El Desplazamiento Forzado Final wepa.

7/25/2019 El Desplazamiento Forzado Final wepa.

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EL DESPLAZAMIENTO FORZADOEN COLOMBIA: 10 AOS DE

LA SENTENCIA T-025 DE 2004Ponencias ganadoras del IV Concurso Nacional de Semilleros de Investigacin

Coleccin Textos de JurisprudenciaSerie Semilleros

Mara Luca Torres VillarrealPaola Marcela Iregui Parra

Editoras acadmicas


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El desplazamiento forzado

en Colombia: 10 aos de la SentenciaT-025 de 2004


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El desplazamiento forzado en Colombia: 10 aos de la sentencia T-025 de 2004: ponenciasganadoras del IV Concurso Nacional de Semilleros de Investigacin / editoras acadmicasMara Luca Torres Villarreal, Paola Marcela Iregui Parra. Bogot: Editorial Universidaddel Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2015.

xiii, 91 pginas. (Coleccin Textos de Jurisprudencia, Serie Semilleros)ISBN: 978-958-738-558-8 (rstica)ISBN: 978-958-738-559-5 (digital)

Conflicto armado Colombia / Colombia Poltica y gobierno / Paz / Violencia /Ejrcito Nacional de Colombia / Reparacin (Derecho penal) / Justicia transicional /Derechos humanos / I. Ttulo / II. Serie.

303.6 SCDD 20

Catalogacin en la fuente Universidad del Rosario. Bibliotecaamv Diciembre 9 de 2014

Hecho el depsito legal que marca el Decreto 460 de 1995


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El desplazamiento forzadoen Colombia: 10 aos de laSentencia T-025 de 2004

Mara Luca Torres VillarrealPaola Marcela Iregui Parra

Editoras acadmicas


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Coleccin Textos de JurisprudenciaSerie Semilleros

2015 Editorial Universidad del Rosario 2015 Universidad del Rosario,

Facultad de Jurisprudencia 2015 Fundacin Hanns Seidel 2015 Mara Luca Torres Villarreal,

Paola Marcela Iregui Parra

Editorial Universidad del RosarioCarrera 7 No. 12B-41, of. 501Tel: 297 02 00http://editorial.urosario.edu.co

Primera edicin: Bogot D. C.,enero de 2015

ISBN: 978-958-738-558-8 (rstica)ISBN: 978-958-738-559-5 (digital)

Coordinacin editorial:

Editorial Universidad del RosarioCorreccin de estilo: Claudia RosDiseo de cubierta y diagramacin:Precolombi EU-David ReyesImpresin: Estrategikmente Ltda.

Impreso y hecho en ColombiaPrinted and made in Colombia

Fecha de evaluacin: 24 de septiembre de 2014

Fecha de aceptacin: 03 de noviembre de 2014

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permisoprevio escrito de la Editorial Universidad del Rosario


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Contenido

Presentacin ................................................................ ix

Mara Luca Torres Villareal yPaola Marcela Iregui Parra

P P : Cumplimiento

de las condenas contra Colombia por desplazamiento

forzado interno en el Sistema Interamericano ............... 1

Johana lvarez Rincn y

Gabriel Alejandro Quintero SnchezUniversidad Catlica de Colombia

P S : La discusin

probatoria de las vctimas y la Sentencia T-025 de 2004 . 39

Mara Alejandra Lozano,Ana Sofa Payn yLuis Enrique RuizGrupo de Acciones Pblicas, Universidad del Rosario

P :

La justicia transicional de la Ley 1448 de 2011

beneficio o impunidad? ............................................... 61

Diana Judith Arenas Jimnez,Gustavo Adolfo Basto Forero,

Nathalia Andrea Marn Hernndez yLina Mara Meja TorresUniversidad Santo Toms, Sede Villavicencio

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Presentacin

Al igual que en los tres aos anteriores, la Universidad delRosario, por conducto del Observatorio Legislativo y elGrupo de Investigacin en Derechos Humanos de la Facultadde Jurisprudencia, se ha asociado con la Fundacin HannsSeidel para organizar el Concurso Nacional de Semilleros deInvestigacin, el cual tiene por objeto promover e incentivar

entre los estudiantes de diferentes reas del conocimiento, lainvestigacin enfocada hacia temticas de especial relevanciapara el pas, lo cual representa un aporte que, desde la etapa deformacin, los futuros profesionales de nuestra nacin hacenpara el anlisis y la reflexin de esos temas.

Entendiendo la importancia de que las nuevas genera-ciones de profesionales se comprometan y construyan una

visin propia y estructurada de esos temas, la cuarta versindel concurso busc hacer una reflexin, desde diversas pers-pectivas, alrededor del desplazamiento forzado en Colombiay las medidas que se han adoptado desde la declaratoria delestado de cosas inconstitucional de la Sentencia T-025 de2004, proferida por la Corte Constitucional.

Como es sabido, la sentencia mencionada evalu el es-

tado del fenmeno del desplazamiento forzado y condujoa declarar el estado de cosas inconstitucional, en razn delreconocimiento a la delicada situacin de derechos humanos

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de la poblacin desplazada. En dicho fallo, la Corte estable-ci una serie de rdenes que deban ser cumplidas por dife-

rentes instituciones, con el fin de conjurar la crisis y sentarlas bases para poner fin a las graves amenazas y violacionesde derechos humanos que estaban sucediendo respecto de lapoblacin afectada por el desplazamiento forzado, productodel conflicto armado interno. Para hacer seguimiento a estasrdenes, se cre, dentro de la Corte Constitucional, la Salade Seguimiento a la Sentencia T-025, la cual ha venido vigi-

lando el cumplimiento del fallo, a travs de la expedicin dems de 90 autos.

La coyuntura actual del pas, la existencia de una mesa denegociaciones y el posible ingreso a un periodo de transicin,sumado a los diez aos de haberse proferido el fallo nos invitana dirigir nuestra mirada sobre los ms de cinco millones1dedesplazados que existen hoy en Colombia y con ello evaluarlos aportes que desde el Estado, las organizaciones y la acade-mia se brindan para dar soluciones constructivas a la inciertasituacin de derechos que vive esta poblacin.

Precisamente, para lograr un estudio ms a fondo de lastemticas que se abordan en nuestro concurso, siempre se pla-nea la competencia en el marco de un seminario internacional

que evoque el mismo tema. Para este ao, se organiz el foroEl Desplazamiento Forzado en Colombia: Diez aos de laSentencia T-025 de 2004, en el que, desde una perspectivainternacional, nacional y acadmica, se busc establecer cules el estado actual del desplazamiento en Colombia y qu hapasado con las rdenes impartidas por la Corte Constitucio-nal. Fundamentalmente, el objetivo fue reconocer los cambios

1 Sistema de Informacin sobre Derechos Humanos y Desplazamiento.

El desplazamiento forzado en Colombia: 10 aos de la Sentencia T-025 de 2004

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que han existido en la situacin de hecho y de derecho de lapoblacin desplazada y cules son las nuevas dinmicas que

han surgido alrededor de esta problemtica y que de segurono existan cuando la Corte profiri tan importante sentencia.

Con el fin de analizar el estado del desplazamiento forza-do en Colombia, al ser una problemtica recurrente en nuestropas desde hace varios aos, las ponencias recibidas dentro dela convocatoria para el IV Concurso de Semilleros de Investi-gacin, por parte de las diferentes instituciones educativas del

pas, abordaron este importante tema. De todas las ponenciaspresentadas, fueron seleccionadas doce para participar en lafase oral que se dio cita los das 5 y 6 de agosto de 2014, enla Universidad del Rosario. Tanto la fase oral cuanto la escritacontaron con la participacin de profesores de altas calidadesprofesionales y acadmicas que en calidad de pares evalua-dores y jurados, en una y otra fase, certificaron la calidad delas ponencias presentadas y con ello los resultados obtenidos.

Este texto contiene las ponencias de los estudiantes ga-nadores del concurso, pues el objetivo es publicar los mejoresescritos del certamen, a manera de premio y de esa forma, se-guir enriqueciendo el debate acadmico con la investigacinrealizada por parte de los estudiantes en temas de actualidad

jurdica, poltica y social. Con el ejercicio pedaggico de esteconcurso, se observaron los resultados y la importancia de lainvestigacin formativa en las facultades de derecho y todaslas carreras afines, siendo el presente libro una prueba de ello.

As, esta obra se constituye en la cuarta publicacin deponencias ganadoras del concurso, bajo el sello de la Editorialde la Universidad del Rosario y gracias a la financiacin de

la Fundacin Hanns Seidel, que desde un principio crey yrespald esta iniciativa. As, continuamos con nuestro debercomo academia de incentivar el debate acadmico a partir

Presentacin

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de la investigacin realizada por parte de los estudiantes ycumplimos con nuestro objetivo de seguir construyendo la

Coleccin Semilleros de Investigacin que la Universidaddel Rosario ha diseado para estos fines y que es distribuidaa las diferentes bibliotecas nacionales, departamentales y uni-versitarias, buscando llegar al mayor nmero de destinatariosposibles para que puedan compartir las reflexiones que hacennuestros estudiantes, lo cual coincide con los objetivos misio-nales de la Fundacin Hanns Seidel.

