Ideas fuerza para un Chile más humano y...
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1 Ideas fuerza para un Chile más humano y solidario Por Manuel José Ossandón I. Ex Alcalde de Pirque y Puente Alto Senador de la República Introducción La quilla es una de las partes fundamentales de la estructura de una embarcación. Constituye la columna vertebral de la nave y permite dos cosas: dar sustento y estabilidad al barco durante la navegación y, además, mantener una dirección con un mínimo esfuerzo del timón. La quilla del actual gobierno de la Presidenta Bachelet consiste en cuatro grandes transformaciones: las reformas tributaria, educacional, laboral y la elaboración de una nueva Constitución. Con esos cuatro cambios la Presidenta ha querido dar sustento y rumbo a su mandato. Sin embargo, si bien estas reformas eran parcialmente necesarias, han sido erradas en sus contenidos. Además, este gobierno ha fallado en las prioridades, pues creemos que la quilla que verdaderamente permitirá dar estabilidad y un rumbo adecuado al país debe recoger las cuatro grandes urgencias sociales del momento: la igualdad en el acceso a la salud, la dignidad de las pensiones, el combate a la inseguridad y el fortalecimiento de la educación como factor de movilidad social. En materia de salud, el gran problema radica en la desigualdad en su acceso. Los tiempos de espera y la calidad de la atención para quienes tienen Isapre versus quienes son usuarios de Fonasa, presentan diferencias enormes. Pese a las críticas por abusos de que es objeto el sector privado de salud, éste presta un servicio que es percibido como de mejor calidad y oportunidad que el sector público. Es urgente corregir este problema, no debilitando o eliminando al sector privado, sino subiendo el nivel de Fonasa y de la red de prestadores públicos de salud.
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Ideas fuerza para un Chile más humano y solidario
Por Manuel José Ossandón I.
Ex Alcalde de Pirque y Puente Alto
Senador de la República
Introducción
La quilla es una de las partes fundamentales de la estructura de una embarcación. Constituye la
columna vertebral de la nave y permite dos cosas: dar sustento y estabilidad al barco durante la
navegación y, además, mantener una dirección con un mínimo esfuerzo del timón.
La quilla del actual gobierno de la Presidenta Bachelet consiste en cuatro grandes
transformaciones: las reformas tributaria, educacional, laboral y la elaboración de una nueva
Constitución. Con esos cuatro cambios la Presidenta ha querido dar sustento y rumbo a su
mandato. Sin embargo, si bien estas reformas eran parcialmente necesarias, han sido erradas en
sus contenidos. Además, este gobierno ha fallado en las prioridades, pues creemos que la quilla
que verdaderamente permitirá dar estabilidad y un rumbo adecuado al país debe recoger las
cuatro grandes urgencias sociales del momento: la igualdad en el acceso a la salud, la dignidad de
las pensiones, el combate a la inseguridad y el fortalecimiento de la educación como factor de
movilidad social.
En materia de salud, el gran problema radica en la desigualdad en su acceso. Los tiempos de
espera y la calidad de la atención para quienes tienen Isapre versus quienes son usuarios de
Fonasa, presentan diferencias enormes. Pese a las críticas por abusos de que es objeto el sector
privado de salud, éste presta un servicio que es percibido como de mejor calidad y oportunidad
que el sector público. Es urgente corregir este problema, no debilitando o eliminando al sector
privado, sino subiendo el nivel de Fonasa y de la red de prestadores públicos de salud.
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Recordamos un caso en un hospital que nos marcó hasta el día de hoy. Una persona que llegó con
fracturas en uno de sus huesos recibió una hora médica para la operación en veinte días más.
Como era esperable, el hueso fracturado cicatrizó irregularmente. Por ello, el traumatólogo al
realizar la intervención, veinte días después, tuvo que romper el nuevo tejido óseo y rearmar el
hueso en su posición correcta. El problema de los tiempos de espera no ocurre en una clínica,
pero son muy pocos los que pueden costear prestaciones privadas. Un sistema de salud igualitaria
no implica la existencia de un solo sistema, sino que ambos, tanto el público como el privado,
compitan tan de igual a igual, que la gente no perciba mayor diferencia entre atenderse en uno o
en otro.
En materia de pensiones y adultos mayores, es prioritario hacerse cargo de los bajos montos de
las jubilaciones. Debemos entender que un anciano no sólo necesita la pensión para comer, sino
también para pagar deudas, arriendo, comprar remedios, asistir al médico. Es doloroso ver cómo
nuestros viejos, que se esforzaron por sacar adelante sus familias y hacer de este Chile un país
mejor, pasan sus últimos años sobreviviendo antes que disfrutando y viviendo dignamente. El
monto de las pensiones no está alcanzando, por lo que si consideramos que la población de la
tercera edad aumenta significativamente, en el mediano plazo este desafío se convertirá en un
problema de Estado.
La dignidad de nuestros adultos mayores exige que tomemos medidas efectivas que logren el
objetivo de subir los montos de la jubilación. Estas medidas deben estar inspiradas en criterios de
solidaridad, pero también de autorresponsabilidad. Resulta injusto que una persona que con
mucho esfuerzo cotizó toda su vida en la AFP reciba una jubilación similar a la pensión mínima
que el Estado otorga a aquellos que no disponen de ningún ahorro. El Estado debe asegurar a
todas las personas un piso mínimo, pero aquella persona que ahorró de manera responsable y
constante debe ver reconocido su esfuerzo respecto a aquellos que no lo hicieron.
La delincuencia y ciertos actos de terrorismo están rompiendo la paz social del país. Una de las
primeras tareas del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, permitiendo que la gente
pueda vivir en paz, moverse con tranquilidad y desarrollar sus actividades sin miedos. Esto
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constituye la piedra angular sobre la cual se cimientan los demás derechos. Sucesivos gobiernos
han prometido ponerle candado a la puerta giratoria de la justicia. Sin embargo, con el tiempo nos
dimos cuenta que los delincuentes terminaron robando el candado y se llevaron la puerta para la
casa.
Resolver el problema de la inseguridad pasa por un abordaje integral del fenómeno: es necesario
desarrollar políticas efectivas de prevención y, a su vez, se debe hacer un esfuerzo por evitar que
quienes sean condenados, no salgan peor que como entraron. Por eso, necesitamos una mano dura
contra la delincuencia, pero, paralelamente, una mano responsable que permita la rehabilitación y
la reinserción social.
En materia educacional, debemos hacer un esfuerzo especial y corregir decisiones que se están
tomando actualmente, para que la educación pueda operar como la mejor herramienta para
superar la desigualdad social. El gobierno actual enfocó sus reformas en corregir falencias
administrativas del sistema y prohibir el lucro en los establecimientos, pero olvidó la calidad de
la educación. Es urgente replantearse los contenidos y la forma en que se están enseñando. A su
vez, necesitamos analizar si esos aprendizajes son efectivamente herramientas útiles para que las
personas se desenvuelvan adecuadamente en la sociedad y realicen un aporte efectivo al
desarrollo del país.
Si un niño recibe una educación parvularia, primaria y secundaria de calidad, dispondrá de las
herramientas para ingresar a una buena universidad. Allí creará redes de amistad y laborales,
obtendrá su título y conseguirá un trabajo mucho mejor remunerado que el de sus padres. Esto
genera un círculo virtuoso, pues ese joven profesional no sólo podrá dar a sus hijos una mejor
calidad de vida, sino que también podrá ayudar a sus padres y a sus hermanos.
La política debe velar por buenas condiciones materiales para las personas, pero sin olvidar las
necesidades espirituales. En nuestros veinte años de alcalde llegamos a la firme conclusión que
las políticas públicas tienen que ser realizadas con trascendencia: que no sólo miren la solución
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del problema inmediato sino que busquen el desarrollo de la persona en forma integral y en el
largo plazo.
Un día en la calle nos paró una alumna del Liceo de Puente Alto para decirnos que le habíamos
cambiado la vida. Le preguntamos si acaso su padre trabajaba con nosotros o si habíamos podido
ayudar a su familia con una vivienda. Pero no se trataba de eso. Nos dijo, simplemente, que antes
tenía que ir caminando al Liceo por un basural oscuro y peligroso, en cambio ahora caminaba
por un parque verde y seguro. Eso era lo que le había cambiado la vida. En definitiva, las
políticas públicas exitosas son las que logran armonizar las distintas dimensiones del ser humano;
aquellas que se proponen la felicidad de las personas entendidas en su contexto físico, espiritual,
familiar, social y cultural.
Un ejemplo de las desastrosas consecuencias de políticas públicas sin trascendencia es la
situación habitacional en Bajos de Mena, Rancagua y Alto Hospicio. El sueño de la casa propia
de mucha gente modesta se transformó en una pesadilla, pues se diseñó una política habitacional
que perseguía darle techo a muchas personas y a bajo costo. Esto generó verdaderos guetos
urbanos de pobreza, olvidando por completo el desarrollo integral de las familias y obviando
aspectos tan importantes como las áreas verdes y el acceso a servicios en general. Al construir
una vivienda social se olvida frecuentemente que se está construyendo un hogar, que acoge a
personas y que conforman una familia.
En este documento queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Chile que
tenemos y el país al cual debiéramos aspirar. Esto desde nuestra experiencia en los más de veinte
años dedicados al servicio de los demás en el terreno de la acción política. Pero, además, estas
reflexiones las hacemos desde la perspectiva socialcristiana, que nos ha motivado a estar en la
función pública. Nuestra propuesta radica en valores de la tradición cristiana que son universales,
y por tanto no exclusivos de los creyentes, como la dignidad de la persona humana, la justicia
social, la familia, el bien común, la subsidiaridad y la solidaridad. Desde este prisma queremos
juzgar críticamente los éxitos y fracasos de Chile y soñar el país de las próximas décadas.
