Informe Final Tortura Golpe De Estado Cptrt

INFORME SOBRE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

CPTRT

LA TORTURA Y LOS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES (TCID) EN HONDURAS TRAS EL GOLPE DE ESTADO DEL 28 DE JUNIO 2009

LA TORTURA Y LOS TCID EN EL CONTEXTO DEL GOLPE DE ESTADO ‐ HONDURAS

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Contenido

1. PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 3

2. OBJETIVO ................................................................................................................................... 5

3. PROCESO SEGUIDO PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN ................................................. 5

4. ANÁLISIS DE LA TORTURA Y TCID EN EL CONTEXTO DE GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS .... 5

II. VIOLACIONES A LA LIBRE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA TRAS EL GOLPE DE ESTADO ................................................................................................................................................. 14

III. INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO, VIGILANCIA Y VIOLENCIA FÍSICA EN CONTRA DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ................................................................................. 21

5. CONCLUSIÓN .......................................................................................................................... 26


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1. PRESENTACIÓN

Gandhi decía que "la no‐violencia es la fuerza que nace de la verdad”, y que este es un principio esencial en nuestro trabajo en pro de la defensa de los derechos humanos. De acuerdo a éste: “la verdad es el objetivo, el amor el medio para llegar a ella”.

Hace casi cuatro años, con motivo de la toma de posesión de la autoridad militar que, por entonces, iba a ocupar el cargo de Secretario de Seguridad de Estado, expresaba en nombre de las organizaciones defensoras de los derechos humanos las siguientes palabras, basadas en el ideario de este gran pensador que es Gandhi: “Esperamos que usted le diga al pueblo hondureño y a la comunidad internacional la verdad sobre la tortura, la desaparición física de las personas y las violaciones de los derechos humanos que han cometido los cuerpos militares y policiales; porque no puede haber justicia sin verdad. Hasta el presente día, en la historia de los gobiernos de Honduras no ha existido ninguna autoridad militar ni policial que haya expresado la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos.

El 28 de junio del 2009, se produjo un golpe militar en Honduras, condenado por casi la totalidad de los países del mundo, así como por la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos internacionales.

En este asalto a la razón y en el uso de la fuerza de las armas, se han articulado el poder militar, la jerarquía católica y evangélica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el poder jurídico, económico y político y el poder manipulador mediático, en alianza con sectores militares, económicos e internacionales. Sin embargo el movimiento social, las organizaciones de mujeres, las organizaciones pobladoras, indígenas, garífunas, los grupos étnicos, la comunidad gay, la comunidad de lesbianas, los campesinos, obreros, estudiantes y diferentes sectores de la sociedad civil, junto con escritores(as), periodistas, sacerdotes, monjas y pastores han alzado sus protestas en contra de este golpe de manera pacífica y organizada como Frente Popular de Resistencia al Golpe Militar. El equipo del CPTRT, ha participado de forma activa y coordinada con las organizaciones de los derechos humanos y ha estado en el escenario de los hechos, arriesgando la vida, mientras denunciaba y brindaba asistencia jurídica, social, médica y psicológica a las victimas y dialogaba e informaba a los organismos y delegaciones internacionales.

Reafirmamos el principio de la no violencia y hacemos un llamado a una paz sin el uso de las armas tal como lo manifestaba Gandhi. Apelamos a la justicia y respeto a la vida de las personas y de todo un pueblo que sufre las consecuencias de un golpe militar: "todo asesinato o daño cometido contra otro o infligido a un semejante ‐ no importa por qué causa‐, es un crimen contra la Humanidad".

Nuestros sistemas de comunicación y denuncia han estado al servicio las veinticuatro horas del día para atender los llamados de las personas afectadas, sin distinción de la nacionalidad, creencia religiosa, o política ‐ partidarios u opositores del golpe militar.


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Hacemos un reconocimiento al trabajo tesonero de todas las organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, y mencionamos de manera especial al Centro de Rehabilitación e Investigación de las Víctimas de Tortura (RCT‐DANIDA), a Inge Genefke, al Señor Embajador de Dinamarca Soren Vohtz, al Jefe de Cooperación Lasse Moller de Dinamarca y a la Señora Maj Hessel, Jefa de Sección del Ministerio danés de Asuntos Exteriores.

Juan Almendares,

Director Ejecutivo del CPTRT

Tegucigalpa 23 de julio 2009


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2. OBJETIVO

Presentar una aproximación contextual de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes (TCID) en la coyuntura del golpe de Estado en Honduras y mostrar sus repercusiones en la democracia y la construcción de un Estado de Derecho.

3. PROCESO SEGUIDO PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Desde el Golpe de Estado, se ha creado un registro de personas que han sufrido actos de tortura y otro tipo de vejámenes llevados a cabo por agentes estatales. La recolección de información se ha realizado a través análisis de datos cuantitativos y cualitativos registrados de manera sistemática por el CPTRT (nombres y apellidos de las personas, edad, sexo, tipo de daño recibido, fecha y fuente de información). La base de datos se ha conformado con la información proporcionada por las propias victimas (a través de la presencia del CPTRT en las marchas y postas policiales), a través de las denuncias recibidas vía teléfono, correo electrónico e información de los medios de comunicación, de donde se han obtenido datos de las personas detenidas bajo sospecha de promover protestas callejeras. La información se ha recabado del periodo que va del 28 de junio al 02 de septiembre de 20091.

4. ANÁLISIS DE LA TORTURA Y TCID EN EL CONTEXTO DE GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

El CPTRT ha registrado 802 personas que han sido víctimas de la represión política e intimidación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Del total de víctimas, 629 (78.4%) son hombres y 167 (20.8%) mujeres y 6 personas (0.8%) quienes no especificaron sexo. Del total registrado, 319 (39.7%) personas han sido atendidas por CPTRT de las cuales 65 son mujeres. Estas víctimas, se han dirigido directamente a nuestras oficinas para su atención médica, legal y psicológica. Así mismo, varias víctimas han sido referidas por otras organizaciones de derechos humanos para su atención. Los abusos registrados a los derechos humanos que se han detectado, abarcan desde detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, algunos de los cuales han resultado en pérdida de vidas humanas: 8 personas muertas que el CPTRT ha contabilizado hasta el momento.

1 Base de Datos: Víctimas de tortura y TCID Golpe de Estado – Honduras. Área Seguridad y Justicia CPTRT. 2009


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La Tortura como un método de represión política

El CPTRT ha dado atención a 34 víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. De estas, 10 han sido mujeres y 24 hombres.

