lunes 21 de septiembre del 2015 nº 6842 $10 eleconomista.mx

una selección de

E. Albarrán, P. Gómez y A. de la Rosael economista

Para el próximo año, el gobierno federal buscará compensar la reduc-ción de 21% en el gasto de inversión con ocho proyectos que se realiza-rán con asociaciones público-priva-das (aPP).

Fernando Galindo, subsecreta-rio de egresos de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló algunas razones por las que se disminuyó el gasto en inversión, que para el 2016 será por 712,349 mi-llones de pesos.

¿Por qué decidieron reducir 21% el gasto en inversión para el 2016? esta disminución se debió principal-mente a que se hicieron ajustes en aquellos proyectos de inversión que

El ajustE fuE dE 21%; sólo sE dEstinarán $712,349 millonEs: sHCP

Por recorte, gobierno apostará por APP

Simulacro P E R U J O

Se realizaron ajustes a proyectos de inversión, como en la sCt, dijo Galindo.

ya terminaron su ciclo. Por ejemplo, la SCT —que disminuirá su inversión en 18%— para el próximo año ya no asignará recursos para programas como el satelital y el programa Tele-visión Digital Terrestre. Hay que to-mar en cuenta que tenemos una res-tricción presupuestal. Teníamos que disminuir 221,000 millones de pesos y había que escoger cómo afectar en menor medida la economía nacional.

¿Cómo compensará el gobierno este faltante en inversión?Se fortalecerá el uso de las aPP. es-tamos enviando ocho proyectos que nos van a permitir tener una inver-sión adicional en el Presupuesto de egresos de la Federación del 2016 de 11,000 millones de pesos; es decir, a través de tres proyectos carreteros y cinco hospitales vamos a tener una

En el 2016 se contará con $11,000 millones adicionales a través de tres proyectos carreteros y cinco hospitales, detalló Fernando Galindo, subsecretario de Egresos

inversión pública vía aPP que no implica un gasto presupuestario.

APPS Son unA AlternAtivA

De acuerdo con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo arballo, las aPP son una buena al-ternativa para la construcción de in-fraestructura, no la panacea; “pero lo más importante es que el gobier-no federal debe realizar un análisis muy preciso para que no se vayan a convertir en deuda pública simula-da”. la ley de asociaciones Públi-co-Privadas se publicó en el 2012 y, de acuerdo con el líder empresarial, no ha despegado como se esperaba, entre otras cosas, por la falta de co-nocimiento entre los involucrados sobre su aplicación.

valores@eleconomista.mx

Transparencia y rendición de cuentas, en retroceso

Alejandro de la Rosael economista

el ProCeSo de reforma de la ley de obras Públicas y Servicios rela-cionados con las Mismas (loPSrM) enfrenta un nuevo obstáculo: ahon-dar en temas de transparencia y ren-dición de cuentas.

este lunes, representantes de 10 instituciones, entre ellas Transpa-rencia Mexicana, el Centro de es-tudios espinosa Yglesias, Méxi-co evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad, ofrecerán detalles sobre una nueva iniciati-va que consideran incentiva a la

“procorrupción”.

el 25 de agosto, las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y or-denación Territorial, y de estudios legislativos, presentaron un segun-do borrador de cambios a dicha ley.

Según las instituciones civiles, el nuevo texto “implicaría ampliar el régimen de excepciones a la ley y las posibilidades de excepción al uso de CompraNet, lo que diluye los ade-lantos en temas de transparencia”.

añaden que con el argumento de que hay información “sensible” en los procesos de licitación se facilita-ría a que las empresas se puedan po-ner de acuerdo para hacer trampa al estado.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx

Ley de Obras Públicas, bajo la lupa de instituciones

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azar

Buscarán reducir tasas y base gravable al IEPS: Canacintra

IP inicia cabildeo con legisladores

Propondrán 100% de la deducibilidad en prestaciones sociales, dijo Raúl Rodríguez.

una selección de

signos vitales

Alberto Aguirre aam@mexico.com

¿Leyes mordaza?

s i El Chapo hubiera estado recluido en Na-yarit, ¿se habría podido evadir del penal de El Rincón? A saber. Lo que está cla-

ro —de acuerdo con la reforma penal propues-ta por el gobernador priísta, Roberto Sandoval Castañeda— es que los criminales tienen me-nos facilidad para fugarse.