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Estas reflexiones son el fruto de conversaciones y debates con mucha gente, tanto amigos como
personas especialistas en cada uno de los temas. No constituyen una palabra definitiva ni un
paquete cerrado de medidas para cambiar Chile. Estas reflexiones son simplemente una
invitación a conversar, un punto de partida enunciando criterios que nos sirvan de guía.
Pretendemos que sean un aporte que motiven una reflexión política con altura de miras sobre los
contenidos del bien común para este Chile que en conjunto estamos llamados a construir.
Progresos y falencias de nuestro Chile
No podemos negar que al país le ha ido bien en muchos aspectos. En materia de disminución de
la pobreza, aparecemos junto a Uruguay como uno de los países con mayores avances y menores
cifras de pobreza. En los aspectos macroeconómicos, gozamos de una buena salud. En lo que
respecta a la solidez de nuestra democracia y el prestigio de nuestras instituciones destacamos en
una región que se caracteriza por inestabilidad política y debilidad institucional. En 2010
ingresamos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el
denominado “club de los países ricos”, gracias a nuestro significativo incremento del producto
interno bruto. Por lo tanto, debemos estar orgullosos frente a estas tareas cumplidas y procurar
cuidar y seguir perfeccionando lo logrado.
Pero la alegría de haber pasado de pantalones cortos a usar pantalones largos no debe hacernos
olvidar que hay un Chile que sufre y que lo pasa mal. A partir del año 2011 comenzó a
cristalizarse un sentimiento de malestar. Las movilizaciones estudiantiles, las marchas de
Patagonia sin Represas y las protestas ciudadanas de Magallanes por las alzas en el precio del
gas, fueron la punta del iceberg de un descontento generalizado, que fue atizado por las
sobreexpectativas generadas.
A la luz de un humanismo integral y solidario, advertimos que en la sociedad chilena se han
instalado una cultura materialista y un planteamiento individualista de la existencia, que unidos a
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la pérdida del sentido ético y trascendente de las acciones, constituyen escollos que impiden
construir un país más justo, humano y solidario.
La cultura del materialismo nos inclina a ver al ser humano sólo desde un punto de vista material,
olvidando su alcance espiritual. Nos debe llamar la atención que al medir nuestro desarrollo nos
centremos casi exclusivamente en el índice de crecimiento del producto interno bruto, olvidando
otras variables que se deben incorporar a la ecuación, como la calidad de vida, la intensidad de
los vínculos humanos y comunitarios, los índices de depresión y suicidio, la satisfacción con el
trabajo, la posibilidad de hacer familia, el acceso al transporte y la salud de calidad, la integración
urbana, el disfrute de la cultura y las artes, la cohesión social, etc. A fin de cuentas, se trata de
que el ser humano pueda ser feliz. Hace poco, gracias al excelente trabajo de una comisión de
expertos, se ha logrado por primera vez considerar la pobreza multidimensionalmente,
incorporando carencias tales como tipo de vivienda, acceso a la salud y el empleo, la presencia de
redes y la calidad del entorno, etc. Lo positivo de esto es que se ha entendido que el problema de
la marginalización y la pobreza no es solo un problema económico.
Por otro lado, fruto de aplicar a todo una regla económica y no de humanidad, el consumismo ha
aumentado considerablemente. Hemos perdido esa cultura de la austeridad y la sobriedad que
vivían las generaciones anteriores. Tenemos muchas necesidades inventadas, que no son reales y
que motivan a muchas personas a endeudarse para poder seguir un ritmo de gasto desenfrenado.
Un estudio de Idea País sobre la deuda de los chilenos, muestra que los sectores menos
acomodados son los más afectados por el sobreendeudamiento, debido a un cambio en los
patrones de consumo y la facilitación de acceso al crédito. Relacionado con este fenómeno se
encuentran las altas tasas de interés que cobran las entidades financieras y casas comerciales. Si
bien el acceso al crédito es una oportunidad para muchos, el sobreendeudamiento agudiza la
precariedad económica y hace más vulnerables a las familias de caer en la pobreza. Por eso,
parecen urgentes campañas de educación sobre los riesgos de las obligaciones financieras, con el
fin de promover un uso responsable del dinero y del acceso crediticio que ofrece el mercado.
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A su vez, el materialismo ha llevado a que mucha gente no mire su trabajo como una fuente de
realización personal y un medio para ayudar a sacar adelante el país. Muchas personas no buscan
trabajo sino que un salario, lo que contribuye a aumentar la mercantilización del trabajo humano,
de manera que una labor y esfuerzo noble se transforma en simple mercancía que tiene un precio
determinado. Las empresas van perdiendo esa dimensión de mancomunidad social, para ser
simplemente establecimientos de transacción de productos y servicios.
El materialismo ha transformado la educación en un producto transable, privilegiando la oferta de
carreras de acuerdo a su rentabilidad. Así, disciplinas como filosofía, literatura, arte o historia,
van perdiendo terreno. Se olvida que las universidades son cerebro y alma de un país, por lo que
en ellas deben cultivarse todos los saberes y disciplinas, sean rentables o no, porque hacen que la
existencia colectiva sea más diversa y rica en valores e identidad.
Por su parte, el individualismo imperante nos desconecta de la realidad colectiva. Nuestro
modelo económico basado en la maximización de la utilidad y en la competencia, olvida la
dimensión humana y social, debilitando la cooperación e integración. El individualismo se
manifiesta en nuestras ciudades a través de la segregación urbana, que nos ha llevado a construir
dos Chile, uno a estándar europeo y el otro a escala tercermundista. El problema de esa
segregación no tiene sólo un alcance material. Ella erosiona los fundamentos de la comunidad,
impide las experiencias compartidas y el sentido de interdependencia. El bien común no es el
bien de la mayoría alcanzado a partir de la suma de bienes individuales. El bien común debe
entenderse en un sentido social e integrador, estar representado por el bien de todos y de cada uno
de los miembros de la sociedad. Es un bien que se alcanza en sociedad y para lograr este objetivo
es necesario reconocer que la solidaridad es un elemento constitutivo del bien común. Por ello, es
necesario revalorizar el concepto del afecto en nuestras relaciones sociales, políticas, económicas,
educacionales y laborales. En la discusión de las grandes reformas, se requiere generosidad,
cordialidad y capacidad de ponerse en los zapatos del otro.
Por último, se extiende y profundiza en nuestro país la pérdida del sentido ético y trascendente de
las acciones, considerándose que cumpliendo al límite la legalidad se cumple con estándares
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éticos. Esta situación se ha visto agravada con los escándalos de financiamiento indebido a la
política, pues personas públicas se han escudado en el argumento de que sus actos no constituyen
conductas tipificadas como delito, por lo que no serían reprochables ni sancionables. Los
políticos debemos observar un estándar de honorabilidad más alto y exigente que el de cualquier
otro ciudadano, porque se nos ha encargado una tarea que es la más alta de todas: representar la
voluntad soberana. Hoy la opinión pública nos exige un piso ético antes que un piso legal.
El Chile que debemos construir
No creemos ni en el inmovilismo ni en las retroexcavadoras. Creemos que Chile ha encontrado el
camino correcto hacia el desarrollo, pero es importante lograr mayores grados de cohesión social
y fraternidad, un desarrollo más íntegro y solidario, una actitud más consciente de la función
social de la propiedad, un compromiso más activo por el bien común y la justicia social.
Hay mucho por cambiar y mejorar en distintos ámbitos. En las páginas que siguen, intentaremos
exponer algunas ideas que debieran guiar los distintos aspectos del bien común, que tejen los
lineamientos generales de una propuesta socialcristiana para Chile. Nos interesa dejar claro que
cada uno de los temas que desarrollaremos contienen sólo orientaciones generales y algunas
propuestas a manera de ejemplos. Es una invitación a pensar cómo podemos responder no sólo
con coherencia lógica sino también con vitalidad y calle a los sueños de los chilenos.
La crisis del modelo
En Chile existe una desafección ciudadana con el modelo de desarrollo, causada por los altos
índices de desigualdad y la percepción de que el sistema permite los abusos. El punto de inflexión
ocurrió entre 2010 y 2011, luego del fin de la era concertacionista, con las movilizaciones
sociales. Chile tenía los mejores indicadores macroeconómicos de América Latina, pero el
descontento iba en aumento. ¿Qué pasó?
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Para que un sistema político-económico sea estable es necesario que la ciudadanía se sienta
comprometida con dicho sistema. Este compromiso va a existir en la medida que aquel sistema
garantice un adecuado nivel de bienestar social y económico que incluya a toda la población.
El modelo de desarrollo chileno de las últimas décadas ha sido exitoso en cuanto a crecimiento e
índices macroeconómicos. Sin embargo, es evidente que dicho paradigma ha sido defectuoso en
el ámbito de la inclusión, es decir, que todos los chilenos se sientan parte y experimenten el éxito
que hemos tenido como país. Esta situación ha llevado a que el sistema sea cuestionado, se hable
de crisis del modelo y algunos actores políticos propongan cambios radicales con ayuda de
retroexcavadoras.
Nuestra propuesta es que construyamos sobre los cimientos que juntos y con esfuerzo hemos
logrado, pues el camino adoptado hace décadas ha demostrado ser el correcto. Sin embargo, es
imperativo reconocer la necesidad de hacer reformas importantes que den respuesta a los
problemas pendientes y a los nuevos desafíos que nos impone una ciudadanía cada vez más
empoderada y exigente.
