La competitividad de México ante las economías emergentes ...
Globalización y derecho. -...
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Retos de las ciencias administrativas desde las economías emergentes: Evolución de sociedades. Página 1 Globalización y derecho. Magdalena Sanchez Rabadan*, Luis Brian Figueroa*, Elías Barud Estrada* *Universidad Autónoma del Estado de Morelos Cuernavaca, Morelos. México. Email: [email protected] Tel.: 01 (777) 289 30 65 Resumen: Se ha hablado de la globalización desde diferentes áreas del conocimiento, se ha analizado desde el punto de vista de la economía, de los mercados, de la sociología, en cuestiones financieras e incluso culturales, pero pocos han sido los autores que han enfocado este estudio a los impactos que el proceso de globalización produce en el Derecho. Por lo anterior, resulta de verdadera importancia llevar al cabo un análisis sobre la influencia de los procesos de globalización sobre el constitucionalismo y la repercusión de este sobre el derecho penal, de manera particular, de los efectos que influyen y que han influido en el surgimiento de diversos cambios y reformas con motivo de las necesidades propias al interior del Estado, pero más aun, propiciadas algunas tantas mas, por este fenómeno de cambio acelerado al que algunos autores han llamado globalización. Introducción: La globalización es un fenómeno presente en las discusiones actuales de las ciencias sociales. Es también uno de los más incomprendidos. Tanto economistas como sociólogos se han aproximado al fenómeno de la globalización desde perspectivas diversas, sin que hasta el momento hayan homologado una definición satisfactoria para ambas disciplinas, al respecto Miguel Carbonell ha expresado lo siguiente en su obra Constitucionalismo y Globalización:
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Retos de las ciencias administrativas desde las economías emergentes: Evolución de
sociedades.
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Globalización y derecho.
Magdalena Sanchez Rabadan*, Luis Brian Figueroa*, Elías Barud Estrada*
*Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Cuernavaca, Morelos. México.
Email: [email protected]
Tel.: 01 (777) 289 30 65
Resumen:
Se ha hablado de la globalización desde diferentes áreas del conocimiento,
se ha analizado desde el punto de vista de la economía, de los mercados, de la
sociología, en cuestiones financieras e incluso culturales, pero pocos han sido los
autores que han enfocado este estudio a los impactos que el proceso de
globalización produce en el Derecho.
Por lo anterior, resulta de verdadera importancia llevar al cabo un análisis
sobre la influencia de los procesos de globalización sobre el constitucionalismo y
la repercusión de este sobre el derecho penal, de manera particular, de los efectos
que influyen y que han influido en el surgimiento de diversos cambios y reformas
con motivo de las necesidades propias al interior del Estado, pero más aun,
propiciadas algunas tantas mas, por este fenómeno de cambio acelerado al que
algunos autores han llamado globalización.
Introducción:
La globalización es un fenómeno presente en las discusiones actuales de
las ciencias sociales. Es también uno de los más incomprendidos. Tanto
economistas como sociólogos se han aproximado al fenómeno de la globalización
desde perspectivas diversas, sin que hasta el momento hayan homologado una
definición satisfactoria para ambas disciplinas, al respecto Miguel Carbonell ha
expresado lo siguiente en su obra Constitucionalismo y Globalización:
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La principal limitación de los economistas se relaciona con el modelo
filosófico subyacente que comparten, en el cual se entiende a la
sociedad como un conjunto contractual de individuos, culturalmente
homogéneos, que no da cabida a la diversidad multicultural. La
limitación más evidente en la aproximación de los sociólogos, radica en
una incomprensión del poder explicativo del enfoque económico y una
falta de atención a la evidencia empírica sobre los procesos económicos
que están estudiando. (Carbonell, Miguel y Vázquez, Rodolfo, 2003)
Pero no solo economistas y sociólogos han tratado de definir el concepto de
globalización, por su parte, los estudiosos del derecho han generado una serie de
criterios a efecto de definir que es la globalización y cuál es la importancia de esta
en el Derecho.
