tener efectos positivos para el medio ambiente y para la salud, significa un ahorro para las operaciones mineras auríferas. La Fundación MEDMIN participó en 1995 en la revisión y complementación de los Reglamentos de la Ley Ambiental bajo un convenio institucional con el Ministerio de Minería y Metalurgia. Bajo este mismo convenio, la Fundación MEDMIN trabajó el 2006 en el Programa de Educación y Promoción Ambiental Escolar (PEPME) diseñado para los municipios mineros de de Colquiri (La Paz) y Poopó (Oruro). Dicho programa fue ejecutado bajo el Plan de Acción Ambiental Municipal para cada uno de los municipios. El PEPME es

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un programa que busca desarrollar buenas prácticas ambientales en los estudiantes, profesores y directores de las escuelas en estos municipios, generando conciencia, compromiso y toma de decisiones para solucionar problemas ambientales a través de metodologías participativas que promueven el trabajo colectivo entre diferentes actores. El Proyecto CIMA: Centro de Investigación Minero Ambiental En convenio con la Agencia de Cooperación del Japón (JICA) se estableció el 2002 el Centro de Investigación Minero Ambiental, con una inversión de US$ 5 millones y con la coordinación de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) y la Prefectura del Departamento de Potosí. El objetivo del centro es evaluar la contaminación de agua generada por las actividades mineras en Bolivia y establecer y difundir políticas y tecnologías para prevenir y controlar esta contaminación. Durante cinco años, a partir de su establecimiento, el centro efectuará estudios sobre los factores y niveles de contaminación – a través de estudios ambientales, tratamiento de aguas residuales de las minas, análisis químico, etc. – y sobre esa base definirá las acciones que deben ejecutarse para frenar y superar los problemas de contaminación. Producción Más Limpia en la Minería: Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles El Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles, financiado por la Embajada de Dinamarca y la Agencia de los EUA para el Desarrollo Internacional (USAID), llevó a cabo el 2006 un Diagnóstico de Producción más Limpia (DPML) en cuatro ingenios procesadores de minerales en la cuenca La Ribera, en la ciudad de Potosí. Con base en los resultados del DPML, el CPTS concluye que existen tres obstáculos claves para el desempeño sostenible del procesamiento de minerales en el país: 1) la aplicación deficiente de las tecnologías actualmente disponibles para el procesamiento de minerales, que se refleja en un bajo rendimiento y en el desecho innecesario de minerales 2) el uso de tecnologías deficientes para la eliminación de las colas, y 3) el poco abordaje de los problemas ambientales por parte del gobierno. Con base en este diagnóstico, el CPTS está trabajando en el desarrollo de una estrategia a ser implementada en toda la región andina que busque abordar estos obstáculos, introduciendo tecnologías y procesos más eficientes para la recuperación de minerales bajo el concepto de producción más limpia (PML)5. Prevención, Control y Mitigación de la Contaminación del Sector Minero: COMIBOL La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), con la Cooperación del Reino de Dinamarca, está ejecutando el Programa de Prevención y Mitigación de la Contaminación en el sector Minero. El programa inició el 2001 en las minas del sur de Bolivia y comprende actividades destinadas a la prevención, control y mitigación ambiental de los impactos generados por los pasivos ambientales de esas minas. El primer proyecto, concluido en

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5 Ruiz, A. (2007, noviembre 29). Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). Entrevista personal.

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diciembre de 2002, se realizó en la mina de Tatasi, eliminando el arrastre de sólidos (colas) por las aguas del río Tatasi que es tributario de los ríos que desembocan al Pilcomayo. A fin de dar continuación a este programa en los centros mineros administrados por la COMIBOL e institucionalizar el tema ambiental en sus actividades, la COMIBOL ha establecido su Dirección de Medio Ambiente (DMA) en el 2002. Bajo el Programa de Prevención y Mitigación de la contaminación, la DMA ha completado 2 proyectos y ejecuta actualmente varios proyectos que pretenden controlar los aportes de contaminantes al río Pilcomayo y favorecer a las comunidades locales aledañas.