Si bien nuestro norte debe ser la lucha contra la pobreza y el esfuerzo por mejorar las condiciones
de vida de la población más postergada, debemos reconocer que la equidad es un factor
importante de paz social. No podemos restar importancia a que nuestro país tenga uno de los
peores índices de desigualdad del mundo, argumentando que lo que importa es el crecimiento y
que debemos combatir la pobreza y no la riqueza. ¿Cómo explicamos a los chilenos que hemos
alcanzado un orgulloso ingreso per cápita de 23.000 dólares, pero que el 80% de los trabajadores
sigue ganando menos de 500.000 pesos mensuales, es decir, algo más de 9.000 dólares anuales?
La situación actual está amenazando las bases de la convivencia.
Países que comparten los principios que inspiran nuestro modelo han logrado mejores resultados
que nosotros. Por ello, tenemos que esforzarnos por corregir los errores que hemos cometido en
la implementación de un sistema que en otros lugares ha logrado conciliar desarrollo y
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crecimiento con adecuados índices de equidad social. Debemos hacer a todos actores y partícipes
del progreso de la nación, promoviendo un emprendimiento comprometido con la sociedad y un
trabajo comprometido con la empresa.
Otro importante factor de malestar social lo constituye la percepción ciudadana de que el sistema
permite abusos por parte de diversos actores económicos. Los casos de colusión de las farmacias
y los pollos, las repactaciones unilaterales de deudas por parte de una empresa del retail, las
cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, las adecuaciones unilaterales de precio por parte
de las Isapres, han instalado la sensación de indefensión de la ciudadanía respecto a los actores
económicos. Por su parte, si bien en muchos de estos casos se han dado respuestas, las
correcciones necesarias parecen insuficientes y las sanciones a los responsables no son lo
suficientemente rigurosas. Tenemos que ser capaces de hacer un reproche claro y aumentar las
sanciones a los delitos de cuello y corbata. Debemos ser claros y señalar que no es posible que
exista una moral estricta para la vida personal o familiar y otra moral más laxa para los negocios.
Debemos representar a una derecha que condena los abusos y no está capturada por los grupos
económicos.
La crisis de la política
Una parte importante de la desafección ciudadana y la crisis política ha sido causada por malas
prácticas de algunos miembros de la clase política, no solo en los últimos años, sino desde hace
bastante tiempo. Desde el uso indebido de recursos públicos, pasando por el abuso de privilegios
y autoridad, hasta el actual escándalo por el financiamiento ilegal de campañas políticas. Todo
esto ha generado no sólo una crisis de confianza y credibilidad respecto de los representantes
ciudadanos, sino un profundo descrédito de ellos, afectando injustamente también a aquellos que
no han cometido abusos ni delitos.
Al respecto, es necesario realizar cambios importantes, que permitan reconquistar la confianza de
la ciudadanía y el prestigio de la función pública. Algunas propuestas han sido hechas por el
Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción. En su informe, se proponen medidas legislativas y
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reglamentarias destinadas a prevenir los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la
corrupción.
Por nuestra parte, hemos propuesto medidas concretas para superar esta crisis: poner límite a la
reelección indefinida de parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales; establecer
la posibilidad de renuncia de diputados y senadores; sancionar con la pérdida del cargo a los
parlamentarios condenados por delitos; eliminar el fuero parlamentario; congelar el aumento de
sueldos de Presidente, ministros, subsecretarios, diputados y senadores; y disminuir el aumento
de parlamentarios recientemente aprobado, volviendo a los 38 senadores y 120 diputados.
Pero creemos que muchos aspectos pasan por un cambio cultural y de actitud, más que por
nuevas reglamentaciones o reformas legales. Es necesario que la clase política actúe
responsablemente, sin escudarse en formalidades legales para intentar excusar actos que son
claramente ilegítimos. Hay prácticas que son legalmente sustentables, pero éticamente muy
cuestionables.
Por otra parte, la gente aspira a una mejor distribución del poder político, de los espacios de
decisión e influencia, tomar parte en la vida nacional. Debemos lograr que las personas sientan
que realmente deciden a través del ejercicio del sufragio. A su vez, se deben generar condiciones
para que las candidaturas no dependan de decisiones cupulares y el éxito de una postulación no
esté condicionado por los recursos económicos.
Los partidos políticos son fundamentales para el funcionamiento de la democracia representativa.
Ellos permiten canalizar de manera institucional las distintas miradas que en una sociedad existen
sobre los desafíos comunes, dejando de lado el faccionalismo y el caudillismo. Pero los partidos
no pueden pretender monopolizar de la participación ciudadana. Existen otras fuerzas políticas en
la sociedad civil que deben ser atendidas. Cuando los partidos a puertas cerradas deciden el Chile
que quieren construir, no es raro que organizaciones sociales y la gente en la calle, al no ser
escuchadas, hagan sentir su descontento. En este sentido, los partidos tenemos que replantearnos
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mejor cómo escuchar más y sintonizar con los distintos sectores y actores de la sociedad y la
opinión pública en general.
A su vez, es necesario abrir canales institucionales de participación de la ciudadanía, mesas de
trabajo, consultas ciudadanas, de manera que la ciudadanía perciba que este país lo hacemos entre
todos. Y todo esto es necesario realizarlo descentralizadamente. Cada rincón del país se debe
sentir incluido, participando y construyendo un proyecto común. Es necesario potenciar
liderazgos locales y respetar sus decisiones.
Por último, para reencantar a la ciudadanía y lograr que vuelvan a creer debemos demostrar que
la política la hacemos para ellos, abandonado trincheras y domicilios políticos. Nuestro proyecto
de país debe fundamentarse en la promoción de la meritocracia y de una cultura de la solidaridad
y responsabilidad para con los demás. Los problemas de la gente no tienen color político ni credo
religioso; son simplemente problemas que requieren una solución pronta, por respeto a las
mismas personas que los padecen. Por ello, la buena política, más que situarse en un domicilio
político particular, tiene que responder con eficiencia y prontitud a los desafíos. Que este
principio ha orientado nuestro actuar quedó de manifiesto en el transversal apoyo que los vecinos
de Puente Alto me otorgaron en la elección senatorial.
Durante estos numerosos años en el servicio público, hemos constatado con desilusión que el
gran problema es que en la administración pública se enquista un profundo sectarismo: sólo se
trabaja y apoya a quienes comparten una misma visión política o pertenecen al mismo partido o
coalición. Consideramos que esto constituye una falta de patriotismo y de respeto a quienes
necesitan solución urgente a sus problemas. Este sectarismo termina castigando a los más
postergados.
Por ello, nos declaramos conservadores en lo moral, progresistas en lo social y liberales en lo
político: estamos dispuestos a convocar y a trabajar con todos aquellos que estén dispuestos a
poner a Chile y a los compatriotas más necesitados por delante, superando y dejando de lado
sectarismos y egoísmos políticos.
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Hacia una verdadera economía social de mercado
Creemos que el economicismo reinante ha llevado a dimensionar en exceso la economía del país,
al punto que hemos creado una sociedad para sostener la economía y no una economía para servir
a la sociedad.
El criterio ético fundamental que debe hacerse presente en la actividad económica es que
contribuya al desarrollo humano de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. El mercado
en cuanto parte de la actividad económica, debe regularse igualmente por este criterio. La
economía social de mercado reconoce la necesidad de que el mercado sea controlado por las
fuerzas sociales y por el mismo Estado.
La economía social de mercado es un sistema económico con una clara visión comunitaria, que
conjuga crecimiento económico y justicia social. Reconociendo la iniciativa privada como motor
del desarrollo, reconoce a su vez un rol importante del Estado como garante del bien común. A
este respecto, el principio de subsidiariedad debe orientar la acción del Estado. El
socialcristianismo no interpreta el principio de subsidiariedad en un sentido abstencionista ni
intervencionista. Considera que el Estado debe actuar por un sentido de necesidad, debe actuar en
la medida que las circunstancias lo ameriten, entendiendo que, aun cuando los particulares
ejercen una determinada actividad, el Estado siempre tiene un deber de vigilar, coordinar y
garantizar que los derechos y libertades se ejerzan en forma ordenada y en aras del bien común.
En una economía social de mercado el rol del Estado es lograr, por un lado, que haya igualdad de
oportunidades para que el mercado sea verdaderamente libre y, por el otro, que exista un
adecuado marco de justicia social. El Estado debe promover y, a su vez, supervisar el mercado
para que llegue con eficiencia y equidad a todos los sectores y regiones del país. No se trata de
frenar o establecer condiciones que impidan el ejercicio de la libertad y el mercado, sino
promoverlos de verdad y para todos, estableciendo un marco que permita y favorezca el
desarrollo de las empresas y asegure a todas las personas servicios sociales fundamentales para
un desarrollo humano digno.
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A su vez, es importante destacar que en el contexto de una verdadera economía social de mercado
no sólo se reconoce un rol al Estado y al mercado, sino también a un tercer actor que es la
sociedad civil, representado en la diversidad de cuerpos intermedios que actúan como fuerzas
sociales. Reconocer cuál es el espacio de acción de cada uno es clave. Cuando el Estado se toma
más atribuciones de las debidas, se vuelve una Administración asfixiante de la libertad y natural
capacidad creativa del hombre; al contrario, cuando es el mercado el que se excede en su actuar,
se corre el riesgo de que se imponga una permisividad sin referencias éticas ni sociales. El
principio de subsidiariedad constituye una útil herramienta de orientación en este desafío,
proponiendo estructurar la relación entre el Estado, sociedad y sus instituciones de acuerdo al
respeto de sus roles y naturales esferas de acción.