En el presente texto, se publican las ponencias de losestudiantes que ocuparon los tres primeros puestos dentrodel IV Concurso Nacional de Semilleros de Investigacin,evidenciando con ello un importante esfuerzo en el procesode investigacin formativa que cada vez interesa a ms es-tudiantes de diferentes reas del conocimiento y de diversasregiones de nuestro pas. Los resultados fueron:

1. Primer Puesto: Cumplimiento de las condenas contraColombia por desplazamiento forzado interno en elSistema Interamericano

Autor: Johana lvarez Rincn y Gabriel AlejandroQuintero Snchez

Universidad Catlica de Colombia, Bogot2. Segundo Puesto: La discusin probatoria de las vcti-mas y la Sentencia T-025 de 2004

Autores: Mara Alejandra Lozano, Ana Sofa Payny Luis Enrique Ruiz.

Grupo de Acciones Pblicas, Universidad del Rosario,Bogot

3. Tercer Puesto: Justicia transicional de la Ley 1448 de2011 beneficio o impunidad?


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Autor: Diana Judith Arenas Jimnez, Gustavo AdolfoBasto Forero, Nathalia Andrea Marn Hernndez y

Lina Mara Meja Torres. Universidad Santo Toms, sede Villavicencio

Queremos felicitar a los estudiantes ganadores de lacompetencia por su impecable trabajo y los invitamos a se-guir participando en este tipo de iniciativas que fortalecensu formacin y les permite adquirir habilidades para el ejer-

cicio de su profesin, en el rea del conocimiento en la cualse desempeen. Reiteramos nuestro agradecimiento porla participacin y los invitamos para que nos acompaenen la versin del concurso que se realizar el prximo ao.De igual forma, agradecemos a la Fundacin Hanns Seidelsu invaluable colaboracin y el apoyo que se ha dado a esteproyecto que conlleva el fortalecimiento de la democracia y suspilares, desde la formacin de nuestros futuros profesionales.

Mara Luca Torres Villarreal Paola Marcela Iregui ParraProfesora de carrera acadmica Profesora de carrera acadmica

Facultad de Jurisprudencia Facultad de Jurisprudencia

Presentacin

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Cumplimiento de las condenas contraColombia por desplazamiento forzadointerno en el Sistema Interamericano*

Johana lvarez Rincn**Gabriel Alejandro Quintero Snchez***

* Ponencia desarrollada en el proyecto de investigacin actualmente en eje-cucin Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de DerechosHumanos: Revisin del caso Colombiano en Perspectiva Comparada, realizadaconjuntamente por Johana lvarez Rincn, auxiliar de Investigacin, y GabrielAlejandro Quintero Snchez, miembros del Semillero de Investigacin Observa-torio en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, y bajo la direccin de la lderde Investigacin, la profesora Tania Giovanna Vivas Barrera, vinculados todos alGrupo de Investigaciones Personas, Instituciones y Exigencias de Justicia, adscritoal Centro de Investigaciones Sociojurdicas de la Facultad de Derecho de laUniversidad Catlica de Colombia.

** Estudiante de noveno semestre de Derecho de la Universidad Catlica deColombia. Auxiliar de Investigacin y miembro del Semillero de InvestigacinObservatorio en Justicia Constitucional y Derechos Humanos del Grupo de Inves-tigaciones Personas, Instituciones y Exigencias de Justicia, adscrito al Centro deInvestigaciones Sociojurdicas de la Facultad de Derecho de la UniversidadCatlica de Colombia. Correo electrnico: ajalvarez09 @ucatolica.edu.co

*** Estudiante de sptimo semestre de Derecho de la Universidad Catlicade Colombia. Auxiliar de Investigacin y miembro del Semillero de Investigacin

Observatorio en Justicia Constitucional y Derechos Humanos del Grupo de Inves-tigaciones Personas, Instituciones y Exigencias de Justicia, adscrito al Centro deInvestigaciones Sociojurdicas de la Facultad de Derecho de la UniversidadCatlica de Colombia. Correo electrnico: [email protected]

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ResumenLa poblacin colombiana ha sido histricamente vctima de

desplazamiento forzado interno, flagelo calificado hoy en dacomo delito de lesa humanidad. Los niveles de desplazamien-to forzado ubican a Colombia encabezando los listados delas principales organizaciones en llevar a cabo el monitoreode las estadsticas de desplazamiento forzado, de pases conmayor ndice de violaciones, de all la importancia de vigilar elcomportamiento del pas. Por ello, partimos de considerar enun primer momento la informacin hoy disponible sobre laextensin geogrfica de la violacin, las causas y factores que in-fluyen en los altos niveles y las circunstancias polticas, socialesy econmicas que trae como consecuencia la presencia de estefenmeno. Concebimos adems como asunto primordial teneren cuenta los niveles de cumplimiento de las sanciones impues-

tas por el Sistema Interamericano en las sentencias que hancondenado la violacin del derecho a la libre circulacin con-sagrado en la Convencin Americana de Derechos Humanos.

Palabras clave

Corte Interamericana de Derechos Humanos, desplazamien-to forzado, cumplimiento, sentencias.

IntroduccinEl estudio del presente caso tiene dos focos de anlisis de lasituacin colombiana. La primera parte de la investigacintiene como base estructural el establecimiento de lo que consi-deramos como desplazamiento interno, adems se concentraren la posicin internacional que ha ganado el pas dentro de las

estadsticas mundiales y continentales sobre este fenmeno. Lasegunda parte de la investigacin est encaminada a analizartodas las condenas contra el Estado colombiano emanadas de

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la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los nivelesde cumplimiento de las rdenes recogidas en las sentencias.

MetodologaEl mtodo investigativo empleado en la presente ponencia esun mtodo mixto, entre una descripcin de la realidad objetode estudio, el anlisis de cifras, la situacin de desplazamien-to forzado a nivel mundial respecto del caso colombiano, lacomparacin en relacin a los ndices sobre el desplazamiento

en diferentes pases tambin en conflicto y un anlisis de casodesde la perspectiva del Sistema Interamericano de DerechosHumanos y los casos contenciosos contra Colombia en lorelacionado con vctimas de desplazamiento forzado y la res-ponsabilidad del Estado frente a las consecuencias que estapuede generar. As, se podr entonces inferir cul es el nivelde cumplimiento de las rdenes dictadas por la Corte Inte-ramericana de Derechos Humanos y cules son las garantaspara las personas vctimas de este fenmeno.

Primera parte. Colombia en las estadsticasinternacionales sobre desplazamientoforzado interno

Qu se entiende por desplazado?

Segn la Oficina para la Coordinacin de Asuntos Huma-nitarios de las Naciones Unidas (en adelante, ) pordesplazado ha de entenderse: de acuerdo con los principiosrectores de desplazamiento interno, los desplazados internos[, en adelante]1son

1 s. Internal Displacement Person, traducido al espaol, , PersonasDesplazadas Internas.

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Cumplimiento de las condenas contra Colombia por desplazamiento forzado interno


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[] personas o grupos de personas que han sido forzadasu obligadas a escapar o huir de su hogar o lugar habitual

de residencia, en particular como resultado o para evitarlos efectos de un conflicto armado, situaciones de violenciageneralizada, violaciones de derechos humanos o de cats-trofes naturales o hechos realizados por el hombre, y queno han cruzado una frontera estatal internacionalmentereconocida (Principios Rectores de los DesplazamientosInternos, Art. 2).

El conflicto armado colombiano ha representado enAmrica Latina una violencia abismal, ello se demuestra en lacantidad de personas que a la actualidad son vctimas del con-flicto armado interno y debido a circunstancias de hecho hantenido que desplazarse de lo que conocen como sus hogares.

Panorama internacional

El estudio y anlisis internacional de estadsticas de desplaza-miento interno ha sido realizado por diferentes organizacio-nes, La principal organizacin internacional que ha llevadoel seguimiento de las cifras y estadsticas2internacionales esel Observatorio de Desplazados Interno (, en adelante).3

2 El realiza una bsqueda y recopilacin de informacin de distintasfuentes, tal como son los gobiernos nacionales, de las Naciones Unidas, de organi-zaciones nacionales e internacionales no gubernamentales (), organizaciones dederechos humanos, los medios de comunicacin. Adems que esta organizacin llevaa cabo misiones sobre el terreno a un nmero de pases cada ao para corroborarinformacin o para encontrar nuevas estadsticas que an no se han encontrado.

3 El Observatorio de Desplazados Internos () es lder mundial en el se-

guimiento y anlisis de las causas, efectos y respuestas a la cuestin de los desplazadosinternos, hace parte del Consejo Noruego para los Refugiados (), organizacinno gubernamental internacional, independiente, humanitaria, sin nimo de lucro,establecida en 1964.

