1

CUERPO, ESPACIO Y SOBERANÍA EN TRES EXPEDIENTES JUDICIALES DE

LA VIOLENCIA EN EL TOLIMA: 1956 – 1957

JAMMY CAMILA LÓPEZ GONZALEZ

PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

IBAGUÉ 2010

2

CUERPO, ESPACIO Y SOBERANÍA EN TRES EXPEDIENTES JUDICIALES DE

LA VIOLENCIA EN EL TOLIMA: 1956 – 1957

JAMMY CAMILA LÓPEZ GONZALEZ

Trabajo de grado presentado por Jammy Camila López González como requisito para optar al título de Profesional en Ciencias Sociales

Desarrollado bajo la dirección del profesor Sigifredo Leal Guerrero Mg. Antrop. Soc., Universidad Nacional de San Martín, Argentina

PROGRAMA PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA IBAGUÉ

2010

3

ADVERTENCIA “La Facultad de Ciencias humanas y artes de la Universidad del Tolima, el director del trabajo de grado y el jurado calificador no son responsables de las ideas expuestas por el autor en el presente trabajo.” Artículo 17, Resolución 015 de Diciembre 18 de 1978, Reglamento de Trabajos de Grado.

4

La autora CAMILA LÓPEZ autoriza a la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA la reproducción total o parcial de este documento, con la debida cita de reconocimiento de la autoría y cede a la misma Universidad los derechos patrimoniales, con fines de investigación, docencia e institucionales, consagrados en el articulo 72 de la Ley 23 de 1982 y las normas que lo instituyan o modifiquen. (Acuerdo 0066 de 2003, 14 de Octubre de 2003. “Por el cual se adoptan normas relacionadas con la presentación de tesis y trabajos de grado” CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)

5

A mi mamá, por su apoyo estos largos meses de investigación y por todo su amor.

Gracias, ma.

6

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido el producto de un largo recorrido que se inició en sexto semestre cuando tuve oportunidad de compartir espacios en el aula con la profesora Consuelo Restrepo quien dirigía para ese momento el Seminario de Historia del Mundo Moderno. A ella mis más sinceros agradecimientos por adentrarme no sólo en la Historia de las Mentalidades, sino también por el apoyo personal y material q u e m e p r o p o r c i o n ó en el inicio de esta investigación. Qu ie ro man i fes ta r m i agradec im ien to con Luz Ángela Prada, profesora del pregrado, quien encauzó mis inquietudes académicas y me proporcionó con generosidad obras que fueron fundamentales para el desarrollo de mis estudios. Así mismo, quiero agradecer los aportes de Raúl Cuadros y Zandra Pedraza, los cuales fueron de gran ayuda para delinear el objeto de investigación. Mi mayor deuda intelectual la tengo con Sigifredo Leal, mi director de tesis, quien me orientó con dedicación y paciencia. Su atenta orientación me ayudó a no abandonar esta investigación que en el último periodo parecía desvanecerse en el aire en medio de los temores y la inseguridad. Gracias a ellos y a todos los que de una u otra manera me alentaron en el desarrollo de esta investigación. Quiero recordara de manera muy especial a David Franco por todo su amor y compañía a lo largo de este proceso. A mis compañeros diarios Facundo, Rodolfo y Alejandro, y a las que ya no están conmigo Martina, Antonia y Simona.

7

RESUMEN

Este trabajo aborda la relación existente entre los sentidos construidos a propósito del ejercicio de la violencia política y la soberanía, y las operaciones ejecutadas por los perpetradores sobre el cuerpo y el espacio de las víctimas. A través del análisis de tres expedientes judiciales de casos ligados con el ejercicio de masacres perpetradas durante la época de La Violencia en el Tolima, indaga sobre las relaciones de sentido construidas por los perpetradores y sobrevivientes a propósito de la articulación entre la noción de soberanía y el cuerpo y el espacio doméstico de las víctimas. Palabras Clave: Violencia política, Bipartidismo, Masacre, Cuerpo, Soberanía.

8

ABSTRACT

This work addresses the meanings constructed by perpetrators and survivors on the exercise of political violence and sovereignty, and the performance of that violence developed by perpetrators on the bodies and space of victims. Through the analysis of three judicial records related to massacres perpetrated during the period of La Violencia in Tolima addresses the relations of meaning constructed by perpetrators and survivors on the articulation of the notion of sovereignty and the body and domestic space of victims. Keywords: Political Violence, Bipartisanism, Massacre, Body, Sovereignty.

9

CONTENIDO

Pág. INTRODUCCIÓN 10 1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 12 2. MARCO HISTÓRICO 15 2.1 LA VIOLENCIA EN EL TOLIMA 23 3. EL CUERPO DE LAS VÍCTIMAS: UN ACERCAMIENTO SOCIO-ANTROPOLÓGICO A LA RELACIÓN CUERPO – VIOLENCIA – SOBERANÍA 33 3.1 EL MARCO HISTÓRICO Y SOCIAL DE LOS ASALTOS 33 3.2 COMPRENDER LA LÓGICA PARTICULAR DE LOS ASALTOS 34 4. ESPACIO Y CUERPO: LA BÚSQUEDA DEL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA 42 CONCLUSIONES 54 REFERENCIAS 56 ANEXOS 60

10

INTRODUCCIÓN Como estudiante del programa de Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima inicié mis exploraciones historiográficas durante mi pasantía en el Archivo Histórico Judicial del Tol ima. Allí di comienzo a la lectura exploratoria de los expedientes judiciales que más tarde se convertirían en la base documental del presente trabajo, cuyo objetivo principal es analizar la presencia del cuerpo como objeto de representación simbólica durante la época de la Violencia en el Tolima, específicamente entre 1956 y 1957. Esta obra se compone de tres capítulos. En el primero presento sucintamente el fenómeno de la Violencia en Colombia y el Tolima, sobre la base de los resultados de investigación disponibles en la literatura especializada a la que tuve acceso durante el desarrollo de la investigación. En el segundo capítulo doy cuenta de los diversos enfoques teóricos que me resultaron útiles en mi intento de analizar y comprender el carácter político y simbólico con el que fue investido el cuerpo durante la Violencia. Como verá el lector, mi intento de comprender ese proceso me llevó a la necesidad de realizar una síntesis entre dos áreas de la reflexión sociocientífica en cuya intersección se desarrolló el análisis que presento. La primera de ellas es la del análisis de las relaciones entre el cuerpo físico y los sentidos construidos por los sujetos sociales con respecto a él, la segunda es la del análisis específico -la mayoría de las veces historiográfico- sobre el conflicto bipartidista conocido como La Violencia. En el tercer capítulo presentaré lo que puede entenderse como el resultado de esa síntesis: la lectura que ese cruce entre la reflexión sobre el cuerpo y la historiografía me ha posibilitado hacer sobre los expedientes judiciales relacionados con varias operaciones armadas que tuvieron lugar en t r e s municipios del Tolima (Venadillo, en el Norte; Ibagué, en el Centro y Ortega en el Sur) entre 1956 y 1957. Si bien se trata de un asunto que desarrollaré más adelante cuando me refiera a las consideraciones metodológicas que orientaron mi trabajo, considero importante anticipar que elegí esos tres expedientes entre los muchos similares que se conservan en el Archivo H is tó r ico Judicial del Tolima porque en ellos fue documentado de manera detallada lo que G. W. F. Hegel denominaría la objetivación de los sentidos construidos por los autores materiales de las operaciones a propósito del cuerpo del enemigo. Presento en esta obra, entonces, el resultado de un trabajo exploratorio desarrollado en ese cruce de caminos, con la convicción de que retomar el problema de La Violencia intentando aproximaciones no exclusivamente historiográficas ofrece la posibilidad de arrojar nuevas luces sobre un periodo

11

fundante de la historia moderna del país y la región. Debo advertir, sin embargo, que dado que me encuentro persuadida del valor heurístico de una síntesis como la que propongo, prefiero asumir -e invito al lector a acompañarme en ello- que las limitaciones del análisis se deben a mis propios límites, derivados del hecho de que ésta constituye mi primera aproximación más o menos autónoma al análisis científico de la realidad social. Investigaciones por venir, desarrolladas por mi o por otros, podrán contribuir a enriquecer el análisis y a establecer si ese valor heurístico al que me he referido corresponde con la realidad, o es producto del deslumbramiento de una joven investigadora.

12

1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

En la investigación de la que doy cuenta en este trabajo me he propuesto poner en práctica el programa elaborado por Max Weber para la sociología comprensiva, que apunta a la comprensión de los sentidos construidos por los sujetos sociales a propósito de sus acciones. Según Alfred Schütz, “los especialistas en ciencias sociales como Max Weber llaman subjetiva a la Verstehen porque se propone descubrir el «sentido» de su acción para el actor, en contraste con el sentido que esa acción tiene para su copartícipe o para un observador neutral” (1984: 71-85). Así, he intentado aproximarme a los sentidos elaborados acerca del cuerpo del enemigo por parte de los autores materiales de cuatro operaciones que analizo. La base documental de esta investigación fue recopilada a través de un proceso de exploración desarrollado en el Archivo Histórico Judicial del Tolima, donde reposa buena parte de los expedientes judiciales relacionados con La Violencia en el departamento. Si bien durante la exploración tuve acceso a numerosos expedientes abiertos durante el periodo de mi interés -los años 1956 y 1957- en los cuales se daba cuenta de diversidad de delitos como raptos, homicidios, robos, violaciones, uxoricidios o estupros, mi propósito de analizar las manifestaciones de la violencia política me llevó a descartar de entrada aquellos en los cuales el móvil del delito no era explícitamente político. Así, el universo documental inicial se vio reducido en virtud de la definición de mis intereses de investigación, de modo que elaboré una selección preliminar de 12 expedientes correspondientes a los dos años de mi interés, de los cuales con posterioridad seleccioné los tres expedientes sobre los que desarrollé el análisis que presento en esta obra. Las decisiones que fui tomando a lo largo del período en el que desarrollé mí práctica profesional en el Archivo H is tó r ico Judicial fueron producto de un proceso doble: por un lado, mientras cumplía mis funciones de pasante ordenando cronológicamente documentos históricos, navegaba por los expedientes de La Violencia; por otro, la revisión de la literatura especializada sobre el periodo me inspiraba posibles recortes de ese universo que parecía expandirse a medida que recorría las cajas del archivo. De esa manera recorrí el camino que me llevó a acotar cronológica y documentalmente la investigación. En cuanto a lo cronológico decidí privilegiar la revisión de expedientes abiertos durante los años de 1956 y 1957, situados en un periodo que según los autores que consultaba se había caracterizado por un cruento confrontamiento político en el Tolima, enmarcado por el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla y la ofensiva que desató a lo largo del departamento como parte de la declaratoria de las denominadas Zonas de operaciones militares. En relación

13

con la selección de los expedientes mis decisiones fueron más pragmáticas, pues privilegié por un lado aquellos que se encontraban completos, y por otro los que compartían dos características que consideré fundamentales para el tipo de análisis que me proponía. La primera de esas características es que los casos a los que hicieran referencia los expedientes hubieran involucrado operaciones en las que el cuerpo de las víctimas hubiera sido intervenido por los victimarios más allá del mínimo necesario para cometer un homicidio u otro tipo de agresión: dado que me interesaba analizar los sentidos construidos a propósito del cuerpo, consideraba fundamental elaborar un corpus documental que me permitiera analizar de la manera más densa posible la objetivación de esos sentidos en las operaciones de las bandas que recorrieron el departamento durante el periodo de mi interés. Privilegié, entonces, expedientes completos relacionados con operaciones en las que las víctimas hubieran sido atacadas con saña. La segunda característica se vincula con el hecho de que los expedientes hubieran sido construidos tomando en consideración las declaraciones de sobrevivientes de los ataques, con el propósito de acceder a la voz de las víctimas, aunque eso supusiera hacerlo a través del recurso indirecto de la transcripción -que en algunos casos evidencia estilización- de las declaraciones por parte del personal judicial. Así, a lo largo de ese proceso de recortes sucesivos definí el corpus documental sobre el que posteriormente desarrollé el análisis que acá presento. Los tres expedientes que seleccioné dan cuenta de cuatro operaciones realizadas por bandas armadas en la zona rural de los municipios de Ibagué, Ortega y Venadillo durante el periodo señalado. Todos reflejan un aspecto de la confrontación militar que se encontraba en curso a lo largo y ancho del Tolima: el desarrollo de operaciones armadas por bandas que operaban en el campo tomando por asalto el espacio doméstico de sus víctimas. Sin embargo, esa no es su única característica compartida, pues en ellos es posible reconocer otras regularidades como el modus operandi: la hora, las prendas utilizadas en el momento de los ataques, la edad de las víctimas, el tipo de intervenciones realizadas sobre sus cuerpos (los golpes, cortes y desmembraciones realizados sobre todo en la parte frontal, en particular en la cabeza y el rostro), y los objetos -armas o herramientas- utilizados por los victimarios (fusiles, escopetas de fisto, carabinas y machetes). Considero importante, a esta altura, plantear una distinción entre los dos usos que se le puede dar al sustantivo testimonio en la reflexión historiográfica, y al mismo tiempo explicitar el uso que le doy a él en este texto. Si bien coincido con Marc Bloch en que “no podemos hablar de las épocas que nos han precedido sino recurriendo a los testimonios” (1990: 42), es decir, que todas las fuentes documentales sobre las que trabajan los historiadores y todos aquellos interesados en reflexionar sobre hechos que no han presenciado constituyen testimonios dejados -intencional o accidentalmente- por sus autores, en este texto prefiero emplear una acepción restringida del sustantivo.

14

Así, en este trabajo empleo la denominación testimonios para referirme a las narraciones a través de las cuales los sobrevivientes de las operaciones armadas que propiciaron la apertura de los expedientes que analizo se propusieron dar cuenta de lo sucedido. Al considerar los testimonios de los sobrevivientes tal como fueron reformulados por los funcionarios judiciales durante las transcripciones no tomo partido por una concepción positivista, ingenua, de la historiografía, pues asumo que cuando los investigadores nos enfrentamos a ellos no accedemos a los hechos sino a las interpretaciones elaboradas por quienes los narraron y reformuladas por quienes transcribieron dichas narraciones. En esa medida asumo que se trata de una relación con los hechos que se caracteriza por la intervención de al menos dos subjetividades: la del testigo y la de quien transcribió su declaración. Al respecto, Burucúa, Kwiatkowski y Hunt han propuesto una definición de testigo, en tanto autor intencional de un testimonio, en la que plantean que:

El papel de testigo no está reservado para los sujetos externos al fenómeno [de la masacre]; también puede ser desempeñado por las víctimas, los sobrevivientes e incluso por los mismos perpetradores. En todas esas instancias, el grado de involucramiento reclama la consideración de dos aspectos por parte del historiador: en primer lugar, la fuerte subjetividad (emociones, pretensiones políticas y marcos ideológicos) de los actores; en segundo lugar el aspecto diacrónico de los actos de testimonio, es decir las diferencias entre los que tienen lugar in media res, durante la masacre, y aquellos que se dan a posteriori, después del hecho, por ejemplo en el contexto de procesos judiciales o discursos apologéticos (Burucúa, Kwiatkowski y Hunt, 2009: 5).