A decir de Sergio López Ayón:
…la globalización puede entenderse como un conjunto de procesos que
engloban una transformación en la organización temporal y espacial de
las relaciones y transacciones sociales, y que genera flujos y redes de
actividad e interacción económica, política y cultural entre los Estados,
regiones y continentes. (López Ayllón, Sergio, 2004).
Lo anterior implica considerar la existencia de una reestructuración de la
acción humana en el tiempo y en el espacio. Por ello, existe un cambio
continuo que va de lo local a lo global, pasando por lo nacional y regional.
En este ultimo nivel de lo global, del que nos habla López Ayllón, es
precisamente en el que se dan los fenómenos de globalización como tal, sin
embargo es su vinculación con lo local y lo nacional, lo que en última instancia
genera los cambios en las estructuras de la sociedad humana. Estos vínculos
entre lo local, lo nacional y lo global, provocan que lo que sucede en un país o
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región afecte a los individuos y comunidades de localidades que se encuentran
en otras partes del mundo, y viceversa. Existe así, una relación intensa y
dinámica entre lo local y lo global (Mundial. Referente al planeta, lo que se
encuentra dentro del globo terráqueo.).
Otro de los problema que encontramos al delinear el concepto de
globalización, es el diferenciarlo de conceptos relacionados a esté, como el de la
globalidad o el globalismo.
DESARROLLO:
Sobre lo anterior, el sociólogo alemán Ulrich Beck (2008) en su obra ¿qué
es la Globalización?, hace la diferenciación más precisa en relación a los
anteriores conceptos, al afirmar que la globalidad apela a la interacción de las
distintas formas culturales, económicas y políticas que siempre se han hecho
presentes en los Estados de la sociedad mundial; en otras palabras, la globalidad
nos recuerda el hecho de que nada de cuánto ocurra en nuestro planeta podrá ser
un suceso localmente delimitado.1 Mientras que para Beck, globalización son los
procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se
entremezclan e imbrican mediante actores trasnacionales y sus respectivas
probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. Dice
finalmente que el globalismo debe entenderse como la ideología hegemónica del
gran capital transnacional en la globalización, la cual reduce la
pluridimensionalidad de esta a una sola dimensión: la económica. Es la
concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye el quehacer
político. (Ulrich, Beck, 2008, p. 293).
De las percepciones de economistas, sociólogos y juristas, podemos
concluir que la globalización puede entenderse como un conjunto de procesos
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dinámicos, de carácter: económicos, sociales, culturales e incluso tecnológicos,
que a través de la interacción e ínter-dependencia entre los distintos países del
mundo, genera una transformación en la organización temporal y espacial de las
relaciones y transacciones sociales de los Estados nacionales soberanos,
tendiente a unificar los mercados, sociedades y culturas.
No importa el enfoque con el que se está mirando o diagnosticando la
globalización, nos dice José Ramón Cossío D., lo que resulta de mayor
importancia, además de la celebración hacia lo que de hecho se está dando, es
percibir la existente necesidad de lograr la inclusión progresiva en ese proceso.
(Carbonell, Miguel y Vázquez Rodolfo, 2003). No basta solo con percibir que de hecho
estamos inmersos en un proceso de globalización, el cual cada vez se expande a
mayor escala, sino que es necesario hacer efectivo este fenómeno en los
procesos y subprocesos del derecho mismo. En este sentido, hemos de entender
que el derecho constitucional y penal no se encuentran exentos de este fenómeno,
sino por el contrario, forman parte interdependiente uno de otro.
