I CONFERENCIA ANUAL ANTICORRUPCIÓN LIMA 2010bibliotecavirtual.olacefs.com/gsdl/collect/... ·...

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PRESENTACIÓN SR. FUAD KHOURY ZARZAR

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA

DANZA DE APERTURA DE LA I CONFERENCIA ANUAL ANTICORRUPCIÓN

DISCURSO DE INAUGURACIÓN SR. CÉSAR ZUMAETA

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CONFERENCIA MAGISTRAL

SR. ROBERT KLITGAARDPREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN : EXPERIENCIA

INTERNACIONAL

EXPOSITORES INVITADOS

SR. CARLOS PÓLIT FAGGIONIFACULTAD SANCIONADORA DE LAS CONTRALORÍAS:

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

SR. FUAD KHOURY ZARZAR PROPUESTAS PARA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN EL ESTADO

PERUANO

SRA. BEATRIZ MERINO LUCEROEL ROL DEL CIUDADANO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

SR. FLAVIO MIRELLAENFRENTANDO LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DE ACTIVOS CON

EFICIENCIA: OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS-MIEMBRO BAJO EL MARCO LEGAL INTERNACIONAL

SR. NORBERT HAUSERLA REFORMA DEL ESTADO A PARTIR DE LA AUDITORÍA DE

RENDIMIENTO

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“GESTIÓN PÚBLICA LIMPIA Y EFICIENTE I CONFERENCIA ANUAL ANTICORRUPCIÓN LIMA 2010” Derechos Reservados, prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Edición y coordinación

Contraloría General de la República Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María Teléfono: (511) 330-3000 – Fax: (511) 433-4933 Email: [email protected] Web: www.contraloria.gob.pe

Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ) Programa Gobernabilidad e Inclusión de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Av. Los Incas 172, Piso 6, El Olivar, San Isidro. Teléfono: (51 1) 421-1333 – Fax: (51 1) 421-4540 Web: www.gobernabilidad.org.pe

ÍndiceÍndiceSR. SAÚL PEÑA KOLENKAUTSKY

LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN: EL SER DEL PERUANO

SR. MANUEL GUERRERO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA

PERCEPCIÓN Y DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

SR. RICARDO BRICEÑO VILLENAEL EMPRESARIADO Y SU COMPROMISO EN LA LUCHA

CONTRA LA CORRUPCIÓN

PROPUESTAS PARA LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN EN UNA COYUNTURA

DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

LÍDERES POLÍTICOS

DR. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE

SR. YEHUDE SIMON MUNARO

SRA. LOURDES FLORES NANO

SRA. KEIKO FUJIMORI HIGUCHI

SRA. MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ

SR. LUIS CASTAÑEDA LOSSIO

CONCLUSIONES DEL EVENTO SR. FUAD KHOURY ZARZAR-


CLAUSURADR. ALAN GARCÍA PÉREZ - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EN IMÁGENES

AGRADECIMIENTOS

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SR. FUAD KHOURY ZARZAR




PresentaciónPresentación

¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues uno muy ambicioso: el de reunir toda la información y experiencia que

este distinguido cuerpo de profesionales y líderes puede brindarnos para la construc-ción y aplicación de una estrategia nacional e institucional contra la corrupción.

Hoy quiero reafirmar mi compromi-so y el de todo el equipo humano que conforma la Contraloría General de la República, de realizar todos los esfuer-zos necesarios para asegurar que se em-pleen de forma transparente y apropiada los recursos del Estado en beneficio de todos los peruanos.

Para lograr estos cometidos ne-cesitamos su ayuda y el fruto de esta conferencia será definir las grandes áreas prioritarias de focalización del trabajo anticorrupción. Tarea titánica sí, pero la posibilidad de forjar un mejor país bien vale el esfuerzo.

El Perú ha logrado lo que hasta hace nada más dos décadas se consideraba im-posible: estabilidad y crecimiento econó-mico, mejor clima de negocios y atracción

de inversiones, y se están adelantando importantes reformas en educación e infraestructura; todo ello en un marco de descentralización y transferencia de recursos, funciones y poderes a los go-biernos regionales y locales.

Hace poco Al Gore, ex vicepresiden-te de Estados Unidos, comentaba que pronto se hablaría del “Milagro Peruano” y no es para menos. El Perú es uno de los pocos países cuya fortaleza y disciplina macroeconómica le han permitido supe-rar la severa crisis financiera internacional que aún amenaza al mundo y ser en la actualidad exportador de capitales, al contarse ya con compañías transnaciona-les de origen peruano compitiendo en el extranjero.

Nuestras exportaciones crecen sos-tenidamente y el flujo de capitales para megaproyectos de inversión minero-energética amplía los horizontes de segu-ridad energética; la creación de centros de transformación industrial y mayores oportunidades de desarrollo y empleo para los peruanos.

En otras áreas, el mundo entero reco-noce hoy, fruto del esfuerzo de peruanos emprendedores, la riquísima gastrono-mía nacional. Ello no es casualidad, pues existe un enorme capital dormido que muchas veces pasa desapercibido, como son los conocimientos de recetas y trucos de cocina, que las peruanas y peruanos están aprendiendo poco a poco, unos con más éxito que otros, a aprovechar de manera rentable. Como resultado, se ha revolucionado la exigencia del mercado gastronómico local y multiplicado la demanda de frutos de la tierra y con ello las oportunidades de negocios, empleo y bienestar para la ciudadanía.

Son tantos los ejemplos de oportuni-dades para el Perú, que la nuestra podría ser una época de un nuevo florecimiento económico. Sin embargo, la corrupción destruye todo lo que el esfuerzo de los buenos ciudadanos logra.

Las prácticas corruptas de algunos malos empleados, funcionarios y oficiales de gobierno distorsionan las reglas de juego de mercado, eliminan la compe-

tencia, alientan la informalidad y ponen en riesgo el bienestar y futuro de nues-tros hijos. Y lo que es peor, nos postran y acostumbran a la mediocridad y al delito como parte de lo cotidiano, como si no nos mereciéramos un mejor país.

Para terminar, me gustaría compartir con ustedes mi visión del Perú como un líder mundial anticorrupción. No me con-formaré con menos: quiero que en el futu-ro toda práctica corrupta sea aborrecida por el ciudadano de a pie y quiero que ese ciudadano de a pie esté comprometido con el esfuerzo de la Contraloría y todo el Estado Peruano, porque está plenamente convencido de que su bienestar presente y futuro requiere necesariamente elimi-nar la corrupción.

Por eso, la Contraloría General de la República ha organizado la Primera Conferencia Anual Anticorrupción con el objeto de convocar a expertos a nivel na-cional e internacional cuyo conocimiento nos ayudará a trazar el camino para con-vertirnos en uno de los países líderes en la lucha contra la corrupción.

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MIÉRCOLES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2010

Hora Tema Expositor Panelistas

08:00-08:50 Registro de invitados

09:00 – 09:15 Inauguración Sr. César ZumaetaPresidente del Congreso de la República

09:15 – 09:35 Estrategias para una gestión política limpia y eficiente

Sr. Fuad Khoury ZarzarContralor General de la República

09:40 - 11:10 Prevención y lucha contra la corrupción: experiencia internacional

Sr. Robert KlitgaardExperto internacional

-Brigida Benites - Jefa de la Oficina de Integridad del BID-Fuad Khoury Zarzar - Contralor General de la República-Carlos Pólit - Contralor General de Ecuador - Presidente electo de OLACEFS

11:15 – 11:40 RECESO

11:30 – 11:45 Propuestas para la lucha eficaz contra la corrupción en una coyuntura de crecimiento económico

Dr. Alejandro Toledo

11:50 – 13:35 Facultad sancionadora de las contralorías: características y resultados en la lucha contra la corrupción

Sr. Carlos PólitContralor General de Ecuador, Presidente electo de OLACEFS

-Walter Albán - Decano de la Facultad de Derecho -Universidad Católica.- Miguel Cabrejos - Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.-Robert Klitgaard - Experto internacional.-Anel Townsend - Ex Congresista de la República.

13:35 – 15-:10 ALMUERZO

15:15 – 16:30 El rol del ciudadano en la lucha contra la corrupción

Sra. Beatriz Merino, Defensora del Pueblo -Mariella Balbi – Comunicadora - Diario El Comercio.-Beatriz Boza - Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día.-Fritz Dubois – Director - Diario Perú.21-Robert Klitgaard - Experto internacional.-Adrián Revilla - Presidente, Proética.


Sr. Yehude Simon

17:15 – 17:40 RECESO

17:35 – 19:20 Corrupción y transparencia: obligaciones internacionales

Sr. Flavio Mirella, representante en Perú y Ecuador de la Oficina de Naciones Unidas, contra la Droga y el Delito.

-Eduardo Casteñeda - Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.-Sergio Espinoza - Superintendente Adjunto - Unidad de Inteligencia Financiera.-Gustavo Gorriti – Director - IDL Reporteros-José Ugaz - Miembro Consorcio Proética

19:00-19:20 Propuestas para la lucha eficaz contra la corrupción en una coyuntura de crecimiento económico

Sra. Lourdes Flores Nano

JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2010

Hora Tema Expositor Panelistas

08:30 – 10:15 Estrategia para una gestión pública limpia y eficiente

Sr. Norbert HauserVicepresidente del BRH – Tribunal Federal de Cuentas de Alemania

-Rebeca Arias - Representante de PNUD en el Perú-Robert Klitgaard - Experto Internacional-Lourdes Linares - Representante del Banco Mundial-Ramiro Mendoza - Contralor General de Chile-Jorge Yzusqui - Presidente – IPAE


Sra. Keiko Fujimori

10:50 – 11:00 RECESO

11:05 – 12:15 La cultura de la corrupción: el ser del peruano

Saul Peña Kolenkautsky, Presidente Honorario de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis.

-Max Hernández - Secretario Técnico – Acuerdo Nacional-Hugo Neira - Docente del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres- Julio César Turbay – Ex Contralor General de Colombia-Ricardo Uceda – Presidente Ejecutivo de IPYS-Richard Webb – Director – Instituto del Perú

12:20 – 13:45 Medios de Comunicación y su influencia en la percepción y detección de corrupción

Sr. Manuel GuerreroCoordinador del Posgrado en ComunicacionesUniversidad Iberoamericana de México

-Juan Paredes Castro – Editor Central de Política – Diario El Comercio-Laura Puertas – Directora Periodística – América Televisión-Gustavo Rodríguez – Comunicador, Escritor y Director Creativo de Toronja-Juan Carlos Tafur – Director– Diario 16-Alfredo Torres – Director – Ipsos Apoyo

14:00 – 15:15 ALMUERZO


Sra. Mercedes Aráoz

15:45 – 17:00 El empresariado y su compromiso en la lucha contra la corrupción

Sr. Ricardo BriceñoPresidente de CONFIEP

-Roque Benavides, Gerente General de la Compañía de Minas Buenaventura-Beatriz Boza – Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día-Ramiro Mendoza – Contralor General de Chile-Juan Paredes – Representante de IPAI-Rosario Fernández – Ministra de Justicia


Sr. Luis Castañeda

17:25 – 18:15 RECESO

18:20 – 18: 40 Conclusiones del evento Sr. Fuad Khoury ZarzarContralor General del Perú

18:40 – 18:55 Clausura Dr. Alan García PérezPresidente de la República

ProgramaPrograma

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del Perú? ¿Te imaginas el nacimiento del Perú? Pero no el nacimiento que nos relatan los libros. Hablamos del nacimiento de una persona, de un futuro, de una tierra, de una sensación que se respira en el viento, de detalles que juntos forman el rostro de nuestro país. ¿En dónde hubiera nacido el Perú? Creo que en la Sierra, sí, en la Sierra… En la Sierra asomó su cabeza al mundo, se llenó de aire puro, abrió los ojos y su primera imagen fueron paisajes maravillosos. De ahí que los peruanos vemos todo con ojos de esperanza y, si nos aqueja un problema, respiramos hondo y seguimos la lucha en pos de ese ideal que alguna vez pudimos sentir. ¿De quién hubiera nacido el Perú?

Danza de apertura de la I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010

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Definitivamente de una mujer trabajadora que con sus propias manos hizo que todo estuviera listo para su llegada. Una mujer que no cree en el cansancio, solo en el trabajo.¿Cómo está el Perú hoy? Creciendo, sintiendo, progresando.Este es el Perú con el que todos soñamos. Un Perú en movimiento, lleno de vida; un Perú que corre, que no se detiene. Un Perú que vuela, que se eleva, que no cree en límites. Un Perú que no se detiene; un Perú que corre, corre y sigue corriendo. Un Perú que compite, que se entrega; un Perú lleno de figuras, de líneas, de formas, de pasión, de paz, único; un Perú que no se detiene. No lo detengas, no lo frenes, no lo

estanques, no lo hundas, no lo marchites. La corrupción es el arma más poderosa contra el progreso; es el arma más letal para el desarrollo.La corrupción debilita, destruye; la corrupción te maneja, te enferma, te invade, te pudre, te mata. La corrupción no es el camino que debe seguir el Perú. La corrupción no es el camino que tiene que seguir el Perú; no es el camino que seguirá el Perú, Perú.¿Cómo detener a la corrupción? Para eso están ustedes, para eso estamos nosotros: para hacer del Perú algo grande, para hacer que el Perú gane, siempre gane.¿De quién hubiera nacido el Perú? De ti, de nosotros. La corrupción no es el camino que debe seguir el Perú. La corrupción no es el camino que tiene que seguir el Perú; no es el camino que seguirá el Perú, Perú.

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De modo concurrente, prestigiosas publicaciones extranjeras, como Forbes, The Economist, Time, etc.,

así como CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y otras entidades supranacionales, subrayan la velocidad asiática con la que está mar-chando la economía peruana.

En lo que va del año, la dinámica econó-mica viene exhibiendo un vuelo sostenido que mes a mes empuja a los analistas a re-calcular sus estimados siempre hacia arriba. Algunos ya predicen un salto del 8% de cre-cimiento anual como mínimo. Aunque más prudente, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha fijado sus esperanzas en llegar por lo menos al 7% en el año 2010, cifra con visos de solidez y aceptación casi generalizada; hay sin embargo algunos “peros” en esa tendencia positiva de la ac-tividad económica. Uno de ellos muy serio es

la corrupción, que aún pervive como lastre en la vida nacional.

En la Sexta Encuesta Nacional de Co-rrupción de Proética, elaborada por Ipsos Apoyo en agosto de este año, el 51% de los entrevistados considera la corrupción como el mayor problema del país. También el 80% señala que el Perú es muy corrupto, solo el 18% estima que es un país poco corrupto; lo faltante radica en que el 39% predice que la corrupción no será mayor en los próximos cinco años, mientras que 38% piensa que se-guirá igual, seguidamente el 33% de la gente expresa que el gobierno actual promueve la lucha contra la corrupción, en tanto el 14 % opina que no muestra interés.

La data anterior muestra el enojo ciuda-dano por la afrenta de la corrupción contra el bienestar y justicia en la sociedad peruana. El mensaje exige actuar con mayor energía, pero -como señala Transparencia Interna-

SR. CÉSAR ZUMAETA FLORES

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA

REPÚBLICA

Discurso de inauguración

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cional- la sombra de la corrupción parece extenderse globalmente en los últimos años.

Hace pocos días, dicho organismo di-fundió mundialmente su conocido Índice de Percepción de la Corrupción del 2010, que comprendió y comprende el estudio de 178 países. Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur empatan la primera posición con 9.3; seguidos por Finlandia y Suecia con 9.2; Somalia con 1.1 se halla en el último lugar.En tal índice se observa que más de 40 países, casi las tres cuartas partes del total exami-nado, registra un marcado debajo del 5 en una escala de 10 (altamente limpio) a 0 (altamente corrupto); ello revela un serio problema de corrupción.

Según Transparencia Internacional, los gobiernos han estado ocupados en resolver otros asuntos urgentes, entre ellos manejar los problemas de la última crisis, la volati-lidad de los mercados internacionales, los efectos del cambio climático y la reducción de la pobreza. Con un puntaje de 3.5, el Perú ocupa el puesto 78 en el índice del 2010, desmejorando en tres lugares del 3.7 que marcó en el 2009.

Transparencia Internacional propone, a fin de combatir este lastre, que los gobiernos incluyan la lucha contra la corrupción en to-das sus actividades como parte inseparable del accionar gubernamental. También re-cuerda cumplir estrictamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la única iniciativa global dirigida a eliminar la corrupción; el Perú también ratificó la convención el 16 de noviembre de 2004.

Según estima el Banco Mundial, cada año en el mundo se paga un trillón de dólares en sobornos y el daño excede el valor del producto del crimen, pues por cada dólar de soborno se origina un perjuicio econó-

mico de 1.7 dólares. Al respecto, el doctor Robert Klitgaard, que va a ser expositor en esta conferencia, expresa que el costo ver-dadero de la corrupción es la desmoraliza-ción, el cinismo y el adormecimiento de la actividad empresarial, y ya que hablamos del renombrado profesor Klitgaard, quien participará -repito- en este importante fo-ro, seguramente expondrá su importante e interesante ecuación, la cual dice que la corrupción es igual a monopolio más dis-creción menos transparencia.

De lo anterior, se deduce la conveniencia de eliminar la discrecionalidad haciendo cla-ras las reglas de juego; es decir, a más trans-parencia, menos corrupción. Apoyados en este enfoque, algunos autores manifiestan la existencia de una relación directa entre el grado de intervención del gobierno en el mercado y el nivel de corrupción. Se explica que en una sociedad de mercado libre el go-bierno se limita a proteger la vida de los ciu-dadanos, la libertad y la propiedad privada; Klitgaard enfatiza que la corrupción no es un crimen pasional, es un crimen económico. Aconseja, por tanto, desaparecer el mono-polio y reducir al mínimo la discrecionalidad. Ello sugiere evitar prácticas mercantilistas de algunos sectores que pueden ser lesivas al pretender ganancias medidas con una base engañosa de proteccionismo indus-trial o mediante la reducción arancelaria con nombre propio.

En todo caso, existe doble inculpación en todo cohecho, puesto que no existe co-rrupción sin corruptores. Bien podría citarse a Sor Juana Inés de la Cruz cuando decía: “¿Quien será más de culpar, aunque cual-quiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar?”.

En el último Índice de Libertad Econó-

mica 2010, publicado por la Heritage Foun-dation y The Wall Street Journal, el Perú se ubica en el puesto 49 de un total de 179 naciones. De igual modo, en el Índice de Competitividad Global 2011 del Foro Eco-nómico Mundial, el Perú ha subido al puesto 73, dejando atrás el 78 que marcó en el 2009.

Gracias al talento y esfuerzo de su gen-te, el Perú prosigue indetenible su camino hacia el desarrollo con inclusión social; las mediciones internacionales así lo confirman. Quiero afirmar ante ustedes que el Congreso de la República, bajo mi presidencia, asume el compromiso de combatir la corrupción sabiendo que es una batalla de largo alcance, pero lucharemos con firmeza indeclinable; por eso apoyamos las medidas propuestas por la Contraloría para fiscalizar las compras efectuadas por organismos internacionales y conferirle capacidad sancionadora. Estoy seguro de que el pueblo peruano dará su respaldo. z

“Según estima el Banco Mundial, cada año en el mundo se paga un trillón de dólares en sobornos y el daño excede el valor del producto del crimen, pues por cada dólar de soborno se origina un perjuicio económico de 1.7 dólares”

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Al final de su obra clásica Bribes, John T. Noonan hizo una notable predicción: “Al igual que la esclavitud fue una vez

una forma de vida y ahora se ha vuelto ob-soleta y resulta incomprensible, la práctica del soborno en cuanto forma primordial de entregar un pago a cambio de una acción oficial se tornará obsoleta”.

Noonan demostró que el soborno es una vergüenza en todo el mundo. Aceptar un soborno se considera universalmente como venderse a los ricos. La corrupción es reco-nocida como una traición a la confianza, que es “una necesidad preciosa de toda empresa social”. Por último, según Noonan, el sobor-no viola un paradigma divino. Estas fuerzas morales, unidas a una mayor información, comunicación y competencia, causarán la desaparición de la corrupción sistémica.

Noonan publicó su libro hace 25 años. Quizás su predicción ha resultado exacta para Singapur y unos cuantos países más. Pero en todos los países, la tendencia en el

Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional es la misma. “En lugar de que un aumento en los ingresos lleve a bajos niveles de corrupción en mu-chos países”, señala John Malcolm Dowling, “estamos viendo que un gran número de países pobres se encuentran atrapados en una trampa de corrupción de bajo nivel al mismo tiempo que otros con altos niveles de ingresos se tornan cada vez más honestos”.

Incluso los países más desarrollados muestran indicios preocupantes. Por ejem-plo, un análisis gubernamental de la corrup-ción policial en Nueva Gales del Sur mostró un aumento de la misma relacionado con las drogas y “una persistencia de actividades corruptas más tradicionales”, tales como protección a la corrupción y aceptación de pagos a cambio de reducciones de acusa-ciones criminales. En proyectos de obras públicas en Estados Unidos, los ratios de costo-sobrecosto -en el mejor de los casos, un indicador de mala gestión, y en el peor

SR. ROBERT KLITGAARD

EXPERTO INTERNACIONAL 1

El futuro de la corrupción

(1) Profesor universitario, Claremont Graduate University, 160 East Tenth

Street, Claremont, CA 91711. [email protected]

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de los casos, un indicador de corrupción- han aumentado notablemente durante los últimos cincuenta años y, por supuesto, en el sector privado hemos sido testigos de claros ejemplos de fraude y conflicto de intereses, desde Enron hasta Goldman Sachs.

Ciertamente, en años recientes hemos visto historias de éxito en lo que se refiere a reducción de la corrupción sistémica, desde Mozambique hasta Colombia e Indonesia. El Perú ha registrado un avance sostenido en los últimos cinco años en el Índice de Per-cepciones de Corrupción. Hong Kong es un ejemplo notable de cambio, a través de su célebre Comisión contra la Corrupción en la década de los 80. Es imposible imaginar que hace cincuenta años Singapur era ridiculiza-

do como “un pozo negro de la corrupción”. Ahora Singapur figura entre los tres mejo-res países en el Índice de Percepciones de Corrupción.

Pero también hemos visto ejemplos de “reaparición de la corrupción”, en donde se aprecian retrocesos en las historias de éxito. Hace algunos años visité Filipinas. La Direc-ción de Rentas Internas me invitó a dar una charla. Comencé diciéndole a la audiencia que la historia de éxito de su país en su lucha contra la corrupción, tal como la había rela-tado en mi libro Controlando la Corrupción, estaba siendo estudiada en todo el mundo.

“¿Cuál caso específico?”, preguntó la au-diencia. Podrían haber dicho: “¿Cuál éxito?”. En medio de su frustración, el nuevo jefe de

la DRI y su equipo me explicaron en privado que la corrupción imperaba en la dirección.

Los logros notables del alcalde Ronald MacLean-Abaroa en su lucha contra la co-rrupción en La Paz, Bolivia -documentados en un reciente CD-ROM interactivo del Insti-tuto del Banco Mundial y analizados en Ciu-dades Corruptas: Guía Práctica para la Cura y la Prevención- resultan menos conmovedo-res cuando se es testigo de lo sucedido una vez que dejara su cargo. En pocas palabras: la reaparición de la corrupción.

La reaparición de la corrupción es como la reaparición de la inflación. Sabemos qué es lo que causa la hiperinflación: la impresión de dinero y la emisión de créditos en forma desen-frenada. Hemos visto derrotar la hiperinflación

La corrupción prospera donde alguien cuenta con el poder de monopolizar un bien o servicio y tiene la discrecionalidad para decidir cuánto obtienen los ciudadanos, y la transparencia es débil. Los fructíferos es-fuerzos para combatir la corrupción reducen el monopolio, limitan y clarifican la discre-cionalidad, y aumentan la transparencia.

El liderazgo es fundamental. Cierta-mente, incluso cuando muchos líderes son corruptos, es posible reducir las oportunida-des de soborno y fraude. Pero la predicción de Noonan no se hará realidad hasta que exijamos líderes que sean brillantes en la prevención, implacables en la persecución y ejemplares en lo que respecta a principios

morales. Los incentivos son centrales en la lucha

contra la corrupción sistémica. Los suel-dos son un problema. Como dice el refrán: “Bueno y barato no caben en un zapato”. Una sugerencia es que los sueldos de los funcionarios del gobierno sean equivalentes a por lo menos el 80% de los sueldos de sus

1. Estructuras, liderazgo e incentivos

2. Coordinación nacional

3. Involucrar al sector privado y a la sociedad civil

4. Subvertir la corrupción sistémica

5. Fortalecer la moralidad

Se plantean cinco ingredientes del éxito contra la corrupción:

Una predicción audazTal como la esclavitud era antes un modo de vivir y ahora es inconcebible, así la práctica del soborno en la forma central de pagar para la acción oficial vendrá a ser obsoleto”

--John T. Noonan, Bribes (Macmillan, 1985)

Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Transparencia

con éxito y, sin embargo, el éxito de hoy no es garantía de que mañana otro gobierno no encuentre ventajoso volver a imprimir dinero y emitir créditos.

Entonces ¿qué hay de la predicción de Noonan? ¿Simplemente estaba equivocado? ¿Es la corrupción una causa perdida?

Muchos quisieran que pensáramos así. Es sorprendente cuán rápido pasamos del escándalo al cinismo en este tema de entre todos los temas. Es sorprendente también cuán reacios somos a considerar la corrup-ción con los mismos fantásticos poderes analíticos que aplicamos a otros casos de política y gestión. Y donde el cinismo reina, se produce otro fenómeno: la respuesta “¿Y qué?”.

Para nosotros es más fácil aceptar que no podemos hacer nada con respecto a un

problema o tendencia si nos convencemos de que realmente no importa. ¿El calenta-miento global? ¿Y qué? A la humanidad se le ocurrirá algún truco de la ingeniería global. ¿La corrupción? ¿Y qué? Simplemente es el aceite que mueve las ruedas del comercio y el pegamento que mantiene a las organiza-ciones políticas fracturadas. La corrupción tiene sus funciones, incluso sus beneficios, especialmente cuando ni los Estados ni los mercados funcionan bien, y algunos de los países en donde el crecimiento es más ace-lerado tienen muchísima corrupción.

Las últimas dos décadas de investiga-ción sobre la corrupción refutan de manera concluyente la reacción “¿Y qué?”. Los estu-dios de casos y los análisis econométricos demuestran que la corrupción retrasa el crecimiento, paraliza los servicios sociales

y defrauda a la justicia. Por ejemplo, luego de hacer los ajustes necesarios para incorporar otras variables, una mayor corrupción lleva a una menor inversión y a un menor mul-tiplicador de inversión para el crecimiento del PBI. En igualdad de circunstancias, los países con peores gobiernos tienen la peor mortalidad infantil y las más bajas tasas de alfabetización. La corrupción hiere más a los pobres.

Estamos de acuerdo, entonces, en que la corrupción es mala para el desarrollo. ¿Qué podemos hacer para reducirla?

Si la predicción de John Noonan va a hacerse realidad, necesitamos algo más que predicar. Basándome en la experiencia internacional, permítanme sugerir cinco in-gredientes para el éxito en la lucha contra la corrupción sistémica.

1. Mejorar la estructura, el liderazgo y los incentivosEn primer lugar, necesitamos reformas a nivel del Estado que hagan hincapié en las estructuras, el

liderazgo y los incentivos. Como primera aproximación, resulta útil, si bien alarmante, decir: “No piensen en personas corruptas,

piensen en estructuras corruptas”. Es posible entender la corrupción mediante una fórmula estilizada:

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contrapartes en el mundo corporativo. Una vez que contemos con sueldos atractivos, necesitamos incentivos basados en el buen desempeño y penalidades asociadas a la co-rrupción. En todo gobierno, elegir y emplear incentivos para el rendimiento supone un difícil reto y, sin embargo, la existencia de mejores incentivos será decisiva para hacer realidad la predicción de Noonan.

2. Adoptar un enfoque de un gobierno integral

En segundo lugar, la lucha contra la corrupción requiere un enfoque “de un gobierno integral”. La limpieza de un or-ganismo o ministerio o localidad no du-rará si el entorno nacional sigue siendo sistemáticamente corrupto. La creación de un organismo nacional de lucha contra la corrupción puede ser de ayuda, pero no necesariamente.

Lo que se requiere es una coordinación eficaz entre los diversos ministerios y de-pendencias que resulta fundamental para impedir, perseguir y castigar a la corrupción. Sin dicha colaboración, podemos observar cómo los fiscales simplemente ignoran los casos remitidos por el organismo de lucha contra la corrupción, como con frecuencia ocurre en Malasia.

3. Involucrar al sector privado y a la sociedad civil

En tercer lugar, la lucha contra la corrup-ción debe ir más allá del gobierno. Este enca-bezado abre un abanico de puntos a tratar, pero permítanme centrarme en dos ideas para involucrar a la comunidad empresarial.

Pactos de integridadEn licitaciones públicas por montos su-

periores a una suma determinada, todos los postores deben firmar un pacto de integridad. Los postores se comprometen a no pagar so-bornos y no hacer trampa en lo que respecta a costos y órdenes de cambio. Si cualquier otra firma que suscribe el pacto de integridad cree que la ganadora de la buena pro ha participa-do en un soborno o engaño con respecto a los costos, la empresa acusada promete abrir sus libros contables a los demás signatarios para su respectiva inspección. Entre otras cosas, los pactos de integridad permiten a las empresas resistirse de alguna forma a la extorsión por parte del gobierno.

Diagnóstico participativoLa gente de negocios, abogados y con-

tadores saben cómo funcionan los sistemas corruptos. El diagnóstico participativo les permite compartir sus conocimientos de una manera segura.

Tómese por ejemplo la construcción de caminos rurales. Aproximadamente 15 empresas involucradas en licitaciones de obras viales son entrevistadas una por una. Se explica que la entrevista no es acerca de las personas; no existe interés alguno en saber qué empresas en particular puedan estar dando sobornos o qué funcionarios puedan estar recibiéndolos. En lugar de ello, la atención se centra en el sistema de adqui-sición –en particular, en el sistema paralelo para decidir quién reúne los requisitos para ser postor, fijar las especificaciones para la propuesta, evaluar a la empresa ganadora, efectuar órdenes de cambio con posterio-ridad a la adjudicación de la buena pro, y pagar al contratista. ¿Qué escucha la persona entrevistada acerca de las irregularidades en

cada etapa? Con 15 entrevistas, surge una imagen útil de cómo funciona un proceso de licitación corrupto. Esta descripción puede ser compartida con los contratistas y el go-bierno a fin de que presenten sus sugerencias de mejoras –y puede ser un punto de refe-rencia para futuros diagnósticos de ese tipo.

4. Subvertir la corrupción sistemática

En cuarto lugar, si la corrupción se ha vuelto sistémica, las soluciones deben tras-cender la prevención, llegando hasta lo que podría llamarse subversión. La meta es ana-lizar cómo funcionan los sistemas corruptos, identificar sus debilidades, y atacar. En este punto también son útiles las técnicas que se emplean para combatir el crimen orga-nizado, tales como operativos encubiertos, agentes encubiertos y esfuerzos para “con-vertir” a las fuentes informadas en testigos.

Con frecuencia, cómo ocultar el dinero mal habido constituye un punto débil en los sistemas corruptos. Una comprobación del estilo de vida de los funcionarios puede llevar a descubrir a quienes viven más allá de sus ingresos oficiales. En algunos países, los ciudadanos han tomado medidas para documentar y luego compartir este tipo de información, logrando, en algunos casos, traer abajo a personas y sistemas corruptos.

5. Fortalecer la moralidad

Finalmente, regresemos al énfasis que ha-ce Noonan en la moralidad. Noonan está en lo correcto cuando asevera que existe un consen-so mundial de que la corrupción es inmoral. Incluso en lugares en donde la corrupción se considera “una forma de vida”, los ciudadanos la aborrecen. Estudios antropológicos detallados desmienten algunas afirmaciones anteriores de que los campesinos (y quizás las personas en la mayoría de países en desarrollo) no son capa-ces de distinguir entre obsequios y sobornos.

Y sin embargo, moralizar, en sí, sirve de muy poco. Como dice el refrán: es difícil legis-lar la moralidad. Como ejemplo, considérese el Islam, que condena inequívocamente la corrupción. El Islam actualmente representa el máximo ejemplo de religión (y sus declara-ciones sobre la necesidad de reformas éticas y morales) que asume el control del gobierno o ejerce una gran influencia sobre este. ¿Cómo les va a los países islámicos con respecto a la corrupción?

En el Índice de Percepciones de Corrup-ción, los países islámicos obtienen peores resultados que los países no islámicos. Más allá de eso, en un extraordinario artículo re-ciente titulado “¿Cuán islámicos son los países islámicos?”, los economistas Scheherazade S. Rehman y Hossein Aksari elaboraron un “Índice de Islamicidad” usando 67 variables para deter-

“Como dice el refrán: es difícil legislar la moralidad. Como ejemplo, considérese el Islam, que condena inequívocamente la corrupción”

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minar en qué medida el gobierno de un país y sus políticas económicas, financieras, de orden político, legales y sociales son consistentes con “la vida, prácticas y dichos del Profeta Mahoma - los dos canales principales que proporcionan una hoja de ruta a los musulmanes”.

Rehman y Aksari descubrieron que “la posi-ción promedio de los 56 países islámicos es 139; muy por debajo de la posición promedio de los 208 países medidos. En términos generales, los así llamados y autodeclarados países islámicos no han observado los principios islámicos”.

Mi intención al citar esta investigación no es molestar a ninguna religión o grupo de países. El Islam, al igual que muchas otras re-ligiones, nos enseña con qué poca frecuencia cumplimos con los valores que profesamos. Más bien, lo que quiero decir es que es poco probable que el simple hecho de declarar que un país es islámico o cristiano o que “es una nación que ya no tolera la corrupción” (o tal región, en el caso de Centroamérica hace varios años) haga una gran diferencia.

Y sin embargo, el énfasis en el lado moral de la lucha contra la corrupción será un ingre-diente del éxito. Los líderes dicen más con sus acciones que con sus palabras. Su ejemplo mo-ral, unido a su testimonio, hace la diferencia. Estoy impresionado por los programas educa-tivos con sentido práctico. Indonesia ha creado cursos de ética en sus escuelas secundarias. Estos se combinan con una especie de trabajo práctico, en donde los estudiantes manejan la tienda de la escuela que vende bocadillos y bebidas —y lo hacen sin una caja registradora. Se espera que los estudiantes sean honrados y paguen por lo que consumen. De acuerdo con un relato aparecido en el diario The New York Times, el programa funciona —y se está extendiendo rápidamente por toda Indonesia. Un estudiante declaró: “Estamos aprendiendo

a ser más éticos y esto es lo que nuestro país necesita para el futuro”.

Si la corrupción es inmoral e ineficaz, ¿por qué persiste? Hemos visto algunas razones que explican el porqué.

• Las estructuras del poder -en el gobierno, los negocios y la sociedad civil- están sujetas al monopolio más la discrecionalidad menos la transparencia.

• El liderazgo no está dedicado a la preven-ción, la persecución y la probidad personal.

• Los incentivos son tan exiguos que mu-chos funcionarios no pueden dar un techo y ali-mentar a sus familias con sus sueldos oficiales.

• Los esfuerzos de la lucha contra la co-rrupción no son los esfuerzos de “un gobierno integral”, con una coordinación eficaz entre los distintos organismos necesarios para la prevención y persecución de la corrupción.

• El sector privado no participa en la lucha contra la corrupción, en especial autorregulan-do las buenas prácticas comerciales.

• La corrupción sistémica solo es abordada mediante esfuerzos destinados a fortalecer los sistemas ostensibles de toma de decisiones, ignorando los sistemas paralelos corruptos.

Para lograr que la predicción de Noonan sobre la corrupción se haga realidad, debe-remos avanzar en cada una de estas áreas. Y nosotros como ciudadanos debemos declarar, a través de nuestras voces y nuestras opciones, que la corrupción es inmoral y que no la vamos a tolerar más. z

Mesa de debate “Prevención y lucha contra la corrupción: experiencia international”, conformada (de. izq a der.) por Brígida Benites, Jefa de la Oficina de Integridad del BID; Robert Klitgaard (Expositor); Fuad Khoury Zarzar, Contralor General; y Carlos Pólit,Contralor General de Ecuador y presidente de OLACEFS.

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Reciban un cordial y respetuoso sa-ludo de la Contraloría General de la República del Ecuador, que ha sido

honrada por la invitación formulada por el estimado amigo y colega, el doctor Fuad Khoury Zarzar, Contralor General de la Re-pública del Perú, para que participemos en este importante foro, que vuelve a traer a la discusión el siempre complejo fenómeno de la corrupción.

Con la Contraloría General de la Repú-blica del Perú, nos unen estrechos lazos de cooperación y amistad, que se han ido for-taleciendo en el tiempo y que aspiramos se mantengan en esa dinámica de provechosa interacción, en beneficio de la gestión del

control gubernamental de los recursos públicos de nuestros países.

Es por esto, que es una distinción es-pecial el estar con ustedes para compartir algunas de las experiencias que en la ma-teria de competencia sancionadora de la Contraloría ecuatoriana hemos creído de vuestro interés exponer en esta ocasión.

Cuatro objetivos comunes a nuestras Entidades Fiscalizadoras Superiores nos aglutinan en el escenario actual:

• La lucha denodada contra la corrup-ción y la impunidad.

• La consolidación y fortalecimiento de nuestras instituciones de control.

• La aproximación de los enfoques nor-

SR. CARLOS PÓLIT FAGGIONI

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Facultad sancionadora de las Contralorías: características y resultados en la lucha contra la corrupción (caso ecuatoriano)

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mativos y técnicos en las entidades fiscali-zadoras superiores.

• La transparencia y una cultura par-ticipativa en el ejercicio de la contraloría pública y social en nuestros países.

En estos momentos de nuevas ame-nazas y desafíos sin precedentes, por el carácter global de prácticas corruptas, los objetivos propuestos son absolutamente evidentes. El recorrido conjunto de los paí-ses por la búsqueda de los mejores caminos para prevenir y combatir el flagelo de la co-rrupción cada día se vislumbra con mayor claridad, para proporcionar a nuestros pue-blos la optimización del uso de los recursos públicos, calidad de los bienes públicos, en los servicios y, por ende, mejores oportu-nidades y calidad de vida para los habitan-tes de nuestra región latinoamericana; es mucho lo que está en juego, son muchos los sacrificios que hemos tenido que vivir y hay mucho que está aún por realizarse.

Hay tres momentos históricos concre-tos, en el análisis de la capacidad sanciona-dora del organismo de control ecuatoriano:

Un primer momento, en el cual las accio-nes de la Contraloría General del Estado se circunscribían exclusivamente al ámbito de la fiscalización gubernamental, en el ámbito del control previo y concurrente del uso de recursos públicos.

Un segundo momento, en el cual se establecen las bases para la gestión de au-ditorías financieras, operacionales, de ges-tión, ambientales y especiales, en el marco de normas de control interno aplicables de manera obligatoria tanto por parte de las instituciones públicas como de las organi-zaciones que, bajo la forma de privadas o mixtas, manejan recursos públicos.