Box 9. Proyecto de mitigación ambiental ejecutado en Telamayu En el centro minero de Telemayu se encuentran dos de los depósitos catalogados entre los de mayor envergadura en Bolivia, con 5.38 millones de Toneladas. Esos depósitos constituían uno de los mayores focos de contaminación en Potosí aportando a la contaminación del río Cotagaita, tributario del río Pilcomayo. Los taludes de los diques de colas tenían inclinaciones prohibitivas y estaban en riesgo de perder estabilidad por estar propensos a un alto grado de erosión. Más aún, la cantidad de colas expuestas generaban contaminación atmosférica, olores desagradables y drenaje ácido de roca. El material de colas era arrastrado y llegaba hasta el lecho del río, donde reaccionaba formando aguas ácidas. La cercanía de los diques a las poblaciones vecinas de Atocha y Telamayu ocasionaban impactos ambientales y efectos negativos en la salud, en particular en la de los niños, pues éstos debían transitar cada día por encima del material de las colas del Dique Antiguo para acceder a la población principal de Atocha. También animales tenían contacto directo con el material de colas contaminante. Alrededor de 8 000 habitantes de las poblaciones de Atocha, Telamayu y Cotagaita estaban afectados por estos pasivos ambientales. Para resolver este problema, el proyecto llevado a cabo por la DMA de la COMIBOL estabilizó y mejoró las pendientes de ambos diques y diseñó un sistema de cobertura para minimizar la infiltración de agua a las colas, reduciendo la formación de aguas ácidas y la generación de polvo y evitando la erosión y el arrastre de las colas. De esta forma, también se mejoró la estética y el paisajismo de los diques. La inversión total de las obras fue de US$ 1 millón. Las obras de control y mitigación ejecutadas en los diques no sólo tienen un impacto positivo en la calidad ambiental, pero también en las relaciones entre los campesinos agricultores, la población local y los trabajadores mineros, así como en la calidad de los medios de vida de las poblaciones situadas cuenca abajo del río Pilcomayo.

Dirección de Medio Ambiente, COMIBOL 2007

Por último, la COMIBOL ha diseñado un Sistema de Priorización de Proyectos de Inversión aplicado a sus centros mineros con el objetivo de evaluar en forma prioritaria las operaciones mineras que presentan mayores impactos físicos, químicos y socio-económicos. Identificados como prioritarios hasta el momento se hallan los centros mineros de Matilde, Colquechaca, Colavi y Unificada, donde la DMA ya ha realizado la caracterización física, química y socio-económica, además del análisis de riesgos. La DMA ha identificado obras de prevención, control y mitigación ambiental necesarias en estos centros que serán

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desarrolladas durante las gestiones 2007 y 2008. Entre 2008 y 2010, la DMA pretende intervenir en alrededor de 20 centros mineros (COMIBOL 2007). Proyecto Caminar: proyecto Trinacional entre Perú, Bolivia y Chile El Proyecto Caminar (Catchment Management and Mining Impacts in Arid and Semi Arid South America) es un proyecto trinacional entre Perú, Bolivia y Chile, a cargo, en Bolivia, de la Universidad Mayor de San Andrés y el Centro de Estudios Ecológicos y de Desarrollo Integral (CEEDI) bajo la coordinación de la Universidad de Newcastle en Inglaterra. La duración del proyecto es de tres años y el financiamiento del mismo, cubierto por la Comisión Europea, es de US$ 2.4 millones. La idea del proyecto es estructurar en cada país un grupo de diálogo, entre instituciones públicas, privadas y sociedad civil, acerca de la problemática minera. El objetivo es desarrollar alternativas de política, estrategias y tecnologías para el manejo sostenible de cuencas afectadas por la minería en regiones áridas y semiáridas de Sudamérica, centrándose en tres cuencas de demostración en Perú, Bolivia y Chile. Para esto, CAMINAR pretende: 1) establecer foros de diálogo sobre los impactos de la minería y el manejo del agua en cuencas áridas y semiáridas en cada país y a nivel regional, 2) evaluar críticamente la efectividad de las regulaciones existentes para la minería con estudios de caso en cuencas áridas y semiáridas seleccionadas en Perú, Bolivia y Chile, 3) desarrollar guías de manejo para la gestión integrada de recursos hídricos y ecosistemas en zonas áridas y semiáridas de Sudamérica con énfasis en mitigación de impactos mineros, 4) desarrollar herramientas de decisión para la planificación participativa de la gestión del agua en tales cuencas, y 5) proponer un grupo de principios para un futuro desarrollo e implementación de políticas para la protección de ecosistemas frágiles y las comunidades humanas vulnerables en regiones áridas y semiáridas. Además de programas que buscan mejorar el desempeño ambiental de la actividad minera, existen programas desarrollados por operadores mineros que buscan promover el desarrollo socio-económico de las comunidades aledañas a sus operaciones, mejorar sus relaciones con los pobladores locales y capacitar sus trabajadores para lograr un desempeño más responsable tanto a nivel social como ambiental. Los siguientes cuadros ejemplifican dos proyectos mineros que han integrado en sus operaciones el concepto de Responsabilidad Social.