SEXO TOTAL DE VICTIMAS • Mujeres • 10 (29.45%) • Hombres • 24 (70.55%)

Tabla 1: Caracterización de víctimas de tortura por sexo

La tortura se ha retomado como un método de represión política e intimidatoria hacia la población que se manifiesta y repudia el golpe de Estado. Las víctimas atendidas por nuestra institución, se han caracterizado por sufrir trauma físico, psíquico y sexual como consecuencia de las acciones realizadas por elementos de la policía, fuerzas especiales y militares, quienes han usado la tortura contra personas que mayoritariamente han detenido en las movilizaciones. Los actos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes han sido utilizados con la intención de recabar información, intimidar o coaccionar, castigar por acciones previas al golpe de estado, tales como la implementación y promoción del proyecto de la consulta popular, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a introducir un componente represivo de tinte político y en ocasiones xenofóbico. Esto último se ha mostrado en las acciones de los fuerzas y cuerpos de seguridad hacia las personas de nacionalidad Nicaragüense, Venezolana y Colombiana ‐ muchas de las cuales han sido objeto de detención y tortura por el simple hecho de poseer un pasaporte extranjero o ser identificado como “enemigo”.

Cabe mencionar, que los actos de tortura registrados se han producido en postas policiales, habiéndose registrado casos en donde estas se han llevado a cabo en centros ilegales y clandestinos.

Algunas de las víctimas, que por motivos de seguridad no se identifican, manifiestan en sus testimonios el alto contenido político, discriminatorio y sexual de la represión reflejado en los abusos hacia su integridad física, psíquica y moral. Expresiones tales como “eso te pasa por ser Melista”, “eso te pasa por ser comunista”, son algunas de las frases utilizadas por los cuerpos de seguridad para “justificar” el uso excesivo de la fuerza y los abusos a los derechos humanos en contra de la población en las movilizaciones.

Los traumas y daños sufridos, tal como refieren las víctimas en sus testimonios y que han sido atendidos y documentados, han sido causados por instrumentos como toletes, tubos industriales, palos de escoba, uso de encendedores, ramas de árboles, varillas de hierro, reglas de madera, entre otros.


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TIPO DE TORTURA DOCUMENTADA INSTRUMENTO DE MALTRATO Agresión Sexual Toletes Amenazas Varas de árbol verdeAsfixia Tubos de metalGolpes Disparos Impedimento de Orinar y/o Evacuar Gases lacrimógenos Incomunicación Agua Quemaduras Gas pimientaExposiciones químicas Reglas de madera Cuerpo del agente policial o militar Cigarrillos Encendedor Sustancias químicas liquidas.

Tabla 2. Tipos de Tortura e instrumentos de maltrato.

Según el testimonio de una de las víctimas, luego de ser detenida, fue llevada a la estación policial conocida como CORE VII, en donde un militar vestido de civil le interrogó y golpeó en la cabeza con una pistola. Además, le profirió insultos utilizando palabras soeces, encendió cigarrillos que le provocaron quemaduras en el brazo izquierdo, el pecho, las manos y los pies, prendió fuego con un encendedor y se lo colocó bajo los testículos con el pantalón puesto, lo sostuvo un rato y luego se lo puso cerca del cuello provocando que su camisa se quemara parcialmente. Con estos actos de tortura, los perpetradores buscaban recabar información sobre la ubicación de presunto armamento y posibles acciones de una resistencia armada en El Ocotal, Nicaragua, a favor del retorno del depuesto presidente Zelaya. De acuerdo a las circunstancias de este hecho, existen fuertes indicios que apuntan a una detención en donde la víctima fue seleccionada por su vinculación al proceso de la consulta popular.

Fotos. Víctima torturada en el CORE VII


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Tortura sexual y psicológica hacia la mujer

A diferencia de los hombres, las mujeres son víctimas de una represión que adicionalmente posee un fuerte componente sexual. Las víctimas, relatan en sus testimonios numerosos abusos de los que han sido objeto por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo violencia verbal, amenazas, violencia sexual y discriminación por cuestión de género.

Un número importante de manifestantes mujeres que han apoyado el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe han sido víctimas de tortura sexual2.

…Nos agarraron y comenzaron a golpearnos e insultarnos en forma muy violenta, quise protegerme debajo de otro camión pero uno de los soldados logró sacarme y mi hija que me acompañaba le gritaba que me dejara, pero el soldado nunca dejó de golpearme el cuerpo. “Todo eso me pasaba por andar de bochinchera3”, me decía ya que sabían que participaba en todas las marchas… Incluso me metieron los “garrotes” entre las piernas y los senos con el ánimo de ultrajarme sexualmente…

La víctima de este testimonio, una señora de 50 años de edad, el día 30 de julio del 2009, se encontraba en una protesta en la zona de El Durazno (salida hacia la Carretera del Norte) cuando fue agredida por 5 policías COBRAS4, quienes le pasaron un tolete en la región genital y bruscamente, provocándole un trauma genital contuso, según el diagnostico médico realizado por CPTRT. Asimismo, la víctima relata que los policías introdujeron el tolete entre sus senos mientras violencia verbal.

El 14 de agosto, luego de una toma realizada en la ciudad de Choloma, zona norte del país, la joven Irma Villanueva, de 25 años, fue esposada y llevada con rumbo desconocido en una patrulla policial. La joven, que se encontraba boca abajo, en el piso del vehículo, fue violada por 4 agentes de la policía que se encontraban en la misma patrulla. Relata la víctima que mientras la violaban e insultaban, también le fue insertado un tolete en su área genital. La victima logró ver el gafete con el apellido de dos policías: López y Ortiz e identificó a otro apodado “Chepe Luis”.

2 Este tipo de tortura afecta principalmente a las mujeres y es empleada también como estrategia de guerra por los actores de conflictos armados, quienes en su lucha por tomar el control de territorios y comunidades, acuden a diversas formas de violencia física, psicológica y sexual. “Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio”. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2007.

3 Alborotadora

4 Batallón de servicios especiales de la Policía.


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Igualmente, otra mujer fue víctima de abusos policiales mientras estaba apresada e incomunicada:

La víctima fue detenida el 24 de julio cuando junto con otro grupo de personas, se adentraron en la montaña cerca del poblado de Ojo de Agua, en la zona oriental del país, mientras se trasladaban hacia la frontera de Las Manos entre Honduras y Nicaragua, con el ánimo de recibir al presidente depuesto Zelaya. Un grupo de militares que se encontraba en la zona, capturó a la víctima y la mantuvo encerrada durante tres días, incomunicada, sin alimentación ni oportunidad de orinar y defecar. Durante el tiempo que estuvo retenida, fue objeto de amenazas e intimidación.

El día 30 de julio en el transcurso de una manifestación, una vendedora ambulante declara que fue víctima de un abuso policial. Durante una protesta en donde la policía hizo uso de balas y bombas lacrimógenas, uno de los agentes policiales causó fuertes daños materiales a su negocio. Seguidamente, le instó a tirarse a la quebrada. Ante la negativa de la mujer, el agente la propinó un empujón hacia un alambrado y le pegó un toletazo en la espalda, causándole heridas en el brazo.