Al mismo tiempo considero conveniente valorar su importancia como forma de acceso a esos acontecimientos, habida cuenta de la carencia de trabajos de recuperación de la memoria de los sobrevivientes de La Violencia, y el carácter marginal que aún tienen esas iniciativas en Colombia con respecto a su historia reciente.

15

2. MARCO HISTÓRICO La Violencia es el nombre que recibe uno de los conflictos políticos más importantes del país, iniciado a mediados de los años cuarenta del siglo XX. Para Daniel Pecaút, “El término Violencia, como se sabe, ha servido de nombre propio para designar esa especie de guerra civil, (en rea l idad una mezc la de fenómenos muy heterogéneos), que produjo más de 200.000 muertos durante de los año s de 1946-1965” (1984: 28). A pesar de que se lo denomine de manera genérica, el fenómeno de La Violencia no debe ser entendido como un proceso social homogéneo y uniforme, ya que se revistió de múltiples conflictos que se desarrollaron desigualmente en las zonas afectadas. En relación con los antecedentes históricos inmediatos de la Violencia, en la literatura de referencia se señalan “Dos fechas claves: 1.930 y la etapa conflictiva que inició; y el 7 de agosto de 1.946 con el cambio de gobierno y el 9 de abril de 1.948 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962: 23), q u e ayudaron a configurar la realidad política del país. En el año de 1930 el partido liberal asumió el poder bajo la presidencia de Enrique Olaya Herrera. Con su gobierno se dio inicio a dieciséis años de hegemonía liberal y el reavivamiento de antagonismos políticos bipartidistas, pues éste supuso la instauración de un nuevo régimen, el cual tendría como objetivo fundamental la inserción del país en la economía capitalista a través de la modernización de la estructura económica y política:

La década de 1930 es también partera de la historia; ha engendrado un nuevo mundo y Colombia entra en ese nuevo mundo: en resumen, el capitalismo comienza una nueva etapa, Colombia entra a girar ineluctablemente en esa órbita, y el Estado tiene que ser intervencionista en lo económico y social; y en Colombia la moratoria, el control de cambios, la reducción de los intereses en las deudas, el control del mercado cafetero son algunas muestras de esa política (Latorre Rueda citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I],1989: 293).

La línea de presidentes liberales continuaría con Alfonso López Pumarejo (1934-1938), el impulsor de la llamada Revolución en Marcha, quien desarrolló diversos cambios institucionales y agrarios, así como reformas tributarias, constitucionales y educativas que dieron lugar a la exacerbación de las hostilidades entre liberales y conservadores. Entre ellas, una de las más significativas fue la reforma agraria impulsada con la promulgación de la ley 200 de 1936, conocida como la Ley de Tierras, en la cual:

16

Reafirma el concepto de propiedad y [se] establecen dos formas para probarla: o por el registro o por la destinación económica. En el segundo caso, al presumir que son de propiedad privada los predios que están económicamente explotados. Quien comprobara que por cinco años había explotado económicamente un predio, tenía derecho a adquirir el dominio, si había obrado de buena fe. A su vez, y en desarrollo del principio de la función social de la propiedad y de que ésta implicaba obligaciones, si un propietario no daba destinación económica a su predio, éste revertiría al Estado al cabo de diez años, en los predios rurales. (Tirado citado en “Nueva Historia De

Colombia”, [Vol. I], 1989: 347-348)

En segundo lugar se puede citar la reforma educativa, por el impacto que tuvo en la profundización del clima de confrontación en los ámbitos políticos de la vida nacional, debido a que en virtud de ella “retoñaron polémicas y problemas del siglo XIX. Ante el retorno de los argumentos eclesiásticos que cuestionaban la soberanía estatal para educar, los liberales levantaron la bandera de 'libertad de enseñanza'” (Palacio, 1995: 153). Con la radicalización de esas posiciones opuestas bajo el gobierno liberal de López Pumarejo se produjo, en últimas, un giro hacia la laicización de la educación en el país mediante

La expedición de la ley orgánica 68 de 1955, de la Universidad Nacional, que al estipular la libertad de cátedra rompía con el monopolio tutelar de la Iglesia sobre la educación superior; la implantación de la educación mixta y el ingreso de la mujer a la universidad; la adopción como norma constitucional de la libertad de conciencia y de la libertad de cultos; el estudio y el debate de proyectos referidos al divorcio, al matrimonio civil y al concordato, que aunque no fueron aprobados, terminaron por caldear más las pasiones. (Acevedo, 1995: 148)

De esta manera, quedó claro que los linderos de la facción liberal que respaldaba a López Pumarejo estaban en franca oposición con los del partido Conservador, e incluso con los de otros sectores del Liberal. Se trataba, en últimas, de la promulgación desde el gobierno de ideas a propósito del Estado, la sociedad, y la Iglesia que perturbaban y amenazaban el orden establecido en el país hasta entonces:

Los conservadores difunden la idea de un liberalismo enemigo de la religión y se remontan al pasado, al siglo XIX, para demostrarlo, al tiempo que se apoyan en encíclicas y en pastorales de la jerarquía eclesiástica para propagar la creencia en un liberalismo asociado a las

17

fuerzas del comunismo internacional, cuyo proyecto en Colombia sería el de suplantar el ordenamiento democrático por un régimen totalitario y ateo (Acevedo, 1995: 38)

El siguiente presidente de la república por el partido L iberal fue Eduardo Santos (1938-1942), cuyo gobierno fue conocido como el de “La Gran Pausa” por haber frenado la dinámica reformista liberal impulsada por López Pumarejo. Como lo ha señalado Germán Arciniegas, durante su mandato se desarrollaron proyectos como el de la fundación de

La Radiodifusora Nacional y la Escuela de Policía General Santander, primer gran paso en la transformación de un cuerpo que hasta entonces vivió en las condiciones más precarias. Se legó al país «el mejor de sus instrumentos para el manejo de la política económica: el Fondo Nacional del Café. (Arciniegas citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 371)

Tras el gobierno de Santos, durante el cual se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, asumió el poder por segunda vez Alfonso López Pumarejo. En ese nuevo contexto global, que en el país se expresaba en una profunda crisis derivada de la caída de las exportaciones, López Pumarejo ubicó la preocupación por la relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos de Franklin D. Roosevelt, como uno de los ejes de su programa de gobierno:

Política en la cual tendría dos objetivos fundamentales: fomentar la solidaridad continental, y auspiciar y respaldar la llamada «buena vecindad», que predicaba el buen trato de EE.UU de América con los demás países del continente, y la reciproca coadyuvancia de éstos en la defensa de la integridad territorial de esa nación. (Rodríguez citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 374)

Durante el segundo gobierno de López se reavivaron los enfrentamientos bipartidistas, y en un periodo en el cual

La moral política del liberalismo se deterioraba paulatinamente ante la agresividad implacable de la oposición… [Las huelgas también resurgieron] en octubre de 1.943 estalló una huelga de los transportadores en Norte de Santander, Santander, Caldas y Cauca, en protestas por la expedición de la resolución 779 de1943, del ministerio de Obras Públicas, destinada a reglamentar esa actividad. Cinco departamentos quedaron sin víveres y para Caldas se decretó en

18

estado de sitio, en razón de que allí se presentaron disturbios aprovechados políticamente por el dirigente Gilberto Álzate Avendaño. (Rodríguez citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 378)

En medio de un contexto interno signado por la turbulencia y el caos político y social, la administración de López Pumarejo se vio interrumpida en 1943 por la licencia solicitada por él con el argumento de que debía trasladarse a Estados Unidos debido a la enfermedad de su esposa María Michelsen, de modo que fue reemplazado en el cargo por Darío Echandía el 19 de noviembre del mismo año. Sin embargo, lejos de reincorporarse al cargo en el tiempo previsto, tras su regreso al país, en marzo de 1944, solicitó una prórroga de la licencia, y presentó su renuncia al cargo el 15 de mayo del mismo año, manifestando motivos personales, políticos y familiares:

«Lejos de Colombia pude ver con mayor claridad y precisión que mi permanencia al frente del gobierno no es necesaria y que, por el contrario, razones de muy diversa índole justifican mi determinación de retirarme definitivamente de él. Unas son razones personales, otras políticas, otras de familia.» (Rodríguez citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 379)

Dicha renuncia fue rechazada por el senado y el 16 de mayo reasumió la presidencia (Rodríguez citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 379). En ese contexto, a mediados de 1944 tuvo lugar el Cuartelazo de Pasto:

A las 5:30 del 10 de julio fue despertado en su habitación por el ruido de soldados que invadían el hotel Niza, en donde estaba hospedado. Se le presentó el teniente coronel Luis Agudelo, quien le manifestó: «Le aviso que ha estallado en el país un movimiento militar que se ha apoderado de Pasto, Bogotá y otras ciudades, y que se ha encargado del gobierno. Tiene usted dos horas para resolver qué quiere hacer. Se le darán amplias garantías.» (Rodríguez citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 380)

19

Después de todo esto vendría la segunda renuncia de López, al persistir sus razones para retirarse del mandato, que a diferencia de la anterior fue aceptada por el Senado. Así, en 1945 fue delegado Alberto Lleras Camargo como presidente, con el propósito de que ejerciera hasta las elecciones de 1946, en las que triunfó el candidato conservador Mariano Ospina Pérez, y “El liberalismo perdió así el gobierno después de quince años de transformación institucional y cambio social, bajo una constante y áspera oposición” (Rodríguez citado en “Nueva Historia De Colombia", [Vol. I], 1989: 395).

Ospina Pérez le dio origen a la Unión Nacional, un pacto propuesto en un primer momento por el ex presidente López Pumarejo bajo el nombre del Frente Nacional, en el que se planteaba la convivencia armónica entre partidos. Al decir de Catalina Reyes, Ospina “Había levantado como bandera de lucha la supresión de los gobiernos de partido y había propuesto una fórmula de gobierno equitativamente distribuida entre liberales y conservadores” (Reyes citada en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 9).

Sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito debido a la gran división política que asolaba a los partidos. De una parte, en el partido Conservador, “Laureano Gómez… sólo vio en la política de Unión Nacional una táctica electoral y propendió por el establecimiento de una fuerte hegemonía conservadora que permitiera el desmonte de dieciséis años de república liberal” (Reyes citada en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989:10). Por otra, el part ido Liberal “Se encontraba dividido, y los continuos enfrentamientos entre gaitanistas y oficialistas contribuyeron a entorpecer los planes políticos de Ospina. El sector oficial del liberalismo y en particular los santistas, prefirieron establecer acuerdos con el gobierno antes que con Gaitán, de cuyo movimiento desconfiaban” (Reyes citado en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 10).

Si bien el gobierno de Ospina Pérez se mantuvo a pesar del fracaso de la iniciativa de la Unión Nacional, desarrollando importantes obras de infraestructura como las represas del Sisga y Neusa en Cundinamarca, y los distritos de riego de Coello, Saldaña y río Recio en el Tolima (Reyes citada en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 13), su segundo año estuvo atravesado por lo que se conoce como la llegada de La Violencia incipiente (Henderson, 1984: 25). Según Catalina Reyes, el país

Comenzaba a desangrarse sin que se hiciera nada efectivo para remediarlo… El año de 1.948 se inició, pues, bajo el signo de la V iolencia. Ésta tomó proporciones alarmantes en los departamentos de Boyacá y Santander. En este último se llegó a hablar de una auténtica guerra civil. Los enfrentamientos ya no se dieron sólo entre individuos sino que en algunos casos se enfrentaron poblaciones enteras que combatían entre sí. (Reyes citada en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 19)

20

El país, entonces, había entrado en la dinámica del conflicto en cuyo marco se desarrollaron los episodios de Violencia de cuyos registros judiciales me ocupo en este trabajo. Esa Violencia incipiente de la que habla Henderson sufrió, el 9 de abril de 1948, un quiebre que introdujo un cambio cualitativo en la dinámica de la confrontación. Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el centro de Bogotá, el país se sumergió en una profunda crisis política y social. “El pueblo enardecido arrastró el cadáver del asesino hacia el palacio presidencial. Se tomó las calles y destruyó todo aquello que le representaba el odioso «país político»” (Reyes citada en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 21-22). En provincia la reacción asumió características distintas. Henderson ha señalado que en el departamento del Tolima por ejemplo, mientras en Ibagué se produjeron saqueos, robos, levantamientos y asaltos contra locales comerciales, un diario, y la cárcel del Panóptico entre otras acciones (Henderson, 1984: 149-150), en los municipios, generalmente diferenciados según la filiación política mayoritaria de sus habitantes, los acontecimientos del 9 de abril dieron lugar al desarrollo de confrontaciones que si bien no siempre llegaron a manifestarse en la violencia directa, daban cuenta de la profunda brecha abierta entre los miembros de los dos partidos predominantes. Un ejemplo de esas disputas reanimadas en 1948, que se extendieron hasta años después de la entrada en vigencia del Frente Nacional, puede encontrarse en la Guerra de la Sal:

que estalló entre el Líbano liberal y la conservadora Villahermosa, dos municipios vecinos de la cordillera. Armero, en el llano, y el Líbano, en las montañas, habían sido siempre rivales económicos. El primero proveía al segundo de materias primas esenciales y de bienes de comercio… Un vínculo económico similar existía entre Líbano y Villahermosa, el pequeño municipio conservador situado a lo largo de su frontera norte. Los dos municipios mantenían un intenso comercio a través de un escarpado camino de herradura que unía las dos cabeceras. A raíz de la formación, el 9 de abril, de gobiernos municipales cuasi independientes en el norte del Tolima, los comerciantes de Armero aumentaron de manera considerable el precio de sus artículos, en el convencimiento de que los libanenses no tenían más alternativa que pagar. Los comerciantes del Líbano, en efecto, pagaron los nuevos precios al intercambiar su café por cosas esenciales como la sal, pero también recortaron sus pérdidas subiendo los precios de los artículos que despachaban hacia el norte. Los ciudadanos de Villahermosa atribuyeron esto al partidismo y clamaron que los precios mayores eran otro ejemplo de la perfidia liberal. El alcalde de

21

Villahermosa, Luis Felipe Yepes, contestó cortando de plano todo comercio con el Líbano, y buscó fortalecer los lazos económicos con el vecino municipio conservador de Fresno. También ordenó que se suspendieran los trabajos de la carretera al Líbano, una determinación que creó oposición en el sur de Villahermosa. Los corregimientos de Pavas y primavera comenzaron a hablar de “secesión”. Estas veredas poseían grandes minorías liberales, habiendo sido antes parte del Líbano, del cual fueron desmembradas para ser adscritas al municipio conservador en tiempos de Rafael Núñez. Tan efímera como pueda parecer, “ La Guerra de la Sal” tuvo un impacto duradero sobre Villahermosa y sobre el Líbano, ya que la carretera entre las dos poblaciones no se completó sino diez años después [durante el Frente Nacional], a un costo mucho más alto que lo proyectado. (Periódico la Voz del Líbano citado en Henderson, 1984: 154-155)

En ese contexto de exacerbación de la confrontación bipartidista, Laureano Gómez se posesiona como presidente de la república el 7 de agosto de 1950. Si bien su gobierno se vio interrumpido un año después con la cesión del poder a Roberto Urdaneta Arbeláez, Gómez tomó como presidente importantes medidas como el envío del Batallón Colombia a la guerra de Corea en respaldo de la política anticomunista del gobierno de los Estados Unidos, o la reversión de la legislación prosindical promulgada por López Pumarejo.

