EL SUR DEL CESAR: ENTRE LA ACUMULACIÓN DE LA TIERRA Y ...

PROYECTO COLOMBIA NUNCA MAS – INFORME ZONA V

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EL SUR DEL CESAR: ENTRE LA ACUMULACIÓN DE LA TIERRA Y EL MONOCULTIVO

DE LA PALMA

Y es duro y es tremendo tener que arrepentirse de no haber sido justo, cuando la justicia podía

evitar la muerte de los hombres. José Martí

PRESENTACIÓN El sur de Cesar, se caracterizó en las décadas de los 60s, 70s y 80s por la agitación que generaron los distintos sectores sociales organizados, en pos de construir una propuesta alternativa de país, a través de la reivindicación de sus luchas y del trabajo articulado entre sectores. Es así, como surgen grandes movilizaciones donde se manifiestan los sueños, anhelos, esperanzas y luchas de muchos y muchas que creyeron en la posibilidad de un mundo nuevo. Este tomo es el resultado de un ejercicio de recuperación de la memoria de todas y todos aquellos luchadores, aquí se busca reflejar sus luchas, y el costo que para ellos, sus familias, amigos y compañeros implicó. Este esfuerzo intenta hacer un recuento de los Crímenes de Lesa Humanidad cometido en al subregión del Sur de Cesar en el periodo de 1966 – 1998. Para tal fin, se hará una breve ubicación geográfica de la zona y de los municipios que comprenden esta subregión. A continuación se hará una breve caracterización de la región, para después exponer cuales son los grupos que han hecho presencia. A continuación se expondrán brevemente los procesos organizativos que se destacaron en la zona. Este ejercicio permitirán vislumbrar relaciones entorno al conflicto por la tierra en concordancia con la actividad económica que se despliega en el lugar, la consolidación del sector sindical frente a las deplorables condiciones laborales a las que los trabajadores son sometidos por parte de los “patronos”, que por lo general son gente que llega a la región para llevar a cabo sus proyectos capitalistas que en nada benefician a la comunidad. También se vislumbra la persecución que sufren muchos líderes populares y sectores políticos de oposición, por parte de organismos estatales y paraestatales, por promover proyectos alternativos que desafían a los poderes locales y tradicionales de la región. Caracterización Geográfica El departamento del Cesar se encuentra ubicado en la costa norte de Colombia. Posee una gran diversidad geográfica, en la parte norte se encuentran dos cadenas montañosas; en primer lugar está la Sierra Nevada de Santa Marta siendo está la montaña más alta junto al mar; y en segundo lugar está la serranía del Perijá, que se extiende hasta los municipios que se encuentran al sur. Otro de sus inmensos potenciales son las riquezas minerales que posee el departamento con grandes yacimientos de carbón y con una explotación de petróleo. El Sur del Cesar esta compuesto por once municipios, cuya extensión suma 6.592 kilómetros cuadrados, es decir aproximadamente el 30% de la extensión total del departamento del Cesar; según datos del Censo de 1993, la población de estos municipios es de 198.563 habitantes, predominando la población rural.


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El sur de Cesar se ha caracterizado por poseer tierras muy ricas y fértiles para la agricultura, por encontrarse ubicado en el valle del río Magdalena, sus tierras la mayoría de sus tierras se encuentran en un área de sabana. Los municipios de San Alberto, Aguachica, San Martín, Gamarra, La Gloria ubicados en el sur de Cesar, forman parte de lo que se conoce como la región del Magdalena Medio, puesto que posee unas características geográficas similares, y unas dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas e históricas propias. En el marco esta investigación, los municipios que conforman la subregión del sur de Cesar son once: Aguachica, Curumaní, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Martín, San Alberto y Tamalameque. AGUACHICA El municipio de Aguachica tiene un área de 917 km2, en la que encontramos una zona montañosa que limita con el departamento de Norte de Santander; y una zona plana que es regada por numerosos arroyos, ciénagas y el río Lebrija. Las actividades económicas de mayor importancia son: maíz (9.300ha), sorgo (3.300ha), algodón (2197ha) y arroz (900ha). La ganadería vacuna también es un reglón importante de la economía.1 Este municipio juega un papel importante en la zona “como triangulo geoestratégico en lo político, económico, social y militar: antes del 87 era el eje central del gran proyecto comercial de adecuar vías para el comercio y desplazar la agricultura, ganadería y pesca; es la intercomunicación del Nororiente Colombiano, por su proximidad y puerto con el rió de la Magdalena, vía de comunicación con la frontera Venezolana por Ocaña Norte de Santander, la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar, y nordeste Antioqueño y la intercomunicación entre la vía de la Paz y la troncal del Caribe hacia los tres puertos.”2

1 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo I. IGAC Ediciones, 1996;p. 27 2 Proyecto CNM. Testimonio, septiembre de 2006.


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Sumado a lo anterior, para los habitantes del sur de Cesar, se convierte en un polo ordenador de la región, puesto que funciona como el referente político administrativo, dada la lejanía con la Valledupar, la capital del departamento, motivo por el cual los pobladores argumentan “…es que Aguachica debería ser la capital del sur, porque es aquí donde comercializamos todo, además para ir a Valledupar se necesita tiempo y plata”3. GAMARRA El municipio de Gamarra tiene un área de 356 km2, que en su mayoría es plano y cenagoso, bañado al occidente por las aguas del río Magdalena, donde se encuentra un puerto. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura sustentada en el cultivo de algodón (1.885ha), sorgo (1.590ha) y maíz (850ha); la ganadería, la pesca artesanal en las ciénagas y en el río Magdalena y el comercio.4 GONZÁLEZ El municipio de Gamarra tiene un área de 76 km2, en su totalidad es montañoso. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura soportada en los cultivos de caña de azúcar (2.150ha), cebolla (500ha) y café, la ganadería y el comercio.5 LA GLORIA Tiene un área municipal de 789 km2, una parte de su territorio es montañosa y la otra plana. Su economía está sustentada en el cultivo de maíz (4.850ha), sorgo (1.600ha) y arroz (966ha), la ganadería vacuna, la pesca artesanal en las ciénagas y el comercio.6 PAILITAS El área de este municipio es de 521 km2, la mayor parte de su territorio es montañosa. Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería vacuna y el comercio. Los cultivos de mayor importancia son maíz (850ha), arroz (333ha), yuca (280ha) y café (275ha).7 PELAYA El municipio de Pelaya posee un área de 351 km2, que se divide en una zona plana y otra montañosa. Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería vacuna y el comercio. Principalmente se cultiva maíz (5.000ha), yuca (165ha) y arroz (135ha).8 RÍO DE ORO

3 Proyecto CNM. Testimonio, mayo de 2005. 4 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo II. IGAC Ediciones, 1996; p. 933 5 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo II. IGAC Ediciones, 1996; p 955 6 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo II. IGAC Ediciones, 1996; p 1167 7 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo III. IGAC Ediciones, 1996; p 1553 8 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo III. IGAC Ediciones, 1996; p 1654


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Este municipio cuenta con un área de 624 km2, principalmente montañosa. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y la ganadería vacuna. Los principales cultivos son el maíz (1.100ha), el sorgo (800ha), la palma (660ha) y el fríjol (470ha).9 SAN ALBERTO El municipio de San Alberto tiene un área de 568 km2 que se caracteriza por la mayor parte de su territorio es plano. Sus tierras son bañadas por el río San Alberto del Espíritu Santo, además de numerosas corrientes menores. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería vacuna, la minería y el comercio. Los principales cultivos son palma africana (8.528ha), arroz (1.350ha), maíz (1.100ha) y sorgo (410ha). Existen minas de oro que actualmente son explotadas y dos reservas no calculadas de uranio sin explotar.10 SAN MARTÍN El municipio de San Martín tiene un área de 853 km2 que se caracteriza por tener una parte montañosa y otra plana y cenagosa. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería vacuna, la pesca artesanal en las ciénagas y el comercio. Los principales cultivos son arroz (4.400ha), palma africana (2.632ha), sorgo (2.000ha) y yuca (880ha).11 TAMALAMEQUE Este municipio cuenta con un área de 599 km2, el territorio es principalmente plano. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería vacuna, la pesca y el comercio. Los principales cultivos son el arroz (2.819ha), maíz (650ha) y yuca (275ha).12 Historia: colonización. La colonización en está región ha sido producto de las olas de migración causadas por las distintas violencias que se han generado en el país. Hacia finales de la década de los cuarenta está zona fue la receptora de aquellos migrantes que huían de la violencia política básicamente de los departamentos de la costa, del departamento de Santander. Hacia 1948 el municipio del Carmen, Norte de Santander jugó un papel importante en la colonización de la zona, debido a la fuerte persecución política a que fueron so metidos varios campesinos y líderes tuvieron que salir desplazados. La serranía del Perijá se convirtió entonces en la zona receptora de estos desplazados, quienes se establecieron en las partes montañosas. Es así entonces, que se debe aclara que las zonas planas del sur de Cesar, desde la colonia se ha caracterizado por que existen grandes latifundios propiedad de unos pocos.

9 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p 1905 10 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p 1984 11 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p 2061-2062 12 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p. 2263


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Por su cercanía con los puertos, en la región se establecieron los grandes señores feudales que posteriormente heredarían sus tierras a sus familiares. Con el paso de los años los campesinos que se habían asentado en la parte montañosa “descubrieron documentos en los cuales sus padres tenían propiedades en las partes planas, donde las condiciones de la tierra era mejores para la producción agrícola. Es así como empieza una serie de luchas y reivindicaciones desde el sector campesino por la defensa y recuperación de la tierra. La historia de esta región es una expresión particular de la realidad nacional que se ha configurado en torno a las dinámicas de poder suscitadas por el conflicto por la tierra, las relaciones laborales, la protesta frente a la falta de garantías a los derechos fundamentales de la población, entre otras; las cuales, siempre han tenido como sombra, la ausencia del Estado, la represión y por ende graves violaciones a la dignidad humana por parte de los militares y paramilitares, evidenciando una relación de complicidad entre los primeros con los segundos y viceversa. Situación socioeconómica: tenencia de la tierra, economía de la región. La economía de la región está sustentada en el sector agropecuario, el comercio, la industria y la minería. La agricultura en mayor escala es agroindustrial con las grandes extensiones de cultivos de palma aceitera, además de algodón, arroz, sorgo y maíz tecnificado y en menor medida los cultivos de autoabastecimiento o economías campesinas yuca, plátano, maíz y fríjol. La ganadería es otro de los reglones importantes de la economía, se caracteriza por ser extensiva, lo que ha llevado a la tala de grandes hectáreas de bosque para adecuar los potreros para el levante y cría del ganado. En cuanto a la industria se fabrican grasas, aceites y productos lácteos. La palma aceitera se considera uno de los cultivos pilares en la explotación agroindustrial; los principales cultivos de palma se localizan en San Alberto y San Martín, como se verá más adelante, esta dinámica industrial referente a la producción de palma desencadenó conflictos en torno a la concentración de la tierra, a las relaciones de explotación patrono-obrero y a las formas de resistencia que protagonizan los pobladores de esta región. Los cultivos de palma se hicieron sobre tierras que pertenecían a colonos y campesinos que poseían pequeñas parcelas dedicadas a la agricultura de subsistencia. Para 1994, en el Sur del Cesar se presenta un área aproximada de 10.619 hectáreas palma sembrada, o sea el 38% a nivel regional. Aunque la presencia de este complejo agroindustrial supondría el desarrollo de esta subregión o en su defecto del principal municipio afectado por su presencia, San Alberto, lo que se ha evidenciado a través de los años es que las dinámicas de poder han agudizado los conflictos, debido a la victimización ala que fueron sometidos obreros y campesinos. Por su parte, el proceso de “ganaderización” que ha sufrido la región, tiene surgimiento en la década de los ochenta con el aumento de la concentración de la tierra por parte de los grandes propietarios, que destinaron las tierras que tenían un alto potencial agropecuario para la cría intensiva de ganado vacuno. Además, con la alianza narcotraficantes–paramilitares, se han generado procesos de desplazamiento masivo que desembocan en una agudización de la concentración de las tierras; “Un caso de este tipo se produjo con el modelo de concentración del Magdalena Medio en torno a la construcción de la Carretera de la Paz (...) a mediados de los 80 ya podía observarse el inicio de un nuevo proceso de concentración (...)”13. 13 MARTINEZ, José; RUIZ, Janet. Economía y política de la reforma agraria en Colombia. En: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. “Por el Derecho a la Tierra”, Bogotá, 2002. p. 43


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Este proceso de ganaderización, sumado a la crisis de la agricultura y a la agudización de la represión contra los pobladores por parte de la arremetida de agentes paraestatales creados y financiados por los ganaderos de la región con el argumento de combatir la extorsión y el secuestro al que eran sometidos por parte de la guerrilla, generó un ambiente propicio de venta de grandes propiedades a precios bajos, situación que fue aprovechada por los terratenientes para aumentar el área de sus latifundios. Esta situación de desplazamiento forzado a través de amenazas y asesinatos en la región, genero un ambiente de terror propicio para que los paramilitares y narcotraficantes tuvieran el camino despejado y pudieran actuar a sus anchas sin ningún tipo de control y así llevar a cabo sus actividades ilícitas de financiación el comercio ilegal de gasolina y de insumos para el procesamiento de la coca. De esta manera, la historia del conflicto en el sur de Cesar arrojaría una nueva y perversa alianza entre propietarios, narcotraficantes y paramilitares; al respecto, Alejandro Reyes describe “(...)lo que sería uno de los procesos más sangrientos en la historia del Magdalena Medio y que llevaría a una apropiación ‘non santa’ de las mejores tierras de la región, proceso que aún continua en el Sur del Cesar (...) la compra y defensa de territorios por parte de narcotraficantes se vinculó estrechamente a la estrategia contrainsurgente de las Fuerzas Armadas y a los esfuerzos de los partidos políticos tradicionales (...) para impedir la pérdida de las hegemonías locales a manos de las guerrillas (...)”14 No obstante, estas problemáticas son sólo una muestra de la complejidad del conflicto en esta región, se hace necesario que más adelante se conozcan los procesos organizativos de los diferentes sectores sociales que surgieron ante esta situación por parte de los pobladores de la región.

PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS Presencia de grupos insurgentes

Ejército de Liberación Nacional ELN El complejo y conflictivo contexto social configurado durante la década de los sesenta desembocan en la conformación de grupos insurgentes de liberación nacional, herencia de la Revolución Cubana. Cerca al Sur del Cesar, en Simacota (Santander) surge el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 1965. En la década de los 70`s el ELN empieza a expandirse hacia el Cesar, uno de los primeros frentes en aparecer fue el Camilo Torres que operaba en los municipios de Aguachica, Gamarra, González, Pailitas, Pelaya, San Martín, Curumaní, Chiriguaná, Tamalameque, La Gloria y San Alberto. Posteriormente habrá una influencia del frente Manuel Gustavo Chacón que nació a comienzos de los años noventa en los alrededores de Barrancabermeja. Así mismo hace presencia en la región el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa en Aguachica y Pailitas

14 POSADA, Alejandro. La compra de tierras por narcotraficantes en Colombia. IEPRI. Bogotá, 1995. p. 8. Citado Por: MACHADO, Absalón; BRICEÑO, Luis Hernando. Programa de desarrollo y paz en el Magdalena Medio. Unidad Agropecuaria. Diagnóstico agropecuario y rural del Magdalena Medio. Bogotá, 1996. p. 71


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Actualmente, la presencia del ELN se ha visto disminuida por la arremetida paramilitar en la región y la toma del control político, económico y territorial. Pero, aún hacen presencia en la zona los frentes Claudia Isabel Escobar Jerez, Armando Cacua, Camilo Torres Restrepo y Manuel Gustavo Chacón.

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL ÁREA FRENTE MUNICIPIO

Camilo Torres Aguachica, Gamarra, González, San Martín, San Alberto.

Manuel Gustavo Chacón Influencia en el sur de Cesar

Darío de Jesús Ramírez Castro

Claudia Isabel Escobar San Alberto

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que surgen en 1964, comienzan una radical expansión por la región a partir de la década de los ochenta, con el objetivo de hacer presencia militar y política en lo que ellos denominaban la combinación de todas las formas de lucha. En el territorio actúan los frentes 41 también llamado Cacique Upar y hace presencia en Curumaní, la compañía Marlón Ortiz y la columna móvil Marcos Sánchez Castellanos, estas estructuras pertenecen al bloque Norte o Caribe. Además se encuentran el frente 20, que opera en Santander, actúa en San Martín y San Alberto en el sur del departamento.


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Además, durante los acuerdos de paz, a mediados de los ochenta, las FARC hace presencia en la región a través de la propuesta política de la Unión Patriótica, adscrita al Partido Comunista, la cual, representó un gran obstáculo para la clase política tradicional y local.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia BLOQUE FRENTE MUNICIPIO

Magdalena Medio 20 San Alberto y San Martín Caribe 37 Arenal y Morales

Ejército de Popular de Liberación EPL El EPL pese a algunos conflictos internos se consolida en la región con el Frente Ramón Gilberto Barbosa Zambrano.15 Este grupo hizo presencia en la región a través de Esperanza, Paz y Libertad.

Ejército de Popular de Liberación

FRENTE MUNICIPIO Ramón Gilberto Barbosa

Zambrano

Movimiento 19 de abril M-19 Este movimiento de carácter nacionalista hizo presencia en la zona a través de su movimiento político Alianza Democrática, eje fundamental en el proyecto político que se planteaban para el país y para la región. Grupos paramilitares Hacia finales de la década de los ochenta los terratenientes y narcotraficantes del sur de Cesar crean una serie de grupos de vigilancia privada para resguardar sus haciendas, para contrarrestar las continuas extorsiones y secuestros por parte de la guerrilla, pero además para afianzar su dominio territorial y político en la región y aumentar el tamaño de sus latifundios. Hacia mediados de los noventa estos grupos de autodefensas comienzan a expandirse hacia la zona centro y norte del Cesar. En las zonas ganaderas y palmicultoras hicieron presencia las autodefensas de los hermanos Prada y de Chepe Barrera inicialmente, después el grupo autodenominado autodefensas de Santander y Sur de Cesar (AUSAC), principalmente en los municipios de Aguachica y San Alberto. En San Alberto nació la primera Cooperativa de Seguridad Privada Convivir creada por los hermanos Prada y la familia Saavedra siendo el actual presidente de la república Álvaro Uribe Vélez gobernador de Antioquia. También en Aguachica y San Alberto, hace presencia el Mando del Bloque Central Bolívar.

15 “Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio” PDPMM. Aproximación a la realidad del Magdalena Medio. p. 51


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En un comienzo el accionar de estos grupos de autodefensa fue leído por los pobladores como grupos de “limpieza social”, uno de los más famosos fue el grupo Terminator que actuaba principalmente en el municipio de Aguachica, con sus macabras prácticas de identificación de sus crímenes. Sin embargo, después las organizaciones sociales no tardaron en darse cuenta que estos crímenes eran perpetrados por estructuras paramilitares y que buscaban destruir toda forma de organización social que estuviera en contra del orden establecido. En el Sur del Cesar el paramilitarismo se convirtió en una política de dominación basada en la preservación de las relaciones entre los hacendados, dueños de la tierra y los campesinos como arrendatarios; sin la posibilidad de adquirir alguna vez un predio propio para trabajar; del desconocimiento de las mínimas garantías de los trabajadores consagradas en la legislación laboral, y de reprimir con esbirros propios con la anuencia de las fuerzas militares, las pretensiones de los trabajadores; las iniciativas de cambio son destruidas. Dentro de esta lógica no es extraño encontrar que los hacendados prestaban sus predios para el entrenamiento de paramilitares y en algunas de ellas se hacían reuniones de las cúpulas de los jefes paramilitares; según un documento de Minga, las grandes haciendas del Sur del Cesar han sido los lugares más utilizados para el entrenamiento y la acción conjunta de militares y paramilitares. El informe menciona las haciendas El Miedo y San Cayetano (Aguachica) y la Bellacruz en La Gloria y Pelaya16. La creencia de los hacendados que la consolidación de los paramilitares traería el progreso y el avance del capital agroindustrial17, motivó el desalojo de la región de todo aquel que no cooperara con el avance del proyecto agroindustrial, al considerarlo como un síntoma de retraso y

16 Cfr. “Estrategia contrainsurgente y paramilitarismo en el nororiente colombiano: Acciones Conjuntas contra la Población Civil”. Bogotá: 1996. Mimeo. p. 11. 17 Cfr. http: //www.acsuc.org/Historia.asp?paghis=HISTORIA.


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de insurgencia. Con este pensamiento, se mueven todas las represiones al movimiento popular, pues iniciativas como la Reforma Agraria impiden la implantación del sector capitalista y la agroindustria. Los paramilitares controlan en su totalidad el negocio de la coca, desde los cultivos, el procesamiento y los corredores de transporte a través de los cuales se acopia para embarcarlos en el mar y exportarlos a otros países. De está manera lograron aumentar el control social, geográfico, político y económico de la región y principalmente de la carretera que se dirige hacia Santa Marta por donde sacaban los cargamentos de coca para exportarlos. A manera de conclusión, el paramilitarismo en el Sur de Cesar opero de la misma forma que en las otras subregiones que integran esta investigación, puesto que el nacimiento de estos está ligado a grupos de autodefensa privados, que los terratenientes formaron y financiaron con el fin de proteger sus tierras y garantizar que su política de concentración de la tierra fuera posible. Posteriormente, con la composición de las AUC, estos grupos de autodefensa se fueron articulando y sumando a una estructura paramilitar de carácter nacional.

GRUPOS PARAMILITARES Y AUTODEFENSAS ESTRUCTURA MUNICIPIO

Autodefensas de los Hermanos Prada y de Chepe Barrera Aguachica y San Alberto Autodefensas Campesinas del Sur de Cesar (ACSUC) Aguachica, Gamarra, Río

de Oro, San Alberto y San Martín.

Autodefensas de Santander y Sur de Cesar (AUSAC) Aguachica y San Alberto Mando del Bloque Central Bolívar (BCB) Aguachica y San Alberto

Fuerza pública Los procesos de resistencia desde los campesinos que luchaban por su territorio, los movimientos cívicos en la ciudad, las propuestas políticas de construcción de un nuevo país y las movilizaciones sindicales en protesta por las pésimas condiciones laborales, recibieron como respuesta el despliegue de una estrategia coercitiva centralizada e institucionalizada al mando de las Fuerzas Militares, cuyos procedimientos en contra de la población van desde la detención arbitraria, la sindicación o criminalización de la oposición hasta la tortura de los retenidos y el asesinato. Estas acciones van de la mano con las políticas importadas sobre Seguridad Nacional, que durante la década de los setenta agudizan su accionar, debido al despliegue de las grandes movilizaciones populares acontecidas a escala nacional. En este período batallones como el Ricaurte de Bucaramanga y La Popa en Curumaní, protagonizarían la más aguda represión en contra de la población civil cesarense. Detrás de ésta fórmula puede leerse la doctrina de los manuales de lucha contrainsurgente que el ejército ha usado, en especial, el señalamiento a las organizaciones sociales como auxiliadores de la guerrilla. Así, para atajar la amenaza del movimiento social las bases militares se instalaron en los lugares que eran objeto de disputa entre los terratenientes y los campesinos, como la hacienda Bellacruz.


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En San Alberto, epicentro de las luchas laborales en la agroindustria de la palma, se instaló la base Morrison, que presenció inmóvil los crímenes contra los asociados al sindicato. A partir del impulso de las diferentes resistencias que abanderaban los pobladores, las elites nacionales y locales tuvieron que pensar en una forma de represión más contundente; pues al parecer la sindicación y tortura no eran suficientes. Así, en los ochenta se agudizaría la coerción, liderada por organizaciones paraestatales. En la década de los noventa, específicamente en 1993, se crea el batallón Tarea 27 de Contraguerrilla conocido con el nombre de Rogelio Correa Campos; se trata de un grupo que depende directamente de la V Brigada y la Brigada Móvil 2, del comando del ejército. Los miembros de estos destacamentos se distribuían por toda la región, fundando bases en diferentes municipios; por ejemplo, en Aguachica se instalan dos bases; una, en el sector urbano y la otra, en Aguas Claras. Igualmente, en San Alberto, existen dos bases, una, en La Palma, adscrita al batallón Santander de Ocaña y la de Torcoroma conformada por efectivos del batallón 27 de contraguerrilla. Finalmente, en San Martín, se encuentra la base Morrison. Todas estas tropas serán promotores de actos de represión contra la población. Durante toso este período se patenta la consolidación y perfecto empalme entre militares y paramilitares, siendo el principal blanco de ataque la población más vulnerable de la región, como campesinos, trabajadores, pobladores marginales, a quienes se acusaba de auxiliadores de la guerrilla como forma de legitimar la persecución, mientras se ocultaban los interese económico en juego que eran las reales causas de los crímenes. Finalmente, vale aclarar que junto con las tropas militares también actúan diversos organismos estatales de seguridad e investigación como el DAS, la SIJIN, la Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNASE, y la policía, quienes también protagonizan varios hechos de persecución y coacción a la población en anuencia con los paramilitares.

PROCESOS ORGANIZATIVOS Y SUS LUCHAS

Campesinos La lucha por la Tierra Un primer actor social de esta región es el campesino quien, sin perder de vista la tradición de lucha que ha tenido a través de la historia, toma gran importancia en el contexto de la llamada Reforma Agraria de 1961, que surge como respuesta a las continuas presiones sociales generadas por los pobladores rurales, los cuales durante ésta época incentivaron sus demandas al Estado, haciendo uso de varias formas de protesta entre las cuales se cuenta las invasiones a tierras y la consecuente respuesta violenta de los terratenientes. Así, “a la presión externa (CEPAL) que demandaba transformaciones en el campo, se sumaban los conflictos agrarios internos, las invasiones y las tomas de tierras por campesinos sin tierra, aparceros y arrendatarios, y los lanzamientos por parte de los terratenientes; estos conflictos fueron una razón importante para el impulso de una política agraria”18. De esta manera, la Reforma Agraria aparece en este contexto con el primer gobierno del Frente Nacional, el de Alberto Lleras Camargo y llega a su fin, paradójicamente, con el último gobierno del Frente Nacional, el de Misael Pastrana, quien

18 MARTINEZ, José; RUIZ, Janet. Economía y política de la reforma agraria en Colombia. En: Plataforma colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. “Por el Derecho a la Tierra” Bogotá, 2002. p. 23


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firma el famoso “Pacto de Chicoral” que terminó con los tímidos intentos reformistas de los anteriores gobiernos. La ley de Reforma Agraria de 1961, tenía como principales objetivos “eliminar y prevenir una concentración inequitativa de la propiedad, crear unidades de explotación adecuadas, dar mejores garantías a aparceros y arrendatarios, dotar de tierras a los peones del campo y elevar el nivel vida de los campesinos, fomentar el cultivo de las tierras incultas o mal cultivadas, fomentar la producción y la productividad (...)”19. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, aparece así como la institución que haría realidad estos objetivos, repartiendo los terrenos baldíos del país, las tierras cedidas o extintas a los propietarios y las tierras adquiridas por compra a los mismos. Junto a ésta institución surge en el gobierno de Lleras Camargo (1968), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, como una iniciativa del gobierno de la cual se empoderarían luego los campesinos y la convertirían en un instrumento legítimo en la pugna por sus tierras, de las cuales habían sido expropiados por “grandes señores”, con la intención de consolidar sus proyectos capitalistas o en su defecto para dedicarlas a la ganadería, y de esta forma, convertir las tierras productivas en tierras ociosas sin beneficios para el campesinado. Muestra de ello, es el caso de la Hacienda Bellacruz, la cual se construyó a consta de la expropiación de los campesinos que ocupaban estos predios; para esto la Familia Marulanda legitimó su derecho a estas tierras a través de artimañas jurídicas, además de utilizar la represión ejercida por la fuerza pública estatal y paraestatal para evitar que los campesinos reclamaran sus derechos. Esta dinámica se mantendría y consolidaría durante la década del setenta, época en que se acentúa la lucha de los campesinos agrupados en torno a la ANUC, la cual fundamentaba su lucha a partir de la continua organización de los mismos. En el marco del III Congreso Nacional de la ANUC, en 1974, se especificaron algunos puntos en torno a los cuales se iba a comprender el problema agrario en el país, así en palabras de sus voceros “el problema agrario forma parte de todo el problema nacional. Su característica principal es la concentración de los medios de producción en unas pocas manos: concentración de la tierra, concentración del crédito, monopolio sobre el mercadeo –no solo de los productos de los campesinos sino también de los insumos-, sobre las herramientas y sobre lo que tiene que ver con la producción agrícola, y control de la técnica, todo eso en manos de unos pocos terratenientes y capitalistas”20. A pesar del freno que se le dio a la Reforma Agraria durante el gobierno de Pastrana Borrero y su posterior ratificación con López Michelsen, los campesinos del Sur del Cesar, protagonizarían importantes tomas de tierras en la región, teniendo como bandera de lucha, los lemas emanados de los Congresos de la ANUC: “Tierra pa´l que la trabaja” o “Tierra sin patronos”. Estos lemas, reflejan un fenómeno particular que se presenta durante esta lucha, la alianza campesina – obrera y popular. Iniciando la década de los ochenta, el Incora concede la titulación de varios predios de la región, que consecuentemente, desencadena la reacción ofensiva de los terratenientes, quienes adoptan medidas de “protección” acudiendo a la fuerza pública, representada en el ejército y, a mediados de los ochenta, con la consolidación del paramilitarismo, se comienza a desplegar una política del terror que desplazaría a centenares de familias campesinas de sus predios. Esto traería como consecuencia la ampliación del conflicto a la

19 GILHODES, Pierre. “La cuestión agraria en Colombia 1900-1985”. En: Nueva Historia de Colombia. Tomo III, planeta, 1989. p. 348 20 Comité Ejecutivo de la ANUC. “Hay que concretar la alianza de las clases explotadas”. En: Alternativa. No. 14 Bogotá. Agosto, 1974. p. 16


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ciudad capital, destino a donde llegarían estos campesinos desplazados para protestar frente a las Instituciones del Estado, entre ellas el Incora, por la situación vivida en sus regiones, solicitando garantías para volver a sus hogares y la titulación de predios, que por derecho les pertenecen. A pesar de la arremetida violenta en contra de estos pobladores y de la pasividad del gobierno, el cual se hacía el de la vista gorda ante estos procesos de pugna, los campesinos no desistieron en su lucha; por lo que, finalizando la década de los ochenta se reseñaban múltiples actos de invasiones a haciendas; el epicentro de estas luchas, se localizaba en la población de Pelaya en donde se encuentra parte de la Hacienda Bellacruz. Durante los noventa, los campesinos logran ciertas conquistas, en cuanto, son reconocidas jurídicamente por la intervención del Incora algunas tierras pertenecientes a la mencionada hacienda. No obstante, ésta época se caracteriza por un proceso en círculo que se describiría así: conquista de las tierras- arremetida paramilitar- desalojo de las tierras. Sólo en este sentido puede entenderse el desplazamiento de los campesinos en la Bellacruz. A propósito de las formas injustas de expropiación, dice un campesino desplazado “entonces, el 14 de febrero a la noche comenzaron a llegar. Eran tres camionetas llenas de civiles armados y dijeron ser paramilitares; que estaban al servicio del señor Carlos Arturo Marulanda, el dueño de todo eso, y que él los había enviado para que nos sacaran de allí. Quemaron el colegio, estropearon gente y se robaron grabadoras, relojes, cadenas y plata (…)”21

La lucha por la justicia laboral Junto a esta situación de invasión de predios rurales por parte de los campesinos, aparece en el escenario otro actor social, se trata del obrero-sindicalista, quien surge en el contexto como producto de otro tipo de dinámica conflictiva causada por la agroindustria palmera que se asienta en la región; el ejemplo más representativo de esta situación es el de la empresa Industrial Agraria La Palma, Indupalma, que para 1961 se consolida como la empresa agroindustrial más importante de la región. La actuación represiva por parte de los directivos de esta industria no se hizo esperar. Apenas si comenzaban a desmontar la tierra para sembrar la palma africana cuando ya se presentaban serios enfrentamientos con la población, quienes consideraban estos actos una violación a sus derechos de propiedad. Sin embargo, quienes cumplían con esta labor, no escatimaban en utilizar todos los recursos a su alcance, sobretodo los que hacían referencia a prácticas encaminadas a reprimir al campesinado. Protagonista de esta situación es el conocido “capitán Tinieblas”, José Joaquín Duarte y su mano derecha, el sargento Víctor Manuel Delgado, apodado “Mano Negra”. Así, cargando desde sus inicios con el peso de la represión a los pobladores cesarenses, se erigió Indupalma, que comienza a consolidarse como gran industria productora y comercializadora de aceite de palma africana, durante la década del sesenta. Frente a esta nueva situación, que ahora se gestaba en torno a la relación patrono–obrero, y ya que las condiciones de trabajo eran injustas para los trabajadores de Indupalma, sobretodo en lo que tiene ver con la forma de contratación, en donde se hacía uso de la figura de intermediario, que no garantizaba ningún tipo de prestación social para el

21 Testimonio de un campesino tomado del artículo: “Bellacruz con la vida en un hilito”. En: Contagio. Número 3. 1996. p. 53.


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trabajador, en 1963 se crea el primer sindicato de la industria palmera, el cual encontró su principal apoyo en la Unión de Trabajadores de Santander, UTRASAN. Los años posteriores se caracterizan por la rigidez de esta estructura laboral, representando para los trabajadores condiciones precarias de vida, sobreexplotación de mano de obra, desconocimiento de las prestaciones laborales, pago injusto e intimidación a aquellos trabajadores que decidieran fundar una resistencia ante esta situación. Toda la década del setenta registra la asidua persecución a los trabajadores de Indupalma, manifestada principalmente en el asesinato a los líderes sindicales. Junto con esta modalidad criminal, hacen presencia también algunos apoyos legales, como la cancelación de la personería jurídica del sindicato en 1971, al vincular este tipo de organización con proyectos insurgentes. Finalizando la década del setenta, específicamente en 1977, previo al Paro Nacional de septiembre, se presenta una manifestación por parte de los trabajadores de Indupalma, en la cual sus principales reivindicaciones son:

Eliminación total del sistema de contratistas, lo cual conlleva pactar sistemas de estabilidad laboral para los trabajadores.

Que la empresa reconozca la antigüedad de los trabajadores, para efectos de

cesantías y jubilación. Este punto ofrece serios obstáculos debido a que es una costumbre de la empresa quemar los archivos cada dos años, incluso quemo los de los trabajadores despedidos recientemente.

Pago de salarios retenidos, como lo comprobó el Ministerio de Trabajo. Incluyen

dominicales, pago de la prima de servicios, vacaciones, etc. Reintegro de los trabajadores despedidos a raíz de la fundación del sindicato y

pago de los salarios correspondientes.22 Las anteriores exigencias, como es de esperarse ante la tradición de sobreexplotación de la empresa palmera, no fueron atendidas; al contrario, lo que se generó fue una arremetida revanchista por parte de los directivos de la industria, quienes despidieron a los participantes de la protesta. A esto hay que sumarle la estigmatización de los sindicalistas, al ser señalados como perturbadores del orden y “auxiliadores de la guerrilla”. Pese a estos actos, el ejemplo de lucha y pujanza de estos trabajadores se extiende por las demás industrias de la región, que no distaban mucho de las condiciones laborales de Indupalma. De esta forma, en los ochenta se presentará un gran despliegue de la actividad sindical en el ámbito regional, en donde intervendrán los trabajadores asociados a las diferentes organizaciones obreras, tales como Asotraindupalma, Sintraproaceites, Asintraindupalma, Sintraindupalma, entre otros. Igualmente, frente a esta movilización de los obreros se desencadena, para ésta época, una reacción criminal encabezada por los paramilitares, en un principio contra las directivas de los sindicatos y posteriormente sin discriminación alguna entre líderes, asociados y familiares. En la población de San Alberto las ofensivas contra el movimiento del trabajo fueron sistemáticas, hasta el punto de aniquilar definitivamente las organizaciones de trabajadores que fueron reemplazadas por cooperativas de trabajo asociado. De esta manera los trabajadores entrevén que no es posible la reacción contra los abusos de los empleadores y declinan la lucha para dejarse organizar de esa manera. La ofensiva

22 “Indupalma. Se agotó la paciencia”. En: Alternativa No. 128. Agosto 15 al 22 de 1977. p. 7


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paramilitar tiene como característica principal la humillación de los trabajadores, junto con la destrucción de sitios simbólicos para los mismos. Estas conductas se materializan en la demolición de algunas viviendas, como las ubicadas en el barrio Primero de Mayo. Así, derruidas las casas, seguía el asesinato de habitantes significativos para la comunidad. El Movimiento Cívico en el Sur del Cesar Posterior a la experiencia del Paro Nacional de 1977, el cual había sido fuertemente alimentado por las reivindicaciones sindicales de diferentes zonas del país, entre ellas las protagonizadas por los trabajadores del Sur del Cesar, se creó en 1980 la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, en un intento por hacer frente al Estatuto de Seguridad Nacional, impulsado durante la administración de Turbay Ayala, el cual tenía la intención de suprimir, a través de la consolidación del estado de sitio, las denuncias a favor de un mejor-estar realizadas por los sectores populares y que se materializaban en exigencias de tipo infraestructural de sus municipios, servicios públicos y mejoramiento de las vías de acceso. Vale aclarar que estas reivindicaciones también se relacionaban con la denuncia de actividades represivas acontecidas en los municipios con más débil presencia del Estado, en donde reinaba el poder local apoyado con actividades ofensivas de carácter militar y paramilitar. De esta manera, en 1981 surge en Aguachica el grupo Comuneros 81, que a pesar de tener un corto desarrollo, a causa de la represión desatada por los paramilitares en el panorama regional, deja una gran tradición de lucha en los pobladores de este municipio. A mediados de los ochenta, se realiza un encuentro obrero-campesino-popular, a propósito de la interrelación que surge entre estos sectores sociales, para organizar un Paro Cívico Nacional; la convocatoria en general era “…a todo el pueblo colombiano a preparar y realizar un gran paro Cívico Nacional en el primer semestre del año en curso, como respuesta a la política del gobierno, del FMI, del imperialismo norteamericano y como medio de lucha para conquistar cambios políticos, económicos y sociales al servicio del pueblo en la vida del país”23. A pesar del predominio de la represión a escala nacional, configurada luego como Guerra Sucia, en que se exalta el imperio de los grupos paraestatales con sus formas clandestinas de coerción, las cuales padecen durante toda esta época los líderes y militantes de los diferentes grupos cívicos. En 1987, se presenta el Paro del Nororiente. Dicho Paro congregó a unos 30.000 campesinos de la región para exigir respeto por el derecho a la vida y plantear reivindicaciones de tipo social y económico. Este Paro es un ejemplo de organización y de alianza entre los distintos sectores sociales de la región; las peticiones que realizaban al Gobierno eran irrefutables: “(...) agua potable, carreteras, centros de salud, recursos para las universidades, aumento de partidas para realizar inversiones públicas prioritarias, cese a los desalojos de los predios ocupados pacífica y productivamente por miles de campesinos, respeto a la vida, a la organización, a la movilización y a la libre expresión de las organizaciones campesinas, cívicas, obreras, indígenas y estudiantes; cese a las detenciones, las torturas, los asesinatos y las desapariciones (...)”24. No obstante, la respuesta recibida por parte del gobierno de turno, el de Barco, con la colaboración de los medios de comunicación, fue la deslegitimación del Paro, argumentando que dentro del movimiento se respiraba la

23 “Tercer Paro Cívico Nacional”. En: Colombia Hoy Informa. No. 38, Mayo – Junio de 1985. Bogotá. p. 7. 24 “Paro es Paro. No hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista!!!”. En: Colombia Hoy Informa. No. 50, Julio de 1987. Bogotá. p. 7


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influencia guerrillera; además, en vísperas del día del campesino, en una alocución pública, llamó a la población a “no pretender alcanzar en un día lo que no han conseguido en 50 años”25. Finalizando la década de los ochenta, las actividades de denuncia se intensifican presentándose para 1988, la convocatoria multitudinaria de las “marchas de mayo”, en las cuales según lo registraba la prensa, se movilizaron más de 80.000 campesinos en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Atlántico y Antioquia. La reacción oficial fue consecuentemente represiva, ante los hechos se esgrimía el mismo discurso que señalaba a los gestores de las protestas como auxiliadores de la guerrilla y los actos como “focos de subversión”. De esta manera, “el Ministro de gobierno enfatizó que así los gobernadores permitieran las marchas, él mantendría el ejército en las ciudades para defender a las ‘gentes de bien’”26. No obstante, las marchas concibieron grandes manifestaciones entre los pobladores de la región, quienes a pesar de los obstáculos generados por la fuerza pública, lograron consolidar una tradición de lucha y protesta frente al desconocimiento oficial de sus necesidades. Esto puede evidenciarse con la aparición de diferentes organizaciones cívicas y políticas nacidas del corazón de la región, en defensa de sus derechos vulnerados.

Paros cívicos realizados entre agosto de 1982- agosto de 1990

FECHA MOTIVO MUNICIPIO Marzo 23 de 1987 Acueducto San Alberto Junio 7 de 1987 Desarrollo regional Aguachica y 12

municipios más Fuente: Conflicto Armado y configuración regional.

El caso del magdalena medio. Tomas y movilizaciones cívicas realizadas entre agosto de 1982- agosto de 1990

FECHA MOTIVO MUNICIPIO

Enero 13 de 1987 Educación San Alberto Mayo 9 de 1988 Acueducto Aguachica Octubre 29 de 1989 Vivienda Aguachica

Fuente: Conflicto Armado y configuración regional. El caso del magdalena medio.

Las propuestas y acciones políticas en el Sur del Cesar En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, en Aguachica se organiza de nuevo un Movimiento Comunitario, como propuesta alternativa frente a los partidos tradicionales y con miras a conquistar los escaños públicos de la región, este nuevo movimiento se denominó Movimiento Acción Comunitaria, MAC, el cual, además de protagonizar vastas movilizaciones populares, también sería una de las organizaciones más victimizadas en la región por parte de los grupos paraestatales que tenían influencia en la zona, quienes consideraban esta nueva organización como la base social de la insurgencia, sobretodo

25 Ibíd. 26 CUATINDOY, Félix. “Las marchas de mayo”. En: Colombia Hoy Informa. No. 58. Junio de 1988. Bogotá. p. 17


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del ELN. De igual forma, esta reacción puede explicarse a partir del temor de los detentadores del poder local de ser desplazados de sus posiciones, donde sus actos gozan de impunidad, pues “lo sucedido en Aguachica con los miembros del Movimiento Político de Acción Comunitaria que ocupaban cargos en la administración pública, así como con los grupos cívicos de otros municipios que empezaron a participar y ganar las elecciones populares de alcaldes, se explica más como una respuesta por defender intereses políticos y económicos en la zona”27. Igualmente, durante la década de los noventa el conflicto se recrudece en el Sur del Cesar, esta vez en contra de las recién formadas organizaciones políticas de oposición, surgidas como producto de los acercamientos con los gobiernos de Betancur (1982-1986) y Barco (1986-1990). Es el caso de la Unión Patriótica o la Alianza Democrática M-19, que subsisten en un ambiente de intolerancia política, ante planes de exterminio fraguados por el gobierno nacional para eliminar el pensamiento diferente. Un aspecto importante para analizar, es la agudización de la persecución a estos movimientos políticos durante la época electoral o luego de los resultados electorales, es el caso de la Unión Patriótica y de la Alianza Democrática M-19 que para el año de 1992 “(...)ganaron fuerza electoral en estos municipios (Aguachica y San Alberto), desplazando por supuesto partidos tradicionales, este hecho se convierte en un factor de violencia política que se concreta en las amenazas contra funcionarios públicos pertenecientes a estos grupos”28. En general, los miembros de estos dos movimientos políticos, tanto dirigentes como militantes, surgidos de dos organizaciones insurgentes con influencia en la región, como son las FARC-EP y el M-19, sufrirán el continuo asedio paraestatal que en alianza con los poderes locales y organismos del Estado, como el ejército que desarrollan escaladas de represión para frenar el impulso de estas organizaciones en la región. De manera más específica, cabe mencionar otros proyectos políticos de oposición gestados en esta zona como el Movimiento Independiente de Convergencia Democrática Ciudadana y la Unión Política Cívica, UPC. Finalmente, hay una característica que cobija estas propuestas políticas ya sea a escala nacional o a niveles más locales, se trata de la arremetida violenta por parte del Estado, ya sea, haciendo uso de recursos legales, como el poner en discusión pública el supuesto “proselitismo armado” de estos grupos, con el objetivo de deslegitimar las campañas de estas organizaciones o, aplicando la Doctrina Contrainsurgente en que se vincula indiscriminadamente a la población civil como auxiliadores de la guerrilla, lo que les permite aniquilar sin exclusión alguna a quienes intervengan políticamente en estas organizaciones.

PROYECTOS ECONÓMICOS

Petróleo En la región existen actualmente yacimientos de petróleo en los municipios de Aguachica, San Alberto, San Martín y en González, en este último ECOPETROL tiene un yacimiento.

27 ROJAS, Raquel. “Aguachica, violencia grande”. En Colombia Hoy Informa. No. 135, junio de 1995. Bogotá. p. 13 28 “Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio” –PDPMM-. Aproximación a la realidad del Magdalena Medio. Op. Cit. p. 54


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Los pozos que se encuentran en aguachica, San Alberto y San Martín, son explotados por la multinacional canadiense llamada Petrocanada, que en su llegada a Colombia asumió el nombre de Petronorte S.A. está multinacional llegó al país hacia 1950 para usufructuar las concesiones de Zulia en Norte de Santander y Tisquirama en Aguachica (la cual sólo fue posible empezar a explotar en 1993). Actualmente esta multinacional tiene los siguientes contratos en el Sur de Cesar:

1. El contrato Lebrija, que se firmo el 26 de agosto de 1985 y tiene como fecha de terminación el 4 de julio de 2012. Esta compuesto por el campo Doña María con un área de 206 hectáreas en el municipio de Aguachica. Cuando se inicio el contrato existían varias empresas que participaban: Scimitar con el 27,5% y Petrosantander 62,5%, sin embrago actualmente Petronorte es la empresa que está operando la explotación y tiene el 100% del contrato.

• Campo Doña María

La primera explotación se realizó en marzo de 1988, por Petro Canada, operadora del contrato en esa época. Luego en junio de 1989 se perforó el pozo Doña Maria-1 confirmando la existencia de hidrocarburos en el área. La perforación del pozo Doña María-2 en diciembre de 1990 con resultados negativos, adelantó los pronósticos de un yacimiento pequeño. La fecha efectiva de este contrato es 19 de julio de 1986 y termina el 19 de julio de 2014. Actualmente el campo cuenta con dos pozos productores, Patiño-1 y Doña Maria-1 y su producción es de 36 barriles de petróleo diarios.

2. El contrato Tisquirama, que se firmó el 29 de marzo de 1983 y cuya terminación

es en marzo de 2009. Esta compuesto por los campos Los Angeles y Santa Lucia, con un área total de 14.800 hectáreas en jurisdicción de los municipios de Río Negro (Santander), San Alberto, San Martín y Aguachica. La participación en el contrato de las empresas privadas inicialmente del 50% para EurocanCol y del 50% para Petrosantander. Actualmente Petronorte es la empresa operadora participa con el 33,33% y Petrosantander y Tecnopetrol participan como socios con el 33,33% cada una.

- Campo Santa Lucía

En este campo existen tres pozos perforados y produciendo. El área total del Bloque es de 26.020 acres con un área comercial de 584 acres. La comercialidad del campo fue dada por Ecopetrol el 22 de febrero de 1991 y entró en producción en mayo de 1993. La fecha efectiva del contrato es el 1 de abril de 1983 y termina el 1 de abril del 2011. El petróleo se entrega a la estación de recolección Ayacucho de Ecopetrol, transportándolo por carrotanque.

- Campo Los Ángeles En este campo existen ocho pozos perforados y actualmente están produciendo. El área total del Bloque es de 26.020 acres con un área comercial de 584 acres. La comercialidad del campo fue dada por Ecopetrol el 22 de febrero de 1991 y entró en producción en mayo de 1993. La fecha efectiva del contrato es el 1 de abril de 1983 y termina el 1 de abril del 2011. Dentro del bloque también se perforó el pozo Serafín-1, productor de gas, el cual fue abandonado por la baja demanda del gas en esa época.


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El pozo descubridor del campo fue Angeles-1 perforado por Texaco en octubre de 1985 y el último pozo perforado, por la misma operadora, fue Angeles-8 completado en mayo de 1990. Actualmente se están explotando cuatro pozos. Las entregas de crudo se realizan por carrotanque a la estación de bombeo de Ecopetrol en Ayacucho, para lo cual la estación cuenta con un cargadero para dos carrotanques simultáneamente.