Box 10. Minería con responsabilidad social En los últimos años, la expansión de la empresa minera Cumbre del Sajama S.A., le ha permitido a esta empresa incluir en sus operaciones el componente de “Responsabilidad Social”. Desde el 2001, la empresa minera desarrolla un proyecto de capacitación para los operadores mineros y las comunidades aledañas bajo un programa llamado “Escuela Piloto para Cooperativas Mineras”. Los temas de capacitación para operadores mineros son:

� Laboreo de minas � Seguridad laboral � Medio ambiente (minero y comunitario) � Administración, contabilidad y comercialización � Prevención, manejo y solución de conflictos � Fortalecimiento de las organizaciones

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Los talleres que la empresa realiza en las comunidades aledañas a sus operaciones mineras buscan fortalecer las capacidades de los pobladores locales para efectuar pequeños emprendimientos, ofrecer servicios a las operaciones mineras, mejorar el nivel de ingreso familiar, fortalecer sus organizaciones y otros. En general, los talleres intentan aportar al desarrollo socio-económico de la región. Los temas de capacitación incluyen:

� Organización de micro-emprendimientos productivos en las comunidades � Elaboración de planes de negocios � Prevención y respuesta a emergencias y desastres naturales � Prevención, manejo y resolución de conflictos

A través de este programa, la empresa busca preservar el capital social y minimizar las diferencias entre pobladores de las comunidades aledañas y la empresa, logrando una sinergia que permita encarar el desarrollo sostenible en forma PRACTICA.

Cumbre del Sajama 2006

Box 11. Una alianza estratégica y un proyecto integral Respondiendo al programa de gobierno del Presidente de la República Evo Morales Ayma, el Ministerio de Minería y Metalurgia inauguró el Proyecto Minero San Bartolomé, considerado uno de los proyectos estrella dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. San Bartolomé es el primer proyecto minero en Bolivia que establece una alianza estratégica entre una empresa minera inversionista y operadora, las cooperativas mineras de Potosí, la COMIBOL, las comunidades originarias aledañas al proyecto y la ciudadanía potosina. El objetivo de la alianza es integrar la actividad productiva minera con las metas de desarrollo humano sostenible en Potosí. Como política de sus relaciones con la comunidad, el proyecto busca integrar diferentes sectores sociales, participando activamente en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. La relación con la comunidad se estableció en un primer lugar a través de la consulta pública que formó parte de la EIA y se afianzó con el programa de comunicación e información sobre las características del proyecto, su impacto, sus beneficios y oportunidades de desarrollo sostenible. La población de la ciudad de Potosí, al estar siendo informada de forma directa y permanente sobre el proyecto, está asimilando y percibiendo los beneficios de esta actividad tanto en relación a la generación de empleo como al efecto multiplicador que genera nuevas actividades económicas. Las mayores preocupaciones de las comunidades locales aledañas al proyecto son trabajo para su gente y la consolidación de sus derechos de propiedad. En este sentido, el compromiso de la empresa es generar trabajos para la población local y el respeto a su derecho propietario, legalmente sustentado en la expropiación concertada, cuyo documento señala que al cierre del proyecto las tierras serán devueltas a la comunidad. En el 2007, junto al inicio de las obras de construcción del proyecto, se promovió entre las comunidades la formación de microempresas para que presten servicios de diferente magnitud al proyecto. Los resultados fueron excelentes, obteniendo varios proyectos que proveen materiales de construcción a la empresa.

