Discurso Certificados de Eleccion
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Su Excelencia
Licenciado Danilo Medina SánchezPresidente Electo de la República
Honorable señora
Doctora Margarita María Cedeño Lizardo Vicepresidenta Electa de la República
Distinguida licenciada Cándida Montilla de MedinaEsposa del Presidente Electo y Primera Dama para el cuatrienio
constitucional 2012-2016
Honorable licenciada Cristina Lizardo Mézquita Presidenta del Senado de la República y de la Asamblea Nacional
Honorable doctor Abel MartínezPresidente de la Cámara de Diputados y Vicepresidente de la Asamblea
Nacional
Honorable doctor Mariano Germán Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia
y demás miembros que la conforman
Honorable doctor Milton Ray GuevaraMagistrado Presidente del Tribunal Constitucional,
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y demás Miembros que lo conforman
Honorable doctor Mariano A. Rodríguez RijoMagistrado Presidente del Tribunal Superior Electoral,
y demás Miembros que lo conforman
Honorables Miembros Titulares de la Junta Central Electoral
Doctor José Ángel Aquino Rodríguez Licenciado Eddy de Jesús Olivares OrtegaDoctora Rosario Graciano de los SantosDoctor César Francisco Féliz Féliz
Honorable doctora Licelotte Marte de Barrios Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República
y demás Miembros que la conforman
Honorables Embajadores y Jefes de Delegaciones Diplomáticas
Representantes de organismos internacionales
Ministros y funcionarios civiles y militares
Rectores de Universidades y personalidades del ámbito académico y de la sociedad civil
Directores y representantes de medios de comunicación
Dignidades Eclesiásticas
Distinguidas personalidades que nos acompañan
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Señoras y señores:
Nos encontramos reunidos en este augusto salón, para dar cumplimiento al
artículo 165 de la Ley Electoral, que atribuye a nuestra Institución emitir:
“CERTIFICADOS DE ELECCION. A todo candidato a un cargo
electivo que hubiere resultado elegido de acuerdo con las normas
establecidas por la presente ley le será expedido el
correspondiente certificado de su elección por la junta electoral, si
se trata de cargo de elección municipal, y por la Junta Central
Electoral, cuando se trate de cargos de elección nacional de los
senadores y diputados”
En igual sentido, en el artículo 166 se consigna la responsabilidad del órgano
de administración electoral, de emitir certificado de elección, para ser
remitido un duplicado, mediante instancia a la presidenta del Senado, en
calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, quien debe proceder, en el
caso de estas dos dignidades, es decir, Presidente y Vicepresidenta de la
República, para que se realicen la proclamación correspondiente.
De su parte, el artículo 167, pone a cargo de los organismos que expiden los
certificados de la elección, la proclamación de los demás funcionarios: los
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municipales, por la Junta Electoral de su demarcación, y los congresuales,
por la Junta Central Electoral.
Como de costumbre, estamos realizando un evento solemne, para cumplir
con esta doble función. La primera, entrega de certificados y proclamación de
ganadores al Congreso, que estamos concluyendo en este momento;
mientras que, en esta segunda parte que iniciamos, entregaremos los
certificados de elección a la fórmula presidencial ganadora.
Como sabemos, “las y los senadores y diputados no están ligados por
mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de
representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir
cuentas”.1 Es decir, si bien es cierto que son postulados por los partidos
políticos, y más aún resultan electos en su boleta, no pueden ser removidos
por un interés partidario, aún de quien los postuló, a menos que su propio
órgano, por una de las causales establecidas por la Ley, inicie el
procedimiento correspondiente. Sobre el particular, abundan ejemplos que
dan cuenta de la fortaleza de este principio de inamovilidad y de inmunidad
parlamentaria.
Este sentido de pertenencia explica por qué razones, la Ley Electoral
establece que los certificados de elección:1 Artículo 77 numeral 4 de la Constitución
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“Serán entregados personalmente y mediante recibo por el
secretario correspondiente al organismo que lo certifica o serán
remitidos por carta certificada”.2
En esta ocasión, por mandato constitucional, contenido en sus disposiciones
transitorias decimosegunda, decimotercera y decimocuarta, fueron
convocadas de manera excepcional, para el tercer domingo de mayo, las
asambleas electorales, para que se reunieran y funcionaran los colegios,
para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los
representantes legislativos y a las autoridades municipales, en total a 4 mil
106 cargos; para aspirar a los mismos, los partidos políticos reconocidos, 26
en total, y 8 movimientos municipales, postularon 24 mil 445 ciudadanos y
ciudadanas, que fueron admitidos y admitidas como tales por la Junta
Central Electoral. Al efecto, fueron convocados y convocadas 6 millones 765
mil 245 electores y electoras, hábiles para el ejercicio del sufragio, en los 15
mil 339 colegios habilitados a nivel nacional, y 731 colegios en el exterior.