Y el momento actual, en el cual la Cons-

titución de la República le ha otorgado a la Contraloría General del Estado la potestad de dirigir el sistema de control administrati-vo de las instituciones del Estado, tanto in-terno, por intermedio del control técnico de las auditorías internas de las instituciones, como externo, al establecer los mecanismos de auditoría externa, con un marco legal y regulatorio que le permite usar facultades sancionadoras, bajo los mecanismos que comentaré más adelante.

En este contexto, resalta la importancia de consolidar la participación ciudadana y el control social mediante un proceso cons-tante de rendición de cuentas, en el que deben participar todos los sectores de la sociedad y en el que resulta indispensable el respeto irrestricto de los derechos huma-nos, el debido proceso y, en particular, se insiste en la importancia de un ejercicio del control gubernamental, técnico, indepen-diente y donde no tenga cabida la fuerza o los intereses de un sector de la sociedad.

No obstante estos avances positivos, debemos reconocer que los desafíos que enfrentamos en materia de control guber-namental son urgentes; es por ello, distin-guidos amigos, que me referiré a los cuatro desafíos que hoy estamos enfrentando y que considero de suma importancia en el cumplimiento de los cuatro objetivos que mencioné al inicio de mi intervención:

El primer desafío es asegurar el ejerci-cio de la facultad de control gubernamen-tal, siguiendo un respeto irrestricto a los principios generales del Derecho, como el principio de legalidad y el “non bis in idem”, que prohíbe que la persona pueda ser juz-gada dos veces por un mismo hecho; pues la potestad sancionadora del Estado, que es una sola, se manifiesta bajo la forma de

infracciones administrativas, civiles y pena-les, y sus sanciones constituyen una misma manifestación del Derecho, que se articula, con criterios de utilidad, en función de nece-sidades concretas de la organización social y política constitucionalmente trazada.

En el caso ecuatoriano, el ordenamiento jurídico permite una dualidad de procedi-mientos sancionadores, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de hechos distintos y per-fectamente identificables, que de manera conjunta conducen a asegurar un objetivo en contra de los intereses del Estado y de la ciudadanía. El análisis y proceso de enjuicia-miento de tales hechos de índole adminis-trativo, con consecuencias de ámbito civil y presunción de indicios de responsabilidad penal, no pueden hacerse con independen-cia en lo que se refiere a la apreciación de tales hechos, pues es claro que los mismos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado cuando se ha producido un caso de corrupción y tampoco es condi-

ción necesaria que existan hechos bajo los tres enfoques planteados, administrativo, civil y penal, sino que así como las conduc-tas y los hechos pueden tener una serie de combinaciones, sus consecuencias también estarán necesariamente bajo las combina-ciones de los enfoques planteados.

No existe un hecho con una serie de consecuencias administrativas, civiles o pe-nales, sino una serie de hechos, cada uno de ellos con consecuencias en el ámbito administrativo, civil y penal, que en forma concatenada culminan con el mal ejercicio de la función pública, el aprovechamiento indebido de recursos públicos e infraccio-nes tipificadas como tales en la jurisdicción penal.

El segundo desafío es disponer de las normas legales y regulatorias que permitan asegurar el ejercicio de la justicia.

Para ello, la Ley Orgánica de la Contra-loría General del Estado, al disponer las funciones y atribuciones del organismo de control, incluye dos que, para el tema

que nos ocupa, son importantes de deta-llar. La primera, que permite asegurar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría, exámenes especiales y la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas; y la segunda, que consiste en la disposición de actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y proseguir los juicios penales relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos. Res-pecto de esta última, la Corte Nacional de Justicia ha dispuesto a la Fiscalía General del Estado que en las acciones de investi-gación de índole penal en las cuales exista la presunción de peculado, se constituye una condición indispensable la existencia de un informe de la Contraloría General del Estado que refleje indicios de responsabi-lidad penal, lo cual garantiza a los funcio-narios públicos y ciudadanos que en una acusación tan severa deba haber siempre un informe técnico emitido por el Organismo de Control, a la vez que facilita el camino a

“El primer desafío, es asegurar el ejercicio de la facultad de control gubernamental, siguiendo un respeto irrestricto a los principios generales del Derecho, como el principio de legalidad y el “non bis in idem”, que prohíbe que la persona pueda ser juzgada dos veces por un mismo hecho”.

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los organismos judiciales competentes para determinar los hechos y sus responsables.

La facultad sancionadora tiene como pilar fundamental la presunción de legiti-midad, pues, se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por las instituciones del Estado y sus servidores son legítimas, a menos que la Contraloría General del Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, declare en contrario.

Únicamente a partir de los resultados de la auditoría gubernamental, la Contra-loría General del Estado tiene la potestad para determinar responsabilidades ad-ministrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, con base en un estricto examen del cumplimiento de los preceptos legales, aplicando en rigor las normas de auditoría y determinando res-ponsabilidades siempre bajo el sustento de los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes debidamente motivados.

En todos los casos, la evidencia que sustenta la determinación de responsabi-lidades, a más de suficiente, competente y pertinente, debe reunir los requisitos forma-

les para fundamentar la defensa en juicio. Las autoridades, dignatarios, funciona-

rios y demás servidores de las institucio-nes del Estado están obligados a actuar con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, pues de no ser así, deben responder por sus acciones u omisiones.

A la vez, ningún servidor, funcionario o empleado de las instituciones del Estado podrá ser relevado de su responsabilidad legal alegando el cumplimiento de órdenes superiores, con respecto al uso ilegal, inco-rrecto o impropio de los recursos públicos de los cuales es responsable; a menos que haya objetado por escrito las órdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción. Y si el superior insistiera por escrito, las cumplirá, pero la responsabilidad recaerá únicamente en el superior.

Nuestra legislación y las acciones que desarrolla la Contraloría General del Estado incluyen conceptos básicos sobre responsa-bilidades directas, principales, subsidiarias y solidarias, necesarias para el debido ejer-cicio de la facultad sancionadora:

Y de esa manera, se establece que los servidores de las instituciones del Estado encargados de la gestión financiera, ad-ministrativa, operativa o ambiental serán responsables, hasta por culpa leve, cuando incurrieren en acciones u omisiones relati-vas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia o conformidad con los planes, programas y presupuestos, y por los perjuicios que se originaren de tales acciones u omisiones.

Se establece que la responsabilidad principal y subsidiaria por pago indebido, recaerá sobre la persona natural o jurídica de derecho público o privado beneficiaria de tal pago.

Concomitantemente, la responsabili-dad subsidiaria recaerá sobre los servidores cuya acción culposa u omisión hubiere po-sibilitado el pago indebido. Y habrá lugar para establecer responsabilidad solidaria cuando dos o más personas aparecieren como coautoras de la acción, inacción u omisión administrativa que la origine.

Los primeros conceptos que he descrito, nos permiten introducirnos en el campo de las responsabilidades administrativas

culposas de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las institucio-nes del Estado, analizando en forma docu-mentada, el grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, y el incumplimiento de las atri-buciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo.

Las causales que se han determinado para establecer la responsabilidad admi-nistrativa culposa, principalmente, están relacionadas con:

1. No establecer ni aplicar indicadores de gestión y medidas de desempeño para evaluar la gestión institucional;

2. Cometer abuso en el ejercicio de su cargo;

3. Permitir la violación de la ley o de nor-mas expedidas por autoridad competente;

4. Exigir o recibir dinero, premios o re-compensas por cumplir sus funciones con prontitud o preferencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar;

5. Contraer compromisos y obligaciones por cuenta de la institución del Estado a la que representan o en la que prestan sus servicios, en contravención con las normas respectivas, o insistir ilegalmente en una orden que haya sido objetada por el con-trol previo;

6. No tomar inmediatamente acciones correctivas necesarias en conocimiento del informe de los auditores;

7. No proporcionar oportunamente la información pertinente o no prestar la colaboración requerida a los auditores gubernamentales y demás organismos de control y fiscalización;

8. Incurrir en ilegal determinación o recaudación de los ingresos;

9. No efectuar el ingreso oportuno de

cualquier recurso financiero. Todos estos supuestos generan sancio-

nes en quienes incurrieren en una o más de las causales de responsabilidad admi-nistrativa culposa, con multas e inclusive la destitución del cargo, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida.

Las sanciones se imponen graduándo-las entre el mínimo y el máximo, debiendo considerarse los siguientes criterios:

• La acción u omisión del servidor; • la jerarquía del sujeto pasivo de la

sanción; • la gravedad de la falta; • la ineficiencia en la gestión según la

importancia del interés protegido; • el volumen e importancia de los recur-

sos comprometidos; • y el haber incurrido en el hecho por

primera vez o en forma reiterada.En el marco de las sanciones, se inclu-

ye la posibilidad de multas a las personas naturales, los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o terceros que contravinieren su obligación de exhibir documentos o registros, de pro-porcionar confirmaciones escritas sobre las operaciones y transacciones que efectúen o hubieren efectuado con las instituciones del Estado sujetas a examen, que hubieren sido requeridos por los auditores guber-namentales.

Las sanciones de destitución o de multa, o ambas conjuntamente, las debe ejecutar la correspondiente autoridad nominadora de la institución del Estado, de la que dependa el servidor, a requerimiento de la Contraloría General del Estado. Dicha autoridad debe informar al Organismo Técnico de Control sobre la ejecución de las sanciones y, en el caso de no hacerlo, las sanciones son

“Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado están obligados a actuar con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades”

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impuestas y ejecutadas por la Contraloría General del Estado, o cuando se hubieren constituido en sujetos pasivos de la sanción, o cuando deba imponerse a personas de derecho privado o a terceros.

Es imperativo que antes de imponer las sanciones, la Contraloría General del Estado notifique al implicado sobre la situación detectada, concediéndole la oportunidad de defensa. Y posteriormente a estas, tie-ne la posibilidad de impugnación en los Tribunales Distritales de lo Contencioso-Administrativo.

En el campo de la responsabilidad civil.En esta nueva dimensión, la acción u

omisión culposa aunque no intencional de un servidor público o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo emitido sin tomar las precauciones nece-sarias para evitar resultados perjudiciales

directos o indirectos a los bienes y recursos públicos, generan una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado, lo cual debe ser debidamente probado por el auditor gubernamental.

Cuando del examen aparezca la respon-sabilidad civil culposa de un tercero, se debe establecer la respectiva responsabilidad como consecuencia de su vinculación con los actos administrativos de los servidores públicos.

Una vez que se ha establecido el per-juicio, se establece la predeterminación o glosa de responsabilidad civil culposa, la misma que es notificada a la o las personas implicadas, concediéndoles el derecho de defensa, pudiendo desvirtuar la glosa, ge-nerar su desvanecimiento o confirmarla.

Para este último caso, de no proceder al

pago por el monto del perjuicio, se puede proceder al cobro mediante la vía coactiva.

Por último, debo mencionar lo que constituye el informe de Indicios de Res-ponsabilidad Penal que emite la Contraloría.

En forma independiente al examen general que estuviere practicando la Con-traloría, si se establecen indicios de respon-sabilidad penal por los hechos a los que se refiere el Código Penal, se emite un infor-me al Ministerio Público con la evidencia acumulada, el cual ejercita la acción penal correspondiente de conformidad con lo pre-visto en el Código de Procedimiento Penal.

Los casos en que se produce esta mo-dalidad de informe se dan cuando, como producto de las pruebas de auditoría, se llegue a establecer en forma motivada que la persona encargada de un servicio público, en beneficio propio o de terceros, hubiere

abusado de dineros públicos o privados, como desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante, peculado o enriquecimiento ilícito. En este último caso, luego de analizar las declaraciones juramentadas de bienes de los servidores públicos y detectar incrementos injustifi-cados de patrimonio.

El Código Penal prevé además incluir a quienes hubieren intervenido en fiscaliza-ciones, auditorías o exámenes especiales anteriores, de demostrarse complicidad o encubrimiento de delitos.

Quienes reciban sentencia condenato-ria, quedan perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o función públicos.

El tercer desafío es asegurar la existen-cia de un debido proceso que garantice los derechos de las personas relacionadas con el ejercicio de la auditoría gubernamental y de la facultad sancionadora.

Para ello, la Ley prevé como obligación ineludible que previamente a la iniciación de un examen se debe notificar a las auto-ridades, funcionarios, servidores, exservi-dores y demás personas vinculadas con el examen; igualmente, si durante la realiza-

ción de la auditoría gubernamental apare-cieran personas vinculadas con el examen que no hubieren sido notificadas desde el principio, en razón de que no era previsible su participación o responsabilidad, estas deben ser notificadas de manera inmediata, debiéndoseles brindar todas las facilidades y términos excepcionales para que ejerciten en debida forma el derecho de defensa.

En la misma legislación se contempla que en el curso del examen los auditores gubernamentales deben mantener comuni-cación con los servidores públicos y demás personas relacionadas con las actividades examinadas.

Al finalizar los trabajos de auditoría de campo, se debe dejar constancia de que se comunicaron por escrito los resultados y de que se produjo la conferencia final para dar lectura al informe borrador.

Cuando existan opiniones divergentes entre los auditores gubernamentales y los servidores o ex servidores de la institución del Estado auditada, o de terceros relacio-nados, deben ser resueltas, en lo posible, dentro del curso del examen y, de subsistir, deben constar en el informe.

En ese marco de acción del debido pro-

ceso de auditoría, es fundamental observar también que las resoluciones de imposi-ción de sanciones o glosas por parte de la Contraloría son decisiones susceptibles de impugnación; no así los informes de audi-toría que le corresponde emitir al Contralor.

La posibilidad de que quien se sienta afectado por una decisión del Organismo de Control pueda recurrir al recurso con-tencioso administrativo, se produce bajo dos posibilidades: mediante el recurso de plena jurisdicción o subjetivo, que ampara un derecho subjetivo del recurrente, pre-suntamente negado, desconocido o no re-conocido total o parcialmente por el acto administrativo de la Contraloría, o mediante el recurso de anulación, objetivo o por ex-ceso de poder, que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerlo quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.

La responsabilidad por el ejercicio inde-bido de las facultades de control es consus-tancial al ejercicio de la facultad sanciona-dora, y la legislación ecuatoriana contempla que quienes en el ejercicio indebido de sus

>Fiscalización gubernamental:Control previo y concurrente del uso de los recursos públicos

>Auditorías financieras, operaciones, gestión ambiental y especial.>Normas de control interno

>Potestad constitucional de establecer el sistema de control administrativo del Estado (Art. 211)>Control técnico de las auditorías internas de las institucionesAuditorías externas> Marco legal y regulatorio que facilita usar facultades sancionadoras

Desarrollo de la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República del Ecuador

Primer momento

Segundo momento

Tercer momento

“Es imperativo que antes de imponer las sanciones, la Contraloría General del Estado notifique al implicado sobre la situación detectada, concediéndole la oportunidad de defensa”

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facultades de control y de determinación de responsabilidades, causen daños y per-juicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables, dejando la posibilidad de que quien se considere afectado, pueda seguir las acciones para perseguir el resarcimiento de daños causa-dos por el ejercicio indebido de facultades de control ante los órganos jurisdiccionales competentes.

El cuarto desafío es mantener una rendición de cuentas ante la ciudadanía transparente y permanente.

El sistema de rendición de cuentas cuen-ta con una serie de herramientas concebidas para asegurar la confianza y credibilidad en el sistema de control gubernamental, y tanto su efectividad como su credibilidad dependen del cumplimiento que se dé a sus pronunciamientos.

La página web de la Contraloría Gene-ral del Estado, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia de la Informa-ción Pública (www.contraloria.gob.ec), contiene todos los informes de auditoría emitidos, con excepción de aquellos que generan indicios de responsabilidad penal. Actualmente estamos desarrollando diálo-

gos con la ciudadanía y líderes sociales para fortalecer el concepto de contraloría social mediante la difusión de nuestras acciones y la posibilidad de conocer directamente de los mandantes, los ciudadanos, sus reclamos y expectativas con relación a la función de control.

Desde 2007 hasta el presente año he-mos emitido 701 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía; la facul-tad sancionadora se ha reflejado entre los años 2007 y 2010, que han generado 3011 sugerencias de responsabilidades admi-nistrativas por aproximadamente ocho millones de dólares americanos (USD7 899 858,47); 9219 resoluciones con responsabi-lidades civiles con glosas por aproximada-mente trescientos noventa y seis millones de dólares americanos (USD396 809 423).

El ejercicio del establecimiento de la facultad sancionadora, ha seguido el de-bido proceso, el mismo que se refleja en el periodo citado con 2242 resoluciones, confirmando hasta hoy definitivamente un valor aproximado de ciento cuarenta y seis millones de dólares americanos (USD146 130 851,58); desvaneciendo un valor aproxi-mado de ciento nueve millones de dólares

americanos (USD109 058 630,13); y gene-rando la caducidad de cobro por ochenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve dólares americanos (USD88 569).

Por lo expuesto, la Contraloría está dando gran prioridad al mantenimiento de un diálogo abierto y sincero con la so-ciedad civil, pues es la única posibilidad de fortalecer la protección de los recursos pú-blicos; y es por ello que consideramos que la facultad sancionadora, en un marco de normas que aseguren el debido proceso, es un elemento consustancial a la lucha contra la corrupción.

En consecuencia, los invito a que los objetivos planteados al inicio de mi inter-vención, se mantengan en cada etapa de las discusiones que se generen respecto del ejercicio de la facultad sancionadora de las Entidades Fiscalizadoras Superiores siempre en procura del sagrado deber de la protección de nuestros ciudadanos. z

“La Contraloría está dando gran prioridad al mantenimiento de un diálogo abierto y sincero con la sociedad civil, pues es la única posibilidad de fortalecer la protección de los recursos públicos”

Mesa de debate “Facultad sancionadora de las contralorías: características y resultados en la lucha contra la corrupción” conformada (de iz. a der.) por Walter Albán, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Anel Townsend, ex Congresista de la República; Robert Klitgaard, Experto Internacional; Carlos Pólit (Expositor); Monseñor Miguel Cabrejos, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; y José Vega, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República.

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Hemos tenido la oportunidad de es-cuchar una serie de comentarios y posiciones respecto a cómo encarar

en el futuro la lucha contra la corrupción. Hemos escuchado una serie de recetas y también hemos escuchado con dramatismo cuál es la verdadera situación que viene atra-vesando nuestro país en relación al deterioro de la moral y del pensamiento; y de la forma cómo venimos siendo afectados por esta lacra, no solamente los que laboramos en el sector público, sino todo el país.

Una lacra que merma los bolsillos de los que más lo necesitan; dinero que se pierde. Se habla de miles de millones de soles, no hay una cifra exacta. Para evitar la pérdida

anual de dinero del Estado a causa de la co-rrupción, se debe iniciar un cambio; pues si no hacemos absolutamente nada, esa cantidad se perderá todos los años que se vienen.

Es importante empezar a tomar acciones inmediatas y comenzar a reflexionar sobre cuáles son esos componentes que tienen que hacer de la lucha contra la corrupción una tarea diaria; pero, sobre todo, una tarea profesional, porque la corrupción se ha per-feccionado, se ha sofisticado, y los elementos que están alrededor de la corrupción -es decir, tanto los mecanismos de control que existen en el sector público como las barreras que tie-nen interpuestas en el sector privado- vienen siendo vencidos con facilidad.

Propuestas para la lucha anticorrupción en el Estado Peruano



Propuestas para la lucha anticorrupción en

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Entonces, lo que voy a tratar de transmi-tir en estos pocos minutos que me han dado es lo que pienso, y lo que piensa el equipo que me acompaña en la Contraloría, con respecto a qué hacer, qué llevar a la prácti-ca; lo que deberíamos nosotros contemplar como lucha contra la corrupción.

He dividido esta presentación en dos grandes columnas vertebrales: los meca-nismos que debemos implementar en el país, para reducir la corrupción. Y cómo enfrentarla.

El primer elemento es el sector público, un sector que no puede faltar, y vamos a explicar lo que es este sector, lo que es la gestión pública, vamos a tratar de demostrar cuáles serían esos mecanismos que tenemos que incorporar a la gestión pública para for-talecer la lucha contra la corrupción. Por otro lado, voy a referirme a la Contraloría General

de la República, que es la institución que tiene que ser fortalecida con el propósito de buscar los mecanismos para luchar contra la corrupción.

Como se desprende del mapa del sector público, para efectos de una lucha directa y frontal contra la corrupción existe la Contra-loría General de la República y se distingui-rá también qué mecanismos tenemos que incorporar a esta Contraloría para hacerla más fuerte y más decidida; es el esfuerzo que vamos a dirigir todos para reducir la corrupción.

En primer lugar, vamos a hablar de la gestión pública y de algunos mecanismos que son claves para su perfeccionamiento.

El primer elemento fundamental es la incorporación en el sector público de un modelo de gestión por resultados, pero un modelo real, un modelo profesional de

gestión por resultados en las instituciones, en todas las instituciones, que debe estar acompañado de un modelo de incentivos. Ya lo mencionaron en la anterior presenta-ción: tiene que haber incentivos que estén relacionados con el cumplimiento de metas que emanen de algunas políticas públicas debidamente estructuradas.

Es decir, en un modelo de gestión por resultados se tienen que incorporar los modelos de meritocracia acompañados con incentivos claves.

Acabo de estar en una reunión en un país vecino, en donde la Dirección General de Presupuesto Público de ese país presentó cómo instan a las instituciones públicas a entregar resultados. Pero lo más interesante que pude observar en ese modelo de in-centivos, de presión a las instituciones para entrar a la entrega de resultados, es que iba acompañado de incentivos económicos,

que iban casi hasta el 8% del salario anual y del presupuesto anual entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas de ese país para ser distribuido entre aquel perso-nal que haya cumplido con ciertos rangos.

Hay que poner énfasis en el planeamien-to con objetivos medibles y con plazos de cumplimiento claramente establecidos y debidamente cuantificables en cada ins-titución pública. Primer tema: un modelo de gestión por resultados, pero un modelo que funcione, un modelo que no tenemos que inventarlo, un modelo que tenemos que traerlo, instalarlo y hacerlo funcionar.

El segundo gran elemento que noso-tros proponemos en el sector público es que se incorpore en el Estado Peruano la obligación moral de modernizarse, debido a que la única manera de reducir la eleva-da corrupción y asegurar un mejor uso de los recursos públicos es tomar en serio una

reingeniería de la gestión pública, dentro de un ambiente sólido de control interno.

Hemos sido testigos, la mayoría de no-sotros, de cómo el país se ha modernizado a través de un motor que ha participado en este crecimiento económico: el sector privado. Desde la década de los 90 hemos sido testigos de los procesos de privatización y los efectos del crecimiento económico; cómo han hecho que las empresas empie-cen a competir entre ellas y cuál ha sido la herramienta que han utilizado para mover a sus equipos.

El primer elemento, como ya lo mencio-né, es una verdadera gestión por resultados: que se premie a quien cumpla las metas; el segundo gran elemento es mirar las estruc-turas, es decir, ¿con qué procesos se están desarrollando las actividades?, ¿Los proce-sos son eficientes, son caros, son enredados?

Hemos hablado de la transparencia, pero la transparencia está incorporada en

Construyendo la estrategia – Nuevo enfoque de control

Modernización del SNC (Sistema Nacional de Control)

Estado Peruano

CiudadanosModernización del SNC

Construyendo la estrategia - Nuevo enfoque de control

Entidades públicasControl interno Entidades públicas Estado moderno

y eficiente

> Sanción administrativa efectiva>Difusión de valores>Gestión de procesos y proyectos>Gestión por resultados>Transparente administración de recursos>Rendición de cuentas de funcionarios

> Nueva cultura> Gestión del conocimiento> Desconcentración y descentralización> Estructura organizacional> Alianzas estratégicas> Desconcentración y descentralización> Gestión por resultados

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el proceso; las instituciones que existen en el Perú, para no irme a otras latitudes, que se caracterizan por tener rendimientos por encima de los promedios, es porque han ini-ciado una verdadera gestión por procesos, han iniciado una reingeniería, buscando que sus procesos sean eficientes y eficaces: es decir, que ese proceso cumpla su cometido.

El tercer gran concepto que queremos dejar en la mesa: creemos que para incorpo-rar un modelo de lucha contra la corrupción que sirva, que sea utilizable, que sea tangi-ble, tenemos que incorporar en las compras del Estado los modelos electrónicos. Las compras electrónicas en el sector público son casi una obligación en estos momentos en donde la corrupción viene vulnerando las técnicas de control interno que están instaladas o medianamente instaladas en el sector público.

He sido testigo, he recibido presentacio-nes, tengo una presentación en la mesa de mi escritorio y no me la quito de encima; la veo, la he conversado con los tres Ministros de Economía con los que he tenido la opor-tunidad de dialogar desde que soy Contralor General, desde mayo del año 2009, e insisto

en que se deben instalar en el país y en to-das las instituciones públicas. Actualmente se vienen haciendo esfuerzos dedicados a ese propósito; es un esfuerzo que tiene que colocarse como una prioridad.

En la medida que las compras electró-nicas operen, díganme ustedes cómo la corrupción puede incorporarse. Probable-mente encuentren formas, probablemente violen algunos sistemas, pero va a ser mucho más difícil manipular las compras electró-nicas para aquellos que no están familiari-zados con el modelo que paso a describir.

Es una base de datos, con proveedo-res debidamente registrados, conocidos y reputados, que ofrecen un determina-do servicio o un determinado producto y por otro lado; los compradores, los jefes de los departamentos de logística de las instituciones del Estado que van a buscar un servicio o un bien, entran a la base de datos, solicitan el producto que quieren y aparecen los cien proveedores ofreciendo el producto pero, ¿cuál es la característica?, que van a ofrecer un producto al menor precio, puesto que, obviamente, para entrar a la base de datos tienen que ser

proveedores calificados, cuyos productos hayan sido debidamente certificados; en ese sentido, por el lado de la compra y la venta se tiene garantizado que no tienen flujos diferentes, porque el pago se hace a través del medio electrónico.

Esta experiencia ha tenido resultados importantísimos en países europeos, la ma-yoría de países europeos lo tienen. He tenido la oportunidad de ver el modelo coreano, que ha sido debidamente presentado en el Perú, que se llama CONEX y es impresionante ver cómo estas experiencias han tenido efec-tos directos en la reducción de la corrupción.

El siguiente factor trascendental es em-pezar a ser sumamente prácticos sin temer al cambio. El problema que he podido obser-var en la gestión pública es que el personal, los servidores públicos, tienen un enorme temor al cambio, por eso mis afirmaciones respecto a que tenemos un sector público que data de los años 80, probablemente de los 90, dependiendo con quién iniciemos la discusión. Pero estamos ya iniciando den-tro de dos o tres meses la segunda década, comienza en el 2010 o el 2011, depende có-mo quieran mirarlo, pero ya estamos en la

segunda década del siglo XXI y no podemos seguir mirándonos como en los años 70, 80 o 90. Más de uno ha tenido la oportunidad de ver cómo los países se desarrollan, a través del motor que significan las empresas priva-das y su afán de tener mayores utilidades, su afán de tener menores costos de producción y por lo tanto, una mayor rentabilidad que sus accionistas disfrutan.

En el sector público tenemos que incor-porar el concepto de rentabilidad social, no podemos seguir pensando que los recursos que administramos no tienen dueño. La ges-tión del talento humano es fundamental, debemos iniciar un cambio total del modelo de gestión de los recursos humanos para revalorar el empleo público, debemos de promover un conjunto de programas de desarrollo de los recursos humanos que haga al Estado atractivo. Para incorporar, retener y desarrollar el talento humano, se deben promover espacios para establecer líneas de carrera transversales a lo largo y ancho del sector público.

Señores, lo que les estoy mencionando no es un sueño ni es una característica impo-sible de traer al sector público. Tenemos que promover el talento, tenemos que promover la buena meritocracia, ¿Cuál es el valor, ese concepto mental que muchos temen, de incorporar esas prácticas, prácticas exitosas de gestión de los recursos humanos? Como en toda empresa, hay que desarrollar una reingeniería de procesos que permita im-plementar mejores procesos internos para el pago de las planillas. El 60% del presupuesto se va en compras, en pago de servicios, de bienes y de ejecución de obras; el 40%, entre 40 mil y 50 mil millones, dependiendo de qué presupuesto miremos, se va en el pago de las planillas: tenemos 2500 instituciones

públicas en el Perú, por lo tanto tenemos 2500 planillas que están corriendo en este minuto.

Pero si empezamos a ver cuáles son los regímenes laborales que hay en el sector público, podemos multiplicar hasta por tres el números de planillas. He podido observar que en países con una gestión moderna de los recursos humanos, hay un control centra-lizado de la planilla del Estado; es decir, una planilla única. Eso evitaría costos enormes en los procesos; se evitaría duplicidad en los pagos, corrupción; y, aún mejor, permitiría conocer quién es quién en el sector público, para establecer programas de desarrollo de

competencias de una manera orgánica y articulada.

Puede parecer utópico, pero esto exis-te, señores. Existen planillas únicas, existen hasta Ministerios de Recursos Humanos. Estamos pensando en promover gerentes, está muy bien, pero si tenemos controla-do lo siguiente: ¿quiénes trabajan en el Estado?, ¿cuáles son sus especialidades?, ¿cuánto tiempo tienen en un determinado puesto?, ¿qué habilidades tienen?, ¿qué educación tienen?, ¿por qué no podemos pensar que puede haber promociones la-terales también?

Al Estado peruano tenemos que verlo

“Es importante empezar a tomar acciones inmediatas y comenzar a reflexionar sobre cuáles son esos componentes que tienen que hacer de la lucha contra la corrupción una tarea diaria”

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como una unidad, tenemos que empezar a pensar que el Estado es un conjunto de actividades que tienen como fin ulterior brindar un servicio al ciudadano; es decir, es una empresa. ¿Ustedes saben cuántos empleados tiene el Estado peruano? Alre-dedor de un millón de empleados. ¿Saben cuántos empleados tiene una de las mayores empresas de Estados Unidos? La empresa Walmart, que es un supermercado, tiene un 1 300 000 empleados. ¿Y ustedes creen que esa institución no puede controlar a 1 300 000 empleados? Los controla, desde el punto de vista del desarrollo del talento.

La Contraloría no puede quedarse atrás en este proceso y hemos definido que te-nemos que modernizarnos; obviamente, pertenecemos al sector público, pero te-nemos que dar el ejemplo. Es por eso que los elementos y los pilares de nuestra mo-dernización radican en el nuevo enfoque de

control, que principalmente, como les voy a explicar, está orientado hacia la prevención y hacia la auditoría de desempeño. Lógica-mente, se tienen que adecuar las estructuras de las instituciones, ya que las instituciones deben tener una estructura organizacional acorde con sus objetivos.

La Contraloría tiene que formar alian-zas, ya se ha mencionado anteriormente, alianzas dirigidas a cumplir nuestro rol. La gestión por resultados es ya una realidad en la Contraloría. Tenemos un plan estratégico, con objetivos estratégicos y con indicado-res estratégicos, y el cumplimiento de esos indicadores va a estar acompañado de un programa de incentivos. La descentraliza-ción se inició este año con la creación de la Macrorregión Arequipa y próximamente inauguraremos la Macrorregión Norte en la ciudad de Chiclayo; estamos desconcentrán-donos para poder tener mayor cobertura.

“Tenemos que tratar de modificar la cultura, una cultura hacia los resultados y hacia el cumplimiento de los principales valores que nos rigen”

La gestión del conocimiento es fun-damental. Le estamos dando a la Escuela Nacional de Control la verdadera dimensión que tiene y, obviamente, tenemos que tratar de modificar la cultura, una cultura hacia los resultados y hacia el cumplimiento de los principales valores que nos rigen. Todo esto tiene que estar basado en una adecua-da gestión de recursos humanos, un clima laboral adecuado, gestión de proyectos, reingeniería de procesos, la gestión de tecnologías y, es claro, tenemos que traba-jar duro en levantar la imagen de nuestra querida institución.

Finalmente, para construir nuestra estrategia y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para tener una Contra-loría en el 2016 que esté a la altura de los otros países del mundo, tenemos que tra-bajar fuertemente en un control integral. Nosotros somos una gran institución de auditoría, nosotros somos una institución que ejerce el control. El control es parte de nuestra vida. El que sienta que el control lo abruma, es porque no está acostumbrado a aplicar los grandes pasos que se tienen que seguir en todo proceso administrativo y de gestión: planear, organizar, ejecutar y controlar; estos son los cuatro elementos fundamentales para cualquier actividad,

sea una actividad personal, una actividad de vida o una actividad institucional.

En la Contraloría hemos iniciado un proceso de orientación hacia el producto y hacia el cliente. Tenemos que tener pro-ductos claves y los ciudadanos tienen que saber cuáles son los productos y servicios que brindamos. Tenemos que tratar a las ins-tituciones como nuestros clientes y darles un servicio de auditoría acorde con los procesos modernos que buscamos: la evaluación del cumplimiento de las políticas públicas y las auditorías de desempeño.

Creemos que esta es la base del creci-miento de nuestra institución y es la base y el inicio de una gran reforma en el Estado Peruano. Tenemos que buscar que el Estado se oriente a cumplir metas y que todos las conozcan y esos cumplimientos de metas tienen que estar establecidos dentro de los plazos adecuados.

Esa es una labor que ya está incorporán-dose en la Ley de Presupuesto de la Repú-blica para el próximo año, tanto la reinge-niería de los procesos como una gestión por resultados, acompañadas de la entrega de planes estratégicos, con indicadores claves, con mapas estratégicos; eso lo van a poder observar en la Ley de Presupuesto del próxi-mo año, si el Congreso aprueba el proyecto

del Ejecutivo tal como ha sido enviado.La inteligencia y el análisis de la infor-

mación son fundamentales y, por supuesto, el proceso de auditoría, que a veces es muy criticado por las instituciones por tener un control muy legalista. Vamos a iniciar una gran reforma apoyada por el financiamien-to del Banco Interamericano de Desarrollo; vamos a contratar a especialistas de clase mundial para que nos ayuden a incorporar las mejores prácticas en los procesos de auditoría.

Señores, quería transmitirles solamente dos grandes conceptos: el sector público tiene que modernizarse y la Contraloría tie-ne que modernizarse, con el propósito de alcanzar y cerrar las brechas que hay entre el sector público y el privado, que sí está brindando productos y servicios de calidad. Nosotros, como sector público, tenemos que igualar y, por qué no, superar este gran reto. z

Construyendo la estrategia - Nuevo enfoque de control

Control integral

> Auditoría>Inteligencia y análisis de información>Auditoría de desempeño>Evaluación de cumplimiento de políticas públicas>Producto / Cliente>Normalización de las regulaciones

Control integral

Recursos públicos

Desarrollo y bienestar

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Deseo iniciar esta exposición con un relato. Se refiere a un caso en el que debimos intervenir en razón

de nuestro mandato constitucional. En la región Cusco, un ciudadano se acercó a una entidad pública para realizar un trámite. El funcionario que lo atendió, le solicitó un cobro indebido para agilizar el trámite. En ese momento, el ciudadano recordó un spot publicitario que la Defensoría del Pueblo había puesto en el aire recientemente, invi-tando a una reflexión acerca de la necesidad de fortalecer nuestros valores para combatir la corrupción y denunciarla.

Según el relato, el ciudadano recordó a la Defensoría del Pueblo y se aproximó a

nuestra oficina regional para quejarse por el trato que estaba recibiendo. De inmedia-to, una comisionada lo orientó respecto de dónde poner su denuncia y lo acompañó para iniciar el procedimiento de rigor.

Luego de las coordinaciones efectua-das por la Policía Anticorrupción y la Fiscalía Provincial de Cusco, con la supervisión de nuestra parte, se dio paso a un operativo en el que se pudo encontrar al referido funcionario público cometiendo un delito flagrante de corrupción. En la actualidad, ese funcionario está respondiendo ante la justicia por este penoso hecho.

La causa de que los acontecimientos se hayan producido de esa manera tiene que

El rol del ciudadano en la lucha contra la corrupción

SRA. BEATRIZ MERINO LUCERO

DEFENSORA DEL PUEBLO

El rol del ciudadano en la lucha contra

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ver fundamentalmente con una acción. Esa acción es el ejercicio de la denuncia, el ejer-cicio práctico de la indignación frente a un acto que es injusto en sí mismo. La corrup-ción siempre es injusta y daña la dignidad de las personas a las que compromete.

Sin embargo, la acción de la denuncia y la queja ante un acto de corrupción no son posibles si antes el sujeto no es capaz de reconocerse como ciudadano provisto de deberes y derechos. El reconocimiento de los derechos potencia la acción humana porque la respalda, le confiere un asidero político. El sujeto se reconoce como parte de una comunidad que lo protege frente al uso arbitrario (o abuso) de cualquier tipo de poder en sociedades democráticas.

El reconocimiento de tales derechos, así como el ejercicio de los deberes corres-pondientes, constituye el desarrollo de la ciudadanía y posibilita la acción humana. Ya lo decía Hannah Arendt: “La acción es una cualidad que le es propia solo a los se-res humanos, y actuar implica llevar a cabo algo novedoso, dar inicio a algo totalmente distinto a lo que estamos habituados”. 1

De alguna manera, la acción implica romper con la inercia que nos impone la cotidianidad y, de este modo, quiebra cier-tos órdenes que damos por válidos o que han terminado por convertirse en prácticas que regulan el comportamiento colectivo. Pero nada de esto sería posible fuera de una comunidad de personas que se consideran a sí mismas dignas e iguales.

En ese sentido, toda acción llevada a ca-bo en el marco de una comunidad política implica renovar a esta y proporcionarle signi-ficados que hagan de la vida en común algo que genere entusiasmo en los individuos. Por ello, la ética pública no es otra cosa que

ese marco de significado compartido por los ciudadanos que hace posible la acción del individuo a partir del ejercicio de su libertad.

Al mismo tiempo, la ética pública es un sistema de relaciones entre estos individuos en la esfera pública y, al mismo tiempo, re-presenta un tipo de relación entre las ins-tituciones que configuran la vida social de los pueblos: el Estado, la sociedad civil y la empresa privada. Los marcos de significa-do de la vida colectiva se construyen en la relación que se establece entre los actores sociales, institucionales e individuales den-tro de un país.

Por ello mismo, la ética pública constitu-ye un elemento importante para el ejercicio de la participación ciudadana, porque no solo promueve la acción colectiva, sino que le ofrece el marco de referencia necesario para que esta se desarrolle sin sobrepasar los límites necesarios en toda convivencia humana.

Michael Walzer, filósofo y politólogo estadounidense, decía que existen ciertos valores que nos identifican, los cuales esta-ríamos de acuerdo en defender sin tomar en consideración nuestros orígenes culturales, religiosos o incluso nacionales. 2

Estos valores son aquellos que constitu-yen el núcleo de la ética pública. Dicha mora-lidad establece los marcos de referencia en las relaciones de respeto entre los seres hu-manos, al margen de las pertenencias locales o de las diversas concepciones valorativas que tengamos en el uso de nuestra libertad y en el desarrollo de nuestra individualidad, como diría otro pensador contemporáneo como Kwame Anthony Appiah. 3

La justicia, la solidaridad, la verdad y la tolerancia son valores que marcan una refe-rencia en el ejercicio de nuestra relación con

otros ciudadanos en la comunidad política y favorecen el desarrollo pleno de nuestras identidades personales.

