EL ECONOMISTA - HP 273 :: Precarización salarial creció en 24 estados
2
MIéRCOLES 26 de noviembre del 2014 Nº 6635 eleconomista.mx UNA SELECCIóN DE Fernando Franco EL ECONOMISTA LA PRECARIZACIóN salarial y el incremento en precios impactaron de manera negativa en 24 de las 32 entidades del país, en las cuales au- mentó el porcentaje de personas que no pudo adquirir una canasta ali- mentaria con su ingreso laboral en los primeros nueve meses del año. De acuerdo con el Consejo Na- cional de Evaluación de la Políti- ca de Desarrollo Social (Coneval), la canasta alimentaria urbana tu- vo un costo mensual en octubre de 1,264.92 pesos, mientras que la rural, 887.26 pesos. De las 24 entidades, Sinaloa re- gistró el mayor incremento en el Ín- dice de Tendencia Laboral de la Po- breza (ITLP) de diciembre del 2013 SINALOA REGISTRó EL MAYOR AUMENTO Precarización salarial creció en 24 estados Mecánica PERUJO La pobreza laboral suma cuatro años de avance. foto archivo ee al tercer trimestre de este año, con 20.9%, cuando a nivel nacional ape- nas aumentó 3.2 por ciento. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el tercer trimestre del 2014, en Sinaloa se contabilizaron 1 millón 222,939 personas ocupadas, de éstas, 56% gana hasta tres salarios mínimos, esto es hasta 6,056 pesos mensuales. Con hasta un salario mínimo vi- ve 10.32% de la población ocupada, mientras que hay un grupo de em- pleados, que representa 5%, que no percibe ingresos. EL RESTO DEL GRUPO A Sinaloa le siguen Tamaulipas, con un incremento de 12%; Nayarit, con 10.94%; Veracruz, con 10.89%, Campeche, con 8.84%, y el DF, con 8.53 por ciento. En octubre, el costo mensual de la canasta alimentaria urbana fue de 1,264.92 pesos y la rural de 887.26 pesos, indica el Coneval También destacan otros esta- dos como Querétaro, Baja Califor- nia Sur, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes. El ITLP muestra la tendencia del porcentaje de personas que no pue- de comprar una canasta alimentaria con su poder adquisitivo salarial; sin embargo, no detalla el número ab- soluto de personas que están bajo es- ta condición. PROBLEMA ESTRUCTURAL En opinión de Jesús Sánchez Arci- niega, investigador de la UNAM, la precarización salarial es uno de los problemas que más laceran el creci- miento económico del país, debido a que limita la expansión del mercado interno, que debería ser el motor de toda economía. [email protected] “Estado de Derecho, clave en reformas” Yolanda Morales EL ECONOMISTA EL CUMPLIMIENTO de la ley y el respeto al Estado de Derecho son fundamentales para que las reformas impresionantes que se han aprobado en México comiencen a tener impac- to en la economía , advirtió Álvaro Pereira, jefe de estudios del país para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al presentar su informe semes- tral de Perspectivas Económicas 2014, refieren que México es el ejem- plo a seguir en la Organización, por haber logrado las reformas cons- titucionales, particularmente en sectores como el energético y de telecomunicaciones. Sin embargo, consideran que en la medida que se resuelva el respe- to al Estado de Derecho en el país, se podría garantizar un efecto multipli- cador de inversiones productivas en México. REVISA PRONÓSTICOS La OCDE bajó su proyección de cre- cimiento para México de 3.4%, que tenía en mayo, a 2.6%, provoca- do por el efecto negativo que tuvo el sector de la construcción y el mal arranque del año, vinculado con el deterioro de Estados Unidos. [email protected] OCDE estima que el PIB de México será de 2.6%
-
Upload
hojas-politicas -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
description
EL ECONOMISTA - HP 273 :: Precarización salarial creció en 24 estados
Transcript of EL ECONOMISTA - HP 273 :: Precarización salarial creció en 24 estados
miércoles 26 de noviembre del 2014 Nº 6635 eleconomista.mx
uNa seleccióN de
Fernando Francoel economista
La precarización salarial y el incremento en precios impactaron de manera negativa en 24 de las 32 entidades del país, en las cuales au-mentó el porcentaje de personas que no pudo adquirir una canasta ali-mentaria con su ingreso laboral en los primeros nueve meses del año.
De acuerdo con el consejo na-cional de evaluación de la políti-ca de Desarrollo Social (coneval), la canasta alimentaria urbana tu-vo un costo mensual en octubre de 1,264.92 pesos, mientras que la rural, 887.26 pesos.
De las 24 entidades, Sinaloa re-gistró el mayor incremento en el Ín-dice de Tendencia Laboral de la po-breza (iTLp) de diciembre del 2013
sinaloa registró el mayor aumento
Precarización salarial creció en 24 estados
Mecánica P E R U J O
La pobreza laboral suma cuatro años de avance. foto archivo ee
al tercer trimestre de este año, con 20.9%, cuando a nivel nacional ape-nas aumentó 3.2 por ciento.
