EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS: LA MEDIACION DE OSCAR ARIAS Y EL FALLIDO “ACUERDO DE SAN JOSE”.

Por: Francisco José Tomás Moratalla.

I-INTRODUCCION.

Se analiza en el presente ensayo las causas que originaron el fracaso de la mediación de Oscar

Arias propuesta para resolver el conflicto generado con el Golpe de Estado ocurrido en Honduras

el 28 de Junio del 2009. Para ello se aplica el “modelo para situaciones de negociación y/o

mediación” que permite razonar de manera ordenada sobre el mencionado fracaso. Con carácter

previo se presentan, en forma breve, los hechos y motivaciones del golpe cívico-militar y se

realiza un pormenorizado recorrido por la cronología del proceso de mediación, así como de la

posterior negociación abierta con el “Diálogo Guaymuras”.

II- LOS HECHOS DEL GOLPE CIVICO-MILITAR.

El Domingo 28 de Junio del 2009, un grupo de militares detenía en su residencia al Presidente de

la República, Manuel Zelaya Rosales y después de trasladarlo a la Fuerza Aérea Hondureña, lo

embarcaba, contra su voluntad, en un avión militar que lo enviaba a Costa Rica. Se iniciaba así

un Golpe de Estado civico-militar que desencadenaba la peor crisis de la Transición Democrática

Hondureña desde que fuera iniciada en el año 1982, crisis que, a modo de conflicto de baja

intensidad, todavía se mantiene en la actualidad, aunque ya no sea objeto de la atención

internacional.

El detonante o móvil principal del Golpe de Estado se sitúa entorno a la convocatoria a una

encuesta de opinión que debía realizarse ese mismo día y que era promovida desde Casa

Presidencial. En la encuesta se preguntaba a la ciudadanía si consideraba pertinente que se

instalara una “cuarta urna” en las elecciones generales a celebrarse en Noviembre de ese mismo

año, para votar sobre la puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente a

desarrollarse en el año 2010 con el objeto de elaborar una nueva Constitución de la República.

En los días previos a la acción golpista se había producido la confrontación creciente de los tres

poderes del Estado entorno a la idea de la “Cuarta Urna”. Los intentos Presidenciales por realizar

la consulta habían chocado con la oposición tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial.

Uno de los aspectos más llamativos del enfrentamiento entre los Poderes se había generado

entorno a la negativa del ejercito a custodiar el desarrollo de la encuesta de opinión, lo que había

motivado la decisión del Presidente Zelaya de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto,

General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden directa del Comandante en

Jefe de las fuerzas armadas. La tensión era máxima y presagiaba una acción de fuerza por parte

del ejercito. El jueves 25 de junio el Presidente del Congreso pedía a la Cámara la inhabilitación

del Presidente de la República, que finalmente no se producía en esa misma semana pues estaba

pendiente de la resolución de una Comisión de Dictamen creada al efecto. El argumento para la

inhabilitación se encontraba en el texto de la Constitución de Honduras del año 1982 que en su

artículos “irreformables” o “petreos” considera como delito de traición a la patria cualquier

intento de reforma constitucional.

Evidentemente la iniciativa Presidencial de la “cuarta urna” enfrentaba la abierta oposición de la

clase política y económica que “recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa

propuesta llevaba implícita un Golpe de Estado y derivado de ello, el empeño continuista del

Presidente de la República” (Salomón, 2009: 2).

El resto de los acontecimientos posteriores al 28 de Junio son de sobra conocidos y a los efectos

de este trabajo no es necesarios profundizar en ellos, pero a modo de rápido resumen los más

destacados son: la conformación de un Gobierno de Facto presidido por Roberto Micheletti, la

inmediata y sostenida resistencia popular organizada entorno al “Frente Nacional de Resistencia

Popular” y la permanente represión y censura de toda oposición interna por parte de las

autoridades de facto, la unánime condena internacional, con especial referencia a la expulsión de

Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), todavía vigente, los intentos de

Zelaya y la comunidad internacional por restablecer el orden constitucional, en especial la fallida

mediación del Presidente Oscar Arias de Costa Rica en el marco de la propuesta de “Acuerdo de

San José”, el regreso del Presidente Zelaya a Honduras y su refugio en la Embajada de Brasil, el

“Acuerdo de Tegucigalpa-San José” o “Acuerdo Guaymuras” y su rompimiento, así como la

celebración de las controvertidas elecciones hondureñas de Noviembre del 2009 y la

conformación del nuevo Gobierno presidido por “Pepe” Lobo.

III- LAS CAUSAS DEL GOLPE DE ESTADO.

Para lograr entender las posiciones negociadoras de las delegaciones del “Gobierno Legítimo” y

del “Gobierno de Facto”, en el fallido proceso de mediación de Oscar Arias, que pretendía

superar el conflicto generado por el Golpe de Estado y establecer a su vez conclusiones en

relación al fracaso de la mediación, es importante realizar un breve recorrido por las causas que

propiciaron el Golpe.

Siguiendo la argumentación de diversos autores tales como, Salomón, Gallardo, y Torres, las

causas generadoras de la crisis son complejas y múltiples. Quizá la clasificación más adecuada a

dicha complejidad la propone Torres al establecer dos grandes grupos causales: el estructural,

con una transición democrática incompleta y fallida cuyos efectos sociales son agravados por la

aplicación de las recetas neoliberales del Consenso de Washington, y el coyuntural, que gira

entorno a la propia figura del presidente Zelaya, la convocatoria a la consulta popular de la

“Cuarta Urna” y la influencia “chavista” (Torres 2009).

