miércoles 14 de octubre del 2015 Nº 6859 $10 eleconomista.mx

uNa seleccióN de

Fernando Gutiérrezel economista

La participación del sector pri-vado en el programa nacional de in-fraestructura tiene que ser mayor en un contexto de falta de ingresos an-te la caída de los precios del petróleo, que podría generar que el gobierno reduzca su participación en dicho esquema, indicó Verónica Baranda

Sepúlveda, directora de planeación de Banobras.

Durante su intervención en la Se-gunda cumbre & Expo MXinfras-tructure, Baranda Sepúlveda recor-dó que al inicio de la administración, cuando se anunció que el plan na-cional de infraestructura 2014-2018 detonaría una inversión de cerca de 7.7 billones de pesos, se tenía con-templado que de dicho monto el go-

recortes Al gAsto del gobierno AFectAn Al sector: bAnobrAs

Infraestructura, por apoyo privado

Sedenata P E R U J O

Se han creado esquemas para atraer capital privado, indicó baranda.

bierno aportaría 63% y 37% serían recursos privados.

Sin embargo, en un contexto ya diferente al que se tenía en inicio de la administración, la banca de desa-rrollo tiene que incentivar la partici-pación de inversionistas privados, tal como pueden ser los bancos privados.

“Es importante discutir que en el plan nacional de infraestructura se planteó que se hiciera 37% con re-cursos privados y 63% con públi-cos. con la caída en los precios del petróleo habrá una restricción pre-supuestal y vamos a tener que hacer que haya inversionistas privados que lleven a cabo estos proyectos”, ex-presó durante el panel de Financia-miento a la infraestructura.

indudablemente —agregó— el rol de los bancos comerciales y de la banca de desarrollo, pero también

Ante la caída de los precios del petróleo, la participación gubernamental en proyectos planteados será menor y requerirán de fondos de la banca

los inversionistas institucionales, se-rán fundamentales en esto que esta-mos planteando.

Sobre el rol que podría ejercer la banca privada en proyectos de in-fraestructura, Baranda Sepúlve-da acotó que se tiene que incenti-var más su participación, ya que en la actualidad está bien capitaliza-da, sólo que se deben de acercar los instrumentos para que encuentre el atractivo de invertir a largo plazo.

“Lo que nosotros vemos es que hay una gran cantidad de recursos. Los bancos están bien capitalizados, tie-ne un icap superior a 15 por ciento”.

La directiva acotó que este banco de desarrollo ha creado varios ins-trumentos para incentivar la parti-cipación de la banca privada, como por ejemplo el fondeo directo.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx

avanza Ley Federal de Derechos 2016

Paulina Gómez Roblesel economista

coMo partE de los trabajos en el congreso de la Unión para aprobar antes del 20 de octubre la Ley de in-gresos de la Federación del 2016, la comisión de Hacienda y crédito pú-blico aprobó con 28 votos a favor en lo general y en lo particular el dicta-men de la Ley Federal de Derechos que aplicará el siguiente año.

El diputado del pri, Estefan chi-diac, indicó que los legisladores plantearon cuatro reservas para in-corporarlas a la ley; de ellas sólo se aprobaron tres.

Entre los temas principales que

se cambiaron en el dictamen fue ac-tualizar al tipo de cambio vigente el derecho que pagan los turistas cuan-do ingresan al país: pasó de 330 pe-sos a 390 pesos, aproximadamente. En segundo lugar, se logró un estí-mulo fiscal, adicional a la ley, para la exportación de la industria de aguas de trasvase en el país y permitirá que se arreglen los problemas de amparo.

chidiac dijo que se modificaron las cuotas que pagan los bancos e instituciones financieras para la su-pervisión que hace la comisión na-cional Bancaria y de Valores, además de actualizaciones conforme a la in-flación que aplique en el año en curso.