Mucho se habló en su momento, y ello no es de excluir, que a Corea se hubieran enviado premeditadamente oficiales de filiación política diferente a la del gobierno. En unos casos para alejarlos del país en forma previsiva, para que eventualmente no actuaran contra el gobierno, y en otros casos porque militares profesionales que podrían ser retirados del servicio por su filiación política preferían actuar en una guerra exterior y no en una contienda fratricida y por ello solicitaron ir a combatir a Corea. (Tirado citado en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 92)

Así, mientras la economía nacional se empezó a recuperar de la mano del boom de posguerra y la represión sindical, Gómez intentaba estabilizar el frente interno con el fortalecimiento de las fuerzas armadas: “La situación de guerra en ciertas zonas y el estado de sitio permanente, hicieron que el poder del ejército creciera en efectivos, en recursos y en el control de la población en zonas de guerra” (Tirado citado en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 106). De ese modo:

En la noche del 13 de junio de 1.953, y con el respaldo de Ospina y la plana mayor de la oposición conservadora, el general Rojas Pinilla anunció la consumación de un golpe de

22

estado. La iglesia, los gremios empresariales y todos los grupos políticos, con excepción de un puñado de laureanistas y del Partido Comunista, lo avalaron. (Palacio, 1995: 211)

Según Gonzalo Sánchez, Rojas Pinilla

encontró un país semidevastado por el terror en algunas áreas, en proceso de insurgencia generalizada en otras y, en todo caso, al borde de una crisis social y política irreversibles [en adelante las tareas esenciales durante la administración de Rojas Pinillas serían] poner freno al terror y la anarquía, en segundo lugar, desactivar la guerrilla y reconstruir económicamente las zonas afectadas por la Violencia. (Citado en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 153)

De cualquier modo, y a pesar del optimismo con el que fueron recibidos inicialmente, los planes de pacificación del gobierno militar fracasaron y lentamente la imagen de Rojas Pinilla como pacificador de la nación le cedió el paso a la del gobernante autoritario e incapaz de estabilizar el país.

El 8 y 9 de junio de 1954, en el marco de las primeras protestas antigubernamentales, por muchos años, trece manifestantes universitarios, entre ellos Uriel Gutiérrez, cayeron abatidos por el ejército en hechos que culminaron con el nombramiento de un coronel como rector de la Universidad Nacional. (Sánchez citado en “Nueva Historia de Colombia”. [Vol. II], 1989: 162-163)

Enfrentados a esa nueva situación, los dirigentes de los partidos Liberal y Conservador llegaron al consenso de que era necesario volver a la democracia electoral, esta vez por la vía del acuerdo propuesto años atrás en diferentes momentos por López Pumarejo y Ospina Pérez, iniciándose así el Frente Nacional a finales de los años cincuenta del siglo XX.

El apoyo dado inicialmente por los partidos al gobierno militar se convirtió en oposición bipartidista hacia las postrimerías del régimen, cuando una coalición de jefes del conservatismo y del liberalismo maquinaron la caída de Rojas Pinilla del poder. En el año de 1957, Rojas Pinilla fue sucedido por una Junta militar interina y luego se inicio el gobierno del Frente Nacional. (Oquist, 1978:18)

23

2.1 LA VIOLENCIA EN EL TOLIMA

El departamento del Tolima se encuentra ubicado en el centro-oeste de Colombia, entre las cordilleras Central y Oriental. Al norte limita con el departamento de Caldas, al oriente con Cundinamarca, al Sur con el Huila y Cauca, y al Occidente Caldas, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. A mediados del siglo XIX el Tolima se encontraba en un cruce de caminos vitales para la vida política y la economía nacional:

Antes del transporte aéreo, todo el que visitara a Bogotá atravesaba el Tolima por una o dos rutas. La primera venía río Magdalena arriba hasta Honda, el más norteño de los pueblos del departamento y puerta de entrada al tortuoso camino hacia los altos de la Cordillera Oriental y hacia Bogotá. Los viajeros provenientes de la Costa del Pacífico cruzaban hacia el Tolima a través del paso del Quindío, sobre la Cordillera Central. Bajaban las montañas hacia Ibagué, capital del Tolima, y luego seguían hacia Girardot a través de una carretera que divide al departamento por su mitad. (Henderson, 1984: 30)

Según ha señalado Henderson esas condiciones hicieron del Tolima un escenario de continua comunicación con el Centro político de la nación (Henderson, 1984: 27), elemento que influyó radicalmente en el surgimiento y sostenimiento de la Violencia a mediados del siglo XX. Ahora bien, en relación con los antecedentes históricos inmediatos de la Violencia en el Tolima, en la literatura especializada se refieren numerosos fenómenos* que configuraron la realidad política del departamento entre los siglos XIX y XX, signada por la existencia de municipios comúnmente asociados a alguno de los partidos políticos tradicionales según la filiación mayoritaria de sus habitantes. El primero de ellos es la Colonización Antioqueña, y el segundo la Guerra de los Mil días. La Colonización Antioqueña, que alcanzó el departamento del Tolima entre finales del siglo XIX y principios del XX, fue según Eduardo Santa (1994) un movimiento migratorio desarrollado por familias antioqueñas que sentían la necesidad de emigrar a regiones más propicias para su subsistencia y expansión. Durante el recorrido fueron fundadas “Aldeas como Herveo, Fresno,

* Tanto la guerra civil como l a pobreza constituyen dos variables dominantes en la dinámica interna del país durante el siglo XIX. Al respecto pueden consultarse las obras de Sánchez y Meertens (1984); Sánchez y Peñaranda (1991); Pecaút (1984).

24

Casabianca, Villahermosa, Líbano, Santa Isabel y Anzoátegui.” (Henderson, 1984: 65). Al final del proceso colonizador “[c]inco de los seis municipios antioqueños en la cordillera norte eran resueltamente conservadores”, (Henderson, 1984: 58) a diferencia del municipio del Líbano, colonizado por Isidro Parra, quien

[s]iendo un joven de 21 años... se había distinguido al lado del general Mosquera en la guerra civil de 1860. Cuando, cuatro años más tarde, los conservadores se apoderaron del gobierno de Antioquia, reunió a un grupo de jóvenes de ideas liberales y se fugó a la cordillera, deteniéndose únicamente cuando se encontró frente a un pintoresco valle boscoso que más tarde llamó Líbano por sus grandes árboles de hoja perenne que traían a la mente los famosos cedros del Líbano. Parra tomó la decisión de crear allí una ciudad que no tuviera rival dentro del Tolima. (Henderson, 1984: 60)

Por otro lado, mientras la ola colonizadora antioqueña tenía lugar, el país se encontraba sumergido en una convulsionada situación política y social debido a las guerras civiles que se venían gestando desde mediados del siglo XIX. Entre ellas me detendré en la Guerra de los Mil Días o Guerra de Los Tres años, dada su importancia como episodio particularmente relevante en la serie de confrontaciones bipartidistas que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y cuyo colofón puede encontrarse en la Violencia:

Desde los primeros días de octubre de 1899 el liberalismo del centro del país empezó a hacer marchar a sus hombres hacia Santander, para formar un ejército que combatiera el gobierno conservador presidido por el nacionalista Manuel Antonio Sanclemente. Con este objeto, las fuerzas congregadas en Santander dan inicio, el 17 de octubre de 1899, a la más prolongada guerra civil de nuestra historia. Esta guerra, conocida como de los Mil Días o de los Tres Años, se prolonga hasta mediados de noviembre de 1902 (Jaramillo citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 89).

Los departamentos que combatieron activamente en la guerra civil bajo las banderas liberales y conservadoras fueron [siguiendo la agrupación propuesta por Jaramillo]: en “[l]a Costa Atlántica: Bolívar, Magdalena; [en] el centro: Tolima, Cundinamarca y Boyacá; Santander; [en] la Costa Pacífica y Panamá: Cauca y Panamá” (Jaramillo citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 91). Cuando el conflicto se desató, hombres, mujeres y niños participaron en los combates:

Si bien «las Juanas» constituyeron la esencia misma de la

25

participación femenina en la guerra, no fue este su único papel, ya que hay múltiples noticias de damas ricas que compraron armas y financiaron grupos guerrilleros, de señoritas elegantes de la ciudad que sirvieron de postas, de espías, de informadoras y de abastecedoras de productos químicos y municiones, y no fueron pocas las que convirtieron la ropa blanca de sus hogares en montañas de gasa que despacharon para los campamentos. (Jaramillo citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 91).

En el campo muchas personas fueron obligadas a combatir sin importar su filiación política, como ocurrió en el Cauca con la Modalidad de reclutamiento empleada por el jefe guerrillero del departamento, Paulino Vidal,

quien le preguntaba a los hombres recién recogidos en los campos si querían formar en sus filas, emprendiéndola a planazos (golpes dados con la hoja del machete) contra quienes se negaban a ello, castigo que sólo suspendía cuando sus víctimas optaban por acompañarlo "voluntariamente" a la guerra. (Jaramillo, 2000)

La insuficiencia de armamento obligó a “los combatientes de los departamentos del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Bolívar a dedicarse a la alquimia polvorera y a la fabricación artesanal de escopetas, bombas y cañones” (Jaramillo citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 90), así como, el uso del machete como instrumento de guerra, una práctica que, como veremos más adelante, también fue común durante la Violencia:

La situación descrita obligó a los combatientes liberales a recurrir a osados asaltos para tomar del enemigo armas y pertrechos, y a utilizar de manera recurrente el machete, lo que ayudó no poco a brutalizar la guerra… Su efecto destructivo sólo fue comparable al producido por el disparo de fusil Mannlicher con que lograron dotarse las fuerzas liberales que combatieron en la frontera con Venezuela o al de las famosas balas «mascadas» de los guerrilleros de Victoriano Lorenzo en Panamá. (Jaramillo citado en “Nueva Historia De Colombia”, [Vol. I], 1989: 90)

Durante la Guerra de los Mil Días el departamento del Tolima se convirtió en camino obligado de los seguidores de ambos partidos tradicionales, ya que:

por su ubicación central, ofrecía un acceso fácil a los partidarios de ambos bandos, cuyos ejércitos marcharon y contramarcharon a todo lo

26

largo y ancho del departamento… Los conservadores hablaban de un sitio llamado Montefrío, en las veredas altas de Doima, en donde los hombres del guerrillero liberal Tulio Varón colgaban a sus prisioneros en ganchos de matarife, insertándolos por debajo de sus mandíbulas inferiores, antes de ejecutarlos a machete. (Henderson, 1984: 69).

El uso del machete como arma de guerra, esta vez asociado a un modus operandi similar al empleado por las bandas que operaron en el Tolima durante la Violencia, aparece también en la historia del Soldado Cantalicio Reyes, tal como la refiere Eduardo Santa en una idea leída por Henderson (1984), Reyes, quien combatió durante la guerra de los Mil Días en el ejército liberal del general conocido como El Negro Marín:

un humilde agricultor que vivía con su familia en el llano entre Alvarado y La Mansa quebrada de Caima. Un día, mientras Cantalicio Reyes trabajaba en los campos, tropas conservadoras saquearon su pequeña finca, encerraron a su mujer y a sus hijos en la choza techada de barbas y luego le prendieron fuego. Al enterarse de lo ocurrido, Reyes se unió a las fuerzas guerrilleras del Negro Marín con estas palabras: “He venido a matar godos…”. Y eso hizo, ganando fama a través de todo el Tolima por la forma maníaca como esgrimía su machete durante el combate. (Henderson, 1984: 70)

Al finalizarla la Guerra de los mil Días en 1902, el partido Conservador reafirmó su hegemonía, iniciada con la Regeneración que se cristalizó en la constitución de 1886 y se estabilizó el régimen que historiográficamente se ha denominado la República Conservadora. En ella, la iglesia católica jugó un papel central como la única institución capaz de salvaguardar, según los conservadores, el orden nacional y los valores tradicionales de la sociedad. Esta es la realidad que se mantendría hasta 1930. Con la llegada de los años treinta el partido Liberal asumió el poder por la vía electoral con el presidente Enrique Olaya, cuyo gobierno dio inicio a dieciséis años de hegemonía de dicho partido. Como he señalado al inicio de este capítulo, el periodo abierto con el ascenso de Olaya Herrera al poder supuso el desarrollo de grandes transformaciones en la correlación de fuerzas política a escala nacional.

El Tolima, experimentaba su porción normal de refriega política en 1930, pero ahora eran los conservadores los que se quejaban de ser perseguidos por los liberales, respaldados por una burocracia venal. La primera elección de importancia local se realizó en febrero de

27

1931, y los periódicos de la oposición proclamaron abiertamente que la sangre conservadora estaba bañando al departamento. (Henderson, 1984: 97).

Descollaban, pues, las primeras confrontaciones de lo que sería la Violencia. El municipio de “Santa Isabel colgada en lo alto de la Cordillera Central, fue uno de los primeros lugares del Tolima donde comenzó a derramarse sangre, y antecedió a la mayoría de los otros 39 municipios del departamento en verse envuelta en la Violencia” (Henderson, 1984: 32). Los habitantes de este municipio, de filiación mayoritariamente conservadora, consideraron que la llegada al poder del partido Liberal en 1930 era el desastre (Henderson, 1984: 33):

Después de más de treinta años de paz y prosperidad bajo el fomento partidista, llegó lo que los conservadores de Santa Isabel denominaron el desastre. Erróneas tácticas electorales a nivel nacional hicieron que el poder político saliera de sus manos en 1930, condenándolos a casi dos décadas de gobierno de los liberales, grupo que entre ellos nunca fue más que una triste minoría. (Henderson, 1984: 33)

Así, a inicios de los años treinta el país entero nuevamente entraba en un remolino de acontecimientos violentos y divisiones partidistas que irremediablemente agravaron la crisis y la extendieron hasta bien entrada la década del sesenta con la instauración del Frente Nacional, sobre lo que volveremos más adelante. Según Henderson con la llegada de los años cuarenta, la población de municipios como Fresno y Anzoátegui al igual que la de muchos otros del Tolima se encontraba fragmentada entre liberales y conservadores, esta particularidad hizo de los comicios electorales escenarios de confrontación política (Henderson, 1984: 143). Durante el desarrollo de la investigación de la que doy cuenta en este trabajo, no tuve acceso a información detallada sobre el clima que se vivía en los municipios en los que sucedieron los hechos que me ocupan. Sin embargo, un ejemplo de la nueva situación abierta por el ascenso de los liberales al poder, caracterizada por los continuos enfrentamientos entre miembros de uno y otro Partido, es citado por Guzmán cuando se refiere al municipio del Líbano, el cual se convertía, con motivo de los comicios,

en teatro de operaciones bárbaras, originadas en el fraude y la adulteración de los registros de votación. Verdaderos combates se libraron en la plaza principal en los que perdieron la vida distinguidos