CAUSAS ESTRUCTURALES.

Desde la perspectiva estructural nos encontramos con lo que podríamos calificar como la

“agenda perdida” de la transición democrática hondureña (Torres 2009: 2). Se esperaba que

dicha transición llevara adelante con éxito una serie de cambios concentrados en cuatro grandes

ámbitos: el aspecto jurídico, pasando de un régimen de facto a uno de derecho, el político,

consolidando un régimen de alternabilidad en el gobierno y de imperio de los derechos civiles

ciudadanos, el aspecto económico, pasando de una economía cerrada a una abierta y por último

el aspecto social, transformando Honduras desde una sociedad autoritaria y represiva a otra

democrática que redujera significativamente la pobreza y la desigualdad social (Torres 2009: 5).

Lo cierto es que al igual que sucede en otros países de América Latina el saldo actual del proceso

de transición democrática es más bien pobre. Aunque se produjo el cambio del régimen militar al

civil, se establecieron elecciones periódicas, se abrió el mercado a la competencia internacional y

se produjo la alternancia en el gobierno, quedaron pendientes los grandes problemas que en los

últimos años evidenciaban el agotamiento e incluso retroceso del proceso de transición. De entre

los problemas más importantes se deben destacar los siguientes: la falta de un sistema de justicia

independiente, la necesidad de lograr la apertura interna de la economía con la eliminación de las

prácticas monopólicas y oligopólicas, el combate efectivo a la pobreza, la reducción de las

desigualdades sociales y el combate real a la corrupción fuertemente enraizada en el Sistema

Bipartidista Hondureño que se fundamenta en la construcción de un Estado patrimonial y

clientelista (Torres 2009: 7).

Es importante destacar aquí que el Bipartidismo Hondureño es uno de los más logevos de

América Latina. Dos partidos, el liberal y nacional que son a fin de cuentas un único partido, de

carácter conservador, que responde a los intereses de una pocas familias y grupos de poder y que

según los datos del Tribunal Supremo Electoral ha llegado a copar más del 95% de las papeletas

electorales durante los últimos años.

La aplicación irrestricta de las medidas económicas neoliberales del Consenso de Washigton con

la consabida reforma del mercado, el ajuste fiscal y la reducción del papel protector del estado,

acentuaron la concentración de la riqueza e incrementaron la desigualdad. Honduras no escapó a

la paradoja que experimentaron otros países de América Latina en los que la conquista

democrática se desarrolló en el marco de la creciente pobreza y desigualdad social, lo que

finalmente supone un gran riesgo para la continuidad y vigencia de las propias conquistas

democráticas alcanzadas. Algunos analistas esperaban que este fuera el caldo de cultivo idóneo

para el surgimiento de un “outsider” político, que consiguiera superar el tradicional bipartidismo,

pero la sorpresa en Honduras fue que nos encontramos con un “insider” que surge en el seno del

Partido Liberal.

En el caso Hondureño el saldo de todo este período es dramático. Honduras es el tercer país mas

pobre del Continente Americano, con el 68,9 % de su población caracterizada como pobre y el

45,6 viviendo en condiciones de indigencia (CEPAL, 2009: 54). Además Honduras es de los

países más desiguales de la Región, con el 10% de los hogares percibiendo el 36,9% de los

ingresos y el 40% de los más pobre sólo el 10,1% de los ingresos totales (CEPAL, 2009: 56).

Durante el período del 2002 al 2007 fue uno de los pocos países del área, junto con Guatemala y

República Dominicana, donde la desigualdad aumentó (CEPAL 2009: 14).

La difícil situación social contrasta con los alarmantes niveles de corrupción. Honduras ocupa el

puesto numero 130 del “Indice de Percepción de la Corrupción” sólo superado por Ecuador,

Paraguay, Venezuela y Haití en América Latina (Transparencia Internacional 2009: 3). “Se

estima que entre 1982 y el 2006 las pérdidas de fondos públicos por la vía de la corrupción

suman más de 700 mil millones de lempiras (tomando como promedio 10% del Presupuesto

Nacional de cada año)”. (Torres 2009, 7).

No debe extrañarnos entonces el paulatino desencanto de la población hondureña en relación a

la democracia y la política. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, para

las elecciones del año 2005 los niveles de participación no superaron el 56% del padrón electoral

y en las elecciones celebradas a finales del 2009 apenas se alcanzó el 50% del mismo. Estas

cifras contrastan con el histórico 84% de participación logrado en las primeras elecciones

democráticas celebradas en Honduras al comienzo de la transición. Con ello se confirma el

rechazo creciente a la política tradicional, aunque el mismo todavía no se ha traducido en la

aparición de opciones políticas alternativas.

CAUSAS COYUNTURALES.