Infraestructura Vial Uno de los proyecto de infraestructura vial más importante para esta región fue la construcción de los que se llamó La Troncal del Magdalena Medio. Esta obra vial se empezó a construir a mediados de los años ochenta comienzo a construirse a mediados de los ochenta. En 1986, coincidencialmente, cuando se da inicio a la construcción del último tramo de la Troncal, que comprende La Lizama a San Alberto, aumentó el índice de concentración de la tierra; esto puede conducirnos a la conclusión de que la puesta en marcha de megaproyectos en la región, como la construcción de esta carretera, está directamente relacionada con la coacción y el desalojo de los pobladores más vulnerables de la región, para aprovechar las tierras de su pertenencia. CASOS LAS LUCHAS POR LA TIERRA Y EL CASO DE LA HACIENDA BELLACRUZ

“No mas tierra en pocas manos, ni muchas manos sin tierra.”

Cloc-Vía Campesina Comunicado a la opinión publica.

Bogotá, 8 de mayo de 1996.

Los orígenes del conflicto Finalizando 1961, la administración de Lleras Camargo, presenta la propuesta de Reforma Agraria como un aparente intento de redistribución de las tierras para solucionar el problema de tenencia de los campesinos, y que estos pudieran ser autosostenibles, al producir lo suficiente para el mercado interno y para su autoconsumo. En otras palabras, lo que buscaba el plan estatal era convertir a los campesinos en “granjeros capitalistas” y acabar de una vez por todas con las antiguas formas de producción pre-capitalista que abundaban en el agro colombiano, algunas de las cuales las encontramos aún, como la aparcería, la medianía y el arrendamiento; esta iniciativa tiene explicación en la crisis interna que soportaba el país, en cuanto a la situación de los campesinos y en la política de Alianza para el Progreso“(…)Estas razones internas y la estrategia de la Alianza para el Progreso, trazada por Estados Unidos para el continente, luego de la Revolución Cubana, y con la recomendación de ‘impulsar dentro de las particularidades de cada país,


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programas de reforma agraria integral (…) constituyeron el trasfondo de la ley 135 de 1961, llamada de Reforma Agraria”29. A pesar de la ley de Reforma Agraria, las cifras de propiedad de la tierra al cabo de unos años de su aplicación demostrarían que el grado de acumulación de la misma en pocas manos no sufrió cambios. Así, hacia 1960 el Comité Nacional Agrario que tenía a cargo los trabajos preparatorios de la ley 135 de 1961, ley de Reforma Agraria, calculó que el 16% de grandes propietarios poseía el 85% de la superficie apta para producción agrícola, y el 84% de pequeños propietarios poseía el 15%30. Entre los años de 1962 y 1967 los propietarios de predios de más de 200 hectáreas pasan de controlar el 55% de la superficie a controlar el 63.4% del área total.31 Durante el gobierno de Guillermo León Valencia, se aprobó formalmente la ley 135 de 1961 pero no se le dio mayor impulso a la iniciativa. Durante la administración de Carlos Lleras Restrepo, se intento poner en marcha la Reforma Agraria con el apoyo de los trabajadores rurales y no sólo con el de las clases gobernantes; quienes por el contrario intentaban sabotear los tímidos asomos reformistas del presidente. Resultado de estos esfuerzos fue el decreto 755 de 1967 que creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, como un proyecto de convergencia de los campesinos a nivel nacional. No obstante, se debe reconocer que la organización campesina posee una tradición más antigua de lucha por la tierra en la historia nacional. Previamente a su constitución oficial, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, había dictado el decreto 755 de mayo de 1967, llamado de empadronamiento, y el de registro de usuarios, en febrero de 1968. Así empezó oficialmente la ANUC, pero no el movimiento campesino, que de tiempo atrás venía adelantando luchas, a veces organizadas, a veces dispersas, por lograr la tierra para el campesinado. De igual manera, para hacer más eficientes los intentos del gobierno, la ley de reforma agraria crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, con el fin de repartir los baldíos del Estado y titular las tierras que estén en manos privadas a favor de los campesinos. Terminado el cuatrienio de Lleras la recién fundada organización campesina pierde el apoyo gubernamental a causa de las alianzas celebradas por el gobierno Pastrana con los terratenientes, que fueron conocidas como el Pacto de Chicoral y se formalizó tiempo después en las leyes 4 y 5 de 1973. Desde allí la ANUC comenzó una nueva estrategia con el objetivo de alcanzar el anhelo de una Reforma Agraria. En suma, éste era el contexto nacional en donde se desenvolvían los esfuerzos del campesinado por conseguir una reforma agraria y al mismo tiempo, los de los terratenientes en su afán de bloquear a toda costa esas demandas. A escala regional, también se sentían estas dinámicas ocasionando la pugna por la titularidad de las tierras entre colonos y grandes propietarios de la tierra. El sur del Cesar es uno de los casos emblemáticos de la historia por sus innumerables luchas por el territorio. En esta lógica, desde los años cuarenta el señor Alberto Marulanda Grillo expropió de manera violenta a los antiguos pobladores de la región, quienes habían desarrollado un tipo de propiedad comunitaria al interior de los baldíos estatales. En estos lotes los campesinos habían construido caminos y cultivos comunes que beneficiaban a todos los pobladores del lugar; de repente, los caminos fueron cerrados con cercas y los cultivos destruidos, a todos se

29 Colombia Hoy. No. 90. Mayo de 1991. p. 44 30 Estas cifras son tomadas de: “La derrota del reformismo agrario”. En: Alternativa número 124 de julio 25 a agosto 1 de 1977. p. 31. 31 Estas cifras son tomadas de: “La derrota del reformismo agrario”. En: Alternativa número 124 de julio 25 a agosto 1 de 1977. p. 31.


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les dijo que eran desempleados, los expulsaron y los etiquetaron de rebeldes y comunistas32. Marulanda Grillo consolidó su poderío en la región con la colaboración de la policía. Los antiguos pobladores fueron obligados a vender las tierras al señor Marulanda Grillo, y los que no lo hicieron fueron arrestados por la policía, judicializados y sus parcelas destruidas. Este es el caso de los campesinos CIPRIANO RIZO COLLANTE y ANTONIO MARULANDA GALVÁN, quienes al no querer vender sus tierras fueron detenidos y llevados a los presidios de Santa Marta donde permanecieron durante un año, al regresar sus chozas habían sido aplastadas y las sementeras quemadas33. Haciendo uso de este tipo de estrategias el gamonal se hizo a unas 18.000 hectáreas34 en el Sur del Cesar; de estas tierras unas 12.000 hectáreas pertenecen a la actual hacienda La Bellacruz. Así pues, no es equivocado afirmar que los derechos de propiedad alegados por la familia Marulanda no son claros, sino resultado de la apropiación ilícita de terrenos baldíos, junto con la defraudación a los antiguos colonizadores de la región35 ellos aún tienen títulos de propiedad expedidos por la notaría de Río de Oro en donde consta que son legítimos propietarios de la tierra. Sin embargo, sus reclamaciones continúan siendo desconocidas por las autoridades. En el año de 1963 bajo la presidencia de Guillermo León Valencia, los campesinos denunciaron la apropiación ilegal de los baldíos aledaños a las poblaciones de La Gloria, Tamalameque y Pelaya sin recibir ninguna respuesta por parte del gobierno central. Este fue un año más de brega de los campesinos por el reconocimiento de los derechos de propiedad que habían adquirido y la familia Marulanda negaba. Para protegerse contra las reclamaciones de los agricultores la familia recurrió a la represión y despojó a los lugareños de sus propiedades. Los descendientes de esos expropiados deciden mantener la lucha y esperan el momento propicio para recuperar el derecho que les fue arrebatado. La familia Marulanda se hizo dueña de grandes extensiones de tierra, utilizando desde los años 50s métodos engañosos contra el campesinado y apoyados de forma directa por las autoridades civiles y policivas de la región. Los campesinos no son invasores, son propietarios La victimización del sector campesino en la zona del sur del Cesar se inscribe en los procesos de toma de tierras y reacción de los terratenientes que caracteriza en buena medida la década de 1970. Ya para diciembre de 1971, el terrateniente Arturo Pérez, apoyado por el alcalde militar de Tamalameque, destruye los ranchos de los campesinos y detiene a tres de ellos. En enero de 1972, el ejército destruye cercas y detiene a cinco campesinos por orden del alcalde de Curumaní. En febrero de 1974, varios campesinos que habían ocupado unos terrenos fueron desalojados a la fuerza por orden del alcalde de Aguachica, Alfredo García. Las chozas de los campesinos fueron incendiadas con sus enseres; además, MARIA LICELA GARCÍA, quien tenía un niño en brazos fue ultrajada. Meses después, el 2 de mayo, María Licela fue detenida, luego del allanamiento realizado a su casa por parte de funcionarios públicos. La diligencia se llevó a cabo durante un desalojo por toma de tierras, en el cual hubo destrucción de objetos, insultos e injurias por parte de los funcionarios que atendían la orden del mismo Alcalde.

32 Cfr. CELEITA Berenice. Determined to return to their Roots. Colombia Bulletin. Vol. I No 2. Winter. 1996. p. 18 33 Ibid. 34 Ibid. 35 Ibid.


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En febrero de 1974, un CAMPESINO fue asesinado y TREINTA y CINCO CAMPESINOS fueron detenidos en la hacienda Bellacruz por miembros del ejército, en La Gloria. Unos dos mil campesinos se habían tomado algunas hectáreas de tierra baldía, para trabajarla. Dichas tierras pertenecen a la hacienda del terrateniente Alberto Marulanda Grillo. Ante la toma de tierras, el ejército los desaloja a la fuerza y comete los crímenes. La situación se presenta nuevamente al mes siguiente cuando unas doscientas familias entran a la hacienda Bellacruz y otros a la finca San Martín, dejando como resultado unos 35 detenidos36. En julio de 1977 fue asesinado en Tamalameque el campesino ANTONIO RUEDA. El 15 de enero de 1979, fue torturado por la policía el campesino LUIS GONZALO MONTAÑO en el municipio La Gloria. El mismo año fueron torturados en Curumaní por tropas del batallón La Popa los campesinos PEDRO QUINTERO, SIMON MADARRIAGA y WILLIAM MANJARES, quienes posteriormente fueron sindicados y procesados. En el municipio de Pelaya, el 28 de octubre de 1979, el campesino PORFIRIO LOPEZ GOMEZ de 27 años, fue detenido y torturado por miembros del ejército. Durante su detención fue sometido a colgadas, golpes, plantón y vendas en la cara. Fue sindicado, procesado y condenado, y posteriormente recluido en la cárcel de Bucaramanga. Hacia los años ochenta los campesinos recuperan la tierra de sus antecesores, y al mismo tiempo solicitan al Incora que intervenga en la titulación de tierras, y declare los predios usurpados como baldíos de la nación para la posterior repartición de los mismos. La familia Marulanda, para defenderse de las protestas de los campesinos le pide al ejército la construcción de una base militar permanente en los terrenos del predio Bellacruz, situación que genera una serie de crímenes contra el campesinado en los municipios donde está ubicada la hacienda (Tamalameque, Pelaya y La Gloria), muestra de ello son los casos que a continuación se reseñan: En efecto, el 5 de junio de 1984, el campesino JUAN BARRIGA CRUZ fue detenido y torturado por una patrulla de la Armada Nacional en Pelaya. Juan se hallaba trabajando en su finca cuando fue detenido y torturado por la patrulla, quienes lo obligaron a declararse subversivo. Fue llevado a la cárcel de Barrancabermeja donde continuó detenido. El otro caso de responsabilidad policial en este municipio ocurrió el 9 de mayo de 1985, cuando VEINTIOCHO CAMPESINOS fueron detenidos por una patrulla de la policía. Los campesinos se encontraban trabajando en una finca de propiedad del Incora pero reclamada por terratenientes. En cuanto al municipio de Tamalameque los casos registrados comienzan con el del dirigente campesino DIOSIMIRO BOTELLO quien el 2 de julio de 1984 fue detenido y desaparecido por agentes de la policía. Diosimiro fue arrestado por los miembros de este organismo en el predio Buenos Aires, cuando los agentes se presentaron con el fin de llevar a cabo un desalojo, sin tener en cuenta la posesión que ellos tenían desde hacía varios años. El juez cuarto de instrucción criminal les había informado que no serían desalojados de dicho predio, pero los agentes de policía llegaron y destruyeron cultivos, viviendas y maltrataron a los campesinos, sin importarles que allí se encontraban mujeres y niños. Ese día Diosimiro fue desaparecido. El 1 de octubre de 1985, el campesino SIXTO RODRIGUEZ presidente de la ANUC en el sur del departamento del Cesar, fue asesinado por sicarios al servicio de terratenientes de

36 VILLEGAS ARANGO, Jorge Orlando. Libro Negro de la Represión 1950–1980. Fundación para la Investigación y la Cultura FICA, Bogotá, 1980. pp. 174–180.


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la región en Aguachica. El líder campesino estaba afiliado al partido conservador, fue asesinado cuando se disponía a entrar a su casa, situada en el Barrio Idema. Por esta misma época, mediados de los ochenta, la familia Marulanda fue respaldada por grupos paramilitares que aterrorizaron la región. Hacia el 6 de junio de 1996 la acción paramilitar llevó a cientos de campesinos a desplazarse a la casa campesina en Pelaya y luego hacia Bogotá y ocupar pacíficamente las instalaciones del Incora y de la Defensoría del Pueblo. Las peticiones de los campesinos eran principalmente tres: i) garantías para su retorno, ii) inversión social y económica en la zona y, iii) titulación de tierras. El Incora se negó a la titulación argumentando que las tierras reclamadas pertenecían a la familia Marulanda, quienes eran dueños de más de 8.000 hectáreas de tierra en esta zona. El gobierno, después de un año de negociaciones firmó un acuerdo de retorno, pero al regresar los campesinos fueron agredidos por medio de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos realizados por la fuerza pública en conjunto con grupos paramilitares presentes en la región. Hacia finales de 1996 los campesinos fueron desalojados de forma definitiva de la zona y reubicados en el departamento del Tolima, en la hacienda La Miel en Ibagué y Cambujos en Armero Guayabal y Predio la Cochinilla en Norte de Santander.37 La Hacienda San Isidro La pugna entre campesinos y terratenientes se desarrolló en varios predios ubicados en distintas zonas, en otros predios de la región también se puede evidenciar esta dinámica conflictiva de poderes. Así, el 11 de abril de 1985 los campesinos FAUSTINO SERPA, dirigente de la ANUC-UR, MARCELO ARRIETA, EDISON ROBLES, ORLANDO FLOREZ, FLORENTINO ROBLES, IGNACIO FERNANDEZ, RAFAEL MADRIZ, ISMAEL ROBLES, RAFAEL MORENO y OTROS CUATRO labriegos, fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la policía en Curumaní. Los campesinos asistían a una supuesta reunión con el gerente regional del Incora Jesús Robles por invitación del agrónomo Fredy Zuleta, que entre el 9 y 10 del mismo mes había visitado las veredas y corregimientos de la zona (Las Palmas Pueblo Nuevo, Sabana Larga, Pelaya y Costilla) y, también la hacienda San Isidro (ubicada en el municipio de Curumaní), para convocar al campesinado para que hicieran presencia en el encuentro con el funcionario estatal en Curumaní. Zuleta en vez de concretar la reunión, llamó al comandante de la estación de policía de este municipio, de apellido Buitrago, informándole que el día 11 “conseguiría a todo el personal reunido”. Fue en esta fecha en que los labriegos se vieron sorprendidos por la presencia de la policía que inmediatamente ejecutó las detenciones. Mientras ocurría lo anterior, los administradores del predio San Isidro daban inicio a una ola de represión sobre las tierras de los campesinos, con participación de la policía de Tamalameque y Curumaní. A partir de la fecha de las detenciones, se queman y destruyen cinco ranchos de la vereda Las Palmas, se tumban cercas, y se realizan más aprehensiones. Por otro lado se amenaza de muerte a Faustino Serpa. Debido a la arremetida implementada por los terratenientes, apoyada por la fuerza pública, los campesinos del sector de Pueblo Nuevo deciden mandar comisiones a Valledupar para que ponga en conocimiento la situación de la zona. En tanto, el directivo del Incora, Jesús Robles, se negó a firmar documentos importantes para la negociación del conflicto, puesto que consideraba injustas y arbitrarias las acciones que se estaban realizando en contra de los campesinos detenidos.

37 Universidad Autónoma de Occidente. Memorias del 1er. Foro Regional sobre Desplazamiento Forzado, 10 y 11 de septiembre de 2003, Cali-Colombia, 2004, p.7


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La Policía, otro actor al servicio de la represión El 11 de abril de 1985 fueron detenidos 13 campesinos en Curumaní, con este hecho ase empezó una persecución contra todos los campesinos que residían en los terrenos de la hacienda San Isidro por parte de la policía de este municipio y del municipio de Tamalameque, conjuntamente con empleados de la hacienda, las victimas fueron sometidas a la quema de sus viviendas, el decomiso de sus herramientas de trabajo, e incluso se les detuvo y obligó a destruir sus propias casas El 12 de abril de 1985, el campesino AGUSTIN CANTILLO de 75 años, fue torturado por agentes de la policía, en zona rural del municipio de Tamalameque. De igual forma, el 13 de abril de 1985 los campesinos MANUEL MENDOZA y JOSE JEIBER RUIMOSO fueron detenidos y tratados cruelmente por miembros de la policía de Tamalameque y Curumaní, a mitad de un camino que conduce la vereda Las Palmas al sitio Mundo al Revés, jurisdicción de Tamalameque. Cuando Manuel y José fueron aprehendidos por los policías, estos los ultrajaron y maltrataron. Los policías los montaron a un carro y tumbaron las cercas de varios predios para poder transitar entre ellos. Mientras esto sucedía, a los campesinos se les obligó a destruir seis ranchos. Poco después fueron liberados. El 10 de mayo de 1985, DOCE MUJERES y VEINTICINCO NIÑOS fueron detenidos, por una patrulla de la policía en la finca San Isidro. La patrulla se encontraba al mando del cabo Pedro Nel Acosta, la cual había desalojado ya varias familias campesinas, que se encontraban trabajando en la finca San Isidro de propiedad del Incora llevándose a mujeres y niños. El nuevo período de lucha campesina por la tierra se inicia hacia 1987; así mismo, se inicia un nuevo momento en el accionar de la fuerza pública, que ahora, intimidaba a través de la destrucción de los bienes de los campesinos. Aquel año se presenta el mayor número de protestas campesinas en todo el país, siendo el Magdalena Medio uno de los epicentros de esa movilización. De manera concreta, en el Sur del Cesar la ANUC-UR denuncia que los días 9 y 10 de septiembre de 1987, algunos campesinos del municipio de Pelaya habitantes de la Bellacruz, son arbitrariamente desalojados por un inspector de policía quien les destruye los cultivos y les roba las herramientas. Al día siguiente, esta vez el comandante del puesto de policía de Pelaya, el mayor Alberto Monroy, volvió al lugar ya mencionado y desalojó a los campesinos con el grito de “si niños encontramos, niños matamos”. El 14 de septiembre de ese mismo año, el oficial Alberto Monroy, se presenta al mando de veinte policías en la finca la Hondita, jurisdicción del municipio de Pelaya. Allí quemó treinta y dos viviendas, destruyó los cultivos y anunció la construcción de una base militar en el corregimiento y, a su vez, les dijo a los pobladores que implantaría el grupo paramilitar La Mano Negra, para que según él “los asesinen, si vuelven a entrar.” Al otro día, en el municipio de Tamalameque, ciento cincuenta familias fueron desalojadas de las tierras de la hacienda San Isidro, y amenazadas por “pájaros” y fuerzas del Estado con armas de fuego. Los agresores golpearon a los niños y mujeres, quemaron sus hogares y hurtaron sus instrumentos de trabajo38. En octubre de 1987 más de cien familias son desalojadas violentamente por la policía y el ejército, del predio Carolina del Cesar, ubicado en San Alberto; el 9 de ese mismo mes,

38 Todos los casos están tomados de: Comunicado de la ANUC de febrero de 1988.


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QUINCE CAMPESINOS son detenidos y llevados a Aguachica, siendo quemados y destruidos posteriormente sus cultivos, ranchos y pertenencias39. En la primera quincena de diciembre de 1987, una NIÑA CAMPESINA de 8 años, fue asesinada por miembros del ejército, que desde un helicóptero artillado dispararon contra la multitud que adelantaba un paro cívico en Curumaní. En el mismo hecho varias personas fueron heridas. ANUC-UR tomó bajo su tutela la lucha de los campesinos por la titulación de tierras por parte del Incora, y envía líderes para que las comunidades se organicen, ya que los campesinos de la Bellacruz buscan defenderse de las estrategias de Carlos Arturo Marulanda, quien con el fin de expulsarlos de los lotes, fumiga las fuentes de agua e intimida a los aldeanos que ocupan los predios de la hacienda Bellacruz,40 “la ANUC hizo su papel, nosotros organizamos la toma de tierras, en todo lo que se llama sur del Cesar se tomaron las tierras. La única organización que había en esa región y que fortalecimos fue la ANUC”41. El municipio de Curumaní es otro escenario de persecución contra el campesinado. El 21 de abril de 1988, los campesinos dirigentes de la Coordinadora Obrero Campesina y Popular SEGUNDO BASTOS y FRANCISCO ESPAÑOL, fueron detenidos. Apenas había pasado un mes, cuando el 28 de mayo los campesinos WILLIAM RINCON DURAN de 19 años, JOSE DEL CARMEN SANCHEZ de 22 años y CLODOMIRO CALDERON NUNEZ de 29 años, trabajadores de la finca del hacendado Pedro Carrascal, fueron hallados asesinados en zona rural del mismo municipio. El 9 de junio de 1988, los campesinos SERGIO ENRIQUE CASTELLANOS de 21 años y JUAN CARLOS CASTELLANOS, fueron asesinados cuando unos sujetos les dispararon en zona rural del municipio. Entre 1989 y 1990 los pobladores de la hacienda Bellacruz ocuparon dos veces las instalaciones del Incora y la Caja Agraria para denunciar su desalojo por parte de Carlos Arturo Marulanda42. La consecuencia de aquellas luchas de 1989, fue la división que hizo el Incora de la hacienda en tres partes: de un lado, unos predios fueron declarados baldíos; otras posesiones se compraron a los Marulanda, y por último se declaró que otro segmento de la hacienda era propiedad exclusiva de la familia Marulanda Ramírez. El resultado de este acto administrativo, fue la migración de muchas familias campesinas hacia la zona, pues los trabajadores rurales de otras partes del Magdalena Medio, creían que con la adquisición de predios rurales por parte del Incora se harían a la parcela que buscaban desde hace tantos años43. El testimonio de un campesino desplazado de la hacienda nos dice que en el año de 1989 esas tierras eran de la nación, y que el Incora pronto escrituraría dichos terruños:

“Yo llegué a la hacienda Bellacruz el 9 de abril de 1989, cuando me dijeron que había ahí unas tierras baldías, que estaban desocupadas, que eran puro rastrojo, con el pensado de hacer unas parcelas y que Incora nos iba a escriturar esas tierras como nos habían prometido.

39 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Comunicado a la opinión pública. Bucaramanga, 9 de octubre de 1987. 40 Comunicado de la coordinadora obrera, campesina y popular del Cesar. Julio 22 de 1987. 41 PROYECTO CNM. Testimonio de María Lobo. Referencia 05110002. 42 Este dato es tomado de las investigaciones de PRADA, Esmeralda. “Luchas campesinas e indígenas” En: ARCHILA Mauricio, DELGADO Álvaro, GARCÍA Martha y PRADA Esmeralda. 25 años de luchas sociales en Colombia. CINEP, Bogotá, 2003. p. 133. 43 Declaración de la subgerente jurídica del Incora ante la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 1997 MP. Alejandro Martínez.


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Hicimos las parcelas. Yo cerqué la parcela mía con alambre, la sembré en plátano, yuca, árboles frutales, un lotecito de caña de azúcar y tenía el ganadito en buen pasto. Duramos siete años trabajando ahí”44.

Según este testimonio, hasta el año de 1990 los campesinos esperaban la adjudicación de tierras del Incora y le solicitan al instituto que realizará pronto el estudio de los títulos para la respectiva entrega. Alrededor de 424 familias radicaron su solicitud ante el ente administrativo para que reparta los terrenos de la Bellacruz. El cuadro que sigue reseña el número de peticiones por municipio.

CUADRO No. 1: Peticiones hechas al Incora por campesinos entre 1985 y 1987

MUNICIPIO DE PELAYA NUMERO DE FAMILIAS

FECHA

Caño Alonso 124 Sep – 19 –

1985

Bobali 23 Ago – 27 –

1986

Bobali 23 Ago – 26 –

1986 El Vergel 17 Jun – 20 – 1987

Manjarres 9 Nov – 25 –

1987

Manjarres 15 Nov – 24 –

1987 MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE

NUMERO DE FAMILIAS

FECHA

San Sebastián 33 Feb- 13 – 1986

El Recreo 16 Mar – 20 –

1986

La Isla 12 Ago – 16 –

1986

Ciénaga de Cristo 13 Ago – 17 –

1986

Hacaritama 22 Mar – 09 –

1988 El Refugio 57 Abr – 10 – 1988

MUNICIPIO DE LA GLORIA

NUMERO DE FAMILIAS

FECHA

Bobalí 24 Ago – 28 –

1986

El Limón 33 Feb – 20 –

1987 FUENTE: El Diario Vallenato. 12 de julio de 1988 Por aquel entonces, el Incora estaba obligado a comprar las tierras ocupadas por los campesinos, de tal manera que eran ellos mismos quienes dinamizaban la compra de tierras por parte del gobierno central. Este hecho nos conduce a asegurar que es errado

44 “Testimonio de un desplazado”. Tomado de: Éxodo. Septiembre-Octubre. 1996. No 3. p. 27.


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sostener, como lo hace la familia Marulanda, que los pobladores son invasores y merecedores del castigo impuesto por la legislación penal. Los campesinos son en realidad poseedores de tierras pertenecientes al Estado y posibles adjudicatarios de las mismas. La familia Marulanda perdió sus derechos, los cuales en verdad nunca tuvo, a causa de la improductividad de las tierras que sólo tenían una cerca y no eran explotadas en actividades económicas, sino dedicadas simplemente al engorde, esto muestra un elemento importante de la problemática de la tenencia de tierras, que sustenta la acumulación en manos de terratenientes para hacer ejercer un control territorial, económico y político sobre la región. La lucha de los campesinos de la Bellacruz es la lucha constante de los pobladores rurales desposeídos, que buscaban tener unas condiciones de vida digna, mantener sus economías campesinas, y las relaciones socioculturales que habían entablado con la tierra. En 1994, el Incora continuó la labor de saneamiento de los títulos de la hacienda Bellacruz, y el 20 de abril del mismo año el Instituto reconoció que los campesinos asentados en esas 2.000 hectáreas eran legítimos poseedores mediante la resolución 1551 de 1994, a la cual se le interpuso recurso de reposición y sería reconfirmada por la misma entidad gubernamental en el año de 1996 a través de la resolución 01125, que le permitía a los poseedores de esas tierras quedarse sin el temor de ser desalojados por la policía y el ejército. Podría pensarse que la lucha de los pobladores de la hacienda había terminado, pues al fin el Estado central en cabeza del Incora, dejó de mirarlos como usurpadores y les reconoció los derechos que les habían sido arrebatados por el gamonal Marulanda Grillo. Destrucción, abigeato y desplazamiento forzado Ante la negativa del Incora para revocar la anterior resolución, las vías de derecho se consideran agotadas y se da paso a las vías de hecho, para mantener el orden consolidado por los poderes regionales en contraposición directa con el poder central, representado por el Instituto. Los señores locales no aceptan el éxito de la lucha de los campesinos, así que deciden acabarlo por medios no convencionales y recurren al paramilitarismo, es así como “la familia Marulanda apeló a Mancuso para desplazar y asesinar a los campesinos que habitaban los predios de la Bellacruz”45, con el apoyo de las fuerzas militares quienes consideraban a los lugareños como borregos ideológicos del ELN como lo dice en el informe militar sobre el caso de la hacienda Bellacruz: “El cartel del ELN en su afán de mantener su accionar terrorista ha utilizado estrategias tales como tratar de convencer a los campesinos sobre la necesidad de luchar por obtener cambios agrarios, para ello adoctrina y recluta pobladores rurales”46. Los campesinos conformaron unas veinte veredas donde desarrollaron diferentes cultivos y actividades de pequeña ganadería para el intercambio entre los miembros de la misma comunidad47. Los habitantes asentados en las tierras de la Bellacruz llevaban muchos años trabajando la tierra, hasta que el 14 de febrero de 1996 en horas de la noche cuatro camionetas, con veinte hombres armados dentro de cada una llegaron a la vereda Trocadero, golpearon a las mujeres, ancianos y niños, quemaron las casas, destruyeron los cultivos, decomisaron los animales y robaron dinero; después de dejar su estela de destrucción y humillación se fueron a otra vereda para continuar con sus acciones de expoliación.

45 PROYECTO CNM. Testimonio octubre de 2006. 46 Informe del ejército nacional sobre el caso de la Hacienda La Bellacruz. p. 3. s.f. 47 PROYECTO CNM. Testimonio de doña Maria Luisa, Hacienda la Miel, junio de 2002


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Aunque dentro de la zona existe un campamento militar situado a tres kilómetros de Trocadero, y a seis kilómetros de la misma zona se encuentra la base militar Héroes de Corea48, ninguno de los dos hizo nada, ni oyó nada, ni intentó nada contra la incursión paramilitar, es más, según algunos testimonios:

“Mientras este grupo realizaba el desalojo, una patrulla del ejército nacional caminaba a 100 metros detrás de ellos. Ante el clamor de las familias de protección, los soldados manifestaron que estaban en desventaja con los paramilitares, pues mientras éstos se transportaban en camioneta ellos iban a pie”49.

Los paramilitares amenazaron a los campesinos con la muerte si no se retiraban por los menos a 100 kilómetros de la hacienda, no importaba que esos terrenos estuvieran a nombre del Incora ni que se les hubiera adjudicado a los pobladores rurales; la familia Marulanda no reconocía esa posesión y envió un escuadrón para mantener la subordinación: “nos decían que cumplían órdenes de Carlos Arturo Marulanda que reivindicaba las tierras como suyas”50. Algunos testigos de la operación paramilitar dicen que reconocieron varios efectivos militares acantonados en la zona. Un poblador expulsado cuenta que:

“Yo estaba escondido al pie de la carretera cuando vi que se encontraron con el ejército. Por eso es que yo sostengo que son parte del ejército, porque yo vi cuando se saludaron de mano y charlaron más de cinco minutos. El ejército se regresó y el grupo paramilitar volvió a la vereda”51.

De esta forma se desplazaron 287 familias hacia los pueblos vecinos, unos se hospedaron en el albergue campesino de Pelaya y allí continuó la agresión de los paramilitares quienes a cada momento les recordaban a los refugiados sus amenazas si insistían en sus denuncias, que fueron dirigidas a distintas instituciones nacionales e internacionales. Ante el peligro persistente, la comunidad de desplazados decide trasladarse a Bogotá para efectuar una toma y obligar al gobierno nacional a que les dé una solución definitiva. Después de 33 días, el gobierno se comprometió, entre otras cosas, a la adjudicación y titulación de los terrenos baldíos de la mencionada hacienda a unas 170 familias que los ocupaban y que fueron desplazados por los paramilitares; también prometió brindar seguridad a los campesinos. Así, la estrategia de resistencia ante los múltiples atropellos cometidos por los paramilitares, es la toma de instituciones oficiales con el fin de obligar al gobierno nacional a actuar en pro de una solución definitiva del problema, que en últimas, consiste en el cumplimiento de las resoluciones del Incora y en que tanto las fuerzas armadas como las de policía, cumplan con el deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos residentes en el territorio nacional. Se debe resaltar que las recuperación de tierras realizadas por los campesinos tenían como objeto exigir su derecho de propiedad de la tierra y el respeto por la vida, ya que las autoridades municipales no eran capaces de proteger las movilizaciones que estos

48 http://www.amnesty.org/library/index , 1997. 49 http://www.amnesty.org/library/index , 1997. 50 Tomado del testimonio de Raúl Emilio Ramos recogido por Luis Guillermo Pérez. En: http://www.inti.be/ecotopie/pazbella.html. 51 Testimonio tomado de: Éxodo. Septiembre-Octubre. 1996. No 3. pp. 27.


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intentaban desarrollar en sus veredas y municipios, por el contrario reprimían sus iniciativas con la violencia; o por el dominio de los mandos locales y los grandes gamonales apoyados por el ejército colombiano. Así pues, la toma de tierras se convirtió en un recurso que buscaba dar una salida al problema de la acumulación y distribución inequitativa de tierras en la región. Los habitantes de la hacienda Bellacruz expulsados por la familia Marulanda se tomaron la sede del Incora, en Bogotá, a la espera de que el gobierno los atendiera en forma expedita. Sin embargo, permanecieron durante 33 días continuos sin recibir ningún tipo de ayuda del Estado. Se sostuvieron con la ayuda que les proporcionaban las distintas organizaciones de derechos humanos y sindicatos solidarizados con la causa de los campesinos. Después de varios acercamientos, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los campesinos en donde se adujo: “se acordó la creación de una comisión de verificación y acompañamiento, integrada por representantes de varios ministerios, órganos de control como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y gerencia general del Incora”52. También el Ministerio de Defensa Nacional se comprometió con los campesinos a contrarrestar las correrías de los grupos paramilitares: “a través de la primera División del Ejercito Nacional y la Inspección general de Policía se reestablecerá el orden público mediante operaciones tendientes a neutralizar la presencia de grupos armados ilegalmente, tales como los que agredieron a los campesinos el 14 de febrero en diversas veredas de la Hacienda Bellacruz”53. Los pobladores rurales esperanzados, decidieron volver al Sur del Cesar, y se instalaron de nuevo en la casa campesina de Pelaya a la espera de que los topógrafos contratados por el Incora hicieran las respectivas mediciones, con las cuales se podían hacer las adjudicaciones para cada una de las familias. Las promesas del gobierno central no fueron cumplidas, pues un oficial del ejército les comunicó a los campesinos que debían esperar porque había combates en la zona, y no se habían podido iniciar las mediciones; tiempo después el mismo oficial del ejército les dijo que los topógrafos se habían ido y no iban a hacer las mediciones. Los campesinos fueron a la personería de Pelaya donde les informaron que los peritos habían sido amenazados por grupos paramilitares y que ellos jamás volverían para hacer las mediciones. Mientras los campesinos estaban en el albergue de paso, en Pelaya, asesinaron a siete de sus compañeros de la región. Lo anterior motivó un comunicado de ANUC-UR donde denunciaban los incumplimientos de los acuerdos, junto con las consecuencias que acarreaba en los ciudadanos la falta de compromiso del órgano central con este tipo de pactos consensuales, pues dentro de la comunidad rural se afianza el imaginario de la rebeldía al Estado, ya que la única actuación es la omisión de las acciones en procura de defender los intereses de los ciudadanos. No de otra forma puede entenderse el comunicado de la ANUC cuando afirma:

“Nos preguntamos, ¿qué clase de hechos necesita el gobierno para intervenir y poner freno al terror? ¿Acaso es necesario que se presenten masacres en incalculables proporciones para responder y cumplir los acuerdos firmados? El campesinado del Sur del Cesar ha expresado su vocación pacífica y su confianza en el Estado colombiano, sin embargo, desde el 13 de abril, los campesinos se mantienen en un refugio provisional a la espera del cumplimiento de unos acuerdos que cada día

52 Comunicado a la Opinión Pública realizado por las ONG’s veedoras de los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y los campesinos desplazados de la Hacienda Bellacruz, 1 de agosto de 1996. 53 Alternativa, septiembre de 1996. No.2. p.33.


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son más remotos, expuestos a la acción criminal de estos grupos armados”54.

Reacción criminal a la movilización campesina El 14 de marzo de 1996, mientras los campesinos firmaban los acuerdos con el Incora para la titulación de tierras, los paramilitares llegaron a la hacienda Bellacruz y quemaron los escasos ranchos que aún quedaban en pie. El accionar paramilitar no se detuvo allí, ya que dichas actuaciones se enfocaban en acabar con todos aquellos pobladores que habían participado de la ocupación pacífica de las instalaciones del Incora, en la ciudad de Bogotá, por parte de unas 170 familias campesinas, luego de ser desalojadas por grupos paramilitares, de los predios de la hacienda Bellacruz, ubicada en jurisdicción de Pelaya. Las víctimas residían en los municipios que abarca la hacienda: La Gloria, Tamalameque y Pelaya y todos están relacionados con los sucesos antes descritos. Dos meses después de la firma de los acuerdos con el Incora, el 1 de mayo de 1996, el joven LUIS SEGUNDO TORRES, fue encontrado asesinado con huellas de tortura en el corregimiento La Mata, municipio de La Gloria. El día anterior, había sido llevado a la fuerza del corregimiento San Bernardo, en jurisdicción de Tamalameque. Luis Segundo había participado en la ocupación pacífica de las instalaciones del INCORA, en la ciudad de Bogotá. Días después, el 6 de mayo, el campesino EDISON DONADO, fue asesinado y su HIJO de dos años, fue herido por paramilitares, en momentos en que se encontraba reunida la familia, en el corregimiento San Bernardo, en Tamalameque. Dos días después del asesinato de Edison, el 8 de mayo, fue asesinado en el mismo municipio JAIME LAGUNA por hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Edison Donado desde un testimonio “(…) Al otro día mataron a Edison Donado, que apenas llegaba a los veinte años, tenía dos niños pequeños. Seis sicarios llegaron a las ocho de la noche en una camioneta, se bajaron cuatro y se entraron a la casa. Estaba acostado con el niño mayor que tenía dos años, la señora estaba con su bebé de meses en los brazos y dos hermanos estaban viendo televisión. Los hicieron acostar en el piso y se entraron a la pieza donde estaba durmiendo su niño. Le dijeron “guerrillero hijueputa, te vamos a matar”. Le dispararon sin importarles que tuviera el niño en sus brazos. El niño recibió un disparo en un bracito, Edison murió en el instante y el pequeño rodó por el piso, el cuerpo le cayó encima. En la noche casi muere el bebé porque no encontraron carro para llevarlo a un centro médico donde pudiese ser atendido. No pude ir al entierro pero fui al velorio, el bebé estaba todo amoratado del golpe que se dio al caer al piso, con su brazo herido vendado. El padre de Edison parecía enloquecer, su madre no podía detener el llanto y la joven viuda no podía ni hablar. Al día siguiente en el centro de Pelaya, a la una de la tarde los paramilitares en el colmo de su locura asesina, tomaron de los cabellos a un joven parapléjico del pueblo que pedía limosna desde su silla de ruedas, lo lanzaron al piso y le pegaron varios disparos que le segaron la vida mientras lo acusaban de ser colaborador de la guerrilla. En los mismos días desaparecieron a otro compañero y asesinaron a otros dos”. FUENTE: Testimonio de Raúl Emilio Ramos en http://www.inti.be/ecotopie/pazbella.html.

54 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Comunicado, mayo 8 de 1996.


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Jaime Laguna Collazos, el maestro parcelero “Jaime Laguna, otro amigo inseparable, parcelero también y profesor de los niños de la vereda de Guitarrilla, lo mataron el 8 de mayo de 1996. Jaime ese día terminó de dar clases al medio día, él vivía en San Bernardo y se desplazaba en bicicleta. A su regreso dejaba una niña en su casa, ese día vio dos hombres en una motocicleta Suzuky, sin placas, estacionados en el paso nivel del ferrocarril. Preguntó al padre de la niña que qué hacían esas personas allí, él le contestó que parecían que esperaban a alguien porque hacía rato se habían parqueado. Jaime se echó la bendición y tomó el camino a su casa. Los hombres lo hicieron bajar de la bicicleta y sin mediar palabra le pegaron cinco tiros en la cara. Yo estaba en el albergue, a los diez minutos del atentado me llamaron para contarme que a Jaime lo habían matado. Jaime era un muchacho bien preparado, lo conocí desde que llevaba pantalón corto. Fue hijo único, su mamá también se está muriendo de tristeza. Dejó una viuda y cuatro huerfanitos, quedaron solos, sin ningún amparo. Lo mataron para obligarnos a ir a su velorio, porque lo sabían nuestro amigo, nos tenderían una emboscada. Me dolió no despedirlo, yo iba a ir pero mis compañeros me bajaron del carro, una amiga llegó a avisarnos que en la carretera los asesinos de Jaime estaban merodeando. Todos los asesinatos me han dolido, me han afectado, pero el asesinato de Jaime es como si me hubieran acribillado el corazón, me duele, me desangro de pena.” FUENTE: Testimonio de Raúl Emilio Ramos en http://www.inti.be/ecotopie/pazbella.html. En el municipio de Pelaya, el campesino minusválido y vendedor de lotería BELISARIO SUMALAVE fue asesinado el 10 de mayo de 1996. Continuando esta lógica, el 20 de mayo de 1996, el comerciante TULIO ANGARITA, fue asesinado por paramilitares. Ya antes de los hechos de la toma del Incora, en este municipio se había desplegado la actividad de los grupos paramilitares al servicio del entonces embajador en Bélgica ante la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda los cuales habían tomado como centro de operaciones la hacienda la Bellacruz. La única respuesta que obtienen las denuncias de las víctimas es la pasividad y omisión de la fuerza pública.

¡Hay que huir de Pelaya!

“(…) pues la situación fue que nos tocó salir corriendo, desplazarnos como se dice, ya estaba empezando el fenómeno del desplazamiento y nos toco venirnos para Bogotá. Allí nos refugiamos donde unos familiares y la ANUC nos reubicó nuevamente en el campo, después de pedir el consentimiento de la comunidad que ya estaba organizada en esta región. Pero al principio todo esto fue duro, porque la verdad nosotros no teníamos nada solamente nos vinimos con la ropa y pasamos muchas necesidades en Bogotá”. “(…) nosotros tenemos una hermana que no vive con nosotros y tenemos un hermano a quien le toco irse del país porque lo buscaban como aguja para matarlo. Él era líder campesino. Hoy en día se encuentra refugiado en otro país. Él era Personero en Pelaya y trabajaba con la Alcaldía al servicio de las comunidades más necesitadas. Uno de sus trabajos había sido el encargado de organizar la encuesta para el SISBEN y la adjudicación de los respectivos carnés. Siempre trabajando para la comunidad con un sentido de honestidad y compromiso. Por todos estos antecedentes tuvo que irse”.


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FUENTE: Testimonio de un habitante de la hacienda Bellacruz. Ante la gravedad de los hechos, el 27 de mayo de 1996 los pobladores de estos predios deciden volver a la capital para pedirle al gobierno que cumplierá con los acuerdos y obligue a la fuerza pública a cumplir con sus deberes constitucionales. La “retoma” del Incora dura 17 días en unas condiciones paupérrimas con el hacinamiento de mujeres, hombres y niños, quienes duermen en colchonetas o en el piso, en algunos empiezan a aparecer graves trastornos sicológicos como consecuencia la imposibilidad de la readaptación, etc. El ministro del interior decide intervenir en el asunto, y de nuevo se firman acuerdos con los campesinos de la hacienda La Bellacruz; así pues, se levanta la toma y se decide trasladarlos en un hospedaje de manera temporal, mientras se consiguen las tierras para, reubicarlos pues no se les puede garantizar su seguridad en el Sur del Cesar. Entretanto, los campesinos que se quedan en Pelaya son hostigados tanto por el ejército como por los paramilitares, quienes reciben su entrenamiento en los mismos predios objeto de la disputa, es decir, en la hacienda Bellacruz. Algunos casos reseñados en torno a esta dinámica son los ocurridos el 10 de febrero de 1997, cuando los campesinos de la vereda Seis de Mayo, MARTÍN NN y GUILLERMO VIVEROS de 25 años, otro HOMBRE y el religioso ANDRES RANGEL, fueron asesinados por integrantes del grupo paramilitar que tiene como base la hacienda Bellacruz en Pelaya. De igual manera, el 7 de marzo de 1997 hacia las 4:00 p.m., la campesina CARMEN ROSA MANOSALVA de 34 años, fue asesinada luego de ser abordada por integrantes de un grupo paramilitar. Su cuerpo fue hallado posteriormente en un paraje despoblado de la zona rural. Al igual que en ocasiones anteriores, el gobierno nacional incumplió con el albergue provisional, así que de nuevo se hizo una toma pero esta vez a la Defensoría del Pueblo. En esas instalaciones se retornó al hacinamiento, incluso cinco mujeres en estado de embarazo tuvieron sus niños allí. La situación era desesperada. Sin poder regresar a su lugar de origen, sin lograr ser instalados en otro lugar, con el peso de ser rechazados por las autoridades departamentales y municipales en donde los intentaron hospedar, no quedó más lugar que la amargura, así lo expresa un campesino de la Bellacruz, quien fue víctima una y otra vez de esta historia injusta:

El precio del estigma ¿Cuándo nos van a reubicar? Ya hemos tenido bastante sabiendo que a nuestras tierras no podemos volver. ¿Adónde vamos a ir? A la gente le da miedo hablarnos. Porque con tanta propaganda que han hecho en nuestra contra diciendo que somos guerrilleros, nadie quiere exponer su vida hablando con guerrilleros o prestándole un servicio a un guerrillero. Mataron a un carnicero en Pelaya solamente porque nos vendía la carne y nos regalaba el hueso para hacer sopa, en el albergue donde nos concentró el gobierno, por la misma razón, mataron a un tendero que nos fiaba el mercado y nos regalaba queso. ¿Cuánto hemos perdido nosotros? ¿Quién nos restablecerá la estabilidad perdida? ¿La salud perdida, las vidas perdidas? Hay muchos que pueden comenzar desde cero, yo ya estoy viejo, he comenzado muchas veces desde cero, ahora las fuerzas me empiezan a faltar, no tengo una pensión, no tengo ahorros y todo lo que me quedaba lo quemaron en Bellacruz. (…) Claro me queda una meta, un compromiso. He visto correr delante de mis ojos tantas injusticias, tantas otras he sufrido en carne propia; que a mi edad si muero luchando por


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los campesinos, por mis compañeros, por mis amigos, moriré mejor que si muero de viejo. Por eso he dicho todo lo que he dicho en este relato, lo repetiré cuantas veces sea necesario. Yo pierdo menos que otros compañeros, Dios no me quiso habilitar para ser papá, no tengo hijos, ni viuda que me llore. Por eso y porque nunca me han gustado las injusticias, mientras tenga voz hablaré, mientras pueda escribir escribiré, mientras pueda denunciar, denunciaré. Mientras pueda vivir, viviré. Le tengo apego a la vida, pero a morir no le tengo miedo, porque he sido un hombre honrado.” FUENTE: Testimonio de Raúl Emilio Ramos

De La Bellacruz a La Miel, una solución insatisfactoria El gobierno se comprometió con los campesinos a conseguir un albergue provisional, mientras el Incora compró nuevas tierras donde establecerlos de manera definitiva. El sitio escogido como residencia temporal por el ministerio del Interior fue un hotel del municipio de La Mesa, Cundinamarca; allí se alojaron durante 90 días. Sin embargo, la gobernadora del departamento comenzó a hacer una serie de acusaciones contra los pobladores del Sur del Cesar y convenció a las autoridades de distintos municipios de que ellos eran guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. Para protegerse de una supuesta perturbación del orden público, los mandatarios locales con el apoyo de la gobernadora enviaron una carta al ministerio del Interior rechazando la presencia de los campesinos desplazados de La Bellacruz. Al mismo tiempo, fomentaron paros cívicos y tomas de las carreteras de acceso al pueblo con el fin de no permitir el hospedaje de las familias campesinas. Así, los campesinos de La Bellacruz se convirtieron en exiliados dentro de su propio país. ANUC-UR en un comunicado del 23 de agosto de 1996 le dijo a la opinión pública que:

“Las comunidades campesinas desplazadas de La Bellacruz, también son ciudadanos colombianos con plenos derechos de estar en cualquier rincón del territorio nacional, como la única solución que el gobierno nacional presentó ante el alto grado de violencia y su incapacidad de restablecer el orden público en la región, y de desalojar los grupos armados ilegalmente que desplazaron a las comunidades que hoy están asentados en la Hacienda La Bellacruz”55.

Este comunicado fue una respuesta a las declaraciones dadas por la gobernadora de Cundinamarca que en una importante cadena radial tajantemente decía: “(…) A ver, yo le pregunto si usted después de arreglar su casa, de organizarla y todo, invitaría a unas personas que usted no quiere invitar, que le parece inconveniente, ¿los invitaría a su casa? Hemos gastado todo el presupuesto del departamento dándole un poco de seguridad al departamento, implementando medidas… Es que en Cundinamarca no tienen cabida, es que nuestros problemas ya de por sí son sumamente graves para acrecentarlos trayendo problemas de otros departamentos…”56. Ante la resistencia local al hospedaje de los agricultores, el gobierno nacional adquirió las tierras de la hacienda La Miel y Los Cámbulos (Tolima) donde reubicó a las familias desplazadas el 29 de diciembre de 1996. Sin embargo, estos terrenos no alcanzaron para todos los beneficiarios, pues de las 120 familias que aceptaron reinstalarse en el

55 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Comunicado, agosto 23 de 1996. 56 Declaración de Leonor Serrano de Camargo extractada de la sentencia T-227/97 M.P. Martínez.