28

ciudadanos de ambos partidos políticos… Al Líbano iban a votar miles de ciudadanos de otras regiones del municipio. Murillo, Santa Teresa, Convenio, San Fernando (entonces Dosquebradas) y multitud de veredas confluían a la cabecera en donde estaban las mesas de votación y los registros electorales. En las primeras horas de la mañana entraban a la población el general Eutimio Sandoval, jefe conservador de gran prestigio, seguido por sus correligionarios de diferentes veredas. Eran o constituían una especie de batallón civil con sus divisas y banderas. Un poco más tarde entraba a la población el valeroso general Antonio María Echeverri con su cauda civil y sus enseñas. Votaban ordenadamente en mesas diferentes. Alguno de los electores no aparecía en los registros o figuraban entre los “muertos”. Y luego venía de la discusión y tras ésta, la revuelta, que no tardaba en generalizarse. Se vivían momentos dramáticos. Cuando nada ocurría durante el desarrollo de los comicios, la tromba de violencia se desataba al conocerse los resultados, por lo general adulterados en forma escandalosa. (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962: 54)

Con la explosión del Bogotazo el 9 de abril de 1.948 el Tolima se convirtió en escenario de aún más intensas confrontaciones que contribuyeron a la profundización de la violencia bipartidista que se venía desarrollando desde los años treinta. “La geografía del fenómeno tiene como núcleos los municipios del Líbano, Chaparral, Armero, Cunday, Santa Isabel, lo mismo que su capital Ibagué (Alape citado en la “Nueva Historia de Colombia” [Vol. II], 1989: 68). Por ejemplo, en el municipio liberal de Armero se llevaron a cabo numerosos actos de violencia, entre los cuales estuvo el linchamiento del párroco conservador Pedro Ramírez.* Por otra parte, en Ibagué fueron asaltadas numerosas edificaciones, entre las cuales se encontraba la cárcel del Panóptico, y en municipios del sur del departamento como “Natagaima, Chaparral y Coyaima fueron fácil presa del sectarismo político, hábilmente atenuado por la actitud tolerante de los notables que estaban al mando de los acontecimientos” (Alape citado en la “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 69). Así, como efecto de la agitación desatada por el conocido Bogotazo, el país entró en 1949, bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, en un estado de sitio que se extendió por buena parte de la década de 1950. En ese marco, “sin elecciones controvertidas en las urnas, el país vio desfilar por el solio de Bolívar a ocho personas en el breve lapso comprendido entre 1950 y 1957: Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez, Gustavo Rojas Pinilla y los miembros de la Junta Militar”. (Tirado citado en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II] 1989: 83). Mientras se sucedían los gobiernos, la confrontación alcanzaba, progresivamente

* Sobre dicho incidente puede leerse el documento Cuando Colombia se desangró: Un estudio de la Violencia en Metrópoli y provincia de James Henderson, 1984 en el apartado titulado Cap. IV: Prefacio a la Violencia.

29

y hasta finales de la década, mayores niveles de exacerbación y agravamiento. Cuando Rojas Pinilla asumió el poder en 1953, tres tareas fundamentales fueron planteadas por el nuevo gobierno: “La pacificación nacional, la amnistía y la reconstrucción económica” (Sánchez citado en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989:153), el proceso contó con el arbitraje de

las fuerzas armadas, las cuales en la persona del General Gustavo Rojas Pinilla asumieron el poder en junio de 1953, empujadas prácticamente por los j efes políticos que, excepción hecha por la fracción derrocada, no estaban dispuestas a correr más riesgos frente al potencial revolucionario de anarquía incontrolable que se incubaba detrás de la Violencia…Los cálculos de los militares eran los de que una vez lograda la desmovilización de los combatientes en los Llanos y el Tolima, el resto era un problema de tiempo simplemente. Los hechos posteriores mostraron que no estaban del todo equivocados; aunque también es cierto que pasada la euforia inicial, la represión militar se haría sentir de manera selectiva y con particular agudeza en las zonas en donde las guerrillas habían tenido la lucidez de esperar antes de entregarse. (Sánchez y Meertens, 1984: 41)

Detengámonos, pues, en la amnistía y en los problemas de la pacificación nacional, dado que, en un primer momento el plan de gobierno tuvo como objetivo “poner freno al terror y la anarquía, [así como] desactivar la guerrilla” (Sánchez citado en “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989:153). Para lograrlo se empleó por un lado, un lenguaje más benévolo y conciliatorio con los alzados en armas, quienes habían sido “tratados antes como criminales y bandoleros,* [de modo que] “eran reconocidos ahora como fuerzas rebeldes y beligerantes con las cuales era por lo menos concebible negociar” (Sánchez citado en la “Nueva Historia De Colombia” [Vol. II], 1989: 153), con el fin de lograr el desarme y la suspensión de las hostilidades guerrilleras. En ese marco,

tras el golpe de Estado del 13 de Junio de 1953, los más altos jefes dentro de la jerarquía militar habían asumido una labor de ablandamiento sobre los dos principales centros de concentración de la lucha guerrillera: los Llanos Orientales y el sur del Tolima. Dado el rumbo que en estas dos zonas asumía la contienda, y dado también el volumen de los efectivos comprometidos con la resistencia en ambos

* El termino bandolerismo, según Sánchez y Meertens “No puede ser entendido por lo tanto como un simple residuo de la Violencia, sino como la expresión armada característica de una de sus etapas. Como producto histórico particular, es el resultado de las cambiantes relaciones de los alzados en armas con el Estado, los partidos políticos y los detentadores del poder local y regional”. (1984: 48).

30

casos, el grado de legitimación o de cuestionamiento del Régimen Militar dependía en gran medida de lo que allí aconteciera. (Sánchez y Meertens, 1984: 80).

Es por esto que la “formación guerrillera, como expresión típica de la resistencia en la segunda fase del primer periodo de la Violencia, fue entonces un proceso bastante espontáneo, inseparable de toda esa secuencia tan generalizada de familias que huyen, de la necesidad de sobrevivir en el monte, y de defenderse frente a la continua persecución” (Sánchez y Meertens, 1984: 77). En ese contexto de organización militar relativamente espontánea de sectores del campesinado con el propósito de participar activamente de la confrontación por motivos políticos y personales que con frecuencia eran difíciles de distinguir entre sí, surgieron y ganaron reconocimiento bandoleros como Chispas, quien como tantos otros jefes bandoleros de la época era

hijo de un pequeño propietario de una zona liberal a la cual llega una llave siniestra de forasteros: “uniformados en compañía de particulares”, es decir, “Chulavitas” y “pájaros” que, amparados en la impunidad oficial, desencadenaban el terror de manera generalizada sobre una población campesina que inicialmente solo expresa su impotencia frente a hechos que por su casi inimaginable crueldad producen un efecto paralizante en los testigos de esa cotidiana tragedia. (Sánchez y Meertens, 1984: 74)

En contraste con los procesos de organización y expansión guerrillera desarrollados a inicios de la década de 1950, en 1954 se iniciaron las actividades de desarme y desmovilización de las guerrillas en el centro, sur y norte del departamento del Tolima gracias a las primeras rendiciones de los guerrilleros.

Las primeras entregas masivas fueron las que se llevaron a cabo precisamente en la población de Rovira por parte de los grupos armados y que menciona “Chispas”: uno que bajo el comando de Tiberio Borja (“Comandante Córdoba”) operaba en la región de Riomanso, y otro de la fracción de La Estrella, bajo la dirección de David Cantillo Elías, (“El Triunfante”). (Sánchez y Meertens, 1984: 81)

Pero incluso en el marco de estas desactivaciones en el Tolima, la violencia política tradicional aumenta (Henderson, 1984: 238) y fue hacia finales de este año cuando se conocieron informes de que las guerrillas

31

aumentaban en el oriente, bajo l a dirección de Juan de la Cruz Varela. Fuerzas irregulares en el oriente del Tolima comenzaron a hacer alarde de su poderío, jactándose de tener más armas que el ejército. “Sumapaz no era una región para ser tomada a la ligera, algo que se hizo penosamente evidente a finales de marzo de 1955, cuando 500 guerrilleros de Villarrica por poco liquidan a toda una compañía del ejército que estaba patrullando este municipio. El irritado Rojas Pinilla se puso en acción: el 4 de abril de 1955 decretó el oriente del Tolima y el sur-occidente de Cundinamarca como “zona de operaciones militares”, y comenzó a preparar su ofensiva” (Henderson, 1984: 239-240). Los planes de gobierno comenzaron a resquebrajarse y la orientación no tardó mucho en cambiar, pues “[el] incumplimiento de la palabra oficial, el hostigamiento sin tregua y, muchas veces, el asesinato traicionero de antiguos guerrilleros amnistiados, tornaron a éstos cada vez más desconfiados de las promesas de paz” (Sánchez y Meertens, 1984: 83). Por otra parte el 4 de abril de 1955 la región se declaró por decreto “Zona de Operaciones Militares” (Henderson, 1984: 239-240):

A comienzos de junio el ejército había preparado su acción para acabar con las guerrillas de Sumapaz. Seis batallones rodearon el área y Rojas Pinilla mismo dirigió la larga y costosa operación desde su casa de vacaciones en Melgar. Las guerrillas pasaron primero a la ofensiva, atacando con dos mil hombres las posiciones del ejército cerca de Villarrica, pero no eran rival para una fuerza militar más grande y mejor equipada. Sufriendo y a la vez infligiendo altas pérdidas, los guerrilleros se retiraron paulatinamente desde el Tolima hacia Cundinamarca y el alto Sumapaz. (Henderson, 1984: 243)

Al finalizar esta ofensiva, el resultado fue el desplazamiento de gran número de campesinos, como ocurrió en el oriente del Tolima, donde “los campesinos de Prado y Dolores se vieron obligados a emigrar a los montes, es decir a las cabeceras montañosas y selváticas de estos municipios” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962: 107). En relación a esa época, los anter iores autores han c i tado un fragmento en el que uno de los campesinos organizados manifestó que

Fueron los años (1955-1956) de nuestras grandes pérdidas humanas y materiales…Allá en las tierras de Villarrica y del oriente del Tolima quedaron además de decenas y centenares de niños, ancianos y gentes humildes muertos por las bombas, asesinados en sus casas por las

32

fuerzas oficiales o acribillados por el hambre y las enfermedades. (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962: 108)

Lentamente, a lo largo de casi medio siglo, se había establecido el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos que hoy me ocupan. Finalmente, es necesario comentar que en el proceso de exploración de la literatura de la Violencia, no fue posible encontrar la información histórica necesaria para comprender cuál era la situación política, social y económica de los cuatro municipios donde se desarrollaron los asaltos. Probablemente esta información éste referida en otras fuentes a las que no tuve acceso. Por tal razón, la investigación no contará con la información histórica de los municipios de Ibagué, Falan, Ortega y Venadillo durante el periodo de gobierno militar del General Gustavo Rojas Pinilla, donde uniformados en compañía de particulares (Sánchez y Meertens, 1984:74), como los describió Chispas en relación con el asalto de la casa de sus padres (del que no me ocupo acá), ejecutaron los asaltos que analizo. En ese terreno, merece considerarse el hecho de que, a la luz de las investigaciones publicadas, los historiadores del periodo tienen una tarea pendiente en relación con la reconstrucción e interpretación de los procesos desarrollados durante la Violencia a escala municipal en el departamento.

33

3. EL CUERPO DE LAS VÍCTIMAS: UN ACERCAMIENTO SOCIO-

ANTROPOLÓGICO A LA RELACIÓN CUERPO – VIOLENCIA – SOBERANÍA

3.1 EL MARCO HISTÓRICO Y SOCIAL DE LOS ASALTOS Para Henderson (1984) los antecedentes históricos que configuraron la realidad política que ca rac te r i zó la Violencia de los años cincuenta del siglo XX, obedecen a varios procesos sociales, económicos y políticos. Con arreglo a los fines del presente análisis tendré en cuenta prioritariamente sólo dos de ellos: la colonización antioqueña y la Guerra de los Mil días. Posteriormente retomaré el rastreo histórico que Henderson hace de la Violencia de los años cuarenta hasta el Frente Nacional, así como su descripción del conflicto en el municipio del Líbano. En este sentido, resulta pertinente conectar los trabajos realizados por Daniel Pecaút (1984), Paul Oquist (1978), Marco Palacio (1995), Darío Acevedo Carmona (1995) y la compi lac ión de ensayos sobre e l tema t i tu lada Nueva Historia de Colombia (1989), acerca de los distintos elementos históricos que formaron parte de este conflicto bipartidista, que s e e x t e n d i ó desde el año 1930 hasta el Frente Nacional. De la misma manera, el trabajo desarrollado por Gonzalo Sánchez y Donny Meertens (1984) acerca de la configuración histórica del Bandolerismo en el norte del Tolima, resultó de gran utilidad, pues según estos autores, los bandoleros como “Desquite”, “Pedro Brincos” y “Sangre Negra”, quienes procedían de distintos municipios del Tolima, se encargaron de promover el terror en muchas zonas a través de ataques a la población. El bandolerismo fue otra de las modalidades de violencia que se desarrollaron durante el conflicto bipartidista, de allí que su análisis permitió entender “La compleja naturaleza del bandolerismo de aquella época” (Sánchez y Meertens, 1984: 118) y su impacto en el departamento del Tolima, hasta bien entrados los años sesenta del siglo XX. En relación con la expansión de la frontera agrícola propiciada por la colonización antioqueña nos encontramos con el trabajo de Eduardo Santa, quien plantea

una visión de conjunto del fenómeno social que fueron las migraciones antioqueñas del siglo XIX. De un momento a otro se despierta. . . la fiebre colonizadora: tropillas de hombres ambiciosos y tenaces se internan en la selva, trepan a las cordilleras, vadean ríos torrentosos, inundan los caminos y las brechas y van dejando sobre ellos la huella de sus pies desnudos, con el afán de fundar pueblos y haciendas, es decir, hacer un país nuevo, diferente al que nos habían dejado los españoles de lanza, de escudo y de gorguera. (1994: 11-18)

34

La colonización antioqueña se extendió por gran parte del país, incluido el departamento del Tolima, “a mediados del siglo XIX, partió de la vieja Antioquia, se internó en las selvas inhóspitas, traspasó a lomo de buey las serranías nevadas del Ruiz y penetró en las fértiles vertientes de la Cordillera Central de los Andes, en el departamento del Tolima” (Santa, 1994: 9). Como he anticipado en el capítulo anterior, la colonización cobra gran importancia para el presente trabajo al influir directamente en la formación social, económica y política de los pobladores del departamento del Tolima. El trabajo compilatorio de Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (1991), forma parte de una serie de artículos escritos por varios autores entre los q u e se encuentran David Bushnell, Malcolm Deas y Medófilo Medina, quienes situaron como antecedente principal de la Violencia el fenómeno de las guerras civiles de finales del siglo XIX y principios del XX. Sus trabajos fueron de gran utilidad en la articulación de mi análisis. 3.2 COMPRENDER LA LÓGICA PARTICULAR DE LOS ASALTOS Dado que parto de la premisa de que los actos de violencia desarrollados durante las incursiones que dieron lugar a los expedientes que analizo no constituyen la expresión de comportamientos irracionales, me interesa especialmente alcanzar el tipo de comprensión sociológica que Max Weber caracteriza como propia de las ciencias sociales, es decir aquella derivada de la comprensión de las relaciones de sentido que vinculan los actos desarrollados por los sujetos sociales y los motivos que constituyen “el fundamento con sentido de una conducta” (Citado por Mardones, 1991: 257). Esto supone asumir, por supuesto, que como diría Weber no se puede comprender los hechos en la superficie de la apariencia, sino que por el contrario hay que llegar a establecer “el carácter significativo de las acciones sociales, culturales, [y] humanas”, (Citado por Mardones,1991: 248) para entender, en este caso, los sentidos sociales implicados en la ejecución brutal de varias personas por motivos que si bien se pueden presumir políticos dado el contexto histórico en el que se desarrollaron, no aparecen planteados explícitamente en los expedientes. Ese contexto, era, en el Tolima, el del despliegue en varias regiones del país de las comisiones militares enviadas por Rojas Pinilla, para quien la pacificación, como comenté en el anterior capítulo, se lograría con el apoyo de las fuerzas armadas bajo su dirección. En el caso que me ocupa he optado por construir un dispositivo analí t ico a partir de la teoría social sobre la base de la articulación de quienes han reflexionado sobre los sentidos construidos en diversos contextos a propósito de la relación del cuerpo, la violencia y el ejercicio del poder. Los estudios del cuerpo a lo largo de la historia han estado atravesados por distintas visiones, discursos, prácticas y representaciones, que van desde el

