Contexto Político

Contexto Político Pemex, reacciones y dudas

Estrategia de seguridad y autodefensas armadas

Agenda Legislativa

Institucionalidad en vilo

Jueves 14 de febrero de 2013

2 Centro de Investigaciones Sociales Interdisciplinarias A.C

Av. Revolución No. 1448 Col. Guadalupe Inn Tel. 56614309

Presentación

El actual escenario político de nuestro país atraviesa por un momento toral para

muchos de los temas y acuerdos que se necesitan entablar entre las distintas

fuerzas parlamentarias de cara a la puesta en marcha del proyecto de nación del

nuevo gobierno, pero también entre los poderes de la federación, desde luego en

esta discusión tampoco queda al margen la visión de los demás sectores de la

sociedad que contribuyen a engrosar los tantos pendientes a tratar.

Por un lado, el curso del Ejecutivo federal ha topado con una realidad mucho más

compleja y cuya dinámica ha centrado la mirada de la agenda pública fuera de las

presentaciones del gobierno, por decir de los grandes lineamientos que venía

anunciando. En ese sentido la reacción de gobierno frente a temas como la

explosión en Pemex, la aparición de grupos de autodefensa armados, con el

eventual protagonismo del Congreso, además del curso de la inseguridad y la

violencia que siguen registrándose al alza, han desplazado las acciones de

Ejecutivo. Así entonces el gobierno antes de cumplir sus primeros 100 días de

gestión ya tiene encima algunos sendos pendientes por zanjar.

Paralelamente a este escenario, otro de los temas que merece especial atención

es lo concerniente al desarrollo en su quehacer que varias instituciones, pilares de

la democracia, han registrado en las últimas semanas. Mención especial merece

la conducción por parte del Instituto Federal Electoral sobre su resolución de los

gastos de campaña que los partidos políticos hicieron durante el pasado proceso

electoral, lo cual ha sido un obús, hasta cierto punto esperado, para esta

institución, quien está enfrentando una severa crisis de autoridad, aderezada

desde luego por los embates de los partidos políticos. El destino del organismo

garante de las elecciones federales se encuentra en entredicho, al tiempo en que

otroras instituciones como el IFA, la Cofetel y la Cofeco, en sus respectivos

ámbitos también son blanco de fuertes acometidas contra lo que ha sido una

especie de síntoma de debilidad institucional.



Pemex, reacciones y dudas

La tragedia en las instalaciones corporativas de la Torre de Pemex, a casi 15 días

de lo ocurrido, es que lejos de quedar esclarecidas las causas, por el contrario la

conducción de las indagatorias ha servido para avivar el escenario de suspicacias

en torno a la versión oficial que el gobierno federal anunció como posible móvil la

acumulación de gas metano. En ese sentido huelga apuntar dos aspectos

insoslayables: por un lado la contención de la información generada desde

diversas fuentes que las autoridades mostraron puso a relieve el rol que para el

gobierno federal significa atajar versiones no confirmadas, es decir que mientras

las diligencias requieren de un trabajo complejo para determinar el origen del

siniestro, paralelo a ello no son pocas las instituciones, así como los expertos en la

materia que respaldan a las autoridades.

Al día de hoy la tragedia en el edificio B2 de Pemex dejó un saldo por demás

lamentable que invita o mejor dicho vuelve a abrir el debate en torno a la

prevención y protección civil. Además otro de los frentes que dejó abierto es lo

concerniente al espacio de la opinión pública, en donde esa mezcla del imaginario

colectivo juega a polarizar las versiones desde distintos ángulos. Por lo demás, el

gobierno se comprometió a dar con las últimas pesquisas y de ser el caso con los

responsables, aunque en ese palmo de terreno tampoco escapa el margen de

responsabilidad que ahora tanto la paraestatal mexicana, como la Secretaria de

Trabajo y Previsión Social, así como el sindicato de trabajadores de Pemex se

hacen de la vista gorda.

Tal parece que el siniestro en Pemex apunta al carpetazo oficial, pero con un

cierto dejo de escepticismo al tiempo en que será justamente la coyuntura y lo

candente de otroras temas que enmarcarán a la tragedia como otra tantas que se

han registrado y sin que las autoridades presenten mayor cuenta de los hechos.