Otro caso de tortura psicológica narra la intimidación de la que fue objeto un ama de casa, que después de escribir un artículo publicado en internet sobre la desarticulación del Ejército, recibió llamadas a su teléfono fijo, a través de las que se escuchaban sonidos de cuchillos, rozándose unos con otros. Además, la víctima, quien recibió diversas llamadas sin contestación, comunicó temer por su seguridad y la de su familia.

“Me violaron cuatro policías, le logré ver el nombre a dos; uno se llama Ortiz, el otro se llama López, al otro que le dijeron “Chepe Luis”, la cuarta persona no supe su nombre, luego sé que me ultrajaron, me violaron con la cosa negra que usa la policía”, aseguró entre llanto Irma. Testimonio tomado por Radio Progreso.

“Me mantuvieron retenida y aislada por 3 días, me quitaron mi tarjeta de identidad y me preguntaron si tenía celular, que se los diera, pero yo lo logré esconder el celular dentro de mi cuerpo y lo apague para que no lo descubrieran, me pasaban insultando "maldita perra, te pasa por ser Melista ". Todos esos tres días no me dieron de comer, de tomar agua, yo les rogaba y hasta me arrodillé y les suplicaba que me soltaran por mis hijos pero ellos siempre me decían que me pasaba por ser Melista…”

Foto: Mujer Herida en alambrado al ser empujada por un policía


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Centros ilegales para la detención y tortura

El día miércoles 12/08/2009, miembros del equipo legal del CPTRT se apersonaron en las instalaciones policiales de los COBRAS, lugar que fue utilizado ilegalmente como centro de detención de personas manifestantes. En un primer momento, la policía negó la existencia de personas detenidas, aunque posteriormente se comprobó que había 26 personas detenidas, de las cuales 2 eran menores de edad, 2 mujeres y 22 hombres.

El CPTRT interpuso un recurso de habeas corpus a favor de los detenidos. La juez ejecutora declaró que la detención era legal ya que se realizó en el debido término de 24 horas. Sin embargo, se produjeron violaciones a los derechos constitucionales y procesales que la autoridad policial y judicial pasó por alto desde el momento de la detención.

Alba Ochoa de 51 años, una de las personas que fue retenida en las instalaciones de los COBRAS, fue agredida por dos mujeres policías. Éstas le propinaron golpes e insultos al momento de su detención en los bajos del Congreso Nacional en el centro de Tegucigalpa. La víctima fue detenida por filmar la violencia policial contra un joven manifestante y por interceder en su defensa. Igualmente, un hombre colombo‐venezolano que también fue detenido en los bajos del Congreso, fue trasladado al batallón de los cobras, en donde recibió golpes con el puño en su cara y garganta. Además, fue golpeado con una regla de madera en el cráneo, recibió patadas en las costillas, golpes en los dedos de sus manos y tirones de pelo. Mientras se le acusaba de financiar las manifestaciones y se le cuestionaba cuánto dinero recibía de Chávez y las FARC, fue amenazado con recibir choques eléctricos. El agente de la DNIC5 que realizó estos actos de tortura, actuó de forma xenofóbica al referirse constantemente a él como venezolanito. Aparte de obtener información sobre su presunta vinculación con Chávez y la guerrilla colombiana, los citados actos de tortura se realizaron con el objeto de obligar a la víctima a firmar una declaración de imputados en la que se le atribuían varios delitos que no cometió. Las 24 personas (mayores de edad) detenidas fueron acusadas por los delitos de robo, daño,

5 Dirección Nacional de Investigación Criminal

Nos gritaban “perros, comunistas, los vamos a ahorcar, les vamos a echar gas”, completamente intimidatoria la actitud, realmente nunca creí pasar esto, ni en los años 80 pasó esto, no lo recuerdo. Testimonio de Alba Ochoa.

Nos decían revoltosos, comunistas, después nos llevaron a los cobras, ahí nos tuvieron desde la 2:30 hasta las 10 de la noche. No nos daban agua, nos seguían intimidando, nos decían lo mismo, “revoltosos” que nosotros teníamos la culpa de lo que estaba pasando, que Chávez nos daba dinero, que cuánta plata me habían dado, que por 500 pesos etc. Alba Ochoa, 51 años. Detenida durante la represión policial del 12 de agosto.


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sedición y manifestaciones ilícitas. Luego de una audiencia de tres días, un juez de Tegucigalpa resolvió dejar en libertad a 18 de las 24 personas. A los seis acusados restantes se les dictó auto de prisión con medidas sustitutivas. En este momento, no pueden salir del país, ni participar en manifestaciones públicas y deben estar presentándose a los tribunales6.

Inspecciones a postas policiales tras las manifestaciones

El CPTRT, efectuó inspecciones, al principio en conjunto con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, desde el día 2 de julio hasta el 13 de agosto en las diferentes postas policiales:

• Posta del Barrio el Manchen: 20 personas detenidas durante el toque de queda, todos varones.

• Posta del Barrio Belén: 30 personas detenidas durante el toque de queda.

• Posta de la Colonia San Miguel: 10 personas detenidas.

• Posta de la salida del Departamento de Olancho, posta de la salida al sur de Tegucigalpa, posta de la Colonia Kennedy y posta del barrio la Granja: 150 personas detenidas ‐ de estos, varios fueron golpeados al momento de su detención y la policía les efectuó cobros de L. 500.00 para evitar ser detenidos.

• Según informe de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público Regional de Choluteca, del 29 de junio al 11 de julio se registraron 205 detenidos, 169 hombres y 36 mujeres. Del total de detenidos, 135 personas eran hondureñas, 62 nicaragüenses, 6 salvadoreñas y 2 colombianas. 139 personas fueron detenidas por toque de queda y 66 personas se detuvieron con el motivo de confirmar su documentación.

Durante los eventos del 11 y 12 de agosto, se realizaron inspecciones a las postas policiales deBarrio El Manchén y la Posta Metropolitana N° 1 CORE VII. En la posta de El Manchén se registraron 48 personas detenidas: 36 hombres, 3 mujeres y 9 menores de edad. Estas personasretenidas en la posta de El Manchén obtuvieron su libertad el mismo día ya que no se presentaron pruebas suficientes para su detención. En la posta CORE VII, aparte de las 26 personas trasladadas desde el batallón COBRAS, se encontraron 5 personas más, tambiéndetenidos por suponer que formaron parte de las manifestaciones.

6 En libertad 18 personas detenidas en disturbios en capital hondureña. Diario La Tribuna, 21 de agosto de 2009, accesible por http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=32035


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Violaciones del Derecho a la Vida

A la fecha se han registrado 8 personas que perdieron la vida:

1. Fabio Zamora de 49 años de edad, activista de la organización Arco Iris, murió el 4 de julio del 2009 a consecuencia de 6 disparos de arma de fuego.