35

mundo antiguo, pasando por el Renacimiento hasta nuestros días. En 1945 Merleau-Ponty publica la Fenomenología de la percepción, situando al cuerpo en el centro de su análisis, ya que, “el sujeto habrá de pensarse, en lo sucesivo, desde la experiencia del cuerpo propio; la subjetividad a devenido sujeto-cuerpo” (Sucasas, 2000:197). Merleau-Ponty reconoce que el cuerpo es algo más que una cosa, pues “nuestros cuerpos no son sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo, sino que a través de nuestros cuerpos llegamos a ser vistos en él. El cuerpo forma la envoltura de nuestra existencia en el mundo; la yoidad procede de esta ubicación en el cuerpo” (García, 2009). A continuación trataré algunos enfoques teóricos que fueron de gran utilidad para comprender y analizar el carácter del cuerpo, su peso político, simbólico y social en contextos como el que analizo. Estos enfoques teóricos se relacionan con los planteados por el filósofo e historiador francés Michel Foucault a propósito de la relación cuerpo-poder, así como por Mary Douglas, Rita Laura Segato, Elsa Blair, María Victoria Uribe, Honorio M. Velasco y Juan Pablo Aranguren, quienes desde sus investigaciones analizaron el cuerpo como una realidad simbólica en la cual es posible sumergirse para rastrear “La trama de símbolos con la que interactúan significativamente los seres humanos” (Geertz citado por Blair, 2004: [xviii]). Michel Foucault, en Vigilar y Castigar (1975), analiza los métodos de castigo, control y vigilancia de los sujetos, y las operaciones que, durante el periodo que él denominó “Época Clásica” se ejercieron sobre los cuerpos en el marco de las instituciones de control francesas (prisión, escuela, hospital, manicomio). Si bien los aspectos que abarca la obra de Foucault son diversos, a efectos del análisis que pretendo desarrollar me interesa detenerme en apenas uno de ellos: el suplicio como ejercicio de poder sobre el cuerpo de los condenados en la Francia del siglo XVII. En relación con el suplicio, analíticamente me interesan lo que Foucault ha ubicado como sus dos características más importantes: el espectáculo del castigo y su carácter ejemplarizante, ya que ellas se hace patente el hecho de que

el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. (Foucault, 1975: 63)

Esa relación puede ser observada en la introducción del primer capítulo de la obra, donde Foucault transcribe apartes de dos registros de la ejecución pública del regicida Damiens en 1757 como un espectáculo en el que el cuerpo del condenado es un instrumento sobre el cual se aplican sanciones y correctivos:

36

Damiens fue condenado, el 2 de marzo de 1757, a «pública retractación ante la puerta de la iglesia de París», adonde debía ser «levado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano»; después, «en dicha carreta, a la plaza de Grevé, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado [deberán serle] atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, asido en ésta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos por el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento (Foucault, 1975: 35).

La importancia de un trabajo como el de Foucault radica en que hace una historia de los castigos pero sobre el fondo de una historia de los cuerpos, * ya que en términos de significaciones el castigo o la pena física en el caso de los condenados del siglo XVII tenía como finalidad la resonancia del suplicio, es decir, el carácter ejemplarizante del castigo, pues “el castigo no tiene que emplear el cuerpo, sino la representación. O, más bien, si debe utilizar el cuerpo, es en la medida en que éste es menos el sujeto de un sufrimiento que el objeto de una representación: el recuerdo de un dolor puede impedir la recaída, del mismo modo que el espectáculo, así sea artificial, de una pena física puede prevenir el contagio de un crimen” (Foucault, 1975: 152). Considerando así el asunto, resulta pertinente conectar aquí el carácter ejemplarizante del castigo que Foucault señala, con el fenómeno de la violencia bipartidista de los años cincuenta en Colombia, dado que el cuerpo de las victimas fue tratado como vehículo de representación de las relaciones de poder. Esa condición de lugar privilegiado de inscripción del poder se expresa en el testimonio de Emilio Cuervo, sobreviviente del asalto en la hacienda La Argentina, del municipio de Venadillo, el 24 de agosto de 1957, donde, como diría Elsa Blair, “el cuerpo [fue] el símbolo de inscripción del horror, mediante mensajes cifrados, en [la] forma de asesinar” (2004: 41).

cuando llegamos ahí nos d taron (sic.) al levantamiento para que sirviéramos (Sic.) de peritos,y para que le sacaramos el hacha que tenia

* Ejemplo de ello puede leerse en el siguiente fragmento: “Con relación a la víctima, debe ser señalado: está

destinado, ya sea por la cicatriz que deja en el cuerpo, ya por la resonancia que lo acompaña, a volver infame a aquel que es su víctima; el propio suplicio, si bien tiene por función la de «purgar» el delito, no reconcilia; traza en torno o, mejor dicho, sobre el cuerpo mismo del condenado unos signos que no deben borrarse; la memoria de los hombres, en todo caso, conservará el recuerdo de la exposición, la picota, de la tortura y del sufrimiento debidamente comprobados” (Foucault, 1975: 74).

37

el finado Nelson encrustada en la cabeza, yo se la saque, primero lo agarre con las dos manos, pero como la tenia toda metida, se levantaba con el cuerpo, entonces, con una mano le sostenía la cabeza y con la otra levante el hacha, le reparamos las heridas que tenia, le vimos un brazo partido como de un tiro, un machetazo en la espalda, unos puntazos en el pulmón, la cara la tenia como dos heridas, parecía que hubiera sido con la misma hacha, en los bolsillos le encontramos unos papeles y la cedula.no (Sic.) mas.- Luego nos fuimos para donde el otro muchacho, que estaba muerto de nombre ARTURO, el estaba ahí dentro de la pieza a donde dormía con la Sra. muerto, tenia un tiro, como de escopeta en la tetilla, un puntazo en el estómago, le dejo una herida grande, otro mas pequeño, en los bolsillos no tenia nada…nos fuimos, llegamos, encontramos la S ra, muerta y la casa quemada, la sra. estaba hacia el lado de la cocina y cafetal, la reparamos y tenia, una herida en la nuca, casi desnucada, esa herida tuvo que ser como amachete, (Sic.) no tenia mas heridas a ella la desculcó (sic.) fué (Sic.) el marido…*

Las acciones sobre el cuerpo con relación a la víctima son significativas en la medida en que es el lugar donde ocurren las violencias, pues “los mensajes dejados luego de la ejecución de la masacre no se agotan en los códigos cifrados sobre el espacio físico geográfico donde ella sucede, sino que, en otro acto de profunda significación, continúan sobre los cuerpos, que se vuelven un ´lugar´, ´escenario´ de la ejecución del ritual violento” (Blair, 2004: 43). Dado que “el muerto no dice nada, es puesto a hablar a través de su descuartizamiento” (Castillejo citado por Blair, 2004: 50). En este sentido resulta útil la reflexión de Juan Pablo Aranguren acerca del cuerpo en la guerra, según la cual cada combatiente es marcado por una serie de signos y trazas que hablan de la asimilación de las relaciones simbólicas movilizadas por el discurso bélico. “Al hablar de la inscripción se abordan tanto las marcas en lo real del cuerpo como aquellas obradas en sus componentes imaginario y simbólico” (Aranguren, 2006: 105). Estas inscripciones producidas desde el discurso bélico hacen parte de lo que Foucault denominó “procesos de disciplinamiento y adiestramiento constantes” (Aranguren, 2006:106) los cuales transforman la superficie del cuerpo, modifican su imagen y lo significan de diversas formas. El cuerpo de los combatientes en la guerra no es solamente un cuerpo dispuesto físicamente a duros combates y al rigor de las más recias disciplinas, sino que también es * Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Declaración del Señor Emilio Cuervo, folio 42. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 16. Legajo: 4. Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Jorge Tulio H, Carlos J. Caicedo y otros por homicidio en Nelson Pérez, Carlos Arturo Gutiérrez y Adelina Castiblanco. Lugar: Agosto 24 de 1957, Hacienda La Argentina. Corregimiento de Junín- Venadillo. Folios 1 a 196. Observaciones: Documento sobre robo y violencia. Buen estado.

38

marcado por “inscripciones indelebles que se graban como alegorías del ser combatiente, que traduce en la piel la participación en un colectivo, la pertenencia a una comunidad” (Aranguren, 2006: 107). De otra parte, ya no en relación con la inscripción de la experiencia o las relaciones sociales en el cuerpo, sino con la construcción de conexiones de sentido entre éste y la sociedad, nos encontramos con la reflexión elaborada por Mary Douglas a propósito de la relación entre cuerpo físico y cuerpo social:

El cuerpo social condiciona el modo en que percibimos el cuerpo físico. La experiencia física del cuerpo, modifica siempre por las categorías sociales a través de las cuales lo conocemos, mantiene a su vez una determinada visión de la sociedad. Existe pues un continuo intercambio entre los dos tipos de experiencia de modo que cada uno de ellos viene a reforzar las categorías del otro. (1978: 89, 107)

Esta reflexión, en la que coinciden otros autores como Velasco (2007), supone reconocer que se trata de un vínculo de doble vía: por un lado, cómo se percibe la sociedad deriva de cómo se percibe el cuerpo y, por el otro el cuerpo social condiciona el modo de percibir el cuerpo físico. Reconocer la existencia de esas relaciones posibilita abordar analíticamente el hecho de que el cuerpo, en cuanto, medio de expresión, está limitado por el control que sobre él ejerce el sistema social (Douglas: 1978). Entonces, apelando a las reflexiones de los autores mencionados, propongo abordar el análisis sobre los asaltos y asesinatos como aquellos de los que me ocupo, atendiendo a la relación cuerpo físico – cuerpo social – poder. Considero importante relacionar los tres elementos pues a través de ellos es posible avanzar en lo que Weber denomina “la captación interpretativa del sentido” (citado por Mardones, 1991: 254) de las acciones desarrolladas durante los asaltos y matanzas. En el marco de la investigación de la que da cuenta este trabajo, situar las acciones desarrolladas durante las incursiones armadas atendiendo al contexto regional del periodo de la Violencia, constituye una manera de intentar comprender los significados que les dieron sentido, en la medida en que “las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un estado social, de una visión del mundo y, dentro de ésta última, de una definición de la persona. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo, de ahí las miles de representaciones que buscan darle un sentido y su carácter heterodoxo, insólito, contradictorio, de una sociedad a otra” (Sassano, 2003: 82). Atendiendo a las reflexiones de Douglas (1978) y Velasco (2007) con respecto a la equivalencia simbólica que tiende a establecerse socialmente entre el cuerpo

39

físico y el social, es posible interpretar el accionar de las bandas que sembraron el terror en el Tolima durante la época de la Violencia mediante operaciones ejercidas tanto sobre el territorio (específicamente el espacio doméstico y los caminos, en los casos que analizo) como sobre el cuerpo de sus habitantes (mediante el asesinato, la mutilación y/o la violación), como expresión de la disputa por el ejercicio de la soberanía* protagonizada por los bandos que se enfrentaban a muerte en distintos puntos del territorio nacional. Se trata de un ejemplo de lo que Segato (2004), en su análisis de los feminicidios perpetrados en Ciudad Juárez entre finales del siglo XX y principios del XXI, ha denominado el poder expresivo de la violencia, que al ejercerse sobre el cuerpo físico se remite al cuerpo social. De esta forma:

Sin el dominio de la vida en cuanto vida, la dominación no puede completarse. Es por esto que una guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque solamente el poder de colonización permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a permanecer vivos. El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder de muerte sobre el subyugado, sino su derrota psicológica y moral, y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder de muerte discrecional del dominador. (Segato, 2004: 7)

Dado el contexto histórico y político que enmarca los asaltos cuyos expedientes judiciales analizo, es posible hacer un intento de comprensión de la violencia ejercida contra las víctimas y su espacio doméstico si se toma en consideración que unas y otro probablemente representaban, para los victimarios, partes orgánicas del bando político contrario. Entonces, el establecimiento de esa relación permite interpretar la violencia ejercida contra el cuerpo de las víctimas como una violencia dirigida principalmente contra el cuerpo social de la organización política con la que se las asociaba. Dicho de otro modo, la violencia ejecutada sobre el cuerpo de las víctimas parece haber constituido la expresión puntual de una violencia que se pretendía más amplia: aquella que se deseaba aplicar contra el bando político del cual se las consideraba partes orgánicas. Por otro lado se encuentra la ref lexión de Elsa Blair (2004) sobre las muertes violentas en Colombia, elaborada desde una perspectiva que sobrepasa el análisis de la dimensión física de la muerte y se adentra en sus contenidos simbólicos. C oherentemente con lo planteado por los autores

*

En este trabajo me remito a la noción schmittiana de soberanía, referida por Segato como “control legislador sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro como anexo a ese territorio. Control irrestricto, voluntad soberana arbitraria y discrecional cuya condición de posibilidad es el aniquilamiento de atribuciones equivalentes en los otros y, sobre todo, la erradicación de la potencia de éstos como índices de alteridad o subjetividad alternativa” (2004: 7). En el contexto de la Violencia, lo que está en cuestión es justamente la erradicación del otro como índice de alteridad o subjetividad política alternativa.

