Idiomas
Páginas
Jurídico
miércoles 26 de noviembre del 2014 Nº 6635 eleconomista.mx
uNa seleccióN de
Fernando Francoel economista
La precarización salarial y el incremento en precios impactaron de manera negativa en 24 de las 32 entidades del país, en las cuales au-mentó el porcentaje de personas que no pudo adquirir una canasta ali-mentaria con su ingreso laboral en los primeros nueve meses del año.
De acuerdo con el consejo na-cional de evaluación de la políti-ca de Desarrollo Social (coneval), la canasta alimentaria urbana tu-vo un costo mensual en octubre de 1,264.92 pesos, mientras que la rural, 887.26 pesos.
De las 24 entidades, Sinaloa re-gistró el mayor incremento en el Ín-dice de Tendencia Laboral de la po-breza (iTLp) de diciembre del 2013
sinaloa registró el mayor aumento
Precarización salarial creció en 24 estados
Mecánica P E R U J O
La pobreza laboral suma cuatro años de avance. foto archivo ee
al tercer trimestre de este año, con 20.9%, cuando a nivel nacional ape-nas aumentó 3.2 por ciento.
Según el instituto nacional de estadística y Geografía (inegi), en el tercer trimestre del 2014, en Sinaloa se contabilizaron 1 millón 222,939 personas ocupadas, de éstas, 56% gana hasta tres salarios mínimos, esto es hasta 6,056 pesos mensuales.
con hasta un salario mínimo vi-ve 10.32% de la población ocupada, mientras que hay un grupo de em-pleados, que representa 5%, que no percibe ingresos.
EL rEsto dEL grupo
a Sinaloa le siguen Tamaulipas, con un incremento de 12%; nayarit, con 10.94%; Veracruz, con 10.89%, campeche, con 8.84%, y el DF, con 8.53 por ciento.
En octubre, el costo mensual de la canasta alimentaria urbana fue de 1,264.92 pesos y la rural de 887.26 pesos, indica el Coneval
También destacan otros esta-dos como Querétaro, Baja califor-nia Sur, Guanajuato, zacatecas y aguascalientes.
el iTLp muestra la tendencia del porcentaje de personas que no pue-de comprar una canasta alimentaria con su poder adquisitivo salarial; sin embargo, no detalla el número ab-soluto de personas que están bajo es-ta condición.
probLEma EstructuraL
en opinión de Jesús Sánchez arci-niega, investigador de la UnaM, la precarización salarial es uno de los problemas que más laceran el creci-miento económico del país, debido a que limita la expansión del mercado interno, que debería ser el motor de toda economía.
“estado de Derecho, clave en reformas”
Yolanda Moralesel economista
eL cUMpLiMienTo de la ley y el respeto al estado de Derecho son fundamentales para que las reformas impresionantes que se han aprobado en México comiencen a tener impac-to en la economía , advirtió Álvaro pereira, jefe de estudios del país para la organización para la cooperación y el Desarrollo económicos (ocDe).
al presentar su informe semes-tral de perspectivas económicas 2014, refieren que México es el ejem-plo a seguir en la organización, por haber logrado las reformas cons-titucionales, particularmente en
sectores como el energético y de telecomunicaciones.
Sin embargo, consideran que en la medida que se resuelva el respe-to al estado de Derecho en el país, se podría garantizar un efecto multipli-cador de inversiones productivas en México.
rEVIsa proNÓstIcos
La ocDe bajó su proyección de cre-cimiento para México de 3.4%, que tenía en mayo, a 2.6%, provoca-do por el efecto negativo que tuvo el sector de la construcción y el mal arranque del año, vinculado con el deterioro de estados Unidos.
OCDE estima que el PIB de México será de 2.6%
Evalúe y elija lo que más le convenga a su cartera
Competencia bancaria, un beneficio
De acuerdo con expertos, el secreto está en comparar. foto: especial
una selección de
signos vitales
Alberto Aguirre [email protected]
El ajuste inminente
C onstructor involucrado en ONG que pugnan por resolver la inseguri-dad en Cuernava, Jorge Messeguer
Guillén, decidió separarse de las activida-des empresariales y emprender una carre-ra política que lo llevó -en el tramo de una década- al Congreso de Morelos, a la di-rigencia estatal del Partido de la Revolu-ción Democrática (PRD) y finalmente, a la secretaría general del gobierno de Graco Ramírez.
Justo cuando cumplió dos años en el car-go -el pasado 29 de septiembre- deci-dió presentar su renuncia, con carácter de irrevocable, al gabinete estatal. Por razo-nes personales y profesionales (la candida-tura de la izquierda al gobierno de la capital morelense, que se renueva el próximo año) y con el aval de su jefe y amigo. Sin desave-nencias o conflictos.
Messeguer Guillén y Graco Ramírez se contaban entre los principales promoto-res de la “reestructuración del Estado de Derecho” que esta misma semana corregi-rá la “debilidad mayor” en el ámbito de la persecución del delito: una reforma consti-tucional para establecer el mecanismo que formalice la instauración de un mando uni-ficado para las corporaciones de seguridad pública, municipales y estatales. La policía nacional, en ciernes.
