El cielo está enladrillado

Entre el mobbing y la violenciainmobiliaria y urbanística

La Biblioteca del Ciudadano

El cielo está enladrilladoEntre el mobbing y laviolencia inmobiliariay urbanística?????????Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística

edicions bellaterra

Diseño de la colecciónJoaquín Monclús

diseño de cubiertaANAGAL - Anti-copyright

Editado por Edicions Bellaterra, 2006Navas de Tolosa, 289 bis. 08026 Barcelona

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Impreso en EspañaPrinted in Spain

Depósito Legal: B. 13.813-2006

Impreso en Hurope, Lima 3 - Barcelona

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Presentación

A finales de 2004, un año después del «descubrimiento»por parte de los media barceloneses de lo que vinieron allamar mobbing inmobiliario a falta de otra fórmula mása mano, un conjunto de colectivos enfrascados en la ur-gencia de los trabajos de final de cañería (intentar parardesalojos, demoliciones y otros percances de la moder-nización de nuestros paisajes urbanos) decidimos hacerun nuevo acopio de fuerzas para desmontar el falso te-cho del mobbing, sofocante cielo raso de empapeladoamarillento que, a nuestro parecer, impide enfrentarse alverdadero techo de ladrillos, esa cubierta que obstruyeel pleno desarrollo de los proclamados derecho a la vi-vienda y la ciudad. Un cañizo, el del mobbing, que nosólo ciega la visión de una violencia generalizada redu-ciéndola al escándalo ante sus manifestaciones más es-pectaculares, sino que, más perniciosamente, facilita sureconducción por los canales de la beneficencia pública.

Hastiados de llamar a las puertas de los despachosinstitucionales recurriendo a las habituales y humillan-tes peticiones de clemencia o rescate, o del forcejeo con-tra el despropósito urbanístico de la temporada, em-prendimos pues la tarea de intentar ampliar la visión delfenómeno con la ilusión de dotarnos de una herramien-ta propia de socorro y resistencia. Así empezó la anda-dura de un Taller en el que se reunieron grupos e indivi-duos de toda Barcelona para poner en común experien-cias y reflexiones que habían de desbordar la definicióndel problema del acoso inmobiliario. En el primer emba-te de la destechadura ya vimos la necesidad de superarconceptualmente el restrictivo mobbing, y de ahí surgióel acuñamiento del término violencia inmobiliaria y ur-banística, palabro tal vez más plomizo que otros de su

mismo calibre (violencia de género, violencia de clase...)pero superior en comprensión y alcance al anterior. Delcareo de la violencia inmobiliaria y urbanística con el de-recho constitucional a la vivienda, tan claramente enun-ciado como ladeado, surgió un impulso reivindicativoque acabó tomando forma en la Carta de medidas que sereproduce al final del libro.

Casi un año después del inicio de esta andadura, lapropuesta de Edicions Bellaterra de publicar un volumengratuito y de distribución estatal sobre este tema, nosanimó a hacer acopio de los materiales elaborados du-rante el proceso y a contactar con colectivos de otrasciudades, no tanto con el propósito de dibujar un mapadel mobbing inmobiliario en España o de hacer una com-pilación de casos, como de ejemplificar y contrastar conexperiencias de distintas ciudades el análisis de una pro-blemática común en todo el territorio español, que vie-ne determinada por su marco legal, político y económi-co, y de las formas de combatirla que se han ido gene-rando. Distintas manos y distintas ciudades, pues, se hanjuntado en este trabajo de desenladrillado, que hemosintentado estructurar del modo más sencillo, como ex-plicaremos a continuación. La presencia o ausencia derúbrica en los artículos que componen el libro señala lavariada procedencia de los textos, elaborados en el senodel mencionado Taller (sin firma) o aportados generosa-mente por diversas personas y colectivos de todo el Es-tado (firmados).

La primera parte del libro, titulada «Crítica de la sel-va inmobiliaria», se divide en dos bloques. En el prime-ro encontraréis tres capítulos que contextualizan las for-mas de violencia inmobiliaria y urbanística en el Estadoespañol en su marco económico, legal y político, y en elsegundo dos que abordan una definición y clasificaciónde las principales formas de dicha violencia.

En la segunda parte, que lleva por título «Crónicas dela selva inmobiliaria», reproducimos los testimonios devarias ciudades españolas a propósito de algunas de lasmanifestaciones más comunes del fenómeno que trata-mos y de las experiencias más o menos exitosas de resis-tencia que se han dado, con el fin de dotarnos de claves

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de valoración y herramientas de acción para el futuro. Lapreeminencia de los textos sobre la ciudad de Barcelonano responde a otro motivo que al obvio del origen delpresente trabajo y del proceso en el que se ha llevado acabo. En este sentido, queremos subrayar que son mu-chos los materiales y muchas las ciudades que han que-dado fuera de esta edición por motivos igualmente ob-vios de espacio disponible. Más allá de la inevitable ar-bitrariedad de los que hemos hecho la compilación, laselección de los textos ha respondido a criterios de re-presentatividad o singularidad. Finalmente, queremos in-vitaros a consultar las webs listadas en las últimas pági-nas del libro, donde encontraréis la mayoría de los mate-riales descartados y otros igualmente interesantes.

Por último, tras las «Crónicas de la selva inmobilia-ria» hallaréis el capítulo dedicado al Taller y el docu-mento reivindicativo antes mencionado, y a continua-ción unos apéndices con artículos de distinta utilidadque, pese a rebasar los propósitos del presente volumen,no nos hemos resistido a incluir.

Antes de terminar, querríamos agradecer el trabajodesinteresado de toda aquella gente que ha colaboradoen la edición de este libro, y muy especialmente lasaportaciones de afectados como la Sra. Rosa Viñas Co-mas, de 78 años, inquilina de una casa en el centro deSabadell acosada por la inmobiliaria BINIGRACIA S.A.;Josep Maria Duch i Campreciós, masovero de Can Olive-res, masía afectada por el Plan Caufec y pendiente dedesalojo; y Empar Barcons y Xavier Pàmies, antiguosvecinos del centro de Barcelona que tuvieron que aban-donar la ciudad por el aumento de precios de los alqui-leres. Sus valiosos testimonios, y otros interesantes do-cumentos como la presentación del proyecto Cabanyal-Portes Obertes, no han podido incluirse en el libro porrazones de espacio, pero pueden consultarse en las pági-nas web que anotamos al final. A todos ellos, muchasgracias.

Y ahora, a desenladrillar.

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Parte ICrítica de la selva inmobiliaria

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1. Manual de leyes y planes parahacer la vivienda imposible

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de unavivienda digna y adecuada.

Los poderes públicos promoverán las condiciones ne-cesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerefectivo este derecho, regulando la utilización del suelo deacuerdo con el interés general para impedir la especula-ción […]»

Constitución Española, art. 47

Se pueden establecer dos hitos que marcan el arranque delproceso de especulación inmobiliaria trepidante que se daen el Estado español desde hace 20 años. El primero es lapromulgación de la Ley del Mercado Hipotecario que for-mó parte de los Pactos de la Moncloa y el segundo, la pro-mulgación del Decreto Boyer (Real Decreto-Ley 2/1985).El primero se inscribió en la tradición de la política paci-ficadora franquista de «cada operario un propietario» ysentó las bases para que las hipotecas se pudieran conver-tir en un negocio apetitoso para las entidades financieras.El segundo supuso el pistoletazo de salida de la carrera deacoso y derribo de los inquilinos. Con este decreto, el en-tonces ministro estrella del primer gobierno socialista yactual miembro del patronato de la fundación de Aznar(FAES), eliminó de un plumazo toda protección de los in-quilinos prevista en la legislación franquista. Entre otrascosas, se eliminó la figura del contrato indefinido y su po-sibilidad de subrogación a parientes cercanos y se fomen-tó un alza espectacular de los precios de alquiler. Las Le-

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yes de Arrendamiento Urbano (LAU) promulgadas en baseal Decreto Boyer no hicieron sino agravar la situación.Por ejemplo, de 1985 hasta 1991 los contratos de alquilertenían una duración mínima de un año, después del cualel propietario podía rescindir el contrato a su antojo; laLAU de 1994 fijó la duración mínima de los contratos acinco años, pero como contrapartida permitió aumentosilimitados de alquiler, agilizó los procesos de desahuciopor impago y modificó el régimen de subrogación supri-miendo la segunda incluso en los contratos antiguos.

El objetivo declarado del Decreto Boyer y de las LAUsucesivas era hacer «aflorar» los pisos vacíos para fo-mentar el «mercado de alquiler». El resultado fue el con-trario: el parque de pisos de alquiler cayó del 40% en1960 a sólo el 15% en 2001 y al 6% en 2005. Si el obje-tivo declarado hubiera tenido alguna relación con el ob-jetivo real, evidentemente, el gobierno «socialista» ten-dría que haber dado marcha atrás y, en vez de crear unmercado inmobiliario regido por la ley de la selva deldinero, tendría que haber intervenido de otra forma enel sector de la vivienda, aplicando medidas más acordescon sus postulados políticos y los preceptos de la Cons-titución. Fórmulas legales para conseguirlo había y haymuchas: desde la promoción estatal de viviendas socia-les y de protección oficial (que pasó del 34,3% en 1973al 4% en la actualidad), pasando por el fomento decidi-do de cooperativas de viviendas, hasta la adopción delegislaciones como la antigua legislación portuguesa quepreveía que, una vez amortizada una finca, ésta teníaque pasar a manos de los inquilinos que habían facilita-do su amortización.

Sin embargo, hoy se puede ver claramente que elobjetivo de los legisladores fue otro: se trataba de con-vertir un bien de primera necesidad protegido –al menosparcialmente– por la legislación en una simple mercan-cía cuyo uso y disfrute se rige por las leyes del mercado.Tampoco las fechas de promulgación del Decreto Boyerfueron casuales. El decreto formó parte integrante de labatería de medidas socioeconómicas que deberían ase-gurar la integración inminente del Estado español en laCEE y la OTAN. Por una parte, se trataba de crear un

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marco legal beneficioso para atraer el capital interna-cional, y por otra, sacar al mercado (o sea, capitalizar) elpatrimonio urbanístico y paisajístico del nuevo aspiran-te. En el plano interior, la plena mercantilización de lavivienda, por un lado, potenció las capacidades de acu-mulación de capital de las familias más ricas y significóunos ingresos inmensos (vía IVA, impuesto sobre trans-misiones patrimoniales, venta de suelo y edificios públi-cos…) para las arcas del Estado. Y, por el otro, obligó alas clases populares a trabajar cada día más para poderdisponer de una cosa tan básica como una vivienda mí-nimamente digna –con toda la presión disciplinadoraque este hecho conlleva–. En este sentido el proceso deespeculación iniciado con el Decreto Boyer no fue ni esun efecto secundario de la mercantilización de la vivien-da, sino un resultado deseado. Al mismo tiempo se ins-cribe plenamente en la estrategia capitalista de encare-cer al máximo la posibilidad de satisfacción de las nece-sidades básicas al mismo tiempo que se abarata el preciode las cosas «superfluas».

Además, a mediados de los años 80, el «mundo desa-rrollado» se hallaba inmerso en un proceso de desindus-trialización y de conversión en sociedades del terciario.Estos procesos implicaban, en un primer paso, la conver-sión de las ciudades en centros de servicios y ocio. Paraesto hacían falta despachos, centros comerciales y de ocioen los centros urbanos. Sin embargo, estos centros se ha-bían convertido en el lugar de residencia de las clasespopulares después de que sus antiguos moradores de cla-se media y alta se trasladaran a las afueras de los centrosurbanos. De modo que se necesitaba una legislación ca-paz de echar a los pobres de los barrios céntricos, que derepente se habían convertido en espacios muy cotizados.El PSOE la proporcionó, de la mano del inefable Boyer(gemelo del igualmente nefasto «socialista» Solchaga enel campo de la precarización del trabajo), creando la le-gislación más salvaje del mundo desarrollado en materiade alquiler de viviendas y liberando de cualquier obliga-ción social a los propietarios, al mismo tiempo que poníaun cerco sobre los inquilinos y los barrios donde mayo-ritariamente habitaban.

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A nivel local, este cerco se camufló de moderniza-ción y mejora del entorno. La táctica empleada fue ladel palo y la zanahoria: un poco de equipamiento larga-mente reivindicado y mucho derribo para la «moderni-zación» del conjunto. De este modo, poco a poco y abase de ir destruyendo las casas menos revalorizables,también fue cambiando la vida en las calles y fincas.Paso a paso, el miedo, la incertidumbre y la avaricia su-plantaban el ambiente familiar y de pertenencia al lugarque había regido en las calles mal asfaltadas y en lasfincas destartaladas. Acuciados por la presión de los pro-pietarios y las intervenciones urbanísticas de los ayun-tamientos para revalorizar (es decir, «sacar valor a») loscentros urbanos, muchos vecinos se veían obligados a de-jar su barrio e irse a vivir a la periferia, mientras los va-cíos dejados por ellos se iban llenando de oficinas, lu-gares de ocio y viviendas para gente más pudiente.

Para ilustrar el «éxito» de esta primera fase, unascuantas cifras: el precio del metro cuadrado pasó de unpromedio de 50.000 ptas. en 1986 en las grandes urbesa 175.000 en 1991. En 1982 una vivienda de 90 m2 cos-taba unos 3 años de un sueldo medio; en 1993 ya eran 6años. En 1986 los bancos se llevaban el 30% de los in-gresos totales familiares en concepto de hipoteca; en1991, y con los tipos de interés todavía muy elevados,ya era casi el 60%. Las subvenciones a la construcciónde viviendas de alquiler o de protección oficial pasarondel 52% en 1986 al 26% en el 1993. El proceso de mer-cantilización de la vivienda facilitó, por otra parte, unaconcentración de capital inédita en el sector de la cons-trucción y de las grandes empresas inmobiliarias y unagran acumulación de capital de los bancos y cajas deahorros, así como un traspaso ingente de dinero a lasfamilias más ricas del Estado español. Al mismo tiempo,supuso unos ingresos insospechados para simples pro-pietarios de una vivienda, que vieron cómo su valor sehabía doblado en poco tiempo.

Entre 1991 y 1997 se produjo un estancamiento delos precios y un retroceso en la construcción, que fueaprovechado por las grandes empresas del sector pararealizar una serie de fusiones y absorber a los competi-

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dores más pequeños. De modo que en la actualidad fi-guran 5 compañías españolas entre las 10 constructorasmás grandes de Europa, e inmobiliarias españolas comoMetrovacesa se han convertido en unas de las más gran-des del continente.

Con la llegada al poder del PP en 1996 se inició lasegunda gran cabalgata de la especulación. Los nuevosmandatarios (siempre en connivencia con el Fondo Mo-netario Internacional y órganos centrales de la UE comoel Banco Central Europeo) dieron otra vuelta de tuercaal proceso iniciado por sus antecesores. Entre las medi-das para fomentar los procesos de especulación y empu-jar a la gente a la compra de una vivienda figuraban lassiguientes: la ampliación de incentivos fiscales para lacompra de la primera, segunda y tercera residencia [sic];la Liberalización de la Ley del Suelo, con la que se dioalas a la especulación con el suelo, de tal modo que si en1985 el precio de los solares era el 25% del valor final dela vivienda, en la actualidad es un 55%. Además el PPproporcionó nuevas facilidades para la recalificación deespacios públicos con fines especulativos, nuevas facili-dades legales para la transformación de viviendas en lo-cales comerciales, así como numerosas ventajas fiscalesy tratos de favor para las grandes empresas constructo-ras e inmobiliarias. Estas medidas estaban acompañadasde una desatención total y absoluta de la construcción deviviendas de protección oficial; por ejemplo, en los últi-mos presupuestos del gobierno del PP se concedieron3.043 millones de euros en deducciones fiscales por laadquisición de una vivienda y sólo 400 millones se des-tinaron a la construcción de viviendas de protección ofi-cial. Gran parte de estas medidas liberalizadoras ya esta-ban previstas en el Decreto Boyer, pero su «potencial» nohabía sido desplegado todavía.

A partir de 1997 los precios empezaron a «despegar»de nuevo. Aparte de los factores indicados en el párrafoanterior se suelen apuntar los factores siguientes comoelementos fundamentales que fomentaron esta segundaoleada de la especulación: la bajada de los tipos de inte-rés (un descenso que fue mayor en España que en otrospaíses europeos); la crisis financiera de la segunda mitad

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de los años 90 que, después de unos cuantos años degrandes ganancias en la bolsa, supuso un nuevo vuelcoa la inversión inmobiliaria a causa de sus réditos astro-nómicos; y la entrada en vigor de la moneda única, quehacía más asequible y segura la adquisición de inmue-bles para los extranjeros del norte y centro del continen-te (en 2005, el 40% de la inversión extranjera directa seconcentró en el mercado inmobiliario). Obviamente, este«efecto llamada» se ha visto multiplicado por el hecho deque la protección de los inquilinos brilla por su ausenciaen el Estado español. Otros factores decisivos son la granfacilidad de colocación de dinero negro (según el Bancode España, y aunque el común de los mortales no los havisto nunca, los billetes de 500 euros representaron alfinales de 2005 el 59,8% del valor total del dinero encirculación) y el elevado grado de corrupción en el sec-tor de la vivienda y la construcción. Si bien es cierto queuna parte considerable de estas inversiones sirven paraconvertir la costa mediterránea en una gran urbaniza-ción y en la mayor concentración de pensionistas delcentro y norte de Europa, también se han dejado sentiren las grandes urbes. Según los datos oficiales del Minis-terio de Vivienda, en esta segunda oleada de la especula-ción, es decir, desde finales de 1997 hasta la actualidad,los precios de los pisos han subido más de un 150%; enel mismo período los ingresos netos salariales sólo subie-ron un 34,5% (en los sectores donde hay convenio). Elendeudamiento medio de los hogares pasó del 45% en1990 a más del 60% en 2004. Según un estudio elabora-do por la inmobiliaria Forcadell y la Universidad de Bar-celona, en el período comprendido entre 1999 y 2005,el aumento de los precios era del 200%. El estudio augu-ra un bajada de los precios en torno al 20% durante lospróximos años. Sin embargo, esta bajada no afectaría apisos que valen menos de 300.000 euros.

Que estos incrementos relativos a un bien de prime-ra necesidad como es la vivienda no se hayan repercuti-do nunca sobre el IPC, es un buen indicador de la ilu-sión de bonanza y crecimiento en la que vive instaladala sociedad española.

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2. Las cajas y bancos y la cultura deltalonario y el tocho

Las entidades financieras son uno de los principales be-neficiarios e instigadores de la especulación inmobiliariay urbanística. Al mismo tiempo son el mejor ejemplo decómo una economía basada en el sector inmobiliario esuna auténtica máquina de acumular dinero y poder enmanos de unos pocos a costa de ejercer una violencia es-tructural sobre muchos. Los datos lo ilustran: los benefi-cios de los bancos y cajas de ahorros aumentaron duran-te la última década a un ritmo anual de entre el 16 y el20%. Una parte considerable de estos beneficios procedíade operaciones relacionadas con el sector inmobiliario(compra y venta de inmuebles y suelos, hipotecas parafinanciar promociones inmobiliarias y compras de pisos),y fueron conseguidos a pesar de la continua bajada delos tipos de interés. Por ejemplo, en 2004, las cuatro ma-yores entidades financieras –BSCH, BBVA, La Caixa yCaja Madrid– arrojaron unos beneficios totales de 8.394millones de euros, lo que supuso un aumento del 21%respecto al año anterior y equivalió a la suma de los pre-supuestos de los ministerios de Defensa y Medio Am-biente. En 2005, estas cuatro entidades financieras, másel Banco Popular, aumentaron sus beneficios otro 57%frente a 2004, alcanzando una cifra total de 13.240 mi-llones de euros. La Caixa aumentó sus beneficios en el83% mientras que el BSCH los aumentó en un 72,5%, loque equivalió a unos beneficios de 6.220 millones deeuros, una cifra récord en la historia empresarial españo-la. No disponemos de datos más actuales, pero a finalesdel año 2004 las familias residentes en España debían

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una cifra total de 581.390 millones de euros, lo que re-presenta el 73% del producto interior bruto de 2004. Du-rante 2005 el importe medio aumentó otro 15%.

En el Estado español, como veíamos, no hay entidadfinanciera que no tenga invertidas partes considerablesde sus fondos en las grandes inmobiliarias y/o construc-toras. Por ejemplo, el 80% de las empresas no financierasparticipadas por las cajas catalanas son inmobiliarias. Yno hay ninguna inmobiliaria o constructora grande queno participe en uno o varios bancos. Es en los despachosde los unos y de los otros donde, en cooperación con al-gún alcalde, edil o concejal de urbanismo, se proyectany deciden los grandes proyectos urbanísticos e inmobi-liarios –previa recalificación del suelo– que prometenréditos ingentes.1

Esta forma de acumulación de riqueza en manos deunos pocos no es nueva. Su configuración actual se re-monta a la época del «desarrollismo» de los años 50 y 60del siglo pasado. El capital financiero y el sector de laconstrucción eran los grandes beneficiarios de los pla-nes de desarrollo, las grandes obras de infraestructuras,la masiva inmigración interior y la urbanización de lascostas españolas para atraer el turismo de masas. Lasfortunas que se forjaron en esos tiempos fueron conse-guidas en la gran mayoría de los casos mediante arti-mañas en «contubernio» con representantes del viejo ré-gimen. Otros iniciaron sus andaduras desde puestos demando dentro del mismo, como por ejemplo es el casode Florentino Pérez, presidente de ACS, que durante losúltimos años del franquismo ocupó el cargo político dedirector general de la Asociación Española de la Carre-tera y cuyo patrimonio actual se estima en unos 685 mi-llones de euros. En todo caso, los nombres de los perso-najes que sentaron la base de sus fortunas en esta épocade un modo u otro son legión y ellos mismos, o sus des-

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1. En este contexto hay quienes afirman que se acabaría con laespeculación urbanística estableciendo otro modelo de financiación delos partidos. Las cajas de ahorros juegan un papel central en el mode-lo actual de financiación: sólo en 2004 prestaron 80 millones de eurosa los partidos políticos –evidentemente nadie sabe de los acuerdos con-cretos en cada concesión de crédito.

cendientes, siguen ocupando puestos claves en el mun-do de los negocios. Cada ciudad podría escribir su pro-pia memoria negra sobre los atropellos cometidos poreste «contubernio».

La llamada transición democrática y el régimen sur-gido de ella no supusieron ningún cambio esencial enesta situación. Como muy tarde, desde el repunte de lafiebre inmobiliaria a partir de mediados de los años 90vuelve a ser un hecho ampliamente conocido y recono-cido que las grandes promociones hoteleras, residencia-les y de centros de ocio son un caldo de cultivo de co-rrupción, blanqueo de dinero negro y de connivenciaentre representantes de las administraciones públicas,promotoras, constructoras y entidades financieras. Unacorrupción y connivencia que en las zonas costeras y enotros espacios de interés natural pasa olímpicamente porencima de todas las leyes de protección medioambientaly arrasa, con las leyes urbanísticas en la mano, los po-cos espacios naturales aún conservados y los últimos re-ductos de las actividades económicas tradicionales delas zonas afectadas.

En este contexto no es de extrañar que aumentenconstantemente los casos de acoso, chantaje y presionescontra personas que se oponen a planes urbanísticos oque viven en zonas rústicas cuyo suelo ha sido recalifi-cado. En estas zonas rurales a punto de ser urbanizadasse reproduce un fenómeno que ya se ha observado enlas grandes ciudades: por regla general, no son las gran-des constructoras y entidades financieras las que hacenel mobbing, sino los tiburones «pequeños», que ejercenestas presiones para rentabilizar al máximo sus inver-siones, lo que entre otras cosas implica saldar sus deu-das con los bancos cuanto antes. Y, tal como ocurre enlas ciudades, esta violencia se ceba a menudo con losmás desprotegidos: contra gente mayor de pocos recur-sos y arrendatarios. Hasta ahora, las empresas grandesno suelen recurrir a estas formas de violencia directapuesto que los planes urbanísticos redactados para laocasión legalizan el salvajismo social y medioambientalde sus intervenciones. Además, la misma lógica que de-termina que cuanto mayor es la «inversión» mayor serán

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los beneficios hace que sus ganancias sean tan elevadasque normalmente no necesitan enzarzarse en este tipode operaciones. Este hecho no quita que las grandessuelen ganar cualquier litigio relacionado con cuestio-nes inmobiliarias y urbanísticas gracias a la habilidadde sus despachos de abogados y sus buenas relaciones, ynadie sabe nada de las presiones y coacciones que ejer-cen «entre bastidores».

La última escalada especulativa ha arrojado un ba-lance de más de tres millones de viviendas vacías en elEstado español. Sin embargo, el «boom inmobiliario» fo-mentado por el Estado y financiado por los bancos y ca-jas continúa: en 2005 los colegios de arquitectos visaronunas 800.000 viviendas y los créditos al sector inmobilia-rio alcanzaron la cifra de unos 126.000 millones de euros.En 2005, el crédito total a la industria española fue infe-rior al crédito a actividades inmobiliarias, que tambiénsuperó con claridad el total del crédito al sector de laconstrucción. En 1997, al inicio del «boom», el crédito in-dustrial aún era 3,3 veces mayor que el crédito a activi-dades inmobiliarias. Cabe destacar que una parte notablede estos préstamos se destinaba a mantener viva la fie-bre de la adquisición de segundas residencias, muy exten-dida en la clase media y media baja del Estado español. Elcaso es que a los más adinerados de esta clase social tam-bién les han tocado algunas partes del gran pastel, por loque suelen figurar entre los grandes defensores del mode-lo. Además, el aumento del valor inmobiliario se ha tra-ducido en una mayor capacidad de endeudamiento parael consumo en este segmento de la población.

La intervención de las entidades financieras en losprocesos de especulación inmobiliaria y urbanística no selimita a financiar la depredación de los espacios natura-les y la terciarización de los centros urbanos con la con-siguiente expulsión de sus habitantes. Según la ComisiónNacional del Mercado de Valores, los bancos tienen en laactualidad más de 350 millones de m2 de suelo (unas 14veces el territorio de las Islas Baleares) a la espera de ven-derlos al mejor postor. De esta manera, las entidades fi-nancieras –junto con las administraciones públicas a ni-vel estatal, autonómico y local– se han convertido en los

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principales responsables de que el suelo suponga un pro-medio del 50% del precio final de una obra.

Y, evidentemente, las entidades financieras no sólofomentan los procesos de especulación en su origen, sinoque se encargan de que la gente se hipoteque más allá desus posibilidades para conseguir una vivienda. Segúndatos publicados por la Fundación de Cajas de Ahorros(Funcas), en los últimos quince años se ha multiplicadopor veinte la concesión de créditos con garantía hipote-caria y ha crecido el 392% en términos nominales el des-tinado a adquisición de vivienda propia. La ampliaciónprogresiva de las hipotecas a 35, 40 y 50 años ha sido lapalanca principal para conseguir estas cifras récord sinque se disparen las tasas de morosidad. Además, las en-tidades financieras se han inventado las posibilidadesmás inverosímiles de financiación con tal de que la gen-te pague los precios desorbitados: hipotecas sobre hipo-tecas de hipotecas, financiación de más del 100% delprecio de una vivienda, 10 años de carencia de pago deintereses en hipotecas para jóvenes, hipotecas heredita-rias y un largo etcétera. Todo vale para mantener viva laquimera de que los precios seguirán creciendo de formailimitada, por lo que la compra de un piso para vivir pue-de ser considerada una inversión o negocio.

En todo caso, las hipotecas inmobiliarias son consi-deradas un negocio seguro ya que la gente hace lo im-posible para no perder el piso conseguido con tantos es-fuerzos y gastos. Y hacer lo imposible, en las condicio-nes socioeconómicas actuales, quiere decir ser cada díamás competitivo con los iguales y cada día más servilcon los superiores, trabajar más y en condiciones cadavez más precarias, aceptar cualquier vejación con tal deno perder el trabajo, no solidarizarse con nadie que seencuentre en una situación parecida..., en definitiva,convertirse en una persona marcada por el miedo y lasoledad que se agarra con todo lo que puede a lo pocoque tiene. El modelo perfecto de ciudadano de un siste-ma totalitario.

Por si acaso, las entidades financieras se protegenmediante tipos variables contra el previsto aumento de lostipos de interés, mientras las grandes inmobiliarias tie-

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nen contratadas pólizas de seguro contra dichos aumen-tos. En todo caso, las unas como las otras confían ple-namente en que las administraciones públicas ya acudi-rán en su ayuda para paliar los efectos del previsible es-tallido de la burbuja inmobiliaria,2 y que, como siempre,será el eslabón más débil de la cadena de la especula-ción –es decir, los y las particulares que simplementenecesitan un piso donde vivir– quienes pagarán los pla-tos rotos de este particular modelo de explotación de lasnecesidades básicas.

La última ola de especulación inmobiliaria no sóloha supuesto un enriquecimiento descomunal del sectorfinanciero en su conjunto, sino que también ha produci-do una reducción de la importancia de los bancos a fa-vor de las cajas de ahorros, de forma que el volumen decréditos concedidos por las cajas supera en la actualidadel de los bancos. Esta nueva importancia de las cajas deahorros se debe a su carácter «semipúblico» que las hacolocado en el centro del llamado capitalismo popular.Un capitalismo popular que consiste en perforar dere-chos fundamentales (en este caso, el derecho a la vivien-da) y convertirlos en fuentes de acumulación de riquezaque –según la justificación ideológica– repercutirían entoda la sociedad. La Caixa es un buen ejemplo de queesta estrategia del capitalismo asistido por el Estado pro-voca lo contrario de lo que pregona, ya que el endeuda-miento hipotecario de la población no sólo supone unaconcentración inédita de la propiedad inmobiliaria enunas pocas manos, sino que los beneficios conseguidosa partir de la especulación inmobiliaria y urbanísticasirven también para sacar tajada de otras necesidadesbásicas de las personas.

La Caixa y sus tentáculos

La Caixa, con un volumen de negocio de 283.327 millo-nes de euros y una inversión crediticia de 113.857 mi-

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2. Véase el capítulo sobre los planes de vivienda.

llones de euros (2005), es la tercera entidad financieradel Estado y el poder financiero omnipresente en Cata-lunya. Además se ha de considerar uno de los artíficesde la cooperación público-privada que caracteriza el«modelo Barcelona». De hecho, La Caixa sintetiza todoslos elementos que han convertido a Barcelona en unaciudad de éxito hacia fuera y en una pesadilla para la/sBarcelona/s real/es: imagen de modernidad, consensoinstitucionalizado y precarización de las condiciones devida de una proporción cada vez mayor de la población.

Una parte del éxito comercial de La Caixa y de lasdemás cajas de ahorros radica paradójicamente en el he-cho de que son consideradas entidades financieras sinánimo de lucro, lo que implica, entre otras cosas, que nopueden repartir dividendos. Más de tres cuartas partes delos beneficios van a la acumulación interna, es decir, sonreservas destinadas a nuevas inversiones. El resto va a lallamada «Obra Social». Al no estar sujetas a la presión deun accionariado, pueden trazar estrategias de negocio amedio y largo plazo. Puesto que las administraciones pú-blicas tienen voz y voto en los consejos de administra-ción de las cajas, estas estrategias comerciales –si noson impulsadas por los mismos representantes políticos–cuentan con el beneplácito de los mismos. Se trata de unsistema de gestión muy poco transparente y completa-mente ajeno a cualquier control democrático (aunque seaen forma de un accionariado) ya que las cajas de ahorrosni siquiera tienen que cumplir los requisitos mínimos detransparencia en sus operaciones y decisiones que, porejemplo, tienen que cumplir los bancos.

El consejo de administración de La Caixa es un buenejemplo de este modelo de «democracia consensual»: allíestán representadas entidades como la Cámara de Co-mercio, Fomento de Trabajo, el Ayuntamiento, los sindi-catos mayoritarios y otras entidades públicas. Junto aellos, y normalmente en calidad de «impostores» (posee-dores de las grandes fortunas depositadas), figuran re-presentantes de la oligarquía tradicional de la ciudad,entre ellos personajes claves como el propietario de LaVanguardia (y gran instigador de la ordenanza cívicaque sienta las bases represivas para la marca Barcelona

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Postfórum), el Conde de Godó que, además, tiene colo-cado a su hijo como consejero de la gran empresa inmo-biliaria del Grupo, la Inmobiliaria Colonial.

Esta conformación de los consejos de administra-ción se da de una forma u otra en prácticamente todaslas cajas de ahorros del Estado español. De esta forma,constituyen uno de los lugares de mayor hibridaciónentre el mundo de la política y de los negocios, que secubre con una lámina de beneficencia social. No obstan-te, cabe señalar que las grandes –como La Caixa y CajaMadrid– tienen una autonomía absoluta en todos los as-pectos que atañen a sus negocios y los Fornesa, Brufau,Fainé y demás velan única y exclusivamente por el biende su engendro y se aseguran entre ellos su propia suce-sión.3 De modo que la función de «acompañar» las inter-venciones de las administraciones públicas –véase, porejemplo, en este contexto el papel de las cajas andaluzasy valencianas en la «hormigonización» de las costas– enlas grandes cajas se convierte en lo contrario.

La historia contemporánea de La Caixa arranca en1987 cuando se nombra presidente a Juan Antonio Sa-maranch, el entonces presidente del Comité Olímpico In-ternacional. Este notorio ex-franquista y especulador in-mobiliario –que desde su posición privilegiada dentro delrégimen se hizo multimillonario, entre otras cosas, cons-truyendo el «barrio» dormitorio Ciutat Meridiana– estaballamado a sentar las bases para que las Olimpiadas del 92sirviesen para transformar la ciudad. En 1989 la entidadse fusionó con la otra gran caja de ahorros de la ciudad,La Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que tenía una lar-ga tradición de negocios en el sector inmobiliario y quese conocía por la «caja de los marqueses» a causa del grannúmero de nobles convertidos en tiburones inmobiliarios.

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3. Francesc Sanuy, ex alto cargo de la Generalitat durante la épo-ca de CiU, en su libro Informe Sanuy. Defensa del petit comerç i críti-ca de la Caixa (La Campana, 2005), apunta que es muy probable quela suma de los ingresos totales (sueldos más dietas de asistencia, re-presentación y desplazamientos, primas, etc.) de los altos cargos de LaCaixa, «honoríficos» según sus estatutos, superen el conjunto de la in-versión en Obra Social (p. 182).

La nueva entidad se apresura a conferirse una ima-gen corporativa moderna, abierta y simpática a base deunos símbolos de Miró y comienza a extender una tupi-da red de oficinas sobre la ciudad, al mismo tiempo queextiende su presencia tanto en Catalunya como –gra-cias a una nueva ley financiera– en el resto del Estado(de modo que en la actualidad el 58% de sus oficinas seencuentran fuera de Catalunya). Esta apuesta decididapor la «bancarización» del territorio en tiempos de ple-na reestructuración neoliberal les ha permitido captarun gran número de clientes de los grandes bancos que,a caballo de las grandes fusiones en el sector banca-rio, iban cerrando oficinas que no resultaban rentablesfrente a las posibilidades que ofrecía el negocio bursá-til y su expansión en América Latina. En cambio, La Cai-xa –al igual que todas las cajas de ahorros–, se dedica-ba a fomentar la imagen de cercanía a los ciudadanosofreciendo toda clase de facilidades de pago a crédito,seguros y planes de pensiones, normalmente condicio-nadas a la gestión de las nóminas de la gente. Los fon-dos conseguidos de esta manera, y unidos a los activosya existentes, fueron invertidos básicamente en: a) elsector inmobiliario, que, a raíz del proceso de especu-lación iniciado con vistas a los JJOO, ofrecía unas ga-nancias inéditas, b) en la creciente cartera del sector deservicios públicos privatizados y c) a través de la «ObraSocial», en el mundo de la cultura y del ocio, es decir,en la apuesta estratégica de convertir la ciudad en uncentro turístico y de celebración de convenciones ycongresos.

La mayor operación relacionada con el primer puntofue realizada en 1992 con la adquisición de la Inmobi-liaria Colonial. Se trata de una de las mayores empresasdel sector, con un valor de activos que en 2005 superanlos 5.400 millones de euros y una gran reserva de suelosedificables, ubicados principalmente en Barcelona yMadrid. Tal como ya indica su nombre, las actividadesprincipales de esta empresa son la compra-venta y al-quiler de edificios emblemáticos. A través de esta em-presa y, combinado con el vuelco hacia actividades cul-turales, La Caixa se convirtió en uno de los principales

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agentes de la «monumentalización»4 de la ciudad y de laconversión de pisos en oficinas. Simultáneamente, ladestrucción de viviendas (en muchos casos de alquiler)para construir oficinas, hoteles, centros comerciales ylúdicos, la creciente presión sobre los inquilinos paraque abandonasen los pisos céntricos y la cada vez másacuciante falta de viviendas a causa de la inhibición delas administraciones públicas en la materia de construc-ción de viviendas, contribuyeron al auge del mercadohipotecario.

La apuesta estratégica de los poderes políticos yeconómicos por la potenciación del mercado hipotecarioy la mercantilización de la vivienda ha supuesto unanueva especie de acumulación primitiva con repercusio-nes en otros sectores de la economía. En este contextocabe destacar que los beneficios y la influencia de LaCaixa (y de las otras cajas) han aumentado al ritmo deldesmantelamiento del rudimentario Estado de Bienestar,de la pérdida de derechos y de la extensión de la preca-riedad a todos los niveles de la vida. En este sentido, ladesprotección de los inquilinos, la flexibilización labo-ral, la privatización de los servicios públicos y la exten-sión de los criterios de rentabilidad económica a todoslos aspectos de la vida forman parte de la misma estra-tegia. La Caixa –tanto por su tamaño, como por su con-nivencia con las administraciones públicas democráticas(o viceversa) y sus estrechas relaciones con los hombresfuertes del franquismo y de la monarquía– ha podido ysabido reinvertir los beneficios de esta acumulación pri-mitiva en otros sectores abiertos por la ofensiva neoli-beral al ingente negocio con las necesidades básicas dela gente, como son, por ejemplo: el agua (AgBar), luz(Endesa) y combustibles (Repsol-YPF, Gas Natural), ycomo broche de oro, otra reliquia del franquismo (Al-bertis): el gran negocio vitalicio del peaje de autopistas.Todas estas empresas antes pertenecientes al monopoliodel Estado funcionan a base de concesiones y tarifas fi-

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4. Con este término se describe la estrategia de restaurar edificioshistóricos de las ciudades para convertirlos en atractivos del «turismocultural», centros comerciales o sedes de empresas.

jadas con un elevado grado de arbitrariedad gracias a lapersistencia de una estructura monopólica, que de lasmanos de la burocracia ha pasado a ser controlada porun puñado de banqueros. En este contexto, no es nadacasual que las participaciones mayores se efectúen ensectores privatizados como el suministro de agua y el sec-tor energético que, a causa de su destrucción por el mo-delo de producción imperante, comienzan a escasear yprometen, por tanto, beneficios cada vez mayores. Be-neficios que se consiguen gracias a la nueva aplicaciónde la vieja máxima de socializar las pérdidas y privati-zar las ganancias, en este caso con los recursos natura-les y las necesidades básicas de la gente.

En la actualidad, La Caixa reparte su imperio en másde 80 empresas ubicadas mayoritariamente en el Estadoespañol. En una cuarentena de esas empresas posee unaparticipación del 100% y en otras 20 su participación essuperior al 49%. En ese bloque de empresas figuran va-rias sociedades de capital de riesgo, de cartera y de valo-res, financieras, seguros, bancos «privados» en paraísosfiscales como Andorra y en Suiza, varias inmobiliarias yempresas hoteleras, empresas de telemarketing y el par-que temático Port Aventura. Entre el resto de las empre-sas participadas destacan, aparte de las antes citadas, lastransnacionales Telefónica y Suez, en las que es consi-derada «socio de referencia». Debido al gran tamaño deestas transnacionales –con todas sus ramificaciones in-ternas y entre sí mismas– estas participaciones repre-sentan una parte muy considerable en las cuentas del«Grupo» lo que implica también que baste una participa-ción del 5% en Telefónica para que se convierta en unode estos «socios de referencia».

Un análisis más detallado del poder político, socioe-conómico y cultural de La Caixa y de las implicacionesprácticas y cotidianas del mismo (poder oligopólico omonopólico de los servicios e infraestructuras socio-económicas, ingeniería social a partir de la concentra-ción y la posibilidad del cruce de los datos personales dela población, etc.) superaría con creces el presente tra-bajo. Por otra parte, no es nada casual que, aparte delmencionado Informe Sanuy, no se haya publicado nin-

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gún trabajo crítico al respecto. En cambio, sí existen al-gunos estudios sobre las barbaridades que están come-tiendo las transnacionales controladas por La Caixa enAmérica Latina (véase p. e. www.boicotpreventiu.org ywww.cascall.org y los links que contienen estas pági-nas). En el contexto que nos atañe sólo queda por señalarun aspecto común en todas las operaciones realizadaspor La Caixa: la estrategia de complementar una políti-ca eminentemente agresiva de conquista de mercados«cautivos» con un gran despliegue de propaganda desostenibilidad ambiental y social. Se trata de un desplie-gue propagandístico que, ante el verdadero carácter desus operaciones, adquiere claros tintes orwellianos que,por otra parte, son un rasgo constitutivo de la MarcaBarcelona y de sus imitadores a lo largo y ancho del Es-tado español.

La acumulación de capital a partir del apoyo insti-tucional de la especulación inmobiliaria y urbanísticaha sido clave en este proceso de expansión y, de mo-mento, sigue funcionando como inyección constante defondos. No obstante, todo este proceso no se hubiera po-dido llevar a cabo de esta manera sin la omnipresenciadel rasgo cooperativo por excelencia: la llamada ObraSocial –lo que, según el tratamiento legal y fiscal, es larazón de ser de las cajas de ahorros–. Este presunto ca-rácter altruista de La Caixa ha sido el «activo» funda-mental para la captación de los clientes y su «fideliza-ción». Al mismo tiempo, es la justificación eterna que seesgrime desde los partidos políticos (endeudados hastalas cejas con la misma)5 para justificar los tratos a favorde La Caixa y anular las críticas. Poco importa en este

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5. Uno de los casos más sonados fue la condonación de la deudaque el PSC tenía contraída con La Caixa desde su gloriosa campaña afavor de la entrada en la OTAN. El presidente de La Caixa hizo callarlas críticas con el comentario de que se trataba de una práctica habi-tual de las cajas de ahorros. Evidentemente, no explicó qué relacióntenía esta práctica habitual con la transformación de Esquerra Repu-blicana, que entró en el Gobierno de la Generalitat con la promesa desuprimir los peajes de las autopistas catalanas; desde que forma partedel mismo mantiene un púdico silencio en torno a la cuestión.

contexto que la inversión en la llamada Obra Social sesitúe en torno al 20% (en vez del 50% que pregona laley) de los beneficios netos de la explotación (fiscal-mente plenamente deducibles), que la mayor parte de es-tos fondos hayan sido destinados a la adquisición deobras de arte, a la renovación de fachadas de edificiosemblemáticos o a la creación y gestión de institucionescomo el CaixaForum y CosmoCaixa. La cuestión era y esque el grupo target de las operaciones de la entidad –el«ciudadano medio»– se cree la película, lo que, entreotras cosas, le induce a pensar que su dinero tiene unautilidad social y que tanto los planes de pensiones, lascondiciones crediticias como las hipotecas inmobiliariasde una entidad tan altruista sólo le pueden ser favora-bles. Y por si alguna vez le acecha alguna duda, éstaquedará disipada en alguno de los numerosos actos lú-dicos, solidarios y respetuosos con el medio ambientemontados por La Caixa y las otras fuerzas vivas de suciudad.

Y puesto que La Caixa tiene un hondo compromisocon el sistema de partidos que la sostiene, la otra fun-ción de la Obra Social «se basa en la misión de com-plementar la cobertura de las necesidades básicas de lasociedad», una misión que «se gestiona con la mismaexigencia de eficiencia que la aplicada en la actividadfinanciera». Llevado al terreno que nos ocupa, estas afir-maciones de la Memoria 2004 se traducen, por ejemplo,en encargar un estudio que revela que más de 8.000 an-cianos de Catalunya viven en pisos deficientes, situadosen la mayor parte en los centros urbanos, por lo que po-drían convertirse en víctimas del mobbing. A base de lasconclusiones de este estudio los responsables de la «ObraSocial» del «Grupo» lanzan un programa de construcciónde geriátricos y «pisos tutelados», dos nichos de merca-do poco explotados hasta el momento, que –según lamarcha de las negociaciones con los entes públicos (quehan detectado las mismas necesidades sociales)– po-drían dejar como propina algún piso céntrico, ademásde los beneficios en sí que promete este negocio. Entodo caso, después de la aplicación del programa se ha-brán liberado un buen número de viviendas para conti-

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nuar con los procesos de gentrificación de los centrosurbanos y conseguir unos cuantos hipotecados más.

En la misma estrategia se inscribe la construcción de3.000 viviendas «asequibles» que prevé el Plan Estraté-gico (2004-2006), de las que al menos algunas realmen-te pueden ser consideradas asequibles, teniendo en cuen-ta los precios del mercado actual, porque se alquilan entorno a los 250 euros al mes. Este plan, por una parteacompaña el vuelco social de las administraciones pú-blicas de «izquierdas», que han detectado que un 25% dela población no está en condiciones de pagar la comprao el alquiler de un piso de mercado, con los peligros dela exclusión social que este hecho encierra. Y, por otra,asegura la rentabilidad del resto de la gente que aúnpuede pagar los precios abusivos. Es decir, este nuevogiro social les sale mucho más barato que reducir losprecios de las viviendas de su sección inmobiliaria in-terna, el llamado ServiHabitat, cuyos fondos se nutren,entre otras cosas, de los pisos incautados a los «moro-sos» y de donaciones.

Dejando de lado la ofensiva propagandística de laoligarquía financiera española y del PP, ya han sido va-rias las ocasiones en las que la imagen benévola de estemonstruo financiero ha sufrido alguna mancha, a pesardel bloqueo informativo por parte de los grandes mediosde comunicación (o directamente implicados en el nego-cio de La Caixa, como en el caso de La Vanguardia, ocuya supervivencia económica depende de la buena vo-luntad de la entidad, como en el caso de El Periódico).Por ejemplo, en el marco de las movilizaciones contra laguerra en Irak –y un año antes del Fórum 2004–, La Cai-xa tuvo que retirarse de un banco creado para sacar ta-jada de la invasión. Tampoco quedó muy bien parada enlas movilizaciones contra el campo de golf de Torreboni-ca, donde utilizó un terreno que había recibido como do-nación a la Obra Social para construir esta obra de bene-ficencia para ricos. También el caso de los mil inquilinosde un complejo en la avenida Diagonal de Barcelona quela Inmobiliaria Colonial ha vendido al mejor postor sin lamenor consideración para con la gente que en la mayo-

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ría de los casos lleva décadas viviendo allí, ha dado lu-gar a movilizaciones y denuncias por parte de los afecta-dos. A lo mejor ha llegado la hora de que los hipotecadosde La Caixa –y de las demás cajas de ahorros– empiecena organizarse contra el fraude y abuso que supone el he-cho de financiar los beneficios que estas entidades hanconseguido mediante prácticas especulativas que, comotales, son incompatibles con su propia razón de ser. Porejemplo, practicando de forma colectiva la autorreduc-ción del importe mensual de la hipoteca, con tal de queno supere nunca el 20% de sus ingresos disponibles.

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3. Los planes de vivienda y lapolítica de fomento del alquiler

La oleada de especulación iniciada en 1997 no sólo haempujado los precios de compra de pisos por las nubes,sino también los alquileres. Por ejemplo, el importe me-dio de los alquileres en el Área Metropolitana de Barce-lona subió de 355,05 euros en 1999 a 589,06 en 2003 ya 674 a principios de 2005 (según datos oficiales, quesuelen quedar bastante por debajo de las cifras reales).Al mismo tiempo se han sucedido los toques de atenciónpor parte de instituciones como el Fondo Monetario In-ternacional, que alertan de los peligros del pinchazoinminente del boom inmobiliario. Ante esta situación noera de extrañar que la vivienda se convirtiese en un ele-mento central de los programas electorales durante lasúltimas elecciones municipales, autonómicas y estatales.La palma se la llevó el PSOE que, obviando su responsa-bilidad directa en la creación de esta situación (DecretoBoyer, etc.), hizo del «derecho a la vivienda» una bande-ra del nuevo «cambio político», prometiendo entre otrascosas «el acceso a 180.000 viviendas a un precio razo-nable cada año».

Sin embargo, para hacer efectivo este derecho a lavivienda los nuevos gobernantes socialistas no planteanninguna ruptura con el modelo que ha llevado a la si-tuación actual. Tal como se anuncia en el Plan de Vi-vienda del Gobierno central, su objetivo es «comple-mentar la acción de los mercados y corregir algunas delas consecuencias negativas de su funcionamiento», te-niendo en cuenta en cada momento «el impulso que dala actividad del sector de la construcción para el desa-

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rrollo económico». Dicho en otras palabras, los planesde gobierno no contemplan medidas como una mayorprotección de los inquilinos mediante la reforma de laLAU, topes de precios o la expropiación de los tres mi-llones de pisos vacíos o desocupados, ni por asomoplantean acabar con la mercantilización de la vivienday del espacio urbano. El asesor económico de Zapatero,Miguel Sebastián, lo dejó muy claro: «Nuestro objetivono es abaratar el precio de la vivienda, sino favorecerel acceso a ella de los jóvenes y emigrantes mediante elmercado de alquiler... reequilibrando las actividades delsector inmobiliario y de la construcción ya que, en casocontrario, la burbuja inmobiliaria podría estallar, lo quecomportaría efectos nefastos para el sector financiero,de la construcción y el consumo interno» (Cinco Días,23 de febrero de 2004). Consecuentemente, la redaccióndel Plan de Vivienda buscó en cada momento el consen-so no sólo con las comunidades autónomas sino tam-bién con el sector de la construcción, las inmobiliarias ylas entidades financieras, tal como destacó la titular delMinisterio de Vivienda, María Antonia Trujillo, en lapresentación del Plan. El fruto de este consenso sería laconstrucción de 105.000 viviendas de alquiler (sin espe-cificar cuántas de ellas corresponderían a los famososminipisos) y la facilitación del acceso a la vivienda a720.000 familias del Estado en el marco del Plan de Vi-vienda 2005-2008 (léase promesa electoral y téngase encuenta que si estas cifras fuesen ciertas, apenas cubri-rían la quinta parte de la población necesitada). Y fiel ala mercadotecnia con la que se venden los políticos, laministra anunció además el final de la especulación gra-cias a la nueva Ley del suelo, que prevé que el 25% delsuelo de construcciones nuevas se destine a la construc-ción de pisos protegidos y/o «asequibles».

