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De desigualdades y tenencia de la tierra

La primera cifra de esta nota indica que Colombia sería hoy el cuarto país del

mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58 (este coeficiente es la

medida técnica de la desigualdad en la distribución del ingreso, en la que 1 eslo más alto). Jairo Núñez, de Fedesarrollo, afirma que, según la última

Encuesta de Calidad de Vida que hace el DANE, el Gini colombiano habría

llegado en 2008 a 0,59, uno de los más altos, si no el más alto del planeta y,

quizá, el más alto de América Latina, la región más desigual del mundo.

Juan Carlos Ramírez, de la CEPAL, advierte "Lo importante no es si somos

los primeros o los segundos; lo importante es la tendencia. Seguimos con

una política que no ha sido capaz de desconcentrar el ingreso".

Esteban Piedrahita, Director de Planeación Nacional el 24 Agosto de 2009,

sostuvo que “pese a la reducción de la pobreza, aún 20 millones son

considerados pobres y en materia de pobreza y desigualdad, Colombia está

entre los de peor desempeño en América Latina”.

La segunda cifra, tambien preocupante, muestra a Colombia como un país

con una muy desigual distribución de la propiedad de la tierra. Según el

Banco Mundial el coeficiente de Gini sobre la desigualdad en la tenencia de

tierra, calculado en función del avalúo catastral era, en el año 2003, de 0,857.

Salomón Kalmanovitz, en su libro sobre la agricultura colombiana en el siglo

XX, concluye que podría admitirse que el Gini Colombiano en 2002 era de

0,71. El mismo autor comenta que con los resultados de la Encuesta Nacional

Agropecuaria se llega a un 0,523 del Gini nacional en 2002, que resulta

bastante creíble debido a que esta fuente sólo incluye la tierra dedicada a la

explotación económica agropecuaria.

En cualquier caso, a pesar de los matices mencionados, se trata de unindicador negativo en el campo, cuando se lo compara con el de otros países

que se invocan como referentes de buen desempeño económico y social:

Corea 0,35 y Japón, 0,38. Se puede observar como desde el año 2000, la

situación ha tendido a agravarse pues la gran propiedad ha incrementado su

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participación en la superficie en detrimento de la pequeña y mediana

propiedad.

A partir de la década de los 80 hasta nuestros días nadie pone en duda que el

auge del narcotráfico, el fortalecimiento de la guerrilla y la aparición de losparamilitares tienen una altísima cuota de responsabilidad. Esto es debido,

por un lado, a la estrategia de lavado de activos de los narcotraficantes –que

condujo a lo que algunos analistas denominan la contrareforma agraria y a la

producción de desplazamientos masivos de población para apropiarse de las

tierras con la finalidad de consolidar poderes locales, incrementar

patrimonios individuales o controlar áreas estratégicas para la guerra o el

negocio del narcotráfico.

En forma sintética se podría decir que los derechos de propiedad y uso de la

tierra en muchos municipios y departamentos de Colombia están sometidos

a la precariedad jurídico-formal y a la desprotección fáctica de parte del

Estado (Un ejemplo es el departamento del Meta). Una consecuencia clara

de esta situación es la imposibilidad de poner a funcionar un verdadero

mercado de tierras. Si no hay seguridad sobre lo que se intercambia

(indefinición de linderos, opacidad de la titulación) ni se permite que el

sistema de precios que regule los intercambios (intimidación y violencia) se

derrumban las reglas de juego necesarias para la actividad económica.

Igualmente la inestabilidad social y política que generan los desplazamientos

forzados y las altas cotas de violencia imposibilitan el desarrollo de un

sentido de ciudadanía en los sectores campesinos y rurales.

Salomón Kalmanovitz matizó esta afirmación señalando cómo tal ausencia

de Estado podría ser producto de la baja tributación de los propietarios de

predios rurales a los fiscos locales y nacionales. Para describir esta situación

utilizó la idea de “sobrerrepresentación sin tributación”. Los sectores

terratenientes y ganaderos tienen una alta participación política en los

órganos que deciden los estándares de tributación (congreso y concejosmunicipales) y a través de ella garantizan que los tributos que los pueden

afectar se mantengan en niveles bajos. De esa manera impiden que los

municipios accedan a recursos para hacer inversión social que mejore la

situación de la población rural e imposibilitan una acción estatal idónea en la

garantía de seguridad.

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Luego, cuando la inseguridad y el crimen los atacan, organizan sus propios

sistemas de seguridad (autodefensas/paramilitares) que terminan

convirtiéndose en un monstruo de mil cabezas que engulle a sus propios

creadores.

El segundo informe de desarrollo humano en Colombia en ocho años,

“Colombia rural, razones para la esperanza”, señala que 52% de la gran

propiedad está en manos de 1,15% de la población, uno de los índices de

distribución de riqueza más precarios en la región.

Esto se refleja en el coeficiente de Gini de Colombia, que registra 0,85, uno

de lo más altos de Latinoamérica (el valor 1 siendo el de la más alta

desigualdad en este tipo de medición), según la ONU. Lejos de las ciudades,la desigualdad se ahonda, con 64,3% de la población rural (31,6% de los

colombianos son “rurales”) en la pobreza, frente a 45,5% de la población

urbana.

“Toda la estructura de tenencia de la tierra y estructura agraria que tiene el

país impiden y dificultan el desarrollo humano”, indica la investigación.

Asimismo, el actual modelo de desarrollo rural permite nuevos conflictos

sociales, debido a que la posesión de la tierra es la principal causa de disputaentre “inversionistas, terratenientes, narcotraficantes y grupos armados

ilegales, que generan despojo, desplazamiento y mayor concentración de la

propiedad”.

A esta desigualdad se suma un bajo índice de tierras dedicadas a uso

agrícola, solo 4,9 millones de hectáreas, es decir el 22,7% del potencial

disponible (21,5 millones).

Por eso, Naciones Unidas defiende la necesidad de una “reforma rural transformadora”, con una “intervención decisiva del Estado” que “considere

cambios en la estructura de tenencia de la tierra”.