Nuestros planes de vida individuales no tienen asidero si la convivencia humana se torna en una lucha constante por ganar espacios, por establecer supremacías, por imponerse sobre la voluntad de otros.

Al mismo tiempo, una parte funda-mental de la ética pública está integrada por las instituciones. Son ellas las que nos garantizan el irrestricto ejercicio de nuestros derechos y son ellas las que protegen, por consiguiente, nuestra dignidad. Sin institu-ciones sólidas, la democracia carece de arrai-go, las relaciones sociales se resquebrajan, se impone el principio de la arbitrariedad, en tanto que el caos y la violencia se instalan como consecuencias inevitables.

Ya lo habían advertido los economistas del nuevo institucionalismo al afirmar que ni siquiera la economía, considerada como una actividad humana que busca la generación de riqueza, puede estar al margen de las instituciones en una comunidad política. De hecho, las instituciones, sus mecanis-mos, interacciones y agendas, son las que despliegan las dinámicas económicas y las

posibilitan en última instancia. Sin embargo, el papel de las institucio-

nes, vistas desde la ética pública, debe con-sistir en cumplir una condición necesaria: deben ser justas. En el marco de la institucio-nalidad, la justicia comprende básicamen-te el principio de igualdad, si se entiende a la igualdad como equidad, en palabras de John Rawls.4 La misión principal de las instituciones, en este sentido, es el trato no discriminatorio y el respeto de la dignidad humana, al mismo tiempo que asegurar que las personas menos favorecidas de la sociedad, accedan a los bienes primarios de la vida. Estos son los imperativos éticos de las instituciones sociales.

La intención de medrar en los intersticios del sistema, de manipularlo y sobrepasarlo a través de sus propias reglas, termina constru-yendo estructuras de poder informal dentro de la formalidad, lo que ocasiona la paula-tina descomposición de las instituciones y el progresivo colapso del propio sistema.

Podríamos preguntarnos: ¿Por qué la ética pública constituye una tarea necesaria en nuestros días, por qué nos ocupamos de ella y por qué la incorporamos en nuestras perspectivas institucionales? Para nadie es

un secreto que, entre las muchas formas de vulneración a la ética pública, la corrupción ha ocupado un lugar central como transgre-sión de los acuerdos de convivencia justa.

La corrupción no implica solo un pro-blema referido a la utilización indebida del poder o de los recursos públicos para ob-tener ventajas o beneficios indebidos. La corrupción, vista desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, es fundamental-mente un problema de derechos.

Ahora me referiré brevemente al fenó-meno de la corrupción y al modo en que lo comprendemos desde la Defensoría del Pueblo, para abordar de una manera mejor contextualizada la necesidad de la participa-ción ciudadana para enfrentar la corrupción y fortalecer la ética pública.

En la Defensoría del Pueblo se entien-de que la corrupción abarca un conjunto de actos transgresores desarrollados en la interacción humana. Esta se presenta como un abanico de sub-éticas particulares que suscriben valores que la toleran, aceptan e incluso validan el modo de relacionarse para acceder a beneficios o ventajas, que siempre se encuentran al margen de la ley y la institucionalidad.

“La acción de la denuncia y la queja ante un acto de corrupción no es posible si antes el sujeto no es capaz de reconocerse como ciudadano provisto de deberes y derechos”

1 Arendt, Hannah. La Condición Humana. Ediciones Paidós Ibérica,

2003

2 Walzer, Michael. Moralidad en el ámbito local e internacional. Madrid.

Alianza Editorial, 1996.

3 Appiah, Kwame. Ética de la identidad. Buenos Aires. Katz

Editores, 2007.

4 Rawls, J. La justicia como equidad. Una reformulación. Barcelona.

Paidós Ibérica, 2002.

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Al constituirse en una forma de rela-ción, la corrupción se transforma en una manera de comunicación basada en las complicidades, que obvia la confianza en el «otro» y, como consecuencia de ello, en las instituciones.

La corrupción es -en otras palabras- un lenguaje que manipula los intereses y fra-gilidades de las personas y deja de conside-rarlas fines para observarlas como objetos, mediante los cuales se pueden obtener be-neficios o ventajas -o facilitar que terceros lo hagan- de manera indebida.

Por otro lado, debemos advertir que los actos de corrupción no son, en forma alguna, accidentales. Son producto de la plena conciencia de los sujetos que deciden utilizar esta forma de comunicación para obtener una ventaja o beneficio indebido, relacionado con la función pública.

En función de lo expuesto, la corrup-ción puede ser considerada un fenómeno social que reconfigura las relaciones huma-nas para que un individuo o conjunto de individuos puedan obtener lo deseado del poder público, ya sea delegado, concedido u otorgado, utilizando para ello una peculiar forma de transgresión que no busca des-truir el sistema, sino aprovechar aquellos espacios que no han sido normados o que han sido regulados de manera inadecuada o insuficiente, para construir nuevas maneras de vulneración, cada vez más sofisticadas y dañinas para la sociedad.

Por ello, se dice que la corrupción está inserta en todo nuestro sistema de relacio-nes sociales: en la relación con la autoridad en la calle cuando cometemos una infrac-ción; en la escuela cuando anteponemos el intercambio de favores o de regalos al mérito escolar; en la cultura de la viveza que siempre

busca sacarle la vuelta a la ley y a la norma, que siempre pretende aprovecharse sin caer en la cuenta de que el otro se ve vulnerado con nuestras actitudes.

De esta manera, y luego de todo lo di-cho, podemos comprender mejor el nivel de gravedad que involucra la corrupción para nuestras sociedades. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo pretende contribuir a la prevención de este vicio público a partir de su experiencia en la defensa de los derechos fundamentales de la persona.

El sustento de la intervención de nuestra institución en materia de prevención y lucha contra la corrupción encuentra su asidero en el nefasto impacto del fenómeno para el ejercicio de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes estatales.

Efectivamente, un análisis construido desde las obligaciones estatales, respecto de respetar, proteger y contribuir a la realiza-ción de los derechos de las personas, avala la aseveración de que los actos de corrupción vulneran tales derechos y libertades funda-mentales. La vulneración de derechos es el primer rasgo característico y relevante de la corrupción, según la concepción de la Defensoría del Pueblo.

Frente a este panorama, complejo sin lugar a dudas, la acción preventiva y decidida del Estado para luchar contra la corrupción constituye una tarea impostergable. Si el Estado no cumple con su rol de servidor efi-ciente frente a la ciudadanía, la calidad de la democracia disminuye y esto genera des-confianza en el mejor sistema de gobierno que conocemos, dando paso a propuestas radicales y autoritarias que dañan la moral pública de nuestros pueblos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, el ciudadano (y la

sociedad civil en su conjunto) juega un papel fundamental para combatir el fenómeno de la corrupción. En tal sentido, debemos sacar de nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, lo mejor que guardamos y conservamos, aquella reserva moral que toda persona ate-sora y que la impulsa a la acción que, como ya

hemos recordado con Hannah Arendt, nos conduce a crear un estado nuevo de cosas.

En consecuencia, necesitamos actuar para recrear nuestra cultura pública, para fortalecer nuestros valores sociales y para contar con instituciones más eficientes en el servicio a las personas.

“La vida en comunidad requiere ciudadanos y ciudadanas conscientes de la existencia de los demás. Actuar, decía Hannah Arendt, siempre es actuar con otros”

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En razón de ello, es absolutamente im-prescindible que los ciudadanos y ciudada-nas de nuestro país ejerzan sus derechos, que las personas reclamen y hagan escuchar su voz de protesta cuando sus derechos sean vulnerados por actos de corrupción o por cualquier otro motivo. Sin ciudadanos plenos, capaces de ejercer sus derechos, la lucha contra la corrupción será una tarea infructuosa.

Ello significa, a su vez, que los mismos ciudadanos respeten las normas públicas, que respeten los derechos de los demás, que el núcleo de la ética pública sea una realidad, de modo que podamos consolidar un estado de convivencia en el que nos reconozcamos igualmente dignos.

Este sentido básico de convivencia debe ayudarnos a desterrar la forma más básica y tal vez, por ello más extendida de llevar a cabo un acto de violencia en palabras de Lévinas: “Hacer algo, pensando que somos los únicos en el universo”. 5

La vida en comunidad requiere ciuda-danos y ciudadanas conscientes de la exis-tencia de los demás. Actuar, decía Hannah Arendt, siempre es actuar con otros. Por ello resulta necesario hacer pedagogía social y eso significa, entre otras cosas, que debemos construir una capacidad de sancionar moral-mente a quienes se aprovechan ilícitamente del poder o de los bienes públicos.

La acción estatal es muy importante en la lucha contra la corrupción, pero por sí misma no basta para prevenir y combatir la corrupción. En tal sentido, se debe pro-piciar el activo respaldo y la participación de los ciudadanos que, como consecuencia de la aplicación del enfoque de derechos, se transforman en protagonistas y agentes trascendentales de las medidas para evitar y

combatir el fenómeno, en lugar de concebir-se a sí mismos como simples beneficiarios.

Si bien las reformas sistémicas se orien-tan a disminuir las posibilidades de que se genere corrupción en el ejercicio del poder público, una mirada desde el ciudadano implica el desarrollo de un proceso que construya las condiciones requeridas para que todas las personas se movilicen colecti-vamente para tomar conciencia, demandar sus derechos y afianzar sus capacidades para exigirlos.

Tal proceso exige, asimismo, poner en conocimiento de las autoridades los actos de corrupción que vulneran sus derechos, principalmente de aquellos que se observan y verifican en la cotidianidad.

Esa actuación de los ciudadanos se pro-ducirá a partir de la comprensión de que las responsabilidades en la gestión de lo público no competen solamente al Estado, sino que los involucran. La prevención y la lucha contra la corrupción deben concebir-se como una alianza entre los ciudadanos, los grupos organizados de la sociedad y los funcionarios públicos.

La Defensoría del Pueblo denomina ac-ción colectiva a esas iniciativas conjuntas y estima que trascienden largamente a los que son -sin duda-importantes ejercicios de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana.

La participación de los ciudadanos, mediante la acción colectiva, en las tareas de prevención y lucha contra la corrup-ción, los convierte en protagonistas de la regeneración del tejido social dañado por la devastadora acción del fenómeno y res-tablece el equilibrio en sus relaciones con las autoridades. Ese equilibrio permite un ejercicio de gobierno de mayor calidad, con eficiencia, eficacia y transparencia.

Para obtener el compromiso de los ciu-dadanos con la tarea, es necesario desplegar una amplia estrategia de sensibilización y capacitación acerca de la importancia de su rol en la continuidad del tratamiento del problema y las posibles alternativas para su superación. Dichas acciones conllevan el cometido de reafirmar los valores inherentes a una sociedad democrática que ha elegido un mejor gobierno y protege efectivamente los derechos de las personas y grupos.

Para la Defensoría del Pueblo, utilizar los mecanismos de denuncia constituye un derecho del ciudadano para poner en conocimiento de las instancias correspon-dientes del Estado una situación que implica el mal uso del poder público y que afecta a sus derechos fundamentales, así como para exigir su respeto, protección, defensa y eventual reparación.

El cabal uso de los mecanismos de de-nuncia exige que los ciudadanos conozcan plenamente sus derechos y libertades, además de que se mantengan informados respecto de cómo acudir a las instancias del aparato público para la recepción, trami-tación y solución de los reclamos por los hechos, circunstancias o situaciones que afectan a sus derechos fundamentales. La

utilización de los mecanismos de denuncia dispuestos por el Estado para que el ciuda-dano evidencie los actos de corrupción de los que es víctima, no se agota con la pre-sentación formal de una denuncia.

Adquiere plena realización cuando la administración pública reacciona de manera efectiva y cumple con sus obligaciones y funciones, atendiendo al ciudadano y pro-nunciándose oportunamente de acuerdo con la información proporcionada, sobre las circunstancias evidenciadas y la norma-tividad aplicable.

Al centrarse en la acción del ciudadano, el acceso a los mecanismos de denuncia es considerado por la Defensoría del Pueblo uno de los instrumentos más importantes para prevenir y luchar contra la corrupción, pues esta no solo se centra en la búsqueda de una sanción, sino en la modificación de comportamientos en el espacio público hacia estándares éticos plausibles para el ejercicio de los derechos ciudadanos en una sociedad democrática.

Finalmente, en lo que respecta a la par-ticipación ciudadana para la lucha contra la corrupción, la Defensoría del Pueblo propo-ne un enfoque en el que, tanto el ciudadano como el funcionario público, se comprome-

tan en esta lucha desde una perspectiva no solo del acceso a los mecanismos de denun-cia para evidenciar la corrupción, sino desde una perspectiva preventiva que apunte a fortalecer la ética pública en el país. A este enfoque lo hemos denominado “acción co-lectiva”, término que nos hemos prestado de las ciencias sociales. Se debe entender que esta es una acción concertada y organizada que pretende incidir en una problemática que afecta a la colectividad y contribuir a su solución.

En el caso de la corrupción, esta acción implica la conjunción de esfuerzos de los funcionarios públicos y la ciudadanía organi-zada que impulse el ejercicio de la denuncia de actos de corrupción con el propósito de activar los mecanismos formales de inves-tigación y sanción que franquea el Estado.

En este marco, la acción colectiva no solo resulta valiosa para efectuar tales acciones contra la corrupción en la esfera social, sino para desarrollar políticas concertadas entre el Estado y la ciudadanía organizada.

Desde la perspectiva de las políticas pú-blicas se plantea la forma en que el Estado o los individuos buscan implementar polí-ticas bajo una óptica de bienestar e interés público. En general, la teoría sobre políticas

“La aproximación de la Defensoría del Pueblo, entonces, exige entender al ciudadano como partícipe de la prevención y lucha contra la corrupción”

5 Lévinas, Emmanuel. Difícil libertad. Lilmod

Ediciones, 2005.

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6 Cunill, Nuria. Responsabilización por

el Control Social.

públicas afirma que emergen desde el Es-tado y centran su atención en el objetivo y los medios que tiene el mismo para actuar frente a un tema de interés.

Sin embargo, a esta posición se contra-ponen teorías que se enfocan en la manera en que la sociedad civil propone, se moviliza y actúa frente a problemas colectivos o en la forma en que, de manera mixta, se conciben y crean las políticas públicas, como explica la politóloga Nuria Cunill. 6

La aproximación de la Defensoría del Pueblo, entonces, exige entender al ciu-dadano como partícipe de la prevención y lucha contra la corrupción. Ello permite la afirmación de su responsabilidad cívica, así como la formulación de iniciativas desde la sociedad civil para combatir la corrupción en coordinación con sus autoridades y re-presentantes.

Los seres humanos interactúan en dis-tintos espacios vitales (familiar, laboral, eco-nómico), mediante los cuales, finalmente, se relacionan con el propio Estado. La pre-vención de la corrupción se produce forta-leciendo prácticas éticas en dichos espacios vitales, de modo que no se entienda -como ha venido ocurriendo- que el Estado es el único responsable de tales tareas o el único continente de esas prácticas.

Ellas encuentran una de sus formas más concretas de expresión en la indignación social cuando un ciudadano vecino, com-pañero de trabajo, proveedor, etc., muestra indicios de estar incurriendo en prácticas que contradicen la ética pública y, con ello, en prácticas de corrupción bajo ciertas condiciones. Esta indignación social, por último, se debe manifestar en una sanción moral impuesta por la comunidad, así como en el planteamiento de denuncias, incluso

penales, si se tratase de acciones con con-notaciones delictivas.

El mandato constitucional de defensa de derechos y de supervisión de la adminis-tración estatal, coloca a la Defensoría del Pueblo del lado del ciudadano. Asimismo, define a nuestra institución como una cola-boradora crítica del Estado, lo cual supone brindar argumentos técnicos y fundados en el derecho, contribuciones que permitan fortalecer la acción estatal en favor de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

En tal sentido, frente al acto de corrup-ción, la Defensoría del Pueblo acompaña al ciudadano en su proceso de denuncia, brindándole orientación para que la misma sea efectiva y, si fuera el caso, para que su derecho vulnerado se vea restituido.

No podemos olvidar, luego de todo lo expuesto, que sin la participación del ciuda-dano la lucha contra la corrupción se torna insuficiente.

Por ello, consideramos que la lucha con-tra la corrupción es una lucha de todos, pero fundamentalmente del ciudadano capaz de ejercer sus derechos y capaz de fortalecer con sus actos la ética pública.

Siendo él el protagonista, a la Defensoría del Pueblo le corresponde aliarse con él y apoyarlo. Esta es la lucha de nuestro tiempo. Por ello, en esta lucha contra la corrupción, la Defensoría del Pueblo está del lado de los ciudadanos. z

Mesa de debate “El rol ciudadano en la lucha contra la corrupción” integrada (de izq. a der.) por Fritz Dubois, Director del diario Perú.21; Robert Klitgaard, Experto Internacional; Beatriz Merino (Expositora); Beatriz Boza, Directora Ejecutiva de Ciudadano al Día; Adrián Revilla, Presidente de Proética; y Mariella Balbi, Periodista del diario El Comercio.

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Con relación al marco internacional, empezaré señalando algunos mitos que existen con respecto a la corrup-

ción. El primer mito es: “No fui yo, fue el otro”. Esto es una equivocación, porque el acto de corrupción involucra a quien recibe y a quien propone, es decir, ambos son responsables. También se ha escuchado decir: “La corrup-ción es un delito sin víctimas, es básicamen-te un lubricante para los trámites”. Todo lo contrario: no es un lubricante, es un ácido bastante corrosivo contra la integridad; so-cava la integridad contra las instituciones que representan las personas; aumenta el costo de los trabajos, sobre todo los gastos administrativos ocultos, y puede destruir

reputaciones establecidas. Otro mito que existe es: “No se puede

hacer nada contra la corrupción, es parte del costo de hacer negocios”. Todo lo con-trario, absolutamente es evitable cuando se trata de corrupción, cuando no se tolera y cuando se lucha por instalar una cultura de integridad, donde no existe permisibilidad.

Quisiera contar una pequeña anécdo-ta sobre Pepe, que vivía en la costa. Pepe quería aprovecharse del Tratado de Libre Comercio e inició el negocio de los camaro-nes. Se presentó la oportunidad de exportar camarones a un país del norte. Reunió a los vecinos y pidió un aporte para facilitar el embarque. Pero las especificaciones relacio-

“Enfrentando la corrupción y el lavado de activos con eficiencia: Obligaciones de los Estados-miembro bajo el marco legal internacional”

SR. FLAVIO MIRELLA

REPRESENTANTE EN EL PERÚ Y ECUADOR DE LA

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA

Y EL DELITO (UNODC)

“Enfrentando la corrupción y el lavado de activos corrupción y el lavado de activos corrupción y el

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nadas a este producto son muy concretas, y como sus camarones no cumplían con tales especificaciones, Pepe decidió estratificar el envío y pidió por medio de una coima a quien controla el proceso de exportación que dejara pasar sus camarones en dos contenedores. Finalmente, solo exportó un contenedor, lo que incrementó su costo. Este tipo de soborno es un ejemplo de que no se ganó nada y todos los que invirtieron salieron perdiendo.

La corrupción no es un fenómeno que se limita a determinado contexto, sino que es un problema global que requiere una res-puesta global.

Quiero comenzar hablando sobre la Convención contra la Corrupción que en-tró en vigor en el 2003. Perú es protagonista importante porque fue quien facilitó la ne-gociación cuando había mucha resistencia. Este proceso duró dos años, pero se contó con el apoyo del Perú para limar asperezas,

sobre todo a nivel de enfoque. El Perú fue uno de los primeros países en ratificar la Convención. En el año 2000, el Perú apro-bó también la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado, desde allí que se habla del crimen transnacional organizado junto con la corrupción.

El país, a raíz de este convenio, tiene cier-tas obligaciones divididas en cuatro pilares. La parte fundamental consiste en prevenir que se cometa el delito. Ciertas medidas son obligatorias. Se busca la transparencia en el reclutamiento, la evaluación de funcionarios públicos en base a mérito, equidad y aptitud. Se fomenta la entrada en vigor de códigos de conducta y declaraciones juradas para evitar conflictos de intereses. Se promueve el uso de sanciones administrativas o penales. De modo que, la rotación de personal no es una sanción; la medida que se debe tomar debe ser mucho más contundente.

Se recomiendan medidas para la trans-

parencia en licitaciones públicas y sistemas eficaces de control interno, porque no solo es necesario establecer OCIS, sino que estas puedan tomar medidas correctivas a medida que avanzan los procesos.

También se deben plantear medidas especiales para reforzar la labor de actores claves, como el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta convención no sería completa sino se penalizaran ciertos actos de corrupción. Hay una necesidad de crear cláusulas y delitos específicos de corrupción en cada país.

Por ejemplo: el peculado y el enriqueci-miento ilícito que se describen en los artícu-los 20 y 21; el soborno en los artículos 15 y 20. Esta convención es única porque penaliza las actividades de lavado de activos, ya que siempre hay un fruto ilícito. La parte impor-tante de esta Convención son los artículos 23 y 14, que establecen medidas para prevenir el lavado de activos. También se habla de los plazos de prescripción de estos delitos. El Perú ha hecho algo importante, que es extender estos plazos de prescripción.

La Convención establece que si hay pe-ligro de fuga, se levante del todo el plazo de prescripción. También se detallan otros delitos, como el tráfico de influencias, abuso de funciones, encubrimiento, obstrucción de justicia, entre otros. Uno que no está muy explícito, pero que se debe tomar en cuen-

ta, es la aplicación de pérdida de dominio, que algunos países empezaron ya a aplicar. En este país se ha hecho una revisión de la norma y se espera que en esta revisión se incluyan casos de corrupción.

Otro pilar importante de la Conven-ción, es la cooperación internacional, y en tanto la corrupción es un fenómeno global se debe procurar trabajar investigaciones conjuntas. Hay que pensar en las víctimas de la corrupción. Hay que darle prioridad al dinero perdido en otros sitios y devolverlo para usarlo en la construcción de hospitales y carreteras. Un aspecto importante sobre la recuperación de fondos es la repatriación del dinero que está en otras partes. El artículo 57 de la Convención permite la repatriación.

También quiero mencionar que en te-mas de lavado de activos existe un nutrido repertorio desde hace 20 años que hace hin-capié en la lucha contra el lavado de activos. Si bien la corrupción no tiene fronteras, hay que reconocer que el acto puede suceder en un país bien desarrollado o en vías de desa-rrollo, pero los frutos son lavados a través del sistema financiero internacional y esto está relacionado con países en vías de desarrollo, tramitación de documentos, delitos a gran escala. El objetivo final de la corrupción es uno: disfrutar de bienes ilícitamente adqui-ridos. El lavado ocurre para ocultar la fuente ilícita de esta riqueza.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:

Obligaciones de los Estados

Los cuatro pilares de la lucha contra la corrupción

Medidas preventivas [“Perseguir es bueno, mejor es prevenir“]

Penalización y aplicación de la ley

Recuperación de activos

Cooperación internacional

“La corrupción no es un fenómeno que se limita a determinado contexto, sino que es un problema global que requiere una respuesta global”

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El artículo 23 de la Convención penali-za el lavado de activos. Este fue uno de los puntos contenciosos durante la Convención. Este enunciado articula irrefutablemente la comisión del delito basado en el conoci-miento y la intencionalidad.

Las personas directas son las que trans-fieren el bien con el fin de ocultar la fuente ilícita. La policía busca la fuente directa, pero hay personas indirectas que lo hacen a sa-biendas, es decir, asisten el acto de encubri-miento. Por ejemplo, compran bienes ilícitos a nombre de la persona directa. También hay intermediarios como los banqueros o abogados, que sí están al tanto del origen ilícito de los bienes.

Hay entidades corporativas que se esta-blecen para ocultar la fuente ilícita, algunas sin fines de lucro o fiduciarias. El artículo 23 hace posible la persecución de todo tipo de asociaciones relacionadas con este tipo de encubrimiento. Con esto tenemos un marco que tiene todos los elementos necesarios para luchar de manera frontal, pero también hay limitaciones. Por ejemplo, hay sistemas financieros no formales donde es difícil ras-trear los fondos, entidades de negocios o personas jurídicas que estratifican las fun-ciones; unas que tienen apariencia legal, como las casas de remate, y estos tipos de negocios no están tipificados dentro del grupo del sistema financiero.

Hay sobornos camuflados donde las partes involucradas solicitan becas para miembros de su familia; corrupción a pe-queña escala, que es la corrupción cotidiana que es difícil rastrear porque es del tipo al por menor. Hay que pensar en aplicar medidas novedosas. Se pueden usar experiencias úti-les como las de Nigeria y Uganda, donde se han creado libretas de notas en las cuales

el ciudadano en forma anónima denuncia actos ilícitos.

Si bien he mencionado el tema de la Con-vención, hay una iniciativa que reconoce el papel que debe jugar la empresa, es el Globo Compac, donde las empresas se suman a los esfuerzos del Estado y la sociedad civil para implementar normas y buenas prácticas de derechos humanos, ambientales, laborales, prácticas en general y temas de corrupción.

Quiero mencionar que la corrupción es un delito que depende del proceso de lavado de activos, un esquema anti lavado efectivo debe contribuir de forma decisiva de dos maneras: encontrar las pruebas de esas actividades para llevar a esas personas a juicio y permitir devolver el dinero a las fuentes legítimas, identificar transacciones sospechosas y permitir rastrear flujos ilícitos, y así reconocer que estamos valorando los derechos de las personas.

Debemos reconocer que se está tra-tando de los derechos de las víctimas, cabe mencionar que el gobierno actualmente es-tá elaborando una nueva estrategia de lucha contra el lavado de activos, evidentemente es un pilar importante de los esfuerzos del Estado para luchar contra la corrupción. z

Mesa de debate “Corrupción y transparencia: obligaciones internacionales”, conformada (de izq. a der.) por Gustavo Gorriti, Director de IDL Reporteros; Eduardo Castañeda, Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada; Flavio Mirella (Expositor); Sergio Espinoza, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera; y José Ugaz, miembro del Consorcio Proética.

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1. La corrupción, un peligro latente

“La idea”Existe un dicho alemán que dice que el

deseo es el padre del pensamiento. En el caso de nuestro tema, se podría decir que el deseo es el padre de la corrupción.

Antes del deseo, existe la idea. Estaría bien si la idea se traduce en un deseo y en una vo-luntad: yo quiero conseguirlo.

“Los entrelazamientos”• Los ciudadanos fundan una iniciativa

ciudadana.

• Una muchedumbre de lobbistas está al servicio de la economía.

• Se someten propuestas al Parlamento.• El Gobierno presenta proyectos de ley.Pero para que los sueños se hagan reali-

dad, se necesita apoyo, mayorías y, sobre todo, fondos presupuestarios. Por consiguiente, se trata de una lucha de cada uno contra cada uno, a veces con trucos, otras sin; algunas veces de manera transparente y otras en secreto.

“La olla rebosa”Va subiendo la presión dentro de la olla y,

a veces, la tapa puede salir volando y se mani-fiesta una sopa de corrupción poco apetecible.

La transparencia no siempre es muy po-

La reforma del Estado a partir de la Auditoría de Rendimiento

SR. NORBERT HAUSER

VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CUENTAS DE ALEMANIA

La reforma del Estado a partir de la Auditoría de

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pular. Como a las familias no les gusta mucho tener, por ejemplo, entre sus filas, un miem-bro que sea delincuente, para los directores de una entidad pública resulta sumamente desagradable que detecten, en su ámbito de competencias, casos de corrupción. Y a los co-legas también les molesta que la reputación de la entidad se vea perjudicada. La entidad estará desacreditada y resultará cada vez más difícil colaborar con otras entidades.

La gente no quiere meterse en ámbitos notoriamente corruptos. Además, en Alema-nia, si un funcionario es removido de su cargo, hace falta afiliarlo con carácter retroactivo al seguro social de pensiones, lo que supone una carga importante e imprevista para el presupuesto de la entidad pública afecta-da. Así, al desprestigio se agrega el daño pecuniario. Y si además las autoridades de persecución penal empiezan a investigar, registrando los domicilios e incautando do-cumentos, entonces toda la entidad estará paralizada. O sea que ¿sería mejor ocultarlo, disimularlo, taparlo todo para arreglar las co-sas de forma interna?

Para que no pase esto, se requiere trans-

parencia. Hay que asegurar que haya transpa-rencia desde la idea, pasando por la discusión, hasta llegar a la decisión, la adjudicación de contratos y el control. También es preciso deli-mitar de forma consistente las funciones que corresponden a cada uno. El que tiene la idea, puede y debe discutir, y quizás también tomar una decisión. Pero el que decide, no deberá adjudicar los contratos. Y el que decide y ad-judica, no debe controlar. Lo que hace falta es delimitar claramente las funciones entre varias personas… ¡y no nos dejes caer en la tentación!

2. Contribución aportada por el Tribunal Federal de Cuentas a la prevención de la corrupción

Este es el momento adecuado para expo-ner el papel del “control externo”.

El control externo es el ojo del ciudadano, es decir, del contribuyente. Pero también el ojo del Parlamento y el ojo del Poder Ejecutivo.

Existe una relación fiduciaria entre el Parlamento y el ciudadano. El Poder Ejecuti-vo es el prestador de servicios del ciudadano.

Le incumbe gestionar e implantar. Pero no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. La ocasión hace al ladrón. El control externo contribuye a que haya menos ocasiones y menos ladrones, y, tal vez, a que los ladrones sean detenidos.

Observamos, identificamos, informamos y asesoramos.

El Tribunal Federal de Cuentas, como órga-no supremo del control externo de la Repúbli-ca Federal de Alemania, goza de autonomía e independencia, y no está sujeto a las instruc-ciones ni del Gobierno ni del Parlamento. No poseemos competencias sancionadoras; sin embargo, obtenemos logros apoyándonos en la fuerza de los argumentos. En la gran ma-yoría de los casos, convencer al Gobierno y al Parlamento para que implanten las medidas necesarias para combatir la corrupción. Seguro que no somos los únicos que luchan contra la corrupción. Pero el Tribunal de Cuentas es la fuerza motriz que impulsa las medidas des-tinadas a prevenir la corrupción.

Ahora me gustaría ilustrar, con una serie de ejemplos, la forma de proceder del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas está involucrado ya en la elaboración de las normas que ri-gen la prevención de la corrupción. Según el artículo 23 del Reglamento conjunto de los Ministerios Federales, el Tribunal de Cuentas recibe copias de todo proyecto sometido a la aprobación del Gobierno. Cuando es ne-cesario, emitimos una opinión al respecto, como por ejemplo en el año 1997, cuando se trataba de la Ley Anticorrupción. Lo mismo vale para la directriz sobre la prevención de la corrupción en la Administración Federal del año 1998, y su versión refundida de 2004, que nos fueron transmitidas antes de la adopción por el Gobierno Federal.

El objetivo de la directriz era y sigue sien-do proporcionar a todos los funcionarios y empleados públicos una orientación fácil y comprensible, contribuyendo así a que la ac-tuación administrativa se desarrolle de forma íntegra y transparente. De esta manera, se pretende que los funcionarios y empleados públicos estén informados sobre los princi-pios éticos y el rechazo a la corrupción.

La directriz del Gobierno Federal sobre la prevención de la corrupción en la Administra-ción Federal no solo tiene carácter vinculante para todas las entidades públicas federales, sino también para los tribunales y juzgados federales, las Fuerzas Armadas y para los patrimonios especiales de la Federación. La directriz se aplica también, mutatis mu-

tandis, a las personas jurídicas constituidas con arreglo al derecho público o privado en las que la República Federal tiene la mayoría de las participaciones.

“Contenido de la directriz anticorrupción”

Según la directriz anticorrupción se de-ben tomar las siguientes medidas:

• Identificar y analizar sectores de alto riesgo de corrupción (N.° 2)

• Principio de los “varios ojos” (sobre todo cuando se trata de sectores altamente vul-nerables a la corrupción) (N.° 3.1)

• Transparencia de las decisiones toma-das, también en las fases en las que se pre-paran las decisiones (N.° 3.2)

• En los sectores altamente vulnerables a la corrupción, es necesaria una selección par-ticularmente cuidadosa del personal (N.° 4.1)

• Asegurar la rotación regular del personal (N.° 4.2)

• Designar, para la prevención de la co-rrupción, personas de enlace en el seno de las entidades (N.° 5)

• Establecer unidades orgánicas antico-rrupción independientes en el seno de las entidades que no están sujetas a instruccio-nes (N.° 6)

• Sensibilizar e instruir al personal (N.° 7)• Medidas de capacitación y perfeccio-

namiento (N.° 8)

• Consistencia de la supervisión técnica y jerárquica (N.° 9)

• Informar y tomar las medidas apropia-das en el caso de sospecha de corrupción (N.° 10)

• Principios para la adjudicación de con-tratos (N.° 11)

Concursos (separación de las funciones de planificar, adjudicar y liquidar las cuentas y exclusión de concurso en caso de incum-plimiento) (N.° 11)

• Cláusula de anticorrupción, obligacio-nes de los contratistas públicos según la Ley de Acatamiento de Obligaciones (N.° 12)

• Subvenciones para eventos y entidades; patrocinio (N.° 13)

La directriz contiene también un Código de conducta anticorrupción. El objetivo del código es señalar al personal posibles situa-ciones peligrosas, animar a que las funciones se desempeñen como es debido y según las normas legales, e informar a los funcionarios y empleados sobre los impactos causados por una conducta corrupta.

Asimismo, la directriz abarca una Guía para superiores y directores de entidades públicas, unas recomendaciones para pre-venir la corrupción en el seno de la Adminis-tración Federal, así como orientaciones para identificar, por ejemplo, sectores altamente vulnerables o para facilitar la implantación de la rotación del personal en estos sectores.

Sinopsis de la contribución del Tribunal de Cuentas

El control externo y la lucha contra

la corrupción

Contribución aportada por el Tribunal Federal de Cuentas

Emitir opiniones sobre los proyectos que se someten a la aprobación del Gobierno

Comprobar la implantación de la directriz anticorrupción

Auditorías ejemplares

“El Tribunal de Cuentas está involucrado ya en la elaboración de las normas que rigen la prevención de la corrupción”

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“Comprobar la implantación de la directriz anticorrupción”

Desde 2001 hemos realizado varias audi-torías para comprobar la implantación de la directriz, informando tanto a los ministerios como, en intervalos regulares, al Parlamento sobre los resultados obtenidos.

A través de nuestra labor fiscalizadora, detectamos ciertas deficiencias y pudimos formular una serie de propuestas:

• no existen sectores exentos del riesgo de corrupción;

• los riesgos no son analizados y faltan criterios uniformes de evaluación; su desa-rrollo es imprescindible;

• no es recomendable clasificar como sector vulnerable a graves riesgos en uni-dades organizativas enteras si, en realidad, los cargos de alto riesgo son unos pocos. De lo contrario, se ve perjudicada la aceptación general por parte del personal;

• el concepto de rotación del personal debería ser implantado de forma consistente;

• en general, no existe un concepto cohe-rente para la capacitación y el perfecciona-miento del personal; también faltan medidas de formación interministeriales; se requieren mejoras;

• no existen normas sobre la supervisión técnica y jerárquica; estas normas deberían ser elaboradas;

• las personas de enlace que actúan en el seno de las entidades no poseen el dere-cho legal de proteger a sus informantes; sin embargo, consideramos que proteger las fuentes de información es imprescindible para asegurar que las medidas preventivas sean efectivas;

• falta un defensor del Pueblo al que pu-

dieran dirigirse los ciudadanos; opinamos que, para poder utilizar bien la información proporcionada por los ciudadanos, es preciso que se designe a una persona de enlace para informantes externos.

El Ministerio del Interior integró nuestros resultados de auditoría en su Informe anual sobre el desarrollo y los resultados de las me-didas anticorrupción en el seno de la Adminis-tración Federal, el cual se somete cada año, desde 2005, al Parlamento. En el Parlamento, incumbe a la Comisión de Cuentas Públicas deliberar sobre estos informes y adoptar las resoluciones que se someterán al Gobierno.

La Comisión de Cuentas Públicas pue-de ser considerada un socio del Tribunal de Cuentas. En el sistema de las comisiones par-lamentarias, la Comisión de Cuentas Públicas desempeña un papel excepcional. Aquí, las discrepancias entre la mayoría y la oposición revisten mucho menos importancia que en otras comisiones parlamentarias. Hay que mencionar que también informamos a la Comisión de Presupuesto, a la Comisión de Finanzas, a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, a la Comisión de la Defensa, etc., pero nuestro socio más importante es la Comisión de Cuentas Públicas. En su seno son tratados cada año unos cien informes; los ministerios federales afectados están obligados a comparecer y a testimoniar. Antes de las sesiones, redactamos, para los ponentes, unas propuestas de resolución. La Comisión suele aprobar entre el 95% y 100% de nuestras propuestas. Tras la aprobación, se dirige una solicitud a los ministerios para que tomen las medidas de mejora o subsanen las deficiencias detectadas.

Como ya he mencionado, la Comisión de Cuentas Públicas delibera el informe some-tido por el Ministerio Federal del Interior so-

bre el estado de las medidas anticorrupción. Nosotros emitimos una opinión sobre este informe, explicamos los resultados obtenidos a través de las auditorías y las recomenda-ciones que corresponden. Tras las delibera-ciones, la Comisión toma las decisiones que estime pertinentes y dirige sus solicitudes a los ministerios.

Hasta el momento, la Comisión de Cuen-tas Públicas ha apoyado todas nuestras re-comendaciones y dirigido las solicitudes correspondientes al Gobierno.

Ejemplos de auditorías

Auditoría de los sistemasHace algunas semanas empezamos con

una auditoría denominada “Notificación de sospechas de corrupción y conclusiones en casos detectados”.

Según la directriz anticorrupción ya mencionada, en caso de sospechas de co-rrupción, la fiscalía y la autoridad superior han de ser informadas sin demora. Además, han de abrirse diligencias internas en el seno de la entidad afectada y tomarse las medidas adecuadas para prevenir cualquier tipo de ocultación (de acuerdo con el artículo 10.1 de la directriz).

En el caso de incoación de diligencias, la

autoridad superior federal competente se verá obligada a informar cada año, a través de un cuestionario, al Ministerio del Interior sobre el asunto. Los cuestionarios remitidos se dividen en información sobre:

• el inicio de investigaciones penales con-tra funcionarios o empleados, según el caso, acompañadas por medidas disciplinarias;

• investigaciones exclusivamente disci-plinarias contra el personal;

• investigaciones contra terceros;• procedimientos terminados definitiva-

mente en el año de la notificación.En una auditoría que efectuamos en 2009

en el ámbito de la administración de aduanas, comprobamos que la cifra indicada de los procedimientos penales incoados en 2008 no equivalía a la cifra notificada al Ministerio Federal del Interior para el mismo año.