2. Isis Obed Murillo de 19 años, murió el domingo 5 de julio del 2009, a causa de una bala que impactó en su cabeza.

3. Roger Iván Bados González, fue acribillado a tiros el 11 de julio en su domicilio en la ciudad de San Pedro Sula. Era miembro de la Resistencia Social organizada contra el Golpe de Estado, y miembro de la Unión Democrática y el Bloque Popular de la misma ciudad (Informe CIPRODEH 17 de julio 2009).

4. Ramón García, fue acribillado el 12 de julio de 2009 por hombres desconocidos que lo sacaron de un autobús cuando regresaba de una manifestación en la carretera de Occidente (Informe CIPRODEH 17 de julio 2009).

5. En su informe de violaciones a los derechos humanos, CIPRODEH registra la ejecución extrajudicial de una persona desconocida, que presentó señales de tortura y cuyo cuerpo fue encontrado el día 3 de julio en el sector conocido como “La Montañita”. El hombre vestía una camiseta con el emblema de la cuarta urna (logo del proyecto político del depuesto presidente Manuel Zelaya Rosales).

6. En la madrugada del 30 de junio, se dio la presunta ejecución extrajudicial de Vicky Hernández Castillo (Jhony Emilson Hernández) de 22 años edad, miembro de la comunidad travesti, asesinada mientras se encontraba ejerciendo el comercio sexual en horas de toque de queda.

7. Gabriel Fino Noriega, periodista corresponsal de Radio América, fue asesinado el 3 de julio de 2009 (ver sección “violaciones a la libre expresión y libertad de prensa tras el golpe de estado”).

8. Pedro Magdiel Muñoz, de 23 años, fue encontrado el día sábado 25 de julio de 2009 a unos 800 metros del retén militar ubicado en Alauca, cercano a la frontera con Nicaragua. De acuerdo a testigos, el cuerpo del joven mostraba señales de haber sido esposado, torturado y apuñalado7.

7 Departamento de Divulgación y Prensa del COFADEH.


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Foto: Pedro Magdiel Muñoz. Una comparación cuando fue detenido y cuando fue encontrado su cuerpo. Enviado por una persona que desea mantener el anonimato.


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II. VIOLACIONES A LA LIBRE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA TRAS EL GOLPE DE ESTADO La libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y un componente básico de

la sociedad civil basada en los principios democráticos ‐Declaración Conjunta de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo

Las autoridades de facto han acosado, detenido temporalmente a periodistas, interferido emisoras e interrumpido la señal de transmisión de varios medios locales e internacionales, lo que ha violentado la libertad de expresión en el país. En su reciente visita a Honduras, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, concluyó que “Los camarógrafos y fotógrafos que desean documentar los hechos han sido un blanco específico de agresión policial, sufriendo golpes, la confiscación y/o destrucción de sus

cámaras o del material filmado. Varios de ellos me mostraron personalmente el resultado físico de los golpes en sus cuerpos”8.

La Constitución Hondureña, en su artículo 72, reconoce el derecho a la libre emisión del pensamiento en similares términos a los utilizados por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 13, al declarar que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones”

La Red Mundial de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX)9, ha establecido indicadores sobre las violaciones a la libertad de prensa, basados en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que promueven y promulgan la libre expresión.

De acuerdo a estos indicadores, se han detectado las siguientes violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa:

Asesinato

El reportero radial Gabriel Fino Noriega, de 42 años, fue baleado por un desconocido cuando se marchaba de la emisora local en la que trabajaba, Radio Estelar, el 3 de julio de 2009 en el

8 Comunicado de Prensa. Ginebra, Suiza. 10 de agosto de 2009. Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidad para la Libertad de Expresión.

9 Red Mundial de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión. www.ifex.org


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municipio de San Juan Pueblo, en la región de Atlántida. Fino Noriega era corresponsal de la emisora nacional Radio América. La policía local alega que le dispararon 11 veces y murió camino al hospital.

Aunque su muerte es posible que no esté relacionada con los recientes eventos suscitados en el país, datos preliminares señalan que el periodista había recibido amenazas previas por cubrir en radios locales las actividades de la resistencia popular organizada.

Amenazas10

• Johnny lagos, director fundador del diario El Libertador, manifestó que ha recibido amenazas de muerte vía teléfono y correos electrónicos. Asimismo, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo lo ha amenazado con cárcel y multa por preguntar al pueblo si estaba a favor o en contra de la consulta popular que previó realizarse el 28 de junio del 2009, día en que fue perpetrado el golpe de estado. A continuación se transcribe parte de su testimonio brindado en conferencia de prensa el día 15 de julio en las oficinas de COFADEH:

“Desde hace 6 años he tenido amenazas de muerte. Un automóvil negro se paraba todos los días frente a El Libertador, sin placas y con el motor encendido. Contraté a varias personas que averiguaron que el tipo del automóvil era el jefe de seguridad de Banco Mercantil (BAMER), este banco pertenecía a José Rafael Ferrari, quien era amigo de Jorge Canahuati, Ricardo Maduro y Carlos Flores. El 18 de junio pasado, el juez del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, me envío una denuncia judicial en donde se señala que debo observar que la consulta popular promovida por el Presidente de la Republica fue anulada y por tanto es ilegal. Hay una parte de inserciones y libramientos en donde me dice que si yo continuo preguntando a la población a cerca de esta tema, promoviéndola porque los medios de comunicación nos vamos a nutrir de la noticia y la noticia está en la calle, la noticia es el ser humano, me dice que me aplicarán el Código Penal. Me está diciendo que si yo continuo promoviendo encuestas y entrevistas, promoviendo la libertad de expresión, entonces me van a enviar a la cárcel. Desde esa fecha hasta hoy no ha salido otra la edición de El Libertador, aunque la próxima va a salir mañana. He visto más actividad policial frente a las oficinas de El Libertador. Hablé con los guardias del edificio y me dijeron que los policías han llegado con más frecuencia. Ayer tuve a un agente de la CIA en el Libertador, digo que es un agente de la CIA por sus características de ser una persona muy entradora, y de repente ya lo teníamos en la sala de redacción diciéndole a una compañera que escribiera y bajara información que él traía que pertenecía a los círculos bolivarianos, que era un coordinador internacional. Yo le pedí

10 Según los indicadores utilizados, las amenazas constituyen intimidación directa con el anuncio o insinuación de la provocación de un mal grave para el periodista o su familia. Constreñimiento para que el periodista haga, tolere u omita alguna conducta que tengo efecto en su oficio.


