El Arte de Manejar Conflictos

Protocolo de Gestión de Conflictos Sociales y Analisis de casos.

EL ARTE DE MANEJAR CONFLICTOSUnidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales

Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales

El Arte de Manejar Conflictos

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................7

PARTE PRIMERA

DEFENSORIA DEL PUEBLO PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE CON-FLICTOS SOCIALES ......................................................................................................................13

PARTE SEGUNDA

EL ARTE DE MANEJAR CONFLICTOS ..................................................................................33

PARTE TERCERA

PROYECTO DE POST CONFLICTO Y CULTURA DE PAZ IMPLEMENTADO EN CARA-NAVI Y MALLKU KHOTA ........................................................................................................ 47

PARTE CUARTA

CONFLICTOS EMBLEMATICOS ............................................................................................. 81

4.1 El rechazo a la erradicación de coca provoca violencia extrema en Apolo ................... 81

4.2 En la cárcel de Palmasola explota la violencia por el control del poder ........................ 87

4.3 Un conflicto de gobernabilidad pone en jaque al municipio de Caranavi ..................... 95

4.4 Pelea por una planta de cítricos deja dos muertos en Caranavi ......................................102

4.5 Largo y violento conflicto en el camino a Copacabana por los puentes trillizos ......... 109

4.6 Asalariados y cooperativistas se enfrentan violentamente por la mina Colquiri ........ 119

4.7 Una empresa transnacional enfrenta a comunarios de Mallku Khota entre sí ............ 129

4.8 TIPNIS, el conflicto de las visiones contrapuestas de desarrollo ................................... 140

4.9 Uncía: Ni justicia ni comunitaria ........................................................................................ 149

4.10 La masacre del Porvenir se empantana en la justicia .................................................... 155

4.11 Campesinos son humillados públicamente en condenable acto de racismo en Sucre .162

4.14 Laimes y Qaqachacas: enfrentamiento de ayllus de Oruro y Potosí ........................... 169

Igor

Resaltado

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Presentación

La Defensoría del Pueblo entiende que los conflictos sociales son espacios donde se articulan y expresan intereses, demandas y reivindicaciones que, generan o pueden generar tensiones. Los conflictos no pueden asumirse como anomias so-ciales o procesos negativos en sí mismos pues son parte de los procesos de transfor-mación de una sociedad. En esa relación de acontecimientos, cometidos por comi-sión o por omisión, se genera violencia que afecta a los protagonistas o a terceros. En ese contexto la Defensoría del Pueblo interviene para crear un clima necesario para acercar a las partes y prevenir vulneración a los derechos, especialmente de las poblaciones más indefensas como ser niños, niñas , mujeres y ancianos.

Desde el inicio de su trabajo, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en los más graves conflictos que se presentaron en el país y, en la mayoría de los casos, su aporte ha sido fundamental para gestionar el diálogo y la concertación entre las partes, pero sobre todo, para evitar o detener la vulneración de derechos humanos, muchas veces en escenarios de alta violencia.

Durante la gestión que iniciamos en 2010, nuestra participación en los ámbitos del conflicto ha tenido fundamentalmente tres líneas directrices: primera que los conflictos emergen de contradicciones sociales muchas veces legítimas, aunque no necesariamente reconocidas por el gobierno, como pedidos o movilizaciones, ajustados a las normas establecidas; segunda que es función del Estado canalizar las demandas que las originan; y finalmente que la Defensoría del Pueblo - como parte del Estado- y siendo fiel a su mandato constitucional, actúa aplicando estra-tegias de intervención diferenciadas orientadas a evitar se vulneren los derechos humanos.


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Respondiendo a líneas estratégicas, y en base una conciencia comprometida por los derechos humanos, se ha intervenido en procesos de conflictividad complejos y que dejaron secuelas profundas en la memoria social, donde han habido víctimas y victimarios, generando Informes Defensoriales como los de Caranavi y Cha-parina, basados en testimonios, con sustentación jurídica y ética sólidas. Que re-flejan los resultados de investigaciones minuciosas en el ámbito de la vulneración de los derechos humanos.

Sin embargo, nuestra participación fue más allá de la investigación y en la ma-yoría de los casos, estuvimos presentes en la gestión de los conflictos desde un inicio y logramos, con la participación de las partes en conflicto, con autoridades del Estado, organizaciones sociales, autoridades originarias presentes el diálogo y la intervención oportunas, para que cesen los enfrentamientos y disminuya la radicalidad en la búsqueda de soluciones como ha sido el caso de Mallku Khota.

Este trabajo y sus resultados han evidenciado la necesidad de recoger la me-moria de las intervenciones y registrar nuestro modelo de intervención, desarro-llados en diferentes contextos, los que han contribuido al análisis y la compresión de los procesos que generan la emergencia, reconociendo que en el proceso y la conclusión de los conflictos, son espacios donde se construyen relaciones intercul-turales novedosas y dinámicas que le van dando sentido de una u otra manera, a la forma en que se van plasmando aportes sustanciales en la construcción del Estado Plurinacional.

Este libro es precisamente la concreción de nuestro propósito de transmitir las lecciones aprendidas de nuestras intervenciones, para aportar a la comprensión de los fenómenos sociales en los que se desenvuelve el conflicto, y a partir del enten-dimiento que más allá de nuestras diferencias y discrepancias a veces violentas, las bolivianas y bolivianos debemos construir el nuevo país desde el diálogo, la igualdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos.

Rolando VillenaDefensor del Pueblo


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Introducción

Este trabajo intenta recoger la experiencia adquirida por la Defensoría del Pueblo en la prevención, gestión y solución de conflictos. Incluye, en una primera parte la elaboración del Protocolo de Conflictos de la institución; luego está el contenido del texto el ”Arte de Gestionar Conflictos”, las lecciones aprendidas en la imple-mentación de un proyecto de cultura de paz y, finalmente, casos paradigmáticos en los cuales han participado los operadores defensoriales, ya sea como facilita-dores del dialogo o como mediadores del mismo.

El Protocolo de Atención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo pretende ser una guía para los servidores y servidoras de la institución; también puede ser un modelo a ser utilizado por otras entidades del Estado, de la sociedad civil o de los movimientos sociales.

En la primera parte del texto, el “Arte de Manejar Conflictos”, se busca sin-tetizar en reglas prácticas la experiencia en terreno, recoger los conocimientos y destrezas que todo operador debe cultivar. Ciertamente es un compendio de temas de gestión política, pública y del conflicto pero que además toma en cuenta un aspecto fundamental que es la emoción, los hábitos y actitudes que se visibi-lizan en la disputa y que mal encaminados pueden ocasionar daños irreparables y alargar innecesariamente el conflicto.

También encontramos las actividades y resultados del proyecto “Post Conflicto y Cultura de Paz que se han implementando en Caranavi y Malqhu Kota”, com-pendio realizado con el apoyo de la cooperación de Gran Bretaña y que muestra percepciones de la población acerca de los conflictos y la forma cómo ayudó a implementar mesas de prevención de conflictos para analizar la conflictividad y emitir señales de alerta temprana.

Entre los casos en los que la Defensoría del Pueblo ha intervenido, se encuentra el conflicto de Apolo generado por la erradicación de cultivos de hoja de coca en el norte del departamento de La Paz y que tuvo como resultado el lamentable deceso de cuatro efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta.

Otra intervención defensorial es la referida a la disputa por los yacimientos mineros en Mallku Qhota, Colquiri y donde conviven diferentes formaciones eco-nómica-sociales, abigarradas formas de propiedad de la tierra; comunal, titulada y privada; y de los yacimientos, coopeativas, estatal en propiedad de la COMIBOL,

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y privada; donde todos los actores buscan capturar una parte de la renta generada por la extracción de minerales.

Un otro conflicto es la construcción de un puente sobre el lago Titicaca donde comunidades que habitan en la provincia Manco Kapac tiene puntos de vista dife-rentes. Los campesinos balseros que viven del transporte y que consideran que esa obra los dejaría sin trabajo; las comunidades que viven al interior que demandan la construcción de un puente porque abarataría los precios del transporte. Este conflicto muestra la situación estructural de pobreza en medio de bolsones de in-gresos por actividades modernas relacionadas con el turismo.

También están mencionados otros conflictos como aquel cargado de discrimina-ción suscitado en Sucre en mayo de 2008, entre campesinos y pobladores urbanos; y de Porvenir entre habitantes de la amazonia de Pando en disputa por el poder.

El conflicto por el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), referido a la disputa entre dos visiones de desarrollo, una modernizante basada en la extracción de los recursos naturales que pugna por construir una carretera, extender la frontera agrícola y unir territorios más allá de la riqueza/fragilidad de la Madre Tierra; y la otra, una visión indígena que busca preservar la biodiver-sidad y sus formas de vida.

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades y servidores y servidoras de la institución. Agradecemos al Defensor del Pueblo, Rolando Vi-llena, por su comprensión a la dimensión estratégica que tiene para la institución la política de gestión de conflictos y gobernabilidad; a los Representantes defen-soriales, en especial a los que están retratados en este trabajo, por su participación activa en la gestión de los conflictos; a las y los profesionales de la Unidad de Conflictos, a decenas de compañeros y compañeras que desde ministerios, gober-naciones, alcaldías, universidades y movimientos sociales han coadyuvado en este esfuerzo. Al Reino Unido, porque sin su aporte no hubiera sido posible la edición e impresión de este texto.

Gregorio LanzaJefe de la Unidad Nacional de Atención de Conflictos y Gobernabilidad

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PARTE PRIMERA

PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES DE LA DEFENSORÍA

DEL PUEBLO

1. DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y CONFLICTOS SOCIALES

1.1. Rol tutelar e independencia de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es una ins-titución establecida por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bo-livia que, según lo previsto por el artí-culo 222, numeral 3, debe “investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos y omisiones que impliquen violación de derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacio-nales, e instar al Ministerio Público a iniciar las acciones legales que corres-pondan”. Además, según el artículo 1 de la Ley 1818, que rige la vida institu-cional de la Defensoría del Pueblo, debe velar por el cumplimiento, derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público.

La Defensoría del Pueblo está lla-mada a constituirse en un ente obser-vador, atento y privilegiado del funcio-namiento de la sociedad, con capacidad de identificar las situaciones violatorias de los derechos ciudadanos. Desem-peña, además, un importante rol en el perfeccionamiento del sistema de

protección de los derechos humanos. A su vez, las actuaciones de oficio y la facultad de investigación le dan una eficaz herramienta en el conocimiento de las situaciones observadas. Con su accionar, contribuye a afianzar los prin-cipios de legalidad y de responsabi-lidad. Acumula información y detecta las áreas o sectores más conflictivos y desprotegidos, así como las prácticas viciadas.

La institución, además, contribuye a mejorar la capacidad propositiva del sistema, mediante la recomendación de proyectos de ley o su envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y a través de intervenciones en los con-flictos sociales, en los que adopta un rol de mediador entre la sociedad y las instituciones estatales y/o privadas que prestan servicios públicos.

Las intervenciones de la Defensoría del Pueblo se enmarcan estrictamente en el campo de aplicación de la Ley 1818. Como alto comisionado del Es-tado es independiente en el ejercicio de sus funciones y no requiere de ningún mandato especial para sus interven-ciones.

La Defensoría puede constituirse, también, en una institución colabora-dora en la revisión y evaluación de las políticas públicas en la medida en que éstas afecten los derechos ciudadanos. En tal sentido, es un referente de (los) derechos humanos, orientador hacia las autoridades de Gobierno y órganos Le-gislativo y Judicial.


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a) La Defensoría del Pueblo, de oficio, puede recurrir al procedimiento de facilitación y/o mediación cuando lo considere procedente y necesario, con el fin último de evitar la vulneración de derechos.

b) Mediante el ejercicio de sus competencias, la Defensoría del Pueblo exige el cumplimiento y respeto de los derechos y garantías constitucionales en situación de conflicto social. Tratán-dose de la protección del ciudadano individual, actuará en aquellas áreas o tipo de conflictos donde no alcanza la justicia ordinaria.

c) Su intervención en conflictos sociales es un mecanismo de fortaleci-miento de la democracia, en especial, en lo relativo al sistema de protección de los derechos humanos y, en particular, de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

d) La intervención de la Defensoría del Pueblo es necesaria, puesto que, en el ámbito de la administración pública ejerce un control de finalidad. Esto quiere decir que se busca que el servicio público no se aparte de su fin último, que es, precisamente, servir a la comu-nidad y a los ciudadanos.

e) La acción de la Defensoría se extiende a todos los órganos, empresas, servicios y agentes del Estado que cum-plen la función administrativa, pero también alcanza a las entidades pri-vadas cuando éstas ejercen funciones de servicio público.

A petición de parte y, especialmente de oficio, la Defensoría del Pueblo está llamada a ser protectora y articuladora de los derechos individuales y colec-tivos, sobre todo de las poblaciones más vulnerables; contribuyendo a reforzar la tutela pública, así como a velar por el patrimonio público material, ambiental y cultural. La objetividad y la indepen-dencia son las características inherentes a su trabajo.

De ningún modo la Defensoría debe suplantar o administrar la participa-ción y expresiones de la ciudadanía de manera directa. Por el contrario, debe favorecerlas. Su rol consiste en lograr que esas expresiones tengan acogida, adopten relevancia y se traduzcan en políticas institucionales que impidan la repetición de situaciones negativas. De este modo, contribuye a la estabilidad y al mejoramiento permanente de una sociedad democrática.

La Defensoría del Pueblo interviene en los conflictos sociales en la búsqueda de una relación permanente entre los in-dividuos y los grupos colectivos, cuyos intereses se encuentran en pugna. La intención es crear espacios de concer-tación entre los diferentes sectores po-tencialmente en conflicto y el Gobierno para garantizar la paz social y evitar la violencia que, inevitablemente, deriva en la vulneración de derechos.

En ese marco, las que se describen a continuación son algunas de las parti-cularidades de las intervenciones de la Defensoría del Pueblo en conflictos so-ciales:


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También se pueden distinguir pre-condiciones, que son los factores que contribuyen a generar la situación que gesta el conflicto social; y detonantes, que son los acontecimientos o procesos de ciclo corto, que provocan directa-mente el inicio del conflicto.

Los aspectos que intervienen en un conflicto pueden ser:

- Percepciones: Cada quien interpreta la realidad de acuerdo a su experiencia de vida, a su cultura, edad, origen, pro-fesión u otros aspectos. Hay tantas per-cepciones de la realidad como personas, lo que impide el establecimiento de una verdad inequívoca. Muchas veces, las disputas provienen de la forma en que los actores se perciben entre sí, por pro-blemas de comunicación o por animad-versiones fundadas o infundadas.

- Emociones: Son estados psicoló-gicos que pueden originar o exacerbar un conflicto. Las partes, generalmente, experimentan miedo, enojo, descon-fianza, envidia, suspicacia, deseos de venganza, resentimiento. Estas emo-ciones dificultan y hasta anulan la co-municación, por lo que deben ser ma-nejadas antes que cualquier otro asunto. Cuanto más intenso es el conflicto, ma-yores son las emociones. Se quiere no solo ganar, sino, además, dañar al otro.

A medida que se desarrolla un con-flicto, las emociones van en aumento. Se produce, además, una percepción selectiva. Los actores llegan a creer que todo lo que dice el oponente está en su contra e, incluso, la información que re-ciben del otro la utilizan para confirmar sus sospechas.

2. DEFINICIÓN, CAUSAS Y ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN

LOS CONFLICTOS SOCIALES

2.2 El conflicto social

El conflicto social es una forma de disputa o competencia entre personas o grupos, que surge cuando los recursos son limitados y la demanda, alta. Re-fleja una pugna de intereses, que pasa del escenario discursivo a los hechos y que puede derivar en acciones de vio-lencia.

El conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo, en el que sectores, el Estado y las empresas pri-vadas que prestan servicios públicos perciben que sus objetivos, intereses, valores y creencias son incompatibles o contradictorios.

La complejidad de los conflictos está determinada por los problemas que se ventilan, las percepciones a cerca de los mismos, el número de actores que intervienen, la diversidad cultural, eco-nómica, social y política, así como la debilidad institucional que impide un curso racional al conflicto y las formas de violencia que pueden presentarse, entre otros elementos.

2.3 Causas y aspectos del conflicto social

La principal causa o raíz del conflicto está en los problemas o tensiones es-tructurales (económicas, sociales, ideo-lógicas); mientras que los procesos co-yunturales agravan la situación, hasta que un detonante origina la revuelta.

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d) Cambio en las esperanzas y los logros: La falta de satisfacción se debe a que las personas tienen cada vez una proporción menor de lo que sienten que deberían y podrían tener. Se sostiene que esta diferencia o discrepancia es base fundamental de las rebeliones y otro tipo de agitaciones.

2.4 Inicio y desarrollo de los conflictos

Las nuevas teorías explican cues-tiones clave del conflicto social. Por ejemplo, por qué se producen las rebe-liones y en qué momento concreto es-tallan las mismas. Para dar cuenta de estos procesos, utilizan tres conceptos centrales: gobernabilidad, oportunidad política y movilización de recursos.

La gobernabilidad (Camou 2001) está relacionada con la capacidad del Estado y sus instituciones para responder a las demandas de la sociedad; pero, además, con la versatilidad y eficacia en la ges-tión política para evitar que la brecha entre demanda y oferta se exprese en el disturbio social y el uso de la fuerza como forma de resolver y acallar la de-manda social.

La oportunidad política o ventana de oportunidad está relacionada con va-riables como el grado de apertura del sistema político, el grado de estabilidad de las élites, las posibilidades del grupo movilizado de contar con apoyo dentro de las élites y la capacidad del Estado o las autoridades para reprimir las movi-lizaciones.

La movilización de recursos tiene que ver con la capacidad de conseguir

- Comunicación: La interacción efec-tiva entre los oponentes es esencial para la solución no violenta de las disputas; sin embargo, cuanto más escala el con-flicto, más se dificulta la comunicación, se hace más complicado conversar con el otro sobre las divergencias. No solo se rompen los canales de información, sino la propia relación entre los interlo-cutores.

- Cultura: Existen diferentes cosmo-visiones, patrones de comunicación, sis-temas de valores, además de tradiciones y costumbres que entran en colisión con diversas creencias, aspectos que faci-litan o dificultan la relación entre los actores.

- Poder: También es determinante la forma en que los actores influyen o se imponen unos a otros, lo que tiene con-secuencias en el equilibrio entre ellos.

Los motivos que impulsan a la gente a sumarse al conflicto pueden clasifi-carse de la siguiente manera:

a) Sentimiento de injusticia: La falta de satisfacción o el descontento por lo que los actores creen que debieran tener y no tienen.

b) Sentimiento de privación: Entre mayores carencias sufren las personas, peor se sienten; especialmente si pro-vienen de estratos sociales bajos.

c) Desequilibrio de posición: Las per-sonas que ocupan niveles elevados en algunas dimensiones sociales y bajos en otras se sienten particularmente insatis-fechas.

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utilidad de la protesta o el grado de con-secución de los objetivos perseguidos. Por ejemplo, una protesta calificada como inútil actuará a mediano plazo como disuasiva de nuevos enfrenta-mientos, fomentará actitudes fatalistas y restará credibilidad a cualquier pro-puesta de oposición.

Los resultados de un movimiento so-cial pueden ser aquellos cambios que se introducen en el sistema social de forma permanente y otros que, pasados los primeros momentos de éxito o de con-cesiones desde el poder para acallar la protesta, desaparecen.

Así, el conflicto social actúa como un regulador de las tensiones. Por un lado, identifica los problemas del sistema e incentiva a su solución, ofreciendo a personas y grupos la posibilidad de reajustar su posición o sirviendo como simple válvula de escape psicológica. Asimismo, es preciso observar en qué medida el conflicto puede modificar o alterar la estructura institucional vi-gente, por lo que es fundamental prever la intensidad que alcanzará.

3. ACTORES, TIPOLOGÍA, ESTADO Y FASES DEL CONFLICTO SOCIAL

3.1 De los actores

Los actores involucrados en el con-flicto son también claves para com-prender mejor las características y evolución del mismo. Pueden tratarse de simples grupos de presión que rei-vindican aspectos puntuales de sus asociados, pueden ser agrupaciones po-líticas que intentan modificar una por-ción de la estructura normativa vigente

nuevos miembros que se sumen a la movilización, mantener la moral y el nivel de compromiso de los militantes o participantes, conseguir mayor pre-sencia en los medios masivos, movilizar el apoyo de grupos externos, limitar las opciones de control social ejercidas por los oponentes del movimiento e influir y orientar las decisiones de las autori-dades públicas.

Generalmente, las movilizaciones están dirigidas abiertamente contra las autoridades o instituciones públicas, las que tienen algún tipo de interacción con el movimiento, ya sea por sus res-ponsabilidades en el cumplimiento de las normativas o el mantenimiento del orden público, puesto que la moviliza-ción constituye una amenaza contra el sistema social, político o económico.

En este marco, la actitud del grupo dirigente puede ser de tolerancia, re-forma o represión. En este punto es pre-ciso distinguir los siguientes estados: represivo/tolerante, represión selec-tiva/difusa, represión preventiva/reac-tiva, represión dura/blanda y represión sucia/legal.

La radicalización, extensión y dura-ción del movimiento son factores a to-marse en cuenta porque la incidencia del conflicto social será mayor cuanto más largo y más extendido sea éste, o cuanto mayor sea la capacidad de un grupo para extender sus apoyos so-ciales y cuanto más tiempo sea capaz de mantenerse movilizado.

Finalmente, se debe tomar en cuenta

los resultados, es decir, la utilidad o in-


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para avanzar en la dirección de una solución propuesta que, dependiendo de las responsabilidades, atañe a los individuos, la sociedad, las empresas y el Estado. Constituye el objeto del con-flicto.

Cada uno de estos componentes del problema es percibido e interpretado desde un punto de vista particular, lo que origina la formación de verdades distintas y hasta contradictorias.

Los problemas tienen como expre-sión colectiva, verbal o escrita a las demandas sociales. El concepto de de-manda social expresa la exigencia pú-blica de uno de los actores sociales, re-gularmente provenientes de la sociedad civil con algún nivel de organización. Las demandas sociales pueden caracte-rizarse por el cuestionamiento a la ac-tuación del Estado o de alguna empresa y, por lo general, se hacen reclamaciones directas y/o públicas al mismo tiempo.

La demanda no siempre refleja lo que la gente realmente quiere porque puede originarse en intereses de diversos ac-tores, ante los diferentes niveles de go-bierno y, en algunos casos, puede estar relacionada con intereses políticos.

A los problemas formulados inicial-mente se pueden sumar otros, por lo que las demandas sociales también pueden cambiar en el curso del conflicto. Por tanto, en las demandas se conjugan la visión de los PROBLEMAS y sus posi-bles soluciones por parte de uno o más ACTORES; y estas demandas pueden variar durante el PROCESO del con-flicto social.

para posicionarse mejor en el escenario político, o también es posible que un movimiento social lidere un conflicto que tenga como objetivo el desmante-lamiento o destrucción del sistema ins-titucional y su reemplazo por otro pre-suntamente mejor.

Los actores son todos aquellos (per-sonas, grupos e instituciones) que tienen una participación en el conflicto social o se ven afectados por él o sus resultados. En un conflicto se pueden identificar:

a) Actores primarios: Son aquellos que participan directamente en el con-flicto.

b) Actores secundarios: Pueden ser grupos que apoyan a alguna de las partes. También se consideran aquí a instituciones, organizaciones de la so-ciedad o personas que colaboran en la canalización del conflicto, o que po-drían hacerlo.

c) Actores terciarios: Son personas u organizaciones percibidas como impar-ciales, que tienen la posibilidad de ac-tuar como mediadores o negociadores.

La identificación de actores se hace encontrando las relaciones entre ellos, la fuerza que pueden desplegar, la ca-pacidad de negociación con la que cuentan, la disponibilidad al diálogo, entre otros aspectos.

El conflicto social se inicia cuando el grupo social movilizado visualiza y pone en agenda un problema. El pro-blema es un componente de la realidad que se pretende cambiar o modificar


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pueden encontrar posibilidades y alter-nativas para resolver un conflicto al am-pliar la óptica de la demanda.

3.3. Tipología de los conflictos sociales

Los más frecuentes en Bolivia son por:

3.3.1 Tierra/territorio

La tipología de tierra/territorio se re-fiere a la lectura de controversias terri-toriales y sus procesos de conflictividad; entendiendo al territorio como espacio de gobernanza, como propiedad y como espacio relacional.

3.3.2 Laboral/seguridad Social

Es aquella controversia que enfrenta los intereses de quienes mantienen posturas antagónicas en torno a las re-laciones laborales y en relación a las condiciones de trabajo. Se trata de la disputa de derecho o de interés, que se suscita entre empleadores y empleados o de estos con el Estado.

3.3.3 Situación /medidas económicas

Tipología referida a las controver-sias emergentes de las medidas econó-micas determinadas dentro del Estado Plurinacional y que afecten o generen disconformidad en los actores y grupos sociales.

3.3.4 Recursos naturales/ medio ambiente

Tipología que considera a los con-flictos que surgen a raíz de los procesos de explotación de recursos naturales en

3.2 De posiciones, intereses y necesidades

Como parte del problema, se entre-mezclan posiciones, intereses y necesi-dades de los actores en los conflictos, por lo que es necesario saber diferen-ciarlos.

- La posición es el planteamiento o la demanda explícita de un actor ini-cial frente a un problema o determinada situación. Generalmente, es un espacio donde no existe punto de encuentro entre las partes y, por el contrario, es el momento de los antagonismos, que pueden llevar a la polarización y pro-fundización de un conflicto. Las de-mandas sociales, presentadas también como “pliego petitorio” o “plataforma de lucha”, contienen pedidos que, regu-larmente, permiten identificar solo po-siciones.

- Los intereses son el elemento motivador más profundo y se re-lacionan con deseos, aspiraciones, preocupaciones y miedos. Son los obje-tivos políticos, económicos y de poder que las partes persiguen. Éste ya es un espacio donde se pueden encontrar ma-yores puntos de acercamiento entre las partes de un conflicto.

- Las necesidades humanas se refieren a aspectos básicos como la ali-mentación, el vestido, la vivienda, la salud, la educación, la seguridad, la jus-ticia y otros. Sin embargo, los conflictos tienen que ver también con necesidades que, no siendo básicas, son conside-radas prioritarias para los intereses o las creencias de alguien. En esta área se

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3.3.6 Servicios y obras públicas

Tipología referida a las controver-sias emergentes de las políticas de re-gulación de la propiedad urbana y de-mandas de los sectores sociales ante la realización o no de obras públicas.

3.3.7 Coca excedentaria

Tipología que se refiere a los con-flictos suscitados como consecuencia del crecimiento de las áreas de cultivo de la coca, y del reconocimiento o no de las mismas por parte de otros produc-tores o del Estado en el marco de la Ley 1008.

3.3.8 Gobernabilidad

Esta tipología comprende los con-flictos en los espacios regionales y lo-cales, emergentes de las demandas de los sectores sociales al Gobierno central sobre mayores recursos y competen-cias; y los procesos de oposición de los grupos sociales organizados contra las autoridades regionales, municipales y departamentales.

3.3.9 Seguridad ciudadana

Esta tipología se refiere a los con-flictos emergentes de la inseguridad que se manifiesta en la sociedad y la falta de políticas de seguridad ciuda-dana, que genera disconformidad en los actores sociales.

3.3.10 Vivienda y avasallamientos

Se relaciona con la tipología del con-flicto por tierras, con la diferencia de que se trata de propiedad privada des-

diferentes regiones del país. Continua-mente se repiten y suceden tensiones y, en ocasiones, conflictos entre, por un lado, pobladores locales (muchas veces comunidades originarias o campesinas) que buscan defender y cautelar sus de-rechos e intereses relacionados prin-cipalmente con los recursos naturales, y por el otro, empresas que pretenden hacer algún tipo de explotación econó-mica en la zona. Como actor también se encuentra presente el Estado.

En este espacio se ubica también la disputa por yacimientos entre dife-rentes actores económicos como ser mineros asalariados (vinculados a una empresa, sea esta privada o estatal) y cooperativistas.

La tipología socio ambiental abarca el acceso de las comunidades a los re-cursos y servicios ambientales, así como los vínculos entre el medio am-biente y la sociedad, reflejando deter-minados valores y relaciones de poder, importando que la conflictividad surge cuando dicho acceso es amenazado por el sistema generalizado de mercado o por los impactos derivados de un deter-minado proyecto del Estado.

3.3.5 Límites

Las identidades plurinacionales y la definición de sus límites territoriales, sean estos provinciales, municipales o departamentales, son el resultado de un proceso histórico dinámico, lo cual genera momentos conflictivos por la co-hesión interna y por las luchas de inte-reses.

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3.3.15 TributoSon las obligaciones dinerarias im-

puestas unilateralmente y exigidas por la administración pública a partir de una ley. En este ámbito se incorporan demandas como el incremento o dismi-nución de impuestos, como el conflicto desatado por la vigencia del (llamado) régimen simplificado.

3.3.16 Régimen penitenciario Entendido como el conjunto de me-

didas, condiciones y modos en que se cumple la sanción penal. Por tanto, abarca demandas sobre “prediarios”, infraestructura penitenciaria adecuada al régimen, medidas disciplinarias y condiciones de vida estandarizadas, además de personal idóneo.

3.3.17 Salud Se refiere a las demandas estructu-

rales emergentes del sistema de salud, lo que engloba políticas de biosegu-ridad, incremento de horas laborales, infraestructura, políticas de prevención de enfermedades, alcance poblacional del seguro de salud pública, calidad de atención y negligencia médica.

3.4. Fases del conflicto

En los conflictos activos se pueden encontrar diversas fases: fase latente, temprana, pre crisis, escalamiento, crisis y desescalamiento.

Pero, ¿en qué momento se puede acudir al diálogo? El diálogo se puede producir en cualquiera de las fases ci-tadas. Las partes acuden al mismo de manera directa o intermediados por una persona.

tinada a vivienda. En este ámbito se dan los llamados avasallamientos, que enfrentan a dos partes por la propiedad de terrenos para lotearlos.

3.3.11 Educación

Tipología referida a los conflictos suscitados a partir de la consideración del sistema educativo como articulador de diferentes actores sociales, como ma-gisterio rural y urbano, y las demandas de éstos con el Estado.

3.3.12 Identidad e interculturalidad

Tipología referida a los conflictos entre nación y de los pueblos indígena-originario-campesinos o toda la colecti-vidad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovi-sión; o entre éstos y el Estado.

3.3.13 Autonomías

Entendida como la potestad de la que pueden gozar los municipios, provin-cias, regiones u otras entidades (auto-nomía universitaria) dentro del Estado, para regir su vida interior mediante normas u órganos de Gobierno propio, definiendo su nivel de organización dentro del Estado.

3.3.14 TransporteEs la actividad de traslado tanto in-

terdepartamental como dentro del departamento. En esta tipología se in-corporan demandas de incremento de costo de transporte al órgano municipal y exclusividad en el servicio.


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el incorrecto comportamiento de una autoridad, la inconveniencia de una norma jurídica o, simplemente, buscan fijar la posición política frente a un tema. Las acciones legales, asambleas, denuncias marchas, vigilias y estados de emergencia son indicadores de esta fase.

3.4.3 Fase de pre crisis o escalamiento

La fase de pre crisis se caracteriza por el desencadenamiento de hechos que incrementan la energía de la protesta social y que buscan influir en el ánimo de las instituciones o autoridades lla-madas a atender las demandas y que repercusiones en la opinión pública. En esta fase aún es posible contener la violencia, pero empiezan a presentarse trasgresiones a derechos, daños ma-teriales y agresiones. Algunos de los indicadores son los bloqueos, toma de oficinas, huelgas de hambre, y otras ac-ciones de hecho.

3.4.4 Fase de crisis

La característica principal de la fase de crisis es la confrontación violenta. Es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de hecho contra las fuerzas del orden y otros agentes del Estado o contra particulares.

La línea divisora entre la fase de esca-lamiento y la de crisis es muy delgada. Algunos de los indicadores del escala-miento podrían encontrarse también dentro de la fase de crisis. La diferencia principal entre ambas fases es que en el escalamiento predomina una amenaza de violencia, mientras que en la crisis la amenaza se convierte en hecho. Los

Es importante tener en cuenta que la clasificación mediante fases es un modelo idealizado. El desarrollo del conflicto no necesariamente sigue li-nealmente este proceso, sino que se trata más bien de una serie de avances y retrocesos en el camino hacia su reso-lución.

Estas fases son determinadas de acuerdo a ciertas características que se explican a continuación:

3.4.1 Fase latente

En la fase latente ya existen algunas señales de que la demanda está madu-rando o que hay resabios de un anterior conflicto porque la petición no ha sido resuelta a plenitud o no se han cum-plido compromisos asumidos por insti-tuciones del poder ejecutivo, la justicia u otra instancia.

3.4.2 Fase temprana

En la fase temprana los actores hacen pública la incompatibilidad de obje-tivos, medidas, posiciones, intereses, valores o necesidades existentes. El des-acuerdo entre las partes es expresado de manera pacífica mediante memo-riales, quejas en medios de comunica-ción, trato directo, acciones administra-tivas, acciones judiciales o pedidos ante las autoridades pertinentes, entre las que se puede encontrar la Defensoría del Pueblo.

También tienen lugar acciones

individuales o colectivas dirigidas a de-nunciar públicamente la falta de aten-ción a las demandas de la sociedad por parte del Estado, las amenazas o vio-laciones de derechos fundamentales,


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4. ESTRATEGIA Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

4.1 Acciones y rutinas sugeridas para el proceso de intervención

Se trata de un proceso dinámico, no necesariamente secuencial, pues en al-gunas fases, como durante la compren-sión del problema, se disciernen las po-siciones e intereses de los actores, hecho que está relacionado con el contexto en el que actúan, las tendencias polí-ticas de corto y largo plazo, así como los entornos regionales o locales. De la misma manera, el rol de la Defensoría del Pueblo y/o el equipo operativo es múltiple y actúa en las diversas fases de manera interactiva. También existe una conexión entre cómo termina el caso, las recomendaciones defensoriales y el monitoreo.

La intervención preventiva es ideal porque evita el escalamiento de un conflicto. Esto es posible si se tiene acti-vado un eficiente sistema de alerta tem-prana, lo que no siempre ocurre. Por esta razón, en la mayoría de los casos atendidos por la Defensoría, ya sea por la intensidad del proceso político o por la conflictividad, las intervenciones se desatan en el momento de la crisis.

En el caso de intervenciones poste-riores a la crisis, consideradas como de post conflicto, pueden tener el objetivo de disminuir los impactos negativos producidos por el conflicto, especial-mente en el campo de la cohesión social y las secuelas producidas por la vio-lencia.

indicadores de la crisis, que expresan formas de confrontación violenta de la sociedad y del Estado pueden derivar en lesiones a la integridad corporal, pér-dida de vidas, daños a la propiedad con uso de substancias explosivas, lincha-mientos y otras acciones violentas.

3.4.5 Fase de desescalamiento

En la fase de desescalamiento, luego de la etapa violenta del conflicto, se pro-duce un cuarto intermedio en razón a que la violencia no se puede sostener de manera indefinida. Así, el conflicto pasa a una fase en la que se abre una oportunidad para crear condiciones para el diálogo. El rol de los actores ter-ciarios en este momento es clave para promover el encuentro y evitar que la violencia retorne.

3.4.6 Fase (momento) de diálogo

En la fase de diálogo, las partes de manera directa o intermediados por al-guna persona o institución- desarrollan un proceso comunicacional en el que intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas. El fin del proceso de diálogo es que las partes declaren su conformidad con las soluciones produ-cidas de manera colaborativa y dentro del marco de la ley. En esta fase la vio-lencia se mantiene en estado de latencia y, dependiendo del curso de las nego-ciaciones, podría reaparecer o no.

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antes y después de un acuerdo al que llegan las partes del conflicto.

En la práctica, esos tipos de inter-vención están interrelacionados y se pueden dar combinaciones entre una y otra. Cualquiera de las formas de in-tervención puede terminar con la reco-mendación defensorial para que se res-tituyan derechos a una de las partes o a ambas.

En este contexto, se pueden dar los siguientes pasos:

4.2.1 Decisión de intervenir

La decisión se intervenir se produce por mandato institucional, por decisión de los operadores responsables regio-nales o de la jefatura nacional, en base al mayor conocimiento acumulado. Existen casos excepcionales donde la in-formación es confusa, lo cual no puede ser un óbice para la intervención.

Se deben tomar en cuenta los obje-tivos, la estrategia/plan para intervenir, además de las capacidades institucio-nales.

De manera general, se recomienda que exista un mando único, es decir, una persona ya sea de la Unidad Na-cional de Conflictos o de la Represen-tación, que tome las decisiones finales después de un proceso de consulta con su equipo. En caso de que se trate de un problema que involucre a varias instan-cias o regiones, puede ser el Defensor o la Defensora, quien señale la persona encargada de la coordinación. Esa per-sona debe asumir, en última instancia,

4.2 La forma como se presenta la demanda y del carácter de las partes

La demanda de intervención puede presentarse a pedido de las partes o por un tipo de alerta. También puede ocurrir cuando se ha desatado el con-flicto de manera imprevista, debido a la vulneración de derechos. Este mo-mento permite entender quién debe tomar la decisión de participar y el nivel de involucramiento en un conflicto.

La Defensoría del Pueblo tiene como principal objetivo evitar la vulneración de los derechos. En esa perspectiva, pa-cificar y bajar la intensidad de la vio-lencia es un primer objetivo de todas sus acciones, tomando en cuenta que es prioritaria la atención de los sectores más vulnerables, como mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad.

A partir de ello se puede avanzar en acciones de facilitación del diálogo, lo que significa que se puede ayudar a las partes a que se sienten en torno a una mesa, donde sean ellas quienes definan las formas y los contenidos del proceso de negociación.

En cambio, la mediación es una ac-ción de mayor profundidad en la in-tervención de la Defensoría del Pueblo, donde por acuerdo de partes se designa al representante o al Defensor o De-fensora del pueblo como mediador/a. Esto le permite aportar criterios de ma-nera mucho más activa para definir las formas y contenidos de la negociación.

Finalmente, la observación y segui-miento es una acción que se realiza

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rodean el problema, entre ellos, los po-líticos, económicos y étnicos

• Los actores que están en juego

y cómo ayudan o dificultan para lograr una solución adecuada al problema.

Este punto es fundamental para com-prender los límites que impedirían la so-lución del conflicto, así como las restric-ciones que se tienen a la hora de buscar alternativas ya sean desde el campo de los demandantes o del Estado; o entre instituciones de la sociedad.

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ya sea de manera implícita o más desarrollada, toman nota de este factor para adoptar decisiones con rela-ción a su propia participación.

d) El problema: demanda actores, posiciones y objetivos (intereses)

Permite entender la magnitud del problema y sus derivaciones en el con-flicto. Al mismo tiempo, fija las posi-ciones que, generalmente, no permiten la negociación. También identifica los intereses (objetivos de los actores) que muestran un escenario más amplio, el que abre ventanas para alternativas de solución. Este aspecto se complementa con el mapa de actores.

la responsabilidad en la toma de las de-cisiones.

Para la implementación de la inter-vención se debe tomar en cuenta lo si-guiente:

a) Comprensión del problema cen-tral que genera el conflicto.

Se trata de identificar el asunto sobre el cual se genera el conflicto, para lo que se recomienda hacer un esfuerzo por visualizar los verdaderos objetivos e intereses detrás de las posiciones de los actores. Para ello, es interesante di-ferenciar los problemas estructurales o causas profundas del problema, así como los detonantes del conflicto. Los problemas en esta etapa pueden ser:

• Definición prematura• Existencia de uno o varios pro

blemas• Contraposición de síntomas

versus problemas• Diferenciación de problemas es-

tructurales de los coyunturales

b) Directrices que se deben seguir

• Evaluar exhaustivamente la in-formación

• Anotar todos los problemas y establecer prioridades

• Organizar las relaciones y áreas• Definir el problema de manera

precisa y entendible

c) Análisis del contexto econó-mico, social y político

Se trata de analizar los factores que


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4.3. El rol del operador o miembro del equipo de conflictos de la

Defensoría

Se refiere a la forma en la que actúa el operador. Uno de los aspectos centrales de su accionar es contar con buena in-formación y generar confianza con los actores del conflicto. Para ello, se nece-sita construir relaciones respetuosas y cordiales con ellos.

4.4 Acuerdo o cómo termina el caso

Después de la intervención del fun-cionario de la Defensoría, se trata de ayudar en el acuerdo a firmarse. Además de las partes, deben sus-cribir otras instituciones que le den un mayor respaldo al cumplimiento de los acuerdos, siempre que éstas hayan sido incorporadas en el proceso.

4.5. Recomendaciones defensoriales e informe final

Son las recomendaciones defenso-riales que inciden fundamentalmente en la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de la Ley 1818. El in-forme final debe tener un formato esta-blecido. Se trata de un informe conciso de los productos y resultados de la in-tervención.

4.6. Monitoreo

Se debe hacer el seguimiento y moni-toreo del proceso, como aspecto culmi-nante del conflicto y su resolución, que permite observar y verificar si se han cumplido las recomendaciones y los re-sultados.

Actor Intereses en el tema

Recursos con los que cuenta

Capacidad de movilización

Posición frente al problema

-Los intereses del grupo son altos o bajos -De coyuntura o estratégicos -Económicos, étnico-culturales, sociales, políticos

Sumario:-Financieros, de información, estatus, legitimidad, coerción

-Cuáles y qué fuerzas puede movilizar

-Cuál es la demanda concreta-Está de acuerdo, apoya activamente -Está en contra-Es neutro

MAPA DE ACTORES


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CUADRO 1

Procesos de Intervención de la Defensoría del Pueblo en conflictos

1. Presentación de la demanda

2. Decide intervenir en el conflicto Prensa, Información de

actores, otras fuentes

Visión/ Misión

3. El problema, posiciones, intereses, actores

4. Análisis del contexto político, restricciones

5. Rol operador de la Defensoría

Largo/corto plazo Local/regional

Criterios, capacidades, plan de acción

6. Acuerdos o convenios

7. Informe final recomendación DP

Monitoreo Resultados

Registro de todo el proceso

Sistematización

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• MODUO 1. Alerta Temprana • MODULO 2. Registro y monitoreo de conflictos sociales• MODULO 3. Sistematización de conflictos

Las aplicaciones y operaciones del módulo de alerta temprana permiten proporcionar información oportuna, confiable y debidamente respaldada respecto de hechos, eventos y/o su-cesos que pudieren constituirse en con-flictos sociales; así como llevar registros de acciones defensoriales realizadas y las recomendaciones para la atención. Este modulo está organizado con cinco opciones:

• Registrar nueva alerta temprana• Modificar una alerta temprana• Derivar a conflicto• Derivar a suceso de un conflicto• Reportes

El módulo registro y monitoreo de conflictos sociales apoya las tareas de consignación de información básica de los conflictos que se suceden a partir de monitoreo mediático, datos propor-cionados por el personal de las oficinas defensoriales, actores del conflicto y otros. Ofrece la posibilidad de trabajar a través de cinco aplicaciones:

• Registrar nuevo conflicto• Modificar datos de un conflicto• Registrar nuevo suceso de un conflicto• Reportes

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES – SICS

El componente del abordaje integral de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo a través de la Unidad Na-cional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales está referido a la alerta, registro, seguimiento y moni-toreo de conflictos a partir del Sistema de Información de Conflictos Sociales (SICS).

