Estrategia para la Paz Justa VAE
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Estrategia para la Paz Justa Propuestas del movimiento nacional Volver a Empezar Presentación de Manuel Espino
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Estrategia
para la Paz Justa
Propuestas del movimiento nacional
Volver a Empezar
Presentación de Manuel Espino
2
“México está pasando por uno de los períodos
más peligrosos de su historia y solo el
patriotismo de todos los mexicanos podrá
salvarlo de los peligros que lo amenazan”
Francisco I. Madero
3
Ofrecimiento
El movimiento nacional Volver a Empezar ofrece esta propuesta de paz a los miles de mexicanos que han sido
víctimas de la guerra contra el crimen.
En nuestro sentir están, primordialmente, quienes perdieron la vida en estos años de sufrimiento
para la Nación que nos hermana.
Nos solidarizamos con el insondable dolor de las viudas, de los huérfanos, de quienes perdieron un hijo y de
quienes han sufrido vejaciones, detrimento de su patrimonio, su tranquilidad o su libertad.
Reconocemos el valor y patriotismo de los miembros de las fuerzas armadas que han caído
en su heroico afán por restablecer la paz.
Hacemos votos porque su sacrificio adquiera significado y trascendencia al inspirar una luminosa búsqueda
de paz en la justicia social, en la democracia y en la prosperidad que merecemos todos.
4
Agradecimientos
La Estrategia para la Paz Justa es un documento que el movimiento nacional
Volver a Empezar ofrece a la nación, sintetizando la iniciativa ciudadana de
gran representatividad y pluralidad, motivada por el deseo de crear un país
más seguro. Esta propuesta recupera las valiosas ideas de mujeres y
hombres de más de veinte países, que demostraron con su participación la
generosidad de los humanistas genuinos. Sus aportaciones los hacen
coautores de este esfuerzo compartido para servicio de México.
A todos ellos, les extendemos el agradecimiento no solo de nuestro
movimiento, sino el de todos los mexicanos a quienes su solidaridad y sus
vastos conocimientos los acercaron a la causa de la paz.
***
Apreciamos especialmente la valiosa contribución de los jefes y ex
jefes de Estado que colaboraron en esta propuesta:
Juan Manuel Santos Colombia Michiel Eman Aruba
Álvaro Uribe Vélez Colombia Vicente Fox México
Belisario Betancourt Colombia Armando Calderón Sol El Salvador
Jorge Quiroga Bolivia
Leslie Manigat Haití Henny Eman Aruba
Basdeo Panday Trinidad y Tobago
5
Valoramos la generosidad con la que cooperaron para la construcción
de esta Estrategia para la Paz Justa gobernadores, embajadores, ministros,
secretarios de Estado, especialistas, militares, académicos, legisladores y
miembros de la sociedad civil organizada de México y de otros países1.
Asimismo, el movimiento nacional Volver a Empezar agradece a la
Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) la realización de los
foros internacionales “Inseguridad, dolor evitable” celebrados en Bogotá,
Colombia, y en Ciudad Juárez, México, en junio de 2008 y agosto de 2009
respectivamente; así como el foro “Juicios orales, el rostro humano de la
justicia”, celebrado en Durango, México en noviembre de 2008. Su
aportación documental, surgida de estos eventos, fue de gran valía para
delinear la propuesta contenida en estas páginas.
Por México, muchas gracias.
1 Como anexo a este documento, se encuentra una lista de las personas que colaboraron en este
esfuerzo de reflexión colectiva.
6
Índice
Presentación………………………………………………………..….…………………….7
Introducción………………………………………………………….…………………….13
Diagnóstico……..……………………..…………………….……….……………………19
Principios y valores para la Seguridad………………..……….….………………25
Objetivos rumbo a la paz de México………....…..…………….…….………….31
Estrategia para la paz justa…………………………………………..………….……33
Líneas estratégicas para la paz……………………….………..……..…………….40
Criterios para una acción de Estado no violenta…..…………….……………42
Propuestas para todos……………………..…………………………………………..46
Para la comunidad………………………………………………….……………47
Para las familias……………………………………………………….…………48
Para los jóvenes……………………………………………………….…………49
Para las víctimas……………………………………………………….………..50
Para adultos mayores………………………………………………….……….50
Para los organismos de la sociedad civil………………………….…….51
Para las instituciones educativas y la comunidad académica…...52
Para los órdenes de gobierno……………………………………….….…..53
Para las corporaciones policiacas…………………………………….…...56
Para los medios de comunicación………………………………………....57
Para los partidos e instituciones democráticas……………….……….58
Para las iglesias…………………………………………………………………..59
Anexo………………………………………………………………………………………....60
¿Qué es VAE?.................................................................................67
7
Presentación
Por Manuel Espino
La seguridad es misión preeminente del Estado y debe ser integral. Abarca
la protección personal y social, privada y pública, institucional y jurídica. En
el momento presente de México, la violencia amenaza a la patria, a la
Nación y al Estado; sus acciones incalificables tienden a ser cada vez más
agresivas y destructivas; su reprochable asedio atrofia la sustentabilidad
como país y amenaza la subsistencia de las generaciones venideras.
En el clamor insistente de los mexicanos por la seguridad, subyace la
búsqueda incesante de la paz con justicia social. Urge salvaguardar la vida
de las personas y de las comunidades, restablecer condiciones seguras para
que los ciudadanos, de hoy y de mañana, ejerzamos nuestros derechos y
cumplamos nuestros deberes con tranquilidad. Para que tengamos una vida
digna, pacífica y productiva.
Oportunidad histórica
Sin caer en fatalismos, es preciso reconocer que el creciente
empoderamiento de grupos criminales en detrimento de la sociedad y del
Estado, así como la tentación de hacer justicia por propia mano entre los
sectores más agraviados por la inseguridad, revelan una crisis humanitaria
contraria a la aspiración universal a la paz y amenazan con sumar a México
a la lista de los Estados fallidos del mundo.
De no revertirse este fenómeno, entre las hipótesis probables del
futuro nacional está la posibilidad de que en 2012 la narcopolítica siente sus
reales en el escenario electoral, con la presencia de bandas de delincuentes
imponiendo y vetando —por la fuerza del dinero o de la coacción—
dirigentes políticos, líderes sociales, candidatos y gobernantes; en síntesis:
un proyecto perverso de poder.
8
Hay bases para esta hipótesis: el crimen organizado ya ha asestado
fuertes golpes a la clase política. No solo busca la cooptación de su clase
dirigente, puede presumirse con certeza que intenta presionar a este sector
para hacerse de posiciones en la estructura de poder institucional.
Podría ser el inicio de una era de funestas consecuencias para la
integridad y la soberanía nacional. Por ello, la criminalidad impone un
desafío radical que exige atención inmediata a la sociedad y al Estado:
iniciar procesos justos encaminados a restablecer el orden y la seguridad.
Los mexicanos de hoy tenemos la oportunidad histórica de construir
condiciones para instaurar y disfrutar en el presente una paz duradera, con
justicia social para todos. Nuestra Nación peligra y únicamente nos
corresponde a nosotros salvarla.
Urgencia de patriotismo
“México está pasando por uno de los períodos más peligrosos de su historia,
y solo el patriotismo de todos los mexicanos podrá salvarlo de los peligros
que lo amenazan”2. Así se expresaba Francisco I. Madero al escribir su libro
La Sucesión Presidencial, cuyo propósito fundamental era convocar a los
mexicanos a cerrar un largo capítulo de absolutismo: El del Porfiriato, que
culminó con la renuncia del presidente Porfirio Díaz.
Las palabras de quien iniciara la Revolución de 1910 son de
sorprendente actualidad. Hoy, como entonces, México clama por el
patriotismo de sus hijos. Y como dijera el “apóstol de la democracia”: “El
patriotismo consiste en que todos sacrifiquen sus ambiciones personales y
procuren amoldar sus actos a la ley”3.
En efecto —y así lo registra nuestra historia— cuando el patriotismo
ha alentado a los mexicanos, la Nación ha tenido la fuerza para realizar las
más grandes proezas en aras de la unidad, la libertad y la prosperidad.
2 Francisco I. Madero, La Sucesión Presidencial en 1919, Random House Mondadori, edición
Debolsillo 2010, p. 309.
3 Ibid., p. 309.
9
México necesita una vez más del patriotismo de todos nosotros.
Patriotismo que urge a dejar la actitud indiferente o indolente de quienes se
encogen de hombros ante el dolor que provoca la violencia. Patriotismo que
exige a los tres órdenes de gobierno no evadir su responsabilidad de sumar
capacidades y talentos para el restablecimiento de la paz.
Patriotismo que no se limita a dar muestras de valor en el combate a
los criminales, sino que se acredita en la voluntad de revisar y rectificar toda
estrategia que pudiera poner en riesgo a la Nación. Patriotismo que
compromete a los ciudadanos a no declinar principios y valores por la
presión de la injusticia social para sumarse a los grupos delincuenciales que
amenazan la vida nacional.
Patriotismo es aceptar nuestra responsabilidad en la historia para
trascender esta nueva guerra entre mexicanos hacia la armonía, y desde ella
restablecer la paz mediante un proceso de concertación democrática, de
coordinación solidaria y de cooperación subsidiaria permanente entre la
sociedad civil y las instituciones del Estado.
Es indemorable asumir ese patriotismo que impele a hacer valer el
interés nacional del orden, de la seguridad pública y privada, para defender
nuestros derechos y libertades, sin abdicar la soberanía de México a la
voluntad caprichosa y egoísta de los delincuentes.
Convocatoria a la unidad para la paz
A participar en este sublime propósito que trasciende ideologías, posiciones
sociales y credos religiosos, convocamos a todos los grupos comunitarios y
movimientos sociales; a las instituciones educativas y a las iglesias; a los
partidos políticos y medios de comunicación; a los intelectuales, académicos
y a los tres órdenes de gobierno.
A quienes han perdido la esperanza y a las víctimas que enfrentan con
miedo el futuro, les convocamos a ser artífices de un México seguro para
todos; les animamos —como dijera una niña tras perder sus piernas en un
10
atentado— a “mirar hacia adelante con valor y optimismo por recuperar
nuestras vidas”4.
Les proponemos erigirse en la fuerza social de la paz y en el soporte e
la justicia social. De igual forma, los invitamos a construir un nuevo modelo
de ordenamiento del Estado donde exista una mayor participación
ciudadana en corresponsabilidad con las autoridades.
Cuando se está comprometido con la paz se buscan los caminos para
llegar a ella, se perfilan las acciones no violentas para conseguirlo y se
apuesta la voluntad para llevarlas a la práctica. Por eso diseñamos esta
Estrategia para la Paz Justa, que ponemos a disposición de la Nación y del
gobierno en primerísimo lugar. Deseamos convencer a nuestros gobernantes
con argumentos y persuadirlos con propuestas para que modifiquen, en la
medida de lo prudente y de lo posible, sus líneas de confrontación directa.
Para nosotros, y hay que dejarlo claro, la violencia en ningún sentido
es opción para alcanzar un propósito de armonía. Por eso hacemos un
llamado a buscar y encontrar, en estas páginas, ideas para trabajar por la
paz, desde la paz. Aquí hay acciones que todos podemos aplicar en nuestra
vida cotidiana o en el ejercicio de responsabilidades públicas, para así
revertir el sentimiento de impotencia, de frustración o desesperanza que a
tantos mexicanos abruma.
Agradezco a mis compañeros de este gran movimiento nacional que
me concedieran el honor de dar a conocer esta Estrategia para la Paz Justa,
que se suma a las muchas iniciativas que pretenden la consolidación
democrática desde una convivencia armónica de nuestro pueblo.
Honrar una tradición de paz
Si Francisco I. Madero se pronunció contra el uso de las armas,
argumentando que “volveríamos a caer en el tristísimo dédalo de las guerras
4 Irene Villa Gómez, periodista española, víctima de la organización terrorista ETA.
11
intestinas”5, el momento presente también sugiere transitar caminos no
violentos hacia la paz.
En aras de ese fin, con el más elevado espíritu de solidaridad y
voluntad de cooperación, ofrecemos a la Nación esta propuesta. Mi
contribución a ella la ofrezco a las comunidades dolientes de todo el país. De
manera especial dedico este esfuerzo a mi comunidad, a la ciudad más
peligrosa y lastimada por la violencia en el mundo: Ciudad Juárez.