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El problema social pertinente al desplazamiento tieneuna connotacin a nivel mundial, debido a que se presenta

en los diferentes continentes del mundo. El elaborasu estudio en las siguientes locaciones geogrficas: Amrica,frica Subsahariana, en el Sur y Sudeste de Asia, en MedioOriente, frica del Norte, la zona del Cucaso en Europa4yAsia Central.

El continente africano es el continente que alberga lamayor cantidad de desplazados alrededor del mundo con

10,4 millones de desplazados internos, comprendiendo casiun tercio del total mundial. En el frica Subsahariana lospases que presentan mayores ndices de personas desplaza-das segn los ltimos estudios del son Repblica De-mocrtica del Congo con 2634.872, Sudn con 2426700,Somalia con 1100.000 y Sudn del Sur con 956.200 , loscuales son los casos ms dramticos. Los menos dramticosson Eritrea con 10.000, Liberia con 23.000, Togo con 1.500y Nger con 11.000 . Cabe resaltar que hay pases en loscuales no se tienen estudios recientes y ello dificulta establecercifras actualizadas de este fenmeno; otros se encuentra enla posicin en la cual ha podido establecerse una cifra comotal, como se presenta en el caso de Nigeria y Zimbawe. En el

frica del Norte, Argelia tiene cifras indeterminadas y Arge-lia contempla una cifra aproximada de 59.000 . La mayorade los pases en el continente africano ostenta una cifra entre20.000 y 500.000 (, 2013).

La situacin en el Medio Oriente y en el sudeste de Asiase ha propagado a pases como Iraq que sostiene una cifra de2100.000, Siria con 6500.000 y Pakistn con 747.000 .

4 Es una regin situada entre Europa del Este y Asia Occidental, entre elMar Negro y el Mar Caspio.

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El contexto americano se ve reflejado por pases comoMxico, Honduras, Per y Colombia, este ltimo ocupaba en

2013 el primer puesto con el mayor nmero de desplazadosinternos del mundo con un entre 4900.000 y 5500.000, cifraque al da de hoy se mantiene segn un ltimo informe del (, 2013).

Para el caso de Colombia, la situacin es alarmante debidoa que en el presente somos el segundo pas con mayor canti-dad de desplazados internos como consecuencia del conflicto

armado y la violencia generalizada y sostenemos el primerpuesto de desplazados internos en el continente americanosegn el . Esto lleva a realizarse una serie de preguntas:cules son las circunstancias del conflicto que han conducidoal pas a ser de los principales pases con mayor nmero dedesplazados internos?, qu polticas y normatividad se hanhecho para buscar una solucin al desplazamiento interno? loque conlleva a desarrollar la ndole de la problemtica socialen Colombia y por ende a establecer cules son los factoresque determinan el conflicto.

Cules son los factores que determinan

el desplazamiento en Colombia?

El conflicto armado interno que se presenta en Colombia hatenido distintas dimensiones sociales, econmicas y culturales,presentndose as, como consecuencia de ello, una violacinde los derechos humanos permanentemente.

Aquellos factores que determinaron el xodo de la po-blacin civil se deben a la estrategia de expansin territorialde los grupos paramilitares, las deficiencias en los procesos

de desmovilizacin (Ley 975 de 2005), el reagrupamiento yrearme de algunos hombres de desmovilizados, la ofensivamilitar de recuperacin territorial del Estado en cumplimiento

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de la poltica de seguridad democrtica, la siembra masiva eindiscriminada de minas antipersonales por parte de las

(Anlisis extrados del Centro Nacional de Memoria Hist-rica , 2013, p. 71).

Del progreso de los factores sealados se desembocanalgunas consecuencias desarrolladas con el transcurso de losaos, tales como son los rezagos propiciados por el narcotr-fico, los intereses provenientes de sectores empresariales y laconsecuencia ambiental proveniente del mal manejo de las

tierras por parte de grupos al margen de la ley, de empresas yde la minera tanto legal como ilegal.5

Margen del desplazamiento histrico en ColombiaExisten diversas organizaciones gubernamentales y no gu-bernamentales que se han encargado de llevar la tarea de larecopilacin de informacin para plasmarla en diferentesestadsticas. El Registro nico de Vctimas (en adelante,) de la Unidad para la Atencin y Reparacin Integral deVctimas y la Consultora para los Derechos Humanos y elDesplazamiento (, en adelante) han llevado el procesopara determinar las cifras pertinentes.

El proceso para determinar las cifras ha tenido distintas

divergencias y diferentes problemticas, dado que las cifrasque emite el , el y distintas organizaciones no

5 En este punto cabe resaltar el estudio de Oscar A. Alfonso (2011) en el cualseala que una de las circunstancias de agravacin del desplazamiento se desprendedel conflicto y la connotacin ambiental que desarrollan algunos terrenos en el pas,expresa : en primer lugar, que la tierra de mejor calidad se encuentra controlada

por poderes que no le es factible enfrentar o quienes sostienen vnculos indisolublesy, en segundo lugar, que muy probablemente esa tierra haya entrado en una fasede degradacin que afecte su fertilidad por la extralimitacin de su explotacin, lamecanizacin, y el uso indiscriminado de fertilizantes que agot el humus.

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coinciden entre s, pero las diversas fuentes de informacins convergen en que el desplazamiento forzado es una moda-

lidad de violencia que ha tenido su incremento o escalada apartir del ao 1996.

El reconocimiento por parte del Estado ha sido uno delos puntos que han retrasado el conflicto, ello se evidencia enque hasta el ao 1997 el gobierno nacional emiti la Ley 387,con la cual se dio inicio a un registro oficial de datos (,2013, p. 71), y estuvo parcialmente reglamentada hasta el ao

2000 con el Decreto 2569.La gravedad e incidencia del conflicto han tenido tambin

consecuencias econmicas y polticas, al punto de que en elvivir diario de la agenda pblica este sea uno de los puntosimportantes. Siguiendo el estudio de Brenda Prez, a partirde la Ley 387 se comenz a analizar la gravedad del despla-zamiento con lo cual desde el ao 1997 se crearon organiza-ciones e instituciones de gran importancia para la observacindel conflicto como el Sistema Nacional de Atencin Integrala la Poblacin Desplazada por la Violencia, el Plan Nacionalpara la Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por laViolencia y el Programa Nacional de Atencin Integral a laPoblacin Desplazada por la violencia (Prez, 2014, p. 10).

La discrepancia de las cifras se logra evidenciar por la di-ferencia perceptible en la cantidad de desplazados internos,esta es presentada por las distintas fuentes y las diferentesmetodologas empleadas para realizar los estudios de mane-ra diversa: el report 4774.046 desplazados internos yel estima 5700.000 desplazados internos, del cualestima que para el periodo de 1985-1995 hubo un total de

819.510 vctimas de este delito de lesa humanidad. Se hacenfasis en el periodo 1985-1995 ya que el se cre en1992 y sus trabajos comenzaron a emplearse a partir de 1995,

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que para sus anlisis implementa el Sistema de Informacinsobre Desplazamiento Forzado y derechos Humanos 6

(Pieros, 2012, p. 173)Tal vez el caso ms representativo del problema para

diferenciar las cifras es el hecho que se presenta al decir quetres de cada diez hogares no reciben ayuda del Estado dadoque no se encuentran registrados o estn tramitando dichoregistro (Pieros, 2012, p. 10). El registro que mantiene el no tiene cobertura general y universal del total de las

vctimas del conflicto, lo que como consecuencia lleva a quese evidencie la falta de cubrimiento en que incurre el gobiernopara resolver este fenmeno social. Desde 1997 se han em-prendido esfuerzos para encontrar una solucin frente a estaproblemtica, pero, siguiendo a la Corte Constitucional enSentencia T025/04 (M.P.: M. J. Cepeda), la falta de accinha constituido un problema grave dado que el registro de lasvctimas ha sido tardo, lo que se evidencia en

[] los niveles de cobertura de todos los componentes dela poltica son insuficientes. La atencin humanitaria deemergencia, es el componente que mejores resultados haregistrado entre 1998 y 2002 tuvo una cobertura del 43%

de hogares desplazados registrados por la Red de Solida-ridad Social, del 25% de familias reportadas por ,y ha cumplido con el 36% del nivel establecido como metaen el Plan Estratgico. Al analizar nicamente los casosde desplazamiento individual, se observa que los datos sonpeores. En este caso, la cobertura es del 33% de los despla-

6 El cual es un instrumento de estimacin y caracterizacin socio-demo-grfica de la poblacin desplazada que opera desde 1995 bajo la responsabilidad de.

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zados registrados por la Red de Solidaridad Social, y del15.32% de los reconocidos por (2004).

