El Sexenio Democrático. Economía y sociedad en la España del siglo XIX
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Historia de España 2º BACHILLERATO Prof. Antonio Parada Moreno Ud. El Sexenio Democrático (1868-1874). Economía y sociedad en el siglo XIX
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Historia de España
2º BACHILLERATO
Prof. Antonio Parada Moreno
Ud. El Sexenio Democrático (1868-1874). Economía y sociedad en el siglo XIX
HISTORIA DE ESPAÑA Ud. El Sexenio Democrático. Economía y sociedad en el s. XIX
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1. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO
La “gloriosa revolución” y sus causas.
En 1868, un amplio movimiento revolucionario, integrado por prácticamente
todas las opciones políticas, tanto por civiles como militares, y por personas de
distinto origen social, destronó a Isabel II e inició un periodo que se prolongaría
durante seis años y en el que se ensayaron diversas fórmulas de gobierno
democrático.
La revolución de 1868 se inició en Cádiz con un pronunciamiento militar al que se
unieron otras guarniciones del ejército y un amplio movimiento político y
popular.
En el estallido de la revolución confluyeron causas políticas, ideológicas y
económicas:
El desprestigio de la monarquía y su creciente identificación con los
sectores políticos y sociales más reaccionarios.
La expansión del ideario democrático.
La crisis agraria y financiera de 1866.
La confluencia de estos factores propició un clima de conspiraciones que culminó
en el Pacto de Ostende de 1866; aglutinó a la práctica totalidad de sensibilidades
políticas y sociales. Les unían dos principios: el rechazo a la dinastía borbónica y
la necesidad de convocar Cortes Constituyentes mediante sufragio universal
masculino.
Las tropas leales a Isabel II fueron derrotadas en Alcolea (Córdoba) provocando la
marcha de la reina a Francia y su destronamiento. Se formaron entonces juntas
revolucionarias locales y un gobierno provisional.
El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869. La Regencia.
El Gobierno Provisional
En el gobierno provisional formado tras el destronamiento de Isabel II confluían
políticos progresistas y demócratas como Práxedes Mateo Sagasta y José Ruiz
Zorrilla, así como militares de corte unionista como Juan Prim, Francisco Serrano
o Juan Bautista Topete.
Las primeras medidas del gobierno provisional fueron:
Instaurar las libertades básicas (asociación, de expresión y enseñanza).
Se expulsó a los jesuitas y se proclamó la libertad de cultos.
Promulgar medidas económicas librecambistas, como la Ley de Bases de
la Minería y la reforma de los aranceles aduaneros.
Apostar por un régimen político monárquico. Esto suscitó una división
inicial en el seno de los demócratas que se dividieron en monárquicos y
republicanos.
Convocar cortes constituyentes mediante sufragio universal masculino.
La Constitución de 1869
Las Cortes Constituyentes salidas de las elecciones de enero de 1869 elaboraron
una constitución que contenía tres novedades fundamentales:
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Una relación de derechos y libertades del ciudadano, como las de
enseñanza, culto, expresión, reunión o inviolabilidad de la
correspondencia.
La adopción de la monarquía democrática como forma de gobierno.
La proclamación de la soberanía nacional y la división de poderes. Se
limitaron drásticamente los poderes de la Corona y se dotó de
independencia al poder judicial.
La regencia y sus reformas
La Constitución de 1868 preveía una monarquía para España. Hasta que se
eligiera al rey que debía sustituir a Isabel II se constituyó una regencia que fue
asumida por el general Serrano. Al frente del gobierno quedó el general Prim. Su
gobierno intentó acometer reformas institucionales y buscar un monarca. La
muerte de Prim en un atentado terrorista en 1870 truncó la posibilidad de
afianzar dichas políticas y al futuro rey en el trono.
La política reformista de Prim buscaba:
o Asegurar la participación ciudadana y la supremacía del poder
civil sobre los poderes eclesiástico y militar.
o Implantar un programa económico de carácter liberal. No pudo
lograrse por las dificultades externas (guerras colonial y carlista)
e internas (presiones de la industria textil catalana a favor del
proteccionismo). Las medidas de mayor trascendencia fueron la
Ley de Bases Arancelarias (que perseguían la apertura al
comercio internacional), el establecimiento de la peseta como
unidad monetaria y la Ley de Bases de la Minería que facilitó la
transparencia y seguridad en las concesiones de explotación de
minas a empresas.