Si nos fijamos en el presupuesto del Ministerio deVivienda para 2006 vemos en primer lugar que tiene unpresupuesto bastante escaso para conseguir estos noblesfines y, en segundo lugar, que prácticamente todo elpresupuesto sirve para que el sector inmobiliario, finan-ciero y de la construcción pueda seguir haciendo nego-cios en tiempos que se anuncian difíciles. La parte del

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león del presupuesto (el 85%) cae en tres partidas. El41% del total, unos 438 millones de euros, va a subven-cionar (con ayudas de hasta 10.000 euros) la entrada deun piso. Tal como explica la ministra, el 90% de este di-nero será destinado a jóvenes menores de 30 años, loque no explica por qué la partida principal de un minis-terio que quiere acabar con la especulación, se utilizapara mantener los precios desorbitados y garantizarnuevos hipotecados a los bancos. Tampoco explicitó sientre los beneficiarios de la ayuda figuran los jóvenesmenores de 30 años con contratos laborales tempora-les y precarios que abarcan más del 70% de esta franjade edad. Y por último cabe destacar que una ayuda de10.000 euros no llega ni para compensar el aumento de losprecios del año anterior. En este contexto resulta casianecdótico que esta ayuda fuese creada en 2001 por elgobierno del PP, aunque supuso sólo el 25% del presu-puesto para vivienda en 2004.

La segunda partida más importante (unos 240 millo-nes de euros) consiste en ayudar a los propietarios deuna VPO a pagar la hipoteca. Que sea una partida tanimportante refleja tres cosas. Primero, los primeros efec-tos de la subida de los tipos de interés; segundo, el hondocompromiso de los partidos con las cajas de ahorros que,en el marco de la «obra social», son unos de los princi-pales prestatarios para la construcción de viviendas pro-tegidas; tercero, la extensión de la precariedad laboralen las capas más desfavorecidas de la población.

La tercera partida más importante (de unos 239 mi-llones de euros) consiste en subvenciones para personasmenores de 35 años para que puedan pagar los alquile-res desorbitados, subvenciones para la rehabilitación defincas y ayudas para promotores de vivienda en alquiler.La primera partida se explica por si misma, y es simple-mente otra forma de aplicación de la vieja estratagemade socializar las pérdidas y privatizar la ganancias. Elimpulso a la rehabilitación que refleja la segunda medi-da es otra de las grandes «mejoras» introducidas por lossocialistas que ha recibido un gran apoyo por parte delsector inmobiliario. Un apoyo que se debe a la falta desuelo urbanizable en las ciudades y a la estrategia pú-

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blico-privada de convertir los cascos históricos de lasciudades en una suerte de parques temáticos. Los efectosque puede tener este vuelco entre los inquilinos que vi-ven en pisos a rehabilitar se pueden comprobar en otrosartículos de este libro.1

La tercera medida, unida a la prometida construc-ción de pisos de alquiler, merece una atención algo másdetallada. El baile de cifras en este apartado es impre-sionante, ya que las promociones de construcción deviviendas por parte o mediante subvenciones del Esta-do, de los distintos entes semipúblicos de los gobiernosautónomos y de los municipios, a menudo se solapan yla diferencia entre lo prometido y lo realizado puede lle-gar a ser abismal. Además, se ha diversificado el con-cepto de pisos de protección con términos como pisosasequibles y pisos de precio concertado, que permitenunos aumentos considerables en los precios de los mis-mos. Para ilustrar lo que pueden esconder las cifras gran-dilocuentes tomamos como ejemplo la política de vi-vienda del Ayuntamiento de Barcelona, no sólo porquedisponemos de más datos al respecto sino porque esteAyuntamiento, regido por el mismo tripartito que el Go-bierno de la Generalitat, según sus propias afirmaciones,reserva desde mediados de los años 90 el 25% del suelode sus promociones para la construcción de pisos deprotección.

En el plenario del Consejo Municipal de Barcelonacelebrado el 21 de mayo de 2004, el presidente de la Co-misión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Xa-vier Casas, cifra en el 25% la población de Barcelonaque necesita una vivienda asequible, sin especificar lostérminos que determinan el hecho de que una viviendasea considerada asequible: ¿cuando valga el 30% menosdel precio de mercado actual?; ¿cuando el hecho de poderdisponer de una vivienda suponga una carga inferioral 60% de los ingresos disponibles?... De todos modos, elSr. Casas se encuentra en sintonía con la patronal del

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1. La única condición que establecen los legisladores para con-ceder la ayuda consiste en poner los pisos de las fincas rehabilitadasdurante cinco años en alquiler, una vez finalizada la rehabilitación.

sector inmobiliario, que constata que no puede «atenderlas necesidades de un 20% de la población española»porque su poder adquisitivo no alcanza a pagar los pre-cios de mercado de venta y alquiler de pisos, por lo cualpara este segmento de la población se requeriría la ayu-da de la Administración pública para evitar «riesgos in-necesarios». Tanto el uno como la otra, y ambos en ple-na sintonía con el sector bancario, están de acuerdo enque un ligero aumento de los tipos de interés puede ha-cer disparar la cifra de personas incapaces de pagar supiso, lo que, ante el elevado nivel de endeudamiento,podría provocar una reacción en cadena con efectos im-previsibles.

Para poner su grano de arena en la desactivación deesta bomba de relojería, el Ayuntamiento propone enprimer lugar la construcción de más viviendas. Así elPlan de inversiones municipales (redactado en coordi-nación con la Generalitat, que tiene la competencia enmateria de construcción de vivienda «protegida») prevé,en el período 2004-2007, la promoción de 10.000 vi-viendas protegidas y/o asequibles con una aportación de435 millones de euros.

En primer lugar, cabe constatar que estas cifras sonridículas, ya que sólo podrían proporcionar un piso al2,25% (contando 2 personas por piso, cálculo que, anteel aumento de hogares unipersonales, es muy «genero-so») de la población necesitada de la ciudad (450.000personas, según las estimaciones del Sr. Casas). En se-gundo lugar, es de prever que estas promesas se incum-plirán al igual que los planes de vivienda anteriores. Talcomo denuncian los partidos de la oposición, en el Pro-grama de Actuación Municipal (PAD) 1996-1999 se pre-vió la construcción de 5.000 pisos de alquiler y 16.625pisos de protección y se construyeron 460 y 2.942, res-pectivamente, y en el PAD 2000-2003 se prometió laconstrucción de 2.000 pisos de alquiler y 6.000 de pro-tección y se edificaron 60 y 4.124. Según las mismasfuentes, el Ayuntamiento ingresó durante estos añosmás de 33.000 millones de pesetas por la venta de suelopúblico.

Una parte considerable de estos ingresos sirvió para

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financiar el Fórum y otras medidas orientadas a conver-tir la ciudad en un centro de atracción para el turismo«cultural» y de negocios. Otra sirvió para financiar lospisos protegidos erigidos en suelo público. Las fórmulasde financiación son muy variadas y van desde la crea-ción de constructoras públicas (Generalitat), cesionesde solares públicos a «cooperativas» de vivienda de aso-ciaciones de vecinos y sindicatos, hasta tratos con losconstructores privados, que tienen que destinar entre el10 y el 25% de los solares adquiridos de este modo a laconstrucción de pisos protegidos. Un número considera-ble de este tipo de pisos sirvió y sirve para alojar per-sonas afectadas por los planes urbanísticos del propioAyuntamiento. Por ejemplo, de los 1.823 pisos de pro-tección que el Ayuntamiento quiere construir entre 2004y 2007 en suelo público, 1.088 servirán para realojar agente afectada por planes urbanísticos; esta cifra se ele-va al 27% (2.760 pisos) si se contempla el número totalde los pisos que el Consistorio presuntamente construi-rá. Por otra parte, llama la atención el peso despropor-cionado de pisos de protección construidos en la peri-feria de la ciudad, lo que evidencia una vez más la es-trategia de preservar el centro urbano para las nuevasclases medias.

Además de estas prácticas que relativizan aún máslas cifras indicadas arriba y que constituyen otro caldode cultivo de corrupción y nepotismo, el Ayuntamiento yla Generalitat cambiaron a mediados de los años 90 lasleyes urbanísticas y ordenanzas municipales para poderconstruir pisos de protección en solares públicos previs-tos originalmente para equipamientos y zonas verdes,además de hoteles [sic], comisarías... En cuanto a los pi-sos de protección, el Ayuntamiento en este contexto seinventó figuras como los pisos protegidos para jóvenes(los llamados 10HJ), que éstos tienen que desalojar alcabo de 5 años, para dejar lugar a otros jóvenes «prote-gidos». Y, finalmente, la recalificación de suelo públicoprevisto para equipamientos se convierte en una fuentede ingresos netos para la Administración cuando cons-truye «pisos de protección» en régimen de venta en sola-res públicos, justificándose en los planes de vivienda.

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Si los planes de vivienda se enmarcan en una líneacontinuista de falsas promesas y peores resultados, lasotras dos estrellas de los programas de los gobiernos deizquierdas –«la movilización del parque de viviendasvacías» y «el fomento de la oferta de vivienda de alqui-ler»– tampoco tienen desperdicio. Según el censo de vi-vienda de 2001, y descontando las segundas residencias,sólo en la provincia de Barcelona existen 307.859 pisos«desocupados»; en toda Catalunya esta cifra supera am-pliamente los 400.000 y en todo el Estado español el nú-mero de pisos vacíos llega a 3.100.000. No se dispone dedatos más actuales; si bien el mencionado asesor MiguelSebastián cifró el número de pisos vacíos en el Estadoespañol en más de seis millones, hay que decir que estaafirmación fue hecha en el marco de la campaña elec-toral. En todo caso, teniendo en cuenta que la propor-ción de pisos vacíos en el parque global de viviendassubió de forma acelerada durante los últimos años, noresulta descabellado partir de una cifra actual de unos400.000 pisos vacíos en la provincia de Barcelona. Elmayor stock de pisos vacíos se encuentra en Barcelona,seguida por Madrid y Valencia, las tres ciudades dondemás subieron los precios de la vivienda. Según diferen-tes estimaciones, en Barcelona ciudad la cifra de pisosvacíos o abandonados varía entre 70.000 y 100.000, esdecir, entre el 9,3 y el 13,3% del número total de pisosexistentes en la ciudad. Sean cuales sean los númerosreales, estas cifras ya desmienten por sí solas la quime-ra de una falta de pisos para explicar el proceso alcistade los precios.

Cuando se hicieron públicas las cifras de viviendasvacías y estando la izquierda parlamentaria todavía enla oposición, ésta puso el grito en el cielo y pidió y pro-metió medidas tan «revolucionarias» como un recargodel 50% en el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI)para pisos vacíos. En Barcelona, donde lleva casi 30años al frente del Consistorio, la promesa fue retirada alcabo de poco tiempo por el ex gerente de Regesa y ac-tual responsable de finanzas del Ayuntamiento, JoséCuervo. A nivel de Catalunya y del Estado, una vez lle-gados al poder, la prometida penalización de la especu-

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lación fue transformada en medidas de fomento del al-quiler a través de la creación de entes públicos de me-diación.2

Estas agencias públicas de alquiler –la Sociedad Pú-blica de Alquiler y sus homólogas a nivel de las comu-nidades autónomas– funcionan del siguiente modo: me-diante dinero público se crea un nuevo ente cuyo obje-tivo declarado es proporcionar una serie de garantíasa los propietarios de viviendas a fin de que éstos alqui-len los pisos que mantienen vacíos. Por ejemplo, esta-blecen un fondo de seguridad de seis meses de pago dealquiler en caso de impago por parte del inquilino y pres-tan asistencia jurídica al propietario en el procedimien-to judicial de desahucio. En el caso de que el inquilinodeje de pagar dos meses de alquiler, se establece la obli-gación contractual de que el propietario inicie el proce-so judicial. Ésta, sin embargo, no es una medida limita-da a dichas agencias de alquiler ya que, según palabrasde la vicepresidenta del Gobierno central, el Ministerio deJusticia está preparando una ley que agilice los procesosde desahucio mediante el establecimiento de juicios rápi-dos para estos casos. Se trata de una medida que ya es-taba prevista en el Decreto Boyer pero que no había sidopuesta en práctica plenamente (se pasó de un procesoque podía durar hasta dos años al plazo actual de pocomás de medio año). Por otra parte, el Gobierno centralestá barajando la posibilidad de reducir los contratos dealquiler a 3 años, después de los cuales el propietariopodrá hacer con el piso lo que le plazca.

La asistencia pública que estas agencias de media-ción prestan al pobre propietario de un piso vacío com-prenden asimismo un seguro que garantiza que podrá

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2. El borrador del proyecto de ley del «Dret a l’habitatge» de laGeneralitat de Catalunya sí prevé algunas medidas restrictivas con-tra la especulación con los pisos vacíos y contra ciertas prácticas delmobbing inmobiliario que, en casos extremos y después del fracasode todos los intentos de mediación, pueden llegar a la expropiación.Sin embargo, los pesos pesados del PSC en la materia (los Sres. Na-dal y Casas) en seguida dejaron claro que estas partes del borradorno se aprobarán. El contenido del borrador se puede consultar en:mediambient.gencat.net/Images/43_75729.pdf

disponer de su piso al cabo de cinco años en el mismoestado en el que lo había alquilado. Las agencias de al-quiler social de la Generalitat, además de las medidasenumeradas arriba, prometen a cada propietario una ayu-da de unos 6.000 euros para que pueda reformar su piso.La única contrapartida que le exigen es que ponga el al-quiler a un precio «razonable o asequible». Según un re-portaje sobre este tipo de agencias publicado el 8 de ju-lio de 2005 en El País, en Barcelona ya se considera ase-quible un piso de dos habitaciones por un precio de 630euros mensuales. A pesar de todas estas facilidades, es-tas agencias estatales de alquiler constituyen el fracasomás espectacular de la nueva política de vivienda: a fi-nales de 2005, después de tres meses de funcionamien-to, la Sociedad Pública de Alquiler sólo había alquilado175 pisos en todo el Estado –no disponemos de datos desus homólogos a nivel autonómico, pero todo hace pen-sar que arrojan cifras parecidas–. En todo caso, se tratade cifras que quedan a años luz de los 350.000 pisos alaño [¡!] que el Gobierno quería poner en alquiler a travésde estas agencias. Este desfase se debe en gran medida ala simple razón de que la figura del pequeño propietarioque no se atreve a alquilar su piso vacío a causa de lasobreprotección [sic] de los inquilinos no existe apenas.Por otro lado, la consideración del inquilino como unsujeto de derecho (con derecho a una vivienda digna,asequible y no precarizada por contrato) brilla por suausencia, como se puede ver.

El Gobierno no sólo redacta planes de vivienda através de los cuales inyecta dinero público a las empre-sas privadas para que éstas puedan seguir acumulandobeneficios; también les concede toda una serie de favo-res fiscales para que se dignen a poner su ingente stockde pisos vacíos en el mercado. Un ejemplo de ello es laley aprobada en diciembre de 2005 por el Gobierno cen-tral, que concede importantes rebajas fiscales (reduccio-nes excepcionales del impuesto de sociedades y del IVA)a las llamadas Sociedades de Alquiler y les permite in-vertir sus beneficios en otros sectores. Se trata de una fi-gura de empresas creada por el PP y orientada a que lasconstructoras y promotoras inmobiliarias creen sucursa-

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les dedicadas al alquiler, es decir que movilicen su enor-me parque de viviendas vacías. Las grandes del sectoreran las primeras en celebrar la nueva ley y animaron asus colegas de la Asociación de Promotores Constructo-res de España a aprovechar esta nueva oportunidad dehacer negocios. Un negocio que promete, teniendo encuenta los precios de los alquileres.

Evidentemente, tanto estas facilidades tributariascomo todas las medidas de la política de vivienda co-mentadas aquí se traducirán en un aumento de la pre-sión fiscal que se nutrirá básicamente de un aumento delos impuestos indirectos, es decir, los impuestos que pa-gamos todos. Además, ya se está confirmando que estePlan de Vivienda está siguiendo los pasos de los ante-riores, porque los pisos protegidos siguen sin llegar ni al10% de todas las edificaciones nuevas. Por otra parte,aumentan constantemente los casos donde la construc-ción de viviendas «sociales» en régimen de venta sirvede excusa para recalificar suelos de equipamientos y ur-banizar los últimos espacios naturales en las periferiasde las ciudades.

En resumen: atrapadas entre su impotencia ante lafuerza del mercado y su complicidad con él, las admi-nistraciones públicas hacen lo mismo que vienen ha-ciendo desde el advenimiento del mal llamado neolibe-ralismo: no hacer nada que ponga trabas a la acumula-ción privada y poner las condiciones y el dinero paraque el mercado funcione. En este sentido, las medidaspropuestas por las administraciones públicas de «izquier-das» son básicamente medidas propagandísticas que es-tán lejos de garantizar el «derecho a la vivienda». Encambio, sí que están orientadas a proporcionar un col-chón al mercado inmobiliario en momentos en que laburbuja inmobiliaria se está deshinchando y el aumentoprogresivo de los tipos de interés amenaza con produciruna reacción de impagos y desahucios en cadena. Unhecho que, ante el gran número de pisos vacíos, a su vezpodría amenazar con convertir la ocupación de pisos enuna práctica generalizada.

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4. Las capas de la cebolla de laviolencia inmobiliaria y urbanística

En el contexto jurídico, económico, político y social des-crito en el capítulo anterior, y sobre todo en los últimoscinco años, los casos de amenazas, agresiones y sabota-jes contra inquilinos o pequeños propietarios de vivien-das, pequeños locales comerciales y okupaciones, utili-zando incluso distintas modalidades de matonismo, sehan multiplicado. Se han hecho visibles, de esta mane-ra, las consecuencias más dañinas de un modelo de ur-banismo y planificación generalizado, compartido y di-señado entre la empresa privada y todos los municipiosdel Estado español.

Esta sucesión de agresiones se ha convertido en unnuevo e inesperado reclamo y preocupación para las en-tidades vecinales (entre otras), y se ha popularizado,igual que en el ámbito laboral, con la denominación demobbing. Este anglicismo un tanto paracaidista ha teni-do la virtud de visibilizar prácticas y situaciones que ladesestructuración política, social, sindical o asociativa,estaba condenando al silencio. Pero corre el riesgo deconvertirse en una categoría tramposa, si tenemos encuenta que el término se socializa en principio comouna psicopatología laboral, producida por el mito deljefe particularmente perverso, que afecta a funcionariosy cuellos blancos traumatizados por la mala baba de al-gún superior jerárquico, y cuyas formas (sucesión de ór-denes contradictorias, empeoramiento de las condicio-nes de trabajo o vaciado de funciones, ostracismo...) sonidénticas o acaso exacerban métodos habituales delmercado laboral.

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Así, aparte de que el término funciona mejor comotecnicismo de manual de psicología postmoderna quecomo concepto político y social, y a pesar de que el mo-vimiento vecinal introduce otros matices a la hora desocializarlo, el mobbing se sigue refiriendo a la violenciafísica o psicológica como un hecho en sí, o como algorelacionado con la conducta –de hecho las webs dedica-das al mobbing consagran una parte de su importantetrabajo a la tarea, para nosotros de dudosa utilidad, dedefinir los perfiles del acosador– obviando lo fundamen-tal, es decir, los elementos estructurales que permiten quese produzca.

En el caso de la vivienda y el espacio público, esoselementos estructurales se refieren a las relaciones eco-nómicas y de propiedad, la legislación en materia de vi-vienda, suelo y mercado hipotecario y la política urba-nística municipal.

Por esto mismo, además de buscar la máxima clari-dad en los conceptos y en el lenguaje, igual que en loscasos de violencia de género no hablaríamos nunca demobbing sino de patriarcado y relaciones de poder en lafamilia, en este capítulo no utilizaremos el término mob-bing y hablaremos de violencia inmobiliaria y urbanísti-ca o de acoso inmobiliario.

Partiendo de ahí, este texto intenta abordar la cues-tión en tres partes. Una primera que trata de comprenderla violencia urbanística como un contexto que permite yrequiere para imponerse diferentes formas de agresión ala población y el territorio, y como un mecanismo insti-tucional estrechamente ligado a los planes y reformasurbanísticas y a la propia voluntad política de las admi-nistraciones y los partidos gobernantes. Una segundaparte que, a través de los testimonios y las experienciasconcretas de agresiones y acoso a vecinos, inquilinos,okupas o pequeños propietarios, intenta dar a conocerlos distintos métodos empleados por privados, empresase instituciones para librarse de bichos y gusanos, que escomo gustan denominar en su argot a los obstáculoshumanos que se encuentran en el camino de los nego-cios. Y por último, una tercera en la que se trata de va-lorar, a pesar de los escasos datos disponibles en torno

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al tema, la posible magnitud de la violencia inmobilia-ria, y también de analizar la actitud y los métodos hui-dizos de las instituciones políticas y la institución ju-dicial ante el aumento incuestionable de los casos deacoso inmobiliario, para rebajar la gravedad de la cues-tión como fenómeno general y en los propios casos in-dividuales.

Planes Parciales. Planificación y estrategia de laviolencia urbanística

Guerra a los gusanos, a las manzanas y a todo elárbol

En la fase abierta aproximadamente en 1997 el urbanis-mo ha adquirido más peso aún como una de las basesfundamentales de la economía política, equiparable almarco laboral o a la política fiscal.

La planificación urbanística, como la llave maestraque da cobertura burocrática y que justifica con su par-ticular racionalidad actuaciones capaces de fracturarbarrios enteros y desahuciar a miles de vecinos, obliga,antes de hablar de acoso inmobiliario, a definir un mar-co más amplio, el de la violencia urbanística fruto de lacontinuidad y la evolución del urbanismo franquista.

Los actuales modelos de ciudad no se entienden sinuna concepción que, desde entonces, organiza su terri-torio a partir de la mirada vertical del mapa, observán-dola como un todo homogéneo y obviando las diferen-cias y las consecuencias sociales y económicas de cadaintervención. Una estrategia agresiva y de efectos irre-versibles sobre el espacio, que para el economista JuanClavera, citado por Eduardo Moreno y Francisco Martíal ilustrar el caso Barcelona,1 es «cirugía urbanística apli-cada sobre un sector del cuerpo de la urbe, cuyo resulta-do apetecido es el mejoramiento económico de dichosector en beneficio de sus cirujanos». La «racionaliza-ción» para cubrir necesidades logísticas (fluidez del trá-

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1. Barcelona ¿a dónde vas? (Ed. Dirosa, 1975).

fico, infraestructuras de ciudad, etc.) o para llevar a caboreformas parciales o integrales de los barrios, realmentese convierte en una espiral de obras, de destrucción demanzanas enteras, y de grandes y pequeñas arterias abier-tas en canal, que vuelven irreconocibles amplias zonasde las ciudades y los barrios afectados. Intervencionesque pueden alargarse lustros, que en el período «en des-trucción» alteran y obstaculizan la vida y la convivenciaen la calle, y que al final de todo provocan consecuen-cias irreparables:

• Expulsión y sustitución de población empobreci-da e histórica por sectores sociales adinerados y «mo-dernos».

• Desaparición del comercio de necesidades básicase invasión de franquicias, grandes superficies, hosteleríay comercio elitista y de productos superfluos.

• Desaparición de infraestructuras de barrio por in-fraestructuras de ciudad; y destrucción del patrimonio yel callejero histórico de los cascos antiguos sometidos areformas.

Si bien la asociación entre especulación y violenciaurbanística no se produce necesariamente en el contex-to de un plan urbanístico, sí que los llamados PlanesParciales, que en numerosos casos nacen como una rei-vindicación del movimiento vecinal, en la práctica sehan convertido en la planificación de una tarea de lim-pieza y éxodo, en una estrategia de guerra a la pobla-ción y al territorio que habita. Los Planes Parciales defi-nen la caducidad no sólo de la estructura urbana sino desus usos, sus gentes y su tejido económico. El calificati-vo de «obsoleto» se utiliza igual para las personas, losedificios y las calles. No inventan sólo un mapa geográ-fico e imaginario por ejecutar, sino también un nuevotejido económico, social y comercial, pensando en im-plantar sujetos y actividades rentables, además de socialy estéticamente acordes al modelo que se busca.

Digamos que, si a su escala, la violencia inmobilia-ria –de la que hablaremos más adelante– se dedica a ha-cerle la guerra a los gusanos, la violencia urbanística le

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hace la guerra a las manzanas y al árbol entero. Desde lamirada del urbanista, cada vez más parecida a la super-ficialidad de la jardinería creativa que lo sacrifica todoal resultado estético, hasta la aplicación implacable delas máquinas que dejan el territorio convertido literal-mente en un paisaje de postguerra, este proceso se basaen una destrucción obsesiva y progresiva de lo existen-te y los existentes, una poda interminable de lo sobrante,de lo no rentable.

Casos conocidos son el Plan Urban de Sevilla, quecon fondos europeos ha consumado parte de la destruc-ción de la historia social, urbana y arquitectónica delbarrio de San Luis-La Alameda; el Parque de las CuevasCarolinas en Benimàmet (Valencia), relacionado con losfuturos campeonatos mundiales de Atletismo de 2008;el Plan del Cabanyal en Valencia o los PERI (Plan Espe-cial de Reforma Interior) que afectan a distintos barriosde Barcelona (Ciutat Vella, Sants, Poble Nou...). Con susparticularidades, todos ellos coinciden en abrir una es-calada de expansión empresarial y urbanística, de crea-ción de expectativas de negocio y explotación económi-ca, de destrucción sistemática de edificios y patrimonioy de acoso y expulsión de vecinos sin indemnizacioneso con compensaciones económicas ridículas. En algunoscasos, la continuidad señalada respecto al urbanismofranquista puede verse a través de un proceso histórico,como en el caso del barrio del Carmen valenciano, quedesde los 70 ha perdido el 50% de su población

Desde su nacimiento y hasta su ejecución, los PlanesParciales son un acto de fuerza político, burocrático ynecesariamente represivo que aplica a la ciudad real-mente existente una fecha de defunción. Es prácticamen-te una ilegalización a plazos de la vida, el espacio y laconvivencia tal y como se conocen en los barrios.

El sueño efímero de la participación y la pesadilla dela «colaboración público-privada»

Todo lo anterior es posible, entre otros factores, debidoa la desarticulación del movimiento vecinal durante losúltimos treinta años, a la despolitización generalizada y

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a la deriva clientelar o parainstitucional de una parteconsiderable de asociaciones vecinales del Estado espa-ñol. Por lógica, esto afecta tanto al margen de reacciónfrente a las agresiones, como a la capacidad de convo-catoria y de aunar fuerzas de las entidades vecinales queaún mantienen discursos y posiciones críticas. Aparte dedebilitarse las posibilidades de respuesta y control, estaderiva ha dado lugar a la tergiversación de las reivindi-caciones históricas de los barrios, en favor de una polí-tica de destrucción activa revestida con palabras como«rehabilitación», «revitalización», «reforma»... Como ejem-plo, el cinismo mediático al señalar en la crisis del Car-mel2 «la paradoja» de que la catástrofe se produjera pre-cisamente a causa de la ampliación de la línea de metro,«una de las peticiones históricas del barrio».

En este aspecto, los discursos sobre la participaciónque desde mediados de los 90 emplean los sectores so-cial-liberales, la izquierda institucional clásica o la iz-quierda verde-liberal, y que son particularmente sensi-bles a lo municipal y lo vecinal, han permitido renovarla propuesta retórica, pero en un corto período de tiem-po han demostrado su condición fantasmal. Bajo la re-tórica no se divisa ni un intento, ni una sola experienciaseria o novedosa, que plasme los argumentos sobre elciudadano y la participación que los partidos del arcoinstitucional han pretendido abanderar, y eso a pesar dela más que buena predisposición y las demandas de lasasociaciones. Los «planes comunitarios», en algunos delos cuales se ha volcado la buena voluntad de parte delmovimiento vecinal, y que teóricamente pretendían ge-nerar espacios de gestión a partir del propio tejido socialy asociativo de barrio, han sido por lo general una ree-dición del clientelismo institucional:

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2. La mañana del 27 de enero del 2005, un túnel para la prolon-gación de la Línea 5 del Metro que ya había provocado el desalojo dedos edificios dos días antes, y que según el presidente de la Asociaciónde Vecinos de El Carmel no aparecía «en los últimos planos que nosmostraron antes de comenzar la obra», abre un socavón de 35 metrosde profundidad y 30 metros de diámetro, y pone en peligro 84 edifi-cios, dos colegios, 500 viviendas y 1.054 personas.

«Hay que ser conscientes que el Ayuntamiento ex-ternaliza servicios y equipamientos por una pura cues-tión económica. Lo público desde lo público genera ungasto que no se quiere asumir, así que muchas veces y acosta de la calidad se convenía con una asociación oempresa la gestión del servicio y equipamiento... Prime-ramente en el Casc Antic se ha generado una competen-cia asociativa y una carrera a la hora de conseguir con-cesiones para gestionar lo público. Esa competencia hacaído en ciertas plataformas vecinales en un clientelis-mo que hipoteca cualquier posicionamiento crítico conla Administración.»3

Por otra parte, los mecanismos ya existentes, comolas audiencias públicas, los períodos de alegaciones a losplanes urbanísticos o las negociaciones directas con lasasociaciones en conflictos de especial notoriedad, se si-guen dotando de diques políticos y metodológicos efec-tivos que evitan que se vaya más allá del derecho al pa-taleo o las aportaciones anecdóticas a las decisiones yatomadas, los contratos ya firmados y los hechos consu-mados o en consumación.

En el caso del Plan del Cabanyal-Canyamelar (Va-lencia), donde la capacidad de organización vecinal haabarcado todos los niveles, y por supuesto, ha tratado deutilizar los medios que pudieran existir para hacerse oíren el plano institucional, se ve como el aparato admi-nistrativo, más allá de coyunturas políticas favorables,no deja un resquicio en su funcionamiento para que losvecinos puedan contrarrestar la acción institucional.Durante la fase de redacción técnica del plan, un totalde 3.267 firmantes rechazan las dos alternativas de aper-tura de la Avenida Blasco Ibáñez, que habría de atrave-sar el Cabanyal, y «19 firmantes se manifiestan a favorde la Alternativa 2». Aparte de las firmas, de las «72.834alegaciones, presentadas por un total de 6.692 personas,un total de 72.226 solicitan la retirada del Proyecto,oponiéndose con carácter general a la prolongación de

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3. «Casc Antic: La gestión de servicios comunitarios y equipa-mientos», Masala, n.º 28 (febrero-marzo 2005).

la Avenida de Blasco Ibáñez».4 A pesar de lo cual lostécnicos municipales siguen considerando en su informeque el plan se justifica para «dar satisfacción a una am-plia demanda social colectiva dentro de la ciudad de Va-lencia que lo reclama».

Pasado un tiempo, los discursos sobre la participa-ción bajo la cobertura simbólica de Porto Alegre, por lomenos en los municipios del Estado español, no han pa-sado de ser poco menos que un sueño efímero de la iz-quierda institucional, que en la oposición o gobernandoha mantenido o acentuado la vieja política.

En general, la aceptación del concepto liberal clási-co de «sociedad civil», referido a lo que con ambigüedadse denomina «la iniciativa privada» y que no habla deotra cosa que del empresariado, la banca y los inverso-res como motor de la economía y como interlocutor po-lítico, es la base de la llamada «colaboración público-privada», el verdadero ámbito de negociación política delos modelos y la planificación estratégica de las ciuda-des. La relación entre presupuesto municipal y venta desuelo público, entre otras formas de financiación, ci-menta una relación que, por otra parte, vuelve a revertiren el «sector privado» multiplicando el trasvase de fon-dos institucionales, como se expone nítidamente en elmismo caso:

«La inversión, según datos del propio proyecto mu-nicipal, llegará a 27.000.000.000 de pesetas. Dejen5.000.000.000 para un plan de rehabilitación sin des-trucción del Cabanyal-Canyamelar. Cuántas inversionesse podrían realizar en este u otros barrios de la ciudad.¡Cuánto se podrá hacer con los otros 22.000.000! Cuán-tos servicios, dotaciones, construcciones escolares.»5

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4. Datos de la copiosa documentación judicial aportada por laPlataforma Salvem el Cabanyal, y que pueden encontrarse en la webwww.cabanyal.org. Una visión global del transcurso y las implicacio-nes de este conflicto, puede verse en este mismo libro en el capítulo«El PEPRI del Cabanyal: destruir un barrio para vender el mar».

5. Véase el capítulo «El PEPRI del Cabanyal: destruir un barriopara vender el mar».

Así, mientras el discurso participativo gritaba losvientos de una nueva era de «poder ciudadano», el reco-rrido es el inverso, con una mayor opacidad de la insti-tución municipal, y a la vez con una relación más estre-cha y cómplice con el sector privado. De hecho, el pri-mer Congreso de Asociaciones de Barcelona, jugando aelaborar un discurso renovador en torno a las entidadessociales y vecinales, definía en realidad el nuevo mode-lo de interlocutor vecinal que le interesa a las institu-ciones y a la empresa privada, cuya característica prin-cipal es su adaptación a las condiciones del mercado yen concreto a ese sistema de empatía de las institucionescon el sector empresarial:

«Las asociaciones han de abandonar la “cultura de lasubvención” y practicar la “cultura del contrato”. Hayque encontrar la conexión de intereses que favorece una“relación comercial” eficaz. Es necesario buscar y estu-diar nuevas fórmulas de financiación: la relación conlas empresas, el trabajo en red, la economía a escala o labanca ética entre otras. Las asociaciones han de saberqué es lo que quieren escuchar las empresas y cómo ex-ponerlo para llegar a una colaboración mutua. Es decir,cuando buscan financiación han de explicar bien qué eslo que hacen, han de saber comunicarse. Por otro lado,pero, para hacer campañas se han de tener dineros.»

El texto también habla de marketing, como un ele-mento a añadir a la actuación cotidiana de las asocia-ciones: «Marketing no equivale a venta, marketing es laciencia del intercambio. Para aproximarnos a los ciuda-danos sensibles a nuestros servicios y actividades, he-mos de invertir en comunicación, tener claro nuestromensaje y nuestro objetivo.»6

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6. «El primer congreso de las asociaciones de Barcelona. Metodo-logía y conclusiones para las asociaciones», organizado por el ConsellMunicipal d’Associacions. Cita extraída de H. Pedraforca, «Barcelonamarca registrada y banderín del ciudadanismo», del libro BarcelonaMarca Registrada. Un modelo por desarmar (Virus Editorial, 2004).

Se hace aquí una definición que ya no coincide conla de la asociación de vecinos clásica, conocedora del es-pacio donde vive y el suelo donde pisa, con una red deinformación más o menos minuciosa y cultivada duranteaños de conocimiento y trato personal, y para la que elinversor privado, sobre todo en los casos de invasión ma-siva, no es otra cosa que un depredador. Lo que defineeste párrafo es lo que hoy se conoce como fundacionesprivadas, que tienen una relación estrecha con bancos yempresas, que son habitualmente su matriz, cuya misiónno es presionar a las instituciones sino realizar los servi-cios que les corresponden en los términos de un inter-cambio mercantil, y que se alimentan de voluntarios yprestigian su imagen a través del marketing empresarial.

En realidad, los discursos genéricos sobre la partici-pación se habían agotado mucho antes de empezar a an-dar, porque a pesar de que el arraigo de las asociacionestradicionales evita un viraje brusco en esa dirección, esel modelo de las fundaciones, que ya se ha impuesto enotros ámbitos como el trato con menores, el que hoy porhoy contiene la alternativa cómoda al esquema de «co-laboración público-privada».

Así, si en casos como el Plan Urban de Sevilla o elPlan de la Muralla de Valencia se consiguió paralizar unparking o la destrucción de la mayoría de edificios res-pectivamente, no fue precisamente por ningún mecanis-mo de participación, sino al contrario, por la moviliza-ción que conseguía encajar un palo en la rueda del plany desbordar siquiera levemente los mecanismos institu-cionales.

Los barrios donde tradicionalmente se mezclan cla-se obrera, sectores racial o socialmente marginalizados,gente mayor sin recursos económicos, inmigrantes etc. yque son objeto de los procesos de transformación urba-nística, se ven precisamente sometidos a una labor me-tódica de ocultamiento o falseamiento de la informa-ción, irregularidades que afectan a las propias normasmunicipales, tolerancia 100% con los desmanes del sec-tor privado etc., que elimina los ya de por sí escasos de-rechos políticos de la población sobre las decisiones queafectan a su propio entorno.

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Y aquí no estamos hablando de secuelas de ordenburocrático ni de la capacidad más o menos «dialogante»de los cargos políticos, sino de la propia necesidad de losplanes urbanísticos de oscurecer y obviar política y me-diáticamente a la población a la que se pretende expul-sar. Cuando los planificadores hablan de «valor añadido»o de «poner en valor» un espacio, toma especial relevan-cia el factor humano, la pretensión de introducir sectoressociales capaces de «modernizar» y «dinamizar» la vida yla imagen del espacio, y sobre todo capaces de pagar losfuturos precios de los pisos, los comercios y el ocio, conlos que se alimentan los cálculos especulativos.

Voluntad política y violencia institucional

Bajo estas premisas, la lógica de implantación de cadaPlan Parcial no es siempre idéntica y depende de facto-res relativamente previsibles como son el arraigo y laedad de la población, y sobre todo, los niveles de resis-tencia, cohesión y asociacionismo en las áreas y los edi-ficios afectados. En Sevilla, por ejemplo, se han tejidoformas de resistencia en la última década y precisamentea partir de hacerse público el Plan Urban, pero el gruesode las reformas anteriores al Urban y durante su aplica-ción, se ha llevado a cabo sin excesivos problemas paralas autoridades locales y los propietarios. En otros luga-res como el citado del Cabanyal o algunos barrios deBarcelona se han producido conflictos sociales de ciertaenvergadura, que han dificultado las reformas y en al-gunos casos han obligado a variar plazos y estrategias.En este sentido, los planes también están sujetos a ele-mentos difícilmente ponderables, como por ejemplo lainmigración, que en un caso como el del Raval en Bar-celona, ha desbordado y trastocado las previsiones he-chas por los planificadores durante los 80 y principiosde los 90.

De todas maneras, más allá de las diferencias y pe-culiaridades de cada municipio y cada plan, lo común esuna voluntad y una conciencia política apenas disimu-ladas, tanto en los cargos políticos como en los técnicos,de que en cada operación existe un coste humano e his-

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tórico-urbano que ellos dirían «hay que pagar», pero quedeberían decir más adecuadamente «hay que cobrarse».En este sentido, y aquí sí que la autoridad competentesiempre trata de moverse con más disimulo entre el di-cho y el hecho, en la planificación hay dos aspectos quecorresponden a su exclusiva competencia política, y que seutilizan directamente contra los intereses de la pobla-ción, generando climas de malestar, miedo y desasosie-go por tiempo indefinido:

• En los procesos de expropiación, «apertura» a lainversión privada y sustitución de la población, la po-lítica institucional busca crear unas condiciones favora-bles a la economía especulativa, abriendo procesos dereforma que permitan a las sociedades de tasación hacersus particulares profecías sobre los futuros precios y be-neficios en la zona sometida a destrucción y reconstruc-ción, para que los promotores y los compradores-inver-sores y sus glándulas salivares vayan haciendo las cuen-tas de la vieja. Aquí, la necesidad de las instituciones decumplir los plazos y reducir costes coincide con la in-quietud de los pequeños constructores, empresarios inmo-biliarios e inversores, por menguar al máximo los tiem-pos de amortización y obtención de beneficio de un in-mueble. Esa coincidencia de intereses abre un espacio degrandes y pequeñas irregularidades y un clima de com-plicidad institucional, empresarial e incluso mediática,que entra en colisión directa con los derechos jurídicos,económicos, históricos y sociales de los vecinos.

—En Ciutat Vella (Barcelona), la empresa de capitalmixto Promoció de Ciutat Vella (Procivesa), hoy Fomentde Ciutat Vella (Focivesa), responsable directa de la ges-tión de las reformas en el barrio, durante los procesosexpropiatorios trata sistemáticamente de dar a elegir alos afectados entre derechos que no son intercambia-bles, como son el derecho al realojo y a indemnizacióno compensación, y a ser posible conseguir que renun-cien a ambos mediante engaños y presiones. Cuando enel año 2000 comienza la destrucción de edificios en lazona que los vecinos han denominado el «Forat de la Ver-gonya» (el agujero de la vergüenza), la empresa envía

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cartas con ultimátum para aceptar unas condiciones deexpropiación pendientes aún de procesos judiciales res-pecto a sus aspectos económicos. Las notificaciones em-plean fórmulas amenazantes como las siguientes, queviolan lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosay la Ley del Suelo: «En el caso de que, en el plazo máxi-mo de DIEZ DÍAS no manifiesten expresamente la acep-tación de esta oferta, daremos por intentada la adverten-cia sin efecto... En este supuesto, la vivienda de realojo, ala cual puede tener derecho, no le será puesta a la dis-posición en las nombradas condiciones», cifrando en-tonces requisitos legales y económicos que superaríancon creces las posibilidades económicas de los expro-piados y expulsados. El Ayuntamiento de Barcelona seniega sistemáticamente a una negociación colectiva, in-dividualizando el proceso para lograr la máxima venta-ja respecto a los inquilinos más indefensos. Las asocia-ciones Veïns en Defensa de la Barcelona Vella y Asso-ciació de Veïns per la Revitalizació del Casc Antic, juntocon vecinos individuales, denunciaban en noviembre de2002 el impago sistemático de indemnizaciones desde1988, que según los datos aproximados ofrecidos por lasasociaciones, el periódico Masala desglosaba de la si-guiente manera: «teniendo en cuenta los 2.700 expe-dientes de expropiación realizados por la empresa mix-ta, si aplicamos una media entre 800.000 y un millón depesetas por cada expropiación, nos encontramos conmás de dos mil millones de pesetas que tanto el Ayunta-miento como Procivesa habrían de pagar.»7 Algo que porotra parte supone una presión a la baja del precio delexilio forzado, que juega en beneficio de los propieta-rios privados. Este pressing burocrático, que pretendebásicamente acelerar el ritmo de las obras y ahorrar di-nero, se apoya también en mecanismos menos sutiles,como cuando el 21 de diciembre de 2001 en el Forat dela Vergonya, y ante la resistencia de los vecinos con fe-cha de desahucio para seis días después, «la guardia ur-bana desmontó la cerradura de la puerta principal y seintrodujo en el edificio, donde insultó a algunos veci-

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7. Masala, n.º 14 (junio-julio 2003).

nos. Posteriormente se cortó el suministro de agua yluz»;8 unas prácticas que han alcanzado mayor virulenciaaún en casos como el del bar Ciutat Vella en el Raval.9

—En el Cabanyal (Valencia), en el proyecto de aper-tura de la Avenida Blasco Ibáñez, que afectaría a 1.651viviendas, 116.265 metros cuadrados de suelo y 165.016metros cuadrados actualmente edificados, como en otrasgrandes urbes de litoral, la «apertura al mar» sirve comoexcusa para atacar una zona hasta entonces sometida aun total abandono.10 Aunque el plan sigue pendiente deun conflicto social y de una correosa pelea judicial, elbarrio tiene precedentes nada halagüeños sobre el com-portamiento institucional como el de la apertura de laAvenida de Los Naranjos en enero de 2005, donde elAyuntamiento de Rita Barberá (PP) llevaba a cabo la ex-pulsión de 50 familias con 90 menores, a las que dosmeses antes cortaba los suministros de luz y agua (in-cluida la fuente más cercana), y que en el momento desu expulsión no obtendrían ninguna alternativa de rea-lojo. En el caso de la apertura de Blasco Ibáñez, que afec-ta a un barrio declarado Bien de Interés Cultural, el pro-longado conflicto ha permitido identificar un grado decomplicidad político-judicial al más alto nivel. La Con-selleria de Cultura, además de elaborar un informe favo-rable al Plan del Cabanyal, ha llegado a sancionar a losfuncionarios que lo declararon ilegal, y posteriormenteaprobó una Ley de Patrimonio que en su artículo 7 auto-riza la alteración del patrimonio histórico, urbano y ar-quitectónico «en el caso de que se produzca una mejorade su relación con el entorno territorial o urbano o seeviten los usos degradantes para el propio conjunto ose trate de actuaciones de interés general para el muni-

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8. Masala, n.º 7 (febrero 2002).9. Este caso en el que, como otros, la particular voluntad de re-

sistir de un vecino descubre también hasta dónde son capaces de lle-gar las instituciones, puede leerse en el capítulo «Robador 29, entre laespada y los tiburones».

10. Una visión a fondo de las implicaciones, la conflictividad yla lucha judicial a la que ha dado lugar este proceso puede leerse eneste libro, en el capítulo «El PEPRI del Cabanyal: destruir un barriopara vender el mar».

cipio o de proyectos singulares relevantes», o sea, en cual-quier caso. Así, mientras la alcaldesa atacaba al Síndicde Greuges11 por sus críticas al plan y el PP le impedíacomparecer ante el Parlament Valencià, el Tribunal Su-perior de Justicia de Valencia avalaba el plan en un fa-llo que según el catedrático de Derecho Constitucionalde la Universidad de Valencia, Fernando Flores, «prote-ge los intereses urbanísticos y asume la destrucción delpatrimonio, y cuyos argumentos jurídicos sonrojan a unestudiante de Derecho».12 Pero además de la cuestión pa-trimonial, que evidentemente lleva detrás un proceso dedevastación social cuyas implicaciones hemos señaladomás arriba, de llevarse a cabo finalmente el plan, el eco-nomista Manuel Pérez Montiel considera que el presu-puesto previsto para pagar las expropiaciones previstaspor el Ayuntamiento es tres veces menor que su valor enel mercado.13 El papel de los medios de comunicaciónno ha sido mejor que el de las instituciones políticas yjudiciales, tal y como señala otra vez Fernando Flores:«cuando transcurría el decimocuarto día de huelga dehambre de tres vecinos del Cabanyal que pedían diálogocon el Gobierno municipal sobre el futuro del barrio ma-rítimo, Canal Nou emitió el caso de dos diputados salva-doreños que llevaban tres días de huelga de hambre –enSan Salvador– en legítima reivindicación por un asuntointerno. Canal Nou nunca dijo nada sobre los veintitrésdías de huelga de los ciudadanos valencianos.»14

• En la política presupuestaria y los procesos deremodelación del espacio público y renovación de su-ministros e infraestructuras, habitualmente las obraspueden alargarse por un tiempo indefinido, y mientrasen el día a día deterioran la calidad de vida, que en con-

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11. Institución equivalente al Defensor del Pueblo, existente enCatalunya y el País Valencià.

12. Fernando Flores, «Lecciones del Cabanyal», Levante (24/10/2004).

13. Manuel Pérez Montiel (catedrático de Economía de la Escue-la Técnica Superior de Arquitectura) en el suplemento «Territorio y Vi-vienda», Levante (28/01/2001).

14. Fernando Flores, op. cit.

creto para la población anciana puede alcanzar nivelesinfrahumanos, a largo plazo tratan de revalorizar el pre-cio de la zona en general y del suelo y la vivienda enparticular. En este aspecto es reseñable el papel de losfondos europeos, que a través de distintos canales hacensu propia contribución a la solvencia financiera y polí-tica de la remodelación urbana. Es el caso de los FondosFEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), canali-zados por la Generalitat de Catalunya para un Plan deBarrios cuya aplicación aún está en pañales, pero tam-bién del Plan Urban, cuyos efectos a medio plazo sepueden comprobar en el centro histórico de Sevilla.

—En San Luis-La Alameda (Sevilla), desde los años 70los planes del Ayuntamiento consisten básicamente en laapertura al tráfico rodado, la construcción de un parking,la supresión de arboleda y el derribo de hileras de vivien-das, concretado en el Plan Urban aplicado desde mediadosde los 90, y posteriormente en el Plan Parcial de 2001. Se-ñala Ibán Díaz como «el objetivo del Urban era la incenti-vación de la inversión de capital privado en la zona. Asíel dinero público gastado en el barrio, prometiendo unasubida de los precios del suelo, ha servido principalmentepara atraer a la iniciativa privada a invertir en la vivien-da».15 A pesar de que la Plataforma de Afectados por elUrban consigue frenar la construcción de un parking,buena parte del núcleo duro de las reformas consigue lle-varse a cabo, como «la supresión de la Plaza de la Niña delos Peines, ya perpetrada... y de gran parte de la arboleday de rebote el mercadillo de la Alameda».16 En sólo cuatroaños el precio del suelo en la Alameda de Hércules pasóde 200.317 ptas./m2 a 240.202 ptas./m2.

—El Plan de la Muralla en Valencia es un caso parti-cularmente interesante ya que aporta ciertos matices yvariaciones en el comportamiento institucional, fruto dela capacidad de resistencia social y legal de los vecinos,

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15. Ibán Díaz, «La especulación en torno al barrio de San Luis.Sevilla», La Haine (13/01/03). Una visión más a fondo sobre la situa-ción general en Sevilla y las luchas a las que ha dado lugar, se puedeleer en este mismo libro en el capítulo «Especulación y luchas contrala gentrificación en Sevilla».

