EL ECONOMISTA - HP 705
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MARTES 26 de abril del 2016 Nº 6994 $10 eleconomista.mx UNA SELECCIóN DE Yolanda Morales EL ECONOMISTA LA SECRETARíA de Hacienda y Crédito Público (SHCP) completó en abril la entrega de 10,000 millo- nes de pesos a los gobiernos de enti- dades federativas y municipios, para compensar la caída de las participa- ciones federales, durante el primer trimestre del 2016. Estos recursos salieron del Fon- do de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que se genera a partir de los recursos de la venta petrolera. De acuerdo con la jefa de Coordi- nación de Entidades Federativas de la SHCP, Marcela Andrade, el FEIEF alcanzó un nivel máximo histórico y continuará funcionando como un seguro para las entidades federativas. SE ACABARá ESTE AñO EL AHORRO DE SEIS AñOS, ALERTA MOODY’S Estados comienzan a comerse el FEIEF Juegos de Nuños PERUJO El Fondo de Estabilización cuenta con $40,000 millones, dijo Andrade. En su participación en el semina- rio “La ley de disciplina financiera para entidades federativas y muni- cipios: un paso en la dirección co- rrecta”, organizado por la califica- dora Moody’s, la funcionaria detalló que el fondo de estabilización cuenta con 40,000 millones de pesos. EL ISR Detalló que otro factor que permitirá compensar la caída en las participa- ciones son 60,000 millones de pesos adicionales que recibirán las entida- des, derivados de la recaudación lo- cal del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En el seminario, la analista del Sector de Subsoberanos en Moody’s, Mari Carmen Martínez-Richa, co- mentó que con el uso que se dará es- te año al FEIEF se agotará lo ahorra- do durante seis años. Las entidades recibieron 10,000 millones de pesos para compensar la caída en las participaciones federales durante el primer trimestre del año Y añadió que aunque este he- cho no genera presión en la califica- ción de las entidades ni del gobier- no soberano, reconoció que se trata de una señal de alerta sobre la dis- minución en el colchón de apoyo financiero. Este hecho podría estimular a los gobiernos subsoberanos para hacer un ajuste de gasto y generación de ingresos, reconoció. El director del Banco Mundial pa- ra México y Colombia, Gerardo Co- rrochano, comentó la deuda de los estados y municipios no represen- ta un riesgo sistémico ni macro para México, ya que es aproximada a 3% del PIB. “Las necesidades financie- ras aumentaron y los gobiernos lo- cales requieren reestructuración de sus perfiles de deuda”. [email protected] Tardará utilidad de ley de disciplina financiera Rosalía Lara EL ECONOMISTA LA LEY de disciplina financiera trae- rá consigo una serie de beneficios, como lo es una mayor transparen- cia; límite de deuda para las entida- des, entre otros; sin embargo, has- ta dentro de tres o cuatro años éstos serán tangibles, comentó Alejandro Olivo Villa, director asociado adjun- to de Moody’s. “Nosotros somos muy moderada- mente optimistas; es un paso en la dirección correcta, pensamos que es mejor tener esta ley a no tenerla. Nos preocupa. El andamiaje de esta ley llevó tres años, estamos viendo dos años más para la gradual pues- ta en marcha, estamos hablando del final de esta administración del go- bierno federal”, dijo Olivo. El directivo afirmó que hay ur- gencia de que exista una institucio- nalización de todo lo que la ley re- quiere en los próximos años, porque si no se corre el riesgo de que se pos- tergue su puesta en marcha efectiva. “Somos optimistas, pero no estamos previendo antes de los próximos tres o cuatro años resultados tangibles de la misma”, refirió Olivo. Agregó que sí hay aspectos de la ley que se pueden comenzar a ver, como el tema de la garantía. [email protected] Los beneficios se verán en cuatro años: Moody’s foto ee: hugo salazar
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Estados comienzan a comerse el FEIEF
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martes 26 de abril del 2016 Nº 6994 $10 eleconomista.mx
uNa seleccióN de
Yolanda Moralesel economista
La Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHcP) completó en abril la entrega de 10,000 millo-nes de pesos a los gobiernos de enti-dades federativas y municipios, para compensar la caída de las participa-ciones federales, durante el primer trimestre del 2016.
estos recursos salieron del Fon-do de estabilización de los Ingresos de las entidades Federativas (FeIeF), que se genera a partir de los recursos de la venta petrolera.