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Finalmente, la empresa, en alianza con las instituciones mencionadas previamente, destinará recursos económicos para la población a través de una fundación si fines de lucro (FUNDESPO). De esta forma, la población podrá acceder a financiamiento para proyectos productivos sostenibles, principalmente orientados a la platería, el turismo, medio ambiente y conservación. Paralelamente, la empresa está trabajando en la elaboración de un Plan de Desarrollo Originario Sostenible, orientado a asegurar que los proyectos y actividades planificados por la población local sean sostenibles, mismo después del cierre de la empresa.

Energía, Minería y Construcción 2006 y 2007

4.2 Propuestas para un Desarrollo más Integral de la Actividad Minera en Bolivia

Las actividades mineras son susceptibles a generar impactos ambientales negativos sobre el medio físico y biótico por su naturaleza extractiva e industrial, que a la vez pueden repercutir en las actividades económicas de las comunidades locales y en la salud de sus pobladores. Sin embargo, existen iniciativas y medidas que pueden prevenir o controlar estos procesos y sus asociados impactos. Dichas estrategias tienen un costo que debe ser internalizado al proceso productivo o bien absorbido a través del apoyo interinstitucional de manera que la actividad minera se desarrolle de una forma más integral, respectando el ambiente y el cumplimiento de normas ambientales e impactando positivamente en el desarrollo socio-económico de las comunidades locales. Si estas estrategias fueran implementadas, la actividad minera podría jugar un rol protagónico en el desarrollo humano de las regiones mineras del país, que actualmente son las más pobres. Esta sección describe algunas estrategias que han sido propuestas por diferentes organizaciones en el país.

4.2.1 Facilitando la Gestión Ambiental Como se pudo ver anteriormente, el sector minero que causa el mayor impacto ambiental es la pequeña minería, dadas las condiciones de explotación y el limitado capital con el que cuentan estas agrupaciones mineras de baja productividad. En este sentido, estrategias enfocadas a facilitar la gestión ambiental en este tipo de minería podrían tener un importante impacto en la mitigación y prevención del daño ambiental causado por el sector minero. Según Sanabria6 de la Dirección de Medio Ambiente de la COMIBOL, una forma de apoyar a la pequeña minería en su gestión ambiental, es facilitando el proceso de obtención de la licencia ambiental, cuyos costos son difíciles de absorber para este tipo de operaciones. Sanabria afirma que el tiempo y los costos destinados a burocracia administrativa para la obtención de una LA podrían ser parcialmente absorbidos por el Estado si éste se encargase de llevar a cabo una parte del proceso. Uno de los componentes más costosos en el proceso es la contratación de una consultora para la evaluación del área que permita a la Prefectura definir la categoría del estudio de evaluación de impacto ambiental. Sanabria propone que, al igual que el sistema nacional que tiene pre-clasificado el tipo de EIA que debe seguir cada tipo de industria, el gobierno – SERGEOTECMIN podría ser la instancia adecuada –