Cuando el 27 de enero del 2006 el presidente Manuel Zelaya asumía la presidencia luego de

ganar inesperadamente las elecciones generales con tan sólo el 23% de los votos válidos a su

favor, nadie imaginaba que su mandato pudiera terminar en un Golpe de Estado. Su figura

encarnaba, por momentos, una de las tradiciones más enraizadas en la historia política nacional,

la del caudillismo populista. Su gestión gubernamental se había caracterizado por su

protagonismo personal por encima de lo institucional y lo legal, la falta de un programa

coherente de gobierno, la ineficacia e ineficiencia gubernamental, el carácter “errático” de sus

decisiones y las denuncias de corrupción.

Sin embargo el presidente Zelaya también había logrado plantear elementos novedosos en el

ejercicio del poder. Los más importantes a nivel nacional fueron la adopción de mayores

controles en la licitación de medicamentos, la reducción de los precios del combustible a través

de la licitación internacional del petróleo y la entrada en PETROCARIBE, el aumento

significativo del salario mínimo y el lanzamiento de la “Red Solidaria” (merienda escolar,

matrícula gratis, paquete básico de salud, bono tecnológico, bono y becas estudiantiles), que

comprometió importantes fondos nacionales en favor de los sectores sociales más

desfavorecidos. Al mismo tiempo y debido a la imposibilidad de satisfacer las demandas sociales

de un cambio estructural, Zelaya propuso la idea de “refundar Honduras” mediante la

convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, misma que debería ser aprobada mediante

la instalación de una “Cuarta Urna”, junto a las urnas para la elección presidencial, de diputados

y alcaldes, en las elecciones generales que debían llevarse a cabo en Noviembre del 2009. La

Nueva Constitución se presentaba por parte del ejecutivo como la solución a todos los problemas

nacionales, pero contaba con la oposición de los sectores más conservadores de Honduras.

A nivel internacional la política del presidente Zelaya fue la del progresivo acercamiento a

Venezuela y a los países integrantes de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra

América” (ALBA), que culminó con el ingreso de Honduras en la Alianza en Agosto del 2008.

Honduras aspiraba a convertirse en el socio estratégico más importante de la política exterior

venezolana en Centroamérica. La relación bilateral Honduras-Venezuela no se basaba en una

política de Estado sino en una relación personal entre el presidente Chavez y Zelaya. Para

mantener esta política internacional Manuel Zelaya no contaba con el apoyo de su propio partido

y previsiblemente el partido de la oposición que se pensaba iba a ganar las elecciones, a lo sumo

aseguraría la vigencia del acuerdo con PETROCARIBE, pero no el del ALBA. (puesto que los

grupos de poder más conservadores apoyaban PETROCARIBE pero no así el ALBA). Entonces

la única posibilidad de dar continuidad a la relación pasaba por algún tipo de cambio estructural

en Honduras que permitiera incluso pensar en la reelección presidencial expresamente prohibida

en la vigente Constitución Hondureña del 1982. Es por ello que el Presidente se había lanzado a

una carrera contra reloj en la que apenas tenía los últimos diez meses de su mandato para lograr

que la idea de la Asamblea Nacional Constituyente fuera una realidad. Carente de base social y

política propia, Zelaya sólo tenía la posibilidad de acercarse a dos de los actores visibles más

importantes de Honduras, las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales, históricamente

antagónicos. Lo anterior implicaba la posibilidad de que se pretendiera resolver los problemas

estructurales de la Democracia Hondureña por una vía autoritaria. En este sentido, como bien

anticipaba Manuel Torres en Diciembre del 2008 “La opción venezolana en Honduras se

arriesgaba a no tener consecuencias revolucionarias sino reaccionarias en éste país” (Casa de

América 2008)

En términos generales la gestión del Presidente Zelaya era desaprobada por sus propios

compañeros del Partido Liberal, así como por la clase político-empresarial bipartidista. Las

razones del Golpe no deben buscarse en el perjuicio concreto que el Gobierno de Zelaya le

hubiera podido causar a los llamados “poderes fácticos”. Zelaya había tenido muy poco margen

para impulsar verdaderas transformaciones en el “status quo” hondureño. En realidad el Golpe

actuó, si se quiere, como “medida preventiva” ante los hipotéticos cambios, en perjuicio de las

clase dominante hondureña, que pudieran gestarse por el acercamiento del Presidente Zelaya al

movimiento popular hondureño, los Países del Alba y el Presidente Hugo Chávez. En este

sentido como bien afirma Torres, “el sistema político bipartidista, manipulado desde despachos

empresariales, no admite fisuras, por pequeñas que sean en un Estado de características

corporativas, patrimonialistas, clientelares, centralizadas y autoritarias. En ese contexto, Zelaya

es una figura clave en tanto encarna al Presidente-víctima y lo seguirá siendo mientras la acción

de los usurpadores persista, pero la tendencia es que las consecuencias de lo ocurrido superen o

rebasen su protagonismo” (Torres 2009: 3).

IV- LA MEDIACION DE OSCAR ARIAS Y EL FALLIDO “ACUERDO DE SAN JOSE”.

Se exponen a continuación los hitos cronológicos del proceso de mediación, así como los puntos

principales de la propuesta de “Acuerdo de San José” y del “Acuerdo Tegucigalpa-San José”.

