Informe Especial Ataques Guerrillas y Narcotrafico

INFORME ESPECIAL

20 AÑOS DE ATAQUES DE LOS GRUPOS IRREGULARES Y LOS NARCOTRAFICANTES A LA FUERZA PÚBLICA

1. Evolución Histórica Este informe analiza los ataques protagonizados por los grupos irregulares, guerrillas y paramilitares, así como los llevados a cabo por organizaciones de narcotraficantes, contra la Fuerza Pública, entre enero de 1985 y julio de 2005; para efectos de hacer comparaciones anuales los datos de 2005 se expresaron en doce meses. Se consideraron los ataques a Instalaciones Militares y de Policía, y en esta categoría quedaron incluidos los Ataques o Asaltos a Poblaciones que suponen los anteriores. Se estudiaron también las Emboscadas, los Hostigamientos y los Homicidios fuera de combate que recayeron en integrantes de la Fuerza Pública. No se consideraron las minas antipersonal en razón a que los registros disponibles no cubren todo el periodo considerado. Se hace primero una descripción general de todos los indicadores en función de su evolución en el tiempo y destacando los que predominan en cada uno de los años pico, es decir aquellos que registraron los niveles más altos de frecuencia. Después se definen unas fases, para los principales grupos irregulares, que sirvan de soporte para explicar los cambios observados. Tercero, se analizan por separado cada uno de los ataques analizados: Ataques a Instalaciones Militares y Emboscadas, los de más impacto, y Hostigamientos y Homicidios fuera de combate, los más leves. La categoría Homicidios incluye los llevados a cabo por el Cartel de Medellín a principios de los años 1990. Se utilizan dos gráficos para analizar la evolución en el tiempo. En el primero se incluyen todos los ataques y las organizaciones involucradas. El segundo excluye los homicidios fuera de combate para eliminar el efecto de los hechos protagonizados a principios de los años 1990 por el cartel de Medellín contra integrantes de la Fuerza Pública, que explica los niveles más elevados a principios de los años 1990, como se verá adelante. Se obtiene de esta manera un comportamiento más asociado a los grupos guerrilleros y que al mismo tiempo permite establecer el peso real de las otras agrupaciones en los ataques, como es el caso de las otras guerrillas y las autodefensas. La combinación de los dos gráficos nos permite describir el comportamiento de los ataques hasta 2005.

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Ataques de los grupos irregulares y de los narcotraficantes contra la Fuerza Pública

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Ataques de los grupos irregulares a la Fuerza Pública

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia. Sumando los eventos ya relacionados, expresados en el primer gráfico, se tiene que en los 21 años considerados se registraron 9.097 de los cuales 1.725, que equivalen al 19%, fueron ataques contra las Instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía. Ocurrieron 1.477 emboscadas que representan el 16%, 3.017 hostigamientos, o sea el 33% y 2.877 hechos en los que fueron asesinados integrantes de la Fuerza Pública que suman el 32%1. El gráfico señala un comportamiento ascendente entre 1985 y 1991, año este último en que se produjo el primer pico con un total 698 hechos, situación explicable por los asesinatos contra integrantes de la Policía llevados a cabo en la capital de Antioquia por el cartel de Medellín. El nivel se mantuvo prácticamente inalterado en 1992, cuando se registraron 696, por la misma razón. En los siguientes párrafos se excluyen estos homicidios a integrantes de la Fuerza Pública, para eliminar el efecto de los protagonizados por el Cartel de Medellín a principios de los años 1990, pero estos se retomarán más adelante, en el aparte en que se profundiza sobre los responsables. Por el momento vale la pena advertir que los protagonizados por las guerrillas se hicieron en el marco del llamado Plan Pistola.



1 Se excluyeron las bajas ocasionadas por minas antipersonal.


Ataques de los grupos irregulares y de los narcotraficantes contra la Fuerza Pública

excluyendo los homicidios fuera de combate

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Ataques a la Fuerza Pública excluyendo los homicidios fuera de Combate

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia. El segundo gráfico, sin tener en cuenta los asesinatos del Cartel de Medellín, permite destacar otros comportamientos. Se destaca un pico notable, el de 1992, con 396 ataques, que coincide, al igual que el año anterior, con la respuesta de las Farc a la retoma de Casaverde en el municipio de Uribe, escenario que había servido para las aproximaciones de paz entre la administración Betancur y la guerrilla ya mencionada. La tregua se había roto en 1987, cuando las Farc emboscaron a una patrulla militar en San Vicente del Caguán, Caquetá, pero el municipio de Uribe se mantuvo como un escenario en el que se hicieron aproximaciones con esta guerrilla en la Administración Barco y los inicios de la de Gaviria. En 1994 el nivel sube de nuevo a 373, explicable por una escalada de la guerrilla en el cambio de Gobierno entre las administraciones de Gaviria y Samper, que buscaba abrirse espacio, de nuevo, en una mesa de negociaciones. Un nuevo pico se produce en 1997, con 361, en el gobierno de Samper, período en el que se produjo una nueva escalada de la guerrilla, que cambió su forma de operar, buscando la confrontación directa para obtener victorias militares; Utilizó para ello grandes contingentes de hombres para atacar bases fijas y móviles de las Fuerzas Militares en las que fueron dados de baja y secuestrados muchos integrantes de la Fuerza Pública. En 1999 y 2000, con 335 y 346 ataques respectivamente, el nivel subió mientras que tenía vigencia la Zona de Distensión; las Farc utilizaron la táctica de organizar ataques desde la zona desmilitarizada para ejecutarlos en su entorno, pero ya en ese entonces las cosas habían cambiado pues la iniciativa la tenían claramente las Fuerzas Militares. A partir de 2002, los ataques de la guerrilla se incrementan notablemente. Lo primero a considerar es la reacción de las Farc a la retoma de la zona de distensión, conformada por los municipios de Mesetas,




Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, en el Meta, y San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Adicionalmente, hay que tener en cuenta, sobre todo entre 2003 y 2005, la reacción de esta guerrilla a la puesta en práctica de la Política de Seguridad Democrática y en particular a las operaciones militares enmarcadas en el Plan Patriota y a otras complementarias como la Marcial en el oriente de Antioquia, La Libertad Uno en Cundinamarca, y la Emperador en el departamento del Meta. Si bien en 2004 y 2005 hay una reducción, hay que tener en cuenta que en el marco de las operaciones militares del Plan Patriota, no se ha conocido mucha información sobre los combates y los ataques de las guerrillas, por lo que el nivel podría ser superior. En líneas generales, la descripción hecha permite concluir que el ELN, las otras guerrillas y los grupos no identificados, no ayudan a explicar los niveles más elevados. Más adelante, cuando se analicen por separado, se podrá precisar los cambios más notables para estas agrupaciones. 1.1 Breves anotaciones sobre las fases de los ataques de las Farc y el ELN Resulta de la mayor importancia definir algunas fases en las que desenvuelve el comportamiento de los ataques de los grupos irregulares, excluyendo los asesinatos fuera de combate y los homicidios que recayeron en integrantes de las Fuerzas Armadas, para eliminar el efecto de los llevados a cabo por el Cartel de Medellín a principios de los años 1990 y apreciar el real peso de cada una de las agrupaciones irregulares en el conflicto armado y particularmente en los ataques desplegados por su iniciativa. Estas fases serán de la mayor importancia para entender cada una de las modalidades de ataques al interior de cada agrupación, la combinación de ataques que adopta cada una de ellas y las alianzas militares que establecen. Hagamos referencia primero a las Farc, después al ELN, para finalmente hacer algunas anotaciones sobre las otras agrupaciones guerrilleras y los grupos paramilitares. En el caso de las Farc podemos definir cinco grandes fases. La primera parte de la segunda mitad de los años 1980 y finaliza en 1991. En esta fase expandieron sus frentes guerrilleros, basados en buena medida en los recursos derivados de la coca, el secuestro y la extorsión y aprovechando el espacio que encontraron a través de las aproximaciones de paz en la administración Betancur cuando pudieron ampliar su influencia en el poder local. La segunda se prolonga desde 1992, cuando se intensificaron las operaciones militares para expulsar a las Farc de Casa Verde, en el municipio de Uribe, espacio geográfico en el que se desarrollaron aproximaciones de paz, en el marco de la administración Gaviria, hasta 1998, año en que se produjo el cambio de Gobierno entre Samper y Pastrana. En esta fase se produjeron varios cambios. En 1992, los ataques estuvieron acorde con la reacción a las operaciones militares en el Meta, en 1994 estuvieron relacionados con el cambio de Gobierno, y a partir de 1996 con el interés por abrirse espacio en nuevas de negociaciones de




paz, ampliar su influencia política y militar en vastas regiones y demostrar que se trataba de un Ejército irregular organizado con propósitos políticos. A partir de 1996, el cambio se expresó en ataques de mayor envergadura, emprendidos contra la Fuerza Pública, especialmente contra grandes unidades militares, en las que utilizaron grandes contingentes de hombres que buscaban la confrontación militar directa y grandes victorias militares, así como mantuvieron rasgos del anterior esquema en el que se utilizaba la sorpresa, y actuaban pocos hombres. La Cuarta fase comienza en 1999, con la vigencia de la Zona de Distensión y acaba en 2002 con su ruptura. En esta, no obstante las aproximaciones de paz, las Fuerzas Militares recuperaron la iniciativa y aumentaron los combates. Los golpes recibidos en la administración Samper y en los inicios de la de Pastrana, hicieron reaccionar a las Fuerzas Militares que emprendieron una reforma militar. Mejoró notablemente la inteligencia técnica, la capacidad de movilización de las tropas, el poder del fuego desde el aire y esto implicó a su turno cambios en el proceder de la guerrilla. Cesaron los grandes ataques, fragmentaron la reacción, multiplicaron los hostigamientos y mantuvieron un ritmo ascendente en las Emboscadas y los Ataques a Instalaciones de la Fuerza Pública, disminuyendo su intensidad y sus consecuencias. La quinta fase va desde 2002 y 2003 y termina en 2005. En líneas generales se desenvuelve en el marco de la Política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe. En lo esencial cambió la actitud de las Fuerzas Militares, que cada vez más mantuvieron y consolidaron la iniciativa en la confrontación en términos generales y llegaron a espacios antes descubiertos por el Estado. Subió la participación de los soldados profesionales, se crearon los Comandos Conjuntos, se incrementó el apoyo a las divisiones con la creación de más Brigadas Móviles, se crearon Fuerzas Especiales Urbanas, Unidades de Protección de Carreteras, Batallones de Alta Montaña y Unidades para la Protección de Infraestructura, con lo que la capacidad de las Fuerzas Militares para llenar los vacíos existentes mejoró significativamente. Hay que anotar que la Policía llegó a todos los municipios. A diferencia de la administración Pastrana, en que el eje de la Política era el tema de la Paz, en la de Uribe el mayor énfasis está en lo militar. En este marco se diseñó el Plan Patriota y se pusieron en práctica una serie de operaciones militares entre las que se destaca la Libertad Uno, en Cundinamarca, la Emperador en Meta, y las que han tenido lugar en Caquetá, Guaviare y en menor medida Meta, y que son reconocidas como el desarrollo del Plan Patriota. Las Farc pasaron de una estrategia directa, a una más indirecta, buscando economía de recursos, y actuando sobre las líneas de menor resistencia. No obstante, en 2005, han diversificado sus respuestas y han combinado grandes ataques con Hostigamientos, aprovechando zonas más descubiertas y con debilidades de protección en las fronteras, como Putumayo, y Nariño, así como Cauca, que les sirve de corredor entre el oriente y el pacífico. El ELN es más difícil de captar a partir de los criterios adoptados, porque el nivel de sus acciones no contribuye a explicar los grandes cambios. Hay que apreciar, primero que todo, que en el caso de esta agrupación pesaron mucho históricamente




los actos de sabotaje a la Infraestructura, que no se consideran en este análisis. Examinar por separado los ataques a la Fuerza Pública, brinda la posibilidad de apreciar aspectos que no sobresalen cuando se analiza todo el repertorio de modalidades de ataques. Sorprende examinar que los mayores niveles del ELN en los ataques a la Fuerza Pública, coinciden con coyunturas en que las Farc intensifican los suyos, con lo que se concluye que el ritmo se lo va poniendo las Farc. Las fases definidas para las Farc serán de todas maneras un punto de referencia para explicar los ataques del ELN. No obstante, hay que precisar unas fases para el ELN relacionándolas con sus cambios estratégicos y a partir de la información disponible. El punto de partida coincide con la expansión del ELN a partir de la economía petrolera y después con otras economías mineras, y se prolonga hasta 1995 más o menos. Se desdoblan los frentes existentes en el nororiente y el noroccidente, que se habían estructurado desde mediados de los años 1960 y cuyo crecimiento se había truncado a raíz de la Operación Anorí, en 1973. En 1995 pretendieron dar un salto, en el marco de la Primera Conferencia Nacional Militar, con lo que buscaban tomar la iniciativa militar y crear Fuerzas Militares de Área que reemplazaran los Frentes de Guerra. El propósito era crear un Ejército Revolucionario para la toma del poder. La Tercera fase, entre 1996 y 2005, se ha caracterizado por el debilitamiento de esta agrupación por los golpes recibidos por las Fuerzas Militares y los grupos Paramilitares, en un marco en que la economía del petróleo perdió dinámica y la Fuerza Pública reforzó sus sistemas de seguridad para vulnerar las extorsiones de las guerrillas; no obstante, muestra algunos signos de recuperación en los últimos dos años, como se podrá apreciar. 1.2. Variación de la velocidad de los ataques de los grupos irregulares El siguiente gráfico representa los cambios porcentuales de un año respecto del anterior, es decir la variación de la velocidad de los ataques de los irregulares, excluyendo los homicidios fuera de combate. Es conveniente leer esta información junto con el gráfico que presenta la evolución de los ataques por grupos, que aparece adelante.




Variación de la velocidad de los ataques: Cambio porcentual por años de los ataques de los grupos irregulares contra la Fuerza Pública entre 1986 y 2005

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Ataques a la Fuerza Pública excluyendo los homicidios fuera de Combate

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia.

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Farc Eln Desconocido Otras guerrillas

Guerrilla no Identif icada Autodefensas FARC y ELN

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia. Observando los cambios porcentuales más relevantes, se tiene que los años de 1990 y 1991 representaron un incremento respecto del año anterior de 39% y 77%, de lo que se puede colegir que la retoma de Casa Verde estuvo precedida de una aceleración en los ataques, principalmente de las Farc; el aumento del Eln solo se




percibe en 1992, en la coyuntura de la reacción de las Farc a la retoma de Casa verde, con lo que se concluye que la otra agrupación guerrillera le marcó el compás al ELN2. La aceleración fue del 76% en 1994, año en que se produjo el cambio de Gobierno entre las Administraciones de Gaviria y Samper, cuando las Farc aumentaron significativamente los ataques en julio y agosto, buscando de la misma manera abrir espacio para una mesa de negociaciones, siendo acompañadas por el ELN que también aumentó sus ataques. En 1999, se produce la mayor aceleración, del 186%, que ocurrió en los meses que siguieron a la desmilitarización de cinco municipios, explicable porque las Farc buscaban posicionarse en la mesa de negociaciones, al tiempo que el ELN subía sus ataques también; hay que entender también que 1998 fue el año en que los ataques registraron el menor nivel desde 1986, punto bajo que ayuda a que el ritmo aumente como consecuencia de los cambios adoptados por las guerrillas. En 2002, el cambio fue del 89% y se explica por la reacción de las Farc a la ruptura de la zona de distensión; esto se produce en un marco en el que las Fuerzas Militares habían retomado la iniciativa en la confrontación armada, y por lo tanto los ataques de las guerrillas son una reacción a las anteriores. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión las acciones del ELN bajaron, al revés de las de las Farc, pero las que se produjeron acompañaron las de las Farc que respondía a las operaciones militares. Desde entonces, se nota que el ritmo de la aceleración baja, hasta el punto que en 2004 fue de -26%. No obstante, el nivel de ataques sigue siendo elevado para el conjunto de todas las agrupaciones. Observando algunos de los niveles más altos, se tiene que mientras en 1986 se registraba un ataque cada dos días, hacia 1991 y 1992 el promedio era de uno por día, en 2002 se pasó a 1.13 por día, en 2003 a 1.8, en 2004 se bajó a 1.32 y en 2005 a 1.19 por día. 1.3 Ataques por modalidades Observemos ahora la evolución de las modalidades de ataques realizados por todos los grupos. La curva que representa los homicidios fuera de combate registró su pico en 1990, siguió con niveles elevados hasta 1993 y a partir del año siguiente cae. Ya se señalo que los niveles muy elevados corresponden a los homicidios contra integrantes de la Fuerza Pública que protagonizó el cartel de Medellín, principalmente en la capital de Antioquia. El comportamiento se estabiliza en 1996, desde cuando la curva se aproxima más a una especie de línea recta, pues se producen en promedio cerca de cien eventos por año, hasta el presente. Se trata, principalmente, de homicidios fuera de combate, llevados a cabo en primer término por las Farc y en segundo por el ELN, en el marco del denominado Plan Pistola. Esto ocurre en forma dispersa en el conjunto nacional y hace parte de las tácticas utilizadas por las guerrillas para golpear y desmoralizar a la Fuerza Pública invirtiendo pocos recursos. Hay muchos hechos de las guerrillas que están incluidos

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2 Es conveniente combinar la lectura de los cambios porcentuales con el gráfico que presenta la evolución de los ataques por grupos que aparece más adelante.


en los responsables no identificados, pero obviamente algunos de ellos pueden atribuirse también a la Delincuencia Organizada.