Se trata de una herramienta informá-tica práctica y útil que permite contener datos sobre registro, monitoreo y sis-tematización de conflictos sociales; al-macenarlos y, a partir de ellos, generar información sobre la conflictividad so-cial en Bolivia desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo.

El propósito del SICS es generar información para el análisis, identi-ficar los actores, los tipos de conflicto, causas, comportamiento de la conflic-tividad, su variación en el tiempo y la afectación a los derechos humanos; de modo que oriente el desarrollo de las acciones institucionales de la Defen-soría del Pueblo, instituciones estatales o de la sociedad civil vinculadas a la gestión de conflictos sociales para pre-venir la violencia y la vulneración de los derechos humanos y, además, generar la prospectiva de la conflictividad.

El SICS posee una estructura mo-dular, que le permite flexibilidad e interconexión. Está compuesto por 3 módulos:

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Entre tanto, el módulo de sistema-tización de conflictos sociales tiene el propósito de apoyar en la generación de conocimiento sobre la conflictividad social, la afectación a los derechos hu-manos y la intervención defensorial en conflictos que pueda servir como retroalimentación para futuras actua-ciones institucionales. El módulo tiene tres funciones principales:

• Sistematizar un conflicto• Señalar hitos de un conflicto • Reportes

Cada uno de los módulos, aplica-ciones y funciones del SICS prevé un procedimiento u operación de uso que se detalla en la guía del usuario preci-siones de uso, dirigida a los operadores del sistema, cuyo propósito es apoyar su acceso y uso; y que se constituye en un material didáctico de consulta rápida que facilita el conocimiento y la explo-ración del sistema.

5.1 De la información, descripción del caso y gestión del registro

Esta parte se refiere al recojo de infor-mación, antes y después del proceso de la elaboración de la parte descriptiva del caso y del registro. La información rele-vante del caso se debe procesar durante el desarrollo del mismo. El sistema está habilitado para volver a reingresar en el caso cuantas veces sea necesario para plasmar el desarrollo del conflicto, así como las acciones de la Defensoría. La

estrategia/proceso de intervención es la que debe ser volcada en el SICS en un formato que permita un registro ágil, así como la interacción permanente con el mismo.

Las oficinas departamentales envían los datos con los conflictos que se de-sarrollan en su departamento, lo que permite visualizar su trabajo de manera descentralizada. La Oficina Centro de Acopio de la información del proceso de intervención centraliza los reportes, lo que permite disponer de análisis se-manales, mensuales y anuales del con-flicto.

5.2 De la sistematización de caso

En la elaboración de los casos para-digmáticos, que son los escogidos por las departamentales o la nacional, se debe reconstruir la historia y entender el caso a través de la documentación, entrevistas y fuentes primarias e in-formación secundaria. Para este efecto se aplican: Versiones de las fuentes di-rectas (entrevistas semiestructuradas), información secundaria, documenta-ción del proceso (cartas, notas, comu-nicaciones, actas de reunión/acuerdos, recomendación defensorial).

El proceso de sistematización es un ejercicio intelectual más completo y complejo que implica la narración de los antecedentes y hechos sustantivos que conforman el conflicto. Permite en-tender el antes, cómo se gatilla el con-flicto y las acciones/posiciones de las partes.

Contexto político: Incorporación de información relevante que ayude a


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comprender el entorno y las causas es-tructurales del conflicto.

Actores, posiciones e intereses del conflicto: En un cuadro se sintetiza los aspectos fundamentales que permitan avizorar las capacidades y tácticas posi-bles de cada parte.

Rol de la Defensoría y conclusión del conflicto: En esta parte se detallan los pasos fundamentales que ha dado el la Defensoría o el equipo operativo. De los procesos, reuniones y alianzas que se han tejido, así como la conclusión del mismo.

Anexos: Incorporan i) Acuerdos fir-mados; ii) Cartas relevantes iii) Decla-raciones de los actores; iv) Estadísticas.

6. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL CASO (SISTEMATIZACIÓN)

Esta fase se refiere al proceso de eva-luación de la intervención en un con-flicto, de los criterios de intervención, de la forma de implementación y de los productos, resultados y monitoreo; así como las lecciones aprendidas. Para cada uno de los criterios esbozados lí-neas arriba, se tienen las preguntas guía en el cuadro siguiente.

Interfaz del SICS


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Cuadro 2

Metodología de sistematización de intervención en conflictos

Área Temática Facetas Preguntas guía I Criterios para la inter-

vención en conflictos Sustantiva y legal ¿Se enmarca la participación en

los valores de la institución? ¿Es legal?

Política institucional ¿Sigue ciertos parámetros de política institucional?

Pertinencia de inter-vención

¿Quien decidió y cuáles fueron las razones para la intervención?

II Implementación de la decisión de participar en el conflicto

Comprensión del caso ¿Se realizó un análisis del problema, el contexto político y de los actores (posiciones e intereses) adecuado?

Diseño de la interven-ción

¿Se establecieron objetivos y estrategias para intervenir?

¿Se tomaron en cuenta las capacidades? ¿Se tomó nota de los flujos de información?

Forma de la interven-ción

¿Se construyó empatía y confianza? ¿Se construyó una red y aliados para la búsqueda de soluciones?

¿Qué dificultades hubo?

Dirección y coordi-nación

¿Hubo coordinación con los niveles superiores en la intervención? ¿Se tuvo apoyo de otras instancias de la DP? ¿Existieron roles y responsabilidades claras?

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III Viabilidad operativa y efectos

Evaluación de pro-ductos

¿Qué convenio se firmó?¿A quién alcanzó la intervención,

sectores, participantes, reuniones? ¿Cómo finalizó la intervención? ¿Con una solución o más bien se la ha postergado?

Evaluación de resul-tados

¿Se produjo una solución de los síntomas/consecuencias? ¿O se llegó a la solución estructural?

¿Hubo algún resultado inesperado como producto de la intervención?

Seguimiento y moni-toreo

¿Hay evidencia de que se han cumplido con los productos/resultados?

¿La institución está monitoreando efectivamente?

IV Lecciones aprendidas Los ámbitos opera-tivos

¿Se requiere modificar o complementar las formas cómo se intervino en el proceso?

Con relación a cul-tura de paz

¿Qué aspectos se ha aprendido para incidir en la construcción de la cultura de paz?

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PARTE SEGUNDA

EL ARTE DE MANEJAR CONFLICTOS 1

Hace 30 años vivía en el tranquilo barrio de Sopocachi de La Paz. En las tardes me reunía con mis amigos a jugar al fútbol. Una de esas tardes de noviembre, cuando nuestra discusión versaba sobre si la patada que había re-cibido Juancito era un foul o si la tra-yectoria de la pelota había dado en el poste, el ruido de las metralletas y los aviones que iban en picada a descargar sus balas en el cerro de Laikakota nos sacó de nuestro entuerto y abrió para nosotros otro espectáculo.

Corrimos por un largavista envueltos en una rara sensación que transitaba entre el temor y la aventura. Solo en las películas de la segunda guerra mundial, que solíamos ver en blanco y negro, ha-bíamos conocido el plomo de las balas que hacía brincar a los soldados por los aires. Así, la emoción de meter un gol fue reemplazada por la de ver los aviones mustang bombardeando el cerro de Laikakota. Allí estaban parape-tados los hombres armados del movi-mientismo, aquellos militantes leales al presidente Víctor Paz Esstensoro, quien fue depuesto por el que, en su inicio, había sido su oficial más fiel y, después, presidente René Barrientos Ortuño.

Asistíamos, así, ante un verdadero

1 Texto escrito por Gregorio Lanza como parte de su expereiencia en diversas institu-ciones públicas y de la Coperación Internacional.

conflicto. Las diferencias ideológicas, la redistribución de la riqueza, la forma de hacer democracia y, en suma, el manejo del poder no habían podido resolverse dialogando en el terreno político y ha-bían escalado al lenguaje de las balas.

Salvando las diferencias por la mag-nitud del conflicto, en octubre de 2013 sucedió un episodio que también costó vidas humanas, esta vez en una loca-lidad llamada Apolo, en el Noreste de Bolivia, cerca de la frontera con el Perú. Se trata de un lugar tropical, donde se produce coca desde hace centenares de años. El conflicto se desató en el marco de la erradicación de coca considerada ilegal, puesto que una buena parte estos cultivos se convierten en materia prima de la cocaína. Más allá de los episo-dios circunstanciales, el gobierno había dicho que los productores debían regis-trase para ver si efectivamente tenían coca excedentaria.

Por diversos motivos, que se pueden leer en el caso detallado, no se pudo llegar a un acuerdo en la mesa de ne-gociaciones. Entonces, el gobierno dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ingresaría a la zona a erradicar la coca ilegal. La idea era que la FTC _un ba-tallón bajo mando militar_ ingresaría al lugar para tender un cerco de segu-ridad, destinado a cubrir a los soldados recién reclutados que cortarían manual-mente el arbusto. Los productores de coca habían respondido a partir de un Voto Resolutivo que la coa era su única fuente de sobrevivencia y en caso de iniciarse la erradicación respondería con todos los elementos a su alcance.


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Una mañana de octubre, los soldados se atrevieron a ingresar a la zona. Todo indica que lo hicieron sin información de inteligencia precisa y con una mala planeación táctica, pues les estaban es-perando con rifles calibre 22 y uno que otro máuser. Al final del día, el hecho dejó un saldo de cuatro funcionarios de las FTC muertos. Nuevamente, un pro-blema se había convertido en conflicto, y éste, al no ser resuelto en la mesa de negociación por la vía política, terminó en el lenguaje de las balas.

En situaciones extremas es muy di-fícil mediar, sobre todo cuando la ira, las pasiones, las emociones de la gente exaltada, de los policías violentos o de lo militares ha explotado. Es el mo-mento cuando, como dice la teoría de la bipolaridad, las “fuerzas del mal” anidadas en el inconsciente de los hombres o las mujeres salen a flote.

Estas líneas tienen la intención de promover la resolución de conflictos por la vía del dialogo y no después de la violencia. Con ese fin, se presentan una especie de reglas de lo que se ha apren-dido a través de años de compromiso con las demandas de justicia, equidad y participación. Este material es, además, producto del trabajo en instituciones del Estado, donde se ha logrado imple-mentar sistemas de gestión del conflicto; porque, en definitiva, en los grandes conflictos siempre se encuentra la nece-sidad de cambiar estructuras injustas de explotación, discriminación y pobreza

1. El compromiso social y con los derechos humanos

El primer aspecto está referido a la decisión y seguridad del mediador en el éxito de su misión. Por eso, el me-diador debe tener una buena dosis de compromiso social para contribuir a que no se violen los derechos humanos, especialmente de los más débiles.

Tiene que estar convencido que lo que hace es justo, es lo correcto para evitar más violencia, mayor confron-tación; pero, también para aprender de la gente, de sus problemas, de sus sufrimientos y preocupaciones. Cada mediación es una lección de sociología, de antropología y puede ser un baño de humanismo.

2. De la política y la gestión pública

Un facilitador del dialogo debe co-nocer las elementales nociones de la política, de la economía y de los grupos que se forman alrededor de ella; además de las tensiones étnicas e interculturales, de los niveles de desa-rrollo de una región o grupo. De lo con-trario, su tarea, por más pequeña que sea, tendrá pocas posibilidades de éxito.

Tener una mirada política del con-flicto es fundamental. En esa perspec-tiva, se puede recomendar textos ex-traordinarios por su sabiduría, los que le pueden abrir los ojos a una mirada profunda. Citaremos, para empezar, la mirada milenaria del conflicto de Sun Tzu (XV A.C.), en el El Arte de la guerra,


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o el conflicto en el contemporáneo neo marxista Bourdieu (1994). Esto le va a permitir conocer mejor cuáles son los ámbitos del conflicto y también le abrirá las puertas a la dimensión del conflicto y las posibilidades de solución.

A mis alumnos de la materia general-mente les recomiendo, para empezar, que lean al ya mencionado Sun Tzu, que revela, con sabiduría, la relación entre lo político y lo militar como los dos grandes caminos para resolver los conflictos. Además hay que señalar que se inclina por el primero, cuando señala que el “mejor comandante es el que gana la guerra sin librar una batalla”. En ese sentido, el arte de mediar y resolver conflictos es lo que un gobernante que se declare humanista debe entender.

En todo caso, existen diversas en-tradas teóricas, aunque me inclino por las neo marxistas, en especial por Bor-dieau, quien señala que el conflicto se desarrolla en diferentes ámbitos de dis-puta, que están articulados con los capi-tales que han construido las sociedades y los hombres, refiriéndose al capital económico, cultural, social y simbólico.

Esto explica mejor cómo en la so-ciedad contemporánea, más allá de la lucha por la distribución de los re-cursos, existe otra serie de variables que marcan los puntos de inflexión.

En el caso de Bolivia, como ya lo ha-bían señalado pensadores como Mariá-tegui o Reynaga 1948 o, de manera más contemporánea, Chua Amy (2001), la lucha de mayorías étnicas marginadas

es un poderoso incentivo para la rebe-lión y el conflicto.

También existen diversos pensadores más actuales, que han reflexionado a partir de una multiplicidad de entradas como la sociológica, la política o la filo-sofía; pero que tienen el mérito de ser partícipes en el diálogo o la mediación de conflictos. Es el caso de Galtung, que fue uno de los artíficies de la primera negociación israelí palestina; o Lede-rach, que ha intervenido en la pacifica-ción en procesos de guerra como el de Centroamérica.

Con relación a la Gestión Pública existen textos como “Gestión Estra-tégina y creación de valor en el sector público” de Mark H. Moore (1998); o los ya tradicionales textos de Aguilar (1992). los que dan una mirada integral que relaciona a la gestión pública con la política y el conflicto.

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3. Conocer el contexto puede abrir las puertas al cielo

Es fundamental comprender lo que nos rodea, en qué realidad se desarrolla el conflicto (Arditti, 2007)2; es decir, en-tender el contexto para poder operar en el medio; comenzando por el clima, la topografía y los caminos de acceso. Si el facilitador ha viajado de improviso y está en un lugar donde las temperaturas están bajo cero y descubre que no tiene un abrigo terminará siendo parte del problema y no de la solución. Así como el clima, se debe conocer el territorio y sus rutas de acceso, si hay agua potable o debe beber de una noria o del rio; el tipo de comida que se oferta, el lugar donde se va a dormir.

Para ilustrar el caso, recordemos al filósofo chino que le dice a un feligrés que para entrar al cielo tiene que pescar dos peces, uno que está a la derecha de la barcaza, que es más pequeño; y el otro que está a la izquierda, que es más grande. El tipo de caña o de carnada va-riará según el pez que se quiera agarrar. Para uno la carnada será una mosca; para otro, un camarón. El pescador, además, tiene que ir con varias cañas de pescar y varios bocadillos.

2 A propósito del tema en un texto acerca las diferencias entre los gobiernos de “izquierda” del continente, en ese entonces Lula, Bachelet, Chavez y Morales, frente a la hipótesis común de que los pri-meros representaba la izquierda moderada viable y los segundos la extrema inviable, el autor señalaba que en realidad los principios de todos ellos son parecidos, justicia, inclusión, redistribución pero donde había que encontrar el origen de las diferen-cias era en el contexto; es decir la formación eco-nómico social, étnica-cultural de esas sociedades.

El arte de la negociación es como ir de pesca. El mediador debe acudir con un mínimo de instrumentos. El primero de ellos tiene que ver con las nociones de la política; el segundo es el conocimiento del contexto y el tercero es la informa-ción, que no siempre es fácil recolectar antes del conflicto.

Por ejemplo, un equipo de gestión de un Ministerio, para la implementación de un plan de sensibilización y recons-trucción del tejido social en una región de la Amazonía, llevó a dos expertas en conciliación, cuya experiencia se res-tringía las zonas urbanas. Iniciaron el recojo de información de forma mecá-nica, en formularios tipo, con preguntas y respuestas que encajaban en la lógica urbana. Cuando esas dos expertas en conciliación urbana quisieron entrar a conciliar entre los indígenas que exigen tierra comunal y los campesinos me-dianos, llamados barraqueros, (ambos grupos antagónicos que disputaban el derecho a la extracción de la castaña en determinados espacios geográficos), el formulario resultó un chaleco de fuerza innecesario. No lograron conciliar ni un solo caso porque sus rutinas y su abor-daje en las preguntas obedecían a otras lógicas.

4. La información es poder

Para uno y otro bando, al igual que para el mediador, es importante conocer en detalle los recursos de cada uno de los contendores, el tipo de liderazgos y sus inclinaciones políticas. Para ello ya existen programas que permiten aco-plar a un centro de información (el SIG)

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que genera una base de datos, que in-cluye población, recursos, así como ín-dices de desarrollo humano para cada municipio. Ello permite seleccionar lo pertinente del municipio o de la región donde se desarrolla el conflicto.

También es preciso conocer a los lí-deres y sus perfiles; si son negociadores, clientelares o prebendales; antiguos di-rigentes o nuevos; además del tipo de influencias políticas que existen en la región. Hay que conocer quiénes son los actores clave que tienen peso en la población; o qué pasa con el cura o el médico. Antes de llegar al lugar, se debe intentar recoger datos sobre la cultura, estructura organizacional, valores de los habitantes, situación demográfica, pobreza, gobernabilidad del municipio, tendencias electorales y otros factores.

Por ejemplo, ahora y después del conflicto del TIPNIS, ya sabemos que la estructura, valores y actitudes de las comunidades indígenas de tierras bajas no son los mismos que los de tierras altas de los ayllus del Norte de Potosí. Sabemos que en las tierras bajas hay una cultura menos guerrera y que en las tierras altas ocurre lo contrario porque que las diferencias históricamente se resolvieron con guerras comunales y la victoria era celebrada con la sangre de los vencidos. Era una forma de pagar a la Pachamama.

En cada sociedad existe una forma de negociar y también de utilizar el tiempo. Para los habitantes de las áreas rurales, especialmente las que están fuera de la troncal del país, el tiempo es siempre de

largo alcance, no importan los minutos ni las horas. Por ello, en las sesiones de negociación, su participación comienza, pero nunca acaba; las intervenciones de los comunarios son motivo para una larga retórica y, en consecuencia, se extienden los tiempos de una negocia-ción.

En cambio, es diferente una nego-ciación que involucre, por ejemplo, a un sector como el del transporte. Sus afiliados estarán preocupados por re-solver el problema rápidamente puesto que sus ingresos dependen del trabajo diario

5. El manejo de los tiempos permite saber cuándo intervenir

No estamos hablando de la compe-tencia para intervenir en tal o cual con-flicto, que eso viene dado por el man-dato que tiene la institución respectiva, sino sobre la pertinencia de intervenir y cuándo se debe hacerlo.

Si la institución ha implementado una política de prevención y el me-diador se encuentra ante los brotes de violencia, declaraciones de conflictos y señalamientos, se puede empezar con los acercamientos exploratorios. Esto implica ir al lugar del conflicto, hablar con las partes por separado, ver el grado de evolución del conflicto y detectar si sus fuerzas dan para largo.

En el caso del conflicto de Colquiri por ejemplo, era innecesario forzar una par-ticipación de la Defensoría del Pueblo al inicio del mismo. Estuvimos en la pri-


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mera reunión en Oruro y, aunque no nos dieron mucha importancia, el Ministro de Minera sí nos recibió con atención. Se avanzó muy poco en ese encuentro porque, además, solo estaban presentes los asalariados y, la experiencia indica que no es bueno hacer reuniones con uno solo de los bandos o, caso contrario, deben realizarse en privado. Es mejor concertar encuentros con los dos frentes en conflicto.

En el segundo episodio, cuando fuimos a Caracollo, recibimos un gé-lido portazo expresado en el rictus de las autoridades de gobierno. No éramos bienvenidos, nos veían como a una ins-titución que le iba a quitar al “estado supremo” su papel de dirimidor. Sa-limos preocupados, pero, como estaba ese tercer actor en juego que reclamaba su papel de supremo hacedor, había que dejarlo actuar. No insistimos por semanas, la movilización de asalariados llegó a La Paz y se instaló en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Entonces, miles de cooperativistas pasaron por las puertas de ese edificio para demostrar que su poder era mayor y que no sola-mente se trataba de los cooperativistas de Colquiri porque, además, tenían un pliego de peticiones nacional. Ese hecho terminó con un muerto, en parte por la falla en la planificación de los ór-ganos de seguridad del estado, que no encapsularon la marcha de los coope-rativistas para evitar que pasen por la puerta de la FSTMB, donde estaban los mineros asalariados.

Ese momento, cuando los orga-nismos del Estado mostraron falencias, se abrió un resquicio para la interven-ción de los organismos de derechos humanos. Inmediatamente fuimos a la FSTMB, expresamos nuestra condo-lencia al sindicato de Colquiri y a los deudos del occiso. Lo hicimos porque, de verdad, sentíamos por lo que pa-saba. Esa actitud comenzó a tejer lazos con la dirigencia de los asalariados. Sa-liendo del velorio fuimos a la oficina de los cooperativistas, donde se desarro-llaba una asamblea. Los encontramos radicales y enojados con los medios de comunicación porque, según ellos, los hacían aparecer como los agresores, lo que no reflejaba la realidad de los acon-tecimientos.

Después de la muerte del asalariado fuimos a su entierro en Colquiri. Al en-terarse del fallecimiento, la gente asala-riada presionó para que los cooperati-vistas salgan del distrito; efectivamente a muchos los hicieron correr. Además, tres o cuatro movilidades resultaron desechas, algunas amas de casa que ha-bían sido hostigadas se fueron a refugiar a comunidades cercanas. A esas alturas, ya habíamos entablado una relación con los dirigentes. Aun así, el gobierno señalaba que solamente su autoridad tenía la potestad para resolver el con-flicto. Hubo reuniones, pero no llegaron a nada. Los asalariados dejaron de tra-bajar e hicieron un anillo estratégico de defensa para impedir el ingreso de cualquier persona. Los cooperativistas seguían presionando con su fuerza na-cional. Al final, después de 24 horas de negociación, se llegó a un acuerdo


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para la separación y distribución de los espacios de trabajo. Todo parecía solu-cionado, al menos así lo declararon las autoridades del Gobierno.

6. El diablo está en los detalles

Todo estaba listo para el reingreso de los cooperativistas a Colquiri, pero no organizaron adecuadamente el ope-rativo de retorno. La policía hizo una reunión con los dirigentes quienes se comprometieron a que no habría dina-mitazos y que entrarían en caravana di-rectamente a sus casas y así terminaría el asunto de manera pacífica. Sin em-bargo, entraron y comenzaron a lanzar dinamitas. Expresaban euforia por su retorno, parecían los triunfadores. Co-menzaron a hacer señas a los mineros que habían quedado en el lugar, pues era fin de semana y una buena parte sa-lieron a Oruro. Las mujeres que estaban observando su ingreso hacían muecas de disgusto y eso alentaba más a los cooperativistas. Esto fue el detonante, la chispa que incendió la montaña.

Los asalariados muchos de ellos es-taban en Oruro, a una hora de viaje, vol-vieron y se desató una batalla campal, que dejó como saldo 60 heridos. Una vez más, había fallado la Policía y, claro, sus planificadores políticos.

En ese contexto, la demanda para que ingresemos a mediar era cada vez mayor. Fuimos primero a Oruro a ver a los cooperativistas que habían sido echados de Colquiri, entre ellos había tres heridos internados. Los dirigentes y la gente que se amontonaba alrededor de la clínica Virgen de Remedios nos

recriminaban porque no intervenimos antes y, como era natural, señalaban que estábamos parcializados con el otro bando. Les dijimos que nuestra tarea era sentarlos en una mesa y que ellos debían resolver el problema.

Nos dirigimos a Colquiri, donde ya existía un fuerte contingente policial y una dirección más acertada; estaba pre-sente el Jefe Nacional de Inteligencia. Nos reunimos con los actores y, a esas alturas, ya existía cansancio por el con-flicto y la gente quería volver a la nor-malidad.

Hablamos con la dirigencia y le pe-dimos los permisos correspondientes a los dueños del lugar o actores centrales, los que son necesarios para moverse en un escenario de conflicto. Si es un terri-torio de uno de los bandos, se busca al Jefe de ese grupo; pero, si es dividido, se avisa a los dos. La dirigencia de los sindicalizados estaba cansada y había demanda de la población por pacificar el distrito. Ya el Alcalde y el Jefe de In-teligencia habían visto la necesidad de hacer una reunión de ambos sectores, pero no había contacto aún con los coo-perativistas. Este actor del conflicto des-confiaba de las autoridades. El Alcalde nos pidió que seamos los mediadores. Ya habíamos hablado con el líder de los asalariados. Llamamos al líder de los cooperativistas, y le planteamos de la necesidad de la reunión. Nos pidió ga-rantías, entre esas, que la reunión sea en Caracollo. Después de varias llamadas e intercambio de criterios les ofrecí mi garantía personal. Los esperaría en la cumbre, entrarían conmigo; y ese fue el comienzo de la negociación.

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7. El miedo no es buen consejero

El miedo no es un buen consejero. El año 2004 las movilizaciones sociales iban en aumento, se había forzado la renuncia del entonces presidente Gon-zalo Sánchez de Lozada, los sectores ha-bían encontrado la oportunidad (Lewis, 2006) para conseguir sus demandas y objetivos. El gobierno del presidente Carlos Mesa era débil, en realidad de transición. No tenía apoyo parlamen-tario y más bien se debatía entre la cons-piración de los partidos tradicionales que estaban siendo removidos de su poder y la turbulencia en la calle, pro-ducida por los movimientos sociales. En ese período, la autoridad no se podía ejercer por el orden del brazo legítimo que la Constitución da a los estados para defenderse e imponer orden.

El orden solamente sería resultado de la persuasión y del poder de la pa-labra; en suma, de la confianza que po-dría generar un mediador. Ese período fue rico para iniciar transformaciones el cargo de Director General de Régimen Interior, que antes era el encargado de llevar el maletín negro para corromper a los dirigentes sociales y lograr su lealtad. Esa actitud fue profundamente transformada, con lo que se acabó el uso indiscriminado de recursos. Se cambió el nombre y misión del mismo, por el de Director Nacional de prevención de conflictos, se montó un equipo pe-queño, pero eficiente y comprometido.

Sin embargo, todo era insuficiente a la hora de enfrentar el bloqueo que mo-vilizaba a centenares reclamando sus demandas postergadas por años.

Al principio, cuando me trasladaba a los lugares del conflicto, procuraba no ir con policía, comenzaba a hablar para ver cómo se encontraría una solución. Pero ya en vísperas del 6 de agosto del 2004, el Movimiento sin Tierra de todo el país protagonizaba una marcha hacia Sucre, en la perspectiva de que el Presi-dente estaría en la celebración del 6 de agosto. Me trasladé a la capital, tomé contacto con los dirigentes eran cono-cidos míos, antiguos compañeros de la Izquierda Unida. Ellos estaban a 50 ki-lómetros de Sucre, es decir, a un día de marcha, eran unos 400 marchantes.

Conversamos con su emisario en Sucre, llegamos a un acuerdo, el que permitiría firmar un convenio con el fin de levantar la presión sobre Sucre. En vista de que el conflicto parecía resuelto, pedí a la guardia policial que se quede a cinco kilómetros del lugar y que no in-tervenga. Nos fuimos en una vagoneta, sin protección policial; me acompañaba el Director del INRA. Llegamos al lugar, se acercó un dirigente, quien pidió que vayamos a hablar con los dirigentes que estaban al fondo, mientras el resto de los marchistas mantenía sus posiciones de marcha.

Nos acercamos al grupo de diri-gentes. De repente, con un tono al-tanero, el máximo ejecutivo dijo: “El Gobierno se hace la burla de nosotros. Ahora ustedes van aprender de nuestro sufrimiento, van a marchar por lo menos hasta llegar a Sucre”. Estábamos detenidos, de rehenes. No lo pensé dos veces, comencé a correr. Una autoridad no puede quedar detenida porque

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pierde su halo de negociador y ya no sirve para resolver conflictos. Corrí raudamente, los sorprendí. En cambio, retuvieron al director del INRA. Esa noche tuve que negociar su liberación, me acompañó del obispo de Sucre. Con ese detenido, nos arrancaron más con-cesiones, pero se suspendió la amenaza de cerco a Sucre.

Pensé que debía aprender de la lec-ción. Desde ese día me trasladaba a los conflictos con un cordón de seguridad.

A los pocos días, comunarios del al-tiplano bloquearon el camino La Paz-Oruro. Había como dos mil vehículos varados. Ya habían transcurrido unos tres días de paralización del trasporte por la principal carretera del país. Una comunidad exigía que se construya la normal rural en su pueblo, según ellos _posiblemente era cierto_, era la única manera de que sus hijos estudien y tengan asegurado un puesto de trabajo, pues no tenían ninguna chance de en-trar en otros centros educativos. Se dis-putaban con una comunidad vecina por ese derecho, que parecía un privilegio. Me subí a la vagoneta, supuse que toda la seguridad ya estaba desplegada en el lugar del conflicto. Llegué a las 2 de la mañana, todavía dormitando, me abrieron la puerta y desembarqué en medio de miles de campesinos; no había ni un solo policía. Esta vez había fallado la seguridad. Me recibieron en medio de insultos, empezó a subir el tono de las voces en sentido de que “hay que secuestrarlo, que aprenda lo que es estar tres días de vigilia”. Tomé la palabra: “Vengo a dialogar y resolver el con-

flicto y nos podemos quedar uno dos o tres días, para eso he traído mi bolsita de coca”. Entonces ya no se habló más de secuestrarme. No se podía mostrar ni temor ni molestia, más allá de lo in-cómodo que es estar en el altiplano a las cinco de la mañana, con varios grados bajo cero.

8. El mediador debe construir confianza

En el caso de las capacidades de los recursos humanos, el arte de un me-diador es construir confianza y ello se logra generando empatía con las partes en conflicto desde el primer momento. Es igual que en las entrevistas que se aplican para conseguir un nuevo em-pleo, en las que, en los primeros mi-nutos, el postulante ya ha generado un cordón de comunicación positivo con los examinadores

Para ello se tienen que cultivar cuando menos dos aspectos: El control de las emociones y el saber escuchar.

El control de las emociones ayudará al mediador en todas las fases del de-sarrollo de un conflicto. La palabra es poderosa, pero también los gestos, el rictus de la cara, las formas cómo mo-vemos las manos; en suma, el lenguaje no verbal está dando poderosas señales a nuestros interlocutores. Saber escu-char no solamente significa una mirada atenta al interlocutor, sino, además, in-tentar conocer sus emociones, intentar entender sus razones y ver en qué me-dida afecta a la resolución de los con-flictos. Finalmente, no se debe ingresar al diálogo con prejuicios, no hay que


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pensar que unos son los malos y otros los buenos. En el caso de Colquiri, eso puede llevar a preconcebir que los coo-perativistas, conocidos por su perfil de empresarios, contratistas o patrones, son acaparadores y explotadores. Pero, si uno ve sus rostros, también en mu-chos casos deteriorados por las incle-mencias del tiempo o del consumo de alcohol, va a comprender que son hu-manos de carne y hueso. Así, uno lleva en la mente la primera imagen que le han contado; aquella que indica que en cuanto hay un conflicto, lo primero que ponen a buen recaudo son sus lujosas movilidades, incluso antes que a sus hijos y a la mujer. Pero, eso es un reflejo de su forma de vida, de la inestabilidad de su fortuna, de los riesgos e incerti-dumbre, debido a que su acumulación se debe a esa especie de lotería que es la subida y bajada de los precios de los minerales.

9. Las relaciones con el poder

Uno de los aspectos más complejos en la intervención en los conflictos trata de que una porción importante de ellos son con instituciones del Estado, con el go-bierno Central y sus organismos desti-nados al legítimo uso de la fuerza. En la mayoría de los estados, las instituciones encargadas de la seguridad del estado o la pública, en la medida que conviven con la delincuencia organizada o actúan amparados en la clandestinidad y la pro-tección de sus acciones, tienden a violar los derechos humanos. En ese contexto, son comunes los casos donde el uso ex-tremo de la fuerza en un conflicto lleva

a violaciones de los derechos humanos. Uno de esos casos sucedió en marzo

del 2012, cuando de manera innecesaria los conflictos anuales3 por aumento de sueldos y salarios se prolongaron debido a que el Gobierno pretendía subir las horas laborales del sector salud de seis a ocho diarias, sin una propuesta con-sistente de aumentar la remuneración por el incremento de horas de trabajo. Esto, en la práctica significa una dismi-nución de los salarios, hecho que es san-cionado en la propia normativa laboral.

En ese contexto, en medio de la agu-dización del conflicto y el uso de me-didas de fuerza de los sindicatos, el Gobierno también intentaba restringir la protesta en las calles de La Paz. Ahí sucedió un hecho anecdótico, un mal operativo policial desguarneció al Vice-ministro de Interior, quien recibió el im-pacto de una piedra en la cabeza, lo que le causó una lesión. Eso enfureció a las fuerzas del orden, de tal manera que un oficial, en medio de la confusión, pensó identificar o buscar un chivo expiatorio en una enfermera, que fue bruscamente detenida y llevada de manera ilegal al comando policial, donde fue humillada,

3 Cada año, en los primeros meses, se negocia el pliego salarial de la COB. En realidad, se trata de la negociación fundamentalmente vinculada a dos sec-tores: los maestros y los trabajadores en salud. Ambos son los gremios aún organizados con una capacidad de movilización y relativa independencia del poder central. La tensión y el conflicto se prolonga a veces innecesariamente. Se trata de una negociación donde se parte con una oferta baja y una demanda alta, lo que genera una brecha que alarga la negociación.


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ultrajada con insultos y arrastrada de los cabellos. Sin duda, estábamos ante una violación de los derechos humanos. En ese contexto, entidades defensoras de los derechos humanos debieron se-ñalar que hubo una vulneración de de-rechos y que ameritaba, en vista de que no se sabía si era resultado de una instrucción superior, que se investigue a los oficiales autores de ese abuso.

Estos hechos generan tensiones ex-tremas entre los posibles mediadores y las instituciones del orden; sin em-bargo, es necesario enviar el mensaje de que las que violan los derechos no son las instituciones, sino determi-nados oficiales que no comprenden la magnitud de su tarea o que reflejan desviaciones y vacíos en su formación, planificación y control de sus tareas.

En muchos casos, el poder busca en-cubrir estos hechos. Eso sucedió en el conflicto de Mallku Khota, donde se exacerbó la confrontación producto de la equivocada intervención policial, justamente cuando una comisión guber-namental negociaba con los indígenas de la región que habían producido un mini levantamiento. Ese hecho derivó en un saldo de tres indígenas heridos y uno muerto. El occiso fue recogido por miembros de organismos de la Defen-soría del Pueblo, a las pocas horas del en-frentamiento. Se detectó que su muerte había sido por el ingreso de un proyectil que le ingresó por delante del rostro. A

pocas horas del deceso, una sanitaria hizo la revisión y el propio ministro ne-gociador pudo constatar el hecho; sin embargo, la estrategia de los responsa-bles del Ministerio del ramo en ese mo-mento fue ocultar el asunto cubriéndolo con bruma, al señalar que el campesino había fallecido producto de una explo-sión de dinamita producida por él mismo, debido a su estado de embriaguez.

Versiones de esta naturaleza polarizan el conflicto porque incorporan un as-pecto que, siendo un hecho posible de ser comprobado, enfrenta a las partes y al mediador; pues se pone en entre-dicho la buena o mala fe de una de las partes, lo que resquebraja los posibles niveles de confianza necesarios para la resolución pacífica de los conflictos.

Por ello es que se hacen reiteradas re-comendaciones al Gobierno y al poder de la necesidad de construir institu-ciones cuyo objetivo sea la gestión del conflicto, entendida como un aspecto fundamental en la construcción de go-bernabilidad en un país. Se puede lograr un nivel de empatía y de articulación con niveles intermedios de las autori-dades del Estado, porque los mandos superiores no siempre están abiertos a la cooperación porque se rigen por as-pectos políticos. A los mandos medios no les interesa tanto el conflicto polí-tico, más bien tienen como objetivo im-plementar sus políticas públicas con la menor resistencia; por lo tanto, ante un

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posible conflicto, tienen una actitud más cooperativa con posibles mediadores.

En las relaciones con el poder hay que ser cauto, respetuoso; pero firme en la de-fensa de los derechos humanos, que ge-neralmente se vulneran en los conflictos.

10. La dignidad es un valor irrenunciable

Existe también un caso contempo-ráneo de mucha actualidad y que puede ayudar a comprenden como la dignidad es una fuerza imparable de los pueblos. Se trata del conflicto del Territorio In-dígena del Parque Nacional Isiboro Sé-cure (TIPNIS). La decisión de construir una carretera que una Beni y Cocha-bamba se comenzó a implementar en la gestión del presidente Evo Morales, producto también de que los produc-tores de coca son sus bases. Se supone que al construir esa carretera, la inva-sión cocalera al parque seguirá como se ha desarrollado en los últimos 20 años que, en definitiva, ha llevado a que una parte del llamado Polígono siete sea de los productores individuales de coca. En esa medida, además, y por los lí-mites que ha establecido el Decreto de entrega de propiedad de TCO ya no pertenece a la TCO. Sucede que una de las primeras condiciones que ponían los indígenas para comenzar a hablar de la posibilidad de que se construya la ca-rretera allá por el año 2009 era que se ponga un alto a la invasión por parte de los colonos cocaleros. Esa demanda no pudo ser atendida de manera con-sistente por el Gobierno Central, por lo que los dirigentes indígenas, en una de sus Asambleas, decidieron expulsar

a los colonos cocaleros de la parte sur. Unos 80 indígenas, entre hombres, mu-jeres y niños, resistieron a cerca de 300 colonos.

El nivel de conflicto asumía contornos amenazantes y, en lo que se constituyó en una mala señal, los veinte efectivos que estaban en el lugar, indicaron a los indígenas que no podrían hacer más nada y se retiraron. El hecho produjo enfrentamientos, amenazas y humilla-ción a los indígenas por parte de los co-caleros, que los sobrepasaban en unas tres veces en número. Los indígenas retrocedieron humillados, pero deci-dieron retornar y defender su dignidad, lo que produjo un enfrentamiento. Al final, los pocos indígenas hicieron pre-valecer su conocimiento estratégico del monte e infringieron dos bajas a los co-caleros, quienes se replegaron jurando venganza.

Solamente una orden de arriba y la llegada de efectivos policiales, además de un Viceministro, impidieron la ven-ganza cocalera. Pero, la herida estaba abierta y, posiblemente, este aspecto anidó en el inconsciente de líderes y co-lonizadores, que perciben como supe-rior al colono de origen de tierra altas y como inferior al indígena de tierras bajas (Texeira 2011), a quien, en tono despectivo, siempre lo llamaron Yurita, diminutivo despectivo de Yuracaré. Pero, ahora, esa herida posiblemente es una de las explicaciones de la acción unilateral y expedita para la ejecución del proyecto por encima de toda norma y de los mandatos del Tribunal Consti-tucional, que para dar validez a la con-

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sulta, exigió que se lleguen a consensos con todos los habitantes del parque.

11. Del sistema de Gestión del Conflicto

Una institución que tenga entre una de sus competencias la necesidad de encarar la solución pacífica de los con-flictos que, en realidad es la base de la gobernabilidad y por lo tanto, todo gobierno que se precie de democrático tendría que tener, debería asimilar la necesidad de montar un sistema de pre-vención de conflictos. El mismo se com-pone de información y un equipo de analistas que dan las señales de alerta temprana, además de un equipo de se-guimiento y gestión del conflicto y, fi-nalmente, un equipo encargado de la sistematización del mismo. En algunas instituciones, como ocurría original-mente en el Ministerio de Gobierno, ya en el año 2001 se instituyó el Sistema de Prevención de Conflictos (SIPRECOS) que, con el apoyo técnico y financiero la cooperación alemana (GTZ), se logró instalar un software extraordinario. Éste tenía múltiples entradas y pará-metros que, al ingresar información de inteligencia o de medios de comunica-ción, conectaba con un Sistema Infor-mático Georeferenciado (SIG), que lo articulaba con una base de datos demo-gráficos, indicadores sociales, políticos y electorales, que permitían simular es-cenarios de conflictividad, así como un conflictómetro que mostraba si el país se encontraba en un estado saludable de conflictividad o de crisis e ingober-nabilidad.

Cuentan los operadores del sistema que, en septiembre del 2003, en una sesión reservada en el Palacio de Go-bierno, le mostraron el conflictómetro al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien al ver que éste indi-caba que se iba a caer en los próximos meses, con una sonrisa despectiva y con el caparazón que se construyen los casi dictadores, indicó que su mujer quería seguir siendo la primera dama. Aquello, que parecía una anécdota, es un momento más en el itinerario inexo-rable de la masacre de El Alto y el al-zamiento popular que terminó alejando del poder a ese gobernante déspota.

La Defensoría del Pueblo ha instalado un Sistema Informático de Conflictos Sociales (SICS), con el apoyo del PNUD, y está comenzando a trabajar, aunque todavía con limitaciones. Por ejemplo, las señales de alerta temprana son aún débiles, pero mejores resultados depen-derán de una mayor socialización entre los funcionarios para que efectivamente comprendan que es necesario trabajar en esta área.

12. Aunque no sepamos nada de lo dicho, lo primero que tenemos que hacer es bajar el nivel de violencia

Uno de los primeros objetivos que tiene un mediador es bajar el nivel de violencia; de lo contrario, no so-lamente se producen vulneraciones a los derechos, sino que se polariza el conflicto porque las partes se afe-rran a sus posiciones. En la agudiza-ción del conflicto, las partes general-


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mente satanizan al contrincante ya convertido en enemigo. En realidad, exageran sus aspectos negativos, se lanzan calumnias, insultos que hieren y exacerban las emociones, lo que a veces genera conflictos que van más allá de las posiciones ins-titucionales y se personalizan a los contrincantes, generando posiciones casi irreductibles en la medida en que cuestionan el honor de los ac-tores en conflicto.


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PARTE TERCERA

PROYECTO DE POST CONFLICTO Y CULTURA DE PAZ IMPLEMENTADO EN CARANAVI Y

MALLKU KHOTA

La Defensoría del Pueblo ha asumido como una de sus prioridades de gestión, desarrollar todas las iniciativas posibles para enfrentar, disminuir y erradicar la violencia que amenaza con deses-tructurar las bases mismas de nuestra convivencia como sociedad; y el mayor compromiso es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos. En ese sentido a través del proyecto de post conflicto en los Mu-nicipios de Mallku khota-Llallagua y Caranavi se ha desarrollado facultades para abrir espacios de reflexión, aná-lisis y dialogo disminuyendo escenarios violentos que vulneren los derechos humanos de la población.

En ese contexto se encuentra los pre-sentes informes. El primero que está relacionado con percepciones de las causas de la violencia en Mallku Khota y Caranavi, en base a entrevistas y un cuestionario. En segundo lugar se in-corpora las mesas de diálogo para la prevención del conflicto que ha tenido como resultado la creación de comités que permitan incentivar la reflexión al respecto. Finalmente el informe de ta-lleres con estudiantes donde se ha dia-logado sobre los temas de violencia ju-venil y las formas de enfrentarlos para desarrollar una cultura de paz.

1 Causas de la violencia en Caranavi

Entrevistas realizadas en Caranavi

1. ¿Cuáles cree que son los principa-les problemas que atraviesa Caranavi?

Los entrevistados coinciden en que el principal problema del municipio de Caranavi es de carácter político. Ase-guran que existe una crónica ingoberna-bilidad que está afectando al desarrollo del municipio. Identifican a dos bloques con intereses opuestos, uno que apoya al Alcalde (FAPPCA) y otro que está en contra (FAICIC).