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departamento del Tolima, todavía 10 familias esperaban la adjudicación de tierras57. Además de que la tierra no era suficiente para todos, los problemas de convivencia entre los asentados en la hacienda La Miel eran múltiples, pues los terrenos no tenían servicios públicos, ni había en ellos ningún tipo de construcción para ser ocupada por las personas albergadas allí; por eso doña Maria Luisa dice:

“No entiendo por qué el gobierno quiere cobrarnos por estas tierras si aquí no hay nada; además vivimos muy cerquita todos, y eso ha generado problemas de convivencia, usted entiende, no es lo mismo vivir al lado, que como vivíamos antes por lo menos a cinco minutos del vecino”58.

De otra parte, las noticias de las familias campesinas asentadas en la hacienda Los Cámbulos no eran halagadoras, ya que los lotes no tenían el mismo grado de fertilidad de los que se apropió la familia Marulanda para ampliar ilegalmente La Bellacruz, pues el humus de la tierra desapareció a causa de la avalancha de lodo y piedra del año 1985. Así, los campesinos vieron que en los terrenos que les fueron asignados, la productividad de la tierra era menor, y con ella, la posibilidad de participar en los programas de cooperativas del Incora, o en los proyectos de desarrollo autosostenible financiados por organismos multilaterales. La frustración fue inmediata cuando los campesinos vieron imposible la reconstrucción del modo de vida que llevaban en el Sur del Cesar. Ahora dependerían de la caridad pública o de las donaciones “de las personas de buen corazón” que se molestaran en mirar a aquellos dolientes desterrados, y no de su propio trabajo. Con mucha razón anota doña Maria Luisa:

“es que esa tierra está lavada, no se puede hacer nada, y algo que entristece al campesino es ver la tierra sin vida, pues el campesino cultiva para ver nacer, pues de eso vivimos, pero cuando la tierra no da nada ¿cómo vamos a vivir?”59.

La Impunidad brilla más que el sol en Colombia60 Después del desplazamiento, asesinato, tortura y desaparición de cientos de campesinos, las comunidades reciben la noticia de la captura y posterior extradición del señor Carlos Arturo Marulanda en el 2002. Parecía que al fin se iba hacer justicia y que el estado colombiano sancionaría al señor marulanda, puesto que los cargos formulados por la fiscalía eran muy graves, y si al señor Marulanda Ramírez se le comprobaba uno solo de ellos, podría pasar una larga temporada en la cárcel. Sin embargo, la terminación del período de Alfonso Gómez Méndez como fiscal de la nación también lleva a la terminación del proceso contra Marulanda. Con nuevas ideas sobre los derechos humanos, el fiscal entrante Luis Camilo Osorio, consideró que ese tipo de acusaciones carecían de fundamento, pues lo que se esconde detrás de las supuestas violaciones de derechos humanos es “una propaganda subversiva” y deja entrever la posibilidad de una infiltración de la guerrilla en este tipo de casos. Con estos presupuestos en la cabeza del fiscal

57 Cfr. Comisión Colombiana de Juristas. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario. Bogotá, 1997. p. 51. 58 PROYECTO CNM. Testimonio de doña Maria Luisa, Hacienda la Miel, junio de 2002 59 Ibíd. 60 Este título es el encabezado de un Comunicado de ANUC-UR que rechaza la libertad del ex embajador Carlos Arturo Marulanda, ver http://www.nodo50.org/colrefe/den_anuc-ur.htm


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Osorio, no era posible esperar una conducta diferente de sus subordinados, así en el mes de noviembre del año 2002, el fiscal resolvió precluir la investigación y dejar libre a Marulanda Ramírez. De esta manera la impunidad volvía a caer sobre los hombros de los campesinos de La Bellacruz, ya que el Estado fue incapaz de reintegrarlos a sus tierras, el movimiento campesino fue exterminado totalmente en la región y uno de los responsables de esta tragedia fue dejado en libertad pese a las pruebas que se habían reunido en su contra y a las familias que habían sido victimizadas y desplazadas, sin ser por lo menos llevado a juicio. Lo anterior, lleva a la ANUC-UR a decir que:

“Las familias desplazadas expresamos nuestra más enérgica indignación, y rechazo a esta decisión de descalificar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que fueron efectuados en la hacienda La Bellacruz y sobre los cuales existen pruebas”61.

Con esa decisión del aparato judicial colombiano se ratificó lo sucedido en el Sur del Cesar y se mostró la cara más descarnada del Estado colombiano que sólo defiende a unos pocos y desampara a la gran mayoría de la población. Lo sucedido con los campesinos desplazados es una muestra de la incomodidad que le causa al Estado colombiano, el movimiento social y la lucha por los derechos, y al mismo tiempo evidencia un Estado al servicio de un modelo de dominación social que se encarna en la gran propiedad de la tierra y su indolencia y falta de reacción ante el recurso del paramilitarismo por parte de las elites regionales.

TRABAJADORES Y SINDICATOS DE LA INDUSTRIA DE PALMA AFRICANA

En el Sur del Cesar, podemos identificar dos complejos agroindustriales de la palma africana: uno, ubicado en San Alberto, Industria Agraria La Palma, Indupalma y, el otro, en San Martín, Palmeras del Cesar. Ambas industrias han sido creadas por inversionistas privados, muy ligados a la gran propiedad terrateniente de la zona. “Esta industria es oligopólica en cuanto a la producción, a los precios, a las inversiones y a la generación de empleos”62. A su vez, estas agroindustrias han sido escenario de pugnas entre el sector sindical y el patronal en cuanto las condiciones de trabajo de los primeros son las adecuadas, tal como ha sido “notorio en estas empresas palmeras, las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados, por grupos paramilitares y fuerzas armadas, que causan crímenes, torturas, desplazamiento forzado, desapariciones de dirigentes y trabajadores de base”63. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Industria Agraria La Palma, Indupalma, en San Alberto La Empresa Indupalma surgió como una alternativa para enfrentar la dificultad de importar materias primas para la producción de aceites, en la década de 1950; razón por

61 Comunicado de la ANUC-UR de noviembre 2 de 2002 en la página web http://www.nodo50.org/colrefe/den_anuc-ur.htm 62 Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio –PDPMM-. Aproximación a la realidad del Magdalena Medio. Op. cit. p. 34 63 Ibíd.


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la cual los dueños de Grasco, empresa Colombiana dedicada a la producción y comercialización de aceites, deciden invertir en una gran plantación de palma africana cuyo establecimiento se da en el departamento del Cesar, pues de acuerdo los estudios de suelo realizados hasta la época eran los predios más aptos para el montaje de dicha plantación. Finalizando la década del cincuenta, Morris Gutt fue el empresario que identificó el terreno más propicio para desarrollar el cultivo de palma que tenían en mente los propietarios de Grasco, que era en su mayoría era selva de bosque primario. El complejo Industrial para la explotación de la palma africana se constituyó en una extensión superior a las 10.000 hectáreas de tierra, ubicadas en el municipio de San Alberto, en el sur del Departamento del Cesar, región del Magdalena Medio colombiano. La vegetación nativa de los suelos de San Alberto desapareció a finales de la década de 1950 a causa de la adecuación de las tierras para dar paso a la plantación de palma africana, y para ello se construyó la planta de extracción de aceite de palma Indupalma. La erradicación de la selva en aras de la construcción de la plantación llevó a los propietarios de Grasco a enfrentar una gran cantidad de desafíos prácticos, entre ellos, emprender la tarea de tumbar selva y sembrar palma; también interactuar con los agricultores y colonos residentes en las tierras cesarenses. Una de las personas encargada de manejar estas relaciones fue José Joaquín Ortiz Duarte, conocido como “el Administrador” y posteriormente, como “El Capitán Tinieblas”64. Ortiz Duarte empezó a trabajar con Indupalma en los primeros años de funcionamiento de la empresa y vivió en la plantación como funcionario de la misma, especialmente trabajó como jefe de Relaciones Industriales hasta 1977, año en que se retiró. Los trabajadores a menudo hacían comentarios sobre sus acciones y gestión, decían que “no reparaba en detalles o delicadezas para hacer el trabajo que se le encomendaba”. Fue responsable de la adquisición de la mayoría de las tierras para la empresa y algunos de los habitantes de San Alberto le acusan de haber desalojado violentamente a muchos de los colonos y jornaleros que se resistían a vender. La actitud violenta con que solía resolver los problemas le granjeó el merecido apodo de “Capitán Tinieblas”.65

José Joaquín Duarte, “El Capitán Tinieblas”

Los comentarios y relatos históricos de los habitantes San Alberto sobre la fundación del complejo industrial Indupalma cuentan “que por allá en 1958 llegó a esta región un hombre que portaba bajo el brazo una máquina de escribir acompañado de dos individuos cuyo aspecto solía recordar las películas de pistoleros. Venía enviado por el industrial Morris Gutt y su misión era la de conseguir tierra a como diera lugar para establecer una plantación de palma africana. Después de haber sembrado el terror a través de sus dos matones a sueldo y con base en falsas promesas de compra que de hacerse efectivas no pasaban de quinientos pesos, este individuo logró arrebatar en un principio tres mil hectáreas a los colonos de San Alberto. Su nombre: José Joaquín Ortiz Duarte, político fracasado en Santander, poseedor de una negra historia como jefe de una banda de chulavitas que asoló e incendió los municipios liberales de Concepción y Cerritos”. FUENTE: Alternativa No. 126 agosto 8-15 de 1977. Pág. 16,17.

64 “La República Independiente de Indupalma”. En Alternativa No. 126 agosto 8-15 de 1977. Bogotá. p. 16, 17. 65 Ibíd.


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Para la década del sesenta el país sobrellevaba una situación económica compleja debido al posicionamiento de las grandes multinacionales que influyeron notablemente en la economía nacional. Con la intervención del capital extranjero también llegaron nuevas formas de explotación, como es el caso de la empresa fundada por el señor Morris Gutt “Indupalma S.A.”, institución que se configuró rápidamente como uno de los proyectos más productivos que ha tenido el país en el ámbito de exportaciones con el cultivo y comercio de Palma Africana. La empresa Indupalma comenzó a consolidarse a partir de 1961 con el nombre de Industrial Agraria La Palma, Indupalma S.A., empresa dedicada exclusivamente a la producción y comercialización de aceite de palma africana. En 1964 la producción de palma africana sale al mercado nacional. Al iniciar la producción en 1964 la empresa contaba con 7.000 hectáreas, 3.000 de las cuales ya estaban cultivadas y más tarde llegaron a representar mas del 70% de la producción de aceite que abasteció al país. En esa época la empresa era conocida como Grasco, entidad financiada con capital de la Alianza para el Progreso y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), quienes poseían más del 80% de las acciones; El 20% restante se hallaba en manos de Carlos Lleras Restrepo, la familia Santodomingo y Morris Gutt como socio mayoritario. Este último fue elegido por el capital monopolístico como agente número uno y fiel guardián de sus pertenencias. El poderío económico de Morris Gutt ascendió hasta tal punto, que al morir era accionista de 18 empresas. Su albacea y abogado de confianza fue nada menos que Carlos Lleras66. El ascenso económico de Gutt contribuyó a que Indupalma se convirtiera en un importante proyecto agroindustrial, lo que se reforzó por medio de acciones tomadas por sus gestores, particularmente aprovecharse de las infrahumanas condiciones laborales y realizar persecución sindical para evitar que los trabajadores se organizaran. No obstante, los afiliados al sindicato aumentaron de un día para otro en un 300%. Las precarias condiciones de subsistencia de los Trabajadores de Indupalma y los inicios de la actividad sindical Los intereses generados a partir de la consolidación de una industria tan productiva como Indupalma, permiten vislumbrar la necesidad de regulación de la estructura laboral de la empresa, con el fin de mantener e incrementar su productividad a costa de la dignidad de los trabajadores, reduciendo sus salarios e incrementando los horarios de trabajo. Poco tiempo después de la época de la violencia, el desempleo en el país se incrementó sobre todo para el sector campesino. Esta situación fue aprovechada por las grandes industrias, ya que sus estrategias se enfocaron al empleo de mano de obra barata, optando por el sistema de contratistas y calanchines que sirvieron como intermediarios entre los trabajadores. Las relaciones laborales se ocultaron tras una forma de contratación civil donde la empresa ponía las herramientas para trabajar, otorgaba el alojamiento y daba el dinero para que un contratista pagara cada quince días a su cuadrilla de trabajadores, aparentemente estos últimos no tenían ninguna relación laboral con Indupalma sino que dependían del contratista, quien les negaba sus derechos a prestaciones sociales y estabilidad laboral, quedando los campesinos sin posibilidad “legal” alguna de reclamar beneficios a su favor.

66 Ibíd.


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Desde sus inicios las plantaciones de Indupalma se constituyeron como una “República Independiente”67. Dadas las condiciones para el desarrollo de una agroindustria lo suficientemente productiva, se precisaba garantizar el “normal” funcionamiento y curso de la producción, razón por la cual no podía permitirse que opositor alguno generara discordia entre los trabajadores y las indiscriminadas disposiciones de la administración, ente que posteriormente tomaría las medidas necesarias para garantizar el orden establecido. Cuando aún no se había iniciado la producción, Joaquín Ortiz Duarte, “capitán tinieblas”, miembro de la junta directiva de la empresa, contrató los servicios de un individuo de su mismo estilo, el Sargento Víctor Manuel Delgado, alias “Mano Negra”, para que se hiciera cargo de la Inspección de policía de la región y del mando de una tropa del ejército pagada por la empresa, encargada de imponer en la plantación la ley del más fuerte68. Los dispositivos de seguridad iban desde la vigilancia al trabajo de los obreros, hasta la infiltración de hombres vestidos de civil que espiaban las asambleas del sindicato e irrumpían de noche en las habitaciones de los trabajadores haciéndolos salir a formar y llevándose a quien les pareciera. Estos espías utilizaban constantemente la extorsión con el fin de exigir 100 pesos por la excarcelación de los trabajadores. Los Orígenes del Sindicato El primer sindicato de Indupalma se originó en los años iniciales del funcionamiento de la empresa: el 23 de julio de 1963. Utrasan, Unión de trabajadores de Santander, tuvo gran importancia en la constitución del primer sindicato de trabajadores de la palma africana69. Isaías Tristancho directivo de Utrasan, describe la forma como nació esta organización social y la situación existente en el contexto de la empresa y en el municipio de San Alberto:

“El poblado de San Alberto era entonces una gran cantina. Lo que hacíamos era traer tres o cuatro borrachos, echarles el cuento y pedirles que firmaran los papeles y después salir a conseguir otros cuatro borrachos… hasta que conseguimos 27 afiliados. Así fundamos el sindicato. En los primeros años, la actividad del sindicato trataba de gestionar conquistas laborales convencionales frente a la empresa. Recuerdo que al principio la relación sindicato-empresa se daba sobre una base bien curiosa: Yo llegaba a negociar y el entonces Director de Plantación, J.J. Pirard, un francés, se sentaba al otro lado de la mesa, sacaba dos revólveres y los ponía sobre la mesa, con el cañón mirando hacia mí, y decía: “Ahora sí hablamos con sindicato”70.

La oleada represiva por parte de los dirigentes de la empresa y el apoyo de su ejército personal, comenzó a preocupar a las organizaciones sociales, debido en gran parte, al estado de desmoralización en que se mantenían los trabajadores de Indupalma. Así, la Unión de Trabajadores de Santander, decidió apersonarse de la situación, respondiendo a la petición que en este sentido le hicieron los trabajadores. “Por su parte, el sindicato tuvo varias épocas: algunos años después de su fundación, se desafilió de Utrasan y

67 Ibíd. 68 Ibíd. 69 Ibíd. 70 Testimonio de Isaías Tristancho recogido del texto ECHEVERRI, Jorge. Apuntes para la siembra de un sueño. Universidad de los Andes. Documento inédito, año 2002.


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adhirió al Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR, después a Festra, y hacia 1973 restableció su vínculo con Utrasan”71. En 1971 fue asesinado el jefe de personal de Indupalma Luis Alejandro Hernández. Por este crimen fueron acusados y juzgados los doce directivos del sindicato72 y la sede del sindicato fue destruida por desconocidos. A pesar de que todos los habitantes y trabajadores de la plantación tenían conocimiento de que el responsable de los hechos era José Joaquín Ortiz Duarte, éste en lugar de ser investigado, comenzó a intervenir en las Asambleas de la asociación sindical y presidió las persecuciones en contra de los sindicalistas. En un aparte del texto de Jorge Echeverri: “Apuntes para la siembra de un sueño”, se especifican las secuelas de la persecución contra los sindicalistas: “Todos los miembros de la Junta Directiva del Sindicato fueron puestos tras las rejas. El autor material resultó ser un conocido carnicero que trabajaba en San Alberto. Luego de arduas investigaciones e incidentes procesales, nuestra lenta justicia penal produjo al fin un fallo condenatorio para algunos y absolutorio para otros. Mientras tanto el sindicato quedó disuelto su personería jurídica fue cancelada, hasta el año de 1974 cuando se conformó de nuevo, con la decidida participación de varias asociaciones afines de Bucaramanga y de activistas tales como Isaías Tristancho y Rodrigo Córdoba. En la interinidad sindical, se firmó un pacto colectivo que reguló las relaciones obrero-patronales por espacio de varios años, hasta 1977”73. El 17 de noviembre empezó en el Palacio Nacional de Pasto la audiencia que decidió la suerte de cinco dirigentes sindicales de la empresa Agraria de La Palma Víctor Moreno, Anaximandro Escobar, Israel George, Isaías Mejía y Víctor Cárdenas que habían permanecido prisioneros durante cuatro años y dos meses sin haber sido juzgados, acusados de haber participado en el asesinato del jefe de personal Luis Alejandro Hernández. La inculpación y procesamiento de los dirigentes sindicales fue, según lo comenta Isaías Tristancho –entonces secretario general de UTRASAN- “una más de las tretas de los directivos de la empresa Indupalma” para frenar las iniciativas y reivindicaciones laborales de los trabajadores. En versión de la Revista Alternativa, para impedir la movilización de los obreros, la empresa urdió “los más macabros planes, salidos del cerebro de Ortiz Duarte. Ya bien conocido es el caso de los cinco dirigentes sindicales que estuvieron presos durante 52 meses, sindicados de haber asesinado a Luis Hernández, quien en ese entonces era jefe de personal de la empresa. Después de salir libres al ser comprobada su inocencia, quedó demostrado que fue una patraña de la empresa para desbaratar la naciente organización sindical, que contando con el respaldo de los trabajadores había comenzado a exigir un trato un poco más humano.74 En 1972 tuvo lugar la ejecución de las políticas de persecución sindical diseñadas por la empresa Indupalma, lo que condujo a una gran cantidad de enfrentamientos entre los trabajadores y representantes de la empresa. A partir del segundo semestre de dicho año, los organismos de la fuerza pública inician una labor de persecución y eliminación de los dirigentes del sindicato de Indupalma con miras a reestablecer “el orden” que consideraban perdido por la aparición de dicha organización. Las acciones de apoyo del ejército a la empresa y en contra del movimiento sindical de Indupalma se encaminaron a la implementación de estrategias como la destrucción del transformador eléctrico que

71ECHEVERRI, Jorge. Apuntes para la siembra de un sueño. Universidad de los Andes. Documento no publicado, año 2002. 72Ibídem. 73Ibídem. 74 Alternativa, No. 126. Agosto 8 – 15 de 1977. p. 16 –17.


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posibilitaba la llegada de energía a San Alberto por medio de varios disparos. Menos de diez minutos después del apagón, un grupo del ejército detuvo a 10 miembros de la Junta Directiva del Sindicato, acusándolos de sabotaje a las instalaciones eléctricas del municipio. Por tales hechos, la empresa destituyó a los trabajadores acusados y les ordenó abandonar la plantación en el menor tiempo posible. Los crímenes y persecuciones en contra de los sindicalistas comienzan con las agresiones cometidas en contra del dirigente sindical de Indupalma VICTOR CARDENAS, en junio de 1972. Víctor fue detenido y torturado por miembros del DAS en el municipio de Aguachica. Durante su detención fue sometido a aislamiento e incomunicación; sus captores lo amenazaron y chantajearon en reiteradas ocasiones, además de golpearlo, insultarlo y privarlo de consumir cualquier tipo de alimento. Finalmente, Víctor fue recluido en la ciudad de Pasto. Después de la creación del Sindicato de Trabajadores Contratistas, fundado en mayo del 1977, los directivos de Indupalma optaron por la destitución inmediata de los primeros 38 afiliados y la progresiva criminalización de todos aquel que tuviese alguna relación con la organización sindical. Como respuesta contraria a las expectativas de la empresa, los actos intimidatorios hacia los trabajadores no los amedrentaron ni entorpecieron su lucha. Por el contrario, el sindicato se dirigió al Ministerio del Trabajo solicitando personería y pidiendo que se enviara a un delegado para que investigara sus condiciones laborales, lo que le brindó fuerza al movimiento organizado de los trabajadores, aumentando masivamente la afiliación de obreros a éste. La ofensiva del Estado en la región del Sur del Cesar se caracterizó por el continuo accionar de la policía; institución que se perfiló como la encargada del control de las agresiones dirigidas a los obreros de la empresa Indupalma, desde antes de legalizar su consolidación como sindicato en 1977 hasta 1983; en este período se hace evidente la participación directa de las fuerzas policiales en la comisión de los crímenes y la persecución a las organizaciones sociales, sobre todo si se tiene en cuenta sus mecanismos operativos, ya que la mayoría de las agresiones eran cometidas en la cabecera municipal y en establecimientos públicos, manifestando claramente el afán por conseguir el control a nivel local y el manejo territorial por parte del Estado. Se desconocen algunas de las circunstancias bajo las cuales fueron cometidos un sinnúmero de asesinatos y desapariciones, por lo que se podría conjeturar la participación del grupo armado paraestatal, que azotó la región en la época, como apoyo al interior de la empresa.

La difícil condición de subsistencia de los Trabajadores de Indupalma

Ante la fortaleza del Movimiento Sindical de Indupalma, la empresa se encaminó directamente hacia el control de las acciones de éste, por lo que los administrativos de Indupalma tomaron las medidas necesarias para tratar de manejar y reprimir la lucha social de los trabajadores. Para ello, se intentó convencer al gobierno y al Ministerio del Trabajo de que el municipio de San Alberto era una zona guerrillera, y que por lo tanto, permitir la acción de un sindicato era como ponerle una escalera a la subversión. Bajo este sofisma de presión al gobierno, la empresa buscó por todos los medios alejar de sus predios toda intención de cambio que afectara la ley implantada en su feudo. El sindicato de contratistas nació el seis de mayo de 1977 durante una asamblea con asistencia de medio millar de obreros agrícolas. En muy poco tiempo, el número de afiliados subió a dos mil. La empresa explotadora de palma africana tiene a su cargo casi a tres mil personas, pero solamente quinientas reciben prestaciones y garantías laborales.


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Los demás son enganchados por medio de un calanchín. Si se enferman, son eventualmente atendidos por un médico de la empresa, pero deben costearse las drogas. Se alojan en casuchas mal construidas, lejos del trabajo; mal alimentados y están sometidos también a la presión que ejerce la fuerza pública acantonada en la vecindad. La jornada laboral comienza a las 5:00 a.m. y finaliza a las seis de la tarde; los trabajadores tienen únicamente una hora para almorzar, cualquier persona que llegue a trabajar a Indupalma recibe como salario setenta pesos. Cuarenta y Cinco de ellos son para la comida, diez para pagar el arriendo y el saldo restante para suplir las necesidades familiares y demás. El desayuno del trabajador consiste en un huevo y un café amargo. El almuerzo se basa en yuca, papa, plátano, un trocito de carne y de pronto, un caldito, al capricho del dueño del ventorrillo. El menú de la comida es igual al del almuerzo, y la rutina final se cierra cuando los trabajadores exhaustos buscan a tientas sus camas, es decir, las tablas (Corresponsal Santander). FUENTE: Alternativa No. 116. mayo 29 a junio 5 de 1977. Pág. 29. El Sindicato de Indupalma se constituyó en un referente para la organización de otros sindicatos del sector. En marzo de 1971 nace el Sindicato de Palmeros, en Palmas Monterrey en Puerto Wilches, con asesoría de la USO y de FESTRA; ante el hecho, la respuesta de las empresas es inicialmente represiva y se adelantan despidos y amenazas. Años después, los trabajadores de palma africana de Wilches recibirán gran apoyo de la población del municipio cuando en 1986 adelanten una huelga75. En 1977, Indupalma experimentó una de las crisis más agudas de su historia. Después de 16 años de llevar a cabo la explotación de la palma africana y en medio de las tensiones políticas y sociales del contexto colombiano, la entidad se vio obligada a enfrentar en agosto de 1977 dos hechos que marcaron la trayectoria de su actividad industrial. El primer suceso se originó cuando el sindicato se declara una huelga, debido a que las directivas de la empresa se negaron a responder económicamente por los trabajadores empleados por contratistas que desarrollaban gran parte de las actividades agrícolas de Indupalma desde su fundación. El testimonio de un trabajador de Indupalma presenta las condiciones infrahumanas que tenían que soportar los obreros a causa del abandono al que eran sometidos por los directivos de la empresa y la ausencia de cualquier tipo de política de seguridad social:

“Mire: en general, el trabajo de campo en estas empresas palmeras es duro; exige un gran esfuerzo físico, ya sea para cortar racimos, recogerlos del suelo y echarlos en la angarilla, o amontonar las hojas. Las lesiones lumbares son frecuentes… Es un trabajo que se hace a temperaturas que pasan de los 35 grados centígrados… Con mosquitos, abejas, avispas… Con culebras… Cuando uno se chuza con las espinas del racimo, es dolorosísimo. La cortada de una rama que cae, es como una cortada de machete… Y si a todo eso usted le añade que ni siquiera le reconozcan lo que le corresponde legalmente, que tenga que trabajar sin los elementos de seguridad mínima y que le paguen mal, mientras otros viven muy bien, tiene el caldo de cultivo de una gran rebeldía. Eso pasó en Indupalma en los setentas”76.

75 VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Colonización y conflicto armado. Op. cit., p.171, 232 76 Testimonio de Fernán González, recogido del texto ECHEVERRI, Jorge. Apuntes para la siembra de un sueño. Universidad de los Andes, 2002. p. 4.


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Por otra parte, un grupo armado con actividades en todo el Magdalena Medio y el departamento del Cesar irrumpió en las plantaciones de la empresa ocasionándole problemas a los trabajadores y algunos administrativos de Indupalma, en un período coyuntural en el que la administración de la institución estaba negociando la convención colectiva de trabajo con el sindicato. El proceso de negociaciones se entorpeció por este fenómeno, puesto que existían rumores sobre la complicidad entre el grupo armado y los directivos de Indupalma. La negociación entre el sindicato de trabajadores y los directivos de la empresa colapsó en poco tiempo. Frente a la negativa de las directivas de incluir dentro de los acuerdos la solución a la problemática de los trabajadores empleados por contratistas, el sindicato convocó a una huelga el 13 de agosto de 1977, la cual contó con el apoyo de USITRANS, movimiento sindical que abanderó la lucha de los trabajadores de palma africana desde los inicios del sindicato. En el amanecer del 13 de enero de 1977, veinticinco sindicalistas de Utrasan anunciaron el inicio de la huelga. Isaías Tristancho, uno de los principales líderes de la movilización relata que, acompañado por otros directivos sindicales, “escucharon hacia las cinco y media de la mañana un rumor sordo que dominaba todo y vieron venir centenares de hombres. Ellos habían calculado que reunirían unos mil trabajadores, pero la cifra se triplicó en pocas horas, con la llegada de familiares y amigos”. El primer día y su noche transcurrieron en medio de la tensión producida por la presencia del ejército y la posibilidad de un enfrentamiento entre la fuerza militar y los huelguistas. Al segundo día fueron detenidos tres de los dirigentes de Utrasan, entre ellos al propio Tristancho, porque salieron a San Alberto a buscar comunicación con Bucaramanga77. “El miércoles 17 de agosto a las 0 horas se agotó la paciencia de los 2.500 trabajadores de la Industrial Agraria La Palma Indupalma. De poco o más bien de nada les valió haber solicitado un investigador del Ministerio de Trabajo, quien aunque estuvo presente y rindió un informe que mostraba claramente las irregularidades y los atropellos que la empresa comete con sus trabajadores, fue un informe desconocido por este Ministerio. (...) el solo hecho de haber creado el sindicato motivó el despido de 90 trabajadores, por parte de la empresa, contando con el visto bueno del Ministerio de Trabajo. La razón que adujo el gobierno para no concederle personería al sindicato de trabajadores, fue la de que “sus integrantes no son servidores directos de la empresa sino trabajadores a contrato”. (...) Fueron estas arbitrariedades las que agotaron la paciencia de los trabajadores de Indupalma y los llevó a declararse en huelga. Y como expresó Isaías Tristancho, secretario de Utrasan, “aquí puede repetirse la Masacre de las Bananeras””78. El crecimiento de Indupalma y la actividad Sindical en los años ochenta La década de los ochenta se caracterizó por la irrupción del paramilitarismo en toda la región del Magdalena Medio. No obstante, las circunstancias sociales, administrativas y políticas difíciles que reinaron durante la década de los ochenta, Indupalma no sólo tuvo un crecimiento económico muy importante, sino que siguió avanzando en muchos otros frentes, como la empresa palmera líder en el país. Los cultivos crecieron hasta abarcar 8.000 hectáreas y la plantación mantuvo su productividad constante. En 1981 se iniciaron los trabajos de ampliación de la planta extractora, que ganó capacidad para procesar 60 toneladas por hora79. Sin embargo, el auge en la producción de la palma africana se vio diezmado por las precarias condiciones laborales de los obreros, quienes se veían

77 Ibídem. 78 “Indupalma. Se agotó la paciencia”. En Alternativa No. 128. Agosto 15 al 22 de 1977. p. 7 79 ECHEVERRI, Jorge. Op. cit., 2002.


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obligados a trabajar más tiempo con un salario que no correspondía en nada a sus esfuerzos. Durante los primeros años de la década de los ochenta las acciones de control y represión sindical fueron ejercidas por la fuerza pública (policía y ejercito principalmente) de la zona. El 8 de enero de 1982 a las 9:00 a.m., el trabajador de base y antiguo miembro de la junta directiva del sindicato de Indupalma, JESÚS MARIA GONZALEZ, fue detenido y desaparecido por un suboficial del ejército en la enfermería de la empresa, ubicada en San Alberto. Antes de su detención, Jesús María se encontraba esperando atención medica en la enfermería pues se encontraba muy mal de salud. En ese instante se hizo presente el militar y sin enseñar documento u orden de captura alguna aprehendió al mencionado trabajador. Posteriormente, el uniformado condujo a Jesús a su residencia, la cual fue allanada sin autorización legal alguna. Una vez realizado dicho procedimiento, el detenido fue llevado a las instalaciones de la base militar ubicada en cercanías de la empresa, y su vivienda fue nuevamente allanada, esta vez sin su presencia, y sin testigos. A pesar de la grave situación sufrida por Jesús González, esté alcanzó a avisarle a un compañero de trabajo que le habían informado que iba a ser trasladado a la sede de la V Brigada en Bucaramanga. Empero, cuando los directivos de Utrasan averiguaron por vía telefónica si era cierto el traslado, un coronel de la misma institución manifestó “no tener conocimiento alguno sobre el caso, ni orden alguna por parte de la Brigada para la susodicha diligencia”. El paradero de Jesús aún es desconocido. La persecución de la fuerza pública contra el gremio sindical de Indupalma se evidenció con el asesinato, el 12 de abril de 1983, del líder sindical, SAUL VARGAS y la detención de CARLOS MARULANDA, en manos de miembros de la policía de San Alberto. A partir de 1988 se comienza a visualizar la participación de la estructura paramilitar en la comisión de los crímenes; caracterizada por su actuación en los sectores rurales y con la dinámica operacional propia de dichas agrupaciones. La victimización y represión hacia el movimiento sindical fue conocida por el aumento de las agresiones hacia los sindicalistas, poco tiempo después del crecimiento acelerado de sus miembros; las agresiones más frecuentes eran el asesinato selectivo, la desaparición y la detención de los lideres y miembros de la organización y el asesinato de obreros, ya fueran sindicalistas o no. Este tipo de crímenes fueron perpetrados por los grupos paramilitares como las modalidades predilectas de operación, buscando por medio de ello callar al resto de la población trabajadora y frenar sus iniciativas reivindicativas. El primer crimen fue dirigido contra la plataforma directiva del sindicato. El 14 de febrero de 1988, el trabajador y dirigente sindical de Indupalma NEMESIO MACHUCA PAYAN fue asesinado por desconocidos en un establecimiento de la cabecera municipal de San Alberto. Menos de dos meses después, el 9 de abril de 1988, los trabajadores y miembros del sindicato de Indupalma, JOSE FRANCISCO POLO VILLALOBOS, ARLEY BEDOYA, JOSE FERNANDO BEDOYA y HUMBERTO MARTINEZ GUALDRON fueron asesinados por paramilitares, también en las inmediaciones del municipio de San Alberto. Los paramilitares llegaron a la sede social de SINTRAPROACEITES y dispararon contra todas las personas que se encontraban en el lugar departiendo con sus compañeros y familiares. Francisco Polo y Humberto Martínez murieron instantáneamente como consecuencia de los disparos que les fueron propinados; doce personas más quedaron gravemente heridas y poco tiempo después murieron José Ariel y José Fernando. La intimidación a los trabajadores de Indupalma comienza a llevarse a cabo por medio de


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ataques indiscriminados en lugares de reunión de los trabajadores, manifestando claramente su operatividad. El 28 de junio de 1988, el presidente del sindicato de trabajadores de Indupalma, LAZARO HERNANDEZ fue desaparecido por unidades del ejército que lo detuvieron en Bucaramanga. En la sede social de SINTRAPROACEITES es asesinado otro trabajador perteneciente al sindicato. El 24 de septiembre de 1988 es asesinado ANGEL DAVID CASTAÑO AGUDELO de 35 años. Ángel recibió varios disparos de pistola 9 mm cuando se desplazaba por la zona rural de San Alberto y falleció mientras era trasladado a Bucaramanga. El 7 de octubre de 1988, el hijo de trabajadores de Indupalma, SANTIAGO ZAPATA, de 22 años, fue asesinado por un individuo que viajaba en el mismo bus hacia la población de San Martín (Cesar). Un nuevo asesinato se efectúa el 19 de diciembre de 1988. Ese día, el obrero y sindicalista de Indupalma EMILTON RODRÍGUEZ RODRIGUEZ fue víctima de un atentado en manos de desconocidos en el centro de San Alberto cuando se hallaba reunido con unos compañeros de trabajo. Posteriormente, Emilton fue asesinado por dos encapuchados que interceptaron la ambulancia donde era transportado hacia la ciudad de Bucaramanga a causa de las graves heridas sufridas momentos antes. Una vez interceptada la ambulancia, sus agresores se encargaron de rematarlo. Cuatro días más tarde, el 23 de diciembre de 1988, fue asesinado otro dirigente del sindicato de Indupalma cuando desconocidos irrumpieron en la residencia de JOSÉ ANTONIO VEGA HERNÁNDEZ ubicada en el barrio La María de San Alberto y lo ultimaron con 12 disparos. En el hecho también resultó herida su hija. La crueldad con la que fueron cometidos estos dos crímenes expresa el afán paramilitar por eliminar a los sindicalistas en cualquier momento y lugar. A comienzos del año 1989 los trabajadores de Indupalma sufrieron el accionar de los grupos paramilitares que hacían presencia en la zona: en su desempeño laboral eran intimidados con amenazas y agresiones verbales, especialmente en las plantaciones; las viviendas eran asaltadas por techos y puertas en búsqueda de personas cuyos nombres aparecían relacionados en listas que según ellos eran de limpieza, muchos obreros eran perseguidos mientras se transportaban hasta sus sitios de trabajo, y sus persecutores dedicaban gran parte de tiempo a averiguar sus horarios, rutas y las placas de los vehículos en los que se desplazaban hasta la empresa. El mes de enero de 1989 representa para el sindicato ASINTRAINDUPALMA uno de los meses más tristes de toda su historia. En el transcurso de este mes, el paramilitarismo segó la vida de cuatro trabajadores asociados a dicho sindicato, lo cual fue percibido por sus integrantes como una señal de alerta roja que les prevenía y avisaba sobre los crímenes que se cometerían durante el resto del año. El 1 de enero de 1989, el sindicalista PEDRO, fue asesinado de varios disparos propinados por desconocidos en el barrio Veintitrés de Agosto de San Alberto, mientras departía con unos amigos en un establecimiento público de la cabecera municipal. Trece días después, el 14 de enero de 1989, a las 5:00 a.m., los obreros y sindicalistas de Indupalma PEDRO PAEZ D. y SEFERINO CUADROS, fueron asesinados por desconocidos, presumiblemente paramilitares. Pedro fue interceptado por estos, quienes le dispararon mientras esperaba el transporte para ir a su trabajo. Seferino fue asesinado


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de similar manera en un establecimiento público del centro del municipio. La cuarta víctima de los paramilitares en este mes fue JOSE HOLMES ESTEBAN de 28 años, quien fue ultimado de tres disparos el 29 de enero de 1989, cuando regresaba a su residencia en San Alberto. La persecución paramilitar cede un poco en el mes de febrero de 1989. Sin embargo, a mediados del mes de marzo se reinician los asesinatos. El 18 de marzo de 1989 es encontrado el cuerpo del obrero JUAN GIRALDO, quien había sido desaparecido un mes antes, el 18 de febrero, en circunstancias desconocidas. El 12 de mayo del mismo año, el obrero de Indupalma y afiliado al sindicato USITRAS NICOLAS DE JESÚS CIRO GIRALDO, fue asesinado, en San Alberto, también en circunstancias desconocidas. El 29 de agosto de 1989 es asesinado el presidente del concejo municipal de San Alberto, obrero y sindicalista de la empresa Indupalma, JUAN DE DIOS RINCÓN GUERRERO de 40 años, quien murió a causa de 7 impactos de bala calibre 9mm, propinados por un desconocido mientras se disponía a abordar un bus en el barrio Veintitrés de Agosto. El último crimen contra los sindicalistas en el año 1989, tuvo lugar el 27 de noviembre, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida del empleado de Indupalma y sindicalista HECTOR MARTINEZ, en la vía que de San Alberto conduce a La Palma. En el transcurso del año, fueron asesinados dos sindicalistas en el barrio Veintitrés de Agosto, el cual se constituyó como uno de los lugares estratégicos de acción de los grupos paramilitares. La Persecución contra los Trabajadores del Sindicato de Indupalma en los años noventa El establecimiento de la regularidad represiva en torno a los trabajadores de la industria de la palma configuró sus propias transformaciones; para principios de los noventa la operatividad represiva no se alejó de la cabecera municipal; empero, sí varia a la interceptación en vías intermunicipales o el obligar a salir a las personas de sus casas y llevarlas a parajes apartados, como el caso del sitio denominado El Hoyo. Así mismo, el exterminio de la organización sindical se convirtió en el mayor detrimento para la misma, lo que no limitó sus acciones, ya que ante los actos intimidatorios contra el sindicato, también se incrementan las acciones de resistencia y protesta del sindicato. No obstante, frente a esta situación, la dirección de Indupalma no se inmutó, al parecer, eran los únicos que no se daban cuenta de las condiciones deplorables en que se encontraban los trabajadores. A partir de mediados del noventa se enfatiza la represión en la fuerza de los grupos paramilitares y el apoyo institucional, lo que a su vez define un carácter más político en su objetivo. Dada la problemática situación política del país en este periodo, la organización paramilitar comienza a señalar y escoger a sus víctimas sólo por simpatía política, es así como los militantes de opciones políticas como la UP, que hacen parte también de la empresa de la palma son estigmatizados y perseguidos. Los crímenes contra los sindicalistas continúan en los primeros días del año 1990 haciendo de SINTRAINDUPALMA, afiliado a SINTRAPROACEITES, el sindicato más perseguido en San Alberto. El 4 de enero de 1990, el obrero y dirigente sindical de SINTRAINDUPALMA y SINTRAPROACEITES, AQUILES GUTIERREZ OCHOA de 24 años fue desaparecido en compañía de su hijo JESUS EUDES GUTIERREZ, cuando estaban visitando la finca La Carolina en zona rural de San Alberto.


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Pocos días después, el 27 de enero de 1990, los obreros y sindicalistas de Indupalma y socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Trabajadores de Indupalma, COOPALMA Ltda., LUIS FELIPE BLANCO VARGAS de 42 años y EPAMINONDAS BALZA ROMERO de 30 años, fueron asesinados por desconocidos que se movilizaban en una camioneta cuando se encontraban en el corregimiento La Palma, municipio de San Alberto. En los hechos resultaron heridos otros dos trabajadores. El 17 de febrero de 1990, el sindicalista de la Asociación de Trabajadores de la Industria de la Palma, ASOTRAINDUPALMA, SIGIFREDO RODRIGUEZ, fue asesinado en Cáchira, por dos desconocidos que se movilizaban en una moto, en el momento en que se transportaba en un vehículo desde el municipio de San Alberto. El 4 de marzo de 1990, PABLO EMILIO CARDENAS fiscal de SINTRAPROACEITES y su cuñado ALVARO MORA, trabajador de base afiliado a ASINTRAINDUPALMA, fueron asesinados cuando se desplazaban de San Alberto a la ciudad de Bucaramanga. Sus cuerpos aparecieron en la población de Chimitá, con visibles muestras de tortura e impactos de bala en la cabeza. Unos días después, el 15 de marzo de 1990, AUGUSTO MALDONADO y GONZALO BLANCO, dirigentes políticos y trabajadores de base afiliados a ASINTRAINDUPALMA, fueron asesinados por sicarios cuando se dirigía a su casa en el barrio Primero de Mayo, en el municipio de San Alberto80. Los familiares y allegados a los trabajadores de SINTRAINDUPALMA también sufrieron las consecuencias de la persecución estatal y paraestatal hacia esta organización sindical. El 24 de junio de 1990 en horas de la noche, el campesino ISRAEL AYALA de 41 años y su hijo SANTOS AYALA TRIANA de 19 años, fueron asesinados y un CONDUCTOR de 31 años, resultó herido poco tiempo después de salir de la sede de Indupalma, donde visitaban a varios familiares. De tal manera, en el primer semestre del año 11 sindicalistas de Indupalma fueron asesinados por paramilitares en dicha localidad. Dos meses después, el 16 de agosto de 1990, el trabajador y sindicalista de Indupalma, OLIVERIO MONSALVE, fue asesinado cuando se dirigía a su casa en la población de San Rafael, en zona rural de San Alberto. La mayoría de los trabajadores de Indupalma asesinados durante este período eran ultimados al dirigirse desde su lugar de trabajo hasta sus viviendas. Mientras los campesinos se movilizaban y emigraban masivamente, como consecuencia de la violencia en la región, los sindicalistas y dirigentes de diversos grupos sociales eran reprimidos y asesinados. El 23 de octubre de 1990 fueron asesinados tres sindicalistas campesinos en San Alberto, Cesar81. Por tales hechos, los 400 trabajadores del sector palmicultor al que pertenecían los trabajadores, los gremios comerciales y del transporte dieron inicio a un paro indefinido, como forma de demostrar su inconformidad ante la situación. El primer asesinato se presentó a las 9:30 de la mañana del 24 de octubre, cuando el vicepresidente de la ANUC-UR, ISIDORO ANGULO, salió en su bicicleta en dirección a la parcela La Carolina, siendo detenido en el trayecto del camino por sicarios que lo balearon. El cuerpo de Angulo fue encontrado por sus propios familiares, a las 6:00 de la tarde en el área rural del municipio. Hacia las cinco de la tarde tuvo lugar el segundo asesinato. A 15 kilómetros de San Alberto, dos trabajadores de Indupalma que se dirigían con otras CUATRO PERSONAS hacia el corregimiento de La Llana, fueron detenidos por un grupo de ocho hombres

80 Organización de Estados Americanos. Segunde Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia. Marzo de 1994. p. 6. 81 El Espectador, 26 de octubre de 1990. p. 4.


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encapuchados, quienes los balearon y huyeron con rumbo desconocido82. Los hombres asesinados fueron PABLO GONZALEZ y el conductor del vehículo en el que se transportaban, JOHN JAIRO GOMEZ RUEDA, quienes fueron obligados a descender para ser asesinados posteriormente, a las demás personas que se movilizaban con ellos no les sucedió nada. Los trabajadores de Indupalma y de otras fincas aledañas dedicados al cultivo de la palma, denunciaron el hecho a los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Un vocero del sindicato de ASINTRAINDUPALMA, responsabilizó del crimen a las bandas paramilitares. Son por lo menos veinte los activistas del sindicato de Indupalma asesinados entre febrero de 1988 y finales de 1990. Esto sin contar los familiares de las víctimas que resultan heridos en esos ataques83. A principios de enero los trabajadores adscritos a SINTRAPROACEITES denuncian la Convención Colectiva aprobada años atrás, llevando al sindicato a firmar una nueva Convención en abril de 1992 en donde disminuían los derechos y garantías de los trabajadores argumentando la necesidad de racionalizar los recursos de la empresa para evitar su liquidación, parte del texto acordado es el siguiente:

“Constituyó mutuo propósito de las partes, para convenir todos y cada uno de los puntos materia de negociación, el garantizar la subsistencia de la institución empresarial como fuente de trabajo, optimizando el uso de los recursos de los cuales la Empresa dispone... con el firme propósito de disminuir costos innecesarios, racionalizar el uso de todos los recursos de la Empresa y garantizar la productividad y eficiencia en todas las labores, en orden, se reitera, a preservar una fuente de trabajo que es medio de subsistencia para los trabajadores, sus familias, y todo el núcleo social ubicado en el nororiente Colombiano.” 84.

A pesar de las múltiples concesiones que otorgó el sindicato, los crímenes y asesinatos se siguieron registrando a lo largo de todo el año 1991. El 22 de enero de 1991, el subdirector administrativo de Indupalma, FRANCISCO AGAMEZ LEAL, fue asesinado al recibir disparos de pistola calibre 9mm propinados por 3 paramilitares en San Alberto. Francisco era uno de los líderes sindicales involucrados en las negociaciones entre la empresa y el sindicato que se estaban efectuando desde una semana antes de su muerte y en las que aún no habían podido establecer ningún acuerdo. El 3 de marzo de 1991, ALVARO RAMIREZ, de 37 años, fue encontrado asesinado con dos impactos de bala, en la Inspección departamental Portugal, municipio de Lebrija. Álvaro vestía un pantalón caqui con un letrero de la empresa y tenía un alambre en la mano. En el mes de abril de 1991 fue asesinado el presidente del sindicato de ASINTRAINDUPALMA, conocido como uno de los líderes políticos más importante del sur del Cesar. El 18 de abril de 1991, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Indupalma, presidente de la Junta Directiva de SINTRAPROACEITES y militante del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, JOSE MANUEL MADRID, fue asesinado por dos hombres que le propinaron 3 disparos en momentos en que departía con varios amigos sindicalistas, en un billar de San Alberto. Anteriormente José Manuel había recibido varias amenazas de muerte. Algunos testimonios de sus allegados indican que

82 Ibídem. p. 4. 83 Comisión Andina de Juristas–Seccional Colombia. “Estudio sobre Derechos Humanos en el Magdalena Medio”.. Pág. 60-61. En: AMERICAS WATCH. La violencia Continúa. Asesinatos políticos y reforma institucional en Colombia. p. 42. 84 Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre Indupalma y Sintraproaceites, 1991-1992, Preámbulo. p.4.