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realice una clasificación previa de las categorías de EIA a nivel nacional que debería seguirse según el área de intervención y el tipo de minería. Chile ya realizó una clasificación similar para cada región de su país, lo que permite a los proyectos saber exactamente que tipo de EIA llevar a cabo de acuerdo a la región donde se instalan y su tipo de actividad. Una pre-clasificación que defina la categoría de EIA a realizar, sin la necesidad de contratar una consultora para que lleve acabo el estudio que permita definir la categoría, facilitaría el proceso de obtención de una LA, pues disminuiría sustancialmente los costos y reduciría el tiempo necesario para completar este proceso. Ahora bien, por más que esta propuesta facilita la obtención de una licencia ambiental, no facilita necesariamente su cumplimiento. Para este aspecto es necesario contar con apoyo técnico y tecnologías más accesibles que puedan ser utilizadas por operaciones de bajo capital operativo. Ante esta situación, el Ministerio de Minería y Metalurgia ha delineado un plan estratégico para el mejoramiento del desempeño ambiental de la minería pequeña, cooperativista y artesanal, basado en 1) asistencia técnica, 2) capacitación a operadores de ingenios, 3) identificación y formulación participativa de medidas de mejoramiento productivo y mitigación ambiental, y 4) la implementación de un programa de adecuación ambiental a través de proyectos piloto de diseño, construcción y operación de diques de colas integrados a circuitos de tratamiento de minerales adaptados a la realidad socio-económica de la pequeña minería. El programa de retención y almacenamiento de colas permitirá reducir la contaminación de aguas en un 90%, por lo que su aplicación puede considerarse una prioridad sectorial. Además de este apoyo, el desempeño ambiental de la pequeña minería podría mejorarse a través de la introducción de una política de incentivos económicos por parte del Gobierno Nacional y de orden legal en el Código Minero relacionada a la protección del medio ambiente. Complementado el proceso de adopción de tecnologías más eficientes y accesibles, el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS) propone la implementación de procesos y tecnologías bajo el concepto de producción más limpia, que no sólo permite a las operaciones mineras mejorar su desempeño ambiental, sino también generar ahorro en material, agua y energía, resultando en un doble beneficio. En primer lugar, el CPTS propone la introducción de tecnología que permiten aumentar la recuperación de minerales en los ingenios mineros, elevando el nivel de rendimiento de un 40-45% a un 50-60%7, disminuyendo los desechos de minerales y por lo tanto los metales contaminantes en las colas. En segundo lugar, propone desarrollar tecnologías de producción más limpia para el procesamiento de las colas, a través de un sistema de flotación, con el fin de reducir las colas con potencial de contaminación ambiental e incrementar los ingresos de las operaciones mineras por la recuperación de otros metales en las colas que actualmente no son recuperados. El CPTS ha calculado que aplicando estas tecnologías, se puede llegar a un ahorro de energía, material y agua estimado alrededor de US$ 1 millón para un tamaño de empresa de aproximadamente US$ 7-8 millones8.

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7 Ruiz, A. (2007, diciembre). Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). Entrevista personal.

8 Ruiz, A. (2007, diciembre). Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). Entrevista personal.�

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4.2.2 Generando Conciencia Ambiental y Responsabilidad Social Para generar conciencia ambiental y que este tema gane prioridad en la agenda política del país y se transversalice en el desarrollo de las actividades económicas de la sociedad civil, es necesario 1) dar a conocer los resultados de estudios de diagnóstico ambiental, 2) profundizar los estudios con evaluaciones más detalladas y específicas, 3) sensibilizar a la sociedad acerca de los problemas ambientales y la importancia de mantener una calidad ambiental que permita contar con los medios para un desarrollo sostenible, y 4) socializar la normativa ambiental. Pese a que existen varios estudios que miden los impactos ambientales y sociales negativos causados por la actividad minera, existen vacíos importantes que de poderse completar, los resultados podrían generar un mayor impacto en el interés por detener el proceso de degradación ambiental. Por un lado, faltan estudios económicos que moneticen las pérdidas y daños causados por la actividad minera, lo cual serviría de base para entender, en términos de mercado, la gravedad del problema. Por otro lado, faltan estudios que miden el efecto que tienen las actividades mineras en la salud humana, pues pese a que existen estudios que establecen correlaciones, falta estimar la intensidad y la magnitud del problema. La información que existe sobre la contaminación ambiental debe difundirse, tanto a nivel local como entre las autoridades y las operaciones mineras. Existe una falta de comunicación y conocimiento de los efectos negativos en el medio ambiente y sus repercusiones en el desarrollo socio-económico de las regiones mineras que debe darse a conocer al público en general, para que de esta forma este tema sea debatido públicamente y gane prioridad en las agendas de las autoridades tanto a nivel regional como local. De la misma forma, se debería socializar la Ley Ambiental, sus Reglamentos y el Código Minero entre las comunidades locales en las regiones mineras del país, para que éstas se organicen y puedan defender sus derechos a una mejor calidad ambiental. Más aún, esto permitirá crear una plataforma de debate entre la población local, los operadores mineros y las autoridades para que entre los diferentes actores se desarrollen propuestas consensuadas orientadas a mitigar el problema de contaminación. Por otro lado, el desarrollo de una responsabilidad social en el sector minero, es tan importante como el desarrollo de una conciencia ambiental, pues el desarrollo económico de las comunidades aledañas a las operaciones mineras está estrechamente influenciado por esta actividad. Es importante poner más énfasis en 2) reducir el efecto negativo de la actividad minera en las actividades productivas de las comunidades locales que no trabajan en este sector, 2) mejorar las condiciones laborales y capacidades de los operadores mineros y 3) utilizar las actividades mineras como fuentes de desarrollo integral para las comunidades aledañas. En respecto al impacto social de la actividad minera en el país, la Organización Latinoamericana de la Minería (OLAMI) llevó dos seminarios internacionales sobre el tema, concluyendo que los operadores mineros no sólo deben contar con una licencia ambiental, pero además con una licencia social, en donde estén involucrados los productores de las comunidades y los representantes de los consumidores con el fin de mitigar al máximo el impacto y hallar alternativas conjuntas (Noriega et al. 2007). En este contexto, es importante posicionar el concepto de Responsabilidad Social en la minería a través de un proceso de comunicación transparente orientada a mejorar las relaciones entre las comunidades locales y las operaciones mineras. “Dado que los operadores mineros