40

ya referidos, por esta vía la muerte se deja interrogar desde sus dimensiones simbólicas a partir de la ejecución misma del acto de matar, expresado la mayoría de las veces en la violencia ejercida sobre cuerpos que son, a su vez, vehículos de representación y significación (2004: [xxi]). Según Blair, “las formas de la muerte son, en última instancia, formas de silenciar a una persona que como tal es portadora de algún sentido” (Castillejo citado en Blair, 2004: [xxi]). La reflexión propuesta por Blair tiene dos ejes. El primero es el análisis de los significados implícitos en la manera en la que se producen las muertes (la significación del exceso), pues “la muerte no significa lo mismo si se trata de un asesinato ´limpio´, a la muerte concebida con sevicia y alevosía. Tampoco es igual la que termina en el acto de la muerte física a la que se acompaña de mutilaciones sobre el cuerpo y es, de alguna manera, mensajera de terror” (2004: 7). El segundo eje es “la teatralización”, dado que “la muerte violenta es, pues, desde su ejecución hasta su divulgación, dramatizada y teatralizada hasta el exceso” (2004: [xxvii]). Precisamente es por la vía del exceso por donde marcha la enunciación efectuada por los autores de las operaciones que se articulaban para darle forma a la campaña de terror desplegada en el Tolima entre 1955 y 1957, a quienes Fernando Méndez Rayo, sobreviviente del asalto e fectuado en e l co r reg im ien to de Laureles (Ibagué), se refirió como la plaga en su declaración del 19 de septiembre de 1957.* Otro de los aportes centrales en los que me he apoyado para elaborar el dispositivo interpretativo del que me valgo para desplegar mi análisis es el trabajo realizado por María Victoria Uribe en torno a las masacres del Tolima (1948-1964), cuyo principal objetivo es el estudio y análisis del sacrificio colectivo de un grupo de individuos indefensos, llevado a cabo por otro grupo de individuos armados, unidos entre sí por vínculos primarios, en espacios conciente o inconcientemente determinados y configurados. Dichas acciones involucran, mediante una serie de fases claramente diferenciables, a víctimas– aquellas sobre las cuales se ejercen las acciones- y a victimarios- quienes las ejercen. (Uribe, 1990: 30)

* Esta información puede recuperarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción:

Declaración de Oliva Galindo Ospina, folio 27. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 18. Legajo: 3 Procedencia: Juzgado 1° Superior. Tipo de Documento: Penal. Proceso contra: Luis Enrique Bonilla por homicidio, violencia carnal y lesiones personales en la persona de Venancio Cuellar, Martiniano Méndez Rayo y la menor Pureza Méndez Rayo. Lugares: Finca Rosa Blanca, corregimiento Laureles-Ibagué. Septiembre 6 de 1957. Folios: 1 al 67. Observaciones: cuadrilla formada por 20 personas asaltan fincas.

41

Este trabajo se convirtió en una de las elaboraciones teóricas más relevantes de la reflexión sobre la masacre en el país, y se encuentra apoyado en los expedientes judiciales que se levantaron en la época de la Violencia de los años cincuenta como “ s u matoria de una serie de testimonios diversos de gente que directa o indirectamente tuvo que ver con los hechos” (Uribe, 1990: 35). Para Uribe las masacres ejecutadas en el Tolima durante los años de 1948-1964, más allá de ser simples hechos violentos son el reflejo de una utilización particular del cuerpo a través de las distintas formas de violencia, como es el caso de la mutilación, con la cual según Uribe se genera “[u]n cambio profundo en la morfología humana”, cuyo propósito parecería ser deshumanizar y animalizar a la victima (Uribe citado por Blair, 2004: 50). En el Tolima esas dinámicas alcanzaron una crudeza particular, que puede ser rastreada en los expedientes judiciales a través de los cuales me he aproximado a las operaciones desarrolladas sobre l o s campesinos y sus lugares de habitación. En el siguiente capítulo abordaré precisamente ese proceso de transformación de la morfología humana, frecuentemente asociado a la devastación del espacio doméstico de las víctimas, tal como aparecen en los expedientes judiciales que he analizado. Mi abordaje supondrá un intento de seguirle la pista a Max Weber, y en ese sentido una apuesta por la comprensión de las conexiones de sentido de las matanzas, en relación con cuya condición de acciones sociales dotadas de sentido considero importante insistir. Si me he propuesto abordar analíticamente acciones comúnmente calificadas como salvajes o irracionales por los “ciudadanos del común”, es justamente por el hecho de que desde el inicio de mis exploraciones en el archivo, asumí –a veces testarudamente- que valía la pena prestarle atención a mi intuición de que de ninguna manera se podía tratar de actos cometidos bajo el influjo de la irracionalidad. Como expondré en las páginas siguientes, el cierre (provisional) de esta investigación ha supuesto, fundamentalmente, comprender gracias al cruce de la teoría social y la evidencia documental, que los miembros de las bandas que ejecutaron las operaciones de matanza, vejación y destrucción de las que hablaron los sobrevivientes no actuaban irracionalmente, sino que por el contrario lo hacían de manera coherente con una lógica particular: la de la confrontación a sangre y fuego que convencionalmente conocemos como La Violencia.

42

4. ESPACIO Y CUERPO: LA BÚSQUEDA DEL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA

En este capítulo me ocuparé de tres operaciones armadas que tuvieron lugar entre 1956 y 1957 en igual número de municipios del departamento del Tolima: Venadillo (Norte), Ibagué (Centro) y Ortega (Sur), e involucraron la ejecución de asesinatos enmarcados por el periodo que convencionalmente se conoce como La Violencia. Si bien se trata, en rigor, de cuatro casos en los que bandas armadas incursionaron en casas de fincas campesinas (una de las operaciones involucró dos asaltos), y revelaron un modus operandi común, consideré prioritariamente tres de ellos, en la medida en que la evidencia histórica disponible en relación con el cuarto es escasa debido a que la investigación judicial a la que dio lugar sólo contó con la declaración ultra general de un joven de 17 años de edad llamado Marco Antonio Cucaita, quien presenció parte del asalto desde lejos. En los tres asaltos varios hombres desconocidos “uniformados [con prendas del ejército] en compañía de particulares” (Sánchez y Meertens, 1984: 74) llegaron a las casas entre las 8:00 p.m. y 7:00 a.m. y se presentaron ante las víctimas como miembros de la tropa oficial, al tiempo que caminaban alrededor de las viviendas golpeando, rompiendo y disparando contra las puertas. Luego de esto comenzó la búsqueda de las víctimas, a las que se dirigían empleando sus nombres de pila, y quienes fueron asesinadas en el interior de las habitaciones o en lugares contiguos a las casas. Posteriormente, los victimarios iniciaron el registro de las casas, para robar y saquear las pertenencias de sus habitantes, y finalmente salieron huyendo del lugar de los hechos.* En todos los casos he podido acceder al relato de los hechos, a partir del cual he reconstruido el modus operandi de los asaltantes a través de los testimonios de los sobrevivientes, quienes generalmente salvaban su vida escapando del lugar durante el desarrollo de la incursión tras el fracaso de su intento de protegerse al interior de las viviendas, convertido invariablemente en escenario de la operación a través de la incursión violenta de los perpetradores. El primer asalto se llevó a cabo en la hacienda “La Betulia” (Ortega) el 8 de junio de 1956; el segundo, que precedió a otro asalto como parte de la misma operación tuvo lugar en la hacienda “La Argentina” (Venadillo) el 24 de agosto

* Sobre este aspecto Uribe plantea que “el escenario de las masacres es casi siempre el mismo: una vivienda

campesina relativamente aislada, donde todos duermen porque es de noche, o están comiendo y se preparan para ir a dormir. La cuadrilla entra en el patio o secadero de café, algunas veces de manera silenciosa, otras descargando con fuerza las escopetas y fusiles en el suelo. Se anuncia: “ Abran, somos la ley”. Por lo general, llaman al dueño de la casa por su nombre. Este se despierta y la mayoría de las veces abre la puerta engañado, pensando que se trata de policía o ejército y que van a hacer una requisa.” (Uribe, 1990: 164).

43

de 1957, cuando varios hombres desconocidos y armados salieron de la casa de la familia Pérez donde ejecutaron el primer asalto y se dirigieron hacia la casa vecina de la familia Cucaita , donde ejecutaron el segundo asalto dejando a su paso muerte, saqueos y destrucción. El tercero fue realizado en la finca “Rosa Blanca” el 6 de septiembre de 1957, en el corregimiento de Laureles (Ibagué). Los siguientes fragmentos de declaraciones judiciales ilustran el desarrollo de los asaltos según los sobrevivientes:

La Betulia, junio de 1956: Nosotros estábamos dormidos en la casa del señor MOISES ORTIZ que queda situada en la fracción de Horizonte y al salir a orinar el finado MOISES con otros cuatro a orinar, vimos unas linternas por el lado de MONSERRATE, al lado de la finca del la BETULIA, nosotros vimos esas linternas entonces nos dió (Sic.) miedo, pero nos entramos nuevamente a la casa trancamos bien las puertas y cuando de pronto un golpe en la puerta y partieron la tranca de un solo golpe, eso fue (Sic.) como de las dos a las tres de la mañana, enseguida un disparo duro como de escopeta de cápsula o de fusil pero no se pudo saber de que había sido, ese disparo no perjudico a nadie…Enseguida otro poco de disparos paro (Sic.) tampoco pasó nada se oían silbar las balas por todas partes, yo en ese momento estaba en el cuerto (Sic.) a un lado de la puerta, rompieron la puerta los picaros y se nos metieron a la alcoba y nos echaron bala de la sala a la alcoba, hicieron varios disparos.*

La Argentina, Agosto de 1957: el sábado en las horas de la mañana, por ahí a eso de las cinco y media encontrándome acostado, cuando oí un tropel y que dijeron abran que es el ejército…visto que no abríamos las puertas siguieron disparando a las puertas y dijeron abran so hijueputas (Sic.) que tan amangualados con la chusma.**

* Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción:

Declaración del menor Noé Peñuela. Folio 4. Estante: 1´1. Balda: 2. Caja: 40. Legajo: 1. Procedencia: Juzgado 4° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Ángel Ascencio Jara, Lorenzo Guzmán, Héctor y Favio Díaz Vergara y otros por cuádruple homicidio, robo, asalto y lesiones personales en Moisés Ortiz, Eudoro Capera, Donaldo Arias y Aristóbulo Ortiz. Lugares: Hacienda “La Betulia” Fracción Horizonte, municipio de Ortega. Folios: 1- 458. Año: 8 de junio de 1956. Observaciones: Excelente Documento sobre Violencia en el Tolima. F1. 150 un croquis. **

Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Declaración del señor Enrique Guerrero, folio 12. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 16. Legajo: 4 Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Jorge Tulio H, Carlos J. Caicedo y otros por homicidio en Nelson Pérez, Carlos Arturo Gutiérrez y Adelina Castiblanco. Lugar: Agosto 24 de 1957, Hacienda La Argentina. Corregimiento de Junín- Venadillo. Folios 1 a 196. Observaciones: Documento sobre robo y violencia. Buen estado.

44

Laureles, Septiembre de 1957: Por ahí como a las nueve y media de la noche llegó la chusma y golpiaban (Sic.) y decían que abrieran que era la tropa de Planadas, que no se asustaran que era el Primero Beltrán que andaba en comisión y venia a que le regalaran agua y tinto; entonces, el hermano mío me llamó cuando estaban golpiando; (Sic.) me decía el hermano mío que si abríamos, ( S i c . ) que parecía la tropa de planadas, por la conversa de un chusmero que era parecida a la de un soldado.-Entonces Ernesto, el hermano mío les preguntó que si era Conde – Conde era el soldado –que si era la tropa de Planadas; entonces la chusma dijeron que si. *

En el modus operandi con el que se desarrollaron los asaltos que analizo, se entrelazaron dos elementos importantes que contribuyeron a la conformación de situaciones privilegiadas para el ejercicio del control total de los perpetradores sobre las víctimas. Uno de ellos fue el tiempo, entendido como el momento del día escogido para la operación, que parece haber jugado un papel importante en tanto los cuatro asaltos transcurrieron entre las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana, una franja temporal importante en la medida en que puede haberle permitido a los perpetradores recorrer los caminos al amparo de la oscuridad o la penumbra, y llegar sorpresivamente a la casa de las víctimas cuando éstas en su mayoría se encontraban durmiendo.** El segundo elemento, relacionado con el anterior, es el espacio. Asaltar las casas en la noche y la madrugada les permitió encontrar a las víctimas reunidas y desprovistas de armas o herramientas que les habrían permitido defenderse. De allí que el espacio en el que se desarrollaron las operaciones adquiera un carácter significativo al interior de los hechos, pues como lo menciona María Victoria Uribe:

No se trata de un espacio vacío. Por el contrario, se trata de un espacio donde viven y coexisten seres humanos de una manera natural, un espacio de intimidad y cercanía lleno de significaciones culturales, de prácticas cotidianas, de memorias compartidas, un espacio que va a ser dislocado y a saltar en pedazos desde el

* Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Declaración del señor Fernando Méndez Rayo. Folio 27-28. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 18. Legajo: 3. Procedencia: Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra: Luis Enrique Bonilla por homicidio, violencia carnal en la persona de Venancio Cuellar, Martiniano Méndez Rayo y la menor Pureza Méndez Rayo. Lugares: Finca Rosa Blanca, corregimiento Laureles-Ibagué. Septiembre 6 de 1957. Folios: 1 al 67. Observaciones: cuadrilla formada por 20 personas asaltan fincas. ** En el caso anteriormente citado de la hacienda “La Betulia”, el 8 de junio de 1956, cuando varios de los

habitantes de la casa salieron a orinar a la madrugada y fueron sorprendidos por las luces de las linternas de varios hombres que salían de la finca vecina en dirección a la casa donde ellos vivían. Esta situación no impidió que minutos más tarde los victimarios ejecutaran el asalto.

45

momento en que irrumpan en él individuos desconocidos y armados”. (Uribe citada por Blair, 2004: 57-58)

En los asaltos, las víctimas (y los investigadores a través de los testimonios de los sobrevivientes, recogidos y mediados por el registro judicial), asistieron al desarrollo de una situación típica de la catástrofe: la trastocación radical del orden regular del universo social. Es importante considerar el hecho de que, tanto en los expedientes judiciales estudiados como en el habla cotidiana actual de la región, la palabra "casa" tiene un doble sentido: al mismo tiempo sirve para denominar el espacio doméstico en sentido general y un tipo de edificación en particular. De manera general "la casa" (el espacio doméstico) es un lugar antropológico y, en tanto tal, “principio de sentido para aquellos que lo habitan” (Augé, 2000: 58) y medio privilegiado de la reproducción biológica y social de la familia. Por otra parte, en su acepción más restringida, en tanto edificación la casa sirve para resguardarse de los elementos y los otros hostiles.

La casa kabil, con su costado sombreado y su costado luminoso, su parte masculina y su parte femenina; la casa mina o ewe con su legba del interior que protege al durmiente de sus propias pulsiones y el legba del umbral que lo protege de las agresiones exteriores; las organizaciones dualistas, a menudo traducidas en el suelo por una frontera muy material y muy visible, y que rigen directa o indirectamente la alianza, los intercambios, los juegos, la religión; los pueblos ebrié o atyé, cuya tripartición ordena la vida de los linajes y de los grupos etarios: todos son lugares cuyo análisis tiene sentido porque fueron cargados de sentido, y cada nuevo recorrido, cada reiteración ritual refuerza y confirma su necesidad (Augé,2000: 58).