Distribucin del desplazamiento por regiones en Colombia

El conflicto armado en Colombia ha tenido y mantiene di-ferentes actores en el transcurso de su historia y estos hanvenido cambiando en las diferentes dcadas, como: gruposguerrilleros, grupos paramilitares, la fuerza pblica, grupos noreconocidos al margen de la ley, entre otros, a los cuales se les

atribuyen diferentes delitos de lesa humanidad, como lo es eldesplazamiento forzoso. Esta prctica tambin ha tenido di-ferentes actores que la propagan de manera continua, sistem-tica y selectiva. Los grupos armados (combatientes) a los quese les atribuye esta prctica de manera continua, permanente ycomo medio para imponer su poder son los grupos guerrillerosy las bandas organizadas que se originaron despus del procesode desmovilizacin de los grupos paramilitares. Los primerosrecurriendo a desplazamientos forzados de manera selectivay los segundos, a desplazamiento forzados de manera masiva.

El pas y en general la zonas rurales del pas han eviden-ciado una prctica conocida como tierra arrasada la cualconsiste en el ejercicio de la violencia que no solo aniquila

a las personas, sino que destruye el entorno material y sim-blico de las vctimas. De esta manera el territorio se vuelveinhabitable por la propagacin de las huellas de terror, lo quefuerza al xodo de la poblacin (, 2013, p. 73). Prcticaque como consecuencia trae el abandono parcial o total dela poblacin, permitiendo acoger estos lugares como puntosestratgicos para los diferentes actores de conflicto. El des-

plazamiento forzado recoge un total de 5700.000 vctimasprovenientes de lugares como Santa Marta, Turbo, Apartad,El Carmen del Bolvar, Medelln, Riosucio, Buenaventura,

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San Jos del Guaviare, Tumaco, Puerto Ass, Tame, Tierralta,Tib y Valledupar.

El establece que del ao 1996 al 2002 hubo un apro-ximado de 2014.893 desplazados, y de igual manera se pre-sent una suma anual entre el ao 2000 al 2003 que superlas 300.000 personas. Para la fecha, la cifra aproximada es de77.000 (, 2014).

Para mayo de 2104 los departamentos ms afectados conla recepcin de desplazados son Bogot, con 14.630; Valle del

Cauca con 13.764; Antioquia con 10.671; Nario con 9.029y Cauca con 6.550 (, 2014); lo cual reivindica la eventualpreferencia de los desplazados internos a recurrir a trasladarsea las ciudades principales del pas (Alfonso, 2011, p. 4).7

Son 1.116 municipios que registraron la expulsin de lapoblacin como consecuencia del conflicto armado, lo querepresenta un 97% del territorio nacional, a pesar de ello, elfenmeno no afect por igual los distintos territorios ya que139 municipios registraron ms de 10.000 desplazados entre1996 y 2012, lo que equivale al 74% de la poblacin despla-zada, otros 57 municipios registraron ms de 20.000, otros26 municipios mostraron ms de 30.000, 12 municipios msreportaron ms de 40.000 y nueve municipios ms con 50.000

desplazados (, 2013, p. 76).

Proyeccin de la situacin actual

Desde el ao 1996 hasta el 2002 el desplazamiento en Colom-bia tuvo un incremento de sus cifras lo que ha llevado a que en

7 Al finalizar 2009 se registraron 3303.970 personas desplazadas por los

violentos a cambiar de lugar de residencia, de los cuales el 29% de los desplazadoshaba migrado dentro del mismo municipio, mientras que el 71% se dirigi a lugaresms lejanos del lugar de origen de sus municipios, especficamente hacia la capital.Esta eventual preferencia se reivindica con las cifras actuales del .

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2004 la Corte Constitucional por medio de la ya mencionadaSentencia T 025-04 haya referido a la existencia de un estado

de cosas inconstitucional. Durante esta fase se presentarondos tipos de desplazamiento, el primero que es el desplaza-miento forzado individual, que comprendi el 73% del total dedesplazados, y el denominado desplazamiento forzado masivo,que abarc el 27% restante (, 2013, p. 74).

Sin embargo, alrededor del 60% de los desplazados inter-nos provienen de las reas rurales del pas y en muchos casos

estas personas no han tenido la oportunidad de haber estadoen otras ciudades del pas. Algunos estudios sobre el despla-zamiento interno en Colombia utilizan el sistema conocidocomo ndice de calidad de vida, el cual se emplea para evaluaraquellas condiciones de vida de la poblacin afectada y lo com-paran con el estndar mnimo de vida constitucional (Pieros,2012, p. 177). En este caso se ven por debajo del promedio.

Una de las caractersticas que desarrolla esta modalidad deviolencia radica en que la poblacin ms afectada resultan serlos nios, las mujeres, los adultos mayores de edad, los pueblosindgenas y afro colombianos (, 1999). Aqu se cons-tata que el promedio de edad de las personas desplazadas queparten de sus lugares de origen de manera individual es de un

promedio de 23 aos (Carrillo, 2009, p. 530).Las estadsticas no producen una grata sensacin debidoa ciertos factores como la cobertura de la educacin, la saludy la falta de trabajo (Pieros, 2012, p. 194).8Gracias a algunosestudios se observa que

8 Por otro lado y de conformidad con lo expresado por la Corte Constitucio-nal, la cobertura se ha visto estancada, pero tambin su sostenibilidad en el tiempocomo lo seala Pieros Mendoza en su estudio, en el cual seala: hay retroceso enel cumplimiento en alguno de los derechos analizados al menos en el 20% de los

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[] las personas provenientes del conflicto armado, pre-sentan un dficit educativo y acadmico, dado que las es-

tadsticas propuestas informan lo siguiente: el 11% de losdesplazados no tienen educacin, el 2% tienen estudiostcnicos o profesionales (o al menos cursado un ao), el40% no complet su primaria bsica de educacin, el 25%sostiene estudios de bachillerato (al menos un ao), y el22% restante completo la primaria bsica de educacin.

Estas estadsticas fueron realizadas a la poblacin vulnera-ble en calidad de mayora de edad (Carrillo, 2009, p. 535). Laeducacin constituye un aspecto determinante para la obten-cin de un trabajo digno y con una justa remuneracin, que,de tener ms cobertura, se propiciaran mejores condicionesde vida para los desplazados por el conflicto.

Frente a la pobreza en cabeza de los desplazados, los estu-dios arrojan como resultado que la poblacin desplazada se en-cuentra en situacin de pobreza y en algunos casos de pobrezaextrema. Segn las diferentes fuentes, la capital ha tenido granacogida por parte de los desplazados, pero tambin es evidenteel crecimiento de la pobreza y de la falta de empleo para lasvctimas del conflicto. Existe un empeoramieno en los hoga-

res de las familias desplazadas, ello en cuanto a que el 83%de los desplazados estara en condicin de indigencia. Segnel mismo estudio el 10% de los hogares desplazados deben

hogares; el mayor retroceso se presenta en los derechos a la salud (39%), la alimen-tacin (38%) y la generacin de ingresos (36%), lo que confirma que son los menossostenibles en la poltica de atencin a los desplazados, como objetivos de la Ley 387

de 1997 se encuentra lo que es la asistencia humanitaria y la estabilidad econmicade los desplazados. El objeto de la ley no ha tenido un desarrollo ptimo frente aestas situaciones ya que no representa una garanta a la dignidad y de los derechosfundamentales a este grupo afectado de personas.

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enviar a sus nios y adolescentes (7 aos a 17 aos) a trabajar,y que por lo menos en el 17% de las familias desplazadas se

encontraba una mujer en embarazo (Pieros, 2012, p. 194).Por otra parte se encuentran las grandes falencias que hantenido las diferentes polticas implementadas por los distintosperiodos presidenciales, no solamente frente a la cobertura delos planes de gobierno, sino de su inclusin social, los ndicesde proteccin y cobertura de derechos fundamentales comoeducacin y salud, entre otros, no han tenido una satisfaccin

integral a esta poblacin afectada, especficamente a la mujer,la niez y la adolescencia, y esto se presenta en cuanto a lasnotables diferencias que mantenan los distintos registros, ylas vctimas que se conocan.

Es pertinente traer a colacin las cifras dadas en cuanto aquienes son cabeza de familia: siguiendo el anlisis de InternalDisplacement in Colombia: Humanitarian, Economic andSocial Consequence in Urban Settings and Current Challen-ges, las cifras de quienes son cabezas de familia se distribuyende la siguiente manera: el 51,2% son hombres cabeza de fami-lia, el 39,2% son personas que se sostienen individualmente yel 9,6% son mujeres cabeza de familia (Carrillo, 2009, p. 539).