Jose Luis Pocoaca Yujra, profesor de la Unidad Educativa Príncipe de Paz, opina que “los conflictos sociales perju-dican mucho a la educación porque los pro-blemas provocan la división de Caranavi”.

Maritza Villa, Periodista de Caranavi, considera que el conflicto político “ha hecho que muchas instituciones se pongan a favor de uno u otro lado” generando la división a todo nivel. Por ejemplo, dice ella, “hay dos juntas vecinales, lo que oca-siona que hasta en las unidades educativas la mitad sea de un lado y la otra mitad del otro lado”.

La también periodista de radio Cons-telación, Beatriz Angles, cree que esta división se ha producido porque “el Alcalde ha apoyado solo a un sector _a la colonia donde ha nacido_ y ha olvidado al otro sector”.

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El suboficial Iván Rojas Daza, del Co-mando Gada 97 de la Fuerza Aérea Bo-liviana, advierte “falta de gobernabilidad por la ausencia del Alcalde ……”; pero, además, pone los ojos en un conflicto municipal respecto a la basura, en una ciudad que dice ser intermedia.

Mary Luz Condori Llave, Coordina-dora de género del Comité de Mujeres de Café-agricultura de Bolivia (FE-CAFEB), considera que la raíz de los conflictos está en el municipio y cree que se dan por falta de coordinación. Relata que “se ha tratado de firmar conve-nios de apoyo al desarrollo productivo y eco-nómico del sector cafetalero, se ha trabajado el tema social con la seguridad alimentaria de salud y para mejorar la participación de las mujeres desde el enfoque de género, se ha intentado acercarse al municipio para ver estos proyectos; pero, lamentablemente no hay predisposición”. A esto se suma, según dice, la falta de rendiciones de cuentas lo que ha provocado el conge-lamiento de las cuentas del Municipio.

Guido Paz, coordinador Pastoral So-cial Caritas de Caranavi, considera que el conflicto se genera por la disputa de las cuotas de poner, pero va un poco más allá y dice que si bien hay dos bandos que dicen pensar diferente “al final son del mismo partido socialista que actualmente está gobernando nuestra na-ción”.

Daniel Paco, secretario ejecutivo de la Federación Intercultural de la Pro-vincia Caranavi, cree que el problema de gobernabilidad está afectando a la gestión administrativa del municipio,

porque “no se ha gestionado nada, y si te-nemos obras son programas de gobierno de-partamental, por que los de la Alcaldía no han podido ni manejar los recursos propios para poder atender a las comunidades y a la provincia misma, no hay una visión de desarrollo”.

Y es el profesor Policarpio Paty Ra-fael, docente de la Normal de Maestros de Caranavi, quien da un ejemplo en ese sentido y dice que “uno de los problemas es el agua, el fracaso de los proyectos que no ha podido emprender el alcalde municipal”.

Edgar Siñuabi Aquilar, miembro de la Federación, ejecutivo de Calama y miembro de la Junta Escolar del núcleo Moscobia, perteneciente a la Federación Carrasco, hace lo que podría ser un re-sumen de la situación desde su punto de vista. Dice que “existen don grupos que se van peleando, que son la FAICIC y FAPPCA. Esa pelea perjudica en el desa-rrollo de la provincia. Es importante tener un nuevo alcalde con nuevas visiones de li-derazgo”.

2. ¿Usted cree que es necesario tomar medidas de fuerza cuando hay conflictos?

La mayoría de los entrevistados considera que no es necesario el uso de medidas de fuerza para encarar el conflicto, aunque también hay algunos consultados que consideran que las dis-putas han llegado a tal punto que las medidas fuertes no deberían descar-tarse. Aquellos que rechazan las “me-didas de fuerza” apuestan por el diá-logo y la concertación como la única vía para garantizar la paz en el municipio de Caranavi.

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La posición más contundente en de-fensa del diálogo la tiene Guido Paz, coordinador de la Pastoral Social Cá-ritas de Caranavi. Propone que “haya un ente o medio alternativo para que solu-cione los conflictos. Por ejemplo, se podría conformar en las comunidades promotoras de justicia, a las que habría que capacitar y dar las herramientas necesarias para que estos mismos sean capaces de resolver el conflicto”.

Jose Luis Pocoaca Yujra, profesor de la Unidad Educativa Príncipe de Paz, está entre los que rechazan el uso de la fuerza porque “para eso está el dialogo”.

Maritza Villa, periodista de Caranavi, cree que no es necesario el uso de me-didas de fuerza, sin embargo, advierte que “la gente se ha acostumbrado a utilizar la fuerza”. Ella considera que son impor-tantes las iniciativas de la Defensoría del Pueblo que buscan concienciar a la población.

Su colega Beatriz Angles, periodista de Radio Constelación, tampoco está de acuerdo con el uso de la fuerza, pero dice que “en algunos casos se han utili-zado” y recuerda aquella vez que “entró la Policía y se produjo un enfrentamiento”.

El sub Oficial Iván Rojas Daza, del Comando Gada 97 de la Fuerza Aérea Boliviana, definitivamente rechaza las medidas de fuerza. “Sabemos que en primera instancia siempre debe priorizarse el diálogo y agotar todos los recursos que el Estado de derecho nos otorga en demo-cracia”, dice.

Daniel Paco, secretario ejecutivo de la

Federación Intercultural de la Provincia Caranavi, cree que la forma de encon-trar una solución es la reflexión que se promueve a través de talleres como el que lleva adelante la Defensoría del Pueblo. Pide a la federación FAPPCA “reflexione y se afilie a la Federación Inter-cultural que representa a la provincia Ca-ranavi. No debería seguir manteniéndose como una federación colonizadora con la antigua Constitución Política del Estado”.

Edgar Siñuabi Aquilar, miembro de la Federación, ejecutivo de Calama y miembro de la Junta Escolar del núcleo Moscobia, perteneciente a la Federa-ción Carrasco, comenta que si bien en algunos lugares las medidas fuertes causan efectos, “lo ideal sería siempre coordinar con los ejecutivos de cada muni-cipio para que entren de acuerdo y así se pueda hacer las resoluciones pertinentes”.

Rolando Yujra, secretario de Taypi Playa, cree que desde las bases se debe tomar consciencia porque “a la larga los más perjudicados son los ciudadanos de a pie, afectando a las colonias y también a las personas que hemos apoyado. Pero, actual-mente hay diferentes ideologías que traen retraso y malestar al municipio”.

En cambio, Policarpio Paty Rafael, docente de la Normal de Maestros de Caranavi, cree que “si es necesario, sí (se deben usar medidas de fuerza); porque el problema de Caranavi no puede estar así, cada problema tiene solución y se la debe encontrar”.

Walter Mamani, Secretario de Con-flictos, representante de APROCOCA


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Pablo Quispe, Secretario General Cen-tral Chichipani, cree que “sí, es necesa-rio (el uso de medidas de fuerza) porque sinceramente esto viene desde la Gob-ernación”, aunque, al mismo tiempo, habla de la vía jurídica como forma de resolución de los conflictos.

3. ¿Con qué instituciones u organiza-ciones coordinan?

Una buena parte de los entrevistados se queja porque no existen mecanismos de coordinación en caso de conflictos sociales, aunque, la mayoría menciona a la Defensoría del Pueblo como la en-tidad que está pendiente de los hechos y a la que se puede recurrir en caso de conflictividad. Algunos expresan quejas por la falta de niveles de coor-dinación con el Gobierno y mencionan a sus autoridades sindicales como las únicas a las que se puede recurrir.

Jose Luis Pocoaca Yujra, profesor de la Unidad Educativa Príncipe de Paz, dice que se coordina con “las partes prin-cipales” y lanza una sugerencia: “Cuando hay un conflicto social deberían sentarse todas las organizaciones para poder buscar una solución por el bien del municipio”.

Maritza Villa, Periodista de Caranavi, cree que se debe recurrir a la Defensoría del Pueblo o a la Policía, aunque comenta que “ya no se cree en la justicia”. Se queja porque “a veces ya no hay credibilidad ni en las mismas autoridades, ni en el propio diri-gente porque aquí ningún dirigente busca el beneficio común, sino su propio beneficio”.

Beatriz Angles, periodista de Radio Constelación, también des-

taca que se tuvo que trabajar con la Defensoría del Pueblo, con la Iglesia y que, frente a los hechos, “se citó a los bandos y se trató de calmar la situa-ción hasta el momento; pero, el conflicto cualquier rato volverá a encenderse”.

El sub Oficial Iván Rojas Daza, del Comando Gada 97 de la Fuerza Aérea Boliviana, dice que las Fuerzas Ar-madas tienen sus propios canales “para poder acercarnos a todas las instituciones vivas del municipio. En los lamentables hechos de las lluvias, se ha trabajado con el Ejército y la Policía, que son los grupos sociales más involucrados junto con las fuerzas vivas y las organizaciones sociales”.

Walter Mamani, secretario de Con-flictos, representante de APROCOCA Caranavi, recuerda que “anteriormente habíamos acudido a muchas instancias, pero no tuvimos respuesta, debe ser porque Cara-navi está dividida en dos”. Se queja porque la otra parte en conflicto “tiene apoyo de los diputados, del senador; pero nosotros nos vemos aislados porque somos del grupo del alcalde”. También dice que “a veces coordinamos con la Defensoría del Pueblo ya que la Fiscalía y otras instituciones

Caranavi, cree que las medidas de fuerza son necesarias porque “a veces es difícil controlar a las personas”, sin em-bargo, también está consciente de que “es importante abrir un nivel de coordina-ción interinstitucional para la defensa de de-rechos para resolver este tipo de problemas”.Pablo Quispe, Secretario General Cen-tral Chichipani, cree que “sí, es necesa-rio (el uso de medidas de fuerza) porque


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sinceramente esto viene desde la Gob-ernación”, aunque, al mismo tiempo, habla de la vía jurídica como forma de resolución de los conflictos.

4. ¿Con qué instituciones u organi-zaciones coordinan?

Una buena parte de los entrevistados se queja porque no existen mecanismos de coordinación en caso de conflictos sociales, aunque, la mayoría menciona a la Defensoría del Pueblo como la en-tidad que está pendiente de los hechos y a la que se puede recurrir en caso de conflictividad. Algunos expresan quejas por la falta de niveles de coordinación con el Gobierno y mencionan a sus au-toridades sindicales como las únicas a las que se puede recurrir.

Jose Luis Pocoaca Yujra, profesor de la Unidad Educativa Príncipe de Paz, dice que se coordina con “las partes prin-cipales” y lanza una sugerencia: “Cuando hay un conflicto social deberían sentarse todas las organizaciones para poder buscar una solución por el bien del municipio”.

Maritza Villa, Periodista de Caranavi, cree que se debe recurrir a la Defensoría del Pueblo o a la Policía, aunque co-menta que “ya no se cree en la justicia”. Se queja porque “a veces ya no hay cre-dibilidad ni en las mismas autoridades, ni en el propio dirigente porque aquí ningún dirigente busca el beneficio común, sino su propio beneficio”.

Beatriz Angles, periodista de Radio Constelación, también destaca que se tuvo que trabajar con la Defensoría del Pueblo, con la Iglesia y que, frente a los hechos, “se citó a los bandos y se trató de

calmar la situación hasta el momento; pero, el conflicto cualquier rato volverá a encen-derse”.

El sub Oficial Iván Rojas Daza, del Co-mando Gada 97 de la Fuerza Aérea Bo-liviana, dice que las Fuerzas Armadas tienen sus propios canales “para poder acercarnos a todas las instituciones vivas del municipio. En los lamentables hechos de las lluvias, se ha trabajado con el Ejército y la Policía, que son los grupos sociales más involucrados junto con las fuerzas vivas y las organizaciones sociales”.

Walter Mamani, secretario de Con-flictos, representante de APROCOCA Caranavi, recuerda que “anteriormente habíamos acudido a muchas instancias, pero no tuvimos respuesta, debe ser porque Caranavi está dividida en dos”. Se queja porque la otra parte en conflicto “tiene apoyo de los diputados, del senador; pero nosotros nos vemos aislados porque somos del grupo del alcalde”. También dice que “a veces coordinamos con la Defensoría del Pueblo ya que la Fiscalía y otras institu-ciones nos cierran la puerta”.

Mary Luz Condori Llave, Coordina-dora de género del Comité de Mujeres de Café-agricultura de Bolivia (FE-CAFEB), dice que su institución es autó-noma. “Nosotros somos como una empresa privada, no somos políticos, tampoco te-nemos alianzas con partidos políticos o con la FAPPCA, las Federaciones u organiza-ciones sindicales, somos muy autónomos”, recalca.

Pablo Quispe, Secretario General Central Chichipani, dice que su fede-ración (FAICIC) está al medio “pero ha-bíamos dialogado con ellos (la otra federa-

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ción de la disputa) indicando que se sienten y se pongan de acuerdo, ya no nos pelea-remos entraremos a una mesa de diálogo, pero hasta ahora no se reúnen”.

Guido Paz, coordinador Pastoral So-cial Caritas de Caranavi, dice que su institución coordina “con todas las ins-tituciones privadas o públicas a la cabeza del municipio, con las autoridades corres-pondientes que dirigen este municipio y con todas las organizaciones que están asen-tadas en el municipio como ser el hospital, la policía, el batallón, ONGs, etc. Con todas estas instituciones se puede trabajar en prever los conflictos”.

Daniel Paco, secretario ejecutivo de la Federación Intercultural de la Provincia Caranavi, dice que su entidad coor-dina básicamente con “representantes de las organizaciones sociales para temas internos; pero, para resolver problemas más serios convocamos al ejecutivo departa-mental y nacional”. Aprovecha la ocasión para decir que “se invitó al Ministerio de Autonomías y de Transparencia, pero que tampoco tuvieron la capacidad de resolver. Entonces sería importante buscar otras ins-tancias para resolver, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo”.

Policarpio Paty Rafael, docente de la Normal de Maestros de Caranavi, dice que se recurre a Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y con toda la población de Caranavi y sus respectivas colonias. “Además, con una conversación bilateral si se puede solucionar los pro-blemas”, señala.

Rolando Yujra, secretario de Taypi

Playa, señala que “se ha pedido la inter-vención de diferentes organismos, los que están son instituciones de derechos hu-manos y la Defensoría del Pueblo”.

5. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera importantes para la resolu-ción de conflictos?

Casi todos los entrevistados apelan al diálogo como el aspecto más impor-tante para resolver los conflictos del municipio de Caranavi. Palabras como comprensión, coordinación, socializa-ción salen a flote en estas entrevistas. Y no falta quien sugiere “olvidar el rencor” y mirar para adelante con el fin de lograr el desarrollo de la población.

Jose Luis Pocoaca Yujra, profesor de la Unidad Educativa Príncipe de Paz, ubica en el primer lugar de sus prio-ridades el diálogo y dice que se debe “hablar conscientemente, buscar soluciones sin afectar a ningún sector; por el contrario, buscar una solución que beneficie al desa-rrollo del municipio a nivel económico, sin descuidar a ninguna organización”.

Maritza Villa, periodista de Cara-navi, sugiere “tratar de olvidar el rencor; perdonar, sobre todo. Tratar de buscar un nuevo líder que haga cambios y sea sincero”.

Beatriz Angles, periodista de Radio Constelación, dice que el aspecto más importante es el diálogo; sin embargo, comenta que “actualmente no hay nada; todo lo que se ha acordado no se respeta. Es importante el respeto a todas las personas; creo que desde ahí podemos empezar a co-nocernos entre todos y saber concertar para seguir adelante”.

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El Sub Oficial Iván Rojas Daza, del Comando Gada 97 de la Fuerza Aérea Boliviana, apela al diálogo porque “la democracia nos enseña eso, se debe agotar el dialogo antes de iniciar medidas de presión. Todos los problemas tienen solución; no hay nada que no se pueda solucionar, siempre se debe llegar a un consenso y cuando hay un diálogo llamar a todos a una mesa abierta y tomar en cuenta la opinión de cada uno”.

Walter Mamani, Secretario de Con-flictos, representante de APROCOCA Caranavi, sugiere coordinar con las instancias que existen. “Yo rogaría al Go-bierno que desde allá nombre a una comi-sión que coordine para evitar los conflictos que afectan a la provincia de Caranavi. Es por ello que la Defensoría debería incentivar más programas o cursos para informar a la población sobre diferentes puntos que se debe tener en cuenta para la resolución de conflictos”, agrega.

Mary Luz Condori Llave, Coordi-nadora de género del Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB), sugiere que el Municipio conforme un equipo técnico capaz para resolver los temas de conflicto. “Otro as-pecto importante es saber escuchar a la po-blación en general y no solo a la población afectada en los ámbitos productivos”.

Pablo Quispe, Secretario General Central Chichipani, sugiere que las dos federaciones en conflicto se sienten a una mesa de diálogo de donde salga una sola federación.

Guido Paz, coordinador Pastoral So-cial Caritas de Caranavi, sugiere “for-talecer el tema de resolución de conflictos,

que es un tema muy importante en el ámbito social, haciendo ver que existen derechos y que beneficia a todos los habitantes. Socia-lizar las normas y leyes que existen y las que se están aprobando para conocer y saber actuar, porque como no conocemos hacemos problemas, conflictos que no van en bene-ficio del Municipio”.

Daniel Paco, secretario ejecutivo de la Federación Intercultural de la Pro-vincia Caranavi, pide “más talleres para todos los pobladores, así como para las ge-neraciones venideras. El problema solo es de la FAPPCA, que debe refundarse como una federación intercultural y no habrá más problemas. Esto no pasa de cinco per-sonas, quienes quieren seguir manteniendo el poder económico de la administración de el municipio de Caranavi”.

El profesor Policarpio Paty Rafael, docente de la Normal de Maestros de Caranavi, propone “un diálogo ameno y sin ocultar las verdades, un dialogo sin ta-pujos”.

Edgar Siñuabi Aquilar, miembro de la Federación, ejecutivo de Calama y miembro de la Junta Escolar del núcleo Moscobia, perteneciente a la Federa-ción Carrasco, cree que “lo primero sería la coordinación y la concertación entre los miembros ejecutivos del municipio con los dirigentes”.

Rolando Yujra, secretario de Taypi Playa, considera que se debe hacer una análisis profundo de la bases, unificar todas las tendencias negativas, llevar a cabo una mesa de diálogo y tratar de definir la dirección que se va a tomar como provincia.


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Gráfico Nº 1

El 50% considera que los partidos políticos dificultan el desarrollo del municipio por los malos manejos y la pugna por el poder. El 22% se refiere a otros conflictos, como ser la basura, que es un aspecto que daña la salud de los habitantes o el mal manejo de recursos por parte de las autoridades. El 17% menciona que la ingo-bernabilidad en el municipio es un factor principal que dificulta los proyectos y planes de desarrollo en el municipio. Por otro lado, el 11% considera que las orga-nizaciones sociales son conflictivas porque son manejadas políticamente.

El 21% de las encuestas se aplicaron a los comunarios del lugar, el 18% a los miembros del ejecutivo de las diferentes Federaciones, el 17% corresponde a los co-merciantes; y el 15% son profesores, dirigentes de OTBs, estudiantes de la normal y jóvenes del municipio.

En el municipio de Caranavi se puede observar que uno de los mayores logros es el mejoramiento de caminos, particularmente la ruta La Paz-Caranavi. Por otro lado, se observa que el 17% encuentra logros municipales en materia de segu-ridad ciudadana y educación y el 15% menciona que ha mejorado la producción, es decir, las diferentes Federaciones y comerciantes apoyan y generan mayores productos agrícolas, tanto para el consumo interno como externo.


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Gráfico Nº 2

En el grafico se observa que el 62% de los habitantes menciona que la situación económica es buena debido al incremento del apoyo productivo y el 38% señala que la situación es regular, haciendo alusión a la falta de fuentes de trabajo, lo que da lugar a la migración.

Gráfico Nº 3

El 48% menciona que la Alcaldía es medianamente conflictiva; mientras que el 36% indica que la intervención de partidos políticos en el Municipio (MAS, MSM) es altamente conflictiva, frente al 13% que indica que son las organizaciones cam-pesinas las que también tienen un tinte político.

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Gráfico Nº4

El 33% cree que los dirigentes son los más conflictivos, seguidos por el Concejo Municipal con el 25%. El 22% considera que el alcalde no contribuye a la estabi-lidad en la Alcaldía y el 20% opina que las comunidades y/o juntas vecinales son conflictivas.

Gráfico Nº 5

En el Municipio de Caranavi, durante largos espacios de tiempo, diversos al-caldes fueron cuestionados y suspendidos de sus funciones, lo que dio lugar a la ingobernabilidad, el último conflicto se remonta a 2013 cuando se desato el cues-tionamiento a la gestión del alcalde por presunta malversación de fondos.

Este conflicto, según el 71% de los encuestados, es el principal de Caranavi;

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mientras que el 29% menciona que es la inseguridad ciudadana. Aluden que, a pesar de que existe mayor control, aún falta apoyo institucional de la policía y del Municipio para tener mejor control, a lo que se suma la falta de organización ciu-dadana para mejorar la seguridad ciudadana.

Gráfico Nº 6

El 37% responde que la corrupción es un factor que interrumpe el progreso del municipio. El 23% atribuye ese hecho a la disputa de recursos, la falta de liderazgo y/o mala conducción aparece como tercera causa, con el 17%. Finalmente, el 10% considera que la oposición irracional causa los conflictos.


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Gráfico Nº 7

La mayoría, el 89% considera que los conflictos afectan mucho al desarrollo económico del municipio, mientras que el 11% cree que afectan poco porque no deberían ser aspectos que limiten la organización y producción para el desarrollo del lugar.

Gráfico Nº 8

El 58% considera que las autoridades deben trabajar y ponerse de acuerdo a través del dialogo porque es un instrumento democrático para la toma de decisiones y para el bien común. El 25% no responde, pero el 17% indica que es una situación irrelevante para el desarrollo del lugar.


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En las entrevistas y encuestas se pu-ede destacar que el principal problema que actualmente existe en el municipio de Caranavi es la falta de gobernabili-dad, situación que trasciende desde la gestión 2013. De acuerdo a las entre-vistas y revisando los gráficos se pu-ede percibir que afecta demasiado al desarrollo económico del municipio. Entre otras causas, el mal liderazgo, la corrupción y los intereses políticos no permiten que Caranavi progrese en bien de sus habitantes. Sin embargo, es importante resaltar que en Caranavi se impulsa de manera efectiva la pro-ducción agrícola. También se destaca como aspecto positivo el mejoramiento de la carretera La Paz –Caranavi.

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1. ¿Cuáles son los principales con-flictos que atraviesa Mallku Khota?

De las entrevistas realizadas en Ma-llku Khota se desprende que el prin-cipal problema de la región y, concre-tamente, de los habitantes de los ayllus circundantes a la mina es la falta de tra-bajo. Los oriundos del lugar están mo-lestos porque habrían sido contratados trabajadores de otros distritos, a los que llaman “el grupo de los 60”. El lenguaje denota un ánimo beligerante porque se habla de morir por las fuentes de tra-bajo.

El minero Eleuterio Pacheco Colque resume el asunto diciendo que “el con-flicto es por el trabajo”, mientras que el también minero Benedicto Colque Flores, señala que “el principal problema es que aquí tenemos dos grupos y que cada cual anda por su lado, estamos divididos los trabajadores. Esta situación se da por política, por intereses personales y tam-bién porque hay gente que no es del lugar, no es originaria de Mallku Khota; por eso hay otras personas que vienen de Huanuni (Oruro) y ellos hacen el problema”.

El minero Victoriano Condori Ma-mani dice que los originarios del lugar quedaron “un poco discriminados en con-trataciones porque hay mayormente gente que viene de otros ayllus, de otras provin-cias, de otros lugares. Primero se debe con-tratar a los del lugar y luego a los demás, a veces quieren imponer y contratar sin respetar los usos y costumbres. Por eso se pueden generar algunos conflictos más”. Para evitar conflictos, “pido que la Co-mibol, las autoridades, ministerios cumplan con el Decreto Supremo (que obliga a con-tratar a gente del lugar)”, dice.

El teniente Mauricio Mendoza, res-ponsable de la Policía de Mallku Khota, percibe que los habitantes de cinco ay-llus exigen que los mineros contratados solo sean oriundos del lugar. “En rea-lidad no nos metemos a temas personales de la Comibol, nosotros nos dedicamos más a lo que es seguridad”, señala, sin em-bargo agrega que los campesinos dicen que “existen trabajadores que han venido de diferentes sectores como ser Huanuni, quienes indican que son originarios de Ma-llku Khota”.

1.2 Entrevistas realizadas en Mallku Khota

Fuente: Defensoría del Pueblo

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del tiempo, generando más fuentes de tra-bajo”.

Pero, las demandas continúan sur-giendo. Por ejemplo, el minero Samuel Fabrica Inocente, de Urinsaya, de-nuncia que “no nos pagan puntual, solo cuando les da la gana; igual pasa con la ropa de trabajo, de eso nosotros reclamamos porque es tiempo de frío, por eso todos los trabajadores estamos enfermos, casi toda la semana”. Dice que tampoco hay aten-ción de salud. “No tenemos medicamentos es por eso que todos los trabajadores del socavón Sucre estamos sufridos, a veces casi llegamos a la muerte; es así que recla-mamos hospital y medicamentos. Y otro limitante es que no hay movilidad que nos pueda transportar hasta un hospital”. Y, al igual que sus compañeros, comenta que “hay conflicto con los 60 porque nos quieren juntar con ellos, pero nosotros no podemos juntarnos porque ellos son traídos. Si nos hacen juntar nosotros estamos dispuestos morir o vivir, todo el ayllu Urinsaya. No queremos ver a los 60 porque son personas ajenas, son inquilinos”.

Andrés Chajni Fabrica, del Ayllu Su-llka Jilaticani, se remite al Decreto Su-premo que “dice que pueden estar tomados en cuenta cinco ayllus como del lugar. Actualmente este Decreto Supremo no se ha respetado, por eso estamos esperando a ver si se va a respetar o no se va a respetar, porque actualmente están los ex trabaja-dores mineros de Huanuni, y otros trabaja-dores de otros ayllus, que no están afectados ni un milímetro”. Agrega que el ayllu Su-llka Jilaticani “no está tomado en cuenta por Comibol para trabajar y este territorio debería estar beneficiado y, en caso de que no se respete el Decreto Supremo, la lucha sería grande”.

Juan Mendizábal, Técnico Interior Mina Mallku Khota, cree que el prin-cipal problema es la falta de unidad entre los ayllus de la zona.

Mientras tanto, Martin Aguilar Con-dori, dirigente del Ayllu Urinsaya, re-cuerda que los ayllus lucharon para expulsar a la transnacional que operaba en Mallku Khota “porque ellos no más querían dominar a nuestras gentes, no nos respetaban a las autoridades indígenas ori-ginarias ni a los trabajadores y caprichosa-mente querían entrar indicando que ellos sabían las leyes. Entonces todos los traba-jadores y comunarios de aquí nos hemos le-vantado en contra de estas transnacionales y hasta ahorita estamos tensos”. En ese marco, reclama porque “ahora hay gente de otro ayllu, no conocemos que clase de gente serán, así que hasta las últimas conse-cuencias, vamos a matar o morir, hasta las últimas consecuencias para defender nues-tros lugares”.

Karol Castellón Velázquez, admi-nistradora del Proyecto Mallku Khota (Comibol), resume su posición en la siguiente frase: “Conflictos, para mí, no hay”. Aunque, reconoce que existe “un poco de desacuerdo y falta de entendimiento entre comunidades. La causa fundamental es el trabajo. En vista de que Mallku Khota ha sido revertido el 13 de agosto de 2012 por Decreto Supremo 308, (el proyecto) ha lle-gado a la Comibol, sin que haya una agenda de trabajo, sin realizar una prospección y exploración sobre el proyecto. Entonces, esto genera muchos conflictos sociales. Ahora es-tamos tropezando con deudas a terceros por la anterior administración que no ha dejado respaldos. Yo no puedo asumir deudas si no hay respaldos, pero estoy tratando de so-lucionarlo”. Sobre el pedido de fuentes de trabajo por parte de los comunarios, promete “ir subsanando con el transcurso


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La profesora Noemí Otero Vargas, de la Unidad Educativa Cari Cari, resume el asunto diciendo que los problemas son “especialmente son económicos y poca atención por parte de las autoridades”.

2. ¿Usted cree que es necesario tomar medidas de fuerza cuando hay conflic-tos?

Los entrevistados no muestran una tendencia definida, pues hay quienes sí creen que se deberían tomar medidas de fuerza para resolver los conflictos y otros que prefieren apostar al diálogo. Y, también se presentan matices, en el sentido de que se debe negociar, pero si no se encuentra una solución, se debe recurrir a dichas medidas.

El técnico de interior mina, Juan Mendizábal, por ejemplo, no está de acuerdo con las medidas de fuerza. “Lo que se tendría que hacer es socializar, hablar y, para eso, necesitamos gente que sea capaz con todos los ayllus originarios”.

En la misma línea, Karol Castellón Velázquez, administradora del Pro-yecto Mallku Khota (Comibol). Dice que “la gente entiende cuando se les explica con conocimiento de causa y documentos, ellos entienden; pero, cuando hay personas que no saben explicar y no se ponen en el lugar de la otra persona, se crean los conflictos”.

Andrés Chajni Fabrica, del Ayllu Su-llka Jilakatani, expresa su deseo de no tener “confrontaciones ni enfrentamientos, somos humanos, entonces se debe dialogar para llegar a un acuerdo; pero siempre que se tome en cuenta los cinco ayllus que se menciona, queremos que se respete el De-creto y así vamos a avanzar”. Agrega que se hicieron llegar documentos al presi-dente Evo Morales “pero nunca nos res-

pondieron; no nos hicieron caso”.El minero Eleuterio Pacheco Colque

concuerda con las medidas de fuerza, pero dice que “también es bueno orientar”.

Noemí Otero Vargas, profesora de la Unidad Educativa Cari Cari, de la Co-munidad de Mallku Khota, dice que hay que tomar medidas, pero no espe-cifica de qué tipo. Expresa su preocu-pación porque “esta es una situación que afecta bastante a los estudiantes, que en forma de juego muestran rivalidad, peleas. Afecta bastante en la conducta de los niños, ya que esto se aprende en casa”.

Samuel Fabrica Inocente, Minero de Urinsaya, lanza un contundente sí al uso de las medidas fuertes. “No nos res-ponsabilizamos de estas personas. No nos responsabilizamos; si mueren, mueren”, dice en referencia al grupo de mineros que no son del lugar.

El minero Benedicto Colque Flores, también minero, dice que sí deberían tomarse medidas fuertes “porque este tipo de problemas se dan porque no estamos unidos. Si no se soluciona puede ocurrir otro enfrentamiento más. El objetivo de no-sotros, las autoridades, es conseguir más empleos, porque ahora si no hay trabajo en Mallku Khota podría haber otra vez enfren-tamiento por los que no están trabajando con los asalariados”.

Martin Aguilar Condori, dirigente del Ayllu de Urinsaya, es contundente al decir que “nosotros estaremos defendiendo el lugar sin medir las consecuencias”.

El teniente Mauricio Mendoza, res-ponsable de la Policía de Mallku Khota, dice que su institución actúa “de acuerdo a gravedad, ya sea por la persuasión, por el dialogo, con la prevención, para posterior-mente hacer uso de agentes químicos. Por


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ahora se encuentran en situación de tran-quilidad y paz. Lo único sí que los comuna-rios de Mallku Khota quedaron de sacar a las personas que no son de acá. Hemos tratado e hablar con la Lic. Castellón, encargada de la Comibol, para que ponga a cinco personeros mas de aquí de Mallku Khota para que baje la tensión. Si bien el asunto no es fuerte, se ha tomado una resolución de que querían votar a los de la Comibol”.

3. ¿Con qué instituciones u organiza-ciones coordinan?

Los comunarios de Mallku Khota, en su mayoría, dicen que la coordinación en caso de conflictos es con sus autori-dades originarias y entre los ayllus de la zona. También se menciona a la Defen-soría del Pueblo. A las autoridades de Gobierno no se las menciona.

El minero Eleuterio Pacheco Colque dice que “generalmente todo se arregla entre la misma comunidad, sin que nadie intervenga. A no ser al último se recurre a la Defensoría del Pueblo para que venga a ayudar y a dar sus orientaciones para re-solver el problema”.

Benedicto Colque Flores, también minero, opina que “el problema tendría que solucionarse entre organizaciones so-ciales, desde la base porque a veces de arriba quieren la confrontación”. En la misma línea, el minero Victoriano Condori Mamani, dice: “nosotros mismos, orgá-nicamente, solucionamos. No necesitamos que vengan instituciones, nosotros solucio-namos según nuestra experiencia”.

Martin Aguilar Condori, dirigente del Ayllu de Urinsaya, cuenta que están organizados con las autoridades de las comunidades, además de los corregi-

dores. “Estamos alertas y cabreados, basta una timbrada, nuestra gente ya va a estar saliendo y defendiendo lo que es suyo, noso-tros no queremos inquilinos, los 60 serán alejados del lugar porque ellos no están dentro del proyecto Mallku Khota y es por eso que los desconocemos”.

Samuel Fabrica Inocente comenta que el trabajo solo se realiza con los ayllus “porque nosotros tenemos autoridades ori-ginarias, segunda mayor jilanqo y alcaldes comunales”.

La profesora Noemí Otero Vargas relata que la coordinación se realiza entre comunarios, aunque recuerda que “alguna vez vino la Defensoría del Pueblo, pero no hay instituciones que trabajen por aquí”.

El teniente Mauricio Mendoza, res-ponsable de la Policía de Mallku Khota, dice que a veces se coordina con “el Ejército, Comibol, los ayllus de acá, el sub alcalde y las autoridades más importantes de Mallku Khota”.

Juan Mendizábal, técnico de interior mina, dice que en primer lugar la coor-dinación es con Comibol y luego con la Defensoría del Pueblo.

Karol Castellón Velázquez, admi-nistradora del Proyecto Mallku Khota (Comibol), revela que la institución no cuenta con apoyo de nadie de la parte social. “Nosotros como Comibol tenemos nuestra Unidad de Conflictos; pero, al pa-recer, ha causado algunos problemas entre los trabajadores porque en vez de ir a re-solver los conflictos los han empeorado”, añade.

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4. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera importantes para la resolu-ción de conflictos?

La mayor parte de los entrevistados dice querer que haya diálogo para re-solver el conflicto, aunque no falta el en-trevistado que habla de “hacer justicia por mano propia”. Se destaca la inicia-tiva de la Defensoría del Pueblo en la prevención de conflictos y se pide la in-tervención de las autoridades de todos los niveles para lograr la paz. Pero, según la mayoría, la solución pasa por contratar a los originarios de la zona en el proyecto minero Mallku Khota.

El minero Eleuterio Pacheco Colque sugiere que se haga “una orientación, una capacitación para evitar estos conflictos, tener reuniones antes del problema, orienta-ción a nuestras autoridades y a toda la co-munidad para que los hermanos no piensen que estamos haciendo otras cosas”.

El minero Benedicto Colque Flores considera que la Comibol tiene que escuchar a las organizaciones y auto-ridades originarias del lugar “porque a veces se cierra también, no quiere escuchar a las autoridades y organizaciones sociales; pero, depende de las organizaciones sociales. La Comibol no valora a las organizaciones originarias”. Agrega que los comunarios quieren que lleguen las autoridades del Gobierno pero, sobre todo, pide que haya trabajo para la gente del lugar.

El minero Victoriano Condori Ma-mani pide “diálogo en la mesa con los ministros. A veces invitamos a las autori-dades, pero estos no llegan, por lo tanto no hay solución y no avanza. Queremos que las autoridades lleguen y ayuden a la solución”.

Martin Aguilar Condori, dirigente

del Ayllu de Urinsaya, opina que para resolver los conflictos se debe trabajar conjuntamente, pero no duda en decir que no permitirán la presencia de traba-jadores de otros distritos. “Nosotros que-remos charlar en buena forma a través de las reuniones; pero, a esas tres personas no les vamos a permitir (trabajar aquí). Entonces, nosotros queremos entrar de acuerdo a una reunión indicando que todos los del lugar queremos entrar a trabajar y hacer notar que tenemos en cuenta los nombres de los inquilinos”.

El teniente Mauricio Mendoza, res-ponsable de la Policía de Mallku Khota, sugiere que haya equidad en la distri-bución de los recursos que son explo-tados en la zona. “Si se ha encontrado oro supuestamente en las diferentes excava-ciones y perforaciones, los encargados de la Comibol deberían dar al personal que vive acá en Mallku Khota, en Chirucasa, Janta Pallkha o Sacaca, que son los más cercanos para que así no exista conflicto”, opina. Considera, además, que “es muy buena la iniciativa del Defensor del Pueblo para venir a ver de cerca los problemas que existe, la situación del campo para ver los derechos de cómo se está trabajando acá”.

Juan Mendizábal, técnico de interior mina, cree que “lo más importante es que este proyecto marche, porque si no marcha van continuar los problemas. Para eso ne-cesitamos la ayuda del Gobierno. Si va a marchar este proyecto y va a haber fuentes de trabajo para los comunarios esto se va tranquilizar automáticamente, porque ac-tualmente los comunarios están tensos por las fuentes trabajo”.

Karol Castellón Velázquez, admi-nistradora del Proyecto Mallku Khota, también expresa su preocupación por la marcha del proyecto. “Mi posición frente a los obreros es que tenemos que hacer una

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operación que ya debiéramos arrancar a media gestión, pero tenemos algunos im-pedimentos, como ser el desequilibrio en el contrato del personal. No ha habido una contratación equitativa de personal, lo que conlleva problemas, ya que mencionan que a algunos les correspondía trabajar en el lugar porque son del lugar, pero yo ahorita no puedo retirar a la gente que no pertenece del lugar porque ellos ya están trabajando desde la anterior gestión”.

Samuel Fabrica Inocente, Minero Urinsaya, se queja porque los conflictos no se pueden resolver inmediatamente “porque esas personas de atrás no respetan a nuestras autoridades originarias, no hay justicia para nosotros. Han matado a un trabajador con arma de fuego, pero para ellos hubo justicia y para nosotros nada, en-tonces hemos dicho que si quieren que en-tren y haremos justicia con nuestras propias manos”.

Andrés Chajni Fabrica, del Ayllu Su-llka Jilakatani, plantea la necesidad de “trabajar con autoridades nacionales, de-partamentales, Gobernación y Alcaldía” porque “la pobreza actualmente está mal, nadie se acuerda ni adelante ni atrás. No-sotros nos sentimos dejados a un lado”. Agrega que no habrá apoyo para el grupo de los 60. “Ellos decían que cuando Comibol nos de trabajo se van a enfrentar con armas; y nosotros no queremos eso, su-ponemos que ellos deben tener dinero para tener armas, en cambio nosotros no”. Por eso, dice que “a través de la Defensoría del Pueblo sería bueno subsanar todas estas pe-leas”.

Noemí Otero Vargas, profesora de la unidad Educativa Cari Cari, pide diálogo. “Deberían olvidar los recuerdos, olvidar los resentimientos; porque eso es lo que hace que no trabajen y no haya desa-

rrollo”, dice y hace un pedido a la De-fensoría del Pueblo: “trabajar con la gente en la concientización para explicar cuál es la situación de la comunidad, para que no haya malos entendidos. Crear hermandad entre ellos y que haya conciliación entre las fami-lias. También habría que hablar sobre el rol de la mujer porque todas las mujeres de acá se someten a las decisiones de sus maridos, no se les toma en cuenta como”.


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Encuesta realizada en Mallku Khota

Gráfico Nº 9

Las encuestas se realizaron tanto en Mallku Khota como en Urinsaya. El 35% de los consultados son mineros de los lugares mencionados, el 31% son policías destinados a Mallku Khota, el 14% representa a los mineros que se dedican a la construcción de obra dentro de la mina, el 10% realiza la función de técnico dentro la mina, el 4% representa al Mallku de la comunidad de Mallku Khota y el 3% re-presenta a la responsable de Comibol de la mina de Mallku Khota.

Gráfico Nº 10

El 67% de la población encuestada menciona que el principal problema de Ma-llku Khota es la falta de trabajo, ya que no todos son sindicalizados y no pueden beneficiarse del empleo en la mina. Además, insisten en que algunos trabajadores mineros no son del lugar, por lo que piden que sean sacados de la mina, a riesgo de que se genere un conflicto violento. El 27% menciona que el conflicto es por la mala influencia política de los dirigentes y el 6% considera que es por la defensa de sus tierras, quienes indican que no dejarán que otras personas entren al lugar.


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Gráfico Nº 11

La situación económica es mala. El 47% de los encuestados indica que solo se dedica al trabajo de la minería y señala que existe solo una movilidad que pasa por el lugar una vez a la semana (día miércoles), lo cual es una limitante para el desarrollo económico del lugar. El 40% menciona que la economía es regular, ya que muy pocas familias se dedican a la crianza de ovejas (3 a 9 cabezas) y el 13% menciona que es muy mala porque no todas las familias tienen ingresos econó-micos estables.

Gráfico Nº 12

Los trabajadores de la mina y el Mallku del lugar indican que la solución para el conflicto que persiste es responsabilidad de todos, haciendo un 47%. El 40% responsabiliza a la Comibol y el 13% hace referencia que los directos responsables para la resolución del conflicto actual son los comunarios que ahora trabajan en la empresa.

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Gráfico Nº 13

El 93% sugiere que es importante dialogar y ceder para la solución de los con-flictos de Mallku Khota y el 4% señala que los dirigentes no deben consultar, sino actuar y ser rígidos en su posición para el beneficio común.

Gráfico Nº 14

Actualmente la situación de Mallku Khota es inestable y tensa, se señala que en cualquier momento podría retomarse este conflicto por la defensa de su territorio y para no permitir que habitantes de otros ayllus ingresen a la mina. El 40% indica que este conflicto está en cuarto intermedio hasta que no se adjudique a todos los pobladores para el trabajo en la mina y el 27% menciona que la situación está tran-quila por el momento.

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Gráfico Nº 15

El 77% señala que sí, que violencia podría regresar de igual o peor forma, porque el único objetivo es de proteger la mina de Mallku Khota y no dejar que otras per-sonas de otros municipios o comunidades ingresen y se beneficien. Lo que indican los mineros es que la mina primero beneficie a la comunidad y luego sea un bene-ficio para todos y para el desarrollo del país. El 23% menciona que antes de acudir a la violencia que daña a niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad es importante concertar a través del dialogo.

De acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas, se puede percibir que la si-tuación de Mallku Khota es aún inestable y tensa. Pueden resurgir los problemas suscitados en la gestión 2012.


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2. Mesas de diálogo para la prevención del conflicto

2.1 Mesa de prevención de conflictos en Caranavi

El día miércoles 26 de marzo del 2014, en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Municipio de Caranavi, se desarrollaron las “Mesas de Pre-vención de Conflictos en el marco de Derechos Humanos, Cultura de Paz y Resolución de Conflictos”, actividad que permitió el diálogo e intercambio de experiencias con diferentes institu-ciones y organizaciones del Municipio de Caranavi.

El taller se planteó como objetivo ge-nerar un espacio de diálogo y reflexión intersectorial para conformar la “Mesa de Prevención de Conflictos”, previa coordinación interinstitucional para

prevenir diferentes conflictos por los que atraviesa el municipio.

Se contó con la participación de las si-guientes instituciones y organizaciones: FAPPCA, FAICIC, el Ejército, Fuerza Naval, Normal de Profesores (ESFM) de Caranavi, Asociación de Adultos Mayores, FEJUVEs, Cáritas Caranavi, Federación de Transporte, FAPCICAR, Micro y Pequeñas empresas.