Ataques de los grupos irregulares y de los narcotraficantes contra la Fuerza Pública según modalidades

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Ataques a instalaciones de La Fuerzas Militares y la Policía Emboscada

Hostigamiento Homicidios fuera de combate


En el gráfico aparecen representados todos los Ataques a Instalaciones Militares y de Policía, y sobresalen, de acuerdo con frecuencias por años, los picos de 1992, 1994, 1997, 2004 y 2005. Lo primero es señalar que a pesar de las operaciones militares, los ataques contra las Instalaciones de la Fuerza Pública marcan un comportamiento ascendente. Los ataques más contundentes, con más de diez bajas, fueron diez en trece años, desde 1992, y en ningún año se han producido más de dos eventos. Hubo dos ataques importantes en 1996 y en 2001, mientras que hubo uno en 1992, 1994, 1997, 2002, 2004 y 2005. Veamos con algún detalle la evolución, al tiempo que se destacan los ataques más significativos. Los Ataques a Instalaciones de la Fuerza Pública marcan un primer pico importante en 1992, coincidiendo con la retoma de Casaverde, circunstancia en la que las Farc, en primera medida, pero también el ELN, protagonizaron hechos en diferentes zonas del país. En 1994, se produjo una nueva escalada de la que se registraron 145 hechos, la mayoría de ellos ocurridos en julio y agosto, coincidiendo con la despedida a Gaviria y el recibimiento a Samper. Los ataques a Instalaciones de la Fuerza Pública vuelven a subir considerablemente en 1997, coincidiendo con la arremetida de las Farc contra la Fuerza Pública en el marco de la administración Samper, que se había iniciado con una emboscada en Puerres, Nariño, en 1996 y




que adquirió dimensiones importantes con el ataque a la Base Militar de las Delicias en el mismo año, en Putumayo, cuando fueron dados de baja no menos de 27 militares y secuestrados alrededor de 60. Los Asaltos a Población, principalmente en el suroccidente colombiano, en Cauca, Nariño y otros departamentos, fue también la nota predominante en este período. En 1998, a pesar de la disminución en número, la calidad de los ataques se mantiene. En agosto, en el cambio de Gobierno entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, se produjeron acciones de peso en Miraflores (Guaviare), y en Uribe (Meta). A finales del año se produjo el ataque a Mitú, que marcó un cambio en cuanto la guerrilla sufrió un duro revés. A partir de 1999, la curva asume un comportamiento al alza que salvo una oscilación en 2001, se mantiene hasta el presente. Esto se produce en un marco en que la iniciativa militar es retomada paulatinamente por las Fuerzas Militares, las Farc siguen demostrando capacidad militar en este nuevo contexto, el ELN está debilitado, pero muestra síntomas de revivir a partir de 2004. Las Emboscadas no marcan cambios tan bruscos como los homicidios fuera de combate y los ataques a instalaciones de la Fuerza Pública. El análisis se centra, no obstante, en los mismos hitos ya relatados para los Ataques a Instalaciones. El punto de partida es una emboscada ocurrida en el Caquetá, en 1987, que originó la ruptura de la tregua. Las emboscadas se mantuvieron en 1988, bajaron en 1989 y subieron en 1990 y 1991, previamente a la retoma de Casaverde y se mantuvieron en 1992, cuando las operaciones militares en el Meta aumentaron considerablemente. Entre 1993 y 1995 aumentan levemente, pero entre 1996 y 1998 las emboscadas bajan en número; no obstante, no sobra recordar que la forma de operar la guerrilla cambió, orientando la mayoría de sus esfuerzos a grandes lograr victorias militares, de lo que se deduce que bajaron los hechos pero se incrementó su letalidad. Esto se hizo más nítido entre 1996 y 1998, cuando se desencadenó una serie de ataques a Instalaciones Militares y emboscadas a unidades en movimiento, que le propinó muchas bajas y secuestrados a la Fuerza Pública, acumulado que a la postre le sirvió para presionar la instalación de una mesa de negociaciones al inicio de la administración Pastrana. En 1998, a pesar de la disminución registrada en el número de Emboscadas, se produjo un ataque en el sitio Tamborales, en la región del Urabá, que ocasionó muchas bajas y secuestrados. A partir de 1999 las emboscadas dibujan un comportamiento al alza hasta 2005, con leves variaciones hacía abajo, que muestran de nuevo la capacidad para resistir el desarrollo de operaciones militares cada vez más intensas. No obstante, se producen en un nuevo contexto. Por un lado, algunas de las más importantes se planearon en la zona de distensión, pero con alguna frecuencia se convirtieron en descalabros por la reacción de las Fuerzas Militares. Por otro lado, se dieron en la medida que las Fuerzas Militares recuperaron la iniciativa, se reformaron, aumentaron su capacidad de combate, su movilidad y mejoraron sustancialmente su inteligencia técnica y su capacidad de fuego desde el aire. Hubo, no obstante, ataques contundentes en Gutiérrez, Cundinamarca, en Puerto Libertador, Córdoba, en Dabeiba, Antioquia, todos en 1999, pero paulatinamente se van volviendo más espaciados y van adquiriendo más importancia los hostigamientos. Se volvieron a presentar grandes emboscadas, pero con menos frecuencia y menos contundentes: en 2001, en el




municipio de El Paujil, en 2002, en zona rural de Cali, y en 2003, en El Carmen de Bolívar. Se percibe un nuevo cambio en 2005, cuando vuelven algunos grandes ataques, en el marco de la reacción a las operaciones militares en el marco del Plan Patriota. El año 2005 ha sido especialmente afectado por una serie de emboscadas que a su turno han sido complementadas con otras modalidades de ataques. Ocurrieron en la vereda el Porroso, cerca del Cañón de la Llorona, entre los municipios de Dabeiba y Mutatá, en el municipio de Dabeiba; en la vereda Pagadó, en el sitio conocido como Teteyé, a orillas del río San Miguel, en jurisdicción de Puerto Asís, y en Arauca, en la carretera Tame – Fortul. Los Hostigamientos han tendido al alza en los veintiún años considerados, pero al mismo tiempo han registrado oscilaciones bruscas. En líneas generales sus picos coinciden en lo esencial con los momentos ya descritos: 1987, 1991, 1994, 1999 y 2003. La curva dibuja dos períodos claros. El primero entre 1985 y 1998 y el segundo a partir de 1999 y hasta 2005. Es importante señalar que en el segundo período, en el que la iniciativa la tienen las Fuerzas Militares, han aumentado notablemente, a pesar de que las emboscadas y los ataques a instalaciones de la Fuerza Pública también lo han hecho, aunque a un ritmo inferior. Es entonces una forma de enfrentar las ofensivas militares en una forma mucho más fragmentada, buscar desconcentrar los combates, golpear las unidades militares en movimiento y atacar unidades fijas en coordinación con otros ataques de más envergadura, buscando afectar los puntos más débiles en forma sorpresiva. No es posible destacar los más significativos, porque precisamente se trata de ataques leves contra unidades fijas y móviles de la Fuerza Pública. Se puede, sin embargo, señalar que en ocasiones hay concentraciones de hostigamientos en unos municipios en un lapso corto. Municipios de Arauca, como Saravena, Arauquita y Tame, se han destacado en 1999, 2000, 2002 y 2003, cuando estas acciones aumentaron significativamente en el país. El departamento del Cauca también ha sido muy afectado y la situación se ha vuelto más crítica desde 2003; al respecto hay que señalar que muchos de ellos se han combinado con ataques de más importancia y se han hecho simultáneamente con lo que ocurre en Nariño, también muy afectado con los hostigamientos recientemente. El caso de Toribío, en el Norte del Cauca, es significativo, pues pone en evidencia la capacidad para desarrollar ataques consecutivos y aún simultáneos durante varios días en un área reducida, utilizando los hostigamientos para distraer a la Fuerza Pública, mientras otra fuerza se concentra con más intensidad en un blanco específico. 2. Ataques por Responsables En este aparte se hace énfasis en los responsables de los ataques. Primero se tienen en cuenta todos los eventos, incluidos los asesinatos a integrantes de las Fuerzas Armadas. Se concluye que de cada diez, cinco los ejecutó las Farc, tres los grupos no identificados, entre los que sobresalen los asesinatos protagonizados por el cartel de Medellín a principios de los años 1990, dos el ELN, y uno, las demás agrupaciones, principalmente pequeñas organizaciones guerrilleras: el EPL, el M-19, el Quintín Lame, antes de 1991, y el ERG, el ERP, y el EPL disidente, en buena




parte de los años 1990 y 2000. Ahora, excluyendo los homicidios que recayeron en integrantes de la Fuerza Pública por parte del Cartel de Medellín, así como los homicidios fuera de combate protagonizados por agrupaciones irregulares, los ataques fueron 6,223. De cada diez, seis los protagonizó las Farc, dos el ELN, uno los grupos no identificados y uno más las otras guerrillas o las guerrillas no identificadas.

Emboscadas, Ataques a Instalaciones y hostigamientos según responsables

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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Farc Eln Desconocido Otras guerrillas

Guerrilla no Identif icada Autodefensas FARC y ELN


Las Farc, claramente, han tenido el mayor peso de los ataques en todo el período considerado. Los momentos clave ya se analizaron y coinciden con las tendencias generales, asociados a cambios estratégicos de los grupos irregulares, considerados todos los grupos: 1987, 1991-1992, 1994, 1997, y un ascenso constante entre 1999 y 2003, mientras que en 2004 y 2005 se mantuvieron en un nivel muy elevado a pesar de una desaceleración. Lo anterior es una prueba más de que las Farc jalonaron el conjunto de los ataques. El ELN, que se fortaleció significativamente a partir del hallazgo del pozo petrolero en Caño Limón Coveñas, en 1983, muestra un incremento sostenido en sus ataques a la Fuerza Pública, entre 1986 y 1992, año en que acompañó a las Farc en su reacción a la retoma de Casa verde; en esta fase, no obstante, pesaron mucho los ataques a la infraestructura petrolera, que no se analizaron. Entre 1994 y 1997 sus ataques a la Fuerza Pública vuelven a ser significativos, alrededor de uno cada tres días y bajan de nuevo en 1998; en esta coyuntura, fueron golpeados por la Fuerza Pública, pero así mismo fueron debilitados por los grupos de autodefensa, sobre todo desde el surgimiento de las AUC en 1997, que apuntaron a su estructura de milicias y de apoyo, principalmente en las zonas planas, por lo que tuvieron que replegarse a áreas montañosas o selváticas. Desde entonces el ELN se debilita, a pesar de un leve repunte en sus ataques entre 1999 y 2000 y estos caen notablemente en 2001. Entre 2002 y 2005




hay un nuevo repunte, pero en ningún momento llegando a los niveles que había registrado antes de 2000. Las otras guerrillas registraron su mayor nivel entre 1985 y 1991, año en que se desmovilizaron el M-19 y el EPL, además de otras agrupaciones menores; a partir de entonces sus ataques a la fuerza Pública son irrisorios, muestra de que el ERG, el ERP y otras guerrillas pequeñas no tienen capacidad militar para efectuar ataques de envergadura o concentrar pequeños ataques y que son estructuras con una vocación más orientada al secuestro y la extorsión. Los desconocidos, es decir los grupos no identificados, marcan muy bajo cuando se excluyen los homicidios a la fuerza Pública; muchas de sus acciones esconden ataques ejecutados por las Farc y otras guerrillas o paramilitares. Las autodefensas marcaron niveles muy bajos entre 2000 y 2005, denotando que su vocación no es atacar a la Fuerza Pública. Las Farc son indudablemente el grupo con mayor capacidad militar para ejecutar ataques contra la Fuerza Pública. Llevaron a cabo seis de cada diez, sumados los ataques a Instalaciones de la fuerza Pública, las Emboscadas y los Hostigamientos en todo el período considerado. Ejecutaron seis de cada diez ataques a Instalaciones de la Fuerza Pública, eventos que demandan estructuras organizadas, con capacidad militar, de planeamiento y de ejecución. Es significativo que cuando se examinan los más contundentes, es decir aquellos que arrojaron diez o más bajas, esta agrupación copó el 100%. Así mismo, hay que señalar que su participación en esta categoría ha venido aumentando en el curso de los años. Entre 1985 y 1991, año este último en que se desmovilizaron el EPL, el M-19 y el Quintín Lame, además de otras agrupaciones más pequeñas, su participación fue del 36%; subió al 54% entre 1992, año en que se intensificaron las operaciones para retomar Casa Verde, en Uribe, departamento del Meta, y 2004, año en que se produjo una escalada en el marco del cambio de Gobierno entre las administraciones Gaviria y Samper; fue del 65% entre 1995 y 1998, cuando se produjo una ofensiva muy intensa en el marco de la administración Samper, destinada a buscar victorias militares importantes, y ascendió al 77% entre 1999 y 2005, período que cubre la vigencia de la zona de distensión, su ruptura, el cambio de las administraciones Pastrana y Uribe y el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática. Así mismo, cuando se produjeron escaladas, su participación en los ataques a instalaciones fue muy superior a la mitad y llegó al 93% en 2001, el año pico, precediendo la ruptura de las negociaciones; en los últimos tres años ha ejecutado entre siete y ocho de cada diez, acaparando la totalidad de las más significativas, es decir aquellas que produjeron más bajas entre la Fuerza Pública. Las Farc llevaron a cabo seis de cada diez Emboscadas en los veintiún años analizados y su participación ha venido subiendo en la medida que se acerca 2005. Realizó a cabo la mitad entre 1985 y 1990, cuando competía con varias agrupaciones y subió al 62% en 1991, cuando se desmovilizaron varias guerrillas. En la década de 1990 rondó en más de la mitad y en los años 2000 ha llevado a cabo ocho de cada diez; en 2002, año en que se produjo la última ruptura de las negociaciones, casi llega a nueve de cada diez. De las treinta emboscadas que más bajas han producido, 24 han sido responsabilidad suya, a lo que hay que agregarle