Desde las orillas del Río Bravo, en ocasiones previas a la Revolución
Mexicana, los habitantes de esa ciudad abrieron caminos hacia la solución
de conflictos regionales y nacionales. Y tras una gran batalla, hace cien
años, desde esa ciudad “donde comienza la patria”6 se abrió el diálogo que
movió la voluntad del Presidente de México y de los grupos en conflicto para
firmar los Tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911.
Como hace cien años, inmerso el país en un ambiente de miedo y de
zozobra, que vulnera la vida de muchas comunidades en el país, hoy cobra
vigencia el deseo de la paz sin el recurso fácil, permanente y casi exclusivo
de las armas de fuego, sin el saldo de la muerte, sin el dolor humano.
Por esa urgencia de proteger los derechos ultrajados de los
mexicanos, somos los primeros en comprometernos con esta Estrategia para
la Paz Justa que difundiremos ampliamente promoviendo la adhesión a ella
de ciudadanos y gobernantes. Estamos seguros de que la generosidad social
de México responderá positivamente a nuestra invitación.
El día del Centenario de aquel acontecimiento que restableció la paz
en toda la República, simbólicamente firmaremos este documento en Ciudad
Juárez. Desde esa doliente comunidad chihuahuense con tradición de paz,
hoy subyugada por el crimen organizado, invitaremos al Presidente de
México a hacer lo propio.
5 Francisco I. Madero, La Sucesión Presidencial en 1919, Random House Mondadori, edición
Debolsillo 2010, p. 315.
6 “Donde comienza la patria”, lema que se lee en el escudo de Ciudad Juárez, Chihuahua.
12
Con base en esta Estrategia para la Paz Justa le propondremos
convocar y liderar, como Jefe de Estado que es, una gran Concertación
Nacional en los términos aquí propuestos, para que transite de ser un
presidente de guerra a un presidente de paz.
Bajo las condiciones que hoy imperan en nuestra sociedad, el llamado
a la paz no puede esperar. La paz debe ser nuestro objetivo de hoy, nuestra
agenda de hoy, nuestra decisión de hoy. Es nuestra oportunidad de salvar a
la patria. Hagámoslo juntos.
¡Que viva México y que viva en paz!
Ciudad de México, 9 de mayo de 2011.
13
Introducción
Volver a Empezar es un movimiento nacional de alcance social y político,
integrado por ciudadanos dispuestos a privilegiar nuestras coincidencias por
encima de nuestras diferencias. Decididos a colaborar, con respeto,
tolerancia y unidad de propósitos, en el fin superior del engrandecimiento y
la prosperidad de México. Nos mueve la honesta intención de instaurar la
ética, el respeto y la confianza entre los mexicanos.
Quienes integramos este movimiento, que pretende bienestar para
todos, nos proponemos ser un ejército de paz, porque solo en la paz —que
es aspiración universal de la humanidad— se fundamenta la autorrealización
de los pueblos; es en ella donde los hombres nos refugiamos para
encontrarnos con los demás y con nosotros mismos.
En aras de ese derecho fundamental es que nos hemos comprometido
a promover una creciente solidaridad nacional que permita proyectar el
futuro en vez de padecerlo.
Respecto de la seguridad a que aspiran los mexicanos, nuestro
compromiso es coadyuvar en la construcción de una estrategia de Estado
eficaz, que reconsidere las formas inerciales de combate al crimen
organizado y apunte a conciliar los intereses políticos y económicos, sociales
y culturales que subyacen como factores de origen o de permanencia de la
violencia.
Porque sabemos que tan necesaria es la crítica constructiva como el
proponer alternativas realizables; porque existen ciudadanos con voz y
propuesta, responsables y preocupados por lo que está pasando en el país,
y que no están siendo completamente representados por gobierno y los
partidos; ofrecemos ideas y propuestas viables para recuperar la seguridad y
la tranquilidad en condiciones de justicia.
14
Para alcanzar la armonía de un pueblo no hay manuales escritos,
fórmulas mágicas o leyes infalibles. Con este documento, el movimiento
Volver a Empezar busca concitar las voluntades libres de todos para acordar
el camino más seguro hacia la paz; para tenerla con nosotros, y una vez
hecha nuestra, cuidarla, fortalecerla, verla madurar; mantenerla viva, activa
y triunfante.
Deseamos despertar conciencias y activar voluntades, dejar un
testimonio de que en el tema de la seguridad —como en muchos otros— es
indispensable recurrir a métodos no destructivos de la vida humana, superar
toda diferencia ideológica por la vía del diálogo y la reconciliación.
La única motivación que nos debe inspirar y urgir es la de hacer las
transformaciones necesarias que conduzcan a nuestra Nación lastimada
hacia la paz y la prosperidad en la justicia. Por eso proponemos anteponer,
con generosidad, el interés nacional a los legítimos intereses particulares.
Solo a partir de un México en paz podremos construir el país próspero
que deseamos para nuestros hijos y nuestras familias. Por ello respaldamos
al Presidente de la República en su perseverante intención de combatir a los
criminales. Sin embargo, en razón de la necesaria justicia social, le
proponemos recurrir primordialmente a estrategias no destructivas. Lo
exhortamos a que asumamos el reto de cultivar juntos el arte de la paz. Le
ofrecemos con respeto y reconocimiento que cuente con nosotros para ello.
Contenido de la propuesta para la paz
Este documento, que puede adaptarse para su aplicación nacional o
regional, estatal o municipal, familiar o personal, propone un modelo con
profundo sentido humano y social que busca el equilibrio entre las
necesidades de paz y de justicia. Es una guía para facilitar la definición de
rumbo, de prioridades y de criterios en la búsqueda de nuestra seguridad
como Nación.
La propuesta aquí contenida es un punto de partida hacia la paz
desde la no violencia activa. Es una aportación para provocar la interacción
estratégica e imprescindible del Estado y de la sociedad; para propiciar que
15
desde ambas dimensiones de la Nación, todos los mexicanos caminemos con
éxito hacia el fin deseado.
Los componentes esenciales de este documento son: un diagnóstico
que justifica la estrategia confeccionada por el movimiento Volver a
Empezar, una propuesta de plataforma axiológica de principios y valores que
permitan habituar la inteligencia y la voluntad a dar dimensión ética a la
estrategia. Estos preceptos ofrecen puntos de referencia para orientar el
proceso de paz desde una acción congruente con el respeto a las personas,
pero eficaz en sus resultados.
En seguida proponemos cinco objetivos estratégicos que son
condición para trascender la realidad prevaleciente, para darnos un país con
mejores oportunidades y calidad de vida para todos. En última instancia:
para crear un entorno de bienestar generalizado donde la paz y la seguridad
sean constantes.
Después se desarrolla la Estrategia para la Paz Justa —que es la parte
fundamental de este documento—, describiendo los pasos que a modo de
ruta crítica deben darse para alcanzar los objetivos. En seguida se ofrecen
diez líneas estratégicas de acción que sugieren las condiciones y metas
mínimas para alcanzar el fin anhelado.
Al final, sugerimos criterios de orden práctico a considerar en la
ejecución de la estrategia, así como un amplio menú de eventos y acciones
que pueden llevar a cabo los ciudadanos en forma individual o comunitaria,
desde los organismos de la sociedad o desde las instituciones del Estado.
Propuesta con raigambre social
Los problemas que generan las acciones antisociales, únicamente pueden
tener soluciones sociales. Es por esa razón que pugnamos por la
reconciliación y los programas de segundas oportunidades, por la educación
para la paz y la cultura de la legalidad y el perdón, por la despartidización de
la seguridad pública, por el diálogo intrafamiliar y vecinal, pero sobre todo,
por la concertación entre la sociedad y el Estado, lo que implica diálogo y
acuerdo.
16
La sociedad está ordenada a las personas y éstas al bien común7. En
ella se encuentra, por tanto, el fundamento vital que nutre y da sentido al
movimiento Volver a Empezar, entre cuyos principales objetivos se
encuentran dar dimensión ética con sentido social a la vida pública,
ciudadanizar la política y despartidizar a las instituciones del Estado.
Pugnamos, entonces, por establecer el diálogo nacional como método para
privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias que suelen
dificultar la convivencia pacífica.
La Estrategia para la Paz Justa que aquí presentamos es una
expresión social, porque comparte el común anhelo de la pluralidad
nacional. Muchas de las propuestas contenidas surgieron de la consulta
denominada “¿Y tú cómo quieres México?”, mediante la cual Volver a
Empezar difundió por redes sociales y en foros regionales preguntas
concernientes a los principales temas de la vida nacional, incluida la
seguridad. Estas preguntas fueron contestadas por ciudadanos abierta y
libremente, sin más interés que difundir sus ideas personales para aportar a
la creación de un México más seguro. Aquí se refleja la nobleza y el
sentimiento social que en favor de la paz tiene nuestra gran Nación.
También se construyeron propuestas a partir del conocimiento y
experiencia exitosa de un equipo de especialistas de más de veinte países,
así como de diversas fuentes documentales. Todo ello, bajo el común
denominador de una visión ciudadana y una ausencia de objetivos
sectoriales, partidistas o electorales.
El contacto directo con los grupos sociales ha permitido que nuestro
movimiento sienta con la gente y transmita en este documento las
propuestas de los ciudadanos.
Vivir en paz está en nuestras manos. Cada núcleo familiar o
comunitario, cada joven, servidor público, ministro de culto, jornalero,
empresario, periodista o maestro, es corresponsable y encontrará en estas
páginas propuestas con sentido social que pueden llevar a cabo en favor de
ese propósito que nos hermana.
7 Manuel Espino, Volver a Empezar, Random House Mondador, editorial Grijalbo 2009, p.48.
17
Solución no violenta
Ante la impostergable necesidad de cambiar la llamada “estrategia
anticrimen” del gobierno proponemos, en primerísimo lugar, que la sociedad
civil y el Estado conciban la construcción de la paz como la solución no
violenta a todo tipo de conflictos y actúen en corresponsabilidad, evitando al
máximo el uso de la fuerza.
Al igual que muchas expresiones de la comunidad, la nuestra reitera:
es errónea la concepción de que la violencia solo se combate con más
violencia. Optamos por las armas de la paz y no las de la guerra. Por ello
insistimos en la urgencia de un cambio de enfoque en el combate al crimen,
a partir de repensar lo vivido en esta lucha que se ha significado por la
muerte y el sufrimiento.
Sugerimos construir escenarios alternativos de solución, sustituyendo
las acciones puramente militares y policiales por otras que impliquen el uso
de herramientas cívicas, educativas y económicas, pero sobre todo sociales
y con sentido humanitario.
A más de cuatro años de que el Presidente de México declarara la
guerra a los grupos criminales en la recta intención de proteger a los
mexicanos, es justo y urgente reconocer que los resultados obligan a
rectificar; a cerrar este laboratorio de guerra donde se experimenta a gran
escala, y cada vez con mayor degradación social y desesperanza, con la vida
de los mexicanos.
Tarea de todos
El mejor patrimonio que podemos dejar a las siguientes generaciones es un
país seguro y sustentable, con armonía para el crecimiento y desarrollo, que
les ofrezca una vida digna y con calidad. Esa es nuestra responsabilidad, es
la tarea de todos. Por ello vuelve a ser vital convocarnos, con sentimiento de
mexicanos, a poner el alma y la nobleza de la virtud cívica al servicio de la
patria.
18
La solidaridad es uno de los principios inherentes a la condición
humana que afirma la natural tendencia del hombre a participar en la vida
social en todas sus modalidades; a compartir en ella las responsabilidades
exigidas por el bien común, siempre con respeto a la soberanía individual y
a la coexistencia en la diversidad8.
Atendiendo la exigencia social de construir un país donde podamos
tendernos la mano sin reservas y sin miedo, invitamos a todos los
mexicanos a un esfuerzo resuelto y sereno, pacífico y democrático, para
construir juntos una estrategia de Estado con la participación solidaria de
todas las instituciones, de todos los órdenes de gobierno y de toda la
Nación.
De manera especialísima hacemos un llamado enérgico a quienes
forman parte de grupos criminales. Apelamos a su condición de mexicanos,
para que en una expresión de sinceridad consigo mismos, y pensando en
sus propias familias, busquen en su conciencia los valores de fidelidad a la
patria que nos hermana.