Es evidente que la globalización repercute en los planteamientos y en los
contenidos de los más dispares campos del saber humano, pero es en el campo
del derecho constitucional donde esa repercusión adquiere dimensiones más
adecuadas, pues al plasmarse en una norma constitucional las trasformaciones
que genera, estás adquieren obligatoriedad en su cumplimiento. Entonces, es en
la esfera del derecho constitucional, concebido como derecho de garantías, donde
se terminan discutiendo y planteando, las cuestiones relativas a la legitimidad de
las normas, cuyo lugar natural no puede ser otro que el del derecho constitucional
interpretado como derecho vertebrador y organizador del Estado Social
Democrático.
Algunos autores han argumentado que ante la debilidad del Estado
nacional, son necesarias respuestas transnacionales y que estas respuestas
deben venir acompañadas de la visión de lograr acuerdos entre localidades en
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algo análogo a un pacto federal en el ámbito global, que vaya más allá de los
estados nacionales y justificando de esta manera el que las disposiciones
normativas de cada nación retomen los enfoques generales de la comunidad
mundial.
En este orden de ideas, resulta necesario citar nuevamente las palabras del
jurista José Ramón Cossío D., quien expresa en sus ensayos lo siguiente:
Por lo que hace al constitucionalismo, y a nivel de las representaciones, el
mismo funciona respecto de la globalidad como ideología jurídica y, a nivel de las
funciones operativas, como posibilitador normativo de la inserción de las
modalidades particulares de la propia globalidad. Por lo que la globalidad funciona
respecto del constitucionalismo como agente de transmisión pero, sobre todo,
como ámbito que legitima la incorporación de sus elementos en los distintos
ordenes jurídicos.
Cossío, no distingue entre globalidad y globalización, considera ambos
conceptos como el fenómeno al que en líneas anteriores hemos llamado
globalización. Y esta idea de que la globalización se incorpore a un movimiento
jurídico consolidado y con su propia lógica como representación jurídica, se da en
tanto exige la incorporación de una pluralidad de contenidos diversos a efecto de
hacer posible su versión universalista. Dentro de esta incorporación se hace
necesario contar con un elemento que permita que los contenidos jurídicos
nacionales e internacionales se vayan reformulando a partir de los dictados de la
propia ideología jurídica, y no directamente como producto de la globalización.
Por tal motivo, la globalización debe impulsar al constitucionalismo en razón
de que este último puede satisfacer simultáneamente dos funciones: por una
parte, lograr que el constitucionalismo parezca parte del proceso de globalización
pero, por otra, hacer aparecer a los cambios jurídicos que se vayan logrando como
efecto del constitucionalismo y no directamente de la globalización (Carbonell
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Miguel y Vázquez Rodolfo, 2003). Entendiendo al constitucionalismo como la forma
jurídica en que se logran juridificar todos aquellos contenidos normativos y, como
consecuencia de ellos, cambiar las prácticas sociales que son necesarias para
que la globalización pueda continuar con su proceso expansivo (Carbonell Miguel y
Vázquez Rodolfo, 2003, p 237.)
Respecto de lo anterior haremos una reflexión para determinar el
cumplimiento de las funciones generadoras del impulso de la globalización al
constitucionalismo.
Por ejemplo, Andrés Serra Rojas enuncia que un error que se ha cometido
en las naciones latinoamericanas es haber imitado y repetido instituciones; usar
sus mismos conceptos y repetir sus mismas equivocaciones. En lugar de haber
integrado nuestras propias instituciones apegadas al realismo de nuestra vida
social. Por ejemplo, las instituciones norteamericanas y francesas que han
ejercido una notable influencia al elaborarse los textos constitucionales, no han
respondido como en sus países de origen a estimular su desarrollo cultural (Serra
Rojas, Andrés, 2010, p. 15.) En este sentido, se habla de que en nuestro país,
como en otros, si bien es cierto el constitucionalismo se integrado al proceso de
globalización; no se ha satisfecho la segunda función de que los cambios jurídicos
se logren como efecto del constitucionalismo, y no de la globalización, debido a la
integración de marcos jurídicos externos y no unificados.