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José Manuel primero fue desaparecido y luego asesinado, y su cuerpo fue encontrado en las afueras de San Alberto, por lo que no se han podido establecer con claridad las verdaderas condiciones de su muerte. Aunque no se identificaron responsables, la autoría es presumiblemente de paramilitares85. Con su muerte se le asestó un duro golpe a al organización sindical; sin embargo, las reivindicaciones y demandas del gremio no cesaron. El 2 de diciembre en 1991, el trabajador y sindicalista de Indupalma, ALIRIO MUÑOZ, fue desaparecido por dos hombres fuertemente armados quienes lo sacaron a la fuerza de las instalaciones de la empresa y lo llevaron en un vehículo al sitio conocido como El Hoyo, donde tres individuos lo esperaban en otro automotor obligándolo a subir en éste, luego partieron con rumbo desconocido por la vía que de San Alberto conduce a San Rafael; hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero. El mes de enero de 1992 fue un período de tensa calma para los trabajadores del sindicato de Indupalma. Esta situación cambió el 23 de febrero de 1992, cuando el trabajador de Indupalma, JAIRO DIAZ CRUZ, fue encontrado asesinado en un paraje solitario, en la vía que de Girón conduce a Lebrija. El cuerpo de Jairo fue reconocido por sus familiares en la morgue de la ciudad de Bucaramanga, en donde se había reportado como N.N El 2 de mayo de 1992 fue asesinado el dirigente sindical de Indupalma, JUAN RIVERA CARO, junto con otro HOMBRE que lo acompañaba. Los dos hombres murieron a causa de varios disparos de arma automática, en el sur del Cesar. Al día siguiente, el 3 de mayo, el sindicato tuvo noticia del asesinato del jubilado y ex miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales, SINTRAPROACEITES, PEDRO ANTONIO MARIN, cuya muerte fue atribuida a desconocidos. Otra víctima de SINTRAPROACEITES fue JOSE DE JESÚS SANABRIA, quien fue asesinado dos meses después del crimen de Pedro Antonio, el 4 de julio de 1992. José de Jesús fue interceptado por desconocidos cuando transitaba por la vía al corregimiento La Pedregosa, en San Alberto. El 27 de agosto de 1992, el obrero y miembro del Sindicato de SINTRAPROACEITES, WENCESLAO MARIN GOMEZ fue asesinado por desconocidos frente a su residencia en el Corregimiento La Pedregosa en San Alberto. Los tres miembros de SINTRAPROACEITES fueron asesinados en menos de tres meses. Los hostigamientos y agresiones contra los obreros agremiados de la industria palmera se reanudaron a finales de 1993, período en el cual se establecieron nuevas negociaciones entre las directivas de Indupalma y los trabajadores quienes cesaron sus actividades por más de 55 días. El 24 de octubre de 1993, el trabajador y sindicalista de Indupalma, DONALDO CAMARGO MONTEALEGRE de 27 años, fue asesinado por varios hombres mientras estaba en el bar Calisari en el corregimiento La Palma, en San Alberto. Por esos días los trabajadores de la empresa estaban en período de discusión de su pliego de peticiones y adelantaban una huelga que duró 55 días. El día anterior, en este municipio se había presentado un combate en el que un presunto guerrillero había muerto. En la región, reiteradamente fue denunciado el accionar de grupos paramilitares. A partir del año 1994, incursionaron varios grupos paramilitares en el departamento del Cesar, respaldados por las autoridades militares y financiados por los terratenientes de la región. De tal manera se inició una época de permanente violación a los derechos

85 Jorge Orlando Melo, consejero presidencial para los Derechos Humanos. Carta dirigida a Americas Watch, el 12 de agosto de 1991. Citado en Americas Watch. La Violencia Continúa. Asesinatos Políticos y Reforma Institucional en Colombia. pp. 41.


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humanos caracterizada por gran cantidad de masacres, asesinatos, torturas, amenazas, atentados y desplazamientos masivos de la población campesina. El año 1995 representó uno de los períodos con mayor cantidad de CLH contra los trabajadores y sindicalistas de Indupalma y la empresa Palmas del Cesar. En 1995, el ex trabajador de la empresa Indupalma JOSE DANIEL MARIN, fue desaparecido y asesinado por desconocidos.

El 14 de enero de 1995, el sindicalista y trabajador de Indupalma JOSEFITO FLOREZ, fue desaparecido por desconocidos en San Alberto. Josefito salió de su casa rumbo a su sitio de trabajo en San Rafael, en un puesto de vigilancia de Indupalma. Al día siguiente, sus familiares que se hallaban preocupados porque Josefito no había regresado el día anterior, se dirigieron a las instalaciones de la empresa para solicitar información, pero no obtuvieron ningún dato. Posteriormente los directivos de la empresa reportaron que lo habían tenido trabajando

hasta el día 15 de enero a las 2:00 p.m. Poco tiempo después la familia de Josefito fue desplazada por la masacre de La Llana del 22 de abril de 1995. El 14 de mayo de 1995, el sindicalista de Indupalma, ELKIN ADOLFO RIOS VERA de 22 años, fue asesinado por dos hombres que le dispararon con un arma calibre 9mm cuando departía con algunos amigos en un establecimiento público de San Alberto. El 11 de junio de 1995, el concejal del municipio por el movimiento Unión Política Cívica, UPC, y reconocido dirigente sindical de SINTRAPROACEITES, CESAR HUMBERTO ALMENDRALES PABUENA de 43 años, fue asesinado y un HOMBRE fue herido por un sicario en un establecimiento público de San Alberto. El desconocido se acercó a Cesar Humberto y le disparó a quemarropa cinco impactos de pistola calibre 9mm en momentos en que departía con unos amigos en el establecimiento público Los Troncos. En los últimos ocho días fueron asesinados en este municipio dos concejales de la UPC. Voceros de este movimiento político, por estos hechos fueron sindicados como autores de los crímenes grupos paramilitares, aunque otra fuente señala como responsables a policías vestidos de civil. El 2 de junio de 1995, el concejal de San Alberto, miembro de la Unión Patriótica, trabajador de Indupalma y afiliado a SINTRAPROACEITES, ROBERTO ARDILA de 40 años fue asesinado por dos paramilitares en la calle 1ª E carrera 34, en el barrio Primero de Mayo en San Alberto. Los paramilitares se movilizaban a pie y le propinaron tres impactos de bala a Roberto en la cabeza, con un arma de fuego de corto alcance, cuando el dirigente sindical se dirigía hacia su residencia luego de cumplir su jornada laboral. Con este caso ascienden a 30 los asesinatos de empleados de Indupalma en los últimos nueve años y a tres los concejales asesinados en 1995 en el sur del Cesar. Tal parece que Roberto figuraba en las llamadas “listas negras”. USITRAS, repudió el hecho mediante un comunicado en donde afirman: “es indudable que los asesinos hacen parte de las bandas de paramilitares que pululan en la región y que se han ensañado contra los trabajadores de Indupalma, integrantes del sindicato y gentes del pueblo”. Otra versión de los hechos indica que los asesinos en realidad eran policías vestidos de civil. El 21 de junio de 1995, el ex concejal del municipio de San Alberto por la Alianza Democrática M-19 y reconocido dirigente sindical de Indupalma, JOSE ISIDORO SEPULVEDA MENDOZA de 35 años, fue asesinado de disparos propinados por paramilitares armados, quienes lo obligaron a bajar del vehículo en el que se desplazaba a la altura del caserío El Barro, zona rural de San Martín.


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El mes de agosto de 1995, se caracterizó por la persecución paramilitar desmedida hacia los trabajadores y sindicalistas de Indupalma y SINTRAPROACEITES. El accionar de dichos grupos estuvo marcado por la irrupción de un número considerable de sus integrantes, en las viviendas y sitios de trabajo de sus víctimas para, acto seguido, capturarlos y asesinarlos. El 3 de agosto de 1995, el activista sindical y ex trabajador de la empresa Indupalma, FREDDY ANTONIO VERGEL TORRADO de 29 años, fue asesinado por 10 paramilitares en el almacén de materiales de Coomultrasán en San Alberto. Los paramilitares, que vestían prendas militares y portaban armas de largo alcance, llegaron al almacén donde trabajaba Freddy Antonio, ubicado a una cuadra del cuartel policial, lo llamaron y cuando él trató de esconderse en la bodega le propinaron una ráfaga de fusil Galil. Los desconocidos preguntaron por otros trabajadores que se vieron obligados a desplazarse por las continuas amenazas contra su vida. Durante esa temporada se estaban llevando a cabo las negociaciones del pliego de peticiones, motivo por el cual se incrementaron las presiones y los hechos de violencia en contra de los trabajadores y la organización sindical por medio de hostigamientos, amenazas y desapariciones, entre otros. Ese mismo día, 3 de agosto de 1995, el trabajador de la empresa Indupalma, FLORO CASTRO, fue desaparecido, torturado y asesinado en San Alberto. Unos diez integrantes del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de San Alberto, irrumpieron en la vivienda de Floro en el barrio Arévalo, aledaño al barrio Primero de Mayo; se entraron por el techo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Los paramilitares vestían prendas militares y portaban armas de largo alcance. El cuerpo de Floro apareció rociado con ácido en el sitio Vijagual, zona rural de La Esperanza (Norte de Santander).

El caso de Tomas Cortés Ortega

El 16 de agosto de 1995 hacia las 11 p.m., el obrero de la empresa INDUPALMA, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales, SINTRAPROACEITES, y militante de la UP, TOMAS CORTES ORTEGA de 33 años, fue desaparecido por más de 20 paramilitares. Esa noche, los paramilitares, que vestían trajes camuflados de uso privativo del ejército llegaron hasta la vivienda de Tomás en el barrio Primero de Mayo; ingresaron por el techo y la puerta, tiraron al piso a la esposa, amarraron de pies y manos al dirigente popular y lo subieron a una camioneta blanca con carrocería de estaca. Los agresores antes de huir, saquearon todo objeto de valor que encontraron en la residencia, desde electrodomésticos hasta objetos de uso personal y luego rociaron gasolina e incendiaron la vivienda, en presencia de la esposa de Tomás y sus hijos, entre ellos una niña de cinco años. Finalmente, le dijeron a la esposa “se queda en la casa y no le da información a nadie. Hágalo por sus hijos y si no también regresamos por ellos. Somos las Autodefensas Campesinas del Cesar”. En la huida los paramilitares retuvieron a un grupo de estudiantes del Colegio Nacionalizado que regresaban de sus clases en la jornada nocturna, entre los que se encontraba HERMES CASTILLO. Los estudiantes fueron obligados a permanecer tendidos, con la cara pegada al piso, mientras increparon, con calificativos humillantes para los hombres y con frases y caricias lascivas para las mujeres. Según testigos, los paramilitares “apartaron del grupo a una de las estudiantes, a quien violaron en un paraje aledaño. Luego, atacaron y robaron a los celadores de la empresa Indupalma e incendiaron la vivienda de un ex trabajador que fue encontrado asesinado después y


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dispararon contra la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio Primero de Mayo”. Antes de llevarse a Tomás, los paramilitares habían buscado a otros dos dirigentes sindicales y al no encontrarlos, saquearon e incendiaron sus viviendas. A pesar de que todos los testimonios de los pobladores coinciden en que los paramilitares que se identificaron como Autodefensas Campesinas del Cesar, cometieron la desaparición de Tomás Cortés, el teniente Suárez, comandante del puesto policial, dijo que “por la forma de actuar, yo creo que fue la guerrilla. Especialmente ese grupo Claudia Isabel Escobar del ELN, que es el que está actuando por aquí”. FUENTE: Carta de denuncia dirigida por el Sindicato nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo de aceites y vegetales Sintraproaceites a Sintrainagro el 8 de septiembre de 1995. El 22 de noviembre de 1995, los obreros de la empresa Indupalma e integrantes del Sindicato SINTRAINDUPALMA, SIXTO CAICEDO BELEÑO de 24 años y ESTEBAN ARNULFO ORTIZ de 41, fueron encontrados asesinados con señales de tortura en la vereda Jauja, corregimiento La Llana. Los obreros habían sido sacados de su trabajo por paramilitares. Otra fuente indica que “en esa sección de territorio municipal operan grupos paramilitares que han desplazado a la subversión del ELN, promoviendo además una guerra contra campesinos, sindicalistas y dirigentes de izquierda”. Desde 1988 hasta la fecha, han sido asesinados 53 trabajadores de Indupalma86. El 24 de noviembre de 1995 a las 12:30 de la tarde, fue asesinado el personero municipal JORGE ENRIQUE LEON CHAVEZ de 41 años y herido un HOMBRE, ingeniero civil por disparos propinados por cuatro hombres que irrumpieron en el restaurante de nombre Tres Pollos en zona rural. Tres días antes Jorge Enrique, había denunciado “la conformación de grupos de autodefensas privadas que estaban asesinando a los sindicalistas de Indupalma”, luego del crimen de dos dirigentes sindicales, quienes presentaban señales de tortura. Según el alcalde, Jorge Enrique estaba adelantando algunas investigaciones sobre presuntas irregularidades cometidas en la Alcaldía por anteriores administraciones. La fuente agrega que “la clase dirigente de la ciudad” responsabilizó a “las mismas fuerzas `oscuras' que han asesinado en los últimos 10 años a 54 sindicalistas de Indupalma” y desaparecido a otros cuatro. El exterminio contra los miembros de SINTRAINDUPALMA continuó durante 1996. Voceros del sindicato denunciaron que en San Alberto existía “una violencia encarnizada contra sindicalistas, dirigentes y miembros de los partidos políticos de izquierda”87. El 3 de enero de 1996, el enfermero de la empresa Indupalma JOSE RAMIRO TOBON GIRALDO de 45 años, fue asesinado de cuatro disparos propinados por varios hombres armados, quienes llegaron hasta la enfermería de la empresa. El 29 de marzo de 1996, el dirigente del Movimiento 19 de Abril, M-19, MARCOS VASQUEZ, que se había desempeñado hace varios años como vocero del sindicato palmífero, fue desaparecido, torturado y asesinado cuando se movilizaba de los campos de producción de Palma Africana, hacia San Alberto; fue llevado a la fuerza por el grupo paramilitar que opera en zona rural de San Martín, bajo las órdenes de un sujeto que llamaban Chucky en zona rural de San Alberto. Marcos fue encontrado asesinado el 31 de

86 Boletín informativo Justicia y Paz, Volumen 8. Número. 4. Octubre – Diciembre 1994. p. 13. 87 Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 9. Número 1. Enero – Marzo 1996.


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marzo en el corregimiento Líbano, su cuerpo presentaba varios impactos de bala, señales de tortura y le sacaron los ojos. Dos meses más tarde, el 24 de mayo de 1996, los sindicalistas de la empresa Industria de la Palma, GUSTAVO AGUILAR ROA de 24 años y JOSE DEL CARMEN FUENTES CAICEDO de 23 años, fueron asesinados por varios hombres fuertemente armados que irrumpieron en el bar La Comparsita. El 26 de octubre de 1998, fue asesinado el obrero y presidente del Sindicato de la Industria de la Palma, JAIRO CRUZ, en manos de varios hombres armados que lo interceptaron, cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo, en una motocicleta. Los hechos se produjeron en el corregimiento La Palma a 5 kilómetros. El asesinato del sindicalista es el segundo hecho de la misma naturaleza que se presentó en el departamento y se produjo mientras se desarrollaban las conversaciones entre sindicatos y el gobierno nacional para dirimir el Paro Nacional Estatal. Asimismo, Jairo fue el segundo presidente del SINTRAINDUPALMA asesinado por paramilitares en menos de tres años. En el siguiente recuadro se presentan los casos de CLH perpetrados contra los trabajadores de Indupalma en periodo de 1988 – 1998, de acuerdo al año, municipio y tipo de agresión:


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ZONA V, 1988-1998

MIEMBROS DE INDUPALMA VICTIMIZADOS SEGÚN MUNICIPIO

MUNICIPIO AGRESIÓN 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 Total CACHIRA Asesinato 1 1 Total CACHIRA 1 1 SAN ALBERTO Asesinato 8 6 10 1 2 1 3 2 1 34 Desaparición Forzada 1 1 1 1 4

Torturas o tratos crueles 1 1

Total SAN ALBERTO 8 6 11 2 2 1 1 5 2 1 39 Total 8 6 12 2 2 1 1 5 2 1 40

FUENTE: Base de datos Proyecto CNM Como lo evidencia la información contenida en el recuadro anterior, para principios de los 90, el exterminio de la organización sindical aumentó, más sin embargo, esta situación no limitó sus acciones, por el contrario se incrementaron las iniciativas reivindicativas del sindicato a la par que también se incrementaban las acciones intimidatorias, lo que conllevó a que durante el transcurso de la década de los 90s se presentará un total de 41 casos de CLH contra los trabajadores agremiados en Sintraindupalma. La mayoría de estos crímenes fueron perpetrados en el municipio de San Alberto, donde se manifestó con mayor contundencia el accionar paraestatal contra los obreros de la industria de la palma. La persecución a los gremios sindicales del sector palmero no afectó solamente a los trabajadores de Indupalma. La intransigencia patronal y los crímenes a cargo del paramilitarismo se dejaron sentir en contra de los empleados y trabajadores de la empresa Palmas del Cesar, ubicada entre los municipios de San Martín y Aguachica. Entre 1990 y 1998, 17 trabajadores de la empresa mencionada fueron victimizados por las estructuras paramilitares y el ejército, como se evidencia en el siguiente aparte. Crímenes contra los Trabajadores de Palmas del Cesar La persecución a los gremios sindicales del sector palmero no afectó solamente a los trabajadores de Indupalma. También, la intransigencia patronal y los crímenes a cargo del paramilitarismo se dejaron sentir en contra de los empleados y trabajadores de la empresa Palmas del Cesar, ubicada entre los municipios de San Martín y Aguachica. El 27 de abril de 1990, la trabajadora de la empresa Palmas del Cesar NIDIA TOBON, fue desaparecida por 4 hombres que portaban armas de corto y largo alcance, y se movilizaban en una camioneta Chevrolet Luv en zona rural de San Alberto. Nidia era conocida en la región como una importante líder de los trabajadores de la palma. El 14 de noviembre de 1993, GONZALO CAMPOS y GREGORIO URIBE, trabajadores de la empresa Palmas del Cesar y el campesino ADOLFO QUIÑONEZ, fueron asesinados por unidades del batallón de Contraguerrilla No. 27 Coronel Rogelio Correa Campos, en momentos en que realizaban un negocio en una finca en la vereda Villa Pinzón, Inspección de San Rafael de Chucurí, del municipio de Barrancabermeja. Los militares al ver a los trabajadores, que estaban allí para realizar un negocio de un inmueble les


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dispararon en forma indiscriminada. Posteriormente, fuentes militares registraron la muerte de tres guerrilleros en combate, dentro de los que se encontraban los dos trabajadores, pero otras fuentes precisaron más tarde que dicho enfrentamiento nunca existió y que las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión. El 26 de julio de 1994, el empleado de la empresa Palmas del César, GUSTAVO PRADA MUÑOZ de 28 años, fue asesinado por un desconocido que le disparó en múltiples ocasiones, cuando departía con varios amigos en un kiosco en San Martín. El día 31 de julio fueron asesinados otros 6 trabajadores de la misma empresa, al parecer por paramilitares que actúan frecuentemente en la región. Para tal fecha fue denunciado el accionar de grupos paramilitares y se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla en todo el Sur del Cesar. Días después, el 31 de julio, los trabajadores de la Empresa Palmas del Cesar, JOSE DEL CARMEN RUIZ de 28 años, JOSE BUITRAGO ZABALA de 38 años, WILLIAM YARURO de 23 años, MANUEL FIGUEROA de 50 años, ALCIDES PAEZ TARAZONA de 30 años, RODRIGO CARMONA CAMAO de 25 años, fueron asesinados en el corregimiento Minas por un grupo de paramilitares armados de fusiles, pistolas y radios de comunicación y vestidos unos de civil, otros con prendas militares, algunos encapuchados y algunos con pañoletas de la Brigada Móvil No. 2 en San Martín. El último crimen de ese año fue cometido el 30 de diciembre de 1994, cuando fue desaparecido y asesinado en circunstancias desconocidas, el sindicalista y ex trabajador de la empresa INDUPALMA, ISMAEL PRADILLA, en un lugar no precisado. El 5 de septiembre de 1994, el trabajador temporal y sindicalista de Palmas del Cesar JOHN JAIRO SOLANO, fue desaparecido después de ser retenido por una patrulla militar y llevado a la finca Riverandia, de propiedad de los Rivera, financiadores de grupos paramilitares en el municipio de San Martín. Al día siguiente en la mañana lo llevaron al casco urbano siete uniformados y lo pasan por la calle 5ª, por frente de la policía para dirigirse finalmente a la mencionada finca, cercana a una base del batallón de Contraguerrilla No. 27, Rogelio Correa Campos. Al día siguiente los familiares acudieron a la base y allí no lo encontraron. El Comandante le dijo a una familiar que la iba a demandar por calumnia; la amenazó y le pidió el nombre para entablar la demanda. Desde entonces se desconoce el paradero y estado de Solano. Se trato de establecer a través de una fotografía de un cuerpo NN, con señales de tortura y arrojado al río Lebrija, si podía ser la víctima. El levantamiento de este cuerpo se llevó a cabo en cercanías de la Base Morrison de Aguachica, en un sitio arenoso cerca al río mencionado. El 11 de diciembre de 1994, LUIS FRANCISCO TARAZONA LEAL, trabajador de la empresa Palmas del Cesar de 30 años, fue asesinado por un desconocido que se le acercó y le propinó 2 disparos, mientras se encontraba departiendo con un AMIGO que resultó herido, en un establecimiento público ubicado en la Avenida Quebradaseca entre carreras 15 y 16 de Bucaramanga. Por estos hechos un celador de la empresa SEVICOL, fue detenido, como autor material. Es de reseñar que en los últimos meses de 1994, varios obreros de la empresa Palmas del Cesar habían sido asesinados. El 9 de octubre de 1995, en horas de la madrugada, el obrero de la empresa productora de aceite comestible Palmas del Cesar, PABLO OSORIO de 46 años, fue asesinado por ocho paramilitares encapuchados que vestían uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y camisetas de color negro, quienes lo sacaron a la fuerza del campamento de la empresa en zona rural de San Martín. Las informaciones que responsabilizan a paramilitares agregan que estos se movilizaban en una camioneta blanca con carrocería de estaca, la cual al parecer es el mismo automotor en el que incursionaron un par de


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meses atrás en San Alberto, en donde quemaron tres casas y secuestraron al dirigente TOMÁS CORTÉS, de quien no se volvieron a tener noticias. Los responsables también llevaron a cabo las desapariciones de tres hombres que residían en el corregimiento La Pedregosa y el municipio de La Esperanza, a comienzos de octubre. Dos de ellos fueron hallados muertos en los campos de Aguachica.

AGUACHICA En la década de los noventa Aguachica fue atacada por el Grupo Paramilitar denominado AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL SUR DEL CESAR, quienes fueron los responsables de 23 desapariciones forzadas realizadas de 1991 a 1993. Los paramilitares operaban a veces en grupos pequeños vestidos de civil que se movilizaban en camperos y a veces se presentaban en numerosos grupos armados uniformados con prendas militares. Llevaban el nombre de las victimas en un papel y las retenían extrayéndolas por la fuerza de su casa o de establecimientos públicos a plena luz del día. Los cuerpos de los retenidos eran encontrados días después en lugares solitarios. Entre los detenidos y sindicados en el municipio de Aguachica durante 1972 se encuentran ELIAS JOSE AWAD MAESTRE, diputado de la Alianza Nacional Popular, ROQUE ANTONIO PINTO QUIÑÓNEZ, el campesino y militante político ELEUTERIO ORTIZ ORTIZ y el empleado RAFAEL GARCIA OJEDA. Roque Antonio se encontraba en su casa cuando llegaron dos agentes de policía y dos personas de civil lo llevaron a las instalaciones del F-2. Ese mismo día fue remitido al batallón Ricaurte en Bucaramanga, donde fue encerrado en un calabozo, vendado, sometido a intensos interrogatorios durante tres días y torturado mediante choques eléctricos, sobre todo en los testículos, lo cual le causó trastornos físicos, también fue privado de alimentación y colgado a una viga por varias horas. CRISTO ANTONIO CASTILLA MENDEZ y EVANGELISTA ORTEGA RODRÍGUEZ, miembros de un partido político, fueron detenidos y posteriormente asesinados por unidades militares en 1977. Así mismo, GILBERTO SANCHEZ MONDRAGÓN fue detenido y sindicado el 8 de febrero de 1977 y ARMANDO GUERRERO, en 1978 fue detenido y luego asesinado por el B-2. Este mismo año fue asesinado por miembros de la policía el estudiante ADALBERTO ALVEAR NAVARRO. Este asesinato originó una airada protesta de la población por lo que el gobierno municipal se vio obligado a decretar el toque de queda en todo el municipio. Además del asesinato de EUSEBIO CAICEDO por un autor no identificado, el año de 1979 reitera en este municipio la modalidad de detenciones acompañadas de torturas: el 25 de agosto de 1979, el campesino y sindicalista ALVARO LOPEZ RAMIREZ fue detenido y torturado por miembros del ejército adscritos a la V Brigada. Durante su detención, Álvaro fue sometido a aislamiento e incomunicación, torturas psíquicas y físicas mediante colgadas, golpes, plantón y se le mantuvo vendada la cara. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Bucaramanga. El 6 de octubre 1979, RAMON PINO fue detenido con limitación de garantías procesales por la policía. De igual manera, el 20 de octubre de 1979, el comerciante ELIAS JOSE AWAD MAESTRE fue detenido y torturado por el ejército. Luego de la detención fue sindicado, procesado, condenado y torturado mediante aislamiento e incomunicación, amenazas, golpes, plantón, privación de alimentos, torturas psíquicas y vendas en la cara. Inicialmente fue trasladado a Socorro (Santander) y posteriormente a Bucaramanga. Elías José ya había padecido esta situación años antes, en 1972, cuando


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fue sindicado de ser guerrillero por miembros del batallón La Popa y Ricaurte en este mismo municipio. Hacia mediados de la década de los ochenta, las dinámicas criminales sufren una radicalización, al ampliar su modalidad represiva al asesinato; así lo evidencian los siguientes cuatro casos. El 25 de enero de 1982, el dirigente de la USO JAIME CASTILLA los Sindicalistas de la (USO) HERNANDO LANDAZABAL y WILSON HERNANDEZ fueron detenidos por miembros del ejército. El 26 de mayo de 1982 IVAN AREVALO VASQUEZ y JAVIER CARVAJALINO TRILLOS fueron detenidos por la policía, posteriormente Iván fue asesinado y Javier desaparecido. ORLANDO ESPAÑA fue detenido, torturado y asesinado por los miembros de una patrulla de carabineros, el 28 de enero de 1983, los uniformados también atentaron contra la vida del HERMANO de Orlando, quien logró escapar a pesar de tener las manos atadas, lanzándose por un barranco. El 2 de agosto de 1984, TOBIAS VILLEGAS MARRIAGA fue detenido y torturado por agentes de policía del F-2. Entre los torturadores, Tobías identificó uno de apellido Vásquez. El accionar del grupo “Terminator” El grupo Terminator nace en la segunda mitad de la década de los ochenta con el fin de asesinar a todas las personas que según ellos se dedicaban a negocios ilícitos, o pertenecían a sectores marginados de la población. La idea de este grupo armado era hacer una “Limpieza Social” en el municipio de Aguachica y de esa manera conseguir “el orden”, ya que, según su versión, la policía y demás organismos no eran capaces de hacerlo. También cometieron crímenes contra otros sectores organizados de la región durante éste mismo período de tiempo. Sus crímenes quedaron en la impunidad y nunca se detuvo a alguno de sus integrantes, a pesar de que en el pueblo existe una base militar y una estación de policía. De esta forma se estableció el primer Escuadrón de la Muerte en el Sur del Cesar, cuya pretensión era vender la idea de aniquilar a las personas que estaban por fuera de la sociedad para así presentarse como los defensores de la moral y las buenas costumbres, y obtener la protección de los pobladores del municipio y la aceptación de sus propósitos. Lo numeroso, distintivo y perverso de sus crímenes, tienen como objetivo amedrentar a sus víctimas con rituales violentos, como de propinarles un disparo en la frente y dos a la altura del pecho a todas sus víctimas, o la de mutilarlos y dejar sus cuerpos despedazados por el río Magdalena; también la utilización de las masacres, que se implementó a nivel nacional como la articulación entre la coerción oficial y la paraestatal. Con ese tipo de acciones, los grupos paramilitares establecen un orden de cosas en el cual las personas que no participan en los procesos productivos o cuyo modo de vida no es aceptado por todos, deben ser aniquiladas. Lo anterior se ratifica en un comunicado del año 93 del grupo Toxicol-90: “eliminar y erradicar, por cualquier medio toda clase de elementos no aptos para convivir en sociedad, como son atracadores, raponeros, marihuaneros, bazuqueros, etc. Es de amplio conocimiento que debido a la justa y honesta labor realizada por los compañeros de Terminator en Aguachica y Mano Negra en Bucaramanga (...) el objeto de realizar humanas prácticas de aseo(...)también aplicaremos justicia popular a los abogados especializados en defender escorias humanas”88.

88 Amnistía Internacional. Violencia política en Colombia, mito y realidad. Madrid: EDAI. 1994. p. 21.


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Estas prácticas buscan degradar la condición humana y volver a personas marginadas de la comunidad objetos deleznables, listos para ser dispuestos por “las fuerzas del bien y el orden”. No importa que de esa manera se esté restringiendo a la comunidad política y se vele la verdadera respuesta a los problemas sociales, pues la eliminación de los excluidos no es la solución, ya que tarde o temprano aparecerán de nuevo. Un grupo paramilitar como el comentado, muestra una vez más la iniquidad del Estado colombiano, que prefiere guardar silencio ante la muerte de los pobres que enfrentar el problema con transformaciones efectivas. Los primeros casos que registra el accionar de Terminator, aparecen a mediados de los ochenta y se caracterizan por su excesiva violencia; las prácticas de terror realizadas por este grupo, se manifiestan a través del tratamiento ultrajante a sus víctimas y el deplorable estado en el que luego se encuentran sus cuerpos: El 10 de agosto de 1985, JOSE ROJAS TRILLOS fue asesinado en Aguachica. José fue decapitado, su cuerpo se encontró atado a estacas y su cabeza fue enviada a un reconocido hampón de esta región. El macabro grupo paramilitar que había sido creado días atrás venía amenazando de muerte a todos aquellos que participaran, según ellos, en actividades ilícitas. El comandante de la policía informó que habían encontrado más de DIEZ CUERPOS decapitados, torturados, atados a estacas o maniatados. En diciembre de ese mismo año, VEINTICUATRO PERSONAS fueron asesinadas por este mismo grupo paramilitar en cercanías de Aguachica. Los cuerpos fueron encontrados flotando en aguas del río Magdalena y según informe de la policía no fue posible su identificación. El 11 de enero de 1986 CUATRO PERSONAS más fueron torturadas y asesinadas por el ya mencionado grupo paramilitar. A las víctimas les fueron quemadas las manos y las plantas de los pies y les propinaron un disparo en la cabeza y otro en cada una de las tetillas. En el piso fue dejado un letrero que decía “Extorsionistas Terminator”. Según informes policiales, en la anterior semana habían recogidos diez cuerpos en similares circunstancias. Apenas una semana después, el 18 de enero, JORGE EMIRO ORTEGA CONTRERAS y LUIS EDUARDO PRADA MEZA se encontraron asesinados. Los cuerpos estaban atados y amordazados. El comandante de la policía de la localidad expresó que desde su aparición este grupo ha asesinado a más de 100 personas, cuyos cuerpos eran dejados con un disparo en la frente y dos en el pecho a la altura de las tetillas. El 24 de agosto de 1986, un HOMBRE fue asesinado de un disparo en la frente y dos en el pecho. Ese mismo día, en San Alberto, RODRIGO PIMIENTA CUELLAR de 29 años, fue asesinado de la misma manera. Dos casos más, esta vez a manos de unidades de la policía, cierran el registro para el municipio de Aguachica en el segundo semestre de 1986. El 6 de julio, el delincuente NORBERTO SANTANA, miembro de una pandilla que se hacían pasar por miembros de las FARC para cometer extorsiones y otros delitos, fue asesinado por unidades de la policía y el 22 de noviembre siguiente, PEDRO JOSE CACERES de 24 años y LUIS FERNANDO MORENO VERGEL de 32 años, fueron detenidos por la policía en el casco urbano acusados de extorsión y de pertenecer a las FARC. Este caso evidencia la connivencia entre agentes estatales y paraestatales en operaciones de “limpieza”, para solucionar los problemas de pobreza e inseguridad de la región. A los casos de responsabilidad militar debe sumarse


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la desaparición por parte de las fuerzas militares de GERMAN ALVAREZ POVEDA el 8 de enero de 1987. A partir de 1988 los paramilitares extienden sus acciones a otros sectores de la región. Así, el 2 de octubre de 1988, el ex concejal por el Partido Liberal MANUEL SOLANO VERGEL fue asesinado por desconocidos. El 12 de noviembre de 1989 hacia las 11:30 de la noche, los campesinos JORGE CAVIEDES QUINTERO, y los tres hermanos CIRO ORLANDO, WILSON y VICTOR DEL CARMEN PORTILLA BLANCO, fueron asesinados por un grupo de sujetos armados que irrumpieron en un velorio que se efectuaba en el corregimiento Norean. Los hombres preguntaron por otras 11 personas que traían en una lista. 1990 El 10 de febrero, los campesinos y hermanos RODOLFO HERRERA de 30 años y MANUEL HERRERA de 33 años, fueron encontrados asesinados en el corregimiento Norean. El 9 de julio, un JOVEN de 16 años, conocido como “Comerrata” quien al parecer era jefe de una banda de delincuentes comunes, fue asesinado en circunstancias desconocidas. El 12 de agosto de ese mismo año, el campesino NELSON FUENTES AFANADOR de 47 años, fue torturado y asesinado por miembros del batallón de infantería No. 15 Santander, en la vereda Purosaltos. Cuatro días después, el 16 de agosto, se realizó una toma a la alcaldía municipal por parte de aproximadamente 800 campesinos que protestaban por el asesinato de Nelson. El 13 de septiembre, el empleado y administrador de la finca El Cairo, JOSE DEL CARMEN HOYOS REYES de 32 años, fue asesinado de varios disparos propinados por hombres que a bordo de una camioneta incursionó en la finca ubicada en la vereda El Juncal. El 19 de octubre, en el sitio La Tubería, ubicado sobre la vía que conduce al municipio Gamarra, se encontraron los cuerpos sin vida de los campesinos FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ de 20 años y SIGIFREDO BAUTISTA ALVAREZ de 23 años. Las víctimas presentaban señales de tortura y estaban maniatados con alambre. Días después, el 21 de octubre, entre las 11 a.m. y 12 m., los obreros ANGEL DAVID MARRIAGA QUIÑONEZ de 30 años y JOSE JOAQUIN PEREZ de 35 años, fueron torturados y asesinados por miembros de la SIJIN en la vía a Puerto Mosquito. El 15 de noviembre, el ganadero HORACIO OROZCO SEPULVEDA, fue asesinado de 17 disparos propinados por dos hombres que se movilizaban en moto, cuando transitaba en su vehículo por la calle 2° con carrera 29. El 14 de diciembre, los cuerpos de los jóvenes RAMON QUINTERO AVENDANO de 23 años y CARMEN AIDE GUTIERREZ SUTA de 15 años, fueron encontrados en predios de la hacienda Cabezas sobre la vía a Bucaramanga. Según la fuente, la víctima era un joven desempleado asesinado por miembros de la Sijín. 1991 El 4 de marzo en horas de la mañana, el campesino HUMBERTO MOLINA de 23 años, fue desaparecido en circunstancias desconocidas luego de salir de la finca La Argentina.


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El 1 de mayo, el cuerpo de un HOMBRE fue encontrado en el casco urbano de con varios impactos de bala calibre 9 mm. El 2 de junio de ese mismo año, el comerciante RAFAEL RAMIREZ NUNEZ de 46 años de edad, fue asesinado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje en el barrio Idema. Tres días después, el 5 de junio, el cuerpo de un HOMBRE de 25 años, fue hallado con 3 impactos de bala en la cara y amordazado, en el sitio conocido como El Faro, en la vía que conduce al municipio de San Martín. El 12 de junio, los líderes comunales de Aguachica VICTOR ANGARITA GUERRERO de 45 años y GEORGINA BARBOSA DE SAN JUAN de 43 años, fueron asesinados por varios individuos armados que irrumpieron en la vivienda de uno de ellos. El 17 de julio, el vigilante del hospital local WILLIAM SARABIA LUNA de 26 años y el soldado MARCOS CARDENAS URIBE, fueron asesinados y herida otra PERSONA, por varios individuos que les dispararon cuando se encontraban en el establecimiento público llamado El Dragón Rojo. EL 30 de julio, los cuerpos de los hermanos RAUL BENAVIDEZ MOLINA de 26 años y JOSE TRINIDAD BENAVIDEZ MOLINA de 39 años, fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, en el sitio denominado La Morena. Los hermanos habían desaparecido 8 días antes, cuando fueron sacados por varios individuos armados, de la finca Bellavista, ubicada en el corregimiento de Montecitos del municipio de Río de Oro, de propiedad del padre de las victimas. El 21 de agosto de ese mismo año, UN HOMBRE sin identificar fue encontrado asesinado junto con WILLIAM PEDROZA de 18 años. Los cuerpos fueron encontrados en la vía que conduce al municipio de San Martín. William había sido obligado a abordar un vehículo por varios hombres armados, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido. En ese momento William se encontraba con su tío Honorario San Juan en el parque cementerio Antrópolis. La esposa de Honorario, la dirigente comunal Georgina Barbosa de San Juan, había sido asesinada el 12 de junio anterior El 17 de octubre, en la vereda Las Piñas, se encontró el cuerpo sin vida del campesino JOSE DEL CARMEN SANTANA de 29 años que presentaba varios impactos de bala. El día anterior había sido sacado a la fuerza de su residencia por un grupo de hombres encapuchados. El 24 de noviembre, HONORIO SAN JUAN, fue desaparecido luego de que varios hombres armados lo obligaron a salir de un negocio de billares, donde se encontraba con unos amigos, lo subieron a un campero y se lo llevaron con rumbo desconocido. Como antecedente, su madre Georgina Barbosa de San Juan, había sido torturada y asesinada en junio del mismo año, ella era dirigente comunal, y su padre fue desaparecido desde el 21 de agosto. El 28 de noviembre, el jornalero ISIDRO BADILLO LOZANO, fue detenido y torturado por miembros del batallón Santander, acantonados en la Base Militar Morrison en el corregimiento Norean. Isidro fue detenido en un operativo desarrollado por el ejército desde la vereda Norean hasta La Morena, y posteriormente llevado a la base militar,


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donde fue interrogado y torturado, con patadas, culatazos, puños y choques eléctricos. Al día siguiente fue dejado en libertad al no ser reconocido por ninguno de los soldados.

Actuaciones Judiciales

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició investigación bajo el radicado Nº 008-119860-1991. El 16 de abril de 1993 decidió archivar el expediente por “falta de mérito” para continuar la investigación, a pesar de que algunos testigos vieron golpeado a Isidro el día de su liberación, esta declaración no fue tomada en cuenta por el ente disciplinario. 1992 El 24 de enero, los campesinos y hermanos MIGUEL ANGEL CAMACHO GUALDRON de 20 años, OLIVA CAMACHO GUALDRON de 28 años, y el obrero GILBERTO CORREA AGUILAR de 26 años, fueron asesinados en el interior de la clínica Alto Prado. Ese día varios sujetos encapuchados que se movilizaban en una camioneta e ingresaron al centro hospitalario asesinando al convaleciente y a sus dos acompañantes. Los habitantes de la región responsabilizaron del hecho a grupos que “pretenden sembrar terror en la región”. En la clínica se recuperaba Miguel Ángel de unas heridas causadas en un ataque realizado por varios hombres armados durante el entierro de un hermano. El 6 de febrero, el comerciante JUAN ALBERTO ALSINA QUINTERO de 30 años, fue sacado de la heladería Fortuty por hombres encapuchados, posteriormente se encontró su cuerpo con el estómago abierto y 5 impactos de bala en el río Magdalena cerca a la vía que conduce al municipio de Gamarra. El 8 de marzo, la maestra de la escuela del corregimiento Cerro Bravo y delegada de la Registraduría Nacional, PATRICIA TORRADO ROJAS de 24 años de edad, fue asesinada de disparos propinados por un individuo que en horas de la noche irrumpió en su casa ubicada en el barrio Maria Eugenia. El 8 de septiembre, el vendedor de rifas, LUIS ALIRIO SANCHEZ de 24 años, fue encontrado asesinado en la vía al Corregimiento La Morena, zona rural. Un día después, el comerciante GILBERTO CARVAJAL SOTO, el trabajador de la salud PRUDENCIO JOSE PAEZ PIZARRO y PRUDENCIO JOSE PAEZ PIZARRO, fueron detenidos por varios hombres armados que con lista en mano iban verificando sus nombres; al día siguiente, fueron encontrados sus cuerpos en la vereda El Limoncito en la vía al Corregimiento Buturama en zona rural del municipio. El 23 de septiembre, dos HOMBRES y una PERSONA, fueron encontrados asesinados e incinerados, en el sitio conocido como La Tubería en zona rural del municipio. El 24 de septiembre siguiente, los cuerpos de otras TRES PERSONAS más fueron encontrados en el corregimiento Loma Corredor. El 19 de noviembre en horas de la madrugada, LILIA NELLY SANCHEZ SEPULVEDA de 27 años, el campesino CELSO PLATA PABON de 21 años y el conductor JORGE ORLANDO TABAREZ de 20 años, fueron asesinados por varios hombres que se movilizaban en un vehículo mientras departían en el estadero La Baranda. En la región actúan bandas


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paramilitares y también es escenario de enfrentamientos entre el ejército la Brigada Móvil No. 2 y la guerrilla. El 15 de septiembre, el ex-diputado y luego presidente de las ferias de Aguachica ALFONSO MORENO SANABRIA de 42 años, fue asesinado en la finca La Isla ubicada en la vereda La Vuelta de la Oreja por seis hombres fuertemente armados en circunstancias desconocidas. EL 19 de diciembre, el concejal liberal RAMON DE JESUS RESLEN PIÑERES de 43 años, fue asesinado de 9 disparos propinados por dos individuos cuando se dirigía a visitar a un colega en el barrio La Esperanza. 1993 Este año, LUIS ENRIQUE LOPEZ, fue asesinado por miembros de la Armada Nacional, por haber reconocido a un narcotraficante conocido como “Fortich”, quien tenía vínculos con el Director de Inteligencia de la Armada coronel Rodrigo Alfonso Quiñónez Cárdenas. El 28 de febrero a las 5:30 a.m., el pastor evangélico NOE FLOREZ ANGARITA de 42 años, fue asesinado de dos disparos en la cabeza propinados por varios hombres que llegaron hasta su casa en la vereda Caracol “diciendo que eran miembros de las autoridades y necesitaban practicar una requisa”. El 16 de marzo, ISMAEL CASTRO BALLENA de 25 años, fue asesinado por tres hombres encapuchados y armados que incursionaron en el hospital donde estaba recluido en Aguachica. Ismael se encontraba recluido en el hospital como consecuencia de un atentado sufrido en el mercado público de la población. Los hombres encerraron al celador, a las enfermeras y a una hermana de Ismael en un cuarto contiguo tumbaron a la víctima de la cama y en el suelo le dispararon en reiteradas ocasiones. El 18 de marzo de 1993, el abogado SAMUEL EDUARDO RIOS QUINTERO, fue asesinado por desconocidos. El Colegio de Abogados Litigantes de Aguachica rechazó el hecho, por ser reflejo de actitudes de “justicia privada desacatando la autoridad legítima”. El 28 de marzo, en inmediaciones del predio La Platanera, ubicado en el corregimiento El Limoncito, se encontraron los cuerpos sin vida de los campesinos WILLIAM PALACIO ROPERO de 22 años, EDUARDO PALACIO ROPERO de 33 años y EMILIO PALACIO ROPERO, todos hermanos; y DAEL JULIO SANCHEZ de 44 años, quienes el día 25 habían sido violentamente sacados por desconocidos de una vivienda situada en el barrio Veinte de Enero, y obligados a subir a un vehículo. En este suceso desaparecieron otros dos miembros de la familia Palacio Ropero: JOSE MANUEL PALACIO ROPERO de 24 años y JORGE MANUEL PALACIO NAVARRO de 54 años, padre de los mencionados. A finales de 1992 se presentaron en la zona muchos casos de similares características, de lo cual se denunció el accionar de grupos paramilitares. En septiembre varios hombres incursionaron en la residencia del comerciante GUILLERMO DE JESUS RABE CASTAÑO de 38 años en Aguachica y le dispararon dejándolo herido, luego fue internado en el hospital de San Alberto, lugar donde intentaron rematarlo, por tal razón se decidió trasladar a Guillermo a Bucaramanga pero varios hombres interceptaron el vehículo en que viajaba desde San Alberto y finalmente, lo asesinaron el 11 de septiembre de 1993.


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El 23 de noviembre en horas de la noche, el candidato liberal a la Cámara de Representantes EMILIO ABUABARA NORIEGA de 34 años, fue asesinado y un CONCEJAL del municipio que lo acompañaba, resultó herido, de seis disparos propinados por tres hombres que los interceptaron cuando se encontraban en la carrera 51 con calle 5. El 27 de noviembre, ESTHER MIRANDA RAMOS de 16 años, fue asesinada por dos hombres cuando transitaba por una calle del barrio Las Acacias. Tres hermanos suyos fueron llevados a la fuerza y asesinados en zona rural hacía algunos meses. 1994 Durante 1994, el municipio de Aguachica se encontraba bajo la alcaldía militar del Mayor del ejército Jhon Carlos Vigoya Arango; esto sucede por “disposición presidencial que ordenaba la sustitución de alcaldes de elección popular por militares nombrados por el gobierno nacional, en aquellos municipios donde los alcaldes electos hubiesen sido asesinados, amenazados o la situación de orden público revistiera una gravedad tal que impidiera a los alcaldes electos el correcto desempeño de sus labores”.89 No obstante, el pretendido orden público se desfigura con los crímenes que siguieron sucediendo por los mismos organismos castrenses o por grupos paraestatales. Así, el 11 de enero en horas de la noche, el concejal liberal ANGEL URIEL ISAZA SANCHEZ de 40 años, fue asesinado de varios disparos de pistola calibre 9mm y escopeta calibre 12mm, propinados en presencia de su esposa, por dos hombres armados que irrumpieron en su residencia ubicada en el corregimiento San Andrés Totuma. Ángel Urial militaba en el movimiento de Emilio Abuabara Noriega, aspirante liberal a la Cámara asesinado en octubre de 1993. El febrero 20, el militar ROMAN HUGO GUERRERO NAVARRO de 18 años, JAVIER GUERRERO NAVARRO y ELIECER ALBA GUERRERO, integrantes de una misma familia, fueron asesinados por varios hombres que irrumpieron en su vivienda los sacaron a la fuerza y los subieron a un vehículo en la vereda Barranca-Lebrija. El 18 de mayo hacia las 8:30 a.m., WILSON SANCHEZ de 35 años y JORGE REYES MOSQUERA de 25 años, fueron asesinados de disparos de pistola calibre 9mm propinados por varios hombres, en el momento en que llegaron hasta la vivienda de Wilson ubicada en la carrera 33 con calle 9. La ciudad se encontraba militarizada, pues ese día fue emboscada una patrulla de la SIJIN, en la que murieron tres de sus miembros; al parecer, el asesinato de Wilson fue cometido por integrantes del grupo UNASE. El mismo día fue asesinado de 5 disparos el PROPIETARIO de una llantería, cuando se movilizaba en bicicleta; le dispararon desde una motocicleta, en el cruce de la carrera 40 con calle 5ª. El 19 de mayo hacia las 10 de la noche, la bebé LINDA STEFANI CUESTA FELIZZOLA, fue asesinada durante un atentado a su PADRE, quien resultó herido de un disparo con arma de corto alcance propinado por un desconocido, cuando tenía a la niña en sus brazos, en el barrio Los Halcones. Otra fuente indica que, al parecer, el hecho fue cometido por integrantes del grupo UNASE quienes sindicaron al padre de la niña de ser auxiliador de la guerrilla. El 1 de junio hacia las 9:15 p.m., el propietario de un taller de mecánica OSWALDO BERTEL CACERES de 33 años, fue asesinado de 2 disparos que le propinaron 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta cerca al taller ubicado en la calle 3 con carrera 15.