Adelantamos que a la fecha no hemos recibido reportes de que un colegio
haya sido impugnado, o se haya desaparecido.
Es de consenso generalizado que esta elección, por su carácter excepcional,
es la más compleja, no solo por la cantidad de cargos en disputas y
2 Artículo 165 de la Ley Electoral 275-97
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candidatos inscritos, sino porque en la misma repetimos un modelo de
elección, que al margen de su pertinencia, desde que se diseñó en nuestra
legislación, introdujo desgarradoras distorsiones en todo el sistema electoral,
que es el del voto preferencial. Si recordamos, este pecado original, en cada
uno de los procesos que hemos tenido de voto preferencial, ha afectado
todas las elecciones.
Precisamente, por esta complejidad, se vaticinaron que se producirían miles
de impugnaciones, apelaciones, y otros recursos, como consecuencia,
básicamente, de las dificultades propias del voto preferencial, así como de la
gran cantidad de alianzas cruzadas entre los partidos, unas veces aliados en
lo presidencial, otras veces enfrentados en lo municipal, o en lo congresual.
En total, más de 60 tipos de pactos y acuerdos, que dieron lugar a 8 fórmulas
presidenciales, que a su vez representaban dos bloques de alianza o
coaliciones, y 6 propuestas presidenciales de partidos, que participaron sin
alianzas en ese nivel.
A pesar de todo esto, en la etapa post-electoral, en términos relativos, la
cantidad de acciones legales introducidas contra el proceso, fue menor que
en el año 2010; y en el tiempo para su conocimiento y fallo, también lo fue.
Las estadísticas suministradas por el Tribunal Superior Electoral, al día de
ayer, dan cuenta de haber emitido 297 sentencias, introducidas por todos los
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partidos, siendo la de mayor cantidad, obviamente, las de las dos alianzas o
coaliciones.
Según certificación emitida por esta alta corte, más de 200 de esas
demandas tenían por objeto solicitud de conteo manual, revisión de votos
nulos y observados, revisión o reconteo de votos. Para solo citar un ejemplo,
el acto de entrega de certificados en las elecciones del 2010, se realizó el 10
de julio de ese año. En esta ocasión lo estamos celebrando el 07 de julio. En
el caso del 2006, las complejidades y dificultades que ocasionó el voto
preferencial, se extendieron por casi todo el período de transición, y todavía
al mes de agosto teníamos recursos por fallar. Es evidente que hay una
anormalidad sistémica que ha afectado todas estas elecciones. Es oportuno
el momento, para reconocer el esfuerzo, sacrificio y buena labor del Tribunal
Superior Electoral en esta materia, en esta ocasión.
En el contexto descrito, acudió a votar una cantidad superior al 70% en el
territorio nacional, y aproximadamente el 50% en el exterior, registrando 4
millones, 708 mil 746 votos emitidos, de los cuales una alianza de partidos
obtuvo 2 millones, 847 mil 414, para un 61.74%, de donde resultó
innecesario acudir a una segunda vuelta, tal como lo prevé el artículo 209 de
la Carta Magna, por haber el candidato presidencial electo, obtenido un
porcentaje de al menos más de la mitad de los votos válidos emitidos.
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Podemos afirmar, que pese a la gran polarización de las fuerzas políticas, a
diferencia del año 2010, el elector se inclinó por una mayor distribución de
los cargos entre las fuerzas políticas contendientes. En el nivel de
senadores, diputados y representantes al Parlacen, actualmente solo 8
partidos están representados; en los electos que hoy proclamamos, 16
fuerzas políticas tienen representación congresual; es decir, el 50%
adicional.
