EL COMITÉ DE INICIATIVA POR LA UNIDAD SINDICAL (CIUS) EXIGE LA ANULACIÓN DE LA LEY N°20.657 DE PESCA Y ACUICULTURA, POR SER UNA LEY PATRONAL CORRUPTA Y PRIVATIZADORA DE LOS BIENES COMUNES

DE TODOS LOS PUEBLOS DE CHILE.

La Ley N°20.657 de Pesca y Acuicultura, conocida como Ley Angelini-Longueira, privatizó las pesquerías (peces de interés comercial), que eran bienes comunes de todos los chilenos, asignando cuotas de pesca de duración indefinida, heredables y transferibles en el mercado, concentrando su propiedad en 4 grandes empresas chilenas (Orizon, Camanchaca, Blumar y Marfood) que pertenecen a 7 familias (Angelini, Cifuentes, Santa Cruz, Izquierdo, Jiménez, Sarquis y Stengel); El destino de estas pesquerías privatizadas ha sido su explotación irracional, principalmente para la producción de harina, que es un insumo básico en la elaboración de alimentos para la crianza de animales de la industria exportadora (Salmones, truchas, cerdos, pollos), por lo que a tres años de su promulgación hay 16 pesquerías colapsadas y para otras 16 pesquerías simplemente no existen puntos biológicos de referencia, por lo que se desconoce su real estado de situación.

Esta es una ley corrupta en su origen, basada en el cohecho, el soborno y los conflictos de intereses transversales de actores sociales, parlamentarios y autoridades del Estado involucrados y coludidos en su tramitación y aprobación, situación que está siendo hoy investigada por el Ministerio Público, bajo fuertes presiones políticas y económicas que buscan, tanto dejar en la impunidad a los culpables, como mantener la vigencia y apariencia de legalidad de la Ley Angelini-Longueira.

El Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS) lucha por la defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores, por lo tanto:

1. Rechazamos la privatización y explotación irresponsable de las pesquerías a manos de los grandes grupos económicos, por lo que exigimos la restitución de la propiedad de las pesquerías a sus legítimos dueños, el conjunto de los pueblos de Chile, bajo el principio de la soberanía alimentaria.

2. Exigimos un modelo de desarrollo pesquero orientado al consumo humano, considerando que las pesquerías están siendo arrasadas para alimentar animales y sostener la industria exportadora del salmón; Que el pescado es

una fuente de alimento de bajo costo y altamente nutritiva por sus contenidos de Omega-3 y proteínas de calidad; Que una alimentación adecuada constituye un derecho humano básico que es ignorado y vulnerado como derecho de las y los trabajadores y sus familias, resultando que el 39% de los trabajadores no tiene derecho a colación o a bono de colación, y que producto de esta situación el 30% de los trabajadores no almuerza regularmente; Que el consumo promedio de pescado por persona al año en Chile es de 10 kg, siendo el promedio mundial 18 kg. y el de los países desarrollados 22 kg. al año por persona; y que de acuerdo a la última información disponible, el 40% de nuestros hijos presenta problemas nutricionales producto de una alimentación de baja calidad.

3. Rechazamos por principio la legitimidad, vigencia y potestad de una ley cuyo origen antidemocrático es la corrupción político-empresarial, por lo que exigimos la anulación de la Ley N°20.657 de Pesca y Acuicultura.

4. Rechazamos las presiones políticas para frenar las investigaciones del Ministerio Público, y condenamos la pasividad frente a estos ilícitos, tanto del SII, como del CDE. Exigimos la persecución penal y el castigo de estos delitos contra el patrimonio de todas y todos los trabajadores.

5. Rechazamos la criminalización de la protesta social y solidarizamos con las y los pescadores artesanales conscientes, que a lo largo de todo el país luchan a la vez por su fuente de ingresos, por la sustentabilidad de los recursos y por que llegue el pescado a la mesa de las familias trabajadoras. Solidarizamos en particular con Patricio Olivares, dirigente de los pescadores de Queule y miembro del Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), contra quién se ha querellado el CDE por manifestaciones del año pasado, con motivo del rechazo a la actual ley de pesca.

Finalmente, hacemos un llamado a las y los trabajadores a mantenerse informados, tanto respecto al curso judicial de los casos de corrupción político-empresarial ligados a la tramitación y promulgación de la Ley Angelini-Longueira, como respecto a las maniobras gubernamentales que buscan legitimar y mantener esta ley, sea a través de su revisión por la FAO, organismo internacional sin facultades para emitir una opinión sobre su carácter corrupto, como a través de una revisión parcial por el Congreso, donde la mayor parte de los parlamentarios han recibido financiamiento de los grandes grupos económicos para sus campañas.

Frente a la privatización del Mar y a las reformas laborales patronales ¡Rebélate contra el sistema!

Santiago, 22 de octubre de 2015