El mando único policiaco, en la Carta Magna. Y antes, la instalación de una “co-misión de Estado”, para enfrentar la cri-sis de inseguridad que actualmente enfren-ta el gobierno federal. Este organismo -en el que tendrían presencia representantes de los tres poderes de la Unión, así de la socie-dad civil- trabajaría en la iniciativa de re-forma, que vendría acompañada por un pa-quete de cambios, para endurecer al Código Penal.
Esta versión 2.0 del pacto por la seguri-dad propuesto hace dos semanas por el Eje-cutivo federal vendrá después de la autono-mía constitucional que está por resolverse en el Congreso de la Unión, para propiciar mayor objetividad en la medición de la po-breza y en la evaluación de los programas sociales. Y deberá complementar a otro de los capítulos en ciernes de la reforma po-lítica: la instauración de la nueva Fiscalía General de la República, que dejará la pro-curación de justicia en manos de un órga-no constitucional autónomo, cuyo titular deberá ser electo por las dos terceras par-tes del Senado, a propuesta del Ejecutivo federal.
Miguel Ángel Osorio Chong anticipó que el Ejecutivo federal corregirá “lo que no ha funcionado y se tiene que renovar”.
¿Ajuste en el gabinete o el gatopardismo oficial? Los cambios legales son inminen-tes, según confirmaron legisladores federa-
les que han tenido contacto con funciona-rios federales en los últimos días y quienes descartan que esta semana ocurra un éxo-do de servidores públicos, que se espera en vísperas del arranque de las campañas del 2015.
Y es que los servidores públicos peñis-tas tienen un colchón de dos semanas, an-tes de proceder a tramitar sus renuncias. Y conforme se extingue el mes, también se apagan las posibilidades de que Clau-dia Ruiz Massieu e Ildefonso Guajardo sal-gan del equipo peñista para competir por las gubernaturas de Guerrero y Nuevo León, respectivamente.
De las nueve gubernaturas que estarán en disputa el próximo 7 de junio, sólo el co-limense Ignacio Peralta, subsecretario de Telecomunicaciones, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien es originario de San Luis Potosí, estarían cerca de la nominación.
Tras la junta del pasado viernes, parece-ría el tiempo de la extinción de la Procura-duría General de la República y la Secreta-ría de la Función Pública, de confirmarse las versiones que circulaban insistente-mente a finales de la semana pasada. ¿Y las otras áreas de la administración públi-ca? La cúpula panista intuye que ese ajus-te resultará determinante en la definición de su propuesta sobre instaurar un siste-ma nacional anticorrupción. “Que no pon-gan gente a modo”, insisten. Y sobre to-do, que el nuevo fiscal general no asuma las tareas de combate al cohecho, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses entre los funcionarios peñistas.
¿Quiénes se tendrían que ir? Nadie qui-siera figurar en la lista de indeseables, pe-ro la mitad del gabinete ha tenido un des-empeño deficiente. Entre los más criticados están Mercedes Juan, Gerardo Ruiz Esparza y Enrique Martínez y Martínez.
E F E C T O S S E C U N DA R I O SREQUISA. Tras de un extenuante litigio so-bre la concesión otorgada por el gobierno de Panamá para construir y operar la cen-tral hidroeléctrica Bajo de Mina, un juez de aquella nación centroamericana decre-tó el embargo de las propiedades de Car-los Slim Helú en aquellas latitudes y que incluyen -de acuerdo con versiones de la prensa local- seis fincas en Chiquirí y dos en la capital panameña, además de un departamento. El empresario mexicano llevó capitales a aquella nación cuando su amigo Miguel To-rrijos estuvo al frente del Ejecutivo federal. El gobierno panameño rechazó una “conci-liación amistosa” propuesta por Transglo-bal Green Energy, quien reclamaba la con-cesión original.
Juan Tolentino MoralesEl EConoMISTa
EN EL país existen 45 entidades financieras del sector bancario activas, lo que hablaría de varias opciones en el mercado para los usuarios; sin embargo, seis bancos concentran 80% del total de activos en el país, lo que complica la competi-tividad en el sector. Con este panorama, ¿cómo le beneficia la competencia de los intermediarios a usted como consumidor?
Uno de los beneficios clave de la competencia bancaria, coinciden expertos, es que las entida-des se vean orilladas a proporcionarle informa-ción clara y, sobre todo, transparente.
“Si nosotros tenemos información, como en qué sentido es mejor un banco en comisiones, tasas o servicios, hace que el resto de los inter-mediarios financieros lo intenten imitar, lo que fomenta automáticamente la competencia, por-que las instituciones se van a estar peleando a los usuarios”, destacó Abraham Vergara, académi-co del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana.
Por ello, expertos recomiendan que utilice las herramientas que comisiones como la Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), del Sistema de Ahorro para el Retiro o la de Seguros y Fianzas, entre otras, ponen a su disposición para compa-rar tasas de interés, comisiones y rendimientos.
El Buró de Entidades Financieras, sitio emiti-do por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financie-ros y que cuenta con una app, resulta una herra-mienta indispensable para comparar, al ofrecer información de la banca, como número de re-clamaciones de los usuarios, cláusulas abusivas y sanciones administrativas a las que han sido sometidas.
COFECE TOMA ACCIONES
Ante este panorama, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en su estu-dio de competencia en el sector, emite una serie de recomendaciones a la banca en cuanto a di-chos problemas.
Top Related