A mediados del mes de Julio el conflicto generado con el Golpe de Estado se encontraba en un

punto muerto en el que ninguna de las partes enfrentadas podía imponerse a la otra. Por una parte

el Gobierno de Facto no lograba el reconocimiento internacional y enfrentaba una fuerte

resistencia civil a nivel nacional, mientras que por la otra el Gobierno Legítimo no lograba

restablecer al Presidente Zelaya en su cargo a la vez que el tiempo corría en su contra acercando

la fecha de las elecciones. Dada la situación, ambas partes aceptaron, no sin reticencias, la

mediación del Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para buscar una salida negociada a la crisis.

En la aceptación de Arias fueron determinantes dos factores, a saber: El prestigio del Presidente

Costarricense y el aval a la mediación por parte del Gobierno de los Estados Unidos. En relación

al primer punto hay que tener en cuenta que Oscar Arias, Premio Nóbel de la Paz, había tenido

un papel protagónico en el proceso que llevó a la firma de los “Acuerdos de Esquipulas” que

pusieron fin a los conflictos armados de la década de los 80 en Centroamérica. En cuanto al

segundo punto, como se sabe, la propuesta para considerar el papel mediador del Presidente

Arias surgió de la Secretaria de Estado Hillary Clinton. La idea de la mediación había sido

propuesta por Clinton al Presidente Zelaya, en la visita que este último realizara a Washington el

6 de Julio. La propuesta fue rápidamente aceptada tanto por Zelaya como por el Presidente del

Gobierno de Facto, Roberto Micheletti, aunque este último dejó claro que no negociaría el

retorno de Zelaya al poder. De este modo el Presidente Zelaya se convirtió en el principal

obstáculo para lograr el éxito de la mediación. Por su parte el derrocado Presidente descartó un

encuentro cara a cara con Micheletti.

El presidente de Costa Rica, propuso una primera reunión el 9 de Julio. En ese encuentro se

llevaron a cabo reuniones por separado del mediador Oscar Arias con el Presidente de Facto

Roberto Micheletti y con el derrocado Manuel Zelaya. Mientras la posición de Zelaya giraba

entorno a la exigencia de la restitución inmediata del presidente electo por el pueblo hondureño,

por su parte Micheletti manifestaba sentirse "satisfecho" con los avances del diálogo y nombraba

una comisión para permanecer en San José en la negociación promovida por Arias. Pese al

optimismo del Presidente Arias sobre la posibilidad de lograr un acuerdo, lo cierto es que, tal y

como plantearía el 10 de Julio el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, las

negociación no avanzaban debido a la intransigencia de las partes, en especial del Gobierno de

Facto. El 14 de julio Oscar Arias, presidente de Costa Rica, invitó a las partes involucradas a

tomar unos días de descanso en la negociación y a reanudar el díalogo el día 19 de julio en San

José. Bajo la propuesta de Oscar Arias de establecer un gobierno de «reconciliación nacional»,

iniciaba una segunda ronda de diálogo. La proposición se basaba en el retorno del presidente

Zelaya al poder y la amnistía a los implicados en el golpe así como el retorno de Micheletti a su

cargo como Presidente del Congreso Hondureño. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo

sobre la base de la propuesta realizada por Oscar Arias, este pidió un plazo de 72 horas para

intentar una solución al conflicto.

El 22 de julio, Arias entregó una serie de nuevas propuesta para resolver la crisis política en

Honduras. Junto con las ya conocidas, en especial la más conflictiva del retorno de Zelaya al

poder, se recomendaba el establecimiento de una “comisión de verificación” así como una

“comisión de la verdad” y un calendario de cumplimiento de los acuerdos que tendría que

ponerse en marcha a partir de dicha propuesta y con el regreso del Presidente depuesto. El

conjunto de propuestas se recogió en el documento denominado “Acuerdo de San José

para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras”. La

totalidad de los puntos contenidos en el Acuerdo son los siguientes:

1. Creación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional presidido por Manuel Zelaya.

2. Anmistia para los delitos políticos cometidos antes y después del 28 de Junio.

3. Renuncia a convocar una Asamblea Nacional Constituyente o a reformar la Constitución en

lo irreformable.

4. Adelantar las elecciones convocadas para el 29 de Noviembre de 2009 al 28 de Octubre de

ese mismo año; así como el consecuente adelanto de la campaña electoral del 1 de

Septiembre del 2009 al 1 de Agosto del mismo año.

5. Señalar el caracter profesional, apolítico, obediente y no deliberante de las

Fuerzas Armadas Hondureñas y su disponibilidad a efectos de garantizar el libre ejercicio

del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás

aspectos de la seguridad del proceso electoral.

6. Retorno de los poderes del estado a su integración previa al 28 de Junio, incluyendo el

el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta la

conclusión de su período gubernamental, el 27 de enero de 2010.

7. Establecimiento de una comisión de verificación de los acuerdos y comisión de la verdad

sobre el Golpe de Estado.

8. Normalización de relaciones de la República de Honduras con la comunidad internacional.

Tras dos días de intensas negociaciones, el 24 de julio, la portavoz del Presidente Zelaya daba

por fracasadas las conversaciones ante la negativa del Gobierno de Micheletti a aceptar el retorno

de Zelaya al poder. Mientras tanto los representantes de Micheletti no se pronunciaban sobre el

final de las negociaciones y supeditaban la respuesta oficial del Gobierno de Facto al dictamen

técnico sobre el “Acuerdo de San José”, que deberían de emitir los otros poderes del Estado al

que iban a presentar dicho acuerdo. Mientras tanto el 29 de julio en una declaración de la XI

Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, los presidentes del área de

Mesoamérica, Panamá, Colombia y República Dominicana, condenaban el golpe de Estado en

Honduras, y demandaban la restitución de Manuel Zelaya al poder; al mismo tiempo que daban

respaldo a la iniciativa de Óscar Arias en la búsqueda de una solución por la vía del diálogo. Las

muestras internacionales de apoyo a la propuesta de “Acuerdo de San José” fueron generalizadas

durante todo el proceso.