Contrario a lo anterior podemos destacar que en materia mercantil, los
cambios jurídicos generados en virtud de la globalización, funcionan diferente.
Por ejemplo, la empresa trasnacional (sujeto predominante del Derecho
mercantil internacional) reconocida como la institución clave de la globalización y
de la integración del fin de siglo XX (Witker Velásquez, Jorge, 2011, p 39), ha sido
estudiada y regulada con mayor énfasis a nivel internacional, a través de diversos
organismos internacionales tanto oficiales, como la Organización de las Naciones
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U, y no oficiales, como la UNIDROIT (Instituto internacional para la unificación del
derecho privado) y la Cámara de Comercio Internacional.
Estas organizaciones no solo se han encaminado a lograr la unificación y
armonización del sistema jurídico comercial a escala internacional, sino que en su
actividad ha hecho surgir toda una constelación de normas y criterios que dan
contenido al derecho mercantil internacional, se encuentra siempre presente un
elemento muy importante la estimativa axiológica, como es el hecho de que
persiguen el equilibrio de las relaciones comerciales y procuran y fomentan la
buena fe y la lealtad negocial. (Víctor Manuel Castrillón y Luna, 2011, pp. 4).
De esta forma, podemos observar, en materia mercantil, se da
cumplimiento a las dos funciones que logran el impulso del constitucionalismo por
parte de la globalización, pues al momento de unificar y armonizar los criterios
jurídicos en la materia, se generó un estudio, no solo de las necesidades de
acoplamiento de los mismos, sino que se tomaron en cuenta los sistemas jurídicos
imperantes en cada una de las naciones, y el compromiso de las mismas al firmar
y ratificar tratados en materia mercantil.
Ahora bien, la pregunta que se ha puesto en la mesa por los estudiosos del
derecho, precisamente es: ¿Como llevar a cabo la transmisión de las ideas
propias del constitucionalismo sin que ello resulte sospechoso o parezca un
resultado más de la globalización? En primer lugar utilizando con plenitud sus
propios supuestos en cuanto a la posición del hombre, la naturalidad de sus
contenidos, la dialéctica de sus postulados, etc., y, en segundo lugar insertándolo
dentro de la dinámica de la globalización, al punto de hacerlo aparecer dentro de
la inevitabilidad que ello conlleva (Carbonell Miguel y Vázquez Rodolfo, 2003, p 237).
En virtud de los planteamientos antes formulados, resulta prácticamente
imposible vislumbrar al constitucionalismo fuera de la globalización o que la
globalización deje de expresar al constitucionalismo.
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A decir de Sergio López Ayllón (2004) el fenómeno de globalización no es
sino la reformulación de algunas funciones del Estado en un mundo donde las
coordenadas espacio temporales de la nación se han modificado y ya no
responden a aquellas que existían al momento en que este se desarrolló y
expandió.
Es precisamente está falta de respuesta a los problemas generados por la
inseguridad, lo que da vida al fenómeno de globalización en el derecho penal,
fenómeno que encuentra su máxima expresión en las reformas constitucionales
del 18 de junio del año 2008. Misma que incorpora al sistema mexicano, la
llamada globalización de los sistemas de justicia Latinoamericanos.
Cabe hacer mención, que si bien es cierto, fueron los ingleses en el sistema
anglosajón, quienes vistieron de solemnidad y rigorismo a los juicios orales
dándoles una interpretación muy peculiar a los principios a observar en el sistema
acusatorio; también lo es, que es el sistema norteamericano ha tenido gran
influencia en los países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro por supuesto.
Teresa Armenta-Deu, catedrática de Derecho procesal de la Universidad de
Girona, en un breve ensayo comenta lo siguiente:
Las postrimerías del siglo XX han sido testigo de la reforma de
códigos procesales penales en varios países europeos, que con
intensidad ciertamente diversa se han inspirado en el modelo de los
EEUU de Norteamérica. Al otro lado del Atlántico, al sur del río Bravo,
desde el inicio del nuevo siglo, una imparable sucesión de reformas han
invocado la incorporación del modelo acusatorio, entendiendo por tal el
ya citado norteamericano: tal es el caso de los nuevos códigos de
procedimientos penales de Guatemala; Costa Rica; El Salvador; Chile;
Colombia, Perú, Nicaragua, México, Argentina, Brasil y Paraguay
(Armenta-Deu, Teresa, 2008).