89 Oficina Internacional de Derechos Humanos –OIDHACO-. El Sur del Cesar, la Provincia de Ocaña y el Catatumbo: Un ejemplo de ofensiva paramilitar. Bruselas, abril de 1996. p. 12


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Otra fuente indica que la población estaba militarizada por la posesión del Alcalde militar, nombrado por el gobierno. El 7 de junio, un HOMBRE, fue encontrado asesinado con siete impactos de bala calibre 9mm en diferentes partes del cuerpo, debajo del puente de la quebrada Buturama en inmediaciones a la base militar Morrison. El 29 de junio, en horas de la noche, los campesinos ISAIAS RAMIREZ DIAZ de 55 años e ISAIAS RAMIREZ VARGAS de 20 años, fueron asesinados por integrantes de un grupo paramilitar que les dispararon en varias ocasiones, en la vereda El Pescado, entre las poblaciones de Aguachica y San Alberto. Esa misma noche los hermanos y campesinos DIMAS BERMUDEZ de 30 años y GERMAN BERMUDEZ de 37 años, fueron asesinados por integrantes del mismo grupo paramilitar que había dado muerte a los otros dos campesinos. Los paramilitares iban vestidos con prendas militares, éstos irrumpieron en la vivienda donde se realizaba una fiesta, sacaron a los hermanos y los fusilaron en presencia del resto de personas en el corregimiento Puerto Patiño. Al día siguiente, 30 de junio, en horas de la madrugada, los campesinos CIRO ALFONSO CRUZ de 37 años y RAMON TORRES CARRASCAL de 56 años, fueron obligados por un grupo de paramilitares encapuchados a salir de sus casas, para que subieran en un automóvil que partió con rumbo desconocido; posteriormente fueron encontrados los cuerpos de los labriegos en la vereda Márquez. Las víctimas fueron llevadas en un campero rojo, sin placas, en el que se han perpetrado varias acciones en contra de la población civil, por parte de efectivos del grupo UNASE. Según una fuente, la responsabilidad de las muertes de Ciro y Ramón es de los paramilitares que vienen operando en las poblaciones de San Alberto y Aguachica, quienes el día anterior asesinaron a dos campesinos en el corregimiento Patiño de la misma población y otros dos en el corregimiento Líbano de Aguachica. El 11 de julio, en horas de la madrugada, el trabajador de un aserradero JAIME ENRIQUE DIAZ PAVA de 36 años y el trabajador informal SALVADOR LEON REYES de 30 años, fueron asesinados de disparos de pistola calibre 9mm propinados por desconocidos luego de salir de una fiesta y dirigirse hacia sus casas en la calle 6 con carrera 19. El 19 de julio, los campesinos ALVARO BOTELLO BUSTOS de 26 años, JAVIER CONTRERAS BARON de 20 años y ADRIANO PORTILLO de 70 años, fueron asesinados por un grupo de aproximadamente 20 paramilitares que portaban armas de largo y corto alcance, algunos de los cuales vestían prendas militares, en el corregimiento Norean. En el grupo iban unos encapuchados que hacia las 9 de la noche irrumpieron en el lugar y obligaron a los pobladores a reunirse procediendo a robarles relojes, cadenas y dinero en efectivo; posteriormente sacaron aparte a Álvaro y a Javier y los asesinaron en presencia de los demás campesinos. La fuente indica que uno de ellos fue obligado a tomarse un vaso de agua, según ellos, “para que no muriera con sed”. Adriano fue asesinado en su vivienda por demorarse en cumplir la orden de salir con rapidez, tumbaron la puerta del predio y le dispararon, al marcharse los paramilitares amenazaron a los pobladores diciéndoles “que si querían denunciar lo hicieran, que más se demoraban en denunciarlos que ellos en darles muerte; después los mandamos a dormir”. Cerca del lugar de los hechos había un retén y un puesto provisional de la Brigada Móvil No. 2, y poco después del hecho, circuló por el corregimiento un tanque de guerra del ejército.


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El 20 de agosto, los campesinos RAMIRO JACINTO FERNANDEZ ROSSO de 34 años y DIOGENES ALVAREZ RAMIREZ de 29 años, fueron asesinados por unos 30 hombres encapuchados que vestían de civil, portaban armas de corto y largo alcance en el corregimiento Pitalimón. El 25 de agosto, YOLANDA ORTIZ de 40 años y un HOMBRE, fueron desaparecidos el mismo día, después que un grupo de desconocidos fuertemente armados, los sacaron a la fuerza de cada una de sus viviendas y se los llevaron en un vehículo con rumbo desconocido. El 5 de octubre, ARLEY CUISIDES PUENTES de 19 años fue asesinado de 4 disparos propinados por un hombre armado, que irrumpió en su vivienda en el barrio Villamaría. Al día siguiente, hacia las 7:10 de la noche, el celador de la escuela Urbana No. 2 MANUEL GUEVARA LOBO, fue asesinado por desconocidos que aprovecharon una interrupción en el servicio de energía eléctrica en la escuela ubicada en cercanías a la base militar Aguachica. Manuel había sido víctima de cuatro atentados, el último de ellos cometido el pasado primero de junio. El 7 de octubre, un HOMBRE que vestía una camisa de colores, blue jean y medias color marrón, fue encontrado asesinado de tres disparos en la cabeza en la vía que conduce a la vereda Las Piñas. El 22 de octubre, la mesera BERTA MARIA RIVERA NAJERA de 21 años, fue encontrada asesinada con un impacto de bala y a su lado se encontró una escopeta calibre 16 en el interior del establecimiento llamado Bodega de la Frutera ubicado en la calle 5 No. 22-85, en el cual laboraba.

La cárcel, lugar de represión

El 22 de noviembre de 1994 a las 2:00 AM, los reclusos de la cárcel municipal HERMES JOSE ENRIQUE MOLINA, ALFONSO PAEZ VERGEL, OFIEL SANTIAGO QUINTERO, ALIRIO VELASQUEZ PEREZ y URIEL BARBOSA, fueron asesinados y CESAR JULIO CRUZ QUIÑONEZ, ALFREDO TARAZONA VILLEGAS y ELEDIS JOSE ROSADO TORRES, fueron desaparecidos durante una incursión paramilitar en la cárcel de Aguachica en la que participaron aproximadamente unos 30 hombres. Esa madrugada los paramilitares llegaron armados con fusiles y armas cortas, algunos vestían prendas militares, los rostros cubiertos con pasamontañas al penal y se presentaron como “la porquería del ELN”. Luego invitaron a los reclusos a salir, pero ante la negativa de los reclusos, ordenaron a ocho de ellos acusados de delitos políticos y conexos identificados por medio de una lista. Hermes Molina, fue asesinado de dos disparos de fusil al oponerse a la exigencia de salir de su celda, posteriormente, se llevaron consigo a los otros siete reclusos. Los cuerpos de cuatro de ellos fueron encontrados a la entrada de las fincas Perú y San Isidro, zona rural de la población, con disparos de armas de diversos calibres en la cabeza. Se desconoce el paradero de César Julio Cruz Quiñónez, Alfredo Tarazona y Eledis José Rosado. Inicialmente las versiones oficiales responsabilizaron a la UC-ELN, pero pobladores y organizaciones de la zona afirmaron que el hecho fue cometido por integrantes de grupos paramilitares que actúan la región. De otra parte, se menciona que la ciudad estaba militarizada, que los paramilitares se movilizaban en un camión y que permanecieron en el penal hora y media; además, se asegura que a sólo cinco cuadras están ubicada una


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base militar y el Quinto Distrito de policía y sin embargo pudieron huir con toda facilidad. Los militares hicieron presencia en el lugar, sólo dos horas después de lo ocurrido. Ante los hechos, el alcalde, Mayor del ejército John Carlos Vigoya Arango, manifestó: “El acto de la cárcel no fue por descuido de los grupos militares, si se tiene en cuenta que la misión de la policía y el ejército, no es la de controlar las cárceles”. FUENTE: Oficina Internacional de Derechos Humanos –OIDHACO-. El Sur del Cesar, La Provincia de Ocaña y el Catatumbo: Un ejemplo de ofensiva paramilitar. Bruselas, abril de 1996. p.13 El 27 de noviembre el ex concejal de filiación conservadora JOAQUIN FIDEL ROYERO GUZMAN, fue asesinado de 13 disparos a quemarropa propinados por desconocidos en la puerta de su residencia. El pasado 20 de mayo había renunciado a su curul por amenazas contra su vida. El 19 de diciembre, en horas de la madrugada, el campesino TRINIDAD URIBE SANCHEZ, fue asesinado en circunstancias desconocidas. En tres días fueron asesinados en la localidad y sus inmediaciones cinco hombres, a pesar de que ésta permanecía militarizada. Este mismo día, hacia las 11:20 a.m. CARLOS EMIRO SAN JUAN CARREÑO, fue asesinado por dos hombres, en momentos en que echaba gasolina a su motocicleta en una estación de Terpel en la carrera 40. El 20 de diciembre hacia las 5:45 a.m., el comerciante de ropa JAIRO RAMOS LEON de 29 años, fue asesinado de 16 disparos de pistola calibre 9mm propinados por un desconocido que se movilizaba en una moto frente al taller Los Amigos ubicado en la calle 4 con carrera 18. Horas más tarde ese mismo día, hacia las 6:45 de la noche, el conductor GUSTAVO PAVA VILLEGAS, fue asesinado de varios disparos propinados por desconocidos en momentos en que la localidad se encontraba sin fluido eléctrico en una vivienda ubicada en la calle 5 No. 5-17. En tres días fueron asesinados en la localidad y sus inmediaciones, cinco hombres, a pesar de estar permanentemente militarizada, pues se han presentado enfrentamientos con la guerrilla El 21 de diciembre, el propietario de una distribuidora de carnes HECTOR ALFONSO GALVIS CASTAÑEDA, fue detenido, torturado y asesinado, su cuerpo fue encontrado con 4 impactos de bala en la cabeza amordazado y maniatado, sobre la troncal de Caribe en la vereda Las Piñas. El día anterior había sido sacado de su establecimiento, por cinco hombres armados con fusiles Galil y que cubrían sus rostros con pasamontañas. El 27 de diciembre, el niño JHONATAN LEON TORRES de 4 años, fue asesinado y su PADRE fue herido, por varios disparos de armas de largo alcance propinados por varios hombres contra el vehículo en el que se movilizaba junto con varios familiares en la carretera troncal de oriente, a la altura del sitio conocido como La Curva del Diablo, vía al corregimiento Puerto Mosquito, en jurisdicción de Gamarra. 1995 El alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón López, asumió la administración del municipio el 1 de enero de 1995, tras un período de alcaldía militar que –evidentemente-


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no logró el mejoramiento de la situación de orden público en el municipio. Durante dicha administración se llevaría a cabo, por primera vez, una consulta popular, para que los pobladores sentaran su voz de protesta por la violencia que padecían a diario, en palabras del alcalde “Es el pueblo mismo el que tiene que deslegitimar a los violentos y decir que quieren la paz, que rechaza la violencia y que quiere un modelo de paz productivo, tolerante y participativo desde el mismo gobierno”90 Sin embargo, frente a estos intentos de frenar la represión, el panorama de este nuevo año no es alentador, así lo sustentan los siguientes casos reseñados. El 12 de enero en horas de la noche, el taxista JORGE LOBO NUÑEZ de 38 años, fue asesinado de 3 disparos propinados por dos mujeres y un hombre en la carrera 38 con calle 3, barrio María Eugenia. Los victimarios solicitaron el servicio de taxi a la altura del Parque San Antonio con calle 5 y pidieron ser llevados al barrio María Eugenia en donde le dispararon en momentos en que la víctima se disponía a darles las vueltas. En los últimos meses se ha recrudecido la situación de violencia en este municipio.

La masacre de Puerto Patiño

El 15 de enero de 1995, los pescadores FERNANDO LOPEZ OSORIO de 20 años, JESUS ROPERO de 22 años, JOHN HOYMAR BELTRAN GALVAN de 19 años, LIBARDO MONTALVO PEREZ de 26 años, MIGUEL ANGEL CACERES PADILLA de 25 años, LORENZO PEDROZO PADILLA, GEOVANNY GUZMAN PEREZ y LEON SALDAÑA, fueron asesinados y torturados y JOSE TRINIDAD GALVAN URQUIJO fue desaparecido por un grupo de paramilitares que se autodenominaron los “Caratapadas”, que contaban con el apoyo de miembros del ejército, en hechos ocurridos en el corregimiento de Puerto Patiño. Las víctimas se encontraban en una fiesta popular cuando, entre la medianoche y la 1:15 de la madrugada, cerca de 50 hombres encapuchados, vistiendo prendas de uso privativo del ejército y portando armas de corto y largo alcance (pistolas 9 mm y fusiles Galil), irrumpieron en las casetas “La Guapachosa” y “Los Charcos” cortando el fluido eléctrico, obligando a patadas a la gente a tenderse en el suelo y con lista en mano fueron llamando a cada una de las víctimas, llevándoselas a la fuerza con rumbo desconocido en una camioneta Luv 350 cabina amarilla, un campero trooper verde y dos Toyotas. A José Trinidad le decían “guerrillero hijueputa, estaba escondido acá granhjjueputa” y le iban pegando patadas mientras lo sacaban de una pieza. Durante la retención, en los alrededores de la población se encontraban varios hombres que impidieron que se diera aviso a las autoridades militares acantonadas a sólo 20 kilómetros del lugar, irrumpiendo en los billares “Sayuri” y tendiendo a la gente boca abajo sin llevarse a nadie de allí. Al retirarse, los encapuchados amenazaron de muerte a las personas presentes si se atrevían a salir antes de media hora. En el escape del lugar, los paramilitares pasaron enfrente de las bases militares Morrison y de Aguas Claras, sin que fueran retenidos. A Geovanny y Lorenzo los encontraron asesinados en la finca Los Rocheles, frente a la finca de La Viuda Blanca. A Jesús, Jhon Hoymar, Libardo y Miguel fueron encontrados en la quebrada La Guadua, cerca de la vereda Los Ángeles, en el caño conocido como La Cristalina o La Mierda. El cuerpo sin vida de Fernando fue encontrado en el cementerio junto con el de León, quién no era de la población ni estaba presente en la fiesta, por lo que no pudo ser identificado en un principio. Uno de los hombres que también había sido llevado con el grupo, Luis Alberto Reyes Rodríguez, de 30 años, conocido como “Chiche”, apareció horas después en la población

90 El Colombiano. “Aguachica abre un camino de paz”. Julio 31 de 1995. p. 6A


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con un arma al cinto y mucho dinero, eludiendo las respuestas de los familiares de las víctimas, a lo que contestaba que ellos volverían “vivos, uno por uno”. Posteriormente la gente de la población lo denunció ante el ejército como alguien relacionado con los paramilitares, puesto que al momento de los hechos éstos le dijeron “hola palomita, al fin te encontramos otra vez, desde que nos hiciste una cagaita grande”, “Nos traicionaste Reyes, esta vez no te vas a escapar”, a lo que él imploraba por su vida. El ejército no lo detuvo aduciendo que no tenían razón para capturarlo, y él se les ”voló” a los soldados que lo vigilaban, sin que lo persiguieran. A partir del 18 de enero no se sabe su paradero. Informes de inteligencia de la policía Judicial del Cesar señalaron al Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de la base militar de Aguachica, como el superior jerárquico y asesor militar de los grupos paramilitares que operan en el Sur del Cesar, así como directo responsable de la masacre. Al mando del grupo paramilitar que ejecutó la masacre se hallaba Roberto Prada, fundador de los grupos paramilitares en el Sur del Cesar. Junto con él actuaron alias “El Socio”, primer jefe militar del grupo de Juancho Prada y comandante del operativo en que fue realizada la masacre; Luis Emilio Camarón Flórez, alias “Vladimir”, primer jefe militar del grupo de Roberto Prada y segundo comandante de este operativo; el ex militar conocido con el alias “Norris”, segundo jefe militar del grupo de Juancho Prada; alias “Walter”, jefe del grupo paramilitar Huérfanos de la Guerrilla; alias “Aldemar”, jefe del grupo paramilitar Los Motosierra; Bernabé Ríos, alias “Tripa”; el paramilitar llamado Eduardo conocido como alias “Guerrero” o “Guerrillo”, quién disparó sobre las víctimas; el ex soldado conocido con el alias “Garza”; los ex soldados y hermanos Luis Antonio y Félix Capacho Durán, conocidos con los alias “Calavera” y “El Tigre”, respectivamente; Horacio Riaño, alias “Juan Carlos”; alias “El Abogado”; el paramilitar llamado Angelino conocido con el alias “El Abuelo”; alias “El Muñeco”; y el ex militar conocido con el alias “El Gato”. Actuaciones Judiciales Las actuaciones que se llevaron a cabo por la masacre en las distintas instancias judiciales, únicamente funcionaron para ocultar la verdad de lo sucedido y cubrir a los responsables en un manto de impunidad. En cuanto la investigación penal ordinaria, el Mayor Lázaro Vergel fue arrestado el 17 de marzo de 1995 después de que la oficina en Barranquilla de la Fiscalía General de la Nación le dictara orden judicial de arresto. Permaneció detenido en la V Brigada. Sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad, por vencimiento de términos. En tanto Roberto Prada fue arrestado en julio de 1996 siendo recluido en la cárcel y acusado por los cargos de homicidio y de formación de grupos paramilitares. La investigación penal militar fue asumida por el Juzgado 100 de Instrucción Penal Militar. Luego de surtirse los tramites legales, el 3 de junio de 1996 el Comando de la V Brigada dispuso cesar todo procedimiento a favor del Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel por "falta de mérito" para convocar Consejo de Guerra. El Tribunal Superior Militar confirmó la decisión y el proceso se archivó definitivamente. Varios testigos y declarantes dentro de este proceso fueron amenazados de muerte. Por último, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó investigación disciplinaria bajo el radicado 008-001131/1995, radicado al libro Nº 13 folio 5470, a la que fue vinculado el Mayor del ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel. El 24 de julio de 1996, se ordenó abrir investigación disciplinaria contra el Mayor del ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel, en condición de Comandante de la Base Militar de Aguachica por auspiciar y promover grupos paramilitares y por omisión de sus funciones al permitir la masacre de Puerto Patiño.


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El 31 de enero de 1997 se profirió auto de cargos por los mismos hechos y el 6 de marzo de 1998 sancionó al Mayor con destitución (Separación absoluta de las Fuerzas Militares) como Comandante de la misma Base, pues “se encuentra plena prueba de la participación y responsabilidad dolosa del Oficial Lázaro Vergel, en la conformación y auxilio al grupo paramilitar en la matanza de siete pescadores y la desaparición forzada de otro (...) fundamentada no en el simple hecho de manifestaciones de simpatía hacia estos grupos por parte del Mayor Lázaro Vergel, sino en cuanto de sus propias expresiones se deducen compromisos, conocimiento de las actuaciones criminales de los paramilitares y el control que sobre ellos ejercía”. No obstante, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, en resolución del recurso de apelación, revocó el 30 de octubre de 1998 el fallo de la Delegada y decide absolver al sancionado al señalar que “fuera de los comentarios que emitió el Mayor Lázaro Vergel, en favor de los grupos paramilitares, no existe ningún otro hecho susceptible de comprobación que hipotéticamente hubiera podido revelar su nexo con ellos”, a pesar de que la investigación se erigió sobre el testimonio del Comandante de policía de Aguachica y sobre informes de la SIJIN y la DIJIN del departamento del Cesar. Desconociendo estas pruebas la Procuraduría sostiene que no se podía colegir “sin duda alguna, que realmente el funcionario investigado para la época de los hechos promovía en la región grupos de justicia privada o paramilitares denominados Los Caratapadas”; lo que daba paso a la aplicación del “in dubio pro disciplinado” al no existir certeza de la responsabilidad de los cargos imputados al Oficial, y consecuente con ello la absolución. Esta masacre, como muchas de las que se han cometido en la zona V, tiene un fin de represalia para comunidades que según los comandantes de las fuerzas militares son colaboradores de la insurgencia. El informe de policía judicial señala directamente al comandante de la base de Aguachica: “De otra parte altas y diversas fuentes de información señalan al señor mayor del ejército nacional Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de la base Aguachica como directo responsable, organizador y ejecutor de las acciones llevadas a cabo por este grupo utilizando para sus operaciones personal de la base Morrison y del UNASE de Aguachica”. Y es que al mirar la defensa del mayor Lázaro contra las acusaciones del comandante del puesto de policía, del alcalde del pueblo y de su secretario de gobierno, la más excelsa muestra de la lógica contrainsurgente y de la prelación de la seguridad nacional sobre la seguridad de los ciudadanos, pues para él, el alcalde es una ficha de la insurgencia, y sus acusaciones son producto de su antigua militancia en el M-19; de otro lado, según su versión el ELN apoyó electoralmente al actual alcalde razón que lo lleva a decir en sus declaraciones: “Él ganó con los votos que le dieron la vereda la Yeguerita, Cerro Redondo, Cerro Bravo, que es donde están los campamentos del ELN, ganó por 350 votos y yo tuve informaciones de que en él su campaña política estuvo reunido con la guerrilla en esos sitios, por lo cual esa era la preocupación de él, porque si no le cumple al ELN ya sabe lo que le viene encima”. Nuestra explicación es que la conexión paramilitar-militar muestra de manera contundente la reacción de las elites a los cambios sociales, es de sorprender como el Mayor Vergel reconoce la existencia de grupos paramilitares de ganaderos, y los ven con la mayor naturalidad al punto de decir: “Que no conozco ningún grupo paramilitar ni tengo relaciones con ellos, pero que sí es de conocimiento de todas las autoridades, que en el Sur del Cesar los ganaderos de la región tienen un personal armado que son los que cuidan cuando ellos van a sus fincas, con el fin de protegerse de un posible secuestro por parte de la subversión y los delincuentes” . Como ya se ha dicho a lo largo de este apartado la situación del Sur del Cesar es compleja, pues la violencia política en el departamento tiene como eje central a los que deberían defender a los ciudadanos, y es


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que el Estado prefiere adelantar políticas de fomento al paramilitarismo en vez de hacer costosas reformas sociales que trastocarían el orden existente y el negocio de la palma, que es mucho más rentable al capital que las economías campesinas de supervivencia. En suma, todo el aparato coercitivo del Estado tiende a favorecer las grandes ganancias. El 16 de enero, los campesinos FANER CONTRERAS GOMEZ de 27 años y MELQUISEDEC CONTRERAS GOMEZ de 28 años, fueron torturados y asesinados al ser interceptado el camión en el que se movilizaban por un grupo de 30 paramilitares que habían instalado un retén en la vía que conecta a los corregimientos de Norean. Faner recibió tres impactos de arma de fuego en la cara y el pecho y Melquisedec recibió varios disparos en la cabeza, el brazo y el abdomen. Al parecer, los victimarios fueron los mismos que dos días antes habían torturado y asesinado a siete campesinos y desaparecido a uno más. Estos crímenes hacían parte de una grave situación de violencia perpetrada por grupos paramilitares contra la población campesina, lideres cívicos y sindicales y presos políticos. El 18 de enero, los señores MOISES Y ARIOSTO CARRASCAL fueron detenidos de manera arbitraria por el Mayor del ejército Jorge Lázaro Vergel, quien los sindicó de ser los responsables de un atentado guerrillero ocurrido recientemente. Sin embargo, el oficial no tenía orden judicial para retenerlos ni interrogarlos; a pesar de esto lo hizo, y se los llevó a la base militar. La actuación disciplinaria fue llevada a cabo por la Procuraduría General de la Nación, la cual mediante resolución 02216666 de 24 de marzo de 1999, decidió revocar la sanción impuesta por la primera instancia, pretextando que según las investigaciones de la fiscalía los detenidos se encontraban en flagrancia, motivo que facultaba jurídicamente al Mayor para detenerlos. El 4 de febrero, el comerciante FRANCISCO JAVIER CASTRO ZULETA, fue asesinado de dos disparos en la cabeza propinados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, quienes interceptaron la ambulancia en que era transportado por la vía Troncal de Oriente en inmediaciones de la vereda El Juncal. Francisco había sido gravemente herido cuando se encontraba en una cancha de tejo de la localidad en un establecimiento de su propiedad. Este mismo día, el obrero de la finca La Unión ROQUE LEON CADENA de 26 años, fue sacado de su vivienda ubicada en la calle 10 No. 39-04 para luego ser desaparecido por diez hombres que portaban armas de corto alcance que se movilizaban en una camioneta 300 color blanco y un campero Toyota gris. El 9 de febrero, CRISTO HUMBERTO HERRERA PEREZ de 37 años, fue encontrado asesinado con seis disparos en la cabeza en la vereda La Yegüerita. El 16 de marzo, el indigente WILLIAM CALCO de 28 años, fue asesinado de tres disparos propinados por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta en la avenida Kennedy con carrera 40. William había llegado hace 7 meses a la ciudad, y se dedicaba a pedir limosna. En varias ocasiones estuvo detenido, acusado de robos menores. El 18 de marzo, DAGOBERTO ARRAU BOCANEGRA de 32 años, fue asesinado de 7 disparos en diferentes partes del cuerpo, propinados por dos hombres que se acercaron al lugar donde se encontraba junto con cuatro hermanos y un amigo, a quienes también les dispararon; según un testigo, los agresores le dijeron al amigo de Dagoberto que “se parara, que a él era a quien iban a matar”. En el hecho, ocurrido frente a la vivienda de Arrau fueron heridos un HERMANO y una NIÑA de 11 años.


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Al día siguiente, el empleado de una firma de topógrafos que realizaba trabajos en la vía a Aguas Claras ANTONIO JOSE RESTREPO GONZALEZ de 24 años, fue encontrado asesinado por miembros de la SIJIN, en la finca La Aurora. El 27 de marzo, UBALI JIMENEZ ARIAS de 18 años, fue encontrado asesinado con seis disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza, en la vía que conduce a Gamarra. La fuente agrega que la víctima residía en la población de San Martín y que el día anterior había salido en la mañana hacia Aguachica. El 31 de marzo el taxista JOSE OMAR GARNICA IBARRA de 27 años, fue asesinado por desconocidos que le propinaron varios impactos de pistola calibre 9mm cuando departía en un billar ubicado en la zona de tolerancia. El mismo día fue asesinado el director del Hospital Regional del Sur de Aguachica. Igualmente, este día, el campesino GEOVANNY BOTELLO QUINTERO de 22 años, fue encontrado asesinado en el casco urbano; su cuerpo presentaba cuatro disparos. Las acciones criminales de este día terminaron con el asesinato en horas de la noche del médico cirujano y director del Hospital Regional del Sur de Aguachica, JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE de 43 años, a manos de un desconocido que le propinó 7 disparos de pistola 9mm en el rostro, la nuca, el pecho y la espalda, en momentos en que departía en una heladería ubicada a pocos metros de la sede de Telecom y de la vivienda del comandante de policía de Aguachica de la sede de la SIJIN y de otras instalaciones militares. José David llevaba tres meses en el cargo, tiempo en el que se empeñó en atacar graves problemas de corrupción en la institución. “Su meta era limpiar al hospital de todos los males que lo aquejaban”. Pocos días después circuló en la población un supuesto comunicado firmado por el Frente Camilo Torres de la UC-ELN, en el cual se atribuye la autoría del hecho, luego de sindicarlo de perseguir a personas que trabajan con el sector de la salud y que al parecer mantienen nexos con la guerrilla. Posteriormente, otra fuente indica que “el ELN no habría asesinado al director del hospital”, como se afirma en el comunicado, el cual se califica de falso. Mediante un comunicado, la UC-ELN desmiente la veracidad del anteriormente reseñado y “atribuyó la muerte del director del Hospital, a los grupos paramilitares de quienes se dice que son militares del batallón Santander pero vestidos de civil”. El 26 de abril, el administrador de una finca ubicada en San Martín OVIDIO JOSE CAMPOS MANJARRES, fue asesinado y RAUL RINCON, resultó herido de disparos propinados por varios hombres quienes se transportaban en una camioneta Luv y lo interceptaron cuando se movilizaba en una motocicleta en inmediaciones de la empresa Frescaleche vía a San Martín en zona rural de Aguachica En cercanías al lugar fueron asesinados el día anterior, el concejal Carlos Bacca y tres de sus hijos. Al parecer Ovidio era seguido por los agresores desde el cementerio de Aguachica donde había asistido a los funerales del concejal Bacca y sus hijos. El 30 de abril hacia las 8:30 pm, el campesino LAUREANO MONTAGUTH ALVAREZ de 28 años, fue asesinado de 10 disparos de pistola calibre 9mm propinados por un desconocido cuando aquel departía con otros dos campesinos en un establecimiento público, ubicado frente a la estación de servicio de Terpel del casco urbano, en momentos en que la población quedó sin fluido eléctrico.


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El 11 de mayo, el ex diputado a la Asamblea departamental y ex concejal de filiación liberal JOSE HERMES HERRAN de 52 años, fue asesinado de 7 disparos propinados por un desconocido que ingresó al restaurante estadero Las Pampas. La fuente agrega que “el homicidio se registró en pleno perímetro urbano de la ciudad, a la vista de varias personas, sin embargo, no hubo reacción de la fuerza pública lo que facilitó la huída de los criminales, cuyo paradero se desconoce”. El dirigente político, quien además era un conocido dirigente deportivo, había denunciado a las autoridades que estaba recibiendo amenazas de muerte. El 17 de mayo, el vendedor de rifas ALVARO ENRIQUE ALVAREZ JULIO de 23 años, fue asesinado de cuatro disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza y el hombro izquierdo propinados por desconocidos en su vivienda ubicada en la calle 28 No. 0-48. El día 28 de ese mismo mes, el administrador de la llantería La Bolívar LISANDRO SUAREZ CONTRERAS de 31 años y el niño JORGE FUENTES MOLINA de 8 años, fueron asesinados de varios disparos propinados por un hombre que llego al establecimiento ubicado en la calle 4 con carrera 40. Jorge recibió un disparo en la cabeza y Lisandro recibió 4 disparos en varias partes del cuerpo. El 3 de junio, el peluquero y entrenador de la selección femenina de baloncesto, HUGO FADUL MALBRAN de 41 años, fue asesinado de dos disparos, uno en la espalda y uno en nuca propinados por un hombre que portaba visera e iba con la cara pintada, el desconocido entró a la Droguería Cesar en donde se encontraba Hugo pidiendo una bicicleta prestada y cuando se disponía a marcharse el hombre le disparó y luego abandonó el lugar muy tranquilo, haciendo varios disparos al aire. El 5 de junio, el campesino MOISES ANTONIO PALOMINO BALLESTEROS de 25 años, fue asesinado y su HERMANA fue herida de disparos propinados por dos hombres armados, quienes lo interceptaron cuando se dirigía a su residencia en Aguachica. Moisés alcanzó a correr y llegar a su casa pero los victimarios lo siguieron hasta la cocina donde le dieron muerte; por los disparos resultó herida la hermana de Moisés, quien se encontraba sentada en el andén de la vivienda. El 12 de julio, JAIME ANTONIO SERNA de 21 años, fue encontrado con seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo en la vereda El Juncal, a un lado de la Troncal del Norte. Días después, el 22 de julio, hacia las 8:30 de la noche, ALICIA PEREZ FLOREZ de 28 años, fue asesinada de varios disparos propinados por un desconocido que se le acercó y le disparó en varias ocasiones en momentos en que conversaba con otras personas en un establecimiento público en el barrio Maria Eugenia. El 28 de julio, el comerciante JOSE DEL CARMEN URIBE SARABIA de 32 años, fue encontrado asesinado de varios disparos y en estado de descomposición en zona rural del municipio. José del Carmen estaba desaparecido desde hacía 3 días, cuando salió a realizar diligencias comerciales, y fue llevado a la fuerza y bajo amenazas, por tres hombres fuertemente armados, quienes lo sacaron de una heladería donde departía con unos amigos. Los victimarios lo obligaron a subir a un taxi y se lo llevaron con rumbo desconocido. Según la policía, fue asesinado minutos después de ser desaparecido, pero sólo fue hallado el día 28 del mismo mes. Al día siguiente, un HOMBRE de 38 años, fue asesinado por varios hombres armados, quienes le propinaron dos disparos en la vereda Yegüerita.


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El 17 de agosto de 1995, el abogado ROBINSON RAMIREZ TORRADO de 36 años, fue asesinado de 4 disparos en diferentes partes del cuerpo propinados por desconocidos cuando se encontraba en el estadero El Rancho en compañía de su esposa y su hijo menor de edad. Robinson se desempeñaba como auxiliar jurídico del Banco Industrial Colombiano en Aguachica. Una semana antes había colocado una denuncia en la Fiscalía por amenazas de muerte. Ante esta situación de persecución, en agosto 27, los pobladores deciden actuar conjuntamente con la administración municipal y la Iglesia, tomando como iniciativa la realización de una consulta popular como vía institucional para erradicar la violencia del municipio, convirtiéndose en “Modelo de Paz”. Este tipo de acciones, resultan significativas porque “(...) van mostrando un modelo de participación ciudadana y de la sociedad en sus respectivas localidades (...) tomando la opción por la vida contra la violencia y generan no sólo propuestas de convivencia sino también de inversión para la paz y el desarrollo.”91 Sin embargo, a pesar de estos valiosos actos de resistencia, el panorama no sufre modificación alguna, continua el clima de zozobra y terror que ha invadido a estas poblaciones, evidenciada en asesinatos, desapariciones y torturas contra a población, sus dirigentes y sus expectativas de un mejor porvenir. No obstante, la situación continúa y el esfuerzo de los pobladores parece inútil ante la arremetida violenta de los portadores de la doctrina contrainsurgente. El 4 de septiembre, dos comerciantes más serían asesinados. Se trataba de ISIDRO MARTINEZ RAMIREZ, de 24 años, y RAMON DARIO MEDINA, de 33 años. El paradero de los comerciantes era desconocido desde el 2 de septiembre, cuando a las 10 de la noche fueron sacados a la fuerza de sus viviendas en Aguachica. Los encapuchados, quienes se movilizaban en dos camperos Trooper y portaban armas automáticas, "manifestaron que después enviaban una nota", pero al parecer "abandonaron el vehículo en Aguachica, pasaron por Ocaña y llegaron hasta Ábrego. En la vereda conocida como El Guayabal ubicada en el municipio de Ábrego (Norte de Santander) se deshicieron de los comerciantes y los asesinaron a tiros de pistola en la cabeza". El 17 de septiembre, el celador del colegio Guillermo León Valencia de Aguachica e integrante de la organización sindical SINTRENAL, JOSE MANUEL PEREZ GARCIA, fue asesinado en circunstancias desconocidas. El 23 de septiembre, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenia, DAGOBERTO RODRIGUEZ RIVERA de 38 años, fue asesinado de 17 disparos propinados por varios hombres armados que irrumpieron en su vivienda, ubicada en la calle 2 No. 39-181. Otra fuente dice que la víctima presidía la Junta de Acción Comunal del barrio Nuevo Colón. El 25 de septiembre hacia las 9:00 a.m., el campesino ALEJO MADARRAIGA NAVARRO de 49 años, fue asesinado de ocho disparos y degollado por tres paramilitares armados que irrumpieron en la finca Las Tinajas, ubicada en la vereda Villa San Andrés. El día anterior, 24 de septiembre, tres miembros de una familia fueron asesinados en jurisdicción de la población, en similares circunstancias. El triple homicidio fue cometido por paramilitares, que acusaron las víctimas de ser auxiliadores de la guerrilla. El 27 de septiembre hacia las 10:00 p.m., el ayudante de Ecopetrol y ex agente policial JULIAN CONTRERAS JULIO de 21 años, el soldado del batallón Santander JESÚS

91 Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio –PDPMM-. Aproximación a la realidad del Magdalena Medio. Op. cit. p. 69


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ERNESTO CONTRERAS de 19 años, fueron asesinados y la hermana de uno de ellos una NIÑA menor de edad, resultó herida por dos hombres que les dispararon desde una motocicleta, en momentos en que se encontraban en las afueras de su casa, en la carrera 20 con calle 1ª este. El 25 de noviembre, el obrero JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GUERRERO de 28 años, fue asesinado y otro OBRERO resultó herido, de cuatro disparos propinados por dos desconocidos que irrumpieron en el billar donde se encontraban, ubicado en la calle 13 con carrera 9, barrio Divino Niño. El 14 de diciembre, el obrero LUIS GABRIEL BUSTOS de 27 años, fue asesinado de 4 disparos propinados por varios hombres armados, en la vía al sitio Aguas Claras, donde los victimarios “lo estaban esperando”. El 17 de diciembre, NICODEMO CASTRO SARABIA de 23 años, fue asesinado de más de 40 disparos propinados por hombres armados que lo obligaron a salir del establecimiento público donde se encontraba departiendo con amigos en el corregimiento Barranca de Lebrija. Finalmente, el 25 de diciembre, dos HOMBRES, fueron encontrados asesinados de varios disparos. 1996 El 13 de enero, hacia las 3:30 de la tarde, cuando se encontraban en una heladería ubicada en la calle 29 con carrera 5, GABRIEL MADARRIAGA CARABALLO de 34 años, CARLOS SANCHEZ de 24 años y GUSTAVO HERMITH OSSA de 50 años, fueron interceptados por un grupo de 12 hombres, armados con fusiles Galil, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra ellos; consecuencia de esto fueron asesinados los tres hombres y una NIÑA de 18 meses resultó herida. Los hombres salieron del lugar amenazando a muerte a quienes se atrevieran a seguirlos. El 17 de enero, los campesinos SIMON LUNA CASILLO de 27 años, VICENTE DUARTE CARVAJALINO de 25 años y RANGEL DUARTE CARVAJALINO de 30 años, fueron encontrados asesinados y con señales de tortura, en el sitio La Bocatoma a unos cinco minutos del casco urbano. Previamente habían sido sacados de sus viviendas ubicadas en la vereda San Pablo, por un grupo de paramilitares que los acusaron de auxiliar al Frente Camilo Torres del ELN. Según la fuente, el hecho está relacionado con otro triple homicidio cometido el día 14, en una heladería de la localidad, en el que dos de las víctimas eran “miembros de un grupo paramilitar”, y atribuye ese triple asesinato a la guerrilla. El 28 de febrero, el campesino ORLANDO OSORIO SANCHEZ de 40 años y DOS CAMPESINOS más, fueron asesinados por impactos de arma de fuego descargados por varios hombres, quienes portando armas de largo alcance y pistolas automáticas, irrumpieron en la vereda San Diego y les dieron muerte. El 9 de marzo, un HOMBRE de 29 años, fue encontrado asesinado en la vía que conduce a la vereda Once Reses. Presentaba múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo. El 26 de junio, los campesinos HUGO QUINTERO de 37 años y JAIME OSORIO CHICA de 16 años, fueron asesinados de varios disparos propinados por un grupo de hombres que irrumpieron en la finca El Milagro, ubicada en el corregimiento Puerto Mosquito.


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Posteriormente, el 5 de julio, el presidente del concejo municipal de La Gloria, ABDEL SAMALAVE SANTIAGO, fue torturado y asesinado por un grupo de hombres armados sin identificar, quienes lo abordaron cuando se movilizaba en una motocicleta y luego de obligarlo a bajar del vehículo lo torturaron, posteriormente le propinaron dos disparos, uno en la cabeza y otro en el cuello, en la vía que conduce al municipio de Pelaya. El 30 de agosto, el dirigente campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Cedros JORGE EMIRO GUARIN OVALLOS de 34 años, fue retenido, torturado y asesinado por paramilitares que se movilizaban en un vehículo rojo, vestían de civil, uno de ellos con pasamontañas, que portaban radios de comunicación, fusiles de cacha amarilla, pistolas y revólveres, en zona rural. El 6 de septiembre, el campesino FLORENTINO FLOREZ de 26 años, fue asesinado en presencia de su esposa y cuñado de cuatro disparos en la cabeza propinados por paramilitares encapuchados, que llegaron a su vivienda ubicada en zona rural, en un carro Toyota de vidrios polarizados. El sitio de los hechos está a escasos tres kilómetros de la base militar de Aguas Claras. Pocos días antes habían llegado a la finca Millonarios de la misma jurisdicción, individuos en idénticas circunstancias, quienes se identificaron como paramilitares y dijeron a quienes estaban presentes que ellos estaban en la zona para “limpiarla”. Pidieron los documentos de identidad y los compararon con una lista que llevaban. Estos grupos permanecieron en la zona varios días, hostigando y amenazando a la población, insistiendo en que les dijeran dónde estaba la guerrilla. Al administrador de la finca Los Tanques le dijeron que si les conseguía alguna información, les avisara a la finca Gamarra ubicada en la vereda Cascabela, distante a media hora de este lugar aproximadamente. A raíz de estos hechos, los pobladores solicitaron investigación a la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en la cual igualmente insistían en que se hicieran efectivas 25 órdenes de captura contra señalados paramilitares del Sur del Cesar. El 4 de octubre, RAFAEL FLOREZ de 55 años, JUAN CARLOS PACHECO de 17, GERMAN REYES DUARTE de 25 años, y otro HOMBRE que se desempeñaba como trabajador informal, fueron desaparecidos por paramilitares, después de capturarlos con lista en mano y en diferentes sitios del casco urbano. Una de las víctimas fue sacada por la fuerza de una farmacia de su propiedad y posteriormente conducida a un lugar desconocido en un campero Trooper. Hombres armados, quienes se movilizaban en otro vehículo, capturaron a dos hombres más en un billar del centro de la ciudad. La cuarta víctima fue desaparecida cuando conducía un vehículo de tracción animal. El 1 de noviembre de 1996, los campesinos PARMENIO VACA CORREA, RODRIGO CORPAS CORTES, JOSE GREGORIO BERMÚDEZ y NICOLAS GUTIERREZ, fueron asesinados por paramilitares que se movilizaban en varios vehículos Trooper, quienes llegaron a las viviendas de las víctimas con lista en mano y luego de ubicarlas, les dispararon en presencia de sus familiares en el corregimiento de Norean. Un boletín de la policía afirmó que las víctimas “eran guerrilleros y fueron muertos en combate con el ejército”. 1997 El 7 de abril, la Promotora de salud del corregimiento de Norean y reconocida líder comunitaria ALBA ROSA ARENAS MOLINA de 41 años, fue asesinada por desconocidos. El 22 de abril, el jornalero HERMES QUINTERO PACHECO de 30 años, fue asesinado por varios hombres armados en el barrio Palmira.


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Finalmente, el 11 de noviembre, el campesino ROBINSON GUEVARA PADILLA de 17 años, fue asesinado por un grupo de hombres armados mientras laboraba en la parcela de su padre, los cuales huyeron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo. 1998 Este año, el 8 de enero fue asesinado el comerciante JOSE DEL CARMEN CLARO ROMERO por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes irrumpieron en su residencia ubicada en el centro del municipio. Los victimarios destruyeron lo que encontraron a su paso y sacaron al comerciante de su casa para luego asesinarlo. La aniquilación del Movimiento Comunitario en los años noventa en Aguachica Los movimientos sociales en Aguachica tienen una raigambre de largo aliento, pues ya en los años ochenta el grupo Comuneros 81, había protagonizado varios paros cívicos con el fin de exigir al gobierno departamental y nacional la construcción de infraestructura para el municipio. A pesar de la pronta desaparición de este movimiento, su influencia se reprodujo cuando en 1989 se reactiva el movimiento comunero a raíz de un paro y de marchas cívicas por el derecho a la vida y la participación popular. Esto ocurrió en medio del incremento de la guerra sucia, donde los intereses estatales y elitistas perseguían la recuperación de la zona administrativa, política y militarmente, para garantizar las exigencias de los gremios económicos de Aguachica con relación al funcionamiento de multinacionales petroleras y grandes industrias agrícolas. Según las investigaciones, la mayoría de los crímenes eran cometidos por miembros del DAS, la policía o el ejército, en asocio con grupos paramilitares, los cuales incrementaron la guerra sucia contra el movimiento popular, originando desplazamientos masivos y creando unas condiciones en las que no se podía solicitar colaboración de las autoridades. Al año siguiente de clausurada la Asamblea Nacional Constituyente, se organiza en Aguachica un movimiento comunitario con la idea de expandirse por toda la región y dar respuesta a los problemas de la comunidad sin acudir a los partidos tradicionales, quienes la mayoría de veces servían a los intereses de los grandes terratenientes de la zona, dejando a un lado las exigencias de las personas de las clases populares. La nueva constitución generó tal entusiasmo en algunos grupos regionales, que decidieron organizarse y convertirse en opción para llegar a la alcaldía. Así nace el Movimiento de Acción Comunitaria, MAC, que agrupa a todas las organizaciones de Acciones Comunales de la región y que en el año de 1992 conquistó la alcaldía y logró la elección de tres concejales. La alegría no fue completa y la reacción de quienes veían su poder amenazado no se hizo esperar pues al mismo tiempo que ganaron las magistraturas recibieron amenazas de muerte. Las amenazas provenían tanto del ejército como de los paramilitares, para ambos las organizaciones comunales eran focos desde los cuales los grupos insurgentes desplegaban su actividad política. Así lo consigna un documento elaborado por la inteligencia militar titulado “Últimas informaciones del enemigo”92 donde dicen que ese movimiento social es un brazo político del ELN; afirmación curiosa, pues los integrantes de la misma asociación política dicen que recién fundado el movimiento uno de sus miembros fue asesinado por el ELN.93 Además de la acusación reseñada, los miembros de la inteligencia militar elaboraron a mediados de 1995 una lista de personas activas públicamente que consideraban subversivos. La escalada de asesinatos contra el MAC

92 Esta información fue tomada de Human Rights Watch. Las Redes de asesinos en Colombia. 1996. p. 40 93 Ibíd.


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terminó en el año de 1997, año en el que según el observatorio de derechos humanos de la presidencia descendió la tasa de asesinatos en la población urbana en Aguachica94. De esta manera, se identifica la protesta social con la subversión, se perpetúa la lógica castrense del enemigo interno cuyo equivalente paramilitar es la denominación de auxiliador de la guerrilla y que ve en todo movimiento reivindicativo una infiltración de la insurgencia. La finalidad de este tipo de ideologías es el mantenimiento de un estado de cosas que beneficia a los ganaderos y a los agroindustriales, ahogando en sangre cualquier intento comunitario por transformar su presente de explotación, pues ésta forma de operar “destruye organizaciones, acaba con la vida de dirigentes populares, con lo que se pierden valiosos liderazgos y acumulados históricos, y limita la necesaria autonomía del mundo social”.95 Por mencionar un ejemplo, encontramos que el día 28 de octubre de 1992 a las 10:10 de la noche, el Secretario de Hacienda del municipio y miembro del Movimiento de Acción Comunitaria de Aguachica CARLOS GALVIS RAMOS, fue asesinado de varios disparos propinados por sicarios que se le acercaron cuando se encontraba frente al colegio Guillermo León Valencia. En un comunicado, El Movimiento Político Acción Comunitaria96 expresa su dolor por el asesinato del funcionario resaltando su apoyo al movimiento social. Este asesinato quedó en la impunidad, pero la organización popular se ha empeñado en preservar la memoria de su compañero. Así se expresaron en su comunicado:

“Vemos con profundo dolor, que a nuestro pueblo nadie quiere escucharlo, que le cierran todos los espacios y que la salida más fácil es quitarle la vida, porqué así es mejor, ya que generar cambios en el comportamiento social y en las relaciones Pueblo – Estado y que según las fuerzas oscuras existentes en nuestra querida Colombia, generan menos problemas y no se atenta la ‘Democracia’.”

Agudización de la persecución al MAC Este Movimiento ganó las elecciones para alcalde municipal y tres concejales para el período del 1992-1994; pero, de manera paralela a la consecución de estos escaños públicos, se incrementa el hostigamiento en contra de los dirigentes. En varias oportunidades aparecieron pasquines denigrando del movimiento y amenazando a sus líderes. Entre estos a MANUEL ANGEL MEJIA alcalde municipal, CARLOS LOZANO LOBO secretario de gobierno, ERNESTO FERNÁNDEZ, coordinador de deportes, HUMBERTO LOPEZ, tesorero, MIGUEL OLAYA, GUSTAVO CONTRERAS jefe de prensa, JAIRO BARAHONA miembro del Comité de Derechos Humanos, entre otros. En la zona actuaba el grupo paramilitar autodenominado “Cirugía”. El 21 de septiembre de 1993, el miembro del Comité Regional de Derechos Humanos, delegado de la Confederación Nacional de Juntas Comunales, integrante del Movimiento de Campesinos del Sur del César y dirigente del Movimiento de Acción Comunitaria VICTOR GUAUDIA CASTAÑEDA de 42 años, fue asesinado de seis disparos propinados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta e incursionaron en su vivienda ubicada en la calle 3 con carrera 12 en Aguachica. Según testigos uno de los responsables

94 Vicepresidencia de la República. Panorama actual del Magdalena Medio. Bogotá, Fondo de inversiones por la paz, 2001. 95 ARCHILA, Mauricio. “Apabullados pero no derrotados”. En Foro. No. 50 de Junio de 2004. p. 40. 96 Movimiento Político “Acción comunitaria” poder para el pueblo. Comunicado. Aguachica, octubre 29 de 1992.


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era joven, de aproximadamente 18 a 20 años de tez morena, cabello ondulado y vestía camiseta gris, pantalón negro y portaba una cachucha. Este mismo día fue asesinado Ramiro Quintero Lindarte. Como protesta por este crimen, 15 organizaciones comunitarias ordenaron el cese de actividades para los días 23 y 24 de septiembre. Como antecedente a su asesinato, debe recordarse que en mayo de 1988, después de las Marchas Campesinas, Víctor había sido detenido por el F-2, en cuyas instalaciones lo fotografiaron, después fue llevado al batallón Codazzi de Valledupar; allí lo torturaron, sometiéndolo a choques eléctricos, golpes y otros tratos crueles y degradantes. Luego en abril de 1993, fue allanada la vivienda de su madre por unidades de la base militar de Aguas Claras, quienes al no encontrarlo, le dijeron a la señora que “le avisara a los familiares para que le advirtieran a Víctor que tenía que presentarse a la base militar de Aguas Claras”. En varias ocasiones además, Víctor había sido amenazado de muerte, y su madre había recibido varias llamadas telefónicas, en las que le informaban que podía ir a recoger el cuerpo de su hijo, que pronto sería asesinado. El 2 de abril del mismo año, le había comunicado a su madre que le iban a hacer un atentado; entre los sicarios que perpetrarían dicho atentado se encontraba el ex-guardaespaldas del alcalde, Rubén Domínguez, a quien después del hecho lo trasladaron a Cartagena y días después fue nuevamente retornado a este municipio.