A continuación se presenta un re-sumen general de las exposiciones, así como los principales temas abordados, de los diferentes grupos de trabajo.

a) Primer grupo

Trabajó sobre el Sistema de Forta-lezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) a nivel del muni-cipio de Caranavi.



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Fortalezas

-Buenos recursos económicos que actualmente maneja el gobierno municipal

-Alta población en el municipio

-Producción ecológica

-Ubicación geográfica como ciudad intermedia

-Diversas instituciones privadas asentadas en el municipio

-85% de producción de café a nivel nacional

Oportunidades

-Áreas turísticas y áreas geológicas

-Capacidad de producción agrícola, producción de café para mercado interno y externo

-Construcción de la nueva carretera permitirá el crecimiento del municipio

-Aprobación de la política del desarrollo cafetalero. Solo se la debe normar y reglamentar.

Debilidades

-Falta de liderazgo. No hay buenos líderes y, si los hay, están obligados por dirigentes que no ven el desarrollo municipal

-Mala gestión de recursos

-División en la población por el interés y por el poder político

-No hay apoyo a la producción cafetalera

-Migración de pobladores a otras regiones

-Mucha producción de coca. Se va perdiendo la producción a las frutas

-Ingobernabilidad. No hay un gobierno firme y sólido

-Falta de personal policial para una población grande como la de Caranavi

Amenazas

-Congelamiento de cuentas como efecto de los conflictos internos y políticos. Varias veces se ha congelado el POA municipal por los conflictos de pugna de poder

-Conflictos sociales por bloqueos de caminos. Hubo muertes

-Desastres naturales, deslizamiento de cerros y desborde de ríos, lo que baja los ingresos económicos. Esta situación es una amenaza constante

-Bajo rendimiento de ingresos en el municipio, por factor medio ambiente, por enfermedad, por mal manejo

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b) Segundo Grupo

Conflictos recurrentes y/o relevantes en el municipio de Caranavi.

2.2 Mesa de prevención de conflictos en Llallagua

2.2.1 Antecedentes Generales

A continuación se detallarán los con-flictos/problemas más relevantes que enfrenta el Municipio de Llallagua.

a. Inseguridad ciudadana: En Lla-llagua se presentan asaltos, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Los principales actores y/o responsables son la familia, la sociedad y las autoridades del muni-cipio. Uno de los avances registrados para resolver este conflicto es la confor-

Tipo y/o

temasProblema Actores Acuerdos Logrados

PSIC

OSO

CIA

L

-Provincial

-Municipal

-Realización o ejecución de obras

-Falta de liderazgo

-Falta de información

-Organización, Coordinación y Planificación

-Corrupción

-Alcalde

-Juntas Vecinales

-Federación

-Policías Militares

-Consejo Municipal

-Gobernación

-Líderes Políticos (MAS,MSM,UN)

-Paz social superficial

-Concertación social temporal

-Equilibrio para las obras locales y de comunidades

-Participación de mediadores

mación del Comité de Seguridad Ciu-dadana, que podrá mostrar resultados siempre que se exija su funcionamiento apropiado, la instalación de cámaras de seguridad, la buena administración de justicia, creación de más módulos poli-ciales, se implemente la seguridad ve-cinal y se despolitice la justicia.

b. Conflicto minero: Existe disputa por los yacimientos debido a la falta de claridad en la propiedad, escasez de parajes y ausencia de seguridad indus-trial. Los actores principales son las coo-perativas mineras, ayllus y la Corpora-ción Minera de Bolivia (Comibol). Pese

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hacer cumplir los acuerdos logrados, impulsar un trabajo más eficiente en el gobierno local, regional y nacional, generar mayor atención equitativa a todos los sectores sociales por parte del Gobierno y fomentar el respeto mutuo entre las organizaciones sindicales.

2.2.2 Presentación

El viernes 21 de marzo de 2014, en instalaciones del Salón Mauricio Lefe-bvre, del Municipio de Llallagua, se de-sarrollaron las “Mesas de Diálogo en el marco de Derechos Humanos, Cultura de Paz y Resolución de Conflictos”, ac-tividad que permitió el diálogo e inter-cambio de experiencias con diferentes instituciones y organizaciones del Mu-nicipio de Llallagua.

El objetivo general del taller fue “ge-nerar un espacio de diálogo y reflexión intersectorial para conformar el “Con-sejo de Prevención de Conflictos”, previa coordinación interinstitucional, con la finalidad de prevenir diferentes conflictos que enfrenta el municipio.

Tomas Quiroz Alcalde de Llallagua, dando pa-labras de apertura del evento. Unidad Nacional de

Prevención y Atención de conflictos sociales.

a ello, se han logrado acuerdos en base a la Ley Minera y a actas de pacificación. Actualmente se hace un monitoreo del tema y se exige el cumplimiento de los acuerdos, se realiza una prospección minera, se busca equidad en la distri-bución de regalías para que beneficien el desarrollo regional y local y, por úl-timo, más recursos para fortalecer la ac-tividad minera.

c. Disputa por terrenos y lin-deros: Falta esclarecer los límites, lo que ha dado lugar a avasallamientos por escasa de claridad en la propiedad. Los actores/instituciones que se en-cuentran involucrados en el tema son el Instituto de Reforma Agraria (INRA), Instituto Geográfico Militar (IGM), Mu-nicipio, las organizaciones naturales y sindicales. Los acuerdos logrados para la resolución de este conflicto son actas de pacificación, audiencias públicas con el INRA y demostración de títulos de tierras. Las acciones realizadas hasta el momento tienen que ver con el cumpli-miento a la normativa legal y socializa-ción en la distribución de tierras.

d. Conflicto intercultural: Se re-fiere a la disputa del poder político, social y cultural, además de la discri-minación. Como factor principal se cuenta la falta de coordinación entre organizaciones e instituciones. Los ac-tores principales de esta situación son las siguientes FAOI-NP, FSUTC-NP, las autoridades del Gobierno Muni-cipal y Nacional. Solo se lograron actas de entendimiento, mientras que las ac-ciones están orientadas a la mediación a través del dialogo, con la finalidad de


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La moderación principal del taller es-tuvo a cargo del Jefe de la Unidad Na-cional de Conflictos Sociales de la De-fensoría del Pueblo, Gregorio Lanza.

Se contó con la participación de las si-guientes instituciones y organizaciones: FUL, Federación de Mujeres, Profesores del área rural, FAOI-NP, Universidad Siglo XX, FEROCOMINORPO, Radio

FODA

Fortalezas

-Instituciones consolidadas y organizadas

-Organizaciones predispuestas, que apoyan en la conformación del Consejo de Atención y Prevención de Conflictos Sociales

-Apoyo de instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia y ONGs

-Sociedad civil en su conjunto que apoyen la creación de la Red Interinstitucional

Oportunidades

-Conformación de la Red Interinstitucional

-Personal capacitado

-Utilización del medio de comunicación Canal 6 para comunicar y socializar

Debilidades

-Poca difusión y participación de los medios de comunicación

-Falta de infraestructura para el funcionamiento de la Red

-No se cuenta con recursos económicos para su creación

-La no participación de algunas instituciones (Fiscalía, Comité Cívico)

-No existe difusión de leyes sociales, nacionales y municipales

Amenazas

-La creación de redes y el no funcionamiento de estas

-Falta de propuestas para la solución de conflictos

-Desinterés de la sociedad.

Reflejos, Policía de Llallagua, Gobierno Municipal, Radio Pio XII, Cooperativa 20 de octubre, FSUMTOCA-NP Barto-lina Sisa.

2.2.3 Grupos de Trabajo

a. Primer grupo

Desarrolló el trabajo del FODA del municipio.


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b. Segundo grupo

Conflictos recurrentes y/o relevantes en el municipio

Marcos Colque, Representante de la Mesa Defensorial de Llallagua Fuente: Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales

Tipo y/o temas Problema Actores Acuerdos Qué se puede hacer

-Seguridad ciudadana

-Asalto, robos, violencia intrafamiliar, alcoholismos, falta de empleos

-Familia

Autoridades (policía, judiciales)

Sociedad

-Conformación del comité de seguridad ciudadana

ESBAPOL

-Exigir el funcionamiento apropiado del comité

-Instalación de cámaras de seguridad

-Exigir la buena administración de justicia (cumbre judicial regional)

-Campaña de educación y sensibilización

-Creación de más módulos policiales

-Seguridad vecinal

-Despolitizar la justicia

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Conflicto minero

-Disputa por los Yacimientos mineros

-Falta de claridad en la propiedad

-Falta de parajes

-Falta seguridad industrial

-Cooperativas

mineras

-Ayllus

-Comunidades

-Comibol

-Ley minera

-Actas de pacificación

-Monitorear y exigir el cumplimiento de los acuerdos

-Prospección minera

-Equidad en la distribución de regalías

-Uso adecuado de las regalías mineras para el desarrollo regional y local

-Más recursos para fortalecer la actividad minera

-Conflicto de tierras y linderos

-Falta de esclarecimiento de límites

-Avasallamientos

-Falta de claridad en la propiedad

-Falta de respeto a la propiedad privada

-INRA

-IGM

-Municipio

-Organizaciones naturales, sindicales

-Actas de pacificación

-Audiencias públicas del INRA

-Titulación de tierras

-Cumplimiento a la normativa legal

-Principio de autoridad

-Socialización en la distribución de tierras

-Conflicto intercultural

-Disputa del poder político social y cultural

-Discriminación

-Falta de coordinación entre organizaciones e instituciones

-FAOI, NP, Ayllus

FSUTC-NP

-Autoridades de los gobiernos municipal y nacional

-Actas de entendimiento

-Diálogo

-Cumplimiento de acuerdos

-Mayor función del gobierno local, regional y nacional

-Atención equitativa a todos los sectores sociales por parte del gobierno

-Respeto mutuo entre organizaciones sindicales

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Todos los actores sociales deben estar inmersos en la tarea de la resolución de conflictos sociales del municipio aten-diendo, previniendo y disminuyendo los problemas. Asimismo, deben coor-dinar las funciones interinstitucionales para no vulnerar los derechos de cada ciudadano. Lo que se recomienda es serenidad, idoneidad, independencia política, respeto profesional, respeto al pluralismo ideológico.

Al concluir las exposiciones por grupo en torno a las tres tareas desig-nadas se dio paso a las opiniones y/o sugerencias sobre las temáticas en cues-

tión. A continuación se describen las opiniones de los participantes.

a. Rosmery Martínez, docente de la universidad Siglo XX

Nosotros como mujeres nos encon-tramos defraudadas y sentimos que nuestros derechos están siendo vulne-rados. Al parecer, la justicia no da im-portancia a estos hechos de violencia. Yo creo que ahora es el momento pro-picio, ya que nos encontramos varias instituciones y organizaciones, de hacer algo por nuestro municipio a favor de toda la población.

Mesa de diálogo realizada en Llallagua, con la participación de organizaciones sociales e instituciones localesFuente: Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales


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Lizbeth Cazorta, Presidenta de la b. b. Federación Universitaria Local de la Universidad Siglo XX (FUL)

La situación de la mujer es muy im-portante. Antes las mujeres eran solo para estar en la casa y para dedicarse a cocinar y no tenían derecho a estu-diar; pero, ahora eso está cambiando y es momento de trabajar y hacer que las mujeres conozcan sus derechos. Como decían anteriormente, hay todo un con-junto de leyes, pero no se cumplen. Claro está que las autoridades hacen las leyes y quienes debemos hacerlas cumplir somos nosotros/as. Hay que hacerlas respetar porque, si nosotros lo dejamos así, quién lo hará por nosotros. Es importante dialogar y ver las formas de cómo podemos prevenir diferentes actos que van en contra de nosotros porque no podemos vivir así, con el temor de salir de nuestras casas.

c. Tayna Iporre, policía de la FELCC de Llallagua

Es importante escuchar las opiniones de cada organización y federación que se encuentra presente, pero quiero in-dicar que estas situaciones que se han expuesto, no solo son responsabilidad de la Policía, sino de todos. Es impor-tante analizar y creo que también sería factible crear esta Unidad de Atención y Prevención de Conflictos para consen-suar, comunicarnos sobre cuáles son las causas de las fallas. Es importante ana-lizar porque escucho que la gente vierte palabras que dañan a las instituciones u organizaciones, por eso es impor-tante dialogar entre todos para que así posteriormente exista paz social y tran-quilidad en el municipio de Llallagua.

d. Representante de maestros rurales del Norte de Potosí

Nosotros constantemente hemos estado construyendo un proceso de cambio en este país. Conocemos con profundidad los problemas sociales que han ido transcurriendo a partir de las dictaduras en nuestro país, y hemos sido portadores para el cambio defi-nitivo. Creo que en esta mesa es muy importante trabajar y discutir ¿hasta dónde podemos llegar como actores sociales? y ¿cómo podemos mantener el cambio que dirigimos todos? Hay que encarar un cambio que no vaya a la retrospección, sino que vaya más allá, por eso creo que esta Mesa de Dialogo debe ser el camino para llegar a un buen fruto.

e. Funcionario de la Alcaldía

Yo, como funcionario municipal, creo que es muy importante la creación de una Unidad de Prevención de Conflictos porque nosotros estamos acostum-brados a crear conflictos y no a buscar soluciones. Creo que es importante que esta Unidad, como se está creando en otros municipios, sea tal vez el brazo que articule a todas las organizaciones sociales para evitar llegar a los con-flictos y así tener conclusiones satisfac-torias y que los pobladores del lugar no sean los más perjudicados. Que nuestro municipio avance hacia la paz, que tra-baje con garantías, seguridad y, más que todo, con mucha confianza. Creo oportuno que todas las instituciones que estamos presentes busquemos al-ternativas para poder fortalecer esta Mesa de Prevención de Conflictos.


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f. Integrante de la Federación del Norte de Potosí

Para mí ha sido un honor estar pre-sente en esta Mesa de Prevención de Conflictos, porque es importante ha-blar sobre los conflictos sociales. Es evidente que los conflictos se dan por demanda social y se ha hablado de tener unas buenas condiciones de vida y lo importante es crear esta Mesa de Prevención de Conflictos para en-frentar y solucionar los conflictos.

g. Juan Carlos Castellón, comunario de Llallagua

Es importante tratar el tema de los conflictos sociales. Creo también que es una etapa muy importante para hacer un análisis de los conflictos pendientes que tenemos dentro la provincia y el municipio. Hay un terreno muy pro-ductivo entre los ayllus Chullcus y Chicoya que, durante décadas, ha sido motivo de conflicto. Si ustedes se fijan

en el mapa de la Provincia Bustillos, se ve una división y es un problema que hasta ahora se está viviendo. Creo que esto no lo va solucionar ni la Federa-ción ni los ayllus. La solución que se le ha dado es que ninguno de los ayllus va utilizar las tierras y creo yo que este es un problema que se debe solucionar porque estas son tierras productivas para el beneficio de las comunidades y los dos ayllus. Hay otro conflicto en la Provincia entre los ayllus Chayantata y Sacaca. Son conflictos que se deben solucionar cuidando que no revivan. Es la pelea entre qaqachacas, laymes y puratas. Yo creo que es importante re-tomar estos conflictos y solucionarlos de una vez para que exista mayor pro-greso en beneficio de todos los que ha-bitamos en este municipio.

Fuente: Unidad Nacional De Prevención y Atención de Conflictos Sociales

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h. Docente, de la Federación de Docentes Siglo XX

Quiero agradecer por esta inicia-tiva de la Mesa de Diálogo porque es importante trabajar en el tema de con-flictos que vivimos constantemente en el Norte de Potosí. De acuerdo a los cuestionarios que se ha llenado es im-portante nutrirnos como instituciones y, a la vez, creo importante la creación de una Unidad de Prevención de Con-flictos para no entrar en conflictos muy grandes como ser la guerra del gas, la guerra del agua en Cochabamba y, en nuestro caso, el problema de tierras y la pelea de los comunarios o entre diri-gentes de los ayllus. Otro problema fun-damental que atravesamos es el agua, que afecta totalmente nuestro muni-cipio. Por ello es importante que se cree esta Unidad en el municipio, como ente que nos lleve por el camino del diálogo para la solución de conflictos.

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PARTE CUARTA

CONFLICTOS EMBLEMATICOS

1. El rechazo a la erradicación de coca

provoca violencia extrema en Apolo

1. Definición del conflicto

La incursión de migrantes del alti-plano y otras regiones andinas hacia el norte amazónico se acentuó en la última década, llevando hacia esa región a una población temporaria o flotante, dedi-cada al cultivo de la hoja de coca. En la pasada década sucedieron numerosos eventos conflictivos por el contacto de esta población con los habitantes na-tivos de la región, especialmente indí-genas. Surgieron episodios conflictivos muy graves a comienzos y mediados de la pasada década por la extracción ilegal de madera en el Parque Madidi, el cual polarizó a campesinos migrantes e indígenas locales.

Concretamente, el lugar del con-flicto al que se refiere el presente aná-lisis (comunidad Miraflores), es una zona sometida a una intensa actividad de expansión de cultivos de coca en las laderas montañosas atravesadas por la carretera que comunica la localidad de Apolo con los valles de la región de Ca-mata, hacia el sud.

Bolivia es un país donde las prácticas económicas informales involucran a

una alta proporción de gente (74% de la población, de acuerdo a información de la Cámara Nacional de Comercio). Entre las actividades económicas con mayor nivel de expectativas está la pro-ducción de la hoja de coca, dadas las condiciones del mercado ilegal para este tipo de producción, de lejos más atractiva que otros rubros agrícolas.

Consecuentemente, esta producción se ha ampliado en muchos lugares, in-cluyendo áreas protegidas y reservas forestales, lo cual inevitablemente ha generado y genera tensión entre los pro-ductores y el Estado, que busca regular este cultivo. La región de Apolo es jus-tamente uno de los espacios donde tal tensión se acumuló en los últimos años.

Otra causa estructural es el tipo de control desarrollado por agentes esta-tales, con evidentes rasgos de impro-visación y uso desmedido de la fuerza, situación que ha sido muy frecuente desde la década de 1990, particular-mente en la región del Chapare.

Otra causa estructural puede identi-ficarse en el contexto de las provincias del norte de La Paz, sometidas al aban-dono desde la instauración de la Repú-blica, lo cual deriva en un sentimiento generalizado de frustración entre los pobladores, ansiosos de incorporarse a la dinámica del desarrollo económico y social.

Los sucesos más relevantes del con-flicto, que culminaron en las acciones violentas del 19 de octubre de 2013, son tres:


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Como antecedente, el 25 de mayo 2013, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), inició tareas de erradicación de plantaciones de coca consideradas ilegales en la zona de Apolo, situación que generó un primer enfrentami-ento con los productores que anticipadamente rechazaban las acciones de erradicación.

El 19 de octubre, el conflicto al-canzó su cúspide, como resul-tado de las acciones de erradi-cación con un cuestionable uso de la fuerza, afectando a mu-jeres, niños y adultos mayores en días anteriores. Los produc-tores de coca reaccionaron vio-lentamente ante la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta en las proximidades de la comunidad de Miraflores, hecho que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 14 heridos. En entre-vista anónima, un cocalero de la comunidad Copacabana aseg-uró que todo el enfrentamiento empezó por la violencia con la que efectivos de la FTC habrían ingresado en la zona, “ya que no respetaron nada e incluso en-traron a las casas lanzando gas-es lacrimógenos, sin respetar a niños ni mujeres”. En la versión de los uniformados, ellos fueron sorprendidos por encapucha-dos que, en posición de disparo, abrieron fuego.

El 21 de octubre las fuerzas es-tatales presentes en la región

procedieron al rescate de un efectivo militar reportado pre-viamente como desaparecido.

2. Análisis del contexto

Apolo es la capital de la Provincia Franz Tamayo, una de las más extensas del De-partamento de La Paz, y capital también del municipio. Se encuentra en una región con un clima excepcionalmente benigno, a 1430 metros sobre el nivel del mar. Dista aproxi-madamente 200 Km lineales al norte de la ciudad de La Paz, aunque la distancia por carretera es mucho mayor. Antiguamente, la región estaba poblada por los pueblos Leco, de raíz cultural amazónica, pero tam-bién con tradición de ocupaciones quechuas del incario. Desde la década de 1960 la po-blación migrante, especialmente de origen andino, se ha incrementado como resultado de las facilidades del acceso carretero. Con todo, el conflicto tenía suficientes anteced-entes y señales de advertencia, que podían hacer prever un desenlace violento.

La crisis del 19 y 20 de octubre fue obvia-mente resultado de los ánimos exacerbados de una y otra parte, partiendo del accionar torpe de las FTC. A partir de los testimo-nios que aseguran que en dichas acciones se vulneraron los derechos de mujeres, niños y adultos mayores en el afán de buscar a delincuentes, los campesinos respondi-eron con extrema violencia, sin reparar en ataques a los uniformados; aunque existen versiones de que estos ataques fueron es-tratégicamente preparados, a juzgar por el impacto provocado a la FTC.

La intervención de la FTC presentó limitaciones de estrategia y apoyo lo-gístico. El desequilibrio numérico de las


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bajas entre atacantes y atacados se ex-plica tanto por la cantidad de atacantes, como también por el ánimo enardecido de los mismos, una situación aparente-mente no tomada en cuenta por la FTC durante el su incursión.

Existen paralelos de este caso con otros sucesos conflictivos extrema-damente violentos contra los agentes de control estatales: El caso de Uncía (mayo 2010, con cuatro policías salva-jemente linchados por los pobladores vinculados al contrabando); el de Cha-llapata (octubre 2012, con dos muertos

y cinco heridos, resultado de enfrenta-miento entre policías y contrabandistas de vehículos indocumentados) y otros casos que implicaron a motosierristas y madereros ilegales especialmente en la pasada década, las agresiones a agentes municipales por parte de gremialistas, entre otros

El riesgo del desenlace sangriento de las tareas de control a determinadas actividades informales es alto cuando existe cohesión y fuerza numérica de los infractores, lo cual amerita previ-sión y disposición al diálogo antes de realizar estas tareas de control.

3. Mapa de actores

Actores Intereses en el tema Recursos con los que cuenta


Posición frente al conflicto

-Central agraria de la Provincia Franz Tamayo

-Hegemonía en la representatividad del sector campesino en la región, afín al gobierno nacional

-Contactos de coordinación entre sectores productivos y sociales ideológicamente afines

-Media, dependiente en gran parte de la efectiva afiliación de las organizaciones de base o militancia política de sus dirigentes.

-Solicitan al gobierno realizar la biometrización en la región (Piedras Blancas, Copacabana, Miraflores).

-Federación de Cocaleros de Apolo y Comité de Autodefensa de la Hoja de Coca

-Mantenimiento de una actividad económica lucrativa

-Se puede asumir que sus afiliados cuentan con más recursos económicos que el común de los campesinos locales dedicados a otro tipo de producción

-Probable articulación con otros sectores económicos informales con relativo alto poder económico

-Las circunstancias de la crisis del conflicto demuestran que este sector tuvo una alta capacidad de movilización y de efectividad en su enfrentamiento contra fuerzas policiales y de las FFAA

-Denuncian atropellos de parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en las acciones de erradicación de plantaciones de coca y no están de acuerdo con la erradicación forzosa. Afirman que pertenecen a una zona de producción tradicional

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-Fuerza de Tarea Conjunta (FFAA – Policía)

-Al menos teóricamente, la FTC contaba con recursos logísticos, humanos, de armamento y comunicaciones, logística congruente con la magnitud de las acciones previstas de ser efectuadas

-También teóricamente, la capacidad de movilización de la FTC era adecuada

-Cumplimiento de acciones de erradicación de plantaciones de hoja de coca ilegales

-Gobierno Nacional

-Mantenimiento de una sólida imagen de manejo estatal en el control de actividades irregulares dentro del territorio nacional

-Nivel medio, dentro del margen de capacidades operativas y logísticas con las que cuenta el Estado y sus instancias correspondientes

-Nivel medio, limitado por las dificultades de desplazamiento carretero a la región de Apolo y las precarias condiciones operativas del aeródromo de esta localidad

-Determinación de realizar acciones de erradicación pese al anuncio de los dirigentes cocaleros de repeler dichas tareas.

-Luego de la crisis, persecución y penalización de los campesinos que encabezaron la violencia

-Defensoría del Pueblo

-Cumplimiento de mandato constitucional y legal

-Comprobar en terreno la vulneración de los Derechos Humanos

-Emitir pronunciamientos públicos sobre los hechos

-Mandato constitucional y legal

-Decisión institucional para sentar un precedente de la línea de trabajo de la Defensoría

-Capacidad en recursos humanos y logística

-Propiciar el diálogo, Jefatura de Conflictos y de su máxima autoridad ejecutiva

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4. Definición de los objetivos y su prioridad desde la Defensoría del Pue-blo

En atención a la gravedad de los he-chos ocurridos en la Comunidad de Miraflores, siendo que el 19 de octubre se reportaron dos fallecidos (Policía Jo-hnny Reynaldo Quispe Chura y subte-niente de la FTC, Oscar Gironda), doce heridos de bala, quince policontusos y tres personas que estarían en condición de desaparecidos, una comisión de la Unidad Nacional de Prevención y Aten-ción de Conflictos de la Defensoría del Pueblo ingresó a Apolo el día domingo 20 de octubre de 2013.

El 21 de octubre se realizaron entre-vistas a una importante cantidad de mujeres de la comunidad de Miraflores, que se encontraban resguardadas en Apolo, por el temor de retornar a su comunidad. Ellas manifestaron que los primeros en ingresar a la comunidad fueron los miembros de la policía, quienes entraron lanzado gases lacri-mógenos, exigiéndoles que salieran de sus casas, llegando incluso a romper ventanas y patear puertas. Luego, de forma violenta, las arrastraron hacia la escuela del lugar, donde las intimidaron exigiéndoles que se pongan de rodillas y, en algunos casos, que se quiten la ropa. En medio de estos hechos, mu-chos los niños huyeron al monte por temor, retornando con sus madres en horas de la noche.

Ese mismo día, en horas de la noche, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que el suboficial naval Willy Yujra Mamani y el galeno Michael Oli-

varez Alba fueron encontrados muertos por miembros de FTC. Los efectivos habrían sido golpeados y presumible-mente ajusticiados. Este hecho continúa siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Publico.

El 22 de octubre, en coordinación con el Viceministro de Defensa Social y Sus-tancias Controladas, Felipe Cáceres, se realizaron entrevistas a miembros de la FTC, quienes manifestaron que cono-cían de las advertencias vertidas por los miembros de las comunidades de Mira-flores, Piedras Blancas y Copacabana. Una vez que llegaron al lugar, el día 19 de octubre a las 4:30 de la mañana, co-menzaron a percibir la resistencia de los pobladores por las explosiones y dis-paros que escucharon.

Pese a esa situación, ingresaron a la comunidad de Miraflores en dos grupos, tratando de rodear el lugar. Cuando comenzaban a erradicar las pri-meras plantaciones, se vieron rodeados por los comunarios, que se habían apostado en los cerros, desde donde redujeron a los efectivos. Los unifor-mados atinaron a resguardarse en una choza, donde se produjo la muerte del Suboficial Gironda, por un impacto de bala en el pecho. Ante la amenaza de los comunarios de quemarlos, los efectivos salieron del lugar, pero de inmediato fueron capturados por los comunarios, quienes les habrían quitado el uniforme y las botas, y además les habrían propi-nado agresiones. Los uniformados solo fueron liberados al día siguiente gracias a las negociaciones del Comandante de las Fuerzas Armadas.

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5. Identificación y análisis de alter-nativas

En atención al contexto descrito y ante la evidente vulneración del de-recho a la vida y a la integridad, no se poseían alternativas, por lo cual, el ingreso en la zona fue inmediato. A fin de construir la verdad histórica del hecho, se recabó información a partir de entrevistas con los actores en conflicto.

En un primer momento, se habló con las mujeres, quienes se encontraban en Apolo. Se recogió información respecto al ingreso de la FTC en la comunidad de Miraflores, también se relevaron datos sobre los niños y niñas afectados y las necesidades que presentaba este grupo como consecuencia de los eventos, a fin de coordinar ayuda humanitaria.

Se realizaron también entrevistas al personal militar que se encontraba en la región, recabando información respecto a los hechos de violencia de los que habrían sido objeto, así como las circunstancias en las que se realizó el operativo, y la provisión o no de equipamiento de defensa con el que contaban. Todo ello, con el fin de de-terminar las circunstancias en las que se desataron los hechos de violencia.

6. Decisión y/o recomendaciones

El Defensor del Pueblo, Rolando Vi-llena, lamentó y condenó las acciones violentas que se produjeron en Apolo, que segaron la vida de cuatro personas, que cumplían su labor en actividades de reducción de cocales y de atención en

salud. Expresó solidaridad con el dolor de las familias de las cuatro víctimas y de las personas que resultaron heridas.

Los delitos cometidos contra sol-dados y policías no deben quedar en la impunidad y el Ministerio Público debe realizar los máximos esfuerzos para en-contrar, detener y castigar a los que resul-taren autores materiales e intelectuales de estos hechos, para que se impongan la ley y el respeto a los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo, respon-diendo a su mandato constitucional, ha realizado en los días de permanencia en la zona, los máximos esfuerzos para propiciar un espacio de diálogo entre los campesinos y pobladores de la re-gión con las autoridades de la Policía y las Fuerzas Armadas, con el fin de res-tablecer la paz, además de exigir a las autoridades la investigación de los he-chos y la identificación de los autores.

7. Plan de acción

El Defensor del Pueblo, Rolando Vi-llena, tomó la decisión institucional de realizar un Informe Defensorial sobre los hechos de violencia que se registraron en Apolo los días 19 y 20 de octubre de 2013, en base la infor-mación obtenida de los actores en las entrevistas realizadas en el lugar.

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2. En la cárcel de Palmasola explota la

violencia por el control del poder


El centro de rehabilitación de Pal-masola, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue fundado en 1989 con capacidad para 800 internos. En la actualidad es el recinto penitenciario más grande y superpoblado del país. Según la Dirección General de Régimen Penitenciario, existen 5.200 internos. Se asienta sobre una superficie de 17 hec-táreas y cuenta con 7 pabellones y 25 bloques.

Según el informe de 2012 Situación de las Cárceles en Bolivia, de la Dirección General de Régimen Penitenciario, de-pendiente del Ministerio de Gobierno, Palmasola expresa el equilibrio de cuatro poderes: los internos, la Policía, los jueces y la administración peniten-ciaria. Ninguno de ellos por sí solo sería capaz de controlar el establecimiento.

El régimen penitenciario realizó una división funcional para separar a la po-blación. El sector con internos de mayor peligrosidad es el denominado Chon-chocorito, bautizado con ese nombre en alusión a la cárcel de máxima segu-ridad de La Paz. El resto de secciones: PC3 y PC4 son de régimen abierto; “el barrio”, la sección de mujeres; el PC5 para enfermos graves y el PC6 para los llamados VIP o presos por pensiones o

asistencia familiar, jueces, fiscales y po-licías acusados de corrupción.

Este centro penitenciario suele ser comparado con un pequeño estado sin soberanía, ya que en su interior cuenta con sus propias reglas; sus habitantes tienen el control casi absoluto del penal; recaudan fondos que administran de manera particular, y en algunas sec-ciones, eligen democráticamente a sus delegados, excepto el pabellón de Chon-chocorito, donde funcionan los bloques “A” y “B”, habitado por grupos de vieja rivalidad.

En este escenario de pugnas entre los internos por el control de los espacios y el poder, el 23 de agosto de 2013 se produjo un enfrentamiento en la sec-ción Chonchocorito, donde reclusos del bloque B ingresaron al bloque A cor-tando el enmallado de seguridad que los separaba y procediendo a incendiar la infraestructura utilizando garrafas y dinamita.

Los internos del bloque A fueron sorprendidos cuando dormían. En ese bloque se registraron más muertos porque los reos del bloque B ingresaron usando armas de fuego. Los bandos opuestos se enfrentaron por el control del poder haciendo estallar garrafas y para pelear usaron machetes y otras armas punzocortantes. Los que no murieron en el enfrentamiento que-daron calcinados al no poder escapar del fuego. El enfrentamiento dejó 35 muertos, entre ellos un niño de un año y medio, que murió abrazado a su padre, además de una treintena de heridos.


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La sección de Chonchocorito fun-cionaba bajo el régimen semi abierto y tenía alrededor de 480 internos conside-rados como peligrosos en la calificación penal, ya que están acusados de homi-cidios y asesinatos. La sección se consi-dera de “alta seguridad”.

Este trágico suceso centró la aten-ción de las autoridades del gobierno nacional y generó una serie de com-promisos para buscar soluciones al problema penitenciario en sentido de contrarrestar la corrupción y el poder extorsivo de los grupos que controlan las cárceles y que provocan la violación a los derechos humanos. .


Nuestro país cuenta con 54 estable-cimientos penitenciarios, de los que 17 son cárceles y 37 carceletas. Según la Dirección General de Régimen Peni-tenciario, en 2011, los centros de deten-ción albergaban una población total de 9.942 personas, y a diciembre de 2012 ascendió a 14.272, de los que el 13% (1.856) eran mujeres y el 87% (12.416) eran varones. Implica que hubo un cre-cimiento mayor al 42% de la población penitenciaria en un año y medio, siendo el Centro de Palmasola el que alberga el mayor número de reos, ya que llega aproximadamente al 60% del total de internos de todo el país, que viven en condiciones de hacinamiento. En 2013, la población carcelaria alcanzó alre-dedor de 15.000 personas. La red de es-tablecimientos penitenciarios de Bolivia

presenta acentuadas diferencias entre los de las grandes ciudades y los de los pequeños núcleos urbanos. En los ur-banos, el hacinamiento es una de sus características, lo mismo que la disputa por el control y el poder.

El hacinamiento y la ausencia real de rehabilitación en estos recintos pe-nitenciarios son temas conocidos y do-cumentados que, según investigaciones específicas, tienen tres características que definen la situación de las personas detenidas en Bolivia: a) los niveles de corrupción del sistema penitenciario; b) la dependencia económica del privado de libertad de su familia para poder so-brevivir el encierro y, c) la violación sis-temática de los derechos humanos. Son conclusiones insertas en el Informe por-menorizado denominado “Situación de las Cárceles en Bolivia” de la Dirección General de Régimen Penitenciario, de-pendiente del Ministerio de Gobierno, de 2012.

Estas características se invisibilizan frente a otras formas de vulneración de los derechos humanos como el hacina-miento causado por el aumento acele-rado de la población privada de libertad debido a las detenciones preventivas o la ausencia de sentencia ejecutoriada, lo que evidencia la falta de asistencia jurí-dica legal, ya que, entre otros aspectos, el número de abogados defensores pú-blicos para todo el país es insuficiente, lo cual también revela los limitados re-cursos humanos en el órgano judicial.

Las limitaciones en el manejo de las estadísticas nacionales y departamen-


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tales ha hecho que los datos que utiliza la Dirección General de Régimen Peni-tenciario siempre sean aproximaciones que impiden tener una información confiable y actualizada del número de ingresados y de sus circunstancias per-sonales y jurídicas. Se trata de otra con-secuencia de la falta de atención al tema por parte de los sucesivos gobiernos.

El 2012, la Defensoría del Pueblo alertó al país al informar sobre lo que pasaba en las cárceles y particularmente en las de Santa Cruz. dijo que en Pal-masola existían más de 5.200 hombres y mujeres encarceladas, cumpliendo una pena por algún delito cometido y que cada año la cifra aumenta sin control. En este centro, cada mes salen en libertad alrededor de 180 e ingresan entre 200 a 250 personas. El mayor índice de de-litos corresponde al narcotráfico, a robo, robo agravado y violencia sexual.

De ese número de detenidos, una lista preliminar que tiene la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz señala que 300 de ellos estaban presos de uno a cinco años sin sentencia y sin conocer al juez o haber ido a una audiencia.

Con todos estos elementos y otras verificaciones realizadas, el Represen-tante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, advirtió en 2012 que las cárceles eran bombas a punto de estallar, sobre todo la de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra. Solo cuando la bomba estalló las autoridades empe-zaron a ponerle atención, generando en la emergencia coyuntural algunas me-didas traducidas en planes y acciones

que con el tiempo han resultado insu-ficientes e inadecuadas, ante las carac-terísticas y complejidades que presenta esta cárcel.

En entrevistas y reportajes que reali-zaron los medios de comunicación antes y después de la tragedia de Palmasola, quien fuera director de Régimen Peni-tenciario de Bolivia, Ramiro Llanos, y los internos consultados coincidieron en que el movimiento económico en el interior del sistema carcelario de Santa Cruz es millonario y que entre los ne-gocios que figurarían en el recinto está el cobro por “seguro de vida”, la venta de espacios en las celdas, el uso de te-léfonos celulares, la gestión de traslado de un pabellón a otro y el cobro a los visitantes.

El negocio inmobiliario es otro de los rubros que genera un gran movimiento económico por la renta de celdas. Según Régimen Penitenciario, en Palmasola hay 5.200 internos, quienes pagarían por el arriendo mensual entre Bs 150 y Bs 400. Si tomamos la cifra inferior para hacer un cálculo, la cobranza llegaría cada mes a Bs 780.000 ($us 112.069).

También se perciben ingresos por traslado de internos del pabellón de Chonchocorito al régimen abierto (PC4). El costo para este trámite sería entre $us 2.500 y 5.000. El precio está fijado de acuerdo con el delito del interno, pero los que pagan más son los presos por narcotráfico.

Sobre este aspecto, según testimonios de familiares e internos, los operadores

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de justicia (jueces y fiscales) envían a gente con detención preventiva sin sentencia al sector de Chonchocorito, donde se supone que sólo se deriva a reos con sentencia y de alta peligro-sidad. Esto demuestra que no existe una organización ni procesos adecuados para el ingreso de detenidos, porque siendo Chonchocorito un pabellón de alta seguridad, al bloque A llegan nuevos internos que para pasar al ré-gimen abierto deben pagar un monto de dinero.

Esta situación apunta a que éste fue el motivo puntual para que se produzca la violenta y despiadada toma al bloque A. Es decir, porque significa un negocio y es una muestra del ejercicio del poder dentro el recinto penitenciario de Pal-masola.

Familiares de los internos del bloque A denunciaron que la mayoría de los internos de esta sección (régimen ce-rrado), estaba allí porque no tenían di-nero para pagar su estadía en el PC-4. No dijeron, sin embargo, quien hacía los cobros.

En el enfrentamiento murieron per-sonas que cometieron delitos menores y tenían detención preventiva. También personas con acusaciones por delitos más graves, pero estaban en el grupo mayoritario de los recién ingresados.

Las promesas de las autoridades del Ejecutivo de erradicar el poder, el abuso y los cobros ilegales en las cárceles, según testimonios de los internos, solo quedó en buenas intenciones; los más

débiles siguen siendo el blanco prefe-rido para la extorsión. Prueba de ello es que Palmasola sigue siendo un “mundo sin control jurisdiccional”; según testi-monios, allí aún operan redes organi-zadas que por el cobro de “primas de seguro” mueven cifras elevadísimas de dinero.

El Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía por causas humanitarias a favor de personas privadas de libertad, aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, si bien alivia en algo el problema, fue una de las consecuencias de lo sucedido en Palmasola, pero de modo alguno ataca la causa del mal.

La norma fue recibida con expre-siones de aprobación y también con una fuerte dosis de desencanto y escepti-cismo, pues los internos esperaban una medida verdaderamente eficaz para re-solver los extremos de irracionalidad a los que se ha llegado en el sistema car-celario boliviano.

Se trata de resolver el hacinamiento carcelario, que constituye uno de los temas más importantes del ámbito penitenciario y cuya solución puede constituir un espacio para encarar los aspectos de fondo relacionados con el deterioro de los principios y valores en la que está sumido el sistema judicial, el Ministerio Público y la Policía.

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1. Mapa de actores

Actores Intereses en el tema




Estado: Gobierno

-Ministerio de Gobierno

-Dirección Departamental de Regimen Penitenciario

-Policía

-Evitar otros enfrentamientos con muertos y heridos

-Demostrar que se cumple la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 2298

-Controlar la situación en el recinto penitenciario

-Identificar y separar del resto de la población penitenciaria a los culpables y presuntos cabecillas

-Capacidad coercitiva del Estado

-Fuerzas policiales

-Limitada capacidad para movilizarse dentro del recinto penitenciario

-Rechazo y condena a la violencia y las muertes

-Se quiso demostrar que todo fue por rivalidades y pugnas internas de los reclusos

-La Fiscalía General

-Fiscal de distrito de Santa Cruz

-Conformar una comisión de fiscales de materia y peritos forenses para hacer las primeras investigaciones de las muertes

Investigar las muertes

-Ordenó a un grupo de Fiscales de Materia y peritos forenses para hacer las primeras investigaciones

-Denuncias previas de que podían suscitarse hechos de violencia

-Fiscales

-Limitada capacidad para conformar equipos para la atención de casos de emergencia

-Comprometer sus esfuerzos por el esclarecimiento de los hechos y de los responsables


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4. Definición de objetivos y su prioridad desde la Defensoría del Pueblo

En Chonchocorito, el pabellón de máxima seguridad de Palmasola que hasta el 23 de agosto de 2013 funcio-naba el régimen semi abierto, tenía al-rededor de 480 internos bajo el estigma de ser los más peligrosos, malvados y





-Privados de libertad en la sección de Chonchocorito del bloque B del penal de Palmasola

-Enfrentarse a los del bloque A, utilizando armas de fuego y armas blancas, además de garrafas de gas, por el control de la sección de Chonchocorito

-Cabecillas y líderes considerados peso pesados dentro del recinto

-Con capacidad de ingresar armas

-Baja por acuerdo con otros reos y la misma guardia policial

-Detentar espacios y poder dentro de Palmasola

-Privados de libertad en la sección de Chonchocorito del bloque A del penal de Palmasola

-Control de la sección de Chonchocorito

-Líderes conocedores del manejo y estructura dentro del recinto

-Ninguna porque fueron sorprendidos cuando dormían

-Detentar espacios y poder dentro de Palmasola

-Defensor del Pueblo

-Cumplir con su mandato legal

-Comprobar en terreno la violación de los derechos humanos

-Pronunciarse sobre los hechos

-Mandato legal.

Decisión institucional para intervenir en el conflicto

-Estudios realizados por técnicos que operan y conocen la realidad del penal

-Capacidad y condiciones para acceder al penal

-Personal con recursos técnicos y logísticos para coadyuvar en situaciones de emergencia

-Movilizar a las autoridades nacionales para buscar una solución para todo el sistema carcelario en el país, y buscar soluciones que contemplen, además, cambios en la Justicia, la seguridad y la reforma policial, para contrarrestar el poder de los grupos que controlan por dinero las cárceles en el país

asesinos. En el Pabellón A estaban 260 y en el

Pabellón B, más de 200. Las celdas de este bloque son habitadas por dos a cuatro internos que están bajo un ré-gimen de seguridad en el que se res-tringen las visitas. Salen dos veces al día a tomar el sol o ir al baño. A las 22:00 se les cierra los portones para que vayan a dormir. De esta cantidad, 35 fallecieron por acción violenta y otros treinta que-


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daron heridos. Son hechos que tienen que ser investigados para establecer las responsabilidades de las autoridades policiales y civiles, como también de los internos, aunque éstos ya fueron san-cionados y acusados.

La Defensoría del Pueblo, a través

de su Representante en Santa Cruz, se hizo presente en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Palmasola para realizar una verificación amplia del lugar donde se produjo el siniestro del incendio y el enfrentamiento entre dos grupos de internos el 23 de agosto de 2013 por la madrugada.

El Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, constató que el in-cendio fue de magnitud en el pabellón “A” de Chonchocorito, en el que todas las pertenencias de los internos fueron quemadas y destruidas. Comprobó, de igual modo, que los heridos eran atendidos en el Coliseo de Palmasola, además, dialogó con los familiares, a quienes informó sobre la situación y les indicó que si querían hacer llegar alimentos, ropa y vituallas, debían ha-cerlo de acuerdo a las instructivas de la Policía.

La institución defensorial hizo se-guimiento de todo el conflicto y en su momento el Defensor del Pueblo, Ro-lando Villena, expresó su consternación y solidaridad por la pérdida de vidas humanas e instruyó que personal de la Unidad Nacional de Prevención y Aten-ción de Conflictos se desplace a Santa Cruz para fortalecer las acciones desa-

rrolladas en el conflicto de acuerdo a su mandato constitucional.

Posteriormente, en un comunicado público, el defensor Villena consideró que medidas como el indulto son posi-tivas a partir de razones humanitarias, pero no solucionan temas estructurales de la realidad penitenciaria en el país. “Como institución, destacamos el es-fuerzo que realiza el Estado para en-frentar el problema. Hay avances en la gestión carcelaria a través de norma-tivas, mayor inversión y mejora de los mecanismos de control, aunque paradó-jicamente no se está trabajando de ma-nera efectiva para reducir la retardación de justicia o enfrentar el incremento de las detenciones preventivas”.

5. Identificación y análisis de alternativas

Lo que correspondía era ingresar al recinto penitenciario de Palmasola, re-coger toda la información y acudir a las autoridades del Gobierno para que tomen el control del lugar y encarar los temas que causaron el conflicto.

La Defensoría del Pueblo desa-rrolló las acciones de verificación in situ para tener información pre-cisa y facilitarla a los familiares de los reclusos que empezaban a vio-lentarse porque nadie les daba noti-cias de lo ocurrido dentro del recinto.

En este conflicto, la Defensoría del Pueblo mediante su Representante De-partamental informó que visitada la morgue del hospital San Juan de Dios

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y, habiendo conversado con el médico Aldo Flores, el proceso de identifica-ción de los fallecidos tardaría entre una a dos semanas, debido a que casi todos los cadáveres se encontraban cal-cinados, a los se les procederá a hacer la prueba de ADN. Por eso, pidió pa-ciencia a los familiares. Hasta ese mo-mento una sola persona había sido identificada. Dijo también que lo que restaba era encarar acciones conjuntas e integrales para mejorar el sistema de políticas públicas del régimen pe-nitenciario en el país, el mismo que se encuentra en una profunda crisis.


Un estudio de la Defensoría del Pueblo concluyó lo siguiente: La sobre-población, hacinamiento y violencia en las cárceles son fenómenos que se re-lacionan con la crisis que atraviesa la institución penitenciaria, por tanto, las respuestas al problema no pueden estar desarticuladas de este carácter. La com-posición de la población penitenciaria depende de las políticas penal y peni-

tenciaria. 7. Plan de acción

Tras los hechos, durante una reu-nión con autoridades gubernamentales celebrada en Santa Cruz de la Sierra, la Defensoría del Pueblo presentó una propuesta que causó malestar porque planteó que todo el régimen peniten-ciario, que según la Ley de Ejecución de Penas depende del Ministerio de Jus-ticia, vuelva a su cauce (mejor tutela), ya que actualmente este régimen está administrado por el Ministerio de Go-bierno. La sugerencia es que sea el Mi-nisterio de Justicia el que haga políticas públicas, leyes, programas y priorice la atención de las cárceles. El tema, sin duda, da para debatir ampliamente, por cuanto el principal problema de esta crisis es la retardación de justicia.

Por último, la sistemática violación de los derechos humanos y las preca-rias condiciones de vida en las que se encuentran las personas recluidas en el país son factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social.


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3. Un conflicto de gobernabilidad pone en

jaque al municipio de Caranavi


El municipio de Caranavi está ubicado al norte del departamento de La Paz, dis-tante a 150 Km de la sede de gobierno; es-pecíficamente en la región de los Yungas. Creada por Decreto Ley N° 1401, del 16 de diciembre de 1992, es la vigésima provincia del Departamento de La Paz, reconocida con el nombre de Provincia de Caranavi, cuya capital es del mismo nombre. Está compuesta por 24 cantones y más de 50.000 habitantes. Su ubicación es estratégica, de-bido a que es el eje central de ingreso a la Paz y también de Bolivia, desde el norte.

Los antecedentes de conflictividad del municipio de Caranavi datan del año 2010, cuando se produjo el bloqueo de la ruta a Alto Beni en protesta por el incumplimiento del compromiso gubernamental de instalar una planta procesadora de cítricos. La policía in-tervino el bloqueo dejando un saldo de dos personas muertas.

El año 2013 se volvió a romper la tran-quilidad en esa población, debido a que organizaciones campesinas e intercul-turales del municipio se confrontaron por discrepancias en torno a la gestión del alcalde de Caranavi, Teodosio Qui-llca (MAS).

Una fracción de la población recha-

zaba la gestión del Alcalde por conside-rarla ineficiente y corrupta; y otra parte respaldaba la continuidad de esa auto-ridad en el cargo. Esta discrepancia ge-neró una crisis de gobernabilidad.

El conflicto empezó a manifestarse durante la primera semana de mayo, cuando las organizaciones contrarias al Alcalde se declararon en estado de emergencia y otorgaron un plazo de 72 horas a la autoridad para que pueda brindar información respecto a su ges-tión.

Este escenario de pugnas entre los habitantes de Caranavi desató la mayor crisis registrada 21 de mayo, cuando se produjo un enfrentamiento violento con uso de petardos, piedras y dina-mita entre la Federación Agraria Pro-vincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA) que apoyaba al alcalde Qui-llca y otras federaciones contrarias a la gestión de la autoridad. El resultado de este enfrentamiento fue de 38 personas afectadas con diagnóstico médico de contusiones y fracturas.

Además, resultaron afectadas las fa-milias que vivían en alquiler en los pre-dios de la FAPCCA, que sufrieron por el saqueo, los robos y los desmanes por parte de las federaciones contrarias al alcalde.

1. Análisis y secuencia del conflicto

El 7 de mayo, en audiencia de me-didas cautelares en la ciudad de La Paz, se determinó la detención preven-tiva del alcalde Quillca, acusado por la presunta suscripción de contratos


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lesivos al Estado y conducta antieco-nómica. Tras ese hecho, los integrantes de las federaciones FAICIC, FAISICAR, CARRASCO, TAYPI PLAYA y FEJU-VECAR instalaron una vigilia con el cierre de los predios municipales, bajo el argumento de que existe un saqueo de información confidencial por parte de los funcionarios públicos.

Sin embargo, la Federación FAPCCA se declaró en estado de emergencia ante la detención preventiva del Alcalde Mu-nicipal. Sus dirigentes indicaron que no permitirían que otras instancias asuman la conducción del municipio, por lo que anunciaron que tomarían medidas para garantizar la gestión del alcalde Quillca.

El 8 de mayo, el Consejo Municipal de Caranavi sesionó para la elección de un alcalde interino argumentando que Quillca no habría justificado su au-sencia ante esa instancia deliberativa. La determinación puso en estado de emergencia a la federación FAPCCA.

El 10 de mayo, en una la audiencia de acción de libertad, la justicia determinó la liberación del Alcalde municipal, quien, en contacto con los medios de comunicación anunció mano dura en el municipio de Caranavi. Ejecutivos de la FAPCCA convocaron a una marcha defendiendo la permanencia del alcalde en el cargo, mientras que las federa-ciones contrarias llamaron a sus bases a la resistencia ante la reincorporación de dicha autoridad.

Tras la llegada del alcalde Quillca a la FAPCCA, se produjo un ambiente de

convulsión con enfrentamientos entre los afiliados a esta federación y las fe-deraciones contrarias. Estos hechos, que aterrorizaron a la población por el uso excesivo de dinamita, petardos, piedras y palos, dejaron 14 personas heridas por contusiones, las que fueron remi-tidas al hospital de Caranavi.

El 15 de mayo, federaciones contra-rias al Alcalde encabezaron un cabildo abierto, en el que obligaron al Concejo Municipal de Caranavi a sesionar y a elegir un alcalde interino. Esta ins-tancia, además, responsabilizó de los sucesos violentos al alcalde Quillca.

El 21 de mayo, cerca del medio día, nuevamente se desataron fuertes en-frentamientos entre afiliados de la FAPCCA y federaciones contrarias debido a discrepancias en torno a la gestión de Quillca. En estos hechos se usaron petardos, piedras y dinamita. Un total de 38 personas resultan he-ridas con contusiones y fracturas, las que fueron atendidas de emergencia en el hospital de Caranavi. Los 15 efectivos policiales que prestan servicio en la lo-calidad no pudieron controlar el suceso.

En horas de la tarde, miembros de la FEJUVECAR y FAICIC violentaron y allanaron las instalaciones de la FAPCCA causando daños materiales de consideración, además del robo de 25 máquinas de coser, dos máquinas de tejedoras y computadoras, producién-dose, incluso, la quema de una motoci-cleta y de documentos importantes de la Federación.


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Asimismo, con violencia y premedi-tación tomaron la oficina de la Radio La Voz de las Mayorías, dependiente de la red estatal Patria Nueva, causando daños materiales, robo de equipos, quema de inmuebles y documentos. Con esta acción, evitaron la difusión normal de mensajes en la emisora que llega a la re-gión del norte tropical de La Paz.

2. Mapa de actores




-FAPSICAR

-FAICIC

-FEJUVE CAR

-Cambio de ejecutivo municipal

-Obras de infraestructura y desarrollo productivo (explícitamente)

-Posible interés en posicionamiento político de un sector afín a actores políticos del Gobierno Nacional

-Organización institucionalizada

-Un número considerable de afiliados

-Respaldo de la población

-Alta capacidad de movilización y convocatoria de las bases

-Rechazan informe de la gestión del alcalde y demandan obras

-Interpelan la gestión del alcalde, Teodosio Quillca, por la comisión de presuntos actos de corrupción

-Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA), cuyo secretario Ejecutivo es Richard Quispe

-Mantener el cargo del alcalde y su gestión

-Defensa de la gestión realizada

-Cuentan con recursos económicos

-Mayor número de afiliados

-Buena organización

-Alta capacidad de movilización

-El alcalde fue elegido mediante voto de la mayoría, por lo que piden respeto de la autoridad

-Minimiza las acusaciones hechas en su contra con la presentación de documentos de descargo

-Concejo Municipal de Caranavi

-Proyectar una imagen neutral de las partes en conflicto.

-Normativa

-Recursos económicos

-Respaldo de sus bases

-Limitada capacidad de movilización

-Elección de un alcalde interino en ausencia temporal del titular


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-Ministerio de Autonomías

-Evitar la fractura y división de la estructura sindical y política en torno al ejecutivo municipal

-Institucionalidad

-Medios logísticos

-Normativas

-Ninguna capacidad de movilización

-Promover la concentración de los sectores confrontados

Gobierno autónomo del Departamento de la Paz

-Respaldar el interés del Ministerio de Autonomías

-Institucionalidad

-Normativas

-Recursos económicos

-Ninguna capacidad de movilización

-Censura la interrupción de la gestión municipal debido a que perjudica a la población

3. Definición de objetivos y su prio-ridad desde la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, mediante la Mesa Defensorial Yungas (MDY), se hizo presente en Caranavi desde el 7 de mayo para realizar labores de verificación am-plia, además de un seguimiento a los hechos conflictivos suscitados entre las federaciones FAPCCA y las contrarias a la gestión del alcalde Quillca. El repre-sentante de la Mesa Defensorial Yungas desempeñó las siguientes acciones de-fensoriales, de manera cronológica, de acuerdo a la sucesión de hechos:

El 7 de mayo, ante la vigilia de las fe-deraciones en puertas de la Alcaldía, el Representante desplegó acciones para evitar la confrontación, exhortando a las partes a deponer actitudes violentas y convocando a una primera reunión con autoridades del Concejo Municipal y los dirigentes de ambos bandos. La Mesa Defensorial exigió a los dirigentes cola-borar para evitar enfrentamientos entre las partes, solicitud que fue aceptada.

El 8 de mayo, el Concejo Municipal eligió un alcalde interino que asumiría la función hasta el día 9 de mayo. La Mesa Defensorial explicó esta situa-

ción a la federación FAPCCA, a la que hizo saber que el Concejo no obstacu-lizaría el regreso del alcalde Quillca a sus funciones. Por lo tanto, recomendó colaborar para la no confrontación, petición que fue aceptada en reunión.

El 10 de mayo, la MDY sostuvo una reunión con el Comandante de Policía de Caranavi y el Director del Hos-pital del municipio para manifestar su preocupación ante una posible confron-tación entre los sectores en conflicto, para que, de esta manera, ambas insti-tuciones tomen sus respectivas previ-siones para la atención de contingencias.

Tras el enfrentamiento suscitado entre 12:30 PM y las 06:00 AM, la MDY encaró un trabajo asistencial a la gente, evitando la confrontación entre pobladores de ambos bandos que lle-gaban al hospital municipal de Ca-ranavi acompañando a sus heridos.

Asimismo, ante denuncia de los po-bladores en sentido de que los grupos confrontados estarían haciendo detonar petardos y dinamita cerca a una gaso-linera, la MDY procedió a la verifica-ción del lugar, donde explicó a los po-bladores el riesgo al que se exponían

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si hacían detonar estos elementos. De igual manera, se hizo la coordinación telefónica con cada uno de los repre-sentantes de las federaciones para solicitarles que cesen las acciones de confrontación. La respuesta fue que sus bases estaban fuera de su control.

El 11 de mayo, la MDY solicitó a la Representación Departamental y a la Jefatura de Conflictos que ges-tione la movilización de un contin-gente policial de la ciudad de La Paz hacia la zona, conjuntamente la pre-sencia del fiscal de Caranavi, quien no se encontraba en la Provincia.

El 12 de mayo, el contingente poli-cial se constituyó en el lugar para per-mitir el libre tránsito y la seguridad de la población. De igual manera, se con-vocó a una reunión al alcalde Teodosio Quillca en instalaciones de la Policía Boliviana, para exhortarlo al dialogo y a abstenerse de emitir mensajes vio-lentos a la población. La autoridad, además, comprometió su participación en la mesa de diálogo con autoridades del Concejo Municipal con la interme-diación de la Defensoría del Pueblo.

Como resultado de esta acción, se exhortó a los ejecutivos de ambas fe-deraciones a que cesen toda forma de agresión y violencia. Por su lado, el alcalde Quillca entendió y aceptó la elección interina de un nuevo alcalde.

El 15 de mayo, tras su arribo al mu-nicipio, los viceministros de Autonomía y Transparencia solicitaron una reu-nión con el representante de la Mesa

Defensorial Yungas, concejales y repre-sentantes de las comunidades intercul-turales, para conocer los antecedentes del conflicto y coordinar acciones para el abordaje de la problemática.

El 16 de mayo gestionaron reuniones por separado con las partes en conflicto, en las que los viceministros expusieron los alcances de las normas legales. La explicación no fue aceptada por la parte contraria al alcalde Quillca, por consi-derar que faltaba celeridad y atención a las denuncias. De hecho, este bloque impidió la salida de estas autoridades, ante lo que la MDY convocó a los po-bladores a no obstaculizar la labor de la comisión.

El 17 de mayo, vía coordinación te-lefónica con el viceministro de Auto-nomía Indígena, Gonzalo Vargas, y la Defensoría del Pueblo, se decidió la ex-tensión de invitaciones a los actores in-volucrados en el conflicto para una reu-nión programada para el 20 de mayo en instalaciones del Ministerio de Autono-mías.

La mañana del 21 de mayo se exhortó a ambas partes del conflicto a evitar una nueva confrontación, asimismo se coordinó con la Policía y el director del hospital de Caranavi para tomar las previsiones necesarias ante posibles enfrentamientos. Esta información fue dada a conocer a la Representación De-partamental de La Paz y a la Unidad de Conflictos para que gestionen pre-sencia policial.

Después del mediodía se realizó el


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auxilio a dos niñas que sufrieron con-tusiones en el enfrentamiento suscitado ese día. De igual manera, personal de la Mesa Defensorial Yungas realizaron trabajos de asistencia a los heridos para garantizar la atención médica.

En coordinación con la Iglesia Ca-tólica, se gestionó la liberación de un rehén, el cual habría sido golpeado y paseado con pollera por las calles, ac-ción que fue negada.

El 22 de mayo, en coordinación con la Representación Departamental y la Unidad de Conflictos se realizó la ve-rificación in situ de los predios de la FAPCCA tras la denuncia verbal de di-rigentes y afiliados sobre excesos come-tidos por la parte contraria, acción que permitió solicitar al fiscal de Caranavi el inicio de investigaciones.

El 4 de junio, tras la llegada de la comisión interinstitucional, el vicemi-nistro Gonzalo Vargas solicitó a la MDY sostener una reunión de coordinación, en la que explicó los alcances y compro-misos adoptados por las partes en con-flicto en la reunión del 24 de mayo con el canciller David Choquehuanca.

A solicitud del Viceministro, se con-vocó al Concejo Municipal, donde esta comisión denunció el supuesto incum-plimiento del compromiso suscrito, de-bido a la presencia de organizaciones sociales en puertas del palacio Consis-torial, además de la ausencia del Al-calde Municipal.


Ante los sucesos, no se vislumbraban muchas alternativas de acción, salvo la exhortación a las partes en conflicto a evitar hechos violentos, así como enta-blar una mesa de diálogo para dar una solución a este conflicto de gobernabi-lidad en el municipio de Caranavi.

La MDY con la Representación De-partamental de La Paz y la Unidad de Conflictos Sociales desarrolló las ac-ciones de gestión y verificación en el terreno para disponer de información precisa y para facilitarla a la comisión interinstitucional conformada por los ministerios de Autonomías y Transpa-rencia, con el objetivo de evitar un des-enlace más violento.

En este conflicto, la Defensoría del Pueblo, mediante su Representante de la Mesa Defensorial Yungas, informó que visitó y colaboró con el traslado de los heridos al hospital municipal de Ca-ranavi, evidenciándose que los enfren-tamientos violentos dejaron un saldo de 38 heridos, con diferentes diagnósticos. También se manifestó que este hecho dejó incertidumbre y miedo en la po-blación,


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4. Declaración y/o recomendaciones

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la violencia desatada en el municipio de Caranavi y demandó a las partes en conflicto y a las fuerzas del orden a extremar sus esfuerzos para lograr la pacificación de la localidad.

La Representante de la Defensoría Departamental de La Paz explicó el en-víode una comisión defensorial para realizar una verificación e intentar la mediación, además de haberse pe-dido al Comando Departamental de la Policía mayor presencia de efec-tivos, pero solo con fines disuasivos.


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4. Pelea por una planta de cítricos deja dos muertos en

Caranavi


Caranavi es denominada la capital cafetalera de Bolivia. Por su ubicación geográfica se la conoce en la región an-dina como “la puerta a la Amazonía bo-liviana”. Se encuentra a 160 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Es la localidad tropical más próxima a la sede gobierno y al altiplano andino. Desde los tiempos del incario es valo-rada como centro de producción de ma-deras, alimentos y frutos tropicales. Ha sido y es el paso obligado entre la re-gión andina y la Amazonía. En sus alre-dedores se descubrió la quina, que per-mitió al mundo elaborar medicamentos contra el paludismo y fiebres tropicales. Actualmente es uno de los centros de mayor producción agrícola del departa-mento de La Paz e importante destino turístico nacional.

Su población actual procede mayori-tariamente del altiplano andino y es de origen aymara, aunque hasta finales del siglo XIX la composición étnica estaba constituida por indígenas locales como los Lecos y Mosetenes, que fueron des-plazados lentamente hacia el sector de Alto Beni, debido al ingreso de explo-tadores de maderas, quina y caucho, y por la colonización aymara.

En Caranavi se desarrollaron ini-ciativas productivas de agroindustria ligadas a productos agrícolas de la re-gión. La primera industria fue una fá-brica de alcohol establecida en 1915, cuya producción era trasladada hasta la ciudad de La Paz por ríos y a lomo de

mula.En 1945 el Gobierno Nacional auto-

rizó la colonización de la región me-diante orden del Ministro de Agricul-tura, Ganadería y Colonización. Ello dio lugar a que en 1946 ingresen personas de la provincia Pacajes al Noreste de Caranavi, a los que se les entregó lotes parcelados. Fue el inicio de la coloniza-ción dirigida con población aymara.

La construcción de caminos de acceso se concluyó a finales de la década de los años 50. Ello permitió el ingreso de empresas como la aurífera South Ame-rican Placers, que se asentó en Santa Fe, donde construyó una pista de aterrizaje. Con la consolidación de los caminos, el transporte se hizo más fluido y posibi-litó el establecimiento de aserraderos para la explotación de madera.

La población se organizó en sindi-catos y federaciones de colonizadores a lo largo del camino hacia Alto Beni y Beni y, últimamente, en Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs). Fue el mecanismo para obtener acceso y pro-piedad sobre la tierra que en esa época era virgen y con un alto potencial pro-ductivo, lo que permitió un crecimiento económico que afirmó la decisión de los colonos por quedarse en esta región.

La producción se diversificó y se de-sarrollaron plantaciones de café, arroz, plátanos y cítricos, que constituyen su potencial y vocación productiva, aso-ciada a experiencias y demandas de transformación o agregación de valor mediante plantas industriales de bene-ficiado planteadas por las OECAs.

También se expandió el cultivo de coca proveniente de las regiones de cultivo tradicional de los Yungas de La

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Paz, que dio lugar a la organización de sus productores, o en su caso, a que los productores agrícolas tradicionales de Caranavi incorporen este cultivo entre sus actividades.

La transformación de los productos agrícolas ha sido una experiencia posi-

Fuente: INE – Plural Editores

tiva para el desarrollo de la región y sus pobladores y, por lo mismo, está firme-mente asociada con el imaginario colec-tivo de que el desarrollo está ligado a la industrialización. En ese marco, pese a compromisos anteriores, la demanda de instalación de una planta de benefi-ciado o de industrialización de cítricos,

no fue satisfecha, por lo que se desen-cadenó el conflicto con el Gobierno Na-cional.

2. Análisis del contexto y del con-flicto

A diferencia de Alto Beni, cuya di-námica económica, comercial y pobla-cional es mucho más reciente, en Cara-navi las expectativas de convertirse en un centro agroindustrial tienen funda-mentos que no se pueden subestimar1.

1 Albó Xavier, Liberman Kitula, Godinez Armando y Pifarré Francisco. “Para comprender las Culturas Rurales en Bolivia”. MEC – CIPCA –

A partir de este análisis socio econó-mico se establece una referencia causal para el surgimiento del conflicto en su fase temprana, y otra referencia hipo-tética para explicar el evidentemente y desmesurado accionar de la policía.

La posibilidad de contar con una planta procesadora de cítricos, ofre-cida por el presidente Evo Morales a la población de Caranavi en un acto pú-blico, fue acogida positivamente. Sin

UNICEF, La Paz, 1989


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embargo, los pobladores se pusieron en alerta porque la oferta corría el riesgo de no concretarse por un posible cambio de sede de la factoría hacia Alto Beni y porque se había suspendido una reunión definida por el gobierno para el 17 de abril del 2010 con los dirigentes del Municipio para encarar el tema. Ante esa situación, las organizaciones cívicas, productivas y de estudiantes determinaron bloquear la carretera troncal entre La Paz, Alto Beni y los de-partamentos de Beni y Pando.

Frente a este bloqueo, que sin duda fue una medida radical, la respuesta gubernamental fue igual o mayor en cuanto al uso de la fuerza para el des-bloqueo. Como es de conocimiento pú-blico, tanto bloqueadores como miem-bros de las fuerzas del orden emplearon armas de fuego con el saldo de dos ciu-dadanos muertos, decenas de heridos y enormes pérdidas materiales.

Según el Informe Defensorial2 sobre el caso, el desmedido uso de fuerza policial no se limitó al enfrentamiento con los bloqueadores en los diferentes frentes de acción, sino que incursionó en las viviendas de los mismos, sin cumplir las garantías constitucionales, ni los procedimientos legales para aprehender a supuestos cabecillas de la movilización, dañando la propiedad privada, matando animales domésticos e, incluso, hurtando alimentos de los puestos de venta.

2 Bolivia. Informe de gestión de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurina-cional de Bolivia. Mayo 2010 – 2011. La Paz.

Al parecer, el Gobierno sobreestimó su influencia política sobre un sector considerado aliado, como son los inter-culturales (antes colonizadores), y des-estimó la importancia de la identidad y las aspiraciones de los pobladores de Caranavi, como si la aspiración localista fuese secundaria y fácilmente permu-table.

Sobre la acción de la Policía Boli-viana, ésta parece exacerbarse cuando la integridad física y la vida de los po-licías corre peligro. No existe ninguna evidencia de que las instancias guber-namentales responsables hubieran ins-truido una acción represiva semejante, como tampoco se evidencia que las acciones hayan tenido el seguimiento adecuado por parte de las autoridades referidas. Cabe recordar que el en-tonces Comandante Departamental de la Policía, Coronel Ciro Farfán, y otros policías de tropa fueron heridos de bala en estas acciones, en tiempos y espacios distintos.

A raíz de estos hechos y la relevancia nacional de los mismos, la Defensoría del Pueblo presentó en agosto de 2010 el Informe Defensorial sobre los aconte-cimientos suscitados en esta localidad entre el 7 y el 9 de mayo de 2010; do-cumento elaborado en base a verifica-ciones defensoriales en el lugar, tes-timonios y otras acciones. El informe posibilitó, más allá de otros resultados, iniciar una relación más directa entre la institución y los pobladores y organiza-ciones sociales de Caranavi.

De ello se colige que los sucesos de Caranavi constituyen un caso que


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mostró las debilidades del Estado en materia de gestión de conflictos y dere-chos humanos. La falta de oportunidad y subestimación de los actores del con-flicto condujo a que algunas instancias estatales, como la Policía Boliviana, se vieran nuevamente cuestionadas.

La prolongación de la demanda y su no atención por parte del Estado generó, en el caso específico, un agravamiento de la situación y, por tanto, una com-plicación mayor del conflicto. El blo-queo de caminos, la indiferencia estatal (que dejaba el conflicto a un eventual acuerdo entre productores de Caranavi

y Alto Beni), la carencia de interlocu-tores válidos, la manipulación política, entre otras circunstancias, hicieron que se desate un choque violento entre efec-tivos policiales y población civil movili-zada, dejando un saldo de dos muertos y decenas de heridos.

Se produjo así una de las rupturas entre la población de Caranavi, que no encontraba respuesta a sus demandas; y el Gobierno, que no vislumbró los caminos adecuados para transformar el conflicto en una oportunidad para im-pulsar el desarrollo regional en el marco del consenso.

3. Mapa de actores



Capacidad de movilización Posición frente al conflicto

-Estado:

Gobierno Nacional, Policía Boliviana, Fiscalía

- Esclarecer los sucesos

- Aplicar las leyes a los responsables

- Capacidad coercitiva del Estado

- Fiscales

- Fuerzas policiales

- Alta capacidad de movilización de personal de seguridad y de la justicia en la región

- Buscar sanción jurídica a los promotores y participantes de las muertes

- La Fiscalía Departamental realiza labores para el esclarecimiento de los hechos y de los responsables

-Población de Caranavi

- Denunciar el accionar incorrecto de la Policía

- Demostrar que sus demandas eran justas

- Apoyo de la población campesina y urbana

- Alta, con apoyo de las bases campesinas y urbanas

- Se declaran víctimas del accionar policial y judicial

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- Cumplir con su mandato legal

- Comprobar la violación de los derechos humanos

- Pronunciarse sobre los hechos

- Mandato legal

- Alta credibilidad

- Decisión institucional para intervenir en el conflicto

- Presencia durante los días de crisis del conflicto y después del mismo

- Personal local con recursos técnicos para la interpretación de los hechos

- Logística

-La Defensoría del Pueblo realizó acciones inmediatas de mediación ante los actores del conflicto

-Señala que hubo uso desproporcional de la fuerza en ambos bandos, y actualmente retardación de justicia


En este contexto y ante la emergencia de la situación de crisis en el conflicto, la Defensoría del Pueblo desarrolló una inmediata labor de facilitación y media-ción en el terreno entre las autoridades de gobierno, municipales, policiales y los representantes de las organizaciones sindicales y cívicas.

Durante los días de crisis, a través del contacto directo con las organizaciones y autoridades locales, se pudo verificar cómo la demanda que movía el conflicto se había posicionado en la agenda local y, después del desbloqueo del camino Caranavi - La Paz y tras la intervención policial, cómo se manifestó de manera abierta la ruptura entre la sociedad y el Estado, en el caso específico, entre la población y la Policía Boliviana.

Los objetivos de la intervención ins-titucional:

Mediar para que las autoridades nacionales, municipales, policiales y los dirigentes sociales y cívicos

lleguen a una situación de pacifi-cación y diálogo.

Evitar nuevos hechos de sangre.

Mediar para que las autoridades del Gobierno y la dirigencia local dia-loguen para encontrar soluciones a las demandas planteadas, en el mar-co de las leyes.

Cumplir con los mandatos señala-dos legalmente para la Defensoría del Pueblo.

6. Identificación y análisis de alterna-tivas

Debido a la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo en el marco de sus atribuciones constitucionales emitió un Informe Defensorial en el que denunciaba la violación de derechos humanos en los luctuosos sucesos ocu-rridos el 7 y 8 de mayo de 2010 en esta población. El informe señala que el Mi-nistro de Gobierno no actuó a tiempo y que tampoco se respetaron los derechos humanos. “…hay elementos discor-dantes que desentonan, como es el uso

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de la fuerza y sus secuelas que desenca-denaron en dos muertes… “


Frente al bloqueo como medida de presión de los actores locales, la res-puesta gubernamental fue igual o mayor en términos proporcionales de uso de la fuerza. Como es de conocimiento pú-blico, tanto bloqueadores como miem-bros de las fuerzas del orden emplearon armas de fuego, con el saldo de dos ciudadanos muertos en esta contienda, decenas de heridos y enormes pérdidas materiales”, indica el Informe Defenso-rial sobre el caso.

El Informe agrega que “el desmedido uso de fuerza policial no se limitó al enfrentamiento con los bloqueadores en los diferentes frentes de acción, sino que incursionó en las viviendas de los mismos, sin cumplir las garantías cons-titucionales, ni los procedimientos le-gales para aprehender a supuestos ca-becillas de la movilización, dañando la propiedad privada, matando animales domésticos e incluso hurtando ali-mentos de los puestos de venta”.

7. Plan de acción

Por las consecuencias mencionadas, uno de los puntos de mayor relevancia para la población de Caranavi está relacio-nado a la recomendación del Informe Defensorial referida a la implementa-ción de “todas la medidas conducentes a esclarecer la muerte de los ciudadanos Fidel Mario Hernany Jiménez y David Calizaya Mamani, identificando a los autores intelectuales y materiales; así

como de los heridos resultantes en el operativo de intervención policial en la ciudad de Caranavi, entre el 7 de mayo de 2010 al 9 de mayo de 2010”.

El Informe Defensorial incluye un amplio capítulo sobre el caso Caranavi donde, además de las acciones defen-soriales realizadas, se establece en base a testimonios las posibles responsabi-lidades de autoridades del Estado que debieron actuar de manera oportuna a fin de evitar violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho a la vida.

En el seguimiento posterior, la Defen-soría verificó la existencia de diferen-cias marcadas en los avances de los seis procesos penales en curso. Cinco están sustanciados contra 14 pobladores de Caranavi, de los cuales tres cuentan con acusación fiscal; mientras que, en con-traste, solo un proceso es llevado ade-lante en contra de policías que partici-paron en el operativo de desbloqueo. La percepción social de los pobladores de Caranavi frente a los procesos judiciales es de indignación.

Tras el conflicto, un aspecto a des-tacar es la inauguración de la Mesa De-fensorial Yungas en Caranavi, el 10 de noviembre de 2010. El hecho se dio en cumplimiento al compromiso asumido por el Defensor del Pueblo con la po-blación. La Mesa Defensorial Yungas, a partir de esa fecha, ha trabajado conti-nuamente con la población de Caranavi y sus organizaciones sociales, habiendo detectado secuelas del conflicto que afectan profundamente al tejido social


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y la confianza ciudadana en el Estado y en especial en la Policía.

A manera de ejemplo, se puede men-cionar que en los eventos de capacita-ción organizados por la institución y dirigidos a maestros, éstos refieren que los niños reproducen los hechos del con-flicto en juegos en los que asignan roles de “policía” a unos y de “caranaveño” a otros, pudiéndose percibir una pro-funda afectación en todos los niveles, pues este juego muestra una especie de antagonismo naturalizado entre los po-bladores y los servidores del orden.

Los hechos han tenido diversas con-secuencias, como la comprensión por parte de la población de Caranavi y en especial de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores Caranavi (FAPCCA), de la importancia de los de-rechos humanos en la construcción de una sociedad más justa. Ello se ha plas-mado en la inclusión del documento “Propuesta de Derechos Humanos en la FAPCCA”, presentado por la Mesa Defensorial Yungas, en su Plan Estraté-gico Institucional. Esta decisión fue asu-mida en el V Ampliado Ordinario de la FAPCCA, efectuado en abril de 2011.

Contempla un trabajo horizontal e in-terinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y dicha organización en áreas de capacitación en derechos humanos, atención de casos, acercamiento a las colonias para construir una concep-ción de los derechos humanos desde las mismas.

En el seguimiento al post conflicto se puede establecer que no se encuentran a los responsables de los hechos. Los ejecutivos de la Federación Agraria Co-mercial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA) manifestaron que se sienten discriminados en la búsqueda de jus-ticia, por las siguientes razones: i) los procesos penales en contra de 14 pobla-dores ya estarían con acusación formal, ii) el proceso a los policías no avanzó y además se excluyó del mismo a los generales Óscar Nina y Ciro Farfán, y al Ministro de Gobierno; pero como medidas legales pedirían nuevamente su inclusión. Ante estas situaciones, la FAPCCA anunció que llevará el caso a tribunales internacionales, ya que ago-taron todas las instancias legales nacio-nales3.

3 Ibíd.



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5. Largo y violento conflicto en el camino a Copacabana por los

puentes trillizos


Ante una vieja demanda de los po-bladores de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, sobre todo de los municipios de Copacabana, Tito Yupanqui y San Pablo de Tiquina, el 10 de noviembre de 2009, el ex ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, y el exprefecto de La Paz, Pablo Ramos, firmaron un acta de compromiso para ejecutar los Estudios de Identificación Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) y el diseño final para el proyecto de los puentes trillizos Wiñay Marka, que conectarían La Paz con el Santuario de Copacabana.

El mencionado compromiso también fue suscrito por representantes de las organizaciones campesinas de las pro-vincias Manco Kapac y Los Andes, in-volucradas y promotoras del proyecto, cuyas organizaciones sociales debían efectuar el seguimiento y control en la ejecución del TESA.

A principios de marzo de 2013, los campesinos de los municipios de Co-pacabana y Tito Yupanqui, encabe-zados por el ejecutivo provincial, Víctor Condori, reactivaron la demanda. Los comunarios nuevamente pedían la construcción de los puentes trillizos, proyecto que implicaría la construcción de tres puentes sobre el lago menor del lago Titicaca: el primero, de 3.000 me-tros, para unir Kehuaya (provincia Los

Andes) con la Isla Suriqui; el segundo, de 2.895 metros, para vincular la Isla Suriqui con la Isla Taquiri; y el tercero, de 1.047 metros de largo, para conectar la Isla Taquiri con Santiago de Ojje (pro-vincia Manco Kapac). La petición de los campesinos incluyó la exigencia de rea-lizar un referéndum sobre la construc-ción de estos puentes en el lago Titicaca.

A su vez, a mediados de marzo de 2013, los lancheros que operan en el estrecho de Tiquina resolvieron elevar el costo del pasaje por el cruce del es-trecho de 1,50 a 2 bolivianos por per-sona, mientras que los transportistas subieron las tarifas del servicio hacia la región. Los pobladores de los munici-pios San Pedro y San Pablo de Tiquina protestaron porque consideraban esos hechos como un abuso y un exceso de lancheros y transportistas.

La Federación Sindical Única de Tra-bajadores Campesinos de la Tercera Sección de la provincia Manco Kapac amenazó con bloquear la carretera a Copacabana exigiendo la convocatoria a una consulta popular sobre la cons-trucción de un puente en el estrecho de Tiquina para evitar “el maltrato de los lancheros y para protestar por la falta de seguridad para los usuarios”.

Los campesinos iniciaron las me-didas de presión con un bloqueo de ca-minos en cercanías del estrecho de Ti-quina el lunes 25 de marzo. Se planteó con mucha fuerza y como centro de sus demandas la construcción de los tres puentes sobre el lago Titicaca, además de protestar contra la subida de pasajes


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por parte de los lancheros en el estrecho, hecho que se constituyó el detonante del conflicto.

A los tres días de bloqueo, aproxi-madamente 5.000 campesinos de 54 co-munidades se encontraban movilizados en puntos de bloqueo que estaban ubi-cados en distintos lugares: Wilacota, Tiquina, Ito 21, cruce Tito Yupanqui, Alto Huatapampa, Salluta, La Cumbre y la vía hacia Kasani (límite con Perú). La población de Copacabana quedó ais-lada.

Víctor Condori, ejecutivo de la Fede-ración Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Manco Kapac, expresó que la decisión de los campesinos de iniciar el bloqueo se man-tendría hasta que el Gobierno Nacional se comprometa a ejecutar el proyecto Wiñay Marka y el Tribunal Supremo Electoral convoque a una consulta po-pular que lo viabilice, advirtiendo con otro tipo de medidas si las autoridades de la Gobernación paceña no atendían

su exigencia. Además, advertían con in-gresar a la población de Tiquina, donde se originó el conflicto.


Durante los días de crisis del con-flicto, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la pro-vincia Manco Kapac hizo conocer me-diante un voto resolutivo que había demandado un referéndum provincial sobre la construcción de los tres puentes y pedía un compromiso contundente del Ministerio de Obras Públicas y de las instituciones que correspondan para llevar adelante el proyecto Wiñay Marka. Los dirigentes hicieron conocer esta posición al personal de la Goberna-ción de La Paz, que llegó a la región y retornó sin haber persuadido a los blo-queadores sobre su propuesta alterna-tiva, consistente en la construcción de un solo puente sobre el estrecho de Ti-quina.



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El conflicto tendía a complicarse con anuncios de que también se impediría el arribo de turistas al playón de Co-pacabana, a sólo horas de que los pere-grinos partan, como todos los años lo hacen, hasta esa localidad en ocasión de celebrarse la Semana Santa.

El 26 de marzo, los comunarios man-tenían sus medidas de presión y con-tinuaban bloqueando la ruta Tiquina-Copacabana. El ministro de Culturas, Pablo Groux, lamentaba el bloqueo carretero hacia el Santuario de Copaca-bana, en el estrecho de Tiquina, organi-zado por comunarios que viven cerca a ese lugar en el Lago Titicaca, porque, a su juicio, no tomaron conciencia del daño que ocasionarían al sector del tu-rismo. Sin embargo, el alcalde de Copa-cabana, Fernando Quispe, garantizaba el tránsito de miles de peregrinos al san-tuario mariano pese a que transcurría el tercer día de bloqueo de la carretera Tiquina-Copacabana.

El 28 de marzo, el representante de la Mesa Especial de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de El Alto, José Luis Hidalgo, en compañía de Miguel Ángel Ávila como parte de su comisión, par-ticipó en la reunión de los campesinos de la provincia Manco Kapac, donde se concluyó que los funcionarios de la Ad-ministradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de la gobernación presenta-rían un informe de pre factibilidad del requerimiento de los tres puentes. Pos-teriormente se supo que este proyecto era inviable por los impactos sobre el medio ambiente y por falta de recursos económicos. Los campesinos solicitaron

la presencia del Gobernador del Depar-tamento.

En la ocasión, los campesinos mos-traron evidencias documentales donde el año 2009, en dependencias de la De-fensoría del Pueblo, se firmó un acuerdo en el que estaba inserta la petición de la construcción de un puente en el es-trecho de Tiquina.

El 29 de marzo, los bloqueos se mul-tiplicaban y no se consolidaban esce-narios de diálogo, mientras la policía desplegaba a 53 agentes hasta Wilacota para evitar enfrentamientos, ya que los campesinos resolvieron reforzar el corte de rutas hasta conseguir que el gober-nador, César Cocarico, se comprometa a construir los puentes trillizos sobre el lago Titicaca.

El diálogo entre los bloqueadores y la Gobernación de La Paz no volvió a instalarse, después de que Cocarico descartara el proyecto Wiñay Marka —del que dijo era inviable técnica y finan-cieramente—, y se negara a trasladarse hasta Wilacota, principal punto de blo-queo, donde era esperado.

La Representación Especial la De-fensoría del Pueblo de El Alto llegó al lugar de los bloqueos; sostuvo conver-saciones con los representantes de la ABC, de la Gobernación Departamental y el Comandante Departamental de la Policía en el Distrito Naval de Tiquina. Asimismo, dada la proximidad de la realización de una reunión de líderes y campesinos de base en la comunidad de Wilacota se sostuvo un encuentro con ellos, con los dirigentes de la Fede-

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ración Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz (Tupac Katari (FDTCLP–TK) y con asambleístas de-partamentales y nacionales. Fueron reu-niones iniciales en las que no se llegaron a acuerdos y, por lo mismo, se tuvo que entrar en un cuarto intermedio.

Los 53 policías trasladados desde La Paz hasta Wilacota continuarían en el lugar para impedir que bloquea-dores y lancheros se enfrenten, debido a las amenazas lanzadas de uno y otro bando.

En ese contexto, los actores del con-flicto elevaron el tono discursivo para fijar sus posiciones. Por ejemplo, Juan Limachi, corregidor del cantón Suriqui, destacó el beneficio de los puentes tri-llizos para la isla, para lo que recordó el accidente del año 2012 en el que mu-rieron profesores en una barcaza.

Por otra parte, Édgar Saide, presi-dente de la Asociación de Lancheros 21 de Septiembre, dijo que su sector estaba en emergencia porque los estaban ame-nazando y mencionó que seguirían co-brando el pasaje Bs 2.

Juan Chalco Mamani, secretario de re-laciones de Federación Agraria Manco Kápac, dijo que el bloqueo era indefi-nido y abrió la posibilidad de que sean dos o seis meses. “Pedimos los puentes con diseño final. El Gobernador (César Cocarico) no es capaz de llegar a este lugar como padre del Departamento y buscar una solución. Envía personas sin poder de decisión”, protestó.

Víctor Condori, líder de la federación

campesina de Manco Kapac, rechazó la alternativa planteada por el gobernador de La Paz, César Cocarico, de construir un puente sobre el estrecho de Tiquina, como alternativa a los trillizos.

Con el paso de los días, los habitantes de San Pedro de Tiquina, los campe-sinos y pobladores de los municipios de Copacabana y Tito Yupanqui acep-taron la propuesta del gobierno depar-tamental de construir un único puente sobre el estrecho de Tiquina, para evitar el paso de la gente en lanchas y pon-tones. Pese a eso, persistió el rechazo de los pobladores de San Pablo de Tiquina, que es el cantón al que se llega desde La Paz tras cruzar el estrecho.

La Gobernación de La Paz, el Minis-terio de Obras Públicas y la Adminis-tradora Boliviana de Carreteras (ABC) firmaron el 31 de marzo un preacuerdo para ejecutar conjuntamente el proyecto de construcción de un puente en el es-trecho de Tiquina y no así los puentes trillizos que demandaban los comuna-rios de la provincia Manco Kapac.