Por último, en un contexto de economía social de mercado se reconoce y defiende la propiedad
privada, pero se le atribuye a su vez un importante rol social. La propiedad privada se
fundamenta en el orden social y por ello debe aportar a él. “La propiedad obliga”, decía la
Constitución alemana de 1919. También nuestra Constitución reconoce limitaciones al derecho
de propiedad derivadas de su función social. Debemos basar nuestra defensa a la propiedad
privada en el convencimiento de que ella es el mejor instrumento para sacar el máximo provecho
a los bienes. A su vez, debemos promover una sociedad de propietarios, procurando su extensión
y no su concentración, pues así se alcanzan mayores grados de libertad, justicia y satisfacción.
Un Estado Social versus un Estado de Bienestar
El socialcristianismo considera que el “Estado Social” es un elemento constitutivo de la
economía social de mercado, entendiendo este sistema económico como la combinación del
principio de la libertad del mercado con el principio de la justicia social. Según esta concepción,
la libertad y la justicia se consideran valores sociales fundamentales, “dos caras de la misma
moneda”, debiéndose buscar un equilibrio entre ambos valores.
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Al respecto, es importante diferenciar la idea de “Estado Social” y de “Estado de Bienestar”.
Dado que la economía social de mercado considera que la libertad y la justicia son valores
sociales fundamentales, hay que atribuir un rol esencial y equivalente a la autorresponsabilidad y
a la solidaridad. Por ello, el Estado Social debe promover la igualdad de oportunidades, combatir
la pobreza, disminuir las desigualdades de ingresos, garantizar la seguridad social, incrementar y
proveer la distribución justa del bienestar.
Por el contrario, el “Estado de Bienestar” quita a la persona la responsabilidad de preocuparse de
su propio desarrollo (autorresponsabilidad), ignora el principio de subsidiariedad y se excede en
el principio de solidaridad. Este sistema genera y se sustenta en grandes masas de personas que
dependen de las dádivas del Estado, instala un asistencialismo humillante contrario a la dignidad
del ser humano. El verdadero respeto de la dignidad humana lo garantiza un sistema que entrega
las herramientas necesarias para que las personas, en base a su propio esfuerzo, logren salir
adelante. Los excesos del “Estado de Bienestar” y su inviabilidad son patentes hoy en diversos
países europeos, cuyas economías se encuentran enormemente endeudadas, hipotecando el futuro
de generaciones venideras.
En el contexto de un “Estado Social” hay varios desafíos que acometer. Hay que superar el
rechazo ideológico que en sectores de derecha despierta el concepto de derechos sociales, basado
en el argumento que estos conllevan un crecimiento indebido del Estado y una burocratización de
la vida comunitaria. Además, tenemos que entender los derechos sociales no como reclamos de
las personas al Estado por prestaciones, sino que como las garantías y condiciones que la
comunidad debe propender a asegurar a todas y cada una de las personas y familias, como
supuesto indispensable para que puedan formar parte de la sociedad y contribuir a su desarrollo.
Asimismo, es necesario promover el principio de la autorresponsabilidad, reforzando la idea que
los derechos sociales implican deberes correlativos. Es preciso transmitir que los derechos
sociales son un esfuerzo solidario de la comunidad para con los beneficiarios, por lo que se exige
de ellos un comportamiento responsable y comprometido con el bien común.
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Una democracia sana necesita promover no sólo los derechos, sino también las responsabilidades.
Compartimos el planteamiento de Nicolás Sarkozy, cuando en 2007 llamaba a crear una
“ciudadanía de deberes”. La tesis del entonces presidente francés era que al ubicar
sistemáticamente los derechos por encima de los deberes, se había terminado debilitando la idea
de ciudadanía. Esto debido a que se había reforzado el individualismo y el indiferentismo,
quedando profundamente dañada la noción de comunidad y de reciprocidad. El egoísmo que
encierra la constante demanda por derechos lleva a crear no una sociedad de hombres, sino de
pequeños tiranos burgueses.
Por ello, creemos que la igualdad de oportunidades es un elemento constitutivo de la equidad
social, donde los resultados dependen luego del esfuerzo de cada uno. No obstante, entendemos
también que la solidaridad nos obliga como sociedad a garantizar siempre condiciones
indispensables que permitan un vivir digno a todas y cada una de las personas.
Fortalecimiento y apoyo a la familia
La familia es el principal espacio de transmisión de valores y virtudes ciudadanas. Ellas son una
instancia de protección frente a los fenómenos de la delincuencia y el narcotráfico. A su vez, este
grupo humano constituye la primera red de protección social ante una determinada contingencia.
Muchas personas que enfrentan una enfermedad, una ruptura o un fracaso económico tienden
naturalmente a buscar refugio primeramente en sus parientes cercanos. Es la familia la que
organiza bingos para recaudar fondos en favor de quien perdió la casa en un incendio y hacen
rifas en beneficio de un cercano que padece una costosa enfermedad. Creemos que el Estado debe
reenfocar la política pública hacia esta célula básica de la sociedad. La legislación debe tender a
fortalecer y promover la familia, que se constituye por un hombre y una mujer que deciden
proyectarse juntos por toda la vida para criar hijos y tener estabilidad en sus vidas.
Según datos del Censo, más de dos millones de chilenos conviven. Algunos analistas denominan
a esta situación la “revolución silenciosa” de las convivencias, cuya principal causa es la falta de
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valoración social que tiene el matrimonio. Los efectos de este hecho es que aumentan las familias
uniparentales que con gran esfuerzo deben sacar adelante sus hogares y también aumentan los
hijos que se crían sin el referente y el cariño de un padre o una madre. La vulnerabilidad
económica causada por este fenómeno constituye uno de los grandes desafíos de nuestra
sociedad. Al respecto, la pobreza derivada adopta en la mayoría de los casos el rostro de una
mujer.
Por otra parte, Chile presenta un serio problema de natalidad. La tasa de fecundidad, cercana a
1,7 hijos por mujer, está por debajo de la tasa de reposición, que es de 2,2 hijos. Esto tiene dos
consecuencias muy claras: nuestro país se envejece y la población disminuirá. En el largo plazo,
la fuerza laboral decrecerá, disminuirá la recaudación tributaria, aumentarán los gastos en
pensiones y seguridad social y se generarán problemas geopolíticos al tener extensas zonas
despobladas. Tenemos que desarrollar e impulsar políticas que resuelvan este desafío de
sustentabilidad intergeneracional.
En otra línea, hoy tenemos parejas que no pueden engendrar hijos y, en paralelo, muchos niños en
espera de ser adoptados por un padre y una madre. Tenemos que agilizar los procedimientos de
adopción, porque los primeros meses de vida de ese menor son fundamentales para que generen
un adecuado apego materno-paterno y desarrollen una fuerte autoestima. En palabras simples,
tenemos que adaptarnos a los tiempos de los niños y no a los tiempos de los adultos.
La grandeza y el progreso de una sociedad se mide por cómo tratamos a los integrantes más
débiles, sean estos niños, ancianos o discapacitados. Es necesario garantizar prestaciones a niños
con alguna discapacidad, incluso antes de su nacimiento. Actualmente Fonasa ni las Isapres
cubren operaciones intrauterinas, pues el no nato carece de la calidad de beneficiario en el
régimen de prestaciones de salud. Esto es un sinsentido, pues una intervención temprana y
oportuna puede corregir anomalías o mejorar sustancialmente la calidad de vida del niño una vez
nacido. Por ello, hemos ingresado un proyecto de ley que corrija esta situación.
Descentralización y regionalización
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De regionalización se habla mucho, pero el proceso avanza poco. Son muchas las formas de
medir el peso del centralismo chileno; por ejemplo, Santiago ocupa un 2% de la superficie del
país, concentra el 40% de la población y monopoliza el 70% del gasto en ciencia, tecnología y
cultura. La descentralización y el regionalismo han pasado a ser el discurso de todos los
gobiernos, pero sin compromisos cumplidos.
En diciembre de 2014, la Comisión para la Descentralización presentó a la Presidenta Bachelet
un informe con las conclusiones sobre el futuro plan de descentralización para Chile. Entre estas
medidas, se incluía una la elección democrática de intendentes. Sin embargo, el proyecto
presentado por el gobierno creará intendentes sin atribuciones reales, pues radica las
competencias en la figura de un gobernador que seguirá siendo un cargo de exclusiva confianza
del Presidente de la República. Esto generará gran frustración en la población, pues sentirá una
vez más que el discurso no se concreta en una voluntad política real de cambiar las cosas.
Por otro lado, actualmente contamos en Chile con 345 municipios que podrían ser los grandes
protagonistas del proceso de descentralización. Sin embargo, reiteradamente se han incumplido
promesas de transferir atribuciones y recursos necesarios que permitan a ellos efectivamente
cumplir un rol protagónico. Para avanzar en este sentido, hemos propuesto otorgar a las
municipalidades la naturaleza jurídica de gobiernos locales, para que no sean simples
administraciones encargadas del mantenimiento de parques y plazas.
Además, es necesario promover una descentralización fiscal y económica, que permita el pago de
los impuestos en las mismas regiones, de manera que una parte vaya a las arcas generales del
Fisco y otro porcentaje se quede en las regiones o localidades donde se genera el ingreso. De
manera complementaria, y de acuerdo a un criterio de solidaridad entre las regiones, se debe crear
un fondo de convergencia territorial, que compense a aquellos lugares que no perciban ingresos
de actividades económicamente importantes, a fin de que no queden fuera del desarrollo integral
del país.
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Asimismo, como la descentralización está asociada fundamentalmente a los procesos de
democratización y politización de la sociedad, es vital que se avance en participación ciudadana y
control democrático. La descentralización es un fenómeno con carácter de bases, relacionado con
el desarrollo integral e interno de una comunidad y que tiene por fin profundizar los lazos de
justicia y solidaridad entre sus miembros. Hay que crear incentivos para atraer y retener capital
humano para las regiones, a fin de crear en estos lugares pensamiento estratégico territorial.