La persecución al Movimiento de Acción Comunitaria

El 28 de enero de 1994, los miembros del Movimiento de Acción Comunitaria, JOSE ERMINSON SEPULVEDA SARABIA de 42 años y NOEL O´MEARA de 72 años, fueron victimas de un atentado perpetrado por cinco desconocidos armados con pistolas y subametralladoras en el restaurante San Roque, el primero fue asesinado de 14 disparos y el segundo resultó herido. Dos de los responsables permanecieron en la puerta mientras los otros tres dispararon contra José Emirson y Noel; según testigos dos de los desconocidos salieron a pie y los otros tres abordaron un campero color azul sin placas, perteneciente al grupo UNASE –Unidad Anti Secuestro y Extorsión- que opera en Aguachica. El mismo campero que recogió a quienes perpetraron el atentado, llevó a Noel O'Meara al Hospital Regional de Aguachica, donde seis meses después murió a causa de las heridas recibidas en el atentado. Desde mediados del mes de enero, el sector donde ocurrió el asesinato permanecía militarizado y ese día el dispositivo militar fue levantado una hora antes del crimen y reanudado media hora después. José Erminson había sido objeto de dos atentados en 1992, ambos en menos de ocho días. Cuando se desempeñaba como asistente del Alcalde recibió amenazas y fueron asesinados dos miembros de su movimiento: Carlos Emiro Galvis, en octubre de 1992 y Víctor Gaudía, en septiembre de 1993. José Emirson había denunciado en varias oportunidades como principales responsables de los hostigamientos, amenazas, asesinatos y atentados dirigidos contra miembros del MAC a integrantes del grupo UNASE y al Comandante de la base militar de Aguas Claras de la Brigada Móvil No. 2. El 27 de febrero del mismo año, los responsables buscando presionar a Noel por ser el único testigo del asesinato de José Erminson, torturaron y asesinaron a su hijo, MANUEL GUILLERMO OMEARA MIRAVAL. Varios hombres armados que vestían prendas militares de camuflaje y estaban fuertemente armados, abordaron a Manuel cuando se dirigía de la vereda El Diviso hacia San Martín. Los individuos obligaron a Manuel a abordar una camioneta Chevrolet color azul en la cual se movilizaban, luego partieron con rumbo desconocido. Al marcharse uno de los desconocidos se fue en la motocicleta siguiendo el vehículo. El cuerpo de Manuel fue encontrado el 23 de septiembre de 1994 enterrado en


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la finca La Granja de propiedad del señor Ramiro Manzano, ubicada a 10 kilómetros del casco urbano de San Martín. El informe de necropsia permitió establecer que Manuel había sido torturado y asesinado el mismo día de su retención. A Manuel Guillermo le quitaron las uñas, le cortaron las orejas y la nariz, le cercenaron el pene, le abrieron los testículos, le cortaron el ano y su cuerpo estaba maniatado. Asimismo, meses después de estos hechos, el 17 de junio de 1994, el militante del Movimiento de Acción Comunitaria, revisor de obra del Acueducto y Alcantarillado del municipio, DAVID REYES CASTRO de 24 años, fue asesinado en el centro de la población, a escasos metros del comando de policía y de la base militar, por miembros del ejército adscritos al Comando Operativo No. 7 de la Brigada Móvil No. 2. El 3 de junio David había sido victima de un atentado, cuando se encontraba en compañía de otro militante del MAC, Jairo Barahona, del que salieron ilesos. Posteriormente, el 20 de junio, miembros de una patrulla militar amenazaron a otros dos militantes del MAC, diciéndoles: “Ya salimos de David Reyes, los próximos a ejecutar son estos H.P.”. Varios dirigentes y militantes del MAC fueron asesinados en los últimos meses, y otros se encuentran amenazados de muerte. Una lista elaborada por el ejército97 sirvió para que un grupo paramilitar asesinara selectivamente a los miembros de este movimiento. El 20 de junio se conocieron amenazas contra CARMEN CASTILLO y HUMBERTO LOPEZ, que ya habían salido de Reyes, por culpa de las amenazas. El 29 de septiembre de 1994, el integrante del Comité municipal de Derechos Humanos dirigente cívico, educador y tesorero-pagador de la empresa de acueducto JAIRO BARAHONA MARTINEZ de 31 años, fue encontrado asesinado y torturado en Pailitas (Cesar). Varios hombres armados que se identificaron como miembros del DAS llegaron a su residencia hacia las 7:30 de la mañana se lo llevaron a la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio El Bosque. El cuerpo fue hallado varias horas después en el caserío Las Vegas; presentaba impactos de bala, señales de tortura y fue incinerado. Jairo había sido víctima de varios hostigamientos, atentados criminales y secuestrado por parte del Teniente Coronel Luis Carlos Rodríguez Victoria, comandante del batallón San Mateo, con sede en Pailitas, y por miembros de esa guarnición militar. Al año siguiente, el 23 de septiembre de 1995 hacia las 11:00 a.m., los campesinos militantes del Movimiento de Acción Comunitaria JESUS EMILIO GALVIS BECERRA de 31 años, LUIS TIBERIO GALVIS BECERRA de 29 años, y la Inspectora de policía de La Morena, IMELDA RUIZ ROJAS de 51 años, fueron torturados y asesinados por un grupo de 30 hombres armados; unos vestidos de civil y otros portando uniformes del ejército y las insignias del Grupo de Contraguerrilla Fuerza de Tarea No. 27, en el sitio La Ye, en la vía a las veredas Bombiadero y Cerro Redondo, corregimiento La Morena. Los paramilitares que se identificaron como guerrilleros, interceptaron a los campesinos a las 11:00 de la mañana cuando salían de su finca en un campero en el que transportaban a los habitantes de la zona hacia las veredas. Los hicieron bajar del carro y les pidieron los documentos de identidad, que eran revisados por el comandante paramilitar de

97 Ver: Human Rights Watch. Las Redes de asesinos en Colombia. Op. cit. p. 40 y ROJAS Raquel. “Aguachica, violencia grande”. En: Colombia Hoy Informa. Nº 135, Junio de 1995. p. 13. Declaraciones de varios testigos en el informe de policía judicial de la masacre de Puerto Patiño.


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apellido Pasos, alias “El Socio”, en una agenda donde llevaba anotados los nombres de las personas que debía asesinar; cuando identificó a los dos hermanos, ordenó que los amarraran y que los pusieran a un lado. Al resto de pasajeros los apartaron y continuaron requisando los carros que pasaban por allí. Después levantaron el retén y ordenaron seguir por su camino a los demás, dejando con ellos a las víctimas. A Jesús Emilio y Luis Tiberio los maltrataron, se orinaron encima de ellos y los golpearon, mientras los acusaban de auxiliar a la subversión. Pasos, ordenó a uno de sus hombres que los asesinara y efectivamente les disparó tres veces a cada uno, y como uno aparentemente había quedado vivo lo degolló. Luego de haberles disparado “les cercenaron los dedos de las manos y posteriormente los decapitaron”. En la huida, se llevaron el campero, en el cual se desplazaron hasta el centro de la población de Aguachica. Luego, hacia las 5 de la tarde, el mismo grupo llegó al corregimiento La Morena, “saqueó la tienda comunal y ordenó a la gente tirarse al suelo bocabajo y reunió a más de 40 campesinos en el colegio”. Pasos, identificó en su agenda la identidad de Imelda, quien fue sacada de su casa, y ordenó apartarla y llevarla a un costado del local para asesinarla con un tiro en la cabeza “delante de varios niños” y degollarla, después de haber sido torturada. Al marcharse, los paramilitares “sentenciaron regresar por otras personas que tenían en sus listas”. Después de cometer el crimen, se dirigieron “hasta la Troncal del Caribe pasando por la base de Aguas Claras, y se resguardaron en las fincas aledañas a esta base militar”. Los militares adscritos al grupo Fuerza de Tarea No. 27 impidieron el paso de campesinos al casco urbano; tampoco permitieron pasar a los familiares de los Galvis hasta el sitio donde estaban los cuerpos. Según el mismo Pasos, este operativo fue ordenado y coordinado con el Coronel del ejército de Aguachica y tenía como objetivo asesinar a varias personas que, según él, eran supuestos cómplices de la muerte de algunos miembros del UNASE días atrás a manos de la guerrilla. Jesús Emilio y Luis Tiberio eran hermanos del ex concejal Elibardo Galvis, del Movimiento de Acción Comunitaria, quien estuvo detenido en 1994 y se vio obligado a salir de la zona en varias ocasiones, por amenazas de muerte; después del asesinato de sus hermanos, fue nuevamente amenazado, así como su esposa y sus hijos. El 23 de septiembre de 1997 JESÚS EMILIO BLANCO, líder del Movimiento de Acción Comunitaria de Aguachica, tesorero municipal para el período 1992-1994 (período en que el MAC ganó las elecciones municipales), candidato a la alcaldía para el período 1995-1997, fundador de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y coordinador zonal, fue asesinado con arma de fuego frente a su residencia; la víctima alcanzó a ser llevada al hospital donde falleció. Su asesinato dejó una viuda y un hijo. Actuaciones Judiciales Las investigaciones penales que se corrieron por medio de la partida No. 4859 de la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, la cual realizó investigación preliminar. Esta investigación, mediante la resolución del 2 de junio de 1998, fue suspendida con el artículo 326 del C.P.P. Allí se admite que la víctima estaba amenazada por sus actividades políticas. Los demás municipios del Sur del Cesar, también sufrieron persecuciones y debilitamiento de sus estructuras sociales, por razón de la arremetida coercitiva desplegada por los miembros de las organizaciones que buscaban “implantar el orden” a toda costa. Las víctimas de este accionar pertenecen a diversos sectores sociales: por un lado, se pueden identificar aquellos que son asesinados por no ser funcionales y productivos al modelo


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económico que se quería la apertura económica en que se es en cuanto se tiene capacidad adquisitiva; por otro, pueden identificase pobladores activos políticamente, sea como dirigentes o como militantes, que enarbolan propuestas alternativas a las de los poderes tradicionales y locales. Los ejecutores de estas acciones coactivas se confunden entre las fuerzas públicas con la participación de altos, medios y bajos rangos en la estructura militar, la participación de la policía y la ofensiva paramilitar. Estas acciones se evidencian de diferentes formas: algunas veces por la utilización de prendas y armas de uso privativo del ejército y otras por la acción individual –más no autónoma- de alguna de estas organizaciones.

GAMARRA En los primeros años de la década de los ochenta se registran los primeros crímenes a nombre de estructuras paramilitares. El 9 de agosto de 1982, NAVIAL CHOGO SALAS y LUIS QUINTERO SUMALOBE fueron asesinados por miembros de un grupo paramilitar en Gamarra. La década de los noventa representa para esta población la consolidación de la estructura militar-paramilitar, al agudizarse la situación principalmente en zonas rurales con la persecución a los campesinos. La represión se adelanta a través de mecanismos insolentes por parte de los paramilitares y con aquiescencia de los militares implantados en la zona. Los primeros años, Gamarra padecerá la persecución de estos grupos armados en sitios públicos a cualquier hora del día y con la modalidad de asesinatos selectivos utilizando armas de fuego de largo y corto alcance, por lo general donadas por la organización militar. Los siguientes casos, documentan esta reflexión: El 31 de marzo de 1990, el Inspector de policía VICENTE FLOREZ GARCIA de 38 años y los campesinos WILFRIDO ROJAS RODRIGUEZ de 32 años y JACOBO DURAN de 34 años, fueron asesinados por un grupo de 20 hombres vestidos con prendas militares en la vereda Castilla. El 8 de marzo de 1991, una PERSONA de unos 23 años, piel morena y 1.70m. de estatura, fue encontrada con tres impactos de arma 9mm; vestía pantalón y camisa azul, zapatos negros de caucho y medias blancas, en predios de la finca Maria.

Intolerancia con las Nuevas Propuestas Políticas

El día 27 de octubre de 1991, a las 8:30 de la mañana, mientras se llevaban a cabo las elecciones, el Sargento Viceprimero Jesús María Mahecha Mahecha, comandante de la Estación de policía de Gamarra insultó y agredió físicamente al médico FERNANDO CARDENAS CORREA simpatizante del la Alianza Democrática M-19. El suboficial lo golpeó con el fusil en la cara produciéndole una herida a tres centímetros de la nariz en el arco superciliar mientras le gritaba “mediquillo hijueputa si ya votaste lárgate de aquí... mediquillo hijueputa te voy a joder y a todos los del M-19”. En el Juzgado Promiscuo Municipal de Gamarra se llevo a cabo un proceso que culminó con el desistimiento de las dos partes, a saber, la víctima y el Sargento Viceprimero. Asimismo, la Procuraduría Provincial de Ocaña llevo a cabo la investigación disciplinaria respectiva. El 29 de septiembre de 1992 sancionó a Mahecha con amonestación por escrito en la hoja de vida teniendo en cuenta el 2resarcimiento de los daños morales causados” a partir del desistimiento de la acción penal ordinaria (Rad. No. 046.06439).


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Está decisión en consulta ante la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional fue modificada y en su lugar se sancionó al Sargento Viceprimero con una multa equivalente a 5 días de salario, la suma de $ 10.750. El 5 de septiembre de 1992, el alcalde municipal LUIS SANTIAGO FELIZZOLA de 52 años y ROQUE GALLARDO, fueron asesinados por agentes de la policía en el barrio El Carmen. Luis y Roque se encontraban departiendo en horas de la madrugada, cuando Roque hizo un tiro al aire, luego un policía lo asesinó, entonces el alcalde se levantó para que los agentes lo reconocieran y uno de ellos le disparó, muriendo en el acto. El 29 de abril de 1993, los presuntos delincuentes MIRIAM MIRANDA RUEDA de 14 años, JOEL MIRANDA RUEDA de 20 años, RUBEN DARIO ARANGO TRILLOS de 15 años, JORGE MADARRIAGA ESTRADA de 19 años, fueron encontrados asesinados de tres disparos en la cabeza, en el corregimiento Puerto Mosquito. Las víctimas fueron sacadas de un billar ubicado en el barrio María Eugenia, en la cabecera municipal, por varios hombres armados. La fuente agrega que Miriam Miranda Rueda era la cabecilla de la banda y había sido detenida en varias oportunidades. Otra fuente indica que fueron sacados de sus casas, y que la edad de la mujer era 17 años y que Puerto Mosquito es un conocido sitio de ajusticiamiento. El 14 de febrero de 1993, RUTH EDITH RANGEL QUINTERO, BENJAMIN RANGEL QUINTERO y MARCELINO PEREZ BARBOSA de 36 años, fueron encontrados asesinados y torturados en el sitio La Tubería, sobre la vía al Corregimiento Puerto Mosquito. Las tres personas fueron interceptadas por hombres armados que les dispararon para después rociarles gasolina y prenderles fuego. El 8 de enero de 1994, RAFAEL CONDE VARGAS, RAFAEL CONDE RODRÍGUEZ, JAIRO CONDE VARGAS, LUIS FERNANDO QUINTERO, JOSE DE LA ROSA QUINTERO DUARTE, HERLINDO DUARTE SEPULVEDA, MARCOS PINTO fueron asesinados por un grupo de hombres armados que ingresaron violentamente al lugar en donde se encontraban, maniataron a las víctimas, los torturaron y posteriormente, les dispararon utilizando armas de largo y corto alcance en una finca ubicada en la vereda Acapulco a 15 minutos de Gamarra. El atentado iba dirigido contra Marcos Pinto, quien había estado detenido por abigeato. Familiares de los Conde y los Quintero señalaron que los miembros de las dos familias “eran honrados, trabajadores y de buenas costumbres en la región”. Investigaciones preliminares indican que los autores del múltiple crimen pueden hacer parte de un grupo paramilitar que tiene presencia en la zona. Al pie de los siete fue hallado un escrito en carbón que decía “por cuatreros”. El 13 de enero de 1994, JOSE ANIBAL DURAN QUINTERO fue torturado por el Teniente del ejército Luis Basilio Gutiérrez Sáenz, porque según este, José Aníbal era colaborador de la guerrilla y conocía cuál era su próximo movimiento. Actuaciones Judiciales La actuación disciplinaria la asumió la Procuraduría General de la Nación la cual siguió la investigación No. 008151932. Al final, el 23 de diciembre de 1998, considera exonerar de responsabilidad al oficial pues “las declaraciones de los testigos y las pruebas documentales no concuerdan”. El 19 de febrero de 1995, CARLOS UTRIA MORENO y DOLORES UTRIA MORENO, fueron asesinados en hechos simultáneos cometidos en lugares diferentes de la población de


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Gamarra. Carlos se encontraba consumiendo una bebida en las afueras del Estadero La Rampla, en la zona comercial, y varios hombres se acercaron y sin mediar palabra le dispararon. Dolores se movilizaba en una motocicleta, y fue interceptada a una cuadra del parque principal por varios hombres, que la bajaron y luego le dispararon, luego huyeron en la misma motocicleta en que se movilizaba Dolores. Los últimos años de los noventa, se verían azotados por la implantación de retenes permanentes de grupos paramilitares que servían para fiscalizar la dinámica de la población a toda hora y les daba más oportunidades para escoger a sus víctimas y silenciarlas a través de la tortura y el asesinato. El 27 de octubre de 1996, ROBINSON CAÑAS DIAZ de 22 años, fue detenido torturado y asesinado por ocho hombres que se movilizaban en un vehículo tipo camioneta vagón de color rojo, portaban revólveres calibre 38. Robinson fue esposado y conducido a un establecimiento público del casco urbano, donde lo torturaron. Sus familiares se acercaron y lo reclamaron a sus captores, quienes se identificaron como miembros del DAS y procedieron a subirlo al vehículo ya descrito para trasladarlo fuera del casco urbano. Los paramilitares amenazaron a los familiares ante su oposición al arresto y al traslado que pretendían hacer, sin embargo los familiares siguieron de cerca el vehículo. El agricultor fue llevado hasta el sito Las Marías en la vía Aguachica, y su cuerpo hallado posteriormente con 18 impactos de bala y señales de tortura en las uñas de manos y pies. Al momento de la entrega del cuerpo a los familiares, se encontraba presente un miembro del ejército que acusó al padre de Robinson de ser guerrillero. En 1996 los paramilitares instalaron retenes permanentes en Puerto Mosquito donde han sido asesinadas varias personas, entre ellos MEDARDO DIAZ de 65 años, el 17 de noviembre, el señor ARISTIDES REAL perteneciente a la comunidad de la Arcadia, a mediados de noviembre, y CESAR ALBERTO ESCUDERO de 25 años, el 29 de noviembre, en este último hecho fueron heridos además, JOSE TRINIDAD CHINCHILLA y HUGO ESCUDERO PEREZ. El 6 de marzo de 1997, una MUJER, fue desaparecida y otras tres PERSONAS y dos MEDICOS, fueron interceptados por un grupo de paramilitares que abordaron la lancha de transporte público que cubre rutas por el río Magdalena y en el corregimiento Puerto Mosquito. Los paramilitares procedieron a llevarse por la fuerza a tres personas, a la mujer, cuyo paradero es aún desconocido y a los médicos del hospital del municipio Simití, a quienes despojaron de dinero en efectivo y antes de dejarlos en libertad, les advirtieron que tenían que dar una cuota mensual para las “autodefensas”. Posteriormente prosiguieron su camino llevándose a la mujer y al conductor de la lancha con quienes se dirigieron al corregimiento Campo Pallares a donde llegaron amenazando a sus habitantes y buscando a uno de ellos para darle muerte. Luego siguieron por el río Magdalena hacia Puerto Wilches y dispararon contra una lancha de servicio de salud, cuyos ocupantes no atendieron la orden de pare. El 2 de mayo de 1997, el chalupero ALFONSO PEÑALOZA SEGOVIA, poblador del corregimiento Cerro Burgos de Simití, fue asesinado por paramilitares. El 30 de mayo de 1997 hacia las 8:00pm, los campesinos WILMAR ANTONIO BECERRA RINCON de 21 años y OSCAR GUERRERO GUTIERREZ de 24 años, fueron asesinados por cuatro desconocidos, en la Finca Las Marías. El 24 de junio de 1997, el conductor de chalupa residente en el corregimiento Veracruz, Cerro de Burgos en Simití (Bolívar) RUBEN DARIO FIGUEROA PONTON y un POBLADOR de


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la vereda Las Cruces (Santander), fueron víctimas de la acción criminal de un grupo paramilitar. Rubén Darío conducía una chalupa de pasajeros, que se desplazaban por el río Magdalena hacia Gamarra, cuando fueron interceptados en el sitio Puerto Mosquito, en un retén paramilitar donde había aproximadamente 30 hombres que portaban armas de largo y corto alcance, granadas y chalecos; entre estos hombres fueron identificados Rufino Barrientos y dos familiares de éste. Los paramilitares les pidieron documentos de identificación y los reunieron con los pasajeros de otras chalupas retenidas, aproximadamente CUARENTA Y CINCO PERSONAS, que fueron maltratadas física y verbalmente, acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Luego separaron del grupo a Rubén Darío y a uno de los pasajeros, los amarraron con una cuerda y los llevaron hacia el monte, sin atender las súplicas de sus familiares, quienes venían entre los pasajeros. Posteriormente el cuerpo de Rubén Darío fue encontrado flotando en el río con el rostro quemado, mientras que la otra persona se encuentra desaparecida. Durante la acción, los paramilitares preguntaron por otros chaluperos y un comerciante, a los que expresaron que iban a matar; y que además iban a visitar pronto a la población de El Cerro de Burgos para “acabar con el grupo guerrillero que estaba allí”. También quemaron la chalupa y amenazaron al resto de retenidos. Además expresaron que cuando hiciera presencia el batallón, también iban a colaborar con la “limpieza”. El 9 de octubre de 1997, durante un retén instalado por un grupo de paramilitares, entre quienes se encontraban Lemis Hernández, natural de Simití y otro de apellido Barrientos, arremetieron desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. contra DOS PERSONAS que no llevaban documentos de identidad, a quienes golpearon y a una de ellas, un anciano, fue acusado de ser guerrillero. Los paramilitares estaban fuertemente armados, vistiendo prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y portando una cintilla roja en el brazo, realizaron el retén sobre la vía fluvial que comunica los municipios de Gamarra y Simití. Todos los pasajeros fueron interrogados minuciosamente por su procedencia, familia, ocupación y por las personas de su municipio. Durante ésta acción, detuvieron una embarcación proveniente de Gamarra, requisaron a sus pasajeros y sus maletines, los obligaron a identificarse y compararon sus nombres con una lista que los paramilitares llevaban.

El 19 de abril de 1998, los pobladores del corregimiento Cerro Burgos de Simití, ELIECER ANGEL FLOREZ, chalupero y JORGE ANGEL FLOREZ, campesino, fueron asesinados por paramilitares.

GONZÁLEZ El 13 de enero de 1994, el campesino JOSE ANIBAL DURAN QUINTERO fue torturado por tropas al mando del Teniente Luis Basilio Gutiérrez Sáenz, adscrito al Batallón de Contraguerrillas No. 15 "Libertadores" de la Brigada Móvil No. 2, en su finca ubicada en la vereda Tequendama, corregimiento Burbura de González. Ese día al llegar la patrulla militar en horas de la tarde a la finca de José Aníbal, el Teniente Gutiérrez lo requirió para preguntarle por el paradero de la guerrilla. Ante la negativa del campesino porque desconocía por completo la ubicación de subversivos en la zona, los uniformados lo empezaron a golpear indiscriminadamente; le vaciaron un balde lleno de agua en su rostro, y el Oficial Gutiérrez se paró sobre su estomago y lo golpeaba contra "un poste del naranjo"(sic). Los militares obligaron a José Aníbal a firmar una


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constancia de buen trato y le incautaron un revolver de su propiedad. Le dictaminaron una incapacidad legal de 10 días.

Actuaciones judiciales La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició la investigación con el radicado No 008-151932- y formuló pliego de cargos al Teniente Luis Basilio Gutiérrez Sáenz el 18 de mayo de 1998. El 14 de octubre de 1998 la Delegada encontró probada la responsabilidad del militar en los malos tratos y las torturas infligidas a José Aníbal Duran, y debido a que se trataba de un crimen de lesa humanidad que lleva inherente un carácter de extrema gravedad y máxima violación a los derechos humanos, en respeto al principio de igualdad la sanción a aplicar era la destitución (separación absoluta) de las fuerzas militares. El inculpado interpuso recurso de apelación contra el fallo anterior, el cual se resolvió en el Despacho de la Procurador General de la Nación el 23 de diciembre de 1998, modificando parcialmente la providencia anterior al cambiar la sanción de destitución impuesta al Teniente Gutiérrez por la de reprensión severa, por cuanto las tortura no es una falta instituida en el Reglamento Disciplinario de las Fuerzas Militares como causal de mala conducta o contra el honor militar que acarree la destitución.

El 13 de febrero de 1998, los campesinos HERMAN MORA SUAREZ, LIBARDO GUERRERO PAEZ, y MILLER OÑATE, fueron asesinados por un grupo armado que incursionó en la vereda El Chamizo.

RIO DE ORO

Los casos ocurridos en el municipio de Río de Oro datan desde 1988. Ese año, el 12 de noviembre, los campesinos OLOVER ANTONIO CAVIER y ALFREDO SILVA FRANCO de 22 años fueron asesinados en la finca La Tinta; el crimen fue cometido por un grupo de 15 hombres armados quienes iban vestidos con prendas militares. El 14 de diciembre siguiente, el conductor RAMIRO OJEDA RINCON de 23 años, fue encontrado muerto en el corregimiento Montecitos. El 16 de septiembre de 1989, los campesinos y miembros de una misma familia ARGEMIRO NORIEGA QUINTERO de 49 años, FABIAN NORIEGA QUINTERO de 26 años, EBERTO NORIEGA QUINTERO de 33 años, JESUS NORIEGA QUINTERO de 45 años y HERNAN NORIEGA QUINTERO de 35 años, fueron torturados y asesinados por miembros del F-2 de la policía que llegaron hasta la finca Los Sabanales en la vereda Aguas Blancas del corregimiento Montecitos. Los miembros de la policía llamaron a las víctimas por sus nombres, pidiendo lazos para amarrarlos y posteriormente se los llevaron. Al día siguiente los cuerpos fueron encontrados maniatados, con señales de tortura y disparos en la cabeza. A lo largo de 1994 se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla en la región comprendida por el municipio de Río de Oro y fue denunciada la presencia de grupos paramilitares, que en dicho año recrudecieron sus acciones, especialmente contra la población campesina o en otros casos aduciendo a su labor de “Limpieza Social” arremetieron contra aquellas personas a las que ellos consideraban “improductivas” para la sociedad.


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El 27 de marzo de 1994, los campesinos MIGUEL BARBOSA GARCIA de 33 años, JUAN ALBERTO CARRASCAL SANCHEZ de 21 años y SIMON ROJAS GUERRERO de 41 años, fueron asesinados cuando un grupo de 15 hombres armados los sacaron de sus viviendas en el corregimiento Márquez. El 13 de mayo de 1994, los propietarios de la finca Los Pinos PEDRO GUERRERO de 55 años y ALONSO JUAN GUERRERO de 45 años, fueron asesinados y sus familiares ANTONIO GUERRERO ALBA, FRANCISCO ANTONIO GUERRERO y PEDRO MEDALLEZ fueron desaparecidos por desconocidos en el corregimiento Los Ángeles. Otra fuente indica que las víctimas eran reconocidos delincuentes comunes de la región que al parecer, fueron asesinados por miembros de la SIJIN de la policía que los sindicaron de cuatreros. El 11 de septiembre de 1994, el comerciante FERNAL BARRERA JACOME de 47 años fue asesinado por tres hombres desconocidos en el corregimiento El Salobre. Los desconocidos obligaron a Fernal y a su acompañante a descender del camión en que se desplazaban, luego ordenaron al conductor devolverse a Ocaña para que informara a los familiares de Fernal para que recogieran su cuerpo. El 19 de diciembre de 1994, un HOMBRE fue encontrado asesinado de dos disparos en circunstancias desconocidas, en la vía a Aguas Claras. El 26 de agosto de 1995, los conductores JUAN EMIRO SANCHEZ de 27 años y JOSE BERNARDO TARAZONA, fueron desaparecidos cuando se desplazaban en una motocicleta y posteriormente asesinados y torturados en el sitio Puente la Mesa. El 4 de septiembre los cuerpos de Juan Emiro y José Bernardo fueron encontrados; tenían las manos atadas a la espalda, torturados y con varios disparos en diferentes partes del cuerpo. Los dos conductores residían en el barrio San Luis de Cúcuta. El 19 de octubre de 1995, el ganadero ROMAN ALONSO CLARO CARRASCAL de 36 años fue retenido y posteriormente asesinado y torturado por varios hombres armados en la hacienda de su propiedad La Soledad, en Sanín Villa, entre Ocaña (Norte de Santander) y Aguachica (César). El 21 de octubre fue encontrado el cuerpo de Román a tres kilómetros del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, por un camino que conduce a la vereda Cerro Bravo, presentaba once disparos y visibles huellas de tortura. El 29 de enero de 1996, el empleado de la Clínica Torcoroma RAFAEL ALVAREZ ALVAREZ de 26 años fue asesinado por desconocidos que le dispararon en cuatro oportunidades; en la vereda El Carbonal. El 28 de febrero de 1996, ORLANDO ALEJO OSORIO de 38 años y EMILIO CÁRDENAS URIBE fueron asesinados por varios hombres, unos de ellos vestidos con prendas militares y otros de civil que los sacaron de sus casas, los llevaron a un sitio solitario y les dispararon en zona urbana del municipio. El 18 de septiembre de 1996, HECTOR SAUL SANABRIA VERA de 48 años y MARIA TRINIDAD CASTILLO NOVOA fueron asesinados de varios impactos de arma de fuego por varios hombres armados que incursionaron en la vereda Cimarrón en el corregimiento de Montecitos.


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SAN MARTÍN La dramática persecución desatada contra la organización campesina se da en cualquier nivel. En el local, y en lo que respecta al Sur del Cesar, varios líderes y dirigentes de movimientos comunales campesinos soportaron ser objetivos del hostigamiento estatal y paramilitar, incrementado desde finales de la década de los ochenta. Los pretextos, a medida que pasaba el tiempo, fueron pasando de la lucha por el monopolio de la tierra a la lucha contrainsurgente. La población de San Martín fue la mas afectada por dicho embate, que no tenía consideraciones en su aciago despliegue y no dejaba campo para las denuncias de los atropellos y crímenes sucedidos, pues hacerlo era tener una segura condena de muerte. La imposición de la violencia y, de paso, de la destrucción del tejido social construido se impuso en el Sur del Cesar sobre campesinos, dirigentes comunales y gremiales mediante su asesinato selectivo principalmente. Los casos que corresponden al municipio de San Martín entre 1986 y 1987 incluyen autores no precisados y paramilitares, al lado de la acción abierta de la tropa regular. De esta manera, RAMIRO ROPERO PAEZ, JUAN ROPERO, EMILIA ROSA ESCALANTE DE ROPERO, PASTOR ROPERO, fueron asesinados y torturados en la vereda Louso el 15 de enero de 1986. A este crimen múltiple le sigue el ocurrido el 4 de octubre de 1986 cuando fueron asesinados el campesino HECTOR GARCIA y CINCO CAMPESINOS más. Tres de los asesinatos se produjeron en la finca La Verraquera ubicada en la vereda La Novilla y los otros tres en la finca Rodilandia de la vereda Chaparral. Los paramilitares dejaron sobre los cuerpos un panfleto en que decía: “Esto es para que no colaboren con las FARC”. El 18 de abril de 1987, el militante de la UP, JOSE ONIAS MORALES, fue abordado y amenazado por una patrulla del ejército al mando del capitán Horacio Lema en vía pública. José departía con otros pobladores frente a una ferretería cuando fueron abordados por la patrulla del ejército, quienes los obligaron a subir a una camioneta y al ser conducidos varias cuadras les quitaron los documentos de identidad, el Capitán Horacio Lema se dirigió a José con insultos por ser miembro de la UP, finalmente le advirtió que si permanecía en la región “un día aparecería muerto como un perro”. Esta amenaza se cumplió el 25 de enero de 1988, cuando fue asesinado por un sicario. El crimen fue cometido 24 horas después de que José Onias inscribiera su candidatura. El 22 de junio de 1988, los hermanos CARLOS ARTURO TRASLAVIÑA DELGADILLO de 22 años y HELI AQUIN TRASLAVIÑA DELGADILLO de 19 años y MIGUEL ANGEL OCHOA PINZON de 15 años, dedicados a la agricultura, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por unidades de contraguerrilla del ejército adscritas a la V Brigada. Los militares, un grupo de aproximadamente 70 hombres, llegaron a la vereda La Vega del Oso, entraron a la finca El Placer de propiedad de la familia Traslaviña Delgadillo; dispararon contra la casa haciendo que sus moradores salieran corriendo, entre ellos la señora y cinco hijos, tres de los cuales eran menores de edad. El ejército allanó la casa de la familia causando múltiples destrozos y robándose varios elementos que se hallaban en la casa, como dinero en efectivo, aduciendo que éstos, así como la familia pertenecía a la guerrilla. Cerca del lugar fueron alcanzados Carlos y Helí y se los llevaron consigo. Al día siguiente, los habitantes de la vereda El Cobre vieron que la tropa los llevaba detenidos; en este lugar el ejército estuvo 5 días acantonado. Durante el operativo, en otro lugar de la misma vereda fue detenido el menor Miguel Ángel. Vecinos del lugar vieron cuando a uno de ellos lo estaban sumergiendo en un tanque con agua hasta causarle ahogo. Desde entonces se encuentran desaparecidos los tres jóvenes. En


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el mismo operativo fueron detenidas Magola Castilla y una mujer de nombre Rocío y conducidas a la base militar Morrison. En los hechos participaron los capitanes Barrera, Yepes y otro militar de apellido Caraballo. Actuaciones Judiciales El hecho se denunció ante la Procuraduría Regional en Bucaramanga. Posteriormente la actuación disciplinaria fue asumida por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, que abrió investigación disciplinaria bajo el radicado No. 022-73973-1988. El 27 de noviembre de 1995 ordenó el archivo de la investigación “por falta de mérito”. El 16 de enero de 1989, el Inspector de policía del corregimiento Minas LIBARDO MORALES GAVIRIA de 59 años, fue asesinado frente a su residencia por 3 sujetos desconocidos que le dispararon en tres ocasiones. El 21 de enero de 1990, el campesino RAMON JAIMES GUERRERO de 24 años, fue sacado de su residencia en el corregimiento de Aguas Blancas, siendo posteriormente hallado su cuerpo con varios impactos de bala a un lado de la carretera troncal del oriente. Según la policía del Cesar, el ELN los sindicó de ser informante de las fuerzas armadas, y por esa razón lo asesinó. El 4 de julio de 1990, el comerciante DANIN FABIAN PASTRANA, fue asesinado por desconocidos, en el corregimiento Aguas Blancas. El 18 de noviembre de 1990, los campesinos JOSE LAIN TRILLOS VARELA de 34 años, FEDERICO GALVIS SUAREZ de 24 años y GILBERTO GARZON BUSTAMANTE de 22 años, fueron retenidos por un grupo de paramilitares, siendo posteriormente hallados sus cuerpos sin vida en un sitio no precisado del corregimiento Aguas Blancas. Los habitantes de la región bloquearon la vía que conduce a la Costa Atlántica y organizaron una marcha de protesta por el hecho. El 15 de abril de 1991, la guerrillera desmovilizada del EPL y militante del nuevo movimiento Esperanza, Paz y Libertad, ESPERANZA GUIJON, fue asesinada de 8 disparos de arma calibre 9mm propinados por desconocidos. El 19 de agosto de 1991, el militante del M-19 conocido como RICHARD, fue asesinado por varios hombres que se movilizaban en un campero sin placas, cuando departía con unos amigos en un establecimiento público del corregimiento Minas. Cuatro días después, el 23 de agosto, la promotora de Acción Comunal NELLY HEREDIA DUARTE, fue detenida por varios hombres vestidos con uniformes militares y portando armas de corto y largo alcance. Al día siguiente, Nelly fue asesinada en el sitio denominado Aries. Ella había sido retenida en una ocasión junto con la alcaldesa y otros miembros de la administración municipal. El mismo día fue asesinado un MILITANTE de la AD-M-19, y CINCO PERSONAS, fueron heridas en atentado perpetrado por desconocidos que ametrallaron la casa de la familia Riaño, en el corregimiento Minas. El 31 de agosto de 1991, el ex guerrillero del Ejercito Popular de Liberación, EPL, y miembro del proyecto económico del movimiento Esperanza Paz y Libertad LUIS EVELIO ORTEGA URENA, fue asesinado por 4 individuos que lo interceptaron cuando se desplazaba hacia la ciudad de Bucaramanga, a la altura del corregimiento Minas


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La persecución a los líderes campesinos

El 16 de noviembre de 1992, el promotor de juntas de acción comunal NELSON DURAN CHINCHILLA, el activista popular MANUEL GALARCIO y el conductor RAFAEL ROJAS de 35 años, quien manejaba el vehículo Renault 4 de color blanco en el que se movilizaban, fueron detenidos, torturados y asesinados por militares vinculados a la base Morrison perteneciente al batallón de Infantería No. 15 Santander de Ocaña, en zona rural de San Martín. Las víctimas salieron a las 9 a.m. de San Martín rumbo al corregimiento Barranca Lebrija, de Aguachica, donde Nelson participaría en una reunión de pescadores, como promotor de juntas de acción comunal. Según versiones de testigos, las víctimas fueron detenidas por los militares hacía las 9:35 de la mañana. En horas de la noche de ese mismo día los familiares de las víctimas se enteraron de su muerte por los medios de comunicación, al ser presentados por las fuerzas militares como guerrilleros dados de baja y quienes supuestamente se disponían a entrevistarse con el comandante del XX frente de las FARC. Al día siguiente, 17 de noviembre, el diario Vanguardia Liberal publicó la noticia “Tres subversivos fueron abatidos ayer por el ejército en zona rural... el contacto lo protagonizaron miembros del batallón Santander, adscritos a la V brigada e insurgentes del XX Frente de las FARC”. El inspector de policía de San Martín y familiares de las víctimas buscaron sus cuerpos, los que finalmente fueron hallados en la funeraria San Roque de Aguachica, donde el administrador les informó que varios miembros del ejército, habían llevado los cuerpos y habían dicho “ahí dejamos esos perros desgraciados, mire a ver que hace con ellos”. Los cuerpos presentaban visibles muestras de tortura, golpes, quemaduras, y vestían prendas militares. Nelson, además de trabajar como promotor de Juntas Comunales con la alcaldía, había sido uno de los organizadores del Foro por la Vida y el Desarrollo del sur del Cesar, realizado en la población en el mes de agosto del mismo año, donde varios campesinos y pobladores de la región denunciaron los atropellos que el ejército venía cometiendo en la zona. Igualmente había participado en el paro nacional agrario de octubre de 1992, realizando algunas gestiones con el fin de que a las personas detenidas en esa jornada, se les garantizara el debido respeto a sus derechos. Después del asesinato de los tres hombres, los habitantes de la región empezaron a recoger firmas para demostrar que las víctimas eran conocidas en la región y que sus actividades nada tenían que ver con la lucha armada, pero uno de los impulsores de la recolección de firmas, PEDRO GELVEZ, quien también era líder comunal, fue detenido y luego desaparecido el sábado 19 de diciembre de 1992 en la vereda La Unión, zona rural de San Martín, por fuerzas conjuntas de la base militar Morrison, y el batallón de Infantería No. 15 Santander adscritos a la Brigada Móvil No. 2; también participaron efectivos de la Estación de policía del municipio. En los hechos estuvieron involucrados el Cabo Primero de la policía Nelson Márquez Sanabria y el Capitán del ejército Alberto Calvo Calle. Pedro se encontraba en compañía de MANUEL SERAFÍN GUERRERO, cuando fueron detenidos por los militares, quienes les exigieron que presentaran los documentos de identidad a un Capitán que comandaba la tropa, el oficial Calvo Calle. Este empujó a Pedro y ordenó a un soldado que retuviera a su acompañante; inmediatamente se llevaron a Pedro, ante lo cual Manuel preguntó por qué se lo llevaban. Un soldado le contestó que eran cosas de rutina, pero que pronto sería dejado en libertad.


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Pedro fue llevado al comando de policía y entregado al Suboficial que se encontraba de turno esa noche, el Cabo Primero Márquez. Manuel, quien había sido dejado en libertad, se dirigió al comando de policía donde explicó quien era su acompañante y solicitó que lo liberaran; el Cabo Márquez le permitió la salida, pero cuando habían caminado media cuadra este los alcanzó y les dijo que no podía soltar al muchacho (a Pedro), porque el comandante del ejército vendría más tarde por él. No obstante le dijo a Manuel que no se preocupara, que Pedro sería dejado en libertad al día siguiente a las ocho de la mañana y que no le iba a pasar nada. Desde entonces no se sabe de su paradero. Al día siguiente Manuel en compañía de otras personas, se dirigió al comando de policía en busca de Pedro; allí les informaron que el comandante de la base Morrison se lo había llevado a las dos de la mañana, por lo cual procedieron a buscarlo a dicha base, pero ese día no lograron que se les diera información, ya que, supuestamente, el comandante de la unidad militar no se encontraba allí. Solo hasta el día siguiente, el 21 de diciembre, el comandante les informó que Pedro había sido soltado el día anterior a las cuatro y treinta de la mañana y que él personalmente había ordenado que lo montaran en un vehículo que lo llevara de vuelta a San Martín. En el momento de la detención, Pedro portaba una hoja en la que estaba recogiendo firmas, con las cuales los pobladores de la zona, certificaban que el promotor de juntas de acción comunal, Nelson Duran Chinchilla, quien había sido asesinado el 16 de noviembre de ese mismo año por miembros de la base Morrison, era un dirigente popular y no un guerrillero muerto en combate, como lo había informado el ejército.

Actuaciones Judiciales Las diligencias preliminares adelantadas obtuvieron pruebas de la vinculación de

miembros de la base Morrison en la desaparición. Sin embargo, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, solo vinculó al Cabo Primero Márquez quien, mediante el radicado 008138176 de 18 de octubre de 2000, fue absuelto pues según el ente gubernamental no se alcanza a demostrar que el Suboficial haya cometido la desaparición a pesar de haberse llevado a la víctima, pues de ese hecho no se sigue que él la desapareció directamente. Es de anotar que un hermano de Pedro se vio obligado a salir de la región por amenazas contra su vida.

Posteriormente, MANUEL SERAFÍN GUERRERO, testigo de la desaparición, y quien

realizara las acciones de búsqueda de Pedro, fue víctima de hostigamientos y amenazas contra su vida y contra su familia, por miembros de la Brigada Móvil No. 2, hasta ser finalmente asesinado el 23 de julio de 1994 por un grupo de tres hombres armados a un kilómetro del pueblo (aproximadamente), en la vía que conduce a la vereda La Unión. Manuel se movilizaba en un vehículo de transporte público, cuando los tres individuos abordaron el automotor y obligaron al conductor a detenerlo. Luego hicieron bajar a los ocupantes pidiéndoles identificación; al identificarse Manuel, uno de los criminales expresó: “esto es dándole”, y procedieron a dispararle, propinándole cuatro impactos con arma de fuego.

Antes de la muerte de Martín, un hijo suyo, PEDRO GUERRERO de 22 años de

edad, había sido detenido el 27 de mayo de 1994 en un operativo conjunto entre el ejército comandado por Oswaldo Castellano Suárez, y un grupo paramilitar identificado como Autodefensas de San Martín, en la vereda Vega del Oso, siendo llevado luego al sitio conocido como La Bodega, donde habían obligado a la comunidad a reunirse, instando a la población a sumarse al ejército y a los paramilitares en la lucha contra la guerrilla. Manuel abogó ante los paramilitares por su hijo, a lo que el comandante le


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expresó: “agradezca que no le regalamos un ataúd, sino que se lo entregamos al ejército, pregúntelo en la base militar de San Martín”; se sabe que fue detenido en la cárcel de Aguachica, a ordenes de la Fiscalía Regional de Barranquilla. Los crímenes y atropellos de los que eran víctimas los líderes campesinos por los militares de las bases Morrison y Aguas Claras, especialmente su responsabilidad en el asesinato de Nelson Duran y Manuel Galarcio, fueron denunciados públicamente por el técnico forestal de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- de San Martín JAFETH MORALES, quien a raíz de sus denuncias, tuvo que desplazarse forzadamente a finales de 1992. Posteriormente, el 10 de noviembre de 1996, Jafeth sería asesinado por paramilitares en Ocaña, Norte de Santander. El 6 de enero de 1993, el secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mesa Rica y trabajador agrícola BENJAMIN DURAN, fue asesinado por 15 militares de la Brigada Móvil No. 2 quienes llegaron a la finca de su SEÑORA madre y sin mediar palabra dispararon con armas de largo alcance y lanzaron granadas contra la vivienda, donde se encontraban SEIS PERSONAS y CINCO MENORES DE EDAD, cuatro de ellos heridos por las esquirlas de granada en la vereda Mesa Rica. Los militares gritaron “salgan los civiles”. El campesino salió a preguntar qué pasaba y los soldados le dispararon asesinándolo. El comandante de la tropa ordenó a la madre de la víctima y la obligó a prepararles limonada, mientras su hijo agonizaba. Uno de los menores tuvo que ser hospitalizado como consecuencia de las heridas. Desde esa fecha la familia Durán ha sido objeto de constantes hostigamientos. El campesino fue presentado por la Brigada Móvil No. 2 como guerrillero del EPL muerto en combate, ocurrido en el sitio El Cobre. El 12 de enero de 1993 en horas de la noche, la pasajera de un bus intermunicipal CLAUDIA DOLORES NAVARRO DIAZ, fue asesinada y MARTHA LUCIA NAVARRO DIAZ, fue herida por varios hombres que atacaron un vehículo de la empresa COOTRANSMAGDALENA. El 2 de noviembre de 1993 hacia las 3:40 m, el concejal electo por la UP FRANCISCO JOSE CARDONA DIAZ de 42 años, fue asesinado por varios hombres que se identificaron como miembros de las Autodefensas Campesinas del Sur del César frente a las instalaciones de la alcaldía y de la inspección de policía. La noche anterior en la población de San Alberto, fueron asesinados cuatro labriegos, por encapuchados que también se identificaron como integrantes del mismo grupo paramilitar. El 26 de noviembre de 1993, los campesinos FRANCISCO JIMENEZ de 24 años y EUCLIDES JIMENEZ de 26 años, fueron asesinados y sepultados en fosas comunes, en el corregimiento Aguas Blancas. Francisco y Euclídes, habían sido llevados a la fuerza en la madrugada del día 23 de noviembre, por varios hombres armados. EL 17 de enero de 1994 a las 6:00 A.M, el campesino administrador de la Finca Montevideo ANIBAL SOSA CRIADO de 29 años, y los guerrilleros EMANUEL VILLABONA, EDINSON CARDENAS RODRIGUEZ y GERSON SAID GUZMAN ANGARITA, miembros del frente Camilo Torres Restrepo del ELN, fueron asesinados de varios disparos de fusil propinados por soldados pertenecientes al Batallón Contraguerrilla No. 27 "Rogelio Correa Campos", quienes se encontraban realizando una operación de rastreo y registro del área, estando a órdenes del Subteniente Álvaro Enrique Cely Montaña y el Cabo Primero Carlos Julio Manrique. El hecho ocurrió en la finca nombrada, vereda La Culebra, corregimiento de Puerto Oculto en zona rural de San Martín (Cesar).