Por su parte una delegación del Gobierno de Facto exponía el 8 de Agosto en Washington D.C,

ante el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, una propuesta para que la presidencia

hondureña fuera asumida por una tercera persona distinta de Micheletti y Zelaya, pero para este

momento la posición del Secretario General se mantenía firme a favor de que la solución al

conflicto fuera conforme al Acuerdo de San José. El 25 Septiembre se consumían las últimas

posibilidades para la mediación de Oscar Arias, por cuanto el gobierno de Micheletti aceptaba la

propuesta del ex-presidente Jimmy Carter, para que una misión integrada por el presidente de

Costa Rica, Oscar Arias, y el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, visitaran Honduras

para tratar de buscar una solución a la crisis, que tampoco se lograría en esta ocasión.

Aunque considerado en términos globales, la mediacion de Oscar Arias y el “Acuerdo de San

José” fueron un fracaso, sirvieron como base a un nuevo proceso de negociación impulsado por

una delegación de la OEA que encabezada por Insulza llegó a Tegucigalpa el 7 de octubre. Este

proceso negociador denominado “Diálogo Guaymuras”, fue acompañado en un primer momento

por delegados de Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México, Ecuador, Canadá, Jamaica,

Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Argentina, y España. Aunque el 9 de octubre, la

delegación de la OEA dejó territorio hondureño sin resultados concretos para resolver la crisis

política, se acordó que las comisiones que representaban a Zelaya y Micheletti, en dicho diálogo,

continuarán con una agenda para discutir una solución al conflicto. El 13 de octubre los

representantes del Gobierno de Facto y Gobierno Legítimo iniciaron nuevamente las

conversaciones. El principal punto de tropiezo siguió siendo la restitución de Zelaya en el poder,

aunque ambas partes habían logrado consenso en la mayoría de los puntos del “Acuerdo de San

José” que seguía siendo la base para la negociación. Finalmente el 30 de octubre los

representantes de las comisiones de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti entregaron al congreso

hondureño el documento "Acuerdo Tegucigalpa-San José-Diálogo Guayamuras", en el que

recogían la práctica totalidad de la propuesta de acuerdo de San José y se solventaba el punto

más conflictivo acordando que fuera el Congreso de la República el que se pronunciara sobre la

restitución de Zelaya. Para el 3 de Noviembre el Congreso no se había pronunciado y resolvíó

realizar consultas sobre la restitución de Zelaya no sólo a la Corte Suprema de Justicia, como

recogía el Acuerdo, sino también a la Procuraduría General de la República, al Comisionado

Nacional de los Derechos Humanos y al Ministerio Público en una clara maniobra dilatoria. Para

la delegación de Zelaya el pronunciamiento sobre su vuelta al poder debía ser previo a la

conformación del Gobierno de Unidad, mientras que el Gobierno de Facto ya había iniciado los

contactos para conformar dicho Gobierno. Es por ello que a muy pocos días de la firma del

Acuerdo se planteba el primer obstáculo claro a su cumplimiento. Ante la imposibilidad

instaurar, de mutuo acuerdo, el Gobierno de Reconciliación Nacional, el 6 de noviembre Manuel

Zelaya declaraba fracasado el acuerdo para solucionar la crisis en el país. El 7 de noviembre las

comisiones representantes del Gobierno de Facto y del derrocado presidente Manuel Zelaya,

junto a delegados de la OEA, retomaban una nueva ronda de diálogo en vista del fracaso de la

instauración del Gobierno de unidad, sin resultados favorables. El 14 de noviembre, en carta

dirigida al presidente estadounidense Barack Obama, Manuel Zelaya declaraba su renuncia a

retornar al poder y la decisión de impugnar las elecciones del 29 de noviembre. Dos días después

el Presidente del Congreso Hondureño, José Alfredo Saavedra, informaba que la discusión sobre

la restitución de Manuel Zelaya sería realizada el 2 de diciembre, tres días después de las

elecciones generales. El 29 de Noviembre se desarrollaron las Elecciones generales en Honduras,

con una muy baja participación. El 2 de Diciembre el Congreso Nacional de Honduras votó en

contra de la restitución de Manuel Zelaya con informes adversos, a la restitución, de la Corte

Suprema de Justicia, Procuraduría General, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y

Fiscalía General. El 27 de enero, tras la toma de posesión presidencial, Porfirio Lobo Sosa firmó

un salvoconducto para que Manuel Zelaya abandonase el país con rumbo a República

Dominicana acompañado del presidente de dicha nación y el 4 de mayo, en cumplimiento del

"Acuerdo Tegucicalpa-San José" el presidente Porfirio Lobo estableció la Comisión de la Verdad

y la Reconciliación.

Hasta el momento presente Honduras sigue expulsada de la OEA y buena parte de la Comunidad

Internacional, en especial de los países de América Latina, no reconoce al Gobierno del

Presidente Lobo.