El camino del bien, de la solidaridad, del trabajo honesto, no siempre
es fácil, pero es el único que dignifica al hombre y enaltece a la patria. Para
tener una vida honesta, persuadimos a quienes han incursionado en el
crimen, de abdicar su labor destructiva de México. En la rectificación de
propósitos dense la oportunidad de volver a empezar y regalar a sus hijos
un futuro digno desde un presente de paz.
8 Ibid., p.49.
19
Diagnóstico
“Una estrategia solo puede definirse y ser aplicada con eficacia si se tiene un cuadro lo más realista posible, ya que es inadmisible operar en un ámbito deformado por una percepción subjetiva del mismo”
Augusto Benjamín Rattembach
Apreciar el sentido de los acontecimientos, evaluar el entorno social,
descubrir las fuerzas en movimiento y medir las posibilidades de
desplazamiento hacia la paz, es lo que constituye un diagnóstico realista
que, aunque subjetivo y quizá dramático, servirá de justificación a la
estrategia, a la planeación y a la programación de las acciones.
Con la opinión pública y con los datos publicados, con las valoraciones
surgidas en diversos foros que abordaron el tema de la seguridad en el país
y con las ideas recogidas por Volver a Empezar en consulta directa a la
sociedad, se configuró un diagnóstico que aquí se sintetiza.
Expresiones del sufrimiento nacional
En el siglo XX México padeció varias luchas intestinas y represiones
conducidas por gobiernos autoritarios, en las que miles de compatriotas
perdieron la vida. Cuesta trabajo creer que ahora, en este nuevo siglo,
cuando el país se estrena en la democracia, la República se encuentra ante
un derramamiento de sangre tan atroz por la desgarradora estadística, como
por su brutal naturaleza.
20
Es decir, desde que se declaró la guerra contra la delincuencia
organizada los mexicanos no solo hemos padecido casi 40 mil asesinatos y
la desaparición de 5 mil 400 personas, según cifras oficiales, sino también
una escalada en la atrocidad y el salvajismo con el que se ejerce la violencia
y se contradice la modernidad democrática.
Hay que acotar que esta cantidad de homicidios sin precedente puede
incluso duplicarse, debido a la cifra oculta tras los desaparecidos, las fosas
comunes aún sin contabilizar y la reticencia de muchos ciudadanos a
denunciar, entre otros factores.
Además de los homicidios se han multiplicado otros delitos de alto
impacto, como los secuestros, decapitaciones y la extorsión, perpetrados en
contra de todos los sectores y de personas de todas las edades. En los
últimos cuatro años han surgido nuevos y poderosos grupos criminales que
se disputan el control de comunidades que habitan desde pequeños pueblos
hasta las grandes ciudades.
Pero la violencia que subyace en nuestro país no es solo la que las
balas y pistolas nos recuerdan con cada muerto en las calles, o los
desaparecidos que por todo el territorio nacional lloran sus familias. Aunque
dramática, la violencia se manifiesta hoy en cada sector de la sociedad: en
las luchas sindicales, en los grupos políticos, en las escuelas, en las iglesias,
en el gobierno. Pero también en el lenguaje, en la prensa, en los hogares.
Reportes de prensa revelan que un 95% de los asesinatos cometidos
en este sexenio no han sido investigados9. Además prevalece la práctica
añeja de manipular procesos judiciales y dictar sentencias carentes de
fundamento a cargo de jueces corruptos. Quizá por ello la población percibe
que no hay justicia.
Consecuencias de una estrategia de guerra
Los asesinatos en masa, desplazamientos forzados de poblaciones, forman
parte de la nueva realidad nacional, que asombra al mundo, nos
9 Investigación de Silvia Otero publicada en El Universal el 21 de junio de 2010.
21
desprestigia y nos hace referente internacional de violencia. Para huir de
ésta, los habitantes de regiones enteras del país se han visto obligados a
cambiar sus hábitos, abandonar su patrimonio o dejar sus hogares y emigrar
a otras ciudades del país o del extranjero.
Para evitar ser vejados, los mexicanos también se han visto forzados a
no viajar por determinadas carreteras, a dejar de celebrar actos sociales, a
coartar su libertad y autoimponerse toques de queda. Así, miles de personas
toman cotidianamente acciones, a veces de alto riesgo, que les eviten
sumarse al rosario de víctimas y a las estadísticas de la delincuencia.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, fue desplazado el 21 por
ciento de la población de 2008 a 201010. Durante ese mismo periodo han
sido asesinadas alrededor de 9 mil personas. Más de 12 mil niños han
quedado huérfanos11. Por tres años consecutivos ha sido la comunidad más
violenta, no solo de México, sino del mundo, según el parámetro
internacional de asesinatos por cada cien mil habitantes.
El éxodo forzado de los juarenses se repite en ciudades y pueblos de
todas las regiones. Para los migrantes de diversos países que transitan por
nuestro territorio, México se ha convertido en una aduana mortal. Pruebas
contundentes e inhumanas de ello están en Chiapas, Veracruz, Oaxaca,
Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Sonora y el Estado de México, entre otros.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha informado que del
primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2009 las quejas contra
militares se incrementaron en 300 por ciento; además, aumentaron en 400
por ciento las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa
Nacional. Durante el mismo periodo, esta institución ha documentado
asesinatos, torturas, detenciones ilegales y desaparición forzada de personas
a manos de militares.
Tales acciones han demeritado la imagen de las instituciones
castrenses, que han visto erosionado el aprecio que tenían entre la
10“Desplazamientos Forzados: Migración y Violencia en Ciudad Juárez”, María del Socorro Velázquez Vargas, investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 11 Estimación hecha por Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Chihuahua.
22
población. Estos pilares del Estado mexicano, cada vez reciben más
cuestionamientos de la sociedad, algunos plenamente justificados.
Este desgaste de las Fuerzas Armadas, nacional e internacional,
incluso llevó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a recomendar
al gobierno mexicano retirar a los militares de las labores relacionadas con la
seguridad pública.
El narcotráfico ha acumulado un poder tal que ingresa a nuestro país
entre 25 mil y 40 mil millones de dólares, cifras que equivalen al Producto
Interno Bruto de Panamá y Uruguay, respectivamente12.
Si bien es cierto que este saldo no es consecuencia directa de una
estrategia fallida, sí puede decirse que ésta no detiene ni revierte este
proceso de degradación y de caos que imposibilita la paz por privilegiar un
enfoque de guerra.
Hay capacidad, falta voluntad
Con razón puede afirmarse que en los tres órdenes de gobierno y en la
sociedad existe la convicción de que el tema urgente de resolver en el país
es el de la inseguridad. Todos empeñan su voluntad en lograrlo y en muchos
casos puede acreditarse gran capacidad táctica en la ejecución de sus
planes para acotar a los grupos criminales.
El problema de la falta de resultados radica en que no hay voluntad
para ensamblar la capacidad y talento de las partes en una misma
estrategia. A lo más que se ha llegado es a firmar documentos que
comprometen a los órdenes de gobierno pero que no se cumplen. También
se han hecho pactos entre gobierno y sociedad sin que esa expresión de
recta intención se traduzca en hechos, y cuando los hay, no siempre son
eficaces.
Del lado ciudadano se hacen eventos diversos y a menudo la
inconformidad acumulada se desahoga en manifestaciones multitudinarias
12 Cálculo de Ramón García Gibson, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
23
que no culminan en una propuesta que vaya más allá de expresar lo que se
quiere lograr. Terminan en catarsis, en desahogo de un comprensible enojo
social.
Al elaborar un diagnóstico nacional, es inevitable señalar que diversas
instituciones gubernamentales muestran carencias que reducen su eficacia.
Las funciones de investigación e inteligencia están atomizadas y politizadas,
se conducen desde diferentes dependencias que no comparten información
estratégica para la toma de decisiones oportunas.
Como consecuencia de la desconfianza y deficiente cooperación entre
los órdenes de gobierno y entre los poderes federales y locales, se tiene un
Estado débil, ineficiente para imponer el orden e imposibilitado para
instaurar la paz en el país.
Ante este panorama —y porque no basta la intención de luchar contra
la inseguridad sin resultados de tranquilidad social— millones de mexicanos
piden reorientar la estrategia para alcanzar la paz, lo que no implica
rendición frente a los delincuentes. Exigen en todas las formas a su alcance,
algunas con desesperación, tomar medidas concretas y eficaces desde una
perspectiva de participación social orientada a vencer el mal con el bien. Con
acciones pacíficas y no con una dosis de agresividad.
Resistencia a corregir la estrategia
A la ausencia de justicia y seguridad, que pareciera consecuencia de una
insensibilidad ante el dolor de las familias de los asesinados o de las
víctimas, se suma el empecinamiento de las más altas esferas del poder
gubernamental en sostener su estrategia y afirmar que la guerra “se va
ganando”. Ante la insistencia social en que se revise la operación anticrimen,
la respuesta es que se está en el camino correcto y que no hay por qué dar
marcha atrás.
Para enfrentar a los criminales, el presidente de la República ha
insistido en que, más allá de posiciones políticas, debe prevalecer la unidad
nacional. Pero ésta se dificulta cuando el gobierno asume posiciones
partidistas que vulneran la confianza. Cuando se le ha sugerido escuchar los
24
argumentos de quienes sugieren revisar y, en su caso, rectificar la estrategia
sin dejar de luchar contra los criminales, interpreta que le piden detener la
acción del gobierno y en ocasiones los increpa o los acusa de despistados o
de estar en su contra.
Con frecuencia, tras ocurrir algún evento trágico, se reacciona a la
coyuntura con eventos discursivos y escénicos, con invitados seleccionados,
donde se pide el apoyo y comprensión de la sociedad pero no se le involucra
en la toma de decisiones ni en la ejecución de acciones coordinadas. Se
desaprovecha el enorme potencial de los ciudadanos.
México quiere paz
Del campo a la ciudad, de las playas de Acapulco a las carreteras de
Tamaulipas; de la principal plaza pública de Morelia a la Macroplaza de
Monterrey o al Zócalo en la Ciudad de México; en las calles de Torreón, de
Culiacán, de Cuernavaca, o de Cuautitlán Izcalli, el crimen es una amenaza
permanente y se ha enseñoreado en nuestra patria.
Este es el escenario nacional tras más de cuatro años de lo que el
gobierno llamó “guerra anticrimen” y que justificó como un “esfuerzo de
Estado”. Este es el saldo de haber actuado en solitario desde el principio,
imponiendo una decisión sin consenso con los Poderes de la Unión, las
entidades federativas, los municipios y las instituciones de la sociedad.
Lo más importante a destacar en esta semblanza del país, lo más
aprovechable hacia lo que decidamos hacer hacia adelante, es que somos
un pueblo que se niega a vivir en permanente alarma, asediado por la
violencia o por la probabilidad, cada vez mayor, de padecerla en carne
propia. No queremos seguir refugiándonos en el miedo ni en la resignación
que paraliza a la Nación y la somete al yugo de los violentos.
Aunque tenemos temores comprensibles, como es lógico suponer, los
mexicanos queremos participar en transformar esta vida de guerra en una
vida de paz.
25
Principios y valores para la seguridad
“Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”
Mahatma Gandhi
El despliegue de acciones del gobierno orientadas a la seguridad de los
mexicanos no ha estado exento de abusos en contra de la sociedad civil.
Decir que la mayoría de las víctimas han sido personas vinculadas a grupos
criminales no justifica tolerar que las autoridades cometan atropellos que
van desde la extorsión hasta el asesinato.
Aunque todas las instituciones y corporaciones involucradas en este
propósito se instituyen bajo códigos de honor y justicia, no siempre los
honran con sus acciones; en algunos casos no cumplen con un mínimo de
respeto hacia la comunidad a la que están obligados a servir.
Para proscribir la violencia en todas sus formas, es necesario que la
sociedad civil y el Estado asuman un compromiso de conducta congruente
con un código común de principios y valores, con una filosofía o acervo
doctrinal que aporte los conceptos en que se sustente la acción de la Nación
hacia la paz.