En esta y otras auditorías constatamos que la aplicación completa y correcta de las medidas propuestas en la directriz an-ticorrupción contribuye a reducir, desde el principio, el riesgo de corrupción y a impedir realmente que surjan casos de corrupción. Sin embargo, también comprobamos que existían una serie de insuficiencias en las acciones preventivas de corrupción.

Con la auditoría que estamos realizan-do ahora, pretendemos identificar posibles

deficiencias de las acciones preventivas de corrupción. Controlamos una serie de deli-tos y de sospechas de corrupción en varias autoridades supremas federales para iden-tificar posibles puntos comunes obvios en el análisis de los puntos débiles y formular recomendaciones con el fin de contribuir a una mejora en el futuro. Nuestra intención es comprobar, por ejemplo:

• si, a la hora de detectar el delito de co-rrupción, las medidas preventivas de corrup-ción eran suficientes y eficaces y, dado el caso, la razón por la que fracasaron;

• si existen deficiencias en la implanta-ción de la directriz anticorrupción (estructura orgánica y funcional, supervisión técnica y jerárquica, recursos humanos) que, en el caso particular, favorecían el riesgo de corrupción;

• si las conclusiones sacadas de los acon-tecimientos y las medidas tomadas para responder a los resultados de los controles eran adecuadas para prevenir futuros casos de corrupción.

Otro objetivo de la auditoría es verificar si las autoridades supremas federales ana-lizan las conclusiones relativas a los delitos de corrupción identificados en su ámbito de competencias, si formulan recomendaciones aplicables en su sector y si estas se ponen a disposición.

“Hasta el momento, la Comisión de Cuentas Públicas ha apoyado todas nuestras recomendaciones y dirigido las solicitudes correspondientes al Gobierno”

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Auditoría de casos particulares

El Tribunal de Cuentas no es una autori-dad pública que se encargue de las investi-gaciones sobre corrupción. Esto es asunto de la fiscalía. Sin embargo, lo que hacemos es remitir información si, en casos concre-tos, tenemos pruebas fiscalizadoras de que existen indicios de corrupción.

Ejemplo: Agencias de colocación

Hasta el año 2002, en Alemania solo existía una agencia de colocación públi-ca. En aquel año se estableció, a través de una ley, un sistema de bonos para recom-pensar a empresas de colocación privadas que habían colocado exitosamente a un solicitante de empleo. De esta manera se quería generar competencia en el mercado laboral. Además, el Parlamento esperaba aumentar así el número de trabajadores que encuentran empleo. Según la exposición de los motivos de la ley, se debería limitar todo tipo de fraude y de “efecto de peso muerto”.

En el año 2003 auditamos el sistema de bonos para la colocación de solicitan-tes de empleo. En un tercio de los casos, detectamos indicios o pruebas de efectos de peso muerto o de una utilización frau-dulenta de los bonos. En 2004 informamos al Parlamento sobre nuestros resultados. A finales del mismo año fue modificada la ley correspondiente.

En 2006 presentamos los resultados de una auditoría de seguimiento sobre el mismo asunto. Comprobamos que el nú-mero de los casos de fraude con los bonos emitidos en el año 2005 había disminuido de forma significativa. En 2005 no pudimos

detectar esta forma de fraude. En el año 2003 habíamos detectado muchos casos en los que los trabajadores fueron colocados en empleos que en realidad no existían. Esta forma de fraude tampoco se pudo detectar en el año 2005.

Ejemplo: Instituto Federal de Supervi-sión del Sector Financiero

En el Instituto Federal de Supervisión del Sector Financiero solemos auditar la adjudicación de contratos en el ámbito de la técnica de información. En una auditoría concreta, constatamos que un jefe de di-visión había cooperado con una empresa para pagar, con fondos públicos, contratos fingidos, y repartido, entre él y la empresa, los importes cobrados.

El jefe de división se mostraba muy hábil a la hora de eludir las medidas pre-ventivas de corrupción. Conseguía esquivar el principio de doble control, lo que en Ale-mania llamamos el principio de los cuatro ojos, cerrando sus propios ojos y engañan-do a una colaboradora subordinada con su disimulación. ¡El daño causado fue de va-rios millones de euros! Como resultado de nuestros informes de auditoría, la entidad fue reorganizada y se tomaron las medidas disciplinarias y penales apropiadas.

3. Otras situaciones de riesgo elevado

Participación de personas externas en la labor gubernamental

Ahora quisiera exponer un aspecto to-talmente diferente, pero que también tiene que ver con influencias y con los riesgos de corrupción que podrían surgir.

“Es imprescindible que la administración pública posea, por lo menos, aquellos conocimientos técnicos que le permitan realizar una evaluación básica y preparar las decisiones necesarias”

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En el año 2006, el Tribunal de Cuentas pu-blicó un informe sobre los problemas típicos que se plantean a la hora de recurrir a asesores externos. Aquel informe abarca también una serie de aspectos claves a tener en cuenta para que este instrumento sea aplicado de forma responsable.

También nos referimos en concreto al riesgo de que las decisiones estatales pu-dieran depender de asesores externos. En el informe, recomendamos que solo se recurra a personas externas cuando sea imprescin-dible y eficiente. Exigimos que se desarrollen objetivos, acuerdos y mecanismos de control muy precisos y que se garantice un nivel de transparencia suficiente.

En 2008 publicamos otro informe sobre las actividades desarrolladas en el seno de ministerios federales por personas externas que pertenecen a empresas privadas y asocia-ciones. En este informe recomendamos esen-cialmente que el gobierno federal establezca unas normas vinculantes para la actuación de las personas externas, que se elimine cualquier

tipo de dependencia económica y que se exija transparencia y control.

Inmediatamente, el Parlamento y el Go-bierno se han ocupado de todos los aspectos tratados en nuestro informe. Apoyándose en las recomendaciones presentadas por el Tri-bunal de Cuentas, el gobierno federal emitió, unos pocos meses después del segundo infor-me, en 2008, una disposición administrativa.

Gracias a la disposición administrativa, fue implantada la mayoría de nuestras re-comendaciones, pero no la totalidad, como, por ejemplo, la recomendación de que la disposición se aplicara también al personal de empresas públicas. En algunas partes, la disposición administrativa no está formulada con precisión. Además, no se resolvieron los casos que todavía estaban pendientes.

En una audiencia de la Comisión del In-terior del Parlamento alemán convocada en 2009, tuvimos la oportunidad de precisar, junto con unos peritos externos, nuestras ideas so-bre el tema. También tratamos los aspectos relacionados con la influencia de los lobbistas

y con el comportamiento de ciertos ex miem-bros del gobierno federal.

En 2008 habíamos propuesto al Parlamen-to que se estableciera, para los ministros que, después de haberse retirado del gobierno federal, y tuvieran la intención de acceder a algún cargo fuera del servicio público, debe-rán sostener un periodo de espera obligatoria. En Alemania, por ejemplo, la entrada de ex funcionarios públicos en empresas privadas está prohibida si se viera afectado el interés de la entidad pública.

En cuanto a los funcionarios, el periodo obligatorio de espera para poder acceder a empleos fuera del servicio público es de 3 a 5 años (artículos 105.1 y 105.3 de la Ley de Fun-cionarios Públicos) en Canadá son 5 años; en el Reino Unido, 2 años y se necesita permiso). En mi opinión, sería también conveniente esta-blecer un registro obligatorio de lobbistas. Con este instrumento, las influencias ejercidas por los diferentes grupos de interés de la sociedad serían más transparentes. Se trata aquí de un aspecto que me lleva al próximo punto:

Se trata de las relaciones entre las entida-des públicas y personas externas. Me refiero a la contratación y a la actuación de expertos, de representantes de sindicatos, de seguros de enfermedad, de organizaciones no guber-namentales, etcétera.

El Gobierno recurre a estas personas ex-ternas no solamente para desarrollar ciertos programas (por ejemplo, de cooperación técnica, proyectos de investigación, etc.) sino también para que asistan en la elaboración de proyectos de ley, e incluso para que participen en la redacción de los proyectos.

Aquí, en este punto, donde las funciones públicas chocan con los intereses de la econo-mía privada o de ciertos grupos, surgen unos riesgos considerables que pueden perjudicar la regularidad y la buena gestión del sector público. En sentido figurado se puede decir que existe el peligro de que el lobo con piel de oveja se vaya a pastar con el rebaño.

Por este motivo, es absolutamente nece-sario subrayar que todo tipo de influencia que perjudique el principio fundamental, según el cual el Estado debe actuar de forma neutral, no solo representa un atentado contra la toma de decisiones democráticamente legitimada.

Es posible que, a raíz de estas influencias, los fondos públicos no sean utilizados de acuerdo con el bien público. Sin embargo, tampoco conviene que las entidades públicas y su personal se aíslen. Esto sería poco realista. Además, tenemos que admitir que el sector público moderno no puede prescindir de conocimientos especializados. También hay que tener en cuenta el juicio crítico de los di-ferentes agentes.

Pero que quede claro: Las decisiones to-madas en el ejercicio de las funciones públicas básicas deberían ser transparentes y libres de conflictos de interés y de influencias manipula-

doras. Una condición crucial para garantizarlo es la integridad personal de los cargos públicos.

Es imprescindible que la administración pública posea por lo menos aquellos conoci-mientos técnicos que le permitan realizar una evaluación básica y preparar las decisiones ne-cesarias. Esta es la única manera de descartar que la administración dependa de asesores externos.

Apoyándonos en nuestras experiencias fiscalizadoras, hemos sometido al Parlamento un informe que contiene una serie de criterios útiles para analizar el recurso a la asistencia de asesores externos:

• Como regla general, en lo que se refiere a las competencias estatales centrales, las funciones públicas han de desempeñarse de forma autónoma y con los propios medios de la administración. Las excepciones solo son ad-misibles en casos especialmente justificados.

• Incumbe a la propia administración pú-blica poner a disposición, de forma perma-nente, los recursos necesarios y calificados para preparar, diseñar y evaluar las medidas públicas. Los recortes de plantilla no deben servir de excusa general para recurrir a asesores externos. Los recortes de plantilla no deben servir como excusa general para renunciar a establecer prioridades para el empleo de personal público.

• Es preciso descartar cualquier tipo de dependencia, tanto desde el punto de vista económico como técnico. Incluso la aparien-cia de ser influenciable puede causar un daño enorme.

• Es necesario asegurar, en cada momento, un máximo de transparencia. La participación de personas externas en las decisiones toma-das por el sector público debe ser transparente para todos. Deben documentarse los motivos, los riesgos y los resultados de tal participación.

“En el año 2006, el Tribunal de Cuentas publicó un informe sobre los problemas típicos que se plantean a la hora de recurrir a asesores externos. Aquel informe abarca también una serie de aspectos claves a tener en cuenta para que este instrumento sea aplicado de forma responsable”G

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Participaciones del Estado en empresas

Código de Buen Gobierno PúblicoPara actuar, el Estado no solo se sirve de la

administración pública, sino también directa e indirectamente de empresas que pertenecen al patrimonio público y de empresas en las que el Estado tiene participaciones o en las que alguna empresa pública tiene participaciones.

Tras una serie de concursos de empre-sas privadas, una comisión gubernamental adoptó, en el año 2002, el Código Alemán de Gobierno Corporativo, que se aplica a las com-pañías alemanas cotizadas en bolsa. Según lo establecido en el artículo 161 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, las empresas han de declarar, cada año, que han actuado conforme a dicho código.

En el año 2004, el Tribunal de Cuentas pen-saba que sería conveniente tener un código corporativo propio para aquellas empresas estatales que caen en el ámbito de vigencia del Código Alemán de Gobierno Corporativo. Entonces fue creado un grupo de trabajo inter-ministerial integrado por representantes de los ministerios de Finanzas, Justicia, Interior y del Tribunal de Cuentas de Alemania.

En 2007, el grupo presentó el primer pro-yecto de un Código de Buen Gobierno Público. El proyecto fue discutido en una audiencia de expertos realizada en 2008, en la que partici-paron miembros de la junta directiva de PWC, KPMG y Ernst & Young, así como representan-tes del Tribunal de Cuentas. El 30 de junio de 2009 entró en vigencia el Código de Buen Gobierno Público.

El Código se aplica a todas las entidades en las que la Federación tiene una participación mayoritaria, que desarrollan una actividad co-mercial o económica. El Código no se aplica

a aquellas empresas que ya disponen de un propio código de gobierno corporativo con normas comparables, como por ejemplo las empresas federales cotizadas en bolsa o los bancos.

Cuando se trata de una participación minoritaria, es obligatorio contribuir a la aplicación del Código. Para las participaciones federales indirectas, la aplicación del Código es considerada recomendable. Mientras tanto, una larga serie de empresas públicas federales han cumplido el principio comply and explain, es decir, cumple o explica, y establecido, en sus estatutos, unos propios códigos de buen gobierno, como, por ejemplo, la sociedad anónima Ferrocarriles Alemanes (Deutsche Bahn AG).

El Código de Buen Gobierno Público tam-bién representa un código anticorrupción. En el Código, la prevención de la corrupción es considerada una tarea común de la junta di-rectiva y el órgano de vigilancia. Así, no solo le compete al órgano de vigilancia supervisar a la junta directiva, sino que le incumbe también controlar que la junta directiva informe sobre las medidas aplicadas para la detección antici-pada de riesgos y las acciones de prevención (según lo establecido en el artículo 91.2 de la Ley sobre Sociedades Anónimas).

Esto abarca expresamente las medidas anticorrupción (primer párrafo de los comen-tarios sobre la cifra 3.1.3 del Código). Según el Código de Buen Gobierno Público, la pre-vención de la corrupción es un aspecto que pertenece al ámbito del denominado com-pliance. El compliance, o sea, el cumplimiento, comprende todas las acciones destinadas a garantizar que la empresa, la junta directiva y el personal actúen de acuerdo con las normas legales y el estatuto, y que se descubran todas las infracciones posibles.

Particularmente en lo que se refiere a este último aspecto, el Código subraya que es tarea de la junta directiva tomar las medidas (organi-zacionales) que convengan. La junta directiva tiene que gestionar y supervisar adecuada-mente los riesgos (véase el art. 91.2 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, segundo párrafo de los comentarios). El Código garantiza que la prevención de la corrupción esté integrada en el marco de la gestión y supervisión de los riesgos. En lo que se refiere a la estructura de la empresa, el Código dispone que la unidad organizativa competente para las medidas anticorrupción estará directamente subor-dinada a la junta directiva.

En general, las empresas públicas federa-les están estructuradas de acuerdo con estas disposiciones. Y, por lo menos las empresas de gran envergadura, disponen de un Chief Compliance Officer, es decir, un Jefe de la Ofi-cina de Cumplimiento, que se encarga de la anticorrupción. Por ejemplo, a raíz de unos escándalos de espionaje, en la sociedad anó-nima Ferrocarriles Alemanes esta función fue jerárquicamente ascendida al nivel de la junta directiva.

Revisión ampliada de las cuentas

Si en Alemania, una corporación territorial, por ejemplo una ciudad, un Estado Federado o la misma República Federal, tiene la mayoría de las participaciones en una empresa cons-tituida con arreglo al derecho privado, esta corporación territorial (digamos por ejemplo la República Federal) puede exigir que la revi-sión de cuentas efectuada por los censores de cuentas cumpla unos requisitos más exigen-tes (de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Principios Presupuestarios).

Entonces, el censor de cuentas se verá obligado a auditar también la regularidad de la gestión. El censor tendrá que exponer la evolución del patrimonio y de los beneficios, así como la liquidez y la rentabilidad de la socie-dad. Si existen pérdidas con un impacto con-siderable en el patrimonio o en los beneficios de la empresa, el censor ha de exponer, dado el caso, las razones que motivaron la conclusión de negocios no rentables. Lo mismo vale para las razones que han causado un impacto ne-gativo en las cuentas de pérdidas y ganancias.

En las normas de auditoría del Instituto Alemán de los Revisores de Cuentas, en con-creto en la norma número 720, se precisan los detalles de estas revisiones ampliadas. Estas normas fueron redactadas, de forma común, por los representantes de los censores de cuen-tas y del control externo de Alemania.

A iniciativa del control externo, los princi-pios anticorrupción básicos fueron integrados en el sistema de la revisión de cuentas amplia-da. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley Pre-supuestaria General, el informe del censor de cuentas anteriormente mencionado debe ser sometido, junto con el informe principal, al Tribunal de Cuentas.

En el informe, el censor ha de tratar, entre otros, los aspectos siguientes:

• Tema: Bases de la estructura orgánica y funcional

¿La junta directiva ha tomado y documen-tado las medidas para prevenir la corrupción?

•Tema: Auditoría interna

¿Cuándo fue la última vez que la audito-ría interna informó sobre la prevención de la

“En concreto, las medidas aplicadas principalmente son: el doble control a la hora de efectuar nuestras auditorías in situ, la rotación de los auditores que integran un equipo de auditoría y el principio de colegialidad”

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corrupción? ¿Existen informes escritos sobre estas revisiones?

Según el Código Alemán de Comercio (ar-tículo 321.1.3), el censor de cuentas informará sobre las infracciones normativas detectadas y sobre aquellas pruebas que podrían indicar que los representantes legales o los emplea-dos hubiesen incumplido gravemente la ley o los estatutos en vigor. Estas disposiciones se refieren expresamente, según la norma de auditoría número 720 (cifra 17) ya menciona-da, a los hallazgos sobre la corrupción y las medidas preventivas.

4. Medidas anticorrupción en el seno del Tribunal de Cuentas de Alemania

El último aspecto que quisiera tratar aquí es más bien una autocrítica. La influencia que tiene el Tribunal de Cuentas, como represen-tante del control externo, en la recaudación y utilización de los fondos públicos, no debe ser subestimada. Nosotros mismos también adjudicamos contratos para asegurar el buen funcionamiento de nuestros departamentos.

Compramos, por ejemplo, ordenadores u otros equipos de trabajo, y a veces tenemos que adjudicar contratos de obras para nuestros inmuebles. Nuestras recomendaciones, emi-tidas en ejercicio de las labores fiscalizadoras, pueden tener unos impactos financieros de gran extensión en las empresas.

Así, por ejemplo, en Estados Unidos, los medios de comunicación informaron que la Oficina General de Auditoría (GAO) había para-lizado la compra de unos aviones cisternas por varios miles de millones de dólares. También en Alemania, el Tribunal de Cuentas había emitido una opinión acerca de la cantidad

necesaria de aviones militares de transporte.En estas circunstancias, no es posible evitar

que ciertos grupos de interés intenten influir, con los instrumentos de la corrupción, en las decisiones del Tribunal de Cuentas.

Por este motivo, es importante aplicar, también en nuestras oficinas, las medidas anti-corrupción adecuadas. En el seno del Tribunal de Cuentas existe, para la secretaría general, un oficial de enlace encargado de la prevención de la corrupción. Su tarea es garantizar que se cumplan, en nuestros mismos contratos de compras, los requisitos y las recomendaciones acerca de la corrupción.

Aplicando las medidas apropiadas, nues-tros departamentos de fiscalización han conseguido garantizar que no pueda haber ninguna influencia en nuestros resultados de auditoría. En concreto, las medidas aplicadas principalmente son: el doble control a la hora de efectuar nuestras auditorías in situ, la rota-ción de los auditores que integran un equipo de auditoría y el principio de colegialidad.

Los órganos colegiados, integrados por los jefes de división y los directores de los departa-mentos así como, cuando se trata de auditorías de gran envergadura, de los presidentes, y el principio de unanimidad, que rige la toma de decisiones en el seno de los órganos colegia-dos, son particularmente útiles para impedir cualquier forma de influencia externa. z

Mesa de debate “Estrategias para una gestión pública limpia y eficiente”, conformada por (de izq. a der.) Lourdes Linares, Representante del Banco Mundial; Ramiro Mendoza, Contralor General de Chile; Norbert Hauser (Expositor); Robert Klitgaard, Experto Internacional; y Jorge Yzusqui, Presidente de IPAE.

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En primer lugar quiero agradecer al Contralor General de la República, señor Fuad Khoury Zarzar, por su

distinguida invitación, ya que para mí es un honor y un privilegio estar compartiendo con todos ustedes este debate sobre un tema fundamental, y felicitarlo porque, de acuerdo como se va desarrollando, creo que es muy significativo e importante; estoy seguro y espero, que sea trascendente. Mi ponencia es sobre el ser del peruano, que está muy vinculado al tema.

Para adentrarse en la problemática de nuestro país, es indispensable intentar com-prender el ser del peruano en un abordaje multidisciplinario desde todas las perspecti-vas posibles. Mi contribución corresponde a mi identidad psicoanalítica y a mi ideología inconsciente y consciente de lo que significa para mí ser peruano.

Mi observación y vivencias del desa-rrollo de nuestra idiosincrasia, historia y

cultura es una tarea sumamente difícil, por las diferencias que van desde lo ambiental y lo geográfico, por un lado; hasta lo ra-cial, lo histórico y lo lingüístico, por otro. Sierra, Costa y Selva traducen experiencias distintas, así como brechas enormes entre las diversas clases socioeconómicas y edu-cacionales, sin desconocer las posibilidades de aspectos comunes.

La pobreza y la miseria, incompatibles con la dignidad humana, conducen a un considerable número de personas a un déficit afectivo, espiritual, psíquico, ético e intelectual, y a un evidente riesgo de caer en la corrupción, el narcotráfico, la delin-cuencia, el contrabando, el terrorismo, etc. Y hay quienes no estando en esta situación, lamentablemente también caen en estas sociopatías.

El peruano proviene fundamental-mente de una dualidad física, psíquica y cultural de polaridades. Dentro de estas se

SR. SAÚL PEÑA KOLENKAUTSKY

PRESIDENTE HONORARIO DE LA SOCIEDAD PERUANA

DE PSICOANÁLISIS

La cultura de la corrupción: El ser del peruano

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encuentra el instinto de vida, Eros, frente al instinto de muerte, Tánatos; la creativi-dad y la destructividad, el amor y el odio, lo autóctono y lo foráneo, la pobreza y la riqueza, la libertad y la esclavitud, procesos de identificación y de contra identificación en expresiones literales y simbólicas.

Siguiendo un modelo médico, psicoa-nalítico y humano, es necesario reconocer nuestro mestizaje integrando los aspectos indígenas y los hispánicos de nuestra iden-tidad con otras influencias raciales, sociales y culturales, como expresión simbólica in-ternalizada de dos culturas principalmente y de la trascendencia de cada una de ellas. Asimismo, de la anfimixis genética y cultural, que da como resultado la peruanidad, algo propio que no poseen las culturas que al unirse la concibieron tomando en cuenta a la población menos favorecida.

Por las investigaciones hechas por el doctor Carlos Alberto Seguín, recogidas en su libro Convivencia, un estudio de la reali-dad peruana, se puede llegar a la conclusión de que el peruano, sobre todo el que vive en la capital, proviene de una sociedad sin padre o con un padre abandógeno, margi-nador, prepotente, autoritario, que utiliza a la mujer para luego maltratarla, dejarla, incluso impregnada; esta se convierte en una madre desamparada, deprimida, des-esperanzada, y bajo una compulsión repe-titiva emprende relaciones dependientes con muchos hombres quedando con hijos de diferentes padres. Esto se ve agravado por la gran cantidad de embarazos de ado-lescentes y una falta de planificación de la natalidad; la proporción de niños muertos por abortos inducidos es tremendamente alta, así como el índice de mortalidad. Los déficits arriba mencionados conducen a

la promiscuidad, al incesto, al desafecto, a la frialdad y a la estructuración de una personalidad con traumas acumulativos y tremendamente destructivos.

Históricamente, puede concebirse que la violación genocida y de rapiña ejercida por los conquistadores, con una falsedad en sus principios religiosos, propició una identificación del peruano con el agresor y con el sometimiento. Las instituciones y la historia política de los líderes y de los gobernantes posteriores a la Conquista, la Colonia y el Virreinato, con honrosas excepciones, no muestran un interés por el país ni por los otros, sino por su propio beneficio. Recomiendo leer: 184 años de corrupción en el Perú y de impunidad, de Héctor Vargas Haya.

La patología política es más lesiva que la individual. El peruano está perdiendo la credibilidad y la confianza en las institucio-nes, incluyendo el clero; hay una injusticia que tendríamos que restituir.

Si representamos simbólicamente a la madre como lo indígena y al padre como lo español, percibimos la agresión destructiva, el abandono, la exclusión, la devaluación y aun la descalificación del aspecto materno en relación al idioma, la lengua quechua, que ha sido marginada desde la Conquista hasta nuestros días por el país oficial. Garci-laso, Huamán Poma de Ayala, Túpac Amaru y Arguedas sobresalen en sus intentos de restitución en diferentes momentos. Es necesario consolidar nuestra identidad de origen con la identidad universal, dado que los valores de la humanidad, en conjunción con los propios, son los que representan más plenamente al hombre; en vez de una posición chauvinista, endogámica y limitan-te, es importante tender hacia una cópula

exogámica y desprejuiciada; así reconoce-mos el carácter integrador de la educación, la identidad y la cultura.

Un logro esperado por mucho tiempo es el derecho de la mujer a una educación igualitaria, quizás esta sea la contribución más valiosa de nuestra identidad y cultura, luego de superar prejuicios anacrónicos, sustentados en una envidia destructiva, malsana y de una profunda ingratitud. La mujer peruana, gracias a la educación, entre otros factores, está consolidando su independencia y aporte espiritual, sexual, económico y político.

Las clases pudientes y medias pueden tener felizmente una educación, una eco-nomía y un conocimiento que les permite una situación muy diferente a la del pobre o desvalido, que está expuesto a situaciones deplorables y a sentimientos de venganza y revancha. Contamos con paradigmas como José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Jorge Basadre, José María Arguedas, Raúl Porras Barrenechea, Víctor Andrés Belaunde, Julio C. Tello, Blanca Varela y Leopoldo Chiappo, que han destacado en el Perú y en el mun-do, y actualmente Francisco Miró Quesada Cantuarias, Gustavo Gutiérrez, Luis Jaime Cisneros, Mario Vargas Llosa y Javier Pérez

de Cuéllar, entre otros, son personas uni-versales cuyos alcances son reconocidos mundialmente.

Habría que entender al peruano con las diferencias que se han anotado antes en términos de su realidad inconsciente, de su infancia y de su constelación edípica, es decir, de su relación con su madre y su padre, de las relaciones de ellos con él y de la relación que ha percibido entre estos; para comprender mejor su identidad, es necesario ver las influencias familiares, am-bientales, nutritivas, educativas, socioeco-nómicas, culturales y políticas; su desarrollo psicoafectivo, sexual, emocional, laboral, de realización personal; y las expresiones filosóficas, ideológicas, éticas y religiosas, sus defensas primordiales, sus relaciones actuales y la importancia de la transferencia. Como decía Basadre en 1947 en Meditacio-nes sobre el destino histórico del país: en el Perú nos encontramos con los podridos, los congelados y los incendiados. Yo agregaría a las personas que sustentan su existen-cia en la apariencia, con una interioridad no hueca, falsa; pero felizmente tenemos que reconocer y admirar la existencia de peruanos íntegros, sensibles y amantes de la paz y la vida.

Los podridos, dice el historiador, son los que han prostituido y prostituyen las palabras, los conceptos, los hechos y las ins-tituciones al servicio exclusivo de sí mismos; los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos y no miran sino a quienes son sus iguales y nadie más existe; los incendia-dos se han quedado sin iluminar y se agitan sin construir. Que el Perú se escape de estas amenazas y que no se pierda por la inacción de los peruanos, dice el maestro.

He considerado indispensable hacer una relectura de las contribuciones más importantes sobre el tema y he elegido para realizar este análisis inconciliable Siete ensayos de interpretación de la realidad pe-ruana, de José Carlos Mariátegui, cuyo pen-samiento era libre, espontáneo y natural; dedicó su vida a trabajar cognitiva, afectiva y comprometidamente para el pueblo perua-no, afirmando las características propias de nuestra realidad. En Peruanicemos el Perú advirtió de la necesidad de formar con raíz nacional la conciencia de los peruanos.

A Mariátegui, un imperioso mandato vital le ordenaba poner toda su sangre en sus ideas; es relevante su especulación po-lítica, ideológica y humana. Europa consti-tuyó el sustento de su universalidad unida

“La patología política es más lesiva que la individual. El peruano está perdiendo la credibilidad y la confianza en las instituciones, incluyendo el clero; hay una injusticia que tendríamos que restituir”

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a su peruanidad, a la que potenció; y nos comunica su profunda intuición cuando reconoce no ser un crítico imparcial ni objetivo y manifiesta que se nutre de sus ideales, sentimientos y pasiones; es decir, de su subjetividad.

En el primer capítulo, sobre la economía colonial, con el mayor respeto y gratitud profunda, me permito discrepar del Amauta cuando él dice que la Conquista aparece en lo económico más netamente que en cualquier otro campo. Creo que aparece más en el terreno humano, dado el some-timiento, la impotencia, la violación, la hu-millación y el despojo, constituyéndose en el trauma primordial de nuestra historia. El pensamiento individualista es igualmente válido; si no es contrario a la otredad y al sen-timiento gregario, pueden existir paralela y válidamente sin perjuicio uno del otro; va a depender de la esencia del individuo y de la específica comunidad.

La tierra ha sido siempre la alegría del indio. El indio ha desposado a la tierra; sien-te que la vida viene de ella y vuelve a ella. González Prada, el precursor de una nueva conciencia social, manifestaba que nada cambia más pronto ni más radicalmente la psicología del hombre que la propiedad. No sé si lo demás, pero considero que es importante por lo que esta significa para la mente y el espíritu.

Los conquistadores intentaron destruir la cultura inca, se distribuyeron el botín de guerra; el Virreinato estableció un régimen de brutal explotación que diezmó a la po-blación aborigen, reducida a un estado de servidumbre y esclavitud; se trataba al peón como a una cosa y no como a una persona. El padre De las Casas sobresalió humani-taria y civilizadamente en defensa de los

indios: para el trabajo de las haciendas se recurrió a la importación de esclavos negros y se mezcló una sociedad feudal con una sociedad esclavista.

Posteriormente, llegaron considera-bles contingentes de inmigrantes chinos para sustituir a los esclavos negros. La ser-vidumbre del indio no disminuyó bajo la República: se convirtió en una especulación demagógica y preelectoral de algunos cau-dillos; las revueltas, algunas tempestades del indio, fueron ahogadas en sangre; per-siste el enfrentamiento no solo consciente, sino inconsciente, entre el espíritu autóc-tono y el de mentalidad colonial.

Las ideas de la Revolución Francesa y de la Constitución estadounidense fueron difundidas en Sudamérica. La revolución histórica de la independencia sudamericana fue inspirada y movida por los intereses de la población criolla y aun de la española más que de la indígena. La peruanidad enfren-ta problemas éticos de encubrimientos. Es necesario detectar y esclarecer, así como comprender, la violencia, la crisis de identi-dad, los complejos de culpa y la mitomanía social. Los encuentros y los desencuentros en relación a la trascendencia de la historia peruana mantienen un halo diverso.

La identidad peruana existe; no la idea-lizada ni la denigrada, sino la real, la que incluye el reconocimiento de lo creativo y lo destructivo, del amor y del odio, de la proximidad y la distancia, de la cultura y la ignorancia, de la pobreza y la riqueza, de la verdad y la mentira, de la guerra y la paz, de la dependencia y la independencia, del sometimiento y la liberación, de la vida y la muerte.

Los residuos de la Conquista, de la Colo-nia y del Virreinato, y de muchos periodos

de la República, han determinado que el peruano viva espacios de sometimiento ex-ternos e internos; lamentablemente, existe en gran medida que el peruano es falso y que trata de aparentar o aparecer como éti-co y justo, en su vida cotidiana trata de sacar beneficios con una identidad distinta entre lo que dice y lo que hace; el tipo de defensa

que utiliza no solo en la negación, sino en la inversión, en la que trata de aparecer como algo bueno lo malo que hace.

Existen andinos que tratan de mantener y sobrevivir con sus ideales primigenios y ser consecuentes con ello, pero al encon-trarse en un medio ambiente nuevo, tratan de hacerle experimentar lo que sienten del

ambiente hacia él: la marginación; pierden sus valores y se convierten en seudocrio-llos sin conciencia moral, sin importarle a quiénes atropellan, porque es así como se han sentido ellos mismos.

Algunos líderes son expresión hiper-trofiada del falso ser y de una corrupción interior, las aspiraciones exacerbadas de

“Pero también hay peruanos prósperos, con ética, que no les gusta abusar de los otros, trabajadores creativos y positivos que no tienen que envidiar a ningún otro ciudadano del mundo”

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sí mismos; no se habla suficientemente de los temas esenciales, trascendentes y sustantivos que vienen perpetuándose por mucho tiempo. Es como si estos problemas desde la Conquista se trataran de encubrir y de no enfrentar decisivamente a favor de una escisión de los peruanos y en contra de nosotros mismos, como si se negara su existencia siendo visibles y evidentes, como son el racismo y la pobreza.

La herencia de factores negativos co-loniales y virreinales tienen que ver con la hipocresía, el encubrimiento y la mentira, que ha llegado a ser institucionalizada. Esto no niega la responsabilidad del peruano actual, que no puede justificar su compor-tamiento y conducta adjudicándolos a su historia política o familiar; debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Los que no dicen la verdad, suelen caer muy mal. La mentira está vinculada al autoritarismo, a la carencia de educación y a limitaciones personales, familiares, económicas y éticas.

Todo esto genera una falta de autoes-tima desde los sectores más deprimidos hasta los más encumbrados. Pero también hay peruanos prósperos, con ética, que no les gusta abusar de los otros, trabajadores creativos y positivos que no tienen que en-vidiar a ningún otro ciudadano del mun-do. El poder no es suficiente. Percibimos a personajes con un poder enorme y que, sin embargo, se sienten amenazados y per-seguidos interiormente, su comunicación es desconfiada, paranoide, y tratan de elimi-nar este temor de adentro por el de afuera inexistente, pero muy en consecuencia con su tendencia ambiciosa compensadora.

El día en que haya amor auténtico, espontáneo, natural, entre los que con-formamos la peruanidad, esta va a llegar

muy lejos. Liberarse de los prejuicios es muy difícil y, reitero, solamente podrá lograrse algo si esto se resuelve gradual, genuina, libre y responsablemente. Los propios in-dios dan señales de una nueva conciencia: el problema indígena no puede encontrar su solución sin reconocer la insensibilidad moral de generaciones y de épocas.

Ser peruano es reconocer nuestra cul-tura y nuestros ancestros indígenas. Su imperativo es superar nuestra fractura o luxación psíquica y cultural. Mientras no integremos al indígena, seguiremos siendo medio peruanos, como dijeron Riva-Agüero y Mariátegui. Se ha articulado con lo mejor del conquistador y también con lo peor y, sin embargo, todavía se mantiene margi-nado, denigrado y despreciado al indio, al quechua y su raza como si fuera inferior, de ahí que un elemento indispensable sea dejar atrás su miseria y pobreza y educarlo digna, real y verdaderamente.

La libertad es como el oxígeno para el espíritu y fundamental para cualquier ser humano que asume con dignidad lo que es; la tiranía oprime la voluntad de un pueblo y sofoca su impulso vital.

Es importante desligarnos de prejui-cios ancestrales, atávicos y destructivos. La identidad y el ser del peruano está en la potencial capacidad de integrarnos con la certidumbre, la confianza, el amor, la pa-sión lúcida y creativa para un nosotros que incluya genuina y auténticamente todas las sangres. z

Mesa de debate “La cultura de la corrupción: El ser del peruano”, conformado (de izq. a der.) por: Ricardo Uceda, Presidente Ejecutivo de IPYS; Máx Hernández, Secretario Técnico del Acuerdo Nacional; Julio César Turbay, ex Contralor General de Colombia; Saúl Peña (Expositor); Richard Webb, Director del Instituto Perú; y Hugo Neira, docente del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres.

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Estoy realmente muy honrado de estar aquí, muy contento por esta distin-guida invitación que se me ha hecho.

Agradezco al licenciado Fuad Khoury Zarzar la gentileza de haberme invitado, a los po-nentes y al respetable público.

Es un tema complicadísimo, la verdad, el de los medios de comunicación y su in-fluencia en la percepción y detención de la corrupción; entonces, lo que yo voy a hacer es plantear algunas ideas y, a veces, voy a ser un poco provocador con las cosas, pero esto es un poco para suscitar un poco de debate.

¿Cuál es el papel de los medios de co-municación en el tema de corrupción? Va-mos a encontrar que hay diferentes formas de tratar el tema. Aquí vamos a empezar con lo que nosotros esperaríamos que hicieran los medios de comunicación, cómo serían

sus funciones. Si tomamos el paradigma liberal, no el paradigma muy usual en el mundo angloamericano, lo que esperaría-mos es que los medios sean proveedores de información, para que el ciudadano tenga información veraz, oportuna, confiable, y pueda tomar decisiones. Esta sería su función ideal.

Segunda función ideal de los medios: que sean una arena de debate de los temas más importantes en el espacio público, que reflejen los puntos de vista que están en debate sobre un tema en momentos de-terminados; y, finalmente, y esto es lo que interesa para el punto de la corrupción, que sean vigilantes salvajes del poder, no que estén ahí fungiendo como una especie de perro guardián y levantando las alarmas cuando descubran o desvelen casos de

SR. MANUEL GUERRERO

PERIODISTAACADÉMICO DE

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE MÉXICO

Medios de comunicación y su influencia en la percepción y detección de la corrupciónG

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corrupción en el o desde el poder. ¿Qué condiciones ideales se requieren

para tener esto? En términos generales, dos. Primero: que los medios funcionen dentro de los mercados plurales, es decir, que exis-ta una pluralidad externa, varios tipos de medios, en manos distintas; que no existan mercados que tiendan a la concentración monopólica, oligopólica, etc. Segundo: que funcionen con independencia, es decir, que la independencia será medida por la dificul-tad para hacer las transferencias de recursos informales o indebidos.

Sabemos que existen algunos países que tienen perfectamente reglamentado cómo se hacen transferencias gubernamen-tales a los medios, como parte de las políti-cas de comunicación gubernamental, pero aquí las transferencias serían transferencias irregulares; y luego, si todo esto se lleva a cabo, pues tendríamos la premisa esencial: la percepción sobre lo que sucede en la vida política o la vida pública en general.

Para la gran mayoría de los ciudadanos en todo el mundo, uno de los elementos cen-trales es la información mediática; es decir, no voy a decir que desayuno con el senador todos los días ni que veo al Presidente ni nada, lo que informo es lo que ellos hacen a través de los medios, y entonces tenemos los datos, los sacados del Latinobarómetro, acumulados del 2006 al 2008, y ahí vemos claramente que el latinoamericano se in-forma sobre los asuntos políticos y funda-mentalmente por los medios: la televisión y la radio, los diarios, las revistas y luego con otras formas de comunicación.

También tenemos que en los últimos años cada vez más los medios en América Latina han destapado, han mostrado casos de corrupción en Brasil, en México, en Perú,

en Argentina, etc., y esto desde luego que es una tendencia que se refleja en las per-cepciones, porque hace 20 o 30 años esto no era así.