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Según el relato de Flor María Tique, esposa de Anibal Sosa, ese día aproximadamente a las 3:00 A.M, tres hombres armados (los guerrilleros) que portaban prendas de color verde iguales a las que utilizan los uniformados de la policía, llegaron a la finca solicitándole que les preparara tinto, a lo cual accedió de inmediato, pidiéndole luego que llamara al dueño de la finca. Cuado la señora Tique llamo a su marido, este se levanto, hablo con los individuos, y se volvió a acostar. Los extraños se quedaron en el lugar sin mediar palabra. A eso de las 6:00 de la mañana, cuenta Flor María, fue que hizo presencia el ejército. Ella se levantó y llamó a Anibal quien se paró en la puerta. Inmediatamente los militares cogieron a los individuos armados, los hicieron acostar y le quitaron el armamento. Cuando los iban a asesinar, la obligaron a meterse dentro de la finca. Después de que ella escuchó el "plomeo" ya todos estaban muertos, incluyendo su marido. De acuerdo con la denuncia del 14 y 15 de diciembre de 1995 interpuesta por los familiares de Anilbal Sosa, este fue sacado en ropa interior por los militares de su casa, ubicada en la Finca Montevideo, y llevado arrastrando hasta la orilla de un caño de agua dulce en la misma finca donde fue asesinado. Posteriormente fue transportado primero a caballo hasta San Martín, y luego en un vehículo hasta la Base Militar Mórrison adscrita al Batallón de Infantería No. 15 "Santander" donde lo encontraron sus familiares. Es de anotar que el mismo día de la ocurrencia de los sucesos descritos, el Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar adscrito a la V Brigada del Ejercito Nacional con sede en Bucaramanga práctico diligencias en el lugar de los acontecimientos, donde pudo "verificar y comprobar" que los cuatro (4) individuos dados de baja por los miembros del Ejército portaban armamento de largo alcance, constituido por fusiles Fal, Galil y G-3, uno de los cuales llevaba impreso el escudo de la República de Venezuela y tenía la inscripción de Fuerzas Armadas de Venezuela. También adujo que uno de los occisos llevaba como prenda de vestir un jean de color negro y asido a la pretina del mismo un trapo de color rojo y negro con las insignias UC-ELN. En la diligencia se encontraban el Comandante de la V Brigada y un grupo de periodistas de la cadena radial Caracol, prensa escrita y noticieros de televisión.

Actuaciones judiciales El crimen de Anibal Sosa fue denunciado ante la Fiscalía Seccional de Aguachica, quien adelantó las primeras diligencias, las cuales fueron remitidas por competencia al Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar para posteriormente ser radicadas en el Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar, que por efecto de la congestión de los despachos judiciales remitió el proceso al Juzgado 112 de la misma jurisdicción, con sede en Puerto Boyacá, el cual una vez adelantada la investigación decreta en fallo del 24 de febrero de 1997 cesar todo procedimiento seguido contra el Subteniente Cely Montaña y el Cabo Manrique, sindicados del delito de homicidio de Sosa Criado, por considerar que su conducta estaba bajo causales de justificación. La providencia fue consultada por el Tribunal Superior Militar, organismo que en fallo del 15 de septiembre de 1997 resuelve confirmar el proveído anterior. La Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos, con fundamento en las diligencias remitidas por la Secretaría de la Fiscalía Seccional de Aguachica, adelanto la investigación pertinente por los hechos acaecidos el 17 de enero de 1994. Mediante fallo del 18 de agosto de 1998, el ente gubernamental decidió abstenerse de proseguir con la investigación disciplinaria en contra del Subteniente Cely Montaña y el Cabo Primero Carlos Julío Manrique porque tanto ellos como los soldados del operativo actuaron justificadamente en estricto


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cumplimiento de un deber legal, conforme con la orden de operaciones No. 007 "Antilope" de Enero de 1994 emitida por el Comando del Batallón de Contraguerrillas No. 27, pues los militares se encontraban en cumplimiento de una misión, la cual consistía en dar con la captura de subversivos del ELN que operaban en la región de Puerto Oculto, jurisdicción del municipio de Aguachica. En desarrollo de esa operación se dio "un enfrentamiento armado sucedido en horas de la madrugada en la finca Montevideo" lo que desemboco en las muertes de los tres guerrilleros y el administrador de la finca, debido a que, en versiones de los militares, al momento de su llegada fueron recibidos con fuego, lo que los obligo a responder en legítima defensa. Lo anterior, según la Procuraduría, desvirtúa el testimonio incongruente de Flor María Tique, además de las pruebas balísticas de los disparos y la realidad probatoria aportada por el Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar, quien como se dijo, práctico diligencias momentos después del hecho.

El 30 de julio de 1994, el campesino JOSE DANIEL VALBUENA de 28 años, fue asesinado con arma de largo alcance en circunstancias desconocidas. El 14 de agosto de 1994, el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Dorada CARLOS JOSE ESTEVAN de 29 años, fue asesinado de dos disparos de pistola calibre 9mm propinados por dos hombres armados. El 4 de octubre de 1994, el campesino ROQUE JULIO CABANZO residente en la zona rural los Bagres, fue torturado y herido al ser abordado por miembros de un grupo paramilitar entre los que se encontraban un hombre conocido como “Felipe Guarapo” amnistiado del EPL y el agente del DAS Enrique Muñoz. A Roque le fue puesto un pasamontañas, lo amarraron y los trasladaron en un carro por la vía a Torcoroma; fue interrogado constantemente sobre las víctimas de una masacre ocurrida en los últimos días, posteriormente hacia las 6:00 de la tarde lo llevaron en un carro hasta el corregimiento de Aguas Blancas, donde le propinaron cuatro impactos de bala, dos de ellos en el cuello, los cuales le destruyeron la quijada, y otro en la cabeza, permaneció 12 horas en el lugar gravemente herido, hasta que lo recogieron en una ambulancia de la empresa. Roque tuvo que desplazarse de la zona y dejar su parcela abandonada. El 14 de noviembre de 1994, los campesinos SAIN DUARTE AGUIRRE de 23 años y RUBEN DARIO PARRA PARRA de 40 años, fueron asesinados de varios disparos propinados por un grupo de hombres armados en la vereda Pajuilla. El 15 de febrero de 1995 hacia las 7:30 p.m., los jóvenes campesinos FERNANDO CARDENAS SANABRIA de 17 años, ISAIAS GARCIA PORTUGUES de 18 años, PEDRO GARCIA PORTUGUES de 16 años y ALBERTO GARCIA PORTUGUES de 20 años, fueron asesinados luego de haber sido sacados de sus viviendas por un grupo paramilitar que se movilizaba en un vehículo sin placas en la vereda Aguilillas. Los cuerpos fueron encontrados en la vereda La Yegüerita, presentaban señales de tortura y cada uno cuatro disparos en la cabeza. En mayo de 1995 un POBLADOR fue asesinado, cerca a una tienda ubicada a la salida hacia Aguachica por paramilitares del grupo comandado por alias “Pedro” acompañado por alias “Ricardo” y ordenado por Vicente Zabala, que prestaba su finca como base paramilitar, en el sitio Campo Alegre de Sabana de Torres. Los paramilitares le dispararon al hombre cuando se movilizaba en una motocicleta, la cual después del crimen fue llevada para la finca de Vicente Zabala.


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El 18 de junio de 1995, el campesino residente de la vereda Los Bagras JOSE DEL CARMEN PEREZ de 22 años, fue desaparecido luego de haber sido llevado a la fuerza por varios hombres armados, quienes movilizándose en una camioneta Luv, de color vinotinto, interceptaron el camión en que la víctima se desplazaba con dos hermanos y un grupo de amigos, quienes se dirigían a jugar un partido de fútbol; después de amenazarlo, se lo llevaron con rumbo desconocido. El 9 de agosto de 1995, el conductor y estudiante de la jornada nocturna en el Colegio Nacionalizado EFREN ESPINOZA SALCEDO 25 años y ELSA BARBOSA COLLANTES de 27 años, fueron encontrados asesinados en el caserío del El Barro Corregimiento Aguas Blancas. Los cuerpos estaban atados de pies y manos, con visibles señales de tortura. A Efrén le habían cercenado los testículos y Elsa tenía una herida de arma cortopunzante, desde la región toráxica hasta la zona umbilical y los senos cercenados, cada uno presentaba 4 disparos. Habían sido llevados a la fuerza el 6 de agosto hacia las 9 de la noche por unos 10 paramilitares que se desplazaban en varios automóviles. Otra fuente indica que “la pareja había sido secuestrada por quince hombres que portaban fusiles, del hotel El Amarillo, situado a 8 kilómetros del perímetro urbano de San Alberto”. El 16 de septiembre de 1995 en horas de la noche, el campesino ELIO HERNANDEZ JAIMES de 43 años, fue asesinado de un disparo de fusil en el abdomen y su HIJO de 2 años, fue herido de un disparo en el pie derecho, por hombres que vestían uniformes del ejército, quienes incursionaron en el predio de la finca El Porvenir. El 10 de octubre de 1995, el campesino JOSE DEL CARMEN CARDENAS GELVES de 44 años, fue asesinado de dos disparos propinados por paramilitares que incursionaron en la finca Buenos Aires, ubicada en la vereda San Pablo. El 3 de enero de 1996 hacia las 7:30 pm., el campesino LUIS JOSE DURAN CARRASCAL de 57 años, fue asesinado de 9 disparos propinados por dos miembros de un grupo paramilitar, en el momento en que se encontraba conversando con una vecina, sentado en un andén en la zona urbana del municipio. Luis José se encontraba en la localidad, visitando a unos familiares, luego de asistir al sepelio de un amigo. En febrero de 1993 había sido obligado a marcharse de San Martín, luego del asesinato de su hijo, Nelson Durán Chinchilla -promotor de Juntas de Acción Comunal-, cometido en noviembre de 1992 y de su sobrino Benjamín Durán, cometido el 6 de enero de 1993. Ambos asesinatos fueron cometidos por militares de la Brigada Móvil No. 2 y las víctimas fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate. El 29 de marzo de 1996, el dirigente del M-19, MARCOS VASQUEZ, fue desaparecido, torturado y asesinado cuando se movilizaba de los campos de producción de Palma Africana, hacia San Alberto; fue llevado a la fuerza por un grupo paramilitar que opera bajo las órdenes de un sujeto a quien apodan “Chucky” en zona rural del municipio. Marcos fue encontrado asesinado el 31 de marzo en el corregimiento Líbano, su cuerpo presentaba varios impactos de bala, señales de tortura y le sacaron los ojos. Marcos se desempeñó hace varios años como vocero del sindicato palmífero. El 7 de diciembre de 1996, JUAN CARLOS CARREÑO MONSALVE de 24 años, JAVIER CARDENAS JEREZ de 26 años, RAMON DEL CARMEN CARRASCAL RAMIREZ de 27 años, ORLANDO ALONSO OSMAN ZULUAGA de 28 años, JOSE GABRIEL RENDON de 32 años y LUIS MARIA OVIEDO RODRIGUEZ de 31 años, fueron asesinados por paramilitares que se hacen llamar Autodefensas Campesinas del Córdoba y Urabá, ACCU, que incursionaron en las viviendas ubicadas en el corregimiento Minas. Los cuerpos de las victimas fueron hallados en Puente Caño Sánchez, corregimiento de Líbano, zona rural de San Alberto.


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Los miembros del grupo paramilitar, los sacaron a la fuerza y los obligaron a abordar varias camionetas; horas después, sus cuerpos fueron hallados con múltiples impactos de bala y señales de tortura. Mediante panfletos distribuidos en zona rural de San Martín, los paramilitares sindicaron a sus víctimas de pertenecer a bandas que atracaban buses y camiones en el sur del Cesar. El 12 de mayo de 1997, FELIX FERNANDO GUTIERREZ BUELVAS fue asesinado y JUDITH RUEDA resultó herida y murió cuando era trasladada a un centro hospitalario de Bucaramanga. Los responsables de estos homicidios fueron aproximadamente diez hombres que portaban prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Una hora más tarde, SAMUEL OLIVARES VARGAS y otra PERSONA, fueron encontrados asesinados. El hombre sin identificar portaba prendas militares y portaba un fusil Fal, proveedores 7.65, granadas de mano y municiones.

SAN ALBERTO Los primeros casos de detención y sindicación de pertenecer a grupos guerrilleros se presentan en municipios como San Alberto, donde en marzo de 1975 fue detenido por miembros de la policía y acusado de ser guerrillero SAUL VARGAS, quien era obrero y sindicalista. Finalizando la década de los ochenta, San Alberto se convierte en escenario del accionar represivo manifestado en detenciones arbitrarias, señalamientos y ataques sistemáticos los pobladores y trabajadores del sector público. En algunas ocasiones es el ejército quien abiertamente comete varios atropellos en contra de la población inocente, ya sea contra jóvenes estudiantes, personas indocumentadas o simples campesinos, trabajadores de sus parcelas. En otras ocasiones, los crímenes son cometidos por organismos paramilitares quienes con la complicidad de los militares atacan indiscriminadamente a la población civil, cometiendo gran cantidad de crímenes. Muchas veces estos crímenes son cometidos en vías públicas y otras tantas, estos se desplazan hasta las fincas de los campesinos, para masacrarlos allí mismo. Así se puede evidenciar a continuación:

Una detención convertida en asesinato

El 5 de febrero de 1988, EFRAIN MANUEL PATIÑO SANDOVAL, estudiante de bachillerato de 18 años, y el campesino RENE FRANCISCO RAMOS fueron detenidos por miembros de la policía. Posteriormente sus cuerpos sin vida fueron encontrados en el sitio “Curva del Diablo”, en el municipio de La Esperanza (Norte de Santander, cuando era Corregimiento del municipio de Cáchira). Ambos presentaban señales de torturas. Efraín, una vez terminado el año escolar, pretendía viajar de la finca Santa Teresa, ubicada en el Corregimiento La Pedregosa, municipio de Cáchira (Norte de Santander), a pasar vacaciones en casa de su señora abuela en San Alberto, y de igual manera comprar víveres y avisarle a sus padres de su regreso a Cúcuta. Una vez en la localidad cesareña se encontró con Rene, con quien resolvió tomarse una gaseosa; en ese instante se presentó una patrulla de la policía, en donde se encontraban los Agentes Esneider Montenegro Ferreira, José Luis Ortiz y Leopoldo Delgado Angarita. Estos uniformados detuvieron a los jóvenes para una averiguación de conducta, siendo acompañados por la señora Betsabé Ramos de Franco, madre de Rene, hasta la estación de policía. El Comandante de la misma era el Cabo Segundo Víctor Mario Bonilla Figueroa.


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A las 2.00 p.m. de ese mismo día la señora Betsabé regresó al puesto de policía, encontrando a los dos jóvenes cargando arena en el parque del poblado, permitiéndole los policías que los vigilaban, les diera refresco y comida; en esa labor los tuvieron hasta las 5:30 o 6.30 p.m. Tiempo después la señora los halló esposados en una celda del puesto de policía. A las 8.30 p.m. regresó a llevarles comida, pero los uniformados no le permitieron el ingreso, por lo que ésta decidió pasar la noche en San Alberto. Al día siguiente volvió de nuevo al puesto de policía, donde le manifestaron que los jóvenes habían sido dejados en libertad, por lo que decidió viajar inmediatamente al Corregimiento de La Pedregosa. Dos días después de la detención fueron encontrados los cuerpos de Efraín y Rene en el sitio antes mencionado, quienes tenían once impactos de bala calibre 9mm en el tórax, abdomen y espalda, y claras huellas de torturas. Es de anotar que Rene había sido amenazado en varias oportunidades por la policía, y además estuvo dos años en la cárcel. Actuaciones Judiciales El procedimiento disciplinario fue muy pobre. La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, abrió el expediente 69767, y en providencia del 16 de marzo de 1993 consideró que el Suboficial Víctor Bonilla y el Agente Esneider Montenegro habían infringido el Código disciplinario al requisar a los inculpados sin las formalidades requeridas. No se tienen más datos acerca de la investigación. Por otro lado, el Tribunal Contencioso Administrativo del Norte de Santander, mediante sentencia del 8 de septiembre de 1.992, condena a la nación, al pago de los perjuicios morales a los padres y hermanos de Efraín Patiño (1.000 gramos oro). El Honorable Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, mediante providencia de junio 17 de 1.993, decide en grado jurisdiccional de consulta confirmar la sentencia de primera instancia. La mayoría de las veces, los crímenes cometidos por paramilitares son escondidos tras la fachada de autores desconocidos. No obstante, un breve vistazo a los casos confirmara que son supuestos hombres no identificados que utilizan armas y uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas. Además, la Brigada Móvil No. 2 y el batallón Contraguerrilla No.27 Coronel Rogelio Correa Campos, además de grupos paramilitares como el denominado TERMINATOR, emprendieron una guerra sin cuartel contra sectores sindicales y militantes políticos de izquierda. El 18 de agosto de 1988, en el corregimiento Puerto Carreño, se encontró incinerado el cuerpo de un HOMBRE. Durante ese mismo año, el 27 de noviembre, el ex funcionario del Estado JESUS MARIA PRADA MOLINA, LEONARDO ALFREDO RODRIGUEZ MORENO y los campesinos JAIME MUNOZ y SENEN MOSQUERA, fueron asesinados en la finca El Desorden ubicada en el corregimiento Líbano, por un grupo de hombres armados. 1989 El 10 de enero, el cuerpo de JONNY JAVIER VALENCIA fue encontrado en la zona urbana. Jhonny vestía pantalón azul y tenis blancos y en una mano llevaba una camisa azul, además portaba una denuncia de perdida de documentos a su nombre. El 5 de febrero, fue asesinado por paramilitares, el asistente del Juzgado Promiscuo Municipal ELBERT JIMENEZ de 28 años, cuando transitaba cerca a su residencia.


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El 8 de mayo de ese mismo año, JESUS ANTONIO AYALA AMADO de 37 años, fue herido de disparos de arma calibre 9mm y falleció cuando era trasladado a la ciudad de Bucaramanga, en inmediaciones de San Alberto. El 30 de mayo a las 7:00 a.m., los campesinos miembros de una misma familia LUIS ENRIQUE PINZON SERRANO de 65 años, CARLOS JULIO PINZON de 30 años y TIMOTEO PINZON FONTECHA de 14 años, fueron asesinados por dos hombres y una mujer que vestían prendas militares, los cuales llegaron hasta la hacienda El Salto en el corregimiento Líbano. Posteriormente, el 21 de junio, el ex alcalde e ingeniero de filiación conservadora LUIS ORLANDO RIVERA STEPPER de 44 años y su escolta PORFIRIO FLOREZ ARANGO, fueron asesinados por un grupo de hombres armados que llegaron hasta la finca San Lorenzo de su propiedad. 1990 Durante el primer trimestre de la década de los noventa, específicamente el 4 de marzo, los sindicalistas PABLO EMILIO CARDENAS y ALVARO MORA, fueron torturados y asesinados por desconocidos cuando se desplazaban de San Alberto a Bucaramanga, sus cuerpos fueron hallados en la vereda Chimita, municipio de Bucaramanga. El 10 de marzo, el campesino ANGEL AYALA PEREZ y sus hermanos DIONISIO AYALA PEREZ y NICANOR AYALA PEREZ, fueron encontrados asesinados en el corregimiento Los Cedros. Los tres hermanos habían sido secuestrados, según fuentes oficiales, por guerrilleros que los acusaban de ser cooperadores del ejército. El 15 de marzo a las 9:30 p.m., el obrero y sindicalista AUGUSTO MALDONADO, fue asesinado por dos sujetos en el momento en que ingresaba a su residencia en el barrio Primero de Mayo. Poco antes había sido asesinado un comerciante en el centro de la localidad, al parecer por los mismos sujetos. El 20 de abril, el administrador de la finca San Lorenzo ALIRIO DIAZ VILLAMIZAR, fue asesinado por un grupo de unos 40 hombres que portaban armas de largo alcance en San Alberto. La policía atribuyó el hecho a la guerrilla. Días después, el 24 de abril en horas de la noche, JOSÉ JUVENAL ARCHILA y otro HOMBRE fueron asesinados por dos desconocidos. José Juvenal y su acompañante fueron sacados de un establecimiento público, por los sujetos, que se movilizaban en una moto. El 1 de julio, el obrero JOSE JOAQUIN DUQUE, fue asesinado por desconocidos. El 8 de septiembre, el trabajador de un taller de latonería y pintura JOSE EDGAR RIAÑO ROJAS de 19 años, fue asesinado por miembros del ejército adscritos al batallón Santander. El grupo de militares llegó al establecimiento a realizar una batida, como José no tenía libreta militar trató de huir del lugar en una bicicleta, al no atender los requerimientos de los militares, estos le dispararon por la espalda, hiriéndolo en su pierna derecha. “En el piso el muchacho fue golpeado con la culata de un arma y después le hicieron un tiro de fusil que le entró por la espalda. El informe médico legal reportaba cuatro heridas más


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con arma corta. Del caso de homicidio fue sindicado un teniente de apellido Rincón quien es investigado por un juzgado de Instrucción Penal Militar”98. El 7 de octubre, el Inspector de policía del corregimiento La Llana del municipio de San Alberto, RUBEN VELEZ de 60 años, fue asesinado por varios hombres que irrumpieron en su vivienda. El 20 de noviembre, EUCLIDES CARREÑO SANJUÁN de 30 años, administrador, de la finca Rivelandia de propiedad del ex congresista Rodolfo Rivera, fue asesinado por individuos que se movilizaban en una moto, cuando se desplazaba en una bicicleta en zona rural del municipio. El 9 de diciembre, FABIO LEAL ORTIZ de 15 años, su hermano WILLIAM LEAL ORTIZ de 20 años y ADINAEL GOMEZ, fueron encontrados asesinados y torturados y sus cuerpos presentaban varios impactos de bala en avanzado estado de descomposición a orillas de la quebrada Ocho Bocas en el corregimiento La Palma. Al parecer tenían antecedentes penales. 1991 El siguiente caso ejemplifica la manera en que los mandos militares y los organismos de investigación del Estado omiten las múltiples denuncias que los pobladores realizan frente a los atropellos cometidos por los primeros: La fuerza pública arremete contra los campesinos de la población; de esta manera, el 16 de marzo, los campesinos JUSTINIANO RODRIGUEZ SANCHEZ de 82 años y su esposa TEOLINDA AGUDELO HERNANDEZ de 80 años, fueron asesinados por miembros del batallón de contraguerrilla Los Guanes. El hecho se produjo durante un operativo realizado en la finca Dos Amigos, ubicada en la vereda San Lorenzo, según los militares con el pretexto de capturar a una guerrillera. Según relato de testigos, se escucharon disparos, una explosión y ráfagas de metralla. El ejército cercó el lugar y los vecinos fueron interrogados sobre la guerrilla. En horas de la tarde, bajaron tres cuerpos, los de los viejitos y el de una muchacha no identificada, a la cual se le veían partidas las piernas. Tanto ella como los viejitos tenían tiros rasantes, a quemarropa, como rematándolos. De la casa de los ancianos desaparecieron utensilios de cocina y otros enseres menores. El hijo de los campesinos, Campo Elías Rodríguez Agudelo, presentó la queja ante la Personaría y éste despacho ofició a la Procuraduría departamental de Santander, con sede en Bucaramanga. El levantamiento de los cuerpos lo efectuó el juez 100 de Instrucción Penal Criminal, funcionario que fue trasladado al lugar de los hechos en un helicóptero militar. El domingo 17 el diario Vanguardia Liberal había dado la noticia de tres guerrilleros muertos en combate. Ocho días después rectificó diciendo que habían muerto dos ancianos por equivocación del ejército. Hasta marzo de 1992, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga investiga el hecho y a solicitud suya en la Personería de San Alberto, el señor Campo Elías Agudelo, hijo de los ancianos muertos, había ratificado su queja el 10 de octubre de 1991. Pero el día 1 de marzo de 1992, Campo Elías Rodríguez Agudelo fue decapitado en el sitio Matecaña de San Alberto.

98 Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia. Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio, Bogotá, 1993. p. 131


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El 27 de abril en horas de la madrugada, fueron asesinados en el caserío La Llana los campesinos LUIS AMADOR PALACIOS, DORIS DE LA HOZ, ELIAN PALACIOS y JOHN PALACIOS, por varios hombres armados que irrumpieron en su vivienda mientras dormían. El 25 de junio JOSE NASARIO GARNICA, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Morrón y LUIS JOSE GUTIERREZ, fiscal de la misma organización, fueron asesinados por el ejército que les disparó desde distintos sitios y posteriormente reportaron a los dos dirigentes cívicos como guerrilleros dados de baja en combate. En los mismos hechos fue herido el menor HERVER VILLAMIZAR GÓMEZ. 1993 El 13 de mayo, SALVADOR SUAREZ de 43 años, fue encontrado asesinado en un lugar cercano a su vivienda, de donde había sido sacado a la fuerza por dos encapuchados. En la región en varias oportunidades ha sido denunciado en recrudecimiento del accionar de grupos paramilitares. El 4 de junio a las 8:30 p.m., el electricista trabajador de la Alcaldía local CARLOS ALBERTO GIRALDO DUQUE de 32 años, fue asesinado por dos hombres jóvenes que le propinaron cinco disparos calibre 9mm, cuando se encontraba jugando cartas. Este mismo día, el administrador de un bar ELKIN BALLESTEROS de 22 años, fue asesinado y CUATRO PERSONAS fueron heridas, cuando cinco hombres que vestían de negro activaron y lanzaron una granada de fragmentación contra un bar ubicado en la zona de tolerancia de la ciudad. El 2 de julio, el concejal municipal y líder del Movimiento Independiente Convergencia Democrática Ciudadana, PEDRO PABLO GUIRALDO MAZO de 35 años, fue desaparecido. Pedro Pablo en algunas ocasiones había manifestado que estaba amenazado, pero no concretó por parte de quién. Hace poco más de un año había sido víctima de un atentado contra su vida. El 10 de julio en horas de la mañana, el comerciante y dirigente regional del Partido Comunista MANUEL FRANCISCO CONTRERAS MARTINEZ de 50 años, fue asesinado por tres hombres que incursionaron en un establecimiento de su propiedad y le propinaron varios disparos. Al día siguiente, fue asesinado en el municipio de Becerril Fernando Martínez dirigente comunal, activista sindical y militante de la UP; en ese momento el número total de militantes de izquierda asesinados en el departamento del Cesar en tres años llegaba a catorce. El 11 de septiembre, el comerciante GUILLERMO DE JESUS RABE CASTAÑO de 38 años, fue asesinado por varios hombres que interceptaron el vehículo en que viajaba a Bucaramanga desde San Alberto. Guillermo había sido objeto de dos atentados; uno cuando varios hombres incursionaron en su residencia en Aguachica y le dispararon dejándolo herido. Luego fue internado en el hospital de San Alberto, lugar donde intentaron rematarlo, por tal razón, Guillermo era trasladado a Bucaramanga para recuperarse. El 1 de noviembre hacia las 11:30, los campesinos OBADIAS TORRES ROMERO de 30 años, ANDRES DIAZ BELTRAN de 32 años, la niña NAYIBET TORRES ARIAS de 8 meses de edad y LINA ROSA MONCADA de 57 años, fueron asesinados por aproximadamente 30


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hombres pertenecientes a un grupo paramilitar, en la vereda Siete de Agosto. Los paramilitares, algunos vestidos de civil y otros de militar con pasamontañas, llegaron a la casa de los campesinos y sacaron a Obadias y Andrés y les dispararon en varias ocasiones; luego asesinaron a la niña Nayibet de 8 meses de edad. Posteriormente, los paramilitares salieron del lugar y se dirigieron a la vereda Guaduas, donde asesinaron a Lina Rosa. Los paramilitares se identificaron como integrantes del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Sur de Cesar. 1994 Durante un breve período de tiempo, la represión enarbolada por los organismos estatales y paraestatales en contra de los pobladores del municipio se atenúa. Sin embargo, aunque las grandes cifras no lo digan, el terror persiste y comienza a evidenciarse de nuevo a partir del segundo semestre de 1994, en donde adquiere mayor relevancia el batallón de Contraguerrilla No. 27 junto con el grupo paramilitar Los Motosierra. El accionar de estos grupos muchas veces se confunde debido a que en algunas incursiones contra la población actúan miembros de uno y otro grupo. Esto es una prueba más de los estrechos vínculos entre estos organismos al servicio de la hegemonía. El 9 de julio, IGNACIO CESPEDES y JUDITH SANJUAN de 39 años, fueron asesinados por desconocidos armados que interceptaron el vehículo en que salían de la finca Jordán, en la vereda Monserrate, para dirigirse hacia Bucaramanga. Los desconocidos después de obligarlos a descender del vehículo, les ordenaron tenderse en la vía y les dispararon en repetidas ocasiones. En la región ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares y se han presentado enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla. El 11 de agosto, el administrador de la finca San Lorenzo, GILBERTO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ de 53 años, fue asesinado en la entrada de la finca por varios desconocidos en zona rural del municipio. A comienzos de octubre se observó en diferentes veredas de San Alberto a reconocidos miembros del grupo paramilitar Los Motosierra. Generalmente realizaban sus desplazamientos en patrullas de 10 o 12 hombres, vistiendo franelas blancas y pantalones verdes y portando armas de largo y corto alcance. El 7 de octubre, el trabajador ROBERT MONCHOLA BENITEZ de 22 años, fue asesinado y DOS HOMBRES y una MUJER fueron heridos por hombres desconocidos que dispararon indiscriminadamente en la tienda Paraíso en el casco urbano. Robert se encontraba en el establecimiento departiendo con las demás personas cuando les dispararon.

Allanamientos, otra modalidad represiva El 14 de octubre de 1994, los campesinos LUIS ANTONIO VILLEGAS DONADO, JOSE CAYETANO SEPULVEDA fueron detenidos, torturados y asesinados y LUCAS ALIRIO SEPULVEDA de 45 años fue detenido y asesinado durante allanamientos efectuados a sus residencias por un grupo de 15 hombres conformado por paramilitares del grupo Los Motosierra y militares del Comando Operativo No. 27, en hechos ocurridos en el corregimiento Líbano. Los militares y paramilitares que se movilizaban en un campero Nissan, que había sido visto por vecinos de la región entrando a la base del Comando Operativo No. 27 de San


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Alberto, vestían unos, con franelas blancas y pantalón verde militar y otros, con prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y portaban armas de largo y corto alcance. Cuando llegaron a la vivienda de ANA ILBA DONADO preguntaron con lista en mano por su hijo menor, Luis Antonio, a quien se llevaron después de saquear la vivienda y recoger elementos de valor y álbumes fotográficos. Luego, allanaron la vivienda de José Cayetano, a quien llevaron a la fuerza hasta donde tenían a Luis Antonio; allí los torturaron y les dispararon. Después, allanaron la vivienda de Lucas Alirio a quien intentaron sacar a la fuerza, pero como opuso resistencia, lo asesinaron frente a sus familiares. Luego torturaron a otro campesino. En el mes de junio de 1994, militares sin presentar orden judicial, habían allanado la vivienda de la señora Ana Ilba Donado, madre de Luis Antonio. Inicialmente, los grandes medios de comunicación responsabilizaron al Frente XX de las FARC, de haberles realizado un juicio de responsabilidades por ser informantes del ejército. El 27 de octubre hacia las 10:00 a.m., los campesinos MARCO FIDEL BONILLA y MIGUEL DAVID VERGARA, fueron detenidos, torturados y asesinados por tropas del batallón de Contraguerrilla No. 27 Rogelio Correa Campos en la vereda La Llana. Los militares detuvieron a los labriegos cuando ellos se movilizaban en una motocicleta con el fin de realizar sus labores cotidianas de compra y venta de ganado y se los llevaron a patrullar con ellos durante 24 horas. Al día siguiente, los uniformados simularon un enfrentamiento y presentaron a los campesinos como guerrilleros del EPL muertos en combate con tropas militares. Los cuerpos presentaban visibles huellas de tortura, estaban vestidos con prendas militares y los tres millones de pesos que llevaban al ser detenidos no se encontraron. El 5 de diciembre, el profesor de primaria de una escuela de San Alberto FREDDY DE JESUS SANCHEZ RINCON de 25 años fue asesinado por dos hombres desconocidos que le propinaron varios disparos de pistola calibre 9mm en el parque principal de Río de Oro. Freddy se encontraba de vacaciones en la localidad. En la región se han presentado enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla y ha sido denunciada la presencia de grupos paramilitares que en los últimos meses han recrudecido sus acciones, especialmente contra la población campesina. Cinco días después, el 10 de diciembre, los campesinos JULIO SALAZAR de 72 años y sus hijos JORGE SALAZAR y EUGENIO SALAZAR fueron retenidos, torturados y asesinados en su casa por paramilitares en la vereda Los Tendidos. Los paramilitares incursionaron en la población y con lista en mano se dirigieron a la casa de la familia Salazar, donde sacaron a Julio y a sus dos hijos. Una vez cometido el crimen procedieron a robar una tienda de pertenencia de la familia Salazar, de la cual hurtaron $200.000 en efectivo que cargaron en un vehículo con el resto del botín. Finalmente rociaron el lugar con gasolina y lanzaron dos granadas contra la casa. 1995 Iniciando el año, el 15 de enero, un HOMBRE de 25 años y el comerciante GUILLERMO OBANDO PEREZ de 38 años, fueron encontrados asesinados en los sitios conocidos como Once Reses y La Mina. El hombre de 25 años tenía 1.70 metros de estatura, cabello lacio, vestía pantalón blue jean y camisa a cuadros; presentaba un impacto de bala calibre 7.65mm en la región occipital, mientras que Guillermo presentaba siete impactos de pistola 9mm y revólver 38 largo.


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El 26 de febrero, el ex concejal, militante del Movimiento Cívico Comunitario y técnico en maquinaria pesada EDGAR MATIAS CANCHILA fue encontrado asesinado en la vereda Los Tendidos. El cuerpo de Edgar presentaba varios disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza, al parecer propinados a quemarropa. Hasta el 31 de diciembre de 1994 se había desempeñado como concejal de la población; estaba radicado en el casco urbano, desde hace dos años, como consecuencia de amenazas contra su vida. Varios líderes del Movimiento Cívico Comunitario han sido asesinados. El 2 de abril hacia las 5:00 p.m., los miembros de la Alianza Democrática Movimiento 19 de Abril, GABRIEL DE JESUS SALCEDO ANGARITA de 30 años, CARLOS JULIO SANCHEZ LOPEZ de 40 años; el campesino ALCIBIO GARNICA GARCIA de 22 años y su hermano VICTOR MANUEL GARNICA GARCIA de 30 años; la campesina CARMELINA MALDONADO ROPERO de 15 años y un CAMPESINO de 65 años, fueron torturados y asesinados y DOS PERSONAS más fueron asesinadas por ocho paramilitares en un retén en la vereda Casablanca del corregimiento La Pedregoza, vereda La Esperanza. Los paramilitares requisaron varios vehículos y a sus ocupantes, luego los golpearon y dispararon. Dos personas lograron escapar, pero fueron asesinadas por los paramilitares mientras huían en el sitio Casa de Tabla de la vereda Los Cocos. En la región actúan los grupos paramilitares Los Masetos y Los Hijos de la Violencia, los cuales amenazaron con acabar con la guerrilla y con las personas vinculadas con ella. El 17 de abril en horas de la noche, TRES CAMPESINOS fueron asesinados por paramilitares en la vereda Playoncito, corregimiento Los Cedros. Los paramilitares vestían pasamontañas y portaban fusiles Galil cuando llegaron al lugar donde los campesinos estaban pescando; allí los intimidaron, los hicieron tenderse boca abajo y les dispararon.

Masacre en la finca Tokio El 22 de abril de 1995, los campesinos PEDRO PABLO VERA PARRA de 32 años, LEONIDAS TAPIERO BRICEÑO de 32 años, JOSE ALDEMAR DELGADO CASTILLO de 44 años, CELESTINO BENAVIDEZ de 44 años y la enfermera MARIA DEL CARMEN QUIÑONEZ PRINCE de 42 años, fueron retenidos y asesinados por paramilitares en la finca Tokio, vereda Los Tendidos, corregimiento La Llana en San Alberto. Aproximadamente 20 paramilitares vestidos con prendas de uso privativo del ejército, portando armas de corto y largo alcance y brazaletes de color rojo con las siglas A.C.C. (Autodefensas Campesinas de Colombia) llegaron a bordo de varios vehículos al lugar donde cerca de 20 campesinos se encontraban reunidos y con lista en mano los seleccionaron y se los llevaron. Hacia las 7 o 9 de la noche los cuerpos de los campesinos y la enfermera fueron hallados a lo largo de la vía a San Alberto con múltiples impactos de bala. La lista contenía aproximadamente 12 nombres, pero en la reunión sólo se encontraban cinco de ellos. Esta es la cuarta masacre ocurrida contra campesinos que ocurre en la región en los últimos meses. Un vocero de las autoridades afirmó que al parecer la masacre se debe a una retaliación de grupos de justicia privada, porque la finca en la que se sucedieron los hechos, habría sido invadida años atrás. Luego de la masacre, se produjo el desplazamiento de varios pobladores de la región. A pesar de que el Teniente Coronel y comandante de policía del Cesar atribuyó la masacre a grupos de justicia privada, el comandante de la Fuerza de Tarea No 27, mayor Jorge Alberto Forero Carrero, indicó que las primeras investigaciones no arrojan pistas claras sobre autores y causas de este hecho.


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El 12 de junio, los campesinos SALOMON JORGE AVILA de 35 años y DORIAN QUINTERO CASTAÑO de 30 años, fueron asesinados por un grupo de hombres armados que los llevaron por la fuerza de la finca La Trilla. En septiembre 2, el concejal por la UP, CRISPIN JAIME ERAZO de 34 años, fue asesinado por paramilitares en el sitio conocido como La Ye. Los paramilitares que estaban armados de fusiles, interceptaron un vehículo de servicio público de propiedad de Crispin, lo obligaron a bajar y le dispararon a quemarropa. En este municipio habían sido asesinados cuatro concejales y dirigentes de la UP en hechos atribuidos a grupos paramilitares. El 19 de septiembre a las 9 de la noche, los campesinos JOSE VICENTE MENDOZA NOVA de 60 años, JAIME DIAZ CABEZAS de 44 años y otro HOMBRE, fueron asesinados por disparos de pistola calibre 9 mm propinados por 16 miembros de un grupo paramilitar, quienes llegaron a la finca donde laboraban, que era propiedad de José Vicente, y está ubicada en la vereda Buenavista, corregimiento Líbano. El 28 de septiembre, los campesinos JUAN FRANCISCO ROJAS PALACIOS de 63 años, RAMON ROJAS TORRADO de 39 años y ARISTOBULO RODRIGUEZ VERGEL de 48 años, fueron desaparecidos desde el momento en que un grupo de aproximadamente 20 paramilitares que portaban armas de corto y largo alcance, después de recorrer varias casas, ubicaron a las víctimas y los sacaron de sus viviendas, situadas en el corregimiento La Pedregosa. El 3 de octubre, el campesino LUIS ALBERTO URIBE TABARES de 37 años, fue asesinado por hombres armados que le dispararon en cuatro oportunidades en la vereda Guaduas, corregimiento Líbano. En noviembre, el albañil LEON GUTIERREZ, fue asesinado en su lugar de residencia después de haber denunciado ante la Fiscalía al Mayor Sierra del ejército por haber sindicado a su hijo de 16 años, de ser guerrillero. También había tenido enfrentamientos con una vecina de nombre Elvira de Moncada, quien tenía un hijo que era soldado profesional y se reunía frecuentemente en su casa con los paramilitares de San Martín. El 11 de noviembre, hacia las 3:00 pm, los campesinos NAUN PEÑARANDA PEÑARANDA de 37 años, ROBINSON PEÑARANDA PEÑARANDA de 24 años y CARLOS ALIRIO REYES BARBOSA, fueron asesinados por disparos propinados por varios hombres armados integrantes de un grupo paramilitar quienes incursionaron en la finca Los Cacaos, ubicada en la vereda La Trinidad. El 10 de diciembre, el conductor de un camión transportador de leche FABIO AUGUSTO ESTRADA de 24 años, fue interceptado y asesinado por un grupo de paramilitares que le propinaron cuatro puñaladas en la finca La Norteña, vereda La Carolina. 1996 En este año y en general en toda la década de los noventa se sigue evidenciando esa relación estrecha entre militares y paramilitares, en lo que pareciera una historia sin fin. Muchos de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares están localizados a poca distancia de las bases militares. Apenas, iniciando el año, el 6 de enero, el pescador CORNELIO CENTENO VERA de 23 años, habitante del corregimiento Loma Corredor, fue encontrado asesinado de 7 disparos en la cabeza en inmediaciones de la base militar Morrison.


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El 21 de enero hacia las 11:30 de la noche, el concejal del municipio y militante de la UP LUIS ENRIQUE BARBOSA VERGEL de 36 años, fue desaparecido en el barrio La Marina, luego de haber sido llevado a la fuerza por diez hombres armados, quienes irrumpieron en su vivienda cuando compartía con su esposa y dos de sus hijos; después de amedrentarlos, lo obligaron a ir con ellos. Una fuente agrega que “San Alberto es actualmente zona de disputa entre grupos subversivos y paramilitares, empeñados en el dominio geoestratégico del corredor geográfico del Magdalena Medio”. El mismo día el campesino JOSE DOLORES ORTIZ AVENDAÑO de 20 años fue desaparecido por varios hombres armados, quienes cubrían sus rostros con pasamontañas, luego de que lo sacaran violentamente del bar Matecaña.

El 27 de enero en horas de la madrugada, los trabajadores del hospital Alfonso Lázaro Hernández, EZEQUIAS PEDROZA BARRAZA de 35 años, DANIEL BOTELLO OJEDA de 30 años y el comerciante JOSE LUIS, fueron desaparecidos por paramilitares, quienes llegaron hasta sus viviendas y se los llevaron a la fuerza. Los victimarios portaban armas de diferentes calibres. En horas de la tarde del mismo día, un comerciante fue desaparecido también por paramilitares, en el corregimiento La Llana. Otra fuente indica que Ezequias fue sacado violentamente de su

vivienda por un grupo de encapuchados, quienes hacia la una de la madrugada irrumpieron en el predio y se lo llevaron con rumbo desconocido. Agrega que en la población se ha desarrollado, en los últimos meses, una ola violenta similar a la del municipio de Aguachica, en donde se acusan como causantes de la delicada situación a grupos paramilitares que tienen su accionar en la región sureña del Cesar. El 29 de enero IVAN DE JESUS SALCEDO ANGARITA de 29 años, fue asesinado de tres disparos propinados por desconocidos frente a la planta procesadora de leche. El 10 de febrero a las 11:45, los comerciantes ANTONIO JOSE URIBE CONTRERAS de 42 años, JESUS EVELIO JULIO SANCHEZ de 45 años y FRANCISCO SEPULVEDA de 32 años, fueron asesinados de disparos propinados por paramilitares en momentos en que departían en la esquina de la carrera 11 con calle 6. El 8 de junio, el soldador FIDEL ENRIQUE JIMÉNEZ MEJIA, fue asesinado por desconocidos cuando se dirigía a visitar unos familiares a la entrada del corregimiento La Llana. El 19 de julio hacia las 11:00 pm, los campesinos LEONILDE PEREZ CARREÑO de 37 años, ARTURO RIVERA JIMENEZ, ARIEL RIVERA PEREZ y ALBA PATRICIA RIVERA PEREZ todos de 17 años, fueron asesinados por paramilitares que irrumpieron en la finca El Reposo. Los paramilitares irrumpieron en la finca y le dispararon a Leonilde y uno de sus hijos, mientras se llevaron al padre junto con la otra hija, menor de edad. El día 23 fueron encontrados sus cuerpos con señales de tortura, en la vereda El Bagre. 1997 El 7 de enero, CRISTOBAL VEGA HERNANDEZ fue encontrado asesinado con las manos atadas en la vereda El Pescado. Cristóbal estaba desaparecido desde el 5 de enero, fecha en que había salido de su vivienda ubicada en el corregimiento La Palma con destino a San Alberto.

Ezequias Pedroza Barraza


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El 22 de octubre, el educador HERMES TRUJILLO CADENA, fue torturado por paramilitares integrantes de las organizaciones Convivir que operan en zona rural de Aguachica, para obligarlo a abandonar el corregimiento Barranca de Lebrija. Llevaba cinco años trabajando en la escuela Guillermo León Valencia cuando empezaron las amenazas y agresiones. Primero lo instaron con severidad a abandonar el corregimiento y como se opusiera a hacerlo, fue golpeado y amenazado. Le sacaron dos dientes y le dañaron el ojo derecho de un culatazo. 1998 El 8 de enero, DOS CAMPESINOS fueron asesinados por miembros de un grupo armado que incursionó en el corregimiento Líbano. El 18 de agosto hacia las 8:00 p.m., el campesino LUIS DAVID SILVA RODRIGUEZ, fue asesinado por paramilitares, quienes incursionaron en la vereda La Cumbre.

LA GLORIA En el primer trimestre de 1990 hacia las 9:30 de la mañana, el abogado, líder político, dirigente popular y presidente del Concejo municipal VICTOR EDUARDO BARBOSA CHINCHILLA, fue detenido y desaparecido por efectivos de la policía, miembros del ejercito adscritos al batallón Pichincha y paramilitares al mando del capitán de la base militar ubicada en la hacienda Bellacruz, quienes se movilizaban en un vehículo de la policía. El 13 de febrero de 1990, el campesino ANTONIO SANCHEZ de 30 años, fue asesinado por varios desconocidos que llegaron hasta su finca. El 21 de diciembre de 1990, el presidente de Junta de Acción Comunal GUSTAVO EMIRO ROLON SANCHEZ de 39 años, fue asesinado de varios disparos propinados por individuos que llegaron hasta un establecimiento de venta de víveres, propiedad de Gustavo en el corregimiento Besote. El 21 de noviembre de 1992, en el sitio Bobilandia, zona rural, fue encontrado el cuerpo sin vida de PEDRO EMILIO GONZALEZ TRUJILLO; presentaba impactos de bala y signos de tortura. Anteriormente había sido retenido en el casco urbano de este municipio.

Militares contra pobladores

El 15 de febrero de 1993, la maestra de la escuela Nueva de Llano Cruzado, DIANA ARGOTE, los campesinos BETILDE MENA de 20 años, RAFAEL QUINTERO de 17 años y HUMBERTO VANEGAS SANCHEZ junto con CINCO MUJERES más, fueron asesinados por miembros de una patrulla de la Brigada Móvil No. 2 y el batallón de Artillería No. 8 San Mateo, en la vereda de Llano Cruzado, corregimiento Ayacucho. Ese día, en horas de la mañana los militares sostuvieron un enfrentamiento con un comando guerrillero; minutos después un grupo de aproximadamente de 120 militares arremetió contra la casa de la finca del señor ALBANEL MENA TARAZONA, ubicada cerca al lugar del enfrentamiento, donde se encontraban varias personas que al escuchar el enfrentamiento se habían ocultado en diferentes partes de la casa. A las 8:30 a.m. llegaron helicópteros militares que llevaron refuerzos, sobrevolaron y bombardearon la zona. Los campesinos de las veredas Llano Cruzado y San Juan, dijeron


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haber escuchado seis explosiones. Alrededor de las 4 p.m. los helicópteros llegaron hasta la finca del señor Albanel para transportar los cuerpos, los cuales fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate y enterrados en fosa común. La casa donde ocurrieron los hechos fue semidestruida y saqueada por los militares, quienes se llevaron varios álbumes fotográficos de la familia. El señor Albanel fue requerido en la base de San Mateo, donde el comandante lo intimidó haciéndole una serie de advertencias para que no denunciara los hechos. El 19 de agosto 1994, NADER SANTOS BECERRA y JHONNY ARBEY RAMOS PAYARES, fueron asesinados por tropas del ejército cuando se desplazaban en una motocicleta por la vía Troncal del Caribe, a la altura de la finca Tulcán, corregimiento Besote. Los militares les propinaron múltiples impactos de pistola calibre 9mm y de fusil Galil. La fuente agrega que fueron abaleados desde un vehículo, y que en el sitio se encontraron 2 bolsos llenos de ropa, herramientas y utensilios de uso personal. Inicialmente fueron presentados como guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas militares adscritas a la II Brigada. El 24 de agosto de 1994, la campesina y administradora de la hacienda Bellacruz MARIA DILUVINA LOPEZ de 45 años y el campesino PEDRO ELIAS LOPEZ de 42 años, fueron asesinados por 25 hombres que portaban armas de largo alcance, quienes los sacaron a la fuerza de la hacienda de propiedad de Carlos Arturo Marulanda. Los campesinos fueron parados en fila y les dispararon con fusil. Al marcharse dejaron explosivos en tres viviendas. El 5 de julio de 1996 el presidente del concejo municipal del municipio ABDEL SAMALAVE SANTIAGO, fue torturado y asesinado por un grupo de hombres armados sin identificar, quienes lo abordaron cuando se movilizaba en una motocicleta y luego de obligarlo a bajar del vehículo lo torturaron, posteriormente le propinaron dos disparos, uno en la cabeza y otro en el cuello. Los hechos ocurrieron en la vía que conduce al municipio de Pelaya. El 23 de noviembre de 1996, los campesinos FERNEY DE JESUS TORO GOMEZ y AGUSTIN RAMIREZ, fueron asesinados por varios hombres armados que incursionaron en la finca La Flecha Roja, en el corregimiento La Mata. El 7 de diciembre de 1996, DOS CAMPESINOS, fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, que los obligaron a salir de sus viviendas para luego asesinarlos en el corregimiento Besote. Mediante comunicados distribuidos en zona rural de San Martín, las ACCU sindicaron a las víctimas de ser atracadores de buses y camiones en el sur del Cesar. El 3 de marzo de 1997 el ama de casa CARMEN ROSALBA RUEDA de 32 años, fue asesinada de tres disparos propinados por hombres armados que incursionaron en la finca Seis de Mayo, ubicada en la vereda La Rueda.