La búsqueda de un nuevo rey concluyó con la elección de Amadeo de
Saboya, duque de Aosta e hijo del rey de Italia Víctor Manuel II.
El reinado de Amadeo I (1871-1873).
Amadeo I de Saboya ocupó el trono desde enero de 1871 hasta febrero de 1873.
El nuevo monarca llegó a España poco después de haber sido asesinado el
general Prim, su principal valedor.
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El reinado de Amadeo I fue un intento fallido de construir un régimen
monárquico democrático. El rey trató de ejercer sus funciones de acuerdo a la
constitución de 1869 pero tuvo que enfrentarse a la inestabilidad política y a una
fuerte oposición social. En poco más de dos años se celebraron tres elecciones
generales y hubo seis gobiernos diferentes. Además, en 1872 comenzó la
segunda guerra carlista y se recrudeció el conflicto cubano.
Las resistencias al régimen democrático de Amadeo I provenían de:
Las élites tradicionales, como la nobleza y el clero; ambas repudiaban a
un rey extranjero e hijo de un monarca (Víctor Manuel II) que había
acabado con el poder temporal de la Iglesia tras la unificación italiana.
Los republicanos que fundamentaban su descontento y las causas de la
situación de crisis en la forma de gobierno, la monarquía.
Protagonizaron movimientos insurreccionales especialmente graves en
Cataluña y Andalucía donde pedían reparto de tierras, abolición de las
quintas o la suspensión del impuesto de consumos (*).
El movimiento obrero que empezó a difundirse por la provincia,
especialmente por Levante y Andalucía.
La Iglesia, que se sentía agraviada desde 1868 por las disposiciones del
Gobierno Provisional.
Los monárquicos alfonsinos, dirigidos por Cánovas del Castillo.
Los carlistas, que defendía la legitimidad de su candidato Carlos VII.
Dos graves conflictos marcaron el Sexenio y el reinado de Amadeo I:
La guerra larga de Cuba. Comenzó en 1868 y terminó con la Paz de
Zanjón en 1878. Los insurrectos cubanos rechazaban su condición de
colonia, denunciaban la opresión económica y pedían su participación
en el gobierno de la isla. En todo caso se trató de un triple conflicto: una
guerra colonial contra la metrópoli; un conflicto civil interno entre los
criollos cubanos y españoles residentes en la isla; y un conflicto
internacional por el apoyo a los insurrectos de los Estados Unidos.
La segunda guerra carlista. Se desencadenó en 1872 y finalizó en 1876.
Liderada por el pretendiente Carlos VII se proponía la defensa de la
religión católica y de la legislación foral en los territorios navarro y
vascos. La guerra concluyó con la abolición de los fueros pero en 1878 se
estableció el concierto económico por el que el gobierno de la nación y
las diputaciones vascas fijaban el cupo económico con el que contribuían
al sostenimiento del Estado.
La Primera República
En febrero de 1873, Amadeo I abdicó y las Cortes proclamaron la I República.
Durante los primeros meses de existencia de la misma, los políticos progresistas y
radicales protagonizaron la vida política española. Los lideraban el progresista
Estanislao Figueras y el federalista Pi y Margall, primer y segundo presidentes de
la República respectivamente, y aspiraban a constituir España como una
república federal. Aspiraban a una organización territorial con 17 estados, entre
ellos Cuba. Pero los diputados más intransigentes promovieron en julio de 1873
una república federal desde abajo y la creación inmediata de cantones; es decir,
no esperar a la convocatoria de unas cortes constituyentes. Esta rebelión
cantonal se desarrolló entre julio de 1873 y enero de 1874. Aunque fueron
disueltos militarmente, el cantón de Cartagena perduró unos meses.
Los episodios cantonalistas agudizaron la imagen de desorden. Los propios
republicanos federales, para poder orden, recurrieron al ejército, reforzando su
protagonismo y propiciando que la mayoría republicana se deslizase hacia
posturas más conservadoras. El último presidente republicano, Emilio Castelar,
suspendió las garantías constitucionales y creó las condiciones propicias para que
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triunfase el golpe de Estado del general Pavía, quien disolvió las Cortes en enero
de 1874.