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un carné y se puso nervioso y me dijo que si le podía dar un carné de El Libertador. Yo le dije, usted como reportero internacional debería tener su carné para pasar por donde quiera. En cuanto a la página de Internet de El Libertador, la bloquearon durante tres días, nos sacan del aire y en el mismo edificio y con el mismo servidor y proveedor de Internet, El Libertador no tiene Internet mientras en el resto de las oficinas hay Internet. He recibido correos postales y electrónicos, mencionando a mi madre e incluyendo palabras así como intentando quebrar el carácter. Yo entiendo que es una guerra psicológica, no me afecta. Ante ustedes apunto que de pasarme algo los únicos responsables son las caras visibles del golpe es estado. Y en especial Jorge Canahuati Larach, Ricardo Maduro Joest, José Rafael Ferrari y Carlos Flores Facussé. ¿Por qué? porque el Libertador toca estructuras y son los cuatro rostros que sacamos en la última edición del periódico”.

• El 4 de agosto de 2009, el periodista David Romero Ellner, de la emisora Radio Globo, denunció que las Fuerzas Armadas de Honduras han iniciado acciones para el cierre de la estación de radio tras obtener una copia de la petición oficial hecha a CONATEL por el abogado José Santos López Oviedo, representante de la oficina de Auditoria Militar de las Fuerzas Armadas. La copia de la petición recibida pide al presidente de CONATEL "la suspensión de la (frecuencia) de la radio por ser utilizada para la comisión de sedición mediante incitación a la insurrección". El Relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, quien se encontraba en el país en una visita no oficial, dijo que el intento de cerrar la radio constituye una grave violación a la libertad de expresión11.

• La periodista de Telesur, Madelin García, denunció ante el Comité por la Libre Expresión (C‐Libre), que un comisionado de alto rango de la Policía la amenazó si publicaba su retrato luego de haber realizado tomas y fotografías durante la manifestación en el centro de Tegucigalpa el 13 de agosto de 2009. El policía le comento a la periodista de Telesur que “por culpa de los periodistas el país está así, y si sale algo publicado ya ustedes sabrán”12.

Agresiones, ataques

La represión policial no sólo se dirige a las manifestaciones en contra del golpe de estado. El domingo 26 de julio, una periodista independiente de origen estadounidense que se encuentra en el país, fue golpeada por agentes policiales mientras se encontraba filmando el

11 Fuerzas armadas intentan cerrar Radio Globo. C‐Libre/IFEX. 10 de agosto de 2009. http://www.ifex.org/honduras/2009/08/10/radio_globo_possible_closure/es/

12 Periodistas amenazados, agredidos durante manifestaciones contra el golpe de Estado. Comunicado C‐Libre/IFEX. 14 de agosto de 2009. http://www.ifex.org/honduras/2009/08/14/cazula_attacked/es/


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enfrentamiento entre un grupo de aficionados de un equipo de futbol de la capital y cuerpos policiales. A la colega periodista le fue arrebatada su filmadora luego de ser violentada. La compañera periodista recurrió a las oficinas del CPTRT para brindar su testimonio y se realizaron las gestiones para levantar la denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Luego de un par de semanas, la policía le devolvió su filmadora en mal estado y el material que había sido grabado fue borrado.

El jueves 30 de julio, el periodista de la agencia periodística Indymedia13, Roberto Barra, fue agredido por la policía mientras cubría el desalojo de la manifestación de un grupo del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado frente al mercado zonal belén.

El periodista César Silva que trabajaba para “Canal 8”, el domingo 28 de junio se encontraba en el Municipio de Guaymaca, Departamento de Francisco Morazán, cubriendo el desarrollo de la consulta popular y fue detenido por el Comisario de Policía de apellido Mendoza, bajo la acusación de “hablar papadas” debido a que el periodista Silva optó por utilizar los altavoces de su automóvil para denunciar el golpe de estado14. Cesar Silva luego fue trasladado a la Posta policial, y lo mantuvieron incomunicado durante dos horas. Debido a la intervención de sus hermanas y de la población, que se aglomeró en inmediaciones del Cuartel de la Policía, fue liberado. El Comisario Mendoza, le advirtió que de inmediato debía abandonar Guaymaca, o de lo contrario lo volvería a detener. El periodista Silva no abandonó el Municipio, por el contrario se unió a la población que protestaba en el parque central de la comunidad. A las 13:00 horas, la policía se presentó en el parque a desalojar violentamente a la población que se manifestaba en contra del golpe de estado. César Silva, fue golpeado en la espalda y un agente cargó y apuntó el arma enfrente suyo. El día jueves 13 de agosto, Cesar Silva fue nuevamente agredido por la policía cuando se encontraba realizando cobertura para medios internacionales sobre una manifestación en el centro de Tegucigalpa15.

Agresión al periodista César Silva. Imágenes: Diario El Universal de México.

Durante la misma manifestación, los policías y militares golpearon al camarógrafo de Canal 36, Richard Esmith Cazula y dañaron su cámara de vídeo. El camarógrafo recibió un toletazo en la pierna derecha y otro en la cámara filmadora16.

13 http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/377617/index.php

14 Ver sección Libertad de Expresión y Derecho a la Información, Informe de la Comisión Asturiana de Observación Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras. 10 de agosto de 2009.

15 http://videos.eluniversal.com.mx/n_videos/showVideo.php?id=14205

16 http://www.ifex.org/honduras/2009/08/14/cazula_attacked/es/


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CPTRT 18

El rotativo hondureño Tiempo17 denunció el jueves 6 de agosto de 2009 que uno de sus reporteros gráficos fue objeto de "salvaje golpiza" policial para impedir la toma de imágenes sobre la represión perpetrada contra los estudiantes universitarios. Héctor Clara Cruz, explica el periódico, daba cobertura a la manifestación realizada este miércoles por los alumnos y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuando "fue

salvajemente agredido por policías" dentro la Universidad. El diario cataloga el hecho como una "clara violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos", al tiempo que relata que los

militares también trataron de romper el equipo de trabajo del fotógrafo, con imágenes captadas del enfrentamiento entre policías e integrantes de la UNAH.

Otro fotógrafo de Diario TIEMPO, Julio Umaña fue agredido por la policía preventiva mientras realizaba cobertura el 14 de agosto de 2009 sobre una manifestación en Choloma en contra del golpe de Estado. Umaña mostró su carné cuando fue requerido, incluso levantó sus manos en señal de no oponer resistencia pero fue humillado y su cámara decomisada por los policías. Además de agredirlo, los uniformados, en pleno abuso de autoridad y violación

a la libertad de expresión, manipularon el equipo de trabajo de Julio Umaña y borraron todas las fotografías que éste había captado tanto del desalojo como de otros eventos, para no dejar evidencia de la brutalidad con la que actuaron contra los manifestantes y los miembros de la prensa. Gustavo Cardoza, de Radio Progreso, transmitía noticias sobre las manifestaciones del día 14 de agosto de 2009 en la ciudad de Choloma. El reportero Cardoza fue golpeado en su espalda y estómago por la policía, fue detenido arbitrariamente y fue objeto de insultos mientras era trasladado a una policial. El reportero fue liberado luego de varias horas. En este mismo incidente fue detenido y golpeado el reportero de Tela, Edwin Castillo.