que otras cinco fueron obra de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, coalición en la que participaba, o de la Coordinadora Nacional Guerrillera, y solamente una por el ELN. También concentraron seis hostigamientos de cada diez en los veintiún años analizados, y su participación ha cambiado bruscamente en el tiempo. Fue elevada en 1985, ocho de cada diez, pero bajó mucho en varios años, hasta 1991, cuando había más guerrillas en el escenario de la confrontación. De la misma manera, en la medida que el ELN tenía más capacidad militar, su participación fue moderada entre 1988 y 1991, menos de la mitad. En las coyunturas de los niveles más altos de ataques, su participación sube notablemente, pues en 1992, cuando hubo una escalada en respuesta a la retoma de Casa verde, casi llega a seis de cada diez, lo mismo que en 1994, cuando presionaban para abrirse espacio en una mesa de negociaciones a raíz del cambio de gobierno. En la década de 1990, en su conjunto osciló en la mitad, y en los años 2000 ha variado en alrededor de las tres cuartas partes, llegando al 97% en 2001, cuando el ELN bajó considerablemente sus acciones. Las Farc no solo acaparan la mayoría de los ataques sino que saben combinar todas las modalidades. En las escaladas suben al mismo tiempo los Ataques a Instalaciones, las Emboscadas y los Hostigamientos. Adicionalmente, combinan todas las modalidades. Los ataques más leves, como los hostigamientos, se ponen al servicio de los más contundentes, como ocurrió recientemente en el Norte del Cauca, cuando se atacó Toribío, hecho que se produjo simultáneamente con pequeños ataques en otros municipios del Cauca y Nariño. Esto, guardadas las proporciones, también ocurrió en el Putumayo, en donde han combinado el ataque a Teteyé, una emboscada a pocos metros de la base, con atentados contra la infraestructura y con un paro armado. Las Farc, igualmente, han buscado cambiar la forma de operar en las diferentes coyunturas. En los años 1980 y la primera mitad de los años 1990, destinaban sus ataques para expandirse territorialmente, neutralizar a la Policía y abrirse espacios para obtener el apoyo de la población dirimiendo conflictos y aumentando su capacidad para extraer recursos de sectores de la población por medio del secuestro y la extorsión. En la segunda mitad de los años 1990, cuando disponían de un acumulado militar importante, intentaron saltar de una guerra de guerrillas a una de posiciones, realizar ataques contundentes buscando victorias militares significativas, utilizando para ello unidades mayores. Más recientemente, entre 1999 y 2005, en el marco de intensas operaciones militares contra la guerrilla, volvieron a las tácticas adoptadas en la guerra de guerrillas, es decir golpear y replegarse, pero al mismo tiempo se han adaptado para mantener un ritmo en el crecimiento de sus ataques, o en el peor de los casos, para mantenerlos elevados, como es el caso de 2004 y 2005. Han sabido, en circunstancias en que los esfuerzos del Estado se han multiplicado para golpear su estructura, reeditar los grandes ataques o las concentraciones de ataques para persistir sobre un objetivo o una región. Crearon Columnas y Compañías móviles, algunas de ellas especializadas, para ejecutar acciones cuidadosamente planeadas, al tiempo que disponen de esquemas para resistir las operaciones llevadas a cabo por Brigadas Móviles. Han sufrido grandes reveses, como cuando fueron




neutralizados cuando salían de la zona de distensión a realizar ataques en el entorno, circunstancias en que la inteligencia técnica le abonó importantes réditos a las Fuerzas Militares, o como cuando atacaron a Mitú a finales de 1998, cuando fueron víctimas del poder aéreo, pero han sabido reorganizarse. Para neutralizar el poder aéreo, han sabido fragmentarse, utilizando pequeñas unidades y evitando los desplazamientos de muchos hombres, al tiempo que atacan en zonas donde no están siendo combatidos con la misma intensidad, en ocasiones anotándose triunfos importantes, como recientemente en el Putumayo. Han sabido utilizar las fronteras para realizar ataques sorpresivos, dejando de presente las limitaciones del Estado colombiano para controlarlas. El ELN es la segunda agrupación con capacidad para efectuar ataques contra la Fuerza Pública. No obstante, su tamaño es mucho menor que las Farc. Realizó en los veintiún años considerados tres veces menos ataques que las Farc, excluyendo los homicidios fuera de combate. Desde otra perspectiva, de cada diez ataques producidos por las dos agrupaciones, ocho fueron obra de las Farc y dos del ELN. Llevaron a cabo dos de cada diez ataques a Instalaciones Militares y de Policía, pero su participación ha venido en decrecimiento. En los años en que sus frentes se expandían, en la segunda mitad de los años 1989 y principios de los años 1990, llegaron a representar el 34% en 1988, e incluso más de la mitad en 1989; entre 1994 y 1997 realizó una de cada cuatro, entre 1999 y 2000 si acaso una, entre 2001 y 2003 mucho menos de una y en los dos últimos años casi llega a una de cada diez, mostrando un leve repunte. En los últimos veintiún años realizaron dos de cada diez emboscadas, y el comportamiento es parecido a la categoría anterior. Realizaron entre tres y cuatro de cada diez entre 1987 y 1990, entre dos y tres en el período comprendido entre 1991 y 1994, en 1995 y 1996 algo más de tres, alrededor de dos entre 1997 y 2000, y una o menos entre 2001 y 2005. Realizaron cerca de dos de cada diez hostigamientos en todo el período analizado; alcanzaron a realizar cuatro de diez en 1989, casi cuatro en 1995, tres en 1998, y en los últimos cinco años menos de uno. Veamos con más detalle la evolución de las Farc, el ELN, las otras guerrillas y los grupos paramilitares.




2.1 Las Farc

Ataques de las Farc contra la Fuerza Pública por modalidades

0

50

100

150

200

250

300

350

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ataque instalación Emboscada Hostigamiento Homicidios fuera de combate

Considerando los veintiún años, incluidos los homicidios fuera de combate, las Farc registraron 4,104 ataques, de los cuáles el 44% fueron hostigamientos, el 26% Ataques a Instalaciones de la Fuerza Pública, el 21% emboscadas y el 8% eventos asociados a homicidios fuera de combate. Los hostigamientos ocuparon casi siempre el primer lugar, con excepción de 1988, cuando lo hicieron las emboscadas, y de 1994 a 1997, cuando los Ataques a Instalaciones de la Fuerza Pública tomaron la delantera, coincidiendo con la ofensiva en el marco de la administración Samper. Los hostigamientos, no obstante, fueron perdiendo peso entre 1986 y 1997, pero recuperaron su preeminencia a partir de 1998 y hasta 2005, coincidiendo con el período en el que las Fuerzas Militares recuperaron la iniciativa en la confrontación militar, desde el inicio de la zona de distensión. Esto refleja los obstáculos que enfrentó esta guerrilla, que tuvo que resistir los avances en la inteligencia técnica, la mayor movilidad y poder aéreo, lo que les quitó capacidad de ataque, en la medida que fueron neutralizados para efectuar acciones de envergadura contra bases fijas y móviles. Se vieron abocados de esta manera a incrementar los pequeños ataques para neutralizar y desgastar a su adversario y a realizar sabotajes a la infraestructura.




Variación de la velocidad de los ataques: Cambio porcentual por años de los

ataques de las Farc contra la Fuerza Pública entre 1986 y 2005

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia. Ya habíamos observado los cambios porcentuales de un año respecto del anterior, es decir la variación de la velocidad de los ataques de todas las agrupaciones. El propósito ahora es observar estos cambios para las Farc, que muestran que esta agrupación arrastró el de las demás. Observando los cambios más relevantes, se tiene que los años de 1990 y 1991 representaron un incremento respecto del año anterior de 100% y 126%, de lo que se puede colegir que la retoma de Casa Verde estuvo precedida de una aceleración en los ataques, principalmente de las Farc. La aceleración fue del 210% en 1994, año en que se produjo el cambio de Gobierno entre las Administraciones de Gaviria y Samper, cuando las Farc aumentaron significativamente los ataques en julio y agosto, buscando de la misma manera abrir espacio para una mesa de negociaciones. En 1999, se produce la mayor aceleración, del 213%, que ocurrió en los meses que siguieron a la desmilitarización de cinco municipios, explicable porque las Farc buscaban posicionarse en la mesa de negociaciones. En 2002, el cambio fue del 57% y en 2003 del 38% y se explica por la reacción de las Farc a la ruptura de la Zona de Distensión; esto se produce en un marco en el que las Fuerzas Militares habían retomado la iniciativa en la confrontación armada. Desde entonces, se nota que el ritmo de la aceleración baja, hasta el punto que en 2004 fue de -22% y en 2005 de -3%. No obstante, el nivel de ataques sigue siendo elevado. Observando algunos de los niveles más altos, se tiene que mientras en 1987 se registraba aproximadamente un ataque cada tres días, hacia 1991 y 1992 el promedio era de 1.2 cada dos días, en 2002 se pasó a uno por día, en 2003 a 1.4, en 2004 se bajó a 1.1 y en 2005 a uno por día, es decir el mismo nivel de 2002 y superior a todos los años anteriores.




Evolución de la participación porcentual de los ataques de las Farc por

modalidades

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ataque instalación Emboscada Hostigamiento Homicidios fuera de combate

Los ataques a las Instalaciones de la Fuerza Pública, salvo oscilaciones, se orientaron al alza desde 1986 y hasta 1997; es de destacar que entre 1994 y 1997 aumentaron en frecuencia, y que entre 1996 y 1997 adquirieron más envergadura, pues fue cuando se presentó una sucesión de hechos de impacto en el marco de la segunda parte de la administración Samper. Con excepción de 2000, cuando aumentaron levemente, entre 1998 y 2003 disminuyeron en forma importante, coincidiendo con la vigencia de la Zona de Distensión, su ruptura y el inicio de la Política de Seguridad Democrática. Suben de nuevo en 2004 y 2005 en el marco de las operaciones del Plan Patriota; en 2005, adquirieron dimensiones importantes pues ocurrió una de gran impacto, como el ataque a Iscuandé, o hubo una concentración de las mismas, como ocurrió en el Norte del Cauca y en el departamento de Nariño. Veamos esto con más detalle. Una primera fase que se dibuja, se inicia, de acuerdo con el grafico, en 1985, cuando las Farc estaban sentadas en la mesa de negociaciones, y termina en 1990, antes de la retoma de Casaverde por parte de las Fuerzas Militares. En esta fase las Farc estaban expandiendo sus frentes militares y realizaban pequeños ataques, principalmente contra Unidades de Policía, muchas veces en el marco de ataques a población. En 1985 se produjo un ataque a la Policía en Toribio, hecho importante por cuanto en lo posterior este puesto acabó siendo levantado y solo retornó en la administración Uribe, en el marco de la Política de Seguridad Democrática. Esto tiene significado en la medida que una vez retirada la Policía, las Farc lograron el control de las armas, principalmente en las zonas rurales, con lo que a su vez




crearon las condiciones para ejercer “justicia” y para extraer recursos a la población. Este es tan solo un ejemplo y se podrían citar otros. En 1986 hubo un ataque a la Policía en Riosucio, Chocó, evento importante, pues le abrió el espacio a la guerrilla para controlar una zona estratégica en la que acabaron arremetiendo los paramilitares una década después. En esos años hubo ataques en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta, en pequeños corregimientos, así como en la región del Ariari y Guayabero, en el Meta, tal como ocurrió en Puerto Lleras, en 1988, y en tres ocasiones en Vista Hermosa, en 1989. Así mismo, hubo tres pequeños ataques en Samaniego, Nariño, departamento que junto con el Cauca, serían años después objeto de ataques mucho más importantes. En resumen, es una etapa de expansión de las Farc en la que buscan asentarse en zonas rurales, expulsar a la Policía y generar las condiciones para abrogarse el manejo de la justicia y tener las bases para extraer recursos de sectores de la población. Una segunda fase comienza en 1991, coincidiendo con la retoma de Casaverde y finaliza en 1994, año en el que se produjo la transmisión del mando entre Gaviria y Samper, que coincidió con una escalada de la guerrilla. En esta nueva fase los combates por iniciativa de la Fuerza Pública aumentaron notablemente y el gobierno Gaviria cerró cualquier posibilidad de acercamiento con las guerrillas y especialmente con las Farc. Los ataques se dan, igualmente, en un contexto en el que las Farc seguían expandiéndose territorialmente, como lo ilustra el caso de Cundinamarca, en donde se fueron asentando varios frentes en el entorno de la capital. Un aspecto que sobresale es que los ataques a instalaciones se dieron como respuesta a las operaciones militares desplegadas en el municipio de Uribe, Meta, destinadas a retomar el control en Casaverde y a golpear el Estado Mayor del Bloque Oriental, EMBO, que tenía como uno de sus propósitos resguardar la seguridad del Secretariado de las Farc. Es por ello que fueron afectados varios municipios de Cundinamarca, Huila, Meta y Guaviare, entre 1991 y 1992. Adicionalmente, en la dinámica descrita en la anterior fase, se siguieron golpeando puestos de Policía en el Cauca, principalmente en 1991 y en Nariño, en 1992. De otro lado hay que anotar que el número de bajas fue aumentando y es así como hubo varios hechos de seis, que no se observaban en los años anteriores. Se destacó el ataque ocurrido en el municipio de Orito, Putumayo, en el campo petrolero ubicado en el sitio Churuyaco, hecho en el que fueron dados de baja 26 militares. Es importante señalar, como se verá adelante, que este departamento, en forma espaciada, será uno de los escenarios en donde se han producido los ataques más contundentes contra bases militares, con bajas numerosas, lo que sugiere que las experiencias se asimilan después de muchos golpes y no se toman las medidas para evitarlos3. En 1993 y 1994, los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares fueron aumentando y las Farc, por su lado, estaban en una fase de acumulación de fuerzas que se manifestaría años después. Siguieron en su política de atacar puestos de Policía en el marco de asaltos a población, pero cada vez más lo hicieron



3 Es importante señalar que el ataque en Churuyaco en 1992 tiene muchas similitudes con lo ocurrido trece años después en Teteyé, pues en ambos casos se estaban resguardando instalaciones petroleras, fueron sorpresivos y causaron un elevado número de bajas.