En este esfuerzo descentralizador, tenemos que incluir activamente al mundo rural. En él aún
subsisten chilenos sin acceso al agua potable, electricidad y alcantarillado, que son condiciones
elementales de un Chile que aspira a ser moderno. Además, necesitamos postas rurales con
profesionales que las atiendan, una suficiente red de caminos que conecten a la población de
lugares apartados y un fomento serio a la productividad rural.
Nuestra propuesta apunta a un Estado unitario fuertemente descentralizado. Un Estado regional,
que potencie política, administrativa, académica y financieramente la vida de cada uno de sus
territorios y, al mismo tiempo, preserve la articulación del país como un todo organizacional y
una unidad de valores y cultura.
El diseño de la ciudad: transporte y política urbana
En nuestro país las ciudades tienen grandes desafíos. Uno de ellos es dar respuesta a una alta
segregación urbana, lo que involucra el facilitar el acceso a servicios públicos urbanos, el
mejoramiento de la localización de la vivienda social, destrabar el colapso de los sistemas de
transporte y evitar la proliferación de campamentos y guetos de pobreza.
Asimismo, es necesario integrar nuestras ciudades a través de la política habitacional, el
mejoramiento de espacios públicos y la generación de incentivos a la constructibilidad. De igual
modo, tenemos que mejorar la gestión de la ciudad a través de gobiernos locales con atribuciones
y recursos. En las grandes ciudades es necesaria la elección de intendentes con nuevas
atribuciones y la posibilidad real de llevar a cabo las tareas de coordinación necesarias para el
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buen funcionamiento de la ciudad como un todo. Igualmente, hay que dotar a las ciudades de una
imagen objetivo que sea reflejo de la voluntad ciudadana, pero que al mismo tiempo se coordine
con los instrumentos de inversión regional y municipal.
Para poder solucionar estos problemas es necesario potenciar una reforma urbana o de
ordenamiento territorial. Los ejes de esta reforma están dadas por el establecimiento de
estándares urbanos de acceso a servicios públicos, el mejoramiento de la gestión y participación
en la ciudad y el desarrollo de una política habitacional con un foco en la integración social.
Para poder generar estándares urbanos de acceso a servicios públicos, debemos determinar a qué
distancia o en cuánto tiempo una persona debería poder acceder a servicios cotidianos como áreas
verdes, centros de salud familiares, tenencias de carabineros o colegios de educación básica. Lo
mismo debemos determinar para los servicios urbanos metropolitanos. Es injustificable que a una
persona en Quilicura le tome tres veces más tiempo llegar a un hospital que en la comuna de
Santiago, o que los bomberos más cercanos estén a 20 minutos de un incendio. Lo que está detrás
de esto es calidad de vida y la necesidad de garantizar mínimos para que las familias chilenas se
puedan desarrollar. Sin embargo, no solo nos interesa la distancia, sino que también la capacidad
de carga de los mismos servicios. Es importante que exista justicia territorial en la dotación de
carabineros, profesores o médicos, de tal modo que un chileno en cualquier ciudad pueda acceder
a un servicio cercano y que cuente con los profesionales necesarios.
Desarrollar ciudades más inclusivas parte del hecho que el Estado debe estar presente en cada
rincón de nuestras ciudades. Hoy se hace urgente una autoridad que pueda coordinar el sistema
de transporte público, la planificación urbana (la generación de nuevos polos de desarrollo),
regular la extensión de las ciudades y los cambios de uso de suelo. Al mismo tiempo, esta
autoridad debiera ser la que tiene a cargo las actuales secretarías ministeriales que hoy están
centralizadas, de tal forma que la nueva autoridad pueda tener el poder para gestionar la ciudad.
Para mejorar la integración de las ciudades chilenas debemos identificar todos los sectores donde
el propio Estado ha construido viviendas sociales que se han transformado en verdaderos guetos
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de pobreza por su nula planificación urbana. Hoy en día, debido a la destrucción de las redes
sociales básicas para una vida digna, debemos seguir implementando planes como el “Programa
Segunda Oportunidad”, que busca devolver el sueño de la casa propia a muchas familias que lo
han pasado mal por culpa de las malas políticas habitacionales del pasado. También debemos
trabajar en los procesos de mejoramiento de espacios públicos mediante la instalación de centros
cívicos y áreas verdes. Es clave que esto tenga un diseño que les dé seguridad a los vecinos que
quieran compartir al aire libre. Estas medidas deben ser complementadas con la implementación
de los estándares urbanos para recuperar y mejorar nuestras ciudades.
Por último, es necesario que la política habitacional pueda construir viviendas sociales mejor
localizadas, pero que también entregue incentivos para que proyectos inmobiliarios puedan ser
integrados con subsidios para la clase media y para familias vulnerables en un mismo proyecto.
Durante años el Estado fue detrás del mercado y perdió por la especulación de los precios de
suelo, por lo que es necesario dotar de gestión al Estado para que pueda comprar suelo, construir
grandes conjuntos bien localizados, bien servidos y dotados de centros cívicos que sostengan la
organización comunitaria.
Dignidad de la vivienda
El sueño de la casa propia representa el anhelo de millones de familias chilenas. Pero este sueño
para muchos se ha convertido en una verdadera pesadilla. Como alcalde de Puente Alto pudimos
conocer en terreno a vecinos que vivían en departamentos precarios y casas indignas, que se
mojaban enteras con las lluvias del invierno. Eran adultos mayores que pasaban frío y niños que
por culpa de esta situación, repletaron los consultorios a causa de enfermedades respiratorias.
El tema de la vivienda requiere ser visto desde una perspectiva integral de la persona, partiendo
desde su diseño hasta llegar a su materialización en obra. Cuando construimos una casa, lo
hacemos con personas y para personas. No es simplemente una construcción más, sino el nuevo
hogar de una familia, que lo sentirá como propio y le permitirá generar su propia identidad; así se
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sentirán parte de un lugar, un barrio, una villa, una localidad, una comuna. De esta manera,
aportamos a la felicidad de las personas de forma concreta.
Es necesario generar políticas públicas en donde el criterio técnico para una vivienda no sea
simplemente la cantidad de metros cuadrados construidos, sino aspectos muy variados. Primero,
el tipo de materiales debe ser amigable con el medioambiente y generar, al momento de ser
instalados, una armonía con el entorno del nuevo hogar. Además, el confort de la vivienda es
fundamental para el diseño de la iluminación, acústica, calidad térmica, vista, posibilidad de
recibir luz natural durante el día, sistema de eliminación de basura, etc. Por otro lado, tenemos
que considerar el uso que se le da a la vivienda, la calefacción con que contará y el tipo de
combustible a usar, dando especial consideración a las energías limpias.
Por último, la vivienda debe tener la posibilidad de generar barrios, que son mucho más que un
grupo de casas o un conjunto habitacional; son lugares donde la gente se encuentra, los vecinos se
conocen, interactúan y se generan vínculos humanos. Los conjuntos habitacionales deben tener
plazas centrales, multicanchas, juegos para los niños, juntas de vecinos donde discutir los temas
atingentes al propio barrio, en general, lugares que permitan generar un sólido tejido social.
El sueño de la casa propia va unido al anhelo por un entorno sano y amigable. Hoy tenemos que
reforzar el patrullaje de carabineros, para erradicar la droga, la delincuencia y la violencia que se
apodera muchas veces de nuestras villas y poblaciones. Necesitamos que la gente deje de vivir
tras las rejas de sus propias casas. Podemos avanzar en participación social en este sentido, por
ejemplo, constituyendo organizaciones comunitarias funcionales a cargo del cuidado de una
pequeña calle o pasaje. De hecho, así ocurre en barrios donde los vecinos se han unido para
recuperar las veredas y pavimentos, de manos del narcotráfico y la delincuencia, para que
jueguen sus hijos y se encuentren los vecinos. Esto tiene como objetivo poner a la persona en el
centro de todo proyecto constructivo y de urbanización.
Acceso y calidad de la salud
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Chile necesita urgentemente de salud digna y de calidad. Para esto, debemos partir por el
fortalecimiento de la atención primaria, para asegurar que toda nuestra gente pueda contar con
atención de salud oportuna, efectiva y eficiente. La atención primaria debe seguir a cargo de los
municipios, pero con recursos públicos aportados a través un sistema per cápita.
El modelo de la atención primaria debe tener un enfoque familiar y comunitario, implementado
por equipos de salud que se encuentren liderados por médicos familiares y que se hacen cargo de
poblaciones acotadas en forma efectiva, resolutiva e integral. Para esto, es indispensable que los
centros de salud cuenten con sistemas de registro electrónico de ficha clínica y posean un mayor
equipamiento diagnóstico y terapéutico, que permita resolver allí un mayor número de consultas.
También, se debe contar con apoyo de médicos especialistas por horas, que resuelvan algunos
problemas de alta demanda preseleccionados por el equipo de salud.
Es importante que las universidades cumplan también su rol social, celebrando convenios con los
centros de atención primaria de salud para el desarrollo de la innovación y la investigación
aplicada a los problemas locales. Por eso, debe incentivarse la investigación en temas de atención
primaria, que signifique trabajo conjunto entre los municipios y los centros de investigación.
Fortaleciendo la atención primaria de salud, se le quitará presión a los hospitales y se podrán ir
disminuyendo las crecientes listas de espera que se registran en estos establecimientos. Además,
es crucial que se construyan los hospitales comprometidos en el programa de gobierno. Hoy
tenemos muchas licitaciones atrasadas y otros hospitales respecto de los cuales aún no se coloca
su primera piedra, por una falta de asignación presupuestaria. También, es preciso que revisemos
la ley de tratamientos de alto costo, conocida como “ley Ricarte Soto”, a fin de inyectarle más
recursos porque muchas enfermedades caras o infrecuentes quedaron fuera por falta de
financiamiento.