16. Ibán Díaz, op. cit.

pero que también demuestra con mayor claridad si cabecuál es el interés prioritario del stablishment político mu-nicipal. Con 400.000 euros consignados para la expropia-ción de espacios públicos, el Plan de la Muralla se en-cuentra aparcado desde hace dos años en la ComisiónTerritorial de Urbanismo, después de que los vecinos con-siguieran limitar a tres los edificios expropiados y demo-lidos y con ello amortiguar su alcance y sus consecuen-cias. En este sentido, la Asociación de Afectados por laMuralla señala como, al contrario de la velocidad conla que habitualmente se pretenden implementar las re-formas, en este caso se está actuando con una lentitudque en la práctica beneficia a las inmobiliarias. Según losafectados, este tiempo de silencio está siendo utilizadopor aquellas que han llegado a adquirir hasta 20 edificiosen tres años, para jugar «con la amenaza de que las fincasvan a ser expropiadas con el plan», y de esta manera for-zar el abandono de los inquilinos de renta antigua.

Así, la planificación urbanística en general y enconcreto los Planes Parciales como instrumento de ac-tuación sobre el espacio urbano, son una forma de vio-lencia urbanística en sí misma, pero a la vez tambiénson el marco estratégico que, junto a la legislación enmateria de alquileres y mercado hipotecario y la políti-ca de vivienda, permiten que se desarrollen prácticascomo el acoso inmobiliario.

Aquí el presunto «papel regulador» de las institucio-nes no juega precisamente contra el interés privado sinocontra los vecinos. Y esto, lejos de remitirnos a la simplecondena moral o al escándalo ante unas determinadasprácticas y conductas, contiene una responsabilidad po-lítica, tanto en lo que toca a los modelos de ciudad, comoa la relación cómplice y estructural de las instituciones ylos partidos políticos con las empresas privadas.

Prácticas y tácticas del acoso inmobiliario

Llegados a este punto, es importante diferenciar nivelesy espacios de actuación donde los actores se reparten los

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papeles según su función, su carácter, sus objetivos y suestatus dentro de cada operación. Quizás el papel máscómodo aquí sea el de las grandes constructoras, que sonlas que juegan con mayor margen, y las que a la largaobtienen la mayor carga de beneficios, sin mancharse lasmanos de pleitos ni conflictos, entrando en las operacio-nes al principio, como los patrocinadores y beneficiariosde lujo, y al final cuando está hecho el grueso de la lim-pieza. Por su parte, las instituciones, lejos de jugar el pa-pel de tonto necesario o de juez parcial en un juicio ama-ñado, que dentro del formalismo político-institucionalsuelen atribuirles las asociaciones, son en realidad un ac-tor más con sus particulares intereses y que sí se manchalas manos, como ya hemos visto más arriba, empleandolos medios necesarios para multiplicar el ritmo y los be-neficios sin demasiadas contemplaciones éticas ni lega-les. El cuadro lo completan las pequeñas inmobiliariase inversores-especuladores, que necesitados de cumplircon los créditos, de amortizar lo invertido, de aprovecharlos beneficios inmediatos de una operación de compra-venta, utilizan todo tipo de fraudes de ley, engaños, ame-nazas, agresiones arquitectónicas o agresiones físicas,cuyas formas vamos a definir en este apartado.

Un ejemplo de lo que estamos diciendo puede en-contrarse en el caso Robador 29,17 donde se compruebacon claridad suficiente cómo la violencia institucionalse emplea a fondo y con la máxima agresividad en de-salojar el solar donde se llevará a cabo la macroopera-ción Illa Robador; cómo los pequeños inversores com-pran bloques enteros que tratan de vender cuanto antespara obtener el beneficio inmediato, violando sistemáti-camente los derechos de los vecinos; y cómo empresascomo Caprabo o Barceló y los sindicatos CCOO y UGT ola Associació de Veïns del Raval se instalan tranquila-mente en el solar, obviando lo que ocurre alrededor.Algo previsible en una sociedad anónima pero especial-mente mosqueante en entidades sindicales y vecinales.

En este proceso, en las diferentes formas reconoci-

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17. Este caso puede conocerse en profundidad leyendo el capítu-lo «Robador 29, entre la espada y los tiburones».

bles de violencia inmobiliaria, la frontera de lo legal ylo ilegal, de la ley y la trampa, se confunden. En la tipo-logía que queremos presentar a continuación, para en-tender y definir las prácticas y tácticas concretas deacoso, vamos a diferenciar entre acoso físico y arquitec-tónico y acoso «legal» e institucional, que se alternancomo recursos para generar situaciones de miedo e in-defensión que obligan a los inquilinos a abandonar losinmuebles y renunciar a sus derechos.

El acoso físico y arquitectónico

Se trata de la cara más visible y mediática y también lamás destructiva. En bloques de vecinos con mayor co-hesión social, inquilinos menos dóciles o en las okupa-ciones, las agresiones directas responden a la necesidadde retirar un obstáculo que, por su mayor capacidad dedefensa legal o personal, ralentiza las previsiones y loscálculos de las empresas o del plan urbanístico en gene-ral. En otros casos es lo contrario: vecinos con escasosrecursos legales, económicos o familiares, a los que noles queda más remedio que aguantar hasta el último díaen el inmueble, y cuya resistencia por fuerza de la resig-nación suele desesperar a los inversores. Este tipo deacoso, dentro de su aparatosidad y espectacularidad,utiliza básicamente dos métodos:

—El abandono con mala fe del mantenimiento de lafinca, la realización de sabotajes y obras de empeora-miento. Agujerear falsos techos, desestabilizar baran-dillas, dejar puntales y escombros en los espacios co-munes, cambiar la cerradura, colocar contenedores deescombros obstaculizando la salida, la rotura de lastuberías o el corte de los suministros de luz y agua... sonalgunas de las formas de coacción utilizadas.

En el caso del n.º 6 de la plaza de la Encarnación deSevilla,18 aparte del tradicional abandono del inmueble,entre 2001 y 2003 comienza a extremarse el proceso dedeterioro con caída de muros e incluso techados, filtra-ciones de agua, etc., que se palian con intervenciones a

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18. Puede consultarse en este mismo libro el capítulo 12.

base de puntales, para pasar luego a lo que en su infor-me los vecinos llaman «prácticas asustaviejas» (amena-zas principalmente). En el caso de uno de los vecinosjóvenes del edificio, «se cierran las azoteas, constriñen-do de este modo la salida natural del piso con la insta-lación de una valla metálica».

A diferencia del caso anterior, donde si bien el in-forme no lo explicita se deduce que son los mismos pro-pietarios los que llevan a cabo estas prácticas, en otrosson personas contratadas y que habitualmente no dicenen nombre de quién actúan. Así es en el número 7 de lacalle Pintor Peiró en Valencia, donde los vecinos denun-ciaban como «grupos de personas desconocidas accedena los pisos vacíos contando con las llaves y realizantodo tipo de actos vandálicos. El pasado julio, ademásde la rotura de cristales, aparecieron rotos los toldos delas terrazas traseras y habían desaparecido los felpudosy algunos detalles ornamentales a la entrada de las vi-viendas».19

—La instalación de vecinos molestos o la contrata-ción de matones. El alquiler deliberado a personas concarácter violento o drogodependencias en edificios don-de habitan principalmente personas mayores, para ge-nerar un ambiente intimidatorio; de familias gitanaspara llevar a cabo amenazas jugando con las fobias delimaginario colectivo y en ocasiones, de inmigrantes sinpapeles, o simplemente de macarras sin escrúpulos, esotro de los métodos que se está convirtiendo en habi-tual.

En Benimàmet (Valencia), el propietario de una vi-vienda situada en terrenos expropiables para la amplia-ción del Parque Cuevas Carolinas, a unos metros del ve-lódromo Luis Puig donde se celebrarán los Mundiales deAtletismo en 2008, se veía obligado a abandonar su vi-vienda ante las amenazas de muerte de un grupo de in-dividuos, que como en el caso anterior no identificabanquién les enviaba. Según allegados al propietario, estaspersonas «bien pueden ser presuntos traficantes de dro-ga o bien sicarios de alguien con intereses especulativos

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19. Levante-EMV (10/10/2005).

sobre los terrenos donde tiene la casa, y cuya edifica-ción debe expropiar el Ayuntamiento para una zonaverde».20

En Barcelona, la contratación de «sin papeles» o fa-milias gitanas (incluso en uno de los casos son éstas lasque tras ser contratadas, a su vez contratan a inmigran-tes), para acosar viviendas okupadas como «La Quinca-lla» en la calle Masnou de Sants y otra en la plaza delNord en Gràcia, hace patente hasta qué punto funcionaaquí el racismo implícito en la cadena económica, étnicay laboral, donde los sectores desfavorecidos y estigmati-zados son utilizados para llevar a cabo el trabajo sucio.

Esta vía viene en ocasiones precedida de ofertas eco-nómicas a los habitantes de la vivienda para que la aban-donen, y aunque todavía no se ha podido reconstruir uncaso que permita desvelar cómo funciona esta pirámide,se han detectado situaciones que indican la más que po-sible existencia de inmobiliarias cuya labor fundamentales adquirir el edificio con «bichos» o «gusanos» y a bajoprecio, para «limpiarlo» y venderlo a promotores de ma-yor envergadura. Es el caso de una vivienda okupada enla calle Portal Nou de Ciutat Vella (Barcelona), que aúnhoy no ha sido desalojada, pero donde su actual propie-tario ha llevado a cabo sucesivas tentativas de sobornoademás de amenazas y palizas, con el objetivo de desalo-jar el edificio antes de noviembre del pasado 2005, fechacitada en diferentes conversaciones con los habitantes dela casa y que parece referirse al momento de una posibleventa o quizás el pago de un crédito.

Estas prácticas destrozan absolutamente la vida co-tidiana, convirtiendo en desasosiego tanto la estancia enla propia vivienda como la salida, ya que además de loscasos en los que se han producido amenazas e inclusopalizas en la misma calle, es habitual que la propiedadaproveche la ausencia para realizar desaguisados en eledificio o los pisos. Aspectos básicos como la higiene ola propia seguridad física, que en condiciones normalesson obvios, en esta situación se convierten en una autén-

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20. Levante-EMV (24/11/2005).

tica batalla diaria, en la que ni los elementos más sim-ples de la convivencia individual y colectiva, como su-bir unas escaleras o beber un vaso de agua, pueden dar-se por supuestos. Son habituales en estos casos los cua-dros ansioso-depresivos y las crisis nerviosas por partede las víctimas, que durante o después del proceso deacoso se ven obligadas a acudir a tratamiento psicológi-co tras sufrir una auténtica ruina moral. A nadie se leescapa que además de la violación absoluta del Derechoa la Vivienda, otros como la integridad física, personaly moral, y cualquiera de los que afectan a lo que se con-sidera una existencia digna, quedan absolutamente vul-nerados por estas prácticas.

Antes de entrar de lleno en el análisis de las dife-rentes formas de acoso, queremos recalcar como en ca-sos como la Casa del Aire en Granada, Verdi 28 en Bar-celona, el proceso de las okupaciones de San Bernardo oen la plaza de la Encarnación 6 en Sevilla, es cuandocoinciden en el mismo edificio personas que provienende okupaciones o que cuentan con ciertos recursos or-ganizativos con otros vecinos acorralados por la prácti-ca del acoso, cuando ha sido posible articular respuestascapaces de frenar al menos parcialmente procesos de es-peculación, acoso y expulsión.

El acoso «legal» e institucional

El uso interesado de diferentes aspectos de «la legalidad»,e incluso el invento de una «legalidad» a medida de cadacaso, es menos visible pero es una práctica tanto o másextendida, que por su invisibilidad y también por los ele-vados costes de dinero y tiempo que supone para un in-quilino defenderse a nivel judicial, puede ser más efecti-va incluso que el acoso físico o arquitectónico. De lasdiferentes prácticas que señalamos a continuación, loimportante no es el fraude, la manipulación o incluso lasuplantación de la ley, sino su carácter de recurso paraejercer presión psicológica sobre los afectados:

—La declaración de ruina técnica o económica deledificio. La primera se da cuando se considera que el edi-ficio está en un estado que lo hace irreformable y supo-

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ne un peligro para sus habitantes e incluso para los tran-seúntes. La segunda, cuando «el precio de la rehabilita-ción vale más de la mitad del valor del edificio».21 Aquíhay primero un trabajo de simulación respecto a los ve-cinos, que se encuentran que lo que empezaron siendoaparentes reparaciones u obras de mejora, se alargan enel tiempo, de tal manera que en realidad son una laborde destrucción concienzuda del interior del edificio conel objetivo de conseguir el expediente de ruina.

En el caso citado de la plaza de la Encarnación 6 deSevilla, el informe de los vecinos señala como «el procesode abandono del inmueble se acelera notablemente a par-tir de febrero de 2001 cuando la Gerencia [de Urbanismo]ordena a la propiedad realizar obras urgentes de seguridaddebido a un desprendimiento de un techo en el edificiocontiguo, Encarnación n.º 5, con el que comparte elemen-tos constructivos. Se abren calos y catas en los falsos te-chos y en los forjados de toda la casa y se apuntalan lospasillos y la mayoría de las viviendas. Las incomodidadesson evidentes. La propiedad oculta su intención a los in-quilinos: el inicio del expediente para declarar el inmuebleen ruinas. Este hecho no lo sabríamos hasta dos años des-pués, cuando un grupo de inquilinos fuimos a la Gerenciaa supervisar el expediente del edificio».

Para conseguirlo es imprescindible un trabajo de ma-quillaje tanto por parte de los arquitectos y técnicos alservicio de las instituciones como de las empresas priva-das. En el caso de los vecinos del inmueble situado en eln.º 147 de la calle Enric Granados en el Eixample barce-lonés, que aseguran que se encuentra en perfecto estado,en mayo de 2005 la propietaria, Inmuebles en Renta S.A.,inicia expediente de ruina en base a un informe de la ar-quitecta Concepció Pujades, «que aprecia, tras inspecciónocular, que el estado de conservación de la estructura es“muy deficiente”, tanto en lo que respecta a las paredesde carga como a las vigas de madera. Recuerda que estasvigas (por otro lado tan comunes en tantos edificios delEixample) no se podrían utilizar con la normativa actual.

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21. Martín Urtasun, «El Mobbing Inmobiliario», Masala, n.º 15(octubre 2003).

Este informe desaconseja la rehabilitación y, en conse-cuencia, se pronuncia por el estado de ruina legal».22 Estono puede hacerse sin una estrecha colaboración institu-cional aunque a veces esté trufada de contradicciones,como en el caso que afecta a la finca Sombrerete 323 deLavapiés (Madrid). En éste, y después de un largo proce-so de informes, contrainformes y alegaciones, en el quela Empresa Municipal de Vivienda niega a la propiedad ladeclaración del expediente de ruina, la cuestión llega alConsejo de Estado, que ratifica la decisión de la EMV.Pero ésta, en vez de esgrimir este informe para cerrardefinitivamente la cuestión, decide revocar su decisiónanterior y aprobar el expediente de ruina.

En los casos de edificios catalogados como patrimo-nio histórico, la declaración de ruina va precedida de ladescatalogación, a la que ayuda una política sistemáticade descatalogación en los cascos históricos, y que comoen el caso de un edificio de la calle Sant Bartomeu en elRaval (Barcelona), cuando los inquilinos tienen contra-tos posteriores a 1985 permite el desahucio sin indemni-zación ni realojo.

—Falsos plazos, ofertas económicas a la baja o re-querimientos. Avisar del plazo para abandonar la vi-vienda saltándose o alterando los procesos judiciales oadministrativos previos, o el envío de cartas o «emisa-rios», haciendo ofertas de indemnización o compra a labaja, acompañadas de un tono amenazante, son formasempleadas habitualmente desde las empresas institucio-nales o de capital mixto responsables de los procesos deexpropiación.

En Sevilla, la Asociación de Inquilinos «La Florida»denuncia cómo la empresa Edificio La Florida S.L., a tra-vés de Galisteo Estudio Jurídico, lleva a cabo entre otrasformas de acoso ya definidas en este documento «falsasamenazas de derribo por ruina, desahucios infundados,avisos de inspecciones técnicas por parte de personasque suplantaban la identidad de funcionarios públicos».

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22. La Vanguardia (4/8/2005).23. Este caso puede consultarse en el capítulo «¿Han oído hablar

de Lavapiés?».

En el caso de dos vecinas de la calle Nou de la Ram-bla en el Raval (Barcelona), en noviembre de 2002 el Ju-rado de Expropiación obligaba a Focivesa a indemnizar-las con 6 millones de pesetas a cada una, después dedistintas irregularidades cometidas durante el procesode expropiación, entre otras una carta de marzo de 2001que las emplazaba a aceptar las condiciones de expro-piación en diez días, con el riesgo de perder sus dere-chos en caso de no hacerlo.

—La subida desorbitada del alquiler, la denuncia porimpago, por realquiler o «cesión inconsentida». Una su-bida espectacular del alquiler, o el no cobro del alquilery la denuncia posterior por impago, es uno de los méto-dos más habituales para deshacerse de los inquilinos.Este método casi se puede considerar una medida de de-sahucio económico. En general una denuncia o la posi-bilidad de un pleito por sí mismos son un elemento depresión psicológica, más cuando en algunos casos «no esraro que un mismo inquilino se haya visto sometido a10 o 12 reclamaciones judiciales en un espacio breve detiempo con el sólo fin de desesperarle».24

En Barcelona, en la calle Sant Rafael del Raval, den-tro de la ya citada operación Illa Robador, «los inquili-nos del número 16 han visto cómo el nuevo propietarioles subía el alquiler 9 veces en un año en concepto deobras (convenientemente realizadas con subvenciones ala rehabilitación). Tras interponer una querella y obtenerun fallo favorable que no les sirvió ni para cubrir la mi-tad de los gastos procesales (más de 6.000 euros), el pro-pietario ha proseguido amenazándoles con la rescisióndel contrato».25

En el caso de la plaza de la Encarnación 6, RosarioPiudo, de 86 años y con aproximadamente treinta añosviviendo en el edificio, es denunciada por la propiedadtras negarse a pagar el alquiler de 120 euros ante la ne-gativa de ésta a realizar los arreglos de una ventana.Rosario pagó antes del juicio «pero en ese momento dejó

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24. José María Fernández Seijo, «Coacción inmobiliaria impune»,El Periódico (3/1/2005).

25. Véase el capítulo «Robador 29, entre la espada y los tiburones».

sin abonar, por error, 39 euros. Siendo conscientes deeste error, la propiedad esperó a que se cumpliese el pla-zo para denunciar a Rosario por impago».

En el caso de Teresa Viñas, de 78 años y vecina deSabadell, la propiedad aprovecha una ligera variaciónde renta de Teresa y su madre («por primera vez nuestrosingresos brutos sobrepasan, en muy poco, el mínimo es-tablecido por la ley»), para justificar una subida desorbi-tada del alquiler: «Tuvo lugar entonces el primer intentode desahucio que no consiguieron, pero sí nos actuali-zaron el alquiler directamente al 60% del total, en lugarde hacerlo en un 10% progresivo como después hemossabido de otros casos.»

En algunos casos, como el de la calle Verdi 28 enGracia y otro en el Barrio Gótico (ambos en Barcelona),la contratación de investigadores privados para encon-trar argumentos judiciales es una táctica que pasa direc-tamente a violar la intimidad y la propia libertad de mo-vimientos del inquilino. Es el caso de Shayah, vecino delBarrio Gótico de Barcelona: «Han decidido echarme y esmuy fácil echar a alguien. Contratan a un detective, undía en período de vacaciones, cuando el inquilino no estáy hay algún amigo que está de paso. El detective ve quehay una persona que viene 5 minutos un día, 5 minutosotro día... Dicen ya está, lo podemos echar, porque se ha-bla de cesión inconsentida o de realquiler.»26 En el casode la calle Verdi 28, la intención de la propiedad era de-mostrar la existencia de familiares del inquilino en Va-lencia, que supuestamente justificaría el desahucio.

—El uso interesado de las normativas municipales so-bre obras, licencias etc. La estrategia de desgaste, me-diante el acoso burocrático para obstaculizar el funciona-miento de locales, es para las instituciones un instrumen-to de «normalización política» del espacio público.

En este aspecto, y en lo que respecta a las okupacio-nes, cuando por determinadas razones la propiedad o elAyuntamiento pretenden evitar el trayecto de un proce-so judicial, se han intentado abrir expedientes adminis-

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26. «Mobbing en el Gótico: entrevista a un vecino», Masala, n.º23 (marzo-abril 2005).

trativos en materia de licencias, horarios o higiene con-tra las actividades de los locales okupados, como unavía de desgaste o para paralizar las actividades por mie-do a posibles intervenciones policiales. Esta vía, en elcaso del Centro Social Okupado «Camino de Ronda 190»(actualmente «Los 15 Gatos») de Granada, o en Barcelo-na contra el Centro Social Okupado «La Muerte», másallá del resultado procesal, ha fracasado absolutamenteen cuanto a la pretensión de paralizar las actividades.

Pero en los casos de locales sociales alquilados lapresión se convierte en insoportable. Así ocurrió conKasumay, local de reunión y actividades de distintos co-lectivos sociales en la plaza Sant Agustí Vell del barriode Santa Caterina (Barcelona), obligado a cerrar despuésde un año aproximado de funcionamiento, por los dis-tintos expedientes abiertos desde la inspección munici-pal. Otro caso en Barcelona es el de la Asociación Cul-tural El Diez en la calle Còdols, cerrada el 1 de julio de2002, bajo la amenaza de una multa de 600 euros pordía de apertura, al que hay que añadir el precinto de lasala L’Atelier, situada en la Rambla del Raval, en julio de2005. En ambos, a locales independientes de carácterasociativo se les aplican de manera interesada las nor-mativas que corresponden a establecimientos de hoste-lería o de ocio nocturno.

Que sepamos, no han existido casos de represaliasjudiciales (salvo en la citada resolución del Jurado deExpropiación contra Focivesa), contra un uso de la ley,que por otra parte demuestra hasta dónde la supuestaigualdad ante aquélla es puramente formal. Todo estecatálogo de abusos y subterfugios, de la letra y el saberjurídico, del que sólo recogemos una pequeña parte delas prácticas y las experiencias, aumenta el sentimientode indefensión, cuando el inquilino comprende o sienteque los procedimientos legales y judiciales (y esto, másallá de las manipulaciones, es cierto en el fondo) jueganfundamentalmente en su contra. En este sentido, cabeseñalar la distancia entre quien no puede ejercer sus de-rechos más básicos porque ni siquiera tiene recursospara una defensa solvente, frente a quien puede molde-

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ar los textos y los preceptos legales a su antojo e inclu-so suplantar a los propios funcionarios, para hacer pre-valecer sus intereses, gracias a un gabinete a sueldo deabogados, técnicos y macarras de trabajo sucio o de cue-llo blanco.

El «malentendido» de la violencia inmobiliaria

La violencia inmobiliaria. Amenazas, agresiones y«malentendidos»

Todas estas prácticas, aparte de ser obviadas cuando sonlas instituciones mismas quienes las practican, han sidotratadas por las instancias políticas y municipales comolitigios entre «particulares» y partiendo a priori de unateoría del «malentendido» civil. Como ejemplo, en lapresentación de un acuerdo entre el Ayuntamiento deCádiz y el Colegio de Abogados para el asesoramientogratuito en materia de acoso inmobiliario, el decano delos abogados gaditanos, José Antonio Gutiérrez Trueba,señalaba como objetivos «la intervención, mediación yresolución de los conflictos que se planteen sobre arren-damientos», ya que «a veces vale más un mal arregloque un buen pleito».27

Lejos de esa ambiguedad cínica, como hemos visto alo largo de este artículo, estamos ante un problema so-cial donde los agresores y las prácticas delictivas sonfácilmente identificables en cada caso, y que afecta ge-neralmente a vecinos y comerciantes largamente arrai-gados en los barrios, la mayoría de rentas bajas y conescasos recursos para hacer frente a los gastos de abo-gados o gestorías.

Pero los casos de acoso y coacciones se han exten-dido, además, a vecinos con mayor nivel de renta, allídonde el crecimiento del turismo se ha convertido en elparadigma de motor económico. La diferencia entre uncontrato por cinco años y el alquiler de pisos o habita-

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27. «Ayuntamiento y Colegio de Abogados se unen contra elacoso inmobiliario», www.actualidad.terra.es (1/12/2005).

ciones por días o semanas sueltas, ha propiciado que in-versores y promotores decidan «limpiar» su propiedad deinquilinos relativamente adinerados, pero «deficitarios»en comparación con el cliente-turista. Es el caso de Xa-vier y Empar, traductor y profesora respectivamente. Ensu bloque de la calle Notariat del Raval (Barcelona) yjusto al lado del novísimo Hotel Camper (de la multina-cional del calzado del mismo nombre), un proceso desustitución de inquilinos por estudiantes Erasmus y tu-ristas que en el verano llegan a pagar hasta 1.000 eurosmensuales, los obliga a mudarse a 50 km de Barcelonaante la anunciada y espectacular subida de los alquile-res una vez llegada la renovación del contrato. Más gra-ve es el caso ya citado de Shayah, habitante también enel centro histórico de Barcelona, que ya pagaba un al-quiler de 600 euros por 40 metros cuadrados, y que enun proceso similar de infiltración de «población flotan-te» (turistas, estudiantes...) es denunciado por la empre-sa Irazabal Constructores por presunto realquiler. Estoscasos suelen ser, por decirlo de alguna manera, la «fasesuperior» de los procesos de sustitución de la poblacióny de mercantilización de la vivienda y el espacio. Escuando la vivienda ya deja absolutamente de ser un de-recho por precario que fuera, y como objeto de consumoes lo más parecido a una nube de caramelo.

Es difícil calcular en números el impacto real delacoso inmobiliario. Hay que tener en cuenta que las ins-tituciones y los medios de comunicación reconocen laexistencia de este tipo de violencia hace sólo dos años oincluso menos, y que aún hoy la Administración no pa-rece asumir las dimensiones sociales, legales y éticas delproblema. Por su parte, las entidades vecinales y las per-sonas que en el día a día afrontan el goteo de casos notienen los medios para cuantificarlo, ni es un trabajoque les corresponda hacer a ellas. Esta dificultad paratasar la situación es aún mayor si intentamos hacerlo aun nivel global. Si de por sí las cifras ofrecidas por lasautoridades locales son engañosas y en verdad ocultanla magnitud del problema, la ausencia total de estudiosa nivel estatal lo obstaculiza más todavía.

En Barcelona, las cifras oficiales en marzo de 2005

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hablaban de 130 expedientes abiertos y un total de 415denuncias por acoso inmobiliario entre 2004 y 2005. Unaño antes, al poco de su apertura, la denominada OficinaAntimobbing había recibido la mitad de denuncias y abier-to sólo 70 expedientes. En un año prácticamente se dupli-có el número de consultas y expedientes abiertos, a pesarde que la selección de datos y los criterios municipalesdejan fuera algunos de los procedimientos que más se re-piten. Sólo se cuentan las amenazas explícitas, los sabo-tajes o los cortes de suministro, mientras que las presio-nes al amparo de la legalidad como la omisión del cobrodel alquiler o la multiplicación de denuncias, no son aco-so según la pauta oficial. De hecho, la Oficina Municipalde Información al Consumidor rechazó en un año 285 de-nuncias de «ciudadanos que se presentaron a la oficinaporque creían que sufrían acoso por parte del propietariodel piso donde vivían» (Metro, 16/3/2004). Teniendo encuenta que la oficina recibió un total de 415 consultas enun año, de éstas, dos tercios fueron rechazadas.

Para buscar pistas que permitan entender una di-mensión estatal del problema, hoy solo podemos limi-tarnos a cuantificar áreas y poblaciones «de riesgo», apesar de que el término chirríe y de que, como hemosdicho, en algunos casos la práctica del acoso llega aafectar a sectores que disfrutan de mejor posición social.

Según el arquitecto y coordinador del Informe parala OCDE sobre Barrios Desfavorecidos en España, FélixArias Goytre, en todo el Estado español existen 374 ba-rrios que por sus condiciones económicas y socio-labo-rales pueden denominarse como «desfavorecidos», y queagrupan una población de 2.875.845 personas, en cas-cos históricos, áreas urbano-centrales, promociones deviviendas y áreas urbano-periféricas.28 El terreno, losusos y la vida en estas zonas reúnen las condicionespara ser considerados deficitarios, infrautilizados, mar-ginales u obsoletos, calificativos favoritos de la políticade planificación que los hace fácil objetivo de otros tér-minos como regeneración, transformación, reforma, es-

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28. «La permanencia histórica de los barrios desfavorecidos»,www.habitat.com (8/02/2000).

ponjamiento, etc. De los datos ofrecidos por Arias Goytretambién se desprende que en estos 374 barrios, el 22%de las viviendas son en régimen de alquiler, y el 17%son anteriores a 1945, lo que también da una medida delas personas y las familias en peor situación, ya porqueson inquilinos con escasos derechos adquiridos, ya por-que son arrendatarios de renta antigua expuestos habi-tualmente a situaciones de acoso. No obstante, el 77,9%de personas que en estos barrios mantienen una vivien-da en propiedad no están exentas de expropiaciones eindemnizaciones fraudulentas, compras a precios subte-rráneos en comparación con los niveles del mercado y,por supuesto, todas las formas de acoso conocidas.

Otros datos de interés son los referidos a la infravi-vienda, ya que el envejecimiento suele utilizarse comopretexto para la declaración de ruina técnica o física delos edificios y, además, buena parte de las prácticas deacoso consisten en obras de empeoramiento y sabotaje,o la omisión de la responsabilidad de mantenimientopor parte del propietario, forzando así situaciones de in-fravivienda allí donde los cuidados mínimos podríanpermitir condiciones de vida dignas. Así, sin contar conlos poblados chabolistas, que en Córdoba, Madrid o Al-mería también han sufrido últimamente los rigores de laviolencia urbanística, en 1999 el Ministerio de Fomentohacía público que «en España 1,5 millones de personasreside en viviendas que no reúnen condiciones mínimasde habitabilidad».29

En general, la posición institucional respecto al aco-so inmobiliario ha pasado por diferentes etapas. Despuésde una primera de ceguera voluntaria, en distintas fe-chas se produce un boom mediático, precedido por nu-merosas denuncias de las entidades vecinales en ciuda-des como Valencia, Barcelona o Sevilla. En septiembredel 2003 el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba laapertura de la Oficina Antimobbing después de intensasmovilizaciones, y se compromete a poner los hechos enmanos del fiscal y personarse como acusación en los ca-sos donde «las presiones entren en el terreno de la ame-

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29. «Vivienda y ghetos urbanos», El Correo (7/06/1999).

naza o coacción» (El País, 17/9/2003). Finalmente, tan-to la Oficina Antimobbing de Barcelona como el acuer-do entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Colegio de Abo-gados han limitado su trabajo a una labor de mediación,de carácter prácticamente testimonial, con cuidado deno tocar nunca a la empresa o el propietario acosadores.

No existe un problema social, sino problemas parti-culares entre propietarios e inquilinos. Tampoco existendelitos ni agresiones contra el derecho a una viviendadigna y contra la seguridad y la integridad de las perso-nas, sino desacuerdos entre consumidores y propieta-rios. Esto recuerda un célebre ensayo del profesor deantropología Félix Azurmendi, a encargo del PP, querespecto a las razzias contra inmigrantes en El Ejido ydespués de un presunto trabajo de campo, afirmaba queno había encontrado racismo en la localidad sino «faltade comunicación».

Vacío legal y absurdos judiciales

Hasta ahora ninguna institución ha dado un sólo pasopara resolver el vacío legal, ni para personarse en loscasos más flagrantes. Generalmente, los empleados de laAdministración suelen instar a las víctimas a buscar unabogado o las remiten a los tribunales, conscientes delas casi nulas vías y posibilidades legales, y de la impo-sibilidad económica de los afectados para soportar losgastos de un proceso judicial. En esta misma línea, yuna vez que un caso ha adquirido cierta fama o sus ve-cinos se han pateado una institución detrás de otra enbusca de soluciones, lo máximo a lo que llegan las ad-ministraciones es a reinstalar a los afectados como unamanera de eludir y amortiguar el conflicto.

Ni en el ámbito judicial, ni desde las autoridades dedistinto nivel en materias de Urbanismo, Vivienda o In-terior, ha existido ningún movimiento significativo parafrenar ni penar el delito.

No existe un tipo penal para el acoso inmobiliario,lo que ha llevado a los jueces a canalizar algunas de lasdenuncias presentadas como delito o como mera falta decoacciones, obviando en general que el conjunto de es-

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tas prácticas, más allá de las formas y las tácticas queadopten, supone una violación activa y consciente delDerecho a la Vivienda entre otros: «pese a que cada unade las actuaciones realizadas por el propietario es cons-titutiva de un incumplimiento contractual, la suma detodas ellas tiene un único fin, que es presionar al inqui-lino (o propietario) hasta que éste no pueda más y aban-done la vivienda.»30

A pesar de que el artículo 172 del Código Penal quetipifica el delito de coacciones, permite acciones relati-vamente contundentes contra los propietarios «cuandola coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejer-cicio de un derecho fundamental», la práctica de los jue-ces es tan benevolente, que viendo la moda otoño-in-vierno en normativas municipales, saldrá más caro mearen una esquina, colgar una pancarta o ejercer la prosti-tución, que hostigar a un inquilino para que abandonesu vivienda. «La gran problemática con la que se en-cuentra el letrado que redacta una querella por coaccio-nes en un asunto de mobbing inmobiliario es que losjuzgados de instrucción suelen considerar que las actua-ciones del propietario de la vivienda son meros incum-plimientos de contrato.»31

Las sentencias y resoluciones judiciales conocidashasta ahora mezclan algunos detalles marginales y tes-timoniales interesantes, con una tónica general que al-canza tintes ridículos.

Relativamente interesante es el Auto de la Audien-cia Provincial de Barcelona de 27 de abril de 2004, queresponde a una impagable sentencia que comentaremosen los próximos párrafos. En el auto se reconoce que elabandono de la finca, entre otras prácticas, podría for-mar parte de «un plan preconcebido por el autor paraimpedir [...] el ejercicio de los derechos propios delarrendatario, y doblegar así la voluntad de éste, compe-liéndole a abandonar la vivienda», pero no contempla nicomo hipótesis la violación de un derecho fundamental.

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30. Víctor Moreno Velasco, «Breves comentarios sobre las prác-ticas de mobbing inmobiliario», La Ley (24/01/2006).

31. Víctor Moreno Velasco, op. cit.

Otra resolución interesante es la dictada por el Juzgadode Instrucción de Getxo el 19 agosto de 2004, que orde-na como medida cautelar el alejamiento de los acosado-res fuera de la localidad, ya que «hay que cortar de cua-jo las condiciones que permiten a los infractores» llevara cabo el acoso. Pero a la vez que sienta un precedenteútil, contiene una incongruencia escandalosa que lo neu-traliza. Este caso se refiere a la contratación de personaspara llevar a cabo las coacciones, y mientras la medidacautelar ordena el alejamiento de las personas contrata-das con este fin, el propietario, que evidentemente no essólo el inductor sino el principal autor del delito, quedalibre de destierro y autorizado para acceder librementeal edificio.

No obstante, en ninguno de los dos casos citados es-tamos hablando de sentencias firmes, y en este aspectolas conocidas son a cual más disparatada.

En el caso de Verdi 28 (Barcelona), la primera sen-tencia dictada por el Juzgado de Instrucción 27 de Bar-celona reconoce la existencia de una falta de coaccio-nes, pero en una mala broma impone a la propietaria,Estefanía Mesa Ramírez, «pena de multa de quince días,a razón de 15 euros diarios». Considerando insuficientesesas ansias de justicia, el juez de la Audiencia Provin-cial, Carlos Mir Puig, frente al recurso presentado porlos representantes de Verdi 28, se pone espléndido yaumenta la pena en 20 días a razón de 18 euros. En tér-minos similares a ésta, son las sentencias del Juzgado delo Penal 2 de Reus, que condena por delito de coaccio-nes relacionado con el corte del suministro de agua aseis meses de multa con una cuota diaria de 6 eurosademás de una indemnización de 300 euros; o la de 17de febrero de 2003 de la Audiencia Provincial de Valen-cia, condenando al propietario a una pena multa de 20días a razón de 12 euros diarios.

Pero si la tendencia general es reducir las acciones afalta y en caso de elevarlas a delito imponer la pena mí-nima, no entrando nunca al trapo de la agresión a underecho fundamental, en la mayoría de los casos losmagistrados tratan de rechazar el caso, considerando,como hemos señalado más arriba, que se refiere a meros

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incumplimientos contractuales. Es el caso del tribunalconformado por los magistrados de la Audiencia Pro-vincial de Barcelona, Miguel Ángel Gimeno Jubero, Ma-ría Dolores Balibrea Pérez y Mariano Ascandoni Lobato.El 21 de julio de 2004, este tribunal archiva una causapor coacciones: aún reconociendo la verdad de los he-chos –«haber causado el denunciado unos daños en lavivienda de la denunciante cuando estaba realizandounas obras en su piso, daños que no ha reparado ni in-demnizado convenientemente, pese a haber sido reque-rido. Haberle manifestado que la casa estaba en ruinas yque tendría que dejarla, haberle rechazado el pago de larenta...»–, el tribunal afirma que no existen coaccionesporque no hay «violencia, intimidación o fuerza», y que«no cualquier actuación de un arrendador encaminada adificultar al arrendatario el disfrute del bien arrendadopuede incardinarse en un ilícito penal; se precisa queconcurran los elementos antes referidos y aún cuando laSra. Estefanía tenga avanzada edad y la situación le ge-nere preocupaciones y desasosiego no por ello se la pue-de calificar de intimidatoria».

¿Una sentencia que obligara a un propietario a res-petar la estabilidad, el nivel de renta y el espacio vitaldel inquilino durante un tiempo mínimo? ¿Una senten-cia que invalidara, con carácter retroactivo, un contratode compra-venta firmado bajo una situación de acosoinmobiliario, ordenando la restitución del inmueble a supropietario original? ¿La revocación del título de pro-piedad a los cinco años de abandono, o por la realiza-ción de actuaciones voluntarias y deliberadas para pro-vocar el deterioro del edificio? Son imposibles, ya quelas propias leyes que rigen actualmente los distintos as-pectos del mercado inmobiliario van precisamente ensentido contrario, autorizando y ofreciendo todas lasposibilidades de fraude y abuso.

Llegando a una conclusión, el derecho a la vivienda,que de hecho ya había de ser comprado a un alto precio,ha entrado en una fase acelerada de desaparición, inclu-so como concepto teórico y constitucional, cuyas conse-cuencias más inmediatas pueden ser la multiplicación delas formas de violencia descritas en este capítulo. Si re-

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cordamos que incluso un derecho dudoso y perversocomo el «derecho al trabajo», en la propuesta de Consti-tución Europea se convertía en el «derecho a buscar yencontrar trabajo», no es difícil que el denominado «de-recho a la vivienda», ya difuminado y mutilado por lasleyes que supuestamente habrían de hacerlo posible, nosea ni papel mojado sino cenizas. Viendo la entrega to-tal al mercado a través de la legislación sobre alquiler,suelo o hipotecas, el ascendiente de la mafia del ladrilloen la política a todos los niveles y la participación entu-siasta de los Ayuntamientos como empresas privilegia-das en la economía de mercado, el escenario es un pococlaustrofóbico.

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5. Invivir hoy: las formas sostenidasdel mobbing inmobiliario

Cuando los amantes, entre suspiros, se susurran hoyal oído «no puedo vivir sin ti», no están hablando ya deamor.

Esperanza Lost, 2005

Introducción

Más allá o más acá de los fenómenos más explícitos deviolencia inmobiliaria y urbanística descritos hasta aho-ra (fenómenos que por lo demás, tal y como ya se haanalizado, se extienden cada vez a capas más amplias dela población), existe una forma generalizada de violen-cia más difusa que es necesario tener en cuenta para elanálisis. Esta violencia, efecto de la mercantilización dela vivienda y el espacio urbano, afecta directa y sosteni-damente a la mayoría de la población como un auténti-co palo en las ruedas normalizado y se asume como unode los elementos constitutivos de la vida en su transcur-so cotidiano. La violencia inmobiliaria difusa se traduceen la forma de la precarización de la vida, la angustia yel malestar por la amenaza de la intemperie vital, y unacontinua y obligada proyección hacia adelante que hi-poteca nuestras vidas.

A pesar de que tener un espacio personal y socialdonde vivir constituye un derecho fundamental recono-cido, la población asume con un grado de sufrimiento ymiedo incalculable que tener una vivienda digna sea im-posible, costoso y el fruto de un gran esfuerzo, y que las

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ciudades sean espacios invivibles y extraños que no lespertenecen. En un recorrido por la aventura del habitar,esta violencia se expresa en el acceso y el mantenimien-to de una vivienda, en las formas generalizadas y ame-nazantes de la expulsión y, finalmente, en una relacióndesposeída con el entorno urbano. Para aquellos que nopuedan seguir el ritmo y que no cumplan con la lista decriterios normalizadores que dan finalmente derecho atener un lugar donde vivir, queda ese espacio cada vezmenos marginal de la violencia inmobiliaria extremaque, a su vez, opera como amenaza integradora.

La violencia inmobiliaria difusa

El acceso

El acceso a la vivienda es el primer capítulo de este reco-rrido. Las entidades financieras y las inmobiliarias, la redde intermediarios infinita en los procesos de compra-venta y alquiler dictan las normas y las formas de vidade los que quieren acceder a una vivienda. La falta detransparencia y la presión son dos características de estemomento. Alquilar un piso se convierte en algo percibi-do naturalmente como muy difícil en las grandes ciuda-des. A pesar de las cifras astronómicas de vivienda vacíao abandonada, se produce la engañosa sensación de laescasez de vivienda (dado el efectivamente escaso parquede viviendas en régimen de alquiler) y una presión en latoma de decisiones fruto de procesos poco transparentes(formas de publicidad agresivas por parte de las inmobi-liarias, engaños y trapicheos, puntos de información quevenden listas de pisos por alquilar, contratos fraudulen-tos, imposibilidad de contactar con los propietarios sinintermediarios...). Por otro lado, están las condicioneseconómicas cada vez más exigentes y restrictivas del ac-ceso, como los avales bancarios, las fianzas y el pago alos intermediarios. Éstas obligan a garantizar una capa-cidad económica y una estabilidad laboral imposible enunas condiciones socioeconómicas de ascendente flexi-bilización y precarización, y unas formas de agrupa-

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miento familiar clásicas para poder «hacerse cargo» deuna vivienda. Los arrendatarios justifican además estasmedidas, que hacen que las condiciones del alquiler separezcan cada vez más a las de la compra (con fenóme-nos como las fianzas-depósito, que recuerdan a la en-trada de una hipoteca), por una supuesta desprotecciónrespecto a los inquilinos cínicamente afirmada, que llevaa la patronal del sector inmobiliario a exigir la reformade la LAU en el sentido de su endurecimiento. La respues-ta del Gobierno central al problema de la escasez de vi-vienda en régimen de alquiler en forma de SociedadesPúblicas de Alquiler (concebidas como mediadoras deconflictos entre arrendatarios e inquilinos, a partir de laprotección de los primeros) ratifica esta concepción.1

En el otro lado, la compra, a la que se fugan aquellosque pueden permitírsela, dadas las condiciones del mer-cado de alquiler. La trama inmobiliario-financiera ha ge-nerado una situación en el terreno de la adquisición devivienda que funciona con una doble captura. En primerlugar, aquél que quiere acceder a una vivienda de pro-piedad (o aquél que huye de la incertidumbre del merca-do de alquiler –al fin y al cabo para caer en una trampamayor–) tiene que cumplir unos requisitos de liquidezeconómica que exigen como mínimo la forma del «ma-trimonio» o una renta elevadísima dado el aumento im-parable de los precios. Por otro lado estas condicionesprevias son las que, en segundo lugar, dan «derecho a»endeudarse/hipotecarse durante toda la vida para poderllegar a poseer una vivienda. Esta segunda condición exi-ge una proyección hacia el futuro de la vida laboral yde la estabilidad «familiar» y supone un pacto de expro-piación de la propia vida. La vida se cancela en el pre-sente para recuperarla en el futuro. Trabajo hoy para te-ner una casa mañana. La fórmula «endeudarse para teneruna casa» se asume como natural y necesaria. Puesto quela vivienda es un bien de primera necesidad, no hace fal-ta comentar aquí la violencia que supone esa obligación

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1. Véase el capítulo «Los planes de vivienda y la política de fo-mento del alquiler» de este mismo libro para un análisis más exhaus-tivo de estas entidades.

de poner la vida a crédito en manos de las entidades fi-nancieras que se enriquecen por ello. O la perversidad quesupone que el precio de la vivienda se acabe determi-nando a partir del cálculo de la capacidad máxima (sos-tenible) de endeudamiento de los ciudadanos. Finalmen-te, el hecho de que adquirir una vivienda constituya unproyecto vital, y el hecho de que la vivienda se concibacomo un objeto mercantil, genera una estructura de con-senso desde abajo que produce la ilusión de que todo hi-potecado es en realidad un inversor (aunque sólo posea–en un sentido estricto, sólo tenga opciones de futuropara poseer– la casa en la que vive).

Las condiciones de acceso a la vivienda, por lo tan-to, definen y determinan formas de vida (la figura deljoven –obligadamente– flexible y nómada, el eterno es-tudiante en piso compartido y otras formas de normali-zación del hacinamiento, la pareja que decide compartiruna hipoteca para el resto de su vida...) y suponen unapresión volcada en una fuga hacia adelante de la propiavida que produce malestar, angustia y miedo.

La piedra en el zapato

La violencia inmobiliaria no sólo se da en los momentosmás «críticos» (acceso y abandono de una vivienda),sino que se ejerce de una manera constante y sostenidaen el tiempo. No existe una solución definitiva. No es unproblema que pueda ser concebido como un obstáculoque se salta y se deja atrás, sino que es, más bien, unacarga que acompaña en todo el proceso, una piedra enel zapato de la vida. Una vez conseguido el piso en al-quiler, o comprado, superadas las trabas de acceso, seestabiliza la situación. Ahí aparece un malestar o vio-lencia difuso, mantenido.

En primer lugar, la presión económica obliga a no dis-poner de suficiente espacio vital. Cada vez más gente se veobligada a compartir su espacio con otras personas, cono-cidas o no. Todas las habitaciones-cubículos son llenadaspor alguien, hasta el punto de que es considerado un lujo

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tener una sala libre para otros usos. Esto ocurre tanto paraquien alquila como para quien ha de pagar la hipoteca ynecesita una ayuda. La situación de hacinamiento se alar-ga indefinidamente, sin plazos. Hay ya muchos «pisos deestudiantes» llenos de adultos trabajando o en paro.

En segundo lugar, la cuantía de los alquileres y de lashipotecas es tan elevada, en relación a los salarios, que seconvierte en un gasto presente en todo momento en laplanificación de la vida cotidiana.2 El gasto medio en hi-poteca hace años que ha superado el 50% y estaría abso-lutamente por las nubes si los bancos y cajas no hubieranido alargando sistemáticamente la duración de las hipo-tecas. En todo caso, es una cifra muy alejada del 33% quelos bancos consideran seguro para evitar impagos,3 y porsupuesto del umbral de precariedad en el que se basan lasmedidas de protección, que sitúa los gastos en viviendaen un máximo del 20% de los ingresos. Las capas de lapoblación que quedan fuera de una situación sostenibleson cada vez más amplias. El alquiler o la hipoteca sonuna constante que marca un ritmo al que hay que ajus-tarse. Una presión que hace suya la velocidad del calen-dario, sin pausas, sin respiro. El fin de mes siempre ace-cha a la vuelta de la esquina, y se va acercando.

Sin embargo, esto no está sincronizado con el traba-jo y los ingresos. El ritmo de lo laboral es otro: etapasde mucho trabajo y horas, etapas transitorias, etapas deparo... El desajuste entre una esfera laboral precarizaday flexibilizada al máximo y la presión constante de laviolencia inmobiliaria es patente.

Por otro lado, y paradójicamente, tras este ritmomantenido acecha la amenaza del incremento. Los con-tratos de alquiler, como máximo de cinco años, esperan almomento en el que el precio es libre. Los bancos nuncaocultan la posibilidad de una subida de los tipos de inte-rés. Nada asegura que el ritmo no se acelere, y al mismotiempo todos sabemos que el ritmo no va a disminuir.

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2. Según las encuestas del CIS, la vivienda se mantiene durantelos últimos años entre las cinco mayores preocupaciones de los ciuda-danos.

3. Fuente: Banco de España.

En tercer lugar, es necesario remarcar el efecto dis-ciplinante que supone la vivienda convertida en un pro-yecto vital a mantener en el que los esfuerzos ya hechosen el pasado atan cada vez más a los que deberán ha-cerse en el futuro. Su vínculo indisociable con el tra-bajo y la incertidumbre generada por su presencia cons-tante como problema crea ciudadanos pacificados, teme-rosos y obedientes que, sometidos a unas circunstanciasde presión y precarización permanentes, viven con el aguaal cuello y asumiendo como problema individual (comoincapacidad personal de vencer en un marco de compe-tición constante) dentro de una lógica ya asumida comonatural aquello que podría cuestionarse y desobedecerse.Este disciplinamiento del habitar va a la par de un mer-cado laboral flexibilizado que integra a través de la ame-naza del paro y un marco general de retroceso en mate-ria de derechos sociales.

La salida

La expulsión de la vivienda (bajo la forma del desahu-cio, el desalojo4 o la expropiación) es la expresión másvisible de la violencia inmobiliaria y urbanística, y afec-ta a capas cada vez más amplias de la población. Sinembargo, el derecho a la vivienda se vulnera tambiéncon formas de expulsión más encubiertas, fruto del rit-mo imparable del mercado. En un recorrido por escalas,podríamos enumerar aquí las subidas libres de alquilertras los contratos de cinco años que obligan a los inqui-linos a abandonar sus pisos, la elitización de los barriosdel centro urbano que produce una selección económicade la población y una expulsión de vecinos, y finalmen-te, el lanzamiento a las periferias urbanas de miles dehabitantes de las grandes ciudades, que ya no pueden niplantearse pagar una vivienda en ellas.5

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4. En este contexto de acoso y derribo inmobiliario no hace fal-ta señalar aquí el despropósito que supone el desalojo y la criminali-zación de aquellos que okupan viviendas vacías abandonadas.