El régimen republicano siguió en vigor casi un año más pero importantes sectores
de la población (grandes empresarios, mayoría del ejército, de la Iglesia y de los
políticos conservadores) fueron apoyando la solución Alfonsina; es decir, la
restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II. El
pronunciamiento militar en Sagunto del general Martínez Campos a finales de
1874 dio comienzo al régimen de la Restauración.
PRESIDENTES DE LA I REPÚBLICA
1873 Estanislao Figueras
1873 Francisco Pi y Margall
1873 Nicolás Salmerón
1873/1874 Emilio Castelar
1874 Francisco Serrano (Presidente del Poder Ejecutivo de la República)
2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX: AGRICULTURA, INDUSTRIA
Y TRANSPORTES.
La expansión de la agricultura.
La agricultura, principal actividad económica de España, mantuvo su importancia
hasta mitad del siglo XX. El peso del sector agrario era mayor que en el resto de
Europa por la debilidad de la industria y la baja tasa de urbanización de la
población.
La agricultura española tuvo una evolución positiva a lo largo del siglo XIX:
satisfizo la demanda de una población que casi se duplicó y exportó parte de sus
excedentes. Estos resultados se explican, en parte, por las reformas
institucionales aplicadas a lo largo del siglo.
La producción agraria española creció desde 1830 de forma casi ininterrumpida
como resultado de la superficie cultivada y de la intensificación y especialización
en cultivos mediterráneos (viñedo, olivar y frutales). El sector, también mostró
capacidad para adaptarse a la demanda creciente de la Europa industrial,
estimulando su producción.
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No obstante, en el último cuarto del siglo, la agricultura sufrió una crisis de
carácter internacional. Tuvo su origen en la llegada masiva a los mercados
europeos de algunos productos de ultramar (trigo, carne, arroz) gracias a la
revolución de los transportes. En España, los síntomas de crisis se detectaron
hacia 1880 y se tomaron dos tipos de medidas:
Protección de la producción nacional.
Adopción de políticas de reforma estructural del sector.
La crisis provocó importantes cambios sociales: aceleró el éxodo rural y la
emigración a América; debilitó la posición de los propietarios rentistas y
consolidó la posición del propietario cultivador directo de la tierra.
El problema de la propiedad de la tierra. La reforma agraria liberal. Las
desamortizaciones.
Para que el campo fuera más rentable era necesario que los propietarios
invirtiesen en maquinaria o en abonos y, sobre todo, que intentasen obtener
mayores rendimientos, por ejemplo con la introducción de nuevos cultivos o con
la búsqueda de mercados para comercializar sus productos. Pero los propietarios
emprendedores escaseaban en la España del siglo XIX.
Los nobles y los clérigos vivían de las rentas que les proporcionaba el campo y
casi nunca se dedicaban a la actividad productiva. Sus tierras eran cultivadas por
arrendatarios. Generalmente estos arrendatarios se quedaban con una parte de
las cosechas para subsistir y entregaban el resto al propietario, además de pagar
impuestos al Estado o a la iglesia local.
Por otra parte, muchas hectáreas eran propiedad de los municipios; eran las
llamadas tierras comunales y con frecuencia permanecían improductivas o
estaban mal cultivadas. En ellas, los campesinos tenían un complemento (frutos
silvestres, pastos, leña,…) que ayudaban a complementar su precaria economía.
Estas tierras, propiedad de la Iglesia y los ayuntamientos, que de acuerdo a la ley
no se podían poner en venta eran denominadas propiedades de manos muertas.
Los políticos liberales eran conscientes de que los cambios en la estructura de la
propiedad de la tierra habían favorecido en otros países una gran expansión de la
producción agrícola. En consecuencia, los liberales promovieron un conjunto de
medidas conocidas como reforma agraria liberal que tenía como objetivos el
liberar la tierra de las trabas del Antiguo Régimen, asegurar el desarrollo de la
propiedad privada y fomentar la mercantilización de la producción.
Las principales medidas adoptadas fueron la desamortización, la desvinculación,
la abolición del régimen señorial, la supresión del diezmo y la regulación de los
derechos de producción y distribución.