Este preacuerdo surtiría efecto cuando los tres municipios de la pro-vincia Manco Kapac se pusieran de acuerdo para la construcción del puente, especialmente con la partici-pación de los sindicatos de lancheros y barqueros de San Pablo y San Pedro de Tiquina, a fin de evitar más incon-venientes de índole social. Pese a ello, persistía el bloqueo hacia Copacabana. Con este preacuerdo, el gobernador Co-carico estaba traspasando hábilmente el problema hacia los pobladores.

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La Representante Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo, Teó-fila Guarachi, solicitó al Gobernador del Departamento sostener una reunión con los dirigentes de las secciones 1, 2 y 3 de la provincia Manco Kapac, la misma que se realizó el 1 de abril a partir de 17.15 PM, en la localidad de Wilacota. Los enviados de la Gobernación de La Paz, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) abrieron el diálogo con los campesinos movilizados. Pos-teriormente, este diálogo se reinstaló en la localidad de Huata Pampa, en un escenario de bloqueos de la ruta Copa-cabana - Tiquina.

Para el viernes 5 de abril, el gober-nador del Departamento de La Paz, Cesar Cocarico, convocó a un diálogo a horas 13:00 PM, en instalaciones del hotel Pachamama de Huatajata, con-siderado punto neutral, solicitando al mismo tiempo a los bloqueadores de la ruta La Paz – Copacabana que se replie-guen. En la reunión se explicaría técni-camente las razones por las que no se puede atender la demanda.

La Federación Sindical Única de Tra-bajadores Campesinos de la provincia Manco Kápac, que mantenía bloqueada Copacabana desde hacía 12 días, rompió el diálogo con el gobernador de La Paz, César Cocarico, a quien esperaron en la comunidad Marca Wacuyo. El gober-nador decidió no asistir a este lugar por temor a ser tomado como rehén y citó a los comunarios a un encuentro para el sábado 6 en Huatajata, para dis-cutir su demanda de construcción de tres puentes sobre el Titicaca (Wiñay Marka).

Un ampliado campesino tomó la de-cisión de no dialogar con la Goberna-ción y trabajar directamente con el Go-bierno central. El bloqueo continuó.

En la misma fecha, residentes de la provincia Manco Kapac en La Paz y El Alto bloquearon la tranca de San Roque, ruta hacia Perú, para respaldar a los campesinos que mantenían aislada la población de Copacabana.

Desde La Paz, se desplazó un opera-tivo que comenzó con el envío de 600 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLC) hasta Copacabana y se preveía el envío de víveres a través de lanchas de la Armada Boliviana. Paralelamente, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cursaba una solicitud de revocatoria de mandato del Gobernador.

El 6 de abril, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que se anali-zaba la posibilidad de desbloquear la carretera a Copacabana, mientras los pobladores de Tito Yupanqui reiteraban que no dialogarían con el gobernador Cocarico, quien a su vez se negaba a ir a la zona del conflicto.

El jefe de la Unidad Nacional de Atención y Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza, en coordinación con la Representante Departamental de La Paz, Teófila Guarachi, emprendió ges-tiones de acercamiento de las partes en conflicto para la instalación del diálogo.

A las 06.00 AM del domingo 7 de abril, un contingente de aproximadamente 800 uniformados de la policía retiró las piedras, troncos de árboles y tierra con


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las que se bloqueaba el camino que une Tiquina con Copacabana. El ministro Romero informó, en conferencia de prensa, que el desbloqueo fue “absolu-tamente cuidadoso, ninguna persona ha sufrido un solo rasguño” y que hubo al menos 15 detenidos que “lanzaban cohetes y convocaron a enfrentar a la Policía”. Arguyó que el perjuicio al mu-nicipio de Copacabana era insostenible y que los líderes de la movilización no mostraron predisposición al diálogo, ni para analizar las condiciones técnicas del proyecto de los puentes, pese a las convocatorias del gobernador paceño, César Cocarico.

El operativo policial desplegado el domingo 7 de abril no consiguió des-pejar la carretera hacia Copacabana, ya que los comunarios volvieron a alfom-brarla de piedras con el anuncio de más resistencia. El ministro Romero asegu-raba que la ruta estaba expedita, aunque la limpieza del camino, por parte de la policía con apoyo de una pala mecánica de la Administradora Boliviana de Ca-rreteras se extendió hasta las 15.00 hrs.

El 8 de abril fueron arrestados y con-ducidos a la FELCC 23 comunarios,

Fuente: Defensoría del Pueblo Autoridades en el buque multipropósito el día del diálogo

entre ellos cuatro adultos mayores y un menor de edad. El fiscal Flores, asig-nado al caso, determinó la imputación de los mismos y para el 9 de abril se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares. El Juez cautelar dispuso su libertad pura y simple.

Por su parte, los campesinos tomaron como rehén al policía Silver Coaquira Ávalos durante uno de los tres enfrenta-mientos que se produjeron. Se conoció, además, que planteaban su canje por los 26 comunarios capturados durante los operativos de desbloqueo.

Posteriormente, los campesinos de la provincia Manco Kapac acusaron a la policía de ejercer violencia extrema en el operativo de rastrillaje para res-catar al uniformado que se encontraba de rehén. De acuerdo al testimonio, los uniformados antimotines, montados en motocicletas, alrededor de las 22.00 del lunes 10 retornaron a la comunidad de Jach’a Wacuyu “para hacer el rastrillaje y buscar a los dirigentes”, pero varios campesinos tuvieron que salir a escon-derse. Por otro lado, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, reportó que ocho policías resultaron heridos el lunes por ataque con piedras de campe-sinos que viven en el límite fronterizo de Bolivia y Perú.

Personal de la Unidad de Prevención

y Atención de Conflictos Sociales, en coordinación con las representaciones defensoriales de La Paz y El Alto, nueva-mente se trasladó a la provincia Manco Kapac para gestionar con dirigentes de las tres secciones el acercamiento de las partes para la instalación de una mesa


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de diálogo en un punto neutral. Los dirigentes campesinos de la pro-

vincia Manco Kapac solicitaron el retiro de los 800 policías desplegados por el Gobierno en la carretera Tiquina – Co-pacabana para iniciar el proceso de diá-logo.

El martes 9 de abril, el gobernador Cocarico convocó a los dirigentes de la provincia Manco Kapac a una reu-nión en la localidad de Huatapampa a horas 10.00 AM del jueves 11 de abril, la misma que se realizaría en el barco mul-tipropósito de la Fuerza Naval. Para la fecha, el camino Tiquina - Copacabana estaba abierto a la circulación.

Tras una reunión con las tres sec-ciones de la provincia Manco Kápac, la Defensoría del Pueblo garantizó la asistencia de los comunarios al diálogo con la Gobernación, que se efectuó en Huatapampa. Participaron en esa mesa de diálogo, el gobernador Cocarico, representantes campesinos de las tres secciones de la provincia en conflicto, delegados de otras provincias, FDTCLP – TK, y José Luís Hidalgo, representante de la Defensoría del Pueblo en El Alto.

El gobernador Cocarico retrocedió en su decisión inicial de dialogar en el buque multipropósito y aceptó acudir a conversar con al menos 60 represen-tantes en tierra.

El Gobernador aceptó negociar bajo condiciones de los comunarios, una vez que la dirigencia dio las garantías nece-sarias para la seguridad de la principal autoridad de La Paz.

La Defensoría del Pueblo jugó un rol

central en el acercamiento de las posi-ciones para resolver el conflicto. En la madrugada del 12 de abril, en la loca-lidad de Huatapampa, el gobernador Cocarico, autoridades del gobierno nacional y de la Administradora Boli-viana de Carreteras (ABC) firmaron un acuerdo con los campesinos de la Pro-vincia Manco Kapac para garantizar la construcción de un puente en el es-trecho de Tiquina del lago Titicaca.

Con este convenio se resolvió el pro-longado bloqueo de la carretera La Paz – Copacabana. El punto principal de este convenio señala: “inciso a), se acuerda promover de manera conjunta el proyecto de construcción del puente vehicular en Tiquina; inciso b), por la necesidad de consensuar con el Sindi-cato Lacustre San Pablo de Tiquina, el gobierno departamental intervendrá en el proceso de la búsqueda de consenso en un plazo de 30 días; inciso c), en el caso de que el Sindicato de Transporte Lacustre asumiera medidas de pre-sión, bloqueando el paso por Tiquina, el gobierno departamental realizará las gestiones necesarias para lograr la habilitación del corredor binacional Desaguadero - Kasani u otra vía que permita la transitabilidad de los pobla-dores de la primera, segunda y tercera sección de la provincia Manco Kapac.

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3. Mapa de actores




-Estado:

Gobierno Nacional, Policía boliviana,

Gobernación,

ABC

-Esclarecer los sucesos y buscar soluciones

-Reestablecer el orden y seguridad en la carretera

-Evitar pérdidas económicas

-Capacidad coercitiva del Estado

-Fuerzas policiales

-Fuerzas Armadas en la región

-Alta capacidad de movilización de personal

-Despliegue policial para mantener la ruta desbloqueada

-Demostrar la disposición al diálogo

-Tenían claro que no podían comprometerse en algo que les era imposible de cumplir

-Buscar la sanción jurídica a los promotores y participantes de los enfrentamientos

-Fiscalía y

Juez

-Investigar los hechos para dar con los responsables

-Fiscales -Poca capacidad de movilización

-Aplicar las leyes a los responsables

-Población de Copacabana, Tito Yupanqui,

San Pablo y San Pedro

-Construcción de vía alterna a la tradicional

-Denunciar el accionar incorrecto de la Policía

-Apoyo de campesinos de las provincias Manco Kápac y Los Andes y sus organizaciones sociales

-Alta, con el apoyo de sus organizaciones sociales y sus estructuras con mandato orgánico y con el respaldo de sus bases campesinas

-Los pobladores de ambos municipios protestan por lo que consideran abusos y excesos de los balseros y lancheros de Tiquina

-Se declaran víctimas del accionar policial

De -De alguna forma le harán pagar al Estado por los heridos, detenidos y los enfrentamientos

Defensor ía del Pueblo

-Cumplir con su mandato legal.



-Decisión institucional para intervenir en el conflicto

-Representación Departamental y Representación Especial de la DP sólidas y activas

-Personal con recursos técnicos para la interpretación de los antecedentes y hechos

-Presencia durante los días de crisis para bajar el nivel de violencia y generar escenarios de diálogo entre los actores del conflicto

-Coordinación intrainstitucional ágil y eficiente

-Gestionar escenarios de diálogo entre los actores en conflicto

-Precautelar los derechos humanos de la población involucrada

-Mediar para que las autoridades del gobierno y las dirigencia locales dialoguen para encontrar soluciones a las demandas planteadas, en el marco de lo posible y real

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La Defensoría del Pueblo inter-vino en este conflicto en su etapa de pre crisis con el firme propósito de evitar que se registre cualquier clase de enfrentamiento entre comuna-rios y la Policía Boliviana, en la línea de buscar escenarios de diálogo.

Ante la escalada y situación de emer-gencia por la etapa de crisis en este conflicto, la Defensoría del Pueblo desarrolló una labor de facilitación y mediación en el terreno entre las autoridades departamentales, poli-ciales y los representantes de las or-ganizaciones sociales y sindicales.

Durante los días de crisis, a través del contacto directo con las organizaciones y autoridades departamentales, se puedo verificar cómo la demanda que movía el conflicto se había posicionado en la agenda local y, después del des-bloqueo del camino Tiquina-Copaca-bana con la intervención policial, cómo se manifestó la ruptura entre la pobla-ción del lugar y la Policía boliviana.

En este contexto, la intervención institucional de la DP estuvo dirigida a mediar para que las autoridades departamentales, policiales y los di-rigentes logren la pacificación y enta-blen el diálogo para crear condiciones necesarias para la vigencia plena de los derechos constitucionales y el res-peto de los derechos humanos entre la población involucrada, para evitar nuevos enfrentamientos y violencia.


Frente a este bloqueo, la Defensoría del Pueblo realizó acciones de media-ción y facilitación con el objetivo de que las partes en conflicto puedan establecer canales de diálogo, lograr un clima de pacificación y establecer una ruta crítica para el abordaje de los temas que cau-saron el conflicto.

La institución, además, verificó en campo las acciones de los sectores en conflicto; la vulneración a los derechos humanos y constitucionales indivi-duales y colectivos; y las acciones de los organismos del Estado para su preven-ción.

Acudió a la autoridad superior com-petente para que intervenga, restablezca la vigencia de derechos constitucionales y proponga acciones para encarar las causas del conflicto; además de pedirle que identifique a los responsables de los daños ocasionados a vehículos particu-lares y de la prensa.


Con el firme propósito de evitar en-frentamientos entre comunarios y la Policía Boliviana, y garantizar que se respeten los derechos humanos y ci-viles, una comisión de la Defensoría del Pueblo se desplazó al lugar del conflicto en la ruta a Copacabana, donde la Po-licía intervino el bloqueo que realizaban los campesinos del lugar.

La Comisión de la Defensoría del Pueblo, conformada por Gregorio


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Lanza, jefe de la Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales; Teófila Guarachi, represen-tante Departamental de La Paz; y Jose Luis Hidalgo, representante especial de El Alto, se trasladó hasta los puntos de bloqueo en la Ruta La Paz-Copacabana con el propósito de evitar mayor vio-lencia y recabar información que per-mita lograr el diálogo entre las partes en conflicto. Otra comisión de la DP hizo el seguimiento en la FELCC de ciudad de La Paz para conocer la situación de las personas detenidas durante el ope-rativo de desbloqueo.

La Defensoría del Pueblo tuvo pleno conocimiento de los maltratos físicos y psicológicos propinados por efectivos policiales a adultos mayores, mujeres y niños durante la represión y el desblo-queo. También se informó de destrozos de sembradíos ocurridos en la comu-nidad de Huacuyo. Asimismo, sugirió que las denuncias de estos hechos sean

presentadas en el dialogo con el gober-nador Cocarico.

La Representación Departamental de La Paz, la Mesa Especial de El Alto y la Unidad Nacional de Conflictos, de forma coordinada coadyuvaron en el desarrollo de la reunión entre repre-sentantes de la provincia Manco Kapac y la Gobernación de La Paz, en la que se llegaron a acuerdos que permitieron suspender el bloqueo de caminos en la Ruta La Paz- Copacabana.

7. Plan de acción

Luego del acuerdo que puso punto final al bloqueo en la Ruta La Paz-Copa-cabana, la Defensoría del Pueblo reco-mendó a los interesados informar a las bases de los avances y dificultades que se produjeron en las reuniones sobre la construcción de un puente sobre el es-trecho de Tiquina. La Defensoría conti-nuará haciendo seguimiento a este caso, ya que este conflicto quedó latente.



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6. Asalariados y cooperativistas se enfrentan

violentamente por la mina Colquiri


Colquiri es un centro minero situado en la Cuarta Sección de la provincia In-quisivi del departamento de La Paz, a 70 Km de la ciudad de Oruro y a 120 Km de la sede de gobierno. Conside-rada desde épocas coloniales como una zona minera, abocada en principio a la explotación de la plata y posteriormente del estaño. Actualmente, es un centro de extracción de una serie de minerales.

La riqueza de este yacimiento de es-taño, zinc y plata era explotada por em-presas privadas y por cooperativistas, lo que originó la pugna por las áreas de trabajo. Desde el 30 de mayo de 2012, socios de la Cooperativa Minera 26 de Febrero tomaron la bocamina Triunfo y también se parapetaron en la boca-mina San Juanillo, hecho que dio inicio al conflicto en Colquiri, uno de los yaci-mientos más ricos de Bolivia.

Entonces, el yacimiento era explo-tado por la empresa Sinchi Wayra, sub-sidiaria de la canadiense Glencore. El enfrentamiento entre los mineros asa-lariados de la empresa minera Sinchi Wayra, y los afiliados a la Cooperativa 26 de Febrero dejó un saldo de 18 he-ridos y obligó a reforzar el contingente policial y a desplazar militares con fines de control y seguridad.

Este conflicto, durante los más de cuatro meses que se prolongó, dejó como saldo dos muertos y varios he-ridos en sus diferentes etapas. Como resultado de estos hechos, el Estado re-virtió para sí el área arrendada a Sinchi Wayra y delegó la administración del yacimiento a Comibol. Asimismo, cedió a los cooperativistas la veta Rosario, la más rica del yacimiento, para que la exploten a cambio de devolver al Es-tado los sectores que les fueron conce-sionados, pero que no estaban explo-tando. La solución parecía viable y, por algún tiempo, llevó serenidad a los pobladores de ese centro minero. El 20 de junio, se promulgó el decreto de na-cionalización de Colquiri en medio de festejos por parte de los asalariados.

No pasaron ni tres meses y los con-flictos se reactivaron con la toma de la mina por parte de los cooperativistas, que exigían que se les entregue la veta Rosario para trabajar, compromiso que no se había materializado, pese al compromiso. Este hecho, derivó en otro enfrentamiento, en el que dos per-sonas resultaron heridas y 11 detenidas, a quienes se les procesó por sabotaje, atentados contra la libertad de trabajo, tentativa de robo agravado, daño cali-ficado, resistencia a la autoridad, daño económico y lucro cesante, en virtud a la paralización de operaciones mineras, provocándole a COMIBOL la pérdida de 200.000 dólares por día.

Para la pacificación del centro mi-nero, se firmó un documento que su-puestamente garantizaba la tranqui-lidad y la vida en armonía entre ambos

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sectores, pero el 6 de octubre nueva-mente hubo enfrentamientos con el saldo de 27 heridos, entre asalariados y cooperativistas, además de un muerto, lo que demuestra que el convenio no fue respetado.


El conflicto por el control de la mina Colquiri empezó el miércoles 30 de mayo de 2012 desde horas 11:30, cuando los socios de la Cooperativa Minera 26 de Febrero tomaron la boca-mina Triunfo y también se parapetaron en la bocamina San Juanillo, lo que pro-vocó la pugna por las áreas de trabajo en Colquiri.

Esta toma ocasionó la movilización de los trabajadores mineros a nivel na-cional, a partir de un ampliado cele-brado en Caracollo el 1 de junio, cuando definieron bloquear la carretera Oruro-


La Paz.El sábado 2 de junio, el ministro de

Minería y Metalurgia, Mario Virreira, y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela, sostuvieron reuniones separadas con las partes en conflicto. Primero lo hicieron con los cooperativistas en ambientes de la Go-bernación de Oruro y, luego, con los mineros asalariados en Archivos de Co-mibol. Pese a ello, hasta las 03:00 horas del domingo 3 de junio no se llegó a ningún acuerdo.

Los cooperativistas demandaban que se nacionalice la mina Colquiri, con la finalidad de que el Estado recupere todo lo arrendado a la empresa privada y se les entregue el 100 por ciento del yacimiento.

El martes 5 de junio, en una reunión asediada por la detonación de dina-mita, de la que participaron represen-

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tantes del Gobierno, de la Defensoría del Pueblo y los mineros asalariados, los ministros plantearon la nacionaliza-ción de la mina, lo que fue bien recibido por los mineros asalariados, quienes preveían que con esta medida se garan-tizaría la estabilidad laboral de los tra-bajadores y el ejercicio de todas las con-quistas laborales; además albergaban la esperanza de que el Órgano Ejecutivo hiciera las inversiones necesarias para que la producción continúe.

Entre tanto, la toma de la mina por parte de los cooperativistas continuaba. Paralelamente, se producían una serie de denuncias en su contra por los abusos que se cometían en la población.

El 7 de Junio, en un gran cabildo rea-lizado en Colquiri, del que participaron las cooperativas mineras, el sindicato minero de Colquiri, transportistas, co-merciantes, Federación Bartolina Sisa de la Provincia Inquisivi, Sub Cen-tral Agraria, secretarios generales del Cantón Colquiri, Federación de juntas Vecinales, amas de casa, magisterio, Central de Cooperativas de Colquiri y población en general se resolvió aceptar “de manera unánime” la nacionaliza-ción de la mina Colquiri para su admi-nistración por parte de Comibol.

Asimismo, en el documento entre-gado al Gobierno, exigían “la inmediata promulgación del Decreto Supremo de Nacionalización del Centro Minero Col-quiri”. En ese cabildo fue rechiflado y rechazado el viceministro de Coopera-tivas, Isaac Meneses, quién, a espaldas del pueblo, había firmado en La Paz un

“acta de acuerdos” de nueve puntos con la empresa Sinchi Wayra, compro-metiéndose a entregar a las coopera-tivas de Colquiri las áreas de Comibol. Este documento fue impuesto por la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) sin el consentimiento de las autoridades de Comibol, las que no firman el mismo.

Ante esta maniobra, los sindicatos mineros del sector estatal, encabezados por los trabajadores de Huanuni, resol-vieron marchar a La Paz para exigir al Gobierno la promulgación del Decreto Supremo de Nacionalización.

El 8 de junio, mientras estaba latente el conflicto, los mineros sindicalizados de-terminaron bloquear la carretera Oruro-La Paz en el sector de Konani, exigiendo que se cumpla con la propuesta del Go-bierno de nacionalizar la mina. Se pro-dujeron violentos enfrentamientos que concluyeron con la suscripción de un acuerdo, por el que las autoridades se comprometían a promulgar el Decreto Supremo de Nacionalización, previa presentación de listas de los cooperati-vistas que decidieran formar parte de la futura Empresa Minera Colquiri.

El 9 junio, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, Severino Estallani, aseguró que el 90 por ciento de los cooperati-vistas de la 26 de Febrero que operaban en un sector de ese yacimiento, estaba de acuerdo con la nacionalización y res-cisión del contrato de arrendamiento suscrito entre el Estado y la empresa Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore.


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El Gobierno y los mineros asalariados firmaron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 9 de junio un acuerdo para nacionalizar el distrito mi-nero de Colquiri, aunque el presidente de la Federación Nacional de Coope-rativas Mineras (Fencomin), Albino García, rechazó esa decisión.

No obstante, Estallani dijo que “la Federación de Cooperativas Mineras no puede decidir el destino del distrito minero de Colquiri”. Aclaró, además, que la nacionalización del área arren-dada a Sinchi Wayra es un hecho, pero que la estatización del sector concesio-nado a los cooperativistas todavía debe ser consensuada. En contrapartida, el representante de Fencomin exigió que los mineros asalariados respeten el área que explotan o, caso contrario, deman-daría la “cooperativización total” de Colquiri.

Los días transcurrían con los mineros asalariados en vigilia en Konani, espe-rando el decreto de nacionalización. Cansados de la espera, el jueves 14 de junio determinaron retomar las boca-minas, porque consideraron que ya fueron vanas las reuniones que se efec-tuaron en la ciudad de La Paz con el vi-cepresidente, Álvaro García Linera.

En la noche de ese jueves, la detona-ción de dinamita y los enfrentamientos entre asalariados y cooperativistas, provocaron heridas a 28 personas y afectaron los derechos humanos indivi-duales y colectivos de la población de Colquiri, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la pro-piedad privada y la paz social.

El 17 de junio, luego de 16 horas de diálogo precedido por un tira y afloja de ambos sectores mineros, por fin se llegó a un acuerdo que, al parecer, iba a devolver la tranquilidad a Colquiri. En esta ocasión se propuso recuperar el yacimiento para que sea administrado por la Comibol y ceder a los coopera-tivistas la veta Rosario, la más rica del yacimiento, para que la exploten, solu-ción que parecía viable y que por algún tiempo dio serenidad a los pobladores de ese centro minero. La promulgación el decreto de nacionalización de Col-quiri, el 20 de junio fue festejada por los asalariados, que en un acto realizado el mismo día en Colquiri pronunciaron efusivos discursos.

Sin embargo, esta medida fue ob-servada por el máximo ejecutivo de la Central Obrera Departamental y el di-rector de Cooperativas Mineras de la Gobernación, Eduardo Berdeja, quienes aseguraron que la nacionalización par-cial en Colquiri era una “bomba de tiempo”, que en cualquier momento iba a estallar.

No pasaron ni tres meses para que los conflictos se volvieran a instalar en Colquiri, esta vez porque el Estado se retrasó en la entrega de la veta Rosario a los mineros cooperativistas y por la ambigüedad en torno al alcance de los yacimientos objeto de explotación.

Entre agosto y septiembre de 2012 se registraron nuevos enfrentamientos entre mineros cooperativistas y asala-riados. En ese contexto se produjeron un atentado dinamitero a las tuberías


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que ingresan aire y agua a interior mina atribuido a mineros cooperativistas; la paralización de la operaciones de Co-mibol en Colquiri; el inicio de un pro-ceso penal a 11 personas detenidas por sabotaje, atentados contra la libertad de trabajo, tentativa de robo agravado, daño calificado, resistencia a la auto-ridad, daño económico y lucro cesante en virtud a la paralización de opera-ciones mineras; la movilización con-tinua de mineros de ambos sectores en la sede de gobierno en vigilias y mar-chas; el bloqueo de la carretera Oruro – La Paz en Konani por los mineros asalariados; y el cerco a la población de Colquiri protagonizado por los asala-riados, quienes habrían cavado zanjas en los ingresos para evitar el retorno de los mineros cooperativistas.

El 18 de septiembre, centenares de mineros de ambos sectores se trasla-daron a la ciudad de La Paz, donde se enfrentaron a dinamitazos. Como resultado de ese hecho, falleció el mi-nero asalariado Héctor Choque y otros nueve resultaron heridos cuando tra-bajadores de las cooperativas privadas lanzaron dinamitas contra la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Choque falleció tras estar varias horas en estado de coma, mientras que dos obreros te-nían heridas de gravedad.

Tras enterarse del ataque a su sede, los mineros que trabajan para el Estado en la mina Colquiri, a 250 kilómetros al sur de La Paz, tomaron represalias des-truyendo algunos bienes de los coope-rativistas en ese pueblo minero.

Luego del fallecimiento del minero Choque, el conflicto tiende a adquirir carácter de proyección nacional. Por una parte, la COD, la Federación Sin-dical de Trabajadores Mineros de Bo-livia, el magisterio urbano y rural ma-nifestaron su adhesión y apoyo al sector de los asalariados de Colquiri.

Del otro lado, la Fencomin decidió bloquear las carreteras a nivel nacional, en apoyo de la cooperativa 26 de Fe-brero. Sus afiliados iniciaron el corte de rutas en Pongo, Konani, carretera La Paz-Copacabana, carretera Santa Cruz-Trinidad afectando a los departamentos de La Paz, Potosí, Santa Cruz y Cocha-bamba, donde la medida se había radi-calizado.

Entre el 19 y 29 de septiembre se re-gistraron varios días de diálogo entre el Gobierno y los sectores en conflicto, tras los cuales se firmó otro acuerdo que establece la obligatoriedad de ambos sectores de compartir la veta Ro-sario conforme a puntos delimitados. El gobierno se comprometió, además, a la aprobación de un Decreto Supremo que prohíba los avasallamientos de minas.

No obstante a los acuerdos arribados, mineros asalariados de Colquiri man-tenían el cerco en al distrito minero ra-tificando su decisión de no permitir el ingreso de los mineros cooperativistas, poniendo así en evidencia la fragilidad de los convenios.

El 6 de octubre se produjo un nuevo enfrentamiento durante el ingreso de los mineros de la cooperativa 26 de Febrero al distrito minero de Colquiri. Según in-

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3. Mapa de actores




Estado:

-Gobierno Nacional

– Ministerio de Minería

- Comibol

- Policía Boliviana

- Mantener la mina Colquri como propiedad estatal

- Atender demandas de mineros cooperativistas y asalariados

- Evitar más enfrentamientos con muertos y heridos


- Fiscales

- Fuerzas policiales escasas en la zona

- Alta capacidad con movilización de autoridades de gobierno y representantes de ministerios, y de Comibol, Fiscalía y policías

- Rechazo a la violencia, las muertes y heridos

- Mantener la mina como propiedad estatal e incorporar a cooperativistas a la planilla de trabajadores asalariados

- Ninguna intervención policial ni militar durante los momentos de crisis en previsión de agravar los enfrentamientos

- Ministerio de Minería y Comibol tenían propuestas de estatización de la mina

- La Fiscalía General cumple sanciones a los responsables de destrozos

formación recogida de los responsables4 de los centros de salud se reportaron 41 personas heridas del sector de mineros asa-lariados y 11 personas lesionadas del sector de mineros cooperativistas entre hombres, mujeres y adultos mayores.

4 Entrevistas a: Dra. Génesis Rojas, Direc-tora del Hospital Virgen de Fátima de Colquiri, In-terna Zulma Tarqui Marca, del servicio de atención médica del SEDES en coordinación con la Parro-quia de Colquiri Fuente: Defensoría del Pueblo

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-Mineros sindicalizados

- Nacionalizar la mina Colquiri y tener estabilidad laboral

-Que solamente rija el modelo de explotación minera por asalariados

- Defender sus fuentes de trabajo

- Acusar a los cooperativistas de haber iniciado los actos de violencia

- Conocimiento de la mina y la región

- Manejo de depósito de explosivos

- persuasión para que cooperativistas se vuelvan asalariados

- Líderes del sindicato con alta capacidad de representatividad

-Son trabajadores de Comibol

-Derecho reconocido por la CPE

- Trabajan en el sector

- Cuentan con recursos económicos

- Alta, en el marco de la capacidad organizativa de sindicato

- Denuncian que fueron atacados

- Esclarecimiento de los hechos y justicia para sus muertos y heridos

- Imparcialidad de las autoridades judiciales

- Atención del Estado a sus demandas

Cooperativistas mineros

- Ampliar sus áreas de trabajo como cooperativas

- Acceder a la veta Rosario, que es una de las más ricas

-Tener la facultad de explotar al 100% la veta el Rosario

- Demandas planteadas con anterioridad ante las autoridades

- Tienen experiencia en manejo de explosivos

- Apoyo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia

- Apoyo del Viceministerio de Cooperativas Mineras

- Mediana porque los cooperativistas son celosos de sus áreas de trabajo

- Tienen áreas de explotación concesionadas por Comibol

- Hicieron demandas de nuevas áreas y no fueron atendidos en sus requerimientos

- Denuncian que hubo muertos y heridos de su sector.


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El 7 de octubre, el centro minero ama-neció en calma, sin que se hayan registrado nuevos hechos de agresiones. Al parecer, la escalada de la violencia producida durante el conflicto permitió la reflexión de los sec-tores en pugna. Se espera que el rencor que nació con la disputa de las áreas de trabajo pueda quedar atrás para que los pobladores vuelvan a vivir en paz. A la fecha, se conoce de algunos enfrentamientos personales, que hace que la convivencia sea difícil.


El Defensor del Pueblo, Rolando Vi-llena, gestionó un acercamiento entre mineros asalariados y cooperativistas de Colquiri, para encaminar una solu-ción en una mesa de diálogo y anunció que envió una comisión defensorial a ese distrito minero para evitar posibles enfrentamientos.

“Ante la situación de violencia que se registró y dada la gravedad que re-viste, he delegado a mis representantes de Oruro y La Paz y a un equipo de la

Unidad de Conflictos para que in situ puedan verificar la situación que se vive en el lugar, apaciguar y crear las condiciones para que en esa perspectiva se pueda sentar las bases de un diálogo sostenible”, dijo el Defensor.

La comisión defensorial encabezada por el jefe de la Unidad de conflictos, Gregorio Lanza, y representantes de La Paz y Oruro, se trasladó a Colquiri para hacer gestiones y prevenir enfren-tamientos entre mineros sindicalizados y cooperativistas y evitar nuevos brotes de violencia. Posteriormente, se dirigió a Caracollo, donde también exhortó a cooperativistas a abstenerse de in-gresar a Colquiri a fin de evitar enfren-tamientos.

El Defensor del Pueblo emitió un co-municado de prensa exhortando a la pacificación y pidiendo autocrítica de parte de la Policía Boliviana sobre su actuación en hechos de violencia.





Defensoría del Pueblo


- Contribuir a la pacificación de la región

- Comprobar en terreno la violación de los derechos humanos


- Mandato legal


- Técnicos que operan y conocen la región

- Alta credibilidad

- Capacidad y condiciones para acceder a la región

- Personal con recursos técnicos para la mediación

- Logística indispensable

-La Defensoría del Pueblo tuvo una reacción inmediata y llegó al lugar

-La Defensoría del Pueblo encaró acciones inmediatas de mediación para pacificar y crear las condiciones necesarias para el diálogo entre los sectores enfrentados y el Gobierno Nacional


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Lo que correspondía era ingresar a la zona del conflicto, tratar con los diri-gentes y buscar el diálogo primero con cada uno de los sectores; y segundo, entre los dirigentes de ambos sectores y las autoridades del gobierno, con la finalidad de pacificar la zona y luego para encarar los temas que causaron el conflicto.

En este contexto inmediato, la Defen-soría del Pueblo desarrolló las acciones de mediación y facilitación que reco-mendaba la situación, con el objetivo de pacificar la zona y posibilitar el diálogo posterior e inmediato entre las partes en conflicto y el Gobierno Nacional.


La intervención de oficio estableció que hubo ataque con explosivos de ambos bandos mineros, es decir, asala-riados y cooperativistas, cuya causa era la disputa por los espacios de laboreo minero, principalmente por la veta Ro-sario, que es una de las más ricas. En estos hechos, hubo dos muertos y 27 he-ridos de diversa gravedad.

La institución verificó la violación de los derechos a la vida, a la seguridad y los derechos humanos. Las acciones fueron alentadas por negociaciones poco claras que prometían desde el Gobierno Nacional el cumplimiento de promesas verbales a ambos sectores.

Los sucesos también demostraron la incapacidad del Estado para crear re-laciones institucionales sólidas y trans-parentes con los sectores en conflicto, además de la ausencia de políticas de prevención de los conflictos, así como de capacidad para su abordaje en situa-ciones de crisis violenta.

7. Plan de acción

La Defensoría del Pueblo, en correspond-encia de su mandato constitucional de velar por la vigencia, promoción y difusión de los Derechos Humanos, a través de la Uni-dad Nacional de Atención y Prevención de Conflictos Sociales, en coordinación con las representaciones departamentales de La Paz y Oruro y con la colaboración de la organización Capacitación y Derechos Ciudadanos, implementó la “Estrategia de pacificación del distrito minero de Colquiri” entre octubre y diciembre de 2012. Partic-iparon de esta iniciativa las instituciones


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cívicas, educativas, sociales de base, in-dígena originario-campesinas y la Iglesia, entidades que fortalecieron los espacios de diálogo y la generación de condiciones para la recomposición gradual del tejido social.

La estrategia tenía como lineamientos de intervención el apoyo legal y sicológico; comunicación educativa; fortalecimiento de mecanismos de diálogo de los actores lo-cales; y capacitación a actores sociales.


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7. Una empresa transnacional enfrenta

a comunarios de Mallku Khota entre sí


El cerro Mallku Khota (palabra ay-mara que significa Lago o laguna del Cóndor), está ubicado entre los munici-pios de Sacaca, en la Provincia Alonso de Ibáñez, y San Pedro de Buena Vista, de la Provincia Charcas, en la región norte del Departamento de Potosí. Al-rededor de este mismo cerro están ubi-cadas cinco lagunas.

De acuerdo a la información de CEDIB5, el ingreso de la empresa canadiense South American Silver Co.6, a la zona para co-menzar a trabajar, se produjo entre los años 2003 y 2004, en un proceso en el que su subsidiaria (Compañía Minera Mallku Khota) adquirió paulatinamente el derechos sobre las concesiones mineras en el terri-torio indígena - originario de los ayllus del Norte de Potosí.

La estrategia a la que recurrió fue la compra de dichas concesiones, y la conquista de voluntades en las comu-nidades prometiendo compensaciones sociales y fuentes de trabajo. Pese a ello, encontró resistencia de los comunarios.

5 Centro de Documentación e In-formación Bolivia. Mallku Khota – Dossier de Prensa. Cochabamba, noviembre 2012.

6 Compañía con base en Vancouver, dedi-cada a la explotación de plata, galio, indio [indium] y cobre. Sus principales sitios de trabajo eran Ma-llku Khota en Bolivia y Escalones en Chile. El enlace electrónico de esta empresa es www.soamsilver.com

Ante esta situación, la empresa recurrió a la cooptación de los dirigentes, provo-cando la división entre los ayllus. Dis-cursivamente y en distintas ocasiones, la empresa expresó tener buenas rela-ciones con los comunarios. En este con-texto, las autoridades originarias de-nunciaron la intromisión de la empresa en asuntos internos y de promover en-frentamientos.

El conflicto tuvo episodios notables a partir del año 2010, con altibajos de tensión que aumentaba cuando la empresa transna-cional buscaba sumar y movilizar adeptos para presionar a las autoridades originarias, en la lógica de lograr la aceptación a las actividades de exploración minera. A prin-cipios del año 2011, algunos ayllus locales realizaron cabildos en los que se planteaba la expulsión de la empresa, la demanda al gobierno de la reversión de las concesiones, haciendo referencia a un acuerdo suscrito anteriormente con el gobierno para revertir dichas concesiones, acuerdo que no se cum-plió7.

En el mes de mayo del año 2012, el con-flicto entró en una aguda fase de escala-miento, cuyo desenlace con víctimas fatales e intervención de las fuerzas gubernamen-tales y Defensoría del Pueblo comenzó en la madrugada del 5 de mayo, cuando un con-tingente policial acompañado de una fiscal, incursionó violentamente en la comunidad de Mallku Khota, introduciéndose en las viviendas, gasificando a las familias e in-tentando capturar a un grupo de dirigentes acusados de daño a la propiedad privada.

7 Íbid.


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El resultado de esta intervención policial fue la respuesta también violenta de los co-munarios, que repelieron a los uniformados hasta hacerlos huir, además de capturar y retener a dos de ellos el día 8.

Al día siguiente, la Defensoría del Pueblo se constituyó en la comunidad, donde tam-bién acudió el Gobernador de Potosí. Se de-sarrollaron intentos de establecer el diálogo con los comunarios para liberar a los poli-cías, y se tuvo la noticia que uno de ellos se encontraba seriamente herido. También el Ministro de Minería anunció su arribo al lugar.

El 10 de mayo se estableció el diálogo entre delegados de los comunarios, funcio-narios gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo, el mismo que culminó con la liberación de los policías retenidos gracias a la intervención defensorial y del Gober-nador, con el compromiso de que no se to-marían represalias por los hechos del 5 de mayo.

Posteriormente, en la reunión de la loca-lidad de Acasio y, pese al mencionado com-promiso, la comisión de 30 delegados de los comunarios fue emboscada por el sector de adeptos a la empresa, que intentó hacerlos firmar un documento que permitía las acti-vidades de la empresa.

En vista de esta situación, la reunión realizada en Acasio, el 18 de mayo, nue-vamente tomó un giro violento cuando los sectores que apoyaban y otros que se oponían a concesión minera se en-frentaron, con registro de personas heridas. El brote violento se pacificó y el Ministro de Gobierno dispuso el re-

tiro de efectivos policiales destinados al lugar.

Esa misma jornada se esperaba la llegada a La Paz de alrededor de 50 co-munarios para exigir la continuidad del trabajo de la empresa. A su vez, el Con-sejo de Ayllus del lugar expresó que no se oponían a la explotación minera, siempre que se cumpliera con el requi-sito de la consulta previa.

El 22 de mayo el Kuraca de Marka Sacaca, Cancio Rojas, quien se dirigía a una reunión para retomar negociaciones con el gobierno, fue agredido y vejado por personas afines a los intereses de la empresa. Cuando la policía intervino en resguardo de Rojas, también procedió a la detención del dirigente, acusándolo de haber secuestrado, torturado y ame-nazado de muerte a los efectivos poli-ciales retenidos por los comunarios. Fue detenido en el penal de Cantumarca pese a las pruebas presentadas por la fa-milia que descalificaban las acusaciones hacia el dirigente, quien luego fue deri-vado al arresto domiciliario (hasta el 29 de junio).

El 28 de mayo, el CONAMAQ en-cabezó una marcha de comunarios de Mallku Khota hacia La Paz, que arribó a esta ciudad el 6 de junio con miles de participantes exigiendo la liberación de Cancio Rojas y la reversión de la con-cesión minera. En esas circunstancias, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denunció la vio-lación del Convenio 169 a los pueblos indígenas de Norte de Potosí y ayllus de Mallku Khota por no existir consulta previa.


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El 7 de junio, arribó la marcha a La Paz, apostándose en el centro paceño. Se calcula que eran aproximadamente 8000 personas movilizadas. Los mar-chistas, que pretendían ingresar a la Vicepresidencia, atacaron con violencia a los policías que custodiaban la puerta de esta institución, registrándose cuatro efectivos policiales heridos.

Luego, y de manera continua, se ins-taló la mesa de diálogo entre dirigencia de la marcha y autoridades guberna-mentales, encabezadas por el Ministro de Minería. Al día siguiente a primera hora, la dirigencia de los movilizados señaló que al no haberse llegado a un acuerdo, exigirían el diálogo directo con Presidente Morales.

Esa misma jornada, se anunció un Cabildo de los seis ayllus del Norte de Potosí a realizarse en Mallku Khota, en el cual se apoyaría a la permanencia de la empresa en el lugar. Entre tanto, a las 9 de la mañana, la policía gasificó a los marchistas en el centro paceño, hecho que llevó a que los comunarios a anun-ciar la ruptura de diálogo, e instalar un cabildo en la plaza San Francisco, donde reiteraron su demanda de concesión en favor del Estado.

A mediodía del 13 de junio, un contin-gente policial intentó retomar el control de la mina en Cerro Mallku Khota, pero los comunarios resistieron esta pre-sencia haciendo detonar dinamita. Se dispusieron refuerzos policiales de Po-tosí y Oruro, mientras que la dirigencia de los comunarios decía que contaba con más de 5000 personas movilizadas, ante la incapacidad de las autoridades

que no les atendieron en La Paz, justi-ficando así la toma pacífica de la mina.

Al día siguiente, 14 de junio, los co-munarios declararon a la región de Mallku Khota como zona roja, lo que quería decir que ningún militar ni po-licía debía ingresar a la región, aunque expresaron su predisposición al diálogo e intención de crear una cooperativa co-munitaria minera para explotar el yaci-miento. Dieron plazo de 72 horas a las comunidades que apoyan a la empresa para que cambien de opinión.

El 29 de junio, la empresa canadiense denunció que los comunarios tomaron como rehenes a dos técnicos (Fernando Fernández y Agustín Cárdenas) que cumplían tareas en el sector. Presun-tamente, estas personas fueron inter-ceptadas por los comunarios vistiendo indumentaria originaria, hecho que sus-citó la sospecha de los captores porque además se los habría visto tomando fo-tografías.

Como consecuencia de esta acción de retención de personas, el 5 de julio la policía intervino nuevamente con vio-lencia para liberar a los cautivos, con el resultado de un comunario fallecido y cuatro heridos. A partir de este hecho, los mencionados comunarios dieron plazo de 48 horas al Gobierno para dia-logar, a lo que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que no se ne-gociaría la libertad de Cancio Rojas, pues habría cometido delitos. Por el contrario, advirtió que, con las últimas acciones, los comunarios incurrieron en otros delitos.

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El 3 de julio, los referidos técnicos continuaban retenidos, y las represen-taciones de la Defensoría del Pueblo de Potosí y Llallagua, con el refuerzo de funcionarios de La Paz, se encontraban en el lugar para persuadir de que se libere a los ingenieros y se pueda ins-taurar el diálogo.