también contra pequeñas bases militares. En 1994, se destacó el ataque propinado contra la Base Militar del Guamuez, en jurisdicción de Orito, Putumayo, que cuidaba una Estación del oleoducto transandino, siendo dados de baja 17 militares. Departamentos como Meta, Caquetá y Huila siguieron siendo muy afectados. La tercera fase es la comprendida entre 1995 y 1998, en buena parte de la Administración Samper. Cambia significativamente la naturaleza de los ataques, el número de bajas y cada vez más se orientan contra grandes unidades militares, tanto bases fijas como unidades móviles, y se produce un elevado número de secuestrados entre las fuerzas del orden. Las operaciones militares no bajan significativamente y muchas de ellas se producen como un antecedente militar que buscaba evitar el despeje del municipio de Uribe, una petición de las Farc en ese entonces, así como para intentar rescatar los integrantes de la Fuerza Pública retenidos por la guerrilla. Igualmente, se desarrolla en medio de amplios movimientos de cocaleros que tuvieron especial impacto en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. En lo que se refiere a los Ataques a Instalaciones, hay que señalar que se incrementan en número entre 1995 y 1997 pero sobretodo que cambian de naturaleza y se orientan cada vez más contra grandes unidades. Las Emboscadas no aumentan en número pero cada vez son más letales y se combinan con los Ataques a Instalaciones o se producen en el marco de operaciones militares. La sucesión de hechos ilustra esta situación y permite señalar que la frecuencia con que se produjeron los grandes ataques, aumentó. El punto de partida fue la emboscada en el municipio de Puerres, Nariño, ocurrida en abril en límites con el Putumayo, en donde los frentes 32 y 48 de las Farc sorprendieron una patrulla del grupo de Caballería Mecanizado No. 3, asesinando a un suboficial, 30 soldados y dejando heridos a 18 más. Cinco meses después, en agosto, atacaron la Base Militar de las Delicias, orgánica del Batallón de Selva No. 49 Juan Bautista Solarte, donde dieron de baja a 2 Oficiales, 7 Suboficiales y 18 Soldados, así como fueron secuestrados más de 60. Un mes después, fue emboscada una unidad militar en la Carpa, en el departamento del Guaviare, en donde fueron dados de baja 24 militares de la brigada móvil número 2. Los golpes de envergadura continuaron en 1997. En Febrero, en San Juanito, Meta, hubo no menos de 16 bajas en una emboscada cuando los militares acababan de desembarcar de un helicóptero y fueron sorprendidos por las Farc; unos meses después, en julio, fue derribado, en Arauca, un helicóptero que transportaba miembros del Batallón No.49, dando de baja 2 oficiales y 18 soldados. En julio, en Arauquita, Arauca, guerrilleros de las Farc, emboscaron una patrulla militar dando de baja a 10 y dejando heridos a siete más. En octubre, en San Juan de Arama, Meta, integrantes de las Farc emboscaron una patrulla dando de baja a 17 militares. Al finalizar el año, en diciembre, los frentes 2, 14 y 34 de las Farc atacaron en el cerro de Patascoy, en donde había una base militar del Batallón de Infantería No.9 que resguardaba algunas antenas repetidoras en el departamento de Nariño, siendo dados de baja un número importante de militares. En 1998 los ataques bajaron pero la intensidad sigue siendo alta. En el mes de marzo, en la quebrada el Billar, integrantes de la brigada móvil número 3 que




se encontraban desarrollando operaciones militares fueron copados por muchos hombres de las Farc, acción en la que dieron de baja a 63 militares y 43 más fueron secuestrados. En agosto, en el cambio de Gobierno entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, se produjo el ataque a Miraflores, Guaviare, incluida la destrucción de la base antinarcóticos, que le costó la vida a no menos de 35 militares, así como un ataque a unas Instalaciones Militares en Uribe, Meta, que ocasionó la muerte a otros 24. Ya posesionado el Presidente Pastrana, el 14 de agosto, en la quebrada Tamborales, en el municipio de Mutatá, en límites entre Antioquia y Chocó, las Farc atacaron tropas contraguerrilla de la brigada 17, hechos en los que el número de bajas fue muy superior a 50 y los secuestrados a 1004. Al finalizar el año, en el mes de noviembre, las Farc atacaron Mitú, estuvieron varias horas dentro de la población, pero al final de cuentas la reacción de las Fuerzas Militares se produjo y esto ocasionó un número de bajas muy elevado entre los integrantes de la subversión. La cuarta fase va de 1999 a 2002. Cubre la vigencia de la Zona de Distensión y su ruptura, producida a principios de 2002. No obstante las aproximaciones de Paz, las Fuerzas Militares recuperan la iniciativa y aumentan los combates. Los golpes recibidos en la administración Samper y en los inicios de la de Pastrana, hicieron reaccionar a las Fuerzas Militares que emprendieron una Reforma Militar. Mejoró notablemente la inteligencia técnica, la capacidad de movilización de las tropas, el poder del fuego desde el aire y esto implicó a su turno cambios en el proceder de la guerrilla. Descendieron significativamente los grandes ataques que producían un elevado número de bajas y de secuestrados, y si bien se incrementaron en número las Emboscadas y los Ataques a Instalaciones, aumentaron a un ritmo menor que los hostigamientos, es decir los pequeños ataques a unidades en movimiento y a bases fijas. La guerrilla fue neutralizada en su intento de cambiar la forma de operar y pasó de nuevo de una estrategia directa, a una indirecta. Los ataques de impacto se redujeron notablemente y cada vez fueron más espaciados, pero se siguieron produciendo. En 1999 los frentes 51, 53, 54 e integrantes del grupo móvil Abelardo Romero, del Bloque Oriental de las Farc, atacaron una unidad Contra Guerrilla en Gutiérrez, Cundinamarca, causando 38 bajas. El mismo año, en Puerto Libertador, Córdoba, después de que la guerrilla había incursionado en varios corregimientos, se presentó un ataque sorpresivo en el que fueron dados de baja 35 militares. También, en 1999, en Dabeiba, Antioquia, guerrilleros de los frentes 18, 34, 57 y 58 del Bloque Noroccidental de las Farc, emboscaron un convoy militar del Batallón de contraguerrilla 33 adscrito a la brigada 17 del Ejército Nacional en el puente sobre el río Tacido, en la vía al mar, dando de baja a 19 militares. A finales del mismo año, en noviembre, en la Jagua de Ibirico, Cesar, integrantes de los frentes 41 y 59 de las Farc emboscaron un a patrulla del Ejército en donde fueron dados de baja 10 militares. En 2000 los ataques de envergadura prácticamente desaparecen y solo se produce uno con más de 10



4 Las versiones sobre el número de bajas son contradictorias pues oscilan entre 50 y 100. El problema parece radicar en el hecho de que también murieron muchos civiles.


bajas. En 2001, vuelven a surgir pero no en la misma dimensión de lo ocurrido entre 1996 y 1998. Hay que señalar que en 2001, en la inspección La Tagua de Puerto Leguízamo, Putumayo, guerrilleros de los frentes 32, 48, y 49 de las Farc atacaron las instalaciones del Batallón de Selva Juan Bautista Solarte Obando, dando de baja a 34 militares. El mismo año, en el Cerro Tokio, municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, integrantes de las Farc atacaron con cargas explosivas la infraestructura departamental de comunicaciones, custodiada por un puesto de Infantería de Marina, hecho en el que fueron dados de baja 16 militares. En lo que se refiere a las emboscadas, en 2001, en el municipio de El Paujil, Caquetá, 25 policías fueron dados de baja por guerrilleros de las Farc. El año de 2002 es particular pues se produce la ruptura de la Zona de Distensión, el cambio de gobierno y se estructura la Política de Seguridad Democrática. En consecuencia, los ataques de las Farc subieron pero no aquellos de impacto. Hay que destacar que en este año, en zona rural de Cali, un grupo de guerrilleros de las Farc emboscaron a una patrulla del GAULA del Ejército dando de baja a 15 soldados. Así mismo, en Pitalito, Huila, guerrilleros del frente 13 de las Farc, atacaron con armas de fuego y cargas explosivas las instalaciones del Batallón Magdalena, dando de baja a 10 uniformados, e hiriendo a 33 más. En este año subieron significativamente los hostigamientos, como se observa en el gráfico, síntoma de que las Farc cambiaron su modo de operar para resistir las operaciones militares. No se trataba ya de producir grandes ataques y de movilizar muchos hombres, si no de ejecutar muchos pequeños ataques protagonizados por pequeñas unidades. La quinta fase cubre desde 2003 hasta 2005 y en líneas generales se desenvuelve en el marco de la Política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe. En lo esencial cambió la actitud de las Fuerzas Militares, que cada vez más tomaron la iniciativa en la confrontación y llegaron a espacios antes descubiertos por el Estado. En los años de 2003 y 2004 los ataques aumentaron pero no la letalidad. Se siguen destacando los hostigamientos y si bien las emboscadas y los ataques a instalaciones sucedieron, estas no adquirieron la dimensión de los años anteriores. La excepción sería un ataque ocurrido en 2003 en El Carmen de Bolívar en donde las Farc emboscaron una patrulla de infantes de Marina que dejó 15 bajas y un ataque en Aracataca, Magdalena, en el que fueron dados de baja once militares que intentaban rescatar a 15 personas que fueron sorprendidas en un reten ilegal. Así mismo, en 2004, el frente 66 de las Farc, en Santa María, Huila, atacó una base militar del Ejército que ocasionó 12 bajas. Finalmente, en el sector San Juan de Villalobos, en vía que de Mocoa, Putumayo, conduce a Pitalito, en el Huila, guerrilleros del frente 48 de las FARC atacaron una patrulla del Ejército, ocasionando doce bajas, y en Trujillo, Valle, el bloque Móvil Arturo Ruíz de las FARC activó un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía ocasionando 10 bajas.




Hay un nuevo cambio en 2005 pues volvieron los ataques de envergadura. Sobresale el ataque a Iscuandé, Nariño, ocurrido en enero de 2005, llevado a acabo por el Frente 29 de las FARC contra el Puesto de Infantes de Marina "Campesinos del Pacífico" que había sido instalado meses antes, ocasionando no menos de 16 bajas militares5. El 9 de Febrero de 2005, un oficial y 18 soldados adscritos al Batallón de Infantería Número 47 fueron dados de baja en la vereda el Porroso, cerca del Cañón de la Llorona, entre los municipios de Dabeiba y Mutatá, por el Frente 5 de las FARC6. Igualmente, en el municipio de Dabeiba, en la vereda Pagadó, el Frente 34 de las Farc activó un campo minado cuando pasaba una patrulla militar del batallón de infantería número 46 que efectuaba operaciones de control militar, ocasionando 17 bajas7. En el mes de junio, en el sitio conocido como Teteyé, a orillas del río San Miguel, en jurisdicción de Puerto Asís, guerrilleros de los frentes 32 y 48 coparon un pelotón dando de baja a 24 militares; poco después se produjo una escalada de las Farc en la que fue afectada la infraestructura petrolera y las torres de energía de ese departamento. Así mismo, en Arauca, se produjo una emboscada propinada por el frente 10 de las FARC en la carretera Tame – Fortul que ocasionó 17 bajas entre los militares. Hay que señalar que en 2005 hubo una concentración de hechos en el norte del Cauca, cuatro de ellos en Toribio y dos en Jambaló, en donde el Frente 6 y la Columna Jacobo Arenas atacaron a unidades militares y de Policía; hubo otros en Almaguer, Caloto, El Tambo, Miranda, Piamonte y Popayán. 2.2 El ELN El ELN llevó a cabo 1.437 ataques en los veintiún años considerados, de los cuales el 34% fueron Hostigamientos, el 23% Ataques a Instalaciones, el 24% emboscadas y el 20% eventos asociados a Homicidios fuera de Combate. Todos los indicadores oscilan bruscamente, pero su comportamiento tiene una lógica. Una primera fase, en su período de expansión, se prolonga desde 1985 hasta 1995 - 1997, más o menos, cuando los indicadores tienden a subir; si bien los hostigamientos suben en 1999 y se mantienen altos en 2000, no alcanzan a compensar la caída de los otros comportamientos. Desde 1997, en líneas generales, se inicia la segunda fase que termina en 2005. Los comportamientos bajan o se ubican en niveles inferiores a los de años pasados, obviamente presentando oscilaciones que se reflejan en el gráfico. Los diferentes comportamientos presentan algunos desfases en el tiempo, pero se enmarcan en esta lógica.



5 Ver: En la base militar de Iscuandé, Infiltrados facilitaron la masacre. En: Diario del Sur, 18 de febrero de 2005 6Ver: Enfrentamientos en Mutatá, cerca de la Llorona. En: El Tiempo. Febrero 10 de 2005. 7 Ver: Cuatro soldados murieron y cinco más resultaron heridos en un campo minado en Dabeiba (Antioquia). En: El Tiempo, 08 de febrero de 2005. Hay que señalar, de otro lado, que las Fiscalia General de la Nación encontró los cadáveres de ocho Infantes de Marina en San Onofre, Sucre.


Ataques del ELN contra la Fuerza Pública por modalidades

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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ataque instalación Emboscada Hostigamiento Muertos Fuerzas Armadas

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia. Los hostigamientos oscilaron bruscamente en el periodo considerado y observados a largo plazo dibujan una especie de parábola. Se puede decir que entre 1986 y 1992, se orientaron a la alza, y que en 1994 llegaron al punto más alto. Volvieron a subir en 1999 y 2000, y desde entonces caen. Las Emboscadas, también, con cambios bruscos, marcaron picos altos hasta 1995, y desde entonces cayeron, a pesar de registrar repuntes. Los Ataques a Instalaciones marcaron picos hasta 1997, y desde entonces se orientan a la baja. El pico de los homicidios fue 1993 y desde entonces el comportamiento se orienta a la baja. Resulta interesante analizar los cambios por modalidades de ataques, observando al mismo tiempo los cambios de ritmo en el total de los ataques, para poder captar las oscilaciones bruscas, desfasadas por pocos años de las fases definidas.




Variación de la velocidad de los ataques: Cambio porcentual por años de los ataques de las ELN contra la Fuerza Pública entre 1986 y 2005

1987

1988

1989

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1991

1992

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1998

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80%

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia. En los primeros años de la curva, entre 1985 y 1997, en lo esencial esta guerrilla registró aumentos en coyunturas en que acompañaron reacciones de las Farc, como es el caso de 1992 con la retoma de Casaverde, cuando los ataques crecieron un 67%, en 1994, con un cambio del 57% cuando buscaban posicionarse para abrirse espacio en la mesa de negociaciones y en 1997 con un crecimiento del 30%. En 1992 subieron todos los indicadores del ELN y en particular los Ataques a Instalaciones crecen en forma significativa, como se aprecia en el gráfico respectivo; en 1994 volvieron a crecer todos, salvo los homicidios fuera de combate y en 1997 suben al tiempo que la ofensiva de las Farc se había intensificado por la calidad de los ataques. En 1998 se produce un quiebre, signo de la segunda fase, pues el conjunto de los Ataques del ELN bajaron en un 66%. Entre 1998 a 2000, crecen solamente los Hostigamientos, mientras las demás categorías cayeron o se movieron en niveles bajos, comportamiento que se puede explicar por un debilitamiento de esta guerrilla como consecuencia de operaciones militares, pero principalmente por las actuaciones de grupos paramilitares que los debilitaron en zonas donde tradicionalmente habían tenido mucha fuerza. A partir de 2000 el cambio se pronuncia más, pues mientras suben las Farc, el ELN cae en 2001, muestra aún más clara del debilitamiento que registró. A partir de 2002 el ELN muestra algunos signos de recuperación, pues los ataques mantienen un ritmo de crecimiento durante tres años, pero sus niveles, a pesar de aumentar, se ubican muy por debajo de los registrados en la segunda mitad de la década de 1980 y en la de 1990. Hay que anotar, no obstante, que a partir de 2002, la composición se modificó, subiendo los Ataques a Instalaciones y las Emboscadas, de más envergadura, y




bajando los hostigamientos y los asesinatos, ataques más leves, síntoma que muestra alguna recuperación, de nuevo asociada a dinámicas relacionadas con las Farc. Los ataques conjuntos entre el ELN y las Farc son de vieja data. En 1988 hubo algunos ataques conjuntos, principalmente en el Cauca, donde ocurrieron tres, así como en Putumayo, Bolívar y Tolima. En los años de la alianza que se expresó en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, estos ataques se presentaban con alguna frecuencia. En 1991 ocurrieron 59, principalmente en Arauca, Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar y Putumayo. Algunos de ellos fueron intensos, como en Arauquita en el departamento de Arauca cuando un grupo de contraguerrillas del Batallón Reveiz Pizarro, fue emboscado por aproximadamente 150 sujetos pertenecientes a las FARC y al ELN, siendo dados de baja 11 militares; en Santa Marta, donde la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar emboscó una patrulla de la Policía, dando muerte a doce Agentes de la institución; en Mocoa, donde una patrulla de la Policía que hacía operativos antinarcóticos fue emboscada por integrantes de las dos agrupaciones. En 1992 ocurrieron 21 y se destacó uno ocurrido en Mutatá, Antioquia, en donde miembros de las Farc y ELN a nombre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar,que aprocechava los vacíos dejados por el ELN, emboscaron a la unidad contraguerrilla Camboya del Batallón Voltígeros, asesinando 12 militares y desapareciendo a 20. En 1997 fueron también numerosos especialmente en el Oriente Antioqueño y en Norte de Santander, Guajira y Boyacá. Recientemente, sobre todo desde 2003, se han detectado ataques conjuntos o simultáneos principalmente en Arauca, Nariño y Norte de Santander. En 2003 se concentraron en los municipios de Saravena y Tame, en el departamento de Arauca, donde ocurrieron siete, en Ricaurte y Mallama, en el departamento de Nariño, donde sucedieron cinco y en Sardinata, en el departamento de Norte de Santander, donde ocurrió uno. En 2004 y 2005 ha habido varios ataques simultáneos por parte de las dos agrupaciones, muchos de ellos asociados a ataques de mayor impacto. En julio de 2004, cuatro poblaciones de Nariño fueron atacadas u hostigadas simultáneamente, a lo que hay que agregar que El frente 29 de las FARC en alianza con el frente Comuneros del Sur del ELN atacó simultáneamente la estación de policía de los Andes y la Llanada en el mes de julio de 2004. En 2005, con ocasión de los Ataques de las Farc a Toribio, en el departamento del Cauca, el ELN, atacó simultáneamente en Nariño. Son evidencias de que las Farc y el ELN, en determinadas coyunturas, actúan coordinados y de que la segunda agrupación actúa al ritmo de la primera. Es importante señalar que los ataques más contundentes del ELN se registraron ante todo en la primera fase, entre 1985 y mediados en los años 1990, y menos en la segunda, que se prolonga hasta el presente. Excluyendo los hechos en que actúo en forma coordinada con las Farc, se destaca el derribamiento de un helicóptero en Arauca, hecho en el que fueron dados de baja 20 militares en 1997 en los límites entre las dos fases. Hubo tres ataques más, ocurridos en el Bagre, departamento de Antioquia, en 1998, con 15 bajas; Tibú, en Norte de Santander en 1991 y Tame, en Arauca, en 1987, con diez bajas los dos últimos. Entre 1986 y 1992 hubo cinco