Conclusiones parcialesPodramos concluir de esta parte de la investigacin cul es laposicin que mantiene Colombia en la actualidad, de la manode los ndices internacionales sobre desplazamiento interno,que no es alentadora visto desde una perspectiva en relacincon otros Estados. Acorde con las cifras del , entre lospases ms afectados por el desplazamiento en Latinoamrica

encontramos a Mxico y Guatemala, ello se debe a distintosfactores, sin embargo las cifras de estos dos pases no superanel 10% que tiene Colombia. Entre los factores ms relevantes

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que ha tenido el pas es el hecho de que un 27% de los despla-zamientos internos en Colombia (, 2013) se haya dado

de forma masiva; y por otro lado, est la situacin de que aqulas vctimas del desplazamiento forzoso prefieran desplazarsea las ciudades principales del pas. Estas dos situaciones hacenla problemtica del desplazamiento uno de los problemas msperceptibles en la sociedad y en los medios de comunicacin.Todo lo contrario a lo que sucede en los dems pases delcontinente americano, dado que, si se presenta el desplaza-

miento, este se da en formas y cantidades diferentes a las quese presentan en Colombia.9

Esta situacin debe convertirse en uno de los puntos msimportantes a tratar de ahora en adelante, el hecho de queColombia ostente una cifra de 4900.000 a 5500.000 millo-nes de personas vctimas por esta modalidad empleada por losgrupos armados da a entender la magnitud del conflicto y lafalta de intervencin estatal en la que haya podido incurrir elEstado desde 1985 a la actualidad.

Segunda parte. Condenas de la CorteInteramericana de Derechos Humanos pordesplazamiento forzado en Colombia

Habiendo ya definido desplazamiento forzado y con ello laposicin de Colombia a nivel internacional en relacin a lascifras de desplazamiento mundial, se proceder a hacer un

9 Basta con observar algunos casos como los sucesos presentados en SanCarlos o El Salado, Bolvar, en los cuales se presentaron desplazamientos forzososa travs del mencionado desplazamiento masivo; el Grupo de Memoria Histrica

registro un abandono parcial o total de 54 de 74 veredas en el Municipio de SanCarlos y, en el caso de El Salado, un abandono durante dos aos por parte de sushabitantes (cnmh, 2013). Estos casos demuestran la diferencia abismal que existecon otros pases, y ms con los pases latinoamericanos.

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anlisis sobre condenas de la Corte Interamericana de De-rechos Humanos (en adelante, Corte ) contra Colombia,

basndonos en un mtodo mixto entre anlisis de caso y unametodologa descriptiva sobre la circunstancia en concreto.

Lo importante aqu es medir el nivel de cumplimientode Colombia respecto de las rdenes dictadas por la Corte en relacin con los casos que han sido objeto de investi-gacin, para ello al final del anlisis descriptivo realizaremosuna tabulacin de la informacin obtenida presentando as

los resultados sobre el cumplimiento de las rdenes dictadasa Colombia sobre desplazamiento forzado aproximadamentedesde el ao 2004.

Caso de la masacre de Mapiripn vs. Colombia

(Corte , 2005)10

En el ao de 1997 el Municipio de Mapiripn, en el Depar-tamento del Meta, fue abatido por una serie de asesinatos,torturas y masacres a lo que se le conoci como la masacrede Mapiripn, en que, de acuerdo con los relatos de las vcti-mas y los hechos aceptados por la Corte , paramilitares encolaboracin de las fuerzas militares de nuestro pas permi-tieron el acceso al municipio para proceder a asesinar a civiles

inocentes, que segn lo narrado se crea eran colaboradores dela guerrilla colombiana.11

10 Se relaciona la fecha en que tuvieron lugar los hechos de la masacre deMapiripn, aceptados por el Estado colombiano y por la Corte Interamericana deDerechos Humanos en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos HumanosMasacre de Mapiripn, con fecha 5 de septiembre de 2005.

11 Este caso fue llevado ante la Corte el 15 de septiembre de 2005 (ochoaos despus de la masacre) por las graves violaciones de derechos humanos cau-sadas en medio del conflicto armado interno en Colombia, que lamentablementean estn vigentes. Adems, es uno de los primeros casos en los cuales la Corte

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La Corte condena a Colombia por este caso en raznde que los pobladores afectados por el desplazamiento puedan

regresar regresar o retornar a sus hogares en condiciones deseguridad (Corte , Colombia, 2004),12actualmente el casoes objeto de estudio mediante Resolucin de la Corte , semantiene bajo supervisin de cumplimiento como uno de lospuntos pendientes de acatamiento.

La Corte 13basa su declaracin en lo contenido en laSentencia T-025 de 22 de enero de 2004, emitida por la Sala

Tercera de Revisin de la Corte Constitucional, as como enun informe emitido por el Ministerio de Defensa Nacional dela Repblica de Colombia y tambin en un informe de la AltaComisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-manos sobre la situacin de los derechos humanos en Colom-bia, y enfatiza que es necesario brindar una ayuda primordiala madres que son cabeza de familia y a travs de mecanismosefectivos como leyes o polticas pblicas que se implementeny generen un avance con relacin a esta situacin. As pues,en conjunto con la Sentencia T-025 de 2004 que ordena alEstado colombiano a brindar una colaboracin ntegra a laspersonas vctimas de desplazamiento forzado, la Corte basa sus condenas persiguiendo el mismo fin que es resarcir

condena por desplazamiento forzadoy sirve como base para manifestarse sobre otrasdecisiones que ha tomado respecto de este tema.

12 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Masacre deMapiripn de 5 de septiembre de 2005, p 181: El Estado deber realizar las accionesnecesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las

vctimas, as como otros ex pobladores de Mapiripn, que se hayan visto desplazados,

puedan regresar a Mapiripn, en caso de que as lo deseen, en los trminos de losprrafos 311 y 313 de [la] Sentencia. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf

13 Ibd.

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los daos causados por el conflicto armado interno y prevenirposibles situaciones de riesgo para el Estado.

Caso masacre de Pueblo Bello vs. Colombia

(Corte , 2006)14

Otro de los casos por desplazamiento forzado se dio a prin-cipios de la dcada de 1990, cuando un grupo de 60 hombrespertenecientes a grupos paramilitares llegaron al corregimien-to de Pueblo Bello con el fin de realizar un ataque. Estando

all, y con lista en mano de las personas que consideraronsospechosas, decidieron ingresar a las viviendas, desalojarlasy llevarse a los hombres que habitaban las mismas, secuestrn-dolos con la nica finalidad de acabar con sus vidas en la plazaprincipal del corregimiento, logrando de esta forma sembrarmiedo y terror entre los pobladores de la zona.15

El caso llega ante la Corte el 23 de marzo de 2004 y,en Sentencia del 31 de enero de 2006, la Corte resuelve sobreel caso materia de estudio en donde especifica que, debido aque algunos de los casos desplazamiento forzado se presentancon posterioridad a la demanda16presentada ante la Comi-sin , la Corte no conocer y no proceder a analizar lassituaciones en relacin con esas vctimas.

Debido a lo anterior, la Corte en sus Resoluciones deSupervisin de Cumplimiento, establece que ha realizado un

14 Sentencia de la Corte en relacin a la masacre de Pueblo Bello, fecha de31 de enero de 2006. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf.

15 Respecto de esta sugerencia, si revisramos los alegatos de este caso ten-

dramos por ende que revisar los alegatos de los dems casos y el tema sera mayor.16 Demanda originada en las denuncias n 10566 y 11748 recibidas en laSecretara de la Comisin el 12 de febrero de 1990 y 5 de mayo de 1997. Corte ,Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006.

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seguimiento primordialmente a la orden de brindar un trata-miento mdico adecuado, haciendo necesaria la vinculacin

a algn tipo de sistema de salud colombiano. Respecto de laOrden de Garanta de Seguridad a los habitantes para que re-gresen a Pueblo Bello, la Corte no ha emitido un seguimientoen el cual establezca la situacin actual de esas personas vc-timas de desplazamiento forzado, toda vez que ha requeridoal Estado informacin actualizada del mismo.

Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia(Corte , 2007)17

Esta situacin de conflicto armado se present en los co-rregimientos de El Aro y La Granja en el departamento deAntioquia, en donde los grupos paramilitares o autodefensas,conocidas como , con ayuda de fuerzas militares, quienesmostraron conductas omisivas, ingresaron a estos corregi-mientos, generando terror y caos, despojando a los pobladoresde sus posesiones y obligndolos a desplazarse de esta regin.

Las circunstancias de violencia generadas en las masacresde Ituango son otras de las causales por las cuales se condena alEstado colombiano en razn del desplazamiento forzado. LaCorte estableci en dicha condena18que el Estado viol

el artculo 22 de la Convencin del Derecho de Circulacin

17 Sentencia de la Corte , caso de las masacres de Ituango vs. Colombia,Sentencia de 1 de julio de 2006. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf

18 Ibd., p. 147: El Estado viol, en perjuicio de las personas desplazadas de

El Aro y La Granja, quienes se encuentran sealadas en los prrafos 225 y 235 deesta Sentencia, el derecho de circulacin y de residencia, consagrado en el artculo22 (Derecho de Circulacin y de Residencia) de la Convencin, en relacin con elartculo 1.1 (Obligacin de Respetar los Derechos).

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y Residencia luego de que la misma Corte realizara una in-terpretacin sustancial de dicha norma.

