miércoles 23 de marzo del 2016 Nº 6972 $10 eleconomista.mx

uNa seleccióN de

Yolanda Moralesel economista

Al completArse por segundo año consecutivo un ajuste al gasto públi-co, preocupa que esto tenga reper-cusión en la creación de empleos en méxico, advirtió Alicia Bárcena, se-cretaria general de la comisión eco-nómica para América latina y el ca-ribe (cepal).

“el tema del ajuste tendrá más im-pacto en inversión en infraestruc-tura y en estructura física, lo que también preocupa, porque también reducen empleo”, evidenció.

en la presentación del panorama social para América latina 2016, Bár-cena dijo que la pobreza en méxico es un problema más estructural que so-cial, donde la situación salarial expli-ca el menor ingreso de las familias.

“podría tener repercusión en la creación de empleos en méxico”

Segundo ajuste al gasto público preocupa: Cepal

Telonero P E R U J O

Alicia Bárcena presentó el panorama social para américa latina.

enfatizó que uno de los temas a resolver en méxico es el salario mí-nimo, que debe tener una solución más estructural.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en 73.04 pesos, tras un aumento de 2.94 pesos efectivos al iniciar el año. el propio presiden-te de la comisión Nacional de los sa-larios mínimos (conasami), Basilio González Núñez, estimó que el sm en méxico debería superar los 200 pesos.

el 2016, CON MARGeN MÍNIMO

Al término de la presentación, Hu-go Beteta, director de la sede subre-gional en méxico de la cepal, expu-so que el paquete económico 2016 es para las autoridades mexicanas la propuesta con el menor margen de maniobra en la última década.

El salario mínimo en México hace de la pobreza un problema estructural en el país, dijo la secretaria general de la Comisión Económica

“llega en un contexto de una enorme caída de los ingresos petro-leros por los bajos precios interna-cionales, la menor producción —del hidrocarburo— y el incremento en los costos de extracción”, consideró.

De ahí la iniciativa de las autori-dades mexicanas para armar el pre-supuesto de este año con una obser-vación “cautelar”, otorgada por el consejo Nacional de evaluación de la política de Desarrollo social (co-neval), tal como lo explicó en la con-ferencia la secretaria ejecutiva.

“la participación del coneval en la preparación del presupuesto (…) in-dica que se está tratando de cautelar los programas más importantes pa-ra combatir la pobreza y tener la mi-rada en programas como prospera”, comentó la directiva.

ymorales@eleconomista.com.mx

Inflación a tasa anual retrocedió a 2.71%

Yolanda Moralesel economista

eN lA primera quincena de marzo, la inflación anual se ubicó en 2.71%, dato que incorpora una corrección a la baja respecto del registro observa-do en las dos lecturas más recientes, informó el Instituto Nacional de es-tadística y Geografía (Inegi).

los productos cuyo aumento ge-neraron el mayor impacto en la in-flación fueron los servicios turísti-cos en paquete, el transporte aéreo, el limón, la vivienda propia y los au-tomóviles. precios que por su peso o incidencia en la medición, según la frecuencia de consumo entre los

mexicanos, no generan mayor pre-sión en el indicador general.

De ahí que las alzas en estos pre-cios fueron compensadas con la caí-da de 1.02% que registraron en la quincena los productos agropecua-rios y la bajada de 0.52% observada en los energéticos y tarifas autoriza-das por el gobierno.

en la información del Inegi, evi-dencian que las localidades del país con variación por arriba de la nacio-nal fueron tepic, Nayarit (0.52%); tepetitlán, Jalisco (0.35%); chi-huahua, chihuahua (0.35%); co-lima, colima (0.30%) y monclova, coahuila (0.29 por ciento).

ymorales@eleconomista.com.mx

En Durango se ubicó en -0.03% la I quincena de marzo

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El objetivo es cambiarlos a pesos con una tasa más baja

Avanza la reestructura de créditos VSM

Luego de 10 años, un crédito en VSM ya ha transitado por el periodo de mayores intereses.

una selección de

signos vitales

Alberto Aguirre aam@mexico.com

Estancias infantiles

P ara bien o para mal, el punto de in-flexión para las casi 10,000 estancias infantiles del país fue lo acontecido

en la guardería ABC de Hermosillo. Las re-glas de operación, desde entonces, se en-durecieron particularmente en lo concer-niente a las disposiciones de seguridad.

Las autoridades municipales también han sufrido desde entonces, pues en primera ins-tancia son competentes para validar los pro-gramas internos de protección civil. Aunque la mitad de los gobiernos estatales han habili-tado la figura del “tercer acreditado”, quienes además son los únicos autorizados para elabo-rar y presentar dichos programas. El gobierno federal, a través de la Sedesol, no ha accedido a otorgar un subsidio para que los operadores puedan amortiguar los gastos de elaboración y validación.

Desde entonces, los emprendedores que de-cidieron mantenerse en la prestación de ese servicio se quejan de hostigamiento y perse-cución, de lo que responsabilizan a las autori-dades federales y que ha tenido una perniciosa consecuencia: el cierre de decenas de estan-cias, por irregularidades que van desde no te-ner un registro con los números telefónicos de los padres… en comunidades donde la cober-tura de Telmex es mínima, porque los respon-sables no fueron localizados, pues se traslada-ron a realizar trámites en la delegación estatal de la Sedesol.