ataques con nueva bajas, mientras que solo hubo dos en la segunda fase, ambos ocurridos en 2004, en el departamento del Chocó. Hubo, adicionalmente, ocho ataques que arrojaron entre siete y ocho bajas, todos entre 1987 y 1995. Se concluye entonces que la capacidad militar del ELN fue mucho mayor en los años en que se expandía alrededor de la economía del petróleo y otros recursos mineros, mientras que en la segunda, cuando fue golpeado por las fuerzas militares, por los paramilitares y tiene menos capacidad para extraer recursos de las economías mineras, sus posibilidades militares se han visto reducidas. Es bien cierto que ha registrado repuntes pero esto ocurre en zonas en donde las Farc tienen mucha fuerza y donde al mismo tiempo la economía del narcotráfico es la fuente de recursos de los irregulares, como ocurre en Nariño, Norte de Santander y Arauca. 2.3 Otras Guerrillas El comportamiento de las otras guerrillas se puede dividir en dos fases. La primera va de 1985 a 1991. En este período estaban en el escenario el EPL, el M-19 y el Quintín Lame; así mismo, la Coordinadora Nacional Guerrillera, CNG, conformada por el M-19, el Quintín Lame, el EPL y el ELN, y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar, que se fortaleció cuando la anterior se vino en picada, una alianza entre el ELN y las Farc, principalmente. Es un período en el que crecieron estas agrupaciones, pero en 1991 se desmovilizaron el M-19, el EPL y el Quintín Lame. A partir de 1992, la CGSB va perdiendo fuerza y se registran acciones de la disidencia del EPL, del ERP y el ERG.

Ataques de las otras guerrillas, excluyendo las Farc y el ELN, por responsables

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1992

1993

1994

1995

1996

1997

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1999

2000

2002

2003

2004

2005

Epl CGSB M-19

Cng Milicias Populares Otras Guerrillas

Ricardo Franco ERG Quintín Lame

ERP Movimiento Jaime Bateman


El año de 1986 fue un año con un número de acciones elevado, ejecutadas por el M-19, el EPL y la alianza expresada en la CNG. Hubo 38 emboscadas, 13 por la CNG, 12 por el M-19 y 11 por el EPL, además de cuatro Ataques a Instalaciones, ejecutadas por el Ricardo Franco; hubo, así mismo, 2 hostigamientos y 15 asesinatos a integrantes de la Fuerza Publica. Fue un año caracterizado por las actuaciones del denominado Batallón América, a través de la CNG, que ejecutó algunas acciones importantes. En el municipio de Páez, en el departamento del Cauca, se tomaron el municipio dando de baja a siete agentes y días después emboscaron una Patrulla del Batallón Colombia, siendo dados de baja otros diez militares; esta misma unidad realizó, así mismo, emboscadas en Buenos Aires y Caloto, dando de baja en total a 13 integrantes de la Fuerza Pública, mientras que el M-19 dio de baja a ocho militares más en el municipio de Silvia y el EPL actuó en el municipio de Pueblo Nuevo, en Córdoba, dando de baja a siete Policías. En 1987 las grandes emboscadas bajaron notablemente y las acciones fueron de menos impacto. En esta ocasión se destacó el EPL, que actuaba en Córdoba, Urabá, el eje cafetero y el Catatumbo, llevando a cabo pequeños ataques. En 1988 las acciones del M-19 y la CNG caen y cada vez más ganó protagonismo el EPL que seguía en Antioquia, Córdoba, el eje cafetero y Putumayo; se destacó una emboscada en Peque, Antioquia, llevada a cabo por esta agrupación, en la que fueron dados de baja 10 agentes de Policía. En 1989 va tomando fuerza la CGSB, en la medida que se debilitaba la alianza de la CNG, y se mantiene el EPL; el hecho notable fue un asalto a un corregimiento de san Sebastián, Cauca, protagonizado por el ELN y las Farc, hecho relevante pues ocurrió en una zona donde tradicionalmente el M-19 tenía mucha fuerza. En 1990 las acciones volvieron a bajar y se destacó un ataque conjunto de las Farc y el ELN, en Anorí, Antioquia, que ocasionó nueve bajas entre los militares. El año de 1991 fue pico y coincide con la desmovilización de varias agrupaciones y el desarrollo de acciones conjuntas entre el ELN y las Farc, que sumaron 59, ocurridas en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta, Putumayo, Norte de Santander y Santander. Ataques de las otras guerrillas, excluyendo las Farc y el ELN, por modalidades

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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005

Ataque instalación Emboscada Hostigamiento Muertos Fuerzas Armadas




A partir de 1993 las acciones pierden dinámica, y con excepción de 1997, cuando ocurrieron 12, los demás años no superaron las diez. El EPL disidente siempre ha llevado la delantera y muy por debajo se han destacado el ERP y el ERG que ejecutan acciones muy esporádicamente. Son en general Hostigamientos, Emboscadas de poco impacto y unos cuantos Ataques a Instalaciones, ocurridos estos últimos especialmente en 1997. Es de destacar un ataque del ERG, en Tadó, Chocó, contra una patrulla de Policía, ocurrido en 2005, hecho en el que se registraron diez bajas. Son en lo esencial agrupaciones más pequeñas, con poca vocación para atacar a la Fuerza Pública, que han sobrevivido en zonas muy precisas, amparados ante todo en la extorsión y el secuestro. El EPL se movió, ante todo, en Antioquia, hasta 1996, en Guajira entre 1992 y 1999, en Norte de Santander entre 1992 y 2003, en Caldas en 1992, 1994 y 2004, y en Santander entre 1998 y 1999. El ERP está en límites entre Risaralda y Chocó y el ERP en Sucre y Bolívar, principalmente. 2.4 Los Paramilitares Se registraron ataques de los grupos paramilitares principalmente en los años 2000 y se destacaron 2003 y 2004, con 18 y 21 acciones respectivamente; en 2005 cayeron, año en el que se han producido muchas desmovilizaciones de estructuras relacionadas con las AUC y con el Bloque Central Bolívar. El hecho de más impacto ocurrió en Zambrano, Bolívar, en 2001, cuando seis integrantes de la Policía fueron dados de baja. Por lo demás, se trató de ataques muy pequeños. En lo esencial ocurrieron en forma muy dispersa y no se presentan municipios con altas concentraciones. En Santa Marta, en la Sierra Nevada, hubo dos en 2003 y uno en 2005; en Guarne, Antioquia, ocurrieron dos, uno en 2002 y el otro en 2003. En Medellín, Puerto Gaitán, en el departamento del Meta y en Valledupar, Cesar, ocurrieron también dos en cada uno. Hubo 45 municipios más con un ataque en cada uno. Las cifras muestran entonces que la vocación de los paramilitares no es atacar a la Fuerza Pública. De hecho, en sus propósitos, así lo han manifestado y por el contrario pretenden remplazarla o complementarla en zonas en donde la presencia de esta es débil. En general los ataques ocurrieron más para evitar acciones judiciales, para reaccionar a operaciones militares, cuando fueron sorprendidos cometiendo delitos o ejecutando retenes.




Ataques de los grupos Paramilitares entre 1997 y 2005

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia. 3. La geografía de los ataques a la Fuerza Pública Los ataques de la Fuerza Pública tienen una lógica espacial que parte de los planteamientos estratégicos de los grupos armados irregulares. En esta medida, su implementación tiene que ver tanto con una racionalidad de defensa, control y expansión, así como con el azar, en la medida que se encuentran blancos de oportunidad susceptibles de ser atacados. En esta medida, se podría decir que los ataques ocupan un lugar central en la guerra de guerrillas y son la manifestación latente de la capacidad, vitalidad y letalidad de una organización armada irregular, así como de su estrategia de expansión territorial. Sobre este último punto, haciendo referencia específicamente a las Farc, Alfredo Rangel habla de una “…doble estrategia de expansión territorial”: una centrífuga, que busca extender la confrontación hasta los lugares más apartados del país y cuyo propósito es dispersar la acción de las fuerzas militares; una centrípeta, que concentra su actividad en zonas de muy alto potencial desde el punto de vista económico y de mucho valor e importancia desde una óptica política y estratégico-militar. Reglón seguido advierte: “Aún cuando estas tendencias sean aparentemente contradictorias, son en realidad muy complementarias y estimarlas así ayuda a explicar lo que una mirada desprevenida podría apreciar como una expansión caótica y azarosa de la guerrilla por todo el territorio nacional”.8

8 Rangel, Alfredo, 1997. “Las Farc-Ep: Una mirada actual”. Bogotá: Universidad de los Andes: CEDE – Paz Pública. Pág. 6. http://economia.uniandes.edu.co/html/cede/pazpublica/documentos_trabajo/farc_ep.pdf

Este es el punto partida para el análisis de la dimensión espacial de los ataques a la Fuerza Pública, el cual se propone encontrar lógicas de expansión en una dinámica aparentemente caótica. Habría que partir de qué se entiende por expansión territorial para obtener algún tipo de medición. En principio, se puede definir como la variación positiva en el número de municipios en el cual se tiene presencia, entendida ésta no como control sino como capacidad de acción – en este caso ataques -.9 Desde esta noción, los ataques de la Fuerza Pública tendrían el comportamiento expresado en la siguiente gráfica.

Número de municipios en los cuales se registraron ataques contra la Fuerza Pública

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Hay que considerar varias cuestiones de esta curva para su interpretación. Lo primero es que excluye la muerte de miembros de la Fuerza Pública, ya que esta categoría distorsiona su comportamiento y se encuentra en otro tipo de ataques, dirigido más a efectivos que a unidades o a instalaciones. Además sus móviles no están vinculados necesariamente a una lógica de expansión territorial, aunque pueden llegar a influir en esta cuando adquiere notables dimensiones. Lo segundo es que en esta gráfica todos los ataques tienen el mismo valor, por lo que no se tiene en cuenta la intensidad, lo cual no permite matizar la expansión territorial. Con estas aclaraciones, se puede observar que la curva no tiene un comportamiento estable, sino que más bien representa períodos de crecimiento, estabilidad y expansión, los cuales coinciden con las fases consideradas en el primer apartado de este documento – si se compara este gráfico con la curva que considera el número de ataques por año, se notará que los comportamientos son muy similares -. Al considerar los 20 años, se tiene que la Fuerza Pública ha sido atacada en 744 municipios, lo que equivale casi al 70% del territorio nacional, lo cual muestra un amplio radio de acción y de influencia por parte de los grupos subversivos. Esto habla de una enorme dispersión – estrategia centrífuga -, acompañada con una notable concentración en términos de intensidad – estrategia centrípeta -, la cual se verá más adelante.



9 En el caso de que la variación fuera negativa se tendría que hablar de contracción.


Llama enormemente la atención que el pico histórico del número de municipios donde se presentaron ataques es 2003, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando paradójicamente varios analistas han señalado que las guerrillas están replegadas. Las evidencias no señalan que se haya dado una contracción en este gobierno, incluso el año 2004 se encuentra tan bien en los niveles más altos. Respecto a 2005, las cifras hacen referencia a los primeros siete meses; si se asume que el resto del año va a tener el mismo comportamiento, es de esperar que haya ataques en 250 municipios, lo cual sería el segundo nivel más alto registrado desde 1985. Teniendo en cuenta lo anterior es posible plantear entonces que efectivamente ha habido una expansión territorial, que esta ha sido variante, con ciclos de crecimiento como el registrado en la primera mitad de los noventa o a principios de siglo; así como de contracción como los años 1993, 1998 y 2001. Ahora hay que buscar la lógica que subyace a este comportamiento, estableciendo variaciones de acuerdo al número de ataques implementados en el municipio, lo cual marca de cierta manera las prioridades estratégicas establecidas por los grupos armados irregulares. Para esto, se consideraran cuatrienios, que de cierta manera coinciden con las fases establecidas en el primer apartado.

249

378 384 392436

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1985-1988 1989-1992 1993-1996 1997-2000 2001-2004

Número de municipios en los cuales se registraron ataques a la Fuerza Pública

Como se puede ver en el anterior gráfico, si se dividen los 20 años considerados por cuatrienios, ha habido un aumento progresivo de los municipios en los cuales se han presentado ataques, registrándose una expansión territorial que llega a su tope máximo en los últimos cuatro años, con 436 municipios con ataques, un 11% más que lo registrado de 1997 a 2000. Si se observa el orden departamental, también se puede ver un aumento en la intensidad de los ataques – es decir que no sólo se expanden sino también se intensifican -. De 2001 a 2004, comparando con el período de 1997 a 2000, se destacan las alzas en Caquetá (de 4 a 137), Huila (de 35 a 103), Meta (de 60 a 156), Nariño (de 42 a 107), Cauca (de 81 a 200), Cundinamarca (de 57 a 90), Boyacá (de 33 a 65) y Bolívar (de 27 a 46). ¿A qué se debe esta variación positiva en términos de cobertura e intensidad? ¿Cuál es la




lógica que subyace la expansión territorial? Para responder a estas preguntas hay que considerar tanto los cambios en las organizaciones armadas irregulares, como las dinámicas regionales ligadas a cuestiones geoestratégicas. En la actualidad se tienen ejércitos irregulares más poderosos, tanto en términos de número de hombres, como en capacidad de fuego, fuentes de financiación, experticia y movilidad – exceptuando al ELN el cual se encuentra muy debilitado -. Luego del desdoblamiento de los frentes, estrategia mediante la cual las Farc pretendieron copar el territorio nacional, a partir de unos frentes madres que dieron vida a otros, este grupo subversivo comenzó a implementar los denominados bloques o columnas móviles, los cuales tienen un radio de acción más amplio que los típicos frentes, desarrollan misiones específicas, prestan apoyo a las estructuras bases y tienen una mayor movilidad. Estos, entre otro conjunto de factores le permitieron a esta guerrilla tener una mayor capacidad de despliegue territorial, que repercutió directamente en un mayor número de ataques a la Fuerza Pública. Por otro lado hay que considerar, que la Fuerza Pública tiene un mayor despliegue territorial y una mayor capacidad ofensiva, que paradójicamente la hace más vulnerable. Con estaciones de policía en lugares de difícil acceso, una mayor cobertura con pequeñas unidades cuya misión es la seguridad vial y de la infraestructura, hay un mayor número de blancos de oportunidad para la insurgencia. Esto sin contar con que al desarrollar algunas operaciones en profundidad, es decir en territorios de retaguardia, su exposición y vulnerabilidad se incrementan. De esta manera, como se muestra en el Boletín Coyuntura de Seguridad No.6, cuyo informe especial se titula “El repliegue de las Farc: ¿Derrota o estrategia?”, hay una correlación positiva entre los combates de la Fuerza Pública y el número de combates – es decir que a mayores valores en el primero, mayores valores en el segundo -. Lo anterior está directamente relacionado con una cuestión central en la guerra de guerrillas, que Liddell Hart denomina la estrategia de la aproximación indirecta10, mediante la cual se pretende obtener la victoria por medio de la maniobra más que por el combate directo. La insurgencia asume una acción pasiva frente al enfrentamiento directo – del cual prefiere huir – y una activa para la aproximación indirecta, que busca, por medio de la sorpresa, concentrar su propia fuerza sobre las debilidades del enemigo. Como lo decía Mao Tse-Tung: “La capacidad de huir es la esencia del guerrillero”.11 Desde esta perspectiva no busca tanto el daño físico como la ruptura de la cohesión, organización, mando y equilibrio psicológico del enemigo.