La desamortización. Se trató de la nacionalización por parte del Estado
de propiedades de la Iglesia y los ayuntamientos para su posterior venta
en subasta pública. El proceso duró todo el siglo XIX, con dos
actuaciones especialmente relevantes: la desamortización de
Mendizábal de 1836 bajo la regencia de Mª Cristina, y la
desamortización de Madoz en 1855 durante el Bienio Progresista con
Isabel II. Los objetivos de las desamortizaciones eran cinco:
o Incrementar el número de apoyos al régimen liberal
o Asentar la propiedad individual.
o Utilizar los fondos obtenidos con la venta de las tierras para
remediar el déficit de la hacienda pública.
o Obtener fondos para la guerra carlista
o Ampliar el número de propietarios.
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Las desamortizaciones incrementaron el número de propietarios
agrarios pero no acabó con el déficit público ni consiguió que la mayoría
de los pequeños campesinos se convirtieran en propietarios. El 40% de
la tierra cambió de manos y tres quintas partes de las tierras de la Iglesia
fueron vendidas. Los compradores, en su mayoría, fueron aristócratas
terratenientes, comerciantes o industriales, que veían en la tierra un
signo de prestigio y de estabilidad económica.
Además muchos agricultores vieron deteriorada su situación económica.
Hacia 1860, la mitad de los asalariados españoles eran jornaleros del
campo. En cambio sí que se amplió la superficie cultivada dedicada al
cereal y la patata.
La desvinculación. Consistía en la eliminación de figuras jurídicas como el
mayorazgo, que impedían la libre disposición de la propiedad y su
confiscación en caso de deudas. La desvinculación posibilitó que muchos
propietarios de mayorazgos pudieran vender y dividir sus tierras.
La abolición del régimen señorial entre 1811 y 1837. Implicaba que los
pueblos dejaban de pagar rentas a los señores y la desaparición de la
autoridad de los señores en sus respetivas propiedades en tanto que
contradecía el principio de soberanía nacional que en el Estado liberal
estaba residenciado en las Cortes. En consecuencia, los señoríos
jurisdiccionales desaparecieron y los señoríos territoriales pasaron a ser
simplemente propiedades privadas del antiguo señor.
La libertad de mercado. Se tradujo en la supresión de los privilegios de la
Mesta, la libertad de propietarios y arrendatarios para estipular
contratos, la libertad de precios y de comercio interior y la abolición de
los gremios.
La industrialización.
La industria española progresó entre 1830 y 1870 del siglo XIX. Es cierto que
comparada con la industria de Europa occidental tuvo un atraso relativo. Las
causas hay que buscarlas en:
La escasa capacidad de compra de la población española.
La falta de inversiones y la ausencia de una burguesía industrial y
emprendedora en muchas regiones.
La escasez de fuentes de energía: pocos cursos de agua aprovechables
para obtener energía hidráulica y un carbón de mala calidad.
Los problemas del transporte derivados de la ausencia de buenas
carreteras y el retraso en la implantación del ferrocarril.
La posición alejada de España respecto a los núcleos más
industrializados de Europa; esto dificultaba la adquisición de materias
primas y la venta de la producción.
Así, en buena medida, la industria española se vio obligada a recurrir a la
imposición de impuestos o aranceles sobre la producción extranjera. Esta política
proteccionista reservó el mercado interior a la producción nacional y permitió el
desarrollo de la industria. Pero también tuvo efector perversos porque no
estimuló a los fabricantes a renovarse, abaratar costes y, en definitiva, a ser
competitivos en el mercado internacional.
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La industria textil catalana.
La industria algodonera catalana tuvo unos orígenes modestos en el siglo XVIII
pero en el siglo XIX se convirtió en el eje de la industrialización de Cataluña. Su
éxito radicaba en su capacidad para adecuarse al sistema de producción en
fábrica y a su rápida mecanización que posibilitaron un aumento de la producción
y una bajada sustancial de los precios. Pero carecía tanto de algodón como de
carbón.
La industria textil catalana monopolizó el mercado nacional protegida por los
aranceles pero fue incapaz de introducirse en el mercado internacional.
La industria siderúrgica.