Los medios no estaban montados en esta ola de corrupción que hace pensar de pronto que la corrupción ha crecido y ahí están las percepciones, de nuevo, los datos del Perú en el Latinobarómetro: ¿cuántos funcionarios públicos son corruptos? Bueno, ahí está el porcentaje de políticos que se cree que son corruptos; más corrupción en los políticos que en el resto de la sociedad. ¿Piensa usted que entre los políticos hay más, igual o menos corrupción que en el resto de la sociedad? Uruguay suele salir

desde hace varios años en los escalafones más bajos, y en los escalafones más altos tenemos a Paraguay. El caso de Argentina también ha ido subiendo recientemente, y aquí Perú estaría en el cuarto lugar.

El progreso en la reducción de la co-rrupción. ¿Cuánto cree usted que se ha progresado en corregir la corrupción en las instituciones del Estado en estos dos últimos años? Tendríamos en América Latina algo de 38% y en el escalafón más bajo estaría Perú, pero estos son datos del 2008, porque esta pregunta no se hizo para el 2010.

¿Qué sucede con todo esto? Hay una especie como de sensación agridulce en to-do esto, porque por un lado hay un festejo

de este destape, hay mayor transparencia, mayor vigilancia mediática, estamos cono-ciendo más cosas; pero, por otro lado, todos aquellos funcionarios que están encargados de las políticas de combate a la corrupción que han hecho trabajo serio, empiezan a preocuparse, porque empiezan a decir “ca-ramba, si a partir de que nosotros estamos haciendo este trabajo, la gente empieza a percibir, si estamos peor, ¿adónde vamos a llegar?”.

Entonces se suele culpar a los medios de esta información. Aquí está el último Índice de Percepción de Corrupción de Transpa-rencia Internacional. Puse a México, que solía ser un gran compañero de Perú en los

Función de los medios de comunicación en regímenes democráticos:

- Proveer a la ciudadanía con información para fundamentar elecciones, opiniones y decisiones.- Ser ellos mismos una arena de debate.- Ser vigilantes contra el abuso de poder y la corrupción (Watchdog).

Condiciones ideales

Para cumplir con estos roles es necesario que los medios: - Funcionen dentro de mercados plurales (varios tipos de medios en manos diferentes).- Funcionen con independencia (medida por la dificultad para transferir recursos).

¿Hasta donde son responsables los medios?

-Medios fijan agenda (agenda-setting)- Medios destacan ciertos aspectos (priming)-Medios proponen “encuadres” o “marcos de referencia” (framing)

¿Y los efectos?La mayor efectividad depende

-Conocimiento previo - Efecto sorpresa- Cercanía subjetiva - Recordación

Todo esto implica: “lectura en contexto”

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¿Cómo se informa usted de asuntos políticos?América Latina 1996 - 2008

*Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100%

Fuente: Latinobarómetro 1996 - 2008

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indicadores, y ahora parece que Perú está empezando a hacer las cosas bien y noso-tros en cambio nos estamos empezando a hundir.

Hay algunas teorías sobre periodismo que muestran que ellos fijan la agenda, es decir, los medios nos llegan a decir cuáles son los temas que son importantes a partir del debate continuo sobre ellos. No quiere decir que sean los temas objetivamente importantes, pero son los temas que se convierten en agenda pública, que se des-tacan constantemente y que pueden llegar a afectar la percepción de cómo la gente toma esos temas, y entonces esos temas se vuelven importantes en la opinión pública.

Los medios también destacan ciertos aspectos: cómo más o menos plantean las notas, cómo se lleva a cabo el fraseo de los encabezados de los periódicos, de los noti-cieros en la televisión, en la radio, etc. Pero también en la radio ponen encuadres o cier-tos medios de referencia. En el momento en que se trata de determinar la forma, la nota se está construyendo, se está reconstruyen-do también una forma de mirarla; se nos está proponiendo un ángulo desde el cual mirarla, y entonces también tenemos que recordar que no hay inocencia en la forma como se retrata y como se reproduce la nota.

El mismo suceso puede ser tratado de dos o más formas, dependiendo de qué me-dio estamos nosotros consumiendo. ¿Y los efectos dónde quedan? Como decimos en México, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa; en términos de los efectos, la mayor efectividad del efecto depende de varias cosas.

Primero, de la cantidad de conocimien-to previo que la gente tenga sobre ciertos temas. O sea, aquellos que se dedican al

márketing político, saben que la gente ya va teniendo ciertas imágenes de los partidos, de los candidatos, y entonces convencerla de que los candidatos a quienes se asocia con mucha corrupción son candidatos que prometen manos limpias, es muy chocante para la población; puede tener un efecto negativo.

Segundo, la cercanía subjetiva con el tema. ¿Qué tan cercanos nos sentimos con el tema si solamente hacemos campaña diciendo que ya todo ha cambiado, que realmente estamos comprometidos con la corrupción, pero en el momento que voy a hacer el trámite aquí en el municipio, me encuentro con que me piden una coima?

Bueno, entonces toda la parafernalia mediática se va a caer, porque se impone esa cercanía que yo estoy teniendo con el tema, y esto afecta muchísimo a países en donde tenemos diferentes niveles de gobierno, donde entre el gobierno local hay una fase de gobierno intermedio y el gobierno federal o nacional. Puede que este gobierno a nivel federal esté llevando polí-ticas serias de combate a la corrupción, por ejemplo, en adquisiciones públicas o en la administración pública federal, pero en el ni-vel local puede ser que los gobiernos locales no estén en esta misma sintonía, y entonces la sintonía de la corrupción constante acá va a afectar la imagen incluso que se tenga del gobierno y el descrédito también del gobierno federal.

Luego el efecto sorpresa, y este efecto sorpresa es conocido también como comu-nicación, porque en publicidad se sabe que si yo digo “vamos a hacer un anuncio de ja-bón”, la gente pensaría que si es un jabón para ropa, seguramente tendrá a una señora lavando o la lavadora funcionando; ya espe-

“Cada vez más los medios en América Latina han destapado casos de corrupción; y esto desde luego que es una tendencia que se refleja en las percepciones”

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ramos que salga utilizándose el jabón. Pero ¿qué pasa si el anuncio de jabón nunca me muestra el jabón y me muestra un campo de flores, por ejemplo? Entonces, es imposible que yo recuerde el anuncio del jabón que no tiene el jabón, porque rompe con los es-quemas que yo ya tenía predeterminados y pensados, que eran estos que me mostraban siempre los esquemas de los anuncios del jabón, y esto genera efectos de recordación. Es una palabra horrible, pero es una pala-bra que se utiliza mucho en publicidad, que tiene que ver con la forma como la gente va recordando.

Esto quiere decir que cuando se han lle-vado a cabo, por ejemplo en el caso mexi-cano, cuando entró el presidente Fox en el año 2000 y se comprometió con el tema de la transparencia, la gente empezó a recordar que se pasó una política de transparencia, una Ley Federal de Transparencia, se creó un instituto de transparencia y cada una de las secretarías, que son los equivalentes de los ministerios acá, tuvieron unidades de enlace, que son esas oficinas que resuelven las dudas y que le dan la información a la ciudadanía. Todo eso se publicitó mucho, pero como eso sí existía, la gente empezó a recordarlo.

Pero eso fue en el gobierno anterior, ahora estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico y la historia es comple-tamente otra. Pero eso ¿qué implica? Que la gente hace lecturas en contexto, que no es solamente el efecto de lo que aparece en los medios, sino que aparecen en los medios y yo lo voy a leer en el contexto donde yo me sitúo, dónde vivo, dónde tengo mis expe-riencias cotidianas.

Por ello, la variable clara también es la credibilidad del mensajero. No quiere decir

que todo lo que aparezca en los medios va a ser tomado a pie juntillas por la ciudadanía y va a trasladarlo a sus esquemas mentales y va a decir que todo está lleno de corrupción y por lo tanto nada se soluciona.

¿Cuánta credibilidad le damos también al mensajero? De nuevo ahí están los datos. ¿Cuánta confianza hay en la radio? Bueno, pues el promedio para América Latina. Ahí está Perú: siempre aparece en los tres luga-res más bajos de confianza en los medios de comunicación; en la radio solamente está arriba de Ecuador y Guatemala; en la televisión, solo arriba de Guatemala; y en los diarios, empatados Perú y Guatemala.

Esto quiere decir que en América Latina, en muchos países, solemos ver la relación medios-vida política bajo sospecha cons-tante, y esto hace que para nosotros, en mu-chos casos, los medios no han cumplido con estos tres famosos roles que yo hablaba al principio: vigilancia, información, ser are-na pública de debates, etcétera, sino que realmente han tenido una serie de intereses cruzados con las clases dominantes.

Se ha generado en América Latina una especie de modelo liberal capturado, en donde también el individuo percibe que no todo lo que aparece en los medios es con-secuencia realmente de una investigación bien hecha, un rastreo de información y el servicio del interés público, sino que tam-bién puede haber ahí intereses comerciales de los propios medios o intereses políticos de unos grupos contra otros, además de que no existen a veces en América Latina mecanismos adecuados para proteger al periodista de condiciones que dificulten el propio desarrollo del periodismo como profesional.

Hay ejemplos límite de estas situaciones.

“La mejor comunicación es una política anticorrupción, pues tiene que ver realmente con la política de acciones”Por ejemplo, las capturas del regulador en el caso de México y Brasil. Las agencias que se encargan de la regulación mediática de las comunicaciones tienen funcionarios y empleados públicos que trabajaron antes en esas empresas de medios de telecomu-nicaciones. Tenemos ejemplos de injerencia abierta, como el caso venezolano, y también la injerencia abierta camuflada, como el ca-so de los “vladivideos”, de los que ustedes conocen mucho más que yo.

Entonces, en este escenario, tanto el si-lencio como la cobertura sobre corrupción responden no necesariamente a lo que se percibe como una labor periodística, sino a este interés extraperiodístico, que pue-de ser económico, de presiones políticas y que el lector o la audiencia radioescucha es medianamente consciente de que algo no es suficientemente claro en esa relación.

Esto nosotros lo encontramos cuando se hizo en México la primera campaña desde el gobierno como campaña gubernamental para decir que el asunto contra la corrup-ción iba en serio. La intención de toda esta campaña es precisamente convencernos de que la corrupción nos rodea y de que no está bien involucrarnos en ella, de que cuesta trabajo hacer las cosas bien.

Nosotros hicimos una evaluación de toda esta campaña utilizando la técnica de los grupos de enfoque, entrevistas a profundidad, etcétera., y nuestros resulta-

dos eran que la gente se volvía mucho más cínica frente a la corrupción, porque no sola-mente no creía lo que estábamos diciendo, sino que coincidió, lamentablemente para el Gobierno Federal, con un momento en donde nosotros también tuvimos nuestros video-escándalos.

Entonces, a mediodía podían ver estos anuncios por ahí y, cuando llegaban a casa, en el noticiero de la noche veían el pedazo del video-escándalo donde estaba un fun-cionario público recibiendo un maletín lleno de dinero, y entonces decían que cómo es posible que el gobierno esté diciendo esto y que a estos señores les estén dando estos maletines llenos de dinero. Estas contradic-ciones ayudaron también a tirar esta cam-paña, que no terminó de funcionar mucho.

Se hicieron otros intentos, pero siem-pre con esta lectura de contexto en donde no basta la comunicación directa, en este caso propagandística, para decir “estamos cambiando las cosas”. Eso genera un aspec-to de recordación, pero no necesariamente cambia la forma como nosotros vamos a relacionarnos con la autoridad.

El problema es que todo esto tiene con-secuencias negativas a la percepción del sistema, y es un error derivar conclusiones por separado cuando hacemos análisis de los medios, de la posición de los partidos. En realidad, es parte de un todo general en donde las acciones son fundamentales.

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Hay que tomar acción para ir corrigiendo los pequeños lugares donde se van llevan-do a cabo estas situaciones de corrupción y denunciarlas; y en el plano institucional, desde luego, que los mecanismos se van reforzando mutuamente, sin un Poder Ju-dicial, sin cortes autónomas, se debilitan los medios y con ellos, débiles o capturados, no se favorece la probidad política.

En uno de los “vladivideos” aparece por ahí el señor Montesinos hablando sobre una conferencia de prensa de un candidato Al-berto Andrade que no fue televisada; y él dice claramente que ningún canal transmitió la conferencia, por lo tanto, la conferencia no existió. Entonces, en realidad es el resultado no solo de que los medios estén capturados, sino de que las demás instituciones también lo estén, y eso en el nivel de la corrupción ayuda a que se lea en ese contexto y con una historia determinada en el vacío de la información mediática.

Concluiría simplemente con que la lec-tura que se hace del contenido mediático se lleva a cabo en un contexto de baja con-fianza en el entramado legal e institucional. El retrato de la corrupción de los medios los puede hacer jugar un rol de jueces, pero si no hay una consecuencia del escándalo que aparece en los medios; si el Poder Judicial no lleva a cabo acciones: si las procuradu-rías no funcionan, si no hay acciones reales;

pues entonces todo lo que aparezca en los medios por parte de la comunicación gu-bernamental puede generar un efecto de retorno y por parte de los desvelos de co-rrupción que haga la misma prensa, puede también generar aún mayor descrédito de todo el tramado legal e institucional.

Por lo tanto, concluiría con que la mejor comunicación es una política anticorrup-ción, pues tiene que ver realmente con la política de acciones. Yo realmente creo, có-mo decían el señor Klitgaard y el señor Neyra hace un momento, que hay que llevar a cabo acciones; si nos esperamos a que la actitud cambie, no va a cambiar jamás. Hay que lle-var a cabo los resultados, y cuando se den resultados, se hará más visible la corrupción, que de todas maneras todo el mundo sabe que existe. La percepción de la corrupción está empeorando en el mediano plazo. Esto puede ser mucho más beneficioso para la vida pública y hay ejemplos de países que en el corto plazo llevan a cabo acciones de corrupción, salen los escándalos, la gente piensa que hay más corrupción, pero si esas políticas públicas se mantienen en el me-diano plazo, la percepción va cambiando. Necesitamos entonces actores públicos y políticos comprometidos realmente con el combate a la corrupción. z

“En América Latina, en muchos países, solemos ver la relación medios-vida política bajo sospecha constante”

Mesa de debate “Medios de comunicación y su influencia en la percepción y detección de la corrupción”, conformada (de izq. a der.) por Gustavo Rodríguez, Comunicador, Escritor y Director Creativo de Toronja; Alfredo Torres, Director de Ipsos Apoyo; Manuel Guerrero (Expositor); Juan Carlos Tafur, Director de Diario 16; Laura Puertas, Directora Periodística de América Televisión; y Juan Paredes Castro, Editor Central de Política del diario El Comercio.

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Para nosotros, en la Confederación Nacional de Instituciones Empre-sariales Privadas (CONFIEP), y para

los empresarios del Perú, es realmente un honor poder estar aquí y felicitar la iniciativa del Contralor por tener el coraje de tocar abiertamente en público, con cámaras de televisión, un tema tan importante y tan difícil como es el tema de la corrupción.

Nosotros, desde la CONFIEP, estamos comprometidos desde el inicio de nuestra gestión y desde las gestiones anteriores, desde que se crea la CONFIEP, en crear una institución y hacer que las instituciones que forman parte de ella estén comprometidas en la lucha contra la corrupción.

Yo quisiera decirles que desde que ini-ciamos nuestra gestión hace dos años, tuvi-mos como meta comprometer a los gremios

empresariales en una lucha frontal contra la corrupción. El señor Roque Benavides es testigo de que una de las condiciones para que yo aceptara la presidencia de la CON-FIEP fue comprometer a los gremios de la CONFIEP en que cada uno de ellos tuviese un código de conducta, cosa que no es nueva, porque Roque Benavides también es testigo de que durante la gestión que tuvimos en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre los años 2000 y 2001, hi-cimos un código de conducta; es decir, el compromiso del empresariado peruano en la lucha contra la corrupción no es de hoy día, es un compromiso que viene de tiempo y se viene gestando también poco a poco.

Creemos nosotros que hoy el empre-sariado peruano de todos los tamaños tiene la conciencia de que trabajar con

SR. RICARDO BRICEÑO VILLENA

PRESIDENTE DE LA CONFIEP

(MARZO 2009 - FEBRERO 2011)

El empresariado y su compromiso en la lucha contra la corrupciónG

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ética, trabajar bajo sistemas de moral, de lucha contra la corrupción, da resultados de largo plazo; eso lo venimos trabajando y está involucrado, introducido, dentro del quehacer de nuestras instituciones. Noso-tros venimos trabajando en dos partes: eje-cutamos y promovemos algunas cosas, y también apoyamos y participamos con el gobierno en otras.

Primero ejecutamos y promovemos có-digos de conducta empresarial. Como lo he mencionado, somos parte del Pacto Mun-dial de las Naciones Unidas, participamos en la encuesta de percepción de corrupción que organiza Proética y apoyamos todas aquellas iniciativas del gobierno central o de los gobiernos regionales o locales en su

lucha contra la corrupción. Nunca ninguno de los miembros de CONFIEP ha rehusado ser parte de una comisión del gobierno que esté involucrada en la lucha contra la corrupción.

En marzo de 2009, como les dije, de-cidimos elaborar y aprobar códigos de conducta para cada uno de los gremios empresariales. Esta es una tarea de la que muchos decían que era imposible que en un año 22 gremios que forman la CONFIEP puedan suscribir sus códigos de conducta; esto se ha hecho, y en el plazo de un año, hoy día podemos decir que los 22 gremios que conforman la CONFIEP tienen códigos de conducta colgados en su página web, apro-bados por sus directorios y hechos sobre la

base de inducción con todos sus miembros y cada empresa con sus trabajadores.

Estos códigos de conducta, que no son necesariamente de lucha contra la corrup-ción, pero evidentemente tienen dentro de sí un contenido de comportamiento ético, los podemos resumir porque son 22; 22 códi-gos diferentes que tienen como principales compromisos: cumplir con la ley, con el país, apoyar a las autoridades y la defensa de las economías de mercado, comportamiento ético, veraz y trasparente, buen gobierno corporativo, respeto y cuidado del ambiente, condena y rechazo a los actos de corrupción, buen servicio a los clientes, vocación de ser-vicio, responsabilidad social, respeto a las personas, respeto a la diversidad cultural.

Estos códigos son en realidad para nosotros algo que va más allá de simple-mente una lucha contra la corrupción; es un código de comportamiento. Pero todos ellos y nosotros creemos que el tema de la corrupción no se trata solamente de una cosa puntual, sino que es un conjunto de comportamientos en el que la ética, la moral y la conducta en general tienen que ser guia-das por principios que sí son monitoreados dentro de la CONFIEP.

Como decía, los 22 gremios han suscrito los códigos y recientemente la CONFIEP ha suscrito también un código que engloba los códigos de todos los gremios. Este ha sido aprobado en el directorio de hace un mes y será presentado oficialmente al país en el marco de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción el próximo 27 de este mes. El código de conducta de la CONFIEP dice: CONFIEP y los gremios empresariales que la conforman, declaran su firme compro-miso de:

i. Actuar respetando los principios de-mocráticos en el marco vigente y las liberta-des individuales de conciencia y expresión.

ii. Respetar y valorar a la persona y su diversidad en todas nuestras actividades,

participando con eficacia en el diálogo social.

iii. Colaborar efectivamente en la pro-moción y el fortalecimiento de un Estado transparente, moderno y eficiente que esté presente en todos los lugares del país, que incentive la inversión y el empleo y que cum-pla con su función de proveer educación pública, salud, seguridad y justicia a todos los peruanos.

iv. Promover la iniciativa privada en la actividad económica, respetando los derechos de terceros en el marco de la economía de mercado con legítima y libre competencia.

v. Impulsar los objetivos empresariales considerando el interés general y teniendo en cuenta los principios de equidad, veraci-dad y transparencia, rechazando cualquier acto de corrupción.

vi. Estimular la responsabilidad social, respetando la ley, principios y fines de la empresa, los consumidores, los competi-dores, los derechos humanos, la sociedad, la ética, la cultura y el ambiente.

Estos son los principios que rigen al empresariado nacional. Creo que hemos dado algunos pasos en la dirección correcta. ¿Ahora qué nos queda? Para que esto no

“Creemos que hoy el empresariado peruano, de todos los tamaños, tiene la conciencia de que trabajar con ética, trabajar bajo sistemas de moral, de lucha contra la corrupción, da resultados de largo de plazo”

DESCENTRALIZACIÓN

FORTALECIMIENTO GREMIAL

NEGOCIOS INTERNACIONALES

ÉTICA EMPRESARIAL

COMPETITIVIDAD

RELACIONES LABORALES

CONFIEP vela por los intereses de todos los empresarios

Agenda para promover el crecimiento económico sostenible y el empleo

Competitividad para aprovechar las

oportunidades de un mundo globalizado

Empresariado de estándares de clase

mundial

Favorecer la formalización y la creación de empleos de calidad

Inversión es igual a empleo

Oportunidades para todos los peruanos

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quede solamente en el papel, el siguiente paso es que cada uno de los gremios cuente con un órgano supervisor del cumplimien-to de los códigos de conducta. Ya algunos gremios lo tienen, pero no todos, pero ese es el siguiente paso, porque no basta con que las empresas, las asociaciones o los gremios suscriban pactos o códigos si no los van a cumplir; y ese es el compromiso que tenemos en la CONFIEP: de que el si-guiente paso será que cada uno, según sus formas y sus maneras, tendrá un órgano de supervisión y control de la ejecución de estos compromisos.

Luego tenemos otro aspecto, que es el Pacto Mundial. Como ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo lo que se llama el Global Compact, que es un compromiso ético, voluntario, promo-vido por ella y que involucra a empresas en todo el mundo. La CONFIEP es el Secretario Técnico del Pacto Mundial en el Perú y ya se han suscrito a este pacto 90 empresas en el Perú. ¿Qué es lo que busca el Pacto Mun-dial? Busca que las empresas integren en sus estrategias y operaciones 10 principios básicos referidos a los derechos humanos, temas laborales, cuidado del ambiente y de lucha contra la corrupción.

En el Perú tenemos, como digo, 90 em-presas que ya han suscrito el Pacto Mundial.

El próximo mes en Paraguay hay una re-unión de monitoreo. Así como se ha mo-nitoreado el Day Business, estas empresas también son monitoreadas y auditadas, y se ve si cumplen o no con los compromisos que han adquirido. Claro, esto no es para todas las empresas del Perú, pero podemos estar seguros de que -me imagino que Ro-que Benavides, quien ha suscrito a nombre de su compañía este compromiso, pueda darles más explicaciones- estamos dando pasos reales, compromisos ante la sociedad, ante el mundo entero, de comprometernos a actuar con disciplina, equidad y contra la corrupción.

Ejecutamos y promovemos la Encues-ta Nacional Anticorrupción. Nosotros en la CONFIEP apoyamos y somos parte de la encuesta que Proética hace año a año. La señora Mercedes Aráoz ha mencionado los resultados de la encuesta; esa encuesta es hecha con participación del empresariado y de la CONFIEP, en especial.

Yo quisiera detenerme un poco en la comisión anticorrupción. El año pasado se nos invitó a participar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la verdad es que a los empresarios del Perú se nos invita a participar en una infinidad de co-misiones del gobierno. Lo malo es que se crean estas comisiones por ley; además,

no son comisiones que se crean de un día para otro. Hay una ley de la República que crea la comisión tal o cual, y normalmente estas comisiones, como la de Seguridad Nacional, la de Corrupción, etc., están conformadas por una lista interminable de altísimas autoridades y las leyes dicen que forman parte de la comisión el minis-tro o su representante, el Contralor o su representante, la Defensoría del Pueblo o su representante, el presidente del Poder Judicial o su representante, el presidente de la CONFIEP, el presidente de Proética.

Entonces terminamos en comisiones de 15 personas, donde los representantes del sector público son funcionarios de tercer nivel y los representantes del empresaria-do son de primer nivel, pero son minoría. Eso iba a suceder con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Nosotros habíamos estado con el Primer Ministro anteriormente quejándonos justamente de este tipo de comisiones, que en realidad no funcionan, porque se les da unas enormes atribuciones, pero los que van a la comisión no tienen nin-gún poder de decisión, entonces pedimos y obtuvimos que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción no tuviese posibilidad de tener representantes.

¿Quiénes conforman la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción? La conforman

el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el ministro o la ministra de Justicia, el alcalde de Lima, el presidente de los gobiernos regionales, el presidente de la CONFIEP, el presidente de Proética y el secretario técnico del Acuerdo Nacio-nal. La verdad es que a mí me entusiasmó enormemente ser parte de esta comisión, donde tenemos a las cabezas de los órganos constitucionales del Perú, sin delegación alguna; el Contralor de la República fue invitado y decidió no ser parte de esta co-misión; igualmente, la Defensora del Pue-blo fue invitada y dijo que asistiría como observadora. Esa es para mí la institución más importante que tendría el Perú y puede hacer todo aquello que la doctora Mercedes Aráoz acaba de proponer.

Porque ahí donde están las cabezas de todos los órganos constitucionales del país, tiene poderes casi absolutos, y donde tenemos una representación de la sociedad civil a través de la CONFIEP, Proética y el Acuerdo Nacional, a mí me da mucha espe-ranza. Esta comisión se ha inaugurado hace más o menos 14 meses, hubo una sesión inaugural en la que tuvimos una asistencia regular y luego nunca tuvimos quórum por cuatro o cinco sesiones. Siempre asistimos el presidente del Poder Judicial, el presi-dente de la CONFIEP, el representante de Proética y el del Acuerdo Nacional no ha llegado todavía; pero el alcalde de Lima nunca asistió, nunca fue; nunca ha ido la Fiscal de la Nación tampoco.

Entonces, si no hay decisión política de luchar contra la corrupción, ¿de qué esta-mos hablando? Si existe una comisión de alto nivel que tiene como mandato dar las

normas de mediano y largo plazo de lucha contra la corrupción, ¿qué se está haciendo? Hay una Secretaría Técnica que está a cargo del ex Contralor General de la República, hay recursos; pero, señores, en mi opinión, y lo digo públicamente, no hay decisión política; si no, todos estarían a la hora.

Ante la ausencia de los miembros de la comisión, se buscaron diferentes horarios. Finalmente, las sesiones se llevan a cabo a las 7 y 45 de la mañana, para ver si a esa hora, cuando no hay tráfico y cuando los funcionarios de alto nivel no tienen com-promisos, pueden asistir; estamos en eso. Yo hago un llamado aquí a la señora ministra. Espero que vaya el 27. Estoy seguro de que la ministra, la doctora Rosario Fernández, ministra de Justicia, va a ir de todas maneras, y me gustaría si viene el alcalde de Lima. Bueno, el señor Parra que asista, porque es justamente en este tipo de institucio-nes donde el Estado, la sociedad civil y los empresarios podemos coordinar medidas de mediano y largo plazo.

¿Qué ha propuesto la CONFIEP? Noso-tros hemos propuesto lo que la ministra Aráoz, perdón, lo que la candidata Aráoz acaba de proponer: la Ley de la Carrera Pública. En la sesión de hace tres meses, el Primer Ministro y el ministro de Justicia de entonces se comprometieron a que en 30 días entregarían a la comisión toda aquella documentación y todas aquellas iniciativas que se habían dado sobre la carrera pública, porque creemos nosotros, desde el sector privado, que una Ley de la Carrera Pública es fundamental en la lucha contra la co-rrupción. Fuimos a hablar con el ministro de Economía y le planteamos el tema, y nos dijo primero que no tiene la menor idea de cuántos funcionarios públicos hay en el país.

“Ejecutamos y promovemos la Encuesta Nacional Anticorrupción. Nosotros en la CONFIEP apoyamos y somos parte de la encuesta que Proética hace año a año”

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Nadie sabe en nuestro país cuántos son los funcionarios públicos y cuánto ganan, nadie lo sabe. Entonces, nuestra propuesta es que tiene que haber, y pronto, un censo. No hay que esperar al próximo gobierno, porque esto lo tiene que ver el Parlamento de hoy, ¿no señor Mulder?. El Parlamento de hoy debería abocarse, por ejemplo, a ver este tema de la Carrera Pública, que no se va a ver en esta legislatura, pero se puede comenzar, porque estas cosas se tienen que dar en algún momento. No es posible que en el sector público exista o la estabilidad absoluta o la inestabilidad absoluta. Creo que los pasos dados por el ministro Chang en el caso del sector Educación son los pasos a seguir en todo el sector público.

El funcionario que ingresa a la Carrera Pública tiene que saber que tiene una carrera, tiene que saber que tiene un futuro; tiene que saber que, si es bueno, los méritos lo van a llevar a ascender. Eso es fundamental, eso es una parte fundamental de la lucha anti-corrupción. Mientras no tengamos nosotros funcionarios públicos adecuadamente bien pagados, de acuerdo con su capacidad y con su desempeño, difícilmente vamos a poder luchar contra la corrupción, y esta es una pro-puesta de la CONFIEP dentro del Consejo de Alto Nivel Anticorrupción, que esperamos se convierta en un proyecto de ley, porque este Consejo tiene todos los miembros que quiera para poder hacer el planteamiento al Parlamento Nacional y hacer presión para que se discuta en el Parlamento Nacional. Este es el tipo de cosas que nosotros creemos que son prioritarias.

Luego, también dentro del propio Con-sejo de Alto Nivel Anticorrupción, hemos propuesto nosotros cosas sencillas, como que se siga dictando el curso de Ética en los

últimos años de secundaria, como se hacía antes. También hemos propuesto que así como en el sector privado el Código de Con-sumo impone que en cada establecimiento privado, llámese una bodega, un restauran-te, un grifo, exista un libro de reclamaciones por el cual el usuario, el consumidor, pueda reclamar un mal servicio, exista lo mismo en el sector público.

Como dijo la señora Aráoz, los funcio-narios públicos son servidores públicos al servicio de los consumidores y usuarios, y tienen que darles un buen servicio. Debe-ría haber igual un libro de reclamaciones en cada comisaría, en cada ministerio, en cada municipio, para que así se obligue al funcionario que no ha dado un buen servi-cio, a ser sancionado por INDECOPI o a ser sancionado por la Contraloría, pero creo que la Contraloría no quiere entrar en este juego; entonces que sea INDECOPI, ya ve-remos. Nosotros planteamos que tal como tiene derecho un consumidor de un servicio privado a reclamar, lo tenga el consumidor de un servicio público.

En realidad, yo creo que estos son los pasos fundamentales. Nosotros estamos ha-ciendo lo nuestro, tenemos nuestro código de conducta, estamos en camino de tener nuestros órganos supervisores y creemos nosotros que el camino bueno y el correcto para caminar hacia adelante no es crear más instituciones. La institución de alto nivel está creada; tiene que haber la participación de los actores y también la decisión política de dar las medidas correctas en la lucha contra la corrupción.z

Mesa de debate “El empresariado y su compromiso en la lucha contra la corrupción”, integrada (de izq. a der.) por Juan Paredes, representante del Instituto Peruano de Auditores Independientes; Ramiro Mendoza, Contralor General de Chile; Ricardo Briceño (Expositor); Rosario Fernández, Ministra de Justicia; Beatriz Boza, Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día; y Roque Benavides, Gerente General de Compañía de Minas Buenaventura.

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La invitación es para reflexionar sobre las acciones dirigidas a enfrentar el fla-gelo de la corrupción. Probablemente

ninguna política pública, ninguna acción privada puede ser más importante hoy que enfrentar con decisión este cáncer que carcome la fibra más íntima de la sociedad peruana: la corrupción. Así como los dere-chos humanos, cuando son violados, tienen que ver con quitarle la vida a una persona, la corrupción viola el derecho económico y social de los individuos.

Los índices que tanto organizaciones nacionales como internacionales han exami-nado, muestran un retroceso en el accionar contra la corrupción.

Me alegro mucho de que la Contraloría General de la República, una de las institu-ciones del Estado encargadas de enfrentar

este flagelo, organice este evento, porque es su responsabilidad. Yo felicito esta iniciativa.

El último reporte de Transparencia Inter-nacional no es muy halagador para el país; de 156 países, el Perú está en el puesto 78 y ha retrocedido 3 puntos. Si uno mira entre 0 y 10, siendo 0 el más corrupto y 10 el menos corrupto, el Perú está en 3.5%. Cuidado: la corrupción incrementa de manera sustancial los costos de producción, no ayuda a esti-mular la inversión. Si bien es cierto el Perú está viviendo momentos muy alentadores en su economía, pudiera hacerlo mejor si sus costos de producción fueran menores porque la corrupción es menor.

El Banco Mundial ha estimado que el 26% del costo total de producción se va a la corrupción; el 26% del costo total promedio de la producción de un producto lo absorbe

Dr. Alejandro Toledo ManriqueEx Presidente Constitucional de la República. Fundador y Presidente del Partido Perú PosibleG

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la corrupción. La corrupción empobrece más a los pobres, hace que los costos de produc-ción sean más altos y, al final de cuentas, hace que los ricos se vuelvan más ricos.

Los monopolios invitan a la corrupción. La Contraloría General de la República ha emitido informes en donde indica que en-tre 5 mil y 6 mil millones de soles se gastan en adquisiciones no muy sacrosantas. ¿De dónde viene la corrupción?, ¿quiénes la practican? En un Estado con instituciones democráticas frágiles, lamentablemente -haciendo los reparos pertinentes porque hay jueces y fiscales que son honestos- se encuentra todavía en la administración de justicia un cáncer que carcome la fibra íntima de nuestra la sociedad: la corrupción.

La administración de justicia es parte de la agenda pendiente del Perú; hay que ponerle el cascabel al gato: la administración de justicia. Cuando las instituciones demo-cráticas no son independientes, dejan que el Poder Ejecutivo entre a usurpar sus deci-siones. No debe ser así.

Amigas y amigos, continuos aconte-cimientos de corrupción hemos visto en nuestro país y, lamentablemente, con la tecnología de hoy día eso no se queda solo en el país, esto sale al exterior y no es el men-saje más atractivo para atraer capitales de inversión para darle sostenibilidad al creci-miento económico.

Podemos ponerle tapujos, pero hay que entrar al tema: todavía no entiendo qué pasó con los “petroaudios”; por ejemplo, todavía no sé dónde y cómo se perdieron algunas partes de los “petroaudios”. ¿Fue en la Po-licía?, ¿fue en la Fiscalía?, ¿fue en el Poder Judicial?, ¿fue en el Congreso de la Repú-blica?. No lo sé, pero sí es una señal clara a la población y esa percepción desalienta.

He escuchado al presidente del Congre-so enumerar algunos actos de corrupción y señalar algunos índices de corrupción. Yo invocaría al Congreso de la República mano firme sobre el tema. Quien oculta los actos de corrupción, es culpable; estas son reflexiones para mí: en donde hay un corrupto, hay un corruptor.

Sobre la relación entre el sector priva-do y el sector público, si el sector privado es complaciente, sumiso o por conveniencias de licitaciones entra a coimear a la gente, está entrando a ser partícipe de este cáncer que corroe a la sociedad peruana.

Mi gobierno fue uno de los primeros que entregó ante las Naciones Unidas un com-promiso en Nueva York para ser partícipe de una Convención Anticorrupción a nivel internacional. Lo intentamos; probablemen-te no fue suficiente y queda mucho camino por recorrer a nivel de los Estados.

Amigas y amigos, yo vengo a invocar hoy día que así como las violaciones de los dere-chos humanos son delitos que no prescriben, sin ningún temor sugiero en esta reunión respetable que los delitos de corrupción no prescriban, que los ministros y los pre-sidentes de la República abran sus secretos bancarios; y esto lo digo con la autoridad moral de que en el año 2004 yo ordené que abran mis secretos bancarios nacionales e internacionales, y los secretos bancarios de todos mis ministros.

Se tiene que comenzar por casa. El Es-tado debe transparentar la gestión pública. Hay que colgar y actualizar las páginas web, incluyendo la del Congreso de la República, para la vigilancia ciudadana.

Hay que endurecer las penas y ejecutar-las, hacer que vayan del papel a la acción. Tolerancia cero a la corrupción debe ser una

meta, hay que practicarla y que vaya más allá de ser una frase. Necesitamos reformar la administración de justicia en el Perú, di-rigida a reducir la corrupción. Necesitamos ponerle el cascabel al gato, repito, a ese tema pendiente de la administración de justicia. Tengo muchísimo respeto por muchos fisca-les y jueces, pero nadie podrá negar que en el Perú la justicia se compra y se vende. Eso desalienta al ciudadano común y corriente, porque sabe que si no tiene dinero y no tiene influencias, no tiene acceso a la justicia.

Una justicia que se vende y se compra, envía señales de inseguridad legal, inestabi-lidad jurídica, y esa inestabilidad no es muy buena señal para atraer capitales de inver-sión, para darle continuidad al crecimiento auspicioso que el Perú vive.

Señor Contralor, usted va a pasar más allá del periodo gubernamental del presidente García, por eso es una política de Estado llevar el tema de la administración de justicia como parte de una reforma del Estado del Perú. La reforma de la administración de justicia hay que llevarla a una política de Estado que se ventile en el Acuerdo Nacional; no podemos dejar que la reforma de la administración de justicia quede en las manos de los jueces, los fiscales o los abogados.

Necesitamos premiar las acciones posi-tivas anticorrupción. Ahí están las mujeres policías: estimulémoslas; premiemos a aque-llos policías, fiscales o jueces que no caen en la tentación de la corrupción. Necesitamos tener un registro de funcionarios sanciona-dos para evitar que ellos regresen al sector público. Y necesitamos darle mayor poder y mayor presupuesto a la Contraloría General de la República; y no lo digo porque esta con-ferencia esté organizada por la Contraloría General de la República.

Necesitamos trabajar por la indepen-dencia de los poderes. Con todo respeto les digo que me parece increíble que el Poder Ejecutivo nombre a un presidente de la Corte Suprema para presidir una comisión anti-corrupción. ¿Dónde está la independencia de los poderes?; lo digo pensando en las políticas de Estado.

Creo, también, que hay que pagarles más y mejor a los funcionarios públicos. Me pa-rece que es un grave error, y discrepo con el presidente García con muchísimo respeto, la decisión de reducirle los sueldos a los fun-cionarios públicos; eso produce que los fun-cionarios públicos vayan a un sector privado que está en apogeo después de haberlos entrenado nosotros, haber sido financiados en educación primaria, secundaria y univer-sitaria, y se van al sector privado y siempre se corre el peligro de que los que quedan en el sector público, caigan en la tentación de la corrupción.

Me da muchísima satisfacción estar en la Comandancia General del Ejército; de ese Ejército y esas Fuerzas Armadas por quienes tengo muchísimo respeto. Sé que ahí tam-bién hay trabajo que hacer, como en todas las instituciones públicas y privadas, pero he venido a decirles con mucha transparencia que al aceptar su invitación, señor Contra-lor General de la República, no he venido a

decirles cuán fantástico estamos en el tema de la corrupción.

He visto el reporte de Transparencia Internacional, he visto el reporte del Banco Mundial y, como ciudadano de un Perú que amo como lo aman ustedes, me preocupo, y creo que luchar contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo; no podemos cargar la tinta en una sola institución.