10 Hart Lidell (1946). “La Estrategia de la aproximación indirecta”. Barcelona. Pág. 288. 11 Mao Tse-Tung (1939). “Strategic Problems in the Anti-Japanese Guerrilla War”. Citado en Dyer, Gwynne (2005), War, The lethal custom. New York: Avalon.


Es la combinación de la defensa estratégica con las tácticas ofensiva, de acuerdo a Rangel, que citando a Mao Zedong pone de presente que “… la estrategia de la guerrilla es oponer uno contra diez, pero su táctica es oponer diez contra uno”12. Para esto, una cuestión principal es extender la confrontación a todo el territorio del país donde se desarrolla la guerra irregular. En palabras de Rangel: “Al convertir todo el país en zona de operaciones, la guerrilla logra fragmentar las fuerzas del enemigo, dispersa su potencial bélico y, al mismo tiempo, lo ata al territorio y lo convierte, casi, en una fuerza de ocupación esclava del espacio y le permite a la guerrilla, utilizando la sorpresa, lograr la superioridad táctica y desmoralizar al adversario, compensando así su inferioridad estratégica…”.13

Antes de pasar al análisis regional, fijándose en el orden municipal, resulta interesante observar si las acciones de los grupos armados irregulares se han dado más en zonas rurales o urbanas14. Del total de ataques registrados, sin contar los homicidios de miembros de la Fuerza Pública, se tiene información sobre la zona en la cual se llevaron a cabo (urbana o rural) en el 69% de los casos. El 67% de estas acciones se realizaron en zonas urbanas, mientras que el 23% ocurrieron en áreas rurales. Llama la atención este comportamiento, ya que a pesar de que los grupos armados irregulares, especialmente la subversión, tengan una naturaleza rural, los ataques contra la Fuerza Pública son predominantemente urbanos, lo que muestran una capacidad de acción desde el afuera hacia el adentro. En principio se podría pensar que los ataques son implementados en áreas de difícil acceso, zonas montañosas o selváticas, sin embargo, esta evidencia señala que en su mayoría son realizados en los cascos urbanos, donde se supone que la Fuerza Pública es más fuerte y la insurgencia más vulnerable. Dentro de las diez ciudades y cabecera municipales, que registran el mayor número de ataques en los veinte años analizados, se encuentran Bogotá, tres capitales de departamento como lo son Medellín, Cali y San José del Guaviare, así como otros municipios como Saravena, Arauquita y Tame (Arauca); Toribío en el Cauca, Barrancabermeja en Santander y El Castillo en el Meta. La siguiente gráfica muestra que la concentración de ataques en zonas rurales o urbanas, tiene variaciones anuales, que muestran generalmente una preeminencia de los ataques urbanos, a excepción del período 1985 – 1989. Además si se tienen en cuenta aquellos años en los cuales el subregistro es más bajo, se nota como los ataques urbanos superan a los rurales; tal es el caso del período 1993 a 1997, así como los años 2004 y 2005. En los últimos dos años y medio, se puede ver que la tendencia es a un aumento en los ataques urbanos y una baja en aquellos que

12 Ver Rangel, Alfredo (2001). “Guerra Insurgente y otros conflictos”. Bogotá: Intermedio Editores. Pág. 426. 13 Rangel, Alfredo (1997), Op. Cit. Pág. 6. 14 Para este caso el área urbana será entendida como la cabecera municipal, sin tener en cuenta el número de habitantes.




ocurren en zonas rurales, lo que de nuevo abre cuestionamientos acerca del repliegue de la subversión y muestra que efectivamente que aunque estratégicamente estén a la defensiva – sobre todo en sus zonas de retaguardia – tácticamente están a la ofensiva. Hay que decir que esto no necesariamente indica una “urbanización” del conflicto como han pretendido señalar algunos analistas, pero si que los grupos armados irregulares tienen capacidad de realizar operaciones en los cascos urbanos y ciudades, influyendo desde el afuera hacia el adentro.

Zonas en las cuales se presentaron los ataques a la Fuerza Pública

0

50

100

150

200

250

300

350

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

*

Rural Urbano Sin info

Basados en los anteriores planteamientos, es posible decir entonces que efectivamente ha habido un expansión de los ataques a la Fuerza Pública, con una mayor intensidad en los últimos cuatro años, que ha se ha concentrado principalmente en zonas urbanas. Esta expansión, o contracción en algunos casos, ha sido dinámica y ha experimentado variaciones espaciales, dependiendo de los objetivos estratégicos. Para observar estos cambios resulta útil observar los mapas de ataques de acuerdo a los cuatrienios establecidos anteriormente. A continuación se hará una breve referencia a cada uno de los períodos y luego se propondrán unas conclusiones generales. En el período 1985-1988 ya se encuentra una notable dispersión de los ataques a la Fuerza Pública, con eventos en todos los departamentos exceptuando a Amazonas. Las acciones fueron realizadas en distintas zonas destacándose, el Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, la cordillera oriental, el noroccidente del Cauca ascendiendo hasta los Farallones en el Valle; así como el suroriente colombiano, los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta. En términos de intensidad, se destacaron algunos municipios del noroccidente antioqueño como Anza y Santa Fe de Antioquia; en el primero de ellos se registraron acciones tanto del ELN como del frente 24 de las Farc, dirigidas contra la Policía Nacional y el Batallón Nueva Granada del Ejército Nacional, además de una incursión en esta población, robando la Caja Agraria y el Banco Popular. En Santa Fe, el protagonismo lo tuvo el EPL, buscando garantizar su presencia en una de los principales corredores al Urabá




Antioqueño. En este departamento también resalta Anorí, con ataques que fueron llevados a cabo en su mayoría por el frente José Antonio Galán, el cual incursionó en el casco urbano, robando la Caja Agraria. Por otro lado, el departamento de Arauca ya para ese entonces se perfilaba como una de las principales zona de ataques a la Fuerza Pública, con especial fuerza en Tame. El ELN, con el frente Domingo Laín, fue ampliando su presencia en este departamento centrado en la extracción de recursos derivados de la extorsión a la industria del petróleo, lo cual derivó en múltiples acción contra la Policía Nacional y el Ejército, específicamente contra el Batallón Rebeiz Pizarro. En el Magdalena Medio, se destacaron Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí; en el Cauca, Toribío y Páez; en Putumayo, Puerto Asís. Además, dentro de las principales ciudades hubo más de diez ataques en Bogotá, Medellín y Cali, con protagonismo de las Milicias Populares Urbanas y el frente Ricardo Franco de las Farc, estructuras que dirigieron sus acciones contra patrullas de la Policía y los Centros de Atención Inmediata (CAI). En el período 1989-1992 se da una mayor dispersión, aumentando el número de municipios donde se producen ataques a la Fuerza Pública. Las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares en 1991 contra el Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc, desembocaron en una serie de acciones por parte de este grupo subversivo tendientes a desconcentrar a las unidades que estaban llevando a cabo la ofensiva. La respuesta de la guerrilla fue la dispersión, con una huida fragmentada de algunas de sus zonas de retaguardia, así como una expansión centrífuga. Además de está lógica de acción se puede observar la decisión por parte de la guerrilla de garantizar su movilidad por varios corredores, trazándose el objetivo de sacar a la Fuerza Pública de una serie de poblaciones. De igual manera sucedió con el corredor que desde el Meta, por la cordillera oriental, pasa por Caquetá y termina en el Putumayo, en el municipio de Puerto Asís, fronterizo con Ecuador; con el sur del Huila, que permite la comunicación con la Bota Caucana y de ahí a la costa Pacífica; con el norte del Huila que conecta el sur oriente con el sur del Tolima, norte del Cauca y sur del Valle, municipios de Florida y Pradera. Además de los distintos corredores que garantizaban la movilidad en la zona de retaguardia del Bloque Oriental, en los municipios de Meta, Caquetá y Guaviare. Bajo este marco hay que señalar también, que a medida que las zonas de cultivos ilícitos fueron aumentando, fue mayor la necesidad de llevar a cabo acciones ofensivas contra la Fuerza Pública en las regiones cocaleras, así como en los corredores que permitían el tránsito de la coca a las regiones costeras. Aparte de los territorios señalados, se siguió observando una fuerte concentración en Arauca, especialmente en Tame y Saravena, por parte del ELN, grupo subversivo que se fue fortaleciendo gracias a los recursos que logró predar de la industria petrolera. Pero esto no sucedió solo en este departamento, en el puerto petrolero de Barrancabermeja en Santander, la influencia de esta organización insurgente cada vez fue mayor, siendo esta la ciudad con el segundo mayor número de ataques




durante este período, con acciones dirigidas contra instalaciones militares, emboscadas a patrullas del Ejército y de la Policía, así como hostigamientos a las estaciones de Policía. También hay que destacar la concentración de ataques en algunos municipios estratégicamente importantes en el norte del país. Tal es el caso de San Pablo y Simití en el sur de Bolívar, región que se fue configurando como una de las principales zonas cocaleras del país y por lo tanto como centro de la confrontación armada. Ciénaga en el Magdalena, municipio que sirve como corredor desde las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el departamento del Atlántico, territorio de movilidad del frente 19 de las Farc. Aguachica en Cesar, el cual es clave para la conexión de la Serranía de San Lucas – en el sur de Bolívar – con la Serranía del Perijá; con influencia de diferentes organizaciones como el ELN, el EPL, así como la Coordinadora Nacional Guerrillera. Por otro lado, Anorí en Antioquia y San Vicente de Chucurí en Santander, siguieron presentando niveles elevados. En este período, Medellín fue la ciudad que presentó el mayor número de ataques contra la Fuerza Pública, especialmente contra la Policía, en medio de la persecución del Cartel al mando de Pablo Escobar; bajo este marco el protagonismo de las Milicias Populares disminuyó, mientras que las acciones realizadas por grupos de sicarios tomaron un lugar destacado, en una época en la cual los jefes de las mafias, pagaban por policía muerto. Bogotá, ocupó el tercer lugar, debido a lo sucedido en Sumapaz y en algunos de los barrios periféricos, donde las Farc ganaron presencia, atacando patrullas del Ejército y de la Policía, así como algunos CAI. Además de estas ciudades, no hay que dejar de nombrar a San José del Guaviare, municipio que ocupó el segundo lugar, con una serie de ataques por parte de insurgentes de las Farc, dirigidos tanto a la Policía como contra el Ejército, dentro de las cuales se encuentra la incursión de 200 guerrilleros, que destruyeron el puesto de la Policía y cortaron las comunicaciones. En el período 1993-1996, la insurgencia se expandió, en términos de ataques a la Fuerza Pública, en el departamento de Caquetá, destacándose San Vicente del Caguán, donde en múltiples ocasiones las Farc emboscaron unidades del Ejército Nacional. De la misma manera ocurrió en Casanare, con mucha fuerza en el municipio de Aguazul donde además de las acciones de las Farc, el ELN realizó ataques encaminados a afectar la seguridad de las instalaciones del pozo petrolero Cupiagua. En Arauca, no se presentaron variaciones, presentándose de nuevo niveles altos en los municipios de Tame y Saravena. Hay que recordar que en 1993 tuvo lugar la Octava Conferencia de las Farc, en la cual se analizó y evaluó la experiencia política y militar desde 1982 y se concluyó que si bien había progresado en la cobertura de la organización, todavía les faltaba la implantación en algunas áreas importantes del país. En 1982, bajo el marco de la Séptima Conferencia, este grupo insurgente tomó la decisión de situar el eje del despliegue estratégico en la cordillera oriental y a Bogotá como su centro, así como crear una cadena de no




menos de doce frentes que partía desde Uribe (Meta) y que llegaba hasta la frontera con Venezuela, con lo que también se buscaba dividir la Orinoquía y la Amazonía del resto del país. La insurgencia también se expandió por la cordillera central, partiendo desde el Macizo colombiano hasta el Eje Cafetero. Por otro lado, mientras que en Santander el ELN perdió presencia con el fortalecimiento de los grupos paramilitares, en Antioquia aumentó el número de municipios donde se presentaron ataques, destacándose el oriente, en inmediaciones al Magdalena Medio. Barrancabermeja se siguió presentando como centro de la disputa, la cual se amplió a Remedios y Segovia en Antioquia, municipios por donde pasa el oleoducto Colombia; el Eln llevó a cabo acciones encaminadas a debilitar la seguridad prestada a la infraestructura petrolera. En el Urabá antioqueño, las acciones de la subversión, especialmente de las Farc, se intensificaron en Turbo y Apartadó, tras la irrupción de manera abierta de los paramilitares, la cual terminaría por replegar a la guerrilla. Por otra parte, se debe destacar la ocurrencia de ataques en los municipios que desde la Serranía de San Lucas conducen a la costa atlántica, en uno de los principales corredores de movilidad de la insurgencia en el norte del país, que permiten la conexión con los Montes de María y el Golfo de Morrosquillo, desde las zonas cocaleras del sur de Bolívar. En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta se siguieron presentando ataques, extendiéndose hacia el sur de la Guajira. Es importante decir que en este cuatrienio ya se vislumbraban los primeros ensayos para dar un salto cualitativo en la guerra irregular, como el ataque a Dabeiba y el bloqueo en la región de Urabá, acción en la que participaron más de 500 hombres del Bloque José María Córdoba. La toma a la Base de Las Delicias en 1996, estableció el punto de partida de una serie de éxitos militares indicativos de una capacidad mayor por parte de la insurgencia, la cual sería ratificada en ese mismo año con los hechos ocurrido en la base militar La Carpa en el departamento de Guaviare y la base militar de Patascoy en el departamento de Nariño. Desde 1996 y hasta mediado de 1998, la insurgencia comenzó a poner en práctica la “Nueva forma de operar”, según la cual “...dejarían de esperar al enemigo para emboscarlo y que en su lugar irían en pos de él para buscarlo, asediarlo y coparlo”.15 De esta manera comienza el período 1997-2000, lo que va a desembocar en lo que Eric Lair denomina la Tercer Ruptura Estratégica16, la cual obedece principalmente a la modernización de la Fuerza Pública, la cual retoma la iniciativa

15 Rangel, Alfredo, 1999, “Las FARC-EP: una Mirada actual”. En Deas, Malcolm y Llorente, María Victoria (Comp.). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá: CEREC, Ediciones Uniandes. Pág. 23. 16 Lair, Eric (2004), “Transformaciones y fluidez de la Guerra en Colombia: un enfoque militar”. En Sánchez, Gonzalo & Lair, Eric (Comp.) Violencia y Estrategias colectivas en la región Andina. Bogotá: IFEA, IEPRI y Norma. Pág. 113.