Es necesario que adopten un conjunto de preceptos para fortalecer
sus vínculos de confianza, para dar un soporte axiológico a su esfuerzo por
la paz y poder distinguir entre violencia y fuerza, y que ésta solo se puede
justificar al servicio del derecho y de la justicia en razón de legítima defensa
y en circunstancias verdaderamente excepcionales.
Urgen principios que no se aprendan de memoria sino que se
depositen en la conciencia de las personas para que éstas habitúen su
voluntad a un comportamiento honesto; que sean puntos de referencia para
orientar el desempeño de los ciudadanos y de las autoridades, de las
comunidades y de las instituciones. Valores que impidan que las acciones de
26
recta intención se conviertan en un torrente incontrolado, en un río revuelto
donde naveguen impunemente la prepotencia, la corrupción y la anarquía.
En razón de esta necesidad, y porque los principios y valores son una
realidad elegible que imprime carácter moral a los actos humanos, Volver a
Empezar propone que el Estado y la sociedad adopten una filosofía
humanista de servicio, que asuman una conciencia ética y cívica, que se
comprometan a respetar y hacer valer los siguientes preceptos mínimos
como normas promotoras de una nueva virtud social y de una actitud
pacífica nacional.
Educar en el diálogo
Aprender a dialogar, debatir y escuchar al otro, respetando su pensamiento
aun cuando sea diferente al propio, es requisito básico de convivencia cívica
que nos permitirá convertirnos en una sociedad de diálogo y paz.
Para maestros, políticos, líderes sociales, ministros de culto y padres
de familia, la resiembra de valores humanos y educar a niños y jóvenes en
el entendimiento mutuo tiene que ser una prioridad nacional.
Nuestros hogares, instituciones educativas, empresas, iglesias y toda
estructura social deben convertirse en escuelas de diálogo y tolerancia,
concordia y solución pacífica de conflictos.
Cooperación ciudadana para la paz
La seguridad humana efectiva está cimentada en el principio de solidaridad
y supone coordinación subsidiaria, y en esa relación cada quien pone de su
parte cediendo privilegios. Implica corresponsabilidad entre las autoridades
y la comunidad.
Ante esto, los gobiernos y las instituciones deben abrir la puerta a
concejos, comités y observadores ciudadanos de manera transparente. Solo
los ciudadanos, que sufren desamparados, sin la protección del aparato
gubernamental, tienen la sensibilidad para conocer la realidad que vive el
país.
27
Asimismo, los ciudadanos tenemos que dar un paso al frente y asumir
que los gobiernos tienen una gran responsabilidad equiparable a la de la
sociedad, pues todos, aun a nivel individual y comunitario, tenemos
capacidad de incidir en la construcción de la paz.
Visión de Estado
La seguridad solo se conseguirá sobre el firme cimiento de una política de
Estado con visión de largo plazo que incorpore a la sociedad tanto en la
toma de decisiones como en su ejecución, no sobre iniciativas o
imposiciones puramente gubernamentales.
Para restablecer y preservar la paz desde una dinámica genuinamente
republicana, son necesarios esfuerzos y proyectos serios e incluyentes, que
superen los discursos estridentes de servidores públicos y políticos, que
trasciendan trienios y sexenios e ignoren criterios electoreros que debilitan
la unidad nacional y generan desencuentro social.
Respeto a los derechos humanos
Mucho pierde la sociedad cuando por miedo permite acciones autoritarias y
excepciones que violan las garantías fundamentales, pues está probado
históricamente que cuando así ocurre, dichas excepciones se convierten en
amenazas permanentes del poder a la población. Todo esfuerzo por la paz y
la seguridad debe conducirse bajo la condición irrenunciable y permanente
del respeto a los derechos humanos.
Prevención
Atacar los efectos de la delincuencia ignorando sus causas equivale a podar
una hiedra permanentemente, sin arrancarla de raíz. Una de las claves para
hacer de México un país seguro, a mediano y largo plazos, es dedicar igual
cantidad de recursos al combate a la delincuencia y a su prevención.
28
El esfuerzo dedicado a capacitar policías necesita ser similar al que se
invierta en la formación cívica de niños y jóvenes. Así como se aprovisiona al
Ejército, debemos equipar espacios de convivencia comunitaria. Con ello,
lograremos que las siguientes generaciones vivan los valores de la paz.
Seguridad progresiva
Es indispensable que todo esfuerzo por construir la paz se emprenda con
visión a largo plazo, con paciencia alejada de los ciclos políticos y
electorales. Para no ocasionar rupturas sociales, hay que actuar de manera
paulatina y sostenida.
La seguridad pública no puede ser construida con muestras arbitrarias
de valentía o acciones aisladas por contundentes que puedan ser. Tampoco
es efectivo combatir al crimen con desplantes gubernamentales como
reacción ante hechos de violencia.
Seguridad democrática
Los problemas de la democracia siempre se resuelven con más democracia,
jamás con menos. Solo los valores y las prácticas democráticos aseguran
que se respeten la dignidad de las personas y sus inalienables derechos
humanos, de forma generalizada a toda la población.
Muy por el contrario, el secretismo, la arbitrariedad, la corrupción y la
falta de observación a reglas y leyes pueden conducir a regímenes
autoritarios. Son caldo de cultivo para el fortalecimiento de actividades
antisociales y para el abuso de las autoridades.
La seguridad no puede ser exclusiva de un sector social, una región,
una ciudad, un grupo de privilegiados o una facción política, debe ser un
bien público de acceso generalizado y absolutamente equitativo.
Son especialmente perniciosas las estrategias que buscan proteger a
determinados sectores o aislar los conflictos en zonas geográficas atentando
contra el elemental sentido de igualdad entre mexicanos.
29
Acceso a la información y transparencia
Con excepción de las estrategias con que se combate al crimen organizado y
que requieren diversos niveles de reserva, es necesario conducir todas las
acciones en favor de la seguridad y la paz con plena transparencia. Ésta
genera confianza, estimula la participación e inhibe la corrupción.
Rendición de cuentas
Las decisiones de las autoridades de gobierno y de organismos de la
sociedad, por altos que sean sus cargos, deben someterse a la observación
y la crítica ciudadanas. Es indispensable que toda estrategia de seguridad
sea revisada de manera periódica y sometida al escrutinio público cuando
así se justifique, a fin de que quienes la diseñaron y quienes la implementan
tengan la oportunidad de mejorar su desempeño.
Metas verificables
Porque del esfuerzo por la paz y la seguridad dependen vidas humanas,
debe prescindirse de valoraciones subjetivas o politizadas y de propuestas
ambiguas como “ganar la guerra”, “acabar con el tráfico de drogas”,
“recuperar la paz” o “cambiar de estrategia”.
Es indispensable que existan metas claras y cuantificables, así como
indicadores que permitan medir el desempeño y evaluar los resultados. Para
este propósito son necesarios los organismos ciudadanos.
Evitar populismo corruptor
Los esfuerzos encaminados a construir la paz deben eliminar las prácticas
clientelares y tratar a todos los ciudadanos como iguales en libertades,
derechos y obligaciones.
30
Lo que es la corrupción en lo individual, lo es el populismo en lo
social. Cada vez que el Estado da concesiones ilegales a un grupo por
presiones políticas, electorales o económicas, está corrompiendo a la
sociedad en su conjunto.
Centrar la atención en las víctimas
Hasta ahora la atención del aparato judicial y las fuerzas del orden se han
enfocado en los delincuentes, cuando son las víctimas quienes más
necesitan y merecen la atención del Estado. Es necesario cambiar esta
tendencia para dar a las víctimas las retribuciones y las reparaciones del
daño pertinentes en razón de justicia.
31
Objetivos rumbo a la paz de México
“No hay viento favorable para el
que no sabe a dónde va”
Séneca
Para transitar de la realidad prevaleciente hacia el restablecimiento y
preservación de la paz en condiciones de sostenibilidad y mayor desarrollo,
es necesario definir y dar a conocer los principales objetivos a alcanzar.
Estos tienen carácter estratégico, por ser de la mayor trascendencia en
orden al propósito superior anhelado.
Los objetivos que orientan los esfuerzos comunes del Estado y de la
sociedad son de carácter general y de prioridad nacional inmediata. Deben
ser atendidos por todos los actores involucrados para dar soporte a una
nueva estrategia acordada en forma conjunta. De lograrse en el tiempo que
para ello se determine, significan un avance real hacia el fin pretendido.
Siendo el fin último de este documento ofrecer una propuesta que
incluya la opinión y sugerencias recogidas de todos los sectores de la
sociedad, así como en foros internacionales y consulta a expertos, Volver a
Empezar propone cinco objetivos estratégicos:
1. Unidad política. Hacer del Estado una entidad vigorosa y coherente
desde la unidad de la nación y a partir de una relación de confianza
entre los órdenes de gobierno y entre los poderes federales y locales.
2. Visión de país. Definir y construir las nuevas condiciones culturales,
económicas, políticas, jurídicas, sociales y ambientales hacia donde se
necesita llevar al país, que orienten el desarrollo humano sustentable
y favorezcan el restablecimiento y preservación de la paz justa y la
seguridad humana integral.
32
3. Reforma del Estado. Desde una efectiva Concertación Nacional
actualizar el diseño institucional del Estado, adecuándolo a las
exigencias de la nueva dinámica mundial y nacional.
4. Cultura de legalidad. Acordar y seguir, con respeto irrestricto a la
ley, una ruta de eliminación de privilegios acumulados en grupos de
poder político y económico para generar condiciones de unidad y
confianza, de equidad y justicia, que contribuyan a disminuir el riesgo
de conflictos sociales.
5. Democracia participativa. Fortalecer la democracia y hacer de la
participación ciudadana una prerrogativa vigente y efectiva, no
selectiva ni limitativa, desde una vertebración social que permita
desplegar el potencial comunitario en forma solidaria, responsable y
organizada.
33
Estrategia para la paz justa
En el diseño e implementación de las estrategias que actualmente orientan
el combate a la delincuencia organizada no participan, como debieran, todos
los integrantes del Estado. Las decisiones las toma y promueve
principalmente el Ejecutivo Federal sin el compromiso de los otros poderes
de la Unión y órdenes de gobierno; tampoco de la sociedad, principal
receptora de los efectos del esfuerzo por la paz.
Hacer foros de consulta, que a menudo derivan en catarsis, no evita la
unilateralidad que hace débil e insuficiente la acción del Estado frente a las
amenazas de conflicto que a diario materializan los grupos criminales.
Se precisa una acción organizada y eficaz que modifique nuestro
presente en beneficio de la paz. Que garantice a ésta la perdurabilidad para
un futuro diferente y mejor, con un entorno socioeconómico e institucional
de bienestar generalizado; que haga realizables los derechos y deberes de
todos los mexicanos.
La decisión estratégica, el seguimiento de su ejecución y el ajuste a
las líneas de acción es una tarea que debe llevarse a cabo en forma
permanente, sin regateos ni titubeos, sin prejuicios y sin discriminar a nadie.
Reiniciar el esfuerzo es una necesidad impostergable que no cancela
avances y logros, ni significa declinación de propósitos. Implica aprender de
lo pasado para corregir errores y trazar en perspectiva nuevos escenarios y
rutas a seguir.
El arte de hacer política
Si la política es el arte de obrar el bien común posible a partir de lo real, la
estrategia es el arte de la ejecución eficaz de la política; es decir, de los
fines superiores deseados para el bienestar de la sociedad. La estrategia es
resultado del orden y no puede venir de la improvisación; debe diseñarse y
decidirse con realismo en el máximo nivel político posible. De su asertividad
34
dependerá la coordinación, sincronización y oportuna ejecución de las
acciones emprendidas. De la táctica.
La estrategia es el elemento fundamental de toda planeación
proyectada hacia un fin determinado. Es un ejercicio eminentemente
intelectual y debe ser, por tanto, la consecuencia de un proceso de reflexión
y deliberación, con el apoyo de un análisis objetivo de los acontecimientos,
con el sustento de información verificada y ponderada de la mayor
profundidad posible.
Por ello y porque se vive una realidad incierta, sometida
permanentemente a cambios y riesgos, la estrategia debe ser prospectiva,
tener un rumbo claro que no sea modificado por los vaivenes de la
coyuntura, pero flexible para ser adecuada conforme sugieran las
circunstancias, los recursos disponibles y las posibilidades de éxito.