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Pero no solo es a través de las necesidades sociales reflejadas en los
cambios constitucionales de los países de Europa y América Latina en donde se
ven reflejados los procesos de globalización en relación con el derecho
constitucional penal. También desde el punto de vista de la administración Pública
y sus procesos administrativos se entiende que este fenómeno ha unificado las
comunicaciones, el consumo, los sistemas políticos, el sistema social, la
economía, las finanzas, el sistema jurídico, etc. (Reyes Barragán, Ladislao, 2008).
De igual manera, las escuelas, las fábricas, los hospitales, los servicios
gubernamentales, los servicios turísticos, bancarios, de servicios y comunicación
intentan ser eficientes y eficaces y prestan servicios de calidad en el contexto de la
globalidad. Para lo cual tratan de modernizar sus procesos con el llamado ISO2
con el objeto de mejorar la productividad, la competitividad y el buen servicio a sus
receptores.
En general la competitividad, la eficacia, la eficiencia, el servicio con calidad
y la evaluación permanente son los pilares en que se fundamenta el nuevo
sistema financiero. Incluso, la administración pública mexicana ha implementado
en sus procesos gubernamentales los sistemas de calidad basados
fundamentalmente en el servicio profesional de carrera. Sin embargo tales
procesos y servicios profesionales de carrera se están consolidando y requieren
reformas capaces de elevar la calidad y atención del ciudadano, de ahí la
generación y adopción de un nuevo sistema, el cual de cumplimiento a estas
expectativas globales en la procuración y administración de justicia.
La incorporación de estos sistemas de estandarización internacional no ha
sido suficiente. Ya que en la actualidad, el sistema de justicia penal es uno de los
sistemas más limitados para prestar un servicio de calidad al ciudadano, su
2 International Organization for Standardization, La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 130 países, uno por cada país.
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eficiencia y eficacia es severamente cuestionada por los ciudadanos, incluso sus
procesos son tortuosos y llevan años resolver los conflictos en que los ciudadanos
se encuentran inmiscuidos. El problema del sistema de justicia es añejo
(Soberanes Fernández, José Luis, 1997, p. 7) y por supuesto muy complejo
resolverlo (Caballero Juárez, José Antonio y Concha Cantú, Hugo Alejandro, 2001,
p. 29).
Es por demás sabido que la problemática que ha existido en los diversos
sistemas judiciales del mundo, ha generado una tendencia a reformar los sistemas
de aplicación de justicia mundiales (globalización). En Latinoamérica, como hemos
mencionado con antelación, se han registrado una serie de experiencias en países
que han reformado su sistema penal: (Revista de banco interamericano de
desarrollo, 2011) Costa Rica en 1975, España en 1978, Argentina en 1992,
Guatemala en 1994, El Salvador en 1998, Paraguay en 1999, Chile en el año
2000, -del cual México toma como base para crear su legislación-, Bolivia y
Ecuador en 2001 y Colombia en 2005.
De lo anterior se desprende que existe una problemática a nivel mundial en
la esfera de aplicación de la justicia, que ha traído como consecuencia la adopción
del sistema acusatorio en la reforma de los sistemas de justicia de varios países.