Obstrucción del trabajo periodístico18

Durante el 28 de junio, día en que se perpetró el golpe de estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) bloqueo las transmisiones de televisión por cable, lo que afectó a las estaciones de TV internacionales como CNN en Español, Telesur y Cubavisión Internacional.

17 http://www.tiempo.hn/secciones/el‐pais/2009‐‐salvaje‐golpiza‐propinan‐policias‐a‐reportero‐grafico‐de‐tiempo

18 Obstáculos ilegítimos para acceder a una información o acceder a una determinada zona. Vetos a un determinado periodista o medio de comunicación.

Héctor Clara cuando era agredido. Foto Diario Tiempo

Los policías tomaron de lacabellera al fotógrafo Umaña.Foto: Diario Tiempo

Gustavo Cardoza. Foto: Diario Tiempo


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CPTRT 19

La empresa de televisión estatal Canal 8 salió del aire desde el domingo temprano hasta la noche del lunes 29 de junio, mientras la estación de TV privada Canal 36, permaneció fuera del aire hasta la tarde del martes 30 de junio.

Radio Globo sufrió un asalto militar el 28 de junio. El director de la radio, David Romero, reportó que al momento de abrir la emisora para empezar a transmitir, esta se encontraba militarizada. En los minutos siguientes al empezar su transmisión, les fue cortado el fluido eléctrico y unos transmisores. Se estuvieron interrumpiendo sus transmisiones y alrededor de las 6 de la tarde del domingo 28, militares irrumpieron a la fuerza, golpearon al personal que se encontraba en la radio y en la confusión el señor David Romero saltó por una ventana para evitar ser golpeado. Producto del salto tuvo una fractura y varios golpes. La radio reabrió sus operaciones pero bajo una serie de condiciones que limitan la libertad de expresión en el país.

En la ciudad de El Progreso, en el norte del país, unos 25 soldados irrumpieron en los estudios de Radio Progreso e interrumpieron la transmisión por unas cuantas horas.

El día viernes 17 de julio de 2009, dos periodistas corresponsales de Telesur recibieron hostigamiento y les fue prohibida su retransmisión por parte de CONATEL. Un técnico de la empresa estatal, se presentó en el hotel donde se hospedaban los periodistas y les indicó que no podían hacer uso de su antena parabólica ya que no disponían del permiso para operar dicha antena durante ese día, sino que obtendrían el permiso hasta el día siguiente. El técnico de CONATEL les argumentó que si deseaban transmitir debían de hacer uso del satélite, lo cual es contradictorio a la libertad de prensa impuesta por el gobierno de facto ya que las compañías de transmisión de TV por cable del país tienen prohibido retransmitir la señal de Telesur.

Atentado contra infraestructura de medios de comunicación

La oficina de Radio América en Tegucigalpa fue atacada con explosivos la noche del martes 30 de junio. El artefacto explosivo se encontró en el costado izquierdo del edificio AudioVideo, ubicado en la Colonia Alameda, el cual se presume fue lanzado desde un vehículo que circulaba por la calle que conduce de un reconocido hotel hacia el Hospital Escuela de Tegucigalpa.

El día 4 de julio en horas de la noche, un artefacto explotó frente al edificio donde funciona Canal 11 en Tegucigalpa, provocando daños materiales en un centro comercial aledaño.


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CPTRT 20

Arresto o detención ilegal

El 29 de junio, al menos 10 soldados armados con rifles detuvieron a tres periodistas de la red regional de televisión venezolana Telesur y a cuatro periodistas de los medios de The Associated Press dentro de su hotel en Tegucigalpa. Fueron llevados a una oficina de inmigración y liberados poco tiempo después.

El 11 de julio, periodistas y camarógrafos de la televisora venezolana Telesur y Venezolana de Televisión (VTV), fueron hostigados, amenazados, perseguidos y prácticamente secuestrados por cuerpos de seguridad del actual gobierno de facto, y sin ninguna orden judicial fueron retenidos. Según informaron las autoridades locales19, los periodistas venezolanos tras la detención por parte de la policía nacional, fueron liberados al comprobarles que “no tenían vínculo” alguno con un vehículo “robado” a una empresa rentadora de autos. Debido a amenazas previas y la dificultad para realizar su trabajo, la dirección de Telesur solicitó el apoyo de la Embajada Venezolana y de la Organización de Estados Americanos, para gestionar la salida. Una comitiva de CPTRT les acompañó durante su trayecto a la frontera con Nicaragua.

19 Policía: periodistas se dejaron libres tras desvincular robo de vehículo. Diario la Tribuna, 13 de julio de 2009, consultado a través de http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=19038


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CPTRT 21

III. INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO, VIGILANCIA Y VIOLENCIA FÍSICA EN CONTRA DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Miembros del CPTRT A raíz de los acontecimientos acaecidos el pasado 28 de Junio, los miembros del CPTRT han estado siendo objeto de intimidación, vigilancia y hostigamiento. Parte del personal del CPTRT ya había experimentado esta circunstancia en anteriores ocasiones, pues la organización trabaja en temas sensibles relacionados con torturas y malos tratos, muchos de ellos, llevados a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, con el actual régimen de facto, esta situación se ha hecho más frecuente y se ha extendido a un número mayor de miembros de la organización, algunos de los cuales, nunca antes habían sido víctima de similares incidentes. Desgraciadamente, los defensores de derechos humanos y otros grupos sociales de protesta continúan pagando un alto precio por promover y defender los derechos de los ciudadanos, sean estos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Para analizar la situación de los derechos humanos en el país, es necesario analizar la situación de aquellos que defienden las libertades y derechos fundamentales. Hasta la fecha seis compañeros del CPTRT han sido víctimas de diversos incidentes, que muestran una vez más que la libertad de expresión, pensamiento y asociación está siendo seriamente afectada por el actual régimen. Tres de ellos sufrieron intimidación y seguimiento cuando, como miembros del CPTRT, se encontraban verificando el número de heridos en dos de las manifestaciones de la capital impulsadas por el Frente de Resistencia en Contra del Golpe de Estado. Semanas antes, uno de estos compañeros había sido víctima de la violencia militar durante una protesta. La víctima, abogado del CPTRT, fue golpeado fuertemente mientras se manifestaba pacíficamente en las inmediaciones de la Casa Presidencial. Una semana después, la recepcionista del CPTRT llegó a la oficina de la organización en un vehículo acompañada por dos de sus hijas. Éstas, después de dejar a su madre en las instalaciones, fueron perseguidas por otro vehículo en el trayecto desde la oficina hasta la universidad en donde cursan sus estudios. El director de la organización también ha sido objeto de vigilancia en diversas ocasiones. Recientemente, mientras regresaba de una manifestación que se llevó a cabo en el aeropuerto de Tegucigalpa, unos individuos en un vehículo blanco, le estuvieron siguiendo durante el trayecto de vuelta a su domicilio. Igualmente, distintos individuos han estado rondando por los alrededores de su vivienda durante largos periodos de tiempo y en días repetidos. No es la primera vez que el director del CPTRT, Juan Almendares, sufre seguimiento e intimidación como consecuencia de su respetable labor en defensa de los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, estas acciones se han visto intensificadas en las últimas semanas por su tajante posición en contra del golpe de estado y en favor de la consulta popular. Otros compañeros del CPTRT, han recibido llamadas de tono intimidatorio. La persona asistente de coordinación del área de impunidad, que había estado asistiendo a las protestas organizadas por el Frente de Resistencia, recibió una llamada en la que una voz masculina le expresó su descontento hacía la labor del CPTRT y su director, y exigió al CPTRT que como organización de derechos humanos dejara de apoyar a delincuentes como José Manuel Zelaya. Esa misma semana, el documentalista y encargado de comunicación del CPTRT recibió otra llamada. Él también había asistido diariamente con su cámara a las protestas para documentar