La condición insustituible para definir una estrategia con posibilidades
de éxito es elegir los mejores medios que permitan alcanzar los objetivos
políticos o generales que se hayan decidido. Es necesario revisar frecuente y
acuciosamente su diseño con base en resultados, y hacer los ajustes
pertinentes, a fin de no comprometer la seguridad de los mexicanos y el fin
principal de la paz.
Sociedad y Estado, actores clave
Se precisa además, que el diseño de la estrategia no sea unilateral ni
parcial, tampoco partidista. Hace falta asumir que la tarea es de todos y que
es imperativo tomar en cuenta a todos. Pero fundamentalmente se necesita
de voluntad en la sociedad y el Estado para tomar decisiones en forma
conjunta de fondo y de forma; que realicen un trabajo coordinado,
democrático, plural e incluyente, que sea el eje vital de la acción como país.
En la realidad actual de México, con su particular circunstancia de
inseguridad y violencia, el punto de partida es hacer una estrategia de
manera conjunta entre la sociedad y el Estado. Ambos son actores clave e
imprescindibles en este proceso hacia la paz con justicia social.
35
La condición necesaria para instaurar la paz y la seguridad deseadas
es unir los esfuerzos en forma eficaz, coordinar las capacidades e iniciativas
dispersas de los organismos de la sociedad con las de los órganos del
Estado.
Si no se involucra alguno de los órdenes de gobierno, si no están ahí
las instituciones no gubernamentales o los grupos representativos de la
sociedad, sus líderes, se correría el riesgo de repetir la unilateralidad en la
toma de decisiones con la consecuente ausencia de participación de
muchos.
Porque toda contribución al bien común debe ser ejecutada con
eficiencia para abrir una nueva etapa donde el orden y la seguridad sean el
cimiento robusto sobre el que se construyan la paz justa y el desarrollo
sustentable, Volver a Empezar propone:
Estrategia para la paz justa
1. Asumir como Nación que la misión de restablecer la paz y conservarla
es tarea de corresponsabilidad ineludible de la sociedad y el Estado.
2. Generar un proceso dinámico y efectivo de concertación permanente,
con participación plural, democrática, incluyente y con visión de largo
plazo, entre el Estado y la sociedad, que permita el mejoramiento
continuo del proceso de paz.
3. Aceptar, desde la sociedad, el gobierno, los partidos políticos y las
instituciones públicas y privadas, que la concertación sea convocada
por el Presidente de México en su carácter de Jefe de Estado y que
asuma el liderazgo del nuevo proceso de paz.
4. Que la convocatoria del Presidente de México sea para construir
consensos y visiones compartidas de futuro, desde el diálogo en favor
de la paz y la seguridad de los mexicanos, y sin que este propósito
36
prioritario sea exclusivo ni excluyente, sino que pueda ampliarse a
otros aspectos de interés general.
5. A partir de la convocatoria del Jefe del Ejecutivo Federal, constituir un
grupo representativo de la sociedad y del Estado, denominado
Concertación Nacional para la Paz encargado de la revisión y
definición de estas u otras propuestas, donde los participantes tengan
voz y voto.
6. Dar a la Concertación carácter de máxima instancia política de facto
para la toma de decisiones en favor de la seguridad de los mexicanos,
mismas que se implementarán en forma institucional y siempre con
apego a la ley.
7. Desde la Concertación, cambiar la lógica de guerra por una de paz
que oriente y permita prioritariamente la acción no violenta en forma
institucional y social. Que asegure el mejoramiento continuo hacia la
consecución de la seguridad humana.
8. Elegir y socializar los principios y valores aquí propuestos, u otros
similares, para dotar de un acervo doctrinal y de un marco de
referencia ética a las acciones que se vayan a implementar.
9. Definir —con base en las propuestas aquí formuladas— la Estrategia
para la Paz Justa, los Objetivos rumbo a la Paz de México y las Líneas
Estratégicas.
10. Desarrollar y organizar el programa de la Concertación Nacional
para la Paz con metas a corto, mediano y largo plazos.
11. Generalizar un método interactivo permanente de concertación
en estados y municipios, entre la sociedad y los órganos del Estado,
que facilite la comunicación, coordinación, seguimiento, evaluación y
ajuste de la nueva Estrategia para la Paz Justa.
37
Para que este método sea efectivo, se necesitan, entre otras
cosas:
Garantizar a todos la expresión libre de sus propuestas y puntos
de vista, así como gestionar en ese espacio sus respectivos
intereses.
Establecer una metodología que facilite el diálogo y la
propuesta, la deliberación y la negociación para la toma de
decisiones de común acuerdo. Que facilite la comunicación,
coordinación y acción colectiva municipal, estatal, regional y
nacional; institucional o comunitaria.
Construir escenarios alternativos de solución a los problemas
nacionales a partir de racionalizar lo acontecido, de repensar lo
vivido y de evaluar los resultados de las políticas públicas
vigentes.
Integrar equipos de especialistas que analicen la naturaleza,
viabilidad, alcances y condiciones de implementación de los
acuerdos.
Generar iniciativas que deriven en reformas legales, en
programas comunitarios y en políticas públicas.
Definir criterios y formas de reincorporar las fuerzas armadas a
sus funciones constitucionales primordiales, así como las
condiciones, alcances y metas del combate frontal contra el
narcotráfico y los grupos criminales sin perder el horizonte de la
paz y sin arriesgar a los ciudadanos con tácticas de lucha
armada.
Asignar responsabilidades para la ejecución, control y
evaluación, difusión y seguimiento de los acuerdos de la
Concertación Nacional.
12. Socializar los acuerdos de la Concertación Nacional para la Paz y
someter al escrutinio público la evaluación de los resultados.
En la medida que se logren acuerdos, hacerlos del conocimiento
público mediante una difusión efectiva, a fin de concitar el
38
respaldo y participación de la sociedad, con conocimiento de
causa, en las tareas emprendidas.
Convocar a grupos y movimientos sociales, a instituciones
educativas y a las iglesias, a los intelectuales y académicos, a
los partidos políticos y, de manera especial, a los medios de
comunicación, a sumarse en este esfuerzo de difusión y de
promoción a la participación ciudadana.
Persuadir a los delincuentes y a las bandas criminales, por todos
los medios lícitos, de renunciar a sus actividades ilegales y
acogerse a los programas de regeneración y reintegración
social.
Informar a la comunidad de la respuesta institucional y social de
los avances en el cumplimiento de los acuerdos propuestos.
Con la periodicidad que se decida y con los instrumentos para
ello definidos, estimular la retroalimentación desde consultas
masivas que reflejen la opinión social sobre las tareas
realizadas.
Presentar a la Concertación los resultados de las consultas
masivas para que sean revisados y, en su caso, ajustar y
mejorar las acciones emprendidas.
13. Procesar institucionalmente los acuerdos de la Concertación
Nacional para la Paz.
Elevar a rango de ley el acuerdo fundamental de cambio de
estrategia y de enfoque táctico, de reasignación de
responsabilidades entre la sociedad y los órganos del Estado y
de definición de las nuevas líneas estratégicas que habrán de
seguirse para el restablecimiento de la paz en condiciones de
justicia y democracia.
Cuando así se acuerde, turnar al proceso legislativo federal y
local las propuestas surgidas de la Concertación Nacional para
que sean revisadas, enriquecidas y, en su caso, incorporadas al
marco legal.
En caso de que así se decida, comunicar a los poderes
legislativos las decisiones de la Concertación para que sean
39
revisadas, enriquecidas y, en su caso, incorporadas al marco
legal.
Recurrir a la cooperación internacional para que otros estados
nacionales respalden los acuerdos de la Concertación Nacional
en sus ámbitos de competencia y realicen una función de
observación permanente.
14. Consensuar nuevos términos de cooperación internacional, de
colaboración financiera y de asistencia técnica, que incidan
favorablemente en la consecución de las metas nacionales y
regionales en materia de seguridad y justicia.
40
Líneas estratégicas para la paz
“Es necesario cuidarse de las extrapolaciones demasiado rápidas, de los modos demasiado radicales, de las opciones demasiado aventuradas, fundadas sobre hipótesis estrechas”
André Beaufre
La lucha anticrimen del gobierno supone casi exclusivamente, o al menos
prioritariamente, el desarrollo de capacidades técnicas y tácticas para el
combate frontal a la delincuencia. Las acciones del gobierno son
preponderantemente militares y policiacas.
Proponemos cambiar ese soporte armado por otro eminentemente
social cuyo eje primordial sea la educación para detonar los procesos de paz
y de seguridad a mediano y largo plazos e iniciar la formación de
generaciones que, desde una visión humana integral, construyan
condiciones de bienestar permanente.
Las nuevas líneas estratégicas que se proponen, son las siguientes:
1. Sustituir el enfoque de guerra anticrimen, que es de naturaleza
destructiva, por el de construcción de paz justa, sostenible y
duradera.
2. Dejar en manos de instituciones públicas y privadas, en forma
conjunta, la conducción de la estrategia con la participación de
personas con profundo sentido y compromiso social.
3. Desideologizar y despartidizar la educación pública. Dar prioridad a
sus reformas orientadas a la excelencia y a formar generaciones
comprometidas con la legalidad y la honestidad, la solidaridad y el
respeto a la pluralidad, el trabajo y la competitividad.
41
4. Enfocar la estrategia a modificar las causas estructurales de la
pobreza, la desigualdad y la marginación social, y no solo sus
efectos.
5. Generar alternativas económicas y condiciones jurídicas de
excepción, de carácter temporal, que estimulen el abandono de
prácticas delictivas estableciendo procesos eficaces de
reconciliación, segundas oportunidades, penas alternativas a la
cárcel, readaptación social, reinserción comunitaria y familiar,
amnistía y desactivación de grupos delictivos.
6. Conciliar los intereses políticos, económicos, ambientales y
culturales cuando sean factores que propicien inseguridad y
violencia.
7. Reordenar la estructura sociopolítica para dar prioridad a los
intereses de la comunidad.
8. Legislar para asegurar que la acción de gobierno sea justa, eficaz,
plural, transparente y con rendición de cuentas.
9. Establecer programas de atención y protección permanente a las
víctimas, como un eje fundamental en el proceso de restablecer la
paz y la justicia social.
10. Sustituir la corrupción de los cuerpos policíacos por una cultura
de orden, respeto, honor, justicia, lealtad y servicio. Elevar su
profesionalismo, confiabilidad y destreza en habilidades
estratégicas que dan certeza y eficacia a la acción, como la
prevención del delito, la inteligencia y la investigación.
42
Criterios para una acción de Estado no violenta
“Aquí nadie viene a triunfar y obtener, solo un objetivo ha de guiarnos: el de acertar lo que sea mejor para México”
Manuel Gómez Morin
Cuando el recurso de la fuerza del Estado se erige de modo sistemático y
permanente tiende a perder sustento y a generar injusticia en perjuicio de la
sociedad civil; conduce a la suplantación de los poderes legalmente
constituidos y se atrofia el desarrollo político y la tranquilidad social; se
limita la participación ciudadana y se restringen sus derechos; se crea
dependencia respecto de quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza
en detrimento del restablecimiento de la paz.
En una sociedad democrática el empleo de la fuerza del Estado no
debe darse en forma descoordinada entre autoridades, instituciones y
órdenes de gobierno. Más aún, cuando no se consulta o se involucra a la
comunidad, tiende a ser arbitrario, ilegítimo y autoritario.
La paz verdadera es tranquilidad en el orden, nace a partir de la
justicia y es efecto de las virtudes sociales que implican la participación y la
debida cooperación informada entre autoridades y ciudadanos.
Solo desde la democracia con sentido humano, respetuosa de las
instituciones, puede asegurarse que el fuerte no abuse del débil, que el
Estado sea un protector de la comunidad y se respeten plenamente sus
derechos fundamentales.
Con base en el análisis de la actual situación de la “guerra contra la
delincuencia”, proponemos los siguientes criterios operativos que pueden
disminuir los daños a inocentes y hacer menos cruenta la confrontación con
los grupos criminales.
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Previsibilidad con base en la inteligencia
Las políticas de seguridad pública que no prevén la marcha de los
acontecimientos condenan a los gobiernos, a las fuerzas de seguridad y a la
sociedad a moverse a la defensiva, haciendo de la reacción la base de su
actuar.