Los operadores de las estancias, desde una perspectiva hacendaria, son guarderías del sector privado. En el catálogo de empresas del SAT no existe, como tal, la denominación de estancias infantiles. Esta figura existe des-de el 2007 -dos años antes de la tragedia en la ABC-, antes se les indicó que se registraran como talleres familiares… pero esa figura tam-poco existe en la normatividad vigente. Hasta hace dos años, tributaban dentro del Régimen de Pequeños Contribuyentes, y actualmente están bajo el Régimen de Incorporación Fiscal.

Pero las condiciones de trabajo se asemejan más a una relación profesional subordinada, donde ellos fijan obligaciones (50) y derechos (cinco). Los responsables de la operación de las estancias infantiles llevan los tres años del sexenio peñista en gestiones para modificarlas. Hasta ahora, únicamente han conseguido au-mentar a 40 días los permisos de ausencias, en casos de enfermedades crónico degenerativas y embarazo…, en cualquier otro esquema, una afiliada al sistema se seguridad social goza de 84 días de incapacidad por maternidad.

“Si queremos vacaciones, podemos cerrar por un tiempo prudente que no afecte la con-tabilidad de días trabajados (15) mínimos para recibir el subsidio de los padres completo, co-mo ellos dicen; podemos definir los periodos que trabajaremos, pero planeando no vernos afectados por las inasistencias”, refiere uno de los afectados.

No obstante, los operadores de estos espa-cios han requerido a las autoridades federa-les una reforma de las reglas de operación, que permitiría brindar el servicio a los infantes du-rante las vacaciones y/o en ciclo escolar no vigente.

Los hijos de los operadores se quejan de que no pueden acceder a las estancias infanti-les. Un absurdo, si se considera que 98% de las responsables son mujeres y más de la mitad de ellas tienen niños en edad escolar.

Los responsables deben estar presentes en la estancia infantil todo el tiempo que ésta opere. Y no pueden delegar su responsabilidad en un director. Y en caso de fallecimiento, sus herederos no pueden asumir el cumplimien-to del “convenio de concertación” que ampara sus operaciones.

Salvo en el ISSSTE —cuyas 34 subdelegacio-nes están a cargo de los espacios físicos donde cuidan y alimentan a los infantes de los buró-cratas—, las estancias están subrogadas a par-ticulares, quienes para abrir deben garanti-zar que ofrecerán servicios al menos para 10 menores.

El programa de estancias infantiles está fo-calizado a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hi-jos bajo su cuidado, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios.

En las reglas de operación, han referido, de-ben especificarse los tiempos para realizar am-pliaciones, cambios de domicilio y cambios de responsable, ya que actualmente están a crite-rio y tiempos de los empleados de las delega-ciones. De conformidad con las reglas de ope-ración vigentes, la Sedesol cubre el costo de los servicios de cuidado y atención infantil. Por cada infante (entre uno y tres años 11 meses de edad) inscrito en alguna estancia autoriza-da, pagará hasta 900 pesos mensuales, y hasta 1,800 pesos mensuales por cada niño de entre uno y cinco años 11 meses de edad con alguna discapacidad.

En octubre del 2015, los representantes de las más de 9,500 estancias infantiles fueron convocados por la directora general de Polí-ticas Sociales, Flora Martha Angón, a pactar mejoras al convenio de colaboración y, sobre todo, un incremento al pago que reciben como contraprestación por su servicio. Esa reunión de trabajo produjo muchos reclamos y pocos resultados, recuerdan participantes. Las auto-ridades modificaron las reglas de operación só-lo en el capitulado correspondiente a los requi-sitos de elegibilidad aplicables a padres solos y madres trabajadoras.

A principios de este año, operadores en nueve estados remitieron un oficio en el que exponían sus demandas al secretario José An-tonio Meade, con sendas copias para Flo-ra Martha Angón y el entonces subsecreta-rio Ernesto Nemer Álvarez. Nunca recibieron respuesta.

Fernando GutiérrezEl EcoNoMistA

LUEgo DE que en el 2015 el Instituto del Fon-do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) arrancó un programa piloto, el cual tenía la intención de reestructurar 15,000 crédi-tos de veces salarios mínimos (VSM) a pesos, du-rante este 2016 el organismo tiene el objetivo de reestructurar otros 100,000 financiamientos.

De acuerdo con el plan financiero del Infona-vit 2016-2020, el organismo pretende implemen-tar mejoras a este programa con los hallazgos en la implementación del programa piloto y así realizar la toma de decisiones en la parte final del primer trimestre de este año.

Según el plan, en la fase piloto, se ha logra-do entender que el gran reto para el programa es lograr contactar a los acreditados seleccionados y obtener de ellos una respuesta ágil y oportuna.

“Durante septiembre y octubre del 2015, se es-tableció contacto con 12,379 acreditados (…); 75% aceptó la reestructura. Dentro de las lecciones del programa, se encontró que los principales motivos del rechazo de la oferta son la incertidumbre o falta de entendimiento por parte de los acreditados so-bre los beneficios del programa”, explica.

Según el Infonavit, con los resultados obteni-dos en el programa piloto se evaluará la viabili-dad operativa, así como la capacidad y viabilidad financiera del instituto para la implementación de este programa a gran escala.

NO A TODOS CONVIENE

El Infonavit en la actualidad tiene casi de 6 millo-nes de créditos vigentes; sin embargo, esta op-ción de reestructura no convendría a todos sus acreditados.

“Después de los 10 años de antigüedad, un cré-dito (en VSM) con buen historial de pago ya ha transitado por el periodo de mayores intereses y comenzará a amortizarse de manera acelerada. Por lo tanto, ofrecer una reestructura después de este periodo no resultaría conveniente, pues po-dría resultar más caro que mantenerse en VSM”, explica el Infonavit, que es dirigido por David Penchyna.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx

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