La Corte en su ltima Supervisin de Cumplimientodice que este es un punto pendiente de acatamiento, hastaque el Estado no d un Informe de Satisfaccin respecto dela Orden.19

Caso Valle Jaramillo vs. Colombia (Corte , 2008)20

El defensor de los derechos humanos Jess Mara Valle Ja-

ramillo a partir del ao 1996, desde su oficina en Medelln,comenz a realizar denuncias de actividades de grupos pa-ramilitares en la zona, particularmente en el municipio deItuango. En razn de ello el 27 de febrero de 1998 dos hom-bres ingresaron abruptamente a su oficina y le dispararon,causndole la muerte instantnea. En el lugar de los hechosse encontraban Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jara-millo Correa, quienes fueron amarrados y amenazados con ar-mas de fuego, vindose obligado este ltimo junto a su ncleofamiliar a, inicialmente, desplazarse dentro de Colombia, paraposteriormente exiliarse en el exterior, como consecuencia delas amenazas y hostigamientos recibidos, ya que era testigo

19 En cuanto a la obligacin de realizar las acciones necesarias para garantizarlas condiciones de seguridad para que los ex habitantes de los corregimientos de ElAro y La Granja que se hayan visto desplazados puedan regresar, segn sea el caso ysi as lo desearan, el Estado inform que la Alta Direccin de la Agencia Presiden-cial para la Accin Social constituy el Equipo de Derechos Humanos y paraatender a la prevencin y atencin integral del desplazamiento forzado interno y queAccin Social ha implementado el Sistema de Atencin a Poblacin Desplazada,Red Nacional de Juntos y Retornar es Vivir Sentencia de la Corte . Recuperado

de http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/masacres_21_05_13.pdf20 Sentencia de la Corte , caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, Sen-tencia de 27 de noviembre de 2008. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf

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de los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1998, y que elEstado lo haba puesto en una situacin de desproteccin y

vulnerabilidad.La Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad

internacional efectuado por el Estado, y manifiesta que existiviolacin del derecho de circulacin, reconocido en el artculo22.1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos,en relacin con la obligacin general de garanta contem-plada en el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de Carlos

Fernando Jaramillo Correa, su cnyuge Gloria Luca Correa,su hijo Carlos Enrique Jaramillo Correa y sus hijas, MaraLuca Jaramillo Correa y Ana Carolina Jaramillo Correa, enlos trminos del prrafo 144 de esta Sentencia.21

La ltima resolucin de la Corte 22, que trata sobre laobligacin del Estado de garantizar la seguridad en caso deque Carlos Fernando Jaramillo Correa considere su retornoa Colombia, es la dictada el 28 de febrero de 2011. En esta sedeclara que la mencionada obligacin an queda pendientede acatamiento, debido a que las vctimas, a travs de sus re-presentantes, consideraron que las razones que hacen temerpor la vida de las vctimas an subsisten, y que el Estado no hatomado medidas efectivas para transformar de manera real las

difciles condiciones que existen en el municipio de Ituango.

21 Para la Corte el derecho de circulacin y de residencia puede ser vulneradopor restricciones de factosi el Estado no ha establecido las condiciones ni provisto

los medios que permiten ejercerlo.22 Resolucin de Cumplimiento, Corte , caso Valle Jaramillo vs. Colombia,28 de febrero de 2011. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisio-nes/jaramillo_28_02_11.pdf

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Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia

(Corte , 2010)23

El caso hace referencia a la ejecucin extrajudicial del que paraentonces era senador de la repblica y lder poltico, el SeorManuel Cepeda Vargas, en razn de la ola de masacres sobredeterminados grupos polticos de la poca de los aos 1990.

El caso fue presentado ante la Comisin en el ao2008 y fue decidida en Sentencia de Fondo para 2010, endonde se establecieron determinadas rdenes, una de ellas

en relacin con un alegado desplazamiento forzado por lascondiciones de seguridad que se deban garantizar a los fa-miliares de la vctima.

La Corte dicta:24El Estado debe adoptar todas lasmedidas necesarias para garantizar la seguridad de los familia-res del Senador Manuel Cepeda Vargas, y prevenir que debandesplazarse o salir del pas nuevamente como consecuenciade actos de amenazas, hostigamiento o de persecucin en sucontra con posterioridad a la notificacin de esta Sentencia.

Caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia

(Corte , 2012)25

Los hechos sucedidos en esta masacre datan del 13 de diciem-

bre 1998, en una vereda de Arauca llamada Santo Domingo,donde en medio de un operativo militar desarrollado por lasFuerzas Militares en conjunto con la Fuerza Area Colom-

23 Sentencia Corte , caso Cepeda Vargas vs. Colombia, Sentencia de 26de mayo de 2010. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf

24

Ibd. Puntos Resolutivos.25 Sentencia Corte , caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia,Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf

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biana, cuya finalidad era decomisar la carga de un avin queaterriz en la carretera cercana a la vereda, presumiblemente

con dinero o armas destinadas al narcotrfico, estos fueroninterrumpidos por disparos realizados por armas de largoalcance accionadas por la guerrilla. Al siguiente da, miem-bros del Ejrcito, que se encontraban a bordo de helicpteros,comenzaron a disparar contra las personas que estaban en lavereda, incluyendo la poblacin civil, bombardeos que produ-jeron, adems de muertes, daos a los bienes inmuebles. Esta

situacin llev a que la poblacin restante abandonara suscasas y se desplazara hacia poblaciones cercanas.

La Corte considera que existi una violacin al Ar-tculo 22 de la Convencin Americana de Derechos Huma-nos en razn de que la libre circulacin hace parte del libredesarrollo de la personalidad y contribuye a una formacinprogresiva de las comunidades y es a travs de esta disposi-cin que se protege a las personas que han sido vctimas deldesplazamiento forzado.

Sin embargo, pese a la violacin cometida, el Estado re-sarci en gran parte los daos causados, reconstruyendo lapoblacin de Santo Domingo y prestando la ayuda necesariaa las personas que fueron obligadas a desplazarse del corregi-

miento. Actuacin que es valorada por la Corte aunquefalta la identificacin de ciertas vctimas y familias que porrazones de seguridad y proteccin a sus vidas no han retornadoa Santo Domingo, esto establecido en la Sentencia de Fondo,ya que la Corte no se ha pronunciado en Resolucin deSupervisin de Cumplimiento.

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Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas

de la cuenca del ro Cacarica (Operacin Gnesis) vs.

Colombia (Corte , 2013)26La situacin fctica vivida en este caso es la incursin deGrupos Paramilitares o de Autodefensas Unidas de Colom-bia realizada a la cuenca del ro Cacarica, donde habitan co-munidades afrodescendientes y ancestrales que para la pocaeran poseedoras de estos territorios colectivos, en que, debidoa las violentas confrontaciones entre varios grupos armados,

se produjo un desplazamiento masivo de estas comunidades.Segn cifras registradas en la Defensora del Pueblo

(1997),27ms de 15.000 personas fueron desplazadas de lazona del Bajo Atrato Chocoano. Es precisamente debido a suubicacin estratgica que los grupos armados ilegales se dis-putan este territorio y como consecuencia de ello se produceeste desplazamiento forzado.

La Corte 28responde que el Estado colombiano esresponsable en razn de una omisin ya que, viendo la situa-cin presentada, no existi una manifestacin inmediata paragenerar condiciones de seguridad a la poblacin vctima delos ataques y que por tanto se vulneraron los Derechos esta-blecidos en la Convencin Americana de Derechos Huma-

nos (Derecho de Circulacin y Residencia) y su obligacinde garantizar los derechos a la integridad personal y a no serdesplazados forzadamente.

26 Sentencia de Fondo de la Corte , caso Operacin Gnesis vs. Colom-bia, con fecha 20 de noviembre de 2013. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf

27 Ibd., p. 35.28 Ibd., p. 104.

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Nombre del caso Pueblo Bello Grfico n 2

rdenes

2. Bsqueda, identificacin y sepultura de las vctimas de la

masacre de Pueblo Bello3. Tratamiento mdico o psicolgico adecuado a los familiares4. Garantas estatales de seguridad para los familiares y ex

habitantes del municipio de Pueblo Bello que decidan regresar5. Disculpa pblica y reconocimiento de responsabilidad

internacional6. Monumento7. Publicacin de las partes pertinentes de la presente Sentencia

Sentencias de

Supervisin deCumplimiento

26 de febrero de 2008


ltima Supervisinde Cumplimiento 8 de febrero de 2012

CumplimientoI Total (CT)II Parcial (CP)

III No haycumplimiento (NC)

1. El Estado ha cumplido con la orden del numeral 7 (C.T)2. En relacin con el numeral 1, la Corte estima que

debido a la falta de informacin brindada por el Estado sobrelas medidas adoptadas no es posible determinar si se ha dadocumplimiento o no sobre esta orden

Respecto de las otras rdenes, en las Sentencias de Supervisinde Cumplimiento la Corte no manifiesta si existe uncumplimiento parcial o total de las rdenes emitidas, por lo tantose infiere que an no hay cumplimiento (NC)