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realizan sus actividades en el contexto de la comunidad, para que estas operaciones tengan éxito y sean sostenibles a lo largo del tiempo, es importante conducir acciones de apoyo para las poblaciones aledañas a la mina” (OLAMI 2006, citado en Noriega et al. 2007). Por último, existe una propuesta de gobierno que ya ha tomado forma de Anteproyecto de Ley para contribuir al desarrollo socio-económico de las comunidades locales en las regiones mineras del país. Se trata de garantizar el retorno del ICM y fiscalizar su aplicación (control social) para el desarrollo de las comunidades a partir de la mitigación de daños ambientales y la realización de inversiones productivas (Noriega et al. 2007). Este Anteproyecto de ley está siendo promovido actualmente por el Ministerio de Minería y Metalurgia y si llega a aprobarse tendría un impacto significativo en la activación productiva y económica y en la reducción de la pobreza en las regiones mineras del país.

4.2.3 Promoviendo un Enfoque Integral Dada la complejidad del problema socio-ambiental de la minería en Bolivia, es necesario tratar de encontrar soluciones a partir de un enfoque más integral. En este sentido, es clave analizar y confrontar el problema bajo un marco de manejo integrado de cuencas, ya que uno de los problemas ambientales principales de la actividad minera es la contaminación de aguas. Bajo el Plan Nacional de Cuencas (2007), el Ministerio de Agua, a través del Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos, desarrolla el Programa de Manejo Integral de Cuencas Mineras que consistirá en destinar acciones para mitigar los efectos de la contaminación de los recursos hídricos por esta actividad. Inicialmente el programa atenderá la problemática en las cuencas mineras de La Paz, Oruro y Potosí. Noriega y otros (2007) proponen que bajo el marco de manejo integrado de cuencas, se podría conformar un grupo multi-sectorial con presencia de todos los actores en un Comité de Cuenca y Control de Calidad de las Aguas, que desarrolle un Plan Estratégico orientado a recuperar y mantener la calidad ambiental en la cuenca. “A partir de las gestiones de este comité se puede, a través de la Prefectura, lograr que se propicien bajo el Plan de Manejo de Cuencas del Estado, los recursos económicos que permitan un estudio de las cuencas afectadas por la actividad minera” y la implementación de las medidas de prevención y mitigación necesaria para la recuperación de la calidad ambiental, productividad, desarrollo económico, calidad de vida, etc.