Hasta entonces, pese a resolución ju-dicial, no se había hecho efectiva la li-bertad condicional de Cancio Rojas. Su abogado defensor denunció vulnera-ción de derechos de su defendido. Pa-ralelamente, se destacaron contingentes policiales desde Cochabamba hacia el lugar del conflicto, mientras que se ele-varon a cinco las personas retenidas por los comunarios (Eustaquio Calle, Juan Pablo Mallku y Marco Antonio Leytón, trabajadores de la empresa GeoDril, concesionaria de la compañía Mallku Khota).

El 4 de julio, la Defensoría del Pueblo

tomó contacto visual con tres de los re-tenidos, mientras que los familiares so-licitaron que se viabilice su liberación. La Defensoría del Pueblo se aprestaba a ingresar donde supuestamente se ha-llaban los retenidos.

El 6 de julio, entre las 15:30 y 16:00, se produjo un nuevo enfrentamiento entre comunarios y policías, con el saldo de una persona fallecida (José Mamani Mamani del Ayllu Sullka por herida de bala) y varios heridos. El enfrenta-miento se habría producido cuando aproximadamente 150 policías se diri-gían hacia Ovejería, y se encontraron a la altura de Jalka Palca con la vigilia de los comunarios. Entre los policías tam-bién se reportaron varios heridos, y uno de los uniformados se encontraba rete-nido en Mallku Khota. Los policías se replegaron a Sacaca como a las 21 horas.

La Defensoría del Pueblo continuaba en el lugar intentando la liberación de


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las personas retenidas y la disminu-ción de la violencia. La Federación de Mineros apoyaba la posición de que el gobierno se haga cargo del yacimiento, y que se proceda a la reversión de la empresa minera transnacional.

El efecto de esta situación llevó a un cambio en la posición gubernamental. El 10 de julio, en La Paz, el presidente Evo Morales y representantes de las co-munidades a favor y en contra de la em-presa suscribieron un acuerdo formal que disponía la instalación de una co-misión que tenía la misión de consen-suar los términos del Decreto de Rever-sión del yacimiento minero al Estado. El Decreto Nº 1308 fue promulgado el 1ro. de agosto de 2012.

La empresa South American Silver Co. hizo público su rechazo afirmando no haber sido oficialmente notificada, y advirtiendo que de hacerse efectiva la anunciada reversión, asumiría acciones de defensa y exigiría resarcimientos por las inversiones realizadas.


Las condiciones sociales, económicas y políticas en las cuales se desarrolló el conflicto, pese a haberse consolidado el proceso de cambio liderado por el pre-sidente Evo Morales, muestran una pro-funda contradicción entre el discurso gubernamental de recuperación y na-cionalización de los recursos naturales y una práctica extractivista y de apoyo a la empresa transnacional. El giro de los acontecimientos, bajo la presión de los movimientos sociales, hasta des-

embocar en las acciones represivas con saldo de pérdida de vidas humanas, logró en definitiva revertir la concesión de la empresa.

Otro factor de conflictividad que emergió en este caso fue la división de los comunarios de Mallku Khota, entre los que luchaban por la salida de la em-presa transnacional y los que estaban a favor de que permaneciera en el lugar. El conflicto estructural entre dos con-cepciones contrapuestas de manejo y explotación de los recursos naturales (asalariados – comunitarios contra los cooperativistas y trabajadores mineros por cuenta propia) se evidencia en este conflicto.


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3. Mapa de actores





-Comunarios del Ayllu Sullka Urinsaya

-Mantenimiento de valores de autonomía, autogestión y defensa de los recursos naturales locales

-Legitimidad en la toma de decisiones o participación en ellas, concernientes a la economía local y manejo de los recursos naturales, amparada en la CPE y Convenio 169 de la OIT

-Alta. Cohesión y capacidad de movilización vinculadas a la tradición organizativa comunitaria

-Rechazo a injerencia de empresa transnacional en asuntos considerados como propios

-Expulsión de la empresa y reversión de la concesión minera

-Pobladores afines o aliados a la empresa transnacional

Ayllus Tacahuani, Sullka, Jilaticani, Samca, Jatum Urinsaya y Qullana

-Beneficio económico, lucro o seguridad laboral garantizada por la empresa South American Silver Co.

-Apoyo logístico de la empresa privada y de manera no explícita también de la policía y gobierno nacional

-Alta, favorecida por los recursos de la empresa minera

-Defensa de la empresa minera transnacional

-Empresa South American Silver Co.

-Lucro, beneficio económico amparado en un contrato de concesión otorgado por el gobierno nacional. Siendo que Mallku Khota era una de sus dos áreas de explotación fundamentales en el mundo, valuada en muchos millones de dólares, se explica el ímpetu de asegurar la presencia en el lugar por medio de cualquier recurso

-Capacidad de financiamiento y respaldo legal favorable

-Alta, por la vía de la cooptación de líderes locales, y acceso a la protección policial del Estado

-Defensa de la legalidad, de su presencia y de las operaciones que realizaba


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-Gobierno nacional y Gobernación de Potosí

-Acceso a recursos de regalía por concepto de explotación de los recursos naturales

-Mando sobre fuerzas policiales y apoyo de sectores que favorecían la presencia de la empresa

-Alta, con la disposición de fuerzas policiales, autoridades judiciales y otros

-Deslegitimación de las movilizaciones de los comunarios como atentatorias a los derechos de actores privados y la institucionalidad de sus agentes

-Comibol -Consolidación del contrato de concesión minera de la empresa South American Silver Co.

-Recursos legales institucionales

-Mantener la vigencia del contrato de exploración y la continuidad de la empresa minera South American Silver Co.

-Acusa a comunarios de explotación ilegal de oro en Mallku Khota


-Cumplimiento de mandato constitucional y legal

-Comprobar en terreno la violación de los derechos humanos.

-Emitir pronunciamientos públicos sobre los hechos

-Mandato constitucional y legal

-Decisión institucional para sentar un precedente de la línea de trabajo de la Defensoría

-Capacidad en recursos humanos y logística

-Propiciar el diálogo con la intervención del Representante Departamental de Potosí, Mesa Defensorial de Llallagua, Jefatura de Conflictos y de la Máxima Autoridad Ejecutiva en contacto con autoridades nacionales

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4. Definición de los objetivos y su prio-ridad desde la Defensoría del Pueblo

El 7 de mayo del 2012, la institución intervino a través de la Mesa Defenso-rial de Llallagua junto al Gobernador de Potosí en procura de la liberación de dos policías retenidos por los comuna-rios realizando gestiones de mediación. Posteriormente, el 11 de mayo se instaló una mesa de diálogo en el Municipio de Acasio, iniciativa que no logró su propósito por las posiciones irrecon-ciliables de dos grupos antagónicos de los originarios de la zona, entre los que aprobaban la presencia de la empresa, contra otro sector que pedía su expul-sión.

El 11 de mayo, la Mesa Defensorial Llallagua intervino para mediar en la liberación de dos policías retenidos por los comunarios en Mallku Khota. Esta acción se produjo junto al Gobernador de Potosí y la Fiscalía de Sacaca.

En estas circunstancias, la institución llevó a cabo las iniciativas pertinentes de ayuda humanitaria y de gestiones para la liberación de los ingenieros Fernando Fernandez y Agustín Cárdenas, en tra-bajo coordinado con la Representación Departamental de Potosí. Este trabajo se planificó tomando en cuenta todas las condiciones de la coyuntura social, política y jurídica del caso. El personal de la institución permaneció en el lugar, instando a la toma de formas pa-cíficas de abordaje del conflicto con los actores locales.

En La Paz, la Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad de Prevención y Atención de Conflictos, desarrolló ta-

reas de verificación de las condiciones de permanencia de Cancio Rojas en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en esta ciudad. Paralelamente, también desarrolló la-bores de verificación sobre el estado de salud de los marchistas luego de la ga-sificación de la que fueron objeto en la sede de gobierno.

A partir del 2 de julio, junto al Repre-sentante Departamental de Potosí, la coordinación con la Unidad de Preven-ción y Atención de Conflictos Sociales en contacto permanente con el Defensor Rolando Villena, se decidió intervenir de manera directa con dos objetivos fundamentales: la asistencia humani-taria y el acercamiento de las partes en conflicto.

Más adelante, el 11 de julio, el De-fensor del Pueblo solicitó un proceso de investigación por parte del Ministerio Público sobre los secuestros, la inter-vención policial y el fallecimiento de un comunario en Mallku Khota.

El Representante Defensorial en Lla-llagua estableció contacto con la diri-gencia de la Federación de Ayllus y Ori-ginarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI), para favorecer el retorno de la calma y evitar nuevos hechos violentos. En Oruro, el personal de la Representa-ción Departamental se hizo presente en la Clínica Cristo Rey, donde los dos he-ridos de bala fueron intervenidos qui-rúrgicamente, para verificar el estado de estos pacientes y recomendar a las instancias pertinentes de que ambos re-ciban la atención médica adecuada.

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El 4 de octubre, ingresó a la zona de conflicto una comisión conformada por la Representación Departamental de Oruro y la Mesa de Llallagua, con el propósito de contribuir nuevamente a la pacificación de los actores locales. A raíz de un nuevo enfrentamiento con uso de armas de fuego y dinamita, resul-taron tres personas heridas. El personal de la Mesa Defensorial de Llallagua in-gresó nuevamente al lugar, con el apoyo de la Representación Departamental de Oruro, y se logró el cese del uso de armas de fuego y dinamita, aunque el intento de organizar una mesa de diá-logo fue vano en esa ocasión.

En definitiva, se realizó una labor de mediación en todo el proceso del con-flicto, y finalmente, se logró arribar al entendimiento entre las partes y la firma de un acuerdo, el cual establecía la indemnización a los familiares del di-funto y a los cuatro heridos.


El caso del conflicto en Mallku Khota es, probablemente, uno de los más com-plejos y representativo de situaciones de múltiple escalamiento en la historia ins-titucional de la Defensoría del Pueblo. Emerge de dos visiones contrapuestas (extractiva, utilitaria y con ejercicio de viejas prácticas que contradictoria-mente el gobierno nacional protegió al amparar la presencia de la empresa transnacional South American Silver Co., y la visión comunitaria, autoges-tiva y quizás localista de los lugareños de Mallku Khota).

El enfrentamiento violento y las po-siciones cerradas de los actores involu-crados invalidó más de una iniciativa de promoción de diálogo y, como lamentablemente suele pasar, el uso de la fuerza por parte del Gobierno Nacional fue, en definitiva, un factor negativo. En última instancia, dicha empresa estuvo forzada a abandonar la región, y el Estado tuvo que asumir la carga de un compromiso incumplido con la South American Silver Co.

La Defensoría, enmarcada en su rol de promoción y defensa de los derechos humanos, intervino tanto con la parti-cipación del personal con base en Lla-llagua –la Representación defensorial más próxima-, también con apoyo de funcionarios con base en las ciudades de Oruro y Potosí, y en el escenario de las movilizaciones en la ciudad de La Paz con personal local.

La Máxima Autoridad Ejecutiva, en la persona del Defensor del Pueblo, se expresó públicamente demandando las acciones que correspondían a los ad-ministradores del Estado en todas sus instancias. En todas estas actuaciones se puso acento en la necesidad de esta-blecer canales de diálogo, contra la vio-lencia y las posiciones beligerantes. Una parte fundamental de este trabajo en su sentido macro, fue la realización de ve-rificaciones in situ de la condición vulne-rable de personas retenidas a la fuerza (los técnicos de la empresa canadiense y los dos policías en la región del con-flicto), de las personas que fueron arres-tadas bajo diferentes cargos, y también de las que fueron físicamente afectadas por la violencia y que se encontraban


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siendo atendidas en centros médicos. Toda esta labor comprometida del per-sonal de la Defensoría, representa un aprendizaje institucional difícil en su momento, pero a la vez valioso.


Entre los aspectos más destacables del aprendizaje institucional referidos en el anterior párrafo, destacan los siguientes:

Los conflictos más graves, en el sentido de afectar el tejido social de los actores involucrados, mues-tran señales de advertencia que las autoridades y el mismo personal de la institución deben ser capaces de interpretar a tiempo. Conforme avanza el proceso de escalada, ex-presado en discursos agresivos o realización de acciones beligerantes de una y otra parte, la labor de ter-cería y promoción de diálogo se torna más difícil. Cuando estalla la crisis (los actores están cerrados al tratamiento racional del conflicto, y se concentran en provocar daño a los circunstanciales adversarios), dicha labor de tercería además de inútil, pone en riesgo la integridad de quienes asumen este desafío. Por lo tanto, es preciso intervenir pron-to, cuanto antes mejor.

Los conflictos como el de Mallku Khota pueden tornarse prolonga-dos, con episodios de altibajo en los cuales las autoridades estatales asumen voluntaria o incidental-mente acciones contrarias a la pacificación. Como se ha visto en

este conflicto emblemático, las au-toridades que dirigen el accionar de las fuerzas del orden (o represivas, según las circunstancias) pueden entorpecer la resolución pacífica del conflicto. El envío de fuerzas policiales en momentos de tensión puede perder su sentido disuasivo y provocar, por lo contrario, la ex-acerbación de la molestia de los sectores sociales. Las mencionadas autoridades que disponen de la fuerza pública deben medir tanto la cantidad de personas movilizadas como su motivación para dialogar, o inversamente, su motivación de-structiva. En tales situaciones, el trabajo de mediación se torna en un esfuerzo de largo aliento, que debe estar acompañado de los recursos humanos y materiales suficientes para acometer tal labor.

La experiencia en el manejo de este caso conflictivo ha demostrado la importancia de contar con personal local para atender los conflictos, tanto por las obvias ventajas logís-ticas para una actuación oportuna, como por el conocimiento de la co-yuntura o escenario social, los con-tactos con actores involucrados y el reconocimiento del personal defen-sorial como referente de garantía de promoción y defensa de los dere-chos humanos.

7. Plan de acción

De acuerdo a los elementos de re-flexión anteriores, el personal de la ins-titución intervino en función al curso


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de los acontecimientos y la complejidad del caso, bajo dos líneas de acción prin-cipales: i) Coordinación con las autori-dades locales y nacionales para el con-tacto con los actores movilizados, a fin de realizar gestiones para la liberación de personas retenidas por parte de los comunarios, ii) Verificación de las con-diciones de los acusados que fueron derivados a instancias judiciales en La Paz. La Defensoría asumió el rol de me-diación que corresponde a sus atribu-ciones constitucionales de promoción y defensa de los derechos humanos, re-presentando una posición institucional idealmente equilibrada e imparcial.


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8. TIPNIS, el conflicto de las visiones contrapuestas

de desarrollo


El Territorio Indígena del Parque Na-cional Isiboro Sécure (TIPNIS) se encuentra ubicado en el corazón de Bolivia. Abarca parte de la cordillera de Mosetenes, en la única área de piedemonte que no presenta asentamientos humanos (única en toda La-tinoamérica) y en la región de las llanuras inundables del Beni.

“La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS y, en general, la región del TIPNIS, es el hábitat clave para la vida de los pue-blos Yuracaré, Tsimán y Moxeño trinitario, principalmente porque constituye el último espacio donde pueden desarrollarse como pueblos indígenas, luego de que han sido permanentemente empujados desde las áreas de colonización, sobre todo desde el

Chapare cochabambino; lo que explica la presencia de numeras TCO muy cercanas unas de otras8.

“Desde el año 2009 cuenta con su título ejecutorial. Es un territorio con un tipo de propiedad comunal, proindiviso e inalie-nable. Dentro de la TCO se observan escasos procesos de desarrollo socio – económico, entendiendo como tales la implementación de acciones novedosas destinadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores en el mismo marco de su modelo adaptativo.

“El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure9 (TIPNIS), actualmente es

8 SERNAP. “Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS – EAE - 2011 Resumen Ejecutivo – EAE”. pág 5. 2001.

9 El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) es un área protegida de Bo-livia, creado como Parque Nacional mediante DS Nº 7401 del 22 de noviembre de 1965 y declarado Terri-torio Indígena a través del DS Nº 22610 de 24 de sep-tiembre de 1990, gracias a las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas de la región. Tiene aproxi-madamente 1.236.296 ha (12.363 km²). El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el 2009 le otorgó

Fuente: Upside Down World (http://upsidedownworld.org/main/news-briefs-archives-68/3799-bolivia-tipnis-communities-divided-as-road-

consultation-begins)

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un espacio donde conviven dos modelos de desarrollo muy diferentes: el modelo indí-gena desarrollado en los actuales límites de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) (se han identificado al menos tres sistemas de vida) y el modelo colono desarrollado en el “Polígono 7” (sistema de vida colono) y que es, en definitiva, una continuidad de la colo-nización del trópico cochabambino iniciada varias décadas atrás y, en el caso específico de esta área en el año 1983 – 1987, como resultado de la sequía que se produjo en el país entre 1982 – 1983, y posteriormente como resultado del proceso de relocaliza-ción de los mineros, luego del cierre de la COMIBOL”.


Los pueblos indígenas de la Ama-zonía, el Oriente y el Chaco, organi-zados en la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia (CIDOB), fueron los impulsores de los cambios a la Consti-tución Política del Estado (CPE) desde la década de 90. La Marcha por el Te-rritorio y la Dignidad, realizada desde el 15 de agosto de 1990, inició este pro-ceso.

La indefinición del límite departa-mental, la presencia ilegal de made-reros, la pobreza, la carencia de guarda parques, las relaciones conflictivas con los colonos y la decisión del Gobierno Nacional de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos son los principales problemas y conflictos que enfrentan los habitantes del TIPNIS.

título ejecutorial como Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Por lo mismo tiene una doble categoría.

Sin embargo, el conflicto de mayor notoriedad es la decisión guberna-mental de construir la carretera con el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.

El trazo de la vía pretende dividir en dos el área protegida y la TCO. La carre-tera de pavimento rígido se extenderá en una línea casi recta de 306 kilómetros por 9,3 metros de ancho. La obra reque-rirá una inversión de 436,2 millones de dólares, de los cuales 332 millones pro-vendrán de un crédito blando del go-bierno del Brasil.

De acuerdo con los planes de trabajo, el camino debe ser construido en tres tramos que están distribuidos de la si-guiente manera: el tramo I, desde Villa Tunari hasta Isinuta (Cochabamba); el tramo II, desde Isinuta hasta Monte-grande de la Fe (zona colonizada y la Zona Núcleo del TIPNIS) y, finalmente, el tramo III: Montegrande de la Fe-San Ignacio de Moxos (Beni).

Para los indígenas, la proyectada vía asfixiará al parque y a sus habitantes. Argumentan que los Tsimane’, a los que no les gusta convivir con otras personas ajenas a su cultura, prefieren mudarse cuando empiezan a ser invadidos, lo que hace prever que esto provocará la mi-gración de las comunidades Tsimane’, Yuracarés y Trinitarios (mojeños) a las capitales, donde podrían convertirse en indigentes.

La comunidades interculturales o co-lonos, que son parte de las federaciones de cocaleros del Chapare, apoyan la


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construcción de la ruta porque tendrán facilidad para llevar sus cosechas a los centros de comercio del Chapare. Sin embargo, otros sectores aseguran que los colonizadores atravesarán la “línea roja” que los separa de los indígenas y expandirán los cocales a la TCO. Tam-bién temen que el destino final de los cultivos de coca sea el mercado ilegal.

El TIPNIS acoge a los pueblos indí-genas Mojeño (habitan al Norte, prin-cipalmente), Yuracaré (en el Sudeste) y Tsimane’ (al Noroeste). Los tres pue-blos son reconocidos por la Constitu-ción Política del Estado (CPE). En el TIPNIS funcionan tres organizaciones indígenas: la Subcentral de Cabildos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Subcentral TIPNIS), fundada en 1988; la Subcentral Sécure; y el Consejo Indígena del Sur (Conisur).

La Subcentral TIPNIS es la más an-tigua. Solo dos organizaciones tienen el aval de sus organizaciones matrices: la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) reconoce a la Subcentral TIPNIS; y el Consejo de Pueblos Indí-genas del Beni (CPIB), a la Subcentral del Sécure.

La TCO TIPNIS alberga a 12.388 ha-bitantes de acuerdo al Censo Nacional 2001, distribuidos en 64 comunidades; sin embargo, algunas ONG aseguran que son cerca de 15 mil. Según la Fun-dación Tierra, este número es pequeño frente a la cantidad de colonizadores que se asentaron en el polígono 7, por lo que estos últimos tienen una necesidad de expansión. Los colonos representan

unas 20.000 familias que están asen-tadas en 52 sindicatos agrarios agru-pados en ocho centrales, que dependen de la Federación del Trópico de Cocha-bamba, una de las seis federaciones de productores de coca del Chapare.

El cono situado entre la ribera del río Ichoa (en el centro del territorio) y la zona de amortiguamiento del Isiboro (en el extremo Sur) está habitado, prin-cipalmente, por los migrantes del occi-dente boliviano. Ellos son colonos que habitan en el Polígono 7.

Los colonos llegaron al Chapare desde la década del 70. Las primeras familias de campesinos se asentaron en las inmediaciones de Villa Tunari y avanzaron hasta Isinuta, poblado co-lono que limita con el TIPNIS, pero quienes no encontraron espacio dispo-nible en estos sectores asentaron sus chacras dentro del área protegida. Los migrantes ocuparon tierras, defores-taron y habilitaron terrenos para la agri-cultura, principalmente para la siembra de coca.

El sector que está ocupado por los interculturales lleva el nombre de zona colonizada y corresponde al polígono 7 del TIPNIS. Está dividido del resto del área protegida y TCO por un trazo imaginario que la población denomina “línea roja”. El Decreto Supremo 22610 y acuerdos firmados entre indígenas y campesinos, prohíben a estos últimos traspasar ese límite; sin embargo, los indígenas y los propios productores de coca admiten que eso no se cumple.

Como resultado de la colonización,


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14 comunidades indígenas, entre éstas Santísima Trinidad, han quedado ro-deadas por predios de colonos. Algunos asentamientos indígenas renunciaron a la TCO y se unieron a las filas de los sin-dicatos de colonizadores. Así, ganaron el derecho a sembrar un cato de coca (400 Mts2). Es el caso de la comunidad Limo, de población mayoritariamente yuracaré.

La carretera hace parte de los pro-yectos de integración física interdepar-tamental, porque unirá a los departa-mentos de Cochabamba y Beni, cuyo impacto podría permitir el desarrollo de las comunidades de la región.

Sin embargo, las comunidades del TIPNIS plantean cambiar el trazo de la carretera en su segundo tramo para que no afecte el área natural del TIPNIS, aunque la propuesta incrementará 26 kilómetros más al diseño inicial, lo que significará media hora más de reco-rrido.

El tramo II de la carretera tiene una falla de origen: Sus impulsores incum-plieron el derecho de los indígenas a la consulta previa, establecido por la Constitución Política del Estado (CPE).

El artículo 30, inciso 15 de la Carta Magna establece: “Los indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en parti-cular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afec-tarles. En este marco, se respetará y ga-rantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado de

buena fe y concertada, respecto a la ex-plotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reco-nocido por el Estado boliviano, tam-bién avala el proceso de consulta, que deberá efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias para llegar a un acuerdo o lograr el con-sentimiento de los indígenas.

La no realización de esta consulta derivó en la decisión de los indígenas del TIPNIS y de los demás pueblos de tierras bajas de marchar desde Trinidad hacia La Paz desde el 15 de agosto de 2011. Esta protesta fue conocida como la VIII Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS.

Desde su inicio, la marcha había des-pertado la solidaridad nacional; sin em-bargo, cuando realmente se convirtió en un hecho noticioso internacional fue en septiembre de 2011, cuando se produjo la represión de Chaparina.

Corría el 24 de septiembre. El reloj marcaba las 9.20 AM, cuando el can-ciller David Choquehuanca y los vice-ministros César Navarro y Wilfredo Chávez habían llegado hasta donde se encontraba la marcha de indígenas del TIPNIS en busca de una reunión entre el Gobierno, los marchistas y los colonos que bloqueaban Yucumo para evitar el paso de la manifestación.

En un punto intermedio entre los marchistas del TIPNIS y los colonos blo-queadores se había instalado un cerco

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policial según la versión del gobierno, para evitar un enfrentamiento entre los dos sectores.

Sin embargo, ese cerco policial de Chaparina se rompió debido a que un grupo de mujeres indígenas tomó del brazo al canciller Choquehuanca para obligarlo a marchar. De esa forma, los indígenas lograron avanzar hasta unos 500 metros del puente San Lorenzo.

El día 25 de septiembre, al amanecer, mientras descansaban varios mar-chistas se percataron del tránsito de siete vehículos cargados con policías que ingresaron por la parte posterior del campamento indígena. Aproxima-damente a las 17.20, la Policía inició un operativo de intervención de la marcha. Según los testimonios recogidos, se dis-pararon gases en momentos en que en el campamento las personas se hallaban desprevenidas realizando diversas acti-vidades.

La marcha, que estaba integrada por indígenas de los pueblos mojeños trinitarios, mojeños ignacianos, yura-carés, tsiimane’, itonamas, movimas, canichanas, sirionós, moré, maropas, tacanas, cavineños, chacobos, ayoreos, guaraníes, chiquitanos, araonas, machi-neris, yuquis, quechuas y aymaras, fue intervenida con violencia aquel 25 de septiembre en la comunidad de Chapa-rina.

La acción policial sobre la VIII Marcha Indígena fue considerada como la an-típoda de los derechos humanos y del discurso gubernamental en torno a la construcción del nuevo Estado Plurina-cional. La represión indiscriminada y la inusitada violencia ejercida por los efec-tivos policiales mostraron el grado de crisis que había alcanzado el conflicto social protagonizado por los pueblos indígenas de tierras bajas y el Gobierno Nacional.

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3. Mapa de actores





-Estado:

Gobierno Nacional, Policía, Fiscalía

- Construir la carretera


- Fiscales


- Alta capacidad de movilización de personal de seguridad y de la justicia en la región

- La carretera se construye. No hay diálogo

- Los indígenas se aponen al desarrollo

-Indígenas de la CIDOB y el TIPNIS

- Defensa de su TCO, medio ambiente y sistema de vida

- Denunciar doble discurso del Gobierno

- Están organizados

- Movilización de sus bases

- Dirigentes con experiencia

- Apoyo de parte de la población urbana

- Escasa capacidad económica

- Visión ideológica de defensa de la denominada “Casa Grande”

- Participan hombres, mujeres y niños

- Que se construya la carretera con otro trazo

- No hubo consulta previa

Interculturales - Que se construya la carretera

- Apoyo a la política del Gobierno

- Organizaciones propias

- Apoyo del Gobierno

- Alta, con apoyo de sus sindicatos

- La carretera es necesaria





- Mandato legal

- Alta credibilidad


- Presencia en la crisis del conflicto y después del mismo

- Personal de acompañamiento

- Logística

-Realizó acciones de mediación entre los actores del conflicto

-Denuncia violencia policial contra marchistas


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4.Definición de objetivos y su prioridad desde la Defensoría del Pueblo

La VIII Marcha enarbolaba postu-lados de defensa de la madre tierra, lo-grando el respaldo de la sociedad tanto urbana como rural de todo el país. El re-chazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos por el corazón del TIPNIS cobró dimensiones internacionales y puso en debate las visiones de desarrollo que se sustentan desde los estados en des-medro del medio ambiente, la identidad y la cultura de los pueblos originarios.

Desde el Gobierno, se sostuvo un discurso y una acción de deslegitima-ción del movimiento indígena, al que se acusaba de estar actuando en el terreno político. Al mismo tiempo, las autori-dades insistían en la necesidad de cons-truir la carretera por el TIPNIS con el argumento de que, contrariamente a los marchistas, existen comunidades indí-genas del Parque y poblaciones fuera de él, como los colonizadores, productores de de coca y sectores empresariales de Cochabamba y Beni, que ven la cons-trucción del tramo II como una oportu-nidad para el desarrollo y la integración de ambos departamentos.

Los objetivos de la intervención ins-titucional:

Durante la Marcha, la Defensoría buscó mediar para que las autori-dades nacionales, interculturales y marchistas lleguen a una situación de diálogo.

Evitar enfrentamientos entre indí-genas e interculturales como los su-cedidos en Yucumo.

Persuadir a los interculturales sobre el derecho al libre tránsito de los marchistas.

Procurar apoyo humanitario para los marchistas donde habían mu-jeres embarazadas y niños.

Cumplir con los mandatos señala-dos legalmente para la Defensoría del Pueblo en torno al respeto de los derechos a la vida, a la digni-dad, a la tierra y el territorio, a la seguridad, además de las garantías constitucionales como la libertad, al libre tránsito, a la identidad.


La Defensoría del Pueblo hizo segui-miento desde el inicio de la VIII marcha. Alertó sobre el estado de las mujeres embarazadas y los niños en la medida de protesta. Buscó los canales de diá-logo entre Gobierno y marchistas e hizo un relevamiento de datos y testimonios de la intervención policial. Emitió un informe específico señalando responsa-bilidades.

Desde el inicio de la VIII Marcha, ini-ciada el 15 de agosto de 2011, que parte desde Trinidad rumbo a La Paz, la De-fensoría del Pueblo realizó el acompa-ñamiento permanente a la columna con el objetivo principal de velar por el res-peto de los derechos humanos de todos los involucrados en el conflicto.


147

Así, en el cumplimiento de esta tarea y tomando en cuenta la trayectoria pre-vista de la marcha, se asignó responsa-bilidades a la Representación Depar-tamental de Beni, la Mesa Defensorial Yungas y la Oficina Nacional, compro-metiendo además la participación de las Representaciones Departamentales de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y, en general, el es-fuerzo conjunto de toda la institución. Las acciones estuvieron encabezadas por el propio Defensor del Pueblo.

Al inicio de la VIII Marcha, precau-telando por la seguridad de los niños como grupo de prioritaria atención, la Defensoría del Pueblo realizó una pri-

mera exhortación a los dirigentes indí-genas a velar por la seguridad y salud de los pequeños y mujeres embarazadas que participaban de la protesta.

Paralelamente, en labor preventiva y avizorando la necesidad de acciones urgentes vinculadas a la atención de salud, servicios básicos y seguridad, en resguardo y prevención de posibles vulneraciones a derechos humanos, el 23 de agosto de 2011 remitió una serie de notas a reparticiones estatales y or-ganizaciones de ayuda humanitaria competentes para la atención de las mencionadas necesidades, señala el in-forme de la Defensoría del Pueblo sobre el caso TIPNIS.


148


Hubo intentos de diálogo mientras se desarrollaba la protesta, pero éstos no prosperaban debido que las autori-dades llegaban con el presupuesto de que la carretera por el TIPNIS era irre-visable, aspecto que los indígenas que sostuvieron el conflicto rechazaban completamente.


Luego de 70 días de marcha y un sin número de dificultades, entre las que se cuenta la represión policial del 25 de septiembre, la marcha indígena ingresó a la sede de gobierno arropada por una multitud que le daba su solidaridad y apoyo.

Tras las negociaciones con el presi-dente Evo Morales sugeridas por la De-fensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y muchas otras instituciones, se logró la aprobación de una Ley Corta (Ley Nº 180) que descartó la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS y declaró la intangibilidad del Parque.

El 24 de octubre 2011 se promulgó la Ley Corta (Ley Nº 180), que define al TIPNIS como “un territorio intangible”, inhabilitando la construcción de una carretera. Esta Ley también prohíbe los acuerdos de subsistencia que los indí-genas tenían con empresas madereras que explotaban el territorio, así como la explotación de reptiles y turismo no ecológico, que promovían la pesca.

Paradójicamente y pese a la vigencia de la Ley Corta y el conjunto de normas que sustentan la defensa y protección

del TIPNIS, el gobierno continuó con su campaña orientada a la construc-ción de la polémica carretera, proyec-tando así un escenario de conflictividad mayor, que se agravó por la amenaza cierta de un enfrentamiento entre sec-tores afines al gobierno (colonizadores, productores de coca del Chapare, entre otros) y pueblos indígenas y sociedad civil que defiende el TIPNIS.

Ello anunciaba un conflicto irresuelto.

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9. Uncía: Ni justicia ni comunitaria

1. Definición del conflicto10

Bajo el subtítulo de Caso Uncía, la Defensoría del Pueblo, en el Informe Anual de Referencia, señaló que la re-gión del Norte de Potosí históricamente fue una zona de conflicto. Al principio, las disputa eran entre comunidades in-dígenas dispersas y los colonizadores; posteriormente, entre indígenas y repre-sentantes republicanos; y, finalmente, por conflictos interétnicos causados por la pobreza y límites territoriales que afectan sus identidades culturales y el manejo de su espacio y territorio.

En ese marco de conflictividad entre

10 Defensoría del Pueblo. “Informe de gestión 2010 – 2011”. La Paz.

el mundo indígena originario y el Es-tado, en mayo de 2010 sucedieron los hechos de Uncía, que dieron lugar a la desaparición de cuatro policías, los que habían sido linchados, en un acto que los habitantes del lugar denominaron justicia comunitaria.

El 30 de mayo, la Defensoría del Pueblo se constituyó en el lugar del conflicto para posibilitar el diálogo entre las autoridades originarias y las autoridades estatales, con la finalidad de rescatar a funcionarios policiales de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), quienes ha-bían sido acusados por los comunarios de estar involucrados en la muerte de siete personas, en hechos de extorsión, cobros indebidos y otras exacciones a originarios que estaban en posesión de vehículos indocumentados.

Fuente: INE - Plural Editores


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Ese conjunto de hechos no esclare-cidos, ni investigados, menos aún cas-tigados, fue la causa de la violencia y muerte de estos cuatro funcionarios policiales a manos de los integrantes de esos ayllus, quienes exigieron como re-quisito para la entrega de los cuerpos la previa investigación y esclarecimiento de la muerte de las siete personas mencionadas, prohibiendo además el ingreso a su territorio a toda persona ajena, sea civil o autoridad.

2. Análisis del contexto y del conflicto

El caso Uncía ocurrió en mayo de 2010 y abrió nuevamente el debate acerca de la justicia comunitaria frente a la jus-ticia ordinaria, aunque esencialmente puso en evidencia la ausencia del Es-tado en determinadas regiones rurales del país. La conclusión de la Defensoría del Pueblo señala este extremo, pues sostiene que el caso dejó al descubierto la omisión y la inacción del Estado.

Los ayllus de Uncía justificaron su ac-cionar bajo el argumento de que estaban aplicando justicia comunitaria, empero el informe de la Defensoría sostiene que por las características y la forma en que se sucedieron los hechos se trató de un linchamiento. Quedó establecido, en principio, que esas muertes no respon-dieron a un hecho de justicia comuni-taria, sino más bien a una acción penal que las autoridades del Ministerio Pú-blico tienen en sus manos.

Los sucesos han derivado en situa-ciones diversas y contradictorias. El Fiscal General instruyó a la Fiscalía de Distrito de La Paz la apertura de una

investigación contra el Ministro de Go-bierno y contra tres comandantes poli-ciales por su presunta inacción en los linchamientos. Las investigaciones ini-ciales a cargo de un fiscal y una comi-sión especial han sido bloqueadas por las comunidades campesinas a tal ex-tremo que los investigadores, arrinco-nados en su impotencia, realizaban su trabajo desde Oruro, por falta de con-diciones de seguridad en el municipio donde se produjo la muerte de los po-licías.

La resistencia de los indígenas al in-greso de investigadores ha supuesto un traspié para la justicia ordinaria, ya que plantea uno de los primeros conflictos de jurisdicción y competencia con la justicia comunitaria. Esta situación mo-tivó la preocupación de las autoridades de Gobierno por las connotaciones que se pueden presentar a futuro cuando sectores rurales y comunidades inter-preten la libre determinación y autogo-bierno como la vigencia de sus propias normas.

En el linchamiento de los policías se percibe que hay responsabilidad de las autoridades que, en su momento y apa-rentemente, rehuyeron intervenir, lo que ha dado lugar a la instrucción fiscal para investigar la “inacción” en el asun-to de parte del Ministro y los tres jefes policiales. De esto se desprende que es-tas autoridades podían intervenir opor-tunamente, pero al no haberlo hecho, la Fiscalía considera que incurrieron en los delitos de incumplimiento de debe-res, omisión, encubrimiento y denega-ción de auxilio.


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Si el proceso de investigación de la Fiscalía prospera en un escenario de imparcialidad, se podrá tener cono-cimiento cabal sobre las responsabi-lidades de estas autoridades. Por el momento, el informe del Defensor del Pueblo ha señalado la “ausencia de me-didas preventivas” por parte de las au-toridades de la instancias competentes del Estado.

La Defensoría del Pueblo estableció, además, la débil presencia de las insti-tuciones del Estado. El informe critica también la falta de intervención inme-diata de parte del Fiscal, lo que confi-gura situaciones contradictorias que tienen que arrojar responsabilidades de autoridades del Ejecutivo y del Mi-

nisterio Público. Por otro lado, queda pendiente de investigación el accionar del Estado en esas zonas frente a las bandas de contrabandistas y narcotra-ficantes.

“Ese conjunto de hechos no esclare-cidos, ni investigados, menos aún cas-tigados, fueron la causa de la violencia y muerte de estos cuatro funcionarios policiales, por mano de integrantes de al menos cuatro ayllus de la zona, quienes exigieron como requisito para la entrega de los cuerpos, la previa investigación y esclarecimiento de la muerte de las siete personas mencio-nadas, prohibiendo además el ingreso a su territorio a toda persona ajena”, señala el informe defensorial.

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3. Mapa de actores


Capacidad de mov-ilización


-Estado:

Gobierno Na-cional, Policía boliviana, Fis-calía



- Capacidad coer-citiva del Estado

- Fiscales


- Baja capacidad de movilización de per-sonal de seguridad y de la justicia en la región

- Denunciar la muerte de los policías

- Buscar sanción jurídica a los pro-motores y par-ticipantes de las muertes

- La Fiscalía Gen-eral y Departa-mental realizan labores para el esclarecimiento de los hechos y de los responsables

-Población de los ayllus

- Denunciar el accionar incorrecto de la Policía

- Demostrar el supues-to uso de la justicia co-munitaria

- Apoyo de las bases indígenas

- Alta, con el apoyo de las bases indíge-nas

- Se declaran víc-timas del accionar policial

-Defensor del Pueblo

- Cumplir con su man-dato legal

- Comprobar la viol-ación de los derechos humanos


- Mandato legal

- Alta credibilidad

- Decisión institu-cional para interve-nir en el conflicto

- Presencia durante los días en que las autoridades no podían ingresar

- Personal con re-cursos técnicos para la interpretación de los hechos

- Logística

-La Defensoría del Pueblo realizó ac-ciones inmediatas de mediación ante las autoridades originarias para lograr el rescate de las víctimas

-Señala que hubo negligencia de las autoridades, policías y Fiscalía frente a los hechos

153



El 30 de mayo, la Defensoría del Pueblo se constituyó en el lugar para posibilitar el diálogo entre las autori-dades originarias y estatales, con la fi-nalidad de rescatar los cuerpos de los funcionarios policiales de DIPROVE, supuestamente involucrados en la muerte de siete personas, así como en hechos de extorsión, cobros indebidos y otras exacciones contra originarios de esa zona, por la posesión de vehículos indocumentados.

“Ese conjunto de hechos no esclarecidos, ni investigados, menos aún castigados fueron la causa de la violencia y muerte de estos cuatro funcionarios policiales, por mano de integrantes de al menos cuatro ayllus de la zona, quienes exigieron como requisito para la entrega de los cuerpos, la previa investigación y esclarecimiento de la muerte de las siete personas mencionadas, prohibiendo además el ingreso a su terri-torio a toda persona ajena…”11.

La Defensoría del Pueblo desarrolló una labor de facilitación y mediación en el te-rreno entre las autoridades originarias y los comunarios de los ayllus involucrados, así como con las autoridades del Gobierno Nacional. La Defensoría persistió en la ur-gencia de generar espacios de diálogo y confianza mutua para lograr, en primera instancia, la recuperación de los cuerpos sin vida de los policías, pero además para que las autoridades tanto originarias como del Estado asuman sus responsabilidades con los familiares de las víctimas de los hechos luctuosos.Los objetivos de dicha intervención fueron:

11 Ibíd.

Recuperar los cadáveres de los policías fallecidos

Precautelar el derecho a la vida, la seguridad, el debido proceso y los derechos humanos de la población involucrada en el conflicto

Mediar para que las partes en con-flicto acuerden el cese de las ac-ciones violentas y dialoguen para encontrar soluciones concertadas

Impulsar la participación de otros organismos del Estado y orientar para iniciar el proceso de diálogo entre las partes en conflicto y las au-toridades competentes

Velar para que la operación de res-cate se realice con sujeción a acuer-dos a lograrse con los dirigentes y un compromiso para evitar nuevos actos de violencia directa

Cumplir con los mandatos señala-dos legalmente para la Defensoría del Pueblo


Ante la negativa de los indígenas de los ayllus, la Defensoría del Pueblo no tenía otra alternativa que ingresar a la zona y mediar ante las autoridades originarias para la devolución de los cuerpos de los policías; asimismo, en todo momento intervino buscando la pacificación, para que se respete el de-recho a la vida, a la dignidad, la segu-ridad y la justicia.


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el orden público y exigir el cumpli-miento de las leyes”.

7. Plan de acción

La intervención de oficio de la Defen-soría del Pueblo hizo un seguimiento post conflicto y se ha llegado a cons-tatar que los culpables no han recibido las sanciones legales.

El proceso penal sobre los hechos no ha avanzado sustancialmente, lo que ocasiona la impunidad para los victi-marios.

Posibilitó el diálogo entre los repre-sentantes de la zona con autoridades del Gobierno. Constató la ausencia del Estado y su inacción para evitar la vul-neración flagrante de derechos.


El informe de gestión del Defensor de Pueblo incluye un capítulo específico sobre este tema bajo el subtítulo: “La separación entre los dos Estados como generador de violencia” y plantea, además, la necesidad de comprender el nuevo rol del Estado y la sociedad en la construcción de la plurinacionalidad.

El texto hace un recuento del proceso histórico de las comunidades indígenas del Norte de Potosí, las mismas que se desarrollaron en permanente conflicto primero con la Colonia y luego con la Re-pública, y también entre comunidades y ayllus que se disputaban linderos y te-rritorios. En este choque interétnico está presente -de manera constante- la lucha por la identidad y la cultura.

El 17 de junio de 2010, el Defensor del Pueblo presentó un informe sobre el caso Uncía a la comisión parlamentaria de Derechos Humanos, en el que cali-ficó de preocupante la falta de respuesta de la Policía y la Fiscalía ante el lincha-miento de los policías. “Se estableció una presencia débil de las instituciones del Estado que se agrava por las denun-cias en contra de la Policía por extorsión, cobros indebidos, abusos de autoridad -entre otros- que ponen al descubierto falta de credibilidad institucional de la Policía que por mandato constitucional debe defender a la sociedad, preservar


155

10. La masacre del Porvenir se empantana en la justicia


La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) había convocado a un am-pliado departamental para los días 13 y 14 de septiembre de 2008 en la ciudad de Cobija. El temario consistía en: i) análisis de la problemática social de-partamental, ii) provisión de combus-tible, iii) defensa de recursos naturales y medio ambiente, iv) análisis de dis-tribución de tierras fiscales, v) análisis de la autonomía regional e indígena originaria y campesina. La cita fue con-vocada con un mes de anticipación.

Debido al apoyo de los campesinos al Gobierno Nacional, el temario, sin plantearlo de manera directa, repre-

sentaba una oportunidad para que las organizaciones campesinas del departa-mento y las comunidades, lo conviertan en un escenario de disputa con las au-toridades de la Prefectura de Pando.