paulina.gomez@eleconomista.mx

Cambiaron cuotas que pagan los bancos a financiadoras

foto

ee:

nata

lia g

aia

Canaco local pide mayor rigor del Código Penal con la extorsión

Piden tipificar derecho de piso en NL

Este problema afectó a 13,200 negocios en todo el país en el 2014, según la Cámara de Comercio.

una selección de

signos vitales

Alberto Aguirre aam@mexico.com

¿Escuela Digna 2.0?

a guascalientes tiene 250,000 niños y jóvenes inscritos actualmente en los tres niveles de educación básica, que

acuden diariamente a 1,450 planteles públi-cos. Con una cobertura casi universal, el sis-tema educativo en aquella entidad afronta otros retos, como su acelerado envejeci-miento: sólo una de cada cuatro de esas ins-talaciones fue construida después de 1990.

Con 25 años o más de vida, las escuelas de Aguascalientes necesitan distintos grados de restauración —desde la reparación de techos y ventanas hasta la dotación de instalaciones hi-dráulicas y redes eléctricas—, pero el gobierno estatal sólo recibirá de la Federación 67 millo-nes de pesos, que sumados a 30 millones de pe-sos anunciados por el mandatario priísta, Car-los Lozano de la Torre, al inicio del ciclo escolar, quedarán destinados a estas tareas. Si esa su-ma fuera repartida equitativamente, cada plan-tel recibiría 250,000 pesos al cierre de este ciclo escolar, pero de acuerdo con informes locales, sólo 15% de esos recursos es destinado a tareas de mantenimiento: el resto ha sido utilizado pa-ra construir nuevos planteles.

Las autoridades hidrocálidas tienen estima-do que la rehabilitación de las 1,450 escuelas a su cargo les tomaría —con los recursos actua-les— 26 años.

¿Escuelas dignas 2.0? El costo de tener a las escuelas en operación era traspasado, indirec-tamente, a los padres de familia. La instaura-ción de los bonos de infraestructura educativa debería servir —en principio—para esta corre-gir este absurdo, aunque en el camino deberán ajustarse otras distorsiones. ¿La mayor? Enca-minar los recursos para el mantenimiento de los planteles escolares, actualmente concentra-dos en el Fondo de Aportaciones Múltiples, ha-cia los nuevos instrumentos financieros, anun-ciados por el presidente Enrique Peña Nieto, a principios de septiembre pasado.

El FAM forma parte del ramo 33 del Presu-puesto de Egresos de la Federación y está orien-tado tanto al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en la atención de las ne-cesidades de infraestructura física de la edu-cación básica y superior. Esos fondos serían entregados por los gobiernos estatales para su-birlos a una “potenciación” en el mercado bur-sátil, con la emisión de los llamados certifica-dos de infraestructura educativa; la meta es cerrar el sexenio con 35,000 escuelas públicas habilitadas.

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica —vigente durante dos años— construyó un sistema descentralizado, así los go-biernos estatales quedaron a cargo de las acciones de construcción, equipamiento y rehabilitación de los planteles públicos en todas sus modalida-des, con excepción de la educación especial.

Con el nuevo esquema, Aguascalientes po-dría acceder a 532 millones de pesos, aun-

que el Congreso local –que actualmente está en receso– tendrá que convocar a un perio-do extraordinario de sesiones para analizar, sancionar y en su caso aprobar el paquete de iniciativas que permitiría la “potenciación” de los recursos federales, modificar las reglas de operación del Instituto de Infraestructura Edu-cativa estatal y, simultáneamente, crear un Organismo Público Descentralizado que se haría cargo de ejercer los recursos del segu-ro popular.

Este arreglo institucional deberá ejecutar-se, a más tardar, dentro de las dos próximas se-manas. Y es que en noviembre comenzaría esta bursatilización escolar para generar los recur-sos que serán canalizados a través del Institu-to Nacional de Infraestructura Educativa, al que acaba de llegar el regiomontano Héctor Gutié-rrez de la Garza. El censo escolar levantado en el 2014 permitió identificar las escuelas que ne-cesitan las “acciones de mejora” más urgentes. En el caso de Aguascalientes, son 358 planteles donde ocurrirán tales intervenciones.