Por ello, es primordial elaborar posibles escenarios que permitan a la
sociedad y al gobierno mantener la ofensiva sobre los grupos criminales, lo
cual solo puede lograrse con una labor de inteligencia eficaz y oportuna,
permanente y de alcance nacional, que permita visualizar a tiempo los
riesgos y las oportunidades a éstos aparejadas, así como medir las
posibilidades de desplazamiento hacia los objetivos planteados.
El Estado debe, por tanto, privilegiar el uso estratégico de la
información y la comunicación sobre la fuerza de las armas. Es decir, es
indispensable proponerse rescatar a las comunidades y protegerlas
priorizando labores de inteligencia que posibiliten acciones pacíficas y eviten
la confrontación.
Detener la proliferación de grupos armados
En México proliferan grupos armados amparados en el permisivo y ambiguo
marco jurídico, como lo son las compañías de seguridad privada o los
guardaespaldas. Sin embargo, el permitir que —ilegal o legalmente— existan
grupos armados conduce a que el Estado vea amenazado su monopolio del
uso de la fuerza como ha ocurrido en varios países de Latinoamérica donde
estos grupos degeneraron en movimientos paramilitares so pretexto de
hacer justicia por propia mano.
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Revisar la participación de las Fuerzas Armadas
De manera progresiva y estratégica, los militares deben regresar a sus
deberes primordiales, dejando en manos de autoridades civiles las labores
policíacas.
Aunque en este momento su presencia es indispensable en el campo de
operaciones, es urgente crear un programa calendarizado de capacitación y
fortalecimiento de policías estatales y municipales, que permita a los
militares volver a una condición no protagónica, para que participen en la
lucha contra la delincuencia en momentos clave y con acciones tácticas de
alta precisión y eficacia.
Cancelar contrabando de armas
Es sumamente significativo que en estos años no se hayan presentado
programas efectivos para limpiar y fortalecer las aduanas, así como para
erradicar el contrabando desde otros países, siendo que el paso inicial para
que el Estado recupere el uso exclusivo de la fuerza es cancelar el flujo de
armas ilegales.
Deben incrementarse los esfuerzos diplomáticos y las acciones ante
tribunales internacionales para evitar la internación ilegal de armas.
Readaptación productiva
El sistema penitenciario no garantiza la regeneración de los delincuentes ni
facilita la readaptación social. Es urgente modificar la política de
readaptación en los centros penitenciarios, estableciendo opciones de
ocupación productiva o recreacional.
Alejar la violencia de las comunidades
Para los mexicanos se ha vuelto común ver retenes de militares o policías
frente a centros comerciales, escuelas o calles de gran circulación. Además,
45
las fuerzas del orden han confrontado a criminales con armas de asalto
dentro de zonas urbanas altamente pobladas.
Ese enfoque tiene que cambiar. Hay que llevar el terreno de combate
a espacios despoblados, devolviendo tranquilidad y calidad de vida a las
comunidades y protegiendo lo más importante: las vidas de inocentes, a fin
de disminuir el riesgo de que personas sufran algún daño a su persona,
familias o bienes.
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Propuestas para todos
“Cuando se está comprometido con la paz
se buscan los caminos para llegar a ella y
se perfilan las acciones no violentas para
conseguirlo”
Manuel Espino
Al integrarse la Concertación Nacional surgirán las más ricas ideas e
iniciativas para llevar al país a un entorno de paz y seguridad, de orden y de
justicia social.
Con la intención de estimular la creatividad que aporte propuestas
viables para tal propósito, Volver a Empezar compiló sugerencias aportadas
en foros nacionales e internacionales por expertos y servidores públicos, en
diálogos directos con jefes y ex jefes de Estado, así como líderes políticos y
sociales de otros países que superaron retos como los que hoy enfrentamos
los mexicanos.
Nuestro movimiento también seleccionó algunas expresiones
generadas en la consulta nacional “¿Y tú, cómo quieres México?” que
durante cinco meses le permitió establecer contacto directo con los sectores
sociales de todas las regiones del país, y demostrar que la reflexión permite
atreverse a promover cambios necesarios hacia un futuro promisorio.
Las propuestas aquí planteadas son solo un ejemplo de la creatividad
que brota del conocimiento, la sensibilidad y la experiencia de personas y
comunidades. No son las únicas ni son inamovibles. Se han clasificado para
ofrecerlas como un menú de alternativas aplicables en los diferentes
ámbitos y sectores de la comunidad nacional. Aquí se presentan como una
muestra de que con la iniciativa social y la participación ciudadana sí es
posible controvertir tendencias deterministas e inerciales de visión limitada.
47
Llevar a la práctica este tipo de propuestas asegura un entorno
socioeconómico e institucional de creciente bienestar a partir de
comprometer la voluntad de todos para trazar caminos convergentes.
Estas acciones que pueden realizarse a nivel personal, familiar,
comunitario o institucional, también pueden ser consideradas en el
desarrollo de los programas, campañas, operativos tácticos y acciones que
deberán implementarse y coordinarse desde la Estrategia para la Paz Justa.
Para la comunidad
Abrir espacios de diálogo y de concertación en todos los ámbitos de la
sociedad, que faciliten la restauración de la confianza entre los
ciudadanos y las autoridades.
Dar prioridad a los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos,
sobre todo en las familias, las escuelas y los lugares de trabajo. Ello
forjará, en el mediano y largo plazos, generaciones de niños y jóvenes
comprometidos con la paz.
Atender con especial cuidado los grupos vulnerables para
salvaguardar su integridad física.
Asumir el deber humano de proteger a las víctimas para evitar que
alimenten el círculo vicioso de la violencia y para que no reproduzcan
las acciones que padezcan.
Hacer de la recuperación de los espacios públicos una prioridad de
todos los ciudadanos; en la medida en que los parques, los centros
deportivos, las escuelas e incluso los lotes baldíos tengan un uso
comunitario constante y estén vigilados, disminuirán los lugares para
que la delincuencia pueda operar.
Coordinar con el mismo objetivo supremo de construir la paz a las
instituciones y a la sociedad, cada uno desde sus distintos ámbitos.
Instrumentar campañas permanentes que refuercen los valores, las
tradiciones y la cultura, que fomenten el arraigo, el orgullo y la
identidad de cada comunidad. Que lleguen a todos los espacios
educativos de la vida social, los cuales van desde los esfuerzos que
48
hacen los padres por educar a sus hijos hasta los discursos políticos y
contenidos mediáticos.
Facilitar la ejecución de programas de segundas oportunidades y
reinserción social dirigidos principalmente a niños, adolescentes y
jóvenes.
Revalorar la fructífera contribución social y económica de los
migrantes en cada comunidad, reconociendo que son agentes de
desarrollo y creadores de oportunidades.
Retomar el reto del pleno empleo digno y con justicia salarial.
Para las familias
Comprometerse, de manera individual, a contribuir con la eliminación
de la violencia social desde la familia, reeducándose para procesar sus
conflictos de manera respetuosa y tolerante.
Fomentar la cohesión familiar y el diálogo entre padres e hijos,
asignando varios días a la semana para que convivan todos los
miembros de la familia.
Cuidar que los niños no se expongan a imágenes o situaciones de
violencia.
Reforzar los lazos comunitarios involucrándose con instituciones
sociales como agrupaciones de vecinos, clubes de servicio, partidos
políticos y programas educativos auspiciados por el gobierno o las
iglesias.
Formar consejos de padres de familia que vigilen la implementación
de programas de seguridad y salud, así como acciones de prevención
en las escuelas.
Inscribir a sus hijos en actividades formativas extraescolares para
fomentar en ellos el aprecio por los valores humanos y darles acceso a
roles de conducta positivos.
Participar en eventos de vecinos, en los barrios y colonias, orientados
a la integración y al acuerdo de medidas preventivas en forma
comunitaria.
Cuando haya una víctima en la familia o en la comunidad donde ésta
vive, aceptar orientación profesional para aprender a facilitar la
49
recuperación de aquella y evitar en lo posible la segunda
victimización.
Reconocer que los adultos mayores son cimiento de la cohesión
familiar, aprovechando su invaluable experiencia para que contribuyan
a formar a jóvenes y niños en los valores de la paz.
Para los jóvenes
Asumir que son el resorte clave para transcender los problemas de la
inseguridad nacional, haciendo de ellos una oportunidad para el
desarrollo sustentable de México en condiciones de paz y justicia
social.
Evitar la reedición de actitudes que en generaciones anteriores
hicieron vigente la disputa por razones ideológicas o diversidad de
opiniones y que impidieron el acuerdo para unir esfuerzos al, servicio
de México.
Aprovechar la etapa de estudiantes para practicar el diálogo y la
tolerancia, el intercambio de ideas y el respeto a los que piensan
diferente.
Convocar a encuentros de jóvenes en su comunidad para construir
juntos opciones de solución a la violencia o al consumo de drogas en
su entorno social e involucrarse en su implementación.
Utilizar las nuevas tecnologías de comunicación para interactuar con
los demás y conocer otras ideas, otras realidades, para ampliar la
noción de su localidad, de su país y del mundo.
Respetar las deficiencias o debilidades de los demás y complementar
en lo posible sus limitaciones. Platicar y ser solidario con otros jóvenes
que hayan sido víctimas de delitos para ofrecerles apoyo y aprender
de su experiencia.
Involucrarse en actividades deportivas, culturales y de servicio, no
solo con espíritu deportista, sino para hacer vida comunitaria con
sentido social.
50
Para las víctimas
Asumir que el ejercicio de trascender los saldos de ser víctima implica
aprender a vivir con lo que le ha ocurrido, reconocer que transitar el
difícil camino de la recuperación depende principalmente de su propia
decisión.
Aceptar asistencia psicológica especializada que ayude a evitar la
segunda victimización personal o familiar, mediante el control
adecuado de emociones y el desarrollo de una visión positiva ante la
vida.
Además de dar al esfuerzo de recuperación un propósito de
superación y realización personal, enfocarlo también a la participación
social.
Tener presente que el resentimiento y el odio solo hace daño a quien
lo siente.
Para los adultos mayores:
Asumir que como adulto mayor se es cimiento de la cohesión familiar,
contribuyendo con el ejemplo y el diálogo a que haya un ambiente de
convivencia pacífica dentro del hogar.
Ayudar a educar a los niños y jóvenes en los valores de la paz,
enseñándolos a resolver sus diferencias sin agresiones, a dialogar y a
respetar a los diferentes.
Motivar a los niños y jóvenes a participar en actividades cívicas,
religiosas o de recreación, sanas y productivas.
Por medio del diálogo permanente, hacer consciente al resto de la
familia de los tiempos de paz que ha vivido México, con el doble
propósito de que no vivan el estado de guerra actual como si fuera
normal y de motivarlos a trabajar activamente por un país más
seguro.
Ser el enlace entre la familia y su barrio o colonia, manteniéndose
activo en grupos vecinales, compartiendo su experiencia.
51
Informar a sus representantes políticos (como el diputado de su
distrito o el alcalde) de la seguridad en el entorno social que se vive
en su comunidad.
Conversar con los miembros de la familia sobre las víctimas de delitos,
sensibilizándolos sobre sus derechos y padecimientos.
Denunciar a las autoridades las actividades delictivas que observe,
manteniendo el anonimato y protegiendo en todo momento su
integridad.
Contribuir a formar una comunidad unida y fuerte por medio de la
participación en espacios cívicos y políticos.
Para los organismos de la sociedad civil
A quienes forman parte de asociaciones de abogados, médicos,
sicólogos, entre otros, organizar labores de ayuda solidaria y apoyo
profesional a víctimas de delitos y a sus familiares.
Impulsar, a través de programas de capacitación y debate académico,
la participación colectiva entre autoridades, sector privado, partidos
políticos y sociedad civil organizada, en la labor de construir una paz
justa que permita una fuerte cohesión social.
Implementar programas que generen conciencia de participación y
estimulen a los ciudadanos a denunciar el narcomenudeo en barrios y
colonias sin exponerlos a represalias.
Fomentar la unidad comunitaria por medio de la recuperación de los
espacios de esparcimiento públicos y la imagen urbana.
Crear observatorios ciudadanos que recopilen información estadística
y propongan políticas públicas sobre criminalidad, con plena
autonomía.