En el Senado de la República, seis fuerzas políticas se encuentran
representadas en los electos, mientras que en el actual solo dos fuerzas
políticas están representadas. En el 2016, los 26 partidos políticos
reconocidos están representados en el nivel municipal, 11 de los cuales
tienen alcaldías, y 12 ganaron directores de distritos municipales; incluso, en
municipios como San Víctor, provincia Espaillat, un movimiento municipal
obtuvo dos representantes en la Sala Capitular, mientras que en El Puñal,
provincia Santiago, el MIUP ganó el municipio y el Distrito Municipal; y tiene
12 representantes en las salas capitulares.
El resultado arroja que el 88% de los postulados al Senado repiten su
elección, en cuanto que en la Cámara de Diputados, solo el 56%, es decir 99
diputados, son reelectos; el resto, 79, son de nueva elección. En el Parlacen
por su parte, solo el 50% de su matrícula repite. Se puede decir que el
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Congreso Nacional ha recibido una importante renovación en su matrícula, a
la luz de estas estadísticas; igualmente, en el nivel municipal se ha producido
renovación, tanto en la administración de alcaldías, como en las salas
capitulares y distritos municipales.
Como todo proceso, el nuestro es perfectible, y en la jornada acusó por
reflejo las dificultades propias generadas por las debilidades del sistema
político. Por demás, se produjeron situaciones que debemos enfocarnos en
tomar las medidas adecuadas para superarlas; a eso nos referimos en la
alocución al país, y sobre la cual no abundaremos en esta ocasión. Lo dicho,
dicho está.
El hecho de ostentar una función pública, y ser parte del equipo de hombres
y mujeres que tuvimos la responsabilidad que el Estado puso a nuestro
cargo, en nuestra condición de presidente, nos permitió conocer de primera
mano, una serie de informaciones respecto del comportamiento de los
actores, y de todos los participantes en el evento electoral, que por su
delicadeza e implicaciones son privilegiadas, y que en muchos casos tienen
características de seguridad nacional. El interés de quien las suministra, es
que sirvan para prevenir y reaccionar, adoptar las medidas de lugar en
beneficio de las instituciones bajo nuestra responsabilidad, y de la sociedad.
Eso hicimos.
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Esto implica que quien administre esa información, tenga suficiente
prudencia, tacto y discernimiento, para saber qué actitud adoptar con estas
informaciones, tanto cuando se está en el cargo como fuera de él.
Posiblemente en la posteridad, con el bálsamo del tiempo, algunas puedan
ser compartidas, sobre todo aquellas, que recogen situaciones y hechos que
permearon la jornada electoral. Lo importante y trascendente de todo esto,
es que pudimos salir hacia adelante, y con un esfuerzo extremo ofrecer los
resultados que hoy tenemos: una buena elección.
Precisamente, quisiera compartir con ustedes las novedades y políticas
públicas de inclusión social y de participación política, que con características
históricas se realizaron en esta elección, y que han pasado por debajo del
tapete, pese a su significativo avance en materia de derecho político y social.
Veamos algunas de ellas:
1. Programa de Acompañantes Escolares Electorales: consistió en un
programa de movilidad social que incluyó 138 municipios, 135 centros
educativos, 760 estudiantes, 170 docentes, y 142 padres o tutores; que
nos acompañaron durante todo el período. Jóvenes entre 13 y los 17
años de edad, que compartieron sus horas de formación académica,
para aportar calidad al proceso.
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2. Programa de Voto Penitenciario: dirigido a los internos de 17 recintos
del nuevo modelo penitenciario, donde los internos votaron por los
candidatos del nivel presidencial, con un total de inscritos de 1,852, de
los cuales 1,367 electores emitieron su voto, para un 73.81%. Este
programa, llevado a cabo por primera vez en la República Dominicana,
contó con la integración entusiasta de la Procuraduría General de la
República y todo el personal del Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria, y obvio, de los internos que pudieron ejercer sus
derechos constitucionales.
3. Programa Voto en Casa: dirigido a personas con discapacidad física
mayor a un 75%, siempre que no implique discapacidad para discernir.