Según el instituto nacional de estadística y Geografía (inegi), en el tercer trimestre del 2014, en Sinaloa se contabilizaron 1 millón 222,939 personas ocupadas, de éstas, 56% gana hasta tres salarios mínimos, esto es hasta 6,056 pesos mensuales.
con hasta un salario mínimo vi-ve 10.32% de la población ocupada, mientras que hay un grupo de em-pleados, que representa 5%, que no percibe ingresos.
EL rEsto dEL grupo
a Sinaloa le siguen Tamaulipas, con un incremento de 12%; nayarit, con 10.94%; Veracruz, con 10.89%, campeche, con 8.84%, y el DF, con 8.53 por ciento.
En octubre, el costo mensual de la canasta alimentaria urbana fue de 1,264.92 pesos y la rural de 887.26 pesos, indica el Coneval
También destacan otros esta-dos como Querétaro, Baja califor-nia Sur, Guanajuato, zacatecas y aguascalientes.
el iTLp muestra la tendencia del porcentaje de personas que no pue-de comprar una canasta alimentaria con su poder adquisitivo salarial; sin embargo, no detalla el número ab-soluto de personas que están bajo es-ta condición.
probLEma EstructuraL
en opinión de Jesús Sánchez arci-niega, investigador de la UnaM, la precarización salarial es uno de los problemas que más laceran el creci-miento económico del país, debido a que limita la expansión del mercado interno, que debería ser el motor de toda economía.
“estado de Derecho, clave en reformas”
Yolanda Moralesel economista
eL cUMpLiMienTo de la ley y el respeto al estado de Derecho son fundamentales para que las reformas impresionantes que se han aprobado en México comiencen a tener impac-to en la economía , advirtió Álvaro pereira, jefe de estudios del país para la organización para la cooperación y el Desarrollo económicos (ocDe).
al presentar su informe semes-tral de perspectivas económicas 2014, refieren que México es el ejem-plo a seguir en la organización, por haber logrado las reformas cons-titucionales, particularmente en
sectores como el energético y de telecomunicaciones.
Sin embargo, consideran que en la medida que se resuelva el respe-to al estado de Derecho en el país, se podría garantizar un efecto multipli-cador de inversiones productivas en México.
rEVIsa proNÓstIcos
La ocDe bajó su proyección de cre-cimiento para México de 3.4%, que tenía en mayo, a 2.6%, provoca-do por el efecto negativo que tuvo el sector de la construcción y el mal arranque del año, vinculado con el deterioro de estados Unidos.
OCDE estima que el PIB de México será de 2.6%
Evalúe y elija lo que más le convenga a su cartera
Competencia bancaria, un beneficio
De acuerdo con expertos, el secreto está en comparar. foto: especial
una selección de
signos vitales
Alberto Aguirre [email protected]
El ajuste inminente
C onstructor involucrado en ONG que pugnan por resolver la inseguri-dad en Cuernava, Jorge Messeguer
Guillén, decidió separarse de las activida-des empresariales y emprender una carre-ra política que lo llevó -en el tramo de una década- al Congreso de Morelos, a la di-rigencia estatal del Partido de la Revolu-ción Democrática (PRD) y finalmente, a la secretaría general del gobierno de Graco Ramírez.
Justo cuando cumplió dos años en el car-go -el pasado 29 de septiembre- deci-dió presentar su renuncia, con carácter de irrevocable, al gabinete estatal. Por razo-nes personales y profesionales (la candida-tura de la izquierda al gobierno de la capital morelense, que se renueva el próximo año) y con el aval de su jefe y amigo. Sin desave-nencias o conflictos.
Messeguer Guillén y Graco Ramírez se contaban entre los principales promoto-res de la “reestructuración del Estado de Derecho” que esta misma semana corregi-rá la “debilidad mayor” en el ámbito de la persecución del delito: una reforma consti-tucional para establecer el mecanismo que formalice la instauración de un mando uni-ficado para las corporaciones de seguridad pública, municipales y estatales. La policía nacional, en ciernes.
El mando único policiaco, en la Carta Magna. Y antes, la instalación de una “co-misión de Estado”, para enfrentar la cri-sis de inseguridad que actualmente enfren-ta el gobierno federal. Este organismo -en el que tendrían presencia representantes de los tres poderes de la Unión, así de la socie-dad civil- trabajaría en la iniciativa de re-forma, que vendría acompañada por un pa-quete de cambios, para endurecer al Código Penal.