Amigos y amigas, hay una luz amarilla que se convierte en roja con el tema del nar-cotráfico. Hoy los cárteles de Colombia y de México están llegando con fuerza y ya están operando en el Perú. Hoy hay ajusticiamien-tos, hay rendimiento de cuentas en la corrup-ción y en el crimen; cuando el narcotráfico entra a comprar y vender voluntades, corroe esa fibra sensitiva a la cual hice referencia.

Esto es muy peligroso porque puede comprar autoridades. El narcotráfico ensucia las cifras azules de la economía de nuestro país, porque llega un momento en que us-ted no sabe qué proporción del crecimiento de su economía es debida a la producción y al esfuerzo de los empresarios decentes, y qué proporción es ensuciada por el lavado de dinero.

Amigas y amigos, espero seguir de cerca los resultados de esta conferencia. Es un te-ma que me preocupa a mí como ex jefe del Estado y como presidente del Centro Global

para el Desarrollo de la Democracia, en cuyos objetivos están los temas de la corrupción y la transparencia en nombre de las mujeres y los hombres que quieren reducir sus costos y que quieren caminar tranquilos sin que el delito y la corrupción los asalten. z

“La administración de justicia es parte de la agenda pendiente del Perú; hay que ponerle el cascabel al gato: la administración de justicia”

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Quiero empezar agradeciendo y feli-citando a la Contraloría General de la República por este primer evento

y, conjuntamente con la Contraloría, a todas las organizaciones que promovieron este evento.

No hay recetas para poder controlar la corrupción. Quiero comenzar haciendo algunas reflexiones, recordando lo que se-guramente ya se ha dicho o han dicho las personas que me han antecedido.

Hace 10 años se produjo en el Perú un escándalo de inmensas proporciones; fue de tal magnitud que produjo la caída del go-bierno del ingeniero Fujimori. Todavía está en nuestras retinas el asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando grandes sumas de dinero en efectivo a congresistas, políticos, empresarios, periodistas, dirigen-

tes, a cambio de conductas ilegales orien-tadas a favorecer al régimen y lograr lo más grave: el manejo de todas las instituciones democráticas del país.

Este vergonzoso caso se conoció como los “vladivideos”, pues Montesinos se había filmado a sí mismo: quería pasar a la historia con sus cómplices en plena entrega de dine-ro; fajos inmensos de dinero, plata de todos los peruanos. Esta es una primera reflexión. Todos sabíamos que había corrupción, pero nos alarmamos cuando vimos algo en los videos. Seguramente algunos veíamos a nuestros amigos, veíamos a los empresa-rios, -increíble- veíamos a periodistas que nos vendían lo que significaba la ética, lo que significaba la moral; los periodistas que ingresaban o los periódicos que ingresaban todos los días a nuestras casas y nuestros

Sr. Yehude Simon MunaroEx Primer Ministro y Ex Presidente Regional de Lambayeque

Fundador y Presidente del Partido Humanista Peruano

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hijos se formaban, y nuestros jóvenes se formaban con los medios de comunicación.

La segunda reflexión vino hace al-gunos meses, cuando se les muestra los “vladivideos” a un grupo de jóvenes con los maestros. Ven ellos cómo se entregan esas cantidades de dinero y se les pregunta: ¿qué hubieran hecho ustedes si se hubieran encontrado con Montesinos? Todos espe-raban una respuesta como “lo hubiéramos denunciado”, “lo hubiéramos golpeado”, cualquier cosa. ¿Pero qué dijeron los jóvenes? Hubiéramos pedido nuestra parte.

Y esto nos obliga a reflexionar, porque siempre hemos dicho que los jóvenes son lo más limpio, lo más puro que tiene una socie-dad, una Nación; pero estos jóvenes decían “queremos ser parte de este ilegal reparto”. La educadora argentina Emilia Ferreyros solía decir que no puede ser un objeto escolar, es decir, el aprendizaje en la escuela, aquello que no es previamente un objeto sociable, valorado y apreciable. Cuando tenemos cam-pañas bienintencionadas de lucha contra la corrupción, estas fracasan porque los me-dios, los líderes y las instituciones dicen una cosa, pero finalmente hacen otra.

Nadie puede negar que la escuela ense-ña valores, pero la calle, la sociedad, enseña antivalores; en la calle encontramos el reino del antivalor y, por cierto, la escuela no pue-de hacer malabares; la escuela no se puede transformar en darles valores a los jóvenes o los niños cuando la sociedad en su conjunto les enseña antivalores. Si un joven piensa que no está mal pedirle a Montesinos un fajo de billetes, no es porque esto caiga por sí mismo, sino porque lo malo lo aprendió de los adul-tos; es decir, en la cultura no está premiar al mérito, al trabajo, al esfuerzo, sino al dinero fácil, aunque este proceda de la corrupción,

del narcotráfico, de las drogas o de la mafia.En el Perú, como en muchos países de

América Latina e incluso de Europa, es cos-tumbre decir “qué importa que roben si ha-cen obras” -les comentaré que hace tres días he retornado de España, de San Sebastián, de un encuentro con 121 países, y la verdad es que hubo un terremoto al interior mío cuando escuchaba a políticos y a periodistas españoles comentando que la población es-pañola decía “qué importa que los alcaldes roben o cobren comisión cuando hacen obras”-. Yo pensé que estaba en el Perú; o sea que también en España, en el Viejo Mundo, la población dice “qué importa que roben con tal de que hagan obras porque cobran muy poco salario”. Entonces el problema ya es, como dicen, mal de muchos, consuelo de tontos; así que ya no solamente somos los peruanos, sino también los españoles.

El caso de los “vladivideos” es excep-cional, y es excepcional, más que por la co-rrupción, por la contundencia de la prueba. Nosotros ya sabíamos que en el Perú había corrupción, pero no teníamos pruebas. Ahora, con los “vladivideos”, estaban ahí las pruebas de la forma como actuaban los políticos; es decir, era el poder usado para beneficio propio, el gobierno como vehículo de enriquecimiento personal, la coima como herramienta de gestión pública, que para nosotros son el ADN de un sistema político que estamos en la inmensa obligación de cambiar.

Bauer llamaba patrimonialista al Estado premoderno, en que el gobernante actúa co-mo si los bienes del Estado fueran suyos; no dispone los bienes públicos según planifica-ción técnica, normas legales aprobadas, sino como una lógica de intercambio de favores que le permiten conseguir apoyo político e

ingresos ilegales. En el Estado patrimonia-lista, no existe planificación profesional o racional de los recursos o del gasto; lo que existe es el clientelismo político, que permite captar dirigentes y adeptos bajo el principio de “te doy una obra o un beneficio a cambio de apoyo”; y el clientelismo económico, que permite captar dineros, sobornos a cambio de licencias, permisos, licitaciones o la acele-ración de trámites artificialmente dilatados o interrumpidos.

Yo le cuento al Contralor y a ustedes que hace dos días recibí a un grupo de empre-sarios nacionales -no voy a dar sus nombres porque todavía no me permiten hacerlo- con un problema: hay una competencia de em-presas “X” y ellos son parte de una empresa nacional que se ve afectada porque un grupo de funcionarios del Ministerio “Z” están reci-biendo dinero de empresas transnacionales para quitar la licencia a la empresa peruana, y esta empresa peruana atiende el 5% del mercado y las empresas extranjeras el 95%; y cuando les digo por qué no denuncian eso, la respuesta es: si yo denuncio, el banco me cor-ta seguramente los créditos que da. Entonces decimos hay que hablar con los ministros, hay que conversar con quien corresponda, pero muchas veces los ministros están se-cuestrados y la información no llega como

debe llegar; entonces, no es que después de los “vladivideos” o después de los “petroau-dios” hayamos aprendido la lección, y no es que esta sea actividad exclusivamente de la clase política, sino que la clase empresarial todavía no aprende de la historia.

Entonces en función de que, existen po-líticos que están buscando beneficios y que entienden que el Estado es suyo, seguiremos una y otra vez alarmándonos de que esta situación continúe, porque para que el Esta-do patrimonialista funcione, los jefes de las instituciones colocan a su gente de confianza en los puestos claves, no hay concursos pú-blicos para contratar al personal, no existe la meritocracia ni evaluaciones de personal o de los resultados de la gestión.

Lamentablemente, la clase política sigue pensando que el partido que llega al gobier-no tiene que gobernar. No solo el que fue elegido, sino incluso la gente que lo rodea, dejando de lado toda esa inmensa experien-cia de la administración pública; por tanto, la administración pública se ha convertido en un botín. El Estado patrimonialista puede funcionar en la medida en que la población no se haya convertido en los ciudadanos ac-tivos, como se mencionó hace unos minutos. El ciudadano aporta, tributa, pero también tiene la obligación de participar y exigir.

“En el Perú, como en muchos países de América Latina e incluso de Europa, es costumbre decir ‘qué importa que roben si hacen obras’”

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El historiador peruano Alfonso Quiroz, catedrático de la City University of New York, publicó hace algunos meses un estudio de la corrupción en el Perú, y ahí se descubrió lo que todos los peruanos sabíamos: que la corrupción no nació con Montesinos y que la corrupción en el Perú existe desde la época virreinal, y la forma de actuar de los corrup-tos del pasado es parecida a la forma cómo actúan los corruptos hoy; se cambian rostros y se cambian fechas y estoy completamen-te convencido de que los hechos históricos podrían darse en un periódico de la actua-lidad. Desde el comienzo de la Colonia, la corrupción violó todas las leyes gracias a la connivencia de autoridades y un complejo juego de influencias, así como resistencia a los intentos de reforma que a menudo ter-minaban con jueces y virreyes corruptos sin que el acusador termine siendo el acusado.

La Independencia y el caudillismo militar fueron épocas de rapiña y saqueo. Los bienes incautados durante la guerra de Indepen-

dencia fueron adjudicados a título individual a los caudillos militares. El cónsul británico en el Perú afirmaba en 1834 que el soborno era el principal resorte para la acción de todas las relaciones públicas y privadas; es decir, que ya en 1834 todo el mundo sabía que tenía que sobornar en el Perú para poder conquistar lo que uno quería. Con este tipo pues de heren-cia no fue extraño que las riquezas naturales, como por ejemplo el guano en el siglo XIX, fueran objeto de escandalosos manejos que crearon grandes fortunas personales, pero debilitaron los cimientos económicos e institucionales de la República.

El Estado patrimonialista, sumado a una visión del país como un territorio de robo y rapiña, contribuyó a consolidar una cultura tolerante con la corrupción, o complacien-te con la corrupción, formada a lo largo de varios siglos. Ahora: ¿es posible cambiar es-to?, ¿es posible que nosotros digamos que la corrupción tiene que ser derrotada? Hay experiencias positivas: la evidencia más clara

es la evidencia del ex alcalde de Palermo, Leo Lucas Orlando, quien estuvo en Lima hace pocos años relatando su dramática expe-riencia en Sicilia; él es un testimonio viviente de lo difícil que es luchar contra la mafia y al mismo tiempo nos demuestra que es posi-ble vencerla. La experiencia de Palermo nos enseña que cuando una sociedad se harta de la corrupción y toma conciencia de que su vida, su país, su futuro, no pueden quedar prisioneros de los intereses mafiosos; y al mismo tiempo surgen liderazgos sólidos y honestos que encaucen la voluntad ciudada-na, es posible revertir las inercias históricas.

Es posible comprometer a los jóvenes, construir discursos poderosos anclados en la realidad y en la veracidad de quienes los enarbolan y cambian la sociedad para bien. Soy un convencido de la decencia, yo soy un convencido de que podemos derrotar la corrupción, y tiene que ser la decencia el motor de este impulso.

He sido presidente regional dos veces y,

como presidente regional, durante esos dos periodos hicimos un convenio con Proética. Si salía elegido, al día siguiente me venía a Lima y firmaba un convenio con Proética para dar a conocer a la población todos mis actos: con quién desayunaba, con quién al-morzaba, a quiénes recibíamos, cuánto se ganaba, cuántos convenios se firmaban, con qué empresarios se trabajaba; y, además, hice el sinceramiento público de los sueldos de mis asesores, de los funcionarios. Todos en el Perú sabían cuánto ganaba un chofer, cuánto ganaba un profesional y cuánto ga-naba un asesor de la presidencia regional y, ciertamente, cuánto ganaba el presidente del gobierno regional.

Todo Lambayeque sabía con quién al-morzaba el día miércoles o el día viernes, y sabían cuál era nuestra agenda. Cuando fui presidente del Consejo de Ministros, algo más reciente, entre los años 2008 y parte del 2009, exigimos y pusimos en marcha un plan de lucha contra la corrupción cuyos funda-mentos fueron las políticas de transparencia; transparencia que no es una palabra, sino una práctica: la rendición de cuentas y la profesionalización del Estado Peruano.

La administración pública es fundamen-tal. Nuestros países no caminan sin admi-nistración pública. En la administración pública hay gente valiosa y por la culpa de unos cuantos todo el prestigio de la adminis-tración pública se pierde. Yo soy un defensor de la administración pública: exijo mejores sueldos para la administración pública y exijo más capacidad en la administración pública. Y estoy convencido de que si el Estado es capaz de dar estímulos por la meritocra-cia, y es capaz de colocar los sueldos que corresponden a un empleado público, no

tendremos ningún acto de corrupción; estoy convencido de eso.

Entonces, para esto se requiere ser ejem-plar. Necesitamos un Estado y una sociedad sin corrupción, así como acciones estraté-gicas y las entidades responsables de su ejecución. Yo quiero destacar algo: el año 2009, como premier, cambié las reglas de juego para la elección del Contralor General de la República; hoy tenemos a un contralor que está realizando la Primera Conferencia de Lucha contra la Corrupción. Ejemplar, por cierto, es el papel que le corresponde a la Contraloría, pero el Contralor no fue digitado por el Ejecutivo, no fue elegido, no fue el presidente de la República quien dijo “este debe ser el Contralor”, no fue el Congreso de la República, sino fue un concurso abierto, un concurso donde la sociedad podía participar, donde los profesionales más capacitados podrían participar. Y un equipo de peruanos del máximo nivel, incorruptibles, eligieron y propusieron al Contralor después de un con-curso bastante complicado y, por primera vez en la historia del Perú, y por primera vez en la historia de América, tenemos un contralor no puesto ni por el Congreso ni por el Ejecutivo, sino puesto por sus méritos y sus capacida-des; y esto yo creo que debe ser ejemplar para toda la América en su conjunto.

Esta experiencia creo que nos permite saber que quien sea, o cualquiera que sea el gobierno, no compromete a la Contraloría, porque tenemos un contralor no “indepen-diente” sino absolutamente independiente: este es un elemento importante que promo-vimos y que viene dando buenos resultados en la transparencia.

Exigimos, además, que los ministros tengan agendas públicas, así como la ex-

“En el Estado patrimonialista no existe planificación profesional o racional de los recursos o del gasto, lo que existe es el clientelismo político que permite captar dirigentes y adeptos bajo el principio te doy una obra o un beneficio a cambio de apoyo”

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periencia que tuve en Lambayeque de que todos los lambayecanos supieran dónde estaba, con quién almorzaba, con quién conversaba, porque el funcionario político tiene esa responsabilidad de ser gente pú-blica. Comenzamos pues a exigir que todos los ministros tengan una agenda que sea completamente transparente. Y entonces la existencia de Internet y el portal web del Estado Peruano hoy en día nos permiten co-nocer las actividades diarias de los ministros de Estado. El ciudadano puede saber todos los días qué hace y con quién se reúne su ministro. Ciertamente esta práctica debe extenderse a todos los municipios del país y a todos los gobiernos regionales; ello va a fortalecer notablemente el control del ciu-dadano sobre los funcionarios y a proteger el trabajo honesto de un buen funcionario.

En el Perú también venimos avanzando en la profesionalización del servicio civil a través de la Autoridad Nacional de Servicios Civiles (SERVIR). Mediante esto se busca me-jorar la capacidad de los servidores públicos y promover la cultura de méritos en los tres ni-veles de gobierno: nacional, regional y local. Todas estas acciones son pasos importantes en la lucha contra la corrupción en un país que crece y, sobre todo, va a permitir instau-rar la ética en la gestión pública.

Si la sociedad no se enrumba por un camino que privilegie la honestidad y la corrección en el actuar, mal haremos noso-tros el 2021 en celebrar nuestro bicentena-rio. Necesitamos normas que modernicen al Estado; y no solamente lo modernicen: lo profesionalicen, se elimine el patrimonialis-mo y el clientelismo, se implante un sistema económico de libertad y transparencia; pero se requiere fundamentalmente de ejemplos de conducta y de una cultura que premie la honestidad y sancione la corrupción. Hones-tamente, en los últimos 30 años o en toda la historia de la República hemos premiado, hemos reconocido al buen funcionario o al buen político cuando este ha muerto, le he-mos reconocido que es honrado ya muerto, pero nunca hemos sido capaces de recono-cer al buen funcionario trabajando en acti-vidad para que sirva de ejemplo para todos.

Recordemos que la corrupción crece desde el inicio. La corrupción crece, por ejemplo, cuando un maestro exige menos; cuando un maestro tolera el plagio; cuando se dan bachilleratos sin exigencias, sin tesis o examen; cuando se premia socialmente conductas ilegales y, finalmente, cuando el honesto parece un tonto, el tonto del grupo; entonces, ahí estamos destruyendo las bases de una sociedad sana, sólida.

Ustedes mismos lo pueden percibir en la familia. Muchas veces la familia dice “eres congresista, ¿qué me puedes dar?”, o “eres ministro” o “eres presidente regional” o “eres alcalde”, y exigen a su familiar cosas no éticas, en lugar de premiarlos y decirles “sigue la ruta de la honradez, que vas a pasar a la historia por ser honrado”. En el Perú se premia, des-de el colegio, muy poco a la gente honrada. Son los tontos, finalmente. Nadie cree que puede existir la gente honrada, nadie cree que un ministro o que un presidente de la República no pueda tener una casa propia. Si no tiene casa propia, debe tener el dinero escondido en algún lugar; si están haciendo una gran obra y caminan por la calle sin carro, deben tener su dinero fuera del país; pero no estimulamos a la gente que se porta a la altura de las circunstancias.

Recordemos que la corrupción crece desde el inicio, aquí se ha dicho, y me alegro muchísimo. Hoy en día la población dice que el mayor problema que tiene el Perú es la corrupción; ya no es el terrorismo, ya no es la desocupación, hoy ya no es la pobreza; hoy es la corrupción. Pero, graciosamente, ese pueblo que dice que el primer problema del Perú es la corrupción, cuando de encuestas se trata, o cuando de elecciones se trata, elige personajes que han sido cuestionados por corrupción, alcaldes que han sido sancio-nados por corrupción terminan siendo los alcaldes más votados en Lima, y las provincias y gobiernos regionales que han demostrado que son absolutamente corruptos, terminan ganando en primera vuelta. Entonces, hay una conducta bastante hipócrita en nuestro país.

Quiero terminar diciendo lo siguiente: tenemos que caminar hacia una cultura de decencia. Si no lo hacemos, este país no es

viable. “Docente” o “decente” son voces la-tinas que significan honesto, justo; refleja un ideal, un conjunto de valores que deben acompañar al modo de ser o a la conducta del individuo.

Las repúblicas latinoamericanas, que hemos ingresado en un periodo histórico marcado por la celebración de nuestro bi-centenario, nacimos bajo la inspiración del ideal republicano; es decir, nuestros próceres y padres fundadores buscaban construir una organización social fundada en el ciudadano educado, trabajador, honesto, responsable, cumplidor de sus deberes y exigente con sus derechos. La decencia es un concepto que aglutina la virtud republicana y el ideal de honestidad que la caracteriza. Como muchos términos, la palabra “decencia” es sinónimo de virtud; lamentablemente, ha sido tergi-versada y ha perdido relevancia.

Recuperemos la palabra “decencia”. Re-cuperemos el sentido de lo que significa la lucha contra la corrupción. Reivindiquemos a nuestra familia, a nuestro padre, a nuestra madre, que buscan para sus hijos y para su patria lo mejor. Seamos honestos, que esa es la tarea de todos los peruanos. z

“Necesitamos normas que modernicen al Estado; y no solamente lo modernicen: lo profesionalicen, se elimine el patrimonialismo y el clientelismo”

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Quiero felicitar a la Contraloría Ge-neral de la República por haber puesto en debate y haber tenido

la gentileza, el señor Khoury, de invitarnos a los líderes de los distintos partidos políticos, para compartir ideas en este importante foro en el marco de lo que ustedes han señalado bien: las medidas eficaces en la lucha contra la corrupción; pero en un escenario distin-to, y esa es la peculiaridad a la que espero poderle dedicar el énfasis que merece, en el escenario de crecimiento que vive el país, que es sin duda la necesidad de una respuesta diferente, no menos comprometida con los valores y con la necesidad de transparencia, pero sin duda en un escenario diferente al de la escasez. Este es el escenario de la apertura, es el escenario de la convocatoria de la inver-sión; es el escenario, también, de abundantes recursos públicos en manos de autoridades estatales en distintas instancias del país.

Quisiera presentar este tema bajo la pre-misa de una tesis que venimos esgrimiendo hace año y medio, y que particularmente du-rante la campaña puse un particular énfasis en desarrollar respecto a Lima, pero creo que es una tesis sumamente importante para el Perú de los próximos cinco años, y es la idea del progreso para todos, en el escenario de crecimiento en el que se nos propone pre-guntarnos cómo enfrentar la corrupción de una manera eficaz.

Iniciaré formulando dos preguntas, cuya respuesta en nuestro concepto es el gran de-safío de los próximos años: qué condiciones deben darse para que el Perú siga progresan-do y qué obstáculos deben removerse para que el progreso alcance a todos. Creo que ese es el gran desafío del crecimiento económico de los próximos cinco años, y espero de inme-diato demostrar que, para ambos propósitos, generar las condiciones que permitan que el

Sra. Lourdes Flores NanoEx Congresista de la República

Presidenta del Partido Popular Cristiano

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Perú siga progresando y remover los escollos u obstáculos que impiden que el progreso alcance a todos -algunos de los temas en los que se ha incidido a lo largo de esta confe-rencia- tienen una particular importancia.

Si tuviera que considerar condiciones para que el Perú siga progresando, preci-saría la necesidad, en primer lugar, de un crecimiento sostenido y, por tanto, de un modelo económico racional que perdure en el tiempo; en segundo lugar, de la nece-sidad de crear condiciones de confianza en los actores económicos, que son el motor del desarrollo; en tercer lugar, indiscutiblemente, de la necesidad de una inversión de calidad, en particular para preparar las capacidades humanas, que son las que van a hacer sos-tenible el nivel de desarrollo. Pero pondría dos elementos que me parece que tienen directa vinculación con el interés que nos preocupa: condiciones políticas, no econó-micas, condiciones políticas de estabilidad, lo cual tiene que ver con un sistema político de mejor calidad; y, con tanta importancia como lo anterior, una institucionalidad eficiente en el ámbito público y privado.

Si solo logramos crecimiento económi-co y confianza en los actores económicos, e hiciéramos un esfuerzo social de inversión en educación para mejorar las capacidades humanas, no lograríamos que el progreso se mantenga; para que el progreso se manten-ga, hacen falta condiciones políticas y una institucionalidad administrativa y también privada. Por eso es también importante po-ner un énfasis en la gestión pública limpia y eficiente, porque sin una gestión pública eficiente, y volveré a ese tema, no hay posi-bilidades de sostener el progreso que el país vive, sino que este será aventura de un día o con riesgo permanente de caer.

Esas son algunas de las condiciones para que el Perú siga progresando: qué obstáculos tenemos que remover para que el progreso alcance a todos, dado que hoy todavía no es un progreso que comprenda a la integridad de la Nación. Obviamente acortar brechas de desigualdad, por ejemplo, con el impacto que tiene la inversión en infraestructura, tema que tiene directísima vinculación con la realidad de una presentación o de un evento como el que hoy nos convoca, la brecha de carencia de infraestructura que necesita cerrarse con algo de recursos públicos, y con mucho en estos tiempos de inversión público-privada, reclama el concepto de una relación entre el sector público y el sector privado distinta a la de antaño, distinta de la mente del vendedor que privatizó, distinta desde luego de la óp-tica del estatista que no quería trato alguno con la inversión privada.

El mandato de esta hora de asociaciones público-privadas, de concesiones, de fórmu-las diversas de contratación pública para permitir que el capital privado invierta con el propósito de eliminar uno de los escollos que significa la carencia de infraestructura, reclama una gestión pública eficiente con una mentalidad distinta y con una regula-ción, tema que tiene que estar en permanente estado de atención; en segundo lugar, creo que un obstáculo a remover es permitir que el mercado sea accesible a todos; o sea, crear las condiciones para que el productor ten-ga posibilidad de acceso al mercado y para que no repitamos lamentables momentos de inestabilidad, como lo que supuso por ejem-plo la crisis de Bagua ante la sola presencia o norma dictada con el propósito de regular la inversión forestal; y eso tiene que ver con un tercer obstáculo a remover, que es remover las áreas de resistencia a la modernización de

la economía, que tiene que ver con mucho de desconfianza en el sistema y muchísimo de calidad en la política a la que aludía hace un instante.

Para poder volver a centrar el tema en la razón que hoy nos convoca, creo que un obstáculo fundamental para remover, para permitir que el progreso alcance a todos, es el impulso particular de un proceso de descen-tralización del Estado, o sea de desinstitucio-nalidad estatal lo más cercana al ciudadano y eso, señor Contralor, tiene nuevamente en la visión del control público una importancia sumamente grande y la necesidad de for-talecer esta institución para hacer que ella sea una vigilante constante con una eficiente acción permanente, lo que es un desafío muy grande.

No se trata ya solamente, y ustedes lo saben bien, de quiénes están en el sistema de control público; no se trata, desde lue-go, de actuar solo en los ámbitos centrales; se trata de diversificar, de comprender, de ser capaces de llegar a la multiplicidad de la presencia estatal que hoy se demanda en un Estado descentralizado. Diría entonces que la respuesta a las dos preguntas formuladas: qué más tenemos que hacer para que el pro-greso no se detenga, y qué escollos tenemos que remover para que el progreso alcance a todos, nos conduce, como bien propone este seminario, a la necesidad de forjar un Estado eficiente al servicio del desarrollo nacional que se caracterice por transparencia en los asuntos del Estado y por adecuado control público, y a esos tres temas me quiero referir.

Administración pública eficiente, trans-parencia en los asuntos de Estado y control público adecuado: no hay la menor duda que en el Perú de hoy, en este Perú que crece, en este Perú que queremos que siga progre-

sando, tenemos un debate pendiente y una acción pendiente para lograr una adminis-tración pública eficiente. Hemos alcanzado islas de modernidad, hemos alcanzado islas de eficiencia, tenemos un Estado bastante mejor, en su concepto, del que teníamos hace algunos años, elefantiásico y paquidérmico, pero estamos muy lejos de tener una admi-nistración pública de la que los peruanos podamos sentirnos orgullosos y tranquilos.

Hay todavía un largo camino por recorrer, y quiero referirme en ese camino, que me parece fundamental, a dos temas: en primer lugar, al funcionario público y a la función pública; y, en segundo lugar, al tema de la regulación o de la normatividad administra-tiva. Quiero decir que estoy entre quienes creen que el Estado tiene que estar presente en algunas muy específicas y claras cosas, y muy lejos de otras, pero estoy convencida de que las que son funciones constitucionales para el Estado en todos sus niveles deben ser priorizadas, ejercidas con enorme rigor, y particularmente debe ser revalorada so-cialmente la tarea del funcionario público.

El Perú está urgido de darle al funcionario público, al servidor público, un primerísimo lugar de consideración social; al maestro, al médico del hospital de salud, al burócrata que atiende un ministerio, al funcionario técnico que supervisa una obra desde cual-quier instancia privada, al directivo de un ente

regulador; el Perú necesita volver los ojos a una administración pública a la que le rinda tributo y consideración, y creo que eso tiene mucho que ver con una política en la que debemos retroceder.

Creo que este gobierno cometió un gra-vísimo error al iniciar su gestión poniendo topes a la alta administración pública y las funciones estatales, desincentivando un proceso que había comenzado a ser intere-sante, de jóvenes que empezaban a mirar la administración pública en sus altas esferas como un ejercicio profesional importante, y yo espero muy sinceramente que ojalá al final de este Parlamento, o, en todo caso, el próximo gobierno, acabe con una norma que no ha traído austeridad y que creo que, por el contrario, ha desincentivado la alta función pública, que yo creo que hay que reivindicar.

Sí creo, en cambio, que ha sido un acierto de este gobierno crear una institución co-mo SERVIR, con el propósito de preparar a gestores públicos, mejor todavía a jóvenes valores que aspiran a cumplir un rol en la gestión pública, y creo que esta institución debiera ser un real cazador de talentos que busque poner en la administración pública a las gentes más calificadas que tengan esta vocación de servir.

Ahora bien, soy de quienes creen, señor Contralor, que el poder está normado por la ley, qué duda cabe, la administración pública

se caracteriza por el derecho administrativo, por fijarle al funcionario un marco de acción; y, sin embargo, y lo digo porque quizás es el día a día de los auditores públicos y también de los funcionarios que tenemos que reivin-dicar en su justa medida el valor y la impor-tancia de la discrecionalidad, vengo a decirle a los auditores públicos, a quienes ejercen control, que creo que una administración pública eficiente tiene un marco legal muy claro, no puede funcionar más allá de lo que la ley le indica que debe hacer, a diferencia del derecho privado, que está autorizado a hacer todo aquello que la ley no prohíbe; y, sin embargo, soy una convencida de que la administración pública, para ser eficiente, necesita dosis de flexibilidad y un altísimo grado de discrecionalidad, discrecionalidad con ética.

Nada paraliza más a la administración pública que la imaginación o el imaginario de sostener que mi límite lo da la ley, como manda el derecho administrativo, pero casi, casi me paraliza; y, en consecuencia, los már-genes de discreción limitan de tal manera que se entrampa la administración. Dicen que un funcionario corrupto es, sin duda, un mal elemento, pero que un funcionario atemorizado es peor: pone todas las trabas para actuar, se autolimita hasta que se para-liza; probablemente no roba, pero paraliza la función de tal manera que le impide a esta

“Se trata de diversificar, de comprender, de ser capaces de llegar a la multiplicidad de la presencia estatal que hoy se demanda en un Estado descentralizado”

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actuar y ser eficiente. Hay que estimular el buen uso de la discrecionalidad, para lo cual necesitamos funcionarios probos y funcio-narios eficientes; no hacerlo ha generado en la administración pública una cantidad de problemas inmensos.

Piensen ustedes, señores, que tienen que ver con la administración pública todos los días; piensen, ustedes, las cantidades de con-flictos que están llevando a arbitrajes como consecuencia de cada discusión que la ley de contratación pública ha generado, porque cada tema que pudiera ser resuelto por el administrador, no lo es en razón de imaginar que la ley no es suficientemente clara y, en consecuencia, no corro riesgos. ¿Está ganan-do el Estado Peruano o está perjudicándose?

La cantidad de conflictos que no se resuelven donde deberían resolverse, con criterio discrecional, está teniendo un costo inmenso y el Estado Peruano, a la larga, está pagando muy caro esta inacción o esta duda; o la falta de decisión, por poner otro caso, en materia tributaria, incluso sobre la base de antecedentes que el propio Tribunal Fiscal ha dado frente a la sobresaturación que hoy existe en dicho órgano, que ha desbordado el concepto de discrecionalidad de un fun-cionario probo y eficiente.

A mí me parece vital rescatar, para un país que crece, una economía que se moderniza, y eso entonces está vinculado también al senti-do de la regulación. Un país que crece y quie-re un Estado moderno, no puede mantener viejos conceptos de un Estado arcaico o de normatividad absolutamente prohibitiva, por eso somos partidarios claros de avanzar en la simplificación administrativa en beneficio de la mayor eficiencia, pero también como base para la eliminación de fuentes posibles de corrupción.

Todos los estudios en materia de corrup-ción indican con toda claridad que una de las fuentes mayores de corrupción está en las trabas que la legislación pone y que alguien de mala voluntad, y con poca ética, propone resolver desde el lugar que ejerce el poder. La Ley de Simplificación Administrativa, la propia Ley General del Proceso Administra-tivo, ha establecido criterios de normas que tenemos que comenzar a implementar: ven-tanilla única, obligación de la administración de no requerir documentos que están en su poder, y otras medidas que la legislación ad-ministrativa contempla y que necesitamos que fluyan en la administración pública para hacerla más eficiente.

Pongo entonces estos dos temas en materia de eficiencia de la administración, coincidiendo con el enfoque de este semi-nario de que un Estado que crece, un país en crecimiento, demanda una mayor eficiencia. Pongo, en segundo lugar, como no puede ser de otra manera, el tema de la transparencia, vital elemento para conseguir eficiencia y confianza.

Por eso la importancia de la informa-ción para garantizar la previsibilidad de las acciones del gobierno y, desde luego, para prevenir fuentes de corrupción, necesitamos avanzar mucho más de lo que lo han hecho ya los portales de la administración pública hacia pasos de genuino gobierno electrónico; en esta última campaña, le dedicamos un capítulo entero, y espero que así lo hagan las próximas administraciones municipa-les, como el próximo gobierno nacional, a los pasos que tenemos que dar al caminar al gobierno electrónico.

El país es capaz de poderlo ofrecer a sus ciudadanos con la administración sobre la base de uso de la informática y de la apertura

para muchos trámites que solo pueden te-ner pasos administrativos que no reclaman la presencia del administrador, que pueden rea-lizarse con mucha simpleza y que todo esto, queridas y queridos amigos, no solo hace más eficiente al Estado, sino crea confianza, y la confianza ciudadana resulta vital para lograr mejores condiciones en un país que crece.

Como es lógico, creo que una adminis-tración pública limpia y eficiente reclama, en tercer lugar, el correcto y adecuado control público. La acción del Estado y la acción de la administración tienen que ser controladas, claro está, y por eso destaco, señor Contra-lor, el papel fundamental constitucional que nuestra carta fundamental ha asignado a la Contraloría General de la República en el control de la administración pública y al Sis-tema Nacional de Control en su conjunto; es una institución vital. La especialización de su función tiene que ser preservada, la preparación de los funcionarios responsa-bles de esa carrera, la larga carrera pública de contadores, de auditores, de abogados, que se especializan en el control público, es un tesoro que usted, estoy segura, sabrá guardar, y que el Perú debe guardar, porque constituye una especialización no de la administración, sino del buen control de la administración. Creo que fortalecer y preservar ese papel es fundamental y conversábamos, antes de en-trar a esta sala, de algunos nuevos retos que la Contraloría propone no para el Contralor, sino para un Tribunal de Cuentas, siguiendo sus experiencias que, creo, pueden comple-

mentar bien la capacidad de prevención y de sanción que el Sistema Nacional de Control debiera tener.

Quiero destacar la importancia que la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control tienen. Hemos diseñado constitucionalmente un esquema por el cual el Parlamento juega un rol final luego de la designación del Contralor General de la República y creo que está bien, porque siendo el Parlamento el gran ente controlador que el sistema constitucional tiene, un control político desde luego, está bien que sea a ese nivel en que las fuerzas políticas ratifican la decisión presidencial para que la máxima autoridad de control tenga ese respaldo político de la entidad constitucionalmente llamada Contraloría, pero insisto en que la fortaleza del sistema pasa por las especiali-dades de sus técnicos, y lo digo porque sigo estando convencida, como soy mujer política de tantos años, de que el control político es fundamental.

Yo soy una convencida de que la admi-nistración pública requiere convivir con un control especializado, el de auditoría, que se realiza desde la entidad especializada que el Sistema Nacional de Control tiene en cada institución y que tiene a nivel central, y que debe diferenciarse precisamente para garantizar una gestión pública para el control político en que, por supuesto, creo, el control político es fundamental, pero tenemos que lograr y encontrar equilibrio entre la tarea informativa de los medios de comunicación

y las decisiones técnicas o políticas discrecio-nales sujetas a verificación en función de sus resultados y no de la decisión misma.

Quiero también señalar, y con esto ter-mino, el importante rol que juega el control judicial. La administración necesita también saber con certeza el rol del Poder Judicial, por eso creo que es muy importante el for-talecimiento de la justicia administrativa en todas sus instancias, como instancias espe-cializadas del Poder Judicial, el papel de la Corte Suprema vía casación y el del Tribunal Constitucional.

Concluyo, señor Contralor, diciendo lo siguiente: el quinquenio que al Perú le toca vivir es crucial para garantizar el crecimiento y la estabilidad que el país debe alcanzar. El cre-cimiento económico surgido de una variable institucional y política que le dé estabilidad, el desafío para garantizar el crecimiento, es la modernización de la administración pública. La eficiencia, la transparencia y un control serio son, en mi concepto, la expresión de una administración pública moderna.

Creo que ese es un capítulo pendiente para el próximo quinquenio y esperemos que quien nos gobierne, ponga un énfasis especial en garantizarnos que al cabo de cin-co años de buena administración, ese creci-miento, del que los peruanos nos sentimos muy orgullosos, tenga el soporte jurídico e institucional que le da una administración pú-blica eficiente y un mejor sistema de control.

De verdad ha sido un privilegio poder compartir estas ideas con ustedes. z

“Es muy importante el fortalecimiento de la justicia administrativa en todas sus instancias”

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Quiero saludar en este día tan especial, por la gran oportunidad que nos da la Contraloría General de la Repú-

blica, ya que me permite dar a conocer mi posición y la de Fuerza 2011 sobre el muy sensible tema de la corrupción.

Es realmente productivo acudir a una cita con un objetivo común que une hoy a espe-cialistas de todos los sectores, a quienes les presento mi reconocimiento y mi saludo. Mi saludo especial también a todos los invitados internacionales que han venido a compartir con nosotros sus importantes experiencias en la lucha contra la corrupción.

Desde el primer momento que recibí esta invitación para participar por primera vez con los posibles candidatos a la Presi-dencia, entendí que representaba una gran oportunidad, una oportunidad que tomo con particular interés, no solo por la posibilidad de presentar alguna de nuestras propuestas, sino para aprovechar en reiterar mi profundo

compromiso en la lucha contra la corrupción.Antes de presentar nuestras ideas de

cómo combatir la corrupción en periodos de crecimiento a través de la acción del Estado, creo oportuno hacer un breve re-cuento de lo acontecido en nuestro país en los últimos años.

Como consecuencia de las políticas económico-financieras de los años 70, durante la década de los 80 sufrimos los efectos de una hiperinflación y una pre-sencia sobredimensionada del Estado, sin que se tomara la prevención de reforzar las instituciones que debían controlar su accionar. Es por eso que a inicios de los 90 se encontró un Estado caótico, elefantiá-sico e ineficiente, incapaz de recaudar más del 4% del PBI y de prestar de una manera razonable los servicios que él mismo se había asignado. Es decir, teníamos un Es-tado inviable sumido en la peor crisis de nuestra historia moderna.