Este esfuerzo, que contó con el acompañamiento de organismos
internacionales, se desarrolló en 11 provincias, y se tomó como piloto a
105 registrados, 72 de los cuales eran mujeres. De ellos, el 96% ejerció
el derecho al voto, tres de los inscritos no pudieron recibir la
oportunidad de ejercer su derecho, por salud o fallecimiento, 25
tuvieron que ser asistidos. Personas con más de 100 años y buen
discernimiento ejercieron el derecho a votar. Representantes de todos
los sectores económicos y sociales fueron tomados en cuenta; las
organizaciones de todo el sector de personas con discapacidad fueron
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parte de todo el proceso. Entre los que sufragaron se encuentra una
biznieta del Padre de la Patria Matías Ramón Mella.
4. Programa de Mesa Auxiliar para Personas con Discapacidad: facilitó el
ejercicio del voto a las personas con discapacidad físico-motora, en
aquellos recintos en los que los colegios electorales están ubicados en
un segundo y tercer nivel, permitiendo que pudieran votar en una mesa
auxiliar, que fue trasladada a la primera planta, para facilitarles el
ejercicio del derecho a votar .
5. Programa Mi primer voto. Un programa dirigido a los jóvenes que por
primera vez se presentaron a ejercer su derecho, y que recibieron una
atención personalizada de comunicación permanente, por diversas
vías, antes y durante la jornada de votación, que fueron recibidos el día
de las elecciones con un certificado de reconocimiento al esfuerzo
ciudadano, por cumplir con su deber, lo cual tocó a más de 200 mil
personas en esas condiciones.
En adición a estos programas, en estas elecciones se produjeron hechos de
mucha significación, que de alguna manera incidirán en los próximos
procesos, porque se trata de medidas tomadas, con una precaria legislación,
dirigidas a garantizar un mayor nivel de equidad y posibilidades de igualdad,
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gracias a la iniciativa de la Junta Central Electoral y a la acción voluntaria de
los Poderes del Estado. Veamos:
a) En el período electoral se dispuso la suspensión del Fondo de Gestión
Social del Congreso de la República, por parte del Pleno de senadores
y diputados;
b) El Gobierno Central congeló todos los nombramientos temporeros, o
por contrato, hasta que concluyera el período electoral;
c) El Gobierno Central suspendió toda la publicidad gubernamental en las
elecciones;
d) En las inauguraciones fueron mínimos, por no decir que no se
produjeron, mítines, o actividades de promoción electoral;
e) La Junta Central Electoral, de manera equitativa, distribuyó la
colocación de publicidad electoral, durante el período, a todos los
partidos con fórmulas presidenciales inscritas, en los medios de
comunicación del Estado, o administrados por el Estado.
Éstas, entre otras medidas de no menor importancia, son precedentes
históricos que habrán de servir para que haya mayor equidad y posibilidades
de igualdad en los procesos electorales venideros.
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Señoras y señores:
Con la calma, despojados de pasión, pasamos revista a estas elecciones, y
podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, los siguientes hechos
incontrovertibles que hablan en sentido general de la buena calidad del
proceso. Veamos:
1. El contexto en que se desarrollaron estas elecciones, prevalece un
Estado Social y Democrático de Derecho;
2. En los comicios hubo total libertad de organización y participación de
los partidos y agrupaciones políticas, muy diversos ideológicamente;
3. Hubo pluralidad de medios de comunicación, y respeto absoluto a la
libertad de expresión y difusión del pensamiento. Acceso de todos los
candidatos y partidos a estos medios;
4. No hubo ninguna obstrucción para la participación de partidos y
candidatos, en el certamen electoral;
5. El Padrón Electoral, contiene un extraordinario nivel de perfección; no
reflejó ninguna irregularidad que pusiera en cuestionamiento la
ubicación del elector;
6. No se registró denuncia de ningún ciudadano de que se le haya
impedido el ejercicio del derecho al sufragio. Por el contrario, el
porcentaje de votación se encuentra en los que se consideran altos
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porcentajes en todo América, pese a que en República Dominicana el
voto es voluntario
7. El ejercicio del derecho al voto fue directo, personal, y se garantizó el
secreto del ciudadano, al momento de expresar su voluntad;
8. Cada voto fue contado y asignado en el acta al partido y candidato
marcado por el elector en la boleta electoral;
9. Todos los partidos tuvieron oportunidad de estar presentes o
representados en los colegios electorales, y en todas las fases del
proceso;
10. Los partidos obtuvieron, en cada colegio, una copia del acta, y en
adición le fue remitida, junto a los medios de comunicación la misma
noche del 15 de mayo, por vía electrónica a sus centros de cómputo;
11. El escrutinio se hizo de manera pública, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 64/2016, y con la sentencia del Tribunal
Superior Electoral del 14 de mayo, que reconoció la legalidad de la
política de divulgación de la Junta Central Electoral, rechazando un
recurso interpuesto contra la misma;
12. La misma noche del 15 de mayo, a más tardar a las 12:00, se
ofrecieron resultados equivalentes al 46% de los boletines emitidos por
las juntas electorales, y a más del 60% en preliminar, con los datos
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sobre actas, de los resultados electorales en los niveles presidencial,
municipal y congresual. Estos resultados no variaron por ser recibidos
de manera aleatoria, sin sesgo. Esa misma noche, pese al ruido
creado, el país supo, con resultados provisionales, quién ganó y con
qué diferencia.