La siderurgia se desarrolló, en un primer momento, en dos áreas geográficas: en
Málaga entre 1830 y 1864 –que usaba carbón vegetal encareciendo así los costes
de producción- y en Asturias entre 1864 y 1879. Pero desde el comienzo las
dificultades para su expansión fueron notables por:
La inexistencia de carbón mineral abundante, de calidad y barato para la
producción de hierro y acero.
La escasa demanda de productos siderúrgicos nacionales por parte de
las compañías que estaban construyendo la red ferroviaria. La Ley de
Ferrocarriles de 1855 permitía a las compañías constructoras la
importación de todos los materiales necesarios para la construcción de
los trazados por un periodo de diez años sin pagar derechos arancelarios
por lo que se abrió el mercado a la siderurgia extranjera.
En el último cuarto del siglo XIX se desarrolló la industria vizcaína. Su notable
expansión fue posible por:
La existencia de una importante burguesía comercial vinculada a la
exportación de mineral de hierro.
El intenso intercambio comercial de hierro vizcaíno por coque inglés, de
mayor calidad que el carbón asturiano.
La política arancelaria desde los años noventa del siglo.
A partir de esta industria se desarrolló con fuerza una importante red de
empresas de construcción mecánica y naval concentradas en la ría de Bilbao.
Otros focos industriales
Además de la industria textil catalana y la siderúrgica vasca, la industrialización
en España afectó a otros sectores como el agroalimentario, el químico, el
mecánico y el de la explotación minera. No obstante no llegaron a alcanzar la
importancia de las dos primeras. Entre las agroalimentarias cabe reseñar las
harineras castellanas, las de vinos y alcoholes andaluzas o valencianas; las
químicas de Huelva y Asturias; o las papeleras valencianas, catalanas y
aragonesas.
Con la Ley de Bases Mineras de 1868 la extracción creció considerablemente ya
que permitía la entrada de inversiones extranjeras. La expansión de la producción
minera tiene tres causas:
El aumento de la demanda internacional.
Los avances en las técnicas de explotación que abarataban los costes de
extracción.
El crónico endeudamiento de la hacienda pública que impulsó la
concesión de explotación de los yacimientos a compañías extranjeras a
cambio de compensaciones monetarias para el Estado.
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Empresas foráneas compraron las principales minas del centro y del sur de
España, y entre 1822 y 1868 España se convirtió en la segunda exportadora
mundial de plomo.
El ferrocarril.
El ferrocarril se desarrolló en España con retraso respecto a los países más
avanzados de Europa. La Ley General de Ferrocarriles de 1855 diseñó un plan de
estructura radial con centro en Madrid y un ancho de via distinto al de la mayoría
de líneas europeas. Así, en buena medida condicionó la historia económica de
España de los siguientes cien años. Otorgó la competencia de conceder las
concesiones de las líneas férreas al Parlamento y posibilitó la participación de la
banca extranjera en su financiación.
La construcción del ferrocarril fue realizada por compañías extranjeras que
lograron del Estado amplias concesiones para la importación de maquinaria y la
explotación posterior. Destacaron la Compañía del Norte y la Madrid-Zaragoza-
Alicante (MZA).
3. LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX: DEL ESTAMENTALISMO A LA
SOCIEDAD DE CLASES
Evolución de la población y movilidad espacial.
España duplicó su población durante el siglo XIX. Así:
Desde finales del s. XVIII hasta 1860 España pasó de 10,5 millones a 15,6
millones.
Desde 1860 hasta comienzos del siglo XX, el crecimiento se ralentizó,
abandonando las pautas del Antiguo Régimen con el nuevo siglo. Hacia
1900 la población española era de unos 18,6 millones de habitantes.
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La transición demográfica fue más rápida en la periferia del país (con la excepción
de Galicia) que en el interior; y en las zonas más desarrolladas y urbanizadas que
en las áreas agrarias.
Las migraciones internas se dieron en un doble sentido:
Movimientos del campo a la ciudad que comenzaron a ser relevantes a
mediados de los años sesenta del siglo XIX. La población urbana se
duplico entre 1850 y 1900 siendo especialmente significativo el
crecimiento de las capitales de provincia; no obstante sólo Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga superaban los cien mil habitantes.