5. En los últimos 20 años, la población residente en Barcelona seha reducido en 250.000 personas. Se calcula que entre el 70 y el 80%de ellas se han visto obligadas a marcharse de la ciudad e instalarse a

Estos procesos, que se explican en el marco de unámbito urbano regulado desde una lógica de flujos eco-nómicos y en el que lo inmobiliario es tratado como unsector económico más, tienen como consecuencia la des-composición de los tejidos de sociabilidad, una perma-nente movilidad forzada que fomenta el aislamiento y lasoledad, y la asunción de la incertidumbre y la precarie-dad como condiciones constitutivas de nuestras vidas.

La violencia urbanística

En muchas ocasiones, el nivel de intensidad concreto dela violencia inmobiliaria ejercida viene marcado por unfenómeno mayor, relacionado con la organización delos flujos en la ciudad. Las formas en que esta organiza-ción toma cuerpo son otro campo de batalla, en el quese genera un fenómeno inseparable de la violencia in-mobiliaria, y de carácter también estructural, que llama-mos violencia urbanística. Una vez más, no convieneidentificar el concepto únicamente con sus manifesta-ciones más explícitas y extremas. Así, la violencia urba-nística es algo más que los procesos de expropiación yexpulsión ligados a planes urbanísticos o de remodela-ción de zonas urbanas. Tiene que ver con cómo estáconcebida la ciudad en la que habitamos, con el modeloque sigue o que ella misma propone.

Experimentamos extrañeza con respecto a nuestroentorno. El espacio que habitamos nos produce una sen-sación de exterioridad, nos convierte en extranjeros ennuestra propia ciudad. El espacio urbano no es un sitiode encuentro, no es un espacio común, de todos, sinomás bien un no-lugar, un espacio de nadie, en el quenada ha de pasar. Esto ocurre, en primer lugar, porqueno participamos del diseño de nuestro entorno, que noes algo nuestro y de todos, sino que es algo siempre aje-no, de nadie. Y, en segundo lugar, porque ese diseño, enel que no tomamos parte, está determinado por unos cri-

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una distancia de hasta 50 km del centro, porque no encontraban unpiso asequible.

terios muy concretos, que no tienen que ver con nues-tras necesidades y deseos, sino con la productividad y elconsumo.

La calle no está concebida como un lugar. En la calleno se «está». La organización de las plazas, la cantidad yorientación de sus bancos (y ahora sillas individuales),y la ocupación del espacio por las terrazas responde a undiseño que trata de fomentar unos usos y penalizar otros.Nos resulta difícil y molesto caminar por la ciudad si nonos adaptamos al ritmo del que pasa, transita, o al ritmodel que «va de compras». Los usos del espacio están re-gulados favoreciendo aquéllos en los que hay un in-tercambio económico reglado. Incluso la actitud del pa-seante queda integrada; su mirada, puesta en las gigan-tescas imágenes publicitarias, produce beneficio. Es máscaro circular por unas calles que por otras.

Por otro lado, sobre el espacio público se vierten losefectos de la planificación económica y urbana de lasdiferentes zonas de la ciudad. Podemos tomar como ejem-plo el casco histórico, donde los procesos de gentrifica-ción o elitización combinan violencia inmobiliaria y ur-banística. El centro de las ciudades tiende a ser un espa-cio de experimentación, donde se distribuye la «ofertaturística». El espacio urbano pacificado6 (que oculta susconflictos, que se viste de gala) se terciariza, se convier-te en un gran centro comercial. En Barcelona, autopre-sentada como modelo de ciudad sostenible y amable, lascalles del centro se ven barridas cada día por miles deturistas, que erosionan la habitabilidad de los lugarespor donde pasan. El precio del metro cuadrado, tanto decompra como de alquiler, se dispara, lo cual modifica en

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6. La reciente apuesta municipal de varias ciudades españolaspor aumentar su capacidad de gobierno urbano se concreta en la apro-bación de ordenanzas que dotan de poderosas herramientas legales ala policía para intervenir y regular los usos del espacio público pormedio de sanciones económicas. Una vez más Barcelona se proponecomo modelo por medio de su ordenanza de civismo (denominada«Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciu-dadana»), la cual combina un aumento de la capacidad represiva conuna producción de subjetividad y de consenso en torno al deseo, ob-vio, de mejorar la convivencia.

pocos años la composición social del barrio, destruyen-do el vínculo social existente. Los locales, cada vez máscaros, son ocupados por comercios que no están dirigi-dos a las personas que viven allí, sino a turistas y «pa-seantes». El diseño urbanístico, por lo tanto, se pone alservicio de estos procesos de reforma, dirigiendo y re-forzando la intensificación de la violencia inmobiliariay urbanística ejercida.

Recuperar la vivienda y la ciudad

Las condiciones generales de aislamiento, precarizacióny miedo, la desposesión del entorno vital y social, y eldisciplinamiento político son las consecuencias funda-mentales de la violencia inmobiliaria y urbanística parala mayor parte de la población en su vida cotidiana. Enla base se encuentra además la asunción de todos estosfenómenos como algo natural, unas condiciones objeti-vas que no podrían darse de otro modo. Sin embargo,surgen también en este marco formas de lucha colectiva(asociaciones vecinales, colectivos de lucha por el terri-torio, ocupaciones de viviendas y espacios sociales) pararecuperar la vivienda y la ciudad, y hacer efectivos des-de la práctica los derechos fundamentales olímpicamen-te vulnerados.

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Parte IICrónicas de la selva inmobiliaria

Crónicas de la selva inmobiliaria:Barcelona

Abrimos esta primera sección de las «Crónicas de la sel-va inmobiliaria» desde la Ciudad de los Prodigios, pio-nera a nivel estatal, como en tantos otros campos, en loque Manuel Vázquez Montalbán vino a llamar la «de-construcción» urbana. Tras un primer texto en el que sehace una sucinta descripción de los efectos colateralesdel urbanismo planificado según el modelo barcelonés,reproducimos tres testimonios sobre experiencias loca-les frente a distintas modalidades de violencia inmobi-liaria y urbanística, tres experiencias que no dan cuentade todos los fuegos abiertos en nuestra ciudad pero sícontienen suficientes elementos representativos de lacasuística analizada en los capítulos anteriores.

El primero, «Robador 29, entre la espada y los tibu-rones», muestra la otra cara de la pretendida «rehabilita-ción» del Barrio Chino barcelonés, una cara sepultadabajo toneladas de propaganda institucional y parainsti-tucional y a menudo distorsionada por los medios decomunicación, siempre atentos a las manifestacionesmás espectaculares de la violencia pero poco dispuestosa franquear el dintel de lo sensacionalista para aden-trarse en el análisis causal.

El segundo, «El barrio de Gracia y el caso de mob-bing Verdi 28», nos parece especialmente interesanteporque desmiente uno de los tópicos de la imagen ya depor sí restringida del mobbing inmobiliario, como un fe-nómeno asociado a unas zonas y una población determi-nadas (centros degradados, subproletariado y terceraedad, básicamente), puesto que se localiza en un barrio,

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Gracia, de clase media/media-alta, y también porque es elprimer caso en Catalunya en el que se emite una senten-cia que reconoce la práctica del mobbing, sentencia que,por otra parte, también hace patente la poca altura delmarco legislativo en el que se dirimen dichas prácticas.

Por último, el tercero narra las andaduras de la Pla-taforma Vecinal Contra el Plan Caufec en los últimosquince años, plan urbanístico que afecta una ampliazona de la primera corona metropolitana de Barcelona yen el que se evidencia la comunión de intereses de pro-motores privados y gestores públicos por encima de lavoluntad manifiesta de los habitantes de Esplugues.

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6. Barcelona «mobbingstar»

Barcelona es una de las ciudades del Estado españoldonde más han subido los precios de las viviendas en laúltima década. Y Barcelona es el líder absoluto en unnuevo fenómeno social, que ha sido bautizado con eleufemismo inglés de mobbing inmobiliario. Al mismotiempo, Barcelona es la ciudad del Estado que con ma-yor ímpetu ha apostado por convertir su territorio en unfactor productivo en sí mismo, a partir del objetivo de latransformación de la ciudad en un centro internacionalde congresos, ocio y turismo.

La primera gran palanca para adecuar la ciudad aestos planteamientos fueron los Juegos Olímpicos. Alabrigo de este acontecimiento se crearon las grandes in-fraestructuras viarias, se inició la reurbanización del li-toral (lo que, en ambos casos, suponía la expulsión deun gran número de vecinos y la división de varios ba-rrios populares en dos) y, sobre todo, se acometió lagran transformación del centro histórico. Naturalmente,todas estas inversiones, al igual que las inversiones parafinanciar las obras del Fórum doce años después, ibanen detrimento de la construcción de viviendas públicas,de equipamientos sociales y de otras inversiones de me-jora real de la vida de los habitantes de la ciudad.

Según palabras de Oriol Bohigas, el responsable deurbanismo en aquella gloriosa época preolímpica, la es-trategia de modernización del Ayuntamiento en zonasconsideradas degradadas se basó en realizar interven-ciones concretas en el espacio urbano que tenían queactuar como manchas de aceite que se extiendieran so-

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bre el entorno. Conforme a la cooperación público-pri-vada que caracteriza el modelo Barcelona, la mancha deaceite la ponen los poderes «públicos», y de su extensiónse encarga la iniciativa «privada» (convenientemente sub-vencionada por los primeros). El ejemplo paradigmáti-co de esta estrategia y sus objetivos fue la creación delCentro de Cultura Contemporánea y del Museo de ArteContemporáneo entre 1988 y 1992 en la zona norte delRaval (el nuevo nombre aséptico para lo que antes seconocía como Barrio Chino). La Administración públicase dedicó a arrasar varias manzanas de edificios paraconstruir allí dos centros emblemáticos de la nueva Bar-celona postmoderna, crítica y vanguardista, mientras lanueva legislación de la vivienda permitía a los promo-tores privados vaciar las fincas de las zonas adyacentesy venderlas a las nuevas clases medias que, según lasprospecciones, han de habitar los centros históricos delas ciudades. En la otra cara de la moneda, muchos de susantiguos habitantes, víctimas de esta operación, han de-saparecido del mapa sin dejar huella. Se supone quemuchos fueron expulsados a la periferia, y evidentemen-te no se encuentran datos estadísticos sobre el númerode ancianos que han acabado sus días en algún asilo.

Las responsables de acometer la modernización delos barrios en el marco de los PERI1 son empresas mix-tas creadas por el Ayuntamiento a partir de finales delos años 80 en forma de sociedades anónimas. Las másfamosas por sus atropellos son Promoció de Ciutat Vella(Procivesa), hoy Foment de Ciutat Vella (Focivesa), en-cargada de la transformación de Ciutat Vella, y Regesa,que, entre otros, rige los destinos de Nou Barris. Estasempresas mixtas –constituidas como sociedades anóni-mas– son unas formaciones híbridas muy opacas en lasque los poderes públicos tienen la mayoría y el capitalprivado el resto. En Focivesa, por ejemplo, el Ayunta-miento y la Diputación ostentan el 57%, mientras lasacciones restantes se reparten entre las secciones inmo-biliarias de La Caixa, la Caixa de Catalunya y el BBVA,

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1. Veáse el capítulo «Las capas de la cebolla de la violencia in-mobiliaria y urbanística».

además de Telefónica y la multinacional de aparcamien-tos SABA (del grupo Abertis, en el que La Caixa tieneuna participación destacada). Se trata de formacionesque conjugan la autoridad y el poder de las entidadespúblicas con el afán de lucro de una empresa privada.Nadie sabe qué decisiones se están tomando en sus reu-niones ni qué informaciones reservadas pasan de unamano a otra. Y lo poco que había salido a la luz públicagracias a las rencillas entre los partidos políticos con re-presentación en el Consistorio quedó tapado desde que,en 2004, el Ayuntamiento decidió excluir a los partidosde la oposición de estos entes.

La presión combinada ejercida por el Ayuntamiento,sus empresas mixtas y el capital privado para convertirlos espacios de vida de la gente en un activo financieroy productivo se ha hecho sentir principalmente en elcentro histórico de Barcelona. Sólo hay que recordar eneste contexto los aproximadamente 5.000 vecinos ex-pulsados por la construcción de la Rambla del Raval.Por lo que se ve, hace falta mucho espacio para la cons-trucción de hoteles, oficinas, centros comerciales y lúdi-cos, y hace falta mucho dinero para «monumentalizar»el centro histórico y convertirlo en un imán para que lasmanadas de turistas puedan pacer a sus anchas. Quienesestorban en las dinámicas del mercado inmobiliario de-sencadenado son los vecinos y vecinas de la zona, sobretodo cuando son viejos y/o no tienen dinero para pagarprecios astronómicos por sus viviendas.

En el centro histórico destacan en estos momentosvarias operaciones y sus repercusiones en el entorno: laconstrucción de la nueva Facultad de «Humanidades» dela Universidad de Barcelona enfrente del CCCB, que yaestá produciendo estragos entre los vecinos; la última fasede la transformación de Santa Caterina, que ha supuestola destrucción masiva de un barrio popular y ha dado piea unos de los movimientos vecinales más fuertes de lasúltimas décadas; la transformación del barrio portuariode la Barceloneta mediante un plan urbanístico que pre-vé el derribo de un gran número de casas con el pretextode construir ascensores en el resto de las fincas, un pro-yecto que supondría la expulsión de numeroso vecinos y

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el paso decisivo en la gentrificación del barrio; el propó-sito del Ayuntamiento de recalificar el solar de las anti-guas piscinas Folch i Torres para construir un megacom-plejo de apartamentos tutelados que servirá para hacinara ancianos del centro histórico en la periferia del mismo,y a la vez poner a disposición del mercado los pisos aban-donados por dichas personas; y los numerosos casos demobbing y de otras formas de violencia inmobiliaria quese están dando alrededor de la Illa Robador. El artículo«Robador 29, entre la espada y los tiburones», que sigue aesta breve panorámica, explica a partir del ejemplo de laIlla Robador cómo se despliega esta violencia con todossus subterfugios y en toda su magnitud.

Sin embargo, los casos del mobbing no se circuns-criben a la Illa Robador o al barrio de Santa Caterina ysu «Forat de la Vergonya». De hecho, todo el centro his-tórico de la ciudad se ha convertido en una reñida minade oro para inmobiliarias y especuladores. Y al conver-tirse todo el centro urbano en una especie de «far west»inmobiliario, también los actos de violencia contra losvecinos y vecinas se han generalizado y han empezadoa salir de madre. Máxime cuando quedan cada vez me-nos fincas y pisos habitados por gente que todavía gozade alguna protección (contratos anteriores al DecretoBoyer). Y no es para menos, ya que tal como afirmó en2004 un representante de la inmobiliaria Tecnocasa parailustrar la situación de plena transformación urbanísticaen el Raval, «En el año 1997, un piso de 40 m2 valía sie-te millones de pesetas, en 2000 valía 14 y, ahora, ya vale28 millones». Huelga decir que esta cifra ha sido rebasa-da a lo largo de 2005.

El Ensanche barcelonés es otro centro neurálgico delmobbing «legal e ilegal». Este barrio, que circunda el cas-co antiguo de la ciudad, se compone mayoritariamentede «fincas regias» muy cotizadas entre inmobiliarias paraconvertirlas en oficinas o en pisos de alto standing. Sinembargo, muchos pisos de estas fincas aún están alqui-lados por personas con contratos de renta antigua, loque las convierte en víctimas potenciales de esta formaextrema de la violencia inmobiliaria. Se suele tratar deancianos y ancianas que en muchos casos viven solos.

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Normalmente su lazos de socialidad se han ido debili-tando en la medida en que se ha ido transformando suentorno, por lo que se encuentran en una situación ex-trema de vulnerabilidad e invisibilidad. De modo que noes de extrañar que este barrio acapare el segundo lugaren el ranking de casos de acoso inmobiliario denuncia-do. De todas maneras, la impunidad con la que actúanlos «asustaviejas» ha provocado que esta práctica ya seesté dando en toda la ciudad. Sin embargo, los «mobea-dores» no siempre se salen con la suya. Lo que puedepasar cuando los ancianos se juntan con gente joven sepuede leer en el tercer artículo de la sección Barcelona,«El barrio de Gracia y el caso de mobbing Verdi 28».

La violencia inmobiliaria y urbanística más alládel centro histórico de la ciudad

Evidentemente, la violencia inmobiliaria y urbanísticano se reduce, ni mucho menos, a los barrios céntricos dela ciudad sino que se extiende sobre todo el territorio deBarcelona y de su área metropolitana, y ya va muchomás allá de casos concretos en fincas concretas. El ca-rácter especulativo de las operaciones urbanísticas delAyuntamiento (y otros entes de las administraciones pú-blicas) así como la ausencia de mecanismos de una par-ticipación real de los vecinos y vecinas de las zonasafectadas hacen que no haya plan urbanístico que no délugar a protestas y a la constitución de colectivos veci-nales. Una presentación completa de todos estos con-flictos llenaría otro libro. Por otra parte, ya hay otrostrabajos que analizan detalladamente las estrategias yefectos del «modelo Barcelona» y las resistencias que hasuscitado a lo largo y ancho del territorio urbano.2 De-

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2. Aparte de los numerosos textos producidos por los colectivosvecinales afectados por los planes urbanísticos (algunos links de loscuales se pueden encontrar en los Apéndices) os remitimos en estecontexto al libro Barcelona, marca registrada. Un model per desarmar(Ed. Virus, 2004). En la web: www.barcelonamarcaregistrada.com sepuede encontrar la versión castellana de varios textos de este libro es-crito en catalán.

jando de lado los PERI, que son tratados en otro capítu-lo de este libro, sólo queda por señalar aquí una figuraque se conoce por «Áreas de nueva centralidad». Detrásde este nombre se esconden grandes operaciones urba-nísticas diseñadas por las administraciones públicas ylos «agentes económicos», que pretenden actuar comoondas expansivas sobre el territorio circundante.

La definición de una zona como «Área de nueva cen-tralidad» viene determinada muy a menudo por inver-siones en infraestructuras necesarias para maximizar losbeneficios del cuerpo económico urbano. Los ejemplosde este tipo de intervenciones son legión: la construc-ción de la estación del AVE en la Sagrera, la ampliacióny remodelación de la estación de Sants y sus alrededo-res, las intervenciones en torno a la plaza de las Gloriasmediante la construcción de la torre AgBar, el Plan Del-ta de ampliación del puerto y aeropuerto para construiruna gran plataforma logística, etc. En todos los casos sepretende que estas intervenciones sirvan de «estímulo ala iniciativa privada» más allá de la inversión concreta.En prácticamente todos los casos el resultado a corto ymedio plazo de estas intervenciones consiste en la des-trucción de los tejidos sociales y en la sustitución de laestructura arquitectónica tradicional (normalmente ca-sas bajas) por rascacielos, hoteles, oficinas, centros co-merciales y pisos de alto standing. Y en todos los casoslos precios de los pisos y alquileres suben por las nubes,lo que implica la expulsión de la gente más pobre y delos jóvenes hacia zonas más periféricas aún no alcanza-das por estas ondas expansivas. Sólo para nombrar unejemplo,3 en el entorno de la futura estación del Ave, losprecios de los pisos se han triplicado desde 2002, lo quesupone la expulsión de un gran número de vecinos a laprimera corona metropolitana, al mismo tiempo que seestá dando una actividad frenética de derribos de casasy de nuevas construcciones.

Por otra parte, los epicentros de estas ondas expan-sivas se localizan cada vez más en las periferias de la

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3. Véase el artículo publicado el 10 de febrero de 2006 en ElPaís, donde se explica con una franqueza inusitada.

ciudad y en zonas del área metropolitana que aún cuen-tan con algunos reductos de espacios más o menos na-turales. La descripción del Pla Caufec, el último artículode la sección Barcelona, es un buen botón de muestra decómo se conciben estos planes, cómo se ejecutan y conqué resistencias se pueden encontrar.

Obviamente, todas estas transformaciones urbanísti-cas son presentadas como grandes mejoras para los ba-rrios, todas vienen acompañadas de promesas de zonasverdes, equipamientos y algún que otro piso social. Pro-mesas que muchas veces no se cumplen nunca o sólo enparte, pero que sirven para granjearse el apoyo de lasasociaciones de comerciantes y de alguna que otra enti-dad clientelar del Ayuntamiento radicada en la zona,todo ello acompañado por campañas propagandísticasen los medios de comunicación local. En cambio, las crí-ticas de los vecinos sobre los aumentos de los precios delos pisos y de los alquileres y a la destrucción del tejidosocial son desechadas como un efecto secundario no de-seado que escapa a las posibilidades de intervención delAyuntamiento y de las otras administraciones públicasimplicadas.

Estas afirmaciones son poco más que excusas y men-tiras interesadas. No sabemos las repercusiones exactasde la especulación en las arcas municipales,4 ni hay da-tos sobre los tratos de favor y las comisiones suculen-tas proporcionadas por este ingente negocio (véase eltrato preferente que recibe Núñez y Navarro por partedel Ayuntamiento en uno de los textos de los Apéndi-ces). En cambio, en el presupuesto de la Generalitat hayun dato bastante significativo: la recaudación del im-puesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicosdocumentados procedente de la compra-venta de in-muebles se convirtió en 2004 en la tercera partida másimportante del presupuesto, alcanzando unos 2.981,8 mi-llones de euros, después de haber experimentado duran-te los últimos años un crecimiento paralelo al aumento

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4. Por la venta de suelo público, patrimonio, el IBI y las transfe-rencias del Estado y de la Generalitat, que a su vez se nutren de la re-caudación de impuestos como el IVA, transferencias patrimoniales, etc.

del precio de la vivienda. Ahora ya sólo se ve superadapor las aportaciones del IRPF (3.718,2 millones) y el IVA(3.215,7 millones).

Por otro lado, tampoco hay datos sobre el númerode gente de Barcelona y su entorno que tienen que aban-donar el piso y el barrio donde han vivido durante 5, 10,15 años, porque al propietario de su piso le ha dado porno renovarles el contrato puesto que quiere aumentar larentabilidad de su piso. Nadie da cuenta de los numero-sos hogares que tienen que hacer lo imposible para lle-gar a fin del mes por culpa de una hipoteca inmobiliariaque tuvieron que aceptar para poder tener un piso. Que-dan completamente invisibles los dramas personales queun sinfín de gente sufre a causa de la presión arbitrariasobre su hogar, y no se podrán contabilizar nunca lasrepercusiones del miedo, la intimidación y el aislamien-to causadas por este tipo de violencia. El único dato quetenemos al respecto son los 3.675 desahucios que seprodujeron en 2002 en Barcelona, es decir, más de 10desahucios al día. Todo hace pensar que el número dedesahucios es mucho mayor en la actualidad, no sólopor la continua subida de los alquileres y precios sinotambién por el impacto de la LAU de 1994 que suprimela segunda subrogación.

En todo caso, se trata de una violencia que sólo sepuede desplegar gracias a la legislación vigente en ma-teria de vivienda. Y se trata de una violencia contra lasmayorías populares que tiene un sinfín de caras que, aveces, son tan aparentemente inocuas como el lema «Bar-celona, posa’t guapa». Aunque cabe admitir que por unavez este lema persistente significa lo que dice ya que,después de haber sido saneadas las fachadas, renovadoslos bajantes e instalados los ascensores, estas fincas sue-len quedar deshabitadas de sus antiguos moradores, queno pueden pagar el maquillaje. Sin embargo, todas estasformas de violencia estructural ejercida por las institu-ciones que transforman los barrios y sus tejidos socialesa través de la discriminación sobre la base de tener di-nero o no, están lejos de ser consideradas un delito.

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7. Robador 29, entre la espada y lostiburones

El caso de los vecinos del número 29 de la calle Roba-dor, uno de los más «visibles» que se han dado en los úl-timos años en el barrio del Raval, puede reclamar conjusticia el título de «ejemplar» por la elevada concentra-ción que presenta de elementos de especulación y vio-lencia inmobiliarias que se han descrito en los textosanteriores. Su enclave y sus avatares justifican que de-diquemos un espacio a relatarlo. Antes, pero, intentare-mos circunnavegar la isla Robador.

De joyas, coronas y patentes de corso

Varado frente al solar de la futura Illa Robador (rebauti-zada últimamente con el más virtuoso apelativo de IllaRambla del Raval o Illa del Raval), este inmueble ha su-frido en primera línea los efectos de esta «gran ope-ración urbanística» concebida para «dar el impulso eco-nómico, social y cultural definitivo a la Rambla del Ra-val [...] una de las actuaciones más emblemáticas delplan de reforma del Raval aprobado en 1985» (El Punt,10/11/2004). Tal y como señala Martí Abella, responsa-ble de Promoción y Comunicación de Focivesa, en sumemoria de las actuaciones en el período 1988-2002,«esta es la primera actuación iniciada por Procivesa concriterios de recuperación de plusvalías inmobiliarias. Setrata de un sector delimitado por las calles Sant Ra-fael, Robador, Sant Josep Oriol y la antigua calle de laCadena. Este polígono supone una superficie de más de

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12.000 m2 de suelo que habían ocupado 50 antiguos edi-ficios que se fueron adquiriendo a partir del año 1990.[...] se han adjudicado los proyectos de concreción ar-quitectónica y los operadores de los distintos usos quehan sido considerados adecuados para estimular el de-sarrollo social y económico de la zona».1 La pulcra «len-gua de madera» de Martí Abella, bastante reveladora enotros pasajes de su libro,2 en este caso no da cuenta delo que ha supuesto el «vaciado» de los 50 edificios con450 viviendas y 93 locales comerciales que había dentroel perímetro del actual solar en obras, expropiados yposteriormente derribados con el fin de hacer sitio parael proyecto urbanístico diseñado por el equipo de arqui-tectos MBM (Martorell, Bohigas y Mackay), que incluyeun hotel de lujo de la corporación hotelera Barceló (que

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1. Martí Abella, Ciutat Vella. El centre històric reviscolat (CiutatVella. El centro histórico revivido), Aula Barcelona, 2004, pp. 91-92.

2. A pesar de que el documento de Martí Abella merecería un co-mentario exhaustivo (que hasta la fecha, lo que tampoco causa sor-presa, no hemos leído en ninguna parte) como discurso legitimador dela obra urbanística del Ayuntamiento de Barcelona en las últimas dé-cadas, no nos resistimos a reproducir algunos fragmentos en los que la«lengua de madera» se adelgaza hasta casi transparentar: «La transfor-mación urbana producida en Ciutat Vella ha aportado las infraestruc-turas que deben permitir seguir el camino de las nuevas dinámicastecnológicas y productivas. La rehabilitación de aproximadamente lamitad de los 5.000 edificios existentes y la construcción de otros nue-vos ha mejorado considerablemente la calidad media de la vivienda enCiutat Vella, lo que hace prever una cada vez más normalizada rota-ción de residentes en el distrito y, por lo tanto, una lógica renovaciónde personas similar a la que se produce en cualquier distrito de la ciu-dad» (p. 94). «La nueva manzana Sant Pau-Hort de la Bomba y el con-junto rehabilitado del pasaje de Cutchet (entre Arc del Teatre y SantaMònica), demuestran que en la renovación urbana que se mobiliza si-guiendo parámetros de interés del mercado inmobiliario también tienecabida el Raval sur; [...] No hay que temer la importante concentraciónde emigración paquistaní o magrebí en esta zona [...] Lo más probablees que poco a poco las familias se reubiquen por toda la ciudad y elámbito metropolitano, a la vez que, al ir encontrando ocupaciones la-borales, se diluya esta presencia, aparentemente constante y un tantoinquietante, que define la situación actual en alguna de las calles de lazona. Las nuevas actuaciones urbanísticas previstas (Folch i Torres,Drassanes, Arc del Teatre, etc.) facilitarán la consecución de estos ob-jetivos» (p. 96). (La traducción y los destacados son nuestros.)

adquirió el solar por 8 millones de euros: una buena «re-cuperación de plusvalías», efectivamente), oficinas, 120viviendas construidas por las cooperativas de viviendade UGT, CCOO y la Asociación de Vecinos del Raval, lo-cales comerciales, aparcamiento subterráneo, una cen-tral de recogida neumática de basura y, finalmente, confachada a la plaza de Salvador Seguí, la nueva sede dela Filmoteca de Catalunya. A estas alturas, y pese a laspeticiones de distintos colectivos del Distrito, todavía nodisponemos de ninguna relación oficial del número devecinos «desplazados» por esta operación,3 del númerode vecinos reinstalados o no en pisos de titularidad pú-blica, de las cuantías de las indemnizaciones recibidaspor los vecinos expropiados, de las presiones a las queestuvieron sometidos los que opusieron alguna resisten-cia a estas expropiaciones... ningún dato, ningún regis-tro. No obstante, los vecinos de la zona saben que losimportes percibidos por la expropiación de sus pisos ylocales fueron, como en las otras operaciones de ejecu-ción de los PERI en Ciutat Vella, en la mayoría de loscasos irrisorios, muy por debajo de los recibidos en otrosdistritos de la ciudad en actuaciones de mucha menorenvergadura, igual que las compensaciones a los inqui-linos no «reinstalados»; hecho que, ante la dificultad deacceder a otra vivienda a raíz de la revalorización de lazona y el encarecimiento acelerado de los alquileres eneste período, en la práctica ha acarreado un alto porcen-taje de vecinos «realquilados» en habitaciones en el mis-mo barrio4 o la migración hacia la periferia de la ciudadu otros municipios. También conocen, como los vecinos

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3. Josep M.ª Huertas y Jaume Fabre estiman en 7.000 (cifra mo-desta, pensamos) las personas afectadas por las operaciones ejecutadaspor Procivesa («Del derribo de las murallas al Fórum 2004» en Barce-lona, XXI siglos, Lunwerg, 2005, p. 189).

4. En noviembre de 2003 Caritas presentó un estudio titulado Vi-vienda: ¿lujo o necesidad?, dirigido por la actual directora general deVivienda de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Gene-ralitat, Carme Trilla, en el que, entre otros datos, se recogía que el18,5% de los vecinos del Raval mayores de 65 años vivían en habita-ciones realquiladas debido al encarecimiento de los alquileres (El País,28/11/2003).

de la Ribera y los barrios de Sant Pere y Santa Caterina,los métodos coercitivos utilizados primero por Procive-sa y después por Focivesa para obtener su consenti-miento a los procesos expropiatorios. A modo de ejem-plo recordaremos brevemente la demanda interpuestapor varias asociaciones en julio de 2003 contra Procive-sa por la vulneración de los derechos de los expropiadosdel área del Pou de la Figuera (más conocido por Foratde la Vergonya) y por los procedimientos intimidatoriosutilizados para conseguir la firma de los contratos deexpropiación y la aceptación de los pisos nuevos (El Pe-riódico, 14/7/2003); y también la sentencia favorable ados vecinas del número 86 de la calle Nou de la Ram-bla, que obligaba a Focivesa a indemnizarlas por la ex-propiación de su piso (20 minutos, 7/4/2003; El Periódi-co, 14/7/2003). Se trata de dos ejemplos singulares, perono excepcionales, que constatan la indefensión de losafectados «de lleno» por los planes de transformaciónurbanística ante la acción combinada del sector públicoy el privado mediante sociedades mixtas, que disponendel «mandato» de la intervención municipal y, a la vez,de la «libertad de movimientos», la «opacidad» y la «agi-lidad» de la empresa privada.5 Al decir que son singula-res pero no excepcionales, queremos señalar que la úni-ca singularidad que presentan es que estos particularesy colectivos hayan dispuesto de los medios y el corajenecesarios para llevar adelante acciones judiciales con-tra estas sociedades, y no que el «protocolo» expropiato-rio fuese distinto en estos casos que en los del resto devecinos afectados del Distrito.6

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5. Martí Abella, op. cit.: «La sociedad mixta [Procivesa] todavíanos ofrecía otra posibilidad: poder actuar desde el sector público en elmercado privado, adquirir y vender propiedades inmobiliarias, y deeste modo procurar recuperar una parte de las plusvalías que la graninversión municipal previsiblemente generaría» (p. 57).

6. Como se ha dicho en un capítulo anterior, el abogado EduardoMoreno, que presentó la denuncia en nombre de la Associació de Veïnsper la Revitalització del Casc Antic, Veïns en Defensa de la BarcelonaVella y miembros del colectivo del Forat de la Vergonya, estima en va-rios miles de millones de pesetas el fraude municipal por las indemni-zaciones no pagadas en la ejecución de los PERI de Ciutat Vella.

Para completar el cuadro, recordaremos también elacoso al último vecino que rechazó las condiciones im-puestas por Focivesa para abandonar su local en la calleSant Rafael, el bar Ciutat Vella, que tuvo que soportar«sabotajes» de todo tipo –desde la abertura de vías deagua y el derrumbe «accidental» de muros del local porparte de operarios subcontratados por Focivesa para de-sescombrar el solar de la Illa Robador, hasta el inicio delas obras de demolición de las plantas superiores deledificio, en pleno día, poniendo en peligro a las perso-nas que ocupaban el bar– antes de ser desalojado concontundencia el 26 de febrero de 2004, con la interven-ción de un importante despliegue policial.7 Y tampocopodemos dejar de mencionar, aunque no nos podamosextender en ello, los contenciosos contra el proyectode la Illa Robador presentados por la asociación vecinalla Taula del Raval: uno por la superación del nivel deedificabilidad permitido al hotel y el otro por el recortede los 2.700 m2 de zona verde asignados por el mismoPERI. En la cacería de brujas desatada el verano de 1997en el clímax del tristemente célebre «caso Raval», losmiembros más visibles de la asociación fueron encausa-dos en un fabuloso proceso contra una red internacionalde explotación sexual de menores, inexistente pero vi-rulentamente propagada por los medios de comunica-ción. Su posterior exculpación no evitó que la asocia-ción fuese oportunamente sumergida por una larga tem-porada.8

Como decíamos, de todas estas «contingencias» y delas que se han producido en la ejecución de los PERI enel resto de Ciutat Vella, no queda rastro en las memoriasde Focivesa. Al contrario, Martí Abella cierra su volu-men con la siguiente afirmación: «Cuando el proceso derenovación de Ciutat Vella ya ha cumplido más de ca-

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7. La prensa se hizo eco de este hecho al día siguiente a raíz dela lesión de un periodista en la carga policial.

8. Sobre este deplorable episodio existen dos documentos espe-cialmente destacables: el libro de Arcadi Espada Raval: del amor a losniños (Anagrama, 2000) y la película de Joaquim Jordà De niños(2004).

torce años de aplicación, se puede afirmar que no se haproducido la expulsión de ninguna familia residente yarraigada en el distrito debido al desarrollo de este pro-ceso. La mayoría de personas que han tenido que buscarun nuevo hogar por su cuenta no han podido arraigaren Ciutat Vella, bien sea por el poco tiempo que hacíaque residían en el distrito, o bien por la irregularidad desu estancia en las viviendas afectadas [...] Sólo el in-cumplimiento de la normativa general de acceso a laspromociones públicas (superar el nivel máximo de in-gresos familiares, o ser propietario de otra vivienda enel mismo municipio) ha aumentado la cifra de afectadossin posibilidad de ser reinstalados en viviendas públicas(muchos de estos casos han sido resueltos a través delparque de vivienda de Procivesa). La no-reinstalación seha producido, sobre todo, cuando no se ha podido de-mostrar más de cinco años de residencia en la viviendaafectada, una medida tomada en primer lugar ante laimposibilidad de disponer de tantas viviendas como de-saparecían, pero también para evitar especulaciones conviviendas que se sabía que tenían que ser expropiadaspor la Administración» (pp. 101-102). Os ahorraremoslos destacados, pero quedaos con dos de los argumentosdel sofisma con el que Abella explica la «no-expulsión»de residentes: el «no arraigo» y la «irregularidad», queretomaremos más adelante.

Mobbing y gentrificación, una cuestión de óptica

Los efectos benéficos del proyecto Illa Robador han sidopropagados entusiásticamente por la mayoría de me-dios de comunicación (las excepciones son contadísi-mas) desde el día en que fue anunciado: «La Illa Roba-dor pasa de la degradación más profunda del Raval allujo y la cultura [...] El Hotel de cuatro estrellas, de plan-ta elíptica y diez pisos de altura, con fachada de cristal,es la joya de la corona de la actuación urbanística másimportante prevista para el corazón del Raval» (El Punt,25/1/2004 –sin el menor asomo de ironía, aunque pa-rezca lo contrario–). Lo que ni los medios ni los respon-

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sables políticos y civiles del proyecto han explicado to-davía es el coste social de esta empresa contra «la de-gradación y la decadencia social» del Raval, contra «eldestino marcado por la marginalidad y el empobreci-miento», de esta transformación que ha permitido «revi-talizar el centro histórico de Barcelona, darle brillantez,devolverlo a la vida», que ha «significado la salvación delbarrio».9 El colofón de la habitual retahíla de los apela-tivos «rehabilitación», «revitalización», «renovación», «re-animación», «modernización», «dinamización», «norma-lización», etc., inevitables en la difusa amalgama de notasde prensa, publirreportajes y memorias de actividades,se escamotea sistemáticamente: la «revalorización» de lazona en términos de mercado inmobiliario y la consi-guiente gentrificación, o sustitución de la población tra-dicional de rentas bajas de estos barrios populares; gen-trificación acelerada en nuestro país por las condicionesespecíficas de desregulación y el marco legal «draconia-no» (en palabras del abogado Eduardo Moreno)10 de lasleyes de arrendamientos urbanos posteriores al DecretoBoyer. Esta ocultación se ha llevado a cabo con graneficacia y prácticamente sin excepciones en la mayoríade ámbitos, tanto políticos como mediáticos e intelec-tuales, y ha condicionado, como veremos más adelante,la descripción y el abordaje del fenómeno del mobbinginmobiliario. Un signo de esta ocultación lo encontra-mos, de entrada, en la misma extensión de los anglicis-mos mobbing y gentrificación: mientras que el primeroha hecho fortuna y se ha propagado con gran rapidez,todavía es hora de que el segundo asome la cabeza fue-ra de papeles especializados o marginales. La explica-

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9. Fórmulas extraídas del monográfico de la Fundació Tot Ravalpublicado en El Periódico del 8 de octubre de 2003 y firmadas, entreotros, por el ubicuo primer teniente de alcalde, regidor de Urbanismo,Infraestructuras y Vivienda y presidente del Consejo de Administra-ción de Focivesa, entre otros cargos, Xavier Casas («Una joya por des-cubrir»).

10. «...la LAU de 1994, una ley reaccionaria, anticonstitucional yantisocial, y además hecha por los socialistas y con Miquel Roca comoponente de CiU» («Ara vivim la punta de l’iceberg del mobbing», ElPunt, 8/12/2003).

ción de la diferencia de rendimiento de los dos términosdebemos buscarla en su «utilidad»: el concepto de mob-bing focaliza y reduce la cuestión al ámbito delictivo(cuyos contornos todavía no están demasiado perfila-dos legalmente) y, en definitiva, de los procedimientos(«los modos»), algo que ha sabido reconocer enseguida elempresariado local, que atribuye estas prácticas al in-trusismo de «inversores recién llegados, muchos de ellosextranjeros, atraídos por las enormes plusvalías que segeneran», «amateurs del mundo inmobiliario» que «de-berían estar fuera del mercado».11 Gentrificación, por elcontrario, abre el campo visual en longitud y profundi-dad, y permite tirar del hilo de la causalidad más allá del«suceso» particular y poner en evidencia la responsabili-dad de las instituciones públicas y privadas que diseñany participan en los procesos de transformación urbanosy que determinan el marco legal en el que se juega lapartida del mercado inmobiliario, contra las habitualestesis exculpatorias que despachan los problemas que sederivan como «efectos indeseados y imprevistos», «per-versiones» que desfiguran las buenas intenciones de losproyectos iniciales.12 Gentrificación, además, como tér-

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11. Declaraciones de Xavier González, director general de Res-taura (inmobiliaria que se anuncia por radio con el desinhibido eslo-gan «Restaura ... compra viviendas por restaurar, con o sin inquili-nos...»), en el reportaje del programa 30 minuts «Mobbing a Ciutat Ve-lla», de Manuel Raya y Ramon Vallès, emitido por TV3 el 18/1/2004.

12. En el mismo reportaje, Jordi Portabella, concejal de Comer-cio y Turismo del Ayuntamiento, enmarcaba el fenómeno del mobbingen un «contexto general que se impone a nivel mundial de exceso deindividualismo y pérdida de civismo», rehuyendo todo intento de aná-lisis de sus posibles razones estructurales. Véase también, en la mismalínea, su texto en la publicación municipal Barcelona informació(núm. 72, marzo 2004), «Luchar contra el mobbing y contra la codicia».En un registro menos mojigato y más explicativo pero igualmente ex-culpatorio, Josep M.ª Huertas y Jaume Fabre resumen el proceso conestas palabras en el lujoso volumen Barcelona XXI siglos (Lunwerg,2005, p. 189): «El objetivo de las actuaciones previstas por Procivesaera convertir el barrio antiguo en una zona donde la iniciativa priva-da considerase rentable invertir, planteamiento que en los últimosaños ha ido tomando fuerza en la Administración pública. Este plan-teamiento ha tenido como componente negativo que promotores pocoescrupulosos han llevado a cabo inhumanas actuaciones de mobbing

mino analítico con una cierta historia (se acuña en ladécada de los cincuenta y se difunde en el mundo cien-tífico anglosajón sobre todo a partir de los setenta), re-sitúa la cuestión fuera del reducido espacio de la cróni-ca de «sucesos de actualidad» y revela que el «modeloBarcelona» es poco original (también en este aspecto) ytiene antecedentes bien estudiados en numerosas ciuda-des europeas y norteamericanas.13

Sin embargo, pese a los antecedentes en otras ciu-dades y en la misma Barcelona, en las someras aguas dela prensa local no es difícil encontrar perlas como ésta:«La Mina, objeto de deseo [...] el castigado suburbio seintegrará en el nuevo frente metropolitano gracias a laconstrucción de 700 viviendas de libre renta a cargo delsector privado. Las inmobiliarias le han echado el ojo algueto» (La Vanguardia, 25/04/2005). La aparatosidad dela elipsis, en esta fresca glosa, de la previsible revalori-zación y gentrificación del hasta hoy proscrito barrio deSant Adrià, es un ejemplo más de la indigencia en la que

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para conseguir que los inquilinos de edificios antiguos, con alquileresbajos, marchasen y así ellos poder rehabilitar el edificio y vender lospisos a un precio muy superior al que les había costado. De este modo,la especulación hizo su aparición en unos barrios hasta entonces olvi-dados por los negociantes. Éste ha sido el precio de la renovación.» Se-ñalar quiénes son los pagadores y los perceptores de dicho «precio» esalgo que supera a todas luces el propósito de los célebres cronistas dela ciudad. Otro cronista, Manuel Vázquez Montalbán (tan llorado como,al parecer, poco leído por los prohombres locales), apuntaba con másojo en un durísimo texto contra «las políticas del despotismo ilustradode una administración cerrada a la posibilidad de una auténtica de-mocracia participativa», en el prólogo al trabajo de Stefanie von Hee-ren La remodelación de Ciutat Vella. Un análisis crítico del modeloBarcelona (Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, 2002): «La dialéc-tica entre el príncipe y el arquitecto puede llegar a ser una operaciónde simulacro que esconde al tercer elemento en presencia, el mercadourbanístico y la movilización de juegos especulativos incluso con di-nero público» (p. 10).

13. Véase, p. ej., el trabajo de Marcelo Borges Faccenda sobre lafunción de los «equipamientos culturales» en estos procesos (Entre Da-vid y Goliat. Las accionas (buenas y malas) de los museos en la diná-mica urbana, consultable en www.vitruvius.com.br/arquitextos) o latesis de C. Vázquez Varela, Espacio urbano y segregación social. Pro-cesos y políticas en el casco histórico de Madrid (Univ. Autónoma deMadrid, 1996), para tener una referencia de un contexto más cercano.

se mantiene por estos pagos no ya el pensamiento críti-co, sino el pensamiento a secas.

Olas expansivas

Antes hemos hablado de los vecinos que sufrieron delleno la ejecución del proyecto Illa Robador; a continua-ción hablaremos de los afectados del arrecife de coralque rodea la isla. Como era previsible, desde el anunciode la aprobación del proyecto por parte del Consistorio,el interés de las inmobiliarias se fijó rápidamente en elentorno inmediato del futuro complejo turístico-comer-cial-residencial. La revalorización acelerada de las callesadyacentes no se ha ralentizado ni por las molestias de-rivadas de la prolongación de las obras, y en la actuali-dad, por poner un ejemplo, los precios de alquiler (defincas que ni siquiera han sido rehabilitadas) ya han al-canzado los 800 euros mensuales (Sant Rafael 5 y Roba-dor 33, p. ej.). El alquiler de apartamentos a turistas a400 euros por semana en el número 19 de la calle Roba-dor es otra muestra de la «superación del destino» de es-tas calles históricamente estigmatizadas como «ejes deproblemática social y degeneración».14 La modalidad «lum-pen» de esta rendibilización máxima del metro cuadra-do arrendado la encontramos en las tristemente célebres«camas calientes» o apartamentos rotatorios, de los quetambién hay ejemplos en la misma calle.

El efecto de esta revalorización acelerada sobre lapoblación tradicional de estas calles también ha sido es-pectacular en los últimos años, en los que la «desapari-ción» y «sustitución» de vecinos se ha producido a me-nudo en un perfecto silencio: esto se explica en partepor la «irregularidad» de los contratos de arrendamientode la que hablaba Martí Abella, muy frecuente en la po-blación del Raval, donde un gran número de inquilinos,tradicionalmente de rentas muy bajas (pero, aún así,«arraigados»), tenían contratos no actualizados (sea por

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14. Del mismo monográfico de El Periódico del 8/10/2003 («ElRaval», páginas especiales).

negligencia propia en un intento de evitar los incremen-tos, sea por negligencia de administradores y propieta-rios) o subrogados de padres a hijos, hecho que ha faci-litado los procesos de desahucio. Otros, con contratosindefinidos previos al Decreto Boyer, también han teni-do que marcharse azuzados por variadas formas de aco-so por parte de propietarios e inmobiliarias. Pero un grannúmero de estos vecinos, como decíamos, ha desapare-cido silenciosamente, sin recibir ninguna atención de losmedios ni las instituciones municipales. Sólo se puederastrear su pista en las conversaciones del vecindario:«El señor Antonio de la tienda del número 21 fue a pa-rar a Rubí», «En el número 19 sólo queda uno de los an-tiguos inquilinos», «La señora tal se ha metido de real-quiler en la calle tal»... Como a la mayoría de los vecinosde la zona, sus rentas tampoco les habrían permitido en-trar en las listas de compradores de los 120 pisos «conprotección oficial» que las cooperativas sindicales deUGT y CCOO y de la Asociación de Vecinos del Raval es-tán construyendo en el solar de enfrente, cuyo precio ron-da los 20 millones de pesetas.15

Uno de los primeros casos de violencia inmobiliariaque recibieron atención mediática fue el de BienvenidoOlet, que el 6 de mayo de 2002 montó un tablón en elantepecho de la azotea de su casa, en el número 25 de lacalle Robador, al que se subió amenazando con «saltarpor la borda» si venían a desahuciarlo como estaba pre-visto. El proceso de desahucio se había iniciado a partirdel no-cobro del alquiler durante unos meses por par-te del administrador de la finca, estrategia, como hemosvisto, muy utilizada para librarse de inquilinos «anti-guos». Después de que su acción apareciese en teledia-rios y periódicos, fue recolocado en un piso del Ayunta-miento por los Servicios Sociales, solución que prefigu-ra el tipo de «abordaje» del fenómeno de la violenciainmobiliaria por parte de la Administración hasta el pre-

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15. Del pasmoso desparpajo con el que los «agentes sociales»también obvian esta realidad, dan fe las vallas publicitarias que ro-dean el solar: «Vivienda Entorno CCOO: Constructores de sueños. Vi-viendas de calidad a tu alcance. Adjudicados todos los pisos.»

sente: en lugar de intervenir en el ámbito jurídico con lamodificación de la LAU para impedir estas situaciones yen el judicial con la asunción de la defensa de los veci-nos afectados y la acusación de los «acosadores» en pro-cesos ejemplares que puedan actuar de «cortafuego»ante la extensión de estas prácticas, la Administraciónderiva los casos a la sección de emergencias de Bienes-tar Social para intentar «mitigar el impacto de las actua-ciones urbanísticas en la población más desfavorecida»,16

con lo cual ratifica por omisión la deriva del proceso,puesto que propietarios e inmobiliarias se salen con lasuya y la «limpieza de pobres» continúa.17

Pero éste no ha sido el único caso de acoso inmobi-liario que se ha dado en esta calle los últimos años. Des-de finales de 2003 los inquilinos del número 33 ingresansus alquileres por el «procedimiento extraordinario» delgiro postal y posterior consignación en el juzgado deca-no, «en ausencia» del administrador de la finca, que lesrechaza el pago para intentar vencer el plazo de dos me-ses prescriptivo para iniciar el proceso de desahucio.18

Esto les sucede a los vecinos con contratos indefinidos,porque los que lo tenían temporal han sido desalojadospor el procedimiento ordinario de no renovación delcontrato. Posteriormente, estos pisos han vuelto a saliral mercado al precio de 800-850 euros mensuales. Elmismo sistema de presión mediante el rechazo del pagodel alquiler lo denunciaba recientemente una vecina delnúmero 31 de la misma calle.

En la calle Sant Rafael, en el lado norte de la isla,los inquilinos del número 16 han visto cómo el nuevopropietario les subía el alquiler 9 veces en un año enconcepto de obras (convenientemente realizadas con

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16. Marcelo Borges Faccenda, op. cit.17. Arturo San Agustín utilizaba esta fórmula, menos eufemísti-

ca y más precisa, en el artículo «La limpieza de pobres que no cesa» (ElPeriódico, 29/11/2004).