Sin embargo, durante las operaciones fue puesta en dinámica la trastocación radical del orden social n o r m a l en la medida en que las casas se convirtieron en los lugares elegidos por los victimarios para ejecutar el asalto, mientras sus víctimas, atendiendo al sentido común construido con el orden regular de la vida social, se refugiaban en ellas buscando protección, con lo cual se pusieron a disposición de los perpetradores en el espacio reducido y confinado de sus paredes. Esa primera reacción, desplegada por las víctimas atendiendo al sentido común que asocia el espacio doméstico con la protección personal, se expresó en el preludio del asalto ocurrido en La Betulia, cuando el menor Noé Peñuela y otras cuatro personas salieron de la casa en la madrugada del 8 de junio de 1956 pa ra orinar, y al ver las luces de las linternas de desconocidos que se aproximaban regresaron presurosamente a la casa para resguardarse,

46

poniéndose sin saberlo en la más vulnerable de las situaciones posibles: el encierro en la edificación, que minutos más tarde fue asaltada.* El caso contrario, que ilustra el carácter contraproducente que tenía en esas circunstancias moverse guiado por el sentido común ordinario, a la vez que muestra la huida como respuesta adecuada a la situación, ocurrió en el segundo asalto ejecutado en la hacienda La Argentina el 24 de Agosto de 1957, cuando el menor Marco Antonio Cucaita, huyó de la casa al darse cuenta de la presencia de desconocidos que se acercaban, mientras su madre optó por quedarse a pesar del llamado de Marco. Minutos más tarde Adelia Castiblanco fue atacada por los desconocidos cuando se encontraba en la cocina, y asesinada ante la mirada de su hijo, quien presenció los hechos mientras se encontraba escondido en el cafetal adyacente. La siguiente es la manera en que la narración del episodio fue recogida en el expediente judicial:

eran por ahí de las seis de la mañana, cuando ví que venían tres tipos, entonces le dije yo a mi madre, que nos fueramos (Sic.) porque no se sabia quienes eran esos tres tipos, ella dijo, que a ella no le pasaba nada y que se estaba ahí, entonces yo salí de ahí para abajito, cuando oí que le dispararon a mi mamá.**

En este asalto, como en los demás, la casa y sus habitantes se convirtieron en blanco del ataque de hombres que presuntamente eran miembros de las fuerzas armadas regulares pues, según los sobrevivientes de todas ellas, los victimarios portaban uniformes militares y se identificaron como miembros de la tropa que vigilaba la zona*** como lo menciona en su denuncia la señora Pureza Rayo de Cuellar:

estávamos (Sic.) durmiendo llegaron a la casa de avitasion (Sic.) de

* Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Declaración del menor Noé Peñuela. Folio 4. Estante: 1´1. Balda: 2. Caja: 40. Legajo: 1. Procedencia: Juzgado 4° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Ángel Ascencio Jara, Lorenzo guzmán, Héctor y Favio Díaz Vergara y otros por cuádruple homicidio, robo, asalto y lesiones personales en Moisés Ortiz, Eudoro Capera, Donaldo Arias y Aristóbulo Ortiz. Lugares: Hacienda “La Betulia” Fracción Horizonte, municipio de Ortega. Folios: 1- 458. Año: 8 de junio de 1956. Observaciones: Excelente Documento sobre Violencia en el Tolima. F1. 150 un croquis. ** Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción:

Declaración de Marco Antonio Cucaita. Folio 39. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 16. Juzgado superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Jorge Tulio H, Carlos J Caicedo y otros por homicidio en Nelson Pérez, Carlos Arturo Gutiérrez y Adelina Castiblanco. Lugar: Agosto 24 de 1957. Hacienda “La Argentina”. Corregimiento de Junín- Venadil lo. Folio: 1- 196. Observaciones: Documento sobre robo y violencia. Buen estado. ***

Pues como he señalado en el primer capítulo, en la época en que se dieron las operaciones de las que me ocupo muchas poblaciones del Tolima habían sido declaradas Zonas de Operaciones Militares por el General Gustavo Rojas Pinilla.

47

nosotros unos individuos y nos llamavan (Sic.) decían banacio levantece banacio levantece benancio (Sic.) abra la puerta Muchachos abran la puerta que somos la comisión (Sic.) de planadas que venimos por a qui abra la puerta o si no la tunbanmos (Sic.) y le davan (Sic.) con las armas que llevaban en tonces los Muchachos o sean los hjios mios se levantarón y les abriron (Sic.) la puerta, tan pronto les abrieron la puerta se dentraron (Sic.) unos cuatro a dentro y los otros se quedaron a fuera y los que se dentraron (Sic.) a dentro me agarraron a mi y a la muchachita o sea a la hijita mia de nombre PUREZA MENDEZ. y en seguida cojieron (Sic.) los hijitos mios se les soltaron*

Una vez en la casa, los victimarios arremetieron disparando y golpeando las puertas, en algunos casos profirieron insultos contra los habitantes. En la mayor parte de los asaltos analizados los victimarios llamaban por el nombre a las víctimas, lo cual parece indicar que se trataba de operaciones planificadas y no asaltos realizados de manera aleatoria. En ese marco, si bien el control territorial del espacio doméstico hace parte fundamental del modo en el que se desarrollaron las operaciones, conviene señalar que éste parece constituir, a la luz de la evidencia documental, una condición de los asaltos, y no el fin de éstos. No se trata de operaciones de guerra mediante las cuales un bando tomaba posesión de un territorio asociado a su oponente, con el propósito de ejercer el poder permanentemente en él, sino de incursiones violentas a lugares donde resultaba posible ejercer de manera más efectiva la violencia sobre sujetos específicos previamente elegidos por razones que resulta imposible reconstruir a la luz de la evidencia de la que dispongo. Así, si los asaltos se caracterizaban porque durante un periodo acotado de tiempo los asaltantes ejercían

el control legislador sobre un territorio [como condición necesaria para ejercer violencia] sobre el cuerpo del otro como anexo a ese territorio. [Víctimas, victimarios e investigadores nos enfrentamos - entonces-, a la puesta en dinámica, por parte de los victimarios, de su] Control irrestricto, [su] voluntad soberana arbitraria y discrecional cuya condición de posibilidad [y consecuencia] es el aniquilamiento de atribuciones equivalentes en los otros y, sobre todo, la erradicación de

* Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Denuncio formulado por la señora Pureza Rayo de Cuellar. Folio 3. Fecha de la declaración. 8 de septiembre de 1.957. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 18. Legajo: 3. Procedencia: Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra: Luis Enrique Bonilla por homicidio, violencia carnal en la persona de Venancio Cuellar, Martiniano Méndez Rayo y la menor Pureza Méndez Rayo. Lugares: Finca Rosa Blanca, corregimiento Laureles-Ibagué. Septiembre 6 de 1957. Folios: 1 al 67. Observaciones: cuadrilla formada por 20 personas asaltan fincas.

48

la potencia de éstos como índices de alteridad o subjetividad [política]. (Segato, 2004: 7).

Por lo tanto, como he señalado anteriormente, si los perpe t rado res controlaban el lugar donde habitaban sus víctimas, de las que dado el contexto político nacional y regional podemos inferir que eran adversarios políticos, resulta coherente asumir que, como ha señalado Segato en relación con el contexto mexicano de finales del siglo XX, el propósito fundamental no era tomar el control de un espacio ajeno, sino arrebatarle a las víctimas el control legislador sobre un territorio asociado a ellas y, por extensión, al bando político con el que se las asociaba, y al cual se pretendía eliminar. Como demostraré a lo largo de este capítulo, el cruce entre la investigación histórica y la reflexión antropológica permite reconstruir el sentido de las acciones desarrolladas por las bandas durante los asaltos de los que me ocupo, y comprender el sentido de la relación de continuidad establecida por los perpetradores entre el espacio doméstico de las víctimas, su cuerpo y el bando político del cual se las presumía parte. La evidencia que he analizado me permite plantear que es posible hallar la conexión de sentido necesaria para entender los procedimientos específicos que resultan comunes a todos los asaltos (arremetida contra las casas campesinas, golpes y disparos contra sus puertas y ventanas, agresión no siempre mortal de la mayor parte de sus habitantes, y posterior saqueo y/o destrucción de la vivienda), si se considera el hecho señalado por Marcel Mauss de que "el cuerpo humano es imagen de la sociedad y, por lo tanto, no puede haber un modo natural de considerar el cuerpo que no implique al mismo tiempo una dimensión social" (Douglas, 1978: 94). En cada asalto, considerado como un todo en el cual se encadenan distintas operaciones parciales ejecutadas sobre el espacio físico y el cuerpo de las víctimas, los victimarios como agentes de esas operaciones ejecutaban de distintas maneras, y sobre distintos sustratos, el mismo tipo de violencia: la desplegada en el marco de confrontación partidista establecido por la segunda ola de la Violencia a la que me he referido en el primer capítulo de esta obra. Como demostraré más adelante, a la hora de emprender un intento de interpretación científica de los sentidos puestos en juego en operaciones como aquellas de las que me ocupo, se deben considerar varios aspectos: a) El hecho de que las operaciones ejecutadas sobre el cuerpo de las víctimas

son inseparables de aquellas desarrolladas sobre su espacio doméstico y pertenencias.

b) La relación de los asaltos con el contexto de violencia política en el que se

dieron, que como marco permite interpretar las agresiones cometidas contra personas asociadas a cualquiera de los bandos como la expresión concreta de la violencia simbólicamente ejercida contra el bando enemigo como un

49

todo. Por un lado, en la destrucción total o parcial de viviendas y la saña con la que se intervenía el cuerpo de las víctimas asistimos al empleo de lo que Segato (2004) ha denominado el poder expresivo de la violencia. Por otro -y sobre ambos asuntos volveré más adelante- en esa articulación de operaciones destinadas a la destrucción total o parcial de personas y bienes asociados al enemigo, es posible rastrear la manifestación de una de las reglas que, según Mary Douglas, organizan la relación entre el control corporal y el control social: aquella según la cual "el estilo apropiado a un determinado mensaje coordina todos los canales a través de los cuales éste se transmite" (1978: 96). Lo que está en juego en el caso de las operaciones de las bandas armadas que sembraron el terror en la región durante el periodo que me ocupa es la confluencia entre la intención de manifestar la voluntad de exterminar al otro en tanto índice de alteridad política, y el empleo coordinado de todos los canales posibles a través de los cuales se podía expresar ese mensaje mediante la instauración de lo que Elsa Blair ha denominado el teatro de la violencia (2004). Recordemos que las operaciones no sólo involucraron las casas de las fincas sino a todos sus habitantes: en los cuatro asaltos fueron asesinadas nueve personas entre las que se encontraban un niño y una mujer. Entre los sobrevivientes hubo tres heridos (dos mujeres y un niño), y una adolescente violada grupal y reiteradamente. La mayoría de los muertos presentó heridas en la parte frontal y dorsal del cuerpo, principalmente en el cráneo, ojos, orejas, nariz, labios, mejillas, maxilares, cuello, tórax, hombros, espalda, brazos, manos, dedos, región cervical, vértebras, cadera y abdomen, producidas con armas de fuego (fusil, escopeta de fisto o carabina) y cortopunzantes (machete, cuchillo o hacha). Detengámonos pues, en cuatro casos ejecutados en las operaciones donde fue violada la joven Pureza Méndez Rayo y fueron asesinados tres hombres, que tienen en común no sólo la saña con la que actuaron los perpetradores sino los lugares en los que lo hicieron. La violación de Pureza Méndez se ejecutó en la finca Rosa Blanca, ubicada en el corregimiento de Laureles del municipio de Ibagué el 6 de septiembre de 1.957, cuando pasadas las ocho de la noche llegó una patrulla a la casa pidiendo que le abrieran la puerta porque “eran la tropa de Planadas, que venían muertos de sed”*, de modo que instantes más tarde uno de los habitantes

* Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Declaración de la menor Pureza Méndez Rayo. Folio 17. Fecha de declaración el 16 de septiembre de 1.957. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 18. Legajo: 3. Procedencia: Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra: Luis Enrique Bonilla por homicidio, violencia carnal en la persona de Venancio Cuellar, Martiniano Méndez Rayo y la menor Pureza Méndez Rayo. Lugares: Finca Rosa Blanca, corregimiento Laureles-Ibagué. Septiembre 6 de 1957. Folios: 1 al 67. Observaciones: cuadrilla formada por 20 personas asaltan fincas.

50

de la casa abrió la puerta persuadido por lo que decían los perpetradores afuera de la casa. Una vez en el interior, golpearon a la señora Pureza Rayo, asesinaron al señor Venancio Cuellar y al menor Martiniano Méndez para después atrapar a la menor Pureza Méndez y violarla. El primero de los perpetradores violó a la menor en el interior de la casa, el segundo en un campo aledaño, en presencia de la madre, y de allí fue llevada por un camino que conducía a una finca vecina, a lo largo del cual fue violada grupal y reiteradamente. Finalizada la violación los victimarios la dejaron volver a la casa que había sido atacada.

En el mismo asalto tuvo lugar el asesinato del señor Venancio Cuellar y el menor Martiniano Méndez, quienes según el testimonio de la joven Pureza Méndez [declaración del 16 de septiembre, 10 días después de ocurridos los hechos] fue ejecutado cuando los perpetradores sacaron a su padrastro Venancio Cuellar de la casa y lo lanzaron “por un potrero abajo y lo volvieron añicos a puro machete”, * así como a su hermano menor Martiniano Méndez, quien estaba llorando al ver cómo su madre era golpeada por los perpetradores. “[E]ntonces cogió uno y le pegó un planazo y desppues (Sic.) le pagaron un culetazo en la cabeza; después dijo uno que se llevaran esa porquería de zurrón (Sic.) y cogió uno y lo saco y enseguida lo degollaron”.** Los dos cuerpos fueron encontrados según dictamen de medicina legal con heridas exsangüe (Sic.), es decir, causadas después de la muerte.

El tercer asesinato t u v o l u g a r en la hacienda La Argentina el 24 de agosto de 1957, la víctima fue un joven de 23 años de edad, identificado con el nombre de José Nelson Pérez, quien según la declaración de su madre, se encontraba lavando la boca en el momento en que los victimarios se acercaron a la casa, “ él se entró a una pieza y trancó la puerta”,*** minutos después llegaron los victimarios a las afueras de la casa desde donde comenzaron a dispararle

* Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Declaración de la menor Pureza Méndez Rayo. Folio 17. Fecha de declaración el 16 de septiembre de 1.957. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 18. Legajo: 3. Procedencia: Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra: Luis Enrique Bonilla por homicidio, violencia carnal en la persona de Venancio Cuellar, Martiniano Méndez Rayo y la menor Pureza Méndez Rayo. Lugares: Finca Rosa Blanca, corregimiento Laureles-Ibagué. Septiembre 6 de 1957. Folios: 1 al 67. Observaciones: cuadrilla formada por 20 personas asaltan fincas. ** Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción:

Declaración de la menor Pureza Méndez Rayo. Folio 18. Fecha de declaración el 16 de septiembre de 1.957. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 18. Legajo: 3. Procedencia: Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra: Luis Enrique Bonilla por homicidio, violencia carnal en la persona de Venancio Cuellar, Martiniano Méndez Rayo y la menor Pureza Méndez Rayo. Lugares: Finca Rosa Blanca, corregimiento Laureles-Ibagué. Septiembre 6 de 1957. Folios: 1 al 67. Observaciones: cuadrilla formada por 20 personas asaltan fincas. ***

Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Declaración de Bertilda Pérez. Folio: 7. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 16. Legajo: 4 Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Jorge Tulio H, Carlos J. Caicedo y otros por homicidio en Nelson Pérez, Carlos Arturo Gutiérrez y Adelina Castiblanco. Lugar: Agosto 24 de 1957, Hacienda La Argentina.