Estrategia de seguridad y autodefensas armadas



En materia de seguridad las cosas no parecen ir del todo distintas a como se

registraron durante el último trecho de la administración anterior, y es que si el

vuelco radical en los índices de homicidios no se modifica de la noche a la

mañana, siendo un total de poco más de 2 mil los muertos registrados en lo que

va del gobierno de Peña Nieto, lo cierto es que en el tono del discurso el tema sí

cambió radicalmente.

Dentro de la nueva estrategia de seguridad es entendible que la apología de la

violencia significa en el plano simbólico un aspecto que le allane el terreno a la

delincuencia organizada, porque su incursión y presencia en la agenda pública sin

duda les termina por abonar a su poder que tienen. De ahí que sea entendible que

la política de comunicación, en este tema, guarde distancia con la anterior porque

el acaparamiento de la inseguridad y la violencia en un sitio de suma relevancia

para el Estado como lo son los medios de comunicación requiere repaso de mayor

calado. Sin embargo, frente a esta decisión se corre el riesgo de encubrir una

realidad que sigue presente y que en efecto lastima la imagen del país, máxime

porque el gobierno federal adopte este modelo como un instrumento en su

estrategia cuyos resultados, es claro que son controlados. De ahí que la nueva

política de comunicación en materia de seguridad llega con mucha mayor reserva

de lo que su objetivo de no ensalzar al crimen organizado busca y eso porque el

manejo político pesa mucho más que en el plano estratégico. En todo caso, esta

especie de autorregulación de las autoridades da cuenta de que los eventuales

logros en materia de seguridad que se puedan capitalizar irán por otra línea y no

así por la propagandística.

El Estado mexicano sigue teniendo frente a sí el reto de la inseguridad y la

violencia que se expande por un largo trecho del país. Y es que si hasta ahora los

esfuerzos no han sido suficientes para mantener a raya a los diversos grupos de

delincuentes que terminan por impactar en comunidades enteras; del otro lado el

surgimiento de grupos de autodefensa armadas en los estados de Guerrero y



Oaxaca, con anteriores registros en Michoacán, es en sí otro frente de batalla que

pone en un serio escollo a las autoridades.

La presencia de grupos civiles que se agencian la función del Estado no es otra

cosa que el rotundo fracaso de las autoridades, en sus tres ordenes de gobierno.

Es consabida la incapacidad de las autoridades locales para brindar un mínimo de

garantías y frente a este escenario se suma la ineficiencia política para atajar la

conformación de grupos que por su anonimato también representan una seria

advertencia, pues el rumbo que podrían tomar ante alguna contingencia no

garantiza el Estado de derecho ante el acalorado comportamiento colectivo que

una comunidad podría disipar a razón de cobrar justica por cuenta propia.

El riesgo de los grupos armados, en corto, se debe a la nula presencia del Estado

y peor aún el síntoma de desconfianza hacia los cuerpos de seguridad es el

principal activo que alienta esta versión de pequeños cotos de poder y

suplantación. Por lo demás, el acercamiento que el gobierno de Guerrero,

encabezado por Ángel Aguirre Rivero y de la federación por conducto de la

Secretaria de Gobernación apenas ilustra el resquemor que las autoridades

sienten ante tal situación. Es ineludible señalar que la inseguridad y la violencia en

las comunidades alzadas merece atención, como lo es en otras tantas partes del

país, pero también resulta apuntar la falta de un enérgica reacción del Estado.

Sobre todo porque Guerrero, históricamente, ha sido un caldo de cultivo para los

conflictos armados.

Agenda Legislativa

En el plano político y con el inicio del periodo ordinarios de sesiones del Congreso

de la Unión, el debate y la agenda pública tiene otro de sus espacios predilectos

para la discusión pública. En ese sentido, los temas que el Legislativo está por

discutir, si bien algunos obedecen a los incluidos en el Pacto por México, huelga

señalar que la lógica del Congreso se muevo en función de la fuerza en que los



distintos grupos parlamentarios suben a tribuna los temas que consideren

relevantes para el momento. Así entonces, el poder legislativo hace acto de

presencia con lo que le resta cierto margen al Ejecutivo y si bien es cierto que el

acercamiento entre ambos poderes, para privilegiar el Pacto, ha sido bastante

significativo, con la eventual disputa en temas de controversia política e ideológica

el aparente clima de concordia podría traer aparejadas algunas primeras fisuras.