18. Este procedimiento ha sido utilizado sistemáticamente por lasociedad propietaria de los pisos, Sofic Investsments Inc., con domici-lio en Samoa Occidental, que a partir de mediados de 2003 presentóuna batería de demandas de desahucio por impago que afectaban a 50familias de los barrios del Raval y la Ribera (El Periódico, 11/5/2005).

subvenciones a la rehabilitación). Tras interponer unaquerella y obtener un fallo favorable que no les sirvió nipara cubrir la mitad de los gastos procesales (más de6.000 euros), el propietario ha proseguido amenazándo-les con la rescisión del contrato.

Posteriormente tuvimos noticia de uno de los casosde mayor envergadura del Distrito, por la cantidad depisos y arrendatarios afectados: el pasaje Bernardí Mar-torell, que conecta la calle Sant Rafael con Hospital, sevendió entero por 10 millones de euros a una inmobilia-ria que al parecer quiere abrir allí un centro comercial(Zara), sin notificárselo a los vecinos, que no pudieronejercer su derecho de compra preferente de su viviendapor el tanteo o retracto. Los vecinos del número 99 de lacalle Hospital (a la entrada del pasaje), por ejemplo, tu-vieron noticia de la venta a través de una nota colgadaen la escalera que los informaba de que, desde diciem-bre de 2004, el administrador de la finca había pasado aser otro, Home Solution [sic] 2000 (Paseo de Gracia, 97).Después les comunicaron el propósito de iniciar refor-mas (ascensor, cambio de la instalación del agua, etc.) yque esto se gravaría en los alquileres. La mayoría de losvecinos de estos inmuebles son inquilinos de edad avan-zada y con pocos recursos y, temiendo que por la vía delaumento de los alquileres les acabaran echando, han idoaceptando las indemnizaciones que se les ofrecían a cam-bio de dejar sus pisos (el 60% ya los habían abandona-do el pasado octubre). A los que tienen contratos «ac-tuales», cuando éstos finalizan no se los renuevan, paraacto seguido poner los pisos a la venta a precios astro-nómicos (superando los 60 millones de pesetas en algu-nos casos). Algunos vecinos, alarmados por la dinámicade los hechos, recurrieron a la Oficina de la Vivienda ya la Oficina Municipal de Información al Consumidor(OMIC) para pedirles asesoramiento: en la OMIC se es-candalizaron de «la miseria de alquiler» que pagaban, yen la Oficina de la Vivienda (en la sede de Focivesa) lesdijeron que los que tenían contratos indefinidos podíanintentar impugnar la venta, pero que de todos modos lespodían echar fácilmente, por ejemplo reclamando los pi-sos para los hijos del propietario. Como puede verse, los

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«instrumentos» de los que se ha dotado el Ayuntamien-to para «intentar corregir este fenómeno»19 son muy pocoafilados.

Antes de abordar el número estrella de la calle Ro-bador, el 29, querríamos referirnos brevemente a la ex-pansión de las olas más allá del perímetro de la isla, alotro lado de la Rambla del Raval. En la calle Sant Bar-tomeu, por ejemplo, se han dado casos similares de ven-ta de fincas (las de los números 5 y 7) sin notificación alos inquilinos, con posterior declaración de ruina, pro-cedimiento con el que los propietarios pretenden desem-barazarse de ellos. Muy cerca, en la calle de la Riereta(núms. 15 y 27), la «rehabilitación» del inmueble se hautilizado con el mismo objetivo, mediante el incremen-to espectacular de los alquileres y la no renovación delos contratos. La ruina y la restauración, como se puedeconstatar, coinciden en el mismo punto de apoyo de esteeficaz sistema de palanca que facilita sumamente el des-plazamiento de personas.

Robador 29 o las paradojas de la fama

Como decíamos al principio, en este inmueble se da unaconcentración tan elevada de elementos de violencia in-mobiliaria que por sí mismo podría constituir un com-pendio del mobbing; excusadnos, pues, si nos demora-mos en él. Como veréis a continuación, la espectaculari-dad y la notoriedad del caso no se ha traducido en unarespuesta especial por parte de los representantes del Con-sistorio.

El mobbing arranca, como en los casos que hemoscomentado antes, del repentino interés de las inmobilia-rias por esta calle, todavía hoy punto neurálgico del Ba-rrio Chino, con todos los estigmas asociados a la prosti-tución, la delincuencia y la drogodependencia. La finca,que forma un sólo edificio con el número 31, se vendiócuatro veces desde julio de 2001 al 2003, con una pro-

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19. Jordi Portabella, «Luchar contra el mobbing y contra la codi-cia», Barcelona informació (núm. 72, marzo 2004).

gresión geométrica de plusvalías en cada transacción:en julio de 2001 se vendió a Obras y Promociones NewFlat SL por 70 millones de pesetas; en la segunda venta,a las sociedades limitadas Setenta (extinta), Promocio-nes Viboni, Elsinor Castells [sic] y a Don Mariano Her-vas Polo (el entonces administrador de la finca) por 90millones; en la tercera, a GULMIS 21 SL por 160 millo-nes, y en la última a Taravaus 8086 SL y Mancia 2003SL por 227 millones; todo ello sin que los sucesivos pro-pietarios hicieran la menor inversión en obras de reha-bilitación, ni siquiera de mantenimiento. Todo lo con-trario, como veremos más adelante, a partir de ciertomomento se sucedieron las obras de «deterioro» paraayudar a los vecinos a abandonar la escalera. Los veci-nos del inmueble no tuvieron noticia de ninguna de lasventas hasta noviembre de 2002, tras la tercera, a partirdel envío de burofaxes por parte del nuevo propietarioen los que los instaba a abandonar sus pisos. Entonces,Manel González, el inquilino más joven de la escalera(la media de edad era de 55 a 78 años) y el único concapacidad económica para afrontar las gestiones (la ren-ta media era de 275 a 340 euros), consultó el Registro ydescubrió el estado «escritural» de la finca: en la prime-ra venta, de julio de 2001, bajo firma notarial, habíasido inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 deBarcelona como «libre de arrendatarios». Los inquilinosque habitaban la veintena de pisos y los dos locales dela escalera en aquel entonces, pues, legalmente no exis-tían. (Esta falsificación en documento público no varióen las notas expedidas por el Registro hasta la últimaventa, en la que se cambió la inscripción.) Dos mesesmás tarde, los primeros compradores habían hecho ladivisión horizontal de facto, y lo que era una sola pro-piedad (toda la escalera) se había convertido en 23, cadauna con su propia inscripción en el Registro. Asimismo,días después se hipotecaba cada uno de los pisos y loca-les volviéndolos a inscribir como «libres de arrendata-rios». Alertado por estas inscripciones irregulares (que,al parecer, no constituyen delito alguno), Manel Gonzá-lez se las comunicó al registrador de la Propiedad, elcual se lavó las manos alegando que no era su obliga-

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ción comprobar la veracidad de los asientos que firma-ba. A partir de este momento, se inicia un periplo entrekafkiano y valleinclanesco que intentaremos resumir.

El señor González busca entonces asesoramiento le-gal y, después de que en la OMIC le dijeran que no teníanada que hacer, contrata los servicios de una abogada,que le aconseja pedir al registrador de la Propiedad uncertificado de dominio y cargas. Al solicitarlo descubrea los propietarios en el momento en que se hace la cuar-ta venta, y aprovecha para reclamar su derecho al tan-teo y retracto por vía judicial (primero en julio y des-pués en noviembre de 2003), derecho que le había sidoconfiscado, como al resto de los vecinos, en los sucesi-vos cambios de mano del inmueble. Anteriormente, porotra parte, ya había emprendido una serie de accionespara denunciar el caso al Consistorio y reclamarle ayu-da, así como a colectivos vecinales que trabajan en elámbito de la denuncia de la especulación inmobiliaria:la Coordinadora Contra l’Especulació del Raval y la Pla-taforma Veïnal Contra l’Especulació de Barcelona. El 7de octubre de 2003, en una reunión en la sede del Distri-to de Ciutat Vella en la que también participaron miem-bros de estos colectivos y de la Taula del Raval, notificópersonalmente la situación al nuevo concejal, el Sr. Car-les Martí, quien tomó nota del asunto. Destacamos la fe-cha de esta reunión, porque es anterior a la inscripciónde la última venta del inmueble y, por lo tanto, en aquelmomento (si hubiera habido voluntad de hacerlo) elAyuntamiento podría haber emprendido varias accioneslegales para parar el proceso de expulsión de los inqui-linos de Robador 29, como por ejemplo impugnar laventa y denunciar la falsificación documental en las es-crituras y la vulneración de los derechos de los inquili-nos. Pero esto no se hizo, y el señor González tuvo queproseguir en solitario y sin ninguna ayuda su demandajudicial.

Constatando la inhibición del Consistorio frente a sucaso, los vecinos de Robador 29 iniciaron un proceso demovilización que en poco tiempo les llevaría a ocuparun lugar preeminente en la palestra mediática: el 22 denoviembre se manifiestan en un acto convocado por la

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Plataforma Veïnal Contra l’Especulació de Barcelona enla plaza de Sant Jaume, cuelgan pancartas en los balco-nes y la azotea de la casa y en adelante participan ennumerosas concentraciones y otras acciones reivindica-tivas e intervienen repetidamente en las audiencias pú-blicas del Distrito denunciando su situación. Los mediosde comunicación, atentos desde unos meses atrás a laescalada de la violencia inmobiliaria en sus formas másburdas, reconocen la concentración antes mencionadaen la escalera del número 29, y acuden allí práctica-mente todos: el listado de artículos, entrevistas y repor-tajes en los que se ha dado cuenta del caso nos permiteafirmar sin temor a equivocarnos que ha sido el más pu-blicitado de la ciudad de Barcelona.20 Aún así, hay quedecir que, como suele suceder, la mayoría de medios nose han preocupado demasiado en seguir el caso y, unaño después de la «cresta» periodística, los vecinos deRobador 29 recuperaron su estado anterior de invisibili-dad (o inexistencia) mediática, sin que su situación hubie-se experimentado ningún progreso pese a esta «atención»masiva pero, paradójicamente, efímera. Esta «memoriacorta» al parecer también se contagió a los responsablesmunicipales: si bien el 20 de enero de 2004, dos díasdespués de la emisión en TV3 del reportaje del programa30 minuts dedicado al mobbing, el concejal Carles Mar-tí se personaba en Robador 29 con Josep Maria de To-rres, gerente de Focivesa, y el abogado de la entidad,Augusto Ribeiro, para expresar a los vecinos la voluntaddel Consistorio de ayudarles a encontrar una solución deemergencia (con la posibilidad de realojarlos en pisosdel Ayuntamiento) y, de paso, disuadirlos de intentar in-terponer recursos judiciales –de entrada, no veían nin-guna posibilidad de ganarlos y, por lo tanto, no pensa-

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20. A continuación ofrecemos una lista no exhaustiva: El País28/1/2004, 29/11/2004; La Vanguardia 2/2/2004; El Mundo 9/6/2205;El Punt 17/12/2003, 18/12/2003, 23/5/2004; El Triangle 3/5/2004,6/12/2004, 11/5/2005; Masala núm. 19 (mayo/junio 2004), núm. 20(sept./oct. 2004); reportaje de 30 minuts emitido por TV3 el 18/1/2004,«Mobbing a Ciutat Vella», de Manuel Raya y Ramon Vallès, y entrevis-tas en marzo de 2004 en los programas de Olga Viza No es lo mismo(Tele5) y Teresa Viejo 7 días 7 noches (Antena3).

ban asumirlos desde la flamante «Oficina Antimobbing»anunciada recientemente–, durante la Audiencia Públi-ca del Distrito del octubre siguiente, ante la enésima in-terpelación del Sr. González denunciando su inacción, elmismo Carles Martí le respondió que «no tenía constan-cia de su caso a través de la Oficina de Vivienda». Conesta nueva declaración de inexistencia se constata, unavez más, el mecanismo más recurrente en la problemá-tica que tratamos, que no es otro que la ocultación, comoapuntábamos anteriormente. Que la «Oficina Antimob-bing» –que también podría haberse abierto en uno de losinmuebles vacíos propiedad de Focivesa en la misma ca-lle Robador (el 35 y el 37, probablemente a la espera dela oportunidad de «recuperación de plusvalías» más fa-vorable) para atender en primera línea a los afectadospor los casos que motivaron su creación– acabe sirvien-do de instrumento burocrático de negación y simulacro,da una idea bastante clara de la facilidad con la que selleva a cabo dicha ocultación.

Contra la imposibilidad o inconveniencia de la ac-ción judicial en casos como éste postulada por los seño-res De Torres y Ribeiro, queremos destacar que el 31 demarzo de 2004 Manel González ganó en primera instan-cia el recurso que había presentado y la propiedad de supiso –los propietarios, no obstante, recurrieron la sen-tencia en un nuevo intento de agotar cualquier resis-tencia a sus propósitos–. El resto de los vecinos, por elcontrario, continuaban afectados por los procesos de de-sahucio que se interpusieron a partir de la tercera venta.Debido a su escasez de medios económicos, la única de-fensa que se pudieron permitir fue la de los abogados deoficio que se les asignaron, ninguno de los cuales consi-guió parar los «lanzamientos». En el caso de uno de ellos(Máximo Cuesta), para remachar el clavo, se dio la es-perpéntica situación de que su abogado de oficio no sepresentó a la vista y, consiguientemente, la jueza encar-gada del caso lo declaró en rebeldía técnica, no aceptólas pruebas presentadas por el mismo demandado y dic-tó sentencia de desahucio el mismo día.

Los dos últimos años, pues, con las manos comple-tamente libres, los últimos propietarios (Taravaus 8086

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SL y Mancia 2003 SL, de Josefa Torras Jové e hijos)21

han podido proseguir sus actividades «persuasivas» paralibrarse de los inquilinos de Robador 29: en la categoríadel acoso físico y arquitectónico, deberíamos hablar decortes de agua y inundaciones; del abandono de pisosvacíos, tapiados sin vaciarlos de basuras, lo que propi-ció la proliferación de ratas; de la total falta de mante-nimiento del inmueble; del destrozo de la puerta de lacalle y de los buzones; del corte de la luz de la escalera;de la inutilización de las salidas de humo... Y en la delacoso legal o «paralegal», de la presión continuada paraque abandonen los pisos con todo tipo de notificaciones,burofaxes, notarios, amenazas de declaración de ruina (yla consiguiente expulsión) y otras tácticas de «extenua-ción» como, por ejemplo, dejar de cobrarles los alquile-res y obligarles a seguir el vía crucis correspondientepara ingresarlos en correos, etc., etc.

El deterioro de la situación y las sucesivas negativasde los responsables del Distrito a implicarse facilitándo-les una solución no provisional –los servicios del Pro-grama de Urgencias Sociales del Distrito sólo les ofre-cían la posibilidad de alojarles temporalmente (duranteseis meses)–, motivaron que a finales de 2004 los veci-nos de Robador 29 hicieran un último llamamiento desocorro con una carta a todas las instancias administra-tivas, municipales, autonómicas y estatales. De la mayo-ría recibieron el pertinente «acuse de recibo» y nadamás, pero finalmente llegó una respuesta positiva de laConselleria d’Habitatge (concretamente, de la señoraCarme Trilla), que se comprometió a realojarlos en pisosdel Patronato de la Vivienda.

He aquí, pues, el final (provisional) de la historia delnúmero 29 de la calle Robador: los inquilinos de los úl-timos 5 pisos que estaban a la espera del «lanzamiento»,fueron recuperados in extremis por la red asistencial pú-blica, que les facilitó un domicilio alternativo (suerte dela que no gozaron 4 familias que habían sido desaloja-das antes de 2004); Manel González perdió el recurso

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21. Lamentando contrariar la opinión del director general deRestaura, se trata de apellidos muy «del terruño», como se puede ver.

interpuesto contra él por las sociedades de la familia To-rras, debido en parte a la ocultación de las falsificacio-nes documentales por parte del registrador de la Propie-dad a los jueces; posteriormente intentó recurrir dichasentencia pero no se le admitieron a trámite los distin-tos recursos interpuestos, y a pesar de tener pendienteun nuevo proceso por desahucio contra él, continúa de-cidido a llevar adelante en solitario la denuncia de lafalsificación documental y el acoso padecido por su es-calera; por último, la sociedades mencionadas han lo-grado culminar prácticamente el vaciado de la finca deinquilinos poco rentables y prosiguen su actividad espe-culativa con total tranquilidad.

Antes de terminar, permitidnos recordar las palabrasde uno de los padres del proyecto Illa Robador, el urba-nista ilustrado Oriol Bohigas, que en una entrevista parala revista El Temps («El problema del Raval no es la es-peculación», 27 de abril-3 de mayo de 2004) afirmaba:«...los problemas de especulación hay que atribuirlos,pienso yo, a un sistema económico y político que vamás allá del Raval y que también va más allá de las po-sibilidades revolucionarias de una Catalunya aparente-mente socialista. La especulación es una consecuenciadel precio que impone el mercado en el libre ejercicio dela compra-venta.» Si algo hay que agradecer al señorBohigas es su célebre locuacidad, que en este caso resi-túa con claridad la problemática que hemos intentadoabordar, la de las distintas formas de violencia inmobi-liaria, en el marco que le corresponde: el del sistemaeconómico y político, es decir, la estructura del mercadoy el contexto político y legislativo que las hacen posi-bles. Si la modificación de este marco está o no fuera delas posibilidades revolucionarias de nuestro país, es unacuestión que se tendría que abordar en un debate que,de entrada, debería desterrar todas las formas de simu-lacro que lo enmascaran.

Coordinadora Contra l’Especulació del Raval

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8. El barrio de Gracia y el caso demobbing Verdi 28

A mediados del siglo XVIII, en la Vila de Gracia (cuyonombre aparece documentado ya en el año 1767) habíaun total de once propietarios con sus respectivas fami-lias. Después de unas décadas de economía básicamenteagraria, ésta comenzó a diversificarse, surgiendo enton-ces los primeros artesanos. En este período Gracia con-solidó lo que sería su propia estructura social durantemuchos años, entre zona mixta de economía rural y zonade veraneo de los burgueses barceloneses. Prueba de elloson la gran cantidad de torres y segundas residenciaspertenecientes a familias adineradas de Barcelona pre-sentes en la zona. A finales del siglo XVIII y principiosdel XIX el área que hoy denominamos Vila de Gracia es-taba escasamente poblada, pero debido a la construc-ción del Ensanche barcelonés a partir de la segunda mi-tad del siglo XIX y de la anexión del municipio a la granciudad en 1897, esta situación cambió radicalmente, sien-do en la actualidad uno de los distritos de Barcelonamás poblados, con una densidad muy superior a la me-dia de la ciudad.

En la actualidad el número de viviendas en el cascoantiguo de la Vila de Gracia ronda las 50.000, en una ex-tensión de poco más de dos kilómetros cuadrados, de lasque entre un 10% un 15% están vacías, según denuncianla Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona(FAVB) y los colectivos de la Vila.

El precio del metro cuadrado de construcción en elaño 2001 superaba los 3.000 euros, según la UPC (Uni-

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versitat Politècnica de Catalunya). Asimismo, los preciosde los pisos de segunda mano aumentaron un 23% en elaño 2003, y en la actualidad el alquiler medio de una vi-vienda en Gracia supera ya los 700 euros al mes, lo queha facilitado la aparición del realquiler de habitacionesa precios por encima de los 300 euros/habitación.

Durante todo este proceso especulativo numerosospatrimonios familiares y alquileres de renta antigua hansido vendidos a pequeñas y grandes inmobiliarias, prio-rizando el beneficio inmediato a las rentas que les pu-dieran proporcionar y ignorando la situación de inde-fensión que esto suponía para numerosos inquilinos,que en muchas ocasiones ni fueron avisados de la ventade sus viviendas.

Por lo que respecta a la población, nos encontramoscon que un 25% de los habitantes del barrio son mayo-res de 65 años y en muchos casos viven solos, lo que lesconvierte en objetivos fáciles para el mercado inmobi-liario.

La tipología de la vivienda en Gracia dibuja un su-culento panorama económico para todo tipo de especu-ladores, que no dudan en extorsionar a los antiguos in-quilinos para ver multiplicados sus beneficios de maneraexponencial, en una zona de la ciudad que ha sido pro-mocionada por las autoridades públicas como área deocio nocturno.

Además hay que tener en cuenta que desde hacemás de cinco años no se ha construido en el Distrito niuna sola promoción nueva de vivienda pública, y lasviviendas que actualmente están en proceso de cons-trucción se destinarán íntegramente a realojar a veci-nos afectados por los distintos Planes Especiales de Re-forma Interior (PERI) que, según sus responsables, seestán realizando para mejorar la movilidad rodada en-tre barrios.

La inoperancia urbanística y política de las autori-dades municipales ha dejado al capital privado sin opo-sición alguna en el control del mercado y la promociónde vivienda, lo que está obligando a los vecinos másdesfavorecidos a abandonar el barrio donde han vividotoda su vida. Éste proceso de especulación inmobiliaria

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que dura ya más de diez años coincide con la pérdida de15.000 vecinos, que no consiguieron adaptarse al conti-nuo aumento del precio de la vivienda en la zona.

El caso de Verdi 28

Construida en el año 1853, la finca es un edificio de tresplantas ubicado en una de las calles con mayor concen-tración de comercios y locales de ocio del barrio (salasde cine, bares y restaurantes). En él vivió la familia To-rres durante más de tres generaciones, y posteriormentefue vendido por un matrimonio que lo recibió en heren-cia a la inmobiliaria MEST 28 2003 S.L., sociedad crea-da en el momento de la compra, a finales de 2003. Laventa no incluía el usufructo –derecho al uso y disfrutede la propiedad en vida– sobre el 50% del inmueble porparte de otro familiar, la Sra. Torroella, que en todo mo-mento se negó a poner precio a la parte que le corres-pondía, al no querer abandonar su residencia de toda lavida, así como para evitar el desahucio de su vecino einquilino Vicente Moll, de 73 años, que lleva más de 30años viviendo en dicho inmueble.

Desde el primer momento la inmobiliaria se presen-ta a los inquilinos situados en el usufructo como la nue-va propietaria y notificándoles su afán de desahuciarlos,para poder conseguir el uso de la totalidad del edificio.

Con este tipo de prácticas intimidatorias, la inmobi-liaria MEST 28 2003 S.L. consigue que el bajo de la fin-ca, alquilado hace más de 20 años por el bar-restauran-te Ca l’Agustí, abandone el inmueble bajo las amenazasde un aumento del alquiler superior al 100% del queabonaba a la usufructuaria. De este modo la inmobiliariaconsigue apoderarse de un espacio de propiedad com-partida y privar de unas rentas a la usufructuaria, cuan-do hace un año que se iniciaron las negociaciones paracomprar el usufructo y al mismo tiempo que presiona alúltimo inquilino para que abandone la finca.

Debido a la indefensión de la usufructuaria y a laspresiones que estaba sufriendo el último inquilino, elsobrino de la Sra. Torroella decide intensificar las nego-

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ciaciones con la inmobiliaria para buscar una soluciónque ponga fin a las coacciones.

La última oferta ofrecida por la inmobiliaria para lacompra del usufructo (medio edificio) fue de 30.000euros, suma ridícula teniendo en cuenta los precios de lavivienda en 2003 y en la zona en la que se encuentra elsusodicho inmueble.

A partir de este hecho, el sobrino decide romper lasnegociaciones y buscar inquilinos para alquilar el usu-fructo y poder pagar la residencia donde ingresa la Sra.Torroella, debido a una fractura de fémur y ante la im-posibilidad de soportar ni un día más las presiones de lainmobiliaria.

En febrero de 2005, un grupo de jóvenes del barrioque proveníamos del Centro Social Okupado «Les Naus»,situado en una antigua fábrica textil abandonada en ladécada de los 80, y que durante más de 9 años fue re-convertida en un espacio autogestionado donde se rea-lizaron actividades de diversa índole, conocimos el casode esta finca y decidimos alquilar el usufructo, debido ala necesidad de vivienda y de un local social donde po-der desarrollar nuestro proyecto, así como para dar apo-yo al vecino amenazado. Dicho usufructo está compues-to de tres pisos y un local a cambio de pagar el importede la residencia de la Sra. Torroella. Asimismo, para evi-tar coacciones por parte de la inmobiliaria, se deciderealizar la división horizontal de la finca, ante notario,para aclarar el uso de la misma. Gracias a esta divisiónde la finca, conseguimos que la inmobiliaria perdiera eljuicio en el que solicitaba el desahucio de Vicente Moll,debido a que su vivienda permanece dentro de la mitadperteneciente a la Sra. Torroella.

Ante esta situación MEST 28, 2003 S.L. responde conamenazas a los nuevos inquilinos atribuyéndose la tota-lidad de la propiedad y de su uso. Tanto es así, que cor-ta los suministros de agua y de luz a los inquilinos si-tuados en el usufructo, manifestando de su propiedad eluso de los contadores y de las tuberías de agua.

A continuación instala candados en el cuartito decontadores del agua, sin proporcionarnos una copia de lallave, para evitar que realizáramos cualquier tipo de re-

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paración. Durante nueve semanas la inmobiliaria nostiene sin agua, sin luz en la escalera y sin interfonos.

Todas las coacciones que realiza la inmobiliaria sondenunciadas ante el Juzgado de Guardia (la primera de-nuncia es del 10 de febrero) y puestas en conocimientode los poderes públicos, a la vez que se inicia una cam-paña de denuncia pública del acoso inmobiliario que es-tamos sufriendo mediante movilizaciones y la coloca-ción de una pancarta en la fachada del edificio. En unasemana conseguimos el apoyo de más de 3.000 personasque firman para que cese este acoso. Por el contrario, larespuesta de los responsables del Distrito es bien distin-ta: después de más de cinco semanas sin agua, el regidorde la Vila, Sr. Ricard Martínez, accede a reunirse connosotros, y responde a nuestras peticiones afirmandoque la especulación no constituye delito alguno y quehabría que esperar una decisión judicial para que el Dis-trito tomara cartas en el asunto. Finalmente, nos derivaa la Oficina Municipal del Consumidor, diciéndonos queestos temas se tratan en este organismo.

En el mes de abril de 2005, el Juzgado de Instruc-ción que lleva la causa de la denuncia conjunta de todoslos vecinos, falla a favor de Vicente Moll reconociendolas coacciones que ha estado sufriendo por parte de lainmobiliaria, pero no reconoce el acoso a los nuevos in-quilinos. El magistrado del Juzgado de Instrucción núm.27, Don Emilio Soler Calucho, evita en su sentencia eltérmino acoso inmobiliario y condena a la Sra. EstefaníaMesa, administradora única de la inmobiliaria, a la ri-dícula pena de 15 días de multa a 6 euros por día.

Ante esta sentencia decidimos recurrir a la Audien-cia Provincial, que el 4 de julio de 2005 falla a nuestrofavor, señalando que las tácticas coercitivas puestas enpráctica por la inmobiliaria constituyen una falta decoacciones y tienen como objetivo el abandono de lafinca por parte de los nuevos inquilinos, reconociendoexplícitamente que se está ante un caso claro de mob-bing inmobiliario,1 por lo que condena a la inmobiliaria

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1. Ésta es la primera vez que un juzgado reconoce la práctica delacoso inmobiliario en Catalunya y la segunda en el Estado español.

a una pena de 20 días de multa y cuota diaria de 18euros [¡!], lo que hace un monto de 360 euros.

Lo primero que cabe decir ante una sanción tan in-significante como ésta, es que supone un insulto a losvecinos que durante meses han padecido el acoso de lainmobiliaria y han visto vulnerado su derecho básico ala vivienda (por no hablar del derecho a la salud, inevi-tablemente afectada por el mobbing). En la misma línea,resulta paradójico que los gastos de nuestra defensa (va-lorada en más de 500 euros) sean superiores a la multadictada contra la inmobiliaria (360 euros). Y en tercerlugar queremos destacar que lo irrisorio de la sanciónno ha logrado disuadir a MEST 28 2003 S.L. de conti-nuar con sus prácticas de acoso, como hemos podidocomprobar con posterioridad a la sentencia: ocho mesesdespués del fallo, seguimos sin luz en la escalera ni in-terfonos. Por otra parte, los pisos pertenecientes a lainmobiliaria continúan abandonados desde hace más detres años, alimentando la feroz especulación que destru-ye nuestros barrios.

Ante esta situación nos gustaría resaltar la falta deapoyo por parte de las autoridades públicas, así como lahipocresía del Distrito de Gracia, que una vez hecha pú-blica la sentencia hizo un comunicado de prensa de fe-licitación, instando a la ciudadanía a denunciar los aco-sos inmobiliarios. Para más inri, dicho comunicado nonos llegó a los afectados hasta que se lo pedimos noso-tros, días después del comunicado de prensa. Una vezmás, pues, queremos denunciar que el apoyo adminis-trativo ha sido inexistente tanto en el momento de lascoacciones como después de ellas. Si no hubiera sidopor la autoorganización de los vecinos afectados y porlas muestras de solidaridad de vecinos y colectivos de laVila de Gracia como la Assemblea de Veïns de la Vila deGràcia, La Torna, La Barraqueta, el Ateneu Rosa de Foc,etc., no hubiera sido posible resistir al acoso.

Comunidad de vecinos de Verdi 28

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9. 15 años parando el plan Caufec(Esplugues de Llobregat)

El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat impulsadesde 1991 uno de los proyectos urbanísticos más espe-culativos de la historia de Catalunya. El soterramientode unas líneas eléctricas es la excusa de una promociónurbanística masiva que afecta a una superficie total de40 hectáreas, y supone la destrucción de una gran reser-va natural al pie de Collserola. Se trata de una actuaciónllena de irregularidades que responde sólo a interesesempresariales privados. El proyecto es promovido por lacompañía eléctrica Fecsa y la sociedad francesa Cauval,1

que dan lugar a Caufec. Una vez aprobado el proyecto,la inmobiliaria Sacresa2 compra los terrenos y continúael proyecto con la constructora ACS.3

A cambio del soterramiento de las líneas, el munici-pio y la Generalitat conceden un gran volumen edifi-catorio para la construcción de oficinas, viviendas (600viviendas de alto standing o de lujo), un hotel y un ma-crocentro comercial (el mayor de la vertiente norte deBarcelona, con una dimensión que duplicaba la de la IllaDiagonal en la primera versión del plan). Esta interven-

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1. Ambas forman la sociedad Caufec S.A. constituida en abril de1991.

2. Sociedad de la familia Sanahuja, tristemente famosa por susagresiones urbanísticas, como por ejemplo los pisos aluminósicos delTuró de la Peira. Los Sanahuja poseen el 25% de la inmobiliaria másgrande del Estado español, Metrovacesa.

3. Con una pequeña participación en el proyecto, el presidentedel Real Madrid C.F., Florentino Pérez, también pretende lucrarse acosta de un proyecto polémico desde sus inicios.

ción supone una transformación substancial de Esplu-gues ya que se construye un barrio nuevo que aumen-ta un 11% la edificabilidad de todo el pueblo. La des-proporcionada urbanización (que incluye dos torres de105 metros y otros bloques de gran altura) masificarála zona de edificios e impactará gravemente contra elmedio ambiente. Favoreciendo un desarrollo urbanís-tico que excluye a la mayoría de las personas del pue-blo, el plan hace que la urbanización que acompaña elsoterramiento haga preferibles las torres de alta ten-sión.

Por todo esto las asociaciones vecinales (AAVV) ini-ciaron hace 15 años una lucha contra este megaproyec-to tal como está propuesto actualmente, siempre y cuan-do no se racionalicen y resuelvan todos los problemas deimpacto ambiental, edificatorio, viario y de equipamien-tos que plantea. La lucha incluye medidas en el ámbitojurídico, acciones de difusión del proyecto y de sus con-secuencias, e intervenciones de visibilización de la opo-sición en la calle y en los medios de comunicación. To-das las asociaciones vecinales de Esplugues menos dos(con miembros del PSOE en su dirección) apoyan la lu-cha contra el proyecto, junto con la Federación de AAVVde l’Hospitalet y otras de Barcelona, la del Baix Llobre-gat, la Federación de AAVV de Barcelona y la Confede-ración de AAVV de Catalunya.

Como el Ayuntamiento y la Generalitat impulsan yavalan el proyecto, la Coordinadora de AAVV de Es-plugues junto con otras asociaciones de toda Catalu-nya ha interpuesto tres contenciosos-administrativos(junio de 2001, noviembre de 2004 y febrero de 2005)para parar el plan Caufec en el Tribunal Superior deJusticia de Catalunya (TSJC). La primera sentencia yase ha hecho pública, resultando favorable al poder po-lítico y económico. Como se ha dicho siempre, y si noqueda más remedio, mucha gente se pondrá delante delas máquinas para parar esta barbaridad, para parar elcemento y la especulación ya que todavía estamos atiempo.

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El proyecto

El plan Caufec consta de 40 hectáreas (40 campos de fút-bol) entre los barrios de Finestrelles al pie de Collserola yCan Vidalet. Por allí pasan las líneas de alta tensión que,desde Ascó y Vandellòs, cruzan la zona sur de Collserolay llegan a la subestación eléctrica de L’Hospitalet Nortepara abastecer al 85% de Barcelona y la comarca delBaix Llobregat. Fecsa ve un gran negocio con el soterra-miento de las líneas y quiere ser compensada a través deun proyecto urbanístico.4 Por ello, hincha el coste de so-terramiento (7.000 millones de ptas. de la época) que unperito independiente designado por el TSJC determina en11.130 millones de ptas. 13 años después.

A inicios de los 90, Generalitat y Ayuntamientoacuerdan con Caufec la modificación del Plan GeneralMetropolitano (PGM) de 1976 y se aumenta un 780% los30.000 m2 que se permitía edificar anteriormente. El go-bierno de Pujol consigue a cambio que Fecsa invierta enel proyecto faraónico del momento: el parque temáticoPort Aventura, entonces en crisis por los robos del em-presario Javier de la Rosa. El Ayuntamiento de Esplu-gues, con Antoni Pérez5 en la alcaldía, acordó con Cau-fec unos convenios económicos y urbanísticos.

En 2001, Sacresa compra el proyecto y se asocia a lafamilia Lara (que después lo abandona) y a FlorentinoPérez. El plan recibe un nuevo impulso y el Ayunta-miento lo asume plenamente tras un convenio por elcual la promotora ingresa en las arcas municipales has-

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4. El origen del plan Caufec proviene del encargo a tres directivosde Fecsa de sacar la empresa de una crisis económica a partir de 1987.Estos directivos ven los terrenos de Finestrelles y piensan en el soterra-miento como importante fuente de ingresos (a espaldas del presidentede Fecsa del momento, Luís Magaña), y además hacen negocio con elproyecto pues crean una empresa personal que participa del pastel.

5. Alcalde con mayoría «absolutista» (PSOE) desde 1983. Tuvoque dimitir en 1998 por un escándalo urbanístico que le condenó porprevaricación e inhabilitó en el cargo. Ha sido el ideólogo de la políti-ca urbanística del Ayuntamiento y de su herencia. La actual concejalde Urbanismo formaba parte del equipo de gobierno que aprobó elproyecto, igual que el actual alcalde y gran parte del partido.

ta un total de 1.000 millones de ptas. por las distintasaprobaciones.

Déficits del proyecto

Esta macroconcentración de oficinas, viviendas, hotelesy comercios produciría un grave colapso de tránsito enun nudo estratégico de entrada y salida de Barcelona.También afectaría gravemente el pequeño y medianocomercio y los malogrados mercados locales.

Por otra parte, estos barrios tienen déficits impor-tantes de todo tipo de equipamientos, que se habrían deañadir a las necesidades de las viviendas nuevas. El pri-mer plan Caufec aprobado por la Generalitat eliminaba100.000 m2 de equipamientos que el Plan General Me-tropolitano (PGM) establecía para el sector. La segundaversión de Sacresa añade algunos equipamientos de ges-tión privada para intentar maquillar el proyecto.

El sector norte del proyecto se sitúa en la zona deinfluencia del parque de Collserola, que habría de actuarde cojín de transición entre las zonas enteramente natu-rales de la montaña y las urbanas de la ciudad. El planCaufec tiene una gran carencia de espacios libres desdelas primeras versiones. Para cumplir los requisitos lega-les, el Ayuntamiento incurre en una grave ilegalidad:incluye en el planeamiento 110.000 m2 de zona verdemunicipal (el 80% del total de verde urbano del proyec-to). Estos terrenos proceden de otra urbanización y elAyuntamiento, que niega su titularidad de estos terrenosaunque es su propietario desde 1990, volverá a recibir-los por segunda vez como parte de la cesión obligatoriay gratuita de toda promoción urbanística.

El plan contribuirá también a la política de exilioforzado que inmobiliarias y Ayuntamiento llevan a cabodesde hace años y que expulsa a la juventud de Esplu-gues por el desorbitado precio de la vivienda. Las vivien-das unifamiliares que se proyectan en la parte más altadel sector tienen, hoy en día y sin conocer el inicio deobras, un precio de 1 millón de ptas. el metro cuadrado.

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El plan Caufec a los tribunales

En julio de 2005 se publica la sentencia del contencio-so-administrativo que las asociaciones vecinales inter-ponen contra la primera versión del proyecto. El TSJCha despreciado las pruebas que cuestionan la legalidaddel plan Caufec para dar paso al inminente inicio de obrasque cimentaría algo más el principal pulmón de Barce-lona.

Una sentencia que anulara el proyecto habría pues-to en problemas penales al equipo de gobierno y a lostécnicos municipales por prevaricación. Pero el TSJCecha 14 años de lucha por tierra en un texto atípico deonce hojas (sobre un expediente de más de 6.000 folios)sin ningún comentario a las pruebas aportadas contralas irregularidades del proyecto urbanístico. La senten-cia desestima todos los fundamentos jurídicos con lamisma fórmula: no hay suficientes pruebas para demos-trar las irregularidades.

Respecto a la zona verde municipal que el Consisto-rio incorpora irregularmente al proyecto, el TSJC diceque «la prueba practicada no es suficiente para acreditarlo alegado». Las pruebas son el convenio que firma elAyuntamiento con los promotores de la urbanización ylos planos con la descripción de los terrenos que coinci-den exactamente con los del plan Caufec. Pues no sonsuficientes... puesto que el Ayuntamiento (que no haproporcionado todos los documentos requeridos en elproceso) niega este hecho.

No hace falta explicar los sentimientos que ha des-pertado esta sentencia, especialmente respecto a la con-fianza en la administración de justicia y las influenciasa las que está sometida. Pero la justicia de esta lucha seseguirá defendiendo hasta agotar todos los pasos legalesposibles y ya se ha interpuesto recurso de casación alTribunal Supremo (Madrid). De esta manera, se esperanlas sentencias a los dos contenciosos interpuestos a lasegunda versión del proyecto y que algún tribunal dejusticia anule el plan Caufec.

Mientras tanto, se seguirá denunciando la despro-porción del proyecto, sus irregularidades y a sus promo-

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tores y beneficiarios. Igualmente, se pide máxima aten-ción al inicio de obras que puede llegar en cualquiermomento y a las convocatorias que se irán sucediendo.Como se ha dicho públicamente, si no hay más remedio,pararemos las obras con nuestro cuerpo. La lucha contrael plan Caufec no parará hasta que el proyecto respondaa las necesidades y demandas de la población de Esplu-gues y no a las del triste gerente del Ayuntamiento y desu equipo de gobierno.

La oposición popular al Plan Caufec

Ante la barbaridad del plan Caufec, las AAVV inician en1991 una lucha contra este megaproyecto, siempre ycuando no se tenga en cuenta la opinión vecinal y se re-suelvan todos los problemas de impacto ambiental, edi-ficatorios, viarios, de vivienda social y de equipamien-tos que plantea.

Las AAVV se han preocupado desde los inicios por eldesarrollo del proyecto. No se han opuesto al soterra-miento de las líneas eléctricas ni a una edificabilidad ra-zonable y consensuada con el vecindario. El objetivo esla rehabilitación de las zonas degradadas y la construc-ción de los necesarios pisos de protección y equipamien-tos públicos en un solar del sector sur en plena ciudad.Pero el Ayuntamiento lleva 15 años desoyendo las críti-cas, silenciando las protestas y despreciando a la pobla-ción que se le ha opuesto democrática y legalmente.

Para parar el plan Caufec se crea la Coordinadora deAAVV (todas las AAVV de Esplugues menos dos), queempieza a hacer públicas las intenciones municipalessobre este proyecto. Mediante hojas informativas, pan-cartas y charlas se intenta informar a la población. Laspropuestas vecinales se dirigen especialmente a la re-ducción de la superficie construida.6 Se presentan todotipo de alegaciones y se habla con todos los consejerosde Política Territorial que se van sucediendo, hasta nue-

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6. Ante la supuesta inevitabilidad del proyecto, se acepta y sepropone la edificación de la mitad del cemento.

ve desde 1991 hasta 2005. Las AAVV interponen el con-tencioso a la aprobación por parte del Govern de la Ge-neralitat en junio de 2001. El Ayuntamiento inicia reu-niones con las AAVV para llegar a acuerdos, que acabanen decepción, pues la reducción de metros es innegocia-ble.7 Las AAVV se sienten engañadas por la falsa dispo-sición a dialogar.8

La entrada de Sacresa en el negocio implica una se-rie de modificaciones que acaban en una segunda ver-sión del plan Caufec.9 Se presenta un nuevo contencioso-administrativo firmado por AAVV de toda Catalunya. Elinicio de obras se ve inminente y se hace necesario sacarel conflicto a la calle y aglutinar otros sectores de la po-blación afectados pero no activos. Esto supone un granesfuerzo para difundir las repercusiones del plan Caufecy realizar todo tipo de acciones de denuncia, pues elAyuntamiento ha silenciado el proyecto y sus graves re-percusiones para la población durante muchos años.

La represión a la oposición

Desoír las críticas, silenciar los planteamientos contra-rios, cacheos a la entrada de los plenos municipales o

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7. Un arquitecto que ha aparecido en las listas del PSOE a la Ge-neralitat quería consensuar con el vecindario los viales que intentarí-an evitar el tremendo colapso viario que la misma empresa promotoravaticina.

8. En una señal de buena voluntad, las AAVV suspenden la tra-mitación del contencioso iniciado porque Sacresa plantea que va amodificar el proyecto. Ante el evidente engaño y con el miedo de sa-lir en la foto de la inauguración, se continúa la tramitación del con-tencioso.

9. En 1996 la Generalitat aprueba la nueva ley de superficies co-merciales que entra en contradicción con el centro comercial de90.000 m2 proyectado en la montaña. Este hecho pudo dar lugar a laanulación del proyecto, pero la Generalitat se echó atrás ante la sen-tencia que le obligaba a indemnizar a los promotores del proyecto con15.000 millones de ptas. si se suspendía la aprobación. Así, se decidereducir el centro comercial y bajarlo a la ciudad, y también se inclu-yen unos cuantos equipamientos de gestión privada. Por el contrario,se proyectan los dos rascacielos donde tenía que ir el primer centrocomercial.

arrancar carteles y pancartas no han sido suficiente.También distintas personas han sufrido el castigo a suconciencia. El primer toque de atención llega el año2001. Un miembro de la Coordinadora vecinal fue mul-tado mientras repartía hojas informativas cerca de unaferia comercial impulsada por el Ayuntamiento en Es-plugues. La multa fue retirada más tarde ante las protes-tas de las asociaciones.

El 20 de noviembre de 2004 tiene lugar una ruedade prensa ante la sede de Sacresa en Barcelona, a laspuertas de su producto estrella, el centro comercial IllaDiagonal. La acción sigue con una plantada de árbolesmuertos con cemento y el retorno a Esplugues en tran-vía informando a los pasajeros.

En un despliegue prepotente y violento, los Mossosd’Esquadra paran el tranvía y, sin pedir ninguna identi-ficación, seleccionan a una decena de jóvenes (de entrela treintena de personas de todas las edades que se en-contraban en el lugar) y se los llevan a comisaría. Dosde ellos pasan la noche en el calabozo y son acusados deagresión con lesiones inventadas que comportaban pe-nas de hasta 2 años y medio de prisión para uno de ellos.

La farsa acaba en un juicio donde estos prepotentesse contradicen de tal modo que sacan de quicio al propiofiscal que los defendía con respuestas extraídas de algúntriste manual. Estas detenciones impulsaron la oposiciónpopular con acciones de difusión y actos culturales queobligaron al equipo de gobierno a pedir en un pleno mu-nicipal la retirada de cargos. Al final, se produce la ab-solución de los encausados y la alegría de todo el mun-do y la incertidumbre de los mossos contra los cuales seiniciará una acusación por falso testimonio por mentirdescaradamente bajo juramento y por agresiones.

La actividad de la Plataforma se acelera: edición dedos revistas informativas, almuerzos, concentraciones,cortes momentáneos de autopistas y viales, pintada demurales, acampadas, meriendas, apariciones en mediosde información, encadenamiento en el balcón del Ayun-tamiento, intervenciones en el pleno municipal, ruedasde prensa, colgada de pancartas, manifestación activa,edición de vídeos, acompañamiento reivindicativo de

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autoridades a actos institucionales, encadenamiento alas puertas de Sacresa, charlas en decenas de pueblos ylocales, mesas informativas...

En febrero de 2005, la Generalitat aprueba defini-tivamente el segundo plan Caufec. Los esfuerzos de laCoordinadora se centran en demostrar la oposición cre-ciente en el pueblo, realizar asambleas generales, difundirlas vergüenzas del proyecto y prepararse para parar lasobras si no lo hace ningún tribunal de justicia. Siguien-do la estrategia judicial, se interpone un tercer conten-cioso a la aprobación de los planes parciales del proyec-to para evitar vacíos jurídicos.

La actividad asusta al Ayuntamiento, que inicia unahuida hacia adelante para reprimir la oposición y alla-nar el camino a la inmobiliaria, mientras mira de reojoel curso del contencioso. Se inician algunas obras rela-cionadas con el proyecto, se asfalta un solar dentro delplan utilizado como aparcamiento, se derriban masíascatalogadas como patrimonio y se intenta un desahuciofrustrado de Pep, el masovero de Can Oliveres (dentrodel proyecto se prevé su rehabilitación para convertirlaen equipamiento público de posible gestión privada).10

Por el camino dos miembros de la Coordinadora sonexpedientados por el Ayuntamiento por hacer una pinta-da con espray contra el plan Caufec. La policía los acabaacusando de hacer pintadas fascistas, graffitis o de perte-necer al grupo seguidor del F.C. Barcelona «Boixos Nois».

Esta represión no es nada comparada con la que seespera si las obras del plan Caufec empiezan. Las movi-lizaciones tienen como objetivo frenar un proyecto con15 años de irregularidades y para ello van a usar todoslos medios necesarios dentro del marco legal y tambiénaquellos que desobedezcan la ley, dada la legitimidaddel fin. Animamos a la desobediencia popular y a pre-parar acciones descentralizadas

Plataforma Vecinal Contra el Plan Caufec

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10. En la página web www.noalplacaufec.net podéis leer (entremuchas otras cosas) el testimonio de Pep y su historia de resistencia enCan Oliveres a la violencia inmobiliaria que rodea el plan Caufec.

Crónicas de la selva inmobiliaria:Madrid, Sevilla y Granada

La segunda sección de estas crónicas selváticas nos lle-va a la capital y al sur. Como en la primera, la selecciónde los textos que la componen no responde tanto al pro-pósito de establecer un mapa topográfico exhaustivo delos accidentes relativos al derecho a la vivienda en Ma-drid y Andalucía, como al de proporcionar algunos ejem-plos de las formas más características del relieve.

El primer texto recoge el testimonio del barrio ma-drileño de Lavapiés, no por castizo inmune a la gentrifi-cación abonada con planes de rehabilitación y fondos pú-blicos, maleza en la que se mueven con soltura especu-ladores grandes y pequeños, al amparo de declaracionesde ruina y operaciones de rescate institucional de inqui-linos forzadas por las movilizaciones vecinales.

El segundo, «Especulación y luchas contra la gentri-ficación en Sevilla», de Ibán Díaz, publicado anterior-mente en La Haine (www.lahaine.org), dibuja una pano-rámica de los procesos de gentrificación en el casco his-tórico y otros barrios de la ciudad andaluza, y de lasdistintas formas de resistencia que se han desarrolladofrente a demoliciones, desalojos y otras actuaciones re-lacionadas con los planes de renovación urbana.

A continuación reproducimos la instancia presenta-da en la primavera de 2004 por los vecinos del número 6de la Plaza de la Encarnación al Consistorio sevillano, enla que exponían su indefensión ante el prolongado aco-so inmobiliario al que les sometía la propiedad de estecéntrico inmueble, con un despliegue de procedimientosintimidatorios muy parecido al descrito en textos ante-

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riores sobre la ciudad de Barcelona. Ángel del Río, anti-guo inquilino de esta finca y miembro de la Liga de In-quilinos de Sevilla, nos ha ofrecido amablemente unaapostilla en la que narra el desenlace del caso.

Para terminar, incluimos otro documento reivindi-cativo, esta vez de Granada, que manifiesta la resisten-cia de los vecinos de una casa del conjunto histórico delAlbaicín frente a las presiones de varias inmobiliarias,que con el socorrido disfraz de la rehabilitación cubrenuna operación meramente especulativa.

Madrileña, andaluza o catalana, en la selva inmobi-liaria todos los lobos lucen la misma lana.

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10. ¿Han oído hablar de Lavapiés?Historia de una ruina provocada

Hasta los años noventa, las intervenciones urbanísticasen Madrid habían pasado por alto a los barrios del cen-tro histórico. Mientras que había posibilidad de grandesvolúmenes de negocio en otras áreas de la ciudad (se-guían en marcha las operaciones relacionadas con elplan de remodelación de barrios, estaban en su primerapogeo las grandes inversiones en infraestructuras, seplanificaba los nuevos ensanches, etc.), las operacionesde mediano calado formal y mucha complejidad basa-das en la rehabilitación no se consideraban suficiente-mente rentables, sobre todo para los grandes capitalesfinanciero-inmobiliarios. La rehabilitación de los ba-rrios del centro histórico de Madrid sencillamente nointeresaba.