Esta versión 2.0 del pacto por la seguri-dad propuesto hace dos semanas por el Eje-cutivo federal vendrá después de la autono-mía constitucional que está por resolverse en el Congreso de la Unión, para propiciar mayor objetividad en la medición de la po-breza y en la evaluación de los programas sociales. Y deberá complementar a otro de los capítulos en ciernes de la reforma po-lítica: la instauración de la nueva Fiscalía General de la República, que dejará la pro-curación de justicia en manos de un órga-no constitucional autónomo, cuyo titular deberá ser electo por las dos terceras par-tes del Senado, a propuesta del Ejecutivo federal.
Miguel Ángel Osorio Chong anticipó que el Ejecutivo federal corregirá “lo que no ha funcionado y se tiene que renovar”.
¿Ajuste en el gabinete o el gatopardismo oficial? Los cambios legales son inminen-tes, según confirmaron legisladores federa-
les que han tenido contacto con funciona-rios federales en los últimos días y quienes descartan que esta semana ocurra un éxo-do de servidores públicos, que se espera en vísperas del arranque de las campañas del 2015.
Y es que los servidores públicos peñis-tas tienen un colchón de dos semanas, an-tes de proceder a tramitar sus renuncias. Y conforme se extingue el mes, también se apagan las posibilidades de que Clau-dia Ruiz Massieu e Ildefonso Guajardo sal-gan del equipo peñista para competir por las gubernaturas de Guerrero y Nuevo León, respectivamente.
De las nueve gubernaturas que estarán en disputa el próximo 7 de junio, sólo el co-limense Ignacio Peralta, subsecretario de Telecomunicaciones, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien es originario de San Luis Potosí, estarían cerca de la nominación.
Tras la junta del pasado viernes, parece-ría el tiempo de la extinción de la Procura-duría General de la República y la Secreta-ría de la Función Pública, de confirmarse las versiones que circulaban insistente-mente a finales de la semana pasada. ¿Y las otras áreas de la administración públi-ca? La cúpula panista intuye que ese ajus-te resultará determinante en la definición de su propuesta sobre instaurar un siste-ma nacional anticorrupción. “Que no pon-gan gente a modo”, insisten. Y sobre to-do, que el nuevo fiscal general no asuma las tareas de combate al cohecho, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses entre los funcionarios peñistas.
¿Quiénes se tendrían que ir? Nadie qui-siera figurar en la lista de indeseables, pe-ro la mitad del gabinete ha tenido un des-empeño deficiente. Entre los más criticados están Mercedes Juan, Gerardo Ruiz Esparza y Enrique Martínez y Martínez.
E F E C T O S S E C U N DA R I O SREQUISA. Tras de un extenuante litigio so-bre la concesión otorgada por el gobierno de Panamá para construir y operar la cen-tral hidroeléctrica Bajo de Mina, un juez de aquella nación centroamericana decre-tó el embargo de las propiedades de Car-los Slim Helú en aquellas latitudes y que incluyen -de acuerdo con versiones de la prensa local- seis fincas en Chiquirí y dos en la capital panameña, además de un departamento. El empresario mexicano llevó capitales a aquella nación cuando su amigo Miguel To-rrijos estuvo al frente del Ejecutivo federal. El gobierno panameño rechazó una “conci-liación amistosa” propuesta por Transglo-bal Green Energy, quien reclamaba la con-cesión original.
Juan Tolentino MoralesEl EConoMISTa
EN EL país existen 45 entidades financieras del sector bancario activas, lo que hablaría de varias opciones en el mercado para los usuarios; sin embargo, seis bancos concentran 80% del total de activos en el país, lo que complica la competi-tividad en el sector. Con este panorama, ¿cómo le beneficia la competencia de los intermediarios a usted como consumidor?
Uno de los beneficios clave de la competencia bancaria, coinciden expertos, es que las entida-des se vean orilladas a proporcionarle informa-ción clara y, sobre todo, transparente.
“Si nosotros tenemos información, como en qué sentido es mejor un banco en comisiones, tasas o servicios, hace que el resto de los inter-mediarios financieros lo intenten imitar, lo que fomenta automáticamente la competencia, por-que las instituciones se van a estar peleando a los usuarios”, destacó Abraham Vergara, académi-co del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana.
Por ello, expertos recomiendan que utilice las herramientas que comisiones como la Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), del Sistema de Ahorro para el Retiro o la de Seguros y Fianzas, entre otras, ponen a su disposición para compa-rar tasas de interés, comisiones y rendimientos.
El Buró de Entidades Financieras, sitio emiti-do por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financie-ros y que cuenta con una app, resulta una herra-mienta indispensable para comparar, al ofrecer información de la banca, como número de re-clamaciones de los usuarios, cláusulas abusivas y sanciones administrativas a las que han sido sometidas.
COFECE TOMA ACCIONES
Ante este panorama, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en su estu-dio de competencia en el sector, emite una serie de recomendaciones a la banca en cuanto a di-chos problemas.