V- APLICACION DEL MODELO PARA SITUACIONES DE MEDIACION

AL CONFLICTO HONDUREÑO.

Para analizar el proceso de mediación dirigido por Oscar Arias y sus posteriores repercusiones en

el “Dialogo Guaymuras” que llevará a la firma del “Acuerdo Tegucigalpa-San José” se aplica a

continuación el “modelo para situaciones de negociación y/o mediación”, en adelante “El

Modelo”, propuesto por Harto de Vera (2009).

Como hemos presentado con anterioridad, a mediados del mes de Julio el conflicto generado con

el Golpe de Estado se encontraba en un punto muerto en el que ninguna de las partes enfrentadas

podía imponerse a la otra. Como se plantea en “El Modelo” la situación del conflicto había

alcanzado el punto denominado “meseta”, es decir, el momento en el que ambas partes se habían

convencido, aunque no plenamente, de que ninguna de las dos era capaz de “alcanzar sus

objetivos, resolver el problema o ganar el conflicto por sus propias fuerzas” (Harto de Vera

2009: 4). Aunque tanto el Gobierno Legítimo, como el de Facto, continuaban presionando al

contrario con todos sus recursos, era clara la situación de “punto muerto o empate estratégico”,

descrita en “El Modelo” para estos casos, aunque con una leve ventaja, en nuestra opinión, para

el Gobierno de Facto, para el que el discurrir del tiempo le acercaba al principal objetivo

perseguido por el Golpe de Estado que no era otro que el de apartar a Zelaya del poder durante

los últimos meses de su mandato y superar o validar, mediante las elecciones generales de

Noviembre, la situación anómala producida por el Golpe.

Como se plantea en “El Modelo”, para que una situación de “punto muerto” “conduzca a una

solución negociada del conflicto debe ser vista por cada una de las partes no como una fase

temporal, coyuntural o de reflujo sino como un doloroso estancamiento del que no hay ninguna

posibilidad de salir mediante la intensificación de los niveles de enfrentamiento”, es decir, “el

coste de prolongar esta situación es superior al coste del acuerdo” (Harto de Vera 2009: 4). En

nuestra opinión, dado que el paso del tiempo beneficiaba, al menos aparentemente, al Gobierno

de Facto, éste sí veía la negociación con una fase temporal o coyuntura. En este sentido el

Gobierno de Facto aceptó la solución negociada como una posibilidad de ganar tiempo, mientras

que el Gobierno Legítimo, que entendía perfectamente dicha situación, no tuvo más remedio que

entrar en el proceso negociador con la esperanza de generar mayor presión internacional sobre el

Gobierno de Facto. Como se verá más adelante, la estrategia dilatoria del Gobierno de Facto fue

la principal causa del fracaso de la propuesta de “Acuerdo de San José” y del posterior “Acuerdo

Tegucigalpa-San José”. En todo caso, para ambas partes, la opción de consenso se convirtió en

una estrategia más interesante, aunque con “objetivos espureos”, es decir para “satisfacer

intereses diferentes a los de la firma del acuerdo” (Harto de Vera 2009: 4), que la de la

confrontación y en el caso que nos ocupa dicha opción tomó la forma de “mediación” (Harto de

Vera 2009: 8) pues junto a las partes enfrentadas existió un tercer participante, Oscar Arias, que

ejerció el papel mediador. Si bien es cierto que en el caso del “Acuerdo Tegucigalpa-San José”

intervino también un tercero, la OEA, su papel fue el de apadrinar el proceso de negociación,

pero no participó realmente en el diálogo entre las partes, por lo que en este caso, según “El

Modelo” no podemos hablar de mediación sino de negociación. En todo caso nuestro trabajo,

como ya se ha dicho, se centra en el proceso de mediación dirigido por Oscar Arias, aunque

proyectando sus efectos al Dialogo Guaymuras y el posterior Acuerdo Tegucigalpa-San José”.

Según “El Modelo” en la mediación “influyen cuatro categorías de factores: los factores que

influyen sobre los actores, los factores debidos a la presencia del mediador, los factores

vinculados con la tarea y la situación y los factores vinculados con el entorno” (Harto de Vera

2009: 9). Analizamos a continuación cada uno de los mismos en el caso que nos ocupa.

En relación al primera categoría de factores, “El Modelo” plantea la existencia de tres tipos de

fuerzas, que actúan sobre las partes enfrentadas: “Una fuerza R... que se orienta hacia las

posiciones sostenidas por cada una de las organizaciones a las que pertenecen los

negociadores”; “Una fuerza A que actúa en el sentido de llegar a un acuerdo con la parte

adversaria”; y “Una fuerza C que actúa en el sentido de orientar a ambos negociadores hacia

una solución nueva creativa y constructiva” (Harto de Vera 2009: 9). Si bien es cierto que la

presión internacional se ejerció a través de los tres tipos de fuerza, dejaremos su análisis

pormenorizado para cuando revisemos los factores vinculados con el entorno.