Impulsar la creación de concejos ciudadanos independientes y con
capacidad de actuación y supervisión de las instituciones oficiales
responsables de la seguridad, así como de coadyuvar en su
implementación y gestión.
Fomentar el valor de la legalidad y eliminar la permisividad social ante
la corrupción.
52
Generar esquemas de apoyo a las familias que fomenten valores
cívicos y de respeto a la legalidad. Ejemplo de ello son las escuelas
para padres.
Utilizar las redes sociales cibernéticas para fomentar la participación
social en el combate a la delincuencia y la presentación de denuncias.
Monitorear y denunciar públicamente a los usuarios de redes sociales
que esparzan información falsa o que favorezca a los delincuentes,
pues ello genera brotes de pánico social.
Coordinar la creación de asociaciones que brinden información para el
fomento de la paz, como redes de taxistas, eclesiásticas, de vecinos,
entre otras.
Establecer acuerdos internacionales de cooperación entre
organizaciones de la sociedad civil.
Para las instituciones educativas y la comunidad académica
Enseñar a los alumnos y maestros formas de cooperación con quienes
son víctimas dentro de la comunidad escolar.
Propiciar respeto, convivencia y civismo dentro de las aulas, evitando
el acoso escolar.
Incorporar en los programas educativos conceptos de valores cívicos y
de resolución pacífica de conflictos.
Impulsar campañas, no de manera extraordinaria sino permanente,
que promuevan la identidad y la historia de cada comunidad, y que
hagan hincapié en el valor de la vida humana y la dignidad de la
persona.
Establecer mecanismos para la denuncia segura y anónima de
actividades delictivas dentro de las instituciones educativas.
Ofrecer roles constructivos a los alumnos que les ayuden a formular
un proyecto de vida desde temprana edad, a fin de que no se
posicionen en su percepción los roles negativos presentados por la
delincuencia. Una herramienta útil para ello es que los padres visiten
la escuela de sus hijos y hablen del trabajo al que se dedican.
53
Prevenir de manera permanente y sistemática al alumnado sobre los
riesgos de entablar comunicación y relaciones afectivas con personas
vinculadas al consumo o venta de drogas.
Trabajar en la opinión pública para evitar que se difundan visiones
estereotipadas sobre los migrantes, mismas que fomentan la
discriminación en razón del origen de las personas.
Para los órdenes de gobierno
Asumir ante la comunidad el compromiso de mantener un respeto
irrestricto a los derechos humanos y acatar los mecanismos que
faciliten la supervisión de las Comisiones Estatales y Nacional de los
Derechos Humanos, así como la participación de organismos
internacionales.
Desarrollar programas que enseñen a las familias, a las comunidades
de colonias y barrios, a las empresas, a crear un ambiente que
contribuya a la recuperación de las víctimas en condiciones de
normalidad social, sin que se les haga sentir víctimas.
Cuidar la absoluta confidencialidad de los datos de las víctimas.
Instituir oficinas con personal especializado para la atención gratuita a
las víctimas, que ofrezcan asesoría jurídica y psicológica.
Integrar equipos de respuesta rápida que recuperen bienes materiales
arrebatados por la delincuencia, con la finalidad de proteger el
patrimonio de las familias honestas.
Abrir espacios de diálogo para facilitar el entendimiento comunitario y
orientarles en la ayuda a las víctimas para normalizar sus vidas en el
entorno.
Garantizar la seguridad social y laboral de los reporteros,
camarógrafos, editores y fotógrafos que cubren las fuentes de policía,
seguridad y narcotráfico.
Legitimar las acciones extraordinarias de seguridad pública en el
diálogo con la sociedad.
Privilegiar el desarrollo social integral como estrategia complementaria
para disminuir la tendencia delictiva en los sectores más vulnerables
de la ciudad.
54
Rehabilitar la confianza social en las instituciones por tres vertientes:
lograr que los esquemas de seguridad sean accesibles para todos y no
para unos pocos grupos sociales; generar confianza en inversionistas
y fomentar la cohesión y la corresponsabilidad comunitaria.
Privilegiar políticas para generar y recuperar infraestructura urbana,
cultural y educativa donde se ofrezcan alternativas ocupacionales.
Implementar políticas públicas que prevengan y eviten el
reclutamiento y utilización de niños, adolescentes y jóvenes en
actividades delictivas. Dar especial atención a los niños huérfanos y en
situación de calle.
Establecer programas de subsidio para los estudiantes que por
carencias económicas abandonan la escuela.
Considerar las adicciones como un reto para la salud pública y obrar
en consecuencia.
Diseñar políticas públicas que de manera integral permitan avanzar en
el reconocimiento y satisfacción de los derechos de las víctimas y que
eviten involucrarlas en el debate de la responsabilidad penal de los
victimarios.
Canalizar recursos a programas que reactiven la economía mediante
generación de empleo, dando prioridad a sectores vulnerables, en
forma extraordinaria, subsidiaria y temporal.
Establecer criterios jurídicos que aseguren que aun cuando se
extradite a un delincuente se garantice reparación de daño a sus
víctimas.
Diseñar la arquitectura jurídica e institucional que incentive la
deserción al delito y la adaptación a formas honestas de vivir.
Difundir ampliamente las formas para tener acceso a programas de
reconciliación, penas alternativas a la cárcel, segundas oportunidades,
readaptación social, reinserción comunitaria y familiar, amnistía y
desactivación de grupos delictivos.
Dar prioridad a políticas públicas que disminuyan la exclusión y la
pobreza extrema, factores que agudizan la injusticia social y vulneran
la paz.
Eliminar trabas burocráticas que dificulten el acceso y trámite de los
programas de reintegración de delincuentes.
55
Donde se requiere la presencia del gobierno para preservar o
restablecer la seguridad y la paz, hacerlo de manera integral y no solo
con la fuerza pública.
Fortalecer subsidiariamente a los gobiernos municipales, estableciendo
con claridad en los convenios de colaboración que la fuerzas estatales
y federales están al servicio de los Ayuntamientos. También evitar el
riesgo de que aquellas suplanten a los gobiernos locales.
Concebir, diseñar e implementar las políticas de seguridad como
políticas de Estado y no de gobierno, con visión a largo plazo,
flexibles, que permitan abatir la criminalidad.
Sustentar el éxito de los programas de seguridad en la eficacia de los
organismos de inteligencia del Estado y en su adecuada coordinación.
Legislar que los programas estratégicos de seguridad pública tengan
continuidad y no dependan de los ciclos de elección de gobernantes.
Establecer reglas y procedimientos institucionales al sistema de
coordinación entre órdenes de gobierno para asegurar una mayor
eficacia en sus acciones conjuntas.
Evitar pronunciamientos y anuncios que revelen estrategias contra el
crimen organizado o que puedan ser percibidas por éste como una
provocación.
Evaluar permanentemente la eficacia de las estrategias vigentes y
hacer los ajustes necesarios.
Revisar el perfil de experiencia, profesionalismo y aptitud de quienes
diseñan estrategias que inciden en la seguridad y sustituir a los
funcionarios y especialistas que no garanticen resultados favorables.
Implementar medidas de cero tolerancia que castiguen a los
servidores públicos involucrados en casos de corrupción o de violación
a los derechos humanos.
Rediseñar el servicio militar orientándolo hacia la paz, a fin de que sea
una institución de formación preventiva en seguridad para civiles y de
acción solidaria en casos de emergencia.
Acelerar y mejorar la institución de los juicios orales.
Asegurar que el enfoque del sistema de procuración de justicia no se
circunscriba a procesar penalmente a los victimarios, sino que
garantice la reparación del daño ocasionado a las víctimas.
56
Evitar en lo posible la seguridad privada que complica la función
esencial del Estado. Supervisar los servicios que prestan y
coordinarlos operativamente con los de seguridad pública.
Legislar la extinción de dominio en todo el país, hacer eficaz su
aplicación y transparentar el destino de los bienes asegurados.
Fortalecer las instituciones del Estado a fin de terminar con los
espacios de impunidad y los intentos criminales de suplantarlas.
Instituir redes de cooperantes ciudadanos a fin de recopilar
información y ofrecer recompensas para premiar a ciudadanos que
colaboren extraordinariamente con el Estado.
Implementar mecanismos para proteger la infraestructura de salud y
garantizar la integridad física de los médicos, socorristas y personal de
clínicas y hospitales.
Reconocer la migración como un derecho humano y modificar las
políticas públicas para mejorar el trato a los migrantes nacionales y
extranjeros radicados en forma transitoria o permanente en territorio
nacional.
Establecer políticas públicas de protección a migrantes para disminuir
su vulnerabilidad ante autoridades y grupos criminales.
Para las corporaciones policiacas
Promover más sociedad en la policía y no más policía en la sociedad,
generando mecanismos de observación ciudadana que favorezcan la
transparencia y la rendición de cuentas de los cuerpos policíacos.
Establecer que el uso de la fuerza sea el último recurso ante
circunstancias de gravedad extrema, cuando se hayan agotado todos
los medios pacíficos al alcance de la autoridad.
Crear nexos entre vecinos por medio de policías de proximidad que se
conviertan en un miembro más de la comunidad y generen confianza.
Capacitar a los policías y servidores públicos de oficina en las
corporaciones para que atiendan con prontitud y sensibilidad a
quienes han padecido algún delito, respetando escrupulosamente su
dignidad y evitando la doble victimización.
57
Formar grupos especializados en cada área del combate a la
delincuencia y definir criterios para unificar el mando policíaco en
situaciones extraordinarias y de alto impacto social.
Transformar el sistema policial en un referente de honorabilidad,
prestigio, profesionalismo, eficacia y servicio, a fin de que sea una
carrera socialmente legítima y no una labor burocrática o una solución
al desempleo.
Reincorporar y aceptar en la comunidad a las personas que han
tomado como vocación la carrera policiaca.
Mejorar el régimen de prestaciones de las fuerzas de seguridad
pública e igualar los sueldos y las prestaciones de los policías en las
diferentes corporaciones.
Fortalecer el compromiso de los servidores públicos con la seguridad
ciudadana estableciendo incentivos que inhiban la corrupción y el
riesgo de complicidad con el crimen organizado.
Proteger de segundos ataques a quienes han sido víctimas de intentos
de asesinato a sus familiares.
Capacitar a los investigadores para que traten con máxima atención a
las víctimas, procurando que realicen el relato de los hechos que
padecieron, cuando sea posible, una sola vez.
Para los medios de comunicación
Cuidar que las imágenes cruentas que difunden para informar y
concientizar a la opinión pública, no dificulten o pongan en riesgo la
seguridad y recuperación social de las víctimas, o afecte la
sensibilidad de sus familiares.
Visibilizar a las víctimas, darles rostro y voz, para procesar en la forma
más humana los duelos individuales y colectivos, así como generar
impulso moral en la lucha contra la delincuencia.
Evitar el uso mercantilista de los medios de comunicación. Reducir el
amarillismo y el sensacionalismo. Crear comités de periodistas, en los
que la comunidad y las autoridades educativas tengan voz y voto.
Posicionar la denuncia como una responsabilidad ciudadana.
58
Reenfocar la percepción ciudadana de la inseguridad hacia la urgente
necesidad de trabajar unidos por la paz.
Proyectar en la opinión pública a la seguridad como un derecho
humano y un valor democrático.
Eliminar las nociones culturales de que hay una contradicción entre
seguridad y democracia.
Ampliar el concepto de seguridad hacia la paz, a fin de presentarlo no
solo como un problema de control de la violencia, sino también con
vertientes de prevención y rehabilitación.
Motivar que en la búsqueda de la paz participen coordinadamente la
autoridad, los sectores productivos, la sociedad civil y los partidos, de
manera que se persigan los objetivos de la sociedad entera y no solo
los gubernamentales.
Estimular el orgullo de cada comunidad, destacando sus valores,
logros y trayectoria histórica.
Sacar del aire los programas, la música y los comentarios que
presenten a la violencia y el crimen como un ideal o como una
conducta a seguir.
Para los partidos e instituciones democráticas
Suscribir y respetar acuerdos de civilidad política, que comprometan a
disminuir los conflictos electorales y el debate airado.
Proponer, de manera autónoma y pública, mecanismos que blinden a
los partidos ante las intromisiones del crimen organizado y garanticen
la honestidad de sus candidatos y dirigentes.