De acuerdo con la jefa de coordi-nación de entidades Federativas de la SHcP, Marcela andrade, el FeIeF alcanzó un nivel máximo histórico y continuará funcionando como un seguro para las entidades federativas.
se acabará este año el ahorro de seis años, alerta moody’s
Estados comienzan a comerse el FEIEF
Juegos de Nuños P E R U J O
El Fondo de estabilización cuenta con $40,000 millones, dijo andrade.
en su participación en el semina-rio “La ley de disciplina financiera para entidades federativas y muni-cipios: un paso en la dirección co-rrecta”, organizado por la califica-dora Moody’s, la funcionaria detalló que el fondo de estabilización cuenta con 40,000 millones de pesos.
EL ISR
Detalló que otro factor que permitirá compensar la caída en las participa-ciones son 60,000 millones de pesos adicionales que recibirán las entida-des, derivados de la recaudación lo-cal del Impuesto Sobre la renta (ISr).
en el seminario, la analista del Sector de Subsoberanos en Moody’s, Mari carmen Martínez-richa, co-mentó que con el uso que se dará es-te año al FeIeF se agotará lo ahorra-do durante seis años.
Las entidades recibieron 10,000 millones de pesos para compensar la caída en las participaciones federales durante el primer trimestre del año
Y añadió que aunque este he-cho no genera presión en la califica-ción de las entidades ni del gobier-no soberano, reconoció que se trata de una señal de alerta sobre la dis-minución en el colchón de apoyo financiero.
este hecho podría estimular a los gobiernos subsoberanos para hacer un ajuste de gasto y generación de ingresos, reconoció.
el director del Banco Mundial pa-ra México y colombia, Gerardo co-rrochano, comentó la deuda de los estados y municipios no represen-ta un riesgo sistémico ni macro para México, ya que es aproximada a 3% del PIB. “Las necesidades financie-ras aumentaron y los gobiernos lo-cales requieren reestructuración de sus perfiles de deuda”.
tardará utilidad de ley de disciplina financiera
Rosalía Larael economista
La LeY de disciplina financiera trae-rá consigo una serie de beneficios, como lo es una mayor transparen-cia; límite de deuda para las entida-des, entre otros; sin embargo, has-ta dentro de tres o cuatro años éstos serán tangibles, comentó alejandro Olivo Villa, director asociado adjun-to de Moody’s.
“Nosotros somos muy moderada-mente optimistas; es un paso en la dirección correcta, pensamos que es mejor tener esta ley a no tenerla. Nos preocupa. el andamiaje de esta ley llevó tres años, estamos viendo
dos años más para la gradual pues-ta en marcha, estamos hablando del final de esta administración del go-bierno federal”, dijo Olivo.
el directivo afirmó que hay ur-gencia de que exista una institucio-nalización de todo lo que la ley re-quiere en los próximos años, porque si no se corre el riesgo de que se pos-tergue su puesta en marcha efectiva.
“Somos optimistas, pero no estamos previendo antes de los próximos tres o cuatro años resultados tangibles de la misma”, refirió Olivo.
agregó que sí hay aspectos de la ley que se pueden comenzar a ver, como el tema de la garantía.