De acuerdo con la iniciativa remitida el pasa-do 20 de julio por el Ejecutivo al Congreso local, la legislación estatal incluiría un nuevo tipo penal: el del “atentado contra la seguridad de la comuni-dad”, para castigar a quien posea cualquier apa-rato de comunicación al interior de los centros penitenciarios. La transmisión de datos y voz en cualquier centro de readaptación social nayarita simplemente quedaría proscrita.

Aquellos que lograran fugarse recibirán un castigo ejemplar, y no como hasta ahora, que son sancionados de forma excepcional. Estas adicio-nes coadyuvarían “al cumplimiento de los linea-mientos emitidos en las recientes reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Aunque la reforma penal afectaría tanto al código publicado en 1986, vigente para el siste-ma “tradicional”, así como al código publicado en el 2014 y vigente para el sistema penal acusatorio.

La homologación de la normatividad local con la federal sería extensiva a la inclusión —en el có-digo penal— de los parámetros de cantidad de al-cohol en exhalación, sangre y orina de los con-ductores que sean remitidos por conducir en estado de ebriedad. Y para los delitos de lesiones y homicidios, cuando se comenta de forma culposa por virtud de infringir al menos una de las dispo-siciones normativas en materia de tránsito, trans-porte y vialidad, serán más severas.

¿Empate de jurisprudencias o restricción de li-bertades? Las penas para castigar a los responsa-bles del delito de ataque a las vías generales de co-municación —léase aquéllos que impidan el libre tránsito de todo nayarita— también serán endu-recidas, así como la consideración de agravante a la utilización de medios de comunicación social masiva en la comisión de delitos contra el honor. ¿Cuáles? La difamación, la calumnia y la injuria.

Según consta en la exposición de motivos de la reforma propuesta por Sandoval Castañeda, en el debate nacional sobre estos temas, Nayarit debía tomar postura. Y decidió plegarse a Baja Califor-nia, Baja California Sur, Campeche, Colima, Gua-najuato, Hidalgo, Estado de México Nuevo León, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, donde estas con-ductas no están proscritas.

La adecuación a la legislación nayarita —en-fatiza— era necesaria, “debido a la impresionan-te expansión, prontitud, alcance y facilidad con la que se puede cometer este delito y la trascen-dencia del agravio que causa cuando se utilizan las redes sociales y los medios de comunicación masiva”.

“Uno de los casos más emblemáticos que se es-tá frecuentando es la utilización de imágenes o vi-deos captados en el momento en que una pareja tiene relaciones sexuales (...) pero que posterior-

mente en su separación uno de ellos lo hace públi-co para dañar la imagen del otro”, ejemplifica.

El artículo 299 del Código Penal nayarita im-pondría de uno a cuatro años de prisión a los res-ponsables de los delitos de calumnia e injurias, si se cometen utilizando cualquier medio de comu-nicación social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública.

La reforma a los códigos penales nayaritas es-taría en línea con la oleada de nuevas regulacio-nes que deberán definirse en el Congreso de la Unión sobre propaganda gubernamental y dere-cho de réplica; uno de los capítulos pendiente de la reforma político-electoral producto del Pacto por México.

De acuerdo con el último borrador consultado, por ley quedaría instaurado un “procedimien-to expedito” para ejercer el derecho de réplica en cualquier medio de comunicación que haya di-fundido la información impugnada por la perso-na agraviada.