Manejar el tema de la seguridad con base en indicadores e
información, no con ideología o criterios políticos.
Impulsar reformas legislativas para que las políticas públicas de
búsqueda de la paz sean eficaces y transparentes, medibles, con
objetivos, tiempos y responsables; que aseguren la participación
ciudadana en su diseño, implementación y evaluación.
Hacer una propuesta multipartidista que fortalezca el esquema
tributario, de tal manera que la política de seguridad no se haga a
expensas de la política social.
59
Vigilar, evaluar y señalar con autonomía, responsabilidad y libertad a
los gobiernos, en sus estrategias a favor de la seguridad.
Fiscalizar y exigir que se cuide el perfil de los candidatos, sus
trayectorias y expedientes personales.
Para las iglesias
Asumir la relevancia que tienen los mensajes de los ministros de culto
en la formación de valores cívicos y en la búsqueda de la paz.
Extender la labor social de las iglesias hacia víctimas del delito,
canalizando la solidaridad de sus fieles hacia quienes han padecido la
criminalidad.
Insistir en los deberes sociales de los feligreses de todas las edades y
contribuir con sus mensajes a que la sociedad esté consciente de los
derechos de las víctimas.
Dar un uso socialmente productivo a los espacios de las iglesias fuera
de los tiempos de culto, aun cuando no esté estrechamente
relacionado con su labor eclesiástica, a fin de fortalecer los lazos entre
vecinos.
Reforzar la labor de las iglesias en pro de los migrantes, para
ayudarlos a insertarse en sus nuevas comunidades de manera
productiva y digna.
Fomentar la cultura de la denuncia.
Coadyuvar con las autoridades educativas en la realización de los
programas diseñados para promover actividades formativas y de
orientación comunitaria.
60
Anexo
En los diversos foros de los que surgieron las ideas contenidas en esta
propuesta participaron, entre otras, las siguientes personas:
De México:
Jorge Herrera Caldera, gobernador de Durango.
Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán.
Marco Antonio Adame Castillo, gobernador de Morelos.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal.
José Reyes Baeza Terrazas, ex gobernador de Chihuahua.
Ismael Alfredo Hernández Deras, ex gobernador de Durango.
Arturo Chávez Chávez, ex procurador general de la República.
José Reyes Ferriz, ex alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Luis Carlos Urzúa Castillo, empresario.
Emilio Salazar Farías, secretario del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Jorge Mario Quintana, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Josefina Ricaño de Nava, presidenta fundadora de México Unido contra la
Delincuencia.
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.
Ana Franco, ex presidenta de México Unido Contra la Delincuencia.
María Elena Morera, ex presidenta de México Unido Contra la Delincuencia.
Laura Elena Herrejón, presidenta del Movimiento Pro Vecino.
Gerardo Priego Tapia, ex diputado federal.
61
Alejandro Cacho, director de Noticieros Televisa.
Carlos Salomón Cámara, comunicador.
Lolita de la Vega, conductora de televisión.
Marcela Gómez Zalce, periodista.
Ana María Salazar, especialista en seguridad.
Jorge Herrera Delgado, secretario de Educación de Durango.
Apolonio Betancourt Ruíz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura de Durango.
Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
José Raúl Hernández, ex alcalde de Cuernavaca, Morelos.
Salvador Salas Chávez, magistrado-juez del Estado de Durango.
Francisco Covarrubias, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Durango.
Alejandro Gurza, empresario.
Carlos Felton, ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Joaquín Navarro Quijada, alcalde de Álamos, Sonora.
Alfredo Zavaleta Betancourt, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.
De países hermanos:
Frank Priess, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, Alemania.
Alberto Carnero, director internacional de la Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales, España.
Jose Herrera, director adjunto de Relaciones Internacionales de la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales, España.
Javier Zarzalejos, director de Constitución e Instituciones de la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales, España.
Jovino Novoa, presidente del Senado de Chile y Ex Presidente de la Unión de Partidos
Latinoamericanos.
62
Efraín Cepeda, senador de Colombia y Vicepresidente de la Organización Demócrata
Cristiana de América.
Carlos Holguín, ex ministro del Interior de Colombia.
Víctor Bisonó, diputado de República Dominicana
Oscar Adolfo Naranjo, director general de la Policía de Colombia.
Rafael Nieto, ex vice ministro de Justicia de Colombia.
Peter DeShazo, director del Center for Strategic and Internacional Studies, Estados
Unidos.
Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz,
Colombia.
Manuel José Bonnet, ex comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Gobernador
Encargado del Departamento del Magdalena.
Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles del Terrorismo,
Colombia.
Sergio Jaramillo, alto consejero de Seguridad de la Presidencia de Colombia, ex vice
ministro de Defensa.
Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa de Colombia y ex senadora.
Fernando Londoño, ex ministro del Interior y Justicia de Colombia.
María Jimena Escandón, coordinadora para Colombia de becarios de la Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales.
Juan Camilo Nariño, vicepresidente de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia.
Marcelino Miyares Sotolongo, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Luis Fishman, diputado de Costa Rica, ex presidente del Partido Unidad Social Cristiana
y ex candidato a la presidencia de la República.
Xavier Barrón, ex secretario General de la Organización Demócrata Cristiana de
América, Perú.
Rafaela Alburquerque, vicepresidenta del Partido Reformista Social Cristiano de
República Dominicana.
Camilo Brenes, ex diputado del PARLACEN por el Partido Popular de Panamá.
63
Antonio Carámbula, vice ministro de Cultura de Uruguay y Vicepresidente del Cono Sur
de la Organización Demócrata Cristiana de América.
Elys Ojeda, presidenta honoraria de Mujeres Demócratas Cristianas, Venezuela
Edgar Mora, miembro del Partido Popular, COPEI, Venezuela.
Pedro Vallejo, miembro del Partido Demócrata Cristiano de Chile.
Felicito Ávila, ex candidato presidencial de Honduras por el Partido Demócrata Cristiano.
Julio Borges, diputado y presidente del Partido Primero Justicia de Venezuela.
Federico Antún, director del Banco Nacional de la Vivienda de la República Dominicana
y Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Reformista Social Cristiano.
Milton Ginebra, regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo por el Partido Reformista
Social Cristiano, República Dominicana.
Marino Collante, diputado de República Dominicana.
José Wilfredo Salgado, alcalde de San Miguel, El Salvador.
Eduardo Lapi García, miembro del partido Convergencia, Venezuela.
Marinus Wegereef, miembro del partido Arubaanse Volspartij, Aruba.
Tomas Jocelyn Holt, vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro, Chile.
Viviano de León, periodista del Listín Diario, República Dominicana.
Luis Camilo Osorio, ex fiscal general de la Nación, ex embajador de Colombia en
México.
Oscar Maúrtua, representante de la Organización de Estados Americanos en México.
Irene Villa, periodista Española y víctima terrorismo de Euskadi Ta Askatasuna, ETA.
Alan Jara, ex gobernador del Departamento del Meta en Colombia, víctima de secuestro
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
Mirlande Manigat, ex candidata presidencial de Haití, secretaria general del
Reagrupamiento de Demócratas Nacional Progresista.
Emilio Villamayor, juez titular del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, Argentina.
Eduardo Pérez, ex presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de Perú y
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
64
Abraham Estein, subsecretario adjunto para la Seguridad Multidimensional de la
Organización de Estados Americanos, Estados Unidos.
Alfredo Gómez, juez de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Luis Miguel Usuga, secretario de Cultura de Medellín, Colombia.
Paola Holguín, ex asesora en temas de Seguridad de la Presidencia de Colombia.
Fernando Nistal, secretario académico del Observatorio Internacional de Víctimas del
Terrorismo, España.
Emilio Fernández, asesor de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Jaime Camacho, ex fiscal de Colombia.
José Luis Chea, ex embajador de Guatemala en México.
José Carlos Aleluia, ex diputado de Brasil.
Rodney Miranda, secretario de Seguridad Pública del Estado de Espíritu Santo, Brasil.
Marcelo Duarte, senador de la República del Paraguay.
Juan Henao, director del Instituto Republicano Internacional en México, Estados Unidos.
Pedro Sánchez, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la República
Dominicana.
Dolly Mascareñas, periodista internacional, España.
José Pitti, ex funcionario del Ministerio Público de Panamá.
Rodolfo Parker, diputado y presidente del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador.
Eduardo Fernández, presidente del Centro Internacional de Formación Arístides
Calvani, Venezuela.
Carlos Gustavo Moreno, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América, El
Salvador.
Diego Ordoñez, ex presidente del partido Unión Demócrata Cristiano de Ecuador.
Andrés Hernández, ex presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Carlos Traboulsi, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Argentina.
Autberto Gore, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Perú.
Oilda del Castillo, representante internacional del Proyecto Democrático Cubano.
65
Gustavo Gorostiaga, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata
Cristiano de Paraguay.
Milton Henríquez, presidente del Partido Popular de Panamá.
Juan Francisco Contreras, ex secretario de Relaciones Internacionales del Partido
Popular, COPEI, Venezuela.
Lucas Aguilera, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Vicepresidente
de México y Centroamérica de la Organización Demócrata Cristiana de América.
Fedor Bottse, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Progresive
Surinaamse Volkspartij de Surinam.
Julio Hernández, representante internacional del Movimiento Cristiano de Liberación,
Cuba.
Héctor González, catedrático de derecho penal de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Argentina.
Álvaro Orlando Pérez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Rocío López, abogada procuradora auxiliar de la Procuraduría General de la República
de El Salvador.
Vilma Melara, jueza de sentencia de El Salvador.
Roger Herminio Salas, magistrado vocal supremo titular, ex presidente de la Sala
Penal Permanente y la Segunda Sala Penal Especial, Perú.
Ramón Feliz, fiscal del Tribunal Disciplinario del Partido Reformista Social Cristiano de
República Dominicana.
Marcelo Scheloto, asesor jurídico de la Junta Departamental de Montevideo, Uruguay.
María Auxiliadora Cosse, fiscal letrada de Salto, asesora jurídica del Consejo
Nacional de Mujeres, Uruguay.
Carmelo Borrego, director del Instituto de Ciencias Penales, jefe del Departamento de
Ciencias Penales y de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela.
Rafael Quiñones, profesor en la Universidad de Santa María en Criminología y Derecho
Procesal Penal, asesor de la Subcomisión de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Edgardo Ettlin, juez penal de Uruguay.
Ricardo Salazar, ex fiscal de Bolivia.
66
José Carlos Angulo, especialista en derecho procesal Penal de Perú.
Hernán Gonzalo, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
67
¿Qué es VAE?
Volver a Empezar (VAE) es un movimiento nacional con profunda vocación
democrática y social, surgido de las entrañas del Partido Acción Nacional el
22 de mayo del 2010. Agrupa a militantes y simpatizantes de ese partido,
así como a ciudadanos comprometidos con dar dimensión ética a la política
y reivindicarla como una actividad de servicio ordenado al bien común.
Nuestra misión es: Procurar la justicia social, coadyuvar a consolidar la
democracia desde la unidad nacional, y animar la concertación entre la
sociedad y el Estado, para salvaguardar a México de los riesgos de regresión
política hacia modelos autoritarios de poder.
Nuestro método es: La promoción permanente de la participación
ciudadana con tolerancia y respeto a quienes piensan diferente.
Ciudadanizar la política y despartidizar al Estado es una tarea que
consideramos necesaria y que desplegamos desde el diálogo con todos los
actores políticos y sociales. Así, buscamos privilegiar las coincidencias por
encima de las naturales diferencias de opinión y de visión —que son propias
de nuestra pluralidad social.
Nuestros ámbitos de acción son: El social y el político, en ambos
trabajamos para crear condiciones de oportunidad para los ciudadanos. En
el primero pugnamos por la vertebración social desde la organización
comunitaria para la acción solidaria. En el segundo, promovemos que a la
responsabilidad de gobierno lleguen ciudadanos con un elevado compromiso
social y con visión de Estado, dispuestos a servir a los intereses de la Nación
antes que a los intereses particulares, de grupo o de partido.
Si quieres sumarte a este esfuerzo ciudadano y colaborar en la Estrategia Para la Paz Justa, siempre serás bienvenido. Contáctanos en www.volveraempezar.org.mx
o en el correo electrónico [email protected].