Los beneficios se verán en cuatro años: Moody’s
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azar
El mercado de estos aparatos representa US15,000 millones
Drones, un negocio que volará alto
La industria de las naves no tripuladas alcanzará 10% del negocio aeronáutico.
una selección de
signos vitales
Alberto Aguirre [email protected]
Ayotzinapa II
el GIEI cumplió con su objetivo: derrum-bar la versión oficial sobre los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de
septiembre del 2014, particularmente la su-puesta infiltración del crimen organizado en-tre los normalistas como explicación de la agresión y quema en el basurero de Cocula.
La “verdad histórica” postulada por el expro-curador Jesús Murillo Karam, según el segundo informe presentado por los cinco integrantes del grupo de expertos, está sostenida en omisiones y manipulaciones.
“Dichas explicaciones conllevaban un fuerte estigma contra los normalistas, asociándolos con una carga moral negativa que explicaría los he-chos”, postuló ayer el GIEI. Víctimas de la violen-cia, los ayotzinapos fueron doblemente agredidos, por sospechas y filtraciones periodísticas que los criminalizaron. Y los señalamientos a los familia-res de tener una orientación “política” en sus rei-vindicaciones, en lugar de entender sus exigen-cias y demandas como normales en familiares de desaparecidos, fueron una victimización secun-daria que fomentó la investigación judicial y que no pudo ser prevenida por otras instancias del go-bierno mexicano.
El GIEI, de principio a fin, subyugó el aparato informativo gubernamental. Y en algunos mo-mentos, remplazó a la PGR, como cuando —nue-ve meses después de los hechos— halló ropa y objetos pertenecientes a los normalistas desapa-recidos que no habían sido convenientemente procesados ni identificados. Por su conducto su-pieron los familiares de ese hecho. Pero ya no po-drán acompañarlos en una futura identificación de las prendas, que aún no se ha realizado como parte de la investigación. El gobierno mexicano quiso que los expertos internacionales avalaran las indagatorias y los peritajes. En vez de eso, am-pararon a las víctimas.
Distanciados por su valoración de la hipótesis sobre el basurero de Cocula, el GIEI y el gobierno mexicano también caminaron por senderos dis-tintos en lo concerniente al reconocimiento del derecho de las víctimas y la reparación del daño. El informe ayer presentado contiene un relato ex-traordinario: hace un año circuló un documento con membretes oficiales, de la Secretaría de Go-bernación, que proponía un mecanismo de aten-ción y reparación para las víctimas, mismo que sería activado si era suscrito por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa. En caso contrario, la búsqueda de los muchachos sería suspendida.
El cabildeo de ese “plan inicial de atención a las víctimas” incluyó una reunión en el hangar del gobierno estatal, en Chilpancingo, “por parte de personas desconocidas pero que tenían estatus, un rol institucional y contactos para conducirse de forma normal en dichos escenarios”, según la descripción de los expertos foráneos, quienes re-portaron esa situación a la Secretaría de Gober-nación y entonces supieron que esas gestiones no habían sido promovidas por “los verdaderos re-presentantes del Estado mexicano”.
¿Quiénes fueron los responsables de ese in-tento de manipulación, que incluyó amenazas a los familiares de los normalistas? ¿Funcionarios guerrerenses usaron indebidamente los símbolos y materiales de las instancias federales? ¿O repre-sentantes de otros organismos autónomos?
Nada más se supo de ese “intento de manipu-lación”, que según los integrantes del GIEI no fue el único “pero sí el más grave, (pues) tuvo conse-cuencias negativas en el nivel de estrés y ansiedad de los familiares, así como supuso riesgos de se-guridad y de fractura al interior de los familiares”.
El comportamiento “cambiante y poco con-gruente” de los funcionarios gubernamentales encargados de atender a los lesionados durante los hechos del 26 y el 27 de septiembre en Iguala y a los familiares de los 43 estudiantes desapareci-dos es uno de los principales quebrantos del caso Ayotzinapa.