Sin embargo, la crisis de los noventa, la afluencia defondos europeos y la puesta en consideración estratégi-ca del centro (en lo que después se ha ido perfilandocomo la marca-ciudad), siguiendo modelos ampliamen-te probados en muchos otros lugares, puso la mirada so-bre la oportunidad económica que se perdía teniendofuera del mercado áreas estratégicas de la ciudad comolos centros históricos, que podían no generar las sufi-cientes plusvalías directas para los grandes capitales,pero que en conjunto abrirían nuevas perspectivas decapitalización para la ciudad, y fortalecerían al sectoren un momento de crisis.

En 1997 se declaró Lavapiés, un viejo barrio delcentro de Madrid, Área de Rehabilitación Preferente(ARP). El modelo elegido para las intervenciones se

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ajustó con suma precisión a la situación anteriormentedescrita. Las inversiones en infraestructuras, que opera-rían las grandes constructoras, se financiaban íntegra-mente con fondos públicos, y las intervenciones meno-res en los edificios se sufragaban a medias con fondospúblicos y con los pequeños capitales (o la pequeña ca-pacidad de endeudamiento) de los ciudadanos y se deja-ban a cargo de las pequeñas empresas constructoras queaceptaban menores márgenes de beneficio.

Con esto se aseguraba una doble velocidad de inter-vención. Las infraestructuras, incluidos los llamados re-generadores urbanos, aquellas que harían atractivos losbarrios para los nuevos pobladores a los que se tratabade atraer (con renovados niveles de renta, por supuesto),se realizarían en plazos relativamente cortos, asegura-dos por la financiación pública al cien por cien. Las in-tervenciones en los edificios se dejaban al albur de unproceso normativamente muy complejo, pendientes dela capacidad económica de los propios vecinos, conayudas de la Administración que podían alcanzar unmáximo del 60% del gasto. En ese capítulo se incluía elobjetivo previsto de rehabilitar miles de viviendas, in-cluyendo la erradicación de infraviviendas (hasta 4.000 enel caso de Lavapiés). El mercado, la iniciativa privada(tal nombre se daba a las propias comunidades de veci-nos), que debía ser capaz de asumir ese proceso, marca-ría la velocidad de la intervención, que se presumía lar-ga, aunque públicamente se preveía un margen de cincoaños (en este tiempo se ha prorrogado dos veces y se hacambiado la calificación a Área de Rehabilitación Inte-grada, lo que supone nuevas inyecciones económicas).

Por supuesto, el primer capítulo, y ya refiriéndonos alcaso concreto de Lavapiés, se ha cumplido con creces. Ytambién por supuesto, en el segundo capítulo ha quedadorelegada a segundo plano la intervención social urgente(la relativa a rentas bajas y a infraviviendas). Sin embar-go, el resultado final es sumamente satisfactorio para laAdministración municipal. Lavapiés se ha convertido enun atractor de pequeñas rentas de inversión, su caserío hamultiplicado el valor del metro cuadrado (hasta llegar alos 6.000 euros en ocasiones) y nuevos pobladores sol-

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ventes encuentran en el barrio un escalón provisionaldonde parar en su movilidad social ascendente.

Por otro lado, Lavapiés se ha diversificado y es unespacio de compleja convivencia entre neopijos y paleo-vecinos, con multitud de variados escalafones interme-dios, entre los que están los vecinos migrantes (más del30% de la población empadronada), los alternativos, losartistas precarios, los grandes artistas, los negociantesde la hostelería, etc., etc. Por ahora, porque la tendencia,de sobra conocida, es de una paulatina e implacable se-lección económica, la de los «nuevos colonizadores»; yahace años se podía prever que el proceso de gentrifica-ción sobre un modelo pausado, poco agresivo formal-mente, tardaría en consolidarse una generación, alrede-dor de quince años, de los que sólo llevamos dos tercios.

Nuevas medidas, sumadas al encarecimiento de los al-quileres y de las propiedades, de los locales comerciales,de la vida en general, anticipan orientaciones, como laprevisión de limitar por ordenanza municipal el númerode personas que pueden vivir en una vivienda, la habilita-ción de locales comerciales para viviendas para artistas[sic] o la creación de un nuevo modelo residencial tempo-ral para jóvenes en un equipamiento, entre otras incluidasen el Plan de Revitalización del Centro Urbano (Percu).

En cualquier caso, el plan de rehabilitación pretendíaintervenir en lo que se consideraba un escenario indese-able. El 30% de las casas habitadas lo eran en alquiler yuna de cada tres viviendas estaba vacía. Las administra-ciones hablaban de regenerar un barrio degradado. Loscolectivos sociales advertían de que se trataba más biende abrir el barrio al mercado: a la especulación, poner eldinero a circular.

En el diagnóstico, sin embargo, había acuerdo: casasruinosas, chabolismo vertical, infraviviendas, envejeci-miento del caserío y de la población, un barrio abando-nado a su suerte, que había sido mala, la suerte de lospobres. En la metodología, no tanto: ausencia de meca-nismos de participación, corrección y gestión vecinal,falta de prioridades sociales en la intervención y de ope-raciones públicas contra la especulación y las viviendasvacías, entre otras.

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En ese contexto es donde ha actuado durante estetiempo la Red de Lavapiés, un modo de coordinación noformal que ha juntado en sucesivos momentos, desde suinicio en 1997, a colectivos (más o menos variados, tam-bién por momentos) y vecinos y vecinas del barrio, agru-pados por iniciativas y preocupaciones muy diversas y nosiempre coincidentes. De hecho, la inicial Red de Colecti-vos de Lavapiés se fue disolviendo a medida que unos uotros colectivos adoptaban una posición de colaboracióno no en la política institucional o directamente se extin-guían. En este momento no hay ningún espacio que fun-cione como Red de Lavapiés, por más que en Lavapiés,desde luego, hay una amplia red de intervención social.

En las materias relacionadas con la vivienda, sin em-bargo, se puede hacer un pequeño relato desde el inicio,porque el modo de intervenir ha mantenido cierta cohe-rencia en el tiempo. Por nuestra parte se renunció desdeel principio a ejercer una política de representación: laspropias comunidades tenían que ser sujeto activo de sulucha o pasivo de su desgracia. Nuestro trabajo colectivoiba dirigido precisamente a «desvelar» esas situaciones. Sipor un lado se recogían las denuncias y reclamaciones dealgunas comunidades y se posibilitaba que fueran cono-cidas por otras con problemas parecidos o diversos, porotro tratábamos de abrir esos edificios, mostrarlos, hacerpúblicas sus situaciones y problemas, y las posibles solu-ciones. El concurso de ruinas (el Cascote de Oro), las re-vistas caminadas (Rehabi(li)tar Lavapiés, por ej.), las visi-tas guiadas por los «museos de conflicto» (infraviviendas,casas vacías u okupadas, ruinas, solares, etc.) permitieronque otros muchos, incluidos los medios de comunicación,conocieran las condiciones de vida y las situaciones deespeculación brutal en Lavapiés y el fracaso del ARP pre-cisamente en las situaciones más sensibles, las de quienesnecesitaban una decidida intervención pública.1

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1. Esta primera fase y el primer balance del Plan de Rehabilita-ción quedaron recogidos por un documento, «La rehabilitación de La-vapiés o el despotismo castizo. Todo para el barrio… pero sin el barrio»(2001), que aporta una crítica desde los colectivos y personas que en-tonces se movían en el entorno de la Red de Lavapiés.

Como la insistencia en la denuncia no terminaba desolucionar los problemas del ARP, emprendimos unanueva iniciativa: el Plan de Edificios Sensibles. Se tra-taba de enredar a varios grupos sociales: desde luego,activistas, pero sobre todo las propias comunidades devecinos a la busca de soluciones inmediatas o posiblesy a técnicos voluntarios (arquitectos principalmente),para hacer informes de caso para resolver situacionesen asamblea con los vecinos de cada comunidad y enasambleas comunes. De modo que si la propia comuni-dad no asumía el compromiso de su defensa no había po-sibilidad de avanzar. Casas okupadas, edificios de pro-pietarios con infraviviendas y sin ellas, edificios de in-quilinos con propiedad vertical... diversas tipologíasentraron en este plan, y diversas soluciones, normal-mente al alcance de la Administración, como la expro-piación forzosa y los realojos en viviendas públicas.

El caso Sombrerete 3

Sombrerete 3 fue uno de estos edificios sensibles. Se tra-ta de una corrala formada por infraviviendas mínimas(algunas casas, de 12 m2), apuntaladas, insalubres, habi-tadas en su mayoría por inquilinos de renta antigua, quefue llevada a la ruina (no sin polémica) por los propieta-rios para poder disponer del suelo. Es una típica historiade especulación. También de pobreza.2

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2. El edificio estaba habitado por 19 personas en 10 pisos. Cuatrode ellas mayores de 75 años. Diez se agrupaban en dos familias: decuatro y seis miembros. Una tenía una hija a la que pasa una pensiónalimenticia. Varias de ellas sufrían enfermedades de algún tipo, algunarelacionada con la propia situación de la casa. Ninguna familia teníaingresos superiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta deEfectos Múltiples: 469,80 €/mes). Muy al contrario, la mayor parte delas personas que residían en Sombrerete no contaban con más de 513euros al mes. Pensionistas, algunos con fuertes limitaciones físicas, tra-bajadores de ingresos irregulares, niños o jóvenes con carencias bási-cas... esas son las características básicas de las personas que habitaban,que habitan, esta y otras infraviviendas. Ninguna de ellas, evidente-mente, contaba con la posibilidad de una vivienda alternativa.

Después de varias visitas (públicas, de técnicos vo-luntarios, de otros vecinos, con actividades y «artivis-mo» en los espacios comunes, por ejemplo) y asambleas,se consiguió producir un informe y una propuesta deactuación.

Descartada la rehabilitación del edificio (la ruina erademasiado acusada; el valor del edificio, escaso), se pro-puso la expropiación forzosa del edificio y el realojo delos vecinos –inquilinos y, por tanto, en Madrid, carentesde ese derecho– en viviendas públicas en régimen de al-quiler en el propio barrio.3

Los vecinos de Sombrerete 3 tenían derecho al rea-lojo porque en ningún caso deberían haber llegado aesta situación: tan sólo habría hecho falta que el Ayun-tamiento aplicase la legislación, tan sólo con cumplir sudeber lo habría evitado. Las repetidas promesas de suce-sivos gobiernos municipales de iniciar expedientes deexpropiación en aquellos casos en los que, como el quenos ocupa, los caseros especulan con el abandono y laruina de sus inmuebles no se han visto cumplidas, hur-tando así a los vecinos sus derechos y abocándolos agraves situaciones de exclusión. Por otra parte, es difícilde entender, o para ser más certeros, es una vergüenzaque tras más de 25.000 millones de pesetas de dineropúblico invertido en Lavapiés existan casos como el deSombrerete.

Una solución como la expropiación podía habermarcado la pauta de actuaciones próximas de las insti-

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3. En diciembre de 1992 y tras muchos años de abandono del in-mueble, la propiedad inició un Expediente Contradictorio de Ruina enla Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Presentadas alegacionespor parte de los vecinos, la GMU denegó la ruina en marzo de 1997,iniciándose un proceso de revisiones y alegaciones que llegó hasta elConsejo de Estado en mayo de 1999, el cual se pronunció contra laanulabilidad del decreto de la GMU que denegaba la ruina. Sin em-bargo, y sorprendentemente, la GMU decidió no hacer caso al dicta-men del Consejo de Estado, anulando su propio decreto anterior y de-clarando en octubre de 1999 la ruina económica que el propietario ha-bía solicitado. A partir de aquí la propiedad inició el proceso judicialde rescisión de contratos por ruina del inmueble, que ahora terminacon el lanzamiento y desalojo forzoso fijado para el día 14 de diciem-bre de 2005.

tuciones locales en Lavapiés, donde a pesar de la muypublicitada rehabilitación perviven miles de infravivien-das, donde además miles de personas viven de rentasper capita muy por debajo del SMI (y del nuevo indica-dor: el IPREM), de pensiones no contributivas o del RMI.Garantizar el derecho a una vivienda digna y frenar deraíz la especulación deberían ser tareas prioritarias delas instituciones públicas, más cuando el mercado creaáreas de exclusión y segregación que los inversionistassin escrúpulos aprovechan para multiplicar sus benefi-cios. Ni le faltan recursos materiales (como se ve con elendeudamiento que asume con las obras de la M-30) nile faltan viviendas: buena parte de las viviendas de laEMV en Lavapiés están vacías y en otra buena parte susobras de rehabilitación no han comenzado o están para-lizadas.

En realidad, Sombrerete 3 es la punta de iceberg deun gravísimo problema de vivienda en Lavapiés. Lo queel Ayuntamiento debería responder es por qué esta si-tuación ha llegado hasta aquí. Se puede anticipar unarespuesta, cínica y parcial, realista: porque, a pesar de loque pueda parecer, esta situación no es tan excepcional.Mientras en una parte de Lavapiés los inversionistas, losespeculadores y los negociantes sin escrúpulos se hanaprovechado del área de Rehabilitación y han utilizadoen beneficio propio el alza de los precios de la vivienday las mejoras producidas por las intervenciones del di-nero público (viales e infraestructuras), en otros ámbitosdel barrio la rehabilitación no ha significado ningúncambio a mejor: cientos de infraviviendas habitadas (larehabilitación debía suponer la desaparición de más de2.000 infraviviendas, pero no ha llegado a las 400), ha-cinamiento, abusivas subidas de los alquileres, acoso alos inquilinos de renta antigua, normativas que dificul-tan la necesaria rehabilitación. Situaciones que hancontribuido a un cambio radical en la composición so-cial del barrio, desplazando a aquellos que no han podi-do soportar la presión económica.

Tal y como se preguntaba en un panfleto de denun-cia que circuló en los días anteriores al desalojo: «¿Enqué mundo de ensueño o de cinismo viven los responsa-

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bles políticos de la situación de la vivienda? ¿Nunca hanoído hablar de Lavapiés? ¿Nunca han visitado las vi-viendas que harían que los minipisos de la ministra Tru-jillo parecieran verdaderos palacios? ¿Se han olvidadode que en Lavapiés se concentra un extenso enclave dechabolismo vertical? ¿Esperan que el mercado se ocupede situarnos a cada uno en nuestro lugar, el que nos co-rresponde según nuestros ingresos, no según nuestrasopciones de vida, alejándonos de los lazos y relacionessociales y afectivas que hemos consolidado durante lar-go tiempo?»

El Ayuntamiento, desde luego, en éste como en otroscasos similares dio la callada por respuesta, pero Som-brerete se había convertido en una «ruina mediática».Dos años más tarde, y por tanto dos años más de infra-vivir para los vecinos, llegaba una orden de desalojo deledificio. Sin embargo, el trabajo estaba hecho: en menosde dos semanas, con informes favorables de los técnicosdel Ayuntamiento, presión institucional de la oposiciónmunicipal, presión social en el barrio (a continuación seincluye una cronología de la misma), el Ayuntamientose comprometía al realojo de los 19 habitantes de Som-brerete 3 en viviendas de la Empresa Municipal de la Vi-vienda de Madrid, en alquileres proporcionales a los in-gresos (evidentemente bajos).

El desalojo es el final de una larga historia y puedeser, paradójicamente, la mejor solución. Al menos es laque estábamos esperando desde hace años: sin desalojoforzoso, estas personas estarían condenadas a vivir enlas peores condiciones de habitabilidad imaginables, aun-que siempre hay sentimientos cruzados: para algunos esla única casa que han conocido, su casa, aunque nossorprenda a los ajenos. Pero el desalojo forzoso, si vienesolo, puede abrir una nueva situación aún peor.

Desde hace años venimos reivindicando el derechode los vecinos de Sombrerete 3 a ser realojados en unavivienda pública adecuada a sus diversas circunstancias.Las personas que residen en Sombrerete 3 tienen dere-cho a una vivienda digna. No por compensación por ha-ber padecido durante todos estos años la incertidumbrede su futuro y la certeza de vivir en un lugar inapropia-

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do, y haberlo hecho con dignidad y valentía, sin escon-derse, haciendo pública su situación y, con ello, ejem-plificando y dando a conocer un problema muy genera-lizado en Lavapiés. Tampoco por una cuestión de cari-dad o generosidad del Ayuntamiento. Los vecinos yvecinas de Sombrerete 3 tienen derecho a una viviendaporque son ciudadanos de un Estado que reconoce esederecho y encomienda a las instituciones públicas la ta-rea de satisfacerlo cuando la situación del mercado loimposibilite. Y en este caso, por sus rentas, por su situa-ción socioeconómica, los vecinos y vecinas de Sombre-rete 3, como tantos otros, no pueden acudir al mercadoen busca de una vivienda alternativa, y menos en Lava-piés.

La lucha de Sombrerete 3 culminaba en ese momen-to, diciembre de 2005, con una victoria parcial... porquesiguen pendientes cientos de casos parecidos, pero tam-bién porque, a pesar de todo, una reivindicación funda-mental no ha sido atendida: la expropiación forzosa deledificio no se ha producido y su propietario, con permi-so municipal, puede obtener los beneficios que con añosde especulación y acoso ha acumulado.

El edificio está, a día de hoy, vacío y tapiado. ¿Esuna historia terminada?

C.V., antiguo integrante de la Red de Lavapiés

Cronología

1/12/1992: La propiedad del edificio de Sombrerete 3inicia un Expediente Contradictorio de Ruina en laGerencia Municipal de Urbanismo.

30/12/1996: Los técnicos de Gerencia emiten un infor-me que estima la ruina económica del inmueble. Elcoste de la reparación es del 52,89% del valor deledificio en ese momento, lo que supera el límite má-ximo del 50% permitido. Cuatro años pasaron entreel inicio del expediente y el informe técnico, lo queda muestra del marrón que en ese momento suponíadeclarar en ruina un edificio.

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31/5/1997: Los vecinos hacen alegaciones al expedientede ruina.

25/2/1998: La Comisión Asesora de Expedientes Contra-dictorios de Fincas Ruinosas propone al Gerente deUrbanismo la denegación de ruina del inmueble.

26/3/1998: Decreto del Gerente de Urbanismo denegan-do la ruina del edificio.

29/4/1998: La propiedad pide la revisión de oficio y rec-tificación del Decreto, argumentando que existe uninforme técnico que dictamina que el edificio estáen ruina económica.

23/7/1998: El Gerente acuerda la iniciación de oficio delprocedimiento de revisión del Decreto, suspendien-do cautelarmente el mismo.

29/10/1998: Alegaciones de los vecinos al procedimien-to de revisión.

25/2/1999: Informe técnico por el que se propone la es-timación de la anulabilidad del Decreto y la declara-ción de ruina del inmueble.

8/3/1999: El Gerente aprueba la anterior propuesta y re-mite el expediente al Consejo de Estado para quedictamine. (Dado que se trata de anular una decisiónadministrativa, es preceptivo el informe del Consejode Estado.)

27/5/1999: La Comisión Permanente del Consejo de Es-tado dictamina por mayoría que no procede la revi-sión de oficio de anulabilidad del Decreto, es decir,que el Decreto por el que se determina que el edifi-cio no está en ruina es válido, y que contra él sólocabe recurso por la vía del contencioso-administra-tivo. Hay un voto particular de un consejero, al quese adhieren otros dos, que considera que sí procedela revisión y la anulabilidad del Decreto, siendo portanto ruina. Anecdotario: La Comisión Permanentedel Consejo de Estado está compuesta por 10 miem-bros, siendo su presidente Iñigo Cavero, sí, el minis-tro de sucesivos gobiernos de Suárez. El consejeroque emitió el voto particular diciendo que sí era rui-na fue Landelino Lavilla, sí, el que también fue mi-nistro con Suárez e incluso presidente del Congreso.

1/10/1999: LA BOMBA: Decreto del Gerente de Urbanis-

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mo, en el que considerando que tienen razón losconsejeros discrepantes, y puesto que el Dictamendel Consejo de Estado no es vinculante, estima laanulabilidad del anterior Decreto, declarando la rui-na de Sombrerete 3.

En ese momento los vecinos podrían haber recu-rrido el Decreto por el contencioso-administrativo,pero dado el estado del edificio y las característicasde los habitantes se decidió no hacerlo y acelerar elproceso (menos mal, porque de haberse recurrido to-davía faltarían años para el final). Una vez pasado elplazo para hacer este recurso y puesto que no lo hi-cieron, los propietarios iniciaron un juicio de resci-sión de contratos por declaración de ruina. Aqueljuicio se perdió, evidentemente, hacia el año 2002.Sólo un vecino recurrió, pero los propietarios no pi-dieron la ejecución de la sentencia (les debía darigual que siguiesen allí el resto en tanto no pudiesenvaciar el edificio completamente).

Noviembre de 2005: Resuelto el último recurso, la pro-piedad pide la ejecución de aquella sentencia de res-cisión de contratos. Se dicta la orden de desalojopara el 14 de diciembre de 2005.

13 de diciembre de 2005: Los servicios sociales de laEmpresa Municipal de la Vivienda se ponen en con-tacto con los habitantes del edificio para confirmar-les que al día siguiente, día del desalojo, les llevarána conocer los pisos que les han sido concedidos.

14 de diciembre: Se efectúa el desalojo. Algunos vecinosvan directamente a sus nuevas viviendas, otros hande esperar varios días hasta instalarse definitiva-mente.

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11. Especulación y luchas contra lagentrificación en Sevilla

El casco histórico de Sevilla empieza a ser abandonadoa principios de siglo por las clases nobles, que se des-plazan a los nuevos chalets ajardinados de zonas másalejadas del centro como Los Remedios o La Palmera. Lavieja ciudad mercantil y artesanal va desapareciendopoco a poco por los sucesivos y fracasados intentos deindustrialización y en su lugar surge el negocio de laconstrucción y la especulación inmobiliaria como motoralternativo de la economía que continuará durante todoel siglo XX. «El desalojo del centro nace como una ope-ración especulativa»1 con la adquisición de grandes can-tidades de terreno y la subida de los precios del suelo, enzonas como Miraflores o el Prado.

La contrapartida es la progresiva degradación delcasco histórico, totalmente abandonado por la Adminis-tración. Los patios y las casas de vecinos e incluso al-gunos antiguos palacios señoriales –El Pumarejo, sin irmás lejos– son ocupados por las clases bajas en busca detrabajo. Esta población, en su mayoría proveniente delcampo andaluz, de donde la expulsa el hambre endémi-ca, es atraída por las bajas rentas del suelo y la posibili-dad de empleo en la construcción o la pequeña indus-tria, en un flujo lento pero constante.

Los bajos precios del suelo encuentran su explica-ción en el desinterés de las clases pudientes por la zona,el alto número de viviendas vacías y el deterioro de lascasas. Al deteriorarse el edificio y no invertir el propie-

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1. «Informe Socioeconómico de la ciudad de Sevilla en el 2001.»

tario capital en el mismo, el valor que se paga al rentistase acerca cada vez más al mero valor del suelo. El pro-ceso se empieza a invertir ya a mediados de siglo, em-pezando por la regeneración del barrio de Santa Cruz ytoda el área sur del casco, donde muchos de los desalo-jados pasan a engrosar los polígonos de protección so-cial construidos en la década de los sesenta y setenta,mientras la élite social vuelve al centro de Sevilla, aho-ra como un centro comercial, administrativo, turístico ycada vez más «europeo».

En realidad, la existencia de estos fenómenos pasadesapercibida hasta los años ochenta, cuando varios sec-tores urbanísticamente degradados pertenecientes al con-junto histórico comienzan a revalorizarse, en un procesoque viene marcado por la generalización de las demoli-ciones y los desalojos. Este proceso se concentra princi-palmente en los arrabales de Triana y San Bernardo, asícomo en las barriadas situadas en el sector norte de laantigua ciudad intramuros, especialmente en lo que havenido a llamarse sector San Luis-Alameda. Son todosellos barrios de carácter obrero con un cierto desarrolloindustrial entre el siglo XIX y la primera mitad del XX,con un caserío viejo y degradado y predomino del al-quiler sobre la propiedad.

El ejemplo de San Luis-Alameda y el Plan Urban

Las primeras resistencias surgen en el entorno de SanLuis-Alameda a raíz del proyecto de construcción deun parking y de la aplicación la iniciativa Urban en lazona, un plan de rehabilitación urbana financiado porla UE. Así, mientras el proceso de gentrificación avanza,modificando la estructura y composición social de lazona, la resistencia se concentra en la oposición al pro-yecto de parking y remodelación de la Alameda de Hér-cules, proyecto que se tacha de especulativo y desarro-llista, interesado en la revalorización y cambio socialdel barrio.

La lucha en un principio carece de una visión globaldel conflicto social y oscila hacia el ecologismo. Sin em-

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bargo da lugar a intentos de un enfoque más social conla Plataforma de Afectados por el Urban. Es además enesta lucha donde se va gestando una cierta concienciade las dimensiones del proceso de revalorización y ex-pulsión de población en la zona. La zona norte, margi-nada durante toda la época franquista en cuanto a in-versiones públicas o privadas, ya en los años setentahabía empezado a desarrollar actividades dirigidas a laexplotación de los beneficios inmobiliarios. Además, enel contexto actual un barrio obrero y marginal ocupan-do gran parte del casco histórico es inadmisible.

El proceso continúa hasta nuestros días fomentadoen parte por la migración intraurbana de la clase mediaal centro de la ciudad. Por poner un ejemplo, los preciosdel suelo para la vivienda nueva en torno a la Alame-da de Hércules subieron de 200.317 ptas./m2 en 1999 a240.202 ptas./m2, y entre San Gil y Feria este aumentova de 210.781 a 227.694 ptas./m2.2

Casas abandonadas y degradadas

Las casas y patios de vecinos tradicionales de Sevillason abandonados por sus dueños hasta caerse, es decir,hasta que se permite su demolición a pesar de los inqui-linos. A veces contra la legalidad y ante la total permi-sividad del Ayuntamiento, se dejan caer a pedazos, lite-ralmente, edificios de gran valor cultural e históricos–como la ya citada Casa del Pumarejo.

Cuando la Administración interviene es para decla-rar en ruina el edificio y ejecutar el desalojo de los veci-nos. Así se deja el espacio limpio3 para que el propieta-rio pueda vender el terreno a alguna empresa que cons-truirá edificios de clase media-alta para esta nuevademanda, consumándose la vuelta de las élites al barrioy la expulsión de las clases bajas a la periferia. Cuandono, se mantienen vacías o como solares a la espera deque suban los precios del suelo. Actualmente este barrio

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2. Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Sevilla (2001).3. De «bichos», como califican los funcionarios y las inmobilia-

rias a los antiguos inquilinos, cuya presencia dificulta la operación.

presenta un elevadísimo número de viviendas desocupa-das y degradadas, solares, grúas y otros síntomas de laespeculación inmobiliaria.

Desalojos

Los desalojos son la cara más amarga de todo este enor-me negocio. Más cuando suele tratarse de personas engeneral de elevada edad, escasos recursos y que han re-sidido la mayor parte de su vida en el barrio. Éstas seven obligadas a emigrar a la periferia en muchos casos,con el desarraigo y la injusticia que esto conlleva.

El deterioro de las casas se utiliza para declararlasen «ruina técnica» o «económica». La declaración de rui-na supone el desalojo de los vecinos de la vivienda, elúnico obstáculo para el propietario para venderla y sa-car tajada, o para que la compañía que la ha compradopreviamente pueda derribarla y hacer nuevas viviendasde clase media de las que obtendrá un enorme beneficioeconómico, por el elevado valor del suelo.

Papel de la Administración

La Administración local, en concreto la Delegación deUrbanismo, reino taifa del Partido Andalucista desdetiempo inmemorial, ha jugado un papel fundamental entodo este proceso. Son ellos los que permiten que se pro-duzca este proceso en aras del negocio inmobiliario y dela construcción. Las obras públicas, así, se utilizan parasubir los precios del suelo.

Haciendo un pequeño recorrido histórico de estetipo de actuaciones públicas podríamos remontarnos,tras un largo período de olvido de la zona, a los años se-tenta con la famosa boca de metro de la Alameda, ver-gonzoso monumento al despilfarro y la estupidez denuestros gobernantes, gigantesco escaparate en su tiem-po de la política de rehabilitación de la zona.

Después vienen los primeros intentos de construir elparking subterráneo. Los planes del Ayuntamiento in-cluyen desde entonces la supresión de la arboleda exis-tente, la creación de un parking subterráneo y la supre-

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sión de hileras de viviendas para dar entrada al tráficorodado en la zona. Este último punto ha acabado con-virtiéndose en la supresión total de la Plaza de la Niñade los Peines, ya perpetrada. A pesar de esto, Urbanismono ceja en su empeño y no pierde ocasión para sacar denuevo a la luz su proyecto, la última vez en 2001 a tra-vés de un Plan Parcial.

Fruto de éste fue la supresión de la mencionada pla-za y de gran parte de la arboleda y de rebote el merca-dillo de la Alameda. Estas obras de regeneración no tie-nen otro objetivo que el de subir el precio del suelo paraatraer capital privado hacia la zona.

El plan Urban

El plan Urban,4 financiado con capital de la UE, com-prendía la rehabilitación de la zona San Luis-Alameda.Aunque el diagnóstico de la zona era muy acertado,proponiendo la solución de los problemas de deteriorourbanístico y medioambiental, así como programas so-ciales para una población envejecida y con bajo nivelde formación, el resultado fue muy diferente. El grueso delas actuaciones con dinero europeo fueron dirigidas a lamejora o creación de equipamientos e infraestructuras.Por una parte se incentivó la apertura al tráfico rodadoensanchando calles, así como la construcción de par-kings rotatorios.

Otro objetivo del Urban era la incentivación de lainversión de capital privado en la zona. Así el dineropúblico gastado en el barrio, prometiendo una subida delos precios del suelo, ha servido principalmente paraatraer a la iniciativa privada a invertir en la vivienda. Laconsecuencia evidente es el incremento de la actividadespeculativa con el suelo, la aceleración del proceso rui-noso en las viviendas y la consiguiente expulsión de lasclases bajas.

El problema del plan Urban fue en principio un pro-blema de concepción, dado que las directrices de Bruse-

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4. Fondos de la UE destinados a la regeneración de sectores degrandes urbes especialmente degradados.

las impedían que este dinero fuera utilizado para mejo-rar directamente las condiciones de vida de los habitan-tes de los barrios, por ejemplo rehabilitando sus casas.Por otra parte la intención del Ayuntamiento no fue enningún caso la de rehabilitar el barrio para sus habitan-tes; prueba de ello es que muchos de los programas deformación y de ayuda a los colectivos marginales delbarrio no llegaron a cumplirse por falta de presupuesto,mientras se gastaba gran parte del dinero en obras fa-raónicas tipo «El Palacio de la Sirena», suerte de CentroCínico tan usado como el apeadero del Ave de la Expoque sigue en la Cartuja cogiendo polvo.

Finalmente, la lucha de la Alameda tiene su puntoálgido en el verano del 2001, a partir de donde se desin-fla, habiendo evitado la construcción del parking perono el proceso de regeneración social de la zona. Un añoantes se crea la Plataforma para Salvar la Casa del Pu-marejo.

El Pumarejo

La Plataforma lleva a cabo un trabajo importante en ladenuncia de la especulación y la expulsión de la pobla-ción tradicional. Sus esfuerzos se centran en intentarsalvar la Casa Palacio del Pumarejo, que se convierte apartir de entonces en paradigma del proceso de gentrifi-cación en la zona y de la resistencia contra el mismo.

De forma paralela se va desarrollando en la zona uncierto movimiento de ocupación de corte más juvenil,que se concreta en las ocupaciones de las calles DivinaPastora y Antonia Sáenz. Los ocupas tienen una ciertapolitización y conciencia de la problemática del barrio yno tardan en entablar relaciones, aunque tibias, con laPlataforma. También se traslada a la zona la Casa de laPaz, centro social de grupos pacifistas. Estos elementosvan creando un entramado político en el barrio que vasumando fuerzas a la Plataforma.

El Pumarejo es una casa palacio del siglo XVII recon-vertida en corral de vecinos, que a principios de la dé-cada se encontraba en la misma situación que tantos co-rrales del centro histórico: una población envejecida y

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de bajo poder adquisitivo y un edificio deteriorado conla propiedad eludiendo el deber de conservación, espe-rando que cayese a pedazos o a que no quedase un solovecino para remodelar el edificio. El cincuenta por cien-to de la propiedad es comprada además por Q Hotelescon intenciones obvias.

La Plataforma se estructura en torno a algunos veci-nos de la zona concienciados, algunos hijos de vecinasde la Casa del Pumarejo y militantes que habían estadoinmiscuidos en la lucha contra el parking. Entre el redu-cido grupo inicial encontramos gente con un cierto ni-vel técnico, capaz de manejarse con los planes urbanís-ticos, los políticos y la prensa.

La Plataforma utiliza los medios a su alcance paraconseguir el objetivo de hacer que permanezca la pobla-ción tradicional en el corral. Esto pasa necesariamentepor la presión-negociación con la Administración públi-ca, con el objetivo de conseguir la rehabilitación subsi-diaria del edificio. Se sigue una estrategia de denuncia através de actos y acciones de visualización para presio-nar a Urbanismo, utilizando al mismo tiempo los medioslocales de comunicación.

La puesta en valor del palacio como bien patrimo-nial es otro fin que es, asimismo, medio para obligar a larehabilitación del edificio y evitar su demolición. Porotro lado se trabaja en la dinamización cultural de la pla-za organizando velás, un mercadillo cultural y otras ac-tividades. También se procede a la realización de jorna-das de trabajo voluntario para rehabilitar el edificio porcuenta propia.

En 2004 se ocupa uno de los numerosos bajos aban-donados del edificio, donde se crea el Centro Vecinal delPumarejo. A partir de este momento el número de per-sonas del barrio y ajenas a él que pasan a implicarse nopara de crecer.

En verano de 2004 se consigue la declaración delPalacio como Monumento, lo que supone un gran pasoadelante en la protección del edificio y sus inquilinos.

En el momento actual es tal la legitimidad y la fuer-za obtenida por el movimiento en torno a la Casa delPumarejo que difícilmente sería factible para la propie-

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dad el desalojo de los inquilinos o del Centro Vecinal es-tablecido en los bajos.

En el otro lado de la balanza, hay que señalar quela lucha se concentra en un corral de vecinos, cuando laproblemática afecta a la totalidad del barrio. Es sin em-bargo en torno al movimiento para salvar El Pumarejoque se crea la Liga de Inquilinos de Sevilla, ya en 2005,una asociación que en estos sus primeros pasos se diri-ge a defender principalmente a los vecinos que se en-cuentran en peligro de desalojo en barrios con este tipode problemáticas y que podría convertirse en una buenaherramienta organizativa y de lucha contra los procesosde gentrificación.

La Bachillera

La Bachillera es un barrio de autoconstrucción al nortede Sevilla, bastante alejado del centro pero situado enuno de los principales ejes de comunicación de la ciudad«Nuevo Torneo». Se trata de un barrio con una proble-mática muy especifica, un barrio degradado en el que lamayoría de los habitantes poseen la propiedad sobre lasviviendas pero no sobre el suelo sobre el que se asien-tan. La propiedad pertenece a la Asociación Sevillana dela Caridad, desde la creación del barrio en los años cua-renta, que se niega a vender los terrenos.

En este caso el proceso de gentrificación no ha em-pezado a desarrollarse, pero se encuentra latente comoconsecuencia de la utilización de terrenos próximos parala construcción de la Ciudad del Trabajo de Sevilla, don-de se trasladarán las sedes de los sindicatos mayoritariosy de la patronal, una operación con claros tintes espe-culativos que promete la revalorización del entorno.

Ante la revalorización futura de los terrenos, los ve-cinos se encuentran en una cierta situación de indefen-sión al no poseer la propiedad sobre los mismos, lo queles empuja a entablar una batalla con la propiedad ycon la Administración con el fin de asegurar la supervi-vencia del barrio.

La estrategia de los vecinos se dirige por un lado a

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promover una huelga de inquilinos, es decir, a promoverel impago de los alquileres del suelo, y por otro a la mo-vilización de los vecinos con vistas a incidir en la pren-sa y presionar a los políticos para que intervengan.

En base a una maniobra jurídica, los vecinos refun-dan la Asociación Sevillana de la Caridad, alegando quela existente hasta ese momento no coincidía con los es-tatutos reales de la organización. Esta nueva ASC tienepor objetivo que los vecinos accedan a la propiedad delos suelos.

De esta forma los vecinos cuentan actualmente conla oportunidad de acceder a la propiedad. Sin embargoel proceso de gentrificación podría darse por otras vías,a través de la compra por empresas promotoras a los aho-ra legítimos propietarios para la construcción de otrotipo de viviendas. El acceso a la propiedad tampoco qui-ta que parte de las casas sean derribadas por orden mu-nicipal al tratarse de infraviviendas.

San Bernardo

El barrio de San Bernardo sufre un intenso proceso degentrificación durante las dos últimas décadas del si-glo XX. En este barrio el proceso se encuentra muy avan-zado y la mayor parte de los vecinos corresponden a untipo social de clase alta. Los gentrificadores en San Ber-nardo, además, son de un poder adquisitivo y una rele-vancia social muy superior a los que pudiese haber porejemplo en San Luis-Alameda: se trata en muchos casosde jueces, fiscales, arquitectos, etc.

Cuando apenas quedan unas cuantas casas antiguas,en estado avanzado de deterioro, se ocupa en la calleSan Bernardo un antiguo colegio de adultos abandona-do desde hacía quince años. Los jóvenes okupas contac-tan con algunos antiguos vecinos del barrio, socialmen-te concienciados y que habían tenido contacto con elmovimiento en torno al Pumarejo. Una de las primerasactividades que se realizan en el nuevo centro social sonunas jornadas sobre especulación, en las que se trata eltema de la gentrificación.

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La relación del pequeño grupo de vecinos que em-pieza a relacionarse con el centro se dirige a imitar elmodelo del Pumarejo, sustituyendo la idea de centro so-cial por la de centro vecinal, con menos estética okupay más integrado en el barrio.

El trabajo de dinamización que algunos vecinos em-piezan a desarrollar en el barrio desemboca en la ocupa-ción de un bloque de viviendas sociales, terminadas des-de hacía dos años y medio pero vacías, por parte deunos quince vecinos amenazados de desalojo y con suscasas en estado avanzado de deterioro. En la ocupacióndel bloque juega un papel fundamental el apoyo de laLiga de Inquilinos de Sevilla, recientemente constituida.Los vecinos exigen entonces el realojo dentro del barrioo la rehabilitación de sus viviendas. Sin embargo la re-habilitación tampoco supone una solución integral alproceso, dado que aún con las viviendas rehabilitadasel proceso de desalojo de muchos vecinos seguiría ade-lante. De esta forma se crea la Plataforma Salvemos SanBernardo, que aborda directamente la problemática de lagentrificación y que plantea no soluciones particularespara casos concretos sino la paralización total de los de-salojos y de la sustitución de la población original delbarrio.

Conclusiones

De estas experiencias extraemos dos conclusiones prin-cipales. La primera es que en la mayoría de los casos nose aborda la problemática general de la gentrificación,sino sus consecuencias en casos concretos, con lo quesólo se consiguen soluciones parciales y victorias pun-tuales. Planteando la problemática de forma integral enlos barrios, se podría buscar estrategias dirigidas a la so-lución de la problemática y no a casos individuales. Eneste sentido ha supuesto un notable avance la creaciónde la Liga de Inquilinos, que parece encaminarse por esecamino, pero también el camino que parece estar to-mando la experiencia de San Bernardo.

Por otro lado, esta lucha, al estar directamente rela-

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cionada con la cuestión de la propiedad del suelo, en-cuentra una herramienta clave en la ocupación del mis-mo. En todas las experiencias comentadas los vecinos,ante la indefensión frente a los propietarios y la desidiade la Administración, tienen que enfrentarse directa-mente a los propietarios ocupando o negándose a pagaralquileres. Dado que la ley está de parte de la propiedady la Administración y otros agentes sociales apoyan estetipo de procesos por las plusvalías que producen para laciudad, los afectados no tienen más remedio que deso-bedecer la ley y enfrentarse a la Administración. Estocombinado con otros medios de carácter menos radicalcomo son la presión a los políticos, la visualización enlos medios de comunicación y la negociación con la Ad-ministración y con la propiedad cuando fuese necesario.

En cuanto al camino que podrían seguir estas lu-chas, cabe la posibilidad de continuar por la vía abiertapor la experiencia de San Bernardo de los realojos rei-vindicativos, es decir, ocupaciones masivas por partede los vecinos. Desde la perspectiva más legalista, elaumento de la concienciación y de la comprensión deestos temas podría empujar a los agentes implicados enla defensa de los vecinos tradicionales a solicitar figuraslegales que protegieran a los habitantes de estos barriosy ofrecieran soluciones integrales o la prevención de fu-turos procesos de gentrificación. Ya empieza a hablarsede algunas figuras que podrían ser factibles, como laobligación de realizar «estudios de impacto social» antela realización de planes de renovación o rehabilitaciónde barriadas, o la creación de figuras de realojo en elbarrio propio, específicas para vecinos afectados por estetipo de procesos.

Ibán Díaz, corredactor de La Haine y miembro delCSOA Casas Viejas de Sevilla

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12. Plaza de la Encarnación 6: delabandono al desalojo

Sr. Gerente de Urbanismo,don Manuel Jesús Marchena Gómez:

Los abajo firmantes, inquilinos e inquilinas del in-mueble sito en la Plaza de la Encarnación número 6, he-mos elaborado el presente informe con el fin de poner demanifiesto, ante los organismos competentes del Ayun-tamiento de Sevilla, la grave situación que venimos pa-deciendo desde hace años.

Los antecedentes: la expulsión de la casa y delbarrio de los vecinos tradicionales

El edificio de cuatro plantas cuenta con 25 viviendasagrupadas en torno a dos patios interiores y varios loca-les comerciales en sus bajos que hacen la función de al-macenes.

A principios del año 2000 estaban ocupadas todaslas dependencias de la casa mostrando, con toda su con-tundencia, el cariz popular con que se ha definido histó-ricamente esta zona del casco antiguo. El edificio estabaconformado mayoritariamente por personas de condi-ción social humilde, con los hábitos cotidianos de con-sumo muy restringidos, pero focalizados, casi en exclu-sividad, al comercio tradicional de la zona, y con las re-laciones sociales muy limitadas, en lo que a las personasmayores se refiere, a los espacios de sociabilidad que de-marca un universo social y espacial muy reducido: el

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mercado de abastos de la Encarnación, la plaza, las igle-sias próximas y los bares y cafeterías del entorno. A esteperfil social que era el mayoritario, el de mayor anti-güedad y el que ha dado históricamente personalidad auna de las zonas más emblemáticas de la ciudad, se leunía la presencia de jóvenes estudiantes o trabajadores,por lo general, foráneos. Los jóvenes vecinos han sidosiempre muy bien recibidos por las personas mayoresdel edificio ya que les reportaban ciertas garantías deseguridad. Este hecho, junto a otros, incidía en el esta-blecimiento de unas relaciones entre vecinos que po-dríamos denominar, sin temor a caer en los tópicos usua-les, de armónicas y cordiales.

El inmueble siempre ha mostrado cierto aspecto deabandono debido a la dejadez de los propietarios poradecentarlo. Las pocas actuaciones que se han acometi-do en la última década en este sentido, han corrido acargo de los propios inquilinos, o, a lo sumo, la propie-dad ha financiado, por ejemplo, la pintura y los vecinoshan tenido que aportar la mano de obra.

Bajo estas circunstancias en las que la propiedad,haciendo clara dejación de sus obligaciones, no invertíani un céntimo, ya no sólo en aspectos menores de ade-centamiento, sino también, en otros relativos a la segu-ridad, la salubridad o la mínima dignidad en las condi-ciones de vida, los inquilinos deciden, motu proprio,crear un fondo común para hacer frente a ciertas caren-cias. Cada vivienda aporta 1.000 pesetas al mes, y conlos fondos acumulados se van emprendiendo una seriede mejoras, como es el caso de la colocación del zócalo deazulejos en el largo pasillo de acceso a los patios paraasí evitar la humedad, la suciedad y el penoso aspectoestético, o la pintura de patios y escaleras entre otras ac-tuaciones.

Aún así, las deficiencias y carencias estructurales enalgunas de las viviendas eran evidentes: muros en malestado, presencia de grietas en los techos y las paredes,humedad por filtraciones, goteras, deficiente instalacióneléctrica con la peligrosidad que entraña… Sólo la insis-tente presión vecinal o la consumación de alguna des-gracia hacía actuar a la propiedad, siempre de forma

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chapucera y precaria: por ejemplo, en varios pisos de lasegunda planta, concretamente los números O, P y Q, losinquilinos venían reclamando durante años el arreglodel tejado, pues dejaba filtrar gran cantidad de agua conel consiguiente peligro de derrumbe. La propiedad hacíacaso omiso como norma. A lo sumo y, ante las insisten-cias, colocaba un parche de tela asfáltica sobre las tejaspara que el agua no calara, siendo siempre un remedioinsuficiente por poco duradero. A la vecina del 2.º Q has-ta que no se le cayó el techo del dormitorio por comple-to no le fue arreglado. Eso sí, supuso un importante in-cremento en el importe de la renta, como si el desper-fecto tuviera que abonarlo ella. Sobre el año 1998, en el3.º T, apenas cinco días después de que el piso fuera aban-donado por la mujer que lo habitaba con sus dos hijos,se vino abajo el muro de una habitación creando un ele-vado grado de alarma entre los vecinos.

Sólo se acometían obras de cierta importancia cuan-do ocurría un accidente de envergadura. El resto, eratodo parcheo. El mantenimiento mínimo dependía de losvecinos, que poco podían hacer ante estas situaciones.Bajo estas circunstancias, aquellos inquilinos con mayo-res posibilidades económicas o capacidad de ayudas ex-ternas fueron optando por abandonar la casa en dondevivieron muchos años para asentarse en barriadas leja-nas del extrarradio en la mayoría de los casos.

El proceso de abandono del inmueble se acelera no-tablemente a partir de febrero de 2001, cuando la Ge-rencia ordena a la propiedad realizar obras urgentes deseguridad debido a un desprendimiento de un techo enel edificio contiguo, Encarnación n.º 5, con el que com-parte elementos constructivos. Se abren calos y catas enlos falsos techos y en los forjados de toda la casa y seapuntalan los pasillos y la mayoría de las viviendas. Lasincomodidades son evidentes. La propiedad oculta suintención a los inquilinos: el inicio del expediente paradeclarar el inmueble en ruinas. Este hecho no lo sabría-mos hasta dos años después, cuando un grupo de inqui-linos fuimos a la Gerencia a supervisar el expediente deledificio.

En estos dos años que van desde febrero de 2001 a

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marzo de 2003 se produce un verdadero éxodo veci-nal. De más de 20 viviendas ocupadas se pasa a tan sóloocho. En todos los casos, las circunstancias son simila-res: los vecinos, poco a poco, van mostrando su desáni-mo y desesperanza ante el estado de la casa y las pocasperspectivas de arreglo que se ofrecen. Se resisten a vi-vir entre puntales y en una situación de evidente peli-grosidad.

Por primera vez, conforme las viviendas van siendoabandonadas ya no vuelven a ser alquiladas. La estrate-gia de la propiedad se hace visible. Por otra parte, co-mienzan a producirse presiones y coacciones a los in-quilinos que se resisten a marcharse para que vean so-cavada su dignidad. Hablamos de prácticas abyectas deacoso, también conocidas como mobbing inmobiliario.Los destinatarios: las personas más indefensas, las an-cianas sin apenas habilidades sociales, con escasos co-nocimientos sobre sus derechos básicos. Durante el últi-mo año, en reiteradas ocasiones se ha presentado una ovarias personas como técnicos de la Gerencia de Urba-nismo amenazando a las inquilinas más ancianas y en-fermas, diciendo que el edificio está en ruinas y que vaa ser desalojado en pocos meses. Esto creaba un estadocontinuo de ansiedad que repercutía en la salud física ymental de los inquilinos, haciendo patente una mermaen la calidad de vida de los más «débiles». Para estaspersonas, la perspectiva de un desalojo en un breve pla-zo sin la oferta de una alternativa de vivienda, se con-vierte en un pensamiento traumático que inunda su co-tidianidad en todos los aspectos. Los vecinos y vecinasde la casa hemos sido testigos reiteradas veces de la in-justicia de los llantos, los nervios y la pesadumbre demujeres mayores e indefensas ante la actitud de estaspersonas sin escrúpulos.

En este proceso de silencios y dejación de la propie-dad, de acosos y de incomodidad, el inmueble ha vistoabandonar sus viviendas a vecinos como Ángel del Pozo,que llegó tan sólo un mes antes de que en su casa le pu-sieran más de 25 puntales en marzo de 2001, o JosefaMoro y su hijo, que habitaban desde 1984 y contabancon una espaciosa casa con un largo contrato de más de

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20 años… Pero tal vez, el caso más penoso es el de AnaMaría Borrego, que con más de 75 años y una pensiónde apenas 380 euros mensuales habitaba su casa desde1972, en donde pagaba de renta poco más de 110 euros.Los puntales, las filtraciones de agua, los desprendi-mientos de trozos de techo de su vivienda, la dejadez dela propiedad y los nervios y el miedo le hicieron cam-biar de piso, pagando ahora en el entorno de donde noha querido salir –en la calle próxima de Alcázares– has-ta el 80% de su paga.

En febrero de 2003 se produce un derrumbamientode un entrevigado en un pasillo de la segunda planta se-gundos después de que pasara una vecina. Otra vez másel azar evitó una tragedia. Actuaron los bomberos y conposterioridad, en marzo, la Gerencia procede de formaurgente a las obras de seguridad. Más calos y catas, mu-chísimos más puntales. A la vecina del 2.º O por fin learreglan el techo (es demolido y sustituido por uno dechapa) por el que venía luchando los últimos años. Sonmeses de obras e incomodidades que se saldan con elcierre de las azoteas y con un masivo incremento depuntales en los pasillos, escaleras e interiores de las vi-viendas. La casa es abandonada por dos inquilinos paraquedar sólo seis.