De ahí que la interlocución del Ejecutivo y desde luego las fuerza parlamentarias

del PRI en ambas Cámaras será decisiva, puesto que otro de los asuntos que está

por calentar la arena pública son los tejes y alianzas para los venideros comicios

estatales.

En el Legislativo los temas que están posicionado con harto revuelo son la

Reforma a la Ley de Amparo, la cual dejó un primer diferendo anunciado desde la

Iniciativa Privada, sobre todo desde aquellos sectores que mantienen el usufructo

de los llamados bienes de la nación, como lo es el de las telecomunicaciones,

porque en el artículo 29, fracciones 11 y 13, el proyecto plantea permitir negar a

particulares un amparo y con ello eventualmente suspender actividades hasta que

no sea zanjado por la autoridad: en resumen esta enmienda busca acotar el

margen de maniobra, pero con los costos que una empresa no pueda solventar

hasta la resolución. El tema divide opiniones en el Congreso y mientras priístas y

perredistas se suman a la causa, en el PAN se han pronunciado por impedir su

aprobación.

Otra de las discusiones que de igual forma activó los focos rojos es la referente a

la Reforma Hacendaria en donde uno de los puntos más críticos que suenan es el

de un eventual gravamen a alimentos y medicinas que la fracción priísta podría

impulsar, de ahí que mientras el tema aún está en los alegados, por parte de los

partidos de izquierda ya iniciaron las movilizaciones, aún en su etapa de

informativas, para impedir que estos impuestos suban al pleno. Para el PRI se le

avecinan trabajos de cabildeo harto complejos y su consecución o no depende de

la ardid política que ambas Cámaras logren consensuar sus coordinadores.



Institucionalidad en vilo

La crisis de institucionalidad que el país está atravesando tiene dos escenarios

muy marcados por sus contrastes. De un lado se encuentra el aparato

gubernamental, pese a todas las inconsistencias y lastres que sigue arrastrando,

junto a un sector de la sociedad civil mucho más madura que a estas alturas de la

democracia es un referente obligado. Lo cierto es que sociedad y gobierno

parecen haber limado asperezas tras el desgastante conflicto poselectoral y ahora

el rumbo, al menos, apunta hacia un nuevo espacio de coincidencias. En el otro

lado, se encuentra los partidos políticos, en especial el PAN y el PRD, así como un

par, por lo menos de las instituciones más representativas del escenario

democrático de México, el IFE y el IFAI.

Mientras que la tempestad sigue presente en el Instituto Federal de Acceso a la

Información Pública tras la designación del nuevo consejero presidente, Gerardo

Laveaga, y por los escándalos de supuestos conflictos de interés por parte de la

consejera Sigrid Arzt, que sin duda le han restado tamaña a este organismo al

punto de que en el Congreso ya se esté contemplando una eventual remoción de

todos los consejeros, con el eventual riesgo que los partidos políticos asuman las

riendas con una nueva integración. Otro de los pilares indiscutibles de Estado

mexicano atraviesa otra severa confrontación dado el resolutivo que hizo la

Unidad de Fiscalización.

El IFE vuelve a estar en medio del vendaval político principalmente porque el PRD

ha emprendido una fuerte campaña de reproche tras su actuación, derivada de la

multa al que sólo este instituto fue contemplado. El problema de fondo es evidente

y mientras el PRD siga eludiendo los yerros que ya han sido comprobados, así

como la inverosímil fiscalización que el IFE hizo es como este sendo revés

institucional puede subir de nueva cuenta a la palestra pública una nueva reforma

electoral, pero antes bien pasar por una fuerte purga que ponga en riesgo otra vez

el control de IFE bajo el visto bueno de los partidos.

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