Los campesinos de las centrales y sub-centrales de la regional Madre de Dios del departamento de Pando empezaron a salir desde el 7 de septiembre hacia la ciudad de Riberalta, desde donde obli-gatoriamente debían pasar por la pobla-ción de Puerto Rico para llegar a la ciudad de Cobija, debido al diseño de la ruta.En el trayecto, el grupo de campesinos que salió de Puerto Rico se encontró con un promontorio de tierra, el que lograron pasar el punto de bloqueo que se hallaba a aproxi-madamente cuatro kilómetros de Porvenir. A cincuenta metros, pasando el promonto-rio, los agricultores se encuentran con la ex-cavación de una zanja profunda, de aproxi-

El Porvenir, Pando. Fuente: Google Earth

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madamente cinco metros de ancho y tres metros de profundidad. Allí pernoctaron.

Para los autonomistas y, por tanto, contrari-os a los campesinos, los acontecimientos se iniciaron el 10 de septiembre con la apertura de zanjas a la altura de Cachuelita y Tres Barracas con maquinaria del Servicio De-partamental de Caminos (SEDCAM) y el uso de vehículos para el traslado de person-al de la Prefectura, dirigentes cívicos y otras personas. Esta movilización tenía la finali-dad de obstaculizar el paso de los campes-inos hacia el lugar donde debía desarrollarse su ampliado departamental12.

La cronología de los hechos muestra que el 11 de septiembre, entre las 2:30 y 16:00 horas, campesinos y pobladores de Filadel-fia, Porvenir y Cobija se enfrentaron a tiros. El 12 de septiembre, las Fuerzas Armadas retomaron el aeropuerto Aníbal Arab de la ciudad de Cobija que había sido tomado previamente por el movimiento autono-mista. Ahí se produjo un enfrentamiento y murió un pastor evangélico y un soldado, además de registrarse nueve heridos. El Gobierno dictó estado de sitio en todo el Departamento. El 13 de septiembre una de-nominada Marcha por la Paz desafió al es-tado de sitio en Cobija.

El 14 de septiembre, el Fiscal General de la República anunció un proceso por geno-cidio contra el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, además de Miguel Becerra y Abraham Cuéllar.

El 15 de septiembre, 11 personas fueron tra-sladadas a La Paz en calidad de confinados, donde fueron acusados de haber participado

12 Defensoría del Pueblo. “XI Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso Nacional, ges-tión 2008”.

en la masacre de campesinos. El 16 de sep-tiembre, el prefecto Fernández fue tomado preso por el Ejército y enviado a La Paz. Pa-ralelamente se produjo la llegada del Defen-sor del Pueblo, Waldo Albarracín, además de una comisión de fiscales. El 17 de sep-tiembre más de 400 personas cruzaron la frontera hacia Brasil para buscar refugio político en las poblaciones de Brasilia y Epitaciolandia y el 20 de septiembre el Go-bierno posesionó al contralmirante Rafael Bandeira, como prefecto militar de Cobija, en reemplazo de Leopoldo Fernández.

Frente a la gravedad de los acontecimien-tos, el 15 de septiembre los presidentes de los países miembros de la Unión de Na-ciones Sudamericanas (UNASUR), a con-vocatoria de Michelle Bachelet, Presidenta pro tempore de esta institución y también Presidenta de Chile, celebran una reunión de emergencia que brinda pleno respaldo al Gobierno de Bolivia y que crea una co-misión especial para establecer la verdad de los hechos ocurridos en Pando.

La Comisión Especial estuvo encabezada por el jurista Rodolfo Mattarollo (Argen-tina), y formada por Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).

Después de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testi-monios y la opinión de peritos, la Comisión Especial elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que fuer-on puestas en conocimiento, primero de la presidenta Bachelet, y luego del presidente de Bolivia, Evo Morales.

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El informe de la Comisión Especial presentó 10 conclusiones con el siguiente tenor:

La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia ordinaria.

“A la luz de los hechos, la Comisión con-cluye que no se está ante delitos de función y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad per-sonal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza, no pueden ser nunca delitos de función. Se trata de delitos comunes que de-ben ser juzgados por la justicia ordinaria”.

El informe determinó que los sucesos san-grientos del 11 de septiembre en Pando con-cluyeron con una masacre de campesinos que fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad. Tuvo como resultado 19 campesinos muertos, 53 heridos y cerca de 30 desaparecidos. Sin embargo, estos números fueron cuestionados poco tiempo después, cuando se creó una comisión par-lamentaria que finalmente estableció que en los sucesos de Pando han muerto 13 perso-nas, entre ellas, dos funcionarios de la Pre-fectura, un pastor evangélico y un soldado. Los nueve fallecidos restantes eran campes-inos.

En sus conclusiones, la comisión de UN-SAUR afirmó que es necesario superar la impunidad que ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden constitucion-al. “Se trata de erradicar un fenómeno com-plejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la sociedad del apego al derechos y la jus-

ticia, ya que sustituye el respeto a ley, por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio”.

El informe considera que la impunidad es especialmente reprobable cuando, como en este caso, se está ante delitos extremada-mente graves conforme al derecho interno y al derecho internacional.


158

3. Mapa de actores




Estado:

-Gobierno Na-cional



-Capacidad coerciti-va del Estado

- Fiscales



- Alta capacidad de movilización de personal de seguridad y de la justicia

- Denunciar la Masacre ante la co-munidad internac-ional

- Buscar la sanción jurídica a los pro-motores y partici-pantes de la masa-cre

- La Fiscalía Gen-eral realiza labores para el esclare-cimiento de los hechos y de los re-sponsables

-Prefectura del departamento de Pando

- Evitar la realización del ampliado departa-mental campesino

- Mostrarse como víc-tima de las circunstan-cias y los hechos

- Acusar al Gobierno Nacional de organizar los sucesos

- Organización y logística departamen-tal

- Apoyo del comité cívico departamental

- Alta, bajo la for-ma organizativa institucional

- Se declaran ino-centes.

- Esclarecimiento de los hechos reales y justicia para los instigadores.


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Campesinos. - Ninguno en la masa-cre

- Realizar su Ampliado departamental

- Apoyo de las bases campesinas

- Apoyo del Gobierno Nacional

- Alta, con el apoyo de las bases campesinas

- Se declaran vícti-mas de la masacre

- Esclarecimiento de los hechos y sanción para los re-sponsables

Defensor del Pueblo

- Cumplir con su man-dato legal.

- Comprobar la viol-ación de los Derechos Humanos.

- Pronunciarse sobre los hechos.

- Mandato legal.

- Alta credibilidad.

- Decisión institu-cional para intervenir en el conflicto.

- Presencia du-rante los días de los acontecimien-tos.

- Personal con recursos técnicos para la inter-pretación de los hechos.

- Logística.

La Defensoría del Pueblo realizó ac-ciones inmediatas de de mediación entre autoridades locales y nacion-ales para pacificar la ciudad de Cobija y las áreas rurales donde sucedieron los hechos.

4. Definición de objetivos y su prio-ridad desde la Defensoría del Pueblo13

Frente a lo precipitado de los acon-tecimientos, la Defensoría del Pueblo realizó una intervención durante y des-pués del conflicto. Calificó el hecho una flagrante violación a los derechos hu-manos y “un delito de lesa humanidad” porque lo sucedido fue una masacre. Estableció que “la característica de los hechos suscitados el 11 de septiembre en las localidades de Tres Barracas y el Porvenir (…) dan cuenta de la par-ticipación directa de funcionarios y la utilización de recursos materiales de la Prefectura de Pando”.

13 Defensor del Pueblo. XI Informe Anual del De-fensor del Pueblo al Congreso Nacional –gestión 2008.

Señaló que en la oportunidad se evi-denció el uso de armas de fuego no convencionales, frente al estado de in-defensión en que se encontraban los campesinos, con la agravante de la per-secución casa por casa, la cacería de per-sonas en su cruce por el río Tahuamanu y las que escapaban por el monte.

“Ante la magnitud del conflicto y de los hechos suscitados el 11 de sep-tiembre en Porvenir, la Policía Nacional realizó acciones insuficientes sin ex-tremar esfuerzos, omitiendo el cumpli-miento de sus atribuciones y compe-tencias, consagradas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía Nacional; asimismo, en el caso de algunos campesinos que buscaron

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protección y seguridad en sus instala-ciones, se negó a brindarla, lo cual pro-vocó que éstos continúen con la fuga, siendo en muchos casos victimados”.

“Los campesinos retienen a aproxi-madamente seis personas del grupo cívico-prefectural en el trayecto de Tres Barracas – Porvenir, quienes fueron li-berados por mediación de la Policía Nacional. A su vez, un grupo de cam-pesinos, que alcanzan a un número de 15 varones y dos mujeres son retenidos en esta localidad y luego trasladados a dependencias del Comité Cívico en Cobija, por funcionarios de la Prefec-tura de Pando y otros, con la finalidad de incriminarlos con el fallecimiento de personas, donde procedieron a in-ferir una serie de amenazas de muerte, golpearlos, provocarles dolores, sufri-mientos y en finalmente presentarlos a la prensa configurando estos elementos materiales vulneración del derecho a la integridad física, a la dignidad…(…)”.

“Los campesinos son conducidos a la FELCC, donde continúa el hostiga-miento de parte de los grupos cívico – prefecturales, omitiendo en estas circunstancias tanto el Ministerio Pú-blico como el Juez Cautelar su deber de garantizar la seguridad jurídica y la vigencia de los derechos constitucio-nales de los detenidos, al extremo que, en lugar de disponer su libertad inme-diata, son arbitrariamente recluidos en la cárcel de Villa Busch, para aplacar la ira de los agresores”.

5. Identificación y análisis de alterna-tivas

La Defensoría del Pueblo ha reali-zado un seguimiento post conflicto. En su momento intervino buscando la pacificación, que se respete el derecho a la vida, a la dignidad, la seguridad y la justicia. Asimismo, ha señalado que con la dilación en el tratamiento del caso se está vulnerando el derecho al acceso a la justicia oportuna de parte de las víctimas y sus familiares que le-gítimamente siguen reclamando por la sanción a los culpables.


En el marco de sus atribuciones, la Defensoría emitió recomendaciones a las diferentes instancias del Estado para que cumplan y hagan cumplir lo que manda la Constitución y las leyes a fin de preservar los derechos humanos de las personas y garantizar el debido pro-ceso para el esclarecimiento de respon-sabilidades individuales, reconociendo que “la característica de los hechos sus-citados el 11 de septiembre en las loca-lidades de Tres Barracas y el Porvenir (...) dan cuenta de la participación di-recta de funcionarios y la utilización de recursos materiales de la Prefectura de Pando”.

7. Plan de acción

La intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo hizo un se-guimiento post conflicto y llegó a constatar que los culpables no han recibido las sanciones legales.

161


El proceso penal sobre los hechos de septiembre de 2008 en Pando, se desa-rrolla contra el ex prefecto Fernández y otras 25 personas, entre funcionarios de la Prefectura, Servicio Departamental de Caminos y Comité Cívico por los hechos delictivos de terrorismo, homicidio, ase-sinato, lesiones, asociación delictuosa y conspiración. Sin embargo, alrededor de 14 procesados se encuentran rebeldes14.

Esta situación ocasiona una re-vic-timización de los campesinos, a lo que se suma que el Estado no ha ejecutado ningún programa de protección de víc-timas y testigos, ni ha dado apoyo psi-cosocial a los mismos, agravado por las constantes amenazas que sufren los abogados de las víctimas y de las institu-ciones defensoras de derechos humanos.

La lentitud en el proceso y la ausencia de una sentencia ha dejado sin justicia tanto a los campesinos como a los prin-cipales acusados del caso, entre ellos, el ex prefecto del departamento, Leopoldo Fernández. El Poder Judicial no ha se-ñalado aún si es culpable o inocente.

14 Defensoría del Pueblo. Informe de la Gestión 2010 a 2011.


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11. Campesinos son humillados públicamente en condenable acto de racismo

en Sucre


Un repaso de la historia de Sucre da cuenta de que el sentimiento de rac-ismo está enraizado en algunos nive-les de la capital y, en gran medida, ha contribuido a esa situación la masacre de Ayo Ayo, librada en el marco de la guerra federal, en la que fueron ases-inados y mutilados 27 universitarios chuquisaqueños, a manos del ejército del aymara de Pablo Zárate Willka.

Ese acontecimiento traumático ha es-tado presente en la mente de algunos habitantes de Sucre durante más de cien años, luego de que esa ciudad perdiera la sede de los poderes Ejecutivo y Legis-lativo y, por consiguiente, su condición de capital plena de Bolivia.15

Por ese motivo, una parte de la po-blación citadina identifica a los aymaras como los malos bolivianos que dañaron a la patria y, en ese contexto, se produ-jo el más cruel acto de racismo contra campesinos en mayo de 2004, en el mar-co de los debates de la Asamblea Con-stituyente y de la capitalidad plena.

En 2007, cuando la ciudad trataba de

15 Torrico Zas, Martín Gabriel. “Ra-cismo en Sucre: El mito fundante y el peligro de una guerra heredada”. Museo Nacional de Etnografía y Folklore. Tomo II. Pág. 621. 2008

hacer valer su derecho de capital en el marco de la Asamblea Constituyente, se produjeron los enfrentamientos de La Calancha, que dejaron tres sucrenses muertos, entre ellos un universitario.

Esta reactualización contribuyó a de-sencadenar la violencia racial y el afi-anzamiento de una corriente de pen-samiento político que justificó acciones de hecho. Sirvió también para justificar discursos racistas.

Los estudiantes universitarios, que se convirtieron en la vanguardia de este movimiento, lanzaban el siguiente es-tribillo que, como se dijo, es un recuer-do de la guerra federal y que regresa a esta coyuntura como un fantasma:

“Compañeros, ¿qué queremos?

¡Revivir Ayo Ayo!

¿Con quiénes carajo?

¡Con los Ponchos Rojos

¡Carajo!

¿Cuándo? ¡Ahora!

¿Cuándo? ¡Ahora!

¿Cuándo, carajo?

¡Ahora, carajo!

¡La revancha, carajo!


163


Los hechos de Sucre, ocurridos en mayo de 2008 en la plaza principal de la ciudad, son una manifestación de ra-cismo que destapó lógicas coloniales de desprecio al indígena. Esta manifesta-ción de violencia directa, estructural y cultural tuvo su antecedente inmediato en los sucesos de La Calancha de los días 23 y 24 de noviembre de 2007, cuando la Asamblea Constituyente sesionaba en el cuartel de La Glorieta. Entonces, se produjeron fuertes enfrentamientos entre gran parte de la población de la ciudad de Sucre y las fuerzas policiales y militares.

Desde la instalación de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre se generaron pugnas y disputas, tanto dentro de la Asamblea como en las calles, entre partidarios del Gobierno Nacional que postulaban el cambio casi total de la Constitución Política del Estado y opositores que exi-gían la capitalidad plena para Sucre.

La confrontación se fue dando desde

el mismo momento de la instalación de la Asamblea Constituyente. Los en-frentamientos se suscitaron desde que los asambleístas del oficialismo impul-saron su propuesta de Visión de País, en la que se definió a Bolivia como plu-rinacional, dando pleno reconocimiento a los 36 pueblos indígena-originarios.

La oposición, por su lado, mantenía el criterio de que la boliviana es la única nación, lo que marcó una tendencia dis-

cursiva construida en torno a visiones que alimentaron el racismo y el con-cepto del enemigo interno, que en gran medida fue focalizado en los pueblos indígena originarios, representados en la persona del presidente Evo Morales Ayma, perteneciente al pueblo aymara.

En este escenario y en la fase final deliberativa y conclusiva del nuevo texto constitucional, por la presión de la oposición política al interior de la Asamblea y por la presión de parte de la ciudadanía urbana, la Asamblea Constituyente se trasladó al cuartel de La Glorieta, donde fue cercada y hos-tigada, generándose un ambiente de violencia callejera que dejó el saldo de tres muertos y decenas de heridos de diversa consideración, los días 23 y 24 de noviembre de 2008.

Meses después, el 24 de mayo de 2008, en ocasión de celebrarse las fiestas cívicas departamentales, partidarios del Gobierno y de la oposición querían sentar presencia en la ciudad de Sucre como una forma de medir el apoyo con el que contaban. En ese marco, se produjo una manifestación de racismo no visto en el país las últimas décadas. Cerca de medio centenar de campesinos de Chuquisaca que habían llegado a la ciudad para una concentración, fueron humillados y ofendidos en la plaza 25 de Mayo.

Grupos de universitarios y jóvenes partidarios del denominado Comité Interinstitucional, conformado por au-toridades de la Prefectura del Departa-mento, el Gobierno Municipal y de la Universidad de San Francisco Xavier de

164


Chuquisaca, persiguieron, retuvieron por la fuerza, golpearon y humillaron públicamente a indígenas de diferentes provincias de Chuquisaca, por el hecho de estar identificados con las propuestas del partido de gobierno y por su condi-ción indígena.

El racismo afloró con virulencia. Los medios de comunicación televi-sivos y escritos mostraron imágenes de campesinos semidesnudos, de ro-dillas, obligados a besar la bandera de Sucre, a pisar sus banderas y símbolos ancestrales, y a quemar públicamente sus ponchos, que son parte de su ves-timenta tradicional y, por lo mismo, de su identidad indígena. Estos hechos, ge-neraron una indignación generalizada en el resto del país.

Fue la representación de un senti-miento racista de vieja data, alimentado por intereses políticos coyunturales. Las élites regionales manifestaron sus visiones ideológicas, apoyadas por el accionar de una demanda de capita-lidad plena, que comprometió la parti-cipación de la juventud de Sucre.

“Con el triunfo de Evo Morales y la instalación de la Asamblea, la clase media comenzó a resignarse a convivir con los indígenas, pero el cariz de los hechos que llevaron a noviembre re-trasó el estado de las cosas hasta que la agresión del 24 de mayo nos hizo preci-pitar a los humillantes escarmientos de la colonia. Quienes maltrataron a los in-dígenas el 24 de Mayo tienen la misma piel morena, hablan algo de quechua, pero visten diferente. Ese es un axioma del racista: parecerse demasiado al ob-jeto de su odio y, por lo tanto, ensañarse

con el otro para ignorar la parte de sí que le asemeja”16.

En resumen, el conflicto es de carácter estructural, con fuertes manifestaciones racistas representadas por los violentos enfrentamientos en Sucre y en la Glo-rieta entre indígenas y no indígenas, en el marco de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente y el debate de la capitalidad plena en noviembre de 2007, además de los vejámenes y la humillación pública a campesinos en la plaza principal el 24 mayo de 2008.

Un hecho significativo que permite medir el grado de violencia al que se llegó durante el conflicto fue el repliegue policial de la ciudad de Sucre hacia Po-tosí, por disposición del Comando De-partamental, con el argumento que “no contaba con las garantías necesarias” para el cumplimiento de sus funciones señaladas por el artículo 215 de la Cons-titución Política del Estado vigente en la época.

16 Brie, César. “Sucre, capital del ra-cismo” Video y nota de prensa. 2008.

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3. Mapa de actores



Capacidad de movili-zación

Posición frente al con-flicto

Estado:

-Gobierno Na-cional

- Impulsar una nueva Constitución Política del Estado que reconoce el carácter plurina-cional del Estado y de los 36 pueblos indígena-originar-ios

- Dar viabilidad a su presencia políti-ca en la ciudad de Sucre

- Mayoría en la Asamblea Constituy-ente


- Fiscales



- Alta capaci-dad de ar-ticular la par-ticipación de indígenas

- Fiscalía, policías y Fuerzas Ar-madas

- Representar su posición en sentido de proponer y apro-bar una nueva Constitución Política del estado

- Denunciar actitudes rac-istas en el Comité Interin-stitucional

- Buscar la sanción jurídica a los promotores y partici-pantes de los actos de rac-ismo contra los indígenas

- La Fiscalía General real-izó labores para el esclare-cimiento de los hechos y de los responsables


166





-Indígenas - Manifestar su apoyo a las pro-puestas de cam-bios constitu-cionales

- Dar viabili-dad a su presen-cia como actor político nacional

- Acusar al Comité Inter-institucional de promover las manifestaciones y los actos rac-istas

- Organización na-cional, departa-mental municipal y comunal con pres-encia de hombres y mujeres

- Apoyo del Gobi-erno Nacional

- Líderes con alta capacidad de repre-sentación

- Apoyo mayoritario de la población civil nacional

- Alta, en el marco de la c a p a c i d a d organizativa de sindicatos en todas las comunidades del departa-mento

- Denuncian que fueron discriminados y humil-lados

- Piden el esclarecimien-to de los hechos y justicia por la violación de sus derechos

- Atención del Estado a sus demandas de recono-cimiento de sus derechos violentados

-Comité In-t e r i n s t i t u -cional

-Manifestar el control territorial sobre la ciudad de Sucre

- R e p r e s e n t a r su propuesta de capitalidad plena

- Oposición a las propuestas de Visión de País del partido de gobierno

-Instituciones lo-cales con partici-pación de jóvenes

- Apoyo nacional de las fuerzas políticas opositoras al Gobi-erno Nacional

- Alta, con el apoyo de jóvenes uni-vers i t a r ios y parte de la población urbana

- Defensa de la ciudad

- Se manipuló a la Asamblea Constituyente

- No hubo agresiones, sino actos de defensa y desagravio


167






-Cumplir con su mandato legal

- Comprobar la violación de los derechos hu-manos


- Mandato legal

- Alta credibilidad

- Decisión institu-cional para interve-nir en el conflicto

- Técnicos que op-eran y conocen la región

- Presencia en la ciudad

- Personal con recursos técnicos para la interpre-tación de los hechos

- Logística

-La Defensoría del Pueblo realizó acciones de mediación entre au-toridades locales y na-cionales para pacificar la ciudad

168



Respecto a los acontecimientos ocu-rridos en noviembre de 2007, la Defen-soría del Pueblo publicó un detallado informe en el que describió de manera puntual las acciones institucionales que se llevaron adelante para precautelar los derechos humanos, como la vida, la dignidad, la justicia y la seguridad de las personas afectadas por los su-cesos violentos y la discriminación en el marco de su mandato constitucional.

5. Identificación y análisis de alter-

nativas

La coyuntura política movida por contradicciones irreductibles e intereses políticos que expresaban visiones dife-rentes de país, señala el punto alto de un proceso conflictivo.

En una situación de convulsión con en-frentamientos focalizados en los lugares donde se hospedaban los indígenas y en la plaza principal de Sucre, la Defen-soría del Pueblo desarrolló las primeras acciones de mediación y facilitación que recomendaba la situación, con el objetivo de pacificar la zona y liberar a los indígenas de las humillaciones a las que estaban siendo sometidos en un escenario donde la Policía Boliviana se había replegado. Logrados los prime-ros objetivos, se buscó asistencia para los afectados y se procuró su seguridad.


La institución pudo verificar la vio-lación sistemática de los derechos hu-manos de la población, múltiples actos

de discriminación y racismo contra indígenas. En el marco de la Ley Nº 1818 se hicieron recomendaciones y exhortaciones a las autoridades esta-tales para que preserven los derechos elementales de las personas y cumplan con sus funciones de acuerdo a ley.

7. Plan de acción

La intervención de oficio de la De-fensoría del Pueblo permitió un segui-miento post conflicto, en el que se llegó a constatar que los culpables no reci-bieron las sanciones legales, aunque la justicia de Chuquisaca inició el juicio oral, público y contradictorio contra el ex presidente del Comité Interinstitu-cional y ex rector de la Universidad San Francisco Xavier, Jaime Barrón; la ex prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuellar; el ex presidente del Comité Cívico, John Caba; la ex alcaldesa Aydeé Nava; el ex presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera, la ex asambleísta Epifanía Terrazas; y el ex ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Antonio Ríos, entre otros, por la vejación y humillación a indígenas y campesinos, por los delitos de torturas, privación de libertad, sedición e insti-gación pública a delinquir y otros17. En este caso, no se ejecutaron programas de protección y apoyo psicosocial a las víctimas por los abusos sufridos, tam-poco hubo defensa técnica para que se constituyan en parte procesal.

17 Defensoría del Pueblo. Informe de la Gestión 2010 a 2011.

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12. Laimes y Qaqachacas: enfrentamiento de ayllus de

Oruro y Potosí


La colonia convirtió a la región de Potosí en un espacio privilegiado para la explotación de minerales, principal-mente plata. Las actividades produc-tivas y la fuerza de trabajo agropecuario tradicional se reorientaron para servir a la explotación minera despreciando la producción de alimentos para la sub-sistencia de la población de las comuni-dades y ayllus. Por esa razón no se pro-dujo un desarrollo armónico del aparato productivo y del mercado interno y, en vez de ello, surgieron sectores de la eco-nomía vinculados al mercado mundial, donde la producción capitalista era la dominante y los sectores de la produc-ción pre-capitalistas fueron subsumidos a este sistema.

Esta realidad se mantuvo durante toda la colonia y, durante la república, tampoco se registraron mayores cam-bios en la región del Sur de Oruro y Norte de Potosí. Los pueblos origina-rios mantuvieron formas productivas de subsistencia en tierras no aptas para el cultivo.

El proyecto de construir un Estado-nación, vitalizado desde 1952, pese a la Reforma Agraria, no provocó modi-ficaciones en el área. El abandono y la ausencia del Estado siempre fueron una constante en las comunidades, aunque no fue así en los centros mineros, que se

beneficiaron de caminos, ferrocarriles, policía, electricidad, escuelas y, última-mente, de universidad.

En esta región se encuentran territo-rios que originalmente pertenecían a asentamientos aymaras (señorío Qara-qara), que nunca fueron sometidos por los quechuas ni los españoles. En algún momento de la historia, las comuni-dades quechuas Laimes y Jucumanis se asentaron en la zona, lo que dio inicio a una larga historia de rivalidad con la comunidad aymara de los Qaqachacas, que históricamente estaban asentados en la región.

El conflicto inter étnico durante mu-chos años fue canalizado bajo la forma del tinku, ritual que cada año deriva en la muerte de algunos indígenas en combate. Aymaras y quechuas prac-tican desde siempre este combate ritual; sin embargo, ningún investigador ha dado cuenta de que tenga la finalidad el saldar cuentas entre comunidades rivales. El combate del tinku otorga la victoria simbólicamente a uno de los bandos, sin que ello signifique la usur-pación de territorio, la matanza fuera del momento del rito o la usurpación de bienes y ganado.


En las cinco últimas décadas del siglo XX, los enfrentamientos entre los ayllus Laimes, Purakas, Jucumanis y Qaqa-chacas no tuvieron un carácter ritual; sino que su común denominador fue la disputa por tierras y agua en un con-texto físico natural de extrema pobreza.


170

De ahí que las causas de la denominada guerra entre ayllus se centran en la de-limitación y los linderos de las comuni-dades, asociada con el robo de ganado con el argumento de que los animales estropean los cultivos y/o se comen los productos. En el fondo, la causa del con-flicto es la extrema pobreza representada gráficamente en la escasez de alimentos.

Pocos meses antes de finalizar el año 1999, de manera inédita, los ayllus en conflicto se unieron, organizaron un bloqueo de caminos pidiendo la in-tervención del Estado para solucionar los problemas de linderos existentes entre ellos. El pedido no fue atendido. En diciembre del mismo año, ante las constantes denuncias de violencia en la zona, la respuesta del Estado con-sistió en enviar contingentes militares que ingresaron por ambos lados de la zona en conflicto. Fueron dos regi-mientos con soldados mal equipados.

A principios de enero del año 2000, otro bloqueo de caminos movilizó a las autoridades. El pedido de los indí-genas era el mismo y, para calmar los ánimos, un convenio puso fin al con-flicto, al menos de manera aparente. Sin embargo, la noche del 22 de enero, los Qaqachacas lanzaron un ataque a los Laimes, esta vez armados de fusiles FAL y viejos Máuser. Como muchas otras veces, la comunidad Laime de Sora Sora fue atacada por los Qaqachacas y convertida en un campo de batalla.

Los medios de comunicación dieron uenta de 16 muertos y siete heridos en la comunidad Laime de Sora Sora, y no reportaron que los Laimes también ata-

caron el poblado Qaqachaca de Viluyo, quemando todas las casas y matando a un comunario. Las acciones cesaron el 25 de enero con un saldo de 31 muertos de ambos lados.

La vieja rivalidad de Laimes (Potosí) y Qaqachacas (Oruro) se tornó aguda puesto que, desde el 22 de enero hasta el 8 de julio de 2000, se registraron 40 ata-ques y contra ataques armados que pro-vocaron un total de 60 víctimas fatales y cerca de 100 heridos. Entre las secuelas familiares se cuentan mujeres viudas y niñas y niños huérfanos; además de de-cenas de casas destruidas por incendios provocados y ganado sacrificado para hacer daño al contrario.

El contexto muestra que la guerra entre Laimes-Purakas, Jukumanis y Qaqachacas tuvo múltiples causas y antecedentes históricos de larga data. Entre otras existe la práctica de la Ch`axwa1, que hace parte de la dimen-sión guerrera destinada a aniquilar al adversario mediante instrumentos y métodos ancestrales y modernos. Este hecho constituyó un elemento del ac-erbo histórico guerrero para el reinicio de la violencia directa.

El entonces Ministro de Justicia, Juan Antonio Chahín Lupo, resumió algunos factores causales y las condiciones vi-gentes en la zona. “Es el Estado quien los abandonó. Se los olvido como se olvida a los marginados. Es el Estado quien in-cumple sus promesas de atención a los graves conflictos socioeconómicos, cul-turales, educativos, y un largo etcétera de necesidades pendientes”18, señaló.

18 Ibídem.


171

3. Mapa de actores





-Gobierno Na-cional

- Evitar el enfren-tamiento (muertos y heridos) entre pobladores de las comunidades y los ayllus

- Demostrar presen-cia en la región

- Capacidad coer-citiva del Estado

- Fuerzas mili-tares y policiales

- Alta capacidad con efectivos mili-tares asentados en la región, en la locali-dad de Challapata

- Escaso conocimiento de las raíces históricas del conflicto y su evolu-ción

- Escaso manejo de las culturas y cosmovi-siones indígenas

- Accionar voluntarista con privilegio de fuerza disuasiva

Ayllus Laymes-Purakas

Vs Jukumanis- Qaqachacas

- Imponerse so-bre sus adversarios históricos

- Llamar la atención sobre sus demandas

- Conocimiento de la región

- Conocimiento del potencial de los adversarios

- Escaso arma-mento antiguo y moderno

- Líderes con ca-pacidad de toma de decisiones en terreno

- Comunarios dis-puestos a luchar

- Alta, bajo la forma de montoneras

Cada bando reclama:

- La justicia en su posición

- Justicia para sus muer-tos y heridos

- Atención del Estado a sus demandas de delim-itación de linderos

- Reposición de gana-dos y bienes destruidos


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D e f e n s o r í a del Pueblo

- Cumplir con su mandato constitu-cional y legal

- Pacificar la región

- Implementar prácticas para una Cultura de Paz

- Comprobar en terreno la viol-ación de los Dere-chos Humanos

- Pronunciarse so-bre los hechos

- Mandato con-stitucional y legal

- Decisión in-stitucional para mediar en el conflicto

- Técnicos que operan y cono-cen la región y a los actores del conflicto

- Capacidad y condiciones para acceder a la región

- Personal con re-cursos técnicos para la mediación

- Logística indis-pensable

La Defensoría del Pueblo define inter-venir en la región, una vez que se com-prueba que:

- Hubo enfrentamien-to entre comunarios de los ayllus Laymes-purakas con los Juku-manis y Qaqachacas en el límite depar-tamental del Norte de Potosí y Sur de Oruro, por disputa de tierras y falta de linderos delimitados y aceptados por las partes

- Se vulneró el dere-cho a la vida, la propiedad privada y colectiva, a la segu-ridad, a la tierra y al territorio


173


Según el análisis de las autoridades de la Defensoría del Pueblo y del equipo técnico de campo, en una pri-mera aproximación al conflicto se es-tableció que no existe presencia del Es-tado en las comunidades de los ayllus, mientras que en las regiones circun-dantes su presencia es débil. Además, no se contaba con los elementos de juicio necesarios para realizar una in-tervención a profundidad, razón por la que promovió “un coloquio interno con la participación de profesionales especialistas en la materia a fin de que el Defensor del Pueblo pueda contar con los mayores elementos de juicio para definir acciones defensoriales”19.

En la misma dirección, en coordina-ción con Radio Pio XII, impulsó la rea-lización de “un taller en la ciudad de La Paz, donde se reunió a las organiza-ciones de las comunidades en conflicto buscando establecer una estrategia para la pacificación de la región, en coordi-nación con los ayllus y Radio Pío XII”20.

Fue una experiencia necesaria en la ac-ción defensorial de los primeros meses de 2000, la misma que demostró que el abordaje de conflictos donde inter-vienen actores sociales que tienen una cultura e identidad propia, exige una mi-rada multidisciplinaria desde el Estado.

19 Defensoría del Pueblo. Informe Anual al Congreso Nacional. 1ro de abril 2000 - 31 de marzo de 2001.

20 Ibíd. Pág. 105.

Los objetivos se centraron en:

Precautelar el derecho a la vida y los derechos humanos de la población afectada.

Establecer el grado de vulneración de los derechos humanos y las leyes nacionales durante la fase de crisis del conflicto.

Restablecer las condiciones para la vigencia plena de los derechos constitucionales y el respeto de los derechos humanos entre la po-blación afectada.

Puntualizar y recordar las obliga-ciones que tienen los diversos po-deres del Estado para preservar la paz y promover el desarrollo.

Evitar que se genere más violencia entre las comunidades de los ayllus y en la región.

Cumplir con los mandatos señala-dos legalmente para la Defensoría del Pueblo.


Convocar a las partes en disputa y a los organismos del Estado rela-cionados con el conflicto para esta-blecer canales de diálogo y lograr un clima de pacificación.

Verificar en campo las acciones de sectores en conflicto y las acciones de los organismos del Estado.

Identificar las vulneraciones a los

174


derechos constitucionales y los derechos humanos, en concordan-cia con las normas legales vigentes.

Acudir a la autoridad competente para que intervenga, restablezca la vigencia de derechos constitucion-ales y proponga acciones para enca-rar las causas del conflicto.

Asumir tareas concretas para avan-zar en la construcción de una cultu-ra de paz.


Estaba previsto que el camino a la pacificación no sería fácil, debido a que en los enfrentamientos hubo mo-mentos dramáticos por los niveles de violencia que costaron vidas humanas, destrucción de viviendas y matanza in-discriminada de ganado de uno y otro bando durante más de un siglo. Bajo este criterio se tomaron las siguientes decisiones:

Hacer seguimiento al acta de en-tendimiento de cinco puntos, su-scrita en La Paz el 28 de febrero de 2000, por el Ministerio de Gobierno, la Brigada Parlamentaria de Oruro, los prefectos de Potosí y Oruro, el Director del INRA y el Comandan-te del Instituto Geográfico Militar, además de monitorear el convenio de pacificación entre comunidades originarias de los departamentos de Potosí y Oruro (10 puntos) firmado en La Paz el 17 de marzo de 2000.

Realizar un seminario entre el 29 y

30 de marzo, llevado a cabo en la localidad de Challapata, donde par-ticiparon el personal de la Defen-soría del Pueblo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, téc-nicos del Instituto Geográfico Mili-tar (IGM), del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Oruro), Vice-ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios y autoridades originarias de los ayllus Challapata, Norte Condo, K’ulta y Qaqachaca, además de los comunarios de base de los ayllus.

Identificar como una prioridad el saneamiento de tierras, la construc-ción de viviendas quemadas, la creación de proyectos de promoción para las mujeres campesinas de los ayllus y la capacitación y formación de los habitantes de las comuni-dades, así como construir centros de salud y fomento al fortalecimien-to municipal, en cuyo contexto se firmó el convenio de cooperación interinstitucional para la recon-strucción de 416 viviendas quema-das y destruidas, suscrito en Oruro el 9 de mayo de 2000, por el Prefecto del Departamento de Oruro, el Al-calde de Challapata y el Director Regional del Proyecto de Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD).

En calidad de veedores dar testimonio de los compromisos asumidos y suscri-tos por las autoridades del Poder Ejecu-tivo para la delimitación territorial de los ayllus con la intervención del IGM y representantes de las comunidades in-teresadas.

175


7. Plan de acción

Luego de los acuerdos de pacifica-ción, la Defensoría del Pueblo, a través de la mesa Defensorial de Llallagua/Challapata, hizo seguimiento de los compromisos asumidos y gestiones ante las autoridades y organismos gu-bernamentales a solicitud de las comu-nidades originarias de la región.

En esta línea, el III Informe al Con-greso Nacional señala que, de manera permanente, las comunidades origina-rias de los pueblos en conflicto hicieron conocer su reclamo por la falta de cum-plimiento por parte del Estado de los acuerdos alcanzados.

El seguimiento continúa está en eje-cución el denominado Plan de Desa-rrollo de los Ayllus en Paz.

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Lista de los acrónimos

ABC Administradora Boliviana de CarreterasADN Ácido Desoxi RibonucleicoALCA Área de Libre Comercio de las AméricasAPROCOCA Asociación Provincial de Productores de la Hoja de CocaCCB Confederación de Colonizadores de BoliviaCEDIB Centro de Documentación e Información de BoliviaCIDOB Confederación Indígena del Oriente BolivianoCOB Central Obrera BolivianaCOD Central Obrera DepartamentalCOMIBOL Corporación Minera de BoliviaCONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del QullasuyoCONISUR Consejo Indígena del SurCOR EL ALTO Central Obrera Regional El AltoCPE Constitución Política del EstadoCPEMB Central de Pueblos Étnicos Mojeños del BeniCPIB Consejo de Pueblos Indígenas del BeniCSTMB Confederación Sindical de Mineros de BoliviaCSUTCB Central Única de Trabajadores Campesinos de BoliviaDIPROVE Dirección de Prevención de Robo de VehículosDP Defensoría del PuebloDRIPAD Dirección del Proyecto de Desarrollo Rural Integrado y Par-

ticipativo en Aéreas DeprimidasFAICIC Federación de Comunidades Interculturales de CaranaviFAOI- NP Federación de Ayllus Originarios Indígenas de Norte PotosíFAPCICAR Federación Agraria Provincial Campesina Intercultural de

CaranaviFAPPCCA Federación Agraria Provincial de Colonizadores de CaranaviFDTCLP-TK Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de

La Paz- Tupac KatariFE- CAFEB Federación de Caficultores Exportadores de BoliviaFEJUVECAR Federación de Juntas Vecinales de CaranaviFEJUVEs Federación de Juntas VecinalesFELCC Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen

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FENCOMIN Federación Nacional de Cooperativas MinerasF E R O C O M I -NORPO

Federación de Cooperativas Mineras de Norte Potosí

FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades y AmenazasFSTMB Federación Sindical de Trabajadores Mineros de BoliviaFSTMB Federación Sindical de Trabajadores Mineros de BoliviaFSUMTOCA-NP Federación Sindical Única de Mujeres Trabajadoras Origi-

narias Campesinas de Norte PotosíFSUTC-NP Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de

Norte PotosíFSUTCP Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de

PandoFTC Fuerza de Tarea ConjuntaFUL Federación Universitaria LocalGLC Gas Licuado de PetróleoGTZ Agencia Alemana de Cooperación TécnicaIGM Instituto Geográfico MilitarINRA Instituto Nacional de Reforma AgrariaMDY Mesa Defensorial de los YungasMST Movimiento Sin TierraOECAs Organizaciones Económicas CampesinasONGs Organizaciones no GubernamentalesOTB Organización Territorial de BasePNUD Proyecto de Naciones Unidas para el DesarrolloSEDCAM Servicio Departamental de CaminosSICS Sistema de Información de Conflictos SocialesSIG Sistema Informático GeoreferencialSIPRECOS Sistema de Prevención de ConflictosSMTMH Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de HuanuniTCO Tierra Comunitaria de OrigenTESA Técnico Económico Social y AmbientalTIPNIS Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro SécureTSE Tribunal Supremo ElectoralUNASUR Unión de Naciones SudamericanasUPEA Universidad Pública de El Alto

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Gráficos

Grafico 1 Cual cree que es el principal conflicto que afecta su municipioGrafico 2 Como usted calificaría la situación económica de los habitantes del mu-nicipio Grafico 3 Quienes son los responsables de los conflictos Grafico 4 De estas instituciones Cual cree que genera mayor conflictividad Grafico 5 Cuales han sido los tres conflictos más importantes Grafico 6 Cual cree que son las causas para que existan estos conflictos Grafico 7 En qué medida creen que los conflictos afectan al desarrollo económico Grafico 8 Ud. cree que los lideres deberían abandonar posiciones rígidas, ceder o ponerse de acuerdo a través del dialogo Grafico 9 Cual es su actividad Grafico 10 Cual cree que es el principal conflicto en la zona Gráfico 11 Como calificaría Ud. la situación económica de los habitantes del lugar Grafico 12 Quien tiene la solución para resolver el conflicto Grafico 13 Ud. cree que los lideres deberían dialogar y ceder, o ser rígidos en su posición Grafico 14 Cual cree que es la situación de Mallku Khota Grafico 15 Ud. cree que los niveles de violencia podrían resurgir Grafico 16 Mapa de Caranavi Grafico 17 Mapa de Copacabana – TiquinaGrafico 18 Mapa de Colquiri Grafico 19 Mapa Mallku Khota Grafico 20 Mapa TIPNIS Grafico 21 Mapa Uncía Grafico 22 Mapa Pando – Porvenir


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Tablas

Cuadro 1 Procesos de Intervención de la Defensoría del Pueblo en Conflictos Cuadro 2 Metodología de Sistematización de intervención en conflictosCuadro 3 Análisis FODA –Caranavi Cuadro 4 Mapa e la Conflictividad- Caranavi Cuadro 4 Análisis FODA- Llallagua Cuadro 5 Mapa de la Conflictividad – Llallagua Cuadro 6 Mapa Actores – Conflicto Apolo Cuadro 7 Mapa de Actores- Conflicto Palmasola Cuadro 8 Mapa de Actores – Conflicto Caranavi Cuadro 9 Mapa de Actores – Conflicto Caranavi Cítricos Cuadro 10 Mapa de Actores- Conflicto Copacabana Cuadro 11 Mapa de Actores – Conflicto Colquiri Cuadro 12 Mapa de Actores – Conflicto Mallku Khota Cuadro 13 Mapa de Actores- Conflicto TIPNIS Cuadro 14 Mapa de Actores- Conflicto Uncía Cuadro 15 Mapa de Actores – Conflicto Pando- Porvenir Cuadro 16 Mapa de Actores- Conflicto Humillación Chuquisaca Cuadro 17 Mapa de Actores- Conflicto Laymes y Qaqachacas

Los conflictos, las secuelas de la violencia que ello conlleva, los desencuentros que provoca entrehermanas y hermanos de un mismo pueblo o de una misma familia, han sido y son preocupacionespermanentes de la Defensoría del Pueblo. El Conflicto, cuando genera violencia puede llevar a la vulneración de los derechos humanos, y la defensa y la vigencia de éstos corresponde a la institución, tal como lo establece la Constitución Política del Estado, pero además se lo hace por convicción deque todos los problemas se pueden resolver a través de la concertación y el diálogo, como se loplantea en el presente libro.plantea en el presente libro.

La edición de este documento ha sido posible gracias a la cooperación del Reino Unido a travésdel proyecto “Post Conflicto y Cultura de Paz que se han implementado en Caranavi y Mallku Khota”.Una parte del texto muestra percepciones de la población acerca de los conflictos, especialmente enla disputa por los recursos naturales, así como experiencias en la conformación de mesasinterinstitucionales de prevención de conflictos e implementación de talleres en colegios en los quese plantean caminos para la construcción de una cultura de paz.

El Arte de Manejar Conflictos

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