En materia de Isapres es imperativo realizar correcciones. Estas implican terminar con las
preexistencias y establecer la territorialidad de las prestaciones médicas, obligando a las Isapres a
contar con acuerdos de prestación de servicios en recintos asistenciales localizados en las
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ciudades donde se ofrecieron los planes de salud. Además, se debe estudiar la situación que
propietarios de Isapres sean, a la vez, bajo una personalidad jurídica distinta, propietarios de una
o más clínicas y laboratorios. A su vez, se deben transparentar los costos y regular las alzas de los
contratos. Son miles los usuarios que recurren anualmente a los tribunales por vía de acción de
protección consiguiendo revertir el alza o adecuación por sobre el IPC. No es posible que esta
injusticia sea corregida solo para aquellos que llevan su reclamo hasta tribunales, quedando gran
parte de los usuarios desprotegidos.
Los desafíos de la educación
Una década lleva instalado en la agenda pública el clamor popular por una educación de calidad.
En estos años se han logrado bastantes cambios, como el fin a la LOCE, la aprobación de la Ley
de Subvención Escolar Preferencial, becas y rebajas de las tasas de los créditos universitarios,
políticas de aseguramiento de la calidad, entre muchas otras. Hoy Chile tiene niveles de cobertura
envidiables para el contexto latinoamericano y muestra resultados académicos con una tendencia
al alza.
Sin embargo, el descontento continúa pues nuestro sistema tiene aún muchos desafíos pendientes.
La impaciencia que caracteriza los anhelos reformistas provoca que muchas veces no se planteen
las preguntas más fundamentales. Representantes de Idea País hacen notar que actualmente, más
que solucionar desde una mirada técnica una problemática marginal del sistema educacional, se
requiere una reflexión enfocada a lo que significa propiamente educar, quiénes son los que están
involucrados en el proceso, qué responsabilidades y derechos tienen, para luego poder clarificar
el rol que le toca al Estado como regulador en todo este proceso. Muchos defienden ideas que
apuntan a mejorar la inclusión en establecimientos, a liberar restricciones de acceso y a prohibir
el lucro, pero son pocos quienes tienen una visión integral que permita, más allá de los
diagnósticos compartidos, dar una respuesta coherente y con visión política a toda la
problemática.
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Solucionar el problema escolar pasa por considerar a los padres en la decisión. Reconocer que los
padres tienen el derecho a educar a sus hijos es reconocer también una responsabilidad de parte
del Estado y de la sociedad toda de garantizar que efectivamente este derecho se garantice. Que
existan en Chile familias que no pueden educar a sus hijos en el proyecto educativo que desean
por falta de recursos, es una situación que debe preocuparnos y ocuparnos.
En educación preescolar, las propuestas que se han trabajado apuntan a mejorar el nivel de
cobertura de este nivel educacional. Hay investigaciones que muestran que la baja cobertura se
explica porque las madres no confían en las salas cunas, las ven como guarderías que sólo
exponen a sus hijos a contraer enfermedades y no como centros de educación temprana que son
fundamentales para la educación de los hijos. Los datos internacionales muestran que la inversión
en educación inicial de calidad es una de las mejores políticas públicas en cuanto a eficiencia y
equidad, ya que invertir un peso en este nivel es hasta 8 veces más rentable que invertirlo en
educación superior.
En educación primaria y secundaria es fundamental recuperar la calidad del profesor en el
proceso de aprendizaje. Para ello, necesitamos una buena carrera docente, con mediciones e
incentivos potentes. Ningún buen profesor pasa el 100% de sus horas en aula, sino que necesita
un porcentaje significativo para poder preparar sus clases y corregir las pruebas. A su vez, los
profesores deben tener la oportunidad de capacitarse permanentemente. Además, parte de una
labor de dignificación del profesor pasa por devolverle el respeto que se merece. Creemos que el
sistema educacional debe poner énfasis en este punto, porque Chile no se beneficiará teniendo
profesores académicamente excelentes y bien pagados, si sus alumnos no cultivan hábitos de
respeto y estudio para sacarle provecho a esos maestros.
En materia de educación superior hay grandes falencias. Una propuesta integral debe considerar
una solución, por un lado, para las universidades y, por el otro, para la olvidada educación
técnica. En relación con las universidades, es necesario que avancemos en políticas que apunten a
descomprimir la mochila financiera de las familias, asegurando calidad en las mallas para que no
ocurra que los estudiantes terminen carreras que no tienen viabilidad en el mundo laboral por su
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falta de idoneidad. Asimismo, se debe crear un sistema mixto de becas y créditos de tasa blanda
que permitan darles herramientas financieras a todos quienes quieran estudiar; con esto se
eliminan las injustas brechas que hoy persisten entre arancel de referencia y arancel real, y se
eliminan las restricciones propias de la manutención, en especial para quienes estudian fuera de
su región de origen. Estas propuestas deben ir acompañadas de un respeto a la diversidad del
sistema universitario, garantizando la autonomía de las instituciones.
Por su parte, la educación técnica recibe a la población más vulnerable del país. No es aceptable
que no se la considere en el debate público. Hay que crear una nueva institucionalidad, que
asegure la necesaria calidad, fomente la conexión con universidades, permitiendo convalidar
ramos, y aumente con fuerza el financiamiento basal estatal en este tipo de instituciones. Las
externalidades positivas de esta propuesta son incalculables, porque incorpora al mercado fuerza
de trabajo calificada, de manera rápida y con altos retornos, que es lo que necesita una economía
en vías de desarrollo.
Para que Chile vuelva a ubicarse entre los países preferidos de inversionistas extranjeros, necesita
avanzar en especialización y mejorar la productividad de sus trabajadores. Ya no es suficiente
aumentar la cobertura y calidad en educación, sino que debemos contar con un esquema de
educación técnica que logre articularse con la educación universitaria y las empresa. Esto
permitirá a ese cerca de 40% de jóvenes que opta por carreras técnicas, adquirir conocimientos
innovadores, adaptarse a cambios tecnológicos e incorporarse más fácilmente al mercado laboral.
Complementariamente, tenemos que esforzarnos por incentivar la educación continua, mediante
la modalidad de aprender y certificarse durante el desempeño laboral. El Estado tiene que alentar
las alianzas público-privadas orientadas a educar y capacitar a los trabajadores de Chile.
Trabajo, empleo y sindicatos
El trabajo no es sólo un medio para ganarnos la vida, sino que constituye una forma de desarrollo
y dignificación personal, como también una contribución social. No podemos entender al
trabajador como una simple mercancía o una pieza más de la organización empresarial. Hay un
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dignidad del trabajo humano que no se reduce sólo al resultado de las propias manos, la obra
intelectual, el servicio concreto o la productividad; incluye, también, una dimensión subjetiva de
ese trabajo, que es la dignidad y amor que se pone a esa labor, la disposición a realizar una buena
obra, el sacrificio físico y mental. Por eso, la remuneración para que sea justa no sólo tiene que
considerar la productividad, sino la realidad personal del trabajador, incorporando a los ya
conocidos criterios de mercado, factores como las responsabilidades familiares, la edad y la
experiencia.
El salario debe alcanzar no sólo para que el trabajador y su núcleo familiar pueda alimentarse,
sino que para que pueda integrarse a la vida social y cultural de su entorno, accediendo a los
disfrutes propiamente humanos. Como sociedad debemos esforzarnos por lograr un sueldo ético
para todos nuestros trabajadores.
A su vez, tenemos que avanzar hacia un sistema laboral que permita armonizar el trabajo con la
vida de familia. Muchas personas destinan dos horas diarias para llegar a su trabajo y dos horas
más para volver a sus hogares. ¿En qué momento esas personas están con sus cónyuges e hijos?
Somos de los países de la OCDE que más horas al año trabajan. Hay que avanzar hacia una
cultura laboral que entregue más flexibilidad, que posibilite el teletrabajo, horarios flexibles, etc.
Asimismo, hay que volver a poner el foco en crear empleo para los jóvenes. Hoy va creciendo la
denominada “generación NINI”, es decir, jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan.
Para ellos, este problema no es sólo la falta de ingresos, sino la pérdida del sentido de la
existencia, su desarrollo humano integral, su aporte a la sociedad, su autoestima y la valoración
de sus pares. Esto tiene implicancias directas en problemas sociales, como aumento del embarazo
adolescente, enfermedades psicológicas, drogadicción, delincuencia, falta de previsión social, etc.
Se calcula que hoy serían cerca de 800 mil jóvenes en esta situación, que golpea más fuertemente
a las mujeres y a los grupos más vulnerables.
En medio de un clima de reformas laborales, es importante reconocer el derecho de sindicación
dentro del marco de la libertad de asociación. Ésta implica que se deben evitar y castigar las
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prácticas antisindicales, es decir, actos que impidan que los trabajadores se organicen para
defender sus intereses. Pero de igual manera, ningún trabajador puede estar obligado a participar
de un sindicato. Consagrar y defender el derecho de sindicación implica a su vez reconocer que
estas organizaciones deben estar sujetas a ciertas obligaciones, como la rendición periódica de
cuentas, someterse a auditorías, establecer mecanismos que permitan a la asamblea sindical
frenar y contrapesar las decisiones arbitrarias de su directiva, que la huelga no sea violenta, que el
sindicato se preocupe de la capacitación, etc. El sindicato no se entiende contra el empleador,
sino con el empleador, de manera que si a la empresa en su conjunto le va bien, todos ganan.