La Comisión Nacional para la Atención de las Víctimas acumula errores y omisiones. La pri-mera reunión entre los expertos internaciona-les y los comisionados del organismo que presi-de Jaime Rochín fue un ominoso precedente. Allí analizaron un informe que contenía “numerosas deficiencias, tanto respecto del número de vícti-mas como en la reconstrucción de los hechos. Di-chos problemas mostraban no sólo una ausen-cia de conocimiento más profundo del caso, sino también una tendencia a señalar el gran número de actividades realizadas (por ejemplo, una larga lista sobre el número de atenciones psicológicas) en lugar de un análisis de comprensión de los im-pactos y consecuencias de los hechos que ayuden a establecer una política clara de atención”.
El GIEI rechazó el contenido de ese informe y requirió al CEAV un nuevo trabajo, que pudiera ser utilizado como documento base del progra-ma de atención a las víctimas. Sí, en plural. No só-lo los 43 normalistas, sino también Los Avispo-nes —futbolistas y directivos del equipo de tercera división también agraviados—, y los tripulantes y pasajeros de los transportes públicos; todos, con derecho a ser atendidos o a la reparación del daño.
El GIEI consideró que la falta de claridad, por parte de las autoridades, ha confundido a las víc-timas. Y también anotó la falta de equidad en el manejo de los criterios de atención. El malestar de los familiares de Los Avispones y la rabia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos fue evidente ayer, durante la presentación del infor-me del GIEI. ¿Su inminente disolución deja en es-tado de indefensión a las víctimas del caso Iguala?
“Se necesita continuidad en la acción y cumplir los compromisos acordados, cosas que no han suce-dido en numerosas ocasiones”.
La claridad y coherencia en la acción de la CEAV —destacan— no puede depender de la ac-titud o sensibilidad de sus comisionados. “Fal-ta una línea clara de actuación en el conjunto de la política de atención a las víctimas (…) El mar-co institucional es frágil y muestra numerosas di-ficultades para consolidarse como parte de una política clara”.
Vicente Gutiérrez el econoMista
EN EL mundo, los drones (naves no tripuladas) comenzaron a utilizarse básicamente para tareas de espionaje y vigilancia (…) pero hoy, un dron puede entregar hasta una pizza.
“Es un mercado que crece de manera impor-tante en el mundo. En México existen algunas empresas que ya utilizan drones, en temas topo-gráficos y de filmación aérea, pero las posibili-dades de uso son infinitas en toda la industria”, afirmó Federico González, director de Dronix, empresa que cuenta con una flotilla de 50 drones.
En España, en la primera edición del Dro-ne Industry, se informó que el mercado repre-senta cerca de 15,000 millones de dólares y en 10 años, el negocio alcanzará 10% del mercado aeronáutico.
La firma Dronix, con un año de vida, es dis-tribuidor de Dajiang Innovation Technology Co (DJI), empresa líder en la fabricación de drones que ante la demanda a nivel mundial pasó de facturar 300 millones de dólares en el 2014 a más de 1,000 millones de dólares, el año pasado.
“Dronix es una empresa de servicios y tene-mos varios proyectos de vigilancia de plantas, oleoductos, monitoreo de carreteras, mapeo to-pográfico, obras en construcción o para docu-mentar los daños que pueden ocasionar desas-tres naturales”, explicó.
COSTO
Un dron puede costar entre 11,000 y 500,000 pesos y su uso comienza a ser más común en nuestro país, donde ya se pueden ver vigilando manifestaciones o para cuestiones de seguridad pública.
Los aparatos son utilizados para entregar pro-ductos de Amazon, paquetes de DHL y hasta piz-zas, pero también para limpieza de cristales en rascacielos y un sinfín de aplicaciones.
La alianza de Dronix es con LoJack, empresa que comenzó a utilizar drones para localizar au-tos robados en la ciudad de México y en zonas de Ciudad Nezahualcóyotl, Iztapalapa y Tepito, en-tre otras.
foto
: ap