militar contra los grupos armados irregulares desde 1998, a raíz de la reforma fomentada por la administración de Andrés Pastrana, con el respaldo de Estados Unidos. Como se puede observar en el mapa, no se dio un aumento notable en el número de municipios en los cuales se produjeron ataques, pero sí en términos de intensidad – más municipios se ubican en el rango de 6 a 10 acciones -. En 1998, continuaron los ataques contra las grandes unidades armadas estatales: el 3 de marzo la Brigada Móvil No. 3 del ejército fue atacada en el caño El Billar, en el departamento del Caquetá, el 3 de agosto de ese año, la guerrilla atacó las bases de la Policía en Miraflores (Guaviare) y Uribe (Meta) y del Ejército en Pavarandó en Urabá; entre civiles y uniformados murieron cerca de 100 personas y 133 miembros de la fuerza pública fueron secuestrados. En el mes de noviembre, en momentos previos a la creación de la zona de distensión para adelantar las conversaciones de paz entre el Gobierno de presidente Pastrana y las FARC, ésta guerrilla tomó por asalto a Mitú, capital del departamento de Vaupés en el suroriente colombiano. Hay que recordar que bajo el proceso de paz adelantado durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se dispuso de una “Zona de distensión”, para adelantar diálogos con las Farc. Bajo este marco, si bien los ataques en las áreas de retaguardia en el suroriente disminuyeron, en sus alrededores aumentaron. En reiteradas ocasiones, estructuras de este grupo insurgente – desde comisiones hasta columnas -, salían del área del despeje para realizar acciones en los municipios aledaños; por esto, se da una menor concentración que es compensada con una mayor dispersión. Paralelamente a este proceso, la costa pacífica comienza a ganar una mayor importancia estratégica, extendiéndose las acciones los departamentos de Nariño, Cauca y Valle. Se destaca el corredor que comunica las zonas de amapola y coca en Cauca, hacia el municipio de Buenaventura. Además, los ataques también fueron la respuesta de la subversión a la aplicación del denominado “Plan Colombia”, específicamente en el departamento de Putumayo, en este entonces una de las principales zonas cocaleras. Por otro lado, hay que resaltar la ocurrencia de ataques en dos regiones que se van a configurar como centros de disputa entre la guerrilla y los paramilitares, como los son el departamento de Arauca y El Catatumbo, con dinámicas muy parecidas: dominio del ELN, el cual va a ser desafiado por las Farc y luego por los paramilitares. En Norte de Santander, se destaca el municipio de Tibú, con una alta concentración de cultivos de uso ilícito, donde fueron atacadas unidades militares y patrullas de la Policía, siendo aún hoy en día un territorio de difícil acceso para la Fuerza Pública. En Arauca, la situación fue aún más caótica, registrándose un alza de los ataques en todos los municipios, recrudeciéndose en Saravena y Arauquita: en el primero de estos municipios fue derribado un helicóptero que transportaba miembros del Batallón No. 49, muriendo 2 oficiales y 18 soldados; en el segundo, miembros de las Farc, emboscaron una patrulla del Ejército, muriendo 10 soldados. Barrancabermeja se presenta de nuevo como uno de los municipios más críticos, con una fuerte incursión de los grupos de autodefensa, que golpearon de manera determinante a al ELN, provocando deserciones y el repliegue de casi todas sus




estructuras. Ante la pérdida de influencia en el casco urbano de este municipio, el frente Urbano Resistencia Yarigues del ELN y las Milicias Bolivarianas de las Farc, llevaron a cabo ataques contra la Fuerza Pública, las cuales en buena parte estuvieron dirigidas contra las unidades que prestaban seguridad a la infraestructura de ECOPETROL. Además de esto, hay que mencionar la expansión territorial en los Montes de María y en el sur de Bolívar; la contracción en el sur del Cesar y la disminución de las acciones en Bogotá, Medellín y Cali. El último cuatrienio analizado, es decir de 2001 a 2004, se presentó como el de mayor expansión y el de mayor intensidad. Comienza marcado por el fin de la “Zona de distensión”, luego de la cual las Fuerzas Armadas realizan un ofensiva, la cual tiene como respuesta el aumento de los ataques en muy variados sitios de la geografía nacional. Mientras que replegaba sus frentes en el suroriente, la insurgencia aplicó una estrategia centrífuga, buscando extender la confrontación hasta los lugares más apartados del país, teniendo como objetivo dispersar las acciones de las fuerzas militares. Esto tiene que ver con una estrategia que John Arquilla y David Ronfeldt, denominan swarming - cuya traducción al español sería enjambrazón -; la cual se presenta de modo aparentemente amorfo, pero deliberadamente estructurado, coordinado y estratégico, de golpear de todas las direcciones a un punto particular o puntos, mediante la emisión de impulsos sostenibles de fuerzas.17 Una vez desatada la ofensiva por parte de las fuerzas militares, las estructuras de la insurgencia de un modo que se presenta como caótico pero que en realidad es muy coordinado, atacan varios puntos, concentrando estructuras y obligando a que las unidades militares se dispersaran. Pero la respuesta a las ofensivas de las Fuerzas Militares, no sólo tienen una respuesta fuera del área de operaciones, sino también en el núcleo de la confrontación, donde la vulnerabilidad de las tropas estatales aumenta en un territorio histórico de la insurgencia. Esto se puede ver en el caso de la zona del denominado “Plan Patriota”, donde la subversión ha evitado el combate, optando por atacar en los puntos más débiles del enemigo. Para esto hace uso de diferentes tácticas: francotiradores en sitios estratégicos para impedir que la tropa avance; hace que las líneas de abastecimiento de su enemigo se alarguen para que tengan menos posibilidad de respuesta; conduce a su adversario a terrenos donde el apoyo aéreo es difícil de sostener, así como a zonas selváticas donde es más fácil la puesta en marcha de emboscadas; además, camufla artefactos explosivos en bienes que aparentemente se presentan como civiles. Los ataques a la Fuerza Pública, también han sido la respuesta al aumento de las unidades fijas, especialmente a la llegada de la Policía a todas las cabeceras municipales, lo cual evidentemente redujo el radio de acción de los grupos subversivos en lugares donde hasta ahora no había presencia armada del Estado.

17 Arquilla, John, and David Ronfeldt, Swarming and the Future of Con-flict, Santa Monica, Calif.: RAND, DB-311-OSD, 2000.




Esto tiene que ver también con la conservación de algunos corredores que son claves para la movilidad y abastecimiento de las estructuras guerrilleras. Partiendo de los ataques a la Fuerza Pública, se podrían identificar ocho corredores, los cuales se encuentran señalados en el siguiente mapa. El primer corredor comunica las zonas de retaguardia en el Meta y Caquetá con el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador. A pesar de que las Fuerzas Armadas han pretendido establecer un anillo de contención a lo largo del río Caquetá, la insurgencia ha mantenido el tránsito por la Bota Caucana hacia el país vecino, para sostener el flujo de drogas, armas y equipamiento. El corredor número dos parte del mismo centro, pero se dirige a la costa pacífica nariñense, donde tanto las Farc como el ELN, han aumentado su presencia, teniendo el control de buena parte de los cultivos ilícitos y de las salidas hacia el Pacífico, lo cual se vio facilitado por la desmovilización del denominado grupo paramilitar Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar. El corredor número 3, realmente es la confluencia de varios corredores que mantienen la conexión entre las cordillera central caucana, zona de cultivo de amapola, con la cordillera central en este mismo departamento, zona cocalera, con algunas salidas al mar por el norte de Nariño y el sur del municipio de Buenaventura en el Valle. Este corredor pretendió ser cortado por las Fuerzas Militares por medio de la implantación de dos Batallones de Alta Montaña, uno ubicado arriba de la Bota Caucana y otro en el área de los Farallones; a pesar de que le resto temporalmente movilidad a los grupos insurgentes, estos han remplazado algunas rutas, buscando sacar a la Fuerza Pública por medio de intensos ataques como los ocurrido en las poblaciones del norte del Cauca. El corredor número 4, lo constituye básicamente el río Guaviare, el cual se encuentra conectado al río Guayabero y llega hasta Venezuela. Esta ha sido una vía fluvial recurrentemente usada por las Farc, cuya vigilancia ha sido reforzada en el gobierno de Álvaro Uribe y específicamente en el marco de la denomina operación “Plan Patriota”. El aumento de la presencia de la Fuerza Pública, fue respondido por las Farc con el incremento de ataques en distintos puertos, tanto a unidades militares como marítimas. El número 5 señala un corredor estratégico trazado desde 1982 en la Séptima Conferencia, cuando se escogió a la cordillera oriental como centro de despliegue de algunos de los frentes nacientes, en los departamentos de Meta, Cundinamarca, Casanare, Boyacá y Arauca. El corredor señalado con el número 6, comprende los ríos Atrato y San Juan en el departamento de Chocó. Estas dos vías fluviales han sido fuertemente disputadas por los grupos armados irregulares. Basta recordar los sucesos de Bojayá el 21 de abril de 2002, o más recientemente la renovada disputa en el medio San Juan, la cual ha causado una serie de desplazamientos. Si bien, la guerrilla se replegó luego de la ofensiva de los grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y Chocoano, la




intención de retornar a estas zonas persiste como un objetivo estratégico; bajo este marco se han dado una serie de ataques a la Fuerza Pública, cuyo fin principal es evitar que copen algunos territorios donde hasta ahora no tenían presencia. El número 7 señala el corredor que comunica la Serranía de San Lucas, pasando por La Mojana, Montes de María y llegando al Golfo de Morrosquillo. Este es uno de los principales recorridos para sacar la droga por la costa atlántica. A pesar de que el dominio de buena parte de estos territorios es de las autodefensas, la insurgencia conserva capacidad para realizar acciones, tanto contra las estructuras paramilitares como contra la Fuerza Pública, como ha ocurrido en los últimos cuatro años. Por último, el número 8 señala el corredor que comunica El Catatumbo, con la Serranía de Los Motilones y la Serranía del Perija. Esta es una zona estratégica vital, sobre todo para el ELN y su Comando Central, como zona de tráfico de armas, exportación de drogas ilícitas, extorsión de ganaderos y ciudadanos del país vecino y desarrollo de negocios ilegales – como la venta de de vehículos y gasolina -. La Fuerza Pública ha llevado a cabo algunas operaciones antinarcóticos que han tenido como respuesta ataques contra unidades militares y de la policía por parte de la subversión. Además de estos corredores, hay que señalar lo ocurrido en el departamento de Arauca, el cual fue declarado “Zona de Rehabilitación” por el Gobierno Nacional, lo cual generó una respuesta intensa por parte de los grupos subversivos. Si bien, la presencia de la Fuerza Pública en este departamento aumentó, al igual que los operativos, también lo hicieron los ataques de la guerrilla. En Saravena de 19 ataques registrados en 2001, se pasó a 35 en 2002 y a 41 en 2003; en Arauquita se pasó de 10 en 2001 a 12 en 2002 y a 23 en 2003; en Tame subieron de 7 en 2001 a 13 en 2003. Aunque en 2004 se dio un descenso general, la situación sigue siendo crítica y se encuentra lejos de ser controlada por la Fuerza Pública, prueba de esto, el carro bomba, cargado con 50 kilos de explosivos, activado al paso de una patrulla policial, el 18 de julio de 2005, en la capital del departamento, dos horas después de que el presidente Uribe dejara la ciudad.18 Si se observa la situación de los primeros sietes meses de 2005, las variaciones no son muy significativas en términos de prioridades estratégicas. Como se puede ver en el mapa, los municipios con mayor número de ataques coinciden con los corredores antes señalados, intensificándose la situación en Nariño, el Norte del Cauca, Buenaventura (Valle) y Mutatá en el Urabá antioqueño. No hay que dejar de mencionar la situación en los municipios que atraviesa el río Guaviare, así como lo ocurrido en el río San Juan en el sur del Chocó. Durante este año, los corredores a los cuales la subversión les ha dado prioridad son al 1, 2, 3 y 6, realizando acciones de gran magnitud, como lo sucedido en Iscuande (Nariño) el 1 de febrero de 2005, donde subversivos del frente 29 de las Farc atacaron con cilindros bomba el puesto

18 Uribe había trasladado su despacho presidencial a la ciudad de Arauca el 15 de julio, para demostrar el dominio del Estado colombiano en todo el territorio, según él mismo dijo. Ver, BBC Mundo, “Arauca: bomba tras la partida de Uribe”.




de Infantería de Marina, muriendo catorce militares y quedando heridos 25 más; así como lo acontecido en Toribio en el mes de abril, con un ataque sin precedentes que se sostuvo durante varios días, sin que la Fuerza Pública pudiera pasar el cerco subversivo.19

De esta manera se puede observar cómo los ataques a la Fuerza Pública por parte de los grupos armados irregulares y específicamente de la subversión, tienen una lógica territorial, enmarcada en la respuesta a las ofensivas de las Fuerzas Militares, la consolidación y control de corredores, así como la garantía de su permanencia en algunas zonas donde el aparato militar del Estado no ha podido acceder. Por otro lado, el anterior ejercicio permite establecer que la guerrilla colombiana, conserva su capacidad de acción, de movilidad y de concentración de fuerzas. Es cierto que estratégicamente se encuentra a la defensiva, pero también lo es que tácticamente está a la ofensiva, lo cual es propio de su naturaleza irregular. Lo anterior parece ser la respuesta más adecuada, ante una ofensiva de las Fuerzas Militares que se viene dilatando con el tiempo y que no ha dado muestras fehacientes de haber atacado el núcleo duro de la estructura insurgente. Con esto la subversión no sólo ha ganado tiempo, sino que también ha aprovechado por medio de una estrategia centrífuga, algunos vacíos de seguridad que no sólo le permiten dar golpes a su enemigo, sino también recuperar el control de corredores vitales en la confrontación armada interna. 4. Letalidad de los ataques y tipo de unidad atacada No sólo es importante saber la cantidad de ataques registrados, el lugar de su ocurrencia y el grupo armado irregular responsable, sino también su impacto en términos de efectivos muertos y unidades afectadas. Teniendo en cuenta lo ocurrido desde el año 1985 y tomando lo registrado hasta julio de 2005, 7.613 miembros de la Fuerza Pública murieron a causa de los ataques realizados por los grupos armados irregulares. Esta cifra equivale a casi una Brigada y media, y es el equivalente a siete batallones y medio. Como se puede observar en la siguiente curva los niveles más críticos se presentaron de 1990 a 1994, en medio de la persecución a los Carteles de la droga, especialmente al de Medellín, cuyos principales capos eran Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria. El pico

19 De acuerdo a Alfredo Rangel con esta acción las Farc habría probado un nuevo modelo de ataque: “Ya no pretende la toma de un pueblo, sino un cerco que obligue a la salida de la Fuerza Pública. Que ese cerco se prolongue o se rompa depende de la capacidad que tenga cada parte”. El Tiempo, “El Ejército no pudo avanzar hacia Toribío porque las Farc minaron la vía”. Abril 22 de 2005.




que le seguiría a este período sería 2005, que de seguir con la tendencia registrada durante los primeros sietes meses, terminaría con una cifra total de 435 miembros de la Fuerza Pública muertos.

Miembros de la Fuerza Pública muertos en Ataques

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Es importante analizar el peso de cada uno de los tipos de ataque dentro del conjunto de muertes de la Fuerza Pública, para comenzar a establecer la letalidad de los eventos. Haciendo una revisión de la curva histórica, se tiene que en términos relativos, las categorías que concentraron el mayor número de muertos son las emboscadas y los homicidios de efectivos. La primera de estas variables presentó las mayores proporciones de 1985 a 1988, de 1996 a 1999 y de 2002 a 2005; la segunda lo hizo de 1989 a 1994 y de 2000 a 2001. Hay que decir que a principios de los noventa esta fue una táctica usada por los narcotraficantes, quienes en una guerra a muerte contra la Policía pagaban a los sicarios por efectivo cada agente muerto; a principios de este siglo, el homicidio de miembros de la Fuerza Pública está relacionado con la implementación por parte de la subversión del denominado “Plan Pistola”, dirigido a atacar a efectivos fuera de combate, en situaciones de indefensión – casi siempre cuando se encuentran de permiso, de descanso o de vacaciones -. Por otra parte, los ataques a instalaciones tuvieron una menor proporción de muertes, teniendo un lugar destacado de 1994 a 1997, así como en el año 2001. En términos relativos, los hostigamientos cobraron muy pocas muertes.