51

a las puertas, especialmente aquella que amparaba a José Nelson “sin duda él al ver que la había tumbado un pedazo a la puerta, se paró y abrió la puerta… se salió y cuando iba en la esquina de la casa…lo mataron, o sea le conversaron primero y luego le dieron fuego”.**** Después de haber quedado en el suelo gravemente herido, los victimarios lo remataron con una hacha de uso doméstico y un machete, como lo afirmó la señora Bertilda Pérez en su declaración: “volvieron a pasar por donde estaba mi hijo agonizando y entonces lo acabaron de matar con machete y al mismo tiempo le pegaron un acha (Sic.) en la cabeza y la que quedo clavada en la cabeza, porque no se la llevaron”.* De la misma manera que en el caso del feminicidio sistemático que ha tenido lugar en Ciudad Juárez entre las décadas de 1990 y 2000, sobre el cual ha reflexionado Segato, el cuerpo de las víctimas se convierte en un lugar en el que los perpetradores ejercen el poder soberano, y la violencia adquiere un carácter expresivo que trasciende el ejercicio inmediato de privar al enemigo de su vida: “en un régimen de soberanía, algunos están destinados a la muerte para que en su cuerpo el poder soberano grabe su marca; en este sentido, la muerte de estos elegidos para representar el drama de la dominación es una muerte expresiva, no una muerte utilitaria” (Segato, 2004: 7). Al respecto, considero pertinente interpretar las maneras como los perpetradores ejecutaron los asesinatos atendiendo a la propuesta de Blair, quien afirma que:

la muerte no significa lo mismo si se trata de un asesinato “ limpio”, a [sic.] la muerte cometida con sevicia y alevosía. Tampoco es igual a la que termina en el acto de la muerte física a la que se acompaña de mutilaciones sobre el cuerpo y es, de alguna manera, mensajera de terror, y más significativa desde sus dimensiones simbólicas que físicas, es decir, desde el exceso, mediante una acción sobrecargada de significaciones expresadas en la forma de ejecución de la muerte: no un balazo sino veinte; un cuerpo no sólo muerto sino muerto y mutilado, etc. (Blair, 2004: 7)

****

Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción: Declaración de Bertilda Pérez. Folio: 7. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 16. Legajo: 4 Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Jorge Tulio H, Carlos J. Caicedo y otros por homicidio en Nelson Pérez, Carlos Arturo Gutiérrez y Adelina Castiblanco. Lugar: Agosto 24 de 1957, Hacienda La Argentina. Corregimiento de Junín- Venadillo. Folios 1 a 196. Observaciones: Documento sobre robo y violencia. Buen estado. * Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción:

Declaración de Bertilda Pérez. Folio: 7. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 16. Legajo: 4 Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Jorge Tulio H, Carlos J. Caicedo y otros por homicidio en Nelson Pérez, Carlos Arturo Gutiérrez y Adelina Castiblanco. Lugar: Agosto 24 de 1957, Hacienda La Argentina. Corregimiento de Junín- Venadillo. Folios 1 a 196. Observaciones: Documento sobre robo y violencia. Buen estado.

52

El cuerpo de las víctimas se convirtió en un espacio cargado de significaciones, que se expresaron en la manera como fueron ejecutadas las muertes en los asaltos. En este sentido, el cuerpo fue utilizado como un objeto de representación, ya que “se debe utilizar el cuerpo, es en la medida en que éste es menos el sujeto de un sufrimiento que el objeto de una representación” (Foucault, 1975: 152) al que se podía someter a través de “la fuerza física del soberano cayendo sobre el cuerpo de su adversario y dominándolo” (Foucault, 1975: 92-93).

Y no existe poder soberano que sea solamente físico. Sin la subordinación psicológica y moral del otro lo único que existe es poder de muerte, y el poder de muerte, por sí solo, no es soberanía. La soberanía completa es, en su fase más extrema, la de “hacer vivir o dejar morir”. Sin dominio de la vida en cuanto vida, la dominación no puede completarse. Es por esto que una guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque solamente el poder de colonización permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a permanecer vivos. El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder de muerte sobre el subyugado, sino su derrota psicológica y moral, y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder de muerte discrecional del dominador” (Foucault citado en Segato, 2004: 7).

Esta manera de ejercer el poder sobre la víctima a través del dominio y la intervención de su cuerpo le permitió a los perpetradores no sólo apoderarse del cuerpo del enemigo político para destruirlo y degradarlo al último punto, “en la forma explícitamente evocada de la carnicería, la destrucción infinitesimal del cuerpo integra aquí en el espectáculo: cada trozo queda expuesto como para la venta” (Foucault, 1975: 95), sino a la vez convertir el cuerpo muerto en mensajero de terror. Les posibilitó, además, “la vehiculización de la crueldad: la utilización del cuerpo como escenario para la producción del dolor y sufrimiento, como emisor de signos de muerte y de violencia; también de terror” (Blair, 2004: 48). Las marcas, las trazas y las amputaciones que recibieron los cuerpos de las victimas quedaban expuestas ante los ojos de los espectadores (familiares, amigos y vecinos) como lo veremos en el siguiente testimonio, donde uno de los trabajadores y residentes de la casa donde fueron ejecutados varios miembros, fue llamado a servir de perito en el levantamiento del cadáver del señor José Nelson Pérez:

53

cuando llegamos allí nos d taron (Sic.) al levantamiento para que sirviéramos de peritos, y para que le sacaramos (Sic.) el hacha que tenía el finado (Sic.) Nelson encrustada (Sic.) en la cabeza, yo se la saque, primero la agarre con las dos manos, pero como la tenía toda metida, se levantaba con el cuerpo, entonces, con una mano le sostenía la cabeza y con la otra levante el hacha, le reparamos las heridas que tenia, le vimos un brazo partido como de un tiro, un machetazo en la espalda, unos puntazos en el pulmón, la cara tenia (Sic.) como dos heridas, parecía que hubiera sido con la misma hacha.*

El cuerpo muerto es entonces “'un lugar donde ocurren las violencias' y, como tal, es probable que la violencia ´hable´ en los actos ejercidos sobre los cuerpos, que se exprese en un 'lenguaje corporal'” (Blair, 2004: 47). En este sentido, el cuerpo de la víctima se convierte, como lo ha señalado Blair, en un vehículo de representación, donde se dejan grabados y marcados una serie de mensajes que “no so lo dejan una marca en lo real del cuerpo, sino que lo signan además en lo simbólico y lo imaginario, pues al efectuar un destrozo o al dejar una cicatriz transforman también la imagen del cuerpo y lo signan con los valores y significados del dolor” (Aranguren, 2006: 106). De esta manera, las cuatro reglas planteadas por Douglas (1978) a propósito de la relación armónica entre cuerpo social y cuerpo físico permiten comprender cómo el cuerpo de las víctimas se convirtió en “un medio de expresión... limitado por el control que sobre él ejerce el sistema social” (Douglas, 1978: 94). Esa consideración toma especial relevancia si se tiene en cuenta que el periodo histórico en el que se inscriben los hechos materia de mi reflexión transcurrieron está marcado por la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla, para quien como lo mencioné en el primer capítulo, la pacificación de las zonas más afectadas por la Violencia a través de la intervención militar era e l principal objetivo. En síntesis, parece coherente asumir que los asaltos ejecutados durante los años de 1956-1957 en los municipios de Ortega, Ibagué y Venadillo, y las operaciones ejercidas sobre los cuerpos y el espacio doméstico de las víctimas, expresaron simbólicamente la campaña político-militar emprendida por el gobierno de Rojas Pinilla para pacificar la nación y, en últimas, recuperar el control del cuerpo social por parte del Estado.

* Esta información puede consultarse en el Archivo Histórico Judicial del Tolima con la siguiente descripción:

Declaración del señor Emilio Cuervo. Folio 42. Estante: 1. Balda: 3. Caja: 16. Legajo: 4 Juzgado 1° Superior. Tipo de documento: Penal. Proceso contra Jorge Tulio H, Carlos J. Caicedo y otros por homicidio en Nelson Pérez, Carlos Arturo Gutiérrez y Adelina Castiblanco. Lugar: Agosto 24 de 1957, Hacienda La Argentina. Corregimiento de Junín- Venadillo. Folios 1 a 196. Observaciones: Documento sobre robo y violencia. Buen estado.

54

CONCLUSIONES

En este trabajo he desarrollado una aproximación a los sentidos elaborados acerca del cuerpo del enemigo por los autores materiales de cuatro operaciones armadas realizadas en áreas rurales del departamento del Tolima, a cuyas reconstrucciones accedí a través de los expedientes judiciales a los que dieron lugar las investigaciones que les siguieron. Como he planteado al inicio de esta obra, se trata de un trabajo exploratorio en el que me he propuesto realizar una síntesis entre dos áreas de la reflexión científica social: la primera de ellas es la del análisis de las relaciones que es posible establecer entre el cuerpo físico y los sentidos construidos por los sujetos sociales con respecto a él, la segunda es la de la indagación específica -la mayoría de las veces historiográfica- sobre el conflicto bipartidista conocido como La Violencia. Así, he articulado una aproximación socio-antropológica a la vida social que tuvo lugar en un periodo fundante de la historia moderna del país y la región. Como he demostrado, el análisis que desplegué desde ese cruce de caminos permite reconocer la existencia de relaciones de equivalencia simbólica establecidas por los perpetradores de los asaltos a las viviendas campesinas y sus habitantes, a través de las cuales se vinculan el cuerpo físico y el cuerpo social. En ese marco, he propuesto interpretar el accionar de las bandas que sembraron el terror en el Tolima durante la época de la Violencia como expresión de la disputa por el ejercicio de la soberanía protagonizada por los bandos que se enfrentaron a muerte durante ese periodo. Así, mi análisis de los expedientes permite plantear la existencia de relaciones de continuidad entre las operaciones ejercidas sobre el territorio (en los casos que analizo se trata específicamente del espacio doméstico y los caminos) y las realizadas sobre el cuerpo de sus habitantes mediante el asesinato, la mutilación y/o la violación. En el contexto de los expedientes de los que me he ocupado y las operaciones a las que remiten, la evidencia analizada permite inferir que las víctimas y su espacio doméstico representaban para los victimarios una de las partes que conformaban el partido político contrario. En ese orden, es posible interpretar que la violencia ejercida contra el cuerpo, el espacio y las propiedades de las personas constituía una forma particular de violencia política dirigida de manera más profunda contra el cuerpo social de la organización política con la que se las asociaba. Así, la violencia ejecutada sobre el cuerpo de las víctimas puede ser entendida como la expresión puntual de una violencia que se pretendía más amplia: aquella que se deseaba aplicar contra el partido político del cual se las consideraba partes orgánicas. Si bien la evidencia aportada por los expedientes resulta inestable en ese aspecto, al cierre de este trabajo considero importante señalar que los

55

testimonios de los sobrevivientes permiten suponer la participación de las fuerzas militares en las operaciones, debido tanto al porte de prendas de su uso privativo como al empleo de insultos contra las víctimas, frecuentemente acusadas de “chusmeros” por los perpetradores. Se trata, sin embargo, de un aspecto de esa realidad que constituye en sí mismo un problema de investigación y podría ser abordado centralmente en un trabajo autónomo. Otro aspecto sobre el que esta investigación ha aportado evidencia promisoria aunque limitada son las relaciones entre la experiencia de la matanza y las narraciones hechas sobre ésta por los sobrevivientes, tal como aparecen registradas por los funcionarios judiciales. En el mismo nivel se encuentran los caminos abiertos, pero inexplorados por mi debido a las limitaciones de mi referente empírico, en lo que tiene que ver con los posibles vínculos existentes entre las relaciones de género propias de la sociedad campesina de la época y la selección de las víctimas mortales de las operaciones, en las cuales la mayoría de las veces eran asesinados los hombres mientras las mujeres eran dejadas con vida, aunque heridas o violadas. Investigaciones posteriores podrían arrojar luz al respecto.

56

REFERENCIAS

Acevedo D. (1995). La Mentalidad de las Élites sobre la Violencia en Colombia (1936-1949). Bogotá: El Ancora Editores. Alape, Arturo; Arciniegas, Germán; Jaramillo, Carlos; Latorre, Mario; Reyes, Catalina; Rodríguez, Gustavo; Sánchez, Gonzalo; Tirado, Álvaro; Nueva Historia De Colombia. (1989). Bogotá: Editorial Planeta. Augé M. (2000) Los «No Lugares». Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa Editorial Aranguren, J. P. (2006). Las inscripciones de la guerra en el cuerpo: evidencias de un sujeto implicado. Revista Colombiana de psicología, (15). 103-112. Internet: [En línea] http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/804/80401511.pdf Blair E. (2004). Muertes violentas: La teatralización del exceso. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. Bloch M. (1990).Introducción a la historia, México: Fondo de Cultura Económica. Burucúa J. Kwiatkowski, N. & Hunt, M. (2009). Hell. Is it Possible to Forge a New Global Vocabulary Regarding Genocide Based on a Historical Approach to the Representation of Massacres? [Versión inédita proporcionada por los autores. Mi traducción]. En: Thinking Globally About The Future [Simposio.] Douglas M. (1978). Símbolos naturales: Exploraciones en cosmología. [Cap. Los dos cuerpos pp. 89-107] Madrid: Alianza. Foucault M. (1990).Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Barcelona: Fondo de Cultura Económica. García J. (2009). El Cuerpo como cultura. Colombia: Universidad de Nacional (Sede Manizales). Internet: [En línea]: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4050041/lecciones/Capitulo%203/merleau.htm Guzmán Germán, Fals Orlando y Umaña Eduardo. (1962). La Violencia en Colombia. Bogotá: Carlos Valencia Editores. Henderson J. (1984).Cuando Colombia se desangró. Bogotá: El Áncora Editores.

57

Jaramillo C.E. (2000).Guerra de los Mil Días. Reclutamientos, ascensos y deserciones. Revista Credencial Historia, (121). Internet: [En línea]: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2000/121guerra.htm Mardones J. M. (Comp.) (1991). Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Barcelona: Anthropos. Oquist P. (1978). Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Instituto de Estudios colombianos. Palacio M. (1995). Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1.875-1.994. Bogotá: Grupo Editorial Norma. Pecaút D. (1984). Orden y violencia: E v o l u c i ó n s o c i o - p o l í t i c a d e Colombia 1.930-1953. B o g o t á : G r u p o E d i t o r i a l N o r m a . Sánchez G. y Meertens D. (1984). Bandoleros, Gamonales y Campesinos. El caso de la Violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora Editores. Sánchez G. y Peñaranda R. (Comp.) (1991). Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: Fondo Editorial CEREC. Santa E. ( 1 9 9 4 ) . La Colonización antioqueña: Una empresa de caminos. Bogotá: TM Editores. Sassano M. (2003). Cuerpo, tiempo y espacio. Buenos Aires. Editorial Stadium. Segato R. L. (2004). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. México, universidad del Claustro de Sor Juana. Internet: [En línea]: http://www.derechoalaciudad.org/experiencias/horizonte/referencia_74_2.htm Sucasas A. (2000) Anatomía del Lager: Una aproximación al cuerpo concentracionario. Revista de Filosofía moral y política Isegoría. (23). Uribe M. V. (1990). Matar, rematar y contramatar: Las masacres de La Violencia en el Tolima, 1948-64. Serie Controversia # 159-160; Centro de Investigación y Educación Popular, Bogotá: CINEP. Velasco Maíllo H. M. (2007) Cuerpo y espacio: símbolos y metáforas, representación y expresividad en las culturas, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Arece.