Sra. Keiko Fujimori HiguchiCongresista de la República y Ex Primera Dama de la Nación

Fundadora y Presidenta del Partido Fuerza 2011

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Ante este escenario se tomaron medidas de emergencia que nos permitieron revertir esta situación, lográndose, al cabo de unos años, un Estado moderno y ordenado, con instituciones eficientes y con las bases legales de estabilidad, seguridad y organización, que son y siguen siendo los pilares del desarrollo que hemos experimentado desde entonces. Sin embargo, es cierto también que la corrup-ción se infiltró y nos atacó como al peor de sus enemigos; la corrupción detuvo un proyecto nacional que estaba en marcha y que ya había logrado superar los problemas más álgidos de un país recibido en medio del caos.

Para que esto nunca más vuelva a suce-der, no podemos seguir pensando en que existe una pequeña o una gran corrupción: su esencia es una sola y es ahí, en el origen mismo, donde debemos apuntar, porque la única diferencia entre una y otra es solo cuestión de tiempo. El énfasis de la lucha contra la corrupción debe estar tanto en la penalización del delito como en su preven-ción. Sin embargo, si es que queremos atacar de raíz un problema tan complejo, tenemos que partir por hacer un diagnóstico objetivo, y es que el problema no está solo en detectar a las personas culpables, sino también en detectar las fallas en los sistemas.

Hay que actuar de una manera más pro-activa y comprometida en la lucha contra la corrupción, hay que crear mecanismos que nos permitan fiscalizar constantemente, sin que esto vaya a significar que el Estado se paralice; en tal sentido, es necesario incidir en una educación que elimine la microcorrup-ción, esa corrupción cotidiana que está tan arraigada en nuestra cultura y que incluso es vista y hasta aceptada, como si no fuera parte esencial del problema; pero lo es.

Hay que educar en valores, premiar a

quienes actúan honestamente y sancionar a quienes cometen actos de corrupción, aun-que estos actos sean pequeños. Por ejemplo, el compadrazgo, la argolla, la coima o el ge-neralizado 10%, como lo ha manifestado el señor Contralor. Debemos entender que la corrupción tiene dos componentes: es tan corrupto el que se deja corromper como el que corrompe, y ambos deben de ser san-cionados con total rigurosidad.

La corrupción está tan enquistada en nuestras mentes que ha hecho de nosotros una sociedad incrédula, al extremo de que si alguien hace algo bueno, es motivo de sospecha; se confía poco en las personas y menos en las instituciones; es fácil destruir y difícil construir en el Perú.

En la quinta encuesta anticorrupción de Proética, realizada en el año 2008, se repite una respuesta que demuestra de manera evidente esta falta de credibilidad de la gen-te: cuando se le pregunta a la población si denunciaría un acto de corrupción, el 92% dice que no, porque no tiene sentido hacerlo, que nada va a ganar y, por el contrario, que tiene mucho que perder. Recientemente, en junio de este año, de acuerdo con la sexta encuesta realizada por Ipsos Apoyo para Proética, la corrupción ha pasado al primer lugar en la percepción ciudadana sobre los principales problemas del país, por encima de la delincuencia, e inclusive por encima del desempleo.

La historia de las investigaciones nos enseña que para combatir la corrupción no solo basta la actitud personal de rechazo a esas prácticas. Soy una convencida de que la corrupción se combate respetando plena-mente el fortalecimiento de las instituciones encargadas por la Constitución y las leyes para ello. Es por este motivo que hoy quiero

anunciar que el Grupo Parlamentario Fujimo-rista apoyará las leyes que hoy viene promo-viendo el Contralor General de la República. En primer lugar, respaldaremos la ley que amplía la facultad sancionadora de la Con-traloría, para evitar que sus informes sigan siendo ignorados y que por un falso espíritu de cuerpo las instituciones públicas blinden a algunos funcionarios deshonestos; respal-daremos, asimismo, de manera decidida, la iniciativa que busca fiscalizar los proyectos de inversión desarrollados a través de organis-mos internacionales, muchas veces utilizados por los gobiernos locales y regionales con la finalidad de evadir las acciones de control.

En ese sentido, me parece fundamen-tal la modernización de la gestión pública planteada por el Contralor al inaugurar este evento, como un elemento indispensable pa-ra luchar contra la corrupción. Y es aquí, señor Contralor, que me comprometo con usted y con su institución a darle todo el respaldo político y, de llegar a ser gobierno, los recur-sos necesarios para hacer realidad el modelo de gestión por resultados, acompañado de un programa de incentivos directamente relacionados con el cumplimiento de las metas que emanen de las políticas públicas.

Asimismo, apoyaremos la implementa-ción de un nuevo sistema de compras elec-trónicas como factor vital en la lucha contra la corrupción; este sistema es indispensable porque el Estado destina cada año aproxi-madamente 60% del presupuesto público para las adquisiciones de bienes, servicios y ejecuciones de obras, siendo este proceso el más importante en la gestión de los recursos de todos los peruanos.

Existen experiencias exitosas en todo el mundo, como CONEX en Corea del Sur, Comprared en Costa Rica, Panamá Compras

en Panamá, Compranet en México, que han demostrado que estos sistemas electrónicos permiten llevar las compras del Estado con total eficiencia y total transparencia.

Daremos un gran salto en el modelo de gestión de los recursos humanos para otorgar mayor valor al empleo público. Hay que convertir al Estado en un centro atrac-tivo para incorporar, retener y desarrollar el talento humano. Estoy convencida de que una buena remuneración para los puestos gerenciales claves en el Estado, fortalece la gestión y cierra el paso a la corrupción; esto ya lo he afirmado en diversas oportunida-des, aclarando que estoy hablando de los puestos técnicos y no de los puestos políticos. Apostamos también por la simplificación de los procesos que definan y transparenten las responsabilidades incorporando tecnología para ver que todas las transacciones sean transables y fácilmente verificables.

Un adecuado intercambio de información de manera oportuna entre diversos sectores del Estado reduce considerablemente los es-pacios para la corrupción, pero el ámbito del Estado en la lucha contra la corrupción debe ir más allá del necesario fortalecimiento a la Contraloría General de la República; es así como la participación de los ciudadanos se convierte en un eje fundamental en esta lucha.

Debemos promover la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de las organizaciones que la representen. Propo-nemos la participación activa de las APAFA

en los centros educativos; la de los CLAS, que son los Comités Locales en Administración de Salud, en centros de atención médica; y la creación de núcleos fiscalizadores que per-mitan una supervisión directa de las obras ejecutadas por los municipios, inclusive a nivel de centros poblados.

Finalmente, un tema que me parece fun-damental en la lucha contra la corrupción es la garantía al respeto total por la libertad de prensa. Por eso, ahora que se vienen pre-sentando diversos proyectos para castigar o penalizar la acción de unos medios de prensa, quiero anunciar que la bancada fujimorista se opondrá a tales iniciativas, toda vez que consideramos que la autorregulación de los medios de comunicación es el camino correcto. Pero más allá de los recursos o la tecnología, hay algo básico e indispensable con lo que ya hemos vencido otros grandes flagelos de nuestro país, y es la decisión po-lítica. Y es esa decisión la que hoy he venido a reafirmar frente a todos ustedes en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere. El fujimorismo tiene una deuda pendiente con todos los peruanos y es por eso que hoy, co-mo representante del nuevo fujimorismo, y con la frente en alto, puedo decir que lu-charemos con todos los instrumentos que la ley nos asiste para combatir la corrupción.

Si siendo primera dama de la Nación en-frenté de manera pública y directa a Vladimi-ro Montesinos, cómo no podría hacerlo hoy contra cualquier forma de corrupción. En ese

tema no habrá amistades ni parentesco que valgan. Tengan ustedes la plena seguridad de que en un eventual gobierno de Fuerza 2011 no tendré ningún miramiento ni existirá tregua alguna para los corruptos.

Yo no voy a permitir que ningún misera-ble venga a empañar mi gestión de gobier-no. En síntesis: en la eventualidad de llegar a la Presidencia de la República, anuncio mi compromiso personal contra la corrupción con una eficiente supervisión, con empleo de mecanismos de control y permanente vigilancia, evitando los vacíos que permi-tan la infiltración de este flagelo. Esta lucha no puede ser solitaria ni unilateral, debe ser coordinada e integral, que involucre a toda la sociedad; una guerra total contra la corrup-ción, que libraremos desde todos los frentes y con todas las armas.

Es necesario un profundo cambio en la conciencia de los individuos, que nos lleve a inculcar así una conducta honesta y solidaria; un cambio que tiene que construirse progre-sivamente; no importa si es anónimo o públi-co, no importa cuánto mida o cuánto pese, la decisión debe ser enfrentar la corrupción desde sus raíces, porque la única diferencia entre la mal llamada pequeña corrupción y la gran corrupción es solo cuestión de tiempo.

Este compromiso debe ir más allá de cual-quier persona o partido político, porque la lucha contra la corrupción es una cuestión de Estado que requiere la participación activa de todos nosotros. z

“El énfasis de la lucha contra la corrupción debe estar tanto en la penalización del delito como en su prevención”

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Estimado Fuad, amigo con el que hemos venido trabajando muchas de las re-formas de la Contraloría y una futura

implementación de cambios importantes en materia presupuestal y, en ese periodo, he visto el trabajo que ha hecho la Contraloría para mejorar su gestión en el país y contribuir en la lucha anticorrupción.

Amigos y amigas que están aquí presen-tes, agradezco me permitan esta oportuni-dad para brindar algunas ideas para darle continuidad a un trabajo en la lucha anti-corrupción que el gobierno del presidente García, el gobierno aprista, ha establecido a través de la concertación de ideas y esfuerzos de muchos actores de la sociedad civil y del empresariado.

Es justo reconocer que ya se tiene una hoja de ruta, que fue iniciada a través del Plan

Nacional de Lucha contra la Corrupción por el que hoy podría ser un potencial rival político, pero fue parte del gobierno como primer ministro, el señor Yehude Simon, quien lanzó esta iniciativa y con quien también trabajé. Este trabajo también fue continuado cabal-mente, con un esfuerzo mayor de concerta-ción e implementación, por quien fuera el ministro Velásquez Quesquén, y creo que esa hoja de ruta es fundamental para empezar a plantearnos estrategias más fuertes en esta lucha contra la corrupción.

La corrupción es una práctica que corroe el alma y la moral de una nación y genera una terrible exclusión social; son los pobres los más sufridos y los paganos de la corrupción. Es indignante ver cuando un funcionario, abusando de su posición, cobra una coima para dar una licencia municipal o usa los re-

Sra. Mercedes Aráoz FernándezEx Ministra de Economía y Finanzas, Ex Ministra de la Producción,

Ex Ministra de Comercio Exterior y Turismo

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cursos públicos destinados a atender progra-mas sociales para su propio beneficio; o un oficial pide un mal llamado “apoyo” a cambio de una multa inventada; o un juez refunde un caso de un juicio por ejemplo de alimentos, y una madre y sus hijos se quedan sin sustento, solo porque alguien pagó el favor.

Solo esta mañana veíamos indignados cómo un juez corrupto e inmoral obligaba a su hijo a cobrar dinero mal habido. ¿Có-mo podemos permitir algo así? ¿Cómo los podemos dejar impunes y permitir que una cultura amoral y sin ética trascienda en nues-tra población? ¿Cómo podemos permitir que se crea que ese es el comportamiento normal y el único que permite sobrevivir en nuestro país?

La corrupción es, ante todo, un problema ético y de justicia social; no podemos avanzar económicamente si permitimos que los actos corruptos invadan nuestro accionar. Es tam-bién un fenómeno antieconómico, pues no permite asignar los recursos escasos dentro de un sistema de méritos, con competencia limpia y justa, sino que lo hace sobre la base de derechos de propiedad mal adquiridos, arbitrariamente adquiridos, y excluyendo a miles de esa posibilidad.

Nosotros queremos hacer posible la con-quista del bienestar para todos los peruanos, y la corrupción no es parte de ella; y creemos firmemente que el Estado cumple un rol pri-mordial en la lucha anticorrupción, pero no lo hace solo: la debemos trabajar todos los sectores de nuestra sociedad y debemos de hacer de ello nuestra cruzada. Es por eso que creo yo que debemos continuar fuertemen-te sobre la base del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que se ha planteado en este gobierno, y profundizarlo y generar un Sistema de Lucha contra la Corrupción.

Como se ha venido diciendo a lo largo de este evento, uno de los grandes desafíos actuales es la lucha frontal contra esta lacra social, la cual ya en el Acuerdo Nacional ha sido declarada de interés nacional como ele-mento indispensable para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

La corrupción en el Perú, en gran medida, ha sido propiciada por la propia estructura y funcionamiento del Estado, y por la forma como este interactúa con los ciudadanos. Ha existido una pronunciada debilidad de los mecanismos de control de la gestión pú-blica, lo cual ha permitido que funcionarios, ciudadanos, instituciones oficiales y empre-sas privadas desarrollen actividades que, en lugar de ser de interés general, beneficien exclusivamente intereses particulares.

La corrupción genera desconfianza y desmoraliza a la ciudadanía, y no permite que esta actúe como contrapeso frente al Es-tado, al ejercer un control democrático sobre su desempeño, con lo cual se disminuye la capacidad del Estado de funcionar adecua-damente y se reducen las posibilidades para que nuestra sociedad prospere.

Estas consecuencias han sido vividas de manera dramática por el Perú en su histo-ria reciente, puesto que los esfuerzos por la lucha contra la corrupción evidenciaron la existencia de una organización delictiva incrustada al interior del poder estatal y que se encontraba integrada por altos funcio-narios del Estado, muchos de ellos hoy en día procesados y otros que ya cumplen con-dena. Este hecho sin precedentes obligó al Perú a mejorar su legislación y sus políticas anticorrupción.

Así, por ejemplo, en los últimos años se promulgaron normas como el Código de Éti-ca de la Función Pública; se creó la Unidad

de Inteligencia Financiera, las Procuradurías Anticorrupción; se implementaron mecanis-mos de colaboración eficaz; se elaboró la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de los Derechos y Participación de Control Ciudadano, entre otras trascen-dentales reformas.

Durante el presente gobierno se ha dado impulso a iniciativas como el Programa Na-cional de Fortalecimiento de Capacidades para la Lucha contra la Corrupción, Ética y Transparencia en la Gestión de la Función Pública a través de la Presidencia del Consejo de Ministros; la promulgación de la Ley de Protección al Denunciante, la Ley de Soborno Transnacional, la nueva Ley de Contratacio-nes del Estado y la expansión del SEACE, el portal de Transparencia Homogéneo, la propuesta de modificaciones al Código de Ética de la Función Pública, para establecer un mejor régimen sancionatorio, la discu-sión de un nuevo proyecto de reglamento de declaraciones juradas en conjunto con la Contraloría, la difusión de normas y con-venciones internacionales sobre la mate-ria, la constitución de SERVIR para mejorar el empleo público y el sistema de recursos humanos del país, entre otros.

Asimismo, es necesario destacar que nuestro país en América Latina es el que ha suscrito más instrumentos internacionales de cooperación para la lucha contra la co-rrupción, demostrando su compromiso para

erradicar este problema social e institucional: somos parte de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Comisión In-teramericana contra la Corrupción, el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción, la De-claración de Santiago, el Curso de Acción de Lucha contra la Corrupción y, recientemente, se han iniciado las gestiones para ser parte de la Convención anti soborno de la OCDE. Somos también líderes en la lucha contra el tráfico y el uso de fórmulas de disfraz a través del sistema financiero, y hemos esta-do liderando esto con la banca privada y la Superintendencia de Banca y Seguros.

Todas estas son normas y formas muy im-portantes para tener un conjunto de políticas que, de ser implementadas permitan a los países mejorar sus sistemas institucionales para enfrentar la corrupción. Además de ello, cabe la oportunidad para destacar que los diferentes Tratados de Libre Comercio sus-critos por el Perú generan compromisos para asegurar la transparencia y la lucha contra la corrupción; así, por ejemplo, en el caso del Tratado que suscribimos con Estados Unidos, el Perú se comprometió a tipificar el delito de soborno transnacional y asegurar meca-nismos de transparencia en la publicación de normas en el sector forestal. Inclusive se plantearon elementos de transparencia muy claros, entre otros, los que se han venido implementando, y con bastante éxito. Sin duda alguna, la integración del país con el

mundo también nos ayuda en este aspecto.No obstante estos avances, para plan-

tear una agenda para el futuro gobierno es necesario destacar el carácter sistémico y transversal que tiene la lucha contra la co-rrupción. Es sistémico porque en la lucha contra la corrupción participan diferentes instituciones como por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Congreso de la República, el Ministerio Público, entre otros; y es transversal porque la lucha con-tra la corrupción y la promoción de la ética atañen a todos los sectores institucionales públicos y privados, y a la sociedad en su conjunto.

Bajo este enfoque, propongo algunos ejes de trabajo para nuestro futuro gobierno:

Articulación de un sistema nacional anticorrupción

Este eje debe concentrar sus esfuerzos en articular y coordinar la labor de las institu-ciones públicas y privadas que trabajen en la lucha contra la corrupción, con la finalidad de darle una mirada y objetivo común, evitando la duplicidad de funciones y posibilitando una mejora en el uso de los recursos huma-nos, económicos y de tiempo.

Para esto se ha considerado como una de las tareas prioritarias establecer las ba-ses para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción dialogante e inclusivo, que

“La corrupción en el Perú, en gran medida, ha sido propiciada por la propia estructura y funcionamiento del Estado”

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mejore el trabajo de la Comisión de Alto Nivel para la Lucha contra la Corrupción, y en donde la Contraloría General de la Re-pública y las distintas autoridades autóno-mas puedan concatenar su trabajo y buscar objetivos compartidos a corto, mediano y largo plazo en la lucha contra la corrupción; fijando líneas de base, indicadores, metas y cronogramas de ejecución de acciones específicas, así como la identificación de los actores o responsables de cada una de ellas. Para esto se tiene previsto contar con la mayor participación posible de todos los actores involucrados, para que en conjunto se pueda elaborar este importante plan, que debe transcender al actual gobierno y con-vertirse en una auténtica política de Estado.

Control social, democratización de la lucha anticorrupción

En cuanto al control social, puedo decir que solamente una sociedad civil fuerte, or-ganizada y vigilante puede evitar o ayudar a contrarrestar la corrupción en nuestros paí-ses. Por eso, la tarea primordial debe estar centrada en la información y la formación ciudadana. La información que debe garan-

tizar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública, eliminando las trabas y la cultura del secreto que aún subsiste en muchas instituciones de nuestra patria.

En este aspecto, es crucial la activa par-ticipación de los medios de comunicación y también de muchas entidades, como las ONG que participan haciendo pública la in-formación, y hago referencia a Ciudadanos al Día en su trabajo en ese sentido, que ha sido vital para fortalecer nuestras capacida-des en la lucha y en la mejora de la gestión pública. Y, como digo, el rol de la difusión de valores éticos velando por la independen-cia y fortaleciendo su difusión, su capacidad proactiva en esta cruzada y que, sobre todo, haga patente la relación del Estado con la sociedad y con todos los grupos de poder económico y político.

Además, es importante implementar reformas que simplifiquen y faciliten las re-laciones entre los ciudadanos y el Estado, como la simplificación permanente de trá-mites, en lo que se ha avanzado mucho en este gobierno, pero hay que seguir dándole todo el impulso, así como a la mejora de los sistemas de atención al ciudadano. Hemos mejorado en New Business, hemos simpli-ficado pasos; en realidad, hemos mejorado

hasta 20 posiciones si comparamos el tema en términos de la metodología previa; ahora con la nueva metodología son 10 posiciones nuevas.

Esto ha sido por un esfuerzo concertado, desde el Ministerio de Economía, a través del Consejo Nacional de Competitividad, hemos liderado este esfuerzo y, durante el último año, todas las instituciones del Estado siguie-ron esta línea, de simplificación, de búsqueda de reducir los costos de transacción. Que no es para la gran empresa. La gran empresa puede soportar los costos adicionales, pero el que no los puede soportar es el propieta-rio de una pequeña o una microempresa; esos sobrecostos lo excluyen y es por eso que cuando hablamos de competitividad y hacemos este esfuerzo por reducir trámites, estamos realmente atendiendo las deman-das de individuos, de ciudadanos que quie-ren tener éxito, y que si nosotros dejamos que la burocracia y los trámites sigan vigentes, simplemente los excluimos. Y el crecimiento no es posible si no incorporamos al 99% de las empresas de nuestro país, que son las pequeñas o microempresas; es así entonces, que tenemos que avanzar en eso.

En lo referente a la atención al ciudada-no, muchas veces tenemos la cultura de que el ciudadano tiene que pasar largas horas esperando ser atendido. Somos servidores públicos, nuestro deber es atender al ciu-dadano y tratarlo bien, y vamos a hacer un esfuerzo para hacer posible que la cultura de atención al ciudadano sea lo primordial, que entendamos que nuestros ciudadanos son el centro de nuestra función, y estoy segura de que los funcionarios públicos que están ahí porque realmente tienen vocación, lo van a hacer con amor y revalorando su trabajo.

Necesitamos también institucionalidad que nos permita el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información implementando el nuevo portal de Transparencia Estándar, ela-borado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras tareas.

En cuanto a la formación de valores, creo que esta es una tarea de largo aliento que implica modificación de patrones culturales, que nos hagan ver a todos los ciudadanos que la lucha contra la corrupción no es una tarea solamente de la burocracia estatal, sino que en ella se encuentra con algún grado de responsabilidad el conjunto de los ciuda-danos; más aún, que todos tenemos algún grado de responsabilidad para hacer posible que no haya corrupción en nuestro país.

La corrupción no solamente quita y da mal uso a los recursos públicos, que son de todos los peruanos, sino que, sobre todo, destruye la confianza en las instituciones y el capital social, que son tan importantes para la gobernabilidad del país.

Un informe elaborado por la ONG Proética señala que la tolerancia hacia la corrupción, entendida como aceptación o rechazo parcial, pero no absoluto, hacia los actos corruptos, se ha incrementado de 66% a 75%; además, la confianza en que la denun-cia de un acto de corrupción será efectiva se ha caído de 23% a 13%, en tanto que se ha incrementado la percepción de que los que denuncian, terminan siendo perjudicados. Nos encontramos, por lo tanto, frente a una ciudadanía descreída y, en algunos casos, hasta permisiva con la corrupción; es por eso que la formación y la información también implican un constante acercamiento de los

mecanismos de lucha contra la corrupción a la sociedad civil en su conjunto.

De nada sirve que existan estos meca-nismos de lucha y se encuentren regulados en diferentes normas, si es que no son legiti-mizados por la sociedad, si no son sentidos como suyos por las organizaciones sociales y si es que estas no los usan ya sea por desco-nocimiento o simplemente por su comple-jidad e inoperancia; por eso hay que seguir insistiendo en la participación ciudadana y en la democracia como sistema de gobierno.

Afortunadamente, en el Perú se han dado importantes avances en este sentido, con la creación de los denominados Comi-tés de Coordinación Regional y Local, que son espacios institucionales de encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Estado con la finalidad de discutir, entre otras cosas, los mecanismos de desarrollo, los presupuestos, su priorización y su ejecución posterior. No obstante, otros mecanismos existentes en las leyes peruanas, como por ejemplo el referéndum, la iniciativa legislativa o la remoción de autoridades, aún son poco usados, siendo necesaria una ma-yor educación ciudadana sobre el particular.

En este esfuerzo, diversas instituciones internacionales, como por ejemplo, en me-canismos de seguimiento e implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual el Perú es parte, han re-comendado al Estado Peruano implementar programas formativos anticorrupción dirigi-dos no solamente a los funcionarios públicos, sino también a las organizaciones de la so-ciedad civil y a la población en su conjunto, sobre los distintos espacios de participación ciudadana existentes en la normatividad pe-ruana, a efectos de incrementar y mejorar

“De nada sirve que existan estos mecanismos de lucha y se encuentren regulados en diferentes normas, si es que no son legitimizados por la sociedad”

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cualitativamente la presencia ciudadana en las políticas públicas y en la lucha contra la corrupción.

Sistema normativo adecuado

Este tercer eje tiene como objetivo adecuar la legislación existente en el Perú para convertirla en moderna, eficaz, y en un auténtico soporte de la prevención de la co-rrupción. Para ello se proponer regular ade-cuadamente distintos aspectos que tienen que ver con la mejora de nuestros sistemas administrativos, entre ellos la normatividad referida a normas de conducta orientadas a prevenir los conflictos de interés, normas pa-ra asegurar la preservación del uso adecuado de los recursos destinados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, normas relativas a la declaración de los ingre-sos, activos y pasivos, el reforzamiento de los órganos de control superior, entre otros. Para tal fin se plantea como necesaria la creación de una unidad especializada en el trabajo normativo de creación y modificación de leyes, así como de decretos supremos, que en un mediano plazo nos permitan contar con una regulación fuerte y adecuada en la prevención de la corrupción.

Algo más que yo quisiera resaltar: quisié-ramos reforzar el rol de la Contraloría. Hemos trabajado con el Contralor toda una serie de normativas para reforzar a las OCI, es decir, a las Oficinas de Control Interno. Hay que dotarlas de recursos humanos y financieros, y darles la responsabilidad no solo de tener capacidad sancionadora, sino que tengan un trabajo concurrente.

Es fundamental que durante todo el proceso, en el que desarrolla proyectos de

inversión y la gestión en general del Estado, la Contraloría nos acompañe. El éxito de nues-tra gestión en el último año en proyectos de inversión, por ejemplo, en ProInversión, ha sido porque la Contraloría ha acompañado el proceso desde el principio hasta el fin; es así que evitamos llegar tarde, más bien avanzamos en este sentido, y por eso es que creemos que si en el Presupuesto 2011 hubiera recursos para iniciar esta reforma fundamental, incorporemos plenamente a las oficinas de Control Interno a la Contralo-ría; esto es importantísimo.

También en la Ley de Presupuesto hemos obligado a que los Planes Estratégicos de cada institución también sean informados a la Contraloría y está la propuesta de ley. ¿Por qué? Porque de esa manera la Contraloría puede ejercer un control efectivo y eficiente, siguiendo el comportamiento, viendo los resultados y cumpliendo su importante rol preventivo.

La reforma del servicio civil es otro de los temas fundamentales que proponemos. SERVIR ha sido el primer paso, pero creemos que tenemos que trabajar mucho más para hacer posible la concordancia con el Ministe-rio de Economía y Finanzas; comencemos a trabajar en una fórmula donde el funcionario público tenga los incentivos correctos y la perspectiva de una carrera pública basada en el mérito, la ética y el cumplimiento de sus metas. Realmente esa gestión tiene que ser premiada, con capacitación continua y los correctos incentivos.

Debemos trabajar en una reingeniería de procesos para evitar justamente la ineficacia que a veces tenemos en el Sector Público y la posibilidad de que por ahí se cuelgue la corrupción.

La transparencia en las compras públicas

es muy simple. Ya empezamos las reformas, existen los modelos de convenio marco para simplificar las compras, de comprar de ma-nera corporativa, de comprar de manera electrónica, la subasta inversa, los sistemas de licitaciones uniformes, los controles a las falsas impugnaciones y el cumplimiento adecuado del Tratado de Libre Comercio, que incorpora justamente reglas adecua-das para las compras públicas, el trabajo de presupuesto por resultados, la incorporación cada vez mayor; por ejemplo, ya en el 2011 vamos a tener un 20% de los procesos vía presupuesto por resultados, lo que va a ser posible un mejor control, porque sabemos efectivamente que el producto que quere-mos lograr se está logrando y también po-demos medir la gestión de sus funcionarios.

En cuanto a este esquema de gestión, tenemos un sistema de incentivos hoy a nivel municipal para mejorar la gestión tanto en políticas sociales como en políticas de aten-der y facilitar los negocios. Este sistema de darle más recursos a las municipalidades está dándonos resultados increíbles y queremos introducir en este esquema de incentivos la buena gestión, inclusive para la preparación frente a los desastres, la prevención de los

desastres naturales, eso va a ayudarnos a tener más eficacia y eficiencia en nuestra gestión pública.

Son algunas de las líneas de trabajo. Creo que con esto, con cooperación, con un traba-jo donde podemos establecer claramente que inclusive el Poder Judicial entre en este proceso de reforma, cruce información; po-demos evitar el lavado de activos, detectar paraísos fiscales y cuentas relacionadas con la corrupción.

Creo realmente que el hecho de que hoy día hayamos tenido la oportunidad de participar en un evento tan importante, de carácter internacional, organizado por la Contraloría, señala claramente que es cierto: alguna vez tuvimos niveles de corrupción muy altos, pero cada vez más estamos cam-biando esa posición y nos toca presidir en el próximo gobierno, hacer que se profundicen estas reformas. Esperemos, pues, contar con su apoyo para lograr este objetivo. z

“Debemos trabajar en una reingeniería de procesos para evitar justamente la ineficacia que a veces tenemos en el sector público y la posibilidad de que por ahí se cuelgue la corrupción”

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Quiero comenzar felicitando a la Con-traloría General de la República por este evento, primero porque la pre-

sencia de invitados extranjeros es algo bueno, y es bueno porque nos permite ver desde distintas perspectivas los sistemas de control que se han hecho en distintos países; segun-do, por el aporte de los distintos ciudadanos que en las áreas tanto públicas como privadas están acá; y también han venido líderes de distintas colectividades políticas, de manera tal que se puedan intercambiar distintas ideas para mejorar los sistemas de control.

Cuando vi el título de la conferencia, el que dice “Gestión Limpia y Eficiente”, me pareció muy bien que se hable de gestión limpia y eficiente, no solo por el contenido en sí mismo que tiene, sino porque cuando estamos hablando de lucha anticorrupción,

estamos hablando entonces, o partiendo de una premisa, directa o indirecta, de que el funcionario público en general es corrupto. Eso no es cierto; eso yo no lo creo porque ten-go una larga trayectoria en el sector público y, así como hay corruptos, no lo son todos ni lo son la mayoría, pero vamos a hablar de corrupción.

Vito Tanzi habla de tres factores funda-mentales que tienen que darse en la corrup-ción: uno es el ánimo; dos, la inclinación o par-cialización; y tres, el beneficio que se pueda obtener. Es decir, se corresponden, son con-juntivos; si falta uno de estos factores, en rea-lidad no hay corrupción. En el país tenemos desde la prevención de la corrupción, y creo que eso es uno de los factores fundamentales en los cuales nosotros tenemos que trabajar, y ahí me voy a detener cuando hable de las

Sr. Luis Castañeda LossioEx Alcalde de Lima Metropolitana

Presidente del Partido Solidaridad Nacional

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causas, la prevención, la detección, el proceso de investigación, la sanción y la efectividad de la misma y, en consecuencia, la lucha con-tra la corrupción. Ello incluye, el trabajo en conjunto de una serie de instituciones, con el mismo espíritu, con la misma voluntad, y entonces así lograremos que las cosas no se queden a medias cuando alguien ha cometi-do un hecho que sea susceptible de punición. Y en eso, bienvenida esa colaboración, pero para todas ellas tenemos que tener un común denominador, y el común denominador es que no dependan del gobierno de turno ni que tengan tampoco una vocación política, porque si no, obviamente estamos desnatu-ralizando el objeto de la misma y la utilización que se ha hecho de la misma.

Hay muchos contralores que no están precisamente donde deberían estar; uno porque está fugado y otro u otra por ahí. ¿Qué revela esto? Que hay una corrupción del Estado y desde el poder; que se utilizaron también, gracias a Dios no ahora, la Contra-loría General de la República o las distintas instituciones, como un medio, una manera de persecución política. En consecuencia, es fundamental que la Contraloría General de la República tenga plena autonomía, que no obedezca a ningún dictado ni inclinación político-partidaria, y menos a presiones me-diáticas.

Creo que es importante hablar un poco de las causas de la corrupción, pero antes de hablarles en detalle de cada una de ellas, yo quiero decirles algo: finalmente la corrupción es la expresión de una colectividad, de un colectivo nacional, que en realidad empieza a entrar en crisis; es la falta de valores, y esa es la principal razón, eso es lo que hay que trabajar, en la prevención, para lograr una sociedad con valores, una sociedad que tenga el valor

de la honradez, el valor del respeto, el valor de la verdad, porque fundamentalmente la verdad es lo que se transgrede cuando se comete un hecho punible. Esta es una de las cosas en las que nosotros tenemos que tra-bajar, y en eso tenemos que sumarnos todos, absolutamente todos los peruanos, porque es empezar a sembrar una sociedad justa.

Cuando se empieza a analizar las causas de la corrupción, se empieza a ver algo que es fundamental: por ejemplo, el trabajador público gana poco, eso es algo sabido. Encima de que gana poco, también es maltratado. El trabajador público no tiene ningún tipo de reconocimiento; el trabajador público cuando entra, o cuando alguien entra a la gestión pública, tiene tres cosas que son fijas, que de todas maneras le van a suceder: una, que va a tener un salario bajo; dos, que se va a ganar de todas maneras con algún proceso; tres, que no va a obtener reconocimiento.

Entonces, ¿qué hace? Son una serie de hechos que se van vinculando entre ellos. Hay, por otro lado, toda una serie de papeleos burocráticos que vienen, unos por normati-vas que pueden darse a través de los distin-tos medios, llámense leyes, decretos leyes, decretos supremos, ordenanzas, etc.; todo lo que fuera; pero también hay otros que se crean a través de reglamentos internos.

¿Por qué se crean los reglamentos inter-nos? Voy a contar una anécdota: yo había co-menzado a dirigir el Seguro Social y entonces me viene un señor con una cantidad de pa-peles y me dice: “Para usted”. Pero empiezo a leer y dicen: “Tengo el agrado de dirigirme a usted”, y una literatura tremenda, y luego “para los fines consiguientes”. Entonces lo llamé y le dije: “Mire, usted me está mintiendo. ¿Tiene el agrado de dirigirse a mí? Mentira, si ni siquiera me conoce todavía, y me parece

prematuro decir que es agradable dirigirse a mí”. Y: lo segundo es: ¿“Los fines consiguien-tes”? ¿Cuáles son los fines consiguientes? Los fines consiguientes lleva implícito decir: “Yo no voy a tomar ninguna decisión, tómela us-ted”, es decir, Pilatos llevado a la burocracia.

Y eso se da simplemente porque en la gestión pública, desde que usted entra, le dicen: “Oye, no firmes ningún papel porque de todas maneras vas a ser observado, de todas maneras vas a tener un proceso”, y en consecuencia se crean reglamentos internos y se van multiplicando los trámites, porque no quieren llevarse a cuestas ese proceso judicial, que van a cargar hasta después de trabajar en la administración pública.

Les voy a contar otra anécdota. Llamo yo un día a una persona y le digo para que ocupe un alto cargo en la gestión municipal y entonces esta persona me dice: “Mira, Lu-cho, yo te agradezco muchísimo, realmente en otras condiciones me hubiera gustado mucho asumirlo, pero yo ya estuve en la admi-nistración pública ¿y sabes qué? Todavía me siguen llegando notificaciones, me siguen llegando citaciones de una serie de procesos”, y la persona era una persona tremendamente honorable. Entonces, son todas estas cosas que creo que hay que pensarlas, porque están

haciendo que se corran de la administración pública.

Si usted está mal pagado, si a usted le siguen procesos, si no tiene reconocimien-to público, entonces se corre la gente de la administración pública, y por eso estamos perdiendo valores, está perdiendo el país, se prepara a la gente de la administración pública y se la lleva el sector privado, se des-capitaliza al Estado.

¿Qué sacamos en conclusión? Que mu-chas veces en realidad el control está hacia las formas y no está justamente hacia los re-sultados; ese es un cambio fundamental y sustantivo que hay que hacer en los sistemas de control y tengo que felicitarlos a ustedes porque sé que están trabajando en ese sen-tido, por un control de resultados, que es mucho más moderno. Entonces, hay muchas cosas en ese sentido que hay que rescatar, que hay que cambiar; hay que cambiar, por ejemplo, procesos de los que hablaba, no solo los reglamentarios.

Fíjense ustedes, les voy a contar algo; por aquí tengo un cuadro. Nosotros hemos sacado lo que se llama las “Licencias ya”. Son unas licencias que se entregan en 24 horas, que han tenido un premio del IFC, del Banco Mundial, y que son buenas porque es una

ruptura de barreras a la inversión privada. Se aumentaron de 5,000 licencias a 38,000 licencias; incluso bajamos los costos.

La corrupción origina muchos perjuicios. Origina, por ejemplo, que en lugar de tener que tomar una decisión en un sentido, en la dirección que fuera necesaria, de acuerdo con los intereses de la ciudad, del colectivo, del país, de la región, etcétera, se tome en función de los beneficios que se puedan obtener para una u otra persona.

La corrupción, desde cualquier punto que se le vea, es mala, es perniciosa, corrompe todas las voluntades; corrompe a la sociedad en su razón de ser, en su fundamento; corrom-pe al Estado, le quita equilibrio al Estado; y al quitarle equilibrio al Estado, sume al país en la inestabilidad y lesiona a la democracia; y eso es lo que hay que cuidar para que perdure la democracia, para que perdure el cambio.

Estamos en un modelo que se empieza a asentar; pues sigamos adelante, reforcémos-lo a él, démosle consistencia con un Estado serio, con un Estado que realmente también se hace eficiente, y se hace eficiente borran-do todas esas cargas burocráticas y, con un control efectivo y eficiente.

Tendría mucho que hablar al respecto, pero el tiempo apremia un poco. Creo que las

“Muchas veces en realidad el control está hacia las formas y no está justamente hacia los resultados; ese es un cambio fundamental y sustantivo que hay que hacer en los sistemas de control”

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principales medidas son, y en cierta manera ya las deslicé, hacer una sociedad de valores; hay que hacer una sociedad de valores, y los valores tienen que estar inculcándose desde pequeños, en cada actitud: una actitud de respeto, una actitud de confianza, una actitud de fe y una actitud de optimismo.

¿Cuándo hemos visto que alguien que haya hecho una gestión pública haya sido premiado? Les pregunto aquí a todos y ca-da uno del auditorio: ¿me pueden ustedes señalar a una sola persona que haya recibido un reconocimiento? Y esas personas, que pasaron, trabajaron, se entregaron -podría nombrar a muchas personas acá- ¿dónde es-tán? ¿Fueron reconocidas? No. Sin embargo, si hubo alguna cosa, que además fue judicia-lizada, y después el Poder Judicial le levantó los cargos, ya quedó esa persona manchada. Yo creo, señor Contralor, señores legisladores, como que veo aquí algunos, hay que hacer un reconocimiento también, que eso demos-traría una grandeza también del gobierno, que eso significaría una grandeza también de la sociedad para quienes trabajaron y en-tregaron su vida a favor del sector público.

Hay que simplificar los trámites. He hecho referencias, algunas acá, por cierto, a algunos casos municipales. Hay que dar una nueva Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Recojo sus proyectos también sobre la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República, con la revisión tam-bién a todos los procesos para la entrega, por ejemplo a través de las distintas empresas, organizaciones internacionales, que noso-tros por cierto las hemos usado, y que las ha usado la Fiscalía, y que las ha usado la propia Contraloría, y que las ha usado el Congreso, y que las ha usado el Ejecutivo, y que las han usado todos, absolutamente todos. Y qué

fácil es decir que lo hicieron por corrupción; no pues, no es tan fácil. La pregunta es: ¿por qué la usaron? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que se usan porque eso es unánime: no hay una sola entidad pública que no la haya usado. Se usan porque hay un problema de diseño legal, de diseño le-gislativo, y hay que hacer un trabajo que nos permita también tener en realidad diseños ágiles, hábiles, que nos permitan también el actuar, hacer las cosas con ese ímpetu cuando hay buenos administrativos de por medio; de lo contrario, prefieren no hacer nada.