Participación porcentual de los tipos de ataque en el total de muertos de la Fuerza Pública

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10

20

30

40

50

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70

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1986

1987

1988

1989

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1998

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2000

2001

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2003

2004

2005

Porc

enta

je

Ataque instalación EmboscadaHostigamiento Muertos Fuerzas Armadas

Teniendo en cuenta el peso que tienen los homicidios de la Fuerza Pública, y la diferencia que tiene su implementación con respecto a las demás categorías, como se ha señalado en los anteriores capítulos, resulta interesante observar la curva total de muertes, aislando esta categoría. Evidentemente la curva cambia, conservando el alza registradas de 1990 a 1992, pero haciendo más notable, la presentada a partir de la ruptura de la “Zona de distensión” en el año 2001. Los dos picos históricos son 1992 con 342 muertos y el 2005, que de seguir con la tendencia registrada en los primeros siete meses, tendría un total de 339 muertos.




Muertes de la Fuerza Pública en ataques (sin contar homicidios)

0

50

100

150

200

250

300

350

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1985

1986

1987

1988

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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Si se toman los tres años completos de Uribe, es decir de 2003 a 2005, se tiene un total de 805 muertos de la Fuerza Pública en medio de ataques realizados por los grupos armados irregulares, para un promedio anual de 268, y uno mensual de 22; mientras que el promedio anual de los 18 años anteriores es de 203 y el mensual de 17, registrándose entonces un leve ascenso. Si se toman los tres años anteriores, es decir de 2000 a 2002, el promedio anual es de 153 y el mensual de 13, es decir valores inferiores a los presentados bajo la administración Uribe. Lo anterior en términos absolutos, es decir total de muertes por año. Ahora, si se quiere mirar la letalidad de los ataques, se debe calcular el promedio de muertes por acción. Para esto, de nuevo se van a aislar los homicidios, ya que el índice de letalidad en este caso es de 1:1, es decir de un muerto por cada evento. Tomando en cuenta las demás categorías, como se puede observar en la siguiente curva, el índice de letalidad entre 1985 y 1997 varió entre 0,6 y 1,2, con un promedio de 0,9 muertos por acción. En el año 1998 se presentó el pico más alto con una relación de 1:1,7, seguido por un descenso que llega a una relación de 1:0,3. En 2001, el año anterior de la ruptura del proceso de paz, la letalidad ascendió a 0,9, sin embargo, durante los dos años siguientes baja a 0,4. En 2004 la relación fue de 1:0,5 y para 2005, sería de 0,7. Desde esta perspectiva, la efectividad de los grupos armados irregulares en los últimos cuatro años se encuentra por debajo de lo registrado en los 17 años anteriores – exceptuando el año 2000, cuando la relación fue de 1:0,3. Teniendo en cuenta esta indicador, también se puede decir que si bien en términos absolutos se presentó un ascenso en los últimos tres años, en términos relativos hubo menos muertos por cada evento. Sin embargo, para tener una idea más




cercana de la letalidad, resulta óptimo sacar el índice para cada una de las categorías.

Índice de letalidad de los ataques a la Fuerza Pública

0,7

1,0

0,8

1,21,0

1,1

0,91,0

0,7

0,5

0,7

0,40,4

0,9

0,3

0,6

1,7

0,7

0,9

0,6

0,9

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Como se puede observar en la siguiente gráfica, el índice varia según el tipo de evento, siendo más letales las emboscadas, seguidas por los ataques a instalación y los hostigamientos. Esto tiene que ver con la manera como se desarrollan cada una de estas acciones. La emboscada tiene tres criterios básicos para su clasificación: 1) que la fuerza que ataca es mayor que la que se defiende; 2) que las armas usadas son generalmente artefactos explosivos o que el poder de fuego es muy superior al del enemigo; 3) un número elevado de víctimas. En este caso, por medio del engaño se induce al adversario a llegar a un lugar específico, donde se tiene preparado un ataque de grandes dimensiones; generalmente una carretera de difícil acceso, donde se activan dispositivos explosivos que producen un primer impacto, el cual es complementado con ráfagas de fusil dirigidas hacia los efectivos sobrevivientes. También hay otras modalidades, como el ataque de un frente completo o una columna móvil a una unidad menor, así como la utilización de artefactos que como el sombrero chino, son activados al paso de una patrulla. Un aspecto central en este tipo de acción es que el enemigo no está preparado para enfrentar a una fuerza superior, lo que aumenta su grado de letalidad – el cual se incrementa debido a que en la mayoría de los casos, al realizarse en sitios de difícil acceso, el arribo de apoyo terrestre o aéreo tarda en llegar -. En el caso de los ataques a instalación, los grupos subversivos utilizan artefactos explosivos para debilitar la defensa del enemigo – morteros o cilindros de gas -, para




luego incursionar con armas de largo alcance. La acción está dirigida a la destrucción de la instalación, así como a la rendición del adversario, el cual es asesinado o tomado como rehén. En un principio, cuando la guerrilla no contaba con los recursos derivados del narcotráfico, esta era la manera para obtener armamento y munición; además, generalmente el ataque a la estación de Policía era el paso previó para el robo de la Caja Agraria o de otras entidades bancarias. Sin embargo, con el aumento de los recursos derivados de las actividades del narcotráfico, la insurgencia siguió atacando instalaciones, ya no con el objetivo de proveerse de armamento, sino de sacar a la Fuerza Pública, demostrar capacidad ofensiva y desconcentrar las operaciones militares.

Letalidad de los ataques a la Fuerza Pública

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1

2

3

4

5

6

7

1985

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1993

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1996

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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ataque instalación Emboscada Hostigamiento

La letalidad en los ataques a instalación es menor, ya que a pesar de que es una acción de grandes dimensiones, la capacidad defensiva del adversario es mayor, contando con posiciones de retaguardia, garitas, edificaciones reforzadas y guardia permanente. En esta medida, el número de víctimas puede ser menor. Por último, se encuentran los hostigamientos. Al contrario de las emboscadas, en este tipo de acciones la fuerza que ataca es menor que la que se defiende. Son eventos que en la mayoría de los casos son realizados por pequeños comandos que lanzan un artefacto explosivo de pequeña escala o hacen un par de tiros – o una ráfaga de fusil -. Es una acción muy rápida, no sostenida, en la cual los subversivos huyen de forma inmediata. Por todo lo anterior, su letalidad es mucho menor y el objetivo es incitar a la Fuerza Pública a salir de la zona, a no realizar acciones o a no transitar por determinadas vías o caminos.




Esta información puede ser contrastada con el tipo de unidad atacada. Del total de ataques, de 1985 a 2005, sin contar los homicidios de miembros de la Fuerza Pública, se tiene que el 58% se dirigido contra unidades móviles, el 42% contra unidades fijas y sobre el 0.2% no se tiene información. A excepción del período 1996 a 2002, etapa en la cual se intento poner en práctica la “Nueva forma de operar” – especialmente de 1996 a 1998 -, mediante la cual se iba a buscar al enemigo para asediarlo y coparlo, la curva histórica muestra una preponderancia de los ataques a unidades móviles, tomando una fuerza especial, a partir de 2003, es decir durante el gobierno de Uribe.

Tipo de unidad atacada

050

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1985

1986

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1988

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1991

1992

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1994

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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fija móvil Sin info

En cuanto a la letalidad, el índice es más alto para los ataques a unidades móviles, lo cual coincide con el análisis antes planteado, según el cual las emboscadas son más letales que los ataques a instalación. Aunque también se podría decir que los grupos armados irregulares son más efectivos dirigiendo sus acciones contra estructuras que se encuentran en movimiento. Esto tiene que ver con los planteamientos estratégicos que están detrás de la guerra irregular, entendida como una guerra prolongada que se desarrolla por etapas: guerra de guerrillas, guerra de movimientos y guerra de posiciones. De acuerdo a Mao Tse-Tung: “En la primera etapa, la guerra de movimientos es la forma principal, en tanto que la de guerrillas y la de posiciones son auxiliares. En la segunda, la guerra de guerrillas pasará a ocupar el primer lugar y será complementada por la de movimientos y la de posiciones. En la tercera, la guerra de movimientos volverá a ser la forma principal y será complementada por la de posiciones y la de guerrillas”.20 El punto central sería entonces saber en cuál de estas etapas se encuentra el movimiento subversivo. De acuerdo a lo analizado en este documento, en la etapa actual se estaría en una 20 Mao Tse-Tung, “Sobre la Guerra prolongada”. Obras escogida de Mao Tse-Tung, Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras. Tercera Impresión, 1976.




guerra de guerrillas con visos de guerra de movimientos – la cual se dirige a resistir al enemigo escalonadamente para desgastar sus fuerzas y ganar tiempo -. Para algunos analistas el conflicto armado irregular se encuentra en un período de ofensiva estratégica por parte de las Fuerzas Militares y defensiva estratégica de la guerrilla. Desde este punto de vista, la guerrilla se encontraría replegada, pero tácticamente a la ofensiva. La evidencia señala que aunque la subversión intento pasar a una guerra de movimientos durante el gobierno de Ernesto Samper, la respuesta de las Fuerzas Militares, le obligó a volver a una guerra de guerrillas, encaminada a debilitar al enemigo y ganar tiempo. Bajo este marco, las emboscadas cobran un papel principal, mientras que los ataques a instalación se convierten en objetivos de oportunidad, para los cuales se requiere debilitar aún más al enemigo, esperar a que extienda sus líneas, disperse sus fuerza y que el tiempo se convierta en su peor enemigo.

Latalidad de acuerdo al tipo de unidad atacada

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0.5

1

1.5

2

2.5

3

1985

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2002

2003

2004

2005

Fija Móvil

El análisis de los ataques a la Fuerza Pública, también permite establecer que el conflicto armado colombiano sigue siendo de baja intensidad, careciendo de grandes confrontaciones, con índice de letalidad bajo, que puede hacer que se prolongue en el tiempo, con equilibrios más o menos establecidos. Además del tipo de unidad atacada, resulta útil también analizar el tipo de fuerza afectada. Como se puede observar en los siguientes gráficos, si se incluyen los homicidios de la Fuerza Pública, los ataques a la Policía superan notablemente a los de las Fuerzas Militares, especialmente en el período de la persecución contra el Cartel de Medellín; por lo tanto, es preferible trabajar con la el segundo gráfico.




Ataques por tipo de Fuerza

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2000

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2004

2005

Fuerzas combinadas Fuerzas Militares Policía Nacional Sin info

Tipo de fuerza atacada (sin homicidios)

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200

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300

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1985

1986

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1988

1989

1990

1991

1992

1993

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1998

1999

2000

2001

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2003

2004

2005


Si se toman los 21 años, sin contar los homicidios, se tiene que el 55% de los ataques fueron dirigidos hacia la Policía, el 44% a las Fuerzas Militares y el 1% a Fuerzas Combinadas. Esto tiene mucho que ver con parte de la información que ya ha sido considerada, sobre todo con dos cuestiones: primero, que los ataques suceden en su mayoría en entornos urbanos y segundo, que siempre se va a preferir atacar las líneas que ofrezcan menor resistencia. A excepción de algunas unidades especiales, en términos generales la Policía no es un cuerpo contrainsurgente que este preparado para resistir las acciones de los grupos subversivos. Como una fuerza estacionaria, que en principio es de carácter civil, a lo sumo puede contener el ataque mientras que recibe apoyo de las Fuerzas Militares, cuya misión se ha volcado más hacia el mantenimiento del orden interno, que a ser garante de la soberanía nacional.




Sin embargo, llama la atención que al mirar el número de muertos por tipo de Fuerza, el número de efectivos de las Fuerzas Militares sea mayor que el de la Policía. Es decir que aunque la Policía sea objeto de un mayor número de ataques, su índice de letalidad es menor. Esto tiene que ver con el tipo de ataques implementados y los objetivos afectados. Generalmente las emboscadas, las cuales como se señalo atrás tienen el mayor índice de letalidad, son dirigidas contra patrullas del Ejército Nacional, mientras que la Policía Nacional es frecuentemente objeto de hostigamientos de pequeñas magnitudes. De 2003 a 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el número de miembros de las Fuerzas Militares muertos en ataques, 526, supera lo registrado en los cinco años anteriores, ya de que de 1998 a 2002 esta cifra fue de 505.

Muertos en ataques por Tipo de Fuerza

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50

100

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200

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2001

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2004

2005


Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la forma de operar. Mientras que la unidad operativa menor en el Ejército es la escuadra – compuesta por diez hombres, a lo que también se le llama una patrulla -, la cual tiene un carácter móvil; la Policía en el casco urbano puede movilizarse de manera individual o en parejas, y su naturaleza es estacionaria. De esta manera, generalmente un ataque contra el Ejército concentra un mayor número de potenciales objetivos. Sin embargo, cuando la Policía sale del casco urbano, lo hace mínimo con diez agentes – aunque lo debería hacer con treinta -, lo cual aumenta la probabilidad de un número mayor de bajas. Un ejercicio que resulta interesante es tomar los ataques que durante los primeros cinco meses dejaron más de diez efectivos muertos y observar qué características tuvieron.




FECHA Depto Municipios IMPLICADO No.

Muertos Fuerza Pública

OBSERVACIONES Tipo de ataque

6/26/2005 PUTUMAYO PUERTO ASIS Farc 24

En jurisdicción del municipio de Puerto Asís (Putumayo), guerrilleros de los frentes 48 y 32 de las Farc atacaron la base militar ubicada en el oleoducto Teteyé, resultando 22 soldados y dos suboficiales muertos, ocho más heridos y otros 19 desaparecidos. El hecho en el que hubo bajas se produjo a metros del puesto. Emboscada

2/9/2005 ANTIOQUIA MUTATA Farc 17

En el corregimiento EL Porroso, en Mutata (Antioquia), una patrulla del Ejército que se dirigía a prestar apoyo por los enfrentamientos entre unidades del Ejército y terroristas del frente 5 de las FARC fue emboscada, del ataque resultaron muertos un oficial y 16 soldados, dos heridos y ocho desaparecidos. Emboscada

4/6/2005 ARAUCA FORTUL Farc 17

En el sitio conocido como Corozito, en una carretera que une los municipios de Tame y Fortul (Arauca), guerrilleros del frente 10 de las FARC emboscaron a una patrulla militar, resultando muertos un oficial, cuatro suboficiales y 12 soldados. Emboscada

2/1/2005 NARINO SANTA BÁRBARA Farc 16

En el municipio de Iscuandé (Nariño), miembros del frente 29 de las FARC atacaron una unidad militar de la Infantería de Marina, con cilindros llenos de explosivos resultando muertos trece infantes y heridos veinte. Versiones de prensa confirmaron que eran 16 víctimas.

Ataque instalación

5/19/2005 CHOCO TADO ERG 11

En la vía a Pereira, sitio Agua Clara, subverivos del ERG atacaron con armas de fuego y explosivos una patrulla de la Policía, en el hecho resultaron muertos ocho efectivo y heridos tres más. Emboscada

3/23/2005 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO Farc 9

En la vía que comunica a Puerto �eguizamo con el corregimiento de La Tagua (Putumayo), guerrilleros del frente 63 de las FARC detonaron, al paso de una caravana de la Infantería de Marina, cargas explosivas y después los atacaron con tiros de fusil y metralla, resultando muertos nueve infantes de Marina, una jueza y dos soldados. Emboscada

7/25/2005 META

SAN LUIS DE CUBARRAL Farc 6

En el sitio Cuchilla Faltriquera, en desarrollo de la Operación “Ortodoxo” unidades del Ejército en enfrentamiento contra subverivos del frente Abelardo Romero de las FARC, dieron de baja cinco insurgentes. Así mismo fueron atacadas con artefactos explosivos por guerrilleros del frente Oriental de las FARC resultaron muertos un Capitán y cinco soldados. Emboscada




Como se puede ver la mayoría de estos ataques fueron emboscadas, probando de esta manera su letalidad. Aunque en el nivel de detalle no permite establecer los procedimientos implementados, ni el tipo de arma, generalmente se usaron artefactos explosivos, acompañados por armas de largo alcance. El tipo de fuerza atacada, solo en un caso fue la Policía, y todos los hechos sucedieron en zona rural. Es decir, que lo sucedido en 2005 no es muy distinto a lo registrado en los años anteriores, conservando las tendencias presentadas por lo menos en los últimos diez años.




Informe Especial Ataques Guerrillas y Narcotrafico

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