Nombre del caso Masacre de Ituango, Grfico n 3

Fecha de Sentenciade Fondo

1 de julio de 2006

rdenes

1. Investigacin por parte del Estado de los hechos del caso,

identificacin, juicio y sancin de los responsables2. Tratamiento adecuado a los familiares de las vctimas3. Garantas estatales de seguridad para los ex habitantes del

municipio de Ituango que decidan regresar4. Disculpa pblica y reconocimiento de responsabilidad

internacional5. Programa de vivienda6. Placa7. Educacin en derechos humanos8. Publicacin de las partes pertinentes de la Sentencia en un

diario de circulacin Nacional

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Nombre del caso Masacre de Ituango, Grfico n 3

Sentencias deSupervisin deCumplimiento


28 de febrero de 2011 22 de diciembre de 2010 7 de julio de 2009

ltima Supervisinde Cumplimiento 21 de mayo de 2013



1. El Estado ha dado pleno cumplimiento a la orden n 7, 8(CT)

2. La Corte considera que se ha dado cumplimiento parcial alas rdenes n 5, 6. (CP)

La Corte continuar supervisando el cumplimiento pendiente delas rdenes N 1, 2, 3, 4. (N.C)

Nombre del caso Manuel Cepeda Vargas, Grfico n 5

Fecha de Sentenciade Fondo 26 de mayo de 2010

rdenes

1. Investigacin por parte del Estado de los hechos del caso,identificacin, juicio y sancin de los responsables

2. Garantas estatales de seguridad para el retorno a Colombia deuno de los familiares de las vctimas

3. Publicacin de las partes pertinentes de la Sentencia en undiario de circulacin nacional

4. Disculpa pblica y reconocimiento de responsabilidad a nivelinternacional

5. Realizacin de una publicacin de un documentalaudiovisual oficial acerca de la vida del senador

6. Brindar una beca con el nombre del Senador ManuelCepeda V

7. Tratamiento mdico y psicolgico que requieran las vctimas


30 de noviembre de 2011 8 de febrero de 2012

ltima Supervisinde Cumplimiento




1. El Estado ha dado pleno cumplimiento a las rdenes n 3 y 4(CT)

Quedan bajo supervisin de cumplimiento de la Corte lasrdenes n 1, 2, 5, 6 y 7

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Nombre del caso Masacre de Santo Domingo, Grfico n 6

Fecha de Sentencia

de Fondo 30 de noviembre de 2012

rdenes

1. Acto pblico y reconocimiento de responsabilidad a nivelinternacional

2. Publicacin de las partes pertinentes de la Sentencia3. Tratamiento integral en salud a las vctimas


An no cuenta con Supervisin de Cumplimiento

ltima Supervisinde Cumplimiento An no cuenta con Supervisin de Cumplimiento

CumplimientoI Total (CT)II Parcial (CP)III No haycumplimiento (NC)


Nombre del caso Operacin Gnesis, Grfico n 7

Fecha de Sentenciade Fondo 20 de noviembre de 2013

rdenes

1. Investigacin por parte del Estado de los hechos del caso,identificacin, juicio y sancin de los responsables

2. Publicacin de las partes pertinentes de la Sentencia3. Acto pblico de reconocimiento de responsabilidad4. Tratamiento mdico adecuado5. Restitucin por parte del Estado del respectivo uso, goce y posesin

de los territorios6. Garantas estatales de vida digna y de seguridad para el retorno a

los territorios restituidos



ltima Supervisinde Cumplimiento An no cuenta con Supervisin de Cumplimiento

CumplimientoI Total (CT)

II Parcial (CP)III No haycumplimiento (NC)


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Estadstaicas del cumplimiento de las rdenes de la Corte y

cumplimiento de las rdenes respecto del desplazamiento forzado

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CT

CP

NC

Mapirip

n

PuebloBe

llo

Ituango

Valle

Jaramillo

Manu

elCepeda

V

Santo

Domin

go

Opera

cinGne

sis

Nmeroderdenesdictadas

porlaCorteIDHp

orcadacaso

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

CT

Mapi

ripn

Puebl

oBello

Ituan

go

Valle

Jaram

illo

Man

uelC

epeda

V

Santo

Dom

ingo

Opera

cinG

nesis

CP

NC

Estadsticase

nrelacincon

laordensobredesp

lazamientoforzado

contraColomb

iaporcadacaso

En los anteriores grficos podemos observar dos situacio-nes: En un primer momento, los casos llevados ante la Corte contra Colombia en temas relacionados con violacin alos derechos humanos y, en segundo lugar, el cumplimientode las rdenes contra el desplazamiento forzado como con-secuencia del conflicto armado.

Frente a esta situacin Colombia tiene un promediode seis a nueve rdenes dictadas por la Corte por cadacaso, donde solo una de ellas corresponde a la Garanta de

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Seguridad para las personas vctimas del desplazamiento.Lastimosamente, Colombia respecto de esta orden tiene un

incumplimiento total o nulo, lo que implicara una mayorconcentracin respecto de este tema en el auge del proceso depaz en el cual se encuentra nuestro pas, conjuntamente con eltrabajo llevado a cabo con la creacin de nuevas entidades quevigilan la proteccin a las vctimas como uno de los sectoresms vulnerados dentro de nuestra sociedad.

Conclusiones finalesLa tarda reglamentacin de este fenmeno ha llevado adistintas consecuencias, la falta de cobertura representa unproblema grave frente a la vulneracin de derechos humanos,y observar que esta situacin necesita una solucin integral yque sea sostenible en el tiempo.

De las cifras analizadas se evidencia que, adems de es-ta problemtica social, tambin se est complementado porcircunstancias que agravan la situacin, como la falta de edu-cacin de las personas vctimas del desplazamiento o la faltade garanta por parte del Estado y de los gobiernos de turnopara implementar polticas que contribuyan a disminuir lascifras alarmantes de desplazamiento interno.

Sobre el anlisis estadstico y de seguimiento

a las sentencias

Colombia tiene siete condenas ante la Corte por temasrelacionados con desplazamiento forzado, todos ellos causa-dos al margen de un conflicto armado interno, de las cualesa ninguna se ha dado un pleno cumplimiento o tan siquiera

un cumplimiento parcial. El pas, no obstante una continuacondena por desplazamiento forzado desde 2005 no ha po-dido responder a los llamados de la instancia internacional.

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De todas las rdenes dictadas por la Corte contraColombia, existe un tiempo aproximado de 20 aos entre el

transcurso de las circunstancias fcticas, la denuncia de loshechos y la sentencia de fondo que ordena el cumplimientode una Garanta de Seguridad para las personas vctimas deldesplazamiento y la Resolucin de Supervisin de Cumpli-miento, que demuestra cul ha sido el cumplimiento respectode estas rdenes.

Segn el Centro Nacional de Memoria Histrica en su

informe de 2013, el desplazamiento forzado puede presentar-se en dos modalidades: una, conocida como desplazamientoforzado selectivo, que aplica a una persona o un grupo deter-minado de personas vctimas como lo evidenciado en dos delos casos estudiados, a saber: Manuel Cepeda Vargas y ValleJaramillo, y, otra, un desplazamiento forzado masivo, que apli-ca para una comunidad determinada lo que se evidencia en lascinco sentencias restantes, como consecuencia del fenmenoconocido como tierra arrasada.29

Sobre los fundamentos jurdicos de las condenas por

desplazamiento forzado en el Sistema Interamericano

El pas debe garantizar acceso, retribucin y devolucin (de-

nominada internamente Restitucin, Ley 1448 de 2011) alas personas desplazadas sobre sus propiedades y es a ello a loque se dirige la Corte con sus puntos resolutivos, prevale-ciendo el inters general, y la proteccin de derechos humanos

29 El fenmeno conocido como tierra arrasada es la consecuencia de la incur-sin de grupos alzados en armas a los distintos municipios, los cuales son obligados a

travs de la fuerza a abandonar sus tierras y con gran temor entregar sus pertenencias,siendo despojados de sus propios territorios. Recuperado de un informe del CentroNacional de Memoria Histrica de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/en/iniciativas-de-memoria/memorias-desde-la-region?start=10

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sobre situaciones de conflicto armado interno que generandesplazamiento de zonas donde los terrenos son frtiles y

facilitan los cultivos, la siembra, la produccin de la tierra yque son fuente de ingresos econmicos para la gran mayorade poblacin que vive de la agricultura, pero que por motivosadversos y ajenos a su voluntad deben ser abandonados.

Otra de las conclusiones a las cuales es posible llegarluego de esta investigacin es la falta de una norma aplicablea nivel internacional frente al caso de desplazamiento for-

zado interno, siempre se usa la figura del artculo 22.1 de laConvencin Americana de Derechos Humanos30que es elDerecho de Circulacin y de Residenciadonde se establece que:Toda persona que se halle legalmente en el territorio de unEstado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en lcon sujecin a las disposiciones legales. Esto debido a queColombia es uno de los pocos pases que se ve afectado porla problemtica del desplazamiento forzado y que a su vezratific esta Convencin para hacerla parte del bloque deconstitucionalidad del Estado.