Me pregunto aquí: ¿cuándo ha sido san-cionado alguien por no hacer nada?, ¿cuán-do? Y que alguien levante la mano, por favor. Hay algunas entidades del Estado que ahí están, ¿no es cierto?, con sus recursos, y están jugando al dólar y ¿cuánto tiempo perdió el Estado?, ¿cuánto tiempo se retardaron esas obras? Eso es otra cosa. Por ejemplo, lo que he querido hacer en esta exposición no es simplemente un listado, sino una invitación a la reflexión; porque hay que cambiar las cosas, porque hay que mejorarlas, hay que ser implacables con quien cometió alguna apropiación ilícita, algún delito finalmente contra los recursos del Estado, que finalmente es contra las personas y es contra el país, y eso sí nos debe preocupar.

Creo, señor Contralor, que hay que ca-pacitar al funcionario público. Creo que el SEACE, el Sistema Electrónico de Contrata-ciones del Estado, hay que profundizarlo. Hay distintos países donde eso ha sido exitoso. Nosotros hemos participado muy bien, todas las instituciones de la Municipalidad de Lima, y hemos participado con publicidad también a través de nuestras distintas páginas.

Estamos bien. Vayamos, sigamos por esa misma senda. Que no nos deprima, que no

nos quite ese optimismo que, por lo demás, yo seré siempre perseverante en él. Algunos hechos ajenos por ahí, pero debemos ser im-placables, seguirlos; pero no nos sometamos a un dictado político, que no lo usen ahora esos neomoralistas que hoy se presentan, se rasgan nuevas vestiduras. No, señor, lo que finalmente nos dice la autoridad moral que tenemos, y esa la reclamo para hablar de estos asuntos con muchísima claridad, no probablemente para gustar a un auditorio, sino para invitarlo a la reflexión, hacer un replanteamiento mucho más grande, más profundo.

La corrupción no se va a acabar con una disposición o con dos disposiciones. ¿Saben cómo se va a acabar? Cuando todos y cada uno de los peruanos realmente tengamos una decisión clara, firme al respecto, y más aún quienes tenemos un liderazgo, y ese li-derazgo nos compromete con el país.

Tengo que terminar felicitándolos, señor Contralor, señora Secretaria, a ustedes y a todo su equipo por este conversatorio, por esta reunión de carácter internacional. No es porque ponga el tema en el tapete, sino porque recoge, como lo dije al comienzo, las distintas experiencias, porque eso quiere de-cir que hay una buena voluntad, una buena

voluntad de nutrirse de las otras, porque nos ha permitido estar en el mismo escenario y conversarlo, y verlo desde distintas perspec-tivas y desde distintos ángulos.

Por eso mi reconocimiento, señor Con-tralor, y sepa usted que nosotros, Solidaridad Nacional, que es mi partido, predicando por cierto con el ejemplo, hemos estado muchos años en la gestión pública. Lo he estado en Emape, lo he estado en el Seguro, lo he estado en el municipio, y tengo autoridad moral para hablar justamente de estos asuntos y detesto la corrupción; por eso mis congratulaciones, mis felicitaciones y mi agradecimiento a to-dos los invitados extranjeros y nacionales, y a todas aquellas personas que con su aporte han enriquecido esta posibilidad. z

“La corrupción no se va a acabar con una disposición o con dos disposiciones. ¿Saben cómo se va a acabar? Cuando todos y cada uno de los peruanos realmente tengamos una decisión clara”

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Excelentísimo Señor Presidente de la Repú-blica, Dr. Alan García PérezSeñora Embajadora de los Estados Unidos de América, Rose M. LikinsSeñores expositores y panelistasSeñores participantes

Buenas noches.

Hemos comenzado la mañana de ayer con la exposición magistral del profesor Robert Klitgaard y me gustaría iniciar estas breves palabras con algunas reflexiones empleando su ejemplo respecto a qué respuesta podría merecer una A+ como calificativo al responder la pregunta “¿qué

es mejor: la mayor o la menor regulación para combatir la corrupción?”.

La respuesta correcta nos remite a la ya célebre ecuación:

Sobre el tema, Robert Klitgaard planteó la siguiente interrogante: ¿cómo puede la regulación ser efectiva en el combate con-tra la corrupción? La respuesta, volviendo a nuestra ecuación, es contribuyendo a la reducción de los monopolios, la reducción de la discrecionalidad y a un dramático in-

cremento de la transparencia y la rendición pública de cuentas.

Creo que todas las políticas anticorrup-ción deberían considerar estos postulados. El Estado tiene el monopolio absoluto en la regulación de los sectores productivos relacionados con la actividad empresarial y la creación de valor. Esta posición de do-minio absoluto nos obliga a ser observantes y atentos a cualquier práctica instituciona-lizada de corrupción en el servicio público.

Un tema de especial interés es el que lue-go el Contralor General del Ecuador, Carlos Pólit, nos reveló respecto a que un mecanis-mo eficiente y necesario para el ejercicio de un control gubernamental efectivo, capaz de prevenir y combatir la corrupción, es la facultad sancionadora a los funcionarios públicos a quienes se les haya identificado responsabilidad administrativa funcional.

Bajo esta óptica, la lucha anticorrupción debe incluir en sus pilares medidas que ase-guren la erradicación de la impunidad, cuya agudización en los últimos años ha servido para incentivar de manera exponencial los delitos de corrupción.

A su vez, la Defensora del Pueblo, Bea-triz Merino, opinó que para poder luchar contra la corrupción es necesario que el Estado fomente en la ciudadanía la toma de conciencia y conocimiento acerca de sus

deberes y derechos para reclamar contra la deficiencia en los servicios públicos y de-nunciar los actos de corrupción.

Enfatizó en que la utilización de los me-canismos de denuncia, dispuestos por el Estado para que el ciudadano evidencie los actos de corrupción, no se agota con la pre-sentación formal de una denuncia: adquiere plena realización cuando la administración pública reacciona de manera efectiva y cumple con sus obligaciones y funciones, atendiendo al ciudadano y pronunciándose oportunamente. Y es así como la sociedad en su conjunto desempeña un papel fun-damental en la lucha contra la corrupción.

Flavio Mirella se ha referido a que hace aproximadamente dos décadas los Estados han producido una vasta colección de nor-mas y regulaciones, tanto administrativas como penales, con la finalidad de prevenir y castigar los actos de corrupción come-tidos por malos funcionarios públicos. Cuantiosas sumas de dinero y otros acti-vos producto de la actividad criminal son luego derivados a entidades financieras nacionales e internacionales para su lega-lización como parte del sistema financiero y productivo.

Asimismo, comentó que en el año 2003 el Perú suscribió la Convención de las Nacio-nes Unidas contra la Corrupción, compro-

metiéndose a ser del grupo de Estados que día a día se enfrentan al crimen organizado y a la corrupción, y que al estar la Contraloría General de la República comprometida en la lucha frontal contra este flagelo, que per-judica la economía nacional e internacional, se hace necesaria la unificación de esfuerzos en denunciar a todos aquellos funcionarios corruptos y perseguir no solo sanciones pe-nales, sino también buscar recuperar para el Tesoro Nacional los bienes desviados, en muchos casos a paraísos fiscales.

Esta mañana, Norbert Hauser nos per-mitió conocer la eficiente labor que efectúa el Tribunal de Cuentas Alemán con relación a la lucha anticorrupción, enfocada en las labores de prevención en un sentido amplio, ya que parten desde el análisis previo de las nuevas normas y proyectos que serán emitidos por su Parlamento o su Gobierno, la implantación de directrices anticorrup-ción, así como de la ejecución de auditorías ejemplares que contribuyan con detectar y detener los actos de corrupción de mane-ra oportuna, con la consecuencia del inicio de investigaciones penales y el acompaña-miento de medidas disciplinarias.

En este contexto, afirmó que sus Au-ditorías de Rendimiento están enfocadas en el análisis de funciones de las entidades y no en las transacciones administrativas,

Discurso de Clausura del Señor Contralor General de la República del Perú,

Fuad Khoury Zarzar

CORRUPCIÓN = MONOPOLIO + DISCRECIONALIDAD – TRANSPARENCIA

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lo que les ha permitido identificar sus for-talezas y debilidades, así como aportar en mejoras de políticas de gestión con carácter preventivo de la corrupción, tales como aná-lisis de sectores de alto riesgo, principio de los “varios ojos” (participación ciudadana), transparencia de las decisiones tomadas, selección y rotación cuidadosa del perso-nal, capacitación y perfeccionamiento del personal, entre otras que, en su conjunto, constituyen una fuerza motriz que impulsa las medidas anticorrupción.

Adicionalmente, enfatizó en la ne-cesidad de cambiar el comportamiento, cambiar la actitud, a través de la medición y premiación de las buenas acciones, con la triangulación (participación) de los clientes del servicio, de los expertos del servicio y de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Por su parte, Saúl Peña se refirió a que el peruano está perdiendo la confianza en sus instituciones debido a la corrupción. Que existiría una clase de ciudadano que aparenta ser ético y justo, lo que constituye un tipo de defensa o negación de sus malas prácticas; que trata de mostrar como algo bueno lo malo que hace, y que quiere justifi-car su accionar atribuyéndolo a experiencias personales negativas.

Concluyó afirmando que el peruano actual debe asumir la responsabilidad que le corresponde en la lucha contra la corrup-ción, y reconoció que hay muchísimos com-patriotas nuestros que son trabajadores, respetuosos de la ética y que cumplen su función ciudadana.

Manuel Alejandro Guerrero nos ilustró so-bre el papel de los medios de comunicación, que es el de ser proveedores de información, arena de debates, vigilantes del poder.

Resaltó que con cada vez más frecuencia los medios descubren casos de corrupción. Esta función no se realizaba antes. Su efecto es el aumento en la percepción de la corrup-ción y el rechazo a los políticos y funcionarios públicos involucrados.

La realidad demuestra, según afirmó, que los ciudadanos han aprendido a leer las noticias en su contexto, combinándolas con sus experiencias cotidianas, lo que constituye la mejor campaña de comu-nicación, ya que solo puede darse con resultados concretos y además reduce la desconfianza en las instituciones cuando el ciudadano recibe la noticia y además observa los resultados: culpables senten-ciados en la cárcel.

Desde el lado empresarial, Ricardo Bri-ceño, de la CONFIEP, manifestó que los em-presarios reconocen la necesidad de luchar contra la corrupción, no solamente como una cuestión de responsabilidad social y éti-ca, sino porque luchar contra la corrupción produce beneficios a largo plazo.

Y es con ese propósito que instituciones representativas del empresariado, como la CONFIEP, se han comprometido a asumir un comportamiento ético, veraz y transparen-te, respaldando la existencia de reglas de juego claras, y rechazando cualquier acto de corrupción.

Finalmente, luego del recuento de importantes ideas que me he permitido hacer como corolario de estas jornadas, quiero felicitar a quienes hoy aspiran a la máxima magistratura del país por haber manifestado en sus intervenciones un firme compromiso de lucha contra la corrupción. Permítanme una breve reseña de cada uno de ellos:

ALEJANDRO TOLEDO “La lucha contra la corrupción y la pro-

moción de valores debe consolidarse como política de Estado, por cuanto este flagelo viola los derechos económicos y sociales de los ciudadanos e incrementa los costos de producción de los bienes y servicios”.

Propuso el fortalecimiento de las insti-tuciones de control y de administración de justicia, transparentar la gestión pública y aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

YEHUDE SIMON“El funcionamiento de una cultura na-

cional que reconoce y estimula antivalores, así como de una lógica de Estado patrimo-nialista y clientelista, son dos de los princi-pales factores que facilitan un espacio para la corrupción y que deben ser enfrentados”.

Propuso como mecanismos por imple-mentar o mejorar: la rendición de cuentas, el reconocimiento y premiación de casos de éxito y buenas prácticas, así como el adecua-do establecimiento de la modernización y profesionalización de la carrera pública y la implementación de agendas transparentes sobre las actividades de los funcionarios del Estado.

LOURDES FLORES“El escenario de crecimiento económi-

co, con mayor abundancia de recursos, que vivimos, plantea como desafío central que el progreso sea para todos, siendo necesa-rio forjar un Estado eficiente, transparente y con un control público adecuado para enfrentar con mayor éxito la lucha contra

la corrupción. Estabilidad política e insti-tucionalidad pública y privada eficientes son dos condiciones que deben darse y la reducción de brechas de desigualdad, un mercado accesible a todos y el impulso al proceso de descentralización son algunas medidas para su logro”.

Propuso revalorizar la función pública, reivindicar la importancia de la discrecio-nalidad en el marco de la ley, consolidar la simplificación y el gobierno electrónico; e impedir la parálisis y el temor de los funcio-narios, reforzando la prevención con sanción y la especialización del control técnico.

KEIKO FUJIMORI“La infiltración de la corrupción es capaz

de detener proyectos nacionales de desa-rrollo, como lo demostraron experiencias del pasado. La esencia de la pequeña y la gran corrupción es la misma y su diferencia es solo cuestión de tiempo, afectando por igual la estabilidad y el desarrollo”.

Propuso enfatizar la penalización y la prevención; educar en valores contra la mi-crocorrupción, fortalecer las instituciones anticorrupción e impulsar una real decisión política de lucha coordinada e integral.

MERCEDES ARÁOZ“La concertación de todos los actores

y la implementación de una hoja de ruta son elementos valiosos para enfrentar la co-rrupción, pues ella genera exclusión social y agrava la pobreza. Su carácter antieconó-mico no permite justicia ni bienestar, por lo que deben profundizarse las medidas y reglas adoptadas”.

Propuso la articulación de un Sistema Nacional Anticorrupción dialogante e inclusivo con participación amplia y es-tablecimiento de metas e indicadores; el fortalecimiento del control social y la de-mocratización en la lucha anticorrupción con participación ciudadana, simplificación administrativa y mejor atención de servicios; un sistema normativo adecuado que sirva como soporte a la prevención, el control concurrente y la reforma del Servicio Civil.

LUIS CASTAÑEDA“No todos los funcionarios son corrup-

tos y la lucha contra la corrupción, en sus fases de prevención, detección, sanción y efectividad, debe comprender a todas las instituciones y autoridades competentes. Los salarios bajos y la falta de reconocimien-to son condiciones que la favorecen y sus perjuicios por ineficiencia son tangibles”.

Propuso establecer una sociedad de valores, de actitudes nuevas y positivas y de premiación a las buenas prácticas; la des-burocratización y la modernización de los procesos, el ejercicio de nuevos esquemas de control con independencia, libre de pre-siones y sobre la base de resultados, así como la capacitación y la sanción efectiva como mecanismos para el logro de una gestión pública eficiente. z

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Señor Fuad Khoury Zarzar, Contralor General de la República; señora Em-bajadora de los Estados Unidos; distin-

guidos participantes, autoridades nacionales y extranjeras concurrentes a esta conferencia anticorrupción.

Creo, como lo ha manifestado el señor Contralor, que los objetivos han sido logra-dos en el camino de convocar a todas las fuerzas sociales, políticas y las inteligencias más dedicadas a este tema, en torno a una preocupación y en torno a un programa anticorrupción concertado y participativo.

Quisiera añadir algunos elementos. El primero es un mensaje de esperanza a todos los peruanos: esta mañana, al poner la primera piedra del Lugar de la Memoria, deseaba que en ese Lugar de la Memoria, quedara la visión de lo que fue la primera par-te de la República, centralista, ciertamente injusta, pero enormemente disociada en su pensamiento de la realidad del Perú, y que se abriera paso una nueva actitud de los perua-

nos; es decir, una actitud que dejando atrás el derrotismo, la concepción pesimista de la historia, el fatalismo de decir que todas las cosas son siempre peores en el Perú y que a partir de algún momento, como reza una frase inmortal y novelística, el Perú torció su camino hacia lo malo, como se preguntaba Zavalita, en una gran novela del escritor Var-gas Llosa, y deseaba que en adelante se abra paso a una conciencia menos pesimista, más esperanzada en ver la realidad de un país que en efecto camina y progresa.

Cuando se dice que nuestro país cada vez está peor, se olvida que hoy día, si compara-mos las cifras con las de hace 50 años, tanto en salud, en mortalidad materno-infantil, en la llegada a las universidades, en la escolariza-ción de los estudiantes, en calidad educativa, en agua potable, en electrificación; las cifras de hace 50 años, con las de hoy, nadie podría dudar que en esos términos sociales el Perú ha avanzado enormemente; y, como acaba de decirlo el Programa de las Naciones Uni-

Dr. Alan García PérezDiscurso de Clausura del Señor Presidente de la República

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das, su Índice de Gini, es decir, la diferencia entre los más ricos y los más pobres, no es la peor de Sudamérica, como se gusta repetir, sino que está colocado en un honroso tercer lugar entre los países hermanos.

Lo que intento decir es, como Galileo, “e pur si muove”. A pesar de todas las quejas y a pesar de todos los problemas, el país avanza, se mueve. En el siglo XIX se cometieron actos de corrupción cuya grosería sería impensable en este momento: que se pida autorización al Congreso para que se pague un millón de pesos por la deuda de la Independencia de 30 años antes, en ese momento, y termine pagándose discrecionalmente 43 millones de pesos, es decir, el 43,000% más; que se compren y recompren los esclavos negros a las mismas personas a las que se pagó la deuda de la Independencia; o que, finalmen-te, a esas mismas personas se les entregue el control del guano como consignatarios, enriqueciendo a un pequeño grupo de per-sonas, solo por ser cercanos y conocidos del poder político. Eso significaba 50 u 80% del producto bruto interno nacional puesto en manos de unos cuantos.

Si comparamos eso con lo que ahora ocurre o con lo que ocurrió hace 5, 10, 15 o 20 años, veremos que, pese a todo, vamos mejorando; y lo que me importa decir como jefe del Estado es que el país tiene que dejar en el Lugar de la Memoria la vieja teoría de ser un país cercenado, invadido, dolido, siempre castigado y siempre camino de lo fatal, para ser un país que es capaz de mejorar, y creo que esa concepción y esa convicción es fun-damental para terminar con la corrupción.

¿Por qué creo eso? Porque aquel que cree que el país siempre está condenado a ser peor, cae en el inmediatismo, en el maxi-malismo, y quiere sacar el mayor provecho

cuanto antes de las circunstancias: no paga impuestos, que es una forma de corrupción privada; vende en seudouniversidades ser-vicios profesionales para los que no está ca-pacitado, que es otra forma de corrupción privada; y, naturalmente, señala con el dedo al funcionario que tacha de corrupto, cuando la corrupción es privada y pública, son las dos caras de la medalla; no hay funcionario corrupto sin empresario corrupto que pague sus favores.

Por consiguiente, en el camino del me-joramiento progresivo de nuestro país, creo que hay una receta fundamental que se lla-ma democracia. Parece elemental y verdad de perogrullo; pero cuando la democracia desaparece, la corrupción se acrecienta y, lo que es peor, nunca se conoce.

Cuando no hay democracia o no hay independencia de poderes, cuando no hay prensa libre, que es el primer instrumento, no porque la prensa descubra, sino porque a la prensa va el ciudadano a denunciar, cuando donde debería denunciar es ante la Contra-loría; pero hay algo así como la complicidad o el temor de ganarse problemas y hace la denuncia por debajo de la mesa, en vez de ir a la Contraloría a denunciar corrupciones públicas y privadas. De hecho, la democracia que garantice la más clara independencia del Ministerio Público, el Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, es el mejor instrumento con el cual podemos mejorar el buen uso de los recursos públicos.

Hay un segundo elemento que es funda-mental, se ha hablado de la discrecionalidad; es decir, cuando el funcionario público se atribuye el derecho patrimonial, propieta-rio, de decidir, así como, al momento de la Independencia, los primeros funcionarios decidían a quiénes se regalaban las haciendas

de los españoles fugitivos y enriquecieron a los primeros favorecidos por el gobierno, o nombraron a los consignatarios del guano, o pagaron la deuda de la Independencia, o compraron esclavos negros que ya no existían, sino que hacían la doble cola, caso Canevaro, caso Domingo Elías; así también el funcionario, hasta hace muy poco, se atribuía ciertos derechos fundamentales, como fijar la tasa de interés -eso era constitucionalmente atribución del Estado, no de la competencia del mercado-, y fijando la tasa de interés pue-de hacerse en un día muchísimo más ricos a los dueños de los bancos. Finalmente, eso es corrupción; o se puede, fijando la tasa de cambio, enriquecer formidablemente a los exportadores, como ocurrió hace 50 años con los exportadores del algodón y del cobre después de un golpe de Estado en 1948, ¿o nos hemos olvidado de ello?

Entonces, así como la democracia con participación y división de poderes verda-dera es una buena receta para reducir la co-rrupción, porque hasta en el Paraíso la hubo, entonces también el mercado es algo que de-bemos rescatar aquí como instrumento para evitar la discrecionalidad del funcionario.

Lo mejor, y lo he aprendido así, es la com-petencia del mercado. Cuando para una obra

se presentan diez postores y hay la máxima o la mejor transparencia para todo eso, pode-mos decir que hay menos corrupción. Si en cambio el funcionario dice: “Tú vas a construir el Ministerio de Defensa o el Cuartel General del Ejército”, como tal vez ocurrió hace 30 años; entonces se enriquecen, a través de la corrupción, del compadrazgo, de la colusión, los amigotes del régimen de turno. Cuando el funcionario público es dueño de 230 em-presas públicas y gobierna hasta el tabaco y el precio, la sal y el precio, pasando por lo estratégico de las comunicaciones telefóni-cas o el petróleo y la electricidad; entonces el funcionario puede hacer y deshacer a su an-tojo y, por razones de Estado, ricos o pobres a los que quiera: eso es corrupción.

Pero el Perú va mejorando porque ya no tenemos esa concentración discrecional de poder en manos de los gobiernos. Felizmen-te, gracias a Dios, porque el arca abierta hace que el justo peque, y si se le da al más santo de los santos el poder de gobernar las tasas de cambio, puede delinquir y puede enriquecer a quien quiera. Pero hoy día ya no es así en el Perú, hoy día hay un mercado transparente de tasas de cambio, hoy día hay un mercado transparente de tasas de interés, salvo que a veces concierten en algunos de los bancos

más grandes, pero para eso hay regulación, que no es atribución discrecional.

Entonces, tenemos que contra la corrup-ción, la democracia; contra la corrupción, mercado y competencia; y, contra la corrup-ción, educación, porque en la base ínsita de la estructura del pensamiento del joven, no son solamente los viejos los corruptos, también puede ser un joven que entre y se beneficie del inmediatismo por saber cuánto durará esto, cuánto durará este sistema, avanzará o no el Perú, que siempre ha sido un país in-terrumpido. Así se nos enseña, así se piensa: siempre un país derrotado, siempre un país cercenado por sus vecinos.

Con esa formación histórica, cualquiera, deprimido, se lanza por el lado fácil de sacar lo que pueda de inmediato, y lo que tiene que hacer la educación es enseñarnos algo dife-rente: la cultura del esfuerzo. Somos un país donde muy fácilmente se dice que la mejor línea es la línea directa entre dos puntos; no sabemos que esa es la línea más fácil. No sé si es la mejor, porque nos han maleducado evitando el esfuerzo, y la ley del menor es-fuerzo es una de las pocas leyes que no se contravienen en el Perú, y está en todo: desde el pequeño empleado hasta el empresario que pone un poco menos de cemento en

“La democracia que garantice la más clara independencia del Ministerio Público, el Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, es el mejor instrumento con el cual podemos mejorar el buen uso de los recursos públicos”

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su obra. La educación tiene que hacernos cambiar eso, no solo enseñándonos “no seas corrupto”, “no seas corrupta” o repitiendo los lemas, sino enseñándonos que este es un país llamado a tener futuro, a tener proyección nacional, a tener orgullo nacional.

Los países y los imperios comedores de carne y de trigo que en la historia han tenido menos corrupción, han sido los países que se sabían los primeros en su tiempo, en su época y en su cultura. Los países, lamentablemente el ejemplo es terrible, como en el África, lle-gan a la corrupción del diamante, el reinado y los gobiernos de diamantes hechos con sangre humana, porque no hay proyección. Lo que yo he querido hacer en este gobierno es recuperar el orgullo nacional del Imperio, del gran Virreinato y del país central y madre de Sudamérica, para que eso entre y quede en el corazón de todos los peruanos y no es-temos repitiendo siempre, y no solamente en estos temas de corrupción, que estamos condenados a lo peor. No es así: ha sido mu-chísimo peor antes, y acabo de mencionarles tres temas para los cuales no hubo Contralor.

Vamos, poco a poco, superando estos temas, con democracia, con mercado y con educación, que estoy seguro tienen que ser los factores esenciales. Pero se sabe que la educación es un trabajo de mediano y largo plazo, es la educación desde la cuna, desde la formación inicial, y es la reeducación de los padres para poder enseñar mejor a nuestros hijos, pero no pierdo la esperanza. Es largo el camino; largo era el camino del Far West, y los pioneros lo hicieron, por eso Estados Unidos es grande; largo era el camino de Moscú a Vladivostok, y no lo hicieron, por eso Estados Unidos es más grande, porque el camino del esfuerzo es el camino que les permite evitar la corrupción. Es la ley del menor esfuerzo la que

nos lleva a decir “te pago tanto para que me des más rápidamente esto, arréglame esto bajo la mesa, pon mi expediente primero”; claro que hay mucha de esa gente, pero creo que con prensa libre, independencia de po-deres, opinión abierta de los ciudadanos, eso se va a ir limitando y, por cierto, con políticas públicas que insistan en ese tema.

Yo creo en la absoluta independencia de la Corte Suprema; lo sabe el presidente de la Corte Suprema, del Ministerio Público. El jefe de Estado que hace un llamado telefó-nico o una reunión con cualquiera de ellos, se inferioriza, se autoinculpa. Puedo decir con orgullo que jamás he llamado a ningún funcionario judicial.

Al señor Fuad Khoury Zarzar no lo cono-cía antes de ser propuesto; nunca lo había visto. No sé todavía qué piensa en términos políticos; no sé qué simpatías tenga, no me interesa. Me interesaba que en la compe-tencia de los currículos resultaba el más capacitado y, fundamentalmente, porque venía del sector privado, porque siempre he tenido temor de que el que ya ha estado en el sector público de algún gobierno tenga más amigos de los necesarios para poder ser Contralor. Y así fue señalado, y el día que llegó a agradecer cordialmente su nombramiento al Congreso, le dije que no lo volvería a ver, y no porque no me cause simpatía, sino porque aquel que llama al Contralor, se inferioriza, se autoinculpa; tiene rabo de paja.

Entonces, creo firmemente en el fortale-cimiento y en la absoluta independencia de la Contraloría, y cuando hizo una propues-ta que me pareció absolutamente sensata y necesaria, “que sea la Contraloría la que designe y pague a los fiscalizadores en cada ministerio, en cada gobierno regional, en ca-da municipio”, dije: “Hacemos nuestro esto

como proyecto”, y pedí a los parlamentarios: “Aprueben esto, que es fundamental, la mejor manera de fortalecer la jornada anticorrup-ción”, y en el Parlamento, lamentablemente el Parlamento fue exceptuado del análisis de la Contraloría; claro, se llama “la ley del embudo”, pero también exceptuaron al Banco Central de Reserva y a las Fuerzas Ar-madas. Yo consideré que eso es un insulto a las Fuerzas Armadas. ¿Qué cosa? ¿En las Fuerzas Armadas están robando el dinero y no quieren que ningún especialista en la política pública mire qué está ocurriendo o corrija lo que no se está haciendo bien? Eso para mí es un insulto como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Entonces no espero que el Parlamento lo diga. Como Jefe Supremo ejerzo mi jefatura suprema y por decreto tiene que ser así: todas las instituciones tienen que ser vigiladas por la Contraloría General de la República, porque no pueden haber excepciones, nadie tiene corona, y si el Banco Central de Reserva no está todavía, hay que quitarle la corona; y si el Parlamento decidió exceptuarse, si yo fuera candidato al Parlamento o a la Presidencia de la República, ese sería uno de mis temas, y estoy seguro de que sacaría muchísimos votos por hacer que el Parlamento también sea supervisado por la Contraloría General de la República.

Creo, señor Contralor, que vamos por buen camino, y yo me felicito de haber contri-buido a que usted esté en el lugar que tiene, y estoy seguro que puede actuar. Lo único que le he pedido públicamente es que a quienes actuaron mal durante estos cinco años, antes de que me vaya queremos verlos acusados y enjuiciados y, tal vez, sentenciados. Hoy día ha salido en El Peruano un libramiento económico que se le hace al Poder Judicial

para que pueda aplicar la velocidad del nuevo Código Procesal Penal a los casos de corrupción, y como esos casos de corrupción están presentes y han sido denunciados por la Contraloría, entonces tendremos tiempo de ver al pillastre, al vivo, al criollazo, al co-rrupto, encadenado y aprisionado. Sería el mejor regalo que usted me puede hacer; y convengo, y así lo hemos manifestado en el proyecto de ley, en que la Contraloría debe tener capacidad de detener la acción del fun-cionario que está actuando mal, y aunque haya cesado de actuar mal, resulta un mal ejemplo para quien está a su lado.

Tal vez, señor Contralor, lo pensaba así, el conflicto sea porque el concepto de san-ción está atribuido o autoatribuido cons-titucionalmente al Poder Judicial, aunque ya existe sanción administrativa, pero para facilitar su aprobación podríamos hablar de medidas precautorias, medidas preventivas. Y entonces al director, pongamos el caso, de Pesquería, si da una cuota más de lo que debería dar al otro que aceleró un trámite indebidamente, preventivamente se le se-para del cargo, no se le sanciona, eso que lo haga el juez, pero preventivamente se le separa del cargo.

Yo creo que de esa manera el Parlamento va a tener más facilidad de operar este con-cepto que, junto con los otros elementos

que usted ha propuesto, facilitan el trabajo anticorrupción de la Contraloría.

Y termino mencionando algo respecto a la Contraloría, cuyo trabajo anticorrupción es vital e importante, pero que tiene además un campo enorme que es el buen uso de los recursos públicos. Ciertamente es corrup-ción que el funcionario use los recursos y se quede con una comisión en el bolsillo, ¿pero qué pasa con el funcionario que por no ha-cer ninguna obra deja los mil millones en el banco? Nadie lo llamaría corrupto, pero no usó bien los recursos de la gente. ¿Qué pasó con el otro al cual se le giraron los recursos y se le enviaron las vacunas, para que vacune a los niños contra la pulmonía en el friaje, y por incapacidad y por disputas internas o por ociosidad, finalmente decidió dejar las cosas ahí, no aplicaron las vacunas a los niños, y hubo 50 niños muertos? Eso es mal usar los recursos del Estado.

Entonces la labor de la Contraloría es enorme, porque tiene que perseguir no so-lamente al que se beneficia económicamen-te, sino al que no usa los recursos también y entonces deja al pueblo también en la deses-peranza. ¿Qué pasa con los padres y madres de esos niños que murieron y ahora saben que estaban las vacunas contra la pulmonía en el hospital y en la posta médica? Eviden-temente tendrán menos fe en el sistema, en

las autoridades políticas, seguramente; pero creo que impulsando que se utilicen adecua-damente los recursos que trabajosamente el Perú pone en manos de todas las autoridades regionales o municipales, podríamos no so-lamente librarnos de la corrupción, sino de la otra forma de corrupción que es el ocio.

Finalmente, ama sua, ama quella, ama llulla: no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso; también el ocioso ejerce una for-ma de corrupción porque no trabaja, está cobrando indebidamente; una forma de corrupción es cobrar sin trabajar. Si todos hubiéramos trabajado en estos cinco años con toda la velocidad posible, no serían 130 mil, serían 250 mil las obras que hubiera he-cho el Estado municipal, regional, nacional, y nuestra gente estaría un poco mejor: mejores caminos, mejores canales de irrigación, un aula más aquí, una posta médica más allá. Creo que en ese tema, señor Contralor, tam-bién necesitamos su escuela, su experiencia, su vigilancia y su sanción.

Lo que he querido, señoras y señores, no es echar más leña al fuego o más lágrimas a lo ya llorado, sino decir que el Perú va mejoran-do poco a poco y mejorará más aún cuando haya más democracia, con más mercado y con mejor educación. z

“Entonces la labor de la Contraloría es enorme, porque tiene que perseguir no solamente al que se beneficia económicamente, sino al que no usa los recursos también”

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En imágenesEn imágenes

Carlos Pólit Faggioni, Contralor General de la República de Ecuador, manifestó

que las nuevas amenazas y desafíos obligan a buscar mejores caminos para

prevenir la corrupción.

De izq. a der.: Ramiro Mendoza, Contralor General de Chile; Juan Paredes, representante del Instituto Peruano de Auditores Independientes; Contralor General Fuad Khoury Zarzar; Ricardo Briceño, Presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas -CONFIEP, Beatriz Boza, Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día; y Roque Benavides, Gerente General de Compañía de Minas Buenaventura.

Contralor General Fuad Khoury Zarzar (al centro) acompañado (de izq. a der.) por Adrián Revilla, Presidente de Proética; Fritz Dubois, Director del diario Perú.21; Beatriz Boza, Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día; Beatriz Merino, Defensora del Pueblo; Robert Klitgaard, Experto mundial en temas anticorrupción; y Mariella Balbi, periodista del diario El Comercio.

Contralor General Fuad Khoury Zarzar y Vicecontralor Oswaldo Yupanqui, acompañan a la Sra. Lourdes Flores Nano, Presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), expositora en la I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010.

Contralor General Fuad Khoury Zarzar y Flavio Mirella, representante de la ONU

(ambos al centro), junto a panelistas (de izq. a der.) Eduardo Castañeda, de la Fiscalía

Especializada contra la Criminalidad Organizada; José Ugaz, miembro del

Consorcio Proética; Gustavo Gorriti, Director de IDL Reporteros; y Sergio Espinoza,

Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Flavio Mirella, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también estuvo presente en la I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010.

Contralor General Fuad Khoury Zarzar, entregó reconocimiento al ex Presidente de la República y líder del Partido Perú Posible, Alejandro Toledo, por su participación en la I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010.

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Contralor General Fuad Khoury Zarzar y Norbert Hauser, Vicepresidente

del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania (ambos al centro),

acompañados de Ramiro Mendoza, Contralor General de Chile; Lourdes

Linares, representante del Banco Mundial; Robert Klitgaard; y Jorge

Izusqui, presidente de IPAE.

Manuel Alejandro Guerrero, Periodista y Coordinador del Post Grado en Comunicaciones de la Universidad Iberoamericana de México, recibe un reconocimiento de manos del Contralor General Fuad Khoury Zarzar, por su participación en la I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010.

La ex Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, luego de su participación en la I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010.

Carla Salazar, Secretaria General de la CGR; Contralor General Fuad Khoury Zarzar; y el Presidente del Partido Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio.

De izq. a der.: Gustavo Rodríguez, Director Creativo de Toronja; Juan Carlos Tafur, Director de Diario 16; Manuel Guerrero, Periodista y Coordinador en Post Grado de la Universidad Iberoamericana de México; Contralor General Fuad Khoury Zarzar; Laura Puertas, Directora Periodística de América Televisión; Juan Paredes Castro, Editor Central de Política del diario El Comercio; y Alfredo Torres, Director de Ipsos Apoyo.

Presidente del Congreso de la República, César Zumaeta, durante su participación en la I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010.

El Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, junto a la Embajadora de los Estados Unidos de América en el Perú, Rose M. Likins, y el Contralor General Fuad Khoury Zarzar.

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Contralor General Fuad Khoury Zarzar junto al ex Presidente del Consejo de Ministros y Presidente del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon Munaro (ambos al centro) flanqueados por el Gerente Central de Calidad de la CGR, Paco Toledo, y la Secretaria General de la CGR, Carla Salazar.

Contralor General Fuad Khoury Zarzar (al centro) acompañado (de izq. a der.) por Robert Klitgaard; Walter Albán, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú; Anel Townsend, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social; José Vega, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Carlos Pólit, Contralor General de Ecuador; y Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

De izq. a der: Julio César Turbay, ex Contralor General de Colombia; Hugo Neira, docente del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres; Contralor General Fuad Khoury Zarzar; Saul Peña, Presidente Honorario de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis; Max Hernández, Secretario Técnico del Acuerdo Nacional; y Richard Webb, Director del Instituto del Perú.

La lideresa de Fuerza 2011, Keiko Sofía Fujimori, tras su participación en la I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010.junto a Contralor General Fuad Khoury Zarzar y Vicecontralor, Oswaldo Yupanqui.

Contralor General Fuad Khoury Zarzar distinguió

con un presente la participación de la

Embajadora Rose M. Likins.

De izq. a der.: Brigida Benites, Jefa de la Oficina de Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo-BID; Robert Klitgaard; Contralor General Fuad Khoury Zarzar; y Carlos Pólit, Contralor General de Ecuador y Presidente Electo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores-OLACEFS.

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Agradecimientos ORGANIZACIÓN

Comité Organizador• Fuad Khoury Zarzar, Contralor General de la República del Perú• Carla Salazar Lui Lam, Secretaria General de la CGR Perú• Lenka Zajec Yelusic, Gerente Central de Comunicaciones de la CGR Perú

Coordinación general del evento• Edgar Cáceres Gallo

Gestión financiera y de cooperación internacional• Edgard Alarcón Tejada• Elsa Marchinares Maekawa• Javier de las Casas Sommerkamp• Hernando Serna Parker Equipo Técnico de Relatoría• Fernando Ortega Cadillo• Patricia Gutiérrez Briones

Equipo de Soporte a la Organización• Logística : Enrique Shimabukuro Teruya Oswaldo Wetzel Lázaro de Ortecho• Trámite documentario : Sonia Nakao Honma• Sistema informático : Leoncio Rodríguez Manyari• Seguridad : Carlos Ureta Solis

Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo• Gerencia Central de Comunicaciones

Recopilación y edición de contenidos de la Memoria: Equipo Relatoría de la Conferencia Anual Anticorrupción Gerencia Central de Comunicaciones

Revisión de contenidos: Gerencia Central de Comunicaciones

Coordinación y cuidado de edición: Karima Wanuz, Asesora GTZ

Responsables de contribución de GTZ: Hartmut Paulsen, Director del Programa de Gobernabilidad e Inclusión Fiorella Mayaute, Asesora Principal GTZ

Diseño gráfico Destaco - Diseño y comunicación www.destaco.pe

Impreso en: RS Servicios Gráficos S.A.C Av. Samuel Alcazar Nº 1059

Tiraje: 2,000 ejemplares, Primera Edición Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 201103974.

2010, Contraloría General de la República 2010, Programa Gobernabilidad e Inclusión Auspiciado por: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

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