Habrá otras entidades donde la derrama de recursos será enorme… en concordancia con el tamaño del reto. Para Oaxaca, según anunció el secretario Aurelio Nuño la semana pasada, al-canzará 2,000 millones de pesos.

E F E C T O S S E C U N DA R I O S¿ACREDITADOS? Dos horas y media tardó el gobernador de Colima, Mario Anguiano, en ofrecer el parte oficial sobre la agresión que su antecesor, Fernando Moreno Peña, sufrió mientras desayunaba. En ese lapso, las redes sociales convirtieron ese atentado en trending topic… y otra vez, fracasaron estrepitosamen-te. El sitio de trascendidos politico.mx —que alimentan directivos de TV Azteca— reportó que el dirigente priísta, después de recibir dos disparos, “habría muerto en camino al hospi-tal” (sic); otras versiones referían que dos suje-tos dispararon desde un auto en marcha. A las 12:30 horas se supo que, en realidad, Moreno Peña fue impactado por la carga de un revólver y que todas las balas se alojaron en su cuerpo: dos en los brazos, tres en el tórax y una lesionó la vena yugular externa. Antes de que ingresara al quirófano del Hospital Regional Universita-rio, el reporte era: “delicado, pero estable”.

MOVIDOS. A nombre de las principales cá-maras y asociaciones de transportistas, Jo-sé Zozaya tuvo un primer acercamiento con el diputado panista Alfredo Javier Rodríguez Dá-vila, quien recién asume la presidencia de la Co-misión de Transportes. El representante de la CTEM presentó un diagnóstico de la situación de las industrias del ramo y un análisis del Pro-grama Nacional de Infraestructura. Y mientras, la directiva de la Comisión de Comunicacio-nes, que preside la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, mañana quedará formalmen-te instalada. Allí, el trabajo será más complejo y demandante.

Lourdes FloresEL ECONOMIsTA

Monterrey, NL. LA CáMARA Nacional de Comer-cio, Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León buscan que se tipifique como delito, en el Código Penal, la extorsión bajo tres modali-dades: “cobro de piso”, así como amenazas y en-gaño telefónicos, un problema de afecta a por lo menos 13,320 negocios en el país.

Este martes, ambas partes presentaron ante el Congreso local una iniciativa que pretende con-cretar castigos propios y que se deje de etique-tar a la extorsión como mero chantaje. Con ex-cepción de Nuevo León, Nayarit y Tlaxcala, esta tipificación ya existe en el resto de las entidades.

La propuesta pone sobre la mesa sancio-nes que van de cuatro a 10 años de prisión, con opciones a más tiempo en caso de agravantes. Darío Treviño Muguerza, director general de la Canaco, comentó que al organismo le preocupa, en especial, el “cobro de piso”, dado que 37% de los 36,000 afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional lo sufrió en el 2014; es decir, 13,320 negocios

Este acto, junto con la extorsión telefónica, genera un costo para los empresarios que va de entre 56,000 a 1 millón 156,000 pesos, generan-do un gasto promedio general por 75,000 millo-nes de pesos, según un estudio de la Coparmex.

Según datos de la Encuesta Nacional de Vic-timización y percepción Sobre Seguridad Pú-blica 2015, durante el 2014, a nivel nacional se registraron 7 millones 969,585 delitos de extor-sión, de los cuales se denunciaron únicamen-te 230,639; es decir, apenas 2.89 por ciento. De estos delitos denunciados, sólo en 81,532 casos se inició la averiguación previa correspondiente.

El Nuevo León, las denuncias en el 2013 eran de 23.8 por mes; en el 2014 pasó a 31.5 y este año, contabilizando hasta septiembre, aumentó a 40 por mes.

Con la tipificación de la extorsión se podría aumentar el número de denuncias a nivel esta-tal, pues el delito no se denuncia ante las autori-dades, puntualizó.

maria.flores@eleconomista.mx

foto

: not

imex