En el caso de la fuerza R, el Gobierno Legítimo estaba muy presionado por los integrantes más

radicales del Gobierno así como por el Frente Nacional de Resistencia Popular, constituido por

distintas organizaciones de base social en Honduras. Para estos sectores la idea de considerar una

mediación con el Gobierno de Facto era ya una “derrota estratégica” y en el proceso sólo se

podía continuar siempre y cuando el Presidente Zelaya fuera inmediatamente restituido en su

cargo. En relación al Gobierno de Facto la presión la ejercían los sectores más radicales del

estamento militar, empresarial e institucional de Honduras que habían auspiciado el Golpe. Para

estos sectores la mediación sólo tenía sentido como estrategia dilatoria para llegar a las

elecciones, siempre y cuando no se concediera el retorno de Zelaya al poder.

En relación a la fuerza A, si bien es verdad que también fueron muchas las voces en el ámbito

nacional de Honduras que abogaron por que ambas partes realizaran las concesiones necesarias

para alcanzar el acuerdo, el factor internacional fue el más determinante, en el caso que nos

ocupa, para iniciar la mediación. En este sentido, en nuestra opinión, la presión internacional fue

la verdadera causa de la mediación y sin ella no habría existido la propuesta de “Acuerdo de San

José” y el posterior “Acuerdo Tegucigalpa-San Jose”. La primera y única concesión del

Gobierno de Facto, desde su posición de fuerza, fue la de aceptar la mediación, mientras que el

Gobierno de Zelaya, que se encontraba en una posición débil, fue el que realizó las mayoría de

las concesiones durante las conversaciones. Zelaya aceptó en su totalidad la propuesta de

“Acuerdo de San José” presentada por Oscar Arias. Considerada en su conjunto, dicha propuesta

era claramente contraria a los intereses del Gobierno Legítimo que no sólo renunciaba a su

intención de llevar a la Nación Hondureña a un proceso constituyente, sino que además se veía

obligado a conformar un gobierno de unidad nacional, a adelantar las elecciones y a admistiar los

delitos políticos cometidos antes y después del 28 de Junio. El único punto del Acuerdo

claramente favorable a los intereses del Gobierno de Zelaya era el del retorno de los poderes del

estado a su integración previa al 28 de Junio, incluyendo el regreso de Zelaya al poder. En

nuestra opinión, la estrategia del Gobierno Legítimo era la de aceptar en su totalidad la propuesta

de Oscar Arias, para poner en evidencia la falta de verdadera voluntad negociadora por parte del

Gobierno de Facto e incrementar así la presión internacional sobre el mismo, que siempre se

negó con rotundidad a aceptar el retorno de Zelaya a su cargo.

También existió una fuerza C en dos niveles distintos: Por un lado algunos sectores dentro de

Honduras que pese a apoyar la medida de fuerza contra Zelaya, creían necesario llegar a un

acuerdo para aliviar la presión internacional que se ejercía en aquel momento sobre Honduras,

“empujaron” al Gobierno de Facto a plantear la posibilidad, ya mencionada en este ensayo, de

una “tercería” que resolviera el punto más conflictivo de la restitución de Zelaya. La idea de

nombrar un tercero distinto de Zelaya y Micheletti para ocupar la presidencia del Gobierno de

Unidad Nacional era para estos sectores una solución “integrativa” en el sentido de “que cada

una de las partes obtenga beneficios cuya consecución no se logre a costa de la pérdida del

contrario” (Harto de Vera 2009:6), sin embargo el Gobierno Legítimo no lo interpretó así y se

negó a aceptar esta solución. Una variante de esta solución que sí fue aceptada por las partes fue

plasmada en el “Acuerdo Tegucigalpa-San José” en que el tema de la restitución de Zelaya se

dejó en manos de la decisión del Congreso de la República. Por otro lado estaban los países e

instituciones que interpretaban las elecciones de Noviembre como la solución novedosa “creativa

y constructiva” para superar el problema sin necesidad de restituir a Zelaya. En realidad estos

países presionaban al Gobierno Legítimo para que aceptara que las Elecciones eran, siendo

transparentes y ampliamente participativas, la solución final del conflicto y una solución

integrativa, pero también fue rechazada por el Gobierno Legítimo y buena parte de la

Comunidad Internacional.

Al mismo tiempo el mediador también se encontraba sometido a la presión de fuerzas de tipo R y

A aunque en el caso que nos ocupa las fuerzas predominantes, si consideramos la actuación de

Oscar Arias, fueron las de tipo A, pese a las críticas de ambas partes, en especial del Gobierno de

Facto, que consideraban a Oscar Arias como un mediador falto de imparcialidad debido a su

propuesta de restituir a Zelaya en el poder.

En relación a la segunda categoría de factores relacionados con la presencia del mediador, “El

Modelo” señala que éste ejerce dos tipos de fuerza sobre los negociadores, las de tipo A y C

(Harto de Vera 2009: 9). En el caso que nos ocupa el prestigio y experiencia negociadora de

Oscar Arias hizo predominante que ejerciera un tipo de fuerza A, presionando a las partes para

llegar a un acuerdo, antes que una de tipo C presionándolas para llegar a una solución “creativa y

constructiva”, cuando falló el entendimiento entorno a la primera propuesta de “Acuerdo de San

José”. En todo caso Arias intentó también esta segunda opción al proponer la creación la

“Comisión de Verificación y la Comisión de la verdad”, como medio para superar el “punto

muerto” al que se había llegado con el tema de la restitución de Zelaya.