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las violaciones a los derechos humanos derivadas de la fuerza excesiva del ejército y la policía. Cuando se preparaba para salir a documentar la manifestación del pasado domingo 5 de julio en Toncontín, recibió una llamada en la que una voz desconocida le preguntó que adivinara quién era la persona que estaba al otro lado del teléfono, el compañero expresó que no tenía tiempo de adivinanzas pues tenía muchas cosas en la cabeza, a lo que el autor de la llamada respondió, que a quien tenía en la cabeza era a Mel, refiriéndose al presidente depuesto José Manuel Zelaya. Antes de finalizar la llamada, el autor de la misma se despidió añadiendo que le vería en Toncontín. Anteriormente, el mismo compañero del CPTRT había recibido dos llamadas a su celular en horas de la madrugada, una de su madre y otra de una amiga, que posteriormente confirmaron no haber realizado estas pues sus celulares habían permanecido apagados. El equipo de salud del CPTRT, luego de regresar de una visita médica para conocer la situación de las personas que se encontraban retenidas en Las Manos, zona fronteriza con Nicaragua. A su regreso hacia Tegucigalpa, fueron detenidos por un control policial. De acuerdo a las instrucciones de uno de los agentes, debían desviarse a un camino de terracería, ya que este les había dicho que la vía principal estaba tomada por un grupo de manifestantes. Siguiendo las recomendaciones del agente, el vehículo del CPTRT se desvío hacia el citado camino, ahí, fueron seguidos por un automóvil con vidrios polarizados. Una vez al retomar la vía principal, otro oficial de policía corroboró que las vías no habían sido cortadas y que no hubo ninguna manifestación. Sumados a estos incidentes, durante uno de los primeros días del golpe de estado, la oficina del CPTRT en la capital amaneció con la presencia de dos efectivos policiales, que se mantuvieron en la parte trasera del edificio, realizando, supuestos controles de rutina. Igualmente, la casa de un miembro del CPTRT fue asaltada por una persona que además de buscar objetos de valor para sustraerlos de la vivienda, mostró un interés particular, en los documentos que encontró en las gavetas de la casa y que ojeó con detenimiento. Desde el 28 de junio, el CPTRT ha estado documentando numerosas violaciones a los derechos humanos, tales como las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía hacia los manifestantes. La organización, que lleva más de catorce años trabajando en la promoción de los derechos humanos, ha emitido numerosos comunicados de denuncia internacional en contra del golpe de estado y los abusos cometidos hacia la población hondureña. Otras organizaciones no gubernamentales de la capital Diversas organizaciones no gubernamentales de la capital han sido también objeto de intimidación, hostigamiento, vigilancia y violencia física. La gran mayoría de las organizaciones entrevistadas, han coincidido en expresar su preocupación sobre la vigilancia continua que desde los primeros días del golpe han experimentando, no solo en los alrededores de sus oficinas sino también en sus casas. Una de las organizaciones más afectadas es el colectivo de lesbianas, gays, personas transgénero y bisexuales (LGTB). A continuación se resumen algunos de estos incidentes: • La organización Arco Iris, dedicada a promover los derechos del colectivo LGTB durante

más de cinco años, ha sufrido vigilancia continua en sus oficinas y dos de sus miembros


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han resultado asesinados a consecuencia de disparos de bala, sin autores identificados hasta el momento que respondan a estos crímenes. El 4 de julio, a las 12:30 del mediodía, Fabio Zamora, miembro de la red de hombres gay “Renacer” y promotor de la cuarta urna, fue tiroteado. Seis balazos en la cabeza le propiciaron la muerte, mientras se encontraba en su puesto de comida del mercado de Comayagüela. Según el colectivo LGTB, quien interpuso una demanda ante el Ministerio Público, existen testigos del asesinato pero es improbable que lleguen a testificar pues ya han expresado su temor a represalias. Asimismo, en la madrugada del 30 de junio y durante el toque de queda, la trabajadora sexual Valeria Martínez de 19 años, miembro de la organización Arco Iris, apareció muerta de un disparo en la cabeza en la colonia 21 de Octubre. Arco Iris denunció el hecho ante el Ministerio Público. El director de la organización, quien ha estado apoyando la consulta popular y ha repudiado el golpe de estado, ha sido acusado del delito de sedición y traición a la patria. Así como otras numerosas organizaciones de derechos humanos, la organización Arco Iris ha declarado sufrir vigilancia en las inmediaciones de su oficina. Según sus miembros, un aproximado de diez militares merodean diariamente los alrededores de la oficina de la organización y en numerosas ocasiones, policías motorizados se desplazan y preguntan a los vecinos sobre sus actividades. Arco Iris ha intentado denunciar estos hechos en dos ocasiones al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, institución que hasta el momento no les ha atendido alegando tener ausencia de abogados al momento de interponer la denuncia. Arco Iris es parte del colectivo de organizaciones de la sociedad civil que componen el Frente de Resistencia en Contra del Golpe de Estado y sus miembros han estado presentes en todas las manifestaciones que desde el 28 de junio se han llevado a cabo en la capital.