Desde entonces, la estrategia de acoso por parte dela propiedad se incrementa: no acepta que le dejes unmes sin pagar, esto es, si por cualquier motivo –ausen-cia, no disponibilidad, etc.– dejas de pagar dos meses,no te acepta el pago de uno para, a lo mejor, ponerte alcorriente al mes próximo. No entrega los recibos paraasí denunciar e iniciar el trámite de desahucio. Se pro-duce un desentendimiento total sobre desperfectos de lacasa. La puerta ha estado –y está en estos momentos–rota durante meses, no funcionan desde hace años losporteros automáticos; si hay un desagüe o filtración ohay que llamar a los varilleros o a los fontaneros, etc.,es siempre función y responsabilidad de los inquilinos.

En esta circunstancia se produce el célebre desahuciode Rosario Piudo, una anciana enferma del corazón, con86 años y desde la década de los 70 en la casa. Con la úl-tima actuación de la Gerencia, los puntales de su vivien-

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da se incrementaron hasta 28. La rotura de una ventana,que nunca fue arreglada, fue el detonante de una injus-ticia que conmovió a la sociedad. La anciana abonabareligiosamente su mensualidad de 120 euros a su casero,hasta que, hace meses, decidió plantarse como represaliaporque éste no arreglaba la ventana por la que entraba elagua de las lluvias y el frío del invierno. Denunciada,pagó antes de la celebración del juicio –enervación de laacción–. Pero, en ese momento, dejó sin abonar, por error,39 euros. Siendo consciente de este error, la propiedadesperó a que se cumpliese el plazo para denunciar a Ro-sario por impago. La aplicación fría de las leyes sancio-nó legalmente lo que es una gran injusticia.

Un grupo de vecinos intentó impedir a través deldiálogo que se efectuara el desahucio, al menos en esascondiciones, pues Rosario nunca fue consciente de su si-tuación y la orden de lanzamiento (ejecución del desa-lojo) sólo vino con cuatro días de antelación. Ni en losjuzgados ni, mucho menos, la propiedad, pusieron elmás mínimo interés por aliviar una deplorable situación.Es más, entre los últimos, hubo muestras de una amoralsatisfacción durante el desalojo. Unos ejercen sus dere-chos como propietarios y, otros, desde los juzgados, ha-cen aplicar una ley en contra de todo criterio de justicia.No importa en este caso, como en otros, el escándalo so-cial y el rostro de la víctima. David frente a Goliat, peroademás, la honda, la lleva el último.

Este hecho doloroso, también para los vecinos, hapuesto de manifiesto las claras intenciones de la propie-dad: expulsar a los «bichos» (los inquilinos en el argotinmobiliario) con el mínimo coste, esto es, sin la posibi-lidad de negociar las condiciones o el derecho a la in-demnización. Todo esto no ha hecho sino acrecentar eldesasosiego y la desesperanza de los vecinos, que noacaban de asumir su situación por considerarla una sin-razón: nosotros pagamos el alquiler mensual, por lo tan-to cumplimos con nuestra parte del contrato. Los dueñosson los que lo incumplen, pues su obligación es ofreceruna vivienda en condiciones dignas, y eso está a añosluz de la realidad que vivimos.

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El estado actual de las viviendas y los inquilinos

El estado de abandono y dejadez del inmueble es, hoydía, más visible que nunca. Las azoteas de la casa estánclausuradas estando prohibido su acceso. Hay 20 vi-viendas desocupadas, con las ventanas abiertas y, algu-nas, con las puertas rotas, acelerando así el proceso dedeterioro. La puerta de la calle está destrozada. La pro-piedad se niega a arreglarla diciendo que la casa estávendida. Este hecho crea alarma, temor e incomodida-des entre los vecinos ya que en las noches, sobre todo,determinados transeúntes utilizan determinadas depen-dencias –pasillos y patios– como servicios o como luga-res para el consumo de drogas y, en ocasiones, comorefugio para el descanso. Somos los vecinos, con granindignación, los que tenemos que recoger las excrecen-cias, desinfectar y limpiar las zonas afectadas. También,algunas veces, ha desaparecido ropa de los tenderetes,macetas con plantas, bicicletas o jaulas con canarios,entre otras cosas.

Además, la red de tendido eléctrico está muy deterio-rada en algunos sitios, entrañando un grave peligro. Delmismo modo, los desagües ofrecen un aspecto deplorabley la visita de los varilleros, siempre por iniciativa de losvecinos, ha sido frecuente en los últimos años.

En definitiva, todo se reduce a un estado de inde-fensión generalizado. La propiedad hace y deshace a sulibre albedrío. Los vecinos se sienten desamparados.Históricamente no han tenido a nadie que les defienda.A lo sumo, los únicos oídos que encontraban eran losdel párroco y, dependiendo de la voluntad de éste, quepodía alinearse con los propietarios y fomentar la resig-nación cristiana o, por el contrario, buscarles apoyo ju-rídico y denunciar la situación.

Los vecinos y vecinas de la Plaza de la Encarnaciónnúmero 6 sólo pedimos una cosa muy concreta: vivir encondiciones dignas en nuestra casa, en nuestro entorno.Cumplimos con nuestra parte del contrato: pagamos elalquiler. No queremos que se mercadee con nuestra si-tuación y con nuestras vidas como ya hicieron con Ro-sario Piudo y otros vecinos anónimos que se fueron de

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la casa por el hartazgo de una situación injusta y la pre-potencia de unos propietarios desalmados. Exigimos a laGerencia de Urbanismo que inicie las obras de arreglo yadecentamiento del inmueble que la propiedad, incum-pliendo la normativa, no hace. Apoyamos el proceso deexpropiación que la Gerencia ha emprendido. Lo consi-deramos un acierto y una señal de intimidación para losnumerosos casos parecidos que hay en nuestra ciudad.El Ayuntamiento no debe arredrarse ante los interesesoscuros de los especuladores. El Ayuntamiento debe ve-lar por la calidad de vida de las personas más indefen-sas, aquellas que ni siquiera la aplicación de las leyestienen en cuenta sus contextos sociales y personales.Solicitamos ayudas para residir transitoriamente encondiciones dignas en alguna casa de propiedad muni-cipal mientras duren las obras. No queremos nada rega-lado. Pedimos, exigimos que se haga justicia.

Sevilla, 14 de abril de 2004

Este informe fue redactado en la primavera de 2004 y,desde entonces, el panorama ha cambiado sustancial-mente hasta nuestros días. Durante los meses de veranoy otoño de ese año abandonaron el edificio el resto devecinos salvo el que esto escribe. Saturados anímica-mente por una situación que no ofrecía perspectiva al-guna, aceptaron una pequeña compensación económicaa cambio de dejar las viviendas en un plazo muy cortode tiempo. Salvo una vecina que contaba con un con-trato indefinido, el resto ya lo tenía cumplido, por loque la legalidad –que no la legitimidad– estaba del ladode los propietarios. Hoy viven todos en barriadas lejanasy periféricas de la ciudad.

La situación se agravó desde entonces con una in-tensificación del acoso por parte de los propietarios, queabandonaron totalmente el edificio a su suerte. Estos he-chos fueron denunciados ante la opinión pública a travésde los medios de comunicación (prensa escrita, radio yprogramas de televisión como Línea 900 y Los Reporte-ros de Canal Sur), que se hicieron eco del asunto, ayu-

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dando a generar cierta conciencia social. Además, a raízdel caso del desahucio de Rosario Piudo, se crea en Sevi-lla una Plataforma de Inquilinos Amenazados (embriónde la actual Liga de Inquilinos-La Corriente) que articulaa personas en circunstancias parecidas y hace frente aeste tipo de atropellos. Por otra parte, el proceso de ex-propiación del inmueble iniciado por el Ayuntamiento deSevilla es muy lento –puede demorarse por varios años–y no ofrece garantías de un desenlace positivo.

En estas circunstancias, el último inquilino cuyo con-trato estaba a punto de expirar, abandona el inmueble enabril de 2005. En la misma fecha, un grupo de okupas seinstalan en varias dependencias del edificio y desarrollandiversas actividades culturales y alternativas. La casaokupada cuenta en un principio con el apoyo de los ve-cinos del barrio, pero en un tiempo, las gentes más acti-vas y dinámicas de la casa abandonan y surgen desave-nencias internas, iniciándose un proceso acelerado dedeterioro en la casa y en las relaciones con el entorno.

El Ayuntamiento, presionado por la Liga de Inquili-nos y otras entidades ciudadanas, continúa con el expe-diente de expropiación a los propietarios para que, unavez rehabilitadas las viviendas, sirvan para realojar fa-milias que sufran casos injustos de desahucio. Aún nohay nada definitivo y todo está a expensas de una lentaburocracia.

En todo caso, este proceso largo, doloroso y tremen-damente injusto para los antiguos vecinos de la Plaza dela Encarnación n.º 6, ha tenido sus consecuencias posi-tivas. El enorme impacto mediático que tuvo el desahu-cio de Rosario Piudo –hoy felizmente en una residenciade ancianos en buenas condiciones– sirvió de acicatepara remover la sociedad sevillana dando algunos bue-nos frutos:

1. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayunta-miento de Sevilla crea la Oficina Técnica de Asistencia aInquilinos en Situaciones de Abuso (OTAINSA), con va-rios técnicos entre los que hay un abogado y un arqui-tecto, entre otros, y que en pocas semanas ya había su-perado el centenar de consultas.

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2. En abril de 2005, tras un año de andadura reivin-dicativa de la PIA (Plataforma de Inquilinos Amenaza-dos), nace la Liga de Inquilinos-La Corriente, que desa-rrolla una inestimable labor ciudadana de asesoría agentes sin recursos; de denuncia de situaciones injustasy abusivas por parte de las promotoras inmobiliarias yde «asustaviejas»; reivindicativa ante las administracio-nes, medios de comunicación y sociedad civil; informa-tiva sobre los derechos de los inquilinos y sobre la si-tuación particular sevillana y global en otro puntos deAndalucía, del Estado y del mundo; de apoyo moral apersonas solitarias con graves carencias económicas yafectivas…

En definitiva, hoy la ciudad de Sevilla cuenta conuna herramienta ciudadana para combatir las ignomi-niosas prácticas de mobbing inmobiliario que se cebansiempre en la población más indefensa y para reivindi-car unas viviendas de alquiler dignas, estables y conprecios justos.

Ángel del Río Sánchez, antiguo inquilino del 3.º Tdel número 6 de la Plaza Encarnación

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13. La Casa del Aire amenazada

La conocida popularmente como Casa del Aire, situadaentre el número 20 de Beteta y 7 de Zenete, es la últimacasa de paso existente en el Albaicín. Se trata de un in-mueble del siglo XVII que por medio de su laberíntica es-tructura interna de patios, galerías y escaleras, comu-nica estas dos calles. A simple vista, el inmueble no sediferencia mucho de otras casas albaicineras: su aspec-to externo es similar al de muchas otras, y como tantasestá siendo sometida a un feroz acoso por parte de lamaquinaria inmobiliaria, siendo sus vecinos presionadospara abandonarla para dar paso a una población conmayor poder adquisitivo que residirá en casas que, bajola excusa de ser rehabilitadas, en la práctica resultan ex-poliadas, atomizadas y convertidas en apartamentos delujo. No obstante, una cuestión clave es la que ha hechoque los especuladores encuentren en esta casa una grandiferencia: la negativa de sus vecinos a ceder ante elacoso especulativo y su determinación de luchar por suvivienda y su dignidad.

¿Qué pasa con la Casa del Aire?

La situación privilegiada con la que cuenta la casa, si-tuada en el bajo Albaicín, la construcción del parking dela calle Zenete y las espectaculares vistas que se con-templan desde el inmueble, hacen de la Casa del Aire unbocado especialmente apetitoso para las mafias inmobi-liarias. Obviamente, las consecuencias las sufren unos

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vecinos con contratos de renta baja, alguno con contra-tos indefinidos o de larga duración, que pasan a ser mo-radores indeseados y que es necesario expulsar paramultiplicar beneficios.

La presión sobre los vecinos comenzó cuando en2004 Arrendamientos Puerta Elvira adquirió el inmuebley comenzó así una encarnizada campaña para echar alos «molestos» inquilinos y derribar la casa. Los mediosutilizados fueron variados y siempre desagradables paralos vecinos, que en algunos casos se marcharon de lacasa. Aquellos pisos que se quedaron vacíos fueron ocu-pados por personas de confianza para evitar prácticascomunes de acoso inmobiliario, tales como destrozos ocontratación de intimidadores que «habiten» las casas.En un primer momento Arrendamientos Puerta Elviradenunció estas ocupaciones, pero luego accedió a retirarlas denuncias por la campaña realizada por los vecinos,alcanzando con los ocupantes irregulares un acuerdoverbal según el cual se les permitiría permanecer indefi-nidamente en los pisos hasta que se resolviera todo elproceso legal pendiente sobre la Casa del Aire.

Tras una concentración y varios miles de carteles,ganamos la batalla contra Arrendamientos Puerta y losacobardados especuladores, viendo que los vecinos nonos íbamos y no les dejábamos especular con nuestrascasas, no tuvieron otra salida que la de vender la casa ala Inmobiliaria Edivara, perteneciente al Grupo Sol. Lasituación con esta nueva inmobiliaria es similar en loque respecta al acoso que sufren los vecinos; además nohan querido respetar los acuerdos alcanzados con losanteriores propietarios. No sólo se han dedicado a reali-zar visitas a la casa con patadas a la puerta y notasamenazantes, denuncias contra vecinos para no presen-tarse luego a los juicios, y otras medidas intimidatorias,sino otras más graves como denuncias por usurpación,el intento de desahucio de un vecino con contrato inde-finido que lleva viviendo en la casa 25 años, el corte delagua corriente, la negativa a dar de alta los suministrosbásicos y el deliberado abandono del inmueble.

La lucha de los vecinos ha sido dura y se ha llevadoa cabo en diversos frentes. No sólo se han denunciado

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públicamente y judicialmente las prácticas de acoso deEdivara y el Grupo Sol, sino que también se ha intenta-do por todos los medios evitar la destrucción del inmue-ble, consiguiendo que se catalogue y se reconozca suvalor arquitectónico y etnológico.

¿Qué queremos los vecinos de la Casa del Aire?

1. La inmediata retirada de las denuncias interpues-tas por Edivara y el cese definitivo del acoso a los veci-nos, es decir, el respeto de los acuerdos con el anteriorpropietario.

2. La renovación por parte de Edivara de los alqui-leres existentes bajo las mismas condiciones.

3. La conservación y rehabilitación del inmueble.Cuando hablamos de «conservación» no nos referimossólo a la dimensión física de la casa y a la de sus múlti-ples elementos de gran valor arquitectónico, sino tam-bién a la humana: el edificio debe conservarse con todossus actuales vecinos. Asimismo solicitamos que, de rea-lizarse obras de mantenimiento, éstas no conlleven el de-salojo de ningún vecino, ya que tenemos razones fun-dadas para pensar que esto puede ser una artimaña trasla que no se permitiría el regreso de los habitantes de lacasa.

4. Un local vecinal dentro del edificio: la lucha delos vecinos por esta casa ha hecho que surjan unas re-laciones de solidaridad y compañerismo entre los habi-tantes, que si bien han sido tradicionales de barrioscomo el Albaicín, se dan cada vez menos hoy en día. Espor eso que juzgamos necesaria la existencia de espa-cios donde estas prácticas puedan desarrollarse y ex-tenderse.

Fax: Texto para enviarles por fax a estos señores, mos-trándoles vuestro descontento por la situación. Fax958 26 01 01. En solidaridad con los vecinos de la Casadel Aire, y por su derecho a permanecer en sus vivien-das: Exigimos al Grupo Inmobiliario Sol y a EdivaraS.L. que cesen las presiones y amenazas hacia los veci-

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nos de la Casa del Aire, y se efectúe la inmediata reti-rada de las denuncias realizadas por parte de Juan Ra-fael Fernández Pérez o cualquier representante de am-bas empresas.

Vecin@s Casa del Aire (27/01/2006)

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Crónicas de la selva inmobiliaria:Valencia

Hablamos en esta sección de Valencia, que quizás, trasBarcelona, es la segunda ciudad mediterránea donde conmayor intensidad se han vivido las diferentes etapas dedesarrollismo urbanístico. La ciudad, donde el períodoentre 1990 y 2000 supuso un aumento del 50% de la ac-tividad urbanizadora, está acostumbrada a conflictos ur-banísticos en distintos puntos del territorio como El Ca-banyal, el barrio del Carmen, La Punta u Horta, que porotra parte han contado con notables respuestas sociales.

Como en otras macrociudades de litoral, el puerto seha convertido en uno de los puntos calientes de expan-sión urbanística, recogiendo inversiones institucionales«cuyos hipotéticos beneficios para la economía de todoslos valencianos todavía desconocemos», según el abo-gado Manuel Montiel Márquez. En las últimas décadas,éste ganó al mar más de 2.320.000 m2, a lo que hay queañadir la invasión de La Punta a finales de los 90, unazona de huerta donde miles de personas perdieron suscasas y su medio de vida, para la construcción de laZona de Actividades Logísticas.

En los tres textos de este bloque tratamos de ofreceruna visión que, aunque es necesariamente parcial por suespacio y lo que abarca, pretende ser significativa de loque el arquitecto Carlos Solà Palerm ha definido comola Valencia de lo grande: «una megalomanía y mitifica-ción de “lo grande”: grandes rascacielos; grandes even-tos; grandes avenidas que destrozan tramas históricas;grandes atentados patrimoniales, paisajísticos y socialescontra la huerta; grandes endeudamientos públicos.»

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El primer texto es un manifiesto firmado por nume-rosos colectivos y asociaciones de la geografía valencia-na, y que yendo más allá de la capital y su entorno co-marcal, pone de manifiesto la imparable e irreparablecarrera urbanizadora y sus consecuencias sociales, eco-nómicas y ecológicas.

El segundo texto, que da entrada al contenido prin-cipal de esta sección, es un manifiesto de la PlataformaSalvem el Cabanyal, que explica de manera sintéticatanto la historia del barrio, como el conflicto reciente entorno a la ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez queconforma el núcleo fundamental del llamado Plan delCabanyal-Canyamelar.

El tercer y último texto es una visión a fondo y apartir de los documentos jurídicos empleados por elabogado de la Plataforma Salvem el Cabanyal, de laseventuales consecuencias económicas, sociales y patri-moniales, sobre el barrio, de llevarse finalmente a caboel plan.

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14. Manifiesto: Compromiso por elterritorio

NOSOTROS, CIUDADANOS Y CIUDADANAS, en nom-bre propio y de los colectivos, organizaciones y entida-des cívicas que se adhieren,

CONSCIENTES DE LA GRAVE SITUACIÓN DEL TE-RRITORIO VALENCIANO: constantes agresiones al me-dio ambiente, especulación de la tierra y del agua, des-trucción del paisaje, de la naturaleza y del patrimoniocultural. Consecuencia de una economía basada en laconstrucción y en la producción del ocio, en detrimentode sectores como la industria y la agricultura, y todocon la exclusiva finalidad del beneficio particular inme-diato, sin ningún beneficio social y en manifiesta hosti-lidad hacia la opinión ciudadana.

NOS COMPROMETEMOS, DE FORMA CORRESPON-SABLE, en la defensa del territorio y de sus recursoscontra estas agresiones, en demanda de medidas que, enun marco de políticas sociales avanzadas, subordinen laeconomía a las necesidades reales de la población, de-jando de potenciar turismo y construcción como activi-dades primordiales, racionalizando la industria e impul-sando el trabajo del campo. Nuestro compromiso se ex-tiende a la demanda de cauces efectivos de participaciónciudadana en todos los ámbitos de la Administración, ymás concretamente en los procesos que afectan a pro-yectos urbanísticos, infraestructuras, actuaciones sobreel medio y ordenación del territorio.

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CONSECUENTEMENTE, EXIGIMOS a las Adminis-traciones locales, autonómicas, estatales y europeas, enlos ámbitos que les corresponda:

La no aprobación, la suspensión o la paralizaciónde proyectos, urbanísticos o no, que no acrediten o nohayan acreditado la suficiente transparencia informati-va, así como los requisitos de acuerdo previo con losciudadanos afectados y de amplia aceptación social,tanto en los objetivos concretos del proyecto como ensu impacto ambiental y cultural.

Una nueva normativa legal, elaborada con la parti-cipación ciudadana, que tenga como objetivos clarosfrenar la especulación y primar la protección del medio,del paisaje y del patrimonio cultural sobre los objetivosconcretos de los proyectos, y que, además, favorezcavías efectivas de participación ciudadana. Hasta la apro-bación de esa normativa debe quedar en suspenso la tra-mitación o la ejecución de cualquier proyecto que afec-te de forma importante al territorio.

La apertura de un amplio debate social con el ob-jetivo de delimitar las líneas maestras de un modeloterritorial, social, económico y energético que respondaa las necesidades reales de la población, racionalice lossectores productivos, limite la actividad urbanística, im-pida la especulación, proteja y respete de forma efectivael medio natural y el patrimonio cultural, y fomente eluso racional de los recursos naturales y energéticos.

22 de julio de 2005

Acció Ecologista-Agró, Associació barriodelcarmen.net (Valen-cia), Associació de Veïns «Clot de Barrabàs» (Godella), Associa-ció de Veïns «Pla del Pou» (St. Antoni de Benagèber), AssociacióVentpluig (Vall de Guadalest), Ateneu Llibertari del Cabanyal(Valencia), Ca Revolta-Centre de Recursos Just Ramírez (Valen-cia), Colectivo Marfull-Agró (Alborache), Col·lectiu Banusaidi(Beneixida), Col·lectiu Cigronet (Castelló de la Plana), Col·lectiuEl Runar (Benissa), Coordinadora d’Estudis Eòlics (El Comtat),

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Departament de Sociologia-Investigació i Territori (Universitat deValència), Federació Escola Valenciana, La Carrasca-Ecologistesen Acció (Alcoi), Marina Lliure (La Marina), Montesa TerritoriViu (Montesa), Moviment Resistència Global, No a la Muralla del’AVE, Per l’Horta Plataforma Horta Sud, Plataforma Kontral’Alta Tensió i l’Especulació-PKAT (La Valldigna), PlataformaLa Valldigna Sostenible (La Valldigna), Plataforma Salvem Cata-rrosa, Plataforma pel Ferrocarril (Valencia), Plataforma pels Po-bles de la Sabor, Plataforma per Russafa (Valencia), Ràdio Mal-va, Salvem el Botànic (Valencia), Salvem el Cabanyal (Valencia),Salvem el Desert (Castelló de la Plana), Salvem la Bossarta (Car-caixent), Salvem la Casella (Alzira), Salvem l’Alforí (Fontanarsdels Alforins), Salvem Porxinos (Riba-roja de Túria), Salvem Sa-net-La Rectoria (La Marina), Salvem Segària-Vinyals (Ondara),Xúquer Viu, WWF, Adena (Valencia).

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15. Cabanyal-Canyamelar: un Biende Interés Cultural en peligro deextinción

El Cabanyal-Canyamelar es desde finales del XIX el ba-rrio marinero de la ciudad de Valencia. Guarda todavíael sistema urbano reticular derivado de las barracas, an-tiguas viviendas típicas de la zona valenciana.

Una vez más asistimos a la eterna confrontación:entre la conservación del patrimonio o el «desarrollo es-peculativo» de una ciudad. Desde el siglo pasado los ha-bitantes del Cabañal hemos vivido con la amenaza de laprolongación de la Avenida Blasco Ibáñez, hasta quecon la construcción de la estación de RENFE en la con-fluencia con la Avenida de Serrería, se creía que ahí sefinalizaba la historia de una Avenida-Paseo, que teníasu inicio-final en los jardines de Viveros y su final-ini-cio en la estación de RENFE y en el barrio del Cabanyal.Era la tan deseada conexión de Valencia con los Pobla-dos Marítimos.

Pero en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia deldía 24 de julio de 1998, el Partido Popular, que goza demayoría y en contra de las demás fuerzas políticas (Par-tido Socialista, Esquerra Unida y Unió Valenciana), apro-bó el anteproyecto de Prolongación de la Avenida BlascoIbáñez hasta el mar. El proyecto de prolongar la aveni-da supone la destrucción de 1.651 viviendas, destruyen-do la trama urbana de este conjunto declarado Bien deInterés Cultural (BIC), al seccionar la población en dosmitades totalmente aisladas.

No sólo se destruye un Conjunto Histórico con edi-ficaciones centenarias tan emblemáticas como la Casadels Bous y la Lonja de Pescadores, privando al pueblo

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valenciano de una de sus señas de identidad y de sucontribución a la Cultura Universal, sino que se destru-ye también un modo de vida, de relaciones sociales yhumanas, una cultura e idiosincrasia peculiar derivadade su relación con el mar, etc.

Desde entonces los vecinos del Cabanyal-Canyame-lar-Cap de França no hemos dejado de luchar por nues-tros derechos y hogares, solicitando un Plan de Conser-vación y Rehabilitación del barrio, sin recibir respuestaalguna por parte del Ayuntamiento de Valencia, que nisiquiera ha accedido a reunirse con nosotros.

Orígenes

Este barrio hasta 1897 fue un municipio independientellamado Poble Nou de la Mar. Su peculiar trama en retí-cula deriva de las alineaciones de las antiguas barracas,paralelas al mar. Pueblo principalmente de pescadores,pronto se convirtió en una zona de interés como lugarde descanso y ocio; muestra de ello son un buen núme-ro de alquerías que aparecían junto con las barracas,pertenecientes a los más favorecidos en el siglo XVIII, ola presencia de fondas que se anunciaban en la prensade la época. A lo largo del siglo XIX la población creció deforma paralela hacia el mar, y en el cambio de siglo losveraneantes de Valencia empezaron a alquilar y comprarlas casas de pescadores y obreros portuarios para la épo-ca de baños. De hecho, la alta burguesía valenciana seconstruye lujosos chalets a lo largo de la playa desde losBaños de las Arenas (chalet de Blasco Ibáñez, 1902).

Argumentos legales

El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 1988calificará el barrio como Zona de Planeamiento diferida,al no llegar a una solución o acuerdo entre la Prolonga-ción de Blasco Ibáñez, o la conservación del entramadourbano. Aquí se inicia un lento deterioro al concederse es-casas licencias de obras y ante la amenaza de destrucción.

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El Cabanyal-Canyamelar es declarado Bien de Inte-rés Cultural por Decreto de 3 de mayo de 1993. La de-claración de Bien de Interés Cultural determinará para elAyuntamiento correspondiente la obligación de aprobarprovisionalmente un Plan Especial de protección delbien y remitirlo al órgano urbanístico competente parasu aprobación definitiva en el plazo de un año desde lapublicación de la declaración. Así pues, el Cabanyal sesomete a las normas y medidas proteccionistas de la Leyde Patrimonio Histórico de 1985, cuya finalidad es sal-vaguardar los bienes de interés cultural e histórico.

No se acaba aquí el marco legal: tras la declaracióndel Conjunto Histórico de Valencia como Bien de InterésCultural se realiza un Convenio Marco de colaboraciónentre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento deValencia para el desarrollo y ejecución del planeamien-to urbanístico del conjunto histórico de la ciudad, fir-mado en junio de 1994 entre la alcaldesa de ValenciaRita Barberá Nolla y la consellera de Cultura Pilar Pe-draza Martínez.

Según la Ley de Patrimonio Cultural-Valenciano,cap. III, artículo 39, punto 2: «Los Planes Especiales deprotección de los Conjuntos Históricos tendrán en cuen-ta los siguientes criterios: a) se mantendrá la estructuraurbana y arquitectónica del Conjunto y las característi-cas generales del ambiente y de la silueta paisajística.No se permitirán modificaciones de alineaciones, altera-ciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregacio-nes de inmuebles salvo que contribuyan a la mejor con-servación general del Conjunto.»

Así pues el proyecto de prolongación de la AvenidaBlasco Ibáñez pasa por encima de la cultura y de las le-yes, así como de la voluntad y forma de vida de un pue-blo. En lugar de recuperar y conservar una zona confuturo como centro de atracción cultural y turística (cuan-do viajamos nos gusta visitar las zonas antiguas y pecu-liares de una ciudad), y como legado de identidad paralas generaciones futuras, creamos una ciudad cada vezmenos habitable en aras de un desarrollismo bárbaro tí-pico de los años sesenta.

Por una rehabilitación sin destrucción, por una ar-

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quitectura sostenible, por la conservación de nuestropatrimonio, solicitamos al equipo de gobierno del Ayun-tamiento de Valencia que reflexione y, que rectifique,que rectificar es de sabios.

La conservación y rehabilitación del Cabanyal-Ca-nyamelar supondría para la ciudad de Valencia la posi-bilidad de disfrutar y poseer un Centro Histórico únicoen Europa, que podría convertirse en reclamo turísticode gran interés, además de un barrio residencial para lasgeneraciones futuras, con un entramado urbano respe-tuoso con su entorno, la tradición y el Arte. Su destruc-ción supondría para Valencia un paso más hacia la pér-dida total de su identidad.

Plataforma Salvem el Cabanyal

El 22 de abril de 1998 varias entidades crean la Plata-forma Salvem El Cabanyal para evitar la prolongaciónde Blasco Ibáñez (vecinos, comerciantes, los partidospolíticos en la oposición y entidades culturales). Esa esla fecha en que comienzan las acciones de la PlataformaSalvem el Cabanyal. La primera de esas acciones es lacelebración de tres cenas populares en una de las plazasdel barrio durante los meses de junio y julio. Se presen-tan cuatro mil escritos en contra del plan municipal.

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16. El PEPRI1 del Cabanyal: destruirun barrio para vender el mar

Los pilares sobre los que se asienta la economía delbienestar son la eficiencia y la equidad. Eficiencia signi-fica hacer bien las cosas, y eficacia supone simplementehacerlas. La equidad se puede explicar como la cualidadde un trato en que ninguna de las partes sale injusta-mente mejorada en perjuicio de otra.

Para poder juzgar las decisiones organizativas o ad-ministrativas, que se toman diariamente tanto desde laesfera pública como privada, es necesario disponer deun criterio lo más objetivo posible. Necesitamos concre-tar qué se entiende por una decisión óptima. Sabremosque nos encontramos ante una decisión óptima cuandoal analizar las consecuencias derivadas de su aplicación,se comprueba que se incrementa el bienestar de un gru-po de personas, sin perjudicar a otras.

Este tipo de decisiones es difícil de conseguir, pues-to que los cambios económicos o sociales suponen ge-neralmente pérdidas y ganancias a diferentes grupos so-ciales. Pero no es demasiado complicado establecer unprincipio básico: el grado de equidad y eficiencia se po-drá medir según que las consecuencias de una decisiónsupongan más beneficios que perjuicios sociales.

Bajo este criterio se debe analizar la decisión de pro-longar la Avenida de Blasco Ibáñez, partiendo el Caba-nyal-Canyamelar en dos y alterando gravemente la tra-ma urbana.

Como era de esperar, la planificación urbanística pro-

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1. Plan Especial de Protección y Reforma Interior.

puesta en el PEPRI –prolongación de la Avenida de Blas-co Ibáñez– supone pérdidas y ganancias a diferentesgrupos sociales. Es por esta razón que, además de todotipo de argumentaciones técnicas sobre la trama urbana,sobre la catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC),etc., sea necesario un análisis bajo la perspectiva econó-mica.

Costes

Los cambios urbanísticos propuestos provocarán a losafectados directos –recordemos que son 1.651 familias–,unas pérdidas económicas valorables monetariamente.Bastaría determinar la diferencia entre lo que les van adar por su actual vivienda –por cierto, secreto sumarialhasta el último momento– y el precio de una nueva desimilares características. Además se deberán tener encuenta otras pérdidas que los economistas no están tanacostumbrados a valorar: si los habitantes no quierendejar sus actuales viviendas, ¿cuánto vale separarte de tufamilia?, ¿cuánto valen tus sentimientos?, ¿cuánto valereconocerte en tu casa y en tu ambiente?, ¿cuánto vale vi-vir en una casa rodeada/o por vecinos con los que exis-te una estrecha relación «de toda la vida»?, ¿cuánto valevolver a empezar una vida de sacrificio para pagar unahipoteca? Así podría seguir haciendo preguntas y máspreguntas.... De momento vamos a poner esto en un pla-to de la balanza.

Beneficios

La revalorización de algunas viviendas que queden me-jor situadas por las obras de apertura de calles. Algunospropietarios, pocos, debido a la estructura parcelaria desu propiedad, pueden salir beneficiados por las indemni-zaciones. Otro grupo beneficiario van a ser las empresasque se queden encargadas de ejecutar las obras y venderlos nuevos pisos con sus locales comerciales. Otro grupode beneficiarios será el que se apodere de la zona de ocio

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en la playa, hoteles, discotecas. Otro grupo de beneficia-rios puede ser el de los ciudadanos cuyas viviendas limi-ten con el Cabanyal: éstos podrán disfrutar de una pro-longación de la Avenida Blasco Ibáñez para llegar de dosa cinco minutos antes a la playa. Únicamente tenemos encuenta a los vecinos que limiten, porque para acceder allitoral desde otros puntos de la ciudad existen otros ac-cesos más rápidos: Av. de los Naranjos, Av. del Puerto,Av. de Francia, Av. Baleares y otros accesos, por el sur, alfuturo Balcón al Mar.

Costes de oportunidad

En un estudio económico no se puede dejar de considerarel coste de oportunidad; debemos considerar qué se deja-rá de hacer y qué repercusiones y perjuicios tendrá en loshabitantes de la ciudad dejar de invertir el dinero dedica-do a la prolongación. La inversión, según datos del pro-pio proyecto municipal, llegará a 27.000.000.000 pesetas.Dejen 5.000.000.000 para un plan de rehabilitación sindestrucción del Cabanyal-Canyamelar.

Cuántas inversiones se podrían realizar en este u otrosbarrios de la ciudad. ¡Cuánto se podrá hacer con losotros 22.000.000! Cuántos servicios, dotaciones, cons-trucciones escolares.

Nadie nunca ha concretado en qué se fundamenta elinterés general de este proyecto.

Previsiones indemnizatorias

De manera reiterada, tanto el Ayuntamiento como el res-to de partidarios de la prolongación, manifiestan la ne-cesidad de ser generosos con los afectados. Incluso elAyuntamiento en el Texto del Acuerdo de AprobaciónProvisional del Pleno del Ayuntamiento de 25 de enerode 2001, después de desestimar las alegaciones referidasal coste humano que supondrán los desalojos forzosos,se compromete a permutar las viviendas por una nuevadel entorno, al realojo de los afectados, y a hacer la va-

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loración económica de las viviendas afectadas a preciosde mercado.

Sin embargo, en el mismo texto se reconoce que elPlan sólo cuenta con 9.105.188.000 ptas. para el pago delas viviendas que pretende arrasar. Decimos sólo, porquecomo se sabe, la Administración sólo puede comprome-terse en aquellas cuestiones sobre las que exista una par-tida presupuestaria aprobada y reservada. 9.105.188.000ptas. que divididas entre las 1.651 viviendas afectadasdan un total de 5.514.953 ptas. Esa es la suma total quepodrían recibir, por término medio, los afectados de eje-cutarse el proyecto; nunca será superior a la señaladamientras no se apruebe y reserve una partida presupues-taria.

En el mismo texto, se responde a la alegación mani-festada por Manuel Pérez Montiel, que había expuesto«que los precios previstos para pagar las viviendas quepretenden derribar (unas 50.000 ptas./m2, de media), esun precio inferior al que se paga por el resto de vivien-da del barrio». El Ayuntamiento tiene el descaro de afir-mar que los precios superiores a los previstos para pagarlos derribos se refieren a otros barrios de la ciudad, perono en el Cabanyal-Canyamelar. Afirmación que se hacesin citar un sólo dato que la justifique.

Estudios económicos

Manuel Pérez Montiel, catedrático de Economía de laEscuela Técnica Superior de Arquitectura, en las páginasdel suplemento dominical «Territorio y Vivienda», delperiódico Levante del 28 de enero de 2001, publicaba unartículo sobre el precio de las viviendas afectadas por elPEPRI, en que entre otras cosas se decía:

«La señora Barberá ya ha reiterado su disposición deser generosa con las indemnizaciones y las expropiacio-nes. Y ha mencionado un valor medio de las expropia-ciones del orden de 50.900 pesetas el metro cuadrado devivienda. [...]

Creo que a la señora Barberá la han asesorado mal,apenas hay en Valencia viviendas que valgan esas 50.000

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pesetas el metro cuadrado que piensa pagar. En otraspalabras, ése no es el precio de mercado de las viviendasen Valencia. En Valencia la vivienda es ligeramente máscara. En el caso del Cabañal se pueden hacer algunasobservaciones concretas.

La primera observación es comprobar lo que valenlas viviendas en el Cabanyal en las zonas que no estánafectadas por este urbanicidio. Un recorrido por lasagencias inmobiliarias del Cabanyal pone en evidenciaque no hay apenas ninguna oferta de menos de 100.000pesetas el metro cuadrado para viviendas equivalentes alas que se van a expropiar. Y precios de 125.000 ptas.para viviendas de mejor calidad no son infrecuentes. Merefiero a viviendas en las mismas calles que van a serafectadas por la prolongación: Barraca, Progreso o Pa-dre Luis Navarro. Eso llevaría las expropiaciones de lasviviendas a más del doble de la cifra que tiene previstael Ayuntamiento. Digamos unos 20.000 millones de pe-setas.

Esto es aceptando el planteamiento del Ayuntamien-to, que en su estudio –si es que se le puede llamar estu-dio– tiene en cuenta únicamente las más de 1.500 vi-viendas a expropiar. Pero en la zona a intervenir haynegocios, comercios, talleres, oficinas que no han sidoni siquiera tenidos en cuenta en los estudios y que tie-nen un valor muy superior al de las viviendas ¿Cuántovale expropiar una joyería, una farmacia, un estanco oun taller de reparación de automóviles? Algo más que laexpropiación de las viviendas.

Por otra parte, no se tiene en cuenta que lo que seestá expropiando no es tanto los edificios como el sue-lo. Una vivienda modesta, unifamiliar en la calle Esca-lante o Progreso tiene un valor elevado porque es, ade-más de vivienda, solar. Lo que el Ayuntamiento tendríaque expropiar no es tanto la construcción como el sueloresultante y el vuelo que se puede construir sobre esesuelo: una, dos, tres o más alturas. Se expropia funda-mentalmente el suelo. Y el Ayuntamiento sabe lo quevale el suelo en cualquier parte de Valencia.

Conviene que el Ayuntamiento se olvide de los va-lores catastrales como valores de referencia para llevar

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a cabo las expropiaciones que pretende. Conviene quesus expertos hagan bien los números. Se asombraráncon las cifras reales. Un cálculo moderado de los preciosde mercado de todo el suelo y edificaciones que se pre-tende expropiar lo sitúa en torno a los 25.000 millonesde pesetas.

Desde luego, no valen los números que acompaña-ban al proyecto que hace dos años se expuso al público.Aquellos números eran una mera declaración de inten-ciones sin ninguna clase de fundamento.

La magnitud económica del proyecto en discusiónes demasiado grande como para que no se evalúe concuidado, detalle y rigor el coste económico de las ex-propiaciones de las viviendas, de los negocios y del sue-lo. Otra cosa sería querer que sean los propietarios deesas viviendas, negocios y suelo quienes financien, a sucosta, la realización de un proyecto urbanístico. Si laciudad quiere una prolongación del paseo de Blasco Ibá-ñez, que la pague a los precios de mercado. No hay ne-cesidad de ser generosos con quienes van a perder su vi-vienda, su negocio, y su modo de vida y que, además,no quieren perderlo. Simplemente, hay que ajustarse almercado.»

Estudio reciente del precio de la vivienda

En el mismo suplemento dominical «Territorio y Vivien-da», del periódico Levante del 31 de diciembre de 2000,se publicaba un artículo sobre el precio de las viviendasal fin del siglo, cuyo precio medio de vivienda en la ciu-dad de Valencia es de 157.300 ptas./m2. Es decir, tres ve-ces más que el precio previsto por la «generosidad» delAyuntamiento. El estudio viene a desmentir al Ayun-tamiento y dar la razón al Sr. Pérez Montiel. El Ayunta-miento de Valencia, no prueba que la vivienda en el Ca-banyal está más deteriorada que en el resto de barrios dela ciudad, porque no es así, pero es que además el valordel solar del Cabanyal es superior a la media del resto deBarrios de Valencia, y ello por el lugar privilegiado queocupa dentro de la ciudad, y junto al mar. En todo caso,

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debe quedar claro que con la propuesta del Ayunta-miento, no se paga ni el valor de repercusión de los te-rrenos que se piensan expropiar.

Sobre el tema de la situación del Cabanyal, interesacitar otro artículo del catedrático Sr. Pérez Montiel, pu-blicado en el suplemento dominical «Territorio y Vivien-da», del periódico Levante del 25 de febrero de 2001, queentre otras cosas decía acerca del Plan del Cabanyal-Canyamelar:

«La justificación del plan es que el barrio está de-gradado y que el plan lo puede regenerar. Como dicenlos lógicos, niego la mayor. Nadie ha medido el estado delbarrio para poder considerarlo, de modo objetivo, comodegradado. Desde luego, los estudios que apoyan el plandel Ayuntamiento se limitan a hacer una afirmación sinninguna clase de estudio, investigación o trabajo de cam-po. El barrio está degradado porque lo dicen los redac-tores del plan. Una comparación del Cabanyal con otrosbarrios de Valencia sería ventajosa para éste. El Caban-yal no está en peor situación que Russafa o Monteolive-te, por ejemplo.

De las palabras citadas no se desprende causa algu-na que justifique los bajos precios previstos para pagarlos inmuebles que piensan derribar. A no ser que la cau-sa de las reformas urbanas y causa de los derribos, queno tiene nada que ver con la protección del barrio, ten-gan como objetivo facilitar una operación especulativa,dentro del mismo proyecto de protección del barrio, in-confesable por impopular y ser contraria a derecho.»

El plan omite conservar inmuebles protegidos porla legislación

Como correctamente señalan las alegaciones del Subse-cretario de Urbanismo, la protección ambiental del PE-PRI es una protección aparente, ya que permite su derri-bo posterior según criterio de oportunidad política. Con-cretamente nos dice:

«La valoración de la actuación desde el punto devista del patrimonio histórico-artístico corresponde a la

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Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. No obstan-te, cabe hacer una apreciación general de que quizá laprotección de edificaciones pueda ser más aparente queefectiva, ya que la mayoría de edificaciones protegidas(548 de las 559 edificaciones protegidas) lo son con elnivel de protección ambiental que admite, en último ex-tremo, la demolición y sustitución por nuevas edifica-ciones.»

Cabe recordar los datos referidos a los efectos que laejecución del PEPRI provocaría en el patrimonio catalo-gado señalado en el Informe sobre el valor de la cerámi-ca presente en el barrio, en el que se concluye:

Edificios existentes 649 100%Edificios que se derriban 184 28%Edificios protegidos 263 41%Edificios protegidos a derribar 100 38%Edificios que no se derriban pero se desprotegen 55 21%Total de edificios descatalogados 100+55 = 155 59%

La aplicación de este Plan de Protección sobre estaparte central de la zona Bien de Interés Cultural del ba-rrio del Cabanyal supone el derribo de 100 edificios pro-tegidos y la desprotección de 55 de los 263 protegidos.Entre los edificios que se derriban y los que se descata-logan como protegidos, desaparecerán el 59% de los queprotege el Plan General aún vigente. El argumento utili-zado por el Plan para justificar esta demolición es quecontribuirá a «la mejor conservación del conjunto».

El Plan ignora la opinión de los profesionalesespecialistas en patrimonio

No se tienen en cuenta los criterios del arquitecto inspec-tor, manifestados en su informe de 21 de junio de 2000.Ello se deduce, no sólo porque no los hayan adoptado otenido en consideración, sino porque una vez conocidosu contenido, no intentaron siquiera contrarrestarlo conel de otro especialista en la materia, sino que trataron dehacerlo desaparecer negando su existencia.

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En segundo lugar, los informes tenidos en cuentapor la Conselleria no fueron solicitados por dicha admi-nistración a funcionarios especialistas y con competen-cias sobre el tema, a fin de conformar un conocimientoobjetivo sobre el problema. Curiosamente, fue el propioAyuntamiento el que solicitó los mencionados informesentre el personal de su confianza, circunstancia que ob-viamente le aseguraba un trato de favor.

En tercer lugar, los informes hechos a medida delAyuntamiento, ni tan siquiera fueron sometidos a nue-vo informe por los técnicos de la Conselleria. Se puedeobservar sin esfuerzo, que se realizó la simple operaciónde copiar y pegar directamente para la emisión definiti-va del informe.

No hay luz verde para el plan del Cabanyal

El pasado octubre del 2004, el Tribunal Superior de Justi-cia de la Comunidad Valenciana dictaba sentencia favo-rable a la prolongación de la Avda. de Blasco Ibáñez a tra-vés del Cabanyal. Generalmente se interpretó que la mis-ma suponía luz verde para el plan y que el Ayuntamientode Valencia podría iniciar los derribos, ya que la mismasentencia negaba la posibilidad de recurso alguno.

Nosotros en ningún momento compartimos esa va-loración, por lo que manifestamos que el plan solamen-te podía gozar de luz ámbar. El hecho es que en su díainsistimos en que la sentencia favorable al Ayuntamien-to permitiría al plan seguir sus trámites, pero no sinriesgo de sufrir obstrucciones, paralizarse de nuevo o serdeclarado ilegal al final. Afirmamos que la sentencia nidecidía ni resolvía el conflicto de forma definitiva, a pe-sar de que desde el Ayuntamiento se repetía cada díaque se trataba de una sentencia firme y de un caso judi-cialmente cerrado.

Cuando apenas había pasado un mes desde nuestravaloración, el Tribunal Superior de Justicia de la Comu-nidad de Madrid, con fecha de 29/10/04, dictaba unasentencia favorable a las tesis de Salvem el Cabanyal,señalando que el Ministerio de Cultura es la administra-

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ción competente en materia de expolio, y con los datosque del plan le habíamos aportado a ese mismo ministe-rio, había suficientes indicios para pensar que el PEPRIdel Cabanyal podía implicar un acto de expolio al reba-jar el nivel de protección mínimo establecido en la Leyde patrimonio histórico español. Así que dicha sentenciaanulaba el archivo de nuestra denuncia y ordenaba alministerio que ejerciera su competencia y se pronuncia-ra sobre si hay o no expolio. Cierto que la sentencia hasido recurrida por la Generalitat Valenciana, pero si esconfirmada, como esperamos, al final el ministerio ten-drá que pronunciarse respecto a si el PEPRI implica ex-polio, y de estimarse así el plan resultaría nulo y lassentencias que pueda dictar el TSJ de Valencia queda-rían sin efecto.

En segundo lugar, cuando el Ayuntamiento ha con-cedido la primera licencia de derribo, con el fin de crearsolares en el ámbito del conjunto histórico declaradoBien de Interés Cultural, con el objeto de degradar el ba-rrio, las hemos recurrido y solicitado su suspensión cau-telar, que se nos ha concedido con fecha de 6/5/2005.

En tercer lugar, a pesar de que el TSJ afirmara que lasentencia dictada en octubre era firme, nosotros, ante esemismo tribunal, presentamos los correspondientes recur-sos de casación y de reposición, que nos fueron desesti-mados con argumentos que no tenían nada que ver conlos motivos de casación que se alegaban. Entonces acu-dimos con grandes esperanzas ante el Tribunal Supremo,en recurso de queja, solicitando que fuera estimado yque él mismo pase a dictar sentencia que sustituya la delTSJ de Valencia. No es que tengamos una fe ciega en lajusticia, pues todos recordamos actuaciones como la delos fiscales Cardenal y Fungairiño, que supuestamente sehacían en aplicación del imperio de la ley.

Lo que ocurre es que se trata de una sentencia quepara justificar la desestimación de nuestro recurso diceque no aportamos prueba pericial alguna, cuando fueron15 las aportadas, admitidas y practicadas. Que dice queno hemos intentado probar aspectos de los que solicita-mos, lo que prueba que nos fue denegada su práctica. Queconfunde las determinaciones del PGOU con el decreto de

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declaración de BIC. Que dice que no se recurrió la resolu-ción de la Conselleria de Cultura para no pronunciarse so-bre su legalidad, cuando se cita y se aporta en la primerapágina del primer escrito. Que manifiesta que lo que noso-tros recurrimos es la declaración de BIC del año 1993 y noel PEPRI del año 2001. Que admite la valoración sobre untema de geografía de un arquitecto, conocido por su dispo-sición a justificar lo que le piden sus clientes, frente a larealizada por un prestigioso catedrático de geografía. Enfin, un cúmulo de errores que sólo se explican porque quie-nes con su voto respaldaron la sentencia no conocían elexpediente ni las normas aplicables al caso. Porque pensarque conociendo el expediente y las normas aplicables de-cidieron decir lo que dijeron nos llevaría al juzgado deguardia y a desconfiar de una administración de justiciaque necesita ser respetada para reforzar el estado de dere-cho que todos decimos desear.

El caso es que ahora el Tribunal Supremo respaldanuestros criterios al estimar que son de aplicación alcaso normas estatales y jurisprudencia ignoradas por lasentencia y que nosotros venimos señalando desde elinicio del conflicto. Pero en todo caso, debe quedar cla-ro que cuando decíamos que el conflicto no estaba re-suelto, en vía judicial, y que el plan no podía gozar deotra cosa que no fuera luz ámbar, estábamos menos so-los de lo que muchos creían. Pues mientras la jurispru-dencia del Tribunal Supremo respalde nuestros criteriosgozaremos del suficiente apoyo para que el conflicto seresuelva a favor de la legalidad, que nosotros pedimos,con independencia del número de personas que crea ennuestra lucha. Todo ello, sin olvidar que para ejecutarseel PEPRI de Cabanyal la Administración necesita toda-vía tramitar y aprobar un proyecto de expropiación y deurbanización que aún no ha sido iniciado y que está porver si cumplirá las exigencias legales.