Los medios de comunicación deberán con-tar en todo momento con un defensor de los de-rechos de los lectores o de la audiencia, responsa-ble de recibir y resolver las solicitudes de réplica que les sean presentadas. El periodo para presen-tar la queja, la valoración sobre su pertinencia, así como la forma y los plazos de la respuesta, será competencia de un ombudsman.

La propuesta incorpora el derecho de répli-ca de los partidos políticos, los precandidatos y candidatos a cargo de elección popular e instru-menta un proceso jurisdiccional federal, expedi-to y de una sola instancia, en caso de que el me-dio de comunicación no cumpla con lo estipulado en el nuevo ordenamiento, y establece las sancio-nes económicas “claras y adecuadas” aplicables al incumplimiento.

E F E C T O S S E C U N DA R I O SDOBLECES. En tiempos de austeridad, cualquier extravagancia puede adquirir dimensiones la-mentables. Dos ejemplos recientes: el grupo de senadores panistas —encabezado por el líder del Senado, Roberto Gil Zuarth—, quienes acompa-ñados por sus esposas viajaron en un jet Grum-man a La Paz para acudir a la toma de protesta del gobernador de Baja California Sur, Carlos Men-doza Davis. Tras de la unción de Alejandro More-no como gobernador de Campeche, otro charter partió rumbo a Tuxtla Gutiérrez con un anfitrión generoso: Manuel Velasco Coello, quien no es-tá dispuesto a perder espacio en la carrera hacia el 2018.

¿VETADO? Crecen las voces dentro del PRD que se oponen al acuerdo cupular que permitiría la unción de Agustín Basave a la dirigencia nacio-nal del sol azteca. Y más allá, también existen re-sistencias y suspicacias sobre el ideólogo social-demócrata. Concretamente, el primer círculo del Ejecutivo federal, donde ubican al ahora diputado federal como uno de los ideólogos del movimien-to #YoSoy132, que tantas incomodidades causó al gobierno peñista.

Lilia Gonzálezel eConoMiStA

A PARTIR de hoy inician las mesas de discusión entre el sector privado y legisladores en un in-tento por ampliar la deducción inmediata de ac-tivos a empresas que tengan ventas hasta por 100 millones de pesos anuales y no a la mitad como lo planteó el Ejecutivo; así también, que haya de-ducibilidad a 100% en prestaciones sociales, lo cual detonaría la formalización de empresas y una mayor recaudación para el erario público.

Raúl Rodríguez, vicepresidente nacional de Enlace Legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ex-plicó a el economista que la agenda empresarial buscará una posible reducción a las tasas y base gravable al IEPS a alimentos de alto nivel caló-rico, “este tema lo tratamos de sensibilizar pa-ra ver si podemos lograr, estando conscientes de que es una situación económica difícil que se asi-mile esto”.

En su intento por modificar el IEPS y ampliar deducibilidades a sectores productivos, el sector empresarial arranca su cabildeo con los legisla-dores del PRI, tras haber pactado una mesa de negociación previa a la instalación de las comi-siones en la Cámara de Diputados.

El diputado Baltazar Hinojosa será el enla-ce con la Iniciativa Privada (IP), en tanto se in-tegra la comisión de Hacienda, a fin de presen-tar agendas y buscar coincidencias, porque la ley de ingresos deberá ser aprobada a más tardar el próximo 20 de octubre, informó Rodríguez.

“La prioridad la tiene el Paquete Económico para el 2016. Si bien no viene el paquete con te-mas que puedan preocupar, sí aseguramos que no haya cambios (en impuestos)” y sí ajustar los incentivos que quedaron limitados para elevar el crecimiento económico a través de la reactiva-ción del mercado interno”, expuso.

Rodríguez detalló que el Consejo Coordinador Empresarial lleva a cabo los contactos con par-tidos políticos y los legisladores, pues el traba-jo individual de los organismos privados se basa en identificar aliados y generar sinergias y temas comunes.

lgonzalez@eleconomista.com.mx

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