En relación a la tercera categoría de factores, vinculados con la tarea y la situación, “El Modelo”

plantea que “estos factores influyen sobre el equilibrio de fuerzas A,R y C que se ejercen sobre

cada negociador” (Harto de Vera 2009:10). Si bien la tarea de restablecer el orden constitucional

que había sido roto con el Golpe de Estado era una empresa difícil, la presión internacional, la

debilidad del Gobierno Legítimo y la falta de reconocimiento internacional del Gobierno de

Facto presionaban a favor del Acuerdo. Sin embargo el factor clave para lograr el acuerdo en la

mediación era la negativa del Gobierno de Facto a considerar la restitución de Zelaya en su

cargo. Si la presión internacional se hubiera manifestado de manera unánime en sanciones

económicas, sin duda el Gobierno de Facto hubiera acabado cediendo en este punto, pero la

posición de los EE.UU al respecto fue contradictoria; si bien se condenó el Golpe, se mantuvo la

ayuda económica y las relaciones comerciales, a la vez que se manifestó que se reconocería el

resultado de las elecciones. Por otro lado la desconfianza del Gobierno de Facto y sus aliados

con respecto a la figura de Zelaya era máxima, pues temían que una vez reinstalado en el poder

pudiera no cumplir los puntos recogidos en el “Acuerdo de San José”. Todos estos factores

presionaron en favor de la falta acuerdo y cuando éste finalmente se dio, en el marco del

“Acuerdo Tegucigalpa-San José”, fueron un pesado lastre que acabó por invalidar dicho acuerdo.

En relación a la cuarta categoría de factores relacionados con el entorno, “El Modelo” señala dos

tipos de fuerzas, a saber: “Aquellas que se orientan en dirección hacia el acuerdo y; Aquellas

que se orientan en dirección hacia la continuación del conflicto” (Harto de Vera 2009: 9). En el

caso que nos ocupa estas fuerzas tienen que ver con un elemento fundamental, como ya hemos

señalado, de cara a la mediación de Oscar Arias y el posterior “Dialogo Guaymuras”, como fue

la presión internacional.

En relación a la primera de las fuerzas la mayoría de los países Europeos y de América, incluido

el gobierno de los Estados Unidos, presionaban a ambas partes para que se alcanzara un acuerdo

sobre la base de la propuesta presentada por Oscar Arias. Como se ha mencionado había sido el

Gobierno de Estados Unidos el que había propuesto a Oscar Arias y la idea contaba con amplio

respaldo internacional, en especial de la OEA.

En el caso de las fuerzas contrarias al acuerdo, el Gobierno Legítimo estaba muy presionado por

los países latinoamericanos integrantes del ALBA, en especial Venezuela, que había prestado

apoyo logístico y financiero para el regreso de Zelaya a Honduras como medida de fuerza para

su vuelta al poder. En relación al Gobierno de Facto la presión la ejercían los aliados

internacionales de los sectores hondureños que habían auspiciado el Golpe, en especial los

sectores políticos y gubernamentales más radicales de los Estados Unidos.

En definitiva, la conjunción de las distintas categorías de factores aplicados a la mediación de

Oscar Arias en el conflicto generado con el Golpe de Estado en Honduras presentan un panorama

que si bien no era totalmente propicio para la falta de acuerdo, sí explica de manera suficiente las

razones por las que se produjo el fracaso de la mediación. Si bien ambas partes optaron, debido a

la presión internacional, por otro tipo de solución negociada a través del “Diálogo Guaymuras”

este proceso también acabo fracasando y explica, en buena medida, los problemas que enfrenta el

actual Gobierno de Honduras para lograr el reconocimiento unánime de la Comunidad

Internacional.

FUENTES CONSULTADAS.

“Acuerdo de San José” (2009). http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/24/opinion2036430.html

“Acuerdo Teguciga lpa-San José” (2009) .h t tp : / /www.in-honduras .com/Fi les /guaymurasfirmado.pdf

Casa de América, (2008). “El ALBA hondureño: el bolivarianismo se expande a Centroamérica”. Mesa Redonda. 18-11-2008. http://www.casamerica.es/casa-de-america-madrid/agenda/politica-y-economia/el-alba-hondureno-el-bolivarismo-se-expande-a-centroamerica/(filter)/multimedia

CEPAL, 2009. “Panorama Social de América Latina 2009”. Capítulo I: Pobreza, empleo y desigualdad en el contexto de la crisis económica.

Harto de Vera, Fernando (2009). “Formulación del Marco Conceptual del Modelo para Situaciones de Negociación o Mediación”. Tema 6. Asignatura de Nuevas Guerras y Transformación de Conflictos. Master Estudios Contemporáneos América Latina (MECAL).

Salomón, Leticia (2009). “Políticos, empresarios y militares, protagonistas de un golpe anunciado”. Cubadebate. http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/07/02/analisis-de-leticia-salomon-politicos-empresarios-y-militares-protagonistas-de-un-golpe-anunciado/

Torres, Manuel (2009). “Dolores de agonía o dolores de parto”. Periódico El Inventario. http://inventariandoopiniones.blogspot.com/

Transparencia Internacional (2009). “Indice de percepción de la corrupción”. www. t ransparenc ia .o rg .es / INDICE%20DE%20PERCEPCIÓN%202009/ Tabla%20sintética.CPI_2009_table_spanish.pdf