• El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),

organización dedicada a promover y proteger los derechos humanos en el país durante más de veinte años, también ha experimentado similares incidentes. El sábado 18 de julio, una miembro de la organización fue víctima de seguimiento durante aproximadamente 40 minutos por parte de dos agentes de la policía que manejaban una motocicleta oficial. El seguimiento comenzó en la casa del hermano del depuesto presidente Zelaya, en donde la afectada se encontraba levantando testimonio del allanamiento violento que había sufrido el día anterior el sobrino de éste. Una vez concluyó su visita, abandonó las inmediaciones de la casa en su vehículo y se dirigió a un café cercano de la capital. Durante todo el trayecto, fue seguida por una motocicleta policial. Desde el interior del café notó como la misma motocicleta daba vueltas alrededor del lugar. Después de permanecer en el café durante aproximadamente 20 minutos, tomó su vehículo y se dirigió hacía un salón de belleza, y la motocicleta siguió este mismo trayecto. Desde el interior del salón, la afectada pudo ver como la motocicleta dio dos vueltas más y desapareció. El día anterior, viernes 17 de junio, esa misma persona había acudido al aeropuerto de Toncontín, junto con otra compañera de COFADEH, a petición de un taxista de la cooperativa de taxis que opera en el lugar, quien alegó haber recibido amenazas. Ese día por la mañana, cuando el taxista se disponía a transportar a dos periodistas de TeleSur que habían llegado a Tegucigalpa, fue hostigado por un miembro del personal antibombas ubicado en el aeropuerto cuestionándolo sobre el lugar de destino de los periodistas. Minutos después, el taxista recibió una llamada a su celular personal solicitándole de nuevo dicha información. Ante su negativa a esta petición, el individuo del personal antibombas terminó su llamada declarando “no querés cooperar y vas a ver”. Más tarde, otra segunda llamada fue


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recibida por el taxista, de parte de un miembro del comité de disciplina de la cooperativa de taxis del aeropuerto, quien le exigía llevar a los periodistas a su destino final y regresar de inmediato. Es importante recalcar que el taxista no dio su número de celular, ni tampoco su nombre al citado miembro del personal antibombas, quien le contactó telefónicamente y se dirigió a él por su nombre propio. Otro taxista confirmó que desde hace días están sometidos a todo tipo de preguntas relativas a los clientes que llegan al aeropuerto.

Desde que se produjo el golpe de estado, COFADEH ha estado levantando testimonios de las violaciones a los derechos humanos. La organización ha publicado comunicados y denunciado la situación en el país a nivel nacional e internacional y ha manifestado públicamente su oposición al régimen de facto y su apoyo a la realización de la consulta popular.

• El Centro de Estudios de la Mujer (CEM‐H), organización feminista enfocada en la

promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, ha sido objeto de vigilancia, una patrulla policial se mantuvo en las inmediaciones de sus oficinas durante una semana, algo bastante inusual para el CEM‐H. Varios miembros de la organización han sufrido violencia física y verbal por parte de la policía. El 14 de julio la Red de Feministas en Resistencia organizó una protesta pacífica en el Instituto Nacional de la Mujer (INAM). Entre las manifestantes se encontraban dos mujeres pertenecientes al CEM‐H que fueron fuertemente golpeadas por autoridades policiales quienes no portaban las placas de identificación respectivas. También, fueron agredidas verbalmente e intimidadas con frases como “estas son las mismas viejas que andan en todas las manifestaciones” “llevan toda la vida manifestándose y las tenemos chequeadas”. Ese mismo día en la tarde, una de las mujeres que fue golpeada, fue víctima de vigilancia. Esa misma persona había dado declaraciones a la prensa sobre la violencia policial en el INAM. Tras concluir la protesta, ella en compañía de su madre, regresó a su domicilio y alrededor de la medianoche pudo observar como dos vehículos, con las luces encendidas, vidrios polarizados y sin placas, se estacionaba a la entrada de su vivienda por un tiempo aproximado de media hora. Según declaraciones de las afectadas, es extraño que se parqueen vehículos en frente de la casa ya que la calle en donde está ubicada la vivienda se convierte en un lugar peligroso durante la noche.

El CEM‐H es parte de la asociación de organizaciones que componen el grupo de Feministas en Resistencia, que pertenece al Frente Nacional Contra el Golpe de Estado y que ha estado asistiendo a las manifestaciones desde el 28 de junio. Con anterioridad a esta fecha, el CEM‐H, junto con otras organizaciones de mujeres, había estado promoviendo la consulta popular.

• El Centro para la Investigación y Promoción de Los Derechos Humanos (CIPRODEH), ha

manifestado experimentar irregularidades en el correo institucional desde que se produjo el golpe de estado. Después de comprobar que el envío de sus correos no ha estado llegando a sus destinatarios, la organización decidió contactar a un técnico que labora para su proveedor de internet, quien finalmente corroboró que existía intercepción de las cuentas de correo electrónico. CIPRODEH contactó al técnico en repetidas ocasiones sin que hubiera respuesta por su parte hasta que finalmente el proveedor de internet les contacto un nuevo técnico quien contrariamente a lo manifestado por el técnico anterior, aseguró que el correo de la organización funcionaba perfectamente. CIPRODEH también ha manifestado haber experimentado cortes de energía eléctrica en sus oficinas.


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• El Presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH),

Andrés Pavón, que en días previos al golpe de estado, había denunciado que existía una estrategia para capturar al Presidente de la República y atentar contra su vida, ha sido objeto de amenazas a su vida personal y familiar. Lo mismo ha sucedido con los miembros de esta organización, quienes también han estado trabajando intensamente en la defensa de los derechos humanos en el país.

• Sara Elisa Rosales, una de las líderes del movimiento feminista y del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, recibió una llamada de tono intimidatorio desde un número desconocido a su celular el día 24 de julio a las 6:03 p.m. Al contestar, una voz preguntó, “Sara Elisa, ¿estás ahí?“. La voz estaba distorsionada y el sonido parecía estar modificado por el uso de un aparato artificial o programa informático. Sara Elisa acababa de finalizar su disertación en un conversatorio sobre el golpe de estado organizado por la Fundación Friedrich Ebert cuando recibió la llamada.


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5. CONCLUSIÓN Los datos del presente informe muestran, contrariamente a lo declarado por el gobierno de facto, que desde el golpe de estado muchos ciudadanos hondureños son víctima de abusos a sus derechos más fundamentales. Esta aserción, ha sido verificada por organizaciones nacionales e internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Por ello, consideramos que la continuidad de este nuevo régimen, nacido del uso ilegítimo de la fuerza militar, de la intimidación y la amenaza, constituye un riesgo permanente para los defensores de los derechos humanos y dirigentes sociales, al mismo tiempo que impone una fuerte restricción del espacio político y democrático de los activistas y demás ciudadanos hondureños. No podríamos concluir este informe sin hacer un llamado a la comunidad internacional, para que se mantenga atenta a los graves incidentes que están sucediendo en nuestro país, realice observaciones y visitas frecuentes y proporcione a los hondureños su apoyo moral y material para que así podamos seguir trabajando en la instauración y fortalecimiento del régimen democrático que este país merece. Reconocemos el esfuerzo realizado por la comunidad internacional, el cual ha estado encaminado a restaurar el Estado de Derecho, el orden constitucional y el respeto a los derechos individuales y colectivos de la población hondureña.

Informe Final Tortura Golpe De Estado Cptrt

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