Estas afirmaciones fueron reconocidas por los organismos multilaterales, que
en sus informes de observación resaltaron lo siguiente:
Organización de Estados Americanos (OEA)
“La totalidad de los colegios electorales abrió, en promedio una
hora más tarde de lo estipulado por ley. Las mesas se integraron
en su mayoría con miembros titulares. Los sitios eran adecuados
y fueron bien organizados para el desarrollo de la votación,
garantizando así el secreto del voto. De estas observaciones se
desprende la fortaleza en la capacitación de los miembros de
mesa y el esfuerzo por contar con recintos adecuados.”
“Una vez iniciada la votación la jornada transcurrió en orden, en
un ambiente de respeto y tranquilidad. La ciudadanía tenía
claridad a la hora de ejercer su derecho al sufragio y lo hizo de
manera rápida, agilizando la jornada de votación. Esto se vio
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reflejado en la alta afluencia de votantes en los distintos centros
del país.”
“La Misión observó también importante presencia de
representantes partidarios, en particular de los delegados de las
candidaturas mayoritarias. Llamó la atención la actividad
proselitista desplegada tanto en las inmediaciones como en el
interior de los centros de votación.”
Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA)
“Las mesas de votación ubicaron correctamente la urna y el
biombo en lugares que garantizaba que nadie podría observar la
expresión del elector asegurando el principio de que el voto es
secreto evidenciando las seguridades y garantía a este proceso.
Advirtiendo que en la mayor parte de los casos, los centros de
votación operaron en escuelas y colegios públicos y privados, que
ofrecían plenas condiciones logísticas y de operación para el
correcto funcionamiento del proceso electoral”.
“Los integrantes de la Misión tuvimos oportunidad de preguntar a
los ciudadanos si su libertad para elegir se vio afectada de alguna
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manera o si tuvieron dificultades para ejercer su voto, con una
respuesta en todos los casos favorable en el sentido que siempre
se les respetó su derecho y se les garantizó un acceso adecuado
al ejercicio del sufragio. Aunque existió presencia de militantes de
las diferentes campañas políticas en las cercanías al centro de
votación, no se observó ninguna anomalía respecto a la
privacidad y libertad para ejercer el voto, ni tampoco actos de
violencia o agresión a los contrincantes dentro de la contienda
electoral”.
“Podemos resaltar que la participación directa de los Partidos por
medio de los miembros de mesa y sus delegados garantizó una
total transparencia y veracidad del escrutinio. Hay que resaltar la
paz, tranquilidad y civismo con que se efectuó este proceso,
entregando cada mesa el resultado respectivo”.
En adición a estos reportes de los observadores internacionales, se agregan
los ofrecidos por los observadores nacionales, en el mismo sentido, y al igual
que los internacionales, en el reconocimiento de que hubo uniformidad
comprobada en los resultados ofrecidos por el conteo electrónico, y los
ofrecidos por el conteo manual. Las críticas al proceso, que las hubo, se
centraron en aproximadamente una hora de retraso en el inicio, que luego
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reconocieron que se normalizó a muy tempranas horas de la mañana, y al
registro de las denuncias de partidos y candidatos, que en las juntas
electorales reclamaron, desde la mañana del 16 de mayo, que en adición al
conteo electrónico y manual fuera realizado un tercer reconteo, o una
revisión del nivel preferencial, que todos habíamos advertido que tendría
esos efectos nocivos, si se realizaba el conteo manual.