Medio ambiente, energía y desarrollo sustentable
El actual nivel de explotación de los recursos naturales y el impacto de la acción humana sobre el
medio ambiente constituyen una de las principales preocupaciones de la sociedad. Somos
depositarios de una inmensa responsabilidad, por cuanto debemos conservar la naturaleza y sus
recursos para las generaciones futuras. El Papa Francisco, en su última encíclica “Laudato Si”,
nos ha invitado a un pacto de solidaridad intergeneracional. Esto implica conciliar las
necesidades del desarrollo con un adecuado cuidado de nuestro entorno y lo que éste nos ofrece.
Chile debe asumir un rol de liderazgo en el desafío que implica el cuidado del medio ambiente.
Debemos instar a la comunidad mundial no solo a cumplir las metas establecidas en diversos
protocolos internacionales, sino promover metas más ambiciosas, pues lo realizado hasta ahora
parece ser insuficiente. En el ámbito interno, debemos generar mecanismos que promuevan la
incorporación de nuevas tecnologías en el transporte, la producción y la construcción y ampliar la
presencia de energías renovables en nuestra matriz energética. A su vez, debemos promover la
educación cívico-ambiental de nuestros ciudadanos, fomentando una cultura de reducción del
consumo y de fomento del reciclaje, el ahorro de energía y el cuidado de los recursos hídricos.
Hoy nos preguntamos cómo haremos para tener en 2025 energía suficiente, cuando en verdad la
pregunta debiera ser cómo modificamos nuestros estilos de vida y modelos de producción para
que la misma energía que poseemos hoy nos alcance para la mayor población que seremos en
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2025. Todos estos desafíos implican renunciar a posiciones individualistas y entender que
vivimos en una comunidad global, en contacto con el otro y con el mundo. Según cifras y
proyecciones de estudios medioambientales, el desequilibrio ecológico es uno de los factores que
más impactan en la desigualdad, en la calidad de vida de las personas, en nuestras actividades
productivas, en los conflictos sociales, en el desempleo, en la falta de agua, etc.
Es relevante aprovechar nuestras inmejorables condiciones naturales para diversificar nuestra
matriz energética y potenciar nuestra competitividad cuidando a su vez nuestro medioambiente.
En esta línea, hay que seguir avanzando en la energía solar en el norte, las centrales
hidroeléctricas de pasada en el sur, la energía mareomotriz en nuestra extensa costa, y la energía
eólica donde existan condiciones de vientos constantes durante el año. Es necesario que el país
invierta mayores recursos en investigación en ciencia y tecnología, para concretar la producción y
el desarrollo de estas energías limpias.
Respecto a las demandas ciudadanas por conservación del medioambiente, es necesario promover
procesos transparentes y una institucionalidad creíble y confiable. De esta manera, lograremos
conciliar la conservación del medioambiente y la necesidad de mejorar la productividad y la
competitividad de nuestro país.
Por otro lado, hoy los municipios son los responsables del manejo y disposición final de los
residuos sólidos. Hay comunas que exitosamente han desarrollado los denominados “puntos
limpio”, que son lugares habilitados para que la gente vaya a depositar la basura reciclable de sus
casas, clasificada según el tipo de desechos. Esto refleja la naciente cultura y conciencia
ecológica del país, que el Estado y la comunidad toda deben promover con especial fuerza.
Según el estudio “Pérdida y desperdicios de alimento en el mundo”, elaborado por la FAO, un
tercio de la producción de alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en
todo el planeta, lo que equivale a 1.300 millones de toneladas de comida al año. Esto es un
insulto a los 805 millones de personas en el mundo que no tienen suficientes alimentos para
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llevar una vida saludable y activa. Se estima que en Chile 1 de cada 7 personas pasa hambre o se
alimenta deficientemente cada día.
El economista indio y premio nobel Amartya Sen sostiene que el hambre en el planeta no se ha
debido a una falta de alimentos, sino a una ineficiente distribución de ellos. Por su parte, el Papa
Francisco señaló en 2013, en la Jornada Mundial del Medio Ambiente, que “los alimentos que se
tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre”.
Hoy Chile cuenta con una iniciativa social muy valiosa, la Red de Alimentos, que se dedica a
rescatar los alimentos que, por diversas razones, irían a parar al tacho de la basura, pese a estar
aptos para el consumo de las personas. Después de una larga lucha, hoy estos alimentos reciben
el mismo tratamiento tributario que si fueran destruidos, siempre que sean donados a este banco
de alimentos, quien los distribuye a una serie de organizaciones sin fines de lucro y que se sirven
de esa comida para atender a personas en situación de vulnerabilidad. Debemos generar normas
que fomenten iniciativas como ésta.
Pensiones y adultos mayores
Según datos de la asociación de AFP, el total acumulado por el fondo de pensiones chileno es de
alrededor del 70% del PIB. Los fondos han rentado bien, pues del total acumulado, un 30%
corresponde a cotizaciones y el otro 70% a rentabilidad. Por esto nuestro sistema de pensiones es
valorado entre los países de la OCDE.
Sin embargo, las críticas al sistema se producen por las expectativas y la realidad de la pensión.
Los principales problemas obedecen a que la gente está viviendo más, por lo que hay que hacer
rendir esa pensión por más tiempo; existen importantes lagunas previsionales, porque no todos
cotizan regularmente; los jóvenes están ingresando cada vez más tarde al mercado laboral; y
existe una subdeclaración de rentas en muchos casos. Frente a estos problemas, las medidas más
razonables pasan por aumentar el nivel de ahorro, elevando el monto de la cotización; trabajar
por más tiempo, estableciendo incentivos a un retiro más allá de la jubilación que hoy tenemos; y
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mejorar los niveles de información en la población sobre el funcionamiento de su fondo de
pensión.
En este sentido, creemos que una AFP del Estado no va a mejorar las jubilaciones en Chile, ya
que, al igual que las AFP tradicionales, tendrá que lidiar con los mismos problemas antes
señalados. Eventualmente sus comisiones serían más bajas, pero este factor no es significativo en
el monto final de la jubilación. Lo que sí debe ser objeto de análisis, es el actual nivel de
inversión del Estado para fortalecer el pilar solidario, que es muy bajo en relación a otros países
de la OCDE. Hoy Chile gasta el 0,7% del PIB en esta materia, existiendo por lo tanto un margen
para subirlo sin afectar significativamente el gasto público.
En todo caso, el tema de las pensiones se debe complementar con un compromiso serio del
Estado en promover una política nacional del adulto mayor. Las políticas públicas deben
promover el acceso a prestaciones preferentes durante la vejez, sobre todo en salud, seguridad y
cuidados. En esta misma línea, se debe avanzar en una rebaja tarifaria al pasaje de la tercera edad,
homologando su valor al que pagan los estudiantes; esta política hoy existe sólo en el Metro de
Santiago, pero no se encuentra integrada al sistema Transantiago. Por otra parte, se deben
construir más Centros Día, lugares donde los ancianos pueden acudir durante la jornada para
compartir con personas de su misma generación, recibiendo alimentación y otras ayudas, en un
espacio de compañerismo y amistad, pernoctando luego en sus hogares o grupos familiares.
Seguridad pública y sistema carcelario
La delincuencia en Chile es un fenómeno en peligroso ascenso que genera inseguridad. Hay que
hacerse cargo del problema desde la comunidad y del barrio. Las solas políticas nacionales e
incluso regionales no han resultado efectivas para enfrentar los problemas de seguridad pública,
toda vez que la realidad delictual nacional está conformada por múltiples fenómenos locales y
microdinámicas delictivas. Por ejemplo, el Plan Cuadrante ha sido inefectivo no sólo por la
carencia de personal, sino también porque no ha ido acompañado de una sinergia que involucra a
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todos los actores, como fiscalías, policías, municipalidad, servicios de emergencia, sociedad civil,
empresas, comercios, etc.
Por otra parte, la necesidad de seguridad pública, vista como una demanda político-social, no
podrá ser suficientemente satisfecha con criterios eminentemente técnicos o estadísticos. En
nuestra experiencia en la alcaldía de Puente Alto vimos pasar innumerables comisarios,
participamos en la inauguración de muchos programas y planes contra la delincuencia y siempre
quedamos con la sensación de que no era suficiente. Finalmente, la pasada de cuenta de la
sociedad apunta en estos casos a la autoridad local más estable e identificable, el alcalde. Por ello,
los municipios invierten millonarios recursos en guardias municipales, cámaras, botones de
pánico y otros implementos, pero finalmente las verdaderas atribuciones en esa materia pasan por
el Ministerio del Interior, la Intendencia e incluso las Gobernaciones, dejando a la autoridad
comunal con la obligación de medios, pero sin ninguna injerencia en los resultados.
Desde nuestro punto de vista, aparece de extrema urgencia dotar a los alcaldes con mayores
facultades en materia de seguridad que las que hoy día tienen, desplazando a las autoridades
como el Ministro del Interior y los Intendentes y Gobernadores en aquellos fenómenos
nítidamente comunales, como tráfico de drogas y delincuencia en lugares públicos. También, se
deben establecer mecanismos de coordinación local realmente operativos entre policías, fiscales y
la municipalidad; promover planes de seguridad por sector y, lo más importante, medir
metodológica y sinceramente los resultados y no de la forma autocomplaciente con la que se
mide en la actualidad.
Pero la delincuencia ha generado, además de inseguridad, una creciente sensación de impunidad
en la población. Esta es la primera señal de rendición del ciudadano honesto, es la luz amarilla
que indica que la lucha se está perdiendo, porque se ha disipado el ánimo y la voluntad de luchar.
Por eso, se requiere una mano dura, pero responsable.