PELAYA Desde finales de los ochenta y gran parte de la década de los noventa, esta población, que en su historia dedica varias páginas a la persecución, asesinato y finalmente cruel represión a sus pobladores sufre la arremetida constante contra el movimiento cívico y contra los nuevos partidos políticos que comienzan a configurarse en el contexto nacional, como opositores al régimen.


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A partir de ésta lógica, el 14 de noviembre de 1988 a las 7:00 p.m., el campesino y dirigente de la Coordinadora Campesina del Nororiente GABRIEL LOPEZ de 57 años fue asesinado por un grupo de hombres armados que llegaron a su residencia donde se reponía de una enfermedad. El 9 de mayo de 1990 en horas de la noche ROBERTO SEGURA TOLOSA y JOSE R. VALENCIA RAMIREZ ambos de 20 años, fueron asesinados por 4 sujetos que los atacaron cuando se encontraban en el interior de los billares El Dorado. El 11 de marzo de 1991, el Secretario del Comité de Recuperación de Tierras del sur del Cesar, JAIRO CAMELO de 28 años, fue torturado y asesinado por un grupo de paramilitares que se movilizaban en un Renault 12 en el puente La Floresta. El 10 de mayo de 1991, QUINCE PERSONAS fueron encontradas en diferentes fosas clandestinas del cementerio de Pelaya. La denuncia se interpuso ese mismo día ante la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Regional. Los asesinatos se atribuyen al grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Cesar, MARC, a través de panfletos que circulan por el pueblo y letreros aparecidos en las calles durante los últimos días. El 14 de abril de 1994, LUIS ALFONSO PALLARES ARAUJO fue torturado por miembros de la policía. El 24 de diciembre de 1995, ELIUD LOPEZ CAMELO de 18 años y un HOMBRE de 25 años, fueron asesinados por tres hombres armados que tenían los rostros cubiertos y se movilizaban a pie en una zona rural. El 20 de mayo de 1996, un HOMBRE vendedor de chance, fue desaparecido en circunstancias desconocidas. El 3 de agosto de 1996, el carnicero CESAR DÍAZ, el conductor JORGE CÁCERES, los comerciantes DANIEL HOYOS y ALFONSO OSQUIDIA, y el campesino usuario del Incora, en la vereda Caño Alonso, ELGER CASTILLO, el contratista para construcción de la alcaldía de Pelaya RICARDO CAGUA, fueron retenidos, torturados y asesinados por miembros de un grupo paramilitar en la hacienda Bellacruz. Los hombres fueron torturados de diversas maneras; les sacaron los ojos, los castraron y los violaron con palos, dos de ellos no aparecieron; Según fuentes a Ricardo los paramilitares lo habían asesinado y posteriormente lo habían lanzado al río Magdalena.

El asesinato de la familia Narváez

El 22 de septiembre de 1996 hacia las 10:00 p.m., los líderes campesinos EDER NARVAEZ CORRALES, ELISEO NARVAEZ CORRALES fueron asesinados y su esposa MYRIAM CONTRERAS fue herida junto con WILMER AMARIS que fue detenido durante un allanamiento y MARTA NARVAEZ que fue torturada; todos estos crímenes cometidos por aproximadamente 50 paramilitares en compañía de efectivos del ejército y policía. Esa noche llegaron los paramilitares a la casa de la abuela de los campesinos ubicada en la cabecera municipal, estos hombres estaban vestidos con prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y acompañados de tres hombres más que estaban de civil, además


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los policías y militares. Una vez allí registraron la vivienda y preguntaron por el joven Wilmer Amaris, sobrino de los hermanos Eder y Eliseo. Cuando lo encontraron lo obligaron a que los condujera hasta la casa donde se encontraban Eliseo y Eder, en la vereda La Cabaña ubicada en Pelaya. Cuando los paramilitares, policías y militares estaban casi a 800 metros de la casa donde Eliseo y Eder Narváez dormían junto con sus familias, detuvieron la marcha de los vehículos para continuar a pie. Al faltar cien metros para llegar a la casa, el joven Wilmer empezó a gritar “no salgan que los van a matar, es el ejército con los paramilitares”. Como reacción, unos hombres cogieron a Wilmer y lo alejaron del lugar, mientras el grueso del grupo llegaba hasta la casa. Al arribar a la casa de la familia Narváez Corrales los hombres se identificaron como miembros del ejército, golpearon la puerta y ordenaron abrir. Marta Narváez les dijo que esperaran un momento mientras se cambiaban la ropa de dormir, en tanto que los hombres derribaron la puerta a patadas y golpearon, violaron e interrogaron a la joven mujer. Ellos le preguntaban por el paradero de Manuel, Eliseo y Eder Narváez, que creían que se encontraban en las casas vecinas. Los hombres se dirigieron a la casa del lado, llamaron a la puerta y Eliseo les abrió recibiendo de inmediato una descarga de ráfaga de fusil que lo deja herido al igual que a su esposa. Eliseo se reincorpora y les pide que no lo maten, pero los hombres al ver que no estaba muerto, tratan de dispararle con un fusil que se trabó, entonces utilizan una pistola, al tiempo que le reprochaban por ser uno de los líderes de los invasores de la hacienda Bellacruz. Luego se dirigieron al segundo piso de la casa donde estaban Eder Narváez, su compañera e hija. Los sacaron de la casa y los llevaron a unos cien metros afuera, donde a pesar de las súplicas de su compañera e hija lo asesinan. El 30 de noviembre de 1996 a las 8.00 p.m. JESUS TOSCANO MINORTA de 32 años, fue detenido y asesinado, en operación conjunta entre miembros del ejército y miembros paramilitares. Jesús se desplazaba en su bicicleta por el parque central cuando llegó una patrulla del ejército y le exigió los documentos de identidad a los que allí se encontraban. A unos 30 metros se encontraba estacionado un vehículo de color rojo ocupado por varios hombres vestidos de civil que portaban armas cortas y largas, un soldado chifló a las personas que se encontraban en el carro, quienes procedieron a detener a Jesús junto con otras personas que también habían sido requisadas e identificadas por el ejército. Los paramilitares, según versiones de un testigo presencial, les quitaron a las víctimas sus documentos de identidad, dejando en libertad a la mayoría a excepción de Jesús y otra persona. Luego, estos hombres cogieron a Jesús y lo tiraron dentro del carro con su bicicleta y partieron por la carretera que conduce a Castilla, una hora después se escucharon varios disparos. Al día siguiente, más o menos a las 8:00 de la mañana fue hallado su cuerpo con cinco impactos de bala en el rostro. Tres de los hermanos de Jesús fueron asesinados en la misma semana, en Valledupar. Esta familia había sido señalada por mandos de las fuerzas militares como colaboradora de la guerrilla. El 14 de enero de 1997 el empleado de un establecimiento público DOMINICANO AGUILAR de 42 años fue asesinado por paramilitares. El 29 de noviembre de 1997 NELSON PADILLA de 27 años fue asesinado por un grupo de hombres armados que lo sacaron de su casa ubicada en el barrio Las Flores, lo subieron a un vehículo y luego le propinaron varios impactos de bala en un paraje cercano a Pelaya.


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PAILITAS

El 5 de mayo de 1988, los campesinos ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ, EDUARDO HERNANDEZ e ISMAEL ZAMBRANO fueron detenidos, torturados y asesinados por miembros del DAS en la finca El Remanso. Los campesinos fueron detenidos y torturados y luego introducidos en bolsas de polietileno y trasladados a las instalaciones del DAS de Aguachica donde continuaron las torturas; les sacaron los ojos, les cercenaron el pene y posteriormente los introdujeron en llantas y los incineraron en lugares diferentes: uno en la salida para Ocaña, otro en la salida para Puerto Mosquito y el tercero en la salida a Gamarra. En septiembre de 1993, los campesinos CAMILO PIQUE y otro HOMBRE sin identificar fueron asesinados; así mismo otro HOMBRE sin identificar, jefe de una cooperativa agrícola, fue encontrado asesinado, envuelto en sabanas y con varias heridas en el vientre, ocasionadas por arma corto punzante. Por el hecho se sindica al grupo paramilitar Los Cirujanos, cuyos integrantes acostumbran firmar sobre los cuerpos de sus victimas, y salir con las caras cubiertas en carros sin placas y lanzando consignas. El 19 de julio de 1994, JESÚS ELÍ RICO MORA, HIDALGO COLMENARES BONILLA, ALEXANDER ANTONIO CHINCHIA RINCON, fueron asesinados por desconocidos y sus cuerpos fueron encontrados en la finca El Paraíso en la vía a Bucaramanga. Fueron llevados por hombres que se movilizaban en un vehículo de color rojo, de vidrios oscuros, sin parabrisas y sin placas; después de haber participado en compañía de varios amigos en las corralejas del pueblo. Los hombres les dijeron que ellos eran desertores de las FARC y que ahora estaban con el ejército, pero andaban solos y que con ellos no iban a tener problemas, les dieron trago y los invitaron a ir con ellos; los jóvenes aceptaron y decidieron subir al vehículo. Hacia las 11 de la noche partieron con rumbo al batallón. En la región había sido denunciado el accionar de grupos paramilitares y se habían presentado enfrentamientos entre las fuerzas armadas y la guerrilla. El 30 de julio de 1994 hacia las 6:00 a.m., los campesinos DAVID MADARIAGA, WILMAN, ALFREDO VILA, LUIS JAVIER SANTIAGO, fueron torturados por un grupo de 23 soldados del ejército que llegaron a la finca La Bonanza, vereda Guarumeras. Los militares irrumpieron en el lugar y solicitaron los documentos de identidad a David y a Wilman, inmediatamente los empezaron a torturar; los amarraron, les vendaron los ojos, los sometieron a ahogamiento tapándoles la cara con una toalla mojada y amenazándolos con matarlos si no decían donde estaba la guerrilla; también les daban cachetadas mientras les preguntaban por la ubicación de las caletas de la guerrilla. A Alfredo Vila, quien también se encontraba en esos momentos en la finca, los militares lo golpearon e insultaron. Finalmente los militares se marcharon hacía una finca vecina donde se encontraba el señor Luis Javier Santiago a quien torturaron de la misma forma. El 1 de diciembre de 1994 a las 7:30 PM MARIO ALONSO LOBO fue asesinado de disparos propinados por sujetos desconocidos que se le acercaron cuando se encontraba en compañía de su familia en el Corregimiento El Burro. Mario quedo herido en el piso, en tanto los hombres se retiraron unos a 5 mts de distancia aproximadamente. Uno de los hombres se percató que Mario aun estaba con vida, preparó su arma y le propinó dos disparos en la cabeza. El 7 de enero de 1995, lo campesino HOLMAN JOSE CIENCI AMAYA, fueron detenidos y torturados por efectivos militares que los abordaron en el momento en el que departían


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en un establecimiento público. Posteriormente fueron llevados a las instalaciones del DAS en Valledupar.

Sevicia contra el campesinado

El 11 de noviembre de 1995, ELISEO NARVAEZ, fue golpeado por desconocidos que se identificaron como hombres de Víctor Carranza. Estas personas llegaron a su casa y le dijeron que “tenía que abandonar la vereda y que les avisara a las otras familias que tenían ocho días para desocupar la vereda, porque de allí saldrían vivos o muertos” Luego obligaron a Narváez a acompañarlos a otra finca donde se encontraba LUIS FERNANDO CARRILLO VILLEGAS. Decían “Fernando, Fernando, Nando, levántese”. El joven se levantó y al ver las armas les dijo “no me maten, investíguenme, no le he hecho nada a nadie”; lo golpearon y se lo llevaron a un caño en donde lo torturaron; le sacaron los ojos, le cortaron el labio superior, le ataron las manos, mientras le preguntaban si él era sicario del ELN. Finalmente lo asesinaron y llevaron el cuerpo hasta la carretera Troncal de Oriente, en donde lo abandonaron. Luego, los paramilitares regresaron a la vivienda de Eliseo y le dijeron que “si volvían a verlo en la vereda no le daban dos segundos de vida y que les dijera a los demás pobladores que se fueran, que sólo tenían ocho días para desocupar la vereda. Posteriormente le dijeron que corriera, le hicieron un disparo al aire y él huyó caño abajo...”. El 15 de diciembre de 1995, el campesino JOSE DOLORES VIDES DURAN, fue asesinado por dos paramilitares que cubrían sus rostros con ruanas y portaban armas de corto y largo alcance, en la finca La Victoria, en la vereda Arenas. Los paramilitares llegaron a la vivienda de José Dolores, cuando una hija se disponía a servirle la comida, saludaron a los presentes y les dijeron: “tranquilos que no les va a pasar nada”, luego, inspeccionaron la casa y cuando vieron que no había nadie más, le ordenaron al campesino que se tirara al suelo boca abajo e inmediatamente comenzaron a dispararle en la cabeza y la espalda. Este mismo día, FAVIO MURCIA CONTRERAS fue asesinado por tres paramilitares cuando se encontraba en su casa ubicada en la carrera 7 entre calles 5 y 6. Los militares llevaban la cara cubierta con ponchos y portaban armas cortas. El crimen fue cometido en su residencia, a unos 30 metros del parque principal José Antonio Ciancí y a escasos metros del puesto de policía de la población. Los asesinos al llegar frente a la víctima le dispararon en reiteradas oportunidades en la cara y el pecho; luego se marcharon muy despacio, por el mismo sitio por el que habían ingresado, salieron al parque y tomaron rumbo al barrio Nueve de Abril. Favio era hermano de la señora Nubia Murcia Contreras, empleada del hospital local, a quien en varias ocasiones había sido amenazada de muerte. El 15 de diciembre de 1995, CARLOS EMIRO QUINTERO MADARRIAGA, fue desaparecido y asesinado por paramilitares en un juicio extrajudicial en la vereda Bola Azul. Durante los últimos cinco días, dos habitantes del municipio fueron asesinados por hombres que portaban armas de corto y largo alcance y cubrían sus rostros con ruanas. El 8 de enero de 1996, GUSTAVO SANTIAGO BAYONA fue desaparecido en circunstancias desconocidas. Las autoridades del sur del Cesar y la provincia nortesantandereana de Ocaña, investigan la suerte de diecinueve personas que han sido reportadas como desaparecidas entre los últimos meses de 1995 y los primeros de 1996.


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EL 3 de marzo de 1996, el campesino ARNULFO RIOS RINCON de 46 años, fue asesinado por desconocidos que le propinaron dos disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza en la vereda Quiebra Dientes. El 5 de abril de 1996 ANA FELICIA MUÑOZ CORTEZ fue torturada por paramilitares en las afueras del municipio. Ana Felicia fue recogida por varios hombres en el lugar donde tenía su negocio de venta de chance y fue llevada a las afueras del pueblo; allí la amarraron a un árbol, luego la golpeaban dándole patadas, puños, latigazos, le pellizcaron la piel con un alicate, le partieron los dientes y le sacaron dos uñas, donde le ponían choques eléctricos. Todo esto mientras le preguntaban por los nombres de guerrilleros de las organizaciones subversivas que operaban en la región, acusando a su hijo de quince años de pertenecer a una de éstas. Posteriormente, cuatro de sus agresores la violaron y luego fue dejada en la entrada a Pelaya. Ana Felicia quedó embarazada de sus victimarios y cuatro meses después su hijo fue asesinado. Frente a lo sucedido se interpuso denuncia ante la Personería y la Fiscalía de Pelaya. El 6 de abril de 1996, el campesino CARLOS JULIO RANGEL de 51 años, fue encontrado asesinado después de haber sido desaparecido en el caserío El Burro. Carlos Julio estaba desaparecido desde que varios hombres armados lo sacaron a la fuerza de su vivienda y lo llevaron con rumbo desconocido. El 14 de agosto de 1996, el campesino JAVIER VILLEGAS RODRIGUEZ de 36 años, fue desaparecido en circunstancias desconocidas en el camino de la vereda Totumito. Un poblador de la zona le manifestó a la esposa de Javier haberlo visto con un grupo de hombres que eran llevados en un carro por personas extrañas. El 14 de septiembre de ese mismo año, en horas de la mañana, el campesino y líder cívico OVIDIO PEÑA DURAN, fue asesinado por un grupo paramilitar perteneciente a la Cooperativa Convivir. Ovidio se encontraba comprando el pan para llevar a su casa en la mañana, cuando fue obligado por la fuerza de varios hombres a subir a una camioneta cuatro puertas. Al día siguiente apareció su cuerpo en el municipio de Pelaya. Ovidio había participado en muchas actividades de desarrollo comunitario en la vereda El Paraíso del municipio El Carmen, Norte de Santander, con las que habían logrado de manera autogestionaria construir escuelas, vías y otras obras sociales necesarias e importantes para la comunidad. El grupo paramilitar Convivir tiene su base de operaciones en las fincas Ucrania y Sonora. El 7 de febrero de 1997 hacia las 4 p.m., un joven campesino de apellido BERMÚDEZ de 22 años, fue asesinado por paramilitares. Los paramilitares lo interceptaron y obligaron a abordar un vehículo. Su cuerpo fue hallado por sus familiares al día siguiente, a las 10 de la mañana en el corregimiento Antequera, jurisdicción del municipio Tamalameque. Los paramilitares tienen bases en las haciendas La Ucrania y La Sonora, y en una residencia del casco urbano de este municipio, ubicada cerca de la estación de policía. El 23 de febrero de 1997, el campesino JOSE DEL CARMEN SANTANA y otro CAMPESINO fueron asesinados por paramilitares que les propinaron múltiples impactos de arma de fuego en el caserío El Burro. El 8 de marzo de 1997, el campesino AUDEN CARDENAS ALVAREZ, fue asesinado por hombres desconocidos en la finca Pedregal. Al año siguiente, el 6 de enero, JOSE MOSQUERA QUINTERO y WILLIAM OROZCO CABALLERO fueron asesinados por miembros de un grupo paramilitar. José y William


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fueron sacados por la fuerza de sus casas, ubicadas en el casco urbano, y sus cuerpos fueron hallados con múltiples impactos de bala en una zona montañosa de la vía que va de El Banco a Tamalameque.

CURUMANI El 19 de julio de 1988, el campesino MANUEL REYES CARDENAS, miembro de la ANUC, fue detenido por efectivos del batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Nariño, de la II Brigada del ejército al mando del teniente coronel José María García Martínez, bajo la sindicación de ser guerrillero del ELN. El dirigente campesino fue detenido cuando viajaba en un bus de transporte intermunicipal y durante los primeros 15 días del mes de julio fue visto esposado patrullando con unidades del ejército y vistiendo prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares. El abogado contratado por su familia se dirigió a las instalaciones del batallón Nariño en compañía del personero municipal de Curumaní con el fin de averiguar sobre el paradero de la víctima, allí fueron atendidos por el teniente coronel García Martínez, quien intentó reseñar al abogado y afirmó que “el delincuente Manuel Cárdenas había sido detenido por unidades bajo su mando y que se encontraba bajo protección de la V Brigada”. En efecto, el dirigente campesino fue desaparecido y posteriormente asesinado.

Actuaciones Judiciales El caso fue investigado por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares (proceso 73048), proceso que arrojó como resultado, el establecimiento de la responsabilidad de tres altos oficiales del ejército. Se trata del Brigadier general Juan Salcedo Lora Comandante de la II Brigada del ejercito, con sede en Barranquilla, quien ordenó que Reyes Cárdenas estuviera detenido por dos meses en el batallón de Infantería No.15 Santander, con sede en Ocaña, el teniente coronel Edgar Bahamón Horta, comandante batallón de Infantería No. 15 Santander, quien lo mantuvo detenido en el referido batallón, y el teniente coronel José Maria García Martínez, comandante batallón Nariño, quien fue el directo responsable de la detención inicial de Reyes Cárdenas. Se solicitó sanción de carácter disciplinario y acción penal contra los responsables. Sin embargo, a pesar de estar plenamente demostrada la responsabilidad de los altos mandos militares en la detención y posterior desaparición de Manuel Reyes Cárdenas, las investigaciones por parte de la Procuraduría delegada para las Fuerzas Militares fueron desviadas a objetivos imprecisos con el aparente fin de no abrir pliego de cargos contra los implicados, facilitando el camino de la prescripción de la acción disciplinaria y penal. Esto lo evidencia la constante comisión a diferentes regionales de la Procuraduría para la práctica de una serie de diligencias que ya se han realizado y que constan en el expediente. A pesar de que se encuentra plenamente demostrada la responsabilidad de latos mandos militares en la detención y posterior desaparición del ciudadano del presente caso las diligencias de investigación por parte de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares fueron desviadas a objetivos imprecisos con el aparente fin de no abrir pliego de cargos contra los responsables facilitando el camino de la prescripción de la acción disciplinaria y penal.

El Batallón de Artillería No. 2 La Popa


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Durante el año de 1987 en el municipio de Curumaní, militares pertenecientes al batallón de Artillería No. 2 La Popa arremetieron contra los campesinos de la zona. Con el fin de conseguir información, realizaron detenciones arbitrarias, interrogatorios, violaciones, torturas y asesinatos, afirmando que los campesinos de la región eran colaboradores de la guerrilla. Los militares tenían en su poder al joven Arnulfo Malagón Beltrán de 14 años, quien señalaba a los campesinos de la región como guerrilleros. Para las torturas utilizaban alambres de púas, garrotes, sogas y para no dejar huella en el cuerpo utilizaban toallas. Además, los torturados eran amenazados de muerte para que no denunciaran los atropellos de los que habían sido víctimas. Antes de citar los casos que relacionan directamente a los miembros de esta unidad militar, deben registrarse como antecedente más tempranos crímenes por agentes sin identificar. El del 29 de mayo de 1985, cuando los campesinos JOSE ANANIAS UREÑA TORRES y otra PERSONA sin identificar fueron asesinados con arma de fuego por desconocidos en la vereda El Desengaño y el ocurrido el 23 de septiembre de 1986, en el que ENRIQUE OSPINO, GIOVANNY OSPINO y VICTOR JULIO MORENO DITA de 25 años, conocido como “Lucho Mentiras”, fueron encontraron muertos en el corregimiento Santa Isabel. Los tres cuerpos estaban atados de pies y manos y amordazados. En referencia al batallón La Popa, el primer caso conocido ocurrió el 21 de marzo de 1987. Este día, el campesino EUCLIDES ROJAS HERNANDEZ fue asesinado y DIOSENEL QUINTERO, RAMON QUINTERO y ANA GAITAN fueron torturados. El 22 de marzo de 1987 miembros de este batallón torturaron a RUMALDO VANEGAS, QUERUBIN OSORIO, RAFAEL HERNANDEZ, JOSE VICENTE MAHECHA y a un MENOR DE EDAD en la vereda Lamas Verdes. Tres días después, el 25 de marzo, torturaron a HERIBERTO GUTIERREZ, JORGE QUINTERO, ÁNGEL ORTEGA, CARMITO GUEVARA y agredieron sexualmente a ROSA GUEVARA.

Otro caso de sevicia contra los campesinos El 1 de abril de 1987, el campesino JOSE ELVER BELTRAN, fue torturado y asesinado y los campesinos MISAEL PARRA, MAURICIO BELTRAN, ALBERTO RINCON, GONZALO BELTRAN, ALVARO SOTO, JOSE RICARDO PARRA, fueron detenidos y torturados por miembros del ejército pertenecientes al batallón de artillería No. 2 La Popa y comandados por el capitán Restrepo en la vereda Mula Alta y Mula Baja. Los campesinos fueron vendados, golpeados, amarrados de pies y manos, algunos fueron quemados con agua caliente; a José Ricardo lo ataron de las manos a la cola de una mula y fue arrastrado 500 metros. Después de varios días de tortura, el 18 de abril del mismo año fueron dejados en libertad Misael y José Elver, quienes fueron trasladados al hospital González Valencia de la ciudad de Bucaramanga, en donde 4 días después José Elver murió a causa de las torturas a las que fue sometido. Su cuerpo presentaba quemaduras en el pecho, el estómago, los testículos y la cabeza, así como golpes en diferentes partes del cuerpo. El capitán Restrepo ofreció a un miembro de la familia de José Elver 150.000 pesos para que no denunciaran su muerte; como este no aceptó le dijeron que le darían trabajo donde él quisiera y si no aceptaba ya vería lo que le iban a hacer. Finalmente, la familia de José recibió del ejército la suma de 150.000 pesos en efectivo y 200.000 pesos en mercado para que no denunciaran la muerte de su familiar. El 1 de mayo de 1987, los campesinos OMAR GUTIERREZ, JOSE RICARDO MANZUR, FRANCISCO ORELLANA fueron torturados y DOS MENORES de edad, de 10 y 11 años


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fueron amenazados de muerte por miembros del ejército pertenecientes al batallón de Artillería No. 2 La Popa, en la vereda Lamas Verdes. Acciones del Batallón San Mateo

Operativos militares, otra máscara de la represión

El día 17 de noviembre de 1992 a las 9:30 de la noche, el padre de familia ALFONSO CARDONA TABORDA de 42 años; su hermano lisiado FABIO CARDONA TABORDA de 51 años; los hijos de Alfonso, CARLOS, LISANDRO y ALFONSO CARDONA MURILLO, de 22, 18 y 17 años, respectivamente, y JUAN CARLOS MENCO de 51 años, vecino de la familia, fueron detenidos, torturados y asesinados después de ser sacados violentamente de su casa ubicada en el barrio Camilo Torres durante un operativo militar realizado por un grupo de agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNASE, y militares adscritos al batallón de Artillería No. 8 San Mateo, comandado en ese entonces por el Teniente coronel Luis Carlos Rodríguez Victoria. Junto con las víctimas, los militares se llevaron una camioneta Dodge de propiedad de Alfonso, a quien obligaron a conducirla rumbo al corregimiento Las Vegas en Chimichagua. Posteriormente, con la búsqueda de los familiares, fueron encontrados al día siguiente los cuerpos sin vida de Alfonso, Carlos y Lisandro tras ser torturados, baleados, mutilados, envueltos en alambres de púas e incinerados dentro de la camioneta en la vía de entrada a Sabanagrande, en Curumaní. Los cuerpos sin vida de Fabio y Juan Carlos fueron encontrados con huellas de torturas, mutilados e incinerados el mismo día, en la vía de entrada a Sabanagrande por el sitio El puente del Mamey. El cuerpo sin vida de Alfonso, el padre de familia, fue encontrado el 20 de noviembre siguiente en inmediaciones de un puente cercano al corregimiento Las Vegas con muestras salvajes de tortura pues le quitaron la lengua y los ojos, castrado, maniatado, asesinado y calcinado. Horas antes de la detención de las víctimas una patrulla de 20 militares, algunos de ellos encapuchados, llegó hasta la casa de la familia Cardona, la registraron sin orden de autoridad competente, preguntaron por las personas que allí vivían y a que se dedicaban. Luego de 20 minutos de estar en el lugar se marcharon. Los pobladores de la región venían denunciando desde seis meses atrás el criminal accionar de grupos paramilitares. Otros hechos en los que tropas del batallón San Mateo al mando del Teniente Coronel Humberto Plata Cavariche violentaron a la población civil ocurrieron el 14 de diciembre de 1992 en las horas de noche, cuando los militares realizaron 23 allanamientos sin orden judicial a residencias del barrio El Bosque en el casco urbano del municipio. En el trascurso de las acciones los moradores fueron golpeados, insultados y amenazados de muerte, además fueron saqueadas sus pertenencias esto produjo el desplazamiento de varios afectados a otras regiones. De igual manera el 23 de diciembre de 1992, detuvieron arbitrariamente, sin orden judicial a MAURICIO ESCORCIA REALES director y docente de la escuela urbana El Jardín, además dirigente político y cívico de la región; también a ALBEIRO GUERRERO, conductor y RUBEN AFANADOR, parcelero. Estas personas fueron acusadas por parte de los militares de ser subversivos. De forma similar se realizaron allanamientos en febrero de 1993 a residencias de los barrios El Jardín, Centro, Nueve de Abril, San Pedro, El Carmen y otros. Además el 15 de marzo de 1993 sucede la masacre de seis campesinos por tropas del batallón San Mateo del ejército en la vereda La Raya. La institución justificó la acción acusándolos de ser ladrones de gasolina y que habían muerto en combate.


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El 18 de mayo de 1993 en horas de la noche, CARLOS ARDILA SALAZAR de 43 años, fue asesinado y el CONDUCTOR de un bus intermunicipal fue herido en la estación de gasolina Claro Hermanos por efectivos del batallón San Mateo. Carlos iba como pasajero de un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Maicao – Bucaramanga, cuando recibió un disparo en la nuca, mientras que el conductor recibió un disparo en el brazo. Según la versión de los militares, el conductor del vehículo no acató una orden de pare en un retén ubicado en inmediaciones de una estación de gasolina. La Brigada Móvil No. 2 El 13 de agosto de 1994, los campesinos, MARCO AURELIO FLOREZ, HERMES ELI QUINTERO, DANILO QUINTERO, HUBER AREVALO, MARIA OLIVA VANEGAS, LUZ MARINA RIOS, JAIRO JAIME GALLO y otro HOMBRE sin identificar, fueron torturados y amenazados por miembros de la Brigada Móvil No. 2 en la vereda Pitalito. El 8 de agosto anterior, guerrilleros del ELN habían intentado tomarse por asalto la población, hecho que fue frustrado por los militares de la Brigada Móvil No. 2. En su retirada, los guerrilleros se llevaron un camión cargado con muebles y enseres. El vehículo lo desviaron hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, pasando por la vereda Pitalito. Luego, entre el 13 y 15 de agosto, militares adscritos a la Brigada Móvil No. 2, incursionaron en la mencionada vereda donde cometieron toda clase de atropellos contra los campesinos. Según la población, la violación de los derechos humanos por parte de los militares es sistemática y se había incrementado dos meses antes de los hechos; los militares acusaban a los campesinos de ser parte de la guerrilla. A continuación se reseñan los más graves hechos99. MARCELO FLÓREZ fue sacado de su lugar de trabajo por militares de la Brigada Móvil No. 2, quienes lo retuvieron desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, en el sitio conocido como La Ye, adonde lo llevaron nuevamente el día siguiente, así como a unas arroceras cercanas, en donde lo desnudaron, lo esposaron y lo tiraron en un puente. Un Teniente y un Cabo le preguntaron por una motocicleta y le dijeron en dos oportunidades que le daban un minuto para que pensara, le cantaron una canción y al no responderles positivamente le dijeron que iban a traer a su hijo “para castigarlo y que él viera cómo brincaba”. Luego el Teniente dijo “en mi vida es el primer individuo que suelto sin castigarlo”. Después de llevarlo a una escuela ubicada a una hora de camino y de regresarlo al sito La Ye, hacia las 7 de la noche el teniente le dijo “Marcelo puede irse porque la moto está para casa de Zinc”; durante todo el tiempo estuvieron presionándolo para que hablara sobre la mencionada motocicleta. Al dejarlo ir, los militares le prohibieron que saliera de su finca y lo hostigaron hasta el día 17, sin permitirle trabajar siquiera en su predio. Hacia las 11:30 de la mañana, los militares llegaron a la casa de HERMES LOZANO, a quien golpearon en una pierna, lo agarraron con una toalla por el cuello y lo llevaron hasta el pozo de agua sumergiéndolo, mientras le colocaban un pie en el cuello y otro en el estómago; como consecuencia de lo anterior, le rompieron la cabeza, las encías, el labio y le lesionaron el cuello. Todo el tiempo le preguntaban por una supuesta caleta. Durante varios días lo amenazaron, también a su hijo mayor y lo hostigaron. Al momento de retirarse les dijeron que “se portaran bien o les iban a quemar a los niños”.

99 Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 7, Número 3. Julio – Septiembre 1994.


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También el 13, hacia el mediodía, irrumpieron en la casa de DANILO LOZANO, a quien esposaron mientras le preguntaban por una supuesta caleta; después lo llevaron hasta un riachuelo con una toalla al cuello, lo colocaron boca arriba y con la toalla le apretaban la boca y la nariz, mientras le vertían agua con una cantimplora hasta casi ahogarlo. Hasta las 5 de la tarde lo obligaron a recorrer varias casas. Regresaron el día siguiente (14 de agosto), mientras seguían golpeándolo en el pecho y le preguntaban nuevamente por la caleta, a lo que respondía que “no sabía”, además éste les pidió que se identificaran, pero por respuesta recibió maltratos verbales y amenazas de muerte. HUBER ARÉVALO fue cogido por el cuello con una toalla, sacado de su casa y arrastrado hasta una quebrada; allí le introdujeron la cabeza en el agua hasta casi ahogarlo, mientras le exigían que hablara de una caleta. El labriego sufrió heridas en la frente y raspaduras en las rodillas y en los brazos. Ante la presión de los militares, Huber los llevó al sitio donde supuestamente se encontraba la caleta; allí le pidieron su cédula y lo mandaron para la casa, prohibiéndole salir. El domingo 14, se presentaron nuevamente en su vivienda, a las 2 de la tarde, lo llevaron al sitio conocido como La Ye, preguntándole por una motocicleta, lo desnudaron, lo torturaron y finalmente, hacia las 8:30 de la noche, lo liberaron. OLIVA MARÍA VANEGAS fue maltratada física y verbalmente; le apretaban el cuello y le colocaban un fusil en la sien, mientras le preguntaban por la guerrilla, a lo que ella respondió que “había escuchado un tropel pero que no había visto nada”. A sus hijos, de 10 y 7 años, también les preguntaban por la guerrilla, hasta hacerlos llorar. Luego el lunes 15, cuando la señora regresaba a su casa, la retuvieron en el sitio La Ye, durante dos horas. El 15 de agosto de 1994, el campesino ALEXANDER CASTILLO fue detenido y torturado por militares de la Brigada Móvil No. 2 en el sitio La Ye, en la vereda Pitalito. Alexander regresaba a su vivienda cuando se encontró con los militares que le preguntaron por “las caletas” y por el cargo que ocupaba en la Asociación de veredas, él les contestó que no tenía cargo alguno, entonces el teniente que comandaba el grupo de militares le dijo que “Danilo Lozano les había dicho que tenía un sofá”. También le preguntaron por una motocicleta roja y un camión. Acción Paramilitar El 12 de mayo de 1990, el joven menor de edad JORGE LUIS SANCHEZ LOPEZ, fue asesinado por desconocidos. Jorge Luis se encontraba en Sanalud con un amigo, cuando llegaron tres hombres y se ubicaron cerca de la mesa donde se encontraba el joven, de esta manera, Jorge que quedó sentado de espaldas a los desconocidos. Un rato después, Jorge se levantó para retirarse del establecimiento pues temían que por ser menores de edad las autoridades los retuvieran. Una amiga de los jóvenes entró a saludarlos, en este momento uno de los hombres la llamó pero ella los ignoró y se despidió rápidamente diciendo que no podía demorarse porque sus padres no le habían dado permiso. Cuando el amigo de Jorge se disponía a hacer un pedido al cantinero se dio cuenta que uno de los individuos le estaba apuntado con un arma a Jorge, al parecer con un revolver niquelado, y sin darle tiempo de avisar lo que estaba ocurriendo, el desconocido disparó dejando a Jorge mortalmente herido. Luego los sujetos salieron corriendo del local, uno de ellos llamó a la puerta de una casa vecina y le dijo al dueño que le permitiera entrar y permanecer allí, pues él era un agente de policía y lo estaban persiguiendo. Ante la gravedad del estado de Jorge, sus familiares


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lo trasladaron a Bucaramanga, sin embargo él falleció al día siguiente a las 10:30 de la noche. El 21 de febrero de 1993, los campesinos MARIO RANGEL BARRERA de 30 años y JOSE MARIA PEDROZA, fueron asesinados por 4 hombres fuertemente armados que portaban machetes cuando incursionaron en la vereda La Reforma. Los desconocidos llegaron, se acercaron a los campesinos y sin mediar palabra los atacaron; otro campesino logró salvarse gracias a que fingió estar muerto. El 26 de octubre de 1993 a la 1:00 a.m. el lechero EDWARD PEREZ RODRIGUEZ, fue asesinado por hombres armados que vestían pantalón de jean, chaqueta negra y algunos de ellos estaban encapuchados. Edward se encontraba en su casa, ubicada en el sitio La Loma, durmiendo junto con su familia, cuando llegó una camioneta cuatro puertas de color blanco de la cual se bajaron 4 hombres que preguntaron por Rafael y diciendo que si no abrían la puerta iban a volar la casa. Edward se levantó y les abrió la puerta, entonces entraron los encapuchados a buscar a Rafael. Edward explicó que solo vivía con su esposa, sus niños y un cuñado de nombre Ilver Gutierrez Chinchilla. Al no encontrar a quien buscaban, sacaron a Edward y a su cuñado a la calle; uno de los encapuchados le preguntó a uno de los hombres que esperaban en el vehículo que si “a Ilver también le daban”. Al oír esto Ilver entró corriendo a la casa y cerró la puerta, en ese momento los asesinos le dispararon a Edward. Cerca de este sitio también mataron a un hombre de nombre ANANÍAS. Al parecer la causa de las acciones fue la pérdida de un ganado de una finca propiedad del Negro Rois y sospecharon de Edward por tener llaves cuando recogía la leche. El ayudante de Edward días después de los hechos se trasladó con su familia a otra región, por temor a represalias contra su vida. Según consenso de algunos pobladores los autores del crimen podrían ser agentes del DAS, ya que la camioneta que utilizaron era la misma que después detuvo a unas personas en Curumaní y que trasladaron a la cárcel de Valledupar. Uno de los detenidos era José Eduardo Pabuena Arévalo y José Alberto Rodríguez Mendoza. Por estos hechos la madre de Edward instauró denuncia ante la Personería Municipal de Curumaní el 10 de enero de 1995. El 19 de septiembre de 1994, el campesino presidente de la Junta de Acción Comunal JOSE FRANCISCO OSPINO ROMERO de 27 años fue asesinado por paramilitares que le propinaron 4 impactos de bala en la vereda Bellavista. Según los familiares de José Francisco, el crimen fue cometido por grupos paramilitares que “no lo querían por su beligerancia para reclamar ante las autoridades por los derechos de los campesinos de Bellavista”. Al año siguiente, el 5 de agosto, los campesinos MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OCHOA de 27 años, EDGAR PINTO BECERRA, RODRIGO RODRIGUEZ PARADA de 41 y ALBEIRO VALERA de 25 años, fueron asesinados por dos hombres que ingresaron a la Tienda Royal donde departían y les dispararon en repetidas ocasiones. El 3 de febrero de 1997 hacia las 6 a.m. los padres de familia JUAN RIZO y su ESPOSA, fueron torturados y asesinados por integrantes de un grupo paramilitar en el corregimiento San Roque. Los paramilitares llegaron en un vehículo marca Luv de color verde y entraron violentamente en la vivienda de la pareja para interrogarla por el paradero de sus hijos a quienes acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla. Después se los llevaron a la fuerza y con golpes. A la señora la golpearon y amenazaron ante su resistencia de dar información acerca del paradero de sus hijos. Los cuerpos torturados y con 3 impactos de bala de la pareja fueron hallados días después en la vía que conduce al municipio de Chiriguaná.


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Algunos días después, el 9 de febrero, el campesino JOSE ALBERTO ORJUELA de 27 años, fue asesinado por paramilitares que incursionaron en el casco urbano y lo obligaron a abordar un vehículo. El cuerpo de José Alberto fue hallado tres días después con 4 impactos de bala. Los victimarios tienen bases en las haciendas La Ucrania y La Sonora, ubicadas entre el caserío El Burro y el corregimiento Palestina, y en una vivienda del casco urbano del municipio de Pailitas. El 28 de febrero de 1997, ALEJANDRO ORTIZ AGUDELO de 43 años fue asesinado por paramilitares. Alejandro fue llevado a la fuerza cuando fue interceptado en horas de la noche. Su cuerpo fue hallado en el sitio Avico a 2 kilómetro de la vía que conduce a Pailitas. El 23 de abril de ese mismo año, ALFREDO CASTRO VARGAS de 42 años y DIOSENEL TELLEZ BECERRA de 29 años fueron desaparecidos por paramilitares que se identificaron como de las Autodefensas del Cesar. Los paramilitares que se movilizaban en una camioneta de estaca, Chevrolet Luv blanca y portaban armas de largo y corto alcance se llevaron a Alfredo y Diosenel al barrio El Carmen. Luego, la esposa de Diosenel y un funcionario de la Cruz Roja, se dirigieron a la base paramilitar ubicada en las haciendas La Sonora y Ucrania, en Pailitas, con la finalidad de averiguar por los dos hombres. El comandante Jimmy, reconocido paramilitar, expresó a la esposa que “su marido está muerto, a esta hora se lo estarán comiendo los pescados del río Magdalena, no moleste más que usted sabía que él era guerrillero y a usted si sigue molestando también la vamos a joder”; en tanto que al delegado de la Cruz Roja le dijeron que estaba vivo. Diosemel había sido retenido por la policía el día 9 de abril de 1997, dos semanas antes de su desaparición, en un allanamiento a su vivienda y sometido durante varias horas a interrogatorios. El 8 de mayo de 1997 ENEIL PINEDA TORRADO de 15 años fue desaparecido y otros DOS HOMBRES, fueron asesinados por paramilitares que interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaban, por la vía Curumaní - Pailitas. Los cuerpos de los dos cuerpos fueron hallados el 10 de mayo en el puente Animalito. El 23 de junio de 1997, el estudiante FELIPE RAFAEL BAUTISTA GARCIA de 18 años y el obrero FERMIN MEJIA CARVAJAL de 34 años, fueron asesinados por un grupo de 5 hombres pertenecientes a las Autodefensas del Cesar al mando de Martín Velasco Galvis alias “comandante Jimmy” en el barrio La Feria. Ese día los paramilitares se movilizaban por este barrio, que se encuentra a 300 metros de la base militar; en un vehículo Toyota de color blanco, con placas No. 405. Luego, cuatro de estos hombres se bajaron del vehículo y subieron por la fuerza a Felipe y Fermín y partieron rumbo al municipio de Pailitas. Los cuerpos de los dos hombres fueron encontrados con las manos amarradas con cable eléctrico y con varios impactos de bala en la cabeza a la entrada de la vereda Villa Colón, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano de Curumaní. El 18 de octubre de 1997 el conductor JESUS EMEL ACOSTA de 28 años y JUAN CARLOS SANDOVAL TORRES de 19 años fueron desaparecidos por desconocidos en el sector de Palestina. Jesús Emel era padre de dos niños, conductor y distribuidor de refrescos y Juan Carlos ayudante de Jesús. Ellos se desplazaban por los diferentes municipios del centro y sur del Cesar en una camioneta Chevrolet, cuando fueron interceptados por un grupo de desconocidos. El 20 de octubre, en vista de que no regresaban, sus familiares presentaron la queja ante la policía del municipio, quienes aseguraron que se encargarían de pasarla a la fiscalía, lo cual no se confirmó. Familiares trataron de comunicarse el comandante paramilitar alias “Jimmy”, pero no les dio ninguna información. El 1 de diciembre, los familiares de nuevo fueron a presentar la denuncia, esta vez, ante la


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Personería Municipal, pero la personera se negó a recibirla, recomendando desistir de las denuncias; ante esto se dirigieron a la defensora regional, para presentarle el oficio dirigido a la personera. Finalmente en 1997, el 30 octubre, un CAMPESINO fue asesinado por paramilitares, en la vereda Los Serenos. El crimen ocasionó el desplazamiento forzado de cerca de 5 familias campesinas hacia el casco urbano de esta población.

Masacre a manos paramilitares

El 8 de enero de 1998 a la 1:00 a.m., FRANCISCO MACHADO de 85 años, SAHARA ESTHER BENJUMEA de 80 años, ALVARO VEGA SANTIAGO, MELQUIDES CASTILLO de 41 años, ARMANDO RIOS de 45 años, ALEXANDER ROJAS MACHADO de 21 años, DIOVANYS RAFAEL CASTRO de 22 años, JULIO TAFUR ENRRIQUE de 25 años y HERMES RUIZ de 42 años fueron asesinados por paramilitares en el corregimiento Santa Isabel. Los paramilitares llegaron al corregimiento, cuando una familia que vivía a la entrada del pueblo escuchó el ruido de los vehículos y la bulla de los hombres armados; al abrir la puerta para mirar lo que sucedía, fueron atacados con ráfagas de tiros. El grupo siguió al oriente y en su desplazamiento iban tumbado puertas y sacando a los moradores. En la calle asesinaron a Francisco Machado de 85 años de edad. En la misma calle le prendieron fuego a la casa de Sahara Esther Benjumea de 80 años, quien murió incinerada. Otro grupo comandado por una mujer que se hacía llamar Yolanda, sacó a varias personas, las cuales subieron a una camioneta Turbo y más adelante en la calle central ordenó bajarlos. Enseguida ella empezó a fusilarlos, asesinando a tres de los retenidos, hasta que se le atascó el arma y para arreglarla, la golpeó saliéndose una ráfaga que le causó la muerte a un paramilitar del mismo grupo; a éste le quitaron las prendas militares y el arma y lo dejaron con las otras víctimas. La paramilitar “Yolanda” continuó con los fusilamientos, hasta completar siete víctimas, sin contar el paramilitar muerto. En su retirada del pueblo se llevaron otros pobladores y se dirigieron por la carretera a Rincón Hundo y en el puente Anime; allí los bajaron para fusilarlos, propinándole la muerte a Álvaro Vega. En ese momento apareció una tractomula que los distrajo teniendo que esconderse, momento este que aprovecharon los cautivos para escaparse hacia el monte. Entre los que asesinaron figuran los mencionados y Melquiades Castillo, Armando Ríos, Alexander Rojas Machado, Diovanys Rafael Castro, Julio Tahúr Enrique, Hermes Ruiz, quienes fueron fusilados. Como antecedente, el día anterior tres hombres que se identificaron como miembros del ejército y que se movilizaban en un vehículo último modelo, preguntaron por el ejército, hicieron un recorrido por el pueblo y se retiraron. Es de resaltar que el camino de llegada utilizado por este grupo paramilitar fue la ruta Curumaní - Santa Isabel, por la troncal del Caribe teniendo que pasar, obligatoriamente, por un retén militar del ejército. Se sabía de amenazas anteriores al hecho de parte del ejército contra la población. Adicionalmente, durante el levantamiento de los cuerpos, unos soldados expresaron “todavía en este hijueputa pueblo queda gente, ¿cuántos guerrilleros cayeron?, Si los mataron era por que debían algo...”. Posteriormente se presentaron otros hechos en este corregimiento, en junio y julio de 1998, consistentes en amenazas de militares contra la población y posteriormente el accionar de grupos paramilitares cometiendo varios crímenes, entre los cuales se encuentra el asesinato de Alfredo Contreras y Pedro Correa Cuadrado.


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El 27 de julio de 1998 hacia las 11 p.m., los campesinos ALFREDO CONTRERAS y PEDRO CORREA CUADRADO, fueron asesinados por grupos paramilitares en el corregimiento Santa Isabel. Los paramilitares que portaban armas de largo alcance llegaron a la casa de Alfredo donde funcionaba una tienda y en la cual vivía con su esposa e hija de 6 años. Los paramilitares amenazaron con tumbar la puerta, ante lo cual Alfredo les abrió; algunos hombres lo sacaron de la casa mientras otros entraron a esta para saquear la tienda. Los paramilitares exhibieron una lista de personas a los asistentes, guardaron las cosas que habían robado a una camioneta 350 tipo estaca, obligaron a Alfredo a subir y partieron hacia el corregimiento de Rincón Hondo. Horas después fue encontrado el cuerpo de Alfredo a 800 metros de la casa. Esa misma noche el inspector de policía realizó el levantamiento. Simultáneamente, hombres armados que se movilizaban en otra camioneta cuatro puertas, irrumpieron en la casa del campesino PEDRO CORREA CUADRADO, que se encontraba en compañía de sus tres hijos. Los paramilitares se bajaron del vehículo y amenazaron con lanzar una granada al interior de la casa si no les abrían. Pedro salió por la puerta del patio y, al verlo un paramilitar, le disparó causándole la muerte. Desde meses anteriores las tropas del ejército llegaban a patrullar y amenazaban a los pobladores diciéndoles que en la región todos los jóvenes eran guerrilleros, que se cuidaran para cuando llegara la limpieza. Igualmente, el 19 de junio de ese mismo año, el capitán Javier Chacón, en reunión con la comunidad había expresado que ya sabían quienes eran guerrilleros; además los militares fotografiaron a la gente que asistió. También se presentaron requisas y allanamientos tildando a los pobladores de subversivos. En enero del mismo año, había sido perpetrada por paramilitares una masacre en este corregimiento, con la anuencia de las fuerzas militares y de seguridad del Estado; éste crimen y otros que se cometieron, unido a los hostigamientos por miembros de las fuerzas militares, produjo una situación de terror y zozobra que obligó a muchas familias del corregimiento a desplazarse hacia otras poblaciones. El caso fue denunciado por el Inspector de policía.

EL SUR DEL CESAR: ENTRE LA ACUMULACIÓN DE LA TIERRA Y ...

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