En México, como en la gran mayoría de los países, ya mencionados, la
principal causa que dio origen a la adopción de este sistema de justicia penal
basado en la oralidad, es precisamente la crisis que atravesaba el sistema penal
existente en nuestro país, la cual entre otras cosas, era fruto de la obsolescencia
del marco jurídico vigente; mismo que generaba una serie de problemas en la
atención pronta, eficaz y de calidad en materia de resolución de litigios,
vulnerando de esta forma principios procesales fundamentales como lo son la
inmediatez, la celeridad y la economía procesal; de esta manera resultaba urgente
revisar sin demora, y actualizar a la brevedad posible dichos preceptos legales,
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para que la justicia, valor fundamental del Estado mexicano, recuperara y
cumpliera su objetivo original.
El nuevo modelo entonces, exige ser garantista, respetuoso de la dignidad
humana, preventivo, con base a una política criminal adecuada, eficaz, con
instituciones que lleven a cabo sus funciones en estricto apego a la ley, y además
debe contemplar a la privación de la libertad como el último de los recursos con
que cuenta el Estado.
Esta nueva forma de ver la justicia penal, ha generado que varias garantías
individuales tomen un mayor protagonismo en la justicia penal mexicana. Por
hacer mención de algunas nos referiremos a la presunción de inocencia, la
dignidad humana, la privación o intimidad, la inviolabilidad de la defensa, entre
otras.
No cabe duda que una de las garantías más importantes que trae consigo
la instauración del nuevo proceso penal es la presunción de inocencia. Su
importancia es tal que se ha transformado en el plano internacional y en el
derecho comparado, en una de las garantías procesales de mayor importancia y
en el eje sobre el cual gira todo el proceso penal moderno (Ortega Maldonado, Juan
Manuel, 2008, p. 105).
Por otra parte, resulta importante señalar que el progreso humano y
consecuentemente la innovación en todos los ordenes de la vida, crea la
necesidad de que el legislador analice los cambios que se originan, y proponer al
mismo tiempo las reformas que se adecuen a dichos cambios para obtener los
respectivos resultados, y de esta manera conseguir la protección de la dignidad y
los derechos humanos, así como de los valores y bienes del individuo, de la
familia de la sociedad y del Estado.
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Aunado a lo expresado, es necesario hacer hincapié en los avances que a
nivel nacional e internacional se han obtenido en el campo del derecho penal. A
manera de ejemplo basta recordar que desde 1981 el Estado mexicano se adhirió
a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, según aparece publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de mayo de 1981, en donde existe el compromiso de respetar lo
dispuesto por el inciso 2 del artículo 14 del pacto, que a grandes rasgos reza: “El
dolo, la culpa y la preter intención, deben ser probados. Mientras tanto, al individuo
se le presumirá inocente”.
Así también el pacto de San José de Costa Rica dispone en su artículo 8
inciso 2 "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad".
A su vez la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su
artículo 11 que "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad", y la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre establece, en su artículo XXVI que "se
presume que todo acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario".
Este cambio en las formas sociales producto de la globalización, incluye las
nuevas formas de ver el derecho penal, sobre todo en las luchas sociales que
dieron origen a los convenios internacionales, mismos que han marcado la pauta
para generar las nuevas formas de ver el derecho penal moderno, estableciendo
como garantía contemplada en nuestra Constitución y por ende considerando
como derecho fundamental el trato que se le da a una persona a la cual se le
imputa un hecho delictivo, garantizándole en esos términos que el Estado partirá
de la presunción de que esta es inocente.
A manera de conclusión hemos de señalar que efectivamente los procesos
de globalización han tenido como repercusión en el derecho constitucional
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mexicano, el cambo de paradigma del sistema penal inquisitivo al acusatorio; así
como la implementación de los principios internacionales aludidos en el presente
apartado, sin olvidar, que incluso las nuevas formas tecnológicas de llevar acabo
el proceso (videos, grabaciones, etc.), forman parte de un proceso de
globalización.
Bibliografía
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Víctor Manuel Castrillón y Luna, Derecho mercantil internacional, Editorial Porrúa, México, 2011. Witker Velásquez, Jorge, Introducción al derecho económico, grupo editorial Hess-UNAM, México, 2011.