En este sentido, la vieja fórmula de la “mano dura”, representada por el endurecimiento de las
penas y la criminalización de conductas, ha demostrado ser un camino al menos incompleto para
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el retorno de la paz social. Por ello, el endurecimiento necesariamente debe ir acompañado con la
creación de establecimientos penitenciarios para condenados de mediana o baja peligrosidad, que
hoy no existen. Es inútil siquiera comenzar a hablar de resocialización cuando esta arista tan
relevante, la segregación penitenciaria, ha sido completamente abandonada. Por esta falta de
segmentación, las cárceles se transforman en verdaderas universidades del delito para los
infractores primerizos. No tenemos que olvidar que Chile es uno de los países con mayor tasa de
encarcelados cada cien mil habitantes de Latinoamérica y el segundo país con más presos de la
OCDE; ni aún con este dato gozamos de paz social. No nos cabe duda que nuestros jueces
estarían mucho más dispuestos a otorgar prisiones preventivas y condenar a personas a cumplir
penas efectivas, si existieran establecimientos penitenciarios razonables para ello.
También es necesario que, de una vez por todas, promovamos la experiencia del trabajo intra
muros, es decir, modelos exitosos de trabajo voluntario al interior de los centros penitenciarios.
Hoy más del 90% de nuestros internos no tiene la posibilidad de aprender un oficio y habilitarse
laboralmente en una cárcel. Esto disminuye la posibilidad para que ellos generen ingresos que
puedan destinar a sus familias y para que el mismo interno tenga ahorros para que, al momento
de salir libre, pueda reinsertarse con mayor facilidad.
En otra arista, hay que decirlo con fuerza: nuestros internos están privados de libertad, pero no de
dignidad. Las condiciones carcelarias de Chile son alarmantes. Así lo han reconocido organismos
de derechos humanos y visitas realizadas por la Corte de Apelaciones de Santiago. Tenemos,
muchas veces, cañerías rotas, desagües y tazas turcas pestilentes, la comida mal procesada, plagas
de piojos, hacinamiento y un severo déficit de camas, lo cual requiere una atención prioritaria por
una cuestión de dignidad. Debemos mantener presente el recuerdo de la dolorosa muerte de 81
reos en la cárcel de San Miguel, el cual evidenció ante la opinión pública la compleja situación de
hacinamiento e indignidad en que se ven sumidos los presos en el sistema carcelario chileno.
El debate constitucional
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La Constitución de 1980 estableció un marco jurídico e institucional que ha permitido a Chile
alcanzar un importante desarrollo económico y social. Nos atrevemos a sostener que si bien la
Carta Fundamental adolece de vicios en su origen, ésta se ha legitimado en la práctica por haber
sido un instrumento adecuado a los objetivos de toda constitución: lograr estabilidad política,
desarrollo económico y paz social.
No obstante, como toda obra humana, las constituciones son perfectibles y deben irse adaptando
y dando respuesta a los nuevos desafíos que genera la evolución de la sociedad. Sin embargo, en
el debate sobre cambios constitucionales es importante tener en consideración el cómo, el cuándo
y el qué.
Con respecto al cómo, es indispensable que los cambios constitucionales respeten
irrestrictamente la vía institucional, es decir, los mecanismos previstos por la propia Constitución
para su reforma. Actualmente se plantea por algunos sectores que el Ejecutivo podría convocar a
un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre la asamblea constituyente como instrumento
para la elaboración de un nuevo texto constitucional. Sin embargo, la actual Constitución no
prevé dicha facultad presidencial ni la asamblea constituyente como mecanismo. Esta vía
requiere previamente un amplio acuerdo político que allane el camino a una reforma
constitucional que incorpore la facultad presidencial de convocatoria a plebiscito y la asamblea
constituyente como mecanismo de cambio constitucional.
A su vez, llama la atención que algunos actores políticos insisten en la idea de dictar una nueva
constitución, pero en paralelo presentan proyectos de reforma sustanciales de la actual Carta
Fundamental. Es decir, proponen demoler la casa y paralelamente llevan a cabo trabajos de
remodelación.
Por su parte, el cuándo es muy relevante. Actualmente estamos enfrentando un proceso de fuerte
desaceleración económica, el cual podría verse agudizado por el clima de incertidumbre que
generaría el debate de una nueva Constitución, por ejemplo, respecto al tratamiento del derecho
de propiedad y la libertad de emprendimiento.
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Por último, es esencial precisar los contenidos que requieren ser reformados. Gran parte del texto
actual corresponde a un legado de nuestra tradición constitucional republicana, consagrándose a
su vez valores que constituyen un acervo jurídico-político de la cultura occidental, como el
Estado al servicio de la persona, principios del estado de derecho, igualdad ante la ley, debido
proceso, etc.
¿Qué aspectos deben ser, a nuestro juicio, objeto de análisis? Nos parece necesario morigerar el
presidencialismo exagerado que hoy tenemos, otorgándole mayores atribuciones al Congreso
Nacional respecto al proceso legislativo y al nombramiento de ciertas autoridades. A su vez, es
necesario dotar de autonomía constitucional al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio
Electoral. Con respecto al primero, ya hemos presentado una moción de reforma constitucional,
para evitar que el SII sea usado como una herramienta política por el gobierno de turno y pueda
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con imparcialidad.
Relación con los países vecinos
Es necesario que Chile y sus vecinos intensifiquen esfuerzos por construir un proyecto común,
recurriendo a los instrumentos que este nuevo siglo nos ofrece. Sólo así lograremos generar
mejores condiciones que nos permitan potenciar nuestro desarrollo y ofrecer un mayor bienestar a
nuestros pueblos.
Con Argentina tenemos la tercera frontera más extensa del mundo y una nutrida agenda bilateral.
El desafío hoy es profundizar la integración en sus diversos alcances. En el ámbito territorial, se
requiere acelerar la implementación de proyectos que modernicen y agilicen los pasos
fronterizos. Esto permitirá a Chile ser una puerta de entrada al Pacífico para la nación trasandina
y para los demás países de la cuenca atlántica. Asimismo, con la ejecución pronta de estas obras
se mejorará el servicio a los miles de turistas que cruzan año a año la frontera y que actualmente
se ven enfrentados a trámites burocráticos de larga duración. A su vez, debemos avanzar en otros
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ámbitos de integración, como la eliminación de la doble tributación, homologación de legislación
y ciertos títulos profesionales.
Con Perú, nuestro país debe asumir el rol de países fundadores de la Alianza del Pacífico y
desarrollar posiciones comunes en torno a los desafíos que representan el comercio con Asia y el
Acuerdo de Asociación Transpacífico. A su vez, es necesario determinar derechos y obligaciones
de los inmigrantes, mediante un marco legal que responda a los desafíos actuales.
Chile es respetuoso del derecho internacional y de los tratados que acuerda. Nuestro país debe
exigir el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya como un
presupuesto de confianza esencial para continuar desarrollando la agenda bilateral. Perú está
llamado a ser un gran socio comercial y aliado estratégico de Chile. Sin embargo, lo anterior
requiere señales de confianza. Ésta solo podrá lograrse en la medida que el vecino del norte
termine con las “reivindicaciones” que permanentemente levanta contra nuestro país, como ha
ocurrido con la zona del Hito 1, territorio en que Chile tiene plena soberanía.
Por su parte, con Bolivia se debe afrontar el desafío de cambiar las percepciones, fomentando las
instancias de diálogo, intercambio cultural y cooperación internacional. La mediterraneidad de
Bolivia debe encontrar solución en los instrumentos del siglo XXI, que no consisten en
determinar nuevos límites, los cuales en el caso en cuestión están además perfectamente
definidos por un tratado vigente, sino en superar las fronteras. El país vecino debe aceptar que la
integración es el camino que le permitirá superar plenamente su calidad de país mediterráneo. A
su vez el país altiplánico debe entender, que la integración es un objetivo que se debe alcanzar
mancomunadamente, no siendo posible avanzar en ella a partir de voluntades unilaterales. En este
sentido, es necesario que Bolivia demuestre una voluntad inequívoca de avanzar en un proyecto
común, realizando gestos y generando a su vez las condiciones internas que permitan a sus países
vecinos, no sólo a Chile, entender que existe dicha voluntad.
En general, los proyectos de integración latinoamericana deben orientarse en la tesis funcionalista
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que sirvió de guía al proceso de integración europeo. Esta estrategia promovió un proceso de
integración que afectara gradualmente a diversos sectores económicos. Los objetivos políticos se
plantearon para el largo plazo, es decir, sólo una vez que la integración económica estuviera
consolidada. Se trataba, en definitiva, de iniciar un proceso en el que la progresiva integración
económica fuera allanando el camino a objetivos de alcance político. Vemos como en nuestra
región se invierten los objetivos o se pretende avanzar sin que la integración económica se
encuentre consolidada. La experiencia ha demostrado que no pasan de ser construcciones de
arena.
Conclusiones
Pese a que nos sentimos orgullosos de los avances en materia macroeconómica, estabilidad
institucional y mejoras sustantivas en calidad de vida, resulta evidente que existen muchos
desafíos pendientes en nuestro país. Debemos repensar, con sentido de urgencia, soluciones a la
fragmentación social, al individualismo, a la cultura materialista y a la pérdida del sentido ético
de las acciones. El paradigma socialcristiano, cuyo corazón es un humanismo integral y solidario,
abre la posibilidad de avanzar en la construcción de un edificio político, social y económico más
justo y humano.
Con estas reflexiones hemos querido ofrecer, desde nuestra experiencia y visión, algunas ideas
que pueden iluminar un debate sobre el Chile que debemos y podemos construir. Es una
invitación abierta a soñar juntos el país que queremos para las próximas décadas. A esta empresa
en común están convocados jóvenes, adultos mayores, empleados, profesionales, intelectuales,
trabajadores y, en general, cualquiera que se sienta llamado a aportar a la patria común. En
especial, están invitados los socialcristianos de pensamiento y acción, que hoy se encuentran
dispersos en todos los sectores políticos.