Es por ello que el pronunciamiento de la Corte sobre eldesplazamiento interno en este pas basa su criterio en granparte en jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitu-

cional colombiana, a saber: la Sentencia T-025 de 2004 queestablece cierto tipo de rdenes a organismos defensores dederechos humanos en nuestro pas, como lo es la Procura-dura General de la Nacin, y en conjunto con la Defensoradel Pueblo, para realizar un seguimiento continuo a la imple-mentacin de las solicitudes emitidas en dichas sentencias en

30 Convencin Americana sobre Derechos Humanos, Art. 22.1 sobre el De-recho a la Circulacin y la Residencia. Recuperado de http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Ma-sacres de Ituango vs. Colombia. Supervisin de Cumpli-miento de Sentencia. Resolucin del Presidente de la Corte

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La discusin probatoria de las vctimasy la Sentencia T-025 de 2004

Una caracterizacin desde el

constitucionalismo democrtico

Mara Alejandra Lozano Amaya*

Ana Sofa Payn Rodrguez**

Luis Enrique Ruiz Gonzlez***

ResumenEste artculo, a partir de algunas nociones sobre constitucio-nalismo democrtico y el papel de las cortes constitucionalesen los Estados constitucionales y democrticos, busca carac-

terizar a la Corte Constitucional con ocasin de la expedicinde la Sentencia T-025 sobre desplazamiento forzado, en una

* Estudiante de octavo semestre, Facultad de Jurisprudencia de la Universidaddel Rosario. Correo electrnico: [email protected]

** Estudiante de dcimo semestre de la Facultad de Jurisprudencia de la Uni-versidad del Rosario. Integrante del Grupo de Acciones Pblicas de la Universidad

del Rosario. Correo electrnico: [email protected]*** Politlogo y estudiante de dcimo semestre de la Facultad de Jurispruden-

cia de la Universidad del Rosario. Integrante del Grupo de Acciones Pblicas de laUniversidad del Rosario. Correo electrnico: [email protected]

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materia especfica como es el aspecto probatorio para acreditarla condicin de desplazado o vctima del conflicto e identificar

la incidencia que la Sala Especial de Seguimiento tuvo en lagaranta de los derechos de la poblacin desplazada y en eldiseo institucional de atencin a las vctimas.

Palabras clave

Constitucionalismo democrtico, jurisprudencia constitu-cional, Sentencia T-025 de 2004, desplazamiento forzado,

flexibilidad probatoria.

IntroduccinDurante las ltimas dcadas la sociedad colombiana se hapermeado por las consecuencias de la violencia interna, siendofoco de uno de los flagelos ms apabullantes el desplazamientoforzado, circunstancia en la que las vctimas sufren la vulne-racin mltiple, masiva y continua de los derechos fundamen-tales de los colombianos obligados a emigrar internamente(CConst., SU1150/2000, E. Cifuentes Muoz) causando unacondicin extrema de vulnerabilidad.

Con ocasin de los diez aos de la Sentencia T 025de2004 de la Corte Constitucional, es el momento propicio

para analizar y caracterizar ese proceso constitucional para lagaranta de las vctimas de desplazamiento y, en general, paralas vctimas del conflicto armado en Colombia.

Una manera de evaluar la efectiva proteccin de derechoses la valoracin de la jurisprudencia, pues su apreciacin per-mite comprender qu procesos ha realizado la administracinde justicia para que la poblacin desplazada logre, a pesar de

la rigurosidad de la ley, reconstruir en el campo del derechoun hecho que por sus especificidades es prcticamente impo-

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sible de demostrar, siendo este un modo de no continuar conla conculcacin de derechos.

Aunque el impacto de la sentencia T-025 de 2004 y delas providencias que se han proferido para el seguimiento ensu cumplimiento pueden versar sobre diversos y complejostemas que afectan a la poblacin desplazada, este artculo seenfoca en los asuntos probatorios que tienen que enfrentarlos desplazados y otras vctimas, que en muchas ocasionesse traduce en una total desproteccin y una denegacin del

conjunto de sus derechos.Se ha dicho desde el inicio de la teora probatoria, que

esta debe cumplir con una funcin social, una funcin hu-mana individual [] y una jurdica (Parra Quijano, 1998,p. 4), pues, al requerir de una valoracin probatoria sobre al-guna circunstancia, surge entonces como una necesidad de laspersonas, en primera medida, para ser tenida en cuenta y, ensegunda medida, para adquirir la certeza de unos hechos quepretenden funcionar como supuesto fctico en la aplicacinde determinada normativa.

Siendo el desplazamiento forzado una anomala dentrode la sociedad que surgi con ocasin de la violencia interna,ha tenido un manejo complejo. Esto ha causado que las au-

toridades, que respondan a la administracin de justicia, noconocieran el modo de valoracin adecuado ante los hechosque correspondan a esta circunstancia, causndose continuasinconsistencias y haciendo ms gravosas las violaciones dediferentes derechos, que de por s se estaban causando a losnacionales con ocasin de este fenmeno.

El objetivo general de este artculo es evidenciar la proble-

mtica que enfrenta la poblacin desplazada de acuerdo conlos pronunciamientos de la Corte Constitucional, antes y conposterioridad a la Sentencia T-025, respecto de las exigencias

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La discusin probatoria de las vctimas y la Sentencia T-025 de 2004


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que en materia de pruebas y acreditacin de su condicin dedesplazado deban asumir y sin las cuales no podan ver ga-

rantizados sus derechos.De este propsito surgen como objetivos especficos (i)

caracterizar el funcionamiento de la Corte Constitucionaldesde la Sentencia T-025 de 2004 a partir de elementos te-rico-conceptuales propios del constitucionalismo democrticoy teoras sobre el papel de los tribunales constitucionales enlos Estados constitucionales contemporneos, (ii)demostrar

la incidencia que la Corte Constitucional, de acuerdo con elconstitucionalismo democrtico, ha tenido en un diseo msadecuado de los procedimientos que garanticen los derechosde las vctimas del conflicto armado y (iii)mostrar la inci-dencia que los pronunciamientos constitucionales en materiaprobatoria, referentes a la poblacin desplazada, han tenidoen la poltica actual de atencin y reparacin a las vctimas.

A travs de este artculo se mostrarn los resultados de unestudio descriptivo, por medio del anlisis de los diferentespronunciamientos que ha tenido la Corte Constitucional conel fin de darle un cumplimiento efectivo a la Sentencia T-025de 2004. Es a travs de la materializacin y de la prctica don-de encontramos la existencia de ciertas excepciones probato-

rias que son necesarias para recurrir a ellas en el momento enque la poblacin desplazada deba demostrar su condicin. Apartir de esto se har un anlisis de las diferentes dificultadesprobatorias que tienen los desplazados en el momento de daraplicacin a los beneficios obtenidos a travs de la SentenciaT-025 de 2004.

Visto lo anterior, se recopil informacin concerniente a

los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucionalque tratan el tema especfico de la acreditacin de la condicinde desplazados y las dificultades asociadas a este requisito.

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La Corte Constitucional y elconstitucionalismo democrtico

La Corte Constitucional ha desempeado un rol relevanteen la proteccin y garanta de los derechos de la poblacindesplazada y ha hecho esfuerzos importantes por superarese estado de cosas inconstitucional que declara la SentenciaT-025. Precisamente, este estado de cosas inconstitucionalescuestiona la vigencia y efectividad de la Constitucin misma yera de esperarse que la Corte, como guardiana de la integridady supremaca constitucional, adoptara medidas que permitie-ran recuperar esa eficacia de la Constitucin.

Es por esta razn que resulta relevante, para analizar elcomportamiento de la Corte Constitucional frente a la pro-blemtica de la poblacin desplazada, un marco terico con-ceptual de anlisis que permita describir la actividad de esta

ltima en este contexto. Se proponen entonces como marcoconceptual algunas nociones propias del constitucionalismodemocrtico, por cuanto este pretende identificar la relacinentre la legitimidad y vigencia de las Constituciones, juntocon las interpretaciones que hacen los entes judiciales encar-gados de esa labor y las perspectivas que diversos sectores dela sociedad tienen de las normas constitucionales.

As, Robert Post y Reva Siegel (2013), como exponentesdel constitucionalismo democrtico, parten de los siguientessupuestos: En primer lugar, el debate, la discusin y el desacuer-do sobre las interpretaciones de la Constitucin son una con-dicin normal para el desarrollo del derecho constitucional(p. 40). De hecho, para estos autores aunque pareciera que estasluchas amenazan la legitimidad de la Constitucin, el conflicto

puede de hecho ayudar a sustentar su autoridad cuando se loencamina de conformidad con las formas de comprender elordenamiento constitucional (Post y Siegel, 2013, p. 33).

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Vale la pena dec

El Desplazamiento Forzado Final wepa.

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