José Luis Ramos, abogado,miembro de Salvem el Cabanyal

www.cabanyal.com/homecastellano.htmwww.cabanyal.com/comunicado%20prensa/ramos8-06-05.html

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17. La Carta de medidas contra laviolencia inmobiliaria yurbanística

La idea de elaborar una Carta de medidas contra la vio-lencia inmobiliaria y urbanística se empezó a forjar enBarcelona a finales de 2004 en el entorno de grupos queluchaban y luchan contra la especulación inmobiliaria,la destrucción de los barrios revestida de reformas urba-nísticas, así como contra el fenómeno del mobbing in-mobiliario que se había extendido como una lacra deba-jo de la piel reluciente de la Barcelona Fashion, Guapa yCívica.

En la medida en que nos estábamos adentrando enla problemática del mobbing nos dimos cuenta de la mag-nitud de impunidad de una selva inmobiliaria y urba-nística regida únicamente por el poder del dinero y cuyaexistencia se debe a la inhibición, si no a la promo-ción, por parte de las administraciones públicas. Nos di-mos cuenta de que la figura del «asustaviejas» sólo erala expresión más extrema de una práctica generalizadade acoso y cercado de las clases populares: la escalada delos precios de las viviendas, los contratos precarizadosde alquileres abusivos, la expulsión de vecinos pobres,la privatización y mercantilización del espacio público,la destrucción de tejidos sociales... Nos dimos cuenta deque todos estos hechos –generados por un mercadocompletamente desregulado y agravados por la exten-sión de la precariedad no sólo al mundo laboral sinotambién a otros aspectos de la vida–, conforman un es-cenario que violenta las condiciones de vida de un nú-mero cada vez mayor de personas. Un escenario de vio-lencia inmobiliaria y urbanística al que los partidos de

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la izquierda parlamentaria han respondido con una cor-tina de humo compuesta de medidas parciales, contra-dictorias y contraproducentes con las que pregonan ga-rantizar el «derecho a la vivienda y a la ciudad».

Por otra parte, queríamos contribuir con la Carta ala discusión iniciada por la Plataforma Veïnal Contra l’Es-peculació de Barcelona sobre el modelo de ciudad quesufrimos y la ciudad que queremos. Se trataba de iniciarun debate a fondo sobre cómo se podrían dotar las lu-chas en torno al territorio de una herramienta común.Una herramienta que fuera útil para los conflictos veci-nales «coyunturales» y que, al mismo tiempo, apuntaramás allá de cada conflicto concreto. Un lugar común deresistencias capaz de dar pie a todo un abanico de inter-venciones sostenidas contra la violencia inmobiliaria yurbanística.

En los últimos años se habían, constatado los límitesde una defensa meramente reactiva tanto ante casos deacoso inmobiliario, como ante planes urbanísticos. In-troducirse en los laberintos jurídicos, aunque necesarioe imperativo a la hora de seguir el día a día de un pro-ceso de violencia inmobiliaria o urbanística, suele tenerpocos resultados concretos e implica el endeudamientoeconómico para pagar abogados y el desgaste de los afec-tados que se enfrentan a un poder económico amparadopor una Administración que tiene más recursos y mástiempo. Por otro lado, el trabajo en el ámbito mediático,hecho desde el caso concreto, acababa reduciendo al ni-vel de anécdota o casualidad desafortunada sin contex-to, unas formas de violencia que responden a un marcogeneral de mercantilización de la vivienda y el espaciourbano. Finalmente, el ritmo de ascenso y posterior des-censo de intensidad de cada conflicto concreto (muchasveces, además, con un final no muy afortunado) hacíaque se tuviera la sensación de estar empezando cada vezdesde cero. Desde varios colectivos implicados en las lu-chas territoriales se veía pues la necesidad de devolveral marco político que les es propio las luchas contra laespeculación, y hacerlo a partir de un proceso comúnque permitiera abstraer desde cada lucha concreta loscondicionantes políticos generales y, a la inversa, mate-

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rializar en pequeñas luchas concretas que proliferan a lolargo y ancho del territorio un marco de exigencias másabstractas.

A partir de estas consideraciones se redactó un dos-sier sobre la problemática, una primera propuesta de laCarta y se convocó al primer Taller contra la violenciainmobiliaria y urbanística, al que asistió una gran va-riedad de personas: afectados por el mobbing, grupos yrepresentantes vecinales, arquitectos, urbanistas, aboga-dos y colectivos de okupas. Las conclusiones principalesdel debate fueron: a) seguir perfeccionando la Carta abase de consultas y discusiones con «especialistas» y conlos grupos y colectivos de los barrios de la ciudad, y b)continuar con el formato taller entendido como un la-boratorio de ideas y de propuestas de acciones que seconvoca según las necesidades de cada momento de for-ma itinerante en los distintos distritos.

El proceso de consulta y debate realizado durantelos meses posteriores llevó a la versión de la Carta demedidas que reproducimos al final de este texto. La Car-ta contiene, en primer lugar, una crítica a la violenciainmobiliaria y urbanística junto con un conjunto de exi-gencias con las que se interpela a la Administración, yva acompañada de las adhesiones de colectivos y perso-nas a título individual. Este modelo, ya usado en repeti-das ocasiones, tiene sin embargo algunas peculiaridadesen el caso que nos ocupa. En primer lugar, el documen-to ha sido redactado a partir de un proceso colectivo di-latado en el tiempo para intentar recoger todas las vocesimplicadas sin por ello recurrir a un listado de exigen-cias coyunturales concretas. En segundo lugar, se tratade una Carta que sitúa las cosas en un marco que vamás allá de la reforma o el posibilismo, a partir de unasexigencias que acabarían de una vez por todas con laespeculación inmobiliaria, exigencias que son, por otrolado «posibles» y enumeradas. Ante ellas no sirven lasrespuestas a medias o las cortinas de humo a las que nostiene acostumbrados la clase política. Finalmente, esuna Carta para la acción, ya que se compromete a hacerefectivo el derecho a la vivienda y la ciudad desde la de-sobediencia civil y, por consiguiente, constituye un do-

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cumento-desafío desde la práctica colectiva mientras nose acepten las medidas exigidas.

Las reivindicaciones de Carta se dividen en dos gran-des bloques. El primero exige tres medidas legalmenteposibles, pero que van completamente contra la corrien-te dominante del capitalismo especulativo asistido por elEstado. La aplicación de estas medidas cortaría de raíz laespeculación inmobiliaria porque sacarían la vivienda yla gestión del territorio del circuito de la mercantiliza-ción y crearían un marco legal que de una vez por todasharía efectivo el derecho a la vivienda y a la ciudad deforma universal. Un hecho que a su vez contribuiría ahacer efectivos otros derechos universales como son elderecho al libre desarrollo de la personalidad, a la inte-gridad física y mental, a la salud etc.

Mientras que el primer bloque de medidas marca elhorizonte de lo que sería posible si no fuera imposibili-tado por la trama inmobiliaria, financiera e institucionaldominante, el segundo bloque contiene una serie de me-didas de aplicación inmediata para paliar los efectosmás desastrosos de la violencia inmobiliaria y urbanís-tica. Y mientras que el cumplimiento de las exigenciasdel primer bloque exigiría una intervención a nivel delEstado central, este segundo bloque de medidas es exi-gible a las administraciones locales y autonómicas quetienen la competencia para ponerlas en práctica.

El proceso de consulta y debate sobre la Carta esta-ba acompañado desde el primer momento por adhesio-nes a la misma. Una vez concluido el proceso de redac-ción se intensificó la campaña de adhesiones, que in-cluía la difusión de la Carta en numerosos medios decomunicación social, tanto de Barcelona como del restode Catalunya. Por otro lado, varios colectivos y asam-bleas barriales de la ciudad la hicieron suya y la utili-zaron en sus movilizaciones de visibilización y denun-cia. Por ejemplo, se presentó en el marco de «ChabolearBarcelona», una acción de construcción de chabolas enun parque barcelonés dentro del contexto de la CumbreEuromediterránea Barcelona +10, que pretendía visibi-lizar la precariedad cotidiana de nuestras vidas comorespuesta al megaevento global y romper el escaparate

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de la marca Barcelona tomando el espacio público y sa-cando al sol la chabolización invisible a la que nos so-mete la violencia inmobiliaria y urbanística. La acciónfue a la vez una recuperación del espacio público du-rante dos días y un asedio al Parlamento de Catalunya,exigiendo que se hicieran efectivas las medidas exigi-das en la Carta, que se acabó colgando en la puerta delParlamento catalán. Una segunda edición del «Chabo-lear» tuvo lugar en el barrio de Gracia la semana siguien-te, realizada por colectivos y vecinos del barrio. Tambiénintentamos presentarla en la feria inmobiliaria interna-cional Barcelona Meeting Point, tras una manifestaciónconjunta de distintos colectivos de lucha contra la es-peculación; se clavó en el vestíbulo del Teatro del Liceoen el contexto de la acción «Expropiem el Liceu», y seintentó colgar delante el Ayuntamiento de Barcelonaen el marco de una manifestación contra la «OrdenanzaCívica», lo que fue impedido por el cordón policial co-rrespondiente. Finalmente, ha sido entregada en variassedes de Distrito para recordar a los políticos sus obli-gaciones. Al mismo tiempo la Carta ha ido circulando,y continuamente llegan adhesiones nuevas. En el mo-mento de redactar estas líneas, desde el Taller contra laviolencia inmobiliaria y urbanística se están preparan-do derivas contra el «incivismo inmobiliario» durantelas cuales se difundirán el documento y sus contenidosa nivel de la calle y se señalizarán algunos lugares yagentes claves de la violencia inmobiliaria y urbanísti-ca. Para más información sobre las acciones en torno ala Carta y las iniciativas del Taller, podéis consultar lapágina web: www.bcnviu.org.

Si bien la iniciativa de redactar esta Carta nació enBarcelona, su contenido es perfectamente extensible aotras ciudades del Estado. En el caso del primer bloquede medidas esta extensión, además, resulta imprescindi-ble para que las medidas no queden reducidas a merosenunciados de lo que podría ser y no es. En este contex-to cabe destacar dos puntos: 1) la violencia inmobiliariay urbanística seguirá aumentando y extendiéndose enmayor o menor medida en todo el Estado español; 2) lasmedidas parciales previstas por las distintas Administra-

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ciones públicas no introducirán ningún cambio esencialen la situación.

Ante estas perspectivas quizás valdría la pena bus-car formas de coordinación que sean capaces de reforzarlas luchas locales existentes y permitan, al mismo tiem-po, poner el dedo de tal forma en la llaga que la proble-mática escandalosa expuesta en el libro llegue en sustérminos justos a la discusión pública. Posibilidades paraque así sea hay muchas: desde la extensión de esta cam-paña de adhesiones a todo el Estado, pasando por la rea-lización de una consulta popular con los contenidos dela Carta, la presentación de iniciativas legislativas po-pulares, campañas coordinadas de autorreducción de hi-potecas y alquileres, hasta iniciativas de reapropiaciónde los millones de pisos vacíos a lo largo y ancho del te-rritorio. Si puede ser, con buenas vistas.

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CARTA DE MEDIDAS CONTRA LAVIOLENCIA INMOBILIARIA Y URBANÍSTICA

Soñar con un piso en condiciones adecuadas se ha con-vertido en una pesadilla para un gran número de habi-tantes de Barcelona. Según datos oficiales, tan sólo des-de finales de 1997 hasta la actualidad los precios de lospisos han subido más de un 150%, mientras que los in-gresos netos salariales en los sectores con convenio su-bieron sólo un 34,5%. El endeudamiento medio de loshogares pasó del 45% en 1990 a más del 60% en 2004.El precio medio de los alquileres en el Área Metropolita-na subió de 355 euros en 1999 a 617 en 2004. Al mismotiempo continúa aumentando el número de pisos vacíos:según el censo de 2001, sólo en la provincia de Barcelo-na la cifra superaba los 300.000 (y ha continuado cre-ciendo con unas tasas excepcionales).

La conversión de la vivienda en pura mercancía yobjeto de especulación ha creado un círculo vicioso depresiones y miedo que precariza las condiciones de vidade amplias capas de la población. Cada vez hay máspersonas que se ven obligadas a irse de la ciudad e ins-talarse a una distancia de hasta 50 km debido a que nopueden encontrar un piso asequible. Y cada vez hay máspersonas obligadas a jornadas laborales extenuantes entrabajos cada vez más precarizados para pagar su hipo-teca o alquiler. Pero aún así para muchos no alcanza:sólo en 2002 hubo 3.675 desahucios en Barcelona.

El hecho de que la ciudad de Barcelona se haya con-vertido en las últimas décadas en una ciudad marca,donde se ha puesto en funcionamiento un modelo queconvierte el territorio urbano en un factor productivo ensí mismo, ha abonado el terreno para la proliferación dela violencia inmobiliaria y urbanística. Esta violencia de-sencadenada por el «libre mercado» y asistida por la Ad-ministración mediante sus planes de transformación ur-banística, provoca una devastación del tejido urbano queproduce desplazamientos de población, desahucios y elsecuestro del espacio público. Esta especie de limpiezasocial y de higienización del espacio público tambiénestá detrás de la campaña neoconservadora de civismo

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iniciada por el Ayuntamiento para desviar la atenciónsobre las disfuncionalidades de su modelo de ciudad.

Es en las zonas afectadas por procesos de transfor-mación urbanística (Ciutat Vella, Poble Nou, Sants…)donde el llamado «mobbing inmobiliario» se cobra el ma-yor número de víctimas y donde un mayor número depersonas tiene que abandonar su hogar por los aumentosde alquiler abusivos, o simplemente porque el propieta-rio quiere especular con los pisos. Por otro lado, esta sel-va inmobiliaria ha generado formas de organización ve-cinal que se enfrentan desde la/s Barcelona/s real/es almodelo Barcelona: una resistencia ampliamente extendi-da a la especulación y un no a cada plan urbanístico.

El acuciante problema de la vivienda ha sido unbanderín en los programas electorales de todos los par-tidos que han ascendido al poder en los últimos años.Sin embargo, las medidas anunciadas por los actualesgobiernos de «izquierdas» –como p.e. las subvenciones alos propietarios para fomentar el alquiler de los pisoso los planes de vivienda– están lejos de cumplir su pro-mesa de «garantizar el derecho a la vivienda y a la ciu-dad», puesto que no contemplan ninguna medida de re-gulación del mercado.

Por todo lo expuesto, exigimos a los partidos de go-bierno que dejen de vulnerar los preceptos de la Consti-tución española (en concreto el art. 47, que les obliga a«promover las condiciones necesarias y establecer lasnormas pertinentes para hacer efectivo el derecho a unavivienda digna y adecuada, regulando la utilización delsuelo de acuerdo con el interés general para impedir laespeculación») y que cumplan sus compromisos adquiri-dos con la firma de convenios internacionales de salva-guarda del derecho a la ciudad.

Con el objetivo de hacer efectivos dichos derechos ala vivienda y a la ciudad, exigimos a la Generalitat y alAyuntamiento que inicien los pasos necesarios para laadopción de las medidas siguientes:

1. Limitación del precio de los alquileres y delprecio de los pisos, de modo que no tengamos que pa-gar nunca más del 30% de nuestra renta por el alquiler

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o la hipoteca. En el caso de las personas cuyos ingresosno superen los 1.283 euros al mes (2,5 veces el salariomínimo interprofesional), el precio del alquiler o de lahipoteca no podrá superar nunca el 20% de los ingresosdisponibles (tal como lo establece el «Pla per al dret al’habitatge» de la Generalitat en algunas de las subcate-gorías de sus pisos de protección).

2. Moratoria de los PERIs y reformas urbanísticas,hasta que se haya realizado un estudio de impacto socialy medioambiental en cada una de las actuaciones y has-ta que no se hayan elaborado mecanismos para garanti-zar la participación real de los vecinos en cualquier de-cisión que afecte su entorno vital.

3. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos(LAU). En concreto, derogación del art. 9.° del DecretoBoyer que establece la supresión de la prórroga forzosa,así como del apartado 1 del art. 9.° de la LAU de 1994que establece un máximo de cinco años de vigencia delos contratos de alquiler. E inicio de un amplio procesode debate y consulta que deberá llevar a la elaboraciónde una nueva LAU que haga efectivo y garantice el de-recho a la vivienda.

Por otro lado, el dramatismo de la situación actualexige una solución inmediata de los casos más extremosprovocados por la violencia urbanística e inmobiliaria.Por lo tanto, y mientras no se hayan satisfecho los trespuntos anteriores, reclamamos la aplicación inmediatade las siguientes

Medidas de emergencia• Medidas que hagan efectiva la transparencia de

los Registros de la Propiedad; por ejemplo, la obligaciónde informar a todas las partes implicadas en la venta deuna finca o de un piso, y la publicación mensual o tri-mestral de las operaciones de compra-venta realizadasen un mismo registro (y divididas por fincas).

• La condición, para la concesión de subvencionespara la rehabilitación de edificios, de una moratoria de cin-co años en los precios de los alquileres y de un aumentoajustado estrictamente al IPC una vez finalizado este plazo.

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• La penalización de los inmuebles vacíos, sin utili-zar o abandonados (mediante el aumento del IBI, laamenaza de expropiación o la cesión forzosa).

• La despenalización de la ocupación de inmueblesabandonados, con la abolición de las penas de multa, pri-sión y condena en costas que actualmente recoge la ley.

• La revocación de los documentos de propiedad deun inmueble a partir de los cinco años de abandono.

• La prohibición de venta de suelo público.• La tipificación de las prácticas de acoso inmobilia-

rio (mobbing) como vulneración del derecho a la vivien-da y su sanción con penas proporcionales a la impor-tancia del mismo. En el caso de la participación en estasprácticas de miembros del Registro de la Propiedad, fun-cionarios municipales o autonómicos, sociedades mixtaspúblico-privadas y administradores de fincas, una pri-mera medida debería ser su inhabilitación para cual-quiera de estos cargos públicos.

• La intervención de las instituciones municipales yautonómicas como acusación pública en casos de acosoinmobiliario denunciados por vecinos, como medida di-suasoria para contrarrestar la impunidad con la que ac-túan empresas y particulares en este sector.

Dada la extrema gravedad de la situación y mientrasno se apliquen las medidas exigidas en este documento,los abajo firmantes hacemos una llamada a emprenderacciones de desobediencia civil que visualicen la insos-tenibilidad del modelo actual y que generen redes de de-fensa, lucha y resistencia contra la violencia inmobilia-ria y urbanística.

Escrito en algún lugar de la selva inmobiliaria,septiembre de 2005

Puedes enviar tu adhesión enviando un mail a vio-lenciaurbanistica@sindominio.net o esta carta firmadaa: El Lokal, C/ de la Cera, 1bis, 08001 Barcelona

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Primera lista de adhesiones:Colectivos y asociaciones: Arquitectes sense Fronteres;

Asociación Renta Básica (AREBA); Assemblea del Barri deSants; Assemblea dels Horts Comunitaris; Associació de Veïnsde Finestrelles (Esplugues de Llobregat); Ateneu Llibertari delBesós; Ateneu Rosa de Foc; Associació de Veïns del Casc An-tic; Casa de Nicaragua; Casal de Joves de Prosperitat; CentreSocial de Sants; CGT de Catalunya; CGT-Correus; CGT-Federa-ció Local de Barcelona; Col·lectiu de Solidaritat amb la Re-bel·lió Zapatista; Col·lectiu Ariadna Pi, Col·lectiu d’Artistes deCan Font-Estrade Constructors; Comissió de Veïns del Gòtic;Comissió de Veïns de la Bordeta; Confederación Argentina deTrabajadores (CAT); Cooperativa Gregal; Coordinadora Contral’Especulació del Raval; Coordinadora d’Associacions de Veïnsi Entitats de Nou Barris; Coordinadora Popular de Festes (Grà-cia); El Lokal; El Solar pel Barri; Federació d’Associacions deVeïns i Veïnes de Barcelona (Favb); La Torna (Gràcia); Laciuta-tinvisible-Sants; La Quimera (Verdi, 28); Masala; Miles de Vi-viendas; Migjorn (centre de part natural); Partit Comunista delPoble de Catalunya (PCPC); Pimiento Verde; Plataforma ciuda-dana de Dinero Gratis; Plataforma pel Soterrament de les viesi contra el pla de l’estació de Sants; Plataforma Popular contrael Pla Caufec; Plataforma Proequipaments i Habitatge Besòs-Diagonal Mar; RadioLinea4; RAI; Salvem Can Ricart; RepensarBarcelona-Recuperar la ciudad; Seminari d’Economia CríticaTAIFA; Transgènics Fora; SostreCivic; Virus Editorial; XarxaAgroecològica Catalunya

Algunas firmas individuales: Arcadi Oliveras (presidentede Justícia i Pau); Eduard Moreno (abogado y urbanista); Ge-rardo Pisarello (profesor de Derecho Constitucional de la UB);Jaume Asens Llodrà (abogado y vocal de la Comissió de De-fensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona); Jaume Matifoll(urbanista); Joan Subirats Humet (catedrático de Ciencia Polí-tica de la UAB); José Iglesias (catedrático de Ciencias Econó-micas); Josep Maria Navarro (presidente de SodePau); MarcoAparicio Wilhelmi (profesor de Derecho Constitucional de laUG); Maria Gabriela Serrra (ex-presidenta de la Federación Ca-talana de ONGs); Marta Mendiola (Observatori DESC), MirenEtxezarreta (catedrática de Economía Aplicada); Pablo Escá-mez Parra (abogado); Vanessa Valiño (Observatori DESC); San-tiago Cirugeda (arquitecto); Olga Felis (jurista social); JoaquimJordà (cineasta); Albert Pla; Conservas; Manu Chao; Ojos deBrujo...

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Apéndices

1. Los primeros pasos que hay quedar delante de un hipotéticomobbing inmobiliario

Sin lugar a dudas, el primer paso delante de un hipoté-tico mobbing inmobiliario es acudir a un/a abogad@ es-pecializad@ en derecho urbanístico.

Algunas cosas que podéis hacer mientras recurrísal/la abogad@: (información para el Estado español)

1. Localizar y leer el contrato de alquiler. Asegura-ros de cómo os afectó la «Ley Boyer» y la Ley de arren-damientos urbanos 29/94. Si no tenéis ni idea de inter-pretar el contrato, podéis acudir a la Asociaciones deConsumidores y Usuarios (aunque puede que os exijanser socios para responder a vuestras preguntas).

2. Reunir toda la documentación que se haya cru-zado con la propiedad o el administrador de fincas. Notiréis ninguna notificación, incluidas las que se acos-tumbran a colgar en el vestíbulo como anuncios.

3. Empezar a hacer fotos de cualquier elemento deledificio que se haya deteriorado por falta de manteni-miento o de forma expresa.

4. Buscar testigos. Los vecinos y comerciantes delbarrio pueden ayudaros: levantad acta de lo que suceday que firmen como testigos.

5. No admitir ninguna instrucción o informaciónverbal procedente de la propiedad o de la administra-ción de fincas. Exigirlas siempre por escrito.

6. Muchos ayuntamientos (Madrid, Valencia, Sevi-lla, Barcelona…) obligan a pasar una «inspección técni-ca del edificio». Informaros –Ayuntamiento– de si la fin-ca que habitáis ha pasado la inspección obligatoria.

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7. Si residís en Catalunya, los inquilinos pueden pedira la Generalitat una inspección de oficio sobre el estadodel inmueble. Es gratuita. Más información en Test de l’edi-fici. Puede que otras comunidades autónomas o ayunta-mientos tengan instrumentos similares: informaros.

8. No dejar nunca de pagar el alquiler o atrasarse enel pago. Es donde van a agarrarse para posibles desahu-cios. Si dificultan el cobro de alquileres hay que docu-mentar el intento de pago y depositar el importe en losjuzgados.

9. Si hay problemas de insalubridad o deterioro im-portante de la finca: denuncia inmediata al Ayunta-miento. Que envíen un inspector y se levante acta. In-tentar conseguir que el Ayuntamiento dicte orden deejecución al propietario para que efectúe de inmediatolas obras. Previamente habréis notificado por escrito lasituación al propietario o administrador de la finca.

10. Si hay un problema urgente (ruidos estructura-les, posibles desprendimientos a la vía pública, etc.) lla-mada a bomberos. Bomberos informará al Ayuntamien-to para posible sanción administrativa. (Atención! Hayservicios de bomberos en algunos municipios que co-bran las salidas a cargo de los vecinos). Previamente ha-bréis notificado por escrito la situación al propietario oadministrador de la finca.

11. Si hay problemas «menores» (cambios de cerra-duras en la puerta de acceso, acumulación de basuras,etc.) avisar a la Guardia Urbana y dejar constancia de laqueja. Usar indirectas: «No sé que pasa pero no puedoentrar en casa»; «Hay un montón de basuras y puede quehaya alguna persona en el vestíbulo», etc. Que la denun-cia quede documentada.

12. Si veis que empiezan obras y no se os ha infor-mado (sea en los espacios comunes o en las viviendasdesalojadas): ir de inmediato al Ayuntamiento y com-probar que tienen la correspondiente licencia de obras.

13. Consultar el Registro de la Propiedad: ir al re-gistro y consultar quién es el actual propietario, qué trans-misiones se han producido en los últimos años, qué car-gas hay sobre la finca y si se han vulnerado derechoscomo el de tanteo para con los inquilinos.

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14. Si corren rumores sobre posible afectaciones ur-banísticas, expropiaciones, etc.: Informarse en el Ayun-tamiento. No deis crédito a los rumores, hay que infor-marse.

15. Denunciar públicamente: cartas a los periódicosy pancartas en los balcones.

16. Recurrir a la asociación de vecinos y mirar sihay otros casos parecidos en la misma zona o por partedel mismo promotor. Intentar organizar un movimientocolectivo.

www.el-refugioesjo.net

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2. Los cinco niveles de participación

A continuación os presentamos una clasificación muyclara y sucinta de distintos niveles de participación. Estaclasificación fue presentada por Isabela Velázquez en lasjornadas Tabacalera a Debate, organizadas por la Red deLavapiés (Madrid) en la Fábrica de Tabacos los días 22,23 y 24 de junio de 2004.

1. El primer nivel sería aquél en el que se tiene una IN-FORMACIÓN POBRE O INADECUADA. Evidentemente es elestadio más alejado de una participación real, y desde nues-tro punto de vista se encuentra muy próximo a comporta-mientos propios de autocracias, dictaduras y regímenes po-líticos absolutistas, unidireccionales y autoritarios donde,sencillamente, la participación ciudadana en los asuntosque le conciernen ni siquiera se contempla. Lamentable-mente, en Lavapiés lo venimos experimentando desde hacebastantes años; ya hace tiempo lo denominamos «el despo-tismo castizo: todo para el barrio pero sin el barrio».

2. En el segundo nivel se cuenta con INFORMA-CIÓN ADECUADA. Tampoco podemos hablar aquí de par-ticipación, ya que no existe la voluntad política de queésta se produzca realmente: tan sólo se le cuentan a laciudadanía planes y proyectos previamente elaborados ydecididos. Es un modelo que utilizan con demasiada fre-cuencia las democracias representativas, y que presupo-ne que el pueblo (demos) es incapaz de ejercer por símismo la autoridad (cracia) porque es im-presentable yrequiere ser re-presentado por los elegidos mediante elrito electoral al que nos convocan cada 4 años. Es lo queBogumil califica como «el ciudadano como destinatariode la prestación de servicios (cliente)».1

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1. Jörg Bogumil, «Ist die kooperative Demokratie auf dem Vor-marsch?», Der Städtetag (6/2001).

3. En el tercer nivel se sitúa LA CONSULTA. Tampo-co es participación, sino presentación de resultados paraser legitimados por la gente, pero no se puede hablar departicipación cuando el proyecto está ya elaborado. Elque manda puede preguntar lo que quiera, el mandadodebe responder a lo que le preguntan. Así se distribuyenel poder y el deber. Sigue el mismo esquema que las elec-ciones, donde la participación ciudadana debe limitarse aresponder a las preguntas que se hacen: a elegir entre loscandidatos que se proponen, sin ninguna posibilidad depoder participar en la propuesta. Bogumil lo llama «elciudadano como demandante político (elector)».

4. En el cuarto nivel tenemos LA PARTICIPACIÓN.Para que lo sea realmente, deben establecerse instrumen-tos y mecanismos diversos que posibiliten la concurren-cia igualitaria en el proceso de todos los actores impli-cados (polític@s, técnic@s, ciudadan@s organizad@s ono, agentes económicos, etc.). La participación debe em-pezar desde el inicio, con el diagnóstico de la situación,pasando por la elaboración del proyecto y finalizandocon su desarrollo en el tiempo. Lamentablemente, en lasescasas ocasiones en que se ponen en práctica procesosparticipativos es habitual que no se cuente con un com-promiso político de llevar a la práctica los resultados delos mismos.

5. En el último nivel está EL EMPODERAMIENTO(empowerment). O lo que es lo mismo, el reparto de po-der entre los distintos actores que están a cargo de laciudad. Nos encontramos ante la auténtica participación,donde todo aquello que determina nuestras vidas y losespacios donde habitamos está en manos de la ciudada-nía, donde ésta tiene el poder de decisión en la gestiónde lo público. Para Bogumil es «el ciudadano como co-gestor y co-producente en la producción de servicios».

Evidentemente, en el caso de la Tabacalera, como entantos otros, estamos en un nivel anterior al más básico,ni tan siquiera contamos con información inadecuada,pero aún así, no renunciamos a llegar al empoderamiento.

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3. La Oficina de Okupación deBarcelona: una herramienta paraextender la okupación

El viernes 17 de febrero de 2005 se inauguraba la Ofici-na de Okupación, después de un proceso que se abríaentre septiembre y octubre de 2004. La iniciativa, naci-da y discutida en la Asamblea de Okupas, buscaba serun nuevo medio para dar respuesta y facilitar la okupa-ción como una alternativa a la situación de la vivienday los procesos de especulación y transformación urba-nística.

Esto se produce en un contexto de absoluta compli-cidad entre las instituciones y el interés privado deconstructores, inmobiliarias, financieras, multinaciona-les y holdings empresariales, y donde los PERI abrenprocesos de destrucción-construcción interminables enlos barrios, que hacen de la convivencia en la calle unimposible. El mobbing inmobiliario, los desahucios ile-gales, las prácticas fraudulentas para obtener beneficioseconómicos, los desalojos de centros sociales y casasokupadas, el precio insoportable de la vivienda y el em-pequeñecimiento de la arquitectura, que obliga al pagode precios más altos por espacios cada vez más reduci-dos, son algunas de las consecuencias del actual mode-lo de ciudad y su implantación en los barrios. Prácticasy consecuencias a las que da lugar una lógica desequili-brada, que al mismo tiempo que deja vacíos, fuera deuso y en proceso de degradación miles de inmuebles,prioriza una política de expansión urbanística sin lími-tes de tiempo ni espacio.

Frente a eso, la okupación entre 1989 y 2004 dehasta 445 centros sociales y viviendas reivindicadas en

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toda el área metropolitana de Barcelona, sin contar conotras okupaciones no reivindicadas, demuestra que éstaes una práctica posible, una necesidad social y unapráctica política que hay que extender.

La Oficina nació como un instrumento técnico y po-lítico, que sirviera para el asesoramiento legal y logísti-co para las personas que opten por esta vía, además deun espacio donde recoger la memoria y las experienciasde la okupación, y un recurso para su difusión y desdeel cual extender el apoyo mutuo.

Después de más de medio año de funcionamientodesde el mes de febrero de 2005, cuando el proyecto sepuso en marcha, quizás lo más visible e importante delcamino recorrido ha sido conseguir abrir todos lo jue-ves, mañana y tarde, habiendo compartido más de cua-trocientas consultas sobre cuestiones legales, técnicas,prácticas y políticas en torno a las okupaciones. La ma-yoría de estas consultas se reparten entre nuevas okupa-ciones u okupaciones en marcha con dudas legales, apar-te de numerosas propuestas de trabajos académicos operiodísticos, que no siempre pueden ser atendidas.

Además de este aspecto, también valoramos la par-ticipación activa y la aportación hecha desde la Oficinaen los Talleres Contra la Violencia Inmobiliaria y Urba-nística, y en los conflictos en torno a la vivienda y el te-rritorio en el Raval o en el Forat de la Vergonya.

Dentro de poco también verá la luz un documentoelaborado por la Comisión de Archivo, Documentación eHistoria de la Oficina. Se trata de un «abecé de la okupa-ción», donde se recopilan diferentes saberes y conoci-mientos acumulados en las experiencias de las okupa-ciones, junto con algunos textos políticos, y que se pre-tende que sea una herramienta útil para la okupación yla autogestión.

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4. Quién es quién en el mundoinmobiliario de Barcelona1

Son el núcleo del mercado de la vivienda. A causa de loselevados márgenes de beneficio y de las característicasdel producto, es un campo donde hacer grandes fortunasempezando por operaciones modestas. El hecho de queen Barcelona no existan grandes espacios ha favorecidola proliferación de empresas relativamente pequeñas.Las grandes promociones se concentran en la periferiametropolitana o en áreas de renovación urbana (la Ma-quinista, Diagonal Mar, Vila Olímpica, la Sagrera, etc.).Las grandes operaciones actuales se encuentran tambiénen el centro histórico de la ciudad, con la remodelaciónde viejos edificios para la promoción de viviendas delujo o en la construcción de complejos de oficinas y ho-teles. La actividad constructora, en cambio, ha experi-mentado un importante fraccionamiento y las grandesempresas son más bien intermediarias entre un sinfín depequeñas empresas que son las ejecutoras directas de laactividad. Recientemente, la mayoría de grupos han des-cubierto una nueva área especulativa: la construcción ygestión de geriátricos; tal vez por eso tengamos un sec-tor público subdesarrollado.

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1. Traducido del original catalán publicado en La Veu del Carrer,n.º 92 (septiembre-octubre 2005), periódico de la Federació d’Associa-cions de Veïns de Barcelona.

Relaciones con el sector público

Por un lado, están las divisiones inmobiliarias de losgrandes grupos de obra pública y servicios (limpieza,etc.). Un grupo elitista de grandes empresas expertas enchupar del sector público. Algunos ejemplos:

—FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, deEsther Koplovitz y sus socios) ha realizado importantesoperaciones en el Poblenou, en Sant Andreu, en la pla-za Cerdà…

—Necso-Acciona (familia Entrecanales) promovió lareforma del Port Vell.

—Ferrovial (familia del Pino), muy activa en el mer-cado después de la compra de Don Piso.

—Sacyr Vallehermoso (creada por exdirectivos deFerrovial), muy activa en Barcelona. Destaca su promo-ción en Sant Andreu, en el antiguo solar de la Bayer,Nova Sagrera, la playa de Badalona, etc.

—OHL (del antiguo ministro Villar Mir), menos activaen la promoción, aunque su filial Guinovart ha estado re-lacionada con la operación especulativa de Can Masdeu.

—La otra grande, ACS (de la familia March y los ine-fables Florentino Pérez y los primos «Albertos») es me-nos activa en el campo inmobiliario, pero tiene una im-portante participación en Urbis (con proyectos impor-tantes en el Poblenou y recién compradora del solar deMiniwatt).

Las de toda la vida

Un segundo grupo lo constituyen las empresas localestradicionales, que se desarrollaron con el porciolismo yque ahora siguen muy activas. En este grupo encontra-mos, entre otras:

—Núñez y Navarro: Un clásico de la especulaciónbarcelonesa. En los últimos años no ha faltado en las pá-ginas de asuntos económicos. Sin perder de vista el papelque jugó José Luis Núñez como impulsor del proyectoBarça 2000, afortunadamente parado por el movimientovecinal, hay que mencionar algunos aspectos que afectan

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estrictamente al mundo empresarial. El hecho más impor-tante es una reiterada política de presentar proyectos enzonas sensibles de la ciudad, lo que obliga al Ayunta-miento a pararlos, pero que a cambio le permite obtenerjugosas compensaciones en forma de solares alternativoso incrementos de edificación en otras promociones. Eneste sentido destacan los casos de las fincas la Tamarita yTorre Vilana (en este último caso tenemos fichados hastatres acuerdos diferentes y no hemos podido averiguar siuno substituía al otro o era una ampliación del anterior).Lo cierto es que espacios que se preveían para equipa-mientos, como en la plaza Comín, se convertirán en pro-mociones de NyN, o que planes anunciados como «vi-viendas sociales» se han convertido en vivienda privada(como ha pasado en la Avenida Río de Janeiro del barriode Porta). La empresa también ha sido noticia por otrosasuntos, como las distintas denuncias y procesos judicia-les por evasión fiscal (y posible participación en una tra-ma relacionada con un inspector de Hacienda) y por deu-das a una empresa que instaló micrófonos (¿para espiar alpersonal?) en su sede central de la calle Urgell. Donde síque la empresa funciona es en el asesoramiento judicial,pues hasta la fecha ha obtenido bastantes éxitos en lostribunales, tanto en casos urbanísticos (Torre Negra enSant Cugat) como en temas de deudas fiscales.

—Sacresa (de la familia Sanahuja), los promotoresdel barrio aluminósico del Turó de la Peira y de la másmoderna Illa Diagonal, cada vez más fuertes. Ahora sonlos primeros accionistas de la más importante inmobi-liaria española, Metrovacesa (la promotora del barrio dela Maquinista), y por su cuenta están promoviendo pro-yectos polémicos como el de Finestrelles en Esplugues oel centro de ocio de las Arenas.

—Habitat (de la familia Figueres), muy activa en elPoblenou y Diagonal Mar y con grandes operacionescomo la compra del edificio Autopistas.

—Amrey (de Enric Reyna, hasta hace poco asociadoa Agrupación Mutua y actualmente presidente de laAsociación de Promotores y Constructores catalanes)con proyectos importantes en la Rambla del Poblenou ola antigua Bayer de l’Eixample.

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—Vertix (de la familia Massot), la gran promotora delos polígonos industriales de El Prat y que tiene en sulista de «conflictos» el proyecto Sandoz de Sarrià i elInstitut Dexeus de Les Corts.

—La Llave de Oro (de la familia Marsà), con activi-dades por todas partes, destaca recientemente por losproyectos en la Zona Franca (exfábrica Philips o el nue-vo proyecto Portal Firal) y la compra de una parte deCan Rigalt.

—Metro 3 (de Baltasar Aznar), también dedicada alas construcciones singulares, entre las que cabe desta-car la polémica obra de la Editorial Sopena.

—Ibusa (del exdirigente del PP Eduard Bueno).—Castro Construcciones, uno de los históricos cons-

tructores en el distrito de Nou Barris, empezando poredificios modestos y acabando con grandes promocionescomo la del Paseo Valldaura-Andreu Nin, parada bas-tante tiempo por problemas urbanísticos. Hoy el grupoes el principal accionista de Hoteles Hesperia y del Ban-co de la Pequeña y Mediana Empresa.

El sector de la banca

Un tercer grupo lo constituyen las empresas que depen-den de grupos bancarios, en especial las cajas de aho-rros.

Destaca al respecto el grupo de La Caixa, del queforman parte Inmobiliaria Colonial, Prominmo, Ser-vihabitat (el gran promotor del 22@, con proyectos po-lémicos como el de Can Ricart, conjuntamente con la fa-milia Ricart) y otros. Recientemente, quizás para salvarla conciencia o para entrar en un nuevo negocio, hacreado Fomento Inmobiliario Asequible, para construirpisos de alquiler y ha anunciado que Servihabitat aban-dona la promoción de oficinas para centrarse en proyec-tos más sociales.

La Caixa de Catalunya, que mediante su filial Pro-cam ha desarrollado numerosas asociaciones con otrasempresas para promover todo tipo de actividades (vi-viendas, urbanizaciones de golf, centros comerciales…).

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En Barcelona destacan las promociones de oficinas enDiagonal Mar (con Espais) y en el 22@ (con su partici-pada Riofisa). La misma política es la que hace el BancoSabadell Atlántico, por medio de su filial Landscape.Entre sus promociones barcelonesas cabe destacar la deMed Front Marítim (con el grupo Lar) y la compra de losedificios de la Editorial Planeta y el Palau Burés.

Otros grupos financieros tienen una participaciónrelevante, como la Caixa del Penedès, promotora de NouSarrià y recientemente asociada al grupo Marin (paracomprar la sede de Banesto en la plaza de Catalunya) olos fondos inmobiliarios del BBVA y el Santander, quehan adquirido numerosos activos.

Nuevas empresas

También encontramos la emergencia de nuevos grandesgrupos. Algunos de ellos con una vieja historia y quehan aprovechado la nueva situación para dar el salto oque han entrado de nuevo en el sector (especialmente enla compra y rehabilitación). A menudo obtienen el re-fuerzo financiero de grupos empresariales que derivanlos excedentes de sus negocios de su venta a esta activi-dad. Entre éstas cabe destacar Layetana, la promotorade Heron City y la Torre Agbar (propiedad de la familiaMercadé, pero con socios como los farmacéuticos VilaCasas, la constructora Comsa o la andorrana BancaMora); el grupo familiar Castellví (uno de los más acti-vos en el 22@); Metropolis (con socios tan selectoscomo Lluís Bassat, la familia Lara, el abogado Cuatreca-sas, el hotelero Jordi Clos –el del Museo Egipcio–, la fa-milia Godia, Xavier Ferrero –de Cola Cao–, la familiaSoler –del grupo Quadis– y de nuevo la Caixa de Cata-lunya); Patrirent (con otra lista de socios ilustres comoRuiz de Alda –exBocatta–, los Martínez Rovira, Costa-freda –de Panrico–, de nuevo los Godia, los Pich Agui-lera del textil, los Sunyer de la industria alimentaria olos Knuth de equipamientos sanitarios), que son loscompradores de los bloques Barcelona 2 en Les Corts;Inbesós, nacida del cierre de una antigua metalurgia en

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Sant Adrià; Renta Corporación (de la familia HernándezCabanyes), que ha fichado como directivos a la ex mi-nistra del PP Ana Birulés o el ex presidente de la Agen-cia Metropolitana del Transporte Xavier Ventura, prota-gonista de una discutible operación de venta de la fábri-ca Fabra Coats al Ayuntamiento a los dos meses dehaberla adquirido; o Restaura (de la familia Solano) quecuenta con importantes fondos de inversores privados(A. Ortega de Zara, la familia Cadarso de General de Re-lojería, una rama de los propietarios de Roca, etc.), es-pecializada en rehabilitación de edificios lujosos...

Los foráneos

Para terminar, los últimos años se han caracterizado por lallegada de importantes grupos foráneos atraídos por losgrandes proyectos de remodelación urbana. En este sen-tido, la Villa Olímpica fue el pistoletazo de salida y des-pués han aparecido proyectos como Diagonal Mar (elgran negocio de la norteamericana Hines), la Maquinis-ta, etc. Sólo hay que darse una vuelta por la Diagonal yver quién promueve los nuevos edificios; ahí están mu-chas de las medianas y grandes promotoras del país–Urbis, la cordobesa PRASA, la madrileña Reyal, etc. Oseguir los avatares inversores que tienen lugar en elcentro (especialmente en el Paseo de Gracia) con el pro-tagonismo de inversores locales, estatales y extranjeros.

Al fin y al cabo, es sólo una parte del voluminosotejido de intereses que se mueve alrededor del tocho ydel suelo.

Albert Recio, economista

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5. Algunas cifras sobre el bien-estarde las principales inmobiliariasespañolas

Ingresos y beneficios en millones de euros

Cifra de Beneficio Aumento de negocios neto beneficios

respecto a 2004, Compañía 2005 2005 en %

COLONIAL 910 266 153,6FADESA 977 181 57URBIS 889 148 39VALLEHERMOSO 4.177 413 46,4METROVACESA 1.628 382 74,4

FUENTES: memorias anuales y datos extraídos de la prensa económica

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6. Links y direcciones de contacto

A continuación os presentamos una breve lista de pági-nas web que contienen información sobre las múltiplescaras de la violencia inmobiliaria y urbanística. Todaslas páginas seleccionadas contienen a su vez un grannúmero de links a otras páginas relacionadas con laproblemática que hemos tocado en este libro.

Acoso inmobiliario

www.el-refugioesjo.net: Se trata de la página máscompleta sobre el tema del mobbing inmobiliario quehemos encontrado. Abarca todo el Estado español ycontiene un completo listado de enlaces.

www.verdi28.org: Página del colectivo La Quimerade la calle Verdi 28 de Barcelona que explica sus expe-riencias de defensa contra el acoso inmobiliario.

Vivienda

www.viviendadigna.org: Página de la Plataformapor una Vivienda Digna. Contiene sus reivindicacionesconcretas para la realización del derecho a la vivienda yofrece una rica compilación de noticias, documentos,consejos y enlaces.

www.habitants.org: Página de la Alianza Interna-cional de Habitantes con muchos enlaces.

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La lista siguiente no quiere ser más que un botón demuestra del gran número de conflictos relacionados conla violencia urbanística. El peso específico de páginas deBarcelona se debe única y exclusivamente al mayorconocimiento de terreno de quienes hemos hecho estelibro.

Barcelona

www.coordinadoraraval.org: Página de la Coordi-nadora Contra l’Especulació del Raval, con numerososenlaces a páginas de otros colectivos vecinales de Bar-celona.

www.salvemcanricart.org: Página de la PlataformaSalvem Can Ricart. Expone la experiencia de lucha porsalvar un complejo fabril de principios de siglo; ademáscontiene numerosos enlaces a otras luchas de Barcelona.

www.noalcalaix.org: Página de la plataforma veci-nal del barrio de Sants.

www.asfes.org/campanyes-asf/Postals/Galeria.htm:Enlace dentro de la página web de Arquitectos sin Fron-teras, con una colección de postales que ilustran dife-rentes conflictos urbanísticos de Barcelona.

www.sindominio.net/okupesbcn: Página de la Asam-blea de Okupas de Barcelona.

www.lafavb.com: Página de la Federación de Aso-ciaciones de Vecinos de Barcelona.

www.bcnviu.org: Página del Taller contra la Vio-lencia Inmobiliaria y Urbanística.

Valencia

www.cabanyal.com: Página de la Plataforma veci-nal Salvem el Cabanyal-Canyamelar, con gran cantidadde información sobre este conflicto y otras luchas de laComunidad Valenciana.

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Madrid

www.contraespeculacion.org: Página web de Ciu-dadanos contra la Especulación Urbanística.

www.geocities.com/burbujacasa: Completo directo-rio de webs vinculadas a temas de vivienda y de terri-torio.

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Índice

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Parte I. Crítica de la selva inmobiliaria

01. Manual de leyes y planes para hacer la vivienda imposible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

02. Las cajas y bancos y la cultura del talonario y el tocho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

03. Los planes de vivienda y la política de fomento del alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

04. Las capas de la cebolla de la violencia inmobiliaria y urbanística . . . . . . . . . . . . . . 41

05. Invivir hoy: las formas sostenidas del mobbing inmobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Parte II. Crónicas de la selva inmobiliaria

Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8806. Barcelona «mobbingstar» . . . . . . . . . . . . . . . 9007. Robador 29, entre la espada y los tiburones . . 9808. El barrio de Gracia y el caso de mobbing

Verdi 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11809. 15 años parando el plan Caufec . . . . . . . . . . 124

Madrid, Sevilla y Granada . . . . . . . . . . . . . . . . 13310. ¿Han oído hablar de Lavapiés? . . . . . . . . . . . 135

–221–

11. Especulación y luchas contra la gentrificación en Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . 146

12. Plaza de la Encarnación 6: del abandono al desalojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

13. La Casa del Aire amenazada . . . . . . . . . . . . . 167

Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17114. Manifiesto: Compromiso por el territorio . . . 17315. Cabanyal-Canyamelar: un Bien de Interés

Cultural en peligro de extinción . . . . . . . . . . 17616. El PEPRI del Cabanyal: destruir un barrio

para vender el mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

17. La Carta de medidas contra la violenciainmobiliaria y urbanística . . . . . . . . . . . . . . 191

Apéndices

01. Los primeros pasos que hay que dar delante de un hipotético mobbing inmobiliario . . . . . 204

02. Los cinco niveles de participación . . . . . . . . 20703. La Oficina de Okupación de Barcelona: una

herramienta para extender la okupación . . . 20904. Quién es quién en el mundo inmobiliario de

Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21105. Algunas cifras sobre el bien-estar de las

principales inmobiliarias españolas . . . . . . . 21706. Links y direcciones de contacto . . . . . . . . . . 218

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Títulos publicados

Los racismos cotidianosAriane Chebel d’Appollonia

Salir de los guetos culturalesMarco Martiniello

La ciudad de InternetPaul Mathias

La ciudadanía europeaCatherine Wihtol de Wenden

Un mundo de injerenciasPhilippe Moreau Defarges

La mundializaciónOlivier Dollfus

LaicidadJavier Otaola

El crepúsculo del comunismoLilly Marcou

Los «Otros»Chris de Stoop

A favor de una democracia mundialTroy A. P. Davis

Las identidades difícilesAlfred Grosser

Europa y el poderNicole Gnesotto

Arrepentimiento y reconciliaciónPhilippe Moreau Defarges

Ciudadanía y representatividadMaría José Aubet

El terrorismoMontserrat Bordes

¿Hay que abrir las fronteras?Catherine Wihtol de Wenden

IdentidadesDidier Eribon

CorrupcionesPierre Lascoumes

La acción humanitaria ante las catástrofesPierre de Senarclens

Hannah Arendt. Tres escritos en tiempo de guerraAnna Masó

Mujer y ciudadaníaMaría José Aubet, ed.

Sin vuelta de hojaMaría Jesús Izquierdo

HomofobiaDaniel Borrillo

Pierre Seel. Deportado homosexualPierre Seel y Jean Le Bitoux

Ciudadanía universalVV.AA.

NacionalismosAntonio R. Santamaría

Twin TowersFernando A. Iglesias

LesbofobiaOlga Viñuales

Imprevisible AfganistánGilbert Etienne

La esclavitud modernaMaurice Lengellé-Tardy

Debate sobre la globalizaciónNatalia Ribas Mateo

Un libro [para ser leído]J. Estelrich

Después del 11 de septiembreOlivier Roy

Educar en la era mediáticaEugenio Gómez Segura

La Europa de las migracionesMarco Martiniello

Norte-Sur: ¿Una cooperación imposible?Jean-Jacques Gabas

Contra HollywoodBernard Gournay

Crítica de la globalizaciónPierre de Senarclens

La otra cara del Fòrum de les Cultures S.A.Assemblea de Resistència al Fòrum 2004