La mayoría de las ciudades acometieron la realización de planes de
ensanche que eran diseñar urbanísticos para organizar la ampliación
urbana.
Desplazamientos desde las regiones del interior hacia los núcleos
industriales de Cataluña y el País Vasco.
Las migraciones exteriores alcanzaron su máximo durante el cambio de siglo y su
destino prioritario fue América del Sur. La principal cuota migratoria
correspondió a gallegos, asturianos y canarios.
Las transformaciones sociales.
La revolución liberal trajo consigo el declive de la vieja nobleza y la emergencia
de la burguesía y clases medias. La sociedad española del siglo XIX fue una
sociedad muy polarizada, en la que un estrecho sector social seguía disfrutando
de la mayor parte de la renta nacional. Pero, en todo caso, las clases sociales del
Estado liberal, son grupos enteramente abiertos, a los que se pertenece en
función de las diferencias que el propio sistema capitalidad establece en el
trabajo y en la apropiación de la riqueza.
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Las élites sociales tradicionales.
Desde la mitad del siglo XIX, la élite social dirigente española estaba compuesta
por la nobleza, los altos cargos de la administración, el ejército, la Iglesia y la alta
burguesía, frecuentemente enriquecida con la explotación de las posesiones de
ultramar.
La nobleza constituía el vértice de la sociedad, por su capacidad de
aunar las viejas y las nuevas fortunas económicas. La nobleza de mayor
abolengo tenía en la propiedad agraria su base fundamental de riqueza.
En las provincias de predominio latifundista, la aristocracia controlaba
gran parte de la tierra, aunque ésta no era patrimonio exclusivo de la
nobleza.
La nobleza aceptó el liberalismo como un mal necesario y el reparto de
influencias con los grupos burgueses como una necesidad, pero
mantuvo su preeminencia social y hasta consiguió que la burguesía
tratara de imitarla y deseara ennoblecerse.
La burguesía era un grupo relativamente heterogéneo.
o Existía una burguesía agraria constituía por antiguos
arrendatarios o administradores de las casas nobiliarias
convertidos ahora en destacados propietarios. Sus patrimonios,
forjados con la desamortización de los bienes comunales o en la
coyuntura de la crisis económica, se convirtieron en
importantes explotaciones agrarias. Este grupo también se
benefició de la política proteccionista de finales del siglo XIX.
o La burguesía industrial y comercial la integraban fabricantes
catalanes, ferreteros vizcaínos y comerciantes especializados en
el mercado ultramarino. Muchos de éstos últimos, tras las
pérdidas de las colonias, retornaron a la metrópoli para
encabezar nuevos proyectos industriales y bancarios.
El ejército. En concreto, los altos cargos militares. Un ejército que se
caracterizó durante el siglo XIX por su desproporcionalidad entre la
oficialidad y la tropa (uno a cuatro frente el uno a veinte de los ejércitos
europeos) y transformarse en un ejército colonial (guerra de África) y
receloso del poder civil.
El clero. En tanto que recuperó parte de su protagonismo en la vida
política, social y cultural a través del control de las instituciones de
enseñanza y la reocupación de antiguos monasterios y conventos
desamortizados. La jerarquía eclesiástica (arzobispos y obispos) siguió
ejerciendo un gran influjo político y su estilo de sida se asimilaba al de
las clases altas.
Las clases medias
Las clases medias estaban integradas por rentistas acomodados, pequeños y
medianos propietarios agrarios y urbanos, comerciantes y tenderos, funcionarios
medios, profesionales liberales y escalafones medios del ejército. Constituían un
grupo heterogéneo, fragmentado y con grandes variaciones regionales. Su
carácter local y las redes de amistad, parentesco y patronazgo que había en su
seno contribuían a su fortalecimiento mutuo. El desarrollo de la clase media fue
ligado al crecimiento urbano y a la expansión de la Administración y los servicios.
La alta clase media estaba constituida por los propietarios urbanos y
agrarios, comerciantes, fabricantes y financieros locales. Se
caracterizaban por tener conciencia de constituir la élite de sus
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respectivas comunidades donde acaparaban el poder social, político y
económico.