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5. Conclusiones �

A partir del 2002 el sector minero en el país comienza un proceso de recuperación por el incremento de los precios internacionales de minerales. La reactivación de la actividad minera puede ser la oportunidad para generar un cambio en el sector, con el propósito de que la minería contribuya no sólo a la dinámica económica nacional, sino también al desarrollo sostenible de las regiones mineras. La explotación, producción y transformación de los minerales es importante para el país por las regalías que generan, sin embargo, el incentivo desmedido a este tipo de producción ha generado altos costos ambientales y sociales. En los años de crisis minera, esta situación llegó a su máxima expresión, traduciéndose en una severa degradación ambiental y en la erosión de la calidad de vida en las regiones mineras. Ahora que la situación para el sector minero mejora, es tiempo de recuperar la dinámica de la minería en el país, asegurando que el proceso contribuya al desarrollo integral y la sostenibilidad ambiental de las regiones mineras que son actualmente las más pobres de Bolivia a través de la introducción de tecnologías más eficientes y accesibles, apoyo técnico, sensibilización en temas ambientales, adopción de conceptos de responsabilidad ambiental y social, etc. Con la actual visión de desarrollo del gobierno e inclusive las instructivas directas de la Presidencia de favorecer el desarrollo integral y minimizar las externalidades negativas que repercuten en las actividades productivas del área rural, las condiciones existen para impulsar una transversalización de la política ambiental en las políticas sectoriales del país. De esta forma, se logrará evitar discrepancias y vacíos jurídicos que lleven al incumplimiento de las normas ambientales, repercutiendo en el desarrollo rural sostenible del país. Para dar una mayor prioridad al tema ambiental, es necesario fortalecer las instancias públicas que trabajan en este tema a través de capacitación, transferencia de equipos, recursos humanos calificados y financiamiento para que éstas puedan llevar a cabo sus actividades de forma más eficiente y eficaz. Del mismo modo, es necesario transversalizar el tema ambiental en el sistema educativo del país, pues existe actualmente una falta de educación en este tema que genera poca conciencia y sensibilidad con respecto a la problemática ambiental del país. Un mejor conocimiento del tema por parte de la sociedad civil, las empresas y unidades de producción, así como por de las autoridades, puede generar mayor responsabilidad y compromiso con el medio ambiente, no sólo por su valor intrínseco, pero por su estrecha relación con el bienestar humano, la productividad y la sostenibilidad de las actividades económicas del país. Estudios que moneticen los costos ambientales y las pérdidas socio-económicas causadas por impactos ambientales, serían los más adecuados para generar dicho cambio de actitud ante el tema ambiental. Además de sensibilización en este tema, es necesario socializar la Ley Ambiental y sus Reglamentos, para crear conciencia social y presión para su cumplimiento. Por más que existe información sobre el impacto socio-ambiental de la actividad minera, ésta está dispersa y muchas organizaciones evitan compartir sus diagnósticos. En consecuencia, se pierden recursos y tiempo en generar el mismo tipo de información, en vez de sistematizarla y aunar esfuerzos para desarrollar propuestas consensuadas que busquen soluciones al problema. Dada la complejidad de la problemática socio-ambiental minera en el país, es necesario construir propuestas bajo un enfoque integral, que reúna varias

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opiniones e involucre a todos los actores implicados. El enfoque de manejo integrado de cuencas es una estrategia que permitiría lograr este proceso, alcanzando objetivos comunes a través de medidas consensuadas y acciones que beneficien a todos los involucrados. Son casi 500 años que la actividad minera se desarrolla en el país y aún hoy en día el énfasis está puesto en la generación de diagnósticos que permitan conocer el nivel de impacto ambiental que causa esta actividad. Si bien esto es esencial, es también hora de avanzar en el proceso, desarrollando propuestas concretas y consensuadas al problema e implementando medidas y acciones que permitan un mejor desempeño ambiental y la adopción de responsabilidad social en el sector minero con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de las regiones mineras del país.

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Abreviaciones Agencia de Cooperación del Japón JICA Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Área Natural de Manejo Integrado ANMI Autoridad Nacional Competente ANC Catchment Management and Mining Impacts in Arid and Semi Arid South America

CAMINAR

Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles CPTS Corporación Minera Boliviana COMIBOL Centro de Investigación Minero Ambiental CIMA Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró CCVA Declaratoria de Impacto Ambiental DIA Declaratoria de Adecuación Ambiental DAA Diagnóstico de Producción más Limpia DPML Dirección de Medio Ambiente DMA Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental EEIA Evaluación de Impacto Ambiental EIA Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN Ficha Ambiental FA Foro Boliviano para el Medio Ambiente y Desarrollo FOBOMADE Impuesto Complementario Minero ICM Impuesto al Valor Agregado IVA Instituto Nacional de Estadística INE Licencia Ambiental LA Medio Ambiente Minería e Industria MEDMIN Ministerio de Minería y Metalurgia MMM Organización Internacional de Trabajo OIT Organización Latinoamericana de la Minería OLAMI Programa de Educación y Promoción Ambiental Escolar PEPME Producción más Limpia PML Reglamento Ambiental para Actividades Mineras RAAM Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas SERGEOTECMIN Territorios Comunitarios de Origen TCO Universidad Autónoma Tomás Frías UATF valor bruto de la producción minera VBRPM Viceministerio de Minería y Metalurgia VMM