El reconocido politólogo alemán Dieter Nohlen, en su último artículo,
“Arquitectura Institucional”, en la Revista Temas, de la JCE, afirma: “Hay que
tomar en cuenta, sin embargo, que a menudo son factores no-institucionales
los que promueven un grado limitado de integridad electoral o de
reconocimiento en términos de legitimidad”; agrega que: “América Latina, en
general, y como confirman las encuestas, parece representar un caso de
extrema desconfianza. En el campo político-institucional, pone en cuestión
cualquier institución o práctica política”.
En nuestro caso, hay una cultura política de la desconfianza. Según nos
narra el director del Diario Libre en su columna a.m., hay poca generosidad
en el reconocimiento de los ganadores, sin reparos. Comenta Adriano Miguel
Tejada que esta práctica es común, con excepción del año 1924, en la
elección en que participó el licenciado Jacinto B. Peynado.
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En mi comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, en abril del
presente año, hice las siguientes puntualizaciones:
Así como la sociedad transformó una parte importante de su
matriz económica, también debe transformar todo lo que es su
estructura política, para aportar mayor equidad, seguridad,
igualdad; y con ello una economía de mercado con profunda
vocación humanista.
Las críticas al sector empresarial es no haber entendido que las
reformas políticas no son tareas exclusivas de los políticos; no se
les pueden dejar solo a ellos, sino que deben ser de interés de
toda la sociedad.
Mi llamado, es requerir del sector empresarial, aprovechar la
oportunidad de la conformación de un nuevo Congreso, el
próximo 16 de agosto, para lograr una “reforma virtuosa”, que
nazca, no fruto de la coyuntura, sino de la convicción de todos, de
que somos corresponsables de pensar, diseñar y reformar
nuestro sistema electoral, para realizar procesos íntegros, en
correspondencia con la estabilidad económica y política que
hemos alcanzado, lo cual nos exige dar este paso.
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Por lo que, vemos con simpatía que el empresariado se hayan estimulado a
contribuir con la definición de un tema tan importante para la sociedad.
Sugiero sin embargo, cuidar las formas, reconocer la autonomía del
legislador, acompañarles, no imponerles, ser parte del consenso, aunque
distanciar las reformas políticas e institucionales, de los proyectos,
aspiraciones e intereses económicos-sociales, de tal manera, que no se
genere una percepción equivocada del interés de la reforma electoral, en
este sector.
Si bien es cierto que tuvimos unas elecciones que en lo fundamental se
corresponde, pese a sus debilidades, con los estándares internacionales,
que le garantizan la legalidad y legitimidad propias de la democracia, no es
menos cierto que el atraso legislativo en materia de reformas, es el principal
obstáculo para la estabilidad del sistema electoral y su buen funcionamiento.
A los avances logrados en términos administrativos no se pueden se pueden
agregar otros, el sistema electoral ya no puede avanzar más sin una reforma
legislativa.
De igual manera, el sistema político, aunque sigue siendo fuerte, ha logrado
desarrollar un cuerpo muy grande, en comparación con su vestuario. Las
leyes y disposiciones resultan pequeñas e insuficientes. Hay un agotamiento
del sistema político, que aunque sigue siendo multipartidista, relativamente
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estable, llegó al punto de inflexión; las reformas no pueden esperar más, por
lo que a este Congreso, la Junta Central Electoral, cuyas propuestas han
sido valoradas positivamente por todos los sectores políticos y sociales, le
sugiere que satisfagan la sociedad, y den un paso decisivo hacia su
regulación.
Finalmente, con estas palabras, llamo la atención de los honorables
legisladores, en el sentido de que la población aspira a que sus
representantes le permitan percibir que votar tiene sentido, y surte efectos;
que la democracia no solo es un lujo, sino que debe ser útil, que su utilidad
debe permitir que todos los ciudadanos, de alguna manera, reciban parte de
lo que se siembra, al momento de cosecharlos. El elector, sin excepción,
espera resultados.
Con estas palabras, en virtud de las atribuciones que nos confiere la Ley, la
Junta Central Electoral procede de inmediato, a hacerles entrega de sus
certificados de elección, y hace efectiva, de conformidad con el artículo 167
de la Ley Electoral 275-97, su proclamación como candidatos legal y
legítimamente electos, para senadores/senadoras, diputados/das y
representantes al Parlacen.
¡Muchas gracias y éxitos en sus funciones!
¡Qué Dios los bendiga a todos!