Los profesionales, empleados públicos y miembros del ejército fueron los
colectivos más representativos de la clase media de mitad del siglo XIX.
o Entre los profesionales liberales destacan los dedicados a la
medicina, la farmacia, la ingeniería o el derecho, en tanto que
se trata de ocupaciones que se profesionalizan a lo largo del
siglo.
o En el seno de los empleados públicos surgen las figuras del
cesante (quien perdía su empleo como consecuencia de los
cambios gubernamentales) y del pretendiente (quien buscaba
un empleo público a través del apoyo personal.
o El ejército permitía la movilidad social al incorporarse
individuos de familias humildes que a través de su pertenencia
al mismo alcanzaban respetabilidad y nivel económico
suficiente.
Los más acomodados combinaban su actividad profesional con la percepción de
rentas agrarias y urbanas.
Las clases populares
Formaban el grupo más numeroso de la población española del siglo XIX. Su
participación en la renta nacional y su nivel de vida se mantuvieron bajos durante
todo el siglo.
Los campesinos. Eran un grupo heterogéneo. Englobaban desde
jornaleros (en 1860 había más de 2,6 millones) y braceros en las
regiones latifundistas hasta propietarios parcelarios en las regiones del
norte peninsular. Durante el XIX la mayoría de campesinos vio frustrada
su expectativa de hacerse con tierras en propiedad y la reforma liberal,
en general, les condujo a unas condiciones de vida extremadamente
duras, con rentas abusivas y verdaderas épocas de hambre.
Las clases populares urbanas. También eran un grupo heterogéneo. Les
caracterizaban la precariedad de sus ingresos, la falta de estabilidad
laboral, la combinación de distintos empleos y el carácter estacional de
los mismos. Sólo en los casos de núcleos industriales los trabajadores
conformaban un grupo social significativo. La industrialización propició
la aparición del proletariado en las zonas más industrializadas (Cataluña,
Vizcaya y Asturias). Hacia 1860 los obreros industriales en España eran
unos 485.000 y los mineros unos 23.000. Los conflictos huelguísticos
proliferaron a partir de 1840 en demanda de mejores condiciones
laborales y salariales.
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La difusión de la cultura.
Educación y analfabetismo.
El sistema educativo diseñado por los moderados sentó las bases de la
organización de la enseñanza durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. El
sistema educativo se entendió como un asunto de Estado o interés público y en
consecuencia, siguiendo el modelo francés, se aplicaron criterios de
centralización y uniformización propios del Estado liberal. En la práctica, la falta
de financiación estatal y el enorme peso de la Iglesia hicieron que estos principios
quedasen diluidos.
En el siglo XIX los índices de alfabetización de la población española estuvieron
muy por debajo de la media de los países de Europa occidental. A mediados del
siglo, un 74% de la población era analfabeta y a comienzos del siglo XX todavía lo
era un 65%. No obstante había grandes diferencias:
La población más alfabetizada se situó en Madrid y el norte de España
con la excepción de Galicia.
El analfabetismo era mucho mayor en las mujeres que en los hombres.
Las poblaciones urbanas y las clases medias y altas tuvieron índices de
alfabetización muy superiores a las de las poblaciones rurales y las clases
populares.
La vida social y el ocio.
El peso del dinero como definidor de la categoría social comportó que a la
tradicional ostentación aristocrática se uniese ahora la ostentación de riqueza
por parte de la burguesía: grandes palacios, carruajes, vestidos lujosos a los que
se añadía la ópera, el teatro, los casinos y los círculos de propietarios, una especie
de clubes o sociedades privadas.
Las clases populares hacía lo propio en verbenas y bailes, cabarets, cafés con
funciones, corridas de toros y asistencia a las tabernas.
VOCABULARIO
Impuesto de consumos. Denominación de un impuesto indirecto establecido en
la España del siglo XIX, vigente entre 1845 con la reforma tributaria de Mon-
Santillán y comienzos del siglo XX y con un periodo intermedio de suspensión
durante el Sexenio Democrático. También fue objeto de suspensiones locales. Su
peso dentro de la hacienda española era discreto (el 12% de los ingresos
ordinarios en 1874).
Fue ampliamente criticado por gravar los bienes de primera necesidad): alimentos,
bebidas alcohólicas, combustibles y sal. Protagonizó el debate político, económico
y social